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                    <text>AÑO 1, NO. 1
ENERO-DICIEMBRE 2014
ISSN: EN TRÁMITE

1

�UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector de la UANL

M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera
Secretario General de la UANL
Dr. Juan Manuel Alcocer González
Secretario Académico de la UANL
Dr. Celso José Garza Acuña
Director de Publicaciones de la UANL
M.T.S. María Teresa Obregón Morales
Directora de la FTSyDH
M.T.S. Ana María Contreras Ramírez
Subdirectora de Licenciatura de la FTSyDH
M.T.S. Olga Lidia Martínez Chapa
Subdirectora de Posgrado de la FTSyDH
M.T.S. María Francisca García Ramos
Secretaría Administrativa de la FTSyDH
M.T.S. Reina Hernández Hernández
Secretaría Académica de la FTSyDH

ISSN: EN TRÁMITE

2

�PRESENTACIÓN
El 21 y 22 de Agosto de 2014 un grupo de investigadores, docentes, profesionales y
estudiantes interesados en las políticas sociales y la construcción del bienestar social se
congregaron en el Auditorio de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, para participar en el X Coloquio Internacional
Sobre Políticas Sociales Sectoriales: Envejecimiento y Bienestar.
En esta publicación se presentan los trabajos presentados en el coloquio y que por su
calidad fueron seleccionados, de acuerdo a los ejes estructurales en que se desarrolló:
Familia y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Pobreza y Desarrollo Social,
Trabajo Social y Políticas Sociales, Vivienda y Desarrollo Urbano, Empleo y Crecimiento
Económico.
Este importante evento constituye un hito transcendental en la formación profesional y en
el aporte al desarrollo social y bienestar de la población. Se felicita a los autores por su
invaluable contribución.
Es necesario señalar que los contenidos son de estricta responsabilidad de los autores.
Monterrey, N.L. 22 de Agosto de 2014.
COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
Dr. Eduardo López Estrada
MTS. María Teresa Obregón Morales
MC. María Eugenia Lobo Hinojosa
MTS. Lydia del Carmen Ávila Zarate
MTS. Olga Lidia Martínez Chapa
MTS. Ana María Contreras Ramírez

3

�CONTENIDO
No.

ARTÍCULOS Y AUTORES.

Pág.

Eje 1: FAMILIA Y GÉNERO
1

Los jóvenes y el matrimonio, como antesala de la primer 13
institución básica de la sociedad: la familia. Ana María
Urzúa Salas (Universidad Autónoma de Aguascalientes).

2

Violencia y dependencia en las personas mayores Rosa 32
María Flores Martínez, Blanca Mirthala Tamez Valdez
(Universidad Autónoma de Nuevo León).

3

La socialización familiar del genero en jóvenes 53
universitarios/as. Alicia Hernández Montaño, José González
Tovar, Ilse Stefany Aguilar Salgado (Universidad Autónoma de
Coahuila).

4

Estado situacional de las mujeres en el ejercicio de la 79
parentalidad en solitario y las contribuciones de la política
social ante sus necesidades: una aproximación teóricaempírica en el caso
colonia espejo 1 del municipio de
Villahermosa Tabasco. Ruth Lomelí Gutiérrez, María del
Carmen Pérez Guillen y Nora Hilda Fuentes León (Universidad
Veracruzana).

5

Análisis de la oferta y la demanda del cuidado infantil en
ciudad Juárez. Nemesio Castillo Viveros y Laurencio Barraza
Limón (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez).

6

El Género en sus conflictos de interés. Raúl Horacio Arenas 125
Valdés (Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Nuevo
México).

7

Una mirada desde el trabajo social a la vida familiar del
paciente con VIH/SIDA.
Leticia Cruz Velázquez y Alin Jannet Mercado Mojica (Facultad
de Trabajo Social, Universidad Veracruzana).
4

100

142

�8

La familia y los menores de una comunidad con alto grado 158
de marginación, desde el contexto escolar. Martha Soledad
Hernández Maqueda, Noelia Pacheco Arenas, Maricela Cruz
Del Ángel, Mayte Pérez Vences (Facultad de Trabajo Social
Universidad Veracruzana).

EJE 2: GRUPOS VULNERABLES

9

¿Cuestión política, legal o cultural? La violencia contra las 174
mujeres, hecho cotidiano que representa un problema
público desafiante de la actividad gubernamental. María
Eugenia Lobo Hinojosa, Olga Lidia Martínez Chapa, Nélida
Davis Moncada, Ana María Contreras Ramírez. (Universidad
Autónoma de Nuevo León)

10

Estado de bienestar y bienestar subjetivo en la vejez. 201
Percepciones y significados desde las personas mayores.
Liliana Vázquez García, Francisco Javier Burgos Gutiérrez,
María Concepción Arroyo Rueda, Andrea Blanco Vargas, Luis
Enrique Soto Alanís, Lorena Fabiola Martínez Zertuche
(Facultad de Trabajo Social de la UJED).

11

Calidad de vida: factores sociales y culturales en la
cotidianidad de los adultos mayores en el establecimiento
penitenciario de alta medida de seguridad. Girón (2013).
Ingrid Johana Herrera Gudiño y Claudia Jimena Sierra Gómez
(Universidad Industrial de Santander, Colombia).

12

Estructura factorial de un instrumento específico para la 256
medir la calidad de vida en adultos mayores en comunidad.
José González Tovar, Rosa Isabel Garza Sánchez, Alicia
Hernández Montaño, Cecilia Elizabeth González Beltrán
(Universidad Autónoma de Coahuila)

13

La construcción de la vejez en comunidades religiosas 276
Afro-Brasileñas. María Consuelo Oliveira Santos, Ivete
Miranda Previtalli, Maria Aparecida Santos de Aguiar, y
Raimunda Silva D’Alencar (Estudos Afro-Baianos Regionais,
Kàwé (UESC); Estudos da Velhice (UESC) y del Grupo de
Trabajo Internacional Transdisciplinario (UB, Barcelona)
5

224

�Universidad de Burgos, España Estudios da Velhice de la
Universidad Estadual de Santa Cruz- UESC – Ilhéus, BahiaBrasil y Universidad Católica de São Paulo. Docente de la
Facultad de Vinhedo (FV), São Paulo.
14

Análisis del perfil de una muestra de mujeres maltratadas 306
residentes de Ciudad Juárez, Chihuahua. Rogelio Rodríguez
Hernández, Leticia Ortiz Aguilar, Nemesio Castillo Viveros
(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)

15

Significados, motivaciones y experiencias de los Jóvenes 336
del Área Metropolitana de Monterrey con respecto al
consumo de alcohol. Juan Luis Herrera Díaz, Karen Aylin
Salas Noguera, Ana Karen Monrreal Herrera, Alondra Paola
García Acuña, Joseph Abigail Esparza Guim, Ana Soledad
Vázquez Bautista, Kely Johana Hernández Coronado,
(Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo
Social y Desarrollo Humano).

16

Diseño para el bienestar social y de grupos vulnerables: 367
una perspectiva desde la complejidad. Liliana Beatriz Sosa
Compeán, Mercedes Mercado Cisneros, Marta Nydia Molina
González, Hilda Guadalupe Elizondo Morales, Alma Angélica
Flores Trigueros, María Angélica Jacobo Barajas.

17

Sentimiento vallenato: cambios y permanencia en la cultura 396
juvenil colombias de monterrey, 1980-2014 Benito Torres
Escalante, Raúl Eduardo López Estrada (Universidad Autónoma
de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo
Humano).

18

Vivir para construir, desarrollo de habilidades para la vida 443
en adolescentes indígenas. Proyecto de intervención
comunitaria en Juárez, N.L. Gelacia Cecilia Chávez Valerio,
María del Carmen Farías Campero (Zihuame Mochila A.C.)

19

Redes sociales, una opción para la intervención social con 458
adultos mayores. María del Carmen Navia Rivera, María
Guadalupe Fosado Álvarez, Claudia Sandoval Cervantes.

6

�EJE 3: EDUCACIÓN

20

Acoso escolar o bullying desde un escenario cotidiano. 476
María Margarita Ramírez González, Hortencia Margarita
Sánchez Guerrero, María Francisca García Ramos, María
Teresa Obregón Morales. (Universidad Autónoma de Nuevo
León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano).

21

La práctica docente en el aula con el apoyo de las TIC’s, en 505
el contexto de una plataforma virtual de EnseñanzaAprendizaje: una Experiencia Formativa. Miguel Ángel
Iglesias Cantú, Lydia del Carmen Ávila Zárate, Rebeca Guerra
Orona (Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano).

22

Los factores educativos y su influencia en la percepción de 520
los niños sobre el desarrollo sustentable. Karla Liliana Ibarra
Monjaras, Martha Virginia Jasso Oyervides, Martha Arredondo
Velázquez (Universidad Autónoma de Coahuila Facultad de
Trabajo Social).

23

Bienestar subjetivo y capital social. Un análisis a partir del 556
estudio de las redes semánticas en instituciones de
educación superior, el caso de la Licenciatura en Trabajo
Social de la UADY. Gabriela Isabel Vázquez Díaz, Martin
Castro Guzmán, (Universidad Autónoma de Yucatán).

24

El diseño incluyente en proyectos académicos y su 583
relevancia en el bienestar social. Marta Nydia Molina
González, Mercedes Mercado Cisneros, Liliana Beatriz Sosa
Compeán (Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de
Trabajo Social Y Desarrollo Humano).

EJE 4: SALUD

25

Salud y el apoyo social en adultos mayores 602
institucionalizados. María Natividad Ávila Ortiz,
Ana Elisa
Castro Sánchez, Gerardo Garza Sepúlveda, (Universidad
7

�Autónoma de Nuevo León. Facultad de Salud Pública y
Nutrición).
26

Educación para la salud y manifestación del aprendizaje 620
para el autocuidado de la salud en pacientes diabéticos e
hipertensos caso: centro de salud con servicios ampliados
(cessa) de Tamulte Delicias ubicado en Villahermosa,
Tabasco.
Eric Francisco Pérez Fernández, Ruth Lomelí
Gutiérrez, Jorge Hernández Ríos (Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Veracruzana).

27

Conductas sexuales y uso de drogas en adolecentes 640
escolarizados en el nivel y medio superior en el estado de
Nuevo León: Un análisis desde los determinantes sociales
de la salud. María Dolores Corona Lozano, David De Jesús
Reyes, Flavio Francisco Marsiglia (Universidad Autónoma de
Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano).

28

Expectativas en los comportamientos sexuales de 676
adolescentes varones escolarizados de escuelas públicas
de educación media y media superior del estado de Nuevo
León. Dante Octavio Isau Garza Fabela, David De Jesús Reyes
(Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Trabajo
Social y Desarrollo Humano).

29

Programa de actividad física y salud: “Adulto mayor en 707
movimiento (AMEM)” Rosa María Cruz Castruita (Universidad
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Organización
Deportiva).

30

Infrapeso vs. Obesidad: dos desórdenes alimenticios 727
presentes en la cultura alimentaria de niños de 8 a 12 años
de edad, de la cuidad de Saltillo, Coahuila Lucero Vanessa
Valdez Sepúlveda, Reyna Alicia Arriaga Bueno, Martha
Arredondo Velázquez, José Cruz Herrera Ibarra (Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila).

8

�EJE 5. POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL

31

32

Mujeres indígenas urbanas y pobres: subjetividad en torno 754
a los procesos de interculturalidad de las mujeres Tenek en
Guadalupe, Nuevo León. Estrella Marisol Loera Vázquez,
Raúl Eduardo López Estrada. (Universidad Autónoma de Nuevo
León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano).
Percepción de la exclusión social de jóvenes en condición 774
de pobreza, elementos de ciudadanía, inclusión política y
criminalidad. Laura Karina Castro Saucedo, Raúl Eduardo
López Estrada (Universidad Autónoma de Nuevo León,
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano).

EJE 6. TRABAJO SOCIAL Y POLÍTICAS SOCIALES

33

La política social frente a las víctimas de la violencia 802
relacionada al narcotráfico en México: bases jurídicas que
fundamentan un compromiso sin posibilidad de prórroga.
Karla Salazar Serna, Manuel Ribeiro Ferreira (Universidad
Autónoma de Nuevo León Facultad de Trabajo Social y
Desarrollo Humano).

34

Capital social de género como recurso en el trabajo social 847
en comunidad. Otilia Aurora Ramírez Arellano, Víctor Manuel
Mendoza Núñez. (UNAM).

35

La Gobernanza como marco analítico en las alianzas 872
intersectoriales Jorge Eduardo Cano Garza (Universidad
Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y
Desarrollo Humano).

36

Contribuciones del área de trabajo social en el proceso de
certificación institucional: una experiencia en el marco del
hospital regional de Minatitlán, Ver. Elizabeth Bozada
Alvarado, Lydia Velázquez Gallegos. (Hospital Regional de
Minatitlán, Veracruz).

9

904

�37

Diagnóstico comunitario sobre participación y formación 929
ciudadana: comunidad de las ánimas del municipio de
Minatitlán, Ver. Jorge Hernández Ríos, Luz Paulina Álvarez
Pérez, Nora Hilda Fuentes León y Omar Castro Prado
(Universidad Veracruzana).

38

La participación comunitaria desde la intervención en
trabajo social y desarrollo humano. María Francisca García

945

Ramos, María Margarita Ramírez González, Hortencia
Margarita Sánchez Guerrero, Reina Hernández Hernández
(Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo
Social y Desarrollo Humano)
39

Diagnósticos grupales y manejo de conflictos en la
intervención social. Laura González García, Reyna
Hernández Hernández (Universidad Autónoma de Nuevo León,
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano).

964

40

Envejecimiento poblacional en Cuba. Apuntes para una
redefinición de la agenda social gubernamental. Addiel
Pérez Díaz.

983

EJE 7. VIVIENDA Y DESARROLLO HUMANO

41

Privatización, liderazgo y lucha comunitaria; la génesis de
la autonomía comunitaria en la Colonia San Cristóbal de
San Nicolás Carlos David de la Garza Tolentino, Román
Eduardo Saucedo Morales (Facultad de Psicología)

1003

42

Breve estudio del espacio físico en el interior de la vivienda
social unifamiliar mínima en México. Jorge Leal Iga, Raúl
Eduardo López Estrada (Universidad Autónoma de Nuevo
León).

1020

43

La participación comunitaria en el desarrollo de una
localidad. Rosalía Geronis Monterrubio, María Eugenia Lobo
Hinojosa (Universidad Autónoma de Nuevo León).

1038

10

�EJE 8. EMPLEO, CRECIMIENTO ECONÓMICO

44

Experiencia de desarrollo comunitario a través de la 1059
implementación de una estrategia de autodesarrollo local
que minimice el impacto de la reestructuración azucarera
en la comunidad perseverancia-Cienfuegos-Cuba. Aleiby
Placeres Remior (Universidad Central Marta Abreu de Las
Villas. Cuba).

45

Percepción de rol de género en estudiantes universitarios
1084
en un contexto multicultural
Julieta Flores Michel, Divina Frau-Meigs e Irma Vélez (Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad de Sorbonne Nouvelle y Universidad
París Sorbonne).

11

�EJE 1: FAMILIA Y GÉNERO

12

�LOS JÓVENES Y EL MATRIMONIO, COMO ANTESALA DE LA PRIMER
INSTITUCIÓN BÁSICA DE LA SOCIEDAD: LA FAMILIA.
Ana María Urzúa Salas1

RESUMEN
Cada vez más jóvenes ven al matrimonio, no con el conocimiento pleno de la
responsabilidad que adquieren, su relación es muy superficial y frágil, conllevando
en muchos de los casos a la inestabilidad de la primera institución básica de la
sociedad, es decir la familia.
Por lo anterior surge como objetivo general: conocer qué percepción tienen los
jóvenes próximos a casarse del matrimonio, a través de una investigación de tipo
descriptivo, con análisis cualitativo, considerando como muestra, a treinta parejas
jóvenes próximas a contraer matrimonio por la vía civil y la vía religiosa,
específicamente el catolicismo.
Palabras clave:

matrimonio, familia, jóvenes.

Introducción
Son múltiples las razones para poder afirmar que la familia basada en el
matrimonio, es un bien para la sociedad y para las personas, fuente de estabilidad,
equilibrio, respeto y crecimiento.
La única defensa del hombre frente al poder constituido, las ideologías o los
intereses económicos pasa por una sociedad civil fuerte basada en las familias,
auténtico refugio y escuela de las personas. Una sociedad sin matrimonios y sin
familias estructuradas sería una sociedad formada por individuos desvinculados,
sin identidad y limitados, seguramente en todos los niveles de su vida.
1

Departamento de trabajo social, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

e-mail: amurzua@correo.uaa.mx

13

�“El matrimonio es la realización plenamente humana del amor (…) lo querido
conyugalmente es la persona del cónyuge” (Melendo, 1992:109). Es decir de
forma más específica es el sentido del matrimonio y las implicaciones del
compromiso al cual han llegado tras la correcta realización de su libertad como
engrandece en los duelos y en los éxitos de las experiencias unitivas el ser
personal, pero más importante todavía es que en ese amor, lo que lo mueve, lo
que lo despierta y aquello que lo hace trascender es el ser amado, y el ideal de
fructificar con él la historia de una vida diaria y por siempre en unión no solo
institucional o social, sino más allá en acervo espiritual y emotivo ungido por la
bendición divina.
Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en
Aguascalientes para el 2012, se registraron 6,210 matrimonios civiles, la edad
promedio al momento de casarse fue de: hombres 26.7 años y de las mujeres 24
años.
De acuerdo a la definición jurídica, el matrimonio se define como un contrato civil
entre dos personas que reúnen los requisitos legales para casarse, establecidos
por el Estado, los cuales varían de Estado a Estado. Generalmente, para casarse,
dos personas deben ser de géneros opuestos. Sin embargo, algunos Estados
están en proceso de cambiar este requisito de sexos diferentes. Y de acuerdo al
catecismo de la Iglesia Católica (2007), el matrimonio es la institución natural de
una sociedad que se constituye por la unión marital del hombre y de la mujer,
contraída entre personas legítimas, y que lleva mantener una íntima costumbre de
vida, permanente y monógama.
La familia-ha escrito Juan Pablo II (1995), es la célula fundamental de la sociedad,
cuna de la vida y del amor en la que el hombre “nace” y “crece”. La familia se basa
en el matrimonio, ambos son una Institución (entendiendo que quiere decir algo
instituido, establecido, según el orden de la justicia). Cada uno con su estructura,
sus deberes y derechos. Aunque primero surge el matrimonio, se espera que éste
tenga como fin, formar una familia, pero, si, por algo ajeno a la voluntad de los
14

�esposos, no llegan a tener hijos, sigue conservando su valor institucional, pues
contiene una estructura interpersonal muy especial con la unión y comunidad que
conforman los cónyuges, como dos personas que son y que se aman persiguiendo
vivir unidos para siempre.
Para Gerardo Castillo, “la familia es el espacio idóneo o ideal para educar en la
amistad; es ahí donde mejor se le puede enseñar a la persona a cultivar la
amistad y el amor, por ser al mismo tiempo centro de intimidad y de apertura”
(Castillo, 1992: 16).
Falta mucho por hacer en lo que se refiere a una política social para la familia, por
ello es fundamental que Gobierno, sociedad, y en específico la familia, evalúen y
propongan alternativas que enriquezcan y fortalezcan al núcleo familiar, entre
estas alternativas se encuentra la educación para el matrimonio, como antesala de
la primer institución básica de la sociedad.

OBJETIVO GENERAL
Conocer que percepción tienen los jóvenes próximos a casarse del matrimonio.

Objetivos particulares
Indagar cómo valoran el matrimonio los jóvenes.
Conocer lo que piensan los jóvenes de su futura responsabilidad como padres.
Conocer lo que piensan los jóvenes de su futura responsabilidad como esposos.
Conocer si los jóvenes que están próximos a contraer nupcias, reciben una
preparación previa que les permita estar conscientes de lo que implica el
matrimonio.

15

�Método
Hipótesis
Un gran número de jóvenes no están conscientes del gran compromiso y
responsabilidad del matrimonio.

Diseño y tipo de investigación
La presente investigación se llevará a cabo bajo un estudio de tipo descriptivo con
análisis cualitativo, en virtud de que se pretende conocer la percepción que tienen
los jóvenes del matrimonio.

Para tal fin se determinó que el tipo de diseño de investigación más apropiado a
implementar es el no experimental, debido a que la recolección de los datos se
efectuará en un periodo específico de tiempo, dentro del ambiente natural en el
que se desenvuelven normalmente los sujetos de intervención, de modo que los
resultados se obtengan en base a situaciones ya existentes.

Trabajo de campo
-

población y muestra:
El concepto de población indica que se trata “del conjunto de todos los
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz, 1974,
citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2001: 204).
Mientras que como muestra se entiende “un subgrupo de la población”
(Hernández, Fernández y Baptista, 2001:207).

En este sentido, es importante establecer el universo, población y muestra
a considerar en este trabajo.

-

Universo:
Jóvenes del Estado de Aguascalientes, próximos a contraer matrimonio.

-

Población:
16

�Jóvenes que están próximos a contraer matrimonio, y que asisten a las
pláticas prematrimoniales que se imparten en las parroquias del municipio
de Aguascalientes.

-

Muestra:
Jóvenes que están próximos a contraer matrimonio, y que asisten a las
pláticas prematrimoniales en la parroquia de Nuestra Señora de los
Bosques, ubicada en el fraccionamiento Bosques. Siendo 15 parejas, con
un total de 30 personas

-

Instrumento:
El levantamiento de la información se llevó a cabo empleando como
instrumento de investigación un cuestionario auto aplicable con el objeto de
que los sujetos intervinientes tuvieran plena confianza y libertad de
responder cada uno de los reactivos incluidos.

Cabe señalar que de acuerdo a lo que menciona Hernández et al;(2001) el
cuestionario es el instrumento que más se utiliza para recabar los datos que
se necesitan en un proyecto de investigación, agrega que, “consiste en un
conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.276).

En esta herramienta, se pueden incluir preguntas variadas, de las que se
distinguen dos tipos:
-

Preguntas cerradas: son las que contienen categorías o tipos de respuesta
que son delimitadas, ya están establecidas.

-

Preguntas abiertas: no cuentan con esa delimitación, indican Hernández,
Fernández y Baptista (2001), “son útiles cuando no se tiene información
sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información
es insuficiente. También sirven en situaciones donde se desea profundizar
una opinión o los motivos de un comportamiento” (p.281).
17

�El cuestionario que se elaboró para la recolección de la
información, está conformado por un total de 18 preguntas, de las
cuales 16 corresponden al tipo de las cerradas, y las dos
restantes son totalmente abiertas, a fin de conocer los conceptos
y opiniones personales de los sujetos intervinientes, se incluyó un
pequeño espacio para recabar los datos demográficos.

-

Aplicación de instrumento y/o recolección de datos:
A fin de iniciar

la recolección de la información requerida para este

proyecto, se efectúo una prueba piloto, que de acuerdo a lo que establecen
Chavarría y Villalobos (2004), es necesario que antes de aplicar el
instrumento, se realice una prueba piloto y con ello detectar si es
comprendido adecuadamente, por tal motivo “se debe tomar una muestra
muy pequeña de la población en estudio y aplicarla y medir el grado de
comprensión y posible modificación del cuestionario” (p.188).

Prueba piloto
Durante la puesta en marcha de la prueba piloto, primeramente se solicitó la
autorización de la persona responsable de la parroquia, para el
realización

de

dicho

levantamiento,

quien

dio

su

apoyo en la

aprobación

para

la

implementación. Se estableció aplicarla a tres personas, a quienes de manera
individual se les invitó a responder el cuestionario, haciendo hincapié de qué
trataba, también de que sería una participación anónima y confidencial, así como
la importancia de su participación.
A las personas seleccionadas, se les dijo que el cuestionario les llevaría un tiempo
aproximado de 25 minutos, a la vez que se les dio un espacio para que pudieran
contestarlo con toda libertad y confianza.
Posteriormente, se hizo la revisión de las respuestas para ver si había coherencia
entre lo que se preguntaba y las contestaciones, encontrándose así que sí se
percibía de modo correcto, a la vez se optó por agregar una pregunta más para
reforzar más el aspecto de la alianza matrimonial. En conclusión, se efectuó una
18

�prueba piloto de manera satisfactoria, sin ningún inconveniente, ya que además de
contar con la autorización previa, también se mostró mucha disposición y agrado
por parte de las tres personas que accedieron a participar.

Levantamiento de la muestra

Después de llevar a cabo la prueba piloto, y haciendo las adecuaciones
pertinentes al cuestionario de aplicación, al día siguiente se comenzó con el
levantamiento de la información, se determinó aplicar el instrumento a 30
personas próximas a contraer matrimonio, entre hombres y mujeres.

A lo largo de tres días se llevó a cabo la recolección de la información, se acudió
con cada uno de los sujetos intervinientes, a quienes primeramente se les dijo de
lo que se trataba y de la importancia de sus aportaciones para la realización de
este proyecto, por lo que se les invito a participar respondiendo de manera
anónima y confidencial sobre aspectos de interés enfocados en las relaciones
conyugales.

Cabe destacar que ninguna de las personas incluidas en la muestra negó o mostró
alguna actitud de desagrado, todas mostraron interés, curiosidad, agrado y sobre
todo mucha disposición de participar.

19

�Gráficas y resultados
¿Para ti que es el matrimonio?
Gráfica No. 1
Es la unión total de
hombre y una mujer en
que se comprometen
amarse,
respetarse
entregarse el uno al otro
7%

7%

un
la
a
y

Un requisito para tener
relaciones
sexuales
sin
sentimientos de culpa

0.0%

Compromiso
auténtico.

conyugal

[VALOR]

Una tradición impuesta por la
sociedad y la familia

Según los datos obtenidos, la mayoría (86 %) de los encuestados en la parroquia
de Nuestra Señora de los Bosques opina que el matrimonio “es la unión total de
un hombre y una mujer en la que se comprometen a amarse, respetarse y
entregarse el uno al otro buscando el bien común, además de que se
comprometen también a formar hijos de tal manera que puedan entregarle a la
sociedad personas de provecho”. Sin embargo existe un 7 % que considera al
matrimonio como “Una tradición impuesta por la sociedad o la familia y un
compromiso conyugal auténtico”.
20

�¿Por qué medios haz obtenido información del matrimonio?
A través de:
Gráfica No. 2

7%

21%

Padres

Literatura
14%
Escuela

0%

Todas las anteriores

58%
Otros

Según la gráfica, la forma en que se obtiene la mayor parte de la información
acerca del matrimonio viene en parte conjunta de todas las opciones de respuesta
(Padres, Literatura, Escuela y Amistades), ya que el 58 % lo plasma.
Por otra parte, el principal núcleo de la sociedad: La familia (en este caso los
padres como transmisores de información acerca de este tema) presenta un 21 %.
La literatura (aquí podría hablarse de una búsqueda personal) posee un 14 % de
preferencia por los encuestados y otros medios tiene un 7 %.
¿Cómo te imaginas siendo esposo o esposa?

21

�Gráfica No. 3

Responsabilizándote de
una familia
21 %

Disfrutando de la
compañía de tu esposo
o esposa sin
preocupación por el
futuro
79%

Según los datos obtenidos, el 79 % (siendo ésta la respuesta con mayor
porcentaje) de las personas encuestadas se imaginan como un (a) esposo (a) que
se “responsabiliza de una familia”.
Por otro lado sólo el 21 % se visualiza en este mismo papel “disfrutando la
compañía de su esposo (a) sin preocupación por el futuro, lo cual habla de un plan
de vida que se basa más en el goce por parte de la pareja.

¿Qué es para ti el amor?

22

�Gráfica No. 4

Un sentimiento

7%

Un acto de voluntad

21%

Un acto de voluntad
acompañado de un
sentimiento

22%
7%

Hacer feliz a quien amo
buscando su bien
22%

21%

Espero que me haga feliz

Un compromiso con la
persona amada

En cuanto a la idea que se tiene en torno al amor, el 22% considera que es “Un
acto de voluntad” y “Un acto de voluntad acompañado de un sentimiento que se
siente con mucha o poca intensidad, e incluso con ninguna”, mientras que el 21%
lo percibe como algo que permite “Hacer feliz a quien amo buscando su bien”
además de ser “Un compromiso con la persona amada”.
De esta misma muestra conformada por 30 personas, sólo un 7% cree que el
amor es “Un sentimiento” y algo que “espero me haga feliz”.

¿Qué tan importante es para ti el prepararte antes del matrimonio?

23

�Gráfica No. 5

Con esa preparación
pongo los cimientos para
mi nueva familia

7%

0.0%

No tengo interés en
prepararme

Llevaré mi matrimonio
sin ayudas, sé como
hacerlo
93%

En cuanto a la preparación antes del matrimonio, la mayoría de las personas
encuestadas (93%) considera que “Con esa preparación pongo los cimientos de
mí nueva familia”.
Sólo el 7% perteneciente a la muestra se inclina por la opción “Llevaré mi
matrimonio sin ayudas, sé cómo hacerlo” y ninguno de los encuestados opta por
“no tengo interés en prepararme”.
¿Qué tan importante es para ti el prepararte continuamente después de contraer
matrimonio, para guiar en forma correcta a tu familia?

24

�Gráfica No. 6

14%

0%

muy importante

No creo necesario

No me interesa
prepararme
86%

Para la mayoría (86%) de las personas que componen esta muestra es “Muy
importante”, prepararse continuamente después de contraer matrimonio, para
guiar en forma correcta la familia.
Sólo el 14% “No cree necesitar” esta preparación posterior al matrimonio y “No me
interesa prepararme” tiene un nulo porcentaje de respuesta.
Al decidir casarme:

25

�Gráfica No. 7

Pierdo mi libertad
0% 14%

Ejerzo mi libertad

86%

Me comprometo

Según los datos de la gráfica, al decidir casarse podemos observar que 86% de
las personas encuestadas simpatizan con la idea del compromiso mutuo al elegir
como respuesta “Me comprometo”, un 14 % se inclina a “Ejerzo mi libertad”, y un
porcentaje nulo a “pierdo mi libertad”.

¿Cómo te imaginas como padre o madre de familia?

26

�Gráfica No. 8

Planeando cuantos
hijos aceptaremos y
que tan espaciados

0%
21%

Primero nuestros
planes y después los
hijos

79%

En mucho tiempo no
pensamos en hijos

La mayoría (79%) de las personas encuestadas se imagina como padre o madre
de familia “planeando cuantos hijos aceptará y qué tan espaciados”, mientras que
el 21 % se identifica con la opción “Primero nuestros planes y después los hijos”.

27

�Discusión de resultados
Al preguntar ¿para ti que es el matrimonio? Da gusto ver el resultado:
Es la unión total de un hombre y una mujer en la que se comprometen a amarse,
respetarse y entregarse en uno al otro buscando el bien común. Se comprometen
también a formar hijos de tal manera que puedas entregarle a la sociedad
personas de provecho.
Si estuvieran realmente convencidos de la importancia del matrimonio y por
consiguiente de la familia tal y como lo dicen en la pregunta anterior, difícilmente
existiría el divorcio para quienes así piensan, porque harían hasta lo imposible por
no desunir a su familia.
Todos dicen tener conocimiento de lo que es el matrimonio y la mayoría expresa
tener diferentes fuentes de información. Desafortunadamente en muchos casos se
tiene toda la información que se requiere, pero no la visión para encontrar lo que
realmente les ayude a ser mejores personas y por consiguiente a ser capaces de
llevar en la mejor forma su familia.
Con la pregunta ¿Cómo te imaginas siendo esposa o esposo? Casi todos
coinciden en que deben responsabilizarse de una familia. Eso es lo que realmente
debe ser, pero desafortunadamente en la actualidad ya no viven el noviazgo como
debería ser con miras a conocerse, saber cada vez más uno del otro
principalmente en lo fundamental. Y por ese desconocimiento en cuanto se casan
se desaniman por no ver en el esposo o esposa lo que ellos esperaban y hay
quienes piensan que es la continuación del noviazgo sin tener que asumir las
responsabilidades que después les asustan.
Respondiendo a la pregunta ¿Qué es para ti el amor? La mayoría coinciden en
que es un acto de voluntad, siguiéndole quienes dicen que es un acto de voluntad
acompañado de un sentimiento, que se siente con mucha o poca intensidad, e
incluso con ninguna. Sí con ninguna porque habrá momentos, en que no se
28

�quisiera ni siquiera ver al esposo o esposa pero cuando el amor es verdadero se
buscan mutuamente su bien y eso hace que el amor se fortalezca día a día.
En cuanto a la preparación antes del matrimonio la mayoría dice poner con ella los
cimientos de su nueva familia, desafortunadamente se estudia para muchas cosas
en la vida profesional, pero se llega al matrimonio en ocasiones únicamente con
las pláticas prematrimoniales y eso nunca será suficiente. Es definitivo que la
formación antes del matrimonio les da herramientas para poder iniciar en la mejor
forma de su nueva familia, pero al igual que en toda profesión si no se actualiza
pierden, es peor en el matrimonio por ser la familia la empresa más importante de
la humanidad. Y hay quienes dicen no necesitar ayuda.
Felizmente la mayoría tiene conciencia que el matrimonio es un compromiso y
cuando uno se compromete ejerce su libertad, lo importante es que esa decisión
sea firme al paso del tiempo y a pesar de las dificultades que todos tenemos en la
vida.
Un gran número de personas encuestadas están de acuerdo en planear cuantos
hijos van a tener y que tan espaciados, pero no es así porque tomando en cuenta
el daño que se hacen quienes están a favor de realizar primero sus planes y
después los hijos, es preocupante el número que continuamente va en aumento.
Lo natural del matrimonio es tener hijos y así formar una familia, quienes los
rechazan no tienen conciencia de la bendición que es el ser cooperadores con
Dios en dar vida a un ser que es el hijo.
De acuerdo a Viladrich (1920), “es la naturaleza del ser que procrea y sobretodo
del ser que es procreado, la condición, dignidad y exigencia dimanante de la
persona quien exige la familia” (p.201). Es decir se pudiese mencionar que es un
ciclo o un escalón al cual no se puede llegar si antes no se escala en anterior, en
otras palabras más simples, dado el amor conyugal que trasciende al matrimonio y
la perfección de ese acto como la procreación es concebida más como algo
natural, como lo esencial y gratificante para poder establecer una familia, la familia
que sólo un hombre y una mujer en su complementariedad pueden construir.
29

�Es entonces como la familia se convierte en la cátedra de la vida, pues es la
iniciadora de la formación de los hijos, en que ahora ese matrimonio vivifico tiene a
bien moldear y conducir, para proyectar al mundo no sólo a su descendencia, sino
también su misma familia en el ámbito amoroso, espiritual, moral y social.
CONCLUSIONES
Resulta prioritario emprender acciones de intervención, que se conviertan en la
oportunidad de fomentar el valor de la persona, del matrimonio y de la familia, ya
sea a través de cursos, pláticas, conferencias, reencuentros, orientaciones
personales, entre otros, que sean esa alternativa que lleve a la recuperación del
camino adecuado, del estar bien, del querer amar, del querer ayudar, de querer
servir, del estar orgullosos de pertenecer a una sociedad que se encamine al bien
común que tanto se necesita.
Es de vital importancia tener presente que el matrimonio representa el núcleo
central de la familia, y la familia a su vez es la base de la sociedad, entonces se
puede comprender de manera más clara la importancia que tiene la familia en la
vida del ser humano, en todo el entorno colectivo. Por ello es fundamental tomar
conciencia de la necesidad de preservar el núcleo de la sociedad que es la familia,
a través del mejoramiento en las relaciones conyugales, procurar hacer lo que se
debe, lo que está bien, lo idóneo, lo que hace más fuerte a los cónyuges, lo que
enriquece su relación, que a su vez repercute en la familia y trasciende hacia la
sociedad.

30

�REFERENCIAS
Castillo, G. (1992). La educación de la amistad en la familia. España: EUNSA.
Catecismo de la Iglesia Católica. (2007). Compendio. Conferencia del Episcopado
Mexicano. México: Ediciones CEM.
Escrivá-Ivars, J. (2001). Matrimonio y mediación familiar. España: Ediciones
Rialpa.
Fenoy, E y Abad, J. (2005). Amor y matrimonio. Madrid: Ediciones Palabra, S.A.
Finley, M. I. (2008). La Grecia Antigua. Barcelona: Editorial Crítica, S. L.
Flores, F. (1994). La felicidad en el matrimonio; una conquista cada día. México:
Ediciones Populares.
Hernández, R; Fernández, C; Y Baptista, P. (2001). Metodología de la
Investigación. México: McGraw Hill.
Juan Pablo II. (1999). Varón y mujer, Teología del cuerpo humano. Madrid
España: Ed. Palabra 3° edición.
Juan Pablo II. (1995). Carta a las familias. Carta los jóvenes. Carta a los niños.
Biblioteca cristiana. España: Planeta de Agostini.
Melendo, T., (1992). Ocho lecciones sobre el amor humano. Madrid España: Ed.
Rialp. S.A.
Viladrich, P. J. (1990). El compromiso en el amor. México: Editorial Loma.

31

�VIOLENCIA Y DEPENDENCIA EN LAS PERSONAS MAYORES.
Rosa María Flores Martínez2
Blanca Mirthala Tamez Valdez3
RESUMEN
El envejecimiento poblacional a nivel mundial es un fenómeno sin precedentes,
actualmente es visto como un logro de la política social, que representa además
un reto para los países en desarrollo, incluido México. En la etapa de la vejez el
individuo experimenta diversos cambios relacionados

con factores biológicos,

psicológicos y sociales, algunos de esos cambios representan adversidades entre
ellas la presencia de violencia y dependencia.
Por lo anterior el presente documento analiza la violencia en adultos mayores
dependientes, dicho análisis parte de la noción de un triunvirato de la violencia, en
el que se aborda una relación entre la violencia subjetiva, simbólica y sistémica
(Zizek, 2009). Dentro de este análisis se profundiza en la forma en que se
presenta la violencia en las personas mayores que requieren ayuda para realizar
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) o bien actividades instrumentales de
la vida diaria (AIVD). Para contextualizar el trabajo, se toman como referencia
investigaciones que se han realizado al respecto, la discusión se enfoca en las
diferencias que se manifiestan a partir del genero entre los adultos mayores
hombres y mujeres. El análisis teórico de la violencia se fundamenta a partir de
un perspectiva contra hegemónica, que señala la existencia de un triunvirato de
violencias en el coexisten agentes identificables y otros que no lo son, para ello se
retoman algunos elementos de la teoría crítica.

2

Estudiante del Programa de Maestría en Ciencias con orientación en Trabajo Social de la Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano en la UANL. Correo electrónico: rosamariaflores1@gmail.com
3
Profesora de tiempo completo. Titular A en el Posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo
Humano de la UANL. Correo electrónico: blancamtamez@hotmail.es

32

�Palabras clave: personas mayores, dependencia, violencia, diferencias de
género.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad el envejecimiento poblacional se concibe como un logro de la
políticas públicas, asimismo representa diversos retos a nivel mundial, las
personas adultas mayores hoy en día constituyen un grupo poblacional de rápido
crecimiento en las proyecciones realizadas indican que hasta al menos el año
2050 el índice de crecimiento será más elevado que el de otros grupos
poblacionales (Ham, 2011).
Hoy en día el sistema capitalista que permea a las sociedades influye para que la
construcción social de la vejez sea devaluada, estereotipándola como una etapa
donde el sujeto se vuelve improductivo. La vejez entonces se torna como un
problema de carácter social en el que el adulto mayor es excluido y discriminado,
ejerciéndose de esta forma una violencia que emana desde los sistemas mediante
expresiones menos visibles.
Para los adultos mayores que requieren de algún tipo de ayuda para realizar
alguna actividad básica de la vida diaria, o bien instrumental de la vida diaria, es
aún más difícil poder conservar su autonomía, por lo tanto, existe una mayor
vulnerabilidad a la presencia de violencia en todas sus diversas manifestaciones,
no por su estado en particular sino por la falta de condiciones estructurales que le
impide desarrollarse plenamente.
Aunado a lo anterior, existe una marcada desigualdad social entre hombres y
mujeres, que se acentúa en la vejez, a partir de la construcción cultural y social del
género, en este sentido, la gran mayoría de los estudios señalan que la violencia
se presenta en personas adultas mayores mujeres, sin embargo, algunos otros
señalan que no existen diferencias absolutas. Se dice que las mujeres están en
franca desventaja en cuanto a condiciones económicas y sociales de vida, no

33

�obstante, cuentan con una red de apoyo más consolidada a diferencia de los
hombres en esta etapa de la vida.
Analizar la violencia hacia las personas mayores, implica ir más allá de aquella
violencia que es ejercida de un sujeto a otro, es decir, es importante considerar
aquellos elementos que se encuentran desde las estructuras sociales, las políticas
públicas, las instituciones, las organizaciones, las infraestructuras, el leguaje. Ello
involucra no sólo poner de manifiesto aquello que puede ser visible, sino que
además es adentrarse al conocimiento de las condiciones en que se encuentra la
población adulta mayor desde una perspectiva más amplia.
Son pocos los estudios que en la actualidad analizan la violencia en las personas
mayores, aun cuando representa un grave problema social, por lo anterior, es
preciso hacer investigaciones que permitan una mayor aproximación, para
conocer las características y situaciones a las que se enfrentan, de manera
particular en aquellas personas que presentan dependencia partiendo desde un
enfoque de género, para conocer las diferencias entre hombres y mujeres en torno
a este fenómeno social.
Proceso demográfico de envejecimiento.
El envejecimiento demográfico poblacional es un fenómeno que se presenta a
nivel mundial de manera vertiginosa, acentuándose de manera particular en
aquellos países desarrollados, de acuerdo con el

Fondo de Población de las

Naciones Unidas (UNFPA, 2011) la población de adultos mayores se elevará más
rápidamente que ningún otro sector de la población mundial, hasta al menos el
año 2050, el crecimiento sin precedentes de la población mundial comenzó en el
año 1950, a partir de la disminución en la mortalidad en las regiones menos
adelantadas.
Factores como el avance de la medicina, los cambios de las condiciones de vida y
el conocimiento progresivo de las enfermedades han generado una disminución
notable de la mortalidad

en edades tempranas,
34

así como el aumento de la

�expectativa de vida para la población, no obstante hoy en día existen
desigualdades entre los países.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2008) indica
que para esta region la población

que tiene 60 años y más aumentará

sostenidamente en las próximas décadas,

de los 41 millones de personas

mayores existentes en 2000 se le agregarán 57 millones más entre los años 2000
y 2025 y 86 millones entre 2025 y 2050. Los adultos mayores serán entre tres y
cinco veces mayores que la de la población total en los períodos 2000-2025 y
2025-2050, debido a su rápido crecimiento 3.5% en relación con la población más
joven. Entre 2000 y 2050 se estima que la proporción de personas mayores de 60
años se triplicará.
El envejecimiento poblacional se presenta a partir de una transformación
demográfica, es decir,

se habla de que la

población envejece cuando las

pirámides etarias adelgazan su base y ensanchan su cúspide, de esta manera la
población más

joven

comienza a tener menos hijos, por ende los adultos y

personas mayores, en compensación empiezan a tener mayor representatividad
(Tamez, 2008). Existen una serie de determinantes que influyen para que la
transición demográfica se presente,

por un lado fenómenos sociales como la

creciente migración hacia las ciudades, las trasformaciones económicas, el
incremento en el acceso educativo, las mejoras en los sistemas de salud, y por
otro lado la disminución de la fecundidad y el descenso de la mortalidad.
En el caso particular de México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI, 2010) de acuerdo con el censo realizado en 2010 señala que para el año
2010 el monto de personas de 60 años y más fue de 10, 222,624 lo que
representa 9.1 % de la población total. Por lo que respecta al estado de Nuevo
León la población total de acuerdo a este censo fue de 4, 653,458; el porcentaje
de personas mayores correspondiente fue de
personas de la población total.

35

8.9 % que equivale a 41,416

�Relacionado con la transición demográfica se encuentra un proceso denominado
transición epidemiológica, que implica una transformación en donde enfermedades
infecciosas y agudas manifiestan una menor presencia y letalidad, sin embargo,
existe una mayor prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas e
incapacitantes con mayor incidencia y letalidad, inclusive hoy en día se habla de
una polarización de enfermedades, en donde se presentan simultáneamente tanto
enfermedades infecciosas como crónico degenerativas.
El envejecimiento entonces, se concibe como un fenómeno heterogéneo, la
población adulta mayor vive circunstancias diversas dependiendo de la región, el
país, la situación socio-económica, el grado escolar, el género, la funcionalidad
(Ribeiro, 2009; Mota y López, 1998; Tamez, 2008). De esta manera, se
encuentran personas mayores que cuentan con recursos tanto individuales, como
familiares, comunitarios e institucionales viviendo esta etapa con una salud
aceptable, manteniendo autonomía e independencia, sin embargo, existen otras
personas mayores en donde permea una situación de deficiencias, carestías,
limitaciones y dependencias relacionadas con la disminución de las capacidades
funcionales, emocionales y cognoscitivas aunado con enfermedades

de tipo

crónico degenerativas que contribuyen a limitar la realización de las actividades
de la vida cotidiana,

consecuentemente se observa la

pérdida de su

independencia y la necesidad constante de ayuda.

Vejez, dependencia, género y familia
Es así como la vejez presenta varios rostros, para Arber y Ginn (1996) la vejez
puede conceptualizarse en base a tres sentidos diferentes: el primero es la edad
cronológica es esencialmente biológica y se refiere a la edad expresada en años
manifestando cambios en la posición del sujeto en la sociedad; en segundo lugar
la edad social es concebida a partir de una construcción social, el envejecimiento
social está marcado por el género en tanto se refiere a las actitudes, conductas
adecuadas, las percepciones subjetivas y la edad atribuida; por último la edad
36

�fisiológica está relacionada con la edad cronológica, sin embargo, no se puede
reducir a la edad expresada en años, ésta se relaciona con las capacidades
funcionales y con la gradual disminución de la densidad ósea, el tono muscular y
de la fuerza que se produce con el paso de los años la cual varía de acuerdo con
la posición que ocupen los sujetos en la estructura social.
Claro está, que físicamente el cuerpo presenta

un deterioro con el paso del

tiempo, en virtud de lo anterior Tamez (2008) señala

que en esta etapa se

presenta en la mayoría de las personas, una pérdida progresiva y se podría decir
que crónica de la salud, de igual forma, una mayor dependencia que a su vez
implica diversos niveles como la dependencia física, mental y económica. No
obstante Laforest (1991 citado en Tamez, 2008) indica el hecho de que una
persona presente dependencia hacia otros no significa que también pierda
autonomía en torno a la toma de decisiones ya que el deterioro biológico del
organismo y el estado de dependencia no necesariamente implican una relación,
es importante aclarar que la persona adulta mayor puede seguir siendo autónoma,
aun cuando exista una dependencia física.
La dependencia afirma

Comas (2005)

no es consecuencia de la edad,

generalmente se asocia con problemas de salud, no obstante, es importante
considerar que no todas las enfermedades crónicas generan discapacidades, de
la misma forma no todas las discapacidades generan dependencia. Para el
Consejo de Europa,

la dependencia se refiere a un estado en el que se

encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de
autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas
importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria (Lopéz, Comas,
Monteverde, Casado, Ibern, y Caso, 2005).

Investigadores como Lopéz, Comas, Monteverde, Casado, Caso y Ibern (2005)
refieren que la dependencia funcional abarca el nivel de las limitaciones para
realizar actividades de la vida diaria, y no el de las deficiencias, es decir se
asocia a las restricciones en la participación. De acuerdo a lo anterior
37

la

�clasificación de esas actividades se hace a partir de la distinción entre las
actividades de la vida diaria (AVD) que abarca las llamadas básicas (ABVD) o de
autocuidado; las instrumentales (AIVD) o de desenvolvimiento como usuario en el
medio social; y las avanzadas (AAVD), que permiten la participación social.

Para Robles (2005) la vejez

se encuentra determinada por una construcción

social que implica una noción de decrepitud, además de valorizar al individuo que
envejece como un sujeto desvalorizado, relacionado de esta manera con la
dependencia propiciada en gran medida por factores tales como enfermedades,
carencia de recursos y entornos desfavorables, hacen posible la aparición de
violencia en las personas mayores.
Durante la etapa de vejez se generan muchos cambios no solo a nivel individual
sino también a nivel social, en este sentido, es conveniente precisar que no
envejece de la misma manera los hombres y las mujeres, por lo tanto, como
señala Posner (1977, citado en

Huenchuan y otros, 2010) el envejecimiento

femenino es diferente al masculino, por lo regular para las mujeres conlleva un
doble riesgo, derivado de su género y de su edad.

Para Lamas (2000) las

categorías de género se transforman a lo largo del tiempo y con ellas los espacios
asignados a mujeres y hombres, estudiar el género se concibe como una forma de
comprender a las mujeres como parte integral de la sociedad y no como un
aspecto aislado de ella.
Las expectativas de la sociedad con respecto al envejecimiento

es una

construcción cultural que depende tanto de la edad como del género, para Arber y
Ginn (1996) existe una conexión entre género y envejecimiento que surge, por un
lado, ante los acontecimientos relacionados con la edad y por otro, un cambio
social propio del paso del tiempo.
Sin embargo Wilson (1996) en una investigación que realizó encontró que las
mujeres están relacionadas en mayor medida con sus familias que los hombres
durante la etapa de la vejez, es decir a pesar de las expectativas negativas de la
vejez, ésta puede llegar a convertirse en espacio de una nueva libertad para la
38

�mujer debido a las relaciones e identidades de género que pueden desarrollarse
en esta etapa.
Tradicionalmente los roles de género como estereotipos populares señalan que
los hombres trabajan fuera del hogar y reciben un salario, su vida social gira en
torno al trabajo, por el contrario las mujeres se dedican al hogar, su principal
función es la crianza de los hijos (Wilson, 1996). Para Huenchuan, Sandra;
Adriana Fassio, Sergio Antonio Carlos, Paulina Osorio, Ariel Miño Worobiej, Karina
Batthyany, Fernando Berriel, María Carbajal, Maite Ciarniello, Mónica Lladó y
Mariana Paredes (2010) esta

tradición, además de la

socialización y las

relaciones económicas ponen a las mujeres en el centro de la tarea de cuidado de
las personas mayores y además de grupos sociales, sin importar si la mujer se
desarrolla laboralmente o bien se dedica a las labores domésticas.
De acuerdo con Ariza y De oliveira (2001) las transformaciones demográficas
inciden en el proceso de supresión del ethos patriarcal, de los fundamentos
socioculturales, promoviendo el surgimiento de imágenes cambiantes de la mujer
y sus familias. Asimismo, influyen en la transformación de los arreglos y acuerdos
familiares, y el modo en que las familias se vinculan

con el Estado, las

Instituciones o bien en la parte económica. Arriagada (2007) señala que la
transformación de las familias pasó de la familia tradicional en donde el hombre
desempeñaba el rol de proveedor; a familias de doble ingreso, en donde la mujer
se inserta al mercado laboral, sin embargo, ello ha traído consigo la distribución
dispar de actividades y responsabilidades familiares, para la mujer trabajadora
existe una sobrecarga de trabajo, especialmente para las que tienen el cuidado
de adultos mayores y las madres con hijos pequeños.
De acuerdo con Garay, Montes de Oca y Redondo (2012) la organización familiar
se ha visto transformada en las sociedades envejecidas, principalmente por el
alargamiento de la vida y el incremento de la proporción de personas mayores.

39

�La disminución del tamaño de los hogares ahora ya no de tipo trigeneracional, 4
sino unigeneracional, es otra de las consecuencias de la industrialización, la
urbanización y el envejecimiento demográfico. En gran medida, en ello influye la
cobertura de los sistemas de protección social para la conformación de las
estructuras de corresidencia de las familias, debido a que en los países en los
que la cobertura es baja adquieren relevancia las redes informales de apoyo y
aumentan las proporciones de hogares en los que conviven grupos familiares de
varias generaciones.
En relación a la estructura de las familias latinoamericanas según Ariza y De
Oliveira (2001) son en su gran mayoría

hogares de tipo nuclear, sin embargo,

las familias extensas y las compuestas han sostenido su peso relativo en estos
últimos años, por otro lado, se indica que existe un ligero aumento de los hogares
de tipo unipersonal, presentándose de manera muy latente en los países de
transición demográfica avanzada, esto a consecuencia de un envejecimiento de la
población, aunado a una mayor presencia de familias dirigidas por mujeres, lo
anterior incide en una mayor diversidad de arreglos familiares.

Violencia en las personas mayores
La violencia se encuentra latente en los diferentes contextos donde el ser humano
está presente y es vivida a través de diversas manifestaciones y formas, en base
a los planteamientos de Mancinas y Macias (2012),

en los años setenta es

cuando aparecen algunos estudios sobre la violencia hacia las personas mayores,
los estudios han girado en torno a las relaciones interpersonales, es decir, en las
familias y los profesionales, sin embargo, siguiendo diversas formas de abordaje,
variando en cuanto a perspectivas teóricas, así como metodologías, técnicas e
instrumentos.

4

El concepto trigeneracional se refiere a tres generaciones viviendo en un mismo hogar: abuelos, hijos y
nietos.

40

�En el ámbito internacional en el año 2002 se celebró la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid, en ella se abordó el tema del maltrato
de forma específica generándose: el Plan de Acción Internacional cuyo objetivo
fue: “garantizar que en todas partes, la población pueda envejecer con seguridad y
dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando en sus
respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos” (ONU , 2002). De
esta manera, se emitieron dos grandes objetivos relacionados al tema de la
violencia, el primero consiste en la eliminación de todas las formas de abandono,
abuso y violencia contra las personas de edad y el segundo la creación de
servicios de apoyo para atender a los casos de abuso y maltrato contra las
personas de edad.
En el año 2007 en la segunda Conferencia regional intergubernamental sobre
envejecimiento en América Latina y el Caribe, los representantes de los países
reunidos a través de la Declaración de Brasilia proponen crear marcos legales y
mecanismos de supervisión para proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales de

las personas de edad, asimismo convocan a facilitar la

formulación ejecución y cumplimiento de leyes y programas de prevención de
abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las personas de edad.
Recientemente en la tercera Conferencia regional intergubernamental

sobre

envejecimiento en América Latina y el Caribe se emitió la Carta de San José en
2012 en donde los representantes de los países miembros se comprometen a
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de
todas las personas mayores, trabajar en la erradicación de todas las formas de
discriminación y violencia y crear redes de protección de las personas mayores
para hacer efectivos sus derechos.
Es importante reconocer los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional para
visibilizar la violencia hacia las personas mayores, la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2002) en la Declaración de Toronto para la Prevención Global del
Maltrato de las Personas Mayores define el maltrato como “la acción única o
41

�repetida, o la falta de la respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier
relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o
angustia a una persona anciana”.
Sin embargo, existen hoy en dia bastas divergencias en cuanto a los términos y
conceptos ultizados para definir aquella violencia que es ejercida sobre los adultos
mayores dependiendo del pais, la region o el idioma. Aunque desde la antigüedad,
se tiene conocimiento que en el ambito familiar ha sucedido, es en Gran Bretaña
en 1975 donde el maltrato de las personas mayores se describió por primera vez
en revistas científicas, empleando el término “granny battering”, que podría
traducirse como “abuelita golpeada” o “abuelita apaleada”

(Krug, Dahlberg y

Mercy, 2003).

Para Di Cesare (2012) el abuso o maltrato contra las personas mayores se define
como “cualquier acción, serie de acciones o falta de acción apropiada que les
produce daño físico o psicológico”. Mancinas y Macias (2012) señalan que una
definición amplia de abuso y negligencia hacia las personas mayores, considera
que los malos tratos se producen cuando se actúa en contra de las normas
sociales establecidas para este colectivo; o bien, cuando dichas pautas se omiten,
sin importar la intencionalidad o no de hacerlo.
Como bien se puede observar no existe un consenso o una definición
ampliamente aceptada por la comunidad mundial, en relación a la

tipología

sucede lo mismo, no existe una clasificación que haya sido totalmente aceptada,
han sido muchos los intentos por establecer conceptos que aborden de manera
integral esta problemática, sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo
generalizado, la International Network for the Prevention of Elder Abuse indica
que el maltrato se presenta como:
-Maltrato físico: intención de causar dolor o lesiones, la coerción física o restricción
de la libertad.

42

�- Maltrato psicológico o emocional: infligir sufrimiento psicológico.
- Abuso financiero o material: explotación ilegal a una persona mayor o hacer uso
de sus fondos o recursos de manera indebida.
- Abuso sexual: contacto sexual no consentido de cualquier tipo con una persona
mayor.
- Negligencia: negación o rechazo intencional a cumplir la obligación de atender a
una persona mayor, o no cumplirla. (WHO/INPEA, 2002).

ESTUDIOS REALIZADOS
En España Bazo (2001) realizó un estudio sobre negligencia y malos tratos a las
personas mayores que reciben servicios de ayuda a domicilio, se entrevistó a un
total de 2,351 auxiliares domiciliarias que atienden personas adultas mayores en
cinco municipios del País Vasco, Andalucía y Canarias, se detectaron 4.7% de los
casos que manifestaron la presencia de negligencia y malos tratos, de los cuales
el 81% de los casos las víctimas son mujeres, mientras que el 19% son hombres,
el 55% de los casos son los hijos biológicos o políticos quienes perpetran el
maltrato; la negligencia en el cuidado físico representó el número de casos más
elevados representando un 53.8% de este porcentaje el 43.2% se presentó en
mujeres mientras que en hombres el 10.7%; seguido del cuidado psicoafectivo con
un 28.8% de los casos en el que el 21.1% se presentó en mujeres y el 7.1 en
hombres; el maltrato psicológico se presentó en un 10.7% de los casos, de esos el
9.7 en mujeres y el 1% en hombres; el maltrato material en un 2.8% sólo en
mujeres y el 3.8% de maltrato físico de igual forma solo en mujeres.
Posteriormente Iborra (2008)

llevó a cabo un estudio

a escala nacional en

España con objeto de conocer la situación actual del maltrato contra personas
mayores en la familia. La muestra en adultos mayores fue de 2,401 encuestas
como resultado se obtuvo que el 0.8% de las personas mayores entrevistadas ha
sido víctima de maltrato por parte de algún familiar,

cabe señalar que

porcentaje aumenta hasta el 1.5% entre los ancianos dependientes.
43

el

�En México al igual que en otros países ha surgido recientemente el interés por
abordar temas relacionados con la vejez y la violencia algunas de las que se han
realizado hasta el momento a nivel nacional (INEGI, 2011)

son la Encuesta

Nacional de la Dinámica de las Relaciones (ENDIREH) en los Hogares la cual
reportó que de las mujeres de 60 y más años, el 44.6% declaró haber sufrido
algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, del tipo de violencia
ejercida por su pareja con más alto porcentaje es la emocional con un 91%.
Giraldo (2006) en la Encuesta sobre Maltrato a Personas Adultas Mayores en el
Distrito Federal (EMPAM-DF) obtuvo como resultado

que un 16.2% adultos

mayores sufrieron algún tipo de maltrato; de este porcentaje el 12.7% fueron
víctimas de maltrato psicológico; el 3.9% maltrato económico; el 3.7% maltrato
físico; el 3.5% negligencia y abandono; el 1% abuso sexual. Los datos arrojados
mostraron que tanto hombres como mujeres sufren maltrato, sin embargo, se
encuentran diferencias significativas en cuanto al tipo de maltrato presentado, por
ejemplo en el caso de las mujeres refieren presentar en mayor medida maltrato
psicológico (15.1%) que los hombres (9.1%).
En el estado de Nuevo León, Mancinas (2007) realizó una investigación sobre
factores de riesgo asociados a la violencia familiar contra las personas mayores en
la ciudad de Monterrey, dicha investigación arrojó los siguientes datos: de 952
casos entrevistados 43.1% adultos mayores reportaron haber experimentado
algún tipo de maltrato por parte de sus hijos, el 76.6% manifestó haber vivido
negligencia; maltrato emocional con 35.5% de casos reportados; el maltrato
económico se presentó en 8.1% de la población y el físico en 2.9 %. La autora
indica que las deficiencias para realizar actividades de la vida diaria se perfiló
como el factor de mayor relación con el maltrato y la negligencia. Asimismo, se
observó que más personas mayores que presentan deficiencias para realizar
actividades de la vida diaria han vivido incidentes de maltrato, en comparación con
aquellas que no tienen problemas con su funcionalidad.

44

�En el país son pocos los estudios que se han realizado sobre el estudio de la
violencia en las personas mayores, no obstante, hay que reconocer los esfuerzos
que se realizan por darle visibilidad, por lo anterior, es importante contribuir a
generar información respecto del contexto mexicano, en el sentido de que no es la
misma realidad que existe para todos los países, además de que los estudios
reflejan una fuerte conexión entre dependencia y violencia, sin embargo es posible
profundizar más al respecto, además de analizar estas diferencias que surgen a
partir de la construcción social de género, por lo anterior se plantan los siguientes
objetivos e hipótesis:
OBJETIVO GENERAL
Analizar la violencia presentada por las personas mayores en estado de
dependencia, tomando en cuenta aspectos familiares, sociales y culturales, en la
zona metropolitana de Nuevo León y algunos municipios de zonas rurales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Examinar la presencia de violencia en el adulto mayor a partir del tipo de
dependencia.
b) Estudiar si el género tiene relación con el tipo de violencia manifestada
por el adulto mayor.
c) Indagar si existen diferencias en el tipo de violencia a partir del tipo
arreglo familiar del adulto mayor.
HIPÓTESIS
1) A mayor necesidad de requerir ayuda para realizar actividades básicas
de la vida diaria aumenta la presencia de violencia en el adulto mayor.
2) A mayor necesidad de requerir ayuda para realizar actividades
instrumentales de la vida diaria aumenta la presencia de violencia por parte
del adulto mayor.
45

�3) La construcción cultural de género influye en los tipos de violencia
presentada por el adulto mayor.
4) El tipo de arreglo familiar en el que se encuentra el adulto mayor influye
en el tipo de violencia presentada.

PERSPECTIVA TEÓRICA
La violencia hacia el adulto mayor no sólo se presenta en el ámbito familiar, sino
además en la vida social, en las instituciones, en el lenguaje e inclusive desde las
políticas públicas y el Estado; por lo anterior, Mancinas (2012) señala que ha
surgido un paradigma de análisis a partir del capitalismo cultural en donde se
identifica que coexisten agentes identificables y otros que no lo son en el ejercicio
de la violencia. De la misma forma, cuando la violencia es ejercida por un sujeto
identificable es impulsada por un sistema económico y político, es decir, aquella
persona que ejerce la violencia está inmersa dentro de sistemas que influyen para
que se presente la misma. En este sentido, se debe analizar y comprender la
violencia mediante la noción de triunvirato entre la violencia sistémica, violencia
simbólica y violencia subjetiva (Mancinas, 2012: 14).
La violencia sistémica en palabras de Zizek (2009), es la violencia inherente al
sistema (económico y político) que trata “no sólo de violencia física directa sino de
las formas más sutiles de coerción que imponen relaciones de dominación y
explotación, incluyendo la amenaza de la violencia” (Zizek, 2009:20). Para
Mancinas (2012) esta violencia se observa en el restringido acceso a servicios de
salud, la deficiente atención de la salud, las jubilaciones y pensiones precarias, la
nula

incorporación de los requerimientos

de la población envejecida en los

proyectos de desarrollo urbano y de transporte público.
En cuanto a la violencia simbólica, es la que es ejercida a través del lenguaje y
sus formas (Zizek, 2009) relacionado con un cierto universo de sentido impuesto
por medio del lenguaje. La designación y utilización de los términos “viejo”,

46

�“anciano”, con una connotación negativa es un claro ejemplo de la violencia
simbólica.
La violencia de tipo subjetiva se experimenta como tal, se manifiesta como una
perturbación del estado normal y pacífico de las cosas por lo tanto es la más
evidente en este sentido se puede reconocer que la violencia familiar encuadra
con esta violencia ya que en ella son identificados perfectamente los sujetos que
ejercen la violencia (Zizek, 2009).
Coincidiendo con lo anterior de acuerdo con Corsi (1994) la violencia implica el
uso de la fuerza para producir daño, entre sus manifestaciones se encuentra el
ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza, de acuerdo a este autor, es en
la familia donde se presenta como un entorno propicio para desarrollar
interacciones violentas.
En base a lo anterior se plantea realizar el análisis desde una visión amplia, que
implique abordar tanto la violencia que se presenta hacia las personas mayores en
estado de dependencia en el ámbito familiar, como aquellas violencias que se
ejercen a través de las relaciones sociales y desde las políticas públicas.
DISEÑO METODOLÓGICO
La presente investigación forma parte de un proyecto más amplio que aborda el
proceso de envejecimiento mostrado por el adulto mayor a partir del desarrollo de
dependencia y la influencia en ello de diversos factores sociales, dicho proyecto
es coordinado por Blanca Mirthala Tamez Valdez y auspiciado por medio de
recursos del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

El presente estudio tiene por objeto analizar la presencia de violencia social y
familiar en el adulto mayor de acuerdo a tipos y niveles de dependencia, tomando
en cuenta aspectos sociales, culturales y familiares, la aplicación se realizará en
algunos municipios del Estado de Nuevo León tanto en zonas urbanas como
rurales.

47

�La metodología es corte cuantitativo, con un diseño metodológico no experimental,
se realizará ex post facto, es decir, la variable independiente ya ha ocurrido
cuando el investigador hace el levantamiento.

En relación al tiempo de ejecución es de tipo trasversal, el levantamiento de los
datos es en un mismo periodo de tiempo. Asimismo, es de tipo correlacional. La
información será recolectada a partir de una cedula de entrevista, de la cual se
tomarán en cuenta para este estudio solo algunas de las dimensiones, debido a
que forma parte de un proyecto mayor.
MUESTRA
Con base en los objetivos del presente estudio se diseñó una muestra por cuotas,
en tanto se requiere igualar los grupos de adultos mayores en función del sexo y
edad, pero cuidando además, contar con un suficiente grado de heterogeneidad
entre los participantes respecto al nivel educativo que presentan, así como al
estrato socioeconómico al que pertenecen. El tamaño de la muestra fue estimado
a partir del total de adultos mayores en el estado de Nuevo León, de acuerdo con
los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda en el 2010.

De esta manera y partiendo de un universo de 408, 294 adultos mayores en el
estado de Nuevo León en el 2010, el tamaño de la muestra obtenido corresponde
a 384, la cual fue incrementada en un 20%, obteniéndose un total de 461 como el
número de adultos mayores a entrevistar. Dicho número corresponde al total de
participantes, aunque como fue señalado, se buscará equilibrar en cantidad los
grupos de hombres y mujeres, dividiendo los grupos por edad.

48

�CONCLUSIONES
La violencia en las personas mayores es un problema complejo de múltiples
dimensiones por lo que

es preciso

visibilizarlo y continuar realizando

investigaciones al respecto. Las grandes transformaciones que en la actualidad
acontecen a nivel mundial en relación

con el envejecimiento inciden en la

presencia de nuevas realidades para este sector de la población, que por un lado
presenta una mayor expectativa de vida, pero por otro lado, también enfrenta
nuevos problemas entre ellos la presencia de una mayor dependencia.

Existen asimismo estereotipos respecto a la vejez en donde las personas mayores
son percibidas como seres devaluados y faltos de autonomía situaciones que
hacen propicia la aparición de violencia no únicamente en el ámbito familiar sino
en la vida social, Institucional y desde el propio Estado.

Es importante incorporar la categoría de género en los estudios que tratan sobre la
violencia en las personas mayores debido a que permitirá explicar de manera más
profunda las características de los hechos y la forma en que se presenta el
fenómeno de la violencia.

Al profundizar en el fenómeno social de la violencia enfrenta por las personas
adultas mayores con dependencia de algún tipo, se podrá avanzar en el
conocimiento de la complejidad de su dinámica y mecanismos sociales. Así como
en los retos y necesidades particulares presentadas por las personas mayores que
experimentan esta situación, permitiendo esto diseñar políticas públicas que
contribuyan al bienestar de este grupo etario y sus familias

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52

�LA SOCIALIZACIÓN FAMILIAR DEL GÉNERO EN JÓVENES
UNIVERSITARIOS/AS
Alicia Hernández Montaño5
José González Tovar6
Ilse Stefany Aguilar Salgado 7

RESUMEN

La familia es una de las instituciones más importantes que participa activamente
en los procesos de socialización del género (Goodnow, 1998, Díaz-Guerrero,
1982, Rocha y Díaz Loving, 2012). Este deber ser y hacer de hombres y mujeres
ha tenido una serie de transformaciones en nuestro país en las últimas décadas,
introduciendo nuevas ideas y prácticas alrededor de los géneros, como la
inserción de las mujeres al ámbito laboral, el involucramiento de hombres en el
cuidado y crianza de los hijos y de las labores domésticas (Guevara, 2010). Frente
a esto la pregunta que guía al presente

estudio es conocer ¿cuáles son las

construcciones de género que están teniendo las juventudes universitarias desde
el ámbito familiar? Para esto participaron cuatro hombres y cuatro mujeres
estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los datos que emergieron
del análisis de las entrevistas nos permitieron construir una categoría central:
Socialización del género en la familia, que se refiere a las prácticas y discursos
que los padres/madres utilizan para la construcción del deber ser y hacer de sus
hijos/as. Identificando enseñanzas explícitas para el desempeño en los espacios
privados y públicos desde la tradicionalidad del género, pero también mensajes
implícitos que flexibilizan el modelo de feminidad y masculinidad que contrasta con
la naturalización del género. Lo que nos lleva a concluir que los/as jóvenes
5

Universidad Autónoma de Coahuila aliciahernandezmont@uadec.edu.mx
Universidad Autónoma de Coahuila josegonzaleztovar@uadec.edu.mx
7
Universidad Autónoma de Coahuila atefany_agsa@hotmail.com
6

53

�entrevistados/as se encuentran en un proceso transitorio frente a los viejos y
nuevos discursos sobre el deber ser y hacer de hombres y mujeres, que los lleva a
conflictos intra e inter género frente a la conciliación de estos dobles mensajes.

Palabras claves: socialización, género, familia, jóvenes

Puntos de partida
1. Las identidades de género
Partimos de una visión de género porque es una perspectiva científica,
analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que nos permitirá explicar las
diferencias que culturalmente se asigna a lo masculino y lo femenino. Desde esta
perspectiva es posible analizar las prácticas de socialización

familiar y su

repercusión en la formación identitaria de los y las jóvenes entrevistados/as.
Por género

entendemos una construcción social y cultural (simbólica) de la

diferencia biológica. Lo social apunta a las relaciones sociales de género, a la
división del trabajo o actividades que hacen hombres y mujeres, es decir, a las
prácticas. Lo cultural o simbólico refiere a las representaciones de lo
femenino/masculino, las ideologías de género, los estereotipos de género, las
definiciones ideales de lo que es ser hombre y ser mujer, a las valoraciones de lo
femenino y lo masculino, a las identidades de género; en definitiva a las
interpretaciones culturales de las prácticas, de lo que se hace (Lamas, 1999 y
2002).

A continuación exponemos dos de los elementos que conforman la

identidad genérica: los roles y los estereotipos.

Los roles de género

Podemos decir que los roles de género son la expresión pública de la identidad.
Estos

involucran el conjunto de expectativas sociales y comportamientos
54

�asociados a un escenario o persona particular dada sus condiciones de género: el
deber hacer de hombres y mujeres.
En este sentido las madres y los padres cobran especial importancia al ser
uno de los contactos cotidianos más cercanos que tienen los infantes, y que a
través de sus estilos educativos diferenciados van interiorizando las expectativas
sobre los comportamientos.

Es así que el papel social de las mujeres se percibe próximo a la
naturaleza, por su relación a la reproducción y a las funciones que la involucran.
Su rol es doméstico, por lo tanto, su principal función gira entorno a las relaciones
familiares: el cuidado y crianza de los hijos, de la pareja, las redes de parentesco y
las redes comunitarias, aspecto que Gilligan (1982) llama la ética del cuidado. La
participación de los hombres se encuentra fuera de la esfera doméstica, sus roles
surgen del trabajo y de la organización de la producción en los ámbitos públicos. A
diferencia de la identidad femenina, los hombres fundamentan su identidad en la
ética del logro (Gilligan, 1982) bajo el desarrollo de roles que incluye la
proveeduría, la toma de decisiones, el control dentro del hogar y la familia, y el
establecimiento de las reglas (Díaz Guerreo, 2012; Lamas, 1999).

Estereotipos de género

La cultura está llena de premisas, mitos, creencias y prejuicios que condicionan la
percepción diferencial que tenemos de hombres y mujeres. Desarrollar una
identidad implica entonces internalizar el conjunto de normas y reglas que
culturalmente se establece sobre el papel que tiene cada uno.
De acuerdo con Del Valle (2002) la representación cultural de género se expresa y
manifiesta a través de estereotipos. Para Hegelson (2002) los estereotipos de
género reflejan

las creencias populares sobre las actividades, los roles, los

rasgos, las características o atributos que caracterizan y distinguen a los hombres
de las mujeres y además son creencias socialmente compartidas.
55

�Estudios en población mexicana destacan la permanencia de una visión
estereotipada sobre los roles que deben desempeñar hombres y mujeres de
manera diferencial en el entorno familiar y el hogar, así como en el contexto
social. Se sigue considerando al hombre como un ser superior e inteligente,
mientras que la mujer se asocia primordialmente con el contexto de los afectos,
por lo que se asume es más cariñosa y emocional (Inmujeres, 2007; Rocha y
Díaz-Loving, 2012).

La socialización del género: base de la diferenciación

Deseamos destacar la influencia de la familia como un agente básico dentro del
proceso de socialización del género. Sin dejar de divisar que la socialización de la
feminidad y masculinidad es un fenómeno mucho más complejo, que involucra
factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos (Rocha, 2012). Esto es, la
definición que una persona hace de sí misma no solo deriva de su interacción
diaria –familia o grupo de pares-, de cómo se observa y cómo actúa, sino de
todos los aspectos que cultural y socialmente internaliza en torno a su yo –valores,
normas, códigos culturales, símbolos (Lamas, 1999, 2002, Scott, 2003). Proceso
que no ocurre sólo durante la infancia y la adolescencia sino a lo largo del ciclo de
la vida, donde las múltiples experiencia impactan la reconfiguración de las
identidades de los individuos (Sáez, 1990).

Hemos insistido en que la socialización es un proceso a partir del cual se
guía a los hombres y las mujeres en la adquisición de habilidades necesarias,
características, conductas, valores y los motivos que la cultura considera
adecuados para poder insertarse en la vida social (Bugental y Goodnow, 1998).
Encontramos estudios que destacan la importancia de la socialización familiar
(Bustos, 1994; Chodorow, 1978; Gilligan, 1982), en la medida que constituye la
base sobre la cual se fomenta la percepción diferencial de los sexos, que se
traduce en el trato diferencial recibido por cada género y que a través de los años
se transforma en la desigualdad social en la que viven hombres y mujeres.
56

�Las madres suelen estimular mayormente el dialogo, la comunicación y la
orientación con sus hijas, en cambio los padres tienden a un mayor número de
imposiciones de control, como amonestar verbalmente e imponer castigos a los
hijos (Bustos, 1994; Flores, Cortes, Campos y García, 2011; Hernández, González
y Moreno, 2012). En la familia

tiende a presentarse un mayor número de

interacciones con las hijas que con los hijos, aunado que las mamás y los papás
tienen un mayor acercamiento hacia las hijas que hacia los hijos (Noller, 1978;
Rocha y Díaz-Loving, 2012).

En las niñas se desarrolla la sensibilidad, la generosidad y la comprensión,
capacidades y actitudes para mantener los vínculos sociales (Burin, 2003, 2010;
Dio Bleichmar, 2000). Como dice Lagarde (1997) la identidad femenina se
caracteriza por ser para y de los otros, condición que las lleva a establecer un tipo
de relaciones íntimas que van a convertirse en la principal fuente para construir
sus identidades: relación entre dominados y dominadores que Miller (en Esteban y
Tavora, 2008) define como afiliación servil.

En cambio, los varones son preparados para la esfera pública. Las madres
les inculcan virtudes de sociabilidad orientadas a la construcción de lazos tanto en
lo público como en lo privado –respeto, cautela, bondad y honradez (Bengoa,
1996). Afirma de Keijzer (1997) que desde edades tempranas se fomenta su
autonomía y la competencia; tolerando e incluso fomentando, la agresividad, la
incorporación de conductas violentas y temerarias en aspectos tan diversos como
la relación con vehículos, las adicciones, las relaciones familiares y la sexualidad.
Así mismo, el autor propone el concepto de varón como factor de riesgo para
entender las consecuencias de la socialización masculina. En este sentido es
pertinente citar a Kaufman (1997) y su tríada de la violencia, donde el varón
puede ser factor de riesgo por lo menos en tres sentidos: a) hacia la mujer a través
de los diversos tipos de violencia y abuso, la fecundidad impuesta y la paternidad
ausente; b) entre hombres por medio de accidentes, homicidios, lesiones, etc.; c) y
57

�para el hombre mismo, mediante el suicidio, el alcoholismo y otras adicciones; así
como las enfermedades psicosomáticas.

La identidad masculina además de caracterizarse por la incorporación de
los elementos ya citados, mismos que aparecen como ventajosos dentro de las
relaciones de poder entre géneros y son socialmente más valorados –o más
tolerados en el caso de los factores de riesgo. También se caracteriza, y diferencia
de la identidad de las mujeres, por ser para sí, su existencia es el centro de su
vida (Lagarde, 1996). El principal mandato cultural del varón es ser importante, él
pertenece al exterior, al espacio público donde toma decisiones, negocia y se
debate frente a otros hombres (Marques, 1997)

Cambios sociales y culturales: el impacto en las identidades de los géneros

En México, a partir de la segunda mitad del siglo XX se han venido dando
varios procesos socioeconómicos y políticos con repercusiones culturales que han
modificado las relaciones de los géneros. Particularmente, me interesa hacer
mención del cambio en la estructura de la familia.

El acceso a métodos de anticoncepción trajo cambios en los patrones de
sexualidad del hombre y la mujer y en la independencia de estas últimas. Poder
regular su fecundidad permitió a las mujeres separar la sexualidad y la
reproducción,

permitiendo

combinar

de

manera

más

eficaz sus

tareas

reproductivas con los estudios, el trabajo remunerado y la participación política
(Fuller, 1997).

Rocha y Díaz-Loving (2012) observan que en el ámbito de la pareja se
dan algunos cambios respecto a sus roles, por ejemplo, a mayor escolaridad,
hombres y mujeres, desarrollan menos roles tradicionales, quizá, dicen, porque el
crecimiento intelectual favorece la opción de tener una visión diferente y, por tanto,
flexible. Sugieren que, en el caso específico de las mujeres, la escolaridad oferta
58

�también autonomía y poder para llevar a cabo un rol más afirmativo e instrumental
en su relación de pareja, en tanto en los hombres disminuye el ejercicio de control
y dominio hacia la pareja. En la dimensión del hogar y la familia, sigue resultando
un espacio crucial para la división de los roles de acuerdo a la cultura
patriarcalista. Las mujeres siguen ejecutando en mayor medida el rol maternal y el
rol doméstico, lo que puede cambiar en la medida en la cual poseen una mayor
preparación educativa, datos coincidentes con las experiencias reportadas por
otros autores en población mexicana (García y Oliveira, 1994). En la dimensión de
rol educativo, ambos géneros desempeñan un papel activo en la procuración de la
educación de los hijos.

La estructuración de la familia al transformarse o reorganizarse ha creado
nuevos estereotipos sobre la feminidad y la masculinidad, y una gran diversidad
en el ejercicio de los roles, en los proyectos y modos de vinculación en la vida
diaria. Entre los que queremos destacar la reconfiguración de la autoridad de las
madres, al adoptar un papel más negociador al interior de la familia, mostrando así
un modelo de feminidad y masculinidad más flexible, contrastante con la
naturalización del género y la división sexual del trabajo (Schmuckler, 1989).

Aún con esto, Beck y Beck-Gernseheim (2001) refieren que actualmente
en las parejas existen grandes desigualdades; como la carga de trabajo dentro
del ambiente doméstico y el desequilibrio en el compromiso dentro de las
relaciones hombre-mujer, en las que las mujeres continúan siendo las que se
responsabilizan, en mayor medida, del mantenimiento de los vínculos. Estos datos
son coincidentes con el patrón nacional respecto a la participación de los varones
en el cuidado de los hijos/as, la cual oscila entre nula y baja sin ser permanente ni
sistemática (Casique, 2004).

Por lo tanto, el presente estudio pretende abonar

información para

conocer cuál es el patrón de las familias Coahuilenses respecto a la socialización
del género en sus hijos e hijas, y con esto generará más adelante propuestas de
59

�intervención con el propósito de reducir la brecha de desigualdad de género entre
hombres y mujeres.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio
Esta investigación consistió en un estudio cualitativo descriptivocomprensivo, basado en algunos de los principios de la Metodología de
Comparación Constante (MCC) o Teoría Fundamentada (Grounded Theory)
(Glaser &amp; Strauss, 1999), la cual se aplica para generar categorías conceptuales,
propiedades y criterios extraídos del discurso de los jóvenes universitarios.

Selección de participantes
Para esta investigación se trabajó con cuatro hombres y cuatro mujeres
que cursaban sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Coahuila,
con edades comprendidas entre los 21 años a los 25 años. Pertenecientes a las
carreras de Psicología, Trabajo Social, Ciencias Químicas, Ciencias de la
Educación, Ingeniería y Diseño Gráfico.

La selección de los/as sujetos se hizo a través de un muestreo teórico.
Este se llevó con el fin de contar con una diversidad de experiencias, que no así la
representatividad del universo, la cual sirve para desarrollar la variedad posible de
procesos biográficos en el campo particular de la investigación (Appel, 2005).
Adicionalmente, se elaboró un consentimiento informado que fue presentado de
manera escrita, donde se explicaban los objetivos de la investigación, riesgos y
beneficios posibles, la duración y participación voluntaria y el manejo de la
confidencialidad de la identidad de los/as entrevistados/as.

Instrumento
Para la recolección de datos se utilizó una Entrevista a Profundidad (Vela,
2001), usando como preguntas generadoras: 1. ¿Qué cosas recuerdas de tu
60

�infancia que se más relevante en la vida de tu madre y tu padre? 2. ¿Cuáles son
las principales enseñanzas de tu padre y tu madre que te han llevado a formarte
como hombre/mujer? 3. ¿Qué te decían? 4. ¿Qué hacían explícitamente?
La información fue obtenida mediante la entrevista, siendo grabada y
posteriormente transcrita de manera fidedigna.

Procedimiento
Como método de interpretación de los datos derivados de las entrevistas se utilizó
la Metodología de Comparación Constante (MCC) o Teoría Fundamentada
(Grounded Theory). Para ello se siguieron los siguientes pasos:

I.

Codificación abierta de la información: Este es el primer procedimiento con
el que inicie el análisis de mis datos y consistió en a) transcribí
textualmente cada entrevista lo antes posible en formato Word a un
espacio, b) leí cuidadosamente el texto, c) realice una segunda lectura,
llevando a cabo un microanálisis del texto línea por línea, es decir,
descompuse sistemáticamente los datos en partes más pequeñas
examinadas minuciosamente, las cuales iba comparando constantemente
entre sí.

II.

Codificación axial de la información: en esta etapa se reagruparon los datos
fragmentados

anteriormente,

formando

categorías,

identificando

propiedades y dimensiones. En este punto realice una selección de los
temas en el estudio, permitiendo así, efectuar una reducción de los datos.

III.

Generación de una matriz condicionada: Esta se refiere a un mecanismo
analítico que en mi caso permitió establecer las relaciones entre las
condiciones/consecuencias micro o macro, tanto entre ellas como para el
proceso. Para esto utilice una representación visual de las condiciones
básicas y relevantes, que emergieron en la investigación. Este paso final
61

�me permitió tener una visión de conjunto a partir de lo cual pude explicar el
fenómeno investigado.

Aportes y Discusión
De acuerdo a nuestro planteamiento de investigación que versa sobre la
socialización del género en las familias y su incidencia en la construcción
identitaria de género en jóvenes universitarios, encontramos que los padres y
madres de los/as estudiantes entrevistados/as los han guiado en la adquisición de
habilidades necesarias, características, conductas y valores que aseguran su
inserción en el contexto social. Dicho de otra forma, estos padres y madres han
enseñado a sus hijos e hijas a ser hombres y mujeres a través de una serie de
mensajes implícitos -aquellas conductas y actitudes que observan en sus
progenitores- y explícitos –aquellas enseñanzas que se dan a través de la
instrucción o petición directa sobre sus conductas y actitudes. Estas enseñanzas
se encaminan a reforzar las áreas de especialización de acuerdo al orden de
género tradicional: público/privado. Pero también, se observa que comienzan a
gestarse una serie de discursos y prácticas en la crianza de éstos que contrastan
con la naturalización del género.

A continuación, profundizaremos en los procesos ya mencionados, para
esto dividiremos nuestro análisis en dos apartados, uno tiene que ver con la
socialización del género a través de los mensajes de las madres y los padres en
las mujeres entrevistadas y el otro con la socialización del género a través de los
mensajes de las madres y los padres en los varones entrevistados.

A. La socialización de las mujeres
a. Los mensajes de la madre

De una u otra manera las madres de las entrevistadas favorecen visiones
que van de lo estereotipado hacia una mayor flexibilidad en cuanto a los roles y
posibilidades para las mujeres. Así, las jóvenes relatan que fueron educadas
62

�explícitamente para aprender las tareas de la casa, mismas que observaron en el
desempeño de sus madres desde su infancia. Pero también para incorporarse a
los espacios públicos, principalmente a la escuela, desarrollando habilidades y
características que se alejan del estereotipo tradicional femenino, como: la
inteligencia, la capacidad y la competitividad.

Primeramente, queremos observar que la incorporación de los/as hijos/as
al apoyo de las tareas del hogar está a cargo de las madres. Para las hijas no es
una opción, es parte de sus deberes, una preparación para su futura vida de
casadas. En el caso de Lorena y Liz recuerdan que desde pequeñas ayudaban a
sus madres a cocinar, lavar trastes, limpiar la casa, y ya entrando a la
adolescencia se hacían cargo de lavar y planchar su ropa, consideran que son
tareas que una mujer debe saber hacer, aunque piensan que un hombre también
debería apoyar en éstas.

Para Raquel el mensaje fue más directo, incluso su padre vigilaba que
estas funciones domésticas se cumplieran, las cuales incluían la atención –
preparar y servir los alimentos- del novio.

Es

decir,

aunque

a

las

mujeres

se

les

motiva

a

superarse

académicamente sigue teniendo peso en su socialización el servicio a los otros
(Lagarde, 1996), como se dijo se le instruye en todas aquellas tareas que la
preparan para en un futuro ser la responsable de las funciones de la vida familiar.

Cuando las madres retan los

canones establecido de su feminidad y

rompen con los roles convencionales –mensajes implícitos-, son admiradas por la
“valentía” de sus decisiones. Estas acciones son interpretadas por las jóvenes en
términos de un proceso de autonomía psicológica, donde su bienestar emocional y
su independencia, se convierten en elementos importantes para la vida de las
mujeres. Este discurso de las madres – de acuerdo con Lamas (1996) - permite
que sean consideradas como sujetos de derechos y de deseos, por lo tanto, se
63

�constituye en un discurso de derechos. Más cuando la misma joven constata que
al salir del hogar la madre comienza a disfrutar de su independencia en el aspecto
económico y de sus nuevas posibilidades de elegir otras actividades, incluso otro
compañero sentimental.

Figura 1. Esquema de la socialización del género por parte de las madres en
las jóvenes entrevistadas
Socialización del género de las
jóvenes

Los mensajes de la
madre
Implícitos
Explícitos las
instruyen

Observan en
sus madres
Roles
tradicionales
Apego a
mandatos
Proyect
os
Matrimoni
o

Roles en
transición

Autonom
ía

Prepara
n para
Roles Domésticos

Motiva
n para
Ámbito escolar

Servicio
Nuevos
estereotipos
Autosuficienci
a
Fortaleza

Estereotipos
tradicionales

Espacio público

Autorida
d

Hijos
Casa

Espacio privado

Competitivida
d

Sacrificio
Entrega
Servicio

64

Atención

Responsabilidad

�Como vemos en la figura 1, no solo a través de los discursos, sino de las
prácticas que no necesariamente están contenidas en los discursos, las madres
contribuyen a la creación de nuevos significados de la feminidad, mismos que para
las jóvenes se vuelven nuevos referentes para la construcción de su propia
identidad. Entre las madres de las entrevistadas podemos identificar desde los
roles más tradicionales, como: la organización de la casa, la realización de las
tareas domésticas, el apoyo en tareas escolares, la educación de los hijos, etc.;
además de estereotipos tradicionales que giran alrededor de la imagen de madres
abnegadas, sacrificadas, amorosas, sumisas y dedicadas al servicio de los otros,
hasta estereotipos y roles que cuestionan la naturalización del género, y que
generan un discurso y prácticas diferentes a su alrededor, como el uso de
estrategias para negociar su autoridad frente a la familia, su incorporación al
espacio público, la búsqueda de su bienestar personal por encima de las normas,
reglas y creencias establecidas del deber ser mujer/madre, proyectando
características de autosuficiencia, valentía, fuerza y responsabilidad.

b. Los mensajes del padre
Respecto a la experiencia con sus figuras paternas las jóvenes reconocen
en éstos a la figura de autoridad, de acuerdo con Kimmel (1992) al padre le basta
el valor de su palabra –generalmente- se aplica a distancia y la madre ejerce el
poder de la presencia, esta autoridad simbólica podemos encontrarla en frases
como: “cuando llegue tú papá va hablar contigo” (Raquel), “acuérdate que a tu
papá no le gusta que llegues tarde” (Lorena) o “pídele permiso a tu papá” (Liz). La
madre es la encarga de legitimar la autoridad del padre y vigilar que las hijas
cumplan con este respeto. Inclusive esto se observa aun en el caso de hogares
encabezados por mujeres donde la figura paterna es solamente un referente.
A diferencia de las experiencias de los varones, las relaciones de las hijas
con los padres están más cargadas de cercanía afectiva. Son padres que han
estado presentes en las etapas más importantes de sus vidas: graduaciones,
enfermedad,

XV años, divorcios, etc.

Estos hombres

no tienen las mismas

muestras de atención y cariño para sus hijas que para sus hijos. Para las mujeres
65

�las muestras son más abiertas, incluyen contacto físico y expresiones verbales, en
cambio para los hermanos se manifiesta más por el interés verbal de sus cosas
personales o la escuela.
Estas conductas afectuosas de los padres también son estimuladas por
las propias hijas, quienes tienden a buscarlos y acercarse más que los hermanos,
es parte de sus enseñanzas tempranas, que después se traducen en los vínculos
que establecen con sus pares, parejas e hijos/as. Este trato diferencial que reciben
las hijas en comparación con los hermanos, coincide con los estudios de
Hernández y González (2012), Noller (1978) y Rocha y Díaz Loving (2012)
quienes destacan algunas estrategias educativas en el proceso de socialización
del género que se observan también en el presente análisis, como el mayor
número de interacciones y proximidad física hacia las hijas.
Pero a su vez, los padres suelen ser más dominantes y proporcionan
mayor nivel de instrucción. Estos son los encargados de enseñar a sus hijas un
conjunto de nociones para su desempeño en la esfera pública, como expertos les
aconsejan que hacer

en la calle, cómo y de quién cuidarse. Les inculcan la

necesidad de cultivar su inteligencia para abrirse paso en el ambiente académico,
refuerzan cualidades como la “responsabilidad” y la “perseverancia”, motivándolas
para participar en eventos deportivos. Estas características instrumentales suelen
vincularse con el desarrollo de mayor competitividad que se enlaza con la idea de
hacer siempre lo correcto y exitoso.
Las jóvenes entrevistadas observan que poco a poco estos padres se han
ido incorporando en la esfera doméstica, apoyando en las labores de la casa,
haciéndose cargo de las tareas menos penosas y no de manera sistemática.
Frente al cuidado cotidiano de los hijos/as su participación no varía mucho
respecto al patrón nacional que oscila entre nula y baja sin ser permanente ni
sistemática (Casique, 2004). Como dice Saucedo, Ortega y Yoseff (1995) se trató
de un cambio más de forma que de fondo, pues siguen siendo las mujeres
quienes encabezaban las labores domésticas y el cuidado de los infantes. Ellos
son quienes trabajan y se encargan de la manutención económica de la familia,
los que toman las decisiones en el hogar y en algunos casos, como el de Raquel,
66

�hacen un uso desmedido de la autoridad que los lleva a ejercer violencia física,
psicológica y verbal en contra de las madres e hijas (ver figura 2).

Figura 2. Esquema de la socialización del género por parte de los padres en
las jóvenes entrevistadas

Socialización del género de las
jóvenes

Los mensajes del padre
Implícitos
Explícitos

Observan en sus
padres
Roles tradicionales

Protector

Roles en transición

Espacio privado

Apoyo en la esfera
doméstica

Crianza
Fomentan

Proveedor
Genera

Autoridad
Uso desmedido

Vínculos afectivos

Modelo de
masculinidad
flexible

Espacio público
Impulsa
n
Ámbito
escolar

Actividades
extraescolar
es

Fomentan
Expresión
de
sentimiento
sTernura

Violencia doméstica
Merma la

Atención

Autonomía de las
mujeres (madres e
hijas)

Inculcan
Responsabilidad
Perseverancia
Inteligencia
Competitividad

A. La socialización de los varones
B. Los mensajes de la madre

67

�El acercamiento de los varones al ámbito doméstico, es relatado como
una especie de solidaridad frente al exceso de responsabilidades de las madres,
más que una tarea en su formación como varones.
Aun cuando, comentan que se sensibilizaron frente a la carga de trabajo
de sus madres, ellos no dieron el primer paso, sino que éstas fueron las que los
obligaron a comenzar a involucrarse, si ya no tenían ropa limpia o comida
preparada pues tuvieron que comenzar a hacerlo ellos solos. La negociación es
que si querían tener más permisos para salir debían cumplir con sus obligaciones
impuestas.
Para el caso de Juan Carlos y Aldo desde pequeños sus madres les
inculcaron ciertas responsabilidades en casa, como recoger su cuarto, lavar
trastes, barrer, trapear, etc., lo percibían como una dinámica donde todos los
miembros de la familia se involucraban, siempre bajo el liderazgo de la madre,
quien repartía las tareas. No recuerdan que fuera una tarea “padre”, lo tenían que
hacer porque sus madres se los exigían, y a veces les condicionaban ciertos
derechos como salir, tener internet o TV. A diferencia del caso de Juan Carlos, el
padre de Aldo dejaba a su madre la tarea de educarlos en las responsabilidades
de la casa, simplemente no opinaba.
Los jóvenes reconocen que ante la ausencia de una mujer –madre,
hermana, esposa, amiga, compañera- a ellos no les queda de otra que hacer las
cosas por sí mismos.
En general, para los varones las madres son figuras entrañables que los
acompañan a lo largo de su vida, de ellas reciben cariño y enseñanzas. La madre
pasa revista en el umbral del hogar, antes de que los varones salgan al mundo
público: “se enojaba si nos íbamos con los zapatos sucios a la escuela, nos hacía
que nos regresáramos y los limpiáramos” (Juan Carlos), “me tiraba los pantalones,
a mí me gustaban flojos, pero ella decía que parecía pandillero” (Aldo). Por otra
parte las madres

transmiten valores de responsabilidad, respeto, honradez,

protección y cuidado hacia los semejantes: “mi mamá siempre nos crio muy unidos
entre hermanos, decía que de nadie íbamos a recibir mejor apoyo que de nuestra
propia familia” (Alberto) “me decía que no hiciera lo que a mí no me gustaría que
68

�me hicieran” (Emilio), “me decía que nunca me pusiera a robar, a drogarme, que
no me juntará con pandilleros” (Aldo), estos hallazgos concuerda con Bengoa
(1996), que dice que las madres inculcan virtudes de sociabilidad orientados a la
construcción de lazos tanto en lo público como en lo privado-íntimo (ver figura 3)

Figura 3. Esquema de la socialización del género por parte de las madres en
los jóvenes entrevistados
Socialización del género de los
jóvenes

Los mensajes de la
madre

Implícitos
Observan en sus
madres
Roles tradicionales

Explícitos

Roles en transición

Espacio privado
Ayuda en
casa
Roles Domésticos

Apego a mandatos
Proyectos

Matrimoni
o

Espacio público

Autonomía

Autoridad

Fomentan
Habilidades sociales

Medio para

Hijos

Permisos

Respeto
Honestidad

Uso de TIC

Honradez

Nuevos estereotipos
Casa
Autosuficiencia
Fortaleza
Estereotipos
tradicionales

Hábitos personales
Pulcridad

Competitividad

Sacrificio
Entrega
Servicio

69

Higiene personal

�Podemos observar que los mensajes de la socialización de los varones
incluyen su incorporación a las tareas doméstica, más como una ayuda para
nivelar las cargas de trabajo en la familia, a diferencia de las mujeres que son
inculcadas como necesarias para su vida futura. A ellos se les prepara desde el
interior del hogar, a través del desarrollo de habilidades sociales, para para ser
unos buenos ciudadanos en el espacio público.
A través de las negociaciones de las madres consiguen romper con una
serie de estereotipos, como la falta de capacidad de los varones para involucrarse
en el cuidado y crianza de los hijos y la supuesta especialización de las mujeres
en las tareas del hogar.
Estas madres, son mujeres que por un lado renunciaron a su
individualidad para dedicarse al servicio de los otros –madre de Juan Carlos y
Aldo, pero también madres que construyeron proyectos personales más allá de los
mandatos tradicionales –matrimonio, casa y maternidad- al incorporarse al trabajo
extradoméstico –madre de Alberto y Emilio, proyectando una identidad femenina
con atributos como la autosuficiencia, fortaleza y competitividad.

C. Los mensajes del padre
Las experiencia paternas de estos varones son relatadas desde dos
polos: por un lado hablan de un padre divertido con quien conviven y platican,
alguien a quién admiran por su sentido de responsabilidad –económica-(Juan
Carlos, Emilio y Alberto), y por el otro lado, relatan historias donde esta figura
masculina hace un uso desmedido del poder, principalmente hacia sus madres, lo
que les genera una imagen y sentimientos ambivalentes -Alberto y Aldo.
Por ejemplo, Juan Carlos recuerda desde pequeño a su padre apoyándolo
es sus tareas escolares, llevándolo al parque, jugando futbol, y declara haberse
sentido “querido” por él. La relación con su padre en la actualidad la sigue
percibiendo cercana, con él pueden platicar y contar ante cualquier problema que
se le presente.

70

�Alberto y Aldo relatan desde el otro extremo de la cuerda, sus
experiencias están cargadas de distancia emocional y de violencia, principalmente
hacia la madre.
Por ejemplo, Alberto relata un padre que ejerció violencia económica y
emocional contra su madre, pero al tiempo resalta sus cualidades de proveedor,
como minimizando el hecho de ser un hombre controlador y violento. Hasta cierto
punto pareciera que lo que importa es que no haya desatendido sus
“responsabilidades masculinas”.
Por su parte, Aldo describe a su padre como un hombre “frío” y “agresivo
verbalmente” con él y con el resto de su familia. Desde pequeño lo recuerda como
un padre periférico, quién pasaba mucho tiempo fuera de casa y no se involucraba
en la convivencia familiar, con muchos conflictos con su madre, precisamente por
esta falta de compromiso con la familia “le reclamaba que pasaba más tiempo con
los amigos” Actualmente, su relación con él no es buena, es lejana, ninguno de
los dos se acerca. El joven habla de no querer incorporar a su práctica ciertas
características de su padre, no quiere seguir ese modelo masculino.
Podemos resaltar de manera general, que los padres de estos jóvenes
suelen ser más dominantes, sus prácticas incluyen el castigo físico, verbal, y la
corrección de sus conductas: “le enojaba que hiciéramos ruido cuando él dormía
se levantaba y nos daba con el cinturón (a él y su hermano mayor)” (Alberto), “(en
la secundaria lo suspendieron por saltarse la barda de la escuela) me regañó y me
dijo que era la última vez que me la pasaba, que a la próxima me iba a sacar de
estudiar y me iba a meter a trabajar en una fábrica” (Aldo), “cuando salía mal en la
escuela me ponía a estudiar y me castigaba, casi siempre me prohibía salir a la
calle” (Emilio), “me habla sobre lo que debo hacer y lo que no” (Juan Carlos),
estos hallazgos coinciden con los estudios previos en población mexicana de
Flores, Cortes, Campos y García (2011); Hernández y González (2012).
Las enseñanzas de los padres están llenas de elementos para el
desempeño en la esfera pública, los orientan al logro, a la competitividad y la
responsabilidad (de Keijzer, 1997; Rocha y Díaz-Loving, 2012): “me decía que no
siempre se podía ganar (partidos de futbol) pero que siempre me esforzara por ser
71

�el mejor” (Juan Carlos), “decía que allá afuera (refiriéndose a un ambiente de
trabajo) es donde se demuestra quién eres” (Emilio).
Son educados con

mayor libertad, es como un entrenamiento para

sobrevivir al mundo de afuera, el mundo público que les espera en su etapa
adulta. Para esto, se les otorgan mayores permisos y hasta cierta permisividad –y
complicidad- de los padres hacia las conductas de estos hijos (de Keijzer, 1997;
Marques, 1997): “(refiriéndose al alcohol) decía que si me lo prohibía iba a tomar
igual, prefería que tomara en casa a estar en una esquina” (Aldo),

“cuando

llegaba tarde no me decía nada porque sabía que estaba en casa de esta chava”
(Emilio), “me llevaba con él cuando lo contrataban para cantar en las fiestas, mi
mamá se enojaba porque ya llegábamos después de la media noche, y pues no
era hora para que un niño llegara a su casa” (Alberto) (ver figura 4).

Figura 4. Esquema de la socialización del género por parte de los padres en
los jóvenes entrevistados
Socialización del género de los
jóvenes

Los mensajes del
padre
Implícitos
Observan en
sus padres
Roles tradicionales

Explícitos

Roles en transición

Espacio privado

Apoyo en la esfera
doméstica

Crianza

Espacio público
Impulsan

Protector

Fomenta
n

Proveedor
Genera

Autoridad
Uso desmedido

Convivenci
a afectuosa

Modelo de
masculinidad
flexible

Autonomía de las
mujeres (madres e
hijas)

Castigo
físico y/o
verbal

Ámbito
escolar

Actividades
extraescolar
es

Inculcan

Violencia
doméstica
Merma la

Corrige
n

72

Renuncia
(discurso) de este
modelo de
masculinidad

Responsabilida
d
Perseverancia
Inteligencia

�Como vemos, los padres de estos jóvenes dan mayor peso a las instrucciones
encaminadas a desarrollar habilidades para desempeñarse en el espacio público,
lugar donde tienen que mostrase competitivos, inteligentes y responsables si es
que quieren destacar en este ámbito, obteniendo un trabajo que les brinde la
posibilidad de convertirse en unos buenos proveedores de familia. Su imagen
paterna es ambivalente, por un lado son hombres que admiran por su sentido de
responsabilidad, pero por el otro lado son hombres que nacen con el privilegio del
poder, que los lleva a abusar física y psicológicamente en contra de los miembros
de la familia, principalmente la madre. Imagen que reprueban y mencionan no
querer incorporar a sus propias prácticas cuando llegue el momento de entablar
una relación amorosa con una mujer.

CONCLUSIONES

Podemos mencionar que la socialización del género, está lejos de ser un proceso
inherente o exclusivo de la infancia, sino que es continuo y permanente,
extendiéndose hasta la vida adulta (Rocha y Díaz-Loving, 2012). Como hemos
visto, esto sucede hasta con la propia identidad de los padres y madres,
convirtiéndose en nuevos modelos que influyen en la construcción de la identidad
de sus hijos e hijas, no solo a través de los mensajes explícitos sobre su
educación, sino de lo que los/as jóvenes observan en el quehacer diario de sus
vidas.

Quizá estas enseñanzas son las que mayor impacto han tenido en la socialización
de su género, pues en estas prácticas se observan desde los roles más
tradicionales, como la división sexual del trabajo, las relaciones de poder, que no
son equilibradas y que esto lleva a la presencia de violencia doméstica al interior
de los hogares, hasta lo que denominamos roles en transición, es decir, aquellos
que se alejan de lo que culturalmente a dominado respecto al deber ser y hacer de
73

�hombres y mujeres, como: la incorporación de las madres al trabajo
extradoméstico, las negociaciones al interior de la familia para el involucramiento
de los varones –padres e hijos- en las tareas domésticas y la crianza y cuidado de
los infantes.
Cabe resaltar, que a través de estas negociaciones de acuerdo con Schmuckler,
(1989) se introducen varias ideas en las familias de los jóvenes entrevistados:

1) un modelo de feminidad más flexible que contrasta con la naturalización del
género y la división sexual del trabajo, donde

los hijos y los padres

también tienen la capacidad y el deber de involucrarse en las tareas de la
casa,
2) mayor equidad en la educación de los hijos e hijas, por lo menos en el
discurso y
3) la reconfiguración de la autoridad de la madre impulsado desde el espacio
privado.

El impacto de estos discursos y prácticas, especialmente en las hijas, permiten
que estas últimas elijan alternativas diferentes de las tradicionales de
subordinación, reflexionando algunas de sus enseñanzas de género, para
después proclamar verbalmente su derecho a participar de actividades que se
alejan del estereotipo tradicional femenino. Verbalizar sus necesidades y deseos
es hacer visibles las desigualdades sociales en las que viven. Además de que
estas acciones las llevan a construirse a sí mismas como sujetos de derechos,
encaminadas a una verdadera autonomía psicológica (Lamas, 1996; Lagarde,
2007). Aunque, contradictoriamente el proceso de socialización en torno a los
afectos continúa siendo dirigido primordialmente hacia ellas (Burin, 2003, 2010).
Dos discursos que se tensionan y que generan conflicto intra e inter géneros, al
momento de que se agrega el amor romántico, como veremos más adelante.
En los varones su socialización es hacia el mundo público, coincidentemente con
Fuller (1997) el varón joven construye su masculinidad trazando límites estrictos
entre dos mundo la casa y la calle. En el primero, la madre es la encargada de
74

�regular su conducta a través de códigos morales, hábitos de higiene, habilidades
sociales, entre otros. En cambio, el padre con sus acciones y actitudes introduce
la idea de los privilegios –libertad, derechos, autonomía, tolerancia, etc. El modelo
hegemónico masculino se expresa como una dialéctica entre el privilegio y la
impugnación que alimenta la reproducción compleja del poder en el sistema de
sexo-género (Kaufman, 1997).
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Noller, P. (1978) Sex differences in the socialization of affectionate expression.
Developmental Phychology, (14) pp. 317-319

Rocha, T. y Díaz Loving, R. (2012) Identidades de género. Más allá de cuerpos y
mitos. México: Trillas
Sáez B., Carmen (1990) Violencia y proceso de socialización genérica;
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Violencia y sociedad patriarcal. Madrid, Editorial Pablo Iglesias.
Schmuckler. B. (1989) Negociaciones de género y estrategias femeninas en
familias populares. Revista Paraguaya de Sociología, núm. 74, pp. 43.
Scott, J. (2003). El género. La construcción cultural de la diferencia sexual.
México,

Pueg,

disponible

en:

http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2013/0308/doc/201303
15.pdf; consultado el 30 de marzo del 2014

78

�ESTADO SITUACIONAL DE LAS MUJERES EN EL EJERCICIO DE LA
PARENTALIDAD EN SOLITARO Y LAS CONTRIBUCIONES DE LA POLITICA
SOCIAL ANTE SUS NECESIDADES: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICAEMPÍRICA EN EL CASO COLONIA ESPEJO 1 DEL MUNICIPIO DE
VILLAHERMOSA TABASCO.
Ruth Lomelí Gutiérrez8
María del Carmen Pérez Guillen9
Nora Hilda Fuentes León.10
RESUMEN

Familia y género
El estudio de la transversalidad de las funciones de la familia como grupo primario
en el contexto social, sin duda alguna, se hace necesario toda vez, que
observamos un contexto complejo, producido y reproducido que condiciona y
determina las formas de vida familiar y social a la vez, bajo una relación reciproca
que hace de ambos contextos, ambientes determinados y determinantes.
En la generalidad, los estudios sobre la familia han privilegiado su interés en el
grupo primario focalizando su atención a la reproducción biológica, la capacidad
productiva y estructura en términos de su composición bajo la lupa del modelo
ideal denominado familia nuclear. Por lo que este estudio se adhiere a las
posturas que apremian el significado de la parentalidad como una de las
características esenciales de la familia. El objetivo de este trabajo ha sido
caracterizar las necesidades y satisfacciones de las madres en el cumplimiento de
las responsabilidades correspondidas a la crianza de sus hijos, particularmente la
relación de las madres con sus hijos en términos de comunicación, autonomía y
8

Profesora de tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, integrante
del Núcleo Académico Básico en la Maestría en Trabajo Social, en la línea de vulnerabilidad y políticas
públicas.
9
Maestrante en el Programa en Trabajo Social en la Universidad Veracruzana.
10
Profesora de tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, integrante
del Núcleo Académico Básico en la Maestría en Trabajo Social, en la línea de Familia.

79

�disciplina. Así como exponer la apreciación de las madres sobre el ejercicio de su
parentalidad y su satisfacción sobre las condiciones de vida logradas a partir del
ejercicio del doble rol padre y madre. Es un estudio que ha buscado direccionar
los resultados bajo el enfoque de la resiliencia y la mirada desde la Política Social
ante las necesidades identificadas. Es importante resaltar que se parte para este
caso, del principio de que la política pública no se sustenta únicamente en el uso
debido de un proceso técnico, sino también por la forma en que están
estructuradas las organizaciones

públicas, los valores que las rigen y los

intereses que tienen los actores involucrados en los procesos de diseño,
implementación y evaluación.
Palabras claves: Monoparentalidad, capacidades parentales, resiliencia, política
social.

I.- MARCO DE REFERENCIA
Hoy el tema de familia representa un reto para los estudiosos de las Ciencias
Sociales por las diversas formas que acoge, en términos de su origen,
composición, arreglos familiares, organización y la construcción de vínculos, tan
distantes al modelo nuclear estereotipado y pensado como el deseado.
Particularmente en el desarrollo de este trabajo, se ha centrado la atención en las
familias cuya composición está representada por una jefatura femenina y es un
intento de trascender el sentido “disfuncional” que se le ha otorgado por el solo
hecho de estar representado por un solo progenitor. Con fundamentos en la
historia, se identifica el significado de la familia como una construcción social
apegada a los procesos de legitimación que los sujetos y en relación a su contexto
particular, aprueba o desaprueba formas, estructuras y condicionantes bajo las
cuales se regulan las relaciones en general del grupo familiar y en particular de los
progenitores.

80

�Por ejemplo, Minuchin

explica a la familia como un grupo

con demandas

funcionales que favorecen la interacción de sus miembros, por lo que la familia
constituye un sistema con capacidad para la solución de sus problemas, lo
importante en esta tarea es la expresión de esta necesidad por cualquiera de los
miembros de la familia que se reconozca la existencia de una fuerte relación
entre el sistema familia y el sistema social general. Las aportaciones de Minuchin,
permiten explicar que el aspecto más relevante es lo que sucede en torno a la
familia es su estructura y dinámica.
Por otra parte, lo expuesto por Engels (2002) en su obra El origen de la familia, la
propiedad privada y el Estado, respecto a estas diversas formas relacionadas a
tiempos y contexto, expone:

El estudio de la historia de la familia comienza en 1861, con el
"Derecho materno" de Bachofen. El autor formula allí las
siguientes tesis: 1) primitivamente los seres humanos vivieron en
promiscuidad sexual, a la que Bachofen da, impropiamente, el
nombre de heterismo; 2) tales relaciones excluyen toda posibilidad
de establecer con certeza la paternidad, por lo que la filiación sólo
podía contarse por línea femenina, según el derecho materno;
esto se dio entre todos los pueblos antiguos; 3) a consecuencia de
este hecho, las mujeres, como madres, como únicos progenitores
conocidos de la joven generación, gozaban de un gran aprecio y
respeto, que llegaba, según Bachofen, hasta el dominio femenino
absoluto (ginecocracia); 4) el paso a la monogamia, en la que la
mujer pertenece a un solo hombre, encerraba la transgresión de
una antiquísima ley religiosa (es decir, el derecho inmemorial que
los demás hombres tenían sobre aquella mujer), transgresión que
debía ser castigada o cuya tolerancia se resarcía con la posesión
de la mujer por otros durante determinado período. (pág. 4).
81

�En este contexto, estudiosos del tema han realizado fuertes críticas a la
homogeneización que el término oficial da a las diversas realidades que presenta
la familia. Puesto que este no integra a todas las dimensiones de la vida del grupo,
en otras palabras tras la composición, hay dimensiones más importantes que
discutir como lo es el ejercicio de la perentalidad cuando es ejercida por un solo
progenitor.

La siguiente tabla ilustra las diferentes maneras en que estudiosos del tema
representan el significado de la monoparentalidad:

Cuadro 1 Definiciones sobre la monoparentaalidad
Autor

Definición

Schlesinger

Un padre o una madre y uno o más hijos/as

(1988:101)

solteros menores de 18 años viviendo juntos

Thompson

y Aquellas familias —que no hogares— en las

Gongla

que hay un padre o madre solo criando a su/s

(1983:101)

propio/s hijo/a/s»

Alberdi

Formada por personas «solas» con niños o

(1988:101)

jóvenes

dependientes

económica

y

socialmente a su cargo, entendiendo por
personas solas aquellas que no tienen pareja
sexual estable con la que conviven, cualquiera
que sea su estado civil.
Comisión de las Aquella formada por un progenitor que, sin
Comunidades

convivir con su cónyuge ni cohabitando con

Europeas (1989):

otras personas, convive al menos con un hijo
dependiente y soltero

Naciones
(1994)

Unidas Variación de la familia nuclear de un sólo
adulto, compuesta por una madre o un padre y
uno o varios hijos.

82
Fuente: Citados por Barrón (2002) en Familias monoparentales:
un ejercicio de clarificación conceptual y
sociológica

�Como puede observarse los significados representados por diversos autores
destacan de manera importante dos aspectos: la composición del grupo y la
relación de los progenitores, mínimamente lo relacionado a crianza de los hijos, la
dependencia económica y la convivencia.

Siguiendo a la misma autora, en relación a la ruta de monoparentalidad destaca el
hecho que la presencia física de ambos progenitores en la unidad doméstica no
garantiza el desempeño de estas funciones o que el caso de la nuclearidad como
modelo está sujeta a condiciones que conllevan a algunos de los progenitores al
desempeño en solitario. Expone dos dimensiones asociadas a estas prácticas una
originada al margen de la conyugalidad cuya causa es detonada por la adopción, o
por medidas de protección por la guarda de un menor y el fin de la cohabitación y
aquellas vinculadas a la conyugalidad cuya implicación es la separación física del
conyugue por situaciones tales como la hospitalización, abandono conyugal,
emigración encarcelamiento así como en el caso de estar inscrito en la marina y
el ejército.

Cual sea el caso, este contexto nos acerca a la categoría apremiante en este
trabajo la parentalidad; Barudy y Marquebreucq (2006) Engloban las nociones de
capacidades parentales y habilidades parentales tales como la capacidad para
vincularse, la inteligencia emocional, la empatía, las creencias, los modelos de
cuidado, la capacidad para utilizar los recursos comunitarios y plasticidad para
proporcionar respuesta adecuada a situaciones de cambio en las vidas de los
grupos familiares.
Ante la ausencia de los progenitores masculinos y además por la las
construcciones de roles de género, las mujeres en lo general se observan como
las directamente responsable para este ejercicio. Bajo este principio y con el
criterio de ser jefa de familia expondremos algunas circunstancias aunada a la
función parental en el marco de la Entidad Tabasqueña.

83

�La situación que enfrentan las familias con una Jefatura en general y en particular
para los que escribimos a la femenina, es considerada de interés y
responsabilidad dado que como disciplina el Trabajo Social a través de la atención
del grupo primario se busca trascender las dimensiones de la sociedad a la que
pertenece.
Las manifestaciones de la monoparentalidad en nuestro país, nos permiten
identificar que una de cada tres familias tiene al frente a una mujer con muy pocos
recursos, según cifras del INEGI (2010). La tasa de crecimiento de los hogares
monoparentales, es cuatro y media veces mayor a la del resto de las otras
familias. Las familias, en general, crecen a un ritmo de 1.58% anualmente y las
familias que tienen al frente un solo padre, que casi siempre es la mamá, lo hacen
a una tasa de 7.07%. De seguir esta tendencia, en un futuro no muy lejano, las
familias de un solo padre o madre en casa tendrán el mismo número que el resto
de los núcleos familiares. Además, sólo el 15% de los padres de estos niños y
niñas participa en su educación, y aporta pensión. Es decir, que los niños y niñas
de padres divorciados de no contar con la ayuda material del padre, hay que
añadir que tampoco reciben el apoyo emocional tan importante para el desarrollo
del ser humano en la parte psicológica, mental y afectiva.
En Tabasco, de los 610 mil 957 hogares, 141 mil 161 son sostenidos
económicamente por una figura femenina. La Proporción de hogares familiares
con jefatura masculina que cuenta con dos o más de sus integrantes laborando
(47.3%) es mayor que en los hogares con jefatura femenina (42.9 por ciento).
Además, rrepresentando al 23 por ciento de la totalidad de los hogares
tabasqueños, las mujeres reparten su tiempo entre las actividades laborales y las
propias del hogar.
II METODOLOGIA
La parentalidad en solitario por su trascendencia y magnitud, no puede ser
fragmentada ni tener una mirada reduccionista, basada en la composición familiar.
Bajo este principio en el abordaje del trabajo de campo se buscó identificar las
84

�necesidades y satisfactores que requieren las madres que encabezan familias
monoparentales para cumplir con sus responsabilidades en la crianza de sus
hijos (as) e identificar la corresponsabilidad del Estado a través de la política
social.
La etapa de construcción del proceso de investigación se ha orientado por la
propuesta Galeana de la O. para el diseño de modelos de intervención, para tal
caso se ha adaptado lo relacionado al primer momento denominado momento
explicativo, ya que la intención en lo general es lograr un diagnóstico y ejecución
de una estrategia de intervención. Sin afán de simplificar dicha propuesta a
continuación ilustramos los momentos para el abordaje a la realidad concreta:
En palabras de Galeana (2006) en este apartado se dedica a describir sistemas
sociales que se distinguen por su carácter dinámico, por lo que exige la innovación
y creatividad de acuerdo a las manifestaciones y requerimientos de la dinámica
social.
Cuadro No.2 Momento Explicativo
Momento explicativo
(Proceso para el diseño de modelo de intervención)
Fase
I
del

Componentes

Operacionalización

Identificación Identificación de:
área

situación

o Los sistemas
Variables

o

componentes
Interrelaciones
endógenas y exógenas
Que

determinan

la

dinámica

y

comportamiento de la
situación (contexto) –
problemática.
85

�a)

Construcción de

objetivos
b)

Construir

diagramas causales

2.-

a)

Caracterización

indicadores

de
interrelaciones

las b)

Variables

e

Determinación de

técnicas e instrumentos
c)

Recopilación

datos

del

de

área

o

situación de interés
d)

Clasificación

codificación

y

de

la

información
e)

y

padre- hijo (Gerald, 1994)
de

Diagrama causal

3.- Interpretación Interrelaciones

Instrumento: Inventario de relación

en

parentalidad

de

Escala

Alabama.

Cuestionario socioeconómico.

un 3.-INTERPRETACIÓN

Y

contexto de complejidad

conceptualización interna y externa (lo
de interrelaciones endógeno y lo exógeno)
explicándose

los

procesos de asociación
vertical o jerárquica lo
que

da

pauta

a

la

reflexión en torno a la CONCEPTUALIZACIÓN
compleja

organización INTERRELACIONES
86

DE

�de

las

variables

o

componentes a partir de
las

conexiones

relaciones

y

de

las

mismas.
Fuente: Creación propia.

Si bien la propuesta de la autora hace alusión a la construcción de modelos para
la intervención, de su metodología en esta fase ha sido adaptada a los intereses
para la construcción de una estrategia de intervención de acuerdo a los resultados
obtenidos.
Respecto a los

instrumento se ha utilizado una adaptación al castellano del

cuestionario de relaciones parentales Parent Child Relationship Inventor y (PeRI;
Gerard, 1994)11, el cual

analiza sus propiedades psicométricas, identifica

aspectos específicos de las relaciones padre-hijo que pueden ser causa de
problemas y proporciona un marco de la calidad de las relaciones. Escala de
parentalidad de Alabama y un Cuestionario socioeconómico.

La muestra se obtuvo a través de los grupos de jefas de familias que son titulares
del Programa Oportunidades, y que acuden al servicio médico del Centro de Salud
de la Colonia El Espejo 1 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. En este estudio
participaron 32 jefas madres de familias. El rango de edad oscila entre los 26 y los
53 años, siendo la edad promedio de 37.

4

Luisa Roa Capilla, Victoria del Barrio Adaptación del Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) a población
española Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 33, núm. 3, 2001, pp. 329-341, Fundación Universitaria
Konrad Lorenz Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80533307. El instrumento
mide las actitudes de los padres hacia la crianza de los hijos. El PCRI-M consta de 78 ítems distribuidos en 8
escalas: apoyo, satisfacción con la crianza, compromiso, comunicación, disciplina, autonomía, distribución
del rol, y deseabilidad social.

87

�RESULTADOS
Nuestro reto fue abordar la situación problema desde sus articulaciones internas
que nos permitiera mantener una perspectiva desde el proceso constitutivo de la
misma situación y su relación con el contexto externo. Recordamos a la Maestra
Tello, quien en múltiples escritos, ha expuesto que no es lo mismo conocer a un
sujeto, que entender a ese sujeto en su relación al problema o carencia que se
atiende en un espacio y tiempo dados. Y que es necesario definir la situación
problema como la unidad de análisis y la intervención como la unidad de trabajo.

Bajo este sello en pertinencia con el proceso metodológico exponemos a
continuación los resultados relevantes del trabajo de campo. Es una colonia
Urbana situada en la cabecera municipal de Villahermosa Tabasco. Situada al
norte. Cuenta con todos los servicios públicos. La organización política está
representada por un delegado y jefes de manzana. Históricamente

ha

predominado el PRI como fuerza política. Sin embargo en el gobierno actual
tanto en la entidad como en el municipio está representado por el PRD.

La investigación de desarrolla en el Centro de Salud próximo ubicado en la colonia
Carrizal dado que las madres de la comunidad del Espejo 1 y que

son

beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades acuden a este
Centro de Salud.

El estudio pone de manifiesto que las responsabilidades parentales enfrentadas
por un solo progenitor influye significativamente en la “satisfacción” material de los
integrantes de estructuras monoparentales, los cuales se encuentran en condición
de exclusión social, característica diferencial de género. En estos hogares cuyas
condiciones demográficas, socioeconómicas y de ingresos diarios impiden el
desarrollo de las capacidades de sus integrantes, es imperativo que la política
estatal atienda su responsabilidad para con la Protección Social de las Niñas,
Niños y Adolescentes de esta parte del territorio Tabasqueño.
88

�De la variable edad, encontramos a madres de 31 a 35 años quienes representan
el mayor porcentaje. En un periodo altamente reproductivo y activo sexualmente.
En cuanto a su escolaridad el mayor porcentaje se concentra en personas con
niveles de educación secundaria, seguido por quienes no terminaron la
preparación primaria.
Cuadro No. 3
Escolaridad de las madres de estructuras monoparental de la Colonia El Espejo 1,
Villahermosa Tabasco, Octubre 2013.

VARIABLE

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL
Primaria

11

34.4

4

12.5

14

43.8

incompleta
ESCOLARIDAD Primaria

100%

completa
Secundaria

Bachillerato 3

9.4

Total

100.0

32

Fuente: Información propia recabada cuestionario socioeconómico 2013

En la variable empleo, se observa en el cuadro No. 4 que si bien tradicionalmente
es en la mujer en quien recae la crianza de los hijos busca en término de
productividad incorpora esta experiencia a búsqueda de oportunidades de empleo,
es así que las labores domésticas no remuneradas se observan como acción
principal en un (43.4%).
Como segunda ocupación se identifica que el 21.9% son empleadas domésticas,
reproduciendo la ubicación que socialmente se coloca a la mujer en el ámbito

89

�productivo es posible que ha esta condición se sume la escasa escolaridad y la
falta de experiencia laboral en otros ámbitos.
Además, se visibiliza

e identifica que la mayoría de sus empleos no les

proporciona ninguna protección ni seguridad social. Estos resultados coinciden
con otros estudios en donde se manifiesta la alta participación femenina en el
mercado laboral informal (subempleos).
Cuadro No. 4
Perfil ocupacional de las madres de la colonia El Espejo 1, Villahermosa Tabasco,
Octubre 2013.
PREGUNTA RESPUESTA

A

TOTAL
PORCENTAJE

AFANADORA

1

3.1

AMA DE CASA

14

43.4

1

3.1

DE 1

3.1

OCUPACIÓ ARTESANA
N

FRECUENCI

AYUDANTE
COCINA
EMPLEADA

7

21.9
100%

DOMÉSTICA
EMPLEADA

2

6.3

ESTILISTA

1

3.1

INTENDENTE

1

3.1

DE 1

3.1

VENTA DE COMIDA 1

3.1

VENTA

3.1

GENERAL

VENTA
CALZADO

DE 1

ZAPATOS

90

�VENTA

POR 1

3.1

CATÁLOGO
Total

32

Fuente: Información propia recabada cuestionario socioeconómico 2013
En la variable vivienda. En el entendido de que las características de las viviendas
también permiten evaluar algunas condiciones relacionadas con el bienestar de
sus ocupantes. La Organización Panamericana de la Salud menciona que la
situación de precariedad e insalubridad de la vivienda, afecta la salud física,
mental y social de las personas, especialmente de los niños y ancianos, que
constituyen la población más vulnerable. Por lo que representa para el bienestar
de los seres humanos, la vivienda es un aspecto de interés tanto el tipo de la
tenencia tanto como el tipo de material predominante de su estructura. Dichas
viviendas según las respuestas de las madres encuestadas, no son propiedad de
las personas que las habitan, lo que significa que un 93.8% de estas familias, no
cuentan con una casa propia como se muestra en el Cuadro No. 5.

Cuadro No. 5
Condición legal de la vivienda de las madres de estructuras monoparental de la
Colonia El Espejo 1 de Villahermosa Tabasco, Octubre 2013
PREGUNTA

FRECUENCI PORCENTA TOTAL

RESPUESTA

A

JE

PROPIO

2

6.3

RENTADA

14

43.8

ACTUALMENTE

PRESTAD

5

15.6

HABITA ES:

O

EL

LUGAR QUE

DE

UN 11

100%

34.4

FAMILIAR
Total

32

100.0

Fuente: Información propia recabada cuestionario socioeconómico 2013
91

�En cuanto al ejercicio de la parentalidad se ha considerado de suma importancia
para el estudio, abordar las actitudes de las madres hacia la crianza parental. La
realidad empírica no ha mostrado que la prioridad de los padres han sido las
condiciones de vida material sin embargo El ejercicio de la parentalidad también
incluye las de tipo emocionales (afecto, amistad, amor, sexo), convivencia,
socialización y comunicación en términos de habilidades que favorecen el
desarrollo de las capacidades de los miembros del grupo por lo que una las
prioridades de los padres y madres sería atender, potenciar y guiar a sus hijos/as
en estas competencias.

Respecto al ejercicio de la parentalidad el 71.9% de estas madres se sienten
solas en la crianza de sus hijas e hijos. Pese a ello dijeron la mayoría (68.8%)
disfrutar mucho de todos los aspectos de la vida. Esta actitud es de mucha
relevancia para enfrentar la adversidad en la vida y construir estrategias de
sobrevivencia, según nos orientan los científicos de las ciencias psicosociales. El
46.9% dijeron enfrentar una vida muy estresada.

Cuadro No. 6
Sola en el proceso de crianza

Pregunta

Frecuenci

Respuesta

a

MUY DE ACUERDO 9
CUANDO

TOCA DE ACUERDO

14

CRIAR AL HIJO/A EN DESACUERDO 8
ME SIENTO SOLA
EN
TOTAL 1

Porcentaje
28.1
43.8
25.0
3.1

DESACUERDO
Total

32

100.0

Fuente: Cuestionario de relaciones parentales aplicado 2013
92

�En cuanto a la disciplina el 59.4% de estas jefas, admiten y están de acuerdo en
tener problemas para imponer disciplina a sus hijos e hijas. Cuadro No. 7. El
65.6% amenaza al hijo (a) con castigarlo pero no lo hace. El 47% de las madres,
manifiestan que su hijo (a) es difícil de educar.
Cuadro No. 7
Pregunta

Respuesta

Frecuencia

MUY

DE 5

Porcentaje
15.6

TENGO PROBLEMAS

ACUERDO

PARA

DE ACUERDO

14

43.8

EN

7

21.9

TOTAL 6

18.8

IMPONER

DISCIPLINA

A

MI

HIJA/O

DESCUERDO
EN

DESACUERDO
Total

32

100.0

Fuente: Cuestionario de relaciones parentales aplicado 2013

Si bien solo presentamos aquellos aspectos evaluados como de mayor dificultad
en el ejercicio de parentalidad del grupo de madres estudiadas es importante
resaltar que la situación material precaria de sus viviendas, de la falta de empleo
formal, en suma sus condiciones de vida representan la lucha diaria para el logro
de los satisfactores

y

cumplir con sus responsabilidades algunas de las

responsabilidades parentales pudieran ser parte del agobio que manifiestan.
Cuadro No. 8 Agobio por las responsabilidades

RESPUESTA

PREGUNTA

MUY
ALGUNAS

VECES

ME

FRECUENCI
A
DE 9

ACUERDO
93

PORCENTAJE
28.1

�SIENTO AGOBIADA POR

DE ACUERDO

13

40.6

MIS

EN

8

25.0

RESPONSABILIDADES

DESACUERDO

DE MADRE

EN

TOTAL 2

6.3

DESACUERDO
Total

32

100.0

Fuente: Cuestionario de relaciones parentales aplicado 2013

Respecto a la comunicación con sus hijos se identifican aspectos positivos tales
como: el 59.4% refiere estar de acuerdo y un 31 muy de acuerdo que su hijo (a) le
diga cuando está molesta; el 59% está muy de acuerdo en explicar su hijo si tiene
que decir no” y el 37.5% de acuerdo; entender por la expresión del rostro de su
hijo (a) como se entiende 56% dice estar de acuerdo y el 34.4 % muy de acuerdo;
el 50% manifiesta que su hijo (a) le cuenta cosas de él o ella y de los amigos (as)
y un 34.4 dice estar de acuerdo. El 50% está de acuerdo que su hijo (a) puede
estar seguro (a) de que lo escucha y muy de acuerdo el 40.6%, con estos mismo
porcentajes y condiciones refieren que sus hijo (a) cuando tienen un problema
generalmente se lo comunican por último se puede comentar que el 53.1% está
de acuerdo en creer que puede hablar con su hijo (a) su mismo nivel y un 15.6%
muy de acuerdo.
Por último respecto a la satisfacción por la crianza se observa en las madres
estar muy de acuerdo en un 50% de estar satisfechas de sus hijos/as como otros
padres y madres, un 37.5 % de acuerdo; el porcentajes similares respecto a que
sus hijos/as proporcionan grandes satisfacciones en las respuestas muy de
acuerdo y de acuerdo con un 43.8%, otro aspecto relevante a considerar esta en
lo relacionado al arrepentimiento de haber tenido hijos/as la madres están en total
desacuerdo en un 71.9% y en desacuerdo en un 12.5%

y por ultimo vale

mencionar que el 68.8% niega pensar en hacer otras cosas en vez de perder el
tiempo con sus hijos/as.
94

�Existen unas directrices elaboradas por Budd (2005) para llevar a cabo una
adecuada evaluación de las competencias parentales, y según este autor, para
ello debe contener información sobre los siguientes aspectos:

1. Las características de la parentalidad y las relaciones padres - hijos,
no tanto en la personalidad o funcionamiento cognitivo de los padres
como adultos.

2. Un análisis funcional de las creencias y conocimientos evolutivo
educativos de los padres, sus expectativas sobre los logros del hijo y
sobre sus metas

educativas, así como los comportamientos

educativos y las habilidades parentales que despliegan en las
actividades de la vida diaria.

3. Buscar evidencia de una adecuación parental mínima o Resiliente a
las necesidades y características de los hijos, en lugar de buscar un
estándar óptimo de parentalidad. Para ello hay que evaluar las
características y necesidades del menor en función de su etapa
evolutiva, ya que la valoración de si las capacidades parentales son
suficientes o no puede variar en función de tales características y
necesidades.

4. Describir las fortalezas actuales de los padres y no solo las
debilidades en lo que se refiere a las relaciones padres-hijos y a la
cobertura de las necesidades específicas de los hijos.

5. Identificar aquellas condiciones contextuales (sociales, ambientales o
históricas) que pudieran estar influyendo positiva o negativamente en
la capacidad parental para educar a los hijos.

95

�6. La

evaluación

debería

incluir

un

pronóstico,

así

como

recomendaciones sobre posibles intervenciones a realizar para
fortalecer las competencias parentales e identificar los servicios y
recursos que podrían ser de utilidad. (págs. 429-444)

Sin duda alguna el abordaje al ejercicio de las competencias en las madres
estudiadas permite le identificación no solo del estado que pone en situación de
riesgo, de debilidad, de fragilidad y de precariedad su perentalidad sino como
aspecto relevante la identificación de fortalezas que permitirán ser el eje para el
desarrollo de otras capacidades.
Un inmenso potencial que encontramos en estas familias son sus relaciones
familiares positivas al menos en los procesos de comunicación y satisfacción que
las madres refieren tener en su experiencia en la crianza de sus hijos/as en
solitario. Si bien estas familias monoparentales tabasqueñas según los datos
recabados rigurosamente, son familias con muchas carencias materiales, en
exclusión social, han demostrado tener factores protectores manifestados a través
de sus con relaciones

condiciones y los entornos capaces de favorecer el

desarrollo de cada uno de los miembros del grupo y por ende del grupo familiar si
intervenimos en aquellas circunstancias desfavorables como lo son para este caso
en las madres jefas de familia de manifestarse solas y tener problemas para
imponer disciplina, sentirse agobiada y estresada.
Sin duda alguna ante este escenario nos queda el reto

para diseñar

una

estrategia de intervención que favorezca el desarrollo de las fortalezas,
capacidades y protecciones de los miembros de estas familias estudiadas. Desde
la perspectiva de la provisión de servicios, reducir riesgos y aumentar protecciones
es muy importante nuestra efectiva intervención.

Así mismo, es importante fortalecer con madres, las habilidades de comunicación
con los hijos e hijas, diseñar estrategias para establecer límites y regulación del
96

�comportamiento en los y las hijas, y las habilidades para fomentar la autoestima y
la asertividad de las madres en el desarrollo de la función parental
Si partimos del supuesto que la necesidad representa las carencias que tiene un
individuo, grupo o colectivo. La familia representa un grupo con funciones
socialmente requeridas para la armonización de la sociedad, esta condición hace
que se identifique en ellas elementos esenciales de atención demandada o no
demandada. Partiendo de esta premisa, se puede decir que la política dirigida a
las familias implementada en los

diversos

Planes en sus niveles

Nacional,

Estatal y municipal no reconocen la importancia de apoyar a las familias en el
ejercicio de la parentalidad aun cuando

que constituyen el espacio para el

desarrollo humano y el impulso de acciones que ayudan a consolidar los procesos
de formación de personas.
De Hecho se puede decir que el diseño de la política se centra en cuestiones de
bienestar material priorizando con esto el mejorar las condiciones de vida y
escasamente pone si no es que nula

atención a aquellas necesidades y

problemas que no permiten el cumplimiento del papel social que como grupo
primario debe a la sociedad como sería el caso del ejercicio de la parentalidad.

Si bien como puede observarse, la familia por sus funciones representa un grupo
determinante en el desarrollo de la sociedad y a vez está determinada por esta,
en el sentido que las circunstancia socio-políticas permea en las estructuras y
dinámicas del grupo. Esta condición favorece para que el Estado-Gobierno se dé
la tarea de tener en cuenta a la familia como un grupo, si bien formado a partir de
individualidades expresado también como una unidad generadora del capital
humano, procuradora de la compensación social y su contribución a la integración
de los individuos a la sociedad y convirtiéndola en el objeto mismo de la política
pública por su trascendencia en la formación de ciudadanos capaces de confortar
adversidades.
97

�CONCLUSIONES
El trabajo presentado corresponde al primer momento de la intervención
profesional en el tema de la parentalidad, que si bien ha tomado como sujetos de
estudio a las jefas de familia nos ha permitido:
1.- Reforzar que la familia es más que una composición y que la monoparentalidad
está presente aún en la nuclearización de la familia.
2.- Los grupos de estudios independientemente de las posiciones socioeconómicas en las que se encuentren manifiestan fortalezas que no se han
visibilizado como tales y que sin duda alguna serían detonadoras para mejorar su
calidad de vida familiar.
3.- La parentalidad es una categoría con mayor peso empírico y que se ofrece a
los Trabajadores Sociales como objeto de estudio y de intervención posesionando
a la vez a la familia como el reto para trascender de las acciones asistenciales
relacionadas a la entrega de satisfactores materiales propios de la acción del
Estado a la capacitación para el desarrollo de competencias parentales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barrón, S. (2002). Familias monoparentales: un ejercicio de clarificación
conceptual y sociológica. Revista del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
(40) 13-29

Barudy, J. y Marquebreucq, A. - P. (2006). Hijas e hijos de madres resilientes.
Traumas infantiles en situaciones extremas: violencia de género, guerra,
genocidio, persecución y exilio. Granica: Barcelona

Budd,

K.

S.

(2005).

Assessing

parenting

capacity

in

context.Children and Youth Services Review, 27 (4), 429-444.
98

a

child

welfare

�Engels F. (2002) Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado. México:
Editores mexicanos.

Galeana S. (2006). Promoción Social una opción metodológica. México: Plaza y
Valdez.

Minuchin S. (2009) Familias y terapia familiar. México: GEDISA

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) recuperado el 5 de enero de
2014 de http://www3.inegi.org.mx/

Organización Panamericana de la Salud (2009) Hacia una vivienda saludable
guía para el facilitador. Perú, recuperado el 10 de febrero de 2014 de
http://www.paho.org/per/index.php?gid=68&amp;option=com_docman&amp;task=doc_view

99

�ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL CUIDADO INFANTIL EN
CIUDAD JUÁREZ12.
Nemesio Castillo Viveros13
Laurencio Barraza Limón14.
RESUMEN

En este trabajo se analizan las condiciones de oferta y la demanda para el cuidado
y atención de niños y niñas de 0 a 8 años de edad en Ciudad Juárez. El
documento muestra el número

de niños y niñas de 0 a 8 años y su

georeferenciación, así como la caracterización sociodemográfica de este grupo
poblacional, también, se analiza los programas y modalidades de cuidado infantil
existente en la ciudad. Finalmente, se proponen nuevas políticas públicas a partir
de la información y análisis de las entrevistas, grupos focales y bases de datos.

Palabras clave: Cuidado infantil, primera infancia y políticas pública.

INTRODUCCIÓN
Para la realización de este apartado relativo al comportamiento de la población
infantil en edades de 0 a 8 años por un lado y por el otro la oferta de servicios
dedicados al cuidado infantil, versus guarderías y/o espacios para el cuidado
infantil en Ciudad Juárez (GEDI), vimos pertinente retomar la división geográfica
que Almada presentó en el 2008

en “La Realidad Social de Ciudad Juárez:

análisis territorial tomo II” publicada por la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, actualizándola con los datos del Censo del 2010.
12

El proyecto fue financiado por FONDOS MIXTOS de CONACYT en el año 2013.
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para el Programa de Trabajo Social.
Email:nemesio. castillo@uacj.mx.
14
Director del Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez. Email
laurenciobarraza@gmail.com
13

100

�O
ND
GU
SE

RO
NT
CE
APATA
ALTA-Z

NOR
PON
IENT
E

NORTE 1

RO
AD
CU

TE
PONIEN

ZONAS
NORTE 1
NORTE 2
SEGUNDO CUADRO
CENTRO
ALTA-ZAPATA
NORPONIENTE
PONIENTE
AZTECA
REVOLUCION
JILOTEPEC
GRANJERO
MORELOS LAS TORRES
SURPONIENTE
ZARAGOZA

AZTECA

REVOL
UCION

NORTE 2

JILOTE
PEC
GRANJERO

S
LA

ZA
GO
RA
ZA

S
LO
RE
MO
ES
RR
TO

SURPONIENTE

N
W

E
S

Figure 1: zonas territoriales. Cfr. Almada, Hugo. 2008: La Realidad Social de
Ciudad Juárez.
La publicación comentada, en su momento presentó una lectura ágil y clara de las
realidades sociales agrupando a las colonias y áreas geoestadísticas básicas en el
2000, en 14 grandes zonas relativamente homogéneas en cuanto al total de su
población, lo que permitió una adecuada visión de conjunto de la ciudad,
apreciando las diferencias y contrastes con suficiente detalle (Almada, 2008: 11) e
hizo comprender las problemáticas sociales en cada una de las zonas de manera
nítida. Ver gráfica 1.
Algunos de los hallazgos relevantes que este autor nos presentó, es que Juárez
es a la vez, tres grandes ciudades: la Ciudad Norte, “que representa la zona más
rica, urbanamente consolidada y en la que se encuentran la gran mayoría de los
servicios de salud, educación y asistencia social de la ciudad. Esta ciudad tiene
poco menos del 20% de la población; Ciudad del Poniente concentró para el año
2000, poco más del 40% de la población, además de resentir por más de 40 años
la marginación en cuanto a infraestructura urbana y social del municipio, con
101

�cargas altas de dependencia y proporciones altas de niñas y niños, así como de
adolescentes y jóvenes y menores proporciones de adultos” (Almada. 2008: 29).
Por su parte la Ciudad Sur abarcó para el año 2000, al 39% de la población, de
los cuales el 28.3% de la población se agrupa en las edades de 0 a 11 años; el
23.7% en las edades de 12 a 24 años (población adolescente y joven). Es una de
las zonas con más población adolescente
que la del Poniente y Norte. Presentó “una
población

atípica

y marcada

por

el

impacto migración reciente, con una carga
altísima

de

niños

pequeños,

una

proporción baja de jóvenes, proporciones
altas de adultos… con el 41% de la
Población

Ocupada

para

el

2000,

ganando hasta dos salarios mínimos”
(Almada, 2008: 29).
Para

el 2010,

crecimiento

en

Juárez presenta un
su

mancha

Figura 2: Juárez y sus tres ciudades

urbana

significativa. A las 14 zonas que presentó el año 2000, se agregaron cuatro más:
Crecimiento 1, 2 y 3 así como la que denominado Zona Nueva. Las cuáles con
una población de 297 mil 603 habitantes.

102

�Figure 3: Crecimiento de la mancha urbana

103

�I.- Comportamiento poblacional de 0 a 8 años en Ciudad Juárez
De acuerdo con los datos del Censo del 2010, el 18.36% de la población en
Ciudad Juárez se agrupa en las edades de 0 a 8 años que representa a 243 mil
145 niños y niños.
Revisando la distribución, encontramos una mayor concentración de la población
de 0 a 8 años en algunas zonas que en otras. De esa forma, vemos que las zonas
Norponiente, Poniente, Surponiente, Crecimiento 1, Crecimiento 2, Crecimiento 3,
Nueva Zona y Zaragoza se localiza una mayor concentración de niñas y niños en
ese rango de edad.
Por su parte las zonas Alta-Zapata, Centro, Segundo Cuadro, Norte 1, agrupan
menos del 3% de la población de esas edades en cada una de las zonas.
Tabla 1
ZONA

PORCENTAJE

ALTA-ZAPATA

2.78

AZTECAS

3.57

CENTRO

2.93

CRECIMIENTO 2

6.37

CRECIMIENTO 3

9.27

CRECIMIENTO 1

7.72

GRANJERO

4.01

JILOTEPEC

4.53

LAS TORRES

6.17

NORPONIENTE

8.37

NORTE DOS

4.82

NORTE UNO

1.96

ZONA NUEVA

6.53

PONIENTE

6.02

REVOLUCION

5.06

SEGUNDOCUADRO

1.97

SURPONIENTE 104

8.38

ZARAGOZA

9.55

�Georeferenciación de la población de 0 a 8 años.
Al observar el comportamiento de la población, encontramos que mayormente se
encuentran las y los niños en la zona de Crecimiento y Poniente de la Ciudad,
semejando un corredor que abarca las zonas, Norponiente, Poniente, Surponiente,
Crecimiento 1, Crecimiento 2, Crecimiento 3, Zona Nueva y Zaragoza.
Estas zonas albergan al 62.20% de la población en esas edades (Ver figura 4).

Figura 4: Comportamiento de la población de 0 a 8 años, elaboración propia.
Fuente: Censo del INEGI 2010.

105

�II.-

Comportamiento

de

las

Guarderías

y

Espacios

para el Cuidado Infantil (GECI)
La necesidad del dato
Como mencionamos en párrafos anteriores, tener la información de la capacidad
instalada por guardería y espacios infantiles, es fundamental para el desarrollo de
una análisis de mayor profundidad, ya que estos datos nos aproximarán a tener
una precisión y claridad sobre la cobertura existentes en la atención de la
población de 0 a 8 años y el rezago real en la ciudad y/o algunas zonas de la
ciudad.
A manera de ejemplo y para entender la relevancia que tiene el dato de capacidad
instalada, tenemos los casos de las guarderías participativas y ordinarias del IMSS
así como las estancias infantiles de SEDESOL, instituciones que proporcionaron
ese dato. Para las primeras dos, contamos solo con el dato de capacidad instalada
del de las GEDI y las de SEDESOL, brindó los datos de capacidad instalada para
sesenta casos, el restante no encontramos información. A continuación
presentamos los datos.
Capacidad

instalada

de

la

GEDI

en IMSS y SEDESOL

Institución

Total

de

GECI

con

información

Promedio
Capacidad de
Instalada

niñas/niños
por GECI

SEDESOL 60

2117

35

IMSS

5814

176

33

Un primer comentario que llama la atención la tabla anterior, es que cada una de
ellas, cuentan con un promedio de niñas y niños por GECI totalmente desigual,
mientras para las Estancias de Sedesol existe un promedio de 35 niñas y niños
106

�por espacio, las guarderías participativas como ordinarios del IMSS cuentan con
un promedio de 176 niñas y niños por guardería.
Además de lo anteriormente señalado, la información señala de aspectos que los
diferencia a cada una de las instituciones así como cada uno de los por espacio:
físicos, hablamos del total de la población beneficiada por institución, asuntos
pedagógicos y así como la población atendida por educadora/dor entre otros.
Otro aspecto a comentar de la tabla, por un lado, es que ambas instituciones
representan al 31.85% de las GECI en Juárez y solo cuentan con espacios para
atender al 3.6% de la población infantil; por el otro, las instituciones del IMSS a
pesar de ser menos, en términos nominales, atiende una mayor población ya que
su capacidad es mayor (Ver Tabla 2).

Población de 0 a 8 años y GEDI por zonas territoriales
La tabla a continuación, muestra la población total de 0 a 8 años y la suma de
todas las modalidades existentes en la ciudad hacia el cuidado infantil. La
información de desgloza por zona territorial trabando de presentar la configuración
de las mismas.
Al respecto encontramos una concentración de GEDI, en zonas donde su
población de 0 a 8 años, es relativamente menor que otras zonas territoriales. Por
ejemplo las zonas Norte 1, Norte 2 y Segundo Cuadro; albergan alrededor del
25.68% las GECI en la Ciudad. En cambio, éstas mismas concentran al 8.74% la
población de 0 a 8 años.

107

�Tabla 2
Total
Zona

de

Ciudad

la

de

espacios

Población

de

de 0 a 8

cuidado

años

por zona
Norte 1

42

11,730

Norte 2

23

4,758

Cuadro

10

4,774

Alta-Zapata

7

6,769

Aztecas

12

8,687

Centro

6

7,131

Norponiente

14

20,341

Poniente

13

14,602

Revolución

8

12,310

Granjero

19

9,757

Jilotepec

14

10,996

Las Torres

27

15,007

Surponiente

24

20,368

Zaragoza

19

23,217

Crecimiento 1

22

15,510

Crecimiento 2

14

22,539

Crecimiento 3

13

18,759

Nueva Zona

5

15,890

Gran total

292

243,145

Segundo

A diferencia encontramos en las zonas Poniente, Aztecas, Alta-Zapata, Centro,
Norponiente y Revolución, lo que denominamos Poniente de la Ciudad,
albergaban en el 2010, aproximadamente al 20.55% de los espacios y guarderías
108

�existentes en la Ciudad. En cambio agrupaba al 28.72% de la población de 0 a 8
años que viven en la ciudad.
Por su parte las zonas, Granjero, Jilotepec, Las Torres, Surponiente, Zaragoza, la
zona Sur de la ciudad, encontramos que el 35.27% de las guarderías y/o espacios
para la primera infancia se localizan en estas zonas. Por su parte esas mismas
zonas concentran al 32.66% de la población de 0 a 8 años existente en la ciudad.
Por último, la zonas que están en constante crecimiento en la ciudad, es decir,
Crecimiento 1, Crecimiento 2, Crecimiento 3 y Nueva Zona, se concentra 18.49%
de las guarderías y espacios para el cuidado infantil; por su parte la población de 0
a 8 años representa el 29.90% de la población en estas edades en la ciudad.
La tabla anterior nos plantea la siguiente pregunta: ¿Existen criterios para la
instalación de guarderías y/o espacios infantiles GECI?
El análisis que presentamos hace referencia a la población de 0 a 8 años existente
en cada una de las zonas. Intenta en todo caso fortalecer algunas preguntas que
surgen del análisis. Por lo tanto sus resultados no son comparables con el
universo total de las GECI por carecer de dato de la capacidad real.

Población que atienden las GEDI de IMSS y
SEDESOL
Capacidad Instalada en ambas 7,931
instituciones
Población de (0-8) en Juárez
Porcentaje de la población de
0 a 8 años atendida

243,145
3.26%

Instituciones que ofrecen servicio de guardería y/o espacios de cuidado
infantil (GECI) en Ciudad Juárez

109

�En Ciudad Juárez nueve instituciones públicas y privadas ofrecen espacios de
guarderías a niñas y niños. Unas, como es el caso de las que denominamos
particulares y albergues, los padres de los más pequeños dan a cambio una
cantidad de dinero por el servicio; otras, como es el caso de las guarderías
incorporadas al IMSS, el servicios que se da, es parte de las prestaciones sociales
que las madres trabajadoras tiene, son solo dos de las transformaciones, sentidos
e interese existentes en la ciudad hacia las Guarderías y/o Espacios para el
Cuidado Infantil (GECI).
A continuación se presentan las instituciones y la cobertura que en términos
porcentuales ofrecen para el cuidado infantil cada una de ellas. Es importante
señalar que al carecer del dato sobre la capacidad instalada de cada una de las
guarderías y espacios de cuidado, desconocemos realmente la oferta existente y
por consiguiente lo que cada institución cuenta y ofrece.
Comportamiento porcentual de institución que cuentan
con espacios para el cuidado infantil 2012
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

La información anteriormente señalada permite además ordenarla y agruparla de
la siguiente manera, tratando así de ofrecer lecturas para su comprensión:

110

�1. El gobierno municipal de Juárez, cuenta con el 15.60% de las GECI en la
Ciudad a través de Centros Comunitarios con el 0.46%; DIF Mpal., con el
0.46% y Centro Municipales de Bienestar Infantil con un 14,68 por ciento.
2. El gobierno federal por su parte, cuenta con una capacidad de
aproximadamente un 43.12%; donde el 27.52% se agrupan en el Programa
Estancias Infantiles de la SEDESOL y el 15.60% para el caso de las
guarderías incorporadas al IMSS.
3. Por su parte, las Organizaciones de la Sociedad Civil en Juárez, ofrecen el
18.35%, siendo la OSC denominada Casas de Cuidado Diario con un
14.68% y la Fundación del Empresariado Chihuahuense con un 3.67 por
ciento.
4. En el caso de las Particulares, éstas agrupan alrededor de un 23% de las
GECI, de las cuales solo el 1.83% lo representan los albergues que en sus
edificios tienen espacios para el cuidado infantil y el resto son propiedad de
diferentes familias, pequeñas empresas, entre otras.

Distribución de GECI por zona territorial
Al organizar las guarderías y los espacios de cuidado infantil por zona
encontramos información importante:
1. Una mayor concentración de GECI en las zonas Norte Uno, Norte Dos,
Segundo Cuadro, es decir en zonas donde su infraestructura urbana
presenta mejores condiciones para su traslado como donde se amplía el
sector terciario que en otras zonas de la ciudad.
2. Para las zonas cercanas al Poniente de la Ciudad, se observan
incrementos de espacios infantiles respecto a los existentes en el año dos
mil.
3. Las zonas de crecimiento presentan un desarrollo importante de espacios
de cuidado infantil, lo que puede ser favorable siempre y cuando mantenga
esa tendencia.
111

�Norte 1

Las Torres

Surponiente

Norte 2

Crecimiento 1

Zaragoza

Granjero

Crecimiento 2

Norponiente

Jilotepec

Poniente

Crecimiento 3

Aztecas

Segundo Cuadro

Revolución

Alta-Zapata

Centro

Nueva Zona

16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

Comportamiento porcentual de espacios infantiles
por zona territorial

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de las guarderías y espacios para el
cuidado infantil (GECI) en las diferentes zonas de la ciudad. En ella, se sumaron
todas las modalidades existentes en la ciudad tratando de clarificar la cobertura
existente. En ese sentido, en cada una de las zonas encontramos espacios que
ofrecen OSC, particulares, gobiernos municipales, federales para la población
infantil.

112

�III.- Georeferenciación de las GECI por instituciones

Centros Comunitarios

Existen varios centros comunitarios en la ciudad que en principio surgieron para
ser lugares que ofrecieran servicios relacionados con la capacitación para el
trabajo, asistencia social, entre otros servicios, sin embargo, existe un centro
comunitario que se encuentra ubicado en sur de la ciudad que ofrece el servicio de
estancia infantil para menores.

113

�Desarrollo integral de la Familia DIF

El Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se encarga de administrar a dos
guarderías en la ciudad. Una de ellas es el Centro de Atención a Menores
Fronterizos (Camef) que recibe a niños desde 45 días de nacidos hasta los 6 años
y tiene una capacidad para atender a 50 niños, el servicio de cuidado tiene un
costo de 50 pesos de inscripción y 50 pesos por semana. Tienen cobertura en las
colonias: Renovación, Puerto la Paz, Felipe Ángeles, Ampliación Fronteriza, Díaz
Ordaz, Rancho Anapra y Fronteriza Baja entre otras. Otra de las guarderías que
atiende el DIF es la Emiliano Zapata.

114

�Albergues

También en la ciudad se encuentran albergues que tienen el servicio de
guarderías. Básicamente son 4, de ellos uno se encuentra ubicado en el Centro,
otro en el Poniente, uno más en aztecas, y el último en Norte Dos.

115

�IMSS: Ordinarias

Del total las guarderías que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social se
encuentran ubicadas en la zonas del Centro, Segundo Cuadro, Norte Uno y Norte
Dos.

De la Guardería ordinaria 001, que se encuentra ubicada en la 16 de

Septiembre 2555, Colonia Partido Romero, tiene una capacidad para 256 niños y
cuenta con 82 personas para atender a la población infantil. La Guardería
ordinaria 002 se encuentra ubicada en Niños Héroes 2225 en la Colonia Exhipodromo, y tiene una capacidad instalada para 161 niños. La Guardería ordinaria
003 ubicada en

Faraday 8224 y Amperes en la Colonia Parque Industrial

Bermúdez, tiene una capacidad para 304. Finalmente, la Guardería ordinaria 004
está ubicada en la Avenida de la Raza 2412 en la Colonia Mascareñas, la cual
tiene una capacidad para100 niños.

116

�IMSS: Participativas

Las guarderías que son denominadas Indirectas que reciben financiamiento y,
además son reguladas por el IMSS en total son 28. Del total tienen una capacidad
instalada de 5,202 aproximadamente. La distribución por zonas es la siguiente,
dos se encuentran en la Alta-Zapata, dos en la zona centro, una en el Poniente,
tres en el Norte Uno, una en las Aztecas, una más en el Segundo Cuadro, cuatro
en el Norte Dos, una en la Jilotepec, dos en el Suroriente, tres en el Granjero, dos
en el Crecimiento Uno, tres en el Crecimiento Dos, y tres más en la zona de
Zaragoza.

117

�FECHAC

El número de guarderías de la FECHAC son 8, de las cuales una se encuentra
una ubicada en el Norponiente, una más en la Alta Zapata, dos en el Poniente,
una en la zona Norte Uno, otra en Aztecas, una más en Revolución, finalmente,
una en el Crecimiento 3.

118

�Casas de Cuidado Diario

De las guarderías que mejor ubicación tienen en términos de la distribución por
zonas son las Casas de Cuidado Diario, son en total 20. De las cuales dos se
encuentran ubicadas en la zona Norponiente, una en las Aztecas, dos más en el
Suroriente, una en la zona de Jilotepec, cinco en el Granjero, tres en el
Crecimiento 1, dos en las Torres, dos en el Crecimiento Tres, una en Zaragoza y
una en la Zona Nueva.

119

�Centros Municipales de Bienestar Infantil

Las guarderías en Centros Municipales de Bienestar Infantil (CMBI) son un total de
31. En total tienen una cobertura para 1670 infantes, de los cuales únicamente
están ocupados 833 lugares, los CMBI surgieron con el objetivo de contribuir con
las mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez que requieren de un espacio seguro
para el cuidado y atención de sus niños de 4 a 12 a años, así mismo intervenir de
manera conjunta con el personal de los CMBI en el desarrollo integral de los
infantes. Básicamente, el municipio brinda el apoyo a madres trabajadoras que

120

�viven en las colonias integradas en los polígonos de pobreza. Estos centros tienen
una cuota de $150.00 semanales.

Particulares

En la ciudad existe un total de 70 guarderías particulares, de las cuales se puede
describir que tienen una ubicación muy distinta a las que son de carácter público o
que el objetivo final no es el lucro, se puede observar que el gran porcentaje de
este tipo de guarderías están ubicadas en las zonas Norte Uno y Norte Dos, lo que
cabe destacar que en esos lugares existe un bajo porcentaje de población infantil.

121

�Sedesol: Programa Estancias Infantiles.

El total de las estancias infantiles, de Sedesol, en la ciudad son un total de 124, y
tienen una cobertura promedio de 35 niños, de las cuales la mayoría se encuentra
ubicada en las zonas del sur de la ciudad, y que es donde se encuentran
principalmente la población infantil. Este Programa de Estancias Infantiles (PEI)
apoya hogares con al menos un niño o niña de entre 1 y hasta 3 años 11 meses
de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses
de edad (un día antes de cumplir los 6 años). El PEI es un espacio dedicado al
cuidado y atención infantil operado por una persona que funge como responsable,
esta persona se encuentra capacitada por el DIF y la Sedesol. Cada estancia
122

�infantil afiliada a la Red cuenta con asistentes de acuerdo al número de niñas y
niños que se atienden.
Georeferenciación general de las GECI

Total de guarderías en Ciudad Juárez

El total de guarderías en Ciudad Juárez son 292, se puede analizar que el espacio
de cobertura aún falta modificarse, principalmente porque el servicio está cargado
en la zonas Centro, Norte Uno, Norte Dos y Segundo Cuadro, aunque también es
importante señalar que hay una buena cantidad de guarderías en las zonas del sur
de la ciudad, sin embargo, el porcentaje de niños que viven en esas zonas es
mayor en relación a las zonas del norte.
123

�CONCLUSIONES
1. Es necesario que se desarrolle un plan de construcción de guarderías para
las nuevas zonas de crecimiento que es donde están los niños y niñas y los
matrimonios jóvenes.
2. Además de las guarderías, es necesario que exista un plan municipal
donde se especifique científicamente la ubicación de las escuelas,
hospitales, y otros servicios que dependen directamente de los recursos del
Estado.
3. Las acciones del municipio en cuanto al crecimiento urbano de Ciudad
Juárez han estado mediadas por los intereses de la clase empresarial, no
así de la población en general.
4. De no tomar en cuenta las recomendaciones en 10 años la ciudad tendrán
grandes problemas de sobrecupo en las escuelas del Suroriente de Juárez,
sin embargo, en la zona norte las escuelas estarán sin demanda para
inscribirse.
5. Es necesario que se discuta seriamente en el Cabildo de Ciudad Juárez la
correlación entre crecimiento urbano y la construcción de nuevos servicios
públicos que le competen al estado como lo son hospitales, escuelas,
guarderías, etc.
6. En necesario que los académicos que tienen la información científica sobre
los temas de Juárez compartan la información los funcionarios públicos del
municipio.
7. El tema del agua y todos los servicios del estado son un asunto crucial para
pensar el crecimiento urbano de la ciudad, de lo contrario tendremos
grandes problemas sociales en los próximos años.
BIBLIOGRAFÍA
Almada Mireles, Hugo (2008). La realidad social de Ciudad Juárez. Análisis
territorial. Tomo 2. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

124

�EL GÉNERO EN SUS CONFLICTOS DE INTERÉS.
Raúl Horacio Arenas Valdés
RESUMEN:
El presente texto versara sobre las crecientes controversias entre ambos géneros,
que han tomado gran auge, debido a la publicación, vigencia y aplicabilidad de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, estas
controversias se han generado por el gran descontento del género masculino al
proponer conductas que pueden ser consideradas como violencia hacia las
mujeres, cuando gran parte de esas conductas son hipótesis que carecen de
veracidad y forma alguna de comprobación, tal es el caso del desamor y
desinterés. No solo por este tipo de hipótesis, esta Ley General ha sido
considerada como un ordenamiento que fomenta el alejamiento a, lo que tanto
mujeres como hombres han querido llegar por años, la igualdad y equidad de
ambos géneros, y que estos conceptos, distintos el uno del otro, sean aceptados
por una sociedad que ha venido fomentando a lo largo de su existencia una
educación e ideología machista, la cual no solo afecta a mujeres que
concurrentemente son víctimas de violencia, sino que ha dado pie a que los
hombres sean, ya también, victimas de alguno de los tipos de violencia en manos
de mujeres o de hombres, y convirtiéndose en un factor de la desintegración
familiar al impedir que exista una conciliación entre las partes, dejando a los
integrantes de una familia, sobre todo niños y adultos mayores en total
desprotección; todo ello para demostrarnos que la violencia como muchas otras
cosas, no hace diferencia entre hombres y mujeres.
Palabras clave: género, Ley General, violencia, igualdad, equidad, victima,
sociedad, familia.

125

�Ponencia:
La sociedad ha manejado diversos términos para referirse a equidad de género,
sin llegar a comprender todo lo que estos significan, al hablar de la equidad de
género no sólo se refiere a proteger a la mujer e ignorar al hombre. Lo primero que
se debe de hacer es comprender el significado de cada una de las palabras que
engloba el término “equidad de género”


Género: Cuando se utiliza el término género no es para referirse a un
hombre o una mujer, sino para designar lo que es considerado como
masculino y femenino, esto es, las cualidades y características que tiene
determinada persona.

Las cualidades y características a las que se refiere el término género varían de
acuerdo al lugar geográfico, la cultura, las tradiciones y el tiempo que se vive en
determinado país, de esto podemos extraer otra palabra:


“Las

funciones

de

género son

aquellas

conductas,

tareas

y

responsabilidades que una sociedad considera apropiadas para los
hombres, las mujeres, los niños y las niñas”. (FAO. (2014). Por qué el
género)

Las funciones de género han tenido un papel trascendental, ya que aún en pleno
siglo XXI, la sociedad no ha podido aceptar que tanto el hombre como la mujer
pueden realizar las mismas tareas tanto en el aspecto familiar, escolar como en el
ámbito laboral. En determinados lugares existen ideologías muy arraigadas donde
las mujeres no pueden salir de la casa y su único deber es el de dedicarse al
hogar y a la crianza de los hijos, del mismo modo el hombre no puede salirse el
prototipo de masculinidad que le ha sido impuesto por generaciones, como lo es el
ser una persona fuerte, proveedor del hogar, y el de ser una persona que no
puede sufrir ningún tipo de violencia, cosa que es totalmente absurda. Tanto

126

�hombres como mujeres pueden jugar cada quien en el rol de otro, y sufrir como
sufre el otro.
Debido a este tipo de ideología en donde se encasilla al hombre y a la mujer
podemos obtener otro término comúnmente usado:


“Las relaciones de género: Son las formas en que una sociedad define
los derechos, las responsabilidades y la identidad de los hombres en
relación con los de las mujeres y viceversa”. (FAO. (2014). Por qué el
género)

Esto nos lleva a la conclusión de que las relaciones de género son marcadas por
la sociedad en la que se vive, y por consiguiente a una infravaloración del trabajo
hecho por la mujer o por no permitirles desarrollarse en un trabajo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nos
define a la discriminación y a la igualdad de género de la siguiente manera:


La discriminación de género: Hace referencia a cualquier exclusión o
restricción basadas en las funciones y las relaciones de género y que
impide que una persona disfrute plenamente de los derechos humanos.



La igualdad de género: Existe cuando las mujeres y los hombres gozan de
iguales derechos y oportunidades en la vida civil y política. (FAO. (2014).
Por qué el género)

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores podemos hablar de la igualdad de
género como la igualdad entre los hombres y mujeres al momento de ejercer sus
derechos, de tomar decisiones, de tener oportunidades educativas y laborales, de
ejercer sus derechos políticos (como el de votar y ser votados).
En muchas situaciones se puede confundir el término igualdad con equidad, y
aunque ambos se usan indiferentemente en la sociedad, si tienen diferencias entre
sí.
127

�

La equidad de género: es cuando los hombres y las mujeres son tratados
igualmente en cuando a la justicia y a la imparcialidad que deben de tener
en sus derechos, obligaciones y oportunidades.

Al hablar de equidad de género no sólo nos referimos a que la mujer deba tenerla,
sino también en cuanto al hombre, ya que por eso se pugna en este término
porque hombre y mujer sean iguales, que la sociedad no ponga restricciones por
la simple razón de tener determinado sexo.
La violencia es un fenómeno social que está alcanzando a la mayoría de la gente,
y el hecho de que esté presente no significa que sólo las mujeres lo van a sufrir,
este fenómeno también lo pueden sufrir lo niños, los ancianos y sin duda alguna
los hombres, pero la ley es muy distintiva en este aspecto al sólo prever la
violencia en contra de la mujer, como bien lo ha dejado en claro el legislador al
momento de la publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
La violencia es un fenómeno grave y complejo que se extiende a todos los
aspectos de la vida de un individuo que ha sido víctima o testigo de la misma,
debido a que las experiencias vividas en el seno familiar son determinantes en el
desarrollo emocional, sexual y social de toda persona. Recibir agresión resulta una
vivencia traumática difícil de asimilar; genera la conjunción de múltiples
sentimientos, afectaciones de salud físicas, mentales y sexuales, así como en las
actividades y conductas del sujeto, pudiendo observar por ejemplo, dificultades
para establecer una relación de pareja armoniosa; en el trabajo, conflictos que
tienen que ver con fallas en la comunicación, reacciones viscerales o agresivas,
prepotencia, o bien, por el contrario, inseguridad y actitudes serviles; en el aspecto
sexual, conductas violentas o desviaciones; en el medio escolar, actitudes de
agresión o complicaciones para concentrase y , por ende, bajo rendimiento
académico.
Sin restarle importancia a las diferentes consecuencias que se han mencionado,
consideramos que la reproducción de la conducta violenta que el individuo víctima
128

�o testigo de la violencia lleva a cabo al formar una familia o unirse afectivamente a
otra persona, resulta ser la más grave. La violencia genera violencia, pues el
aprendizaje social y familiar de esta conducta generalmente conduce a su
repetición”. (Martínez, P. (2007). Reflexiones En Torno A La Ley General De
Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia. Revista del Posgrado en
Derecho de la UNAM).
Al tratarse de una Ley General, se supone que su observancia y aplicación debe
de ser para todos los individuos que habitan en territorio nacional, ya que el
encauzamiento de esta Ley, va encaminada hacia el bien común, y facilitar a los
individuos el conocimiento del derecho positivo que encuadra la violencia, para
ambos géneros y en sus diversas modalidades.
Lo dispuesto por esta Ley puede considerarse que atenta contra los derechos
humanos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el artículo 1º, ya que únicamente hace mención de la violencia que sufren las
mujeres. Este articulo pretende fomentar el reconocimiento del principio de
igualdad y de no discriminación, de igual forma resulta contradictorio que luche
contra el segundo principio cuando podría considerarse que fomenta la
discriminación contra el hombre, al considerar a la mujer, como única víctima de
violencia.
Esta Ley, también establece principios y modalidades para garantizarle a la mujer
una vida libre de la violencia, siendo los principios de igualdad y de no
discriminación los que se ven enmarcados en cada uno de los artículos de la
referida ley, aunque es un tanto contradictorio que una ley que ostenta tales
principios como los rectores de su aplicabilidad y las bases de su creación, sea la
primera en fomentar de alguna u otra forma propicie cierto nivel de discriminación
para con los hombres.
Si bien es cierto que los hombres no sufren violencia por razón de su género, es
absurdo pensar que por ellos no son víctimas de la violencia, esto sucede porque
el único termino que equiparamos con violencia es el físico, cuando existe la
129

�violencia: verbal, psicológica, económica, patrimonio, de la que tanto los hombre
como las mujeres pueden ser víctimas; ya que la violencia no hace distinciones de
género.
En la fracción IX del artículo 5º de la mencionada ley, se hace mención de la
perspectiva de género, definiéndola como:
“Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a
los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de
toma de decisiones”. Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De
Violencia. (2007).
Al hacer esta Ley, hincapié en la perspectiva de género, no únicamente debería
evocarse a la violencia que sufren las mujeres, sino a la que son propensos los
hombres, ya que el hecho de ser considerados cultural y educacionalmente como
el sexo o género fuerte, nos asegura que no son sujetos pasivos de la
discriminación o violencia. Esta fracción reconoce la representación social y
política que se debe brindar a ambos géneros, no lo señala como exclusividad de
uno solo, ya que dando este paso se pretende llegar a una verdadera equidad e
igualdad de género.
Los bienes jurídicos que esta ley tutela son: la protección de la salud, la integridad
física y emocional, la dignidad humana, el respeto al ejercicio de la sexualidad, a
lo económico y al patrimonio; la armonía y la convivencia pacífica de las familias,
así como la igualdad de derechos y a una vida libre de violencia. Estos bienes, son
de amplia importancia y reconocimiento jurídico, social, personal, cultural para el
óptimo desarrollo de cualquier persona y de una buena actividad que beneficie, no
130

�solamente al titular de dichos bienes, sino a toda la sociedad, porque al
respetarlos, propiciamos un adecuado y completo Estado de Derecho.
La mencionada Ley señala que, esta “contribuye a eliminar el silencio social y la
falta de lineamientos concretos en la materia. Permite al sistema de justicia contar
con instrumentos legales que permitan identificar e incidir explícita, eficaz,
eficiente y directamente sobre las causas y las consecuencias de violencia que
afecta a las mujeres que tienen que acudir al sistema de justicia, para hacer que
se respeten sus derechos a gozar de una vida libre de violencia de género”.
Muchas de las mujeres basándose en este fin de la Ley, llegan a abusar de los
derechos que esta les otorgo haciendo que más mujeres
En la fracción I del artículo 6º de la Ley, se indica, que:
“La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
celotipia,
infidelidad,

insultos,

humillaciones,

comparaciones

devaluación,

destructivas,

marginación,

rechazo,

indiferencia,

restricción

a

la

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio”. Ley General
De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia. (2007).
De esta fracción podemos encontrar varias críticas, para comenzar se considera
que una de las características de la violencia es la intención dañosa del victimario,
misma que generalmente no se observa en el desamor, entendiéndolo como
desapego o falta de afecto, pues su exteriorización suele darse de forma natural, y
no existe forma de que con intensión de causar daño se deje de querer a una
persona. El amor no es una obligación cuyo incumplimiento deba sancionarse por
el Derecho, en ese caso no solo los hombres deberían ser sancionados o
considerados como agresores, al dejar de sentir amor por su pareja, ya que de
igual forma las mujeres y cualquier ser humano es susceptible de que esto le
suceda y no únicamente para con sus iguales, sino por una actividad, una
ideología, una forma de vida, etc.
131

�De igual forma, el abandono o descuido reiterado, son motivos inoperantes para
que se considere que se ha violentado a la mujer psicológicamente, porque
muchas veces las razones para que estos dos supuestos se den, se presentan
cuando la necesidad económica aumenta, así como la falta de empleo, por lo que
para poder mantener a su familia y ofrecerles una mejor calidad de vida, tiene que
emigrar.
“Con esta Ley se pretende crear conciencia en todos los sectores del país sobre el
grave problema que constituye para la sociedad que se vulneren los derechos
humanos de la mitad de su población, de allí que contemple un conjunto de
acciones de naturaleza preventiva, a cargo tanto de las instituciones del Poder
Ejecutivo Federal como de los gobiernos locales y municipales que tienen la
responsabilidad de sensibilizar a toda la población frente a este grave problema de
profundas raíces culturales, y de educar a todos sus habitantes para la
construcción de una sociedad en la que realmente se respeten los derechos
humanos de las mujeres”. (Pérez, M. (2008). Violencia contra la mujer.
Comentarios en torno a la ley general de acceso a la mujer a una vida libre de
violencia. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 122.)
Si realmente es una Ley que pretende concientizar y prevenir la violencia, no solo
se debería enfocar a las agresiones que sufren las mujeres; aunque sabemos que
el principal argumentos para esto es, que a la mujer se le considera un grupo
vulnerable por su condición física y de género pero ¿No también podría
considerarse una forma de discriminación? ¿Qué estudio avala o respalda, el
hecho de que solamente las mujeres pueden ser víctimas de violencia? ¿Quién o
qué puede afirmar y, si es el caso, en base a qué, únicamente existe la violencia
física?
Ahora con los cambios de roles que se han venido presentado en la sociedad,
podemos ver que las mujeres son quienes llevan la sustento económico de la
familia, siendo los hombres quienes se quedan al frente de la familia y del hogar;
por lo que en función a lo establecido por la fracción IV del artículo 6º, se puede
132

�deducir que, estos ahora son susceptibles de ser dependientes económicos de la
mujer, por lo que los convierte en propensas víctimas de la violencia económica o
patrimonial, pues se encuentra en una posición de vulnerabilidad que le permite de
alguna forma a la mujer, ejercer cierto poder sobre él.
Esta Ley, al considerar las modalidades de la violencia, como las de los
ambientes: familiar, laboral y docente; proporciona más elementos para considerar
que atenta contra la igualdad y equidad de género que en los artículos 1º y 4º de
la Constitución Federal están instaurados, ya que no solamente las mujeres se
desarrollan en estos ámbitos y por ende, no son la únicas susceptibles a que se
les agreda en estos y de las formas ya referidas. Si bien es cierto que los
hombres, por cuestiones de cultura y educación machista que aun impera en
México y por los ciertos estereotipos y normas sociales que se le han impuesto por
la sociedad, les es más difícil reconocer, admitir y hacer saber que son víctimas de
violencia.
En una sociedad que juzga a los hombres que se permiten expresar sus
sentimientos, pensamientos, actitudes e ideologías, y que aunado a esto son
diferentes a las que por “cultura y educación” les han sido inculcado o se esperan
de ellos, se les ven limitadas sus libertades y se les nombra de manera
despectiva, y ahí es donde da inicio a la discriminación y a la violencia en sus
diferentes modalidades, y tienden a callar los abusos, malos tratos y conductas de
esta índole.
Se considera de poca o nula trascendencia jurídica que el artículo 26 de esta Ley
mencione, la obligación del Estado mexicano por buscar la reparación del daño
causado a las víctimas de violencia feminicida, ya que los ordenamientos en
materia penal nacionales y estatales, ya contemplan esta medida de seguridad
que pueden imponerse, un claro ejemplo es lo establecido el artículo 30 del
Código Penal Federal y por la fracción III del artículo 22 y el artículo 26, ambos del
Código Penal del Estado de México. Aparte de creer que la utilización de le
expresión “reparación del daño” no es la adecuada para referirse al contenido que
133

�la Ley le atribuye, ya que como reparación del daño la ley señala, en tres
fracciones lo siguiente:
I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las
violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;
II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos,
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las
víctimas directas o indirectas;
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la
prevención de violaciones.
El contenido de las fracciones mencionadas, es la garantía de seguridad jurídica
que está plasmada en el artículo 17 constitucional, por lo tanto, más allá de
concebirse como una forma de reparación del daño, significa un derecho, con
previo reconocimiento y garantía otorgada por la Constitución Federal. Aunque
también resulta contradictorio que se base en preceptos constitucionales, a
conveniencia de un solo género, cuando estos preceptos están destinados para
que se apliquen a todas las personas, dando origen a una discriminación por
género que esta prohíba por el último párrafo del artículo 1º.
“Los trabajos de investigación sobre violencia de géneros deben ser difundidos no
solamente a los grupos vulnerables, sino a la sociedad en su conjunto, a través de
los medios de comunicación con campañas permanentes de concientización
acerca de la gravedad del problema, sus repercusiones a nivel personal, familiar y
social, el marco jurídico aplicables, las autoridades competentes, las instituciones
de asistencia públicas y privadas para las víctimas y los agresores, teléfonos de
emergencia, etc.” (Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, num 5,
2007)
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia es
desintegradora familiar por los supuestos que prevé, por ejemplo el artículo 8
fracción IV:
134

�IV.

Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una
relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima

Esta fracción no deja cabida a que haya la mediación o la conciliación por tanto no
se puede volver a lograr que una familia este junta y no vela por el interés por el
menor ni por el derecho que se tiene a una familia, de modo que entonces cuando
la gente llegue a su vejez no podrá tener una vida digna, ya que la familia se
encontrará separada.
V.

Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la Víctima

Se vuelve a ver una vez más la forma en que esta ley busca la separación entre la
víctima y su agresor, deshaciendo de esta manera al núcleo familiar, aun cuando
el agresor pueda arrepentirse y querer volver a estar con su familia.
Además de eso, la presente ley quiere que se tome en cuenta ciertas propuestas
previstas en el artículo 9 que al igual que las antes mencionadas son
desintegradoras en materia familiar.
I.

Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la
patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como
impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños;

II.

Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de
violencia familiar y/o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de
crianza, no podrá recuperarse la misma.

Al establecer también órdenes de protección y una alerta de violencia de género
como acciones gubernamentales de emergencia tendientes a enfrentar y erradicar
la violencia, y así poder prevenir la comisión del delito de feminicidio en esta ley;
debería considerarse la posibilidad de no solo legislar este tipo de leyes para
mujeres, sino para todos los habitantes mexicanos, ya que si bien es cierto, que
en la exposición de motivos de la ley, se menciona que lo que dio pauta a la
creación de esta, fue el aumento de los feminicidios en estados como Chiapas y el
135

�Estado de México, pero ¿qué es lo que las autoridades y los legisladores esperan
para favorecer a todos los mexicanos con este tipo de instrumentos jurídicos?
Será que lo que ellos esperan, es ¿qué de nueva cuenta se den altos índices de
violencia, pero ahora en contra de hombres, niños y adultos mayores para poder
hacer un marco jurídico que les otorgue seguridad física, mental y emocional? O
¿qué México sea señalado nuevamente por la ONU y organizaciones
internacionales, como un país con alto nivel de discriminación y de violencia de
género?
Como muchos estudiosos del Derecho Mexicanos lo han señalado, nuestros
ordenamientos jurídicos no son para prevenir problemas como muchos sucede
con otros países, sino nuestras leyes se han creado para dar solución a problemas
sociales una vez que estos han tomado a gran número de la población o que han
crecido de manera considerable, dejando atrás a las leyes anteriores al sobre
pasar las hipótesis normativas que esta contemplan, y que por ellos, son leyes que
al poco tiempo de ser publicadas y que entran en vigencia pierden fuerza y que se
dé pauta a la creación y comisión de nuevas conductas delictivas.
Claro ejemplo de esto es, que con la implementación de esta ley, se creó
mediante el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las
Mujeres, cuyo fin, como su nombre lo dice atender, sancionar y erradicar acciones
que se han venido agravando por la negligencia y omisión de actividades y
políticas necesarias para prevenir.
Si bien es cierto que al ser el hombre más fuerte que la mujer, la violencia que
este ejercerá para con ella es la violencia física; sin embargo, la mujer puede usar
la emocional y psicológica, siendo por ello que para muchas personas, la violencia
a la que son sometidos los hombres no es de alto impacto.
Es por razones como estas, el tema de los “hombres maltratados” aún no está
socializado, pues son pocos los que reconocen una situación así, pero ello no
136

�quita que este conflicto social sea habitual y en considerable aumento, debido a
que es inimaginable e innombrable.
“En Estados Unidos se ha calculado que existe hasta 8 por ciento de hombres
maltratados por su pareja, debido a que quienes reconocen esta dificultad han
buscado ayuda; por su parte, en España, donde ya existen instituciones
específicas para atender estos casos, se habla de 2 por ciento. En Holanda se
inauguraron en 2010 cuarenta centros de acogida para hombres víctimas de
violencia intrafamiliar.
Mientras que en México, únicamente en Veracruz y Sinaloa hay organizaciones no
gubernamentales que se encargan de atender a los varones que han superado la
"barrera de la vergüenza" y reconocen abiertamente que no saben qué hacer ante
un escenario de violencia del que son víctimas.” (Galan, J. (2006, 17 de Junio). La
violencia contra hombres, tema poco abordado en México. La Jornada).
Como podemos ver en estas estadísticas, México solo cuentas con dos entidades
federativas preocupadas por la violencia que sufren los hombres, sin que cuente
con el apoyo de su gobierno estatal y del federal, como por el contrario, sucede
con España, Holanda y Estados Unidos, y no es porque en México no se de esta
violencia, sino como se ha mencionado a lo largo de este texto, es por una cultura,
educación e ideología que no permite que los hombres de muestren débiles.
“La Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (ENVIF), levantada en 1999, [...] reveló
una mayor presencia de actos de violencia en los hogares con jefatura masculina,
32.5% de estos hogares reportó algún tipo de violencia por 22% de los dirigidos
por mujeres.
Por otra parte, los miembros más frecuentemente agresores son el jefe del hogar
(49.5%) y la cónyuge (44.1%), mientras que las víctimas más comúnmente
afectadas son hijas, hijos (44.9%) y cónyuges (38.9%)”. (INEGI.(2003).
Estadísticas a propósito del día internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres)
137

�De ahí que también las mujeres pueden agredir y ser violentas, con menor
frecuencia o con menos reproche de los hombres y la misma sociedad, al no darse
a conocer denuncias o incidentes donde el hombre es quien promueve y hace
saber que es víctima y no agresor.
Esto se respalda con lo dicho por el Periódico El Sol de Morelia, el cual afirma
que:
“En México, según antecedentes del DIF Nacional, al 2012 un 2% de las
denuncias es realizado por varones, mientras que, de acuerdo con los casos de
agresiones de la Secretaría de Salud en 2010, un 40% de las denuncias tiene
como víctima a los hombres, cifra similar a las del INEGI respecto a la violencia
percibida por jóvenes durante el noviazgo”. (INEGI.(2003). Estadísticas a propósito
del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres).
Así es como la violencia contra el hombre se torna como un problema social serio,
aunque muchas veces no se le presta la misma atención que la violencia hacia las
mujeres, y por ende, la violencia de la que ellos son víctimas se convierte en un
tabú social.
La violencia contra los hombres, a diferencia de la que reciben las mujeres, puede
presentarse cuando estos han sido abandonados por su esposas y han quedado
al cuidado de los menores, humillaciones verbales dentro o fuera del ámbito
familiar, sólo que muchas de las veces los hombres por ser considerados como la
parte fuerte de una familia callan la violencia a la que son objeto para evitar un tipo
de violencia más fuerte o bien el someterse a una “vergüenza social” o
insinuaciones de ausencia de virilidad”.
“Sin embargo, en nuestro país para el año 2003, del total de personas
generadoras de violencia, 91 de cada 100 son hombres y 9 mujeres, siendo el
hombre responsable del 75% de los episodios de violencia, los casos de violencia
cruzada, donde ambos integrantes de la pareja se maltratan, es de un 23% y los
casos que el hombre es víctima de violencia de parte de su mujer, es alrededor
138

�del 2%”. (INEGI.(2003). Estadísticas a propósito del día internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres)
Al ver estas estadísticas obtenidas por el INEGI, en el año 2003, podemos
percatarnos que el hombre es mayormente más violento que una mujer, porque
fue educado para demostrar su fuerza con violencia directa o física; mientras que
la mujer ejerce más una violencia indirecta o psicológica, entre ellas la
manipulación, debido a que su complexión física no les permite ejercer sobre el
hombre una violencia al 100% física y también porque su forma de educación
consiste en no manifestar violencia alguna y, por ello, buscan otras formas de
manifestarla.

CONCLUSIONES
1.- En la actualidad, se ha prestado más atención a la violencia que ejercen los
hombres sobre las mujeres, por ser la más difundida por los medios de
comunicación, respecto a los casos específicos de Ciudad Juárez y del Estado de
México; pero esto no exime a los hombres de ser víctimas de violencia, no
específicamente por parte de las mujeres, sino que puede presentarse por parte
de otros hombres, y eso tampoco implica que aquellos sean homosexuales, sino
que realmente nos muestra un panorama, al que como sociedad, prestamos poca
atención: el aumento generalizado en el nivel de violencia.
2.- La violencia contra el hombre no se considera violencia de género, desde la
perspectiva de una sociedad machista y con recién incursión de una perspectiva
feminista, ya que la primera solo permite la violencia hacia la mujer, mientras que
la segunda solo se preocupa por erradicar a la misma violencia; sin tomar en
cuenta que las mujeres por lo general, suelen utilizar formas indirectas para
expresar su violencia, excusándola como respuesta al antecedente de ser
víctima.

139

�3.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es
desintegradora en materia familiar, al no permitir que en la familia haya una
reconciliación o una mediación.
4.- En concordancia con la conclusión anterior, se puede deducir que mientras
más familias sean víctimas de esta desintegración y de esta ley, la calidad de vida
no va a mejorar en la sociedad, en razón de que, la familia es el núcleo básico de
la sociedad.
5.- Por otro lado la desintegración familiar, no ayudará a las personas a tener una
vejez digna al no fomentar los lazos de amor y convivencia, que en su momento
pudieran arreglarse.
6-. Los las autoridades y legisladores mexicanos necesitan comenzar a realizar y
aplicar políticas públicas encaminadas a fomentar una cultura y educación de
prevención de cualquier tipo de violencia para cualquier grupo social, antes de que
la violencia a la que mas numero de hombre se ven sometidos, para evitar, como
sucedió con las mujeres, llegar a tipificar una conducta recurrente, para prevenir la
creación de un sinfín de leyes para erradicar y hacer frente a mas casos de
violencia.

140

�BIBLIOGRAFIA
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de acceso a la mujer a una vida libre de violencia. Boletín Mexicano de Derecho
Comparado,

122.

Recuperado

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/122/el/el17.htm

141

en

�UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL A LA VIDA FAMILIAR DEL
PACIENTE CON VIH/SIDA
Leticia Cruz Velázquez15
Alin Jannet Mercado Mojica16

RESUMEN:

El VIH/SIDA como una enfermedad crónica ha puesto al descubierto la fragilidad
del sistema familiar, sin importar la condición social, económica o cultura, ya que
no sólo afecta biológicamente a la persona que lo contrae, sino que cambia y
deteriora progresivamente su entorno familiar y económico; además, genera
graves implicaciones sociales de rechazo como el estigma, la discriminación y, por
ende, el aislamiento; es importante destacar la interacción familiar en esta
enfermedad ya que a partir del diagnóstico clínico, la mayor parte de los enfermos
tienen la expectativa de lograr una relación más estrecha con los integrantes del
núcleo familiar de origen para enfrentar la situación de adversidad, sin embargo no
siempre se logra, por el contrario, esta enfermedad se convierte en causa de
aislamiento o rechazo familiar, lo cual impacta significativamente en la salud
psicológica y física del paciente.
En este sentido la investigación desde el enfoque del Trabajo Social tiene la
finalidad de obtener cuáles son las condiciones a nivel familiar, que intervienen en
el tratamiento del paciente con VIH/SIDA, considerándose para éste estudio, a 10
familias de pacientes de entre 15 y 25 años, de la Ciudad de Poza Rica, Veracruz.
Teniendo como objetivos Identificar las condiciones de la familia del paciente con
15

(expone) Estudiante de Cuarto Semestre de la Maestría en Trabajo Social, Facultad de Trabajo Social de la

Universidad Veracruzana, Estado de Veracruz México. Correo electrónico: lety.naomi@gmail.com
16

Correo electrónico: amercado@uv.mx

142

�VIH/SIDA, así como los factores económicos, sociales y religiosos que influyen en
el tratamiento del paciente con VIH/SIDA. Utilizando para el levantamiento de
información un instrumento de 65 reactivos.
Obteniéndose como resultado los aspectos más determinantes sobre la
constitución familiar, salud, el estilo de vida, factores económicos, sociales y
religiosos que permiten identificar las condiciones que presentan los pacientes y
sustentan la programación de acciones futuras para coadyuvar a una mejor
calidad de vida del paciente con VIH/SIDA.

Palabras Clave: Trabajo Social, condiciones familiares

INTRODUCCIÓN
El ser humano se enfrenta en su diario vivir a diversas crisis, una de ellas es la
enfermedad crónica, si bien una enfermedad leve puede hacer que la persona
que la padece y su familia entren en crisis, cuanto más podrá desequilibrarse al
conocer que uno de sus miembros padece una enfermedad crónica, como lo es el
caso del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Ante una enfermedad crónica el paciente y su familia se enfrentan a una realidad
ineludible, de que son mortales, la familia se encuentra frente a la posibilidad de
perder a un miembro de su familia y ambos sufren y entran en crisis. Parte de
esta crisis consiste en que la familia que es, ya no será más, pues esta situación
generara cambios aunque no se deseen. Los cambios más comunes son los roles
de la familia, las relaciones interpersonal, de manera que la familia pasara una
reestructuración en la dinámica familiar.
Con la aparición del VIH/SIDA como una enfermedad crónica, ha puesto

al

descubierto la fragilidad del sistema familiar, sin importar la condición social,

143

�económica o cultural; ya que el diagnóstico no solo afecta a la persona que vive
con VIH/SIDA, sino que se refleja en todo el sistema familiar.
Es posible que ante la noticia del diagnóstico se presentaran diferentes tipos de
emociones y sentimientos tanto en la familia como el paciente. Kubler Ross (1969)
en su trabajo On death and Dying para situaciones de duelo, define que cuando
una familia ve que uno de sus miembros padece una enfermedad crónica y
posiblemente mortal, pasa por una serie de etapas que va desde la negación
hasta la resignación. La primera de ellas es la negación, quien resulta ser una
reacción de ajuste, la segunda etapa se caracteriza por sentimientos tales como
ira, enojo, resentimiento y coraje, esta etapa es difícil de manejar ya para el
paciente y familia pueden desplazar estos sentimientos negativos hacia otras
personas.
La tercera etapa es la de regateo o pacto, es esta fase la familia se ha dado
cuenta que estos sentimientos negativos no cambian la situación, y comienza el
regateo. En la cuarta etapa la familia y el paciente se dan cuenta de que el regateo
no remediara la gravedad de la enfermedad, ante lo cual surge la depresión.
Finalmente, el paciente y su familia entran en la fase de resignación, lo cual
posibilitara para todos la aceptación de la enfermedad.
Ante estas etapas podemos ver que la familia influye en la enfermedad del
paciente, esto significa que la familia desempeña un papel fundamental en la salud
y en la enfermedad del paciente.
Por lo que la presente investigación diagnóstica considera desarrollar las
condiciones familiares que intervienen en el tratamiento del paciente con
VIH/SIDA, así los factores sociales, económicos y religiosos que median en el
tratamiento de diez pacientes de la Ciudad de Poza Rica, Veracruz, para
posteriormente generar propuestas de intervención desde el enfoque del
profesional de Trabajo Social.

144

�Una mirada desde el Trabajo Social a la vida familiar del paciente con
VIH/SIDA

El surgimiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), fueron detectados en 1978 en Estados
Unidos, en hombres homosexuales con sarcoma de Kaposi, de tal forma que se
asoció la epidemia con el factor de las relaciones homosexuales, llamándole a si la
epidemia rosa.
El VIH/SIDA se ha expandido de manera alarmante, traspasando las fronteras que
inicialmente

fueron

asociados

a

comportamientos

específicos

como

la

homosexualidad, la promiscuidad sexual y consumo de drogas. Sin embargo, en la
actualidad la pandemia afecta en forma indiscriminada a diversos sectores de la
sociedad, haciendo cada vez más difícil su control. A pesar de la abundancia de
información disponible sobre el VIH/SIDA, las tazas de infección siguen
aumentando en los cinco continentes, convirtiéndose en una seria amenaza para
el desarrollo personal, familiar, social y económico.
A finales del 2009, ONUSIDA estimó que a nivel mundial existían 33.3 millones de
personas que vivían con VIH, de los cuales 30.8 millones eran adultos y 2.5
millones menores de 15 años. La región más afectada es la África subsariana que
concentra el 67% de las infecciones de todo el mundo, en donde el SIDA es
responsable de una de cada cinco muertes, constituyendo la principal causa de
mortalidad.
La segunda región en importancia es el sur y sureste de Asia con el 12% de las
personas, en tercer lugar aparece América del Norte con el 5% y en cuarto sitio
América Latina con el 4.2% del total de las personas que viven con VIH en todo el
planeta.
De acuerdo con la prevalencia del VIH en población adulta (indicador que utiliza
ONUSIDA para comparaciones internacionales), México se ubica en el décimo
séptimo lugar en América Latina, sin embargo se caracteriza por una prevalencia
145

�de infección por VIH que se ha difundido rápidamente en uno o más subgrupos de
la población, manteniéndose una constante por encima del 5% en por lo menos un
subgrupo de la población y entre las mujeres embarazadas de zonas urbanas es
inferior al 1%.
A consecuencia del impacto global que fue tomando la epidemia y la aparición de
nuevos casos en el país, el gobierno federal creó en 1986 el Comité Nacional para
la Prevención de SIDA (CONASIDA), cuyas actividades se limitaban a la
coordinación de esfuerzos en la lucha contra el SIDA, posteriormente CONASIDA,
que se consolido como la entidad encargada de la formulación y difusión de las
políticas y estrategias nacionales en materia de atención y control de VIH/SIDA y
otras infecciones de transmisión sexual (ITS), entre sus funciones incluye la
coordinación y técnicas

de distintos actores involucrados en la prevención y

control de la epidemia.
En el año 2001 se creó el Centro Nacional para la Prevención y Control del
VIH/SIDA (CENSIDA) quien promueve la prevención y control de la epidemia
mediante políticas públicas, promoción de la salud sexual y otras estrategias
basadas en la evidencia para disminuir la transmisión del VIH e ITS y mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas.
En base al Registro Nacional de casos de SIDA, en su actualización preliminar
hasta el 30 de septiembre de 2013 los casos notificados (1983-2013) son de
166,370 casos registrados. Los Estados que concentran el mayor número de
casos de SIDA son el Distrito Federal con 25,750 casos; México con 17,639;
Veracruz con 15,231, Jalisco con 12,350 y Chiapas con 7,700.

Ante el aumento de casos de VIH/SIDA y como respuesta del Gobierno Federal,
se inició en el año 2003 la creación de los Centros Ambulatorios de Prevención y
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), los cuales
tienen las características de una unidad médica para consulta externa que cuenta
146

�con auxiliares de diagnóstico, farmacia y área de atención en Psicología,
Odontología y Trabajo Social.
Actualmente se cuenta con 75

CAPASITS distribuidos en las 32 Entidades

Federativas y el Distrito Federal. En el Estado de Veracruz se tienen cinco Centros
Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual (CAPASITS), los cuales se ubican

en las ciudades de Veracruz,

Coatzacoalcos, Rio Blanco, Xalapa y Poza Rica; teniendo este último 935 casos
acumulados de pacientes de la zona norte del Estado17 .
Siendo los municipios que presentan mayor incidencia en casos de VIH/SIDA
Poza Rica y Tuxpan, por lo que para generar un proceso de conocimiento, se
partirá de un diagnóstico, que de acuerdo a Alberto J. Diéguez, señala que una
vez obtenida la información y como base para tener mayores elementos para
desarrollar la acción, se deben analizar los hechos encontrados, establecer
relaciones, discriminar que es lo fundamental y que es lo accesorio. (Diéguez,
1987: p. 60). Permitiendo identificar, ordenar y jerarquizar los problemas,
demandas y/o necesidades de los sujetos.
Partiendo, de que una de las terribles características del VIH/SIDA es, que no sólo
afecta biológicamente a la persona que lo contrae, sino que cambia y deteriora
progresivamente su entorno familiar y económico; además, genera graves
implicaciones sociales de rechazo como el estigma, la discriminación y, por ende,
el aislamiento; es importante destacar la interacción familiar en esta enfermedad
ya que a partir del diagnóstico clínico, la mayor parte de los enfermos tienen la
expectativa de lograr una relación más estrecha con los integrantes del núcleo
familiar de origen para enfrentar la situación de adversidad. Sin embargo no
siempre se logra, por el contrario, esta enfermedad se convierte en causa de
aislamiento o rechazo familiar, lo cual impacta significativamente en la salud
psicológica y física del paciente.
17

Fuente: Base de datos SALVAR
*Fecha de corte: 31 de diciembre del 2013

147

�El VIH/SIDA

desde sus primeras manifestaciones ha sido un padecimiento

estigmatizado

y a su

vez clandestino, ya que las personas que viven con

VIH/SIDA encuentran preferible padecer la enfermedad en el anonimato por temor
a ser discriminados o segregados de su grupo familiar.
La estigmatización es una respuesta social estereotipada, caracterizada por un
profundo rechazo, acompañada de un bagaje de comportamientos irracionales y
contradictorios (Velasco, 2006). ONUSIDA define el estigma y la discriminación en
relación con el VIH como: “...un ‘proceso de desvalorización’ de las personas que
viven o están asociadas con el VIH/SIDA. La discriminación se desprende del
estigma y se refiere al tratamiento injusto y malintencionado de una persona a
causa de su estado serológico real o percibido en relación con el VIH” (ONUSIDA
2011).
En muchos países
discriminación

y comunidades, el estigma asociado con el VIH y la

pueden ser tan devastadores

como la enfermedad misma: el

abandono por parte del cónyuge o la familia, el aislamiento social, la pérdida del
trabajo o los bienes, la expulsión de la escuela, la negación de servicios médicos,
la violencia, la falta de atención y apoyo. Estas consecuencias, o el temor a
sufrirlas, significan que es menos probable que las personas recurran a las
pruebas del VIH o revelen su estado serológico respecto del VIH a los demás;
evitando así que se adopte medidas preventivas con relación al VIH; o accedan a
tratamiento, cuidado y apoyo.
La discriminación viene después del estigma y es el trato injusto y desleal que
sufre una persona por tener ciertas características, además de que se violan los
derechos humanos fundamentales de las personas, En México, el artículo primero
constitucional lo refiere, “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

148

�objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”18 . Y
aunque en nuestra máxima ley está prohibida la discriminación, en México se tiene
un rechazo social ante las personas que viven con VIH/SIDA. Este rechazo ocurre
básicamente, por la falta de información y por la pobre educación que existe en la
sociedad acerca del padecimiento. El desconocimiento de la enfermedad hace
que se agudice el surgimiento de actitudes estigmatizantes y discriminatorias en
contra de los individuos infectados (Velasco, 2006).
Una de las alternativas de análisis para el problema de las condiciones familiares
que intervienen en el tratamiento del paciente con VIH/SIDA es el estudio de la
familia, por lo que para tener más claridad sobre el tema, se presentan algunas
definiciones del concepto de familia:


“…Una organización única, que constituye la unidad básica de la sociedad
(Levi-Strauss, 1981).



“Un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de
interacción” (Minuchin y Fishman 1992).



"los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado
determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco
utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a
los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con
precisión en escala mundial." (OMS).



La familia es un ámbito privilegiado para la compañía, el amor mutuo, la
solidaridad intergeneracional, la socialización de los niños y jóvenes, y la
transmisión de la cultura de una comunidad, a las generaciones venideras
(Eroles, 1989).

En la actualidad, la familia es una institución social creada y transformada por
hombres y mujeres en su accionar cotidiano, individual y colectivo. Su
universalidad reside en algunas funciones y tareas que deben ser realizadas en
toda sociedad. El cómo y por quien se llevan a cabo, las formas de organización
18

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

149

�de los agentes sociales, los entornos y las formas de las familias son múltiples y
variables. Esta variabilidad no es casual ni se halla puramente ligada a diferencias
culturales: hay potentes procesos de cambio social, histórico, económico,
tecnológico y político de los cuales forman parte las transformaciones en las
familias.
Se entiende por Dinámica Familiar a la estructura y el proceso que dibujan el
perfil y la identidad del grupo co-residente en torno a necesidades y tareas de
reproducción y sobrevivencia social. La reproducción que se da en tres planos:
biológica, demográfica y socio-cultural. En tanto estructura es el conjunto de
demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcionar. De esta
manera, una familia posee una estructura que puede ser vista en movimiento.
En la dinámica familiar se van construyendo, a lo largo de un proceso histórico,
determinadas “reglas de juego”, en base a las que se explican la comunicación, el
afecto, la satisfacción, la insatisfacción de su vida cotidiana. El desarrollo de la
vida cotidiana se define como ámbito de la convivencia social, la cotidianeidad se
presenta como el espacio donde se manifiestan e interactúan, necesidades,
condicionamientos,

afectos,

valoraciones,

relaciones humanas

y vínculos

personales.
Considerando que el VIH/SIDA, por ser una enfermedad que afecta a niños,
jóvenes adultos, ancianos,

juega un papel muy importante, generando

modificaciones en la familia. La disolución de parejas, la separación de una
persona de su ámbito familiar para insertarse a otro grupo y construir así una
nueva familia, la orfandad de menores por la pérdida de uno o ambos padres, la
viudez , la hospitalización prolongada o la muerte

del paciente cambian la

estructura familiar.
Este cambio

se empieza a generar en el momento que en que se da el

diagnóstico clínico, cuando la familia de la persona diagnosticada con VIH, se
encuentra

ante el conocimiento de la patología, se presenta entonces

un

descalabro afectivo de intensidad y consecuencias variables, pero siempre
150

�presente. Esta modificación de vínculos familiares remite hacia la estructura y
dinámica familiar. La estructura se verá afectada ante cambios que presenta la
familia en los roles afectivos de dependencia, exclusión, rechazo, aislamiento o
dominación.
La dinámica familia se modifica al tener un integrante con VIH, ya que en muchas
ocasiones el paciente pasa a ser un miembro dependiente, por lo que la familia
tiene que hacer una reorganización

de roles y funciones, así como la

redistribución de tareas, reestructuración del hogar.
Ante lo mencionado se puede observar que las familias que tienen un miembro
con VIH, pasan un proceso de incertidumbre al igual que el paciente, por lo que la
familia también requiere de atención, por lo que es importante desarrollar un
trabajo de intervención con familias que tengan un miembro con VIH/SIDA para
que puedan enfrentar y manejar la enfermedad y de esta manera también puedan
ser un instrumento de apoyo al paciente.
En este sentido la investigación diagnóstica presentada a través de la intervención
del Trabajo Social tiene la finalidad de establecer ¿Cuáles son las condiciones
a nivel familiar, que intervienen en el tratamiento del paciente con VIH/SIDA?,
Para dar respuesta a esta interrogante, se realizó una investigación con la familia
de diez pacientes diagnosticados con VIH/SIDA, quienes se encuentran en un
rango de edad de 15 a 25 años, residentes de la Ciudad de Poza Rica. Los
objetivos que guiaron la investigación, fueron:

OBJETIVO GENERAL
•

Identificar las condiciones que constituyen las fortalezas y debilidades de la

familia del paciente con VIH/SIDA.

151

�OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar los factores económicos, sociales y religiosos que influyen en el

tratamiento del paciente con VIH/SIDA
•

Sistematizar la información para la elaboración del informe final del

diagnóstico.

Proceso Metodológico
Las líneas de este trabajo de investigación consideran la metodología cualitativa,
y que a través de ella se puede descubrir y producir conocimiento sobre la vida de
las personas, su historia, sus relaciones interpersonales, acciones, emociones o
creencias aprehendidas en y de su realidad social.

En consecuencia, el

comportamiento de las personas es el resultado de una estructura de relaciones y
significaciones que operan en la realidad, en un determinado contexto social,
cultural e ideológico. Dicha realidad no es la misma para todas las personas, sino
que es estructurada y construida por cada uno de los individuos (Castro 1999,
Amuchástegui 1999 y Szasz y Amuchástegui 1999).

La población para este estudio fue de diez familias con un integrante de entre 15 a
25 años, diagnosticado con VIH/SIDA, que habitaban en la zona urbana de la
ciudad de Poza Rica, del Estado de Veracruz., para la selección de las familias se
consideraron únicamente las características que se describen a continuación:


Tener un integrante diagnosticado con VIH/SIDA



Qué cuyo integrante con VIH/SIDA se encontrara entre los 15 y 25 años de
edad.



Ser residente de la zona urbana de la ciudad de Poza Rica, Ver.



Tener disposición para llevar a cabo el estudio.

152

�Las estrategias de investigación, fueron una encuesta apoyada con un
cuestionario de 65 reactivos, para conocer la constitución familiar y de salud, el
estilo de vida de la familia, los factores económicos, sociales y religiosos, así como
del apoyo que la familia le brinda al paciente el cual tiene como propósito reunir
un conjunto de datos básicos, que permita llevar a cabo acciones de intervención
con las familias de pacientes que viven con VIH/SIDA. Una vez aplicado el
instrumento, se procedió a sistematizar la información obtenida el cual permitió la
interpretación de los resultados.

RESULTADOS
Una vez aplicado el cuestionario se obtuvo como resultados generales que el 7
de los pacientes participantes en la investigación, fueron mujeres y 3 hombres, por
cuestiones éticas, los nombres de las y los participantes se omitieron; cabe
destacar que las mujeres fueron quienes presentaron mayor disposición en la
investigación, respecto al rubro de constitución familiar, haciendo referencia al
parentesco de sus acompañantes en el tratamiento, se obtuvo que 7 son sus
madres quienes los acompañan en el proceso de la enfermedad, las madres son
quienes en su totalidad se dedican a las labores del hogar y cuentan con un nivel
de estudios bajo, sin embargo al vivir estas condiciones, les permite estar mayor
tiempo con sus hijos (paciente con VIH/SIDA), al no tener que cumplir con una
jornada laborar establecida.
Haciendo referencia al rubro sobre las condiciones de salud que presentan las
familias, 6 de ellas mencionan tienen un estilo de vida saludable, ya que
consideran que el estilo de vida que llevan no es nocivo, mientras que las otras 4
considero que su estilo de vida no es saludable puesto que consumen alcohol y
tabaco. Por lo que se pude considerar que en las familias con un miembro con
VIH puede o no existir estilos de vida nocivos que repercuten o no en el paciente.
Respecto a los factores económicos, 8 de las familias participantes en el estudio,
considera que los ingresos económicos que obtienen son insuficientes para
satisfacer las necesidades básicas de la familia, además no cuentan con apoyo
153

�económico de otros familiares; considerando que 6 de estas familias no cuenta
con ningún programa de apoyo gubernamental, por lo que la situación económica
de estas familias se agudiza al tener un miembro con VIH/SIDA. Haciendo énfasis
en el tipo de vivienda, se identificó que 5 de las familias vive en casa propia, 4 en
viviendas prestadas y 1 paga renta por el espacio donde habita, cabe señalar
que son viviendas rusticas construidas de block y techo de lámina, pero cuentan
con los servicios públicos básicos para satisfacer sus necesidades primordiales.
En el factor religioso, 8 de las familias profesa una religión y 2 aunque no
considera ser religioso refieren creer en un ser supremo. Sin embargo para 9 de
las 10 familias participantes en el estudio, el creer o profesar una religión
consideran que mejora el estado emocional del paciente y por ende mejora su
calidad de vida.
De las familias, 9 de ellas, considera importante la participación de la misma en
el tratamiento del paciente, ya que de esto dependerá que el paciente tenga una
mejor calidad de vida. Pero también se han enfrentado que las relaciones sociales
se vean afectadas por tener un familiar con VIH. Además de que la dinámica
familiar se modifica, ya que el paciente pasa a ser una persona dependiente que
requiere cuidados, conllevando una reestructuración de la familia.
Haciendo referencia a la participación de los familiares en realizar actividades para
el tratamiento del paciente, el total de las familias asiste con su integrante a los
cetros de atención médica, para recibir su tratamiento clínico por lo que se puede
decir que las familias están interesadas en el trabajo de intervención y apoyo a
los pacientes ya que brindan disposición para apoyar a sus familiares en mejorar
su calidad de vida y postergar el estado sintomatológico del virus (SIDA).

154

�CONCLUSIONES
A manera de conclusión general se puede decir que esta investigación diagnóstica
permite diseñar estrategias de intervención como profesionales de Trabajo Social,
con las familias de los pacientes que viven con VIH/SIDA, con la finalidad de
conocer

cuáles son las condiciones a nivel familiar, que intervienen en el

tratamiento del paciente con VIH/SIDA.
A través

la investigación se ha percibido que las familias presentan un

desconocimiento sobre lo que es VIH/SIDA no tienen información clara sobre lo
que es el VIH/SIDA, reconocen que su familiar está padeciendo una enfermedad
que no tiene cura y que como familia deben colaborar de manera económica y
emocional.
Esto lleva a la familia a una reestructuración en su dinámica familiar, las nuevas
formas de organización familiar suelen ser a través de la reorganización del
trabajo, algún otro miembro de la familia tiene que salir a trabajar, así como la
redistribución de tareas, como lo es el cuidado del paciente, todo con la finalidad
de contener algunas de las necesidades que se presentan al tener un paciente
con VIH.
Tras el análisis realizado en este trabajo se puede afirmar que en muchos casos
son los padres, y en especial las madres, los que “se hacen cargo” de los
pacientes, lo acompañan a su consulta, conoce sobre medicamentos, así como
los horarios de su toma, pero desconoce lo que es el VIH/SIDA.
Como familia

no se les ha brindado una atención en cuanto a consejería y

orientación sobre esta enfermedad. Se han realizado muchos trabajos sobre el
paciente y el VIH, y sea dejado a un lado a la familia, pero se debe considerar a la
familia como un factor muy importante para que el paciente mejore su calidad de
vida, sin la familia es muy difícil que un paciente se recupere.

155

�Por lo que se puede considerar que la intervención del profesional de Trabajo
Social en esta área es de importancia, ya que se tiene la disponibilidad de las
familias y pacientes para este trabajo, así como el apoyo de la institución.

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de

consulta

02/03/14]

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http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/VIHSIDA_MEX2012.
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156

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9. Quintero, A. (2004). Trabajo social y procesos familiares. Argentina:
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12. Szasz, I. (1999). Un encuentro con la investigación cualitativa en México:
Para comprender la subjetividad. México: El Colegio de México.

157

�LA FAMILIA Y LOS MENORES DE UNA COMUNIDAD CON ALTO GRADO DE
MARGINACIÓN, DESDE EL CONTEXTO ESCOLAR.

Martha Soledad Hernández Maqueda19
Noelia Pacheco Arenas20
Maricela Cruz Del Ángel21
Mayte Pérez Vences

RESUMEN
El sistema familiar se encuentra directamente relacionado con el desarrollo
integral del menor a través de la implementación de modelos, valores, normas,
roles y habilidades que se transmiten durante el período de la infancia y
determinan la personalidad de cada sujeto, puesto que influye directamente en el
desarrollo socio afectivo y conductual del mismo.
Por lo tanto, cuando encontramos contextos familiares con problemáticas como
violencia intra-familiar, falta de comunicación, problemas económicos, entre otros;
se genera afectación en los menores reflejándose en su ámbito educativo, en la
escaza concentración en el estudio, bajo rendimiento escolar, problemáticas socioconductuales, situación que se refleja tanto en el interior de la familia como en la
escuela.
En este contexto la presente investigación se ubica en una comunidad rural de alto
grado de marginación, reflejada por las condiciones socioeconómicas que la
determinan como son: carencias de educación, deficiente infraestructura y
19

Universidad Veracruzana- Facultad de Trabajo Social. sol_mm23@hotmail.com
Universidad Veracruzana- Facultad de Trabajo Social. npachecoarenas@yahoo.com
21
Universidad Veracruzana- Facultad de Trabajo Social. maricruz@uv.mx
20

158

�servicios de la vivienda, dificultades para el acceso a servicios de salud,
problemas relacionados al empleo y los bajos niveles de ingresos económicos,
entre otros; se pretende abordar las condiciones que presentan las familias de los
menores que asisten a la

Escuela

Primaria “Benito Juárez García”, de la

comunidad de Sombrerete del municipio de Papantla, Veracruz.
Realizando una valoración de las condiciones escolares y familiares que
determinan sus principales fortalezas y debilidades a través de un diagnóstico
situacional, lo cual permitirá orientar estrategias de intervención que potencialicen
el desempeño y el crecimiento adecuado del estudiante en su proceso escolar,
personal y familiar, fortaleciendo las relaciones afectivas e interpersonales,
resaltando la participación del binomio Padres- Hijos.
Se plantea resolver la siguiente interrogante ¿Cuáles son las situaciones que se
presentan en el contexto familiar y escolar que reflejan problemáticas de
aprendizaje y conducta en la escuela?

Palabras claves
Sistema familiar, desarrollo socio afectivo- conductual, marginación, participación
activa.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, se afirma que la familia es el núcleo básico de la sociedad, puesto
que son los agentes y primeros educadores, los cuales son transmisores de
normas, valores, a través del ejemplo que se propone en la familia. Resulta
entonces, que la familia desarrolla diversas funciones a fin de satisfacer
necesidades fundamentales dentro de sus integrantes; de acuerdo a como se
cumplan dichas funciones, es como puede hablarse de un proceso de formación y
159

�desarrollo del menor, y a su vez el desenvolvimiento de este escenarios escolar y
social.
En el presente escrito, es de nuestro interés presentar un análisis de las
dificultades familiares que se traducen en problemáticas conductuales que afectan
al niño en su desempeño educativo; problemáticas que se hacen más complejas
cuando se presentan en una comunidad con índice de marginación social, como lo
es el presente estudio, el cual se desarrolla en la Escuela Primaria Rural “Benito
Juárez García” de la comunidad de Sombrerete, municipio de Papantla de Olarte,
Veracruz.
Se utiliza una metodología acorde al paradigma cuantitativo, se trata de un estudio
descriptivo, dentro del cual se trabaja con las familias de un grupo de 12
estudiantes de 2°,3°, 4° y 6° grado. El avance que se presenta son los resultados
de un diagnóstico situacional que permite identificar las problemáticas que atañen
a esta población.
Es conveniente resaltar la importancia de fundamentar desde la disciplina de
Trabajo Social la necesidad de profundizar la investigación e intervención con
familias para afianzar programas y proyectos, así como políticas públicas que
incidan en la atención a familias.

OBJETIVO GENERAL
Conocer las condiciones familiares y escolares que determinan las fortalezas,
debilidades y recursos que poseen los estudiantes de la escuela primaria para
orientar su desarrollo integral, desde la participación activa de la institución
educativa y la familia. Escuela “Benito Juárez” en la comunidad de Sombrerete,
del Municipio de Papantla de Olarte, Veracruz.
Interrogante ¿Cuáles son las situaciones que se presentan en el contexto familiar
y escolar que reflejan problemáticas de aprendizaje y conducta en la escuela?
160

�OBJETIVO ESPECÍFICOS
1. Identificar las fortalezas y debilidades con los que cuentan los estudiantes.
2. Conocer los contextos familiares, las principales problemáticas escolares y
familiares de los alumnos, las cuales tienen impacto en el desenvolvimiento
escolar y personal de los educandos.
3. Tener un panorama general de las necesidades, recursos y escenarios de cada
uno de los alumnos con los que se llevará a cabo la intervención.

DESARROLLO
Todos los seres humanos desde el momento del nacimiento, depende de una
estructura, como lo es la familia, siendo este primer círculo el escenario donde se
propician el crecimiento, desarrollo y comunicación entre sus integrantes. Es bien
sabido que la familia es un pilar fundamental dentro de toda sociedad, y es por lo
tanto, imprescindible, debido a que es quien impulsa e influencia en el desarrollo
de los individuos, lo cual influye directamente en aspectos como la socialización y
el desarrollo de la personalidad.
El sociólogo Antonio Donini (2005), concibe a la familia como “un grupo de
personas unidas y que se ocupan de la crianza y educación de sus hijos, de
acuerdo con las tradiciones y normas de su cultura”. Agregando que es el primero
y más importante agente de transmisión de valores éticos y sociales, hábitos,
costumbres, normas, roles, relaciones y expectativas. Ciertamente la familia a
través de su proceso vital sufre transformaciones, y de acuerdo a la realidad
adquiere cambios y sin duda alguna, seguirá en constante cambio, pero persistirá
ya que es una unidad humana.
Al concebir la familia como sistema social, el trabajador social entiende que todos
sus miembros están interrelacionados de manera tal que si algo afecta a uno de
ellos, a su vez afecta a todo el grupo familiar. Esto se aplica tanto para las
161

�situaciones conflictivas, disfuncionales, como para las normales en cualquier
momento del ciclo evolutivo.
Como conclusión entonces se puede mencionar que la familia es una unidad
básica de desarrollo y experiencia (Eroles, 2001) para los integrantes de una
familia, conteniendo lo esencialmente humano del hombre.
Como puede advertirse el desarrollo de las habilidades socio-conductuales en los
menores tiene sus raíces en las prácticas de crianza familiar que cada uno de
ellos trae consigo; por otro lado, los teóricos definen las habilidades sociales o
interpersonales como “repuestas observables aprendidas ligadas a contextos
específicos y, en gran parte, controladas por el refuerzo proveniente del
ambiente”. (Caballo, 1996; Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987; Monjas,
1993). Dichas habilidades de interacción social son aprendidas y autorreguladas
en el contexto familiar y actualizado en el contexto escolar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sistema familiar se encuentra directamente relacionado con el desarrollo
integral del menor, puesto que éste influye directamente en el desarrollo socio
afectivo del infante, siendo este sistema en el que modelos, valores, normas, roles
y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está
relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y
adaptativas, con las conductas sociales y con la regulación emocional.
Diversas investigaciones corroboran que son variados o múltiples los factores que
afectan el desarrollo de los niños y niñas, para ello resulta importante identificar la
influencia de la familia y de los estilos y pautas de crianza de éstos, durante el
desarrollo socio-afectivo, además de identificar factores de riesgo y problemas en
la etapa de la infancia, tales como: la depresión infantil, agresividad, baja
autoestima, problemas en conductas adaptativas, entre otras.
162

�Autores como Henao, Ramírez y Ramírez (2007) remarcan la importancia de la
familia en el proceso de socialización y desarrollo durante la infancia. Mediante el
desarrollo y la combinación de costumbres y hábitos de crianza de los padres, la
sensibilidad hacia las necesidades de su hijo, la aceptación de su individualidad; el
afecto que se expresa y los mecanismos de control son la base para regular el
comportamiento de sus hijos. Destacan la importancia de la comunicación en las
pautas de crianza.
Los estilos de crianza inadecuados ejercidos por los padres durante la infancia se
relacionan como factores de riesgo de problemáticas cognoscitivas o socioafectivas en el infante; y por lo tanto sobre los cuales se deben orientar las
estrategias de prevención en la familia y generar espacios para desarrollar
habilidades sociales y conductas pro-sociales en otros contextos.
Es por lo antes mencionado que surge la necesidad de una investigación
diagnostica desde la óptica del Trabajador Social, que a su vez fundamentará
una intervención especializada; ubicando en la infancia en nivel primaria, debido a
que es en las primeras etapas de la vida dónde se adquieren habilidades y
actitudes que se desempeñan en los demás círculos sociales.
Sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad; no se puede solo realizar
un trabajo de intervención con los menores y dejar de lado el círculo familiar, por el
contario, es necesario e indispensable lograr un trabajo colaborativo en conjunto
con los padres de familia, y a la vez con los menores; ello para observar las
modificaciones y logros alcanzados. La intervención profesional se lleva a cabo
con un total de doce familias, y un total de dieciséis alumnos inscritos en 2°,3°,5° y
6°, dentro de la Escuela Primaria Rural “Benito Juárez García”, perteneciente al
Municipio de Papantla de Olarte Veracruz.

163

�POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO
El área de estudio es la escuela primaria estatal “Benito Juárez García”, a
demanda del director de la institución Director Héctor Ramón Hernández Marín a
la U.V. Facultad de Trabajo Social, en base a las problemáticas que se presentan
en los estudiantes y que impactan el desarrollo personal y escolar. El universo de
estudio que se consideró para la realización del diagnóstico son doce alumnos,
que oscilan entre los siete y doce años de edad, y en la actualidad se encuentran
cursado el segundo, tercero, cuarto y sexto grado. Son alumnos detectados y
canalizados como estudiantes con situaciones particulares, debido a que
presentan

problemáticas

escolares

como

son:

conducta,

aprendizaje

y

aprovechamiento escolar principalmente; a su vez se ha considerado.

METODOLOGÍA

Para realizar el presente trabajo se utilizó el tipo de metodología descriptiva la cual
consiste, en la caracterización, de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el
fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos se refiere.
Danhke (1989) señala que

“la investigación descriptiva es aquella que busca

especifica las propiedades, características y los perfiles importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”
Ya que en esta investigación se pretende identificar las características que
presentan los menores que presentan dificultades socio

conductuales en el

contexto familia- escuela.
TÉCNICAS
La entrevista, se trata de una situación cara a cara (Mayer y Ouellet, 1991;Taylor y
Bogdan, 1996), donde se da una conversación íntima de intercambio recíproco, en
164

�la cual el informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos y asume
la identidad de un miembro de su grupo social (Tremblay, 1968). En esta
interrelación, se reconstruye la realidad de un grupo y los entrevistados son
fuentes de información general, en donde hablan en nombre de gente distinta
proporcionando datos acerca de los procesos sociales y las convenciones
culturales (Schwartz y Jacobs, 1984).
El tipo de entrevista utilizado para recaudar información es la estructurada: para la
cual es necesaria una planificación previamente de las preguntas mediante un
guion preestablecido, secuenciado y dirigido. Se realizaron las siguientes
actividades:
 Revisión de la información recabada con anterioridad de la comunidad de
Sombrerete, y selección de aquella información de utilidad, esto para tener un
panorama general de la población estudio, recursos existentes, accesos, etc.
 Identificación de los alumnos con los que se trabajara durante proyecto de
intervención profesional, a través de una plática informal. (esta fue la primera
entrevista que tuve con ellos, en la cual se realizó la presentación dentro del
plantel educativo.) tres alumnos de 2°, tres alumnos de 3°, cuatro alumnos de
4°, y dos alumnos de 6°
 Elaboración de los instrumentos, de los alumnos y de los padres de familia,
para ello se realizó una investigación exhaustiva para lograr obtener los
instrumentos completos e ideales para la aplicación.

Se realizaron pláticas informales con los maestros (Felipe, Rafael, Ángeles,
Roberto) los cuales canalizaron a los menores con problemas socio-conductuales,
y atienden los grupos de 2°, 3°, 4° y 6°, y posteriormente se logró aplicar con ellos
una entrevista semi-estructurada y lograr una evaluación general de cada uno de
los grupos.
Mediante este proceso, se obtuvieron datos como que tipos de

problemas

presentan los menores, que acciones habían tomado ellos como maestros frente a
grupo para mediar la situación, cuál era la reacción de los padres de familia.
165

�Obteniendo resultados tales como que los maestros frente a las situaciones de
conflicto de los menores, aplican diferentes correctivos (no salir al receso, llamar a
los padres de familia, reuniones de carácter de urgencia, por mencionar.)

Así mismo se obtuvo información como que por parte de los padres de familia hay
poco compromiso, regularmente a la escuela asisten y cumplen siempre los
mismos padres, opinan que deberían ser estos quienes estén más involucrados en
los procesos educativos desde casa. Y reforzamiento del aprendizaje (revisión de
tareas, apoyo para realizar actividades extra escolares.) Con lo anterior, se pude
observar que existe la necesidad que se logre un trabajo colaborativo en pro-al
desarrollo integral del menor, atendiendo las necesidades que particularmente
presentan los casos.

En cuanto a la aplicación de los instrumentos, se les realizó a los 12 alumnos
canalizados con problemáticas socio-conductuales de la Esc. Prim. Estatal “Benito
Juárez García” de la comunidad de Sombrerete; para ello y una vez conocidas las
necesidades y particularidades como lo es el hecho que un 70% de alumnos no
lee y escribe adecuadamente o acorde a sus edades; se procedió a la aplicación
mediante platicas con cada uno.

A los padres de familia también se les aplicaron las guías de entrevista; en un
primer momento a 12 padres debido a la cercanía y factibilidad en la aplicación en
conjunto, surgiendo así las primeras visitas domiciliarias más profundas a las
familias. Posteriormente con el resto de los padres (aquellos que viven en el chijol,
Rancho los Ramos, Rancho los Muñoz) la aplicación se presentó en un segundo
momento, cuando éstos acudieron a la escuela, aprovechando espacios como
biblioteca y dirección.

166

�INSTRUMENTOS

Para la recabación de la información se realizó la aplicación de dos instrumentos.
Un cuestionario para alumnos que constó de un total de cuarenta y ocho
preguntas, de las cuales ocho fueron de opción abierta y cuarenta de multi
respuesta. El cuestionario número dos se empleó

a los padres y madres de

familia de los alumnos, dicho cuestionario estuvo estructurado por un total de
cincuenta y cuatro preguntas, dentro de las cuales cuatro fueron abiertas y
cincuenta de respuesta múltiple.

Ambos instrumentos aplicados contemplaron los siguientes rubros:


Datos generales del informante



Aspectos económicos



Aspectos educativos



Dinámica familiar



Relaciones afectivas



Relaciones interpersonales

A través de la implementación del instrumento lo que se pretender es descubrir
cómo es un fenómeno suscitado dentro de la dinámica familiar, para poder
entonces comparar semejanzas y diferencias que existen entre lo que indica una
de las partes y lo que señala la otra. Es por ello que dentro del instrumento,
existen algunas interrogantes que llevan correlación una con la otra, utilizadas
para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí, puesto
que las variaciones que sufre un factor corresponden con las que experimenta el
otro.

RESULTADOS
Las situaciones de vulnerabilidad escolar y familiar que presentan los alumnos de
la escuela canalizados con problemáticas escolares, son diversas y a su vez con
factores determinantes al cambio de familia-escuela, lo cual es sustentado dentro
167

�de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados a los padres y los
resueltos por los mismos menores; aunado a ello se encuentra el hecho de
pertenecer a una comunidad con marginación, en los ámbitos educativos,
productivos y de salud.

Los niños provenientes de familias desfavorecidas desde el punto de vista
económico, presentan dificultades en su desempeño escolar y en el desarrollo de
habilidades intelectuales. La participación y el involucramiento de los padres
afectan el logro y comportamiento del hijo en la escuela, mejoran sustancialmente
la autoestima y elevan las aspiraciones educativas de los hijos (Valdés, 2007).

Dentro de los resultados obtenidos se encuentra que un 60% de las familias indicó
que los recursos económicos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas
como alimentación, vivienda, educación, etc. Pues perciben un promedio semanal
de ingresos que oscila en los quinientos pesos, y ello varía de acuerdo a las
condiciones del tiempo.

Los datos indican que para los alumnos la mayor problemática escolar que
representan es la escritura con un 36.4%, un 27.3% exponen que es la lectura, por
otro lado un 18.2% de los alumnos tiene problemas con el razonamiento lógicomatemático y 9.1% manifiesta tener problemas de aprendizaje. Para los padres de
familia la principal dificultad que tiene su hijo (a) es la lectura expresado por un
60% de ellos, mientras que un 50% señala que el problema es el razonamiento
lógico-matemático, y un 10% comparten la idea que es la lectura y comprensión
de textos las dificultades escolares que manifiestan sus hijos.
Estos datos son de suma importancia, puesto que reflejan las problemáticas
escolares y el porcentaje de la incidencia, debido a que en todas las opciones
presentadas existe mención por ambas partes. En estos datos se puede aprecia
otro de los factores que influyen en las problemáticas escolares de las menores,
las cuales se deben al proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyo en casa, hábitos
168

�de estudio y al nivel de compromiso de los alumnos para desempeñar sus tareas
escolares.
Otro aspecto importante que revelan los datos obtenidos es que los alumnos
realizan actividades dentro del hogar, siendo de mayor impacto el hecho de que
solo colabora con actividades cotidianas, sino que también colabora con
actividades de trabajo más pesadas y que requieren mayor esfuerzo, como lo es ir
a trabajar en la milpa y traer leña para que cocinen los alimentos. Información
mencionada y corroborada también en el levantamiento de la información, puesto
que los menores manifiestan no tener tiempo para hacer tareas en casa, pues los
mandan a realizar tareas con sus padres.
El tema de la implementación de normas y reglas dentro del hogar, constituye un
impacto de manera positiva o negativa dentro de las aulas, aunque en este caso
se representa de forma negativa, debido a que en el 70% de los hogares, los
menores no son guiados y regidos bajo un sistema de normas y reglas, hecho que
reproducen en su vida cotidiana y que dan como resultado las faltas de respeto y
acato hacia los maestros (as) dentro de la escuela, factor causal de los problemas
socio conductuales que refieren los menores en el entorno escolar.
Los temas más comunes de conversaciones entre hijos (as) y padres, se generan
entorno a la educación del menos, es decir que los temas se centran en la escuela
principalmente, la conducta, las tareas y calificaciones, estos temas son de mucha
importancia que se fomenten en las relaciones, sin embargo es igualmente
importante que tanto padres como hijos (as) aprendan a dialogar sobre los demás
temas como los son intereses y expectativas del menor, fomentar valores, etc.
Debido a que ello con el paso del tiempo y a la constancia del dialogo genera un
ambiente de confianza, y aprenden a conocerse ambas partes.
El tema solicitado por los padres como de mayor importancia, es trabajar con los
menores la conducta y el aprovechamiento escolar, mientras que los alumnos
coinciden con los padres sobre conducta y posteriormente muestran tendencia
hacia la formación y educación en valores; es importante el hecho de que los
169

�alumnos manifiesten querer aprender hábitos de estudios para mejorar sus
trabajos escolares, y también necesitan temas y orientación en cuanto al
aprovechamiento escolar.
Al observar que tanto padres como menores requieren la intervención y
orientación en diversas temáticas, se trabajara una estrategia, para que se
abarquen e implemente dichos temas. Los datos anteriores arrojan las formas de
intervención y parte de las estrategias que se utilizaran para elaborar el proyecto,
garantizando la colaboración por parte de las personas involucradas, puesto sus
intereses personales son contemplados para la elaboración e implementación de
dicho proyecto.
CONCLUSIONES

En la familia es donde los niños aprenden las normas y principios básicos de la
convivencia humana, así como los valores morales que guiaran y darán significado
a sus vidas como personas adultas. Una comunicación frecuente y de calidad
entre padres e hijos ofrece a las últimas oportunidades para el aprendizaje de
valores y normas significativas especialmente si el intercambio es democrático.
(Valdés, 2007)
El contexto escolar, es el lugar idóneo para propiciar condiciones aptas para el
diseño, coordinación y aplicación de programas dirigidos a prevenir las conductas
de riesgo en menores. Puesto que en éste se puede detectar la aparición de estas
conductas y prevenir para evitar que se agraven o se incrementen.
Del mismo modo es necesario realizar intervención familiar, donde es posible
trabajar habilidades parentales que eviten los efectos de una educación
equivocada. Mejorar la comunicación familiar, la disciplina y establecer reglas
firmes y consistentes en el hogar son factores sobre los que también se puede
intervenir desde el ámbito escolar.

170

�De acuerdo a la información recabada con los instrumentos se pueden puntualizar
diversos aspectos relevantes para la comprensión y percepción de las
problemáticas escolares, hábitos y contextos familiares, e interpersonales de los
alumnos.
Existen elementos positivos e importantes de mostrar dentro de los cuales se
encuentra que el cien por ciento de alumnos y padres, están dispuestos a
colaborar en las sesiones que se desarrollaran dentro de la intervención, por lo
tanto se cuenta con el recurso humano necesario y solicitado para una
intervención profesional exitosa; anexo a la colaboración de padres, existe
también interés y disposición por parte de los maestros y director de la institución
motivo por el cual se prevé la factibilidad del proyecto.
Como puede observarse cuando en la familia hay problemas, el niño (a) los viven
y esto, necesariamente, influye en su conducta y en su rendimiento. En esto, los
niños (a) no son diferentes a los adultos y en ellos se puede agudizar porque la
familia es casi todo su universo, y si precisamente este se encuentra en
descontrol, el menor también se descontrola.
Sin embargo la mejor conclusión que puede proporcionarse, se establece que
cuando la familia demuestra interés por la educación de los hijos e hijas, el
rendimiento es más positivo pues hay una conexión casa-escuela que el niño
percibe y que llega a repercutir en su desempeño escolar.

REFERENCIAS
Ander Egg E. (1895). Qué es el trabajo Social. Buenoa Aires: Hvmanitas.
Angel, V. C. (2007). Familia y desarrollo. Manual Moderno.
Arco T J. L y Fernández C. A. Necesidades educativas especiales. Manual
devaluación e intervención psicológica. Mc. Graw Hill.
171

�Donini, A. (2005) Sexualidad y familia. Crisis y desafíos frente al siglo XXI. Ed.
Noveduc.
Eroles, C. (2001). Familia y Trabajo Social. Un enfoque clínico e interdisciplinario
de la intervención profesional. Buenos Aires: Espacio.
Lieberman, F. (1894). Trabajo Social, el niño y su familia. México: Pax-México.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
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familia. Editorial Universitaria de Panamá 2005. [Accesado el 22 de Agosto del
2013] para mayor información revisar http://www.denniscardoze.com/libros.htm
Gonzáles M. A, Fernandez H. J. R; Secades V. R. Menores en Riesgo.pdf.
recuperado el 10 de Julio de 2013 en la dirección:
http://www.meduca.gob.pa/04unad/DNEE/pages/Los%20problemas%20de%20con
ducta%20en%20la%20escuela,%20Manual%20para%20el%20doce.pdf
López Estrada Raúl Eduardo y Deslauriers Jean-Pierre. La entrevista cualitativa
como técnica para la investigación en Trabajo Social [Accesado el 8 de Julio del
20014] en http://www.margen.org/suscri/margen61/lopez.pdf
Merino A. Cecilia I., Namicela Graciela Trabajo social en el ámbito de la
educación. [Accesado el 11 de Julio del 2014] en la siguiente dirección electrónica
http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo-6Trabajo-Social-en-el-%C3%81mbito-de-la-Educaci%C3%B3n.pdf

Rubio J. F. Los Problemas de comportamiento en los alumnos (as) en el ámbito
educativo [Accesado el 12 de Julio del 2013] recuperado en la siguiente dirección
electrónica
http://www.csisif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/FRANCI
SCO_RUBIO_JURADO01.pdf

172

�EJE 2: GRUPOS VULNERABLES

173

�¿CUESTIÓN POLÍTICA, LEGAL O CULTURAL?
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, HECHO COTIDIANO QUE
REPRESENTA UN PROBLEMA PÚBLICO DESAFIANTE DE LA ACTIVIDAD
GUBERNAMENTAL.
María Eugenia Lobo Hinojosa1
Olga Lidia Martínez Chapa2
Nélida Davis Moncada3
Ana María Contreras Ramírez 4

RESUMEN

A pesar del notable incremento de la voluntad política de buscar salida y destinar
importantes recursos para conseguir la reducción de los niveles de violencia que
sufren las mujeres en México, esta sigue presentándose como un hecho cotidiano
en la convivencia diaria de nuestros municipios (Fosado, 2012), representando un
grave problema público que desafía la actividad gubernamental.

Es cierto que hoy en día la violencia contra las mujeres en sus diversas
manifestaciones, es objeto de atención preferente para el gobierno, pues
constituye uno de los mayores obstáculos para hacer real el compromiso que por
ley y por convicción social se ha contraído: hacer posible la plena igualdad de
mujeres y hombres (INMUJERES, 2008). Es cierto también que la concienciación
social sobre el fenómeno ha calado en prácticamente todo los ámbitos; ya nadie
1

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Monterrey,
México. marulobo@hotmail.com
2
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Monterrey,
México.olgal_mtz@yahoo.com.mx
3
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Monterrey,
México. nelidadavis@hotmail.com.
4
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Monterrey,
México.any_cr@hotmail.com

174

�duda en calificarla como un atentado contra los derechos humanos ante el cual
toda la sociedad debe movilizarse (Álvarez, 2008).
Pero entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué las diferentes investigaciones reflejan una
prevalencia de este tipo de violencia en el país? ¿Es un problema político, jurídico
o cultural? En este trabajo se deja en claro que, en el caso de México, la violencia
contra la mujer proviene de una desigualdad de género arraigada en la sociedad y
de un Estado que no ha respondido de manera efectiva al problema (Lobo et al,
2012). El fenómeno se aborda como complejo y multicausal, emanando de una
construcción cultural que ha tenido lugar a lo largo de la historia (Frapolli et al,
2003).

En un primer momento se hace referencia al contexto en el que este problema
sale del ámbito privado y forma parte de la agenda pública, abordándose los
diversos programas gubernamentales y las principales políticas a favor de las
mujeres que ha implementado el gobierno mexicano en las últimas cuatro
décadas. Posteriormente se presentan los principales resultados de una
investigación, los que dan cuenta de la prevalencia de la violencia de género.

ABSTRACT
Despite the remarkable increase of the political will to find a way and assign
important resources for achieving a reduction in the violence levels that are
suffered by women in Mexico, violence continues as a daily fact in the day-to-day
coexistence in our municipalities (Fosado, 2012). It represents a severe public
issue which challenges the governmental activity.

It is true that nowadays violence against women in its different manifestations is a
preferential object of attention for government because it constitutes one of the
greatest impediments to make real the compromise that, by law and social
conviction, has been diminished: making possible the complete equality between
175

�women and men (INMUJERES, 2008). It is also true that the social awareness
about the phenomenon has permeated in all fields and now no one doubts in
qualifying it as a crime against human rights at which the whole society must be
mobilized (Álvarez, 2008).

Palabras clave: Violencia de género, violencia doméstica, mujeres maltratadas.

INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres es una de las pandemias del siglo XXI y su
erradicación, uno de los principales retos de numerosos países y organizaciones
internacionales. Sin embargo, el fenómeno no es nuevo, ha permanecido oculto en
la esfera de lo privado, invisible para la sociedad, y silenciado por la mayoría de
las víctimas (Mora y Montes, 2009).

En este sentido, la violencia basada en el género es fruto de las relaciones
asimétricas de poder entre las mujeres y los hombres, manifestándose tanto en el
ámbito de la familia, como de la comunidad y el Estado en su conjunto. Es decir,
esta forma de violencia en sus diversas expresiones, afecta la vida de las
personas en todos los niveles socioeconómicos. Es un fenómeno muchas veces
justificado para proteger el orden patriarcal que desmotiva la participación de las
mujeres para intervenir en todos los ámbitos de la sociedad (CEPAL, 2006).

Hasta hace pocos años no se consideraba como un delito la violencia física o
psíquica dentro del entorno familiar o de pareja, sino como “asuntos privados”
(Frapolli et al, 2003). En México poco a poco ha dejado de percibirse como un
problema privado, para convertirse en un problema estructural, considerado como
social y de prioridad política (INEGI, 2006). La difusión de los hallazgos de
encuestas en relación a la violencia contra las mujeres, ha permitido dar sustento
a la demanda política esgrimida por el movimiento feminista, en el sentido de que
176

�el Estado debe intervenir en la prevención de esta forma de violencia, en tanto que
se trata de un verdadero problema social (Castro y Casique, 2008). Bajo este
enfoque, es relativamente reciente el reconocimiento del gobierno de que la
violencia de género es un asunto de política pública y que su incidencia tiene
importantes consecuencias en los ámbitos social y económico, lo cual ha llegado a
representar inclusive un problema de sobrevivencia para las mujeres y un serio
obstáculo para la consolidación de la democracia y el desarrollo (CEPAL, 2006).

Haciendo un balance sobre la situación actual en México en esta materia, un
estudio reciente de ONU Mujeres (2012) afirma que si bien la legislación mexicana
ha sido pionera en la región en materia legislativa en el tema --con ejemplos como
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) y la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007)--, la situación de
las mujeres no ha mejorado, pues enfrentan un contexto grave de violencia y de
violación de derechos humanos, en el que una de las principales problemáticas es
la alta tasa de feminicidios en diversas entidades.
En suma, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los flagelos más
graves que afectan a nuestra sociedad mexicana y es una clara violación a los
derechos humanos (CEAMEG, 2010), hecho confirmado a través de las diferentes
investigaciones realizadas a lo largo de la República Mexicana (Lobo et al, 2012).
En el Estado de Nuevo León, México y específicamente en el Área Metropolitana
de Monterrey, --región donde se realizó el estudio del cual emana este trabajo-- se
ha detectado, de acuerdo a investigaciones recientes --Instituto Municipal de la
Mujer de San Nicolás de los Garza, N.L. (2009); Instituto Municipal de la Mujer de
Apodaca, N.L. (2010); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF,
2011); Arthemisas por la Equidad (2012)--, que del año 2000 al año 2012 lejos de
disminuir se incrementó la violencia contra la mujer, registrándose además datos
de un dramático aumento de los feminicidios en un 689 % (Fosado, 2012).

177

�Lo anterior demuestra que, a pesar del notable incremento de la voluntad política
de buscar salida y destinar importantes recursos para conseguir la reducción de
los niveles de violencia que sufren las mujeres en México, esta sigue
presentándose como un hecho cotidiano en la convivencia diaria de nuestros
municipios (Fosado, 2012), representando un grave problema público que desafía
la actividad gubernamental.

Es cierto que hoy en día, la violencia contra las mujeres, en sus diversas
manifestaciones, es objeto de atención preferente para el gobierno, pues
constituye uno de los mayores obstáculos para hacer real el compromiso que por
ley y por convicción social se ha contraído: hacer posible la plena igualdad de
mujeres y hombres (INMUJERES, 2008). Es cierto también que la concienciación
social sobre el fenómeno ha calado en prácticamente todo los ámbitos; ya nadie
duda en calificarla como un atentado contra los derechos humanos ante el cual
toda la sociedad debe movilizarse (Álvarez, 2008). Pero entonces la pregunta
obligada sería ¿Qué pasa? ¿Por qué las diferentes investigaciones reflejan una
prevalencia de este tipo de violencia en el país? ¿Es un problema político, jurídico
o cultural?
Definitivamente, en el caso de México, la violencia contra la mujer proviene de una
desigualdad de género arraigada en la sociedad y de un Estado que no ha
respondido de manera efectiva al problema (Lobo et al, 2012). En este trabajo el
fenómeno se aborda como complejo y multicausal, emanando de una construcción
cultural que ha tenido lugar a lo largo de la historia (Frapolli et al, 2003) y, se deja
en claro que si bien la conformación de un marco jurídico adecuado es
indispensable, por sí mismo no resuelve el problema si a la par no se diseñan y se
ponen en marcha proyectos sociales y acciones preventivas, que a través de la
educación promuevan en la sociedad mexicana la cultura del respeto a la dignidad
de hombres y mujeres, en fin de toda la población.

178

�MARCO REFERENCIAL

El objetivo de esta sección del documento es establecer una base teórica a través
de responder preguntas detonantes y estructurales enfocadas a analizar mejor el
tema central de estudio.

En primera instancia se responde -¿Qué se entiende por violencia contra la mujer?
Lo que permite realizar un encuadre general de la problemática y mencionar los
tipos de violencia aceptados por la ley actual. Enseguida se explica ¿Cómo pasa
de cuestión privada a problema social?, puntualizándose las consecuencias de
haber sido concebida como problema privado por mucho tiempo y como se
entiende actualmente como problema público. Posteriormente se responde a la
pregunta de ¿Qué ha hecho el gobierno de México en las últimas cuatro décadas
en beneficio de las mujeres?, presentándose una breve reseña de los programas y
leyes, reconociendo que paulatinamente el discurso se ha ido ajustando a la visión
y normativa internacional, al considerar a la violencia de género como una
construcción social compleja y multifactorial que atenta contra los derechos
humanos.

Las últimas preguntas se enfocan a contestar si ¿Son suficientes los avances para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en el país? y ¿Cuál es
el panorama actual en un Municipio del área Metropolitana de Monterrey? Lo que
sirve para

–en forma de muestreo-- demostrar que el problema sigue latente

pues, no obstante todos los esfuerzos del gobierno en el tema que nos ocupa,
éste sigue representando un gran desafío. Finalmente se presentan los resultados
básicos de una investigación, retomándose sólo los aspectos enfocados a este
trabajo.

179

�I. ¿Qué entendemos por violencia contra la mujer? Conceptualización
general de la problemática.

La violencia que se ejerce contra las mujeres, desde una perspectiva de género,
es un problema social de gran complejidad, multicausal y multidimensional que
incluye cualquier agresión sufrida por la mujer, como consecuencia de las
prácticas, usos y costumbres socioculturales que determinan el actuar de hombres
y mujeres, de acuerdo a roles y estereotipos asignados en razón del sexo al que
pertenecen, lo que redunda en la forma y en los ámbitos en que se relacionan los
integrantes de una sociedad, y que por sus causas y sus consecuencias merece
ser atendido en forma particular, eficaz y eficiente (Pérez, 2008).

La “Convención de Belém do Pará”5, suscrita por la Organización de Estados
Americanos (OEA) en 19946, afirma en su artículo primero que “…debe
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer tanto en el ámbito público como privado” (OEA, 1994:1). En México, esta
misma definición es retomada por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (promulgada en el año 2007), añadiendo el daño
patrimonial y económico (INMUJERES, 2008).

Específicamente la violencia familiar y en particular la violencia de pareja, es parte
de lo que se denomina más ampliamente violencia de género, pues representa un
ejercicio de poder y control que se ejerce contra la mujer por la condición misma
de ser mujer, cuando simboliza plenamente el rol social establecido de debilidad,
desventaja, sometimiento y pasividad (Fernández, 2004). Este tipo de violencia se
dirige a mantener a la mujer en posición jerárquica inferior en los ámbitos

5
6

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Ratificada en México en 1998 y publicada en 1999 en el Diario Oficial.

180

�doméstico y social. Igualmente, considera que la unión conyugal es un vínculo
primario situado en un orden social de asimetría o jerarquía de género y que la
violencia contra las mujeres no es un problema de conducta individual, sino el
resultado del desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Tal escenario
desigual hace que ambos actúen conforme a las prácticas dominantes en un
tiempo y espacio determinados, presentándose la violencia en todos los estratos
socioeconómicos, sólo varían su prevalencia y formas de expresión (Castro,
2006).

2. La violencia contra la mujer en México ¿Cómo pasa de cuestión privada a
problema social?
A pesar de que la violencia de género no es en absoluto un fenómeno nuevo, su
reconocimiento, su visibilización y por lo tanto, el paso de ser considerada de una
cuestión privada a un problema social --como ya se puntualizó en la introducción
de este trabajo--, si es relativamente reciente debido a la propia cuestión cultural
(Bosch y Ferrer, 2001).

2.1.

Consecuencias de haber sido concebida como problema privado.

En este sentido, la concepción de la violencia doméstica como fenómeno privado
propició que durante muchos siglos se considerara, primero como un “derecho” del
marido y después como un “suceso infortunado” que sucedía en algunos hogares,
pero que al ser parte de la vida privada de las parejas, no había que intervenir
(Bosch y Ferrer, 2001). Diversos autores (Bosch y Ferrer, 2001; Frapolli et al,
2003; Agoff et al, 2006) coinciden en señalar que precisamente uno de los
principales factores que subyacen al hecho de que las víctimas, aún en los
tiempos actuales,

no denuncien y de que éste continúe siendo un problema

“oculto” cuyas cifras reales son casi imposibles de conocer, es precisamente la
consideración de la “supuesta privacidad” de la violencia doméstica.

181

�En México, al igual que en muchos países, la violencia como un asunto normal en
la pareja, tiene que ver con el hecho de que la mujer se apropia y adopta como
habitual las normas sociales, como la infidelidad por parte de su esposo, la
dependencia hacia él, la crítica hacia su forma de vestirse…(Agoff et al, 2006). La
mujer maltratada busca, en muchos casos,

justificar la actuación violenta

adjudicándola a situaciones externas a su pareja, con argumentos tales como que
la pareja es alcohólica o que tuvo quizá una infancia difícil …, ella misma tiende a
sentirse responsable de ser violentada, sin darse cuenta de que son precisamente
las normas sociales aprendidas las que de forma directa contribuyen a ver como
normal esta serie de situaciones violentas (Dohmen, 1994; Toledo, 2009).

De esta manera, la percepción histórica de la violencia de género ha sido uno de
los principales obstáculos para avanzar adecuadamente en la generación y
aplicación de políticas públicas tendientes a superar ese fenómeno, pues el
entorno social de las mujeres favorece la reproducción de las normas sociales,
que pautan la relación entre los géneros en los que la violencia encuentra
justificación (Fernández, 2008).

2.2.

Concepción como problema público y hecho político enfocado
como asunto multisectorial e integral: de derechos humanos, de
seguridad ciudadana y de salud pública.

Es innegable que en los últimos tiempos se ha producido un proceso de toma de
conciencia social sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el
obstáculo mayúsculo que ésta supone para la convivencia democrática entre
hombres y mujeres (Díaz, 2009).

Definitivamente el enfoque de la problemática ha cambiado. A saber, si desde su
análisis como problema individual se percibe esta violencia como consecuencia de
alguna situación o circunstancia particular --situación socioeconómica, patología
182

�del agresor, etc.--, desde su visión como problema público con graves
consecuencias sociales, se entiende que la violencia contra las mujeres tiene su
origen último en unas relaciones sociales basadas en la desigualdad, en un
contrato social entre hombre y mujer que implica la presión de un género por parte
del otro (Bosch y Ferrer, 2001). Bajo este nuevo enfoque, son imprescindibles
actuaciones a nivel social que impliquen un nuevo contrato social, no sólo con
nuevas modalidades legislativas, sino con modificaciones en las políticas públicas,
en los programas educativos, etc. para afrontar el problema y superar sus
consecuencias.

Esta diferente manera de observar la problemática, ha logrado que en México se
ponga en la mesa del diálogo el tema de la violencia de género. Lo que hasta hace
poco tiempo estaba “oculto” en cuatro paredes, ahora es asunto de derechos
humanos, de salud y de seguridad pública, así como de procuración y de
administración de justicia, donde deben intervenir las instituciones (Vargas, 2007).

¿Cómo se ha logrado este cambio de enfoque? Ha sido un proceso muy difícil
colocar el problema como algo prioritario en la agenda pública. Se han tenido
avances gracias al gran esfuerzo de los movimientos feministas (Vargas, 2007).
En este hecho tan relevante ha sido esencial su reconocimiento por parte de los
organismos públicos, y entre ellos por la ONU, que en 1993 aprobó la “Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, primer instrumento
internacional de derechos humanos dedicado exclusivamente a este tema y en
1995 auspició la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que se adoptan
la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción que dedica toda una sección a
la violencia contra la mujer, considerando que su eliminación es esencial para la
igualdad, el desarrollo y la paz (Torres, 2004).
La “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” dio inició a un
proceso creciente de “visibilización” de las diferentes formas de violencia contra
las mujeres, especialmente la violencia doméstica (Vargas, 2007). Poco a poco, al
183

�volverse “visible”, se volvió también un hecho político, develando sus mecanismos
en lo público y lo privado, y se diferenció como violencia física, sexual,
psicológica…., evidenciándose su complejidad y consecuencias dramáticas, lo
que llevó a varios países, entre ellos México, a una adecuación importante del
marco jurídico hasta entonces vigente (Álvarez, 2008).
De esta manera, la violencia contra las mujeres concebida como expresión de las
relaciones desiguales de poder entre géneros, que impacta en todas las
estructuras de una sociedad y que debe ser visualizada como asunto multisectorial
e integral: de derechos humanos, de seguridad ciudadana y de salud pública, ha
sido el gran aporte del feminismo en el siglo XX. Como ya se especificó, el
proceso no ha sido fácil, debido a que estaba tan incrustada en las prácticas
culturales que no podía distinguirse en el entramado social (Vargas, 2007). En
todo esto, la responsabilidad del Estado es fundamental, como lo es también, la
responsabilidad de las sociedades civiles y sus movimientos de mujeres y
hombres.

3. ¿Qué ha hecho el gobierno de México en las últimas cuatro décadas?
Breve reseña.

Es indudable que hacer valer los derechos de las mujeres es una tarea del
gobierno que debe buscar impulsar la igualdad de género, a través de las diversas
dependencias y entidades de la administración pública (Díaz, 2009). En el caso de
México, la violencia contra la mujer proviene de una desigualdad de género
sumamente arraigada en la sociedad y de un Estado que no ha podido responder
de manera efectiva al problema (Lobo et al, 2012).

Para entender lo expresado, se considera importante realizar en este apartado
una breve reseña que proporcione un panorama general de lo hecho por el
gobierno mexicano en beneficio de las mujeres en las últimas décadas.

184

�Durante los años setenta en el ámbito federal comenzaron a realizarse programas
gubernamentales dirigidos a las mujeres; sin embargo, si bien estaban
comprendidas en el rubro de políticas sociales

tenían un carácter totalmente

asistencial (Gómez et al, 2006).

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) fue creado en 1974, estableciendo
en 1980 el primer programa con miras a desarrollar e integrar la visión de género
entre las políticas gubernamentales, titulado “Programa Nacional de Integración de
la Mujer al Desarrollo” (PRONAM) (Pérez, 2008). Sin embargo, por falta de
presupuesto y claridad en sus objetivos, quedó como un documento más sin ser
instrumentado. Sólo se mantuvo un Centro de Documentación e Información para
la Mujer (Díaz, 2009).

Durante el gobierno del Presidente de la República Miguel de la Madrid (19821988), se formuló una nueva versión del PRONAM, reiterándose la necesidad de
integrar a la mujer en pie de igualdad con el varón en los ámbitos económico,
político, social y cultural. En 1985 se creó la Comisión Coordinadora para la III
Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Nairobi (Pérez, 2008). Ya al final del
sexenio presidencial, en 1988 se empiezan a atender las demandas sociales a
través de programas de ataque a la pobreza, surgiendo de ello el Programa
Nacional de Solidaridad (PRONASOL) (Díaz, 2009). Las acciones que se
realizaban a través del Programa de Integración de la Mujer al Desarrollo, se
incorporan a las del PRONASOL, el cual consideró que las mujeres en
condiciones de pobreza extrema requerían de un apoyo integral en materia de
educación y salud para poder desarrollar actividades productivas o incorporarse a
un empleo remunerado, así el programa consideró a la mujer como un sujeto
social, permitiendo la mejora de la calidad de vida de su familia (Lang, 2003;
Kusnir, 1997).

185

�Lo anterior, permite aseverar que durante los sexenios mexicanos comprendidos
de 1970 a 1988, los diversos programas gubernamentales dirigidos hacia la mujer
fueron esencialmente de carácter asistencial, algunos orientados a proyectos
productivos incentivando su incorporación al desarrollo y de alguna manera
tendían a tratar de mejorar la violencia estructural que se ejercía hacia la mujer
(Díaz, 2009). Bajo estos parámetros, la denuncia de la violación sexual y la
demanda de grupos feministas de brindar una mayor atención por parte del Estado
sobre este problema, propició que se creara: el Centro de Orientación y Apoyo a
Personas Violadas (COAPEVI), de la primera Agencia Especializada del Ministerio
Público en Delitos Sexuales, en 1989; el Centro de Atención Integral a la Víctima
de Violencia Intrafamiliar, en 1990; y, el Centro de Terapia de Apoyo a las
Víctimas de Delitos Sexuales en 1991, todos en la Ciudad de México (Lang, 2003).
Puesta la mira en el tema de la violación sexual y ahora con apoyo estatal, las
diversas organizaciones feministas esgrimieron el tema de la violencia doméstica,
poniendo especial énfasis en la mujer agredida y sus necesidades. En este
sentido, fueron precisamente grupos de mujeres quienes iniciaron el análisis de
los códigos penales y formularon propuestas como el incremento de la penalidad y
ampliación del concepto de violación, modificándose con ello el código penal en
1990 (Torres, 2004). Para fines de la participación de México en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer se crea, en 1993, el Comité Nacional Coordinador. Como
resultado de los compromisos que adquirió el país en esta última conferencia se
establece el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, que quedaría a cargo de
la Secretaría de Gobernación y que presenta un diagnóstico nacional sobre la
situación de la población femenina, considerando entre sus rubros fundamentales
el de la violencia contra la mujer (Pérez, 2008). Todo lo anterior derivó en la
aprobación en 1996 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia
Intrafamiliar con carácter administrativo, pues en ella se identificaban las
responsabilidades de dependencias y entidades de la administración pública, sin
embargo, algo muy importante de mencionar, es que no incluía disposiciones
penales con las cuales castigar al agresor (Castro, 2006).
186

�En los tres sexenios presidenciales posteriores se realizaron acciones de gran
importancia en el tema que nos ocupa. Con Ernesto Zedillo en la presidencia,
surge el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000 (Lang,
2003). Durante el sexenio del Presidente Vicente Fox (2000-2006) se crea el
Instituto Nacional de las Mujeres –iniciando funciones el 8 de marzo del 2001--,
estableciéndose los Consejos Estatales sobre Violencia Familiar, que buscan
prevenir conductas de violencia dentro del hogar, así como sensibilizar a la
población sobre las consecuencias que el maltrato puede tener para las víctimas y
los agresores, y también capacitar a los funcionarios públicos para que brinden
una atención profesional a las mujeres golpeadas. En este mismo sexenio se
emitió el Programa Nacional por una Vida Sin Violencia, que forma parte del
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres. Bajo estos parámetros, se planteó un acuerdo para coordinar las
acciones de prevención y atención de la violencia familiar y hacia las mujeres, con
el propósito de impulsar la creación de un sistema nacional de prevención,
detección, atención, información y evaluación de la violencia familiar y contra las
mujeres en México (Fonseca, 2008).

Posteriormente --y como un hecho realmente trascendental--, en febrero del año
2007 durante el mandato del Presidente de la República Felipe Calderón (20072012) fue emitida y publicada la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia”, la cual está compuesta por 3 títulos, 5 capítulos y 59
artículos. Esta importante ley establece claramente en su artículo 1° que:
“…tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las
entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar conforme con los principios de
igualdad y de no discriminación…” (INMUJERES, 2008:48).

187

�Para efectos del presente análisis, es pertinente mencionar también las
disposiciones del artículo 2° de la ley, relativo a que:
“…la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomaran las
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar
el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con
los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las
mujeres, ratificados por el Estado Mexicano… (CEAMEG, 2010:114).

Además, en la misma ley se señalan los tipos y las modalidades de violencia,
enmarcando los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida
libre de violencia, a saber: La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el
respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación; y, la libertad de
las mujeres (CEAMEG, 2010). Para garantizar su cumplimiento se formuló el
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012
(PROIGUALDAD) enfocado a institucionalizar una política transversal con
perspectiva de género (Díaz, 2009).

Actualmente, todos los Estados de la República Mexicana trabajan sobre el
particular. Como muestra de esto, recientemente --en mayo de 2013--, aprobó el
Congreso del Estado tipificar como delito el feminicidio en Nuevo León al reformar
el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (H. Congreso del Estado de Nuevo
León, 2013).

Con esta breve reseña de lo hecho por el gobierno mexicano en beneficio de las
mujeres en las últimas décadas, se demuestra que poco a poco el discurso se ha
ido ajustando a la visión y normativa internacional, al considerar a la violencia
contra las mujeres como una construcción social compleja y multifactorial que
188

�atenta contra sus derechos humanos. Precisamente la ya mencionada “Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” plantea un
cambio radical en relación con el enfoque que se le había dado al problema
(Pérez, 2008).

4. ¿Son entonces suficientes los avances para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer en el país?

No obstante todos los esfuerzos del gobierno mexicano, es importante aclarar que
la violencia contra la mujer en sus diferentes expresiones sigue representando un
gran desafío, pues no es suficiente con que el país esté bien equipado jurídica e
institucionalmente para atender y proteger a las mujeres, es prioritario también
trabajar en el ámbito de la prevención y luchar contra la burocracia y la corrupción,
en una lucha sin tregua en la que persisten múltiples problemas y tareas
pendientes (Lobo et al, 2012).

Existen evidencias fehacientes de que los esfuerzos de nuestro país en aminorar
la

problemática estudiada, no son suficientes. En el ámbito internacional, la

Dirección Regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer,
aseveró en el año 2010 que México ocupaba el primer lugar dentro del ranking
mundial de muertes violentas de mujeres en países que no están en situación de
guerra, basándose en la valoración que el Centro Reina Sofía, realizó en 135
países (Güezmes, 2010); y más recientemente, en mayo del 2012, la Directora
del Instituto de Medicina Legal de La Habana Cuba, aseguró que México se
encuentra entre los tres países de América Latina donde se registra mayor
incidencia en la agresión hacia las mujeres (Santos, 2012).

189

�Definitivamente, los avances para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer no se reflejan en nuestra realidad como se quisiera, y esto se debe
entre otros factores a que:
Existe una escasez de recursos para la implementación de programas y
proyectos; insuficientes espacios especializados en la atención a
víctimas de violencia… resistencia a la sensibilización en género y a la
problemática de violencia… por parte de algunos servidores públicos
dedicados a la procuración e impartición de justicia; cultura incipiente de
denuncia de los delitos de violencia… y falta de información sobre el
problema, desagregada por sexo (Pérez, 2008: 1041).

5. ¿Cuál es el panorama de la violencia hacia la mujer en San Nicolás de los
Garza, Nuevo León? Resultados de una investigación.

En este apartado se presenta un resumen de los hallazgos básicos de un estudio
realizado en 19 colonias del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
La muestra se conformó con 1320 mujeres mayores de 15 años, distribuidas por
rangos de edad.

La investigación abarcó una gran cantidad de variables enfocadas a conocer la
prevalencia e implicaciones de la violencia contra la mujer en el municipio
estudiado. Sin embargo, para realizar este documento y tomando en cuenta los
objetivos del mismo, se retomó solamente la información que los resultados
arrojaron sobre cuatro preguntas importantes que fueron contestas por la
población femenina víctima de maltrato que fue entrevistada.

-¿Cuáles son los tipos de violencia que han ejercido contra ella?
-¿Cuáles cree que son las principales causas de su maltrato?
-¿Conoce sus derechos y las leyes que la protegen?
190

�-¿Qué opinan de la “Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia” las
mujeres maltratadas que manifestaron conocerla?

De acuerdo a lo anterior, se presentan los resultados:

-¿Cuáles son los tipos de violencia que manifestaron haber sufrido las
mujeres entrevistadas?
Tomando como base la Ley actual mexicana, la violencia de género incluye
diversos tipos de maltrato, a saber: psicológico, físico, sexual, económico o
patrimonial. En este particular se cuestionó a las mujeres el tipo de maltrato
experimentado. Los resultados fueron los siguientes: maltrato físico 66.4%;
maltrato psicológico 56%; maltrato económico 10.5%; maltrato patrimonial 8.2% y
maltrato sexual 2.6%.

Definitivamente estos resultados indican que aún con todos los adelantos en la
legislación mexicana y con todos los programas gubernamentales implementados
en beneficio de la mujer, se continúan manifestando fuertes rasgos que tienden a
recordar la tan mencionada desigualdad entre la población masculina y femenina.
Un dato interesante de resaltar es el hecho de que el 63.8% de la población
entrevistada refirió que el maltrato ha sido recurrente durante años y que ha sido
ejercido por la pareja actual. Esto demuestra que la violencia en todas sus
expresiones sigue siendo utilizada por el hombre para ejercer su poder en las
relaciones que tiene con las mujeres, con el objeto de preservar sus privilegios en
un mundo basado en la división sexual (Montesinos, 2002).

-¿Cuáles son las causas del maltrato, según las propias mujeres
violentadas?

Como parte importante de la investigación, se cuestionó a las mujeres sobre
cuáles consideraban eran las causas de su maltrato, pues importaba conocer si lo
191

�perciben como un problema individual o como relaciones sociales basadas en la
desigualdad. Las tres principales causas manifestadas fueron: la “forma de ser”
del mexicano (cultura machista), con un 54.7%; las adicciones, con un 49.5%; y,
los celos con un 47.4%. Estos resultados demuestran, en concordancia con la
ENVIM (2003), que la mujer maltratada suele justificar la violencia que sufre
adjudicándola a situaciones externas a su pareja, y ella misma tiende a
responsabilizarse de ser violentada, dejando a un lado el hecho de que las normas
sociales aprendidas son las que contribuyen de manera directa a ver como normal
esta serie de situaciones violentas, tal y como lo puntualiza Toledo (2009).

-¿Conoce sus derechos y las leyes que la defienden la mujer maltratada?

Si bien, como ya se dejó en claro al principio del marco referencial de este
documento,

en la última década se han establecido leyes para eliminar la

violencia contra las mujeres, para garantizar la igualdad sustantiva y para prevenir
la discriminación, la desigualdad y la violencia continúan. Por ello, se consideró de
suma importancia indagar si las mujeres violentadas conocen sus derechos y la
Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que establece los
lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado interviene en
todos los niveles de gobierno para garantizar y proteger los derechos de las
mujeres a una vida libre de violencia (INMUJERES, 2008). Los resultados
revelaron lo siguiente: el 69.5% de la población femenina entrevistada no ha
escuchado hablar de ella, ni conoce sus derechos; el 29.5% manifestó si
conocerla.
-¿Qué opinan de la “Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia”
las mujeres maltratadas que manifestaron conocerla?
Los resultados arrojaron que casi un 30% SI conoce la ley, pero… ¿qué opinan
sobre su aplicación? en una gran mayoría (95%) manifestaron que no era fácil
192

�aplicarla en el país, por la forma de pensar de los mexicanos, o simplemente que
“no creían que se aplicara”. De lo anterior se puede deducir que si bien en el
ámbito federal general y en las entidades federativas se han realizado logros
considerables en la creación de leyes que protegen a las mujeres, la aplicación de
éstas aún no es una realidad en nuestro país. De acuerdo con esto, Díaz
(2009:12) manifiesta que “los perpetradores de violencia hacia la mujer en su
mayoría no son castigados, no sólo por el temor a denunciar, sino porque
prevalecen actitudes discriminatorias por parte de servidores públicos y
autoridades gubernamentales que no permiten ejercer la justicia”. El estigma que
rodea la violencia de género hace que muchas de las personas afectadas no se
atrevan a buscar ayuda o no sepan cómo hacerlo, aún con los adelantos en
materia legislativa, sobre todo si la población beneficiada no conoce esos
adelantos o no tiene idea de cómo hacerlos valer en su caso particular. A este
respecto Buvinic et al expresan que:
Existen hechos violentos como la violación y la violencia doméstica que
rara vez son denunciados, incluso si son reconocidos por el sistema legal
como crímenes. La falta de denuncia se debe, en parte, a la falta de
capacidad real o percibida por la población de las autoridades competentes
para combatir el comportamiento violento y dar protección a la víctima
contra futuras represalias por parte de los agresores (Buvinic et al, 2005:
327).

CONCLUSIONES
Si bien en los últimos años, la lucha contra la violencia hacia la población
femenina en México ha sido intensa y ha dado frutos --se ha logrado un conjunto
de cambios, leyes, programas y reconocimientos nacionales y globales--, este
recorrido en legislación y normatividad no ha logrado impactar sustantivamente en
la disminución de la violencia contra las mujeres, ni en sus causas ni en sus
expresiones.
193

�De acuerdo al análisis de los datos de estudio --y no obstante todos los esfuerzos
del gobierno--, es innegable que el problema de la violencia contra la mujer sigue
latente y continua representando un enorme reto, pues no basta con que el país
esté bien equipado legal e institucionalmente para atender y proteger a las
mujeres, también se debe luchar contra la cultura arraigada del mexicano, la falta
de educación e información, así como con la burocracia y la corrupción.

Definitivamente las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la
discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que la
perpetúan. Dados los efectos devastadores que la violencia tiene, los esfuerzos en
nuestro país se han concentrado principalmente en las leyes, ayudas y servicios
para las mujeres maltratadas. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la
violencia de género es prevenirla, tratando sus orígenes y causas estructurales.

De esta forma, para adoptar una política integral y efectiva contra este tipo de
violencia es necesario considerar que, a quienes corresponde trabajar en los
diferentes niveles del Estado y a toda la sociedad, se les sensibilice sobre la
necesidad de modificar y excluir las prácticas y criterios inequitativos, lo cual se
puede lograr de forma eficaz y eficiente a través de dos importantes mecanismos:
el legislativo y el educativo. Como se mostró a lo largo de este documento, en el
primero se han tenido avances significativos, pero las evidencias de los diferentes
estudios de investigación de los últimos años, demuestran la prevalencia del
problema, lo que constata que la mayoría de la población, sobre todo la femenina,
sigue sin conocer y comprender la magnitud de las causas y consecuencias de
este tipo de violencia., es decir se ha descuidado la parte educativa y de
prevención. En este particular, el trabajo con niños y jóvenes es una buena opción
para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y
erradicación de la violencia de género. Aunque las políticas públicas y las
intervenciones suelen pasar por alto esta etapa de la vida, se trata de una época
194

�crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de
género.
Como corolario final se considera necesario puntualizar que si bien la cuestión
legal no debe descuidarse, y es de aplaudirse los logros que sobre el particular se
tienen en México, es sumamente importante apostarle a lograr un cambio
estructural enfocado a un cambio de mentalidad de todos los actores sociales. A
saber, de los hombres, de las propias mujeres, de los servidores públicos que
tienen la obligación de aplicar la ley, de quien establece y pone en práctica las
políticas públicas y, en general de toda la sociedad…, lo que aún dista mucho en
lograrse. Un problema tan arraigado y complejo sólo puede combatirse con alto
grado de eficiencia con un programa integral que lo ataque eficazmente desde sus
diversos flancos.
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200

�ESTADO DE BIENESTAR Y BIENESTAR SUBJETIVO EN LA VEJEZ.
PERCEPCIONES Y SIGNIFICADOS DESDE LAS PERSONAS MAYORES
Liliana Vázquez García7
Francisco Javier Burgos Gutiérrez8
María Concepción Arroyo Rueda9
Andrea Blanco Vargas10
Luis Enrique Soto Alanís11
Lorena Fabiola Martínez Zertuche

RESUMEN:
Las políticas de apoyo a las personas mayores que conforman el llamado Estado
de Bienestar para el envejecimiento y la vejez surgen en la mayoría de los países
latinoamericanos en los inicios de la década del año 2000. Si bien dichas políticas
han tenido importantes avances, éstos no son suficientes. El presente trabajo
muestra a partir de resultados de investigación la percepción de personas
mayores de contextos urbanos y rurales de Durango acerca de la política pública y
social y su relación con el bienestar subjetivo. De igual forma, se muestran otras
dimensiones como la familia y la solidaridad intergeneracional como fuentes de
bienestar. Los relatos de las personas mayores, analizados desde un enfoque
cualitativo, reflejan que existe ambivalencia hacia los programas y apoyos que
otorga el Estado a las personas mayores, es decir, se expresan opiniones tanto de
satisfacción como de insatisfacción. Así mismo, los resultados también permiten
identificar que la solidaridad familiar y el afecto de los miembros que conforman su
red cercana, siguen siendo los principales elementos de bienestar subjetivo,
7

Email: Lilianita_vazquez@hotmail.com
Email: fjbg_16@hotmail.com
9
Email: aguaconflores@hotmail.com
10
Email: derazma-371@hotmail.com
11
Email: luisoto66@yahoo.com.mx
8

201

�aunque surgen diferencias entre los participantes de contextos urbanos y rurales.
La solidaridad familiar se refleja en el apoyo emocional que se provee a las
personas mayores, siendo las mujeres quienes lo reciben en mayor proporción y
también son las mujeres de la familia quienes lo otorgan con mayor frecuencia.
Esta dimensión afectiva es la que más peso tiene en el bienestar subjetivo de las y
los participantes. De igual forma, existen relatos de malestar subjetivo, originado
tanto por la falta de respuesta adecuada por parte del Estado, como de la familia,
lo cual nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer y/o transformar las
acciones a favor de un envejecimiento y una vejez más satisfactorios.

Palabras clave: bienestar subjetivo, personas mayores, políticas de vejez, Estado
de Bienestar.

INTRODUCCIÓN
El siglo XXI inicia con una serie de transformaciones y nuevas visiones acerca de
la realidad social y de los que actuamos en ella. Una de estas realidades es la del
envejecimiento demográfico y el proceso de envejecer. Como fenómeno social y
como experiencia individual, el envejecer implica tomar en cuenta las condiciones
de vida en las que están inmersas las personas mayores, los contextos, sus
historias, así como la participación del Estado en tanto entidad que garantiza los
derechos y el bienestar de los individuos, aún y cuando las personas mayores son
las que en menor medida ejercen sus derechos sociales y tienen menos peso para
poner de manifiesto sus necesidades en la agenda pública (Ludi, 2005).
Como vemos, el envejecimiento y la vejez no se puede concebir sólo como la
disminución de las capacidades, el incremento de la edad y de la enfermedad,
sino que está matizada por dimensiones sociales, económicas, culturales,
familiares, y además por las políticas públicas y sociales. Todo ello junto, configura
ideas, sentimientos, percepciones, valores, creencias en la persona mayor,
generando bienestar o malestar, satisfacción e insatisfacción.

202

�En este trabajo nos enfocamos especialmente a analizar las percepciones que
tienen las personas mayores acerca del bienestar que les ofrece el Estado de
Bienestar, sus programas, sus acciones en distintos contextos urbanos y rurales
de Durango, México. Se trata de mostrar cómo se vive el Bienestar que proviene
del Estado y cómo se vive el bienestar que proviene de otras dimensiones como la
familia y el entorno social más cercano a las personas mayores. Intentamos
entender y compartir las contradicciones que estos actores generan en el sentir de
los participantes.


El Estado de Bienestar y las políticas de vejez

Actualmente, el llamado Estado de Bienestar se ha venido debilitando para
resolver las necesidades de los ciudadanos. Las políticas que implementa no
siempre tienen el impacto requerido ni resuelven del todo las demandas para las
que se crearon. Por lo que respecta a una política de vejez, Huenchuan (2003)
plantea que son aquellas acciones organizadas del Estado, frente a las
consecuencias sociales, económicas y políticas del envejecimiento poblacional e
individual. La política social, a diferencia de la política pública surge para cubrir los
huecos que la política pública (traducida en seguridad social) tiene. Es entonces el
Estado el principal responsable para mediar e implementar medidas para la
protección de los derechos de los más pobres y vulnerables, entre ellos las
personas mayores (Utoff &amp; Tokman, 2006).
La política pública más importante en todos los países es la seguridad
social, la cual es una herramienta mediante la cual los individuos aseguran el
derecho fundamental a la salud, al trabajo, a la vivienda y a una vejez digna
(González, 2007). En nuestro país el contar con una pensión puede representar la
diferencia para vivir con cierta satisfacción de necesidades básicas y de
autonomía personal.
Es la trayectoria laboral de los individuos, la que ofrece el derecho a la
seguridad social en la vejez, esto es, tener acceso a una pensión y derecho a la
203

�salud, siempre y cuando el número de cotizaciones haya sido suficiente 12. Los
sistemas de pensiones y jubilaciones serán entonces la estrategia más adecuada
para que los adultos mayores hagan frente a sus necesidades económicas y
tengan una vejez digna (González, 2007; Huenchuan, 2009). No obstante, existen
otro tipo de acciones, en el marco de acuerdos internacionales que los Estados
implementan a favor de las personas mayores en general, y en particular de
aquellas que no tuvieron acceso a la seguridad social como son los apoyos
alimentarios, apoyos económicos, el seguro popular como los más importantes 13.
En México, se encuentran diversos programas sociales para beneficiar a los
adultos mayores, los cuales implican apoyos económico, alimentario, y facilitar el
acceso a los servicios de salud en clínicas y hospitales públicos de la Secretaria
de Salud, como por ejemplo el programa 70 y más, el programa de pensión
alimentaria, y otros implementados desde el Instituto Nacional para las Personas
Mayores (INAPAM, 2010). Ello sin de dejar de lado que la asistencia formal,
representada por las organizaciones, es imprescindible en la búsqueda del
bienestar
Si consideramos que el apoyo de las políticas públicas se convierten en
satisfactores de necesidades, podemos agregar que una necesidad que es
satisfecha genera bienestar subjetivo a las personas mayores, pues todas esas
acciones de política pública o social se traducen en acceder de manera gratuita a
servicios de salud, vivienda, alimentación, esparcimiento, pero sobre todo, a
sentirse ciudadanos dignos y con derechos.
Es el Estado entonces y sus instituciones quienes proporcionan los
satisfactores de las necesidades sociales de los mayores. Sin embargo, ante la
12

Hoy en día las personas mayores tienen que haber cotizado 1250 semanas en un empleo formal para
tener derecho a una jubilación (Mendizábal, 2008).
13

La política social implementada por el Estado a nivel nacional y de otros Estados de América Latina se verá
influenciadas por acuerdos con objetivos, metas y recomendaciones para realizar acciones a favor de las
personas mayores, por ejemplo, una de las tres áreas acordadas en Madrid en él 2002: a) personas de edad
y el desarrollo; b) el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y c) la creación de un entorno propicio y
favorable (INAPAM, 2010).

204

�falta de recursos y cobertura hacia esta población surgen otros actores sociales
como son la familia y las relaciones comunitarias en las que se insertan las
personas mayores, incluyendo al mercado. En este trabajo consideramos la
inclusión de las familias como parte de un sistema de apoyo social informal de
importancia. La solidaridad familiar en la vejez se realiza de manera diversa y está
matizada por las propias historias de los sujetos: los mayores y sus
descendientes, quienes cumplen una función importante en la atención y cuidado
de aquellos.
La solidaridad familiar representa una fuente de bienestar para las personas
mayores, en la medida en que el Estado de Bienestar no cubre las necesidades de
este grupo etáreo. Los distintos estudios sobre el tema muestran a veces posturas
contradictorias en cuanto a la presencia de solidaridad familiar. Dichas posturas
enfatizan que la modernización y los cambios socioculturales se han constituido en
una seria amenaza para que permanezca la solidaridad en la familias (Bazo, 2008;
Ibáñez, Vargas &amp; Torres, 2005). No obstante, existen matices respecto a la
solidaridad familiar, pues si bien no todos los miembros de la familia son solidarios
ante las necesidades de los adultos mayores, existe siempre alguien en la red
familiar o en el entorno cercano a los mayores que les brinda algún tipo de apoyo.
Las familias están siempre presentes en la vida de los y las adultas
mayores, para bien o para mal, es decir, en la mayoría de los casos proporcionan
bienestar a las personas mayores pero en ciertas condiciones particulares,
también son fuente de malestar para ellos, como veremos en los resultados.
A partir de lo anterior surgieron las preguntas de investigación: ¿son las
políticas públicas y sociales de apoyo a la vejez promotoras de bienestar subjetivo
en las personas mayores?; ¿cuál es la percepción de las personas mayores
respecto de la solidaridad familiar?; ¿qué otras fuentes de bienestar tiene al
alcance la persona mayor? Así mismo, en la búsqueda de respuestas a nuestras
preguntas, nos planteamos los objetivos siguientes:

205

�METODOLOGÍA

Se trata de un estudio de caso con enfoque cualitativo en el que participaron 21
participantes mayores de 60 años de localidades urbanas y rurales cercanas a la
ciudad y municipio de Durango. Las preguntas de investigación fueron: ¿Cuál es la
percepción que las personas mayores tienen del llamado Estado de Bienestar?;
¿Qué representan para ellos las políticas y programas de apoyo a la vejez?;
¿Cómo estado y políticas promueven el bienestar subjetivo y la satisfacción en las
personas mayores? De acuerdo a estos cuestionamientos nos propusimos los
siguientes objetivos de investigación: 1) Explorar y analizar la percepción que
tienen las personas mayores residentes en contextos urbanos y rurales de
Durango acerca de las políticas y programas de apoyo a la vejez; y, 2) De qué
manera las políticas y programas de apoyo a la vejez contribuyen al bienestar
subjetivo de las personas mayores.
La participación fue voluntaria, buscando que fueran adultos mayores con
lucidez mental para rescatar un discurso lúcido y coherente. Los datos se
recolectaron a través de entrevistas profundas y observación participante, previa a
la elaboración de guías tanto de entrevista como de observación, así como la firma
de hoja de consentimiento informado.
Los resultados muestran historias, relatos, aspectos subjetivos en los que
hombres y mujeres mayores reflexionan sobre los discursos subjetivos del adulto
mayor acerca de las representaciones que tienen de los beneficios de la seguridad
social, de los programas de apoyo, de la atención de salud que reciben y también
del papel de la familia en tanto fuente de apoyo para ellos. El análisis de las
entrevistas inició desde la transcripción de las mismas, la construcción de códigos,
conceptos y categorías que dieron la pauta para el análisis por el método de
comparación constante. Posteriormente surgieron los “grandes temas” que dieron
respuesta a las preguntas de investigación.

206

�RESULTADOS

Los participantes de este estudio tienen características heterogéneas en cuanto a
que algunos tuvieron acceso a la seguridad social, mientras que otros quedaron
fuera. También una parte de ellos radican en contextos urbanos y otros en
localidades rurales; la mayoría viven con su familia y otros padecen algún tipo de
deterioro. En cuanto a sus condiciones de salud, éstas también son variables,
aunque la mayoría contaban aún con cierta autonomía y funcionalidad. En este
sentido, los resultados sólo podrán ser interpretados tomando en cuenta ese
contexto particular, si bien, podrán compararse con estudios similares en otras
regiones del país.


Percepción de las personas mayores acerca de las Políticas Públicas y

su relación con el bienestar subjetivo

La percepción de las políticas (públicas y sociales) de vejez puede ser distinta en
dos sentidos: los que acceden a ellas en su totalidad y los que acceden de manera
parcial a sus beneficios. Para los adultos mayores que gozan de una pensión, esta
se constituye en un elemento esencial dentro de la noción de bienestar, debido a
que si el monto es suficiente tienen la posibilidad de acceder a los alimentos,
medicinas y satisfacer sus necesidades cotidianas de auto-cuidado, además de la
atención médica en instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE.
Los sistemas de pensiones y jubilaciones, son las mejores estrategias de
política pública para aminorar la vulnerabilidad económica de los personas
mayores (Huenchuan, 2009). Los relatos que se describen a continuación,
muestran percepciones de bienestar y satisfacción por contar con una pensión y
acceso a la atención de salud. Describimos en un primer momento el
bienestar/malestar que generan las pensiones que reciben, y en un segundo
momento, hablaremos de la atención a la salud.

207

�“A no, no, no, claro, claro, claro es lo que estamos diciendo, es poco pero pa´
otros pobres que no tienen nada, no es que ahorita a estas alturas como le digo, a
estas alturas en las que estamos, lo que sea es bueno, lo que sea es bueno
porque pos imagínese usted si no tuviera yo esa ayuda [Pensión de IMSS] como
estaría yo, a lo mejor yo ya me hubiera muerto, porque fíjese qué me animaría a
mí, quién me animaría a mi” (Federico, 73 años, contexto urbano).

Algunos participantes varones reconocen que la pensión es de utilidad para hacer
frente a sus necesidades y en su opinión, dicen, que la jubilación al ser un apoyo
fijo y constante puede resolver necesidades cotidianas. Para ellos, el reducido
monto económico de la pensión es mejor que no recibir nada y tienen la opción, si
su salud se los permite de realizar algún trabajo que contribuya a aumentar sus
ingresos, o bien, contar con el apoyo de sus familiares.
“Sí y mi familia en veces puede y en veces no, pero mi familia si me ayuda, de
todos modos lo del gobierno yo estoy agradecido con mi pensión, nada más que
no a completa uno, es poco.” (Gerardo; 73 años; Zona urbana).

La percepción de que los apoyos vienen a ser insuficientes y no cubren en su
totalidad a esta población vulnerable, es ahí donde la familia, busca formas para
hacer frente a las múltiples necesidades cuando se tiene un adulto mayor en casa
y son familias de escasos recursos económicos.

"El Seguro, sí, hasta la fecha el seguro es muy bueno, aunque me da poquito
[Pensión] porque yo siempre, yo nunca gané mucho dinero, pero me da poquita
pensión, pero de todas maneras con el seguro [IMSS] tiene uno muchas
prestaciones oiga" (Loreto, 86 años, contexto urbano).

La percepción de contar con una pensión es de beneficio, pero a la vez de
insatisfacción por el escaso monto económico, percibiéndose a la seguridad social
208

�como deficiente (Ham, 2003). Algunas personas mayores más reflexivas en este
aspecto, conciben su jubilación como un derecho ganado por su trabajo, algo que
les corresponde, para ellos no es un “apoyo”, sino algo que por ley les
corresponde a partir de haber trabajado toda su vida.
“No crea que me la dan [la pensión], yo me la gané, porque yo acumulé como
ciento setenta mil pesos y de ahí solo me dieron treinta mil pesos todo lo que se
quedó, eso no me lo están dando me salen debiendo.” (Francisco; 63 años; Zona
Rural).

Como vemos, la percepción de los que cuentan con pensión está matizada por el
monto de ésta, si bien es real que representa un beneficio y un derecho ganado,
existe insatisfacción, pues no alcanza para cubrir todas las necesidades. Si bien,
manifiestas bienestar, está presente también la insatisfacción, cierto malestar.
Esta es la paradoja del bienestar.


Acceso a la salud mediante la seguridad social: Percepciones y
significados

Dentro de los beneficios que otorga la seguridad social para los derechohabientes
y sus familias es la atención a la salud (Mendizábal, 2008). En México las
instituciones que otorgan este servicio a los trabajadores formales son el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Lo que se muestra aquí es la
satisfacción e insatisfacción que tienen las personas mayores con la atención
médica como lo mencionan los siguientes entrevistados. Los relatos con opiniones
positivas se muestran a continuación.
“Lo tratan a uno muy bien oiga, lo tratan a uno bien y luego lo que tienen es que si,
si necesita operación luego luego la practican. A éste (refiriéndose a su hijo) lo han
209

�operado tres veces y a mí me han operado también como otras tres veces, fíjese
si no tuviera uno seguro (IMSS) cuánto dinero no hubiera necesitado para
operaciones por eso le digo que el seguro pues es muy bueno oiga el seguro es
muy bueno” (Loreto Ortega, 85 años, contexto urbano).
“Pos´ si oiga, pos porque, pos si a veces no tiene uno de plano ni para una
pastilla, ya va una, como

aunque sea un naproxen le dan, pero no teniendo

nada… fíjese que en el seguro (IMSS) a mí sí me han dado medicamento, mejor
que en el seguro popular (Paula Pulido, 82 años, contexto rural).

En cuanto a la atención en el Seguro Popular, el cual ha sido una medida
implementada para subsanar la atención de salud de aquellos que quedaron fuera
de la seguridad social, existen también opiniones diversas. Existen opiniones
positivas como la siguiente:

"Pos mire, yo no tengo qué hablar, gracias a dios, nada!, porque aquí gracias a
dios este doctor me atiende "re bien", yo voy y saco mi ficha ahí con Moni, que da
las fichas, y me toca mi consulta, él me da mi medicamento, y me dice esto, esto y
esto, según como vea, -“se saca una tomografía, una radiografía”-, me dio la
orden y me manda, me la hacen, y sí me la cubre el seguro [Seguro Popular]".
(Margarita, 78 años, localidad rural).

Los participantes, tanto hombres como mujeres plantean que es positivo para ellos
contar con el beneficio de la atención médica que les ofrece la seguridad social y/o
el seguro popular, sin embargo, al mencionar “aunque sea un naproxen
[medicamento para el dolor muscular]”, de alguna manera se percibe una actitud
conformista, es decir, poco es mejor que nada, en lugar de pensar que tienen
derecho a algo mejor. Si bien, las personas mayores perciben la atención médica
a la que acceden a través de la seguridad social, como una forma de resolver
gastos y también como una forma de obtener bienestar (Chatters, 1988).
210

�

La insatisfacción de la atención de salud

Entre los entrevistados también se encontraron otro tipo de respuestas, aquellas
que reflejan insatisfacción, mencionando la deficiente atención que brindan dichas
Instituciones de Salud. La inadecuada atención genera en los participantes enojo y
frustración y a su vez, los obliga a buscar otras formas de enfrentamiento ante
situaciones en que se requiere calidad y rápida atención a la salud. El siguiente
relato, muestra la percepción negativa de los servicios de salud y la búsqueda de
alternativas en la idea de obtener una mejor atención médica.
“Si pagaron la operación ellas [sus hermanas que radican en E.U.], ellas, ellas
pagaron todo, todo pagaron ellas desde allá donde están, y ya le dijeron a mi
papá, a mi hija, -a mi papá no lo internes en el seguro, que lo atiendan en una
clínica particular porque mi papá se nos muere-.” (Eduardo; 74 años; Zona
Urbana).
Sí, en fin de semana… [buscó atención médica] entonces dígame usted, ¿a dónde
lo mandan a uno? a morirse? o a sobrevivir, pero a qué precio...porque
simplemente como le digo, vaya usted como por ejemplo el sábado, el domingo [a
la clínica del IMSS en su localidad] no hay, [personal] entonces ya de ahí, nos
fuimos a la Cruz Azul [clínica particular en la ciudad] y ahí me atendieron luego,
luego…"(Jesús García, 70 años, contexto rural).

Desde la percepción de estos entrevistados, los servicios de salud a los que tienen
acceso se perciben como deficientes, y ante esto las personas mayores y sus
familiares recurren a las instituciones de salud privadas. En estos casos es
imprescindible el apoyo familiar, sobre todo cuando no se cuenta con los ingresos
suficientes para sustentar gastos imprevistos de enfermedad. Cuando se tiene la
posibilidad de poder acceder a servicios privados la familia obtiene confianza en
que su familiar será bien atendido, pues en el imaginario social está presente la
211

�idea de que las clínicas particulares o privadas dan una mayor y mejor calidad del
servicio y una pronta atención a la persona enferma. De hecho, existen reportes
de que el sistema privado tiene la mayor carga de atención para adultos mayores
en México (ENASEM, 2001).
Hasta aquí se han mostrado algunos relatos sobre las percepciones que las
personas mayores tienen de los beneficios de la seguridad social como son el
acceso a una pensión y el acceso a la salud. A continuación incorporamos otra
dimensión de análisis que plantea la realidad de los programas de apoyo que
surgen como respuesta a los huecos que deja la deficiente y fragmentada
seguridad social (Rubio &amp; Garfias, 2010), es decir, lo que ha surgido como las
acciones de la política social para las personas mayores. Dichas acciones son
responsabilidad del Estado, cuya responsabilidad es mediar e implementar
medidas para la protección de los derechos de los más pobres y vulnerables, entre
ellos las personas mayores (Utoff &amp; Tokman, 2006).


Percepciones y significados de la política social y los programas de
apoyo a la vejez

En México, se han implementado una serie de programas de apoyo a la vejez,
como una forma de cumplimiento a los Pactos y Acuerdos Internacionales que
instan a las naciones al otorgamiento de los derechos a esta población y en la
intención de atenuar sus necesidades. Uno de estos programas es el Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades, que tenía anteriormente una orientación en su
objetivo de mejorar la educación, la salud y la alimentación de las familias pobres,
particularmente los niños, para romper con la transmisión intergeneracional de la
pobreza. Después del 2006, las familias beneficiarias del programa Oportunidades
con un integrante mayor a los 70 años reciben un apoyo monetario por cada
persona mayor (Rubio &amp; Garfias, 2010).
Otro de los programas de mayor auge, focalizados en el apoyo para la vejez
es el que se denominó “70 y más”, que se implementó en el primer semestre de
212

�2007, con un monto económico de 500 pesos mexicanos y tenía sus principales
beneficiarios en las zonas rurales (Huenchuan, 2009). Hoy en día se ha extendido
el apoyo a las zonas urbanas de casi todo el país. Uno de los condicionamientos
para poder acceder al apoyo, es no ser beneficiado por ningún otro programa, por
lo que las personas que pertenecían a Oportunidades, no tenían derecho de
acceder al programa 70 y más. Enseguida se muestran relatos en dónde se
muestra

la

percepción

de

los

adultos

mayores

hacia

los

programas

gubernamentales.
“Sí, sí era diferente, hay veces que no hayo ni que hacer, hay veces que no tengo
ni un cinco, me cae ese “cinquito”, óigame pues que a gusto gracias a Dios! no sí
que bueno que hubiera otra “ayudita” así también, que bien.” (Norma; 77 años;
Zona Rural).
“Pues económicamente a veces no tiene uno para sus gastos de su cocina, o
alguna cosa, y le sirve a uno, mucho le sirve, bueno yo a mi, mucho me sirve a mí
esa ayuda.” (Daniela; 87 años; Zona Rural).

Para las entrevistadas, este tipo de apoyos representan una forma de hacer frente
a sus problemas económicos y de manutención; además el apoyo institucional
aminora también la carga económica que genera a sus familiares. No obstante, de
nueva cuenta, existen matices en las percepciones de los apoyos sociales.
Algunos participantes muestran opiniones ambivalentes; se expresan con cierta
insatisfacción de los montos y frecuencia de los apoyos.
“Pues póngale que no mejora mucho, porque uno siempre esta “apenas”, si, a
usted le dan sus centavitos, y así como le dan a la gente ahorita, viene y ya debe
en la tienda, le paga y luego se queda con cualquier cosita [de dinero], pero es
ayuda porque vuelve uno… este, pero dice uno -bueno al rato me llega otra vez
verdad- y ya vuelve uno otra vez a sacar en la tienda, o se echa una “droguita”
213

�[deuda], que al cabo tal día pago, si es ayuda, es mucha ayuda lo que sea sí, ¡ey!”
(Alejandra; 69 años; Zona Urbana).
“Estoy con la esperanza a ver si Dios me ayuda con los “70 y más”, ya fui, ya fui,
ya me dieron la tarjeta, que ahora en los últimos de agosto… pos a ver si ahora en
los últimos, pero dijo la muchacha: -señora le va a venir muy poquito-, dijo, pero de
todas maneras, pos´ de todas maneras ya me sirve para algo, ¿no se les hace?”
(Josefina; 79 años; Zona Urbana).

Lo anterior, no solo habla de una desatención de las políticas sociales para las
personas mayores, de igual forma una “inclusión” al mundo del consumo (Rozas,
2004); asimismo, se reconoce al sector de la población de adultos mayores como
un grupo vulnerable de subsistencia económica y de salud (Ludi, 2005;
Mendizábal, 2008).
Respecto a la salud, una forma de acceder a ella por parte de la población
no beneficiada por la seguridad social, es a través del Seguro Popular, política que
desde 2001 se constituyó como un seguro público y voluntario, con el objetivo de
corregir el empobrecimiento debido a gastos mayores de salud en familias no
aseguradas de bajos ingresos y que se encuentran inscritas en algún programa
para la reducción de la pobreza del gobierno federal. Dicho seguro se ha
extendido progresivamente a través de acuerdos con la Secretaria de Salud y
gobiernos estatales. En el presente estudio, la mayoría de los y las entrevistadas
se encontraban inscritas en el Seguro Popular y de igual manera expresan
satisfacciones e insatisfacciones con los servicios que cubre el seguro popular. A
continuación se muestran las percepciones de los entrevistados.
“Sí porque de perdido le dan a uno la pastilla o lo que sea… de todos modos, y
otra parte tiene uno, tiene que ir usted prevenida aunque sea con poquito o
mucho tiene que llevar dinero, si no lleva no hay nada y así le digo… así es, así
es la cosa.” (Josefina; 79 años; Zona Urbana).
214

�“pues como le digo en el hospitales iba y a veces si tenía para pagar mis, ya de
treinta años para acá yo si voy a una consulta yo la puedo pagar, si porque yo
me pongo y no pos voy a juntar para ir con el médico, y ya este puedo ir, pero
ya desde ahora que me dieron el seguro popular a mí no me cuesta un cinco la
medicina más que mi pasaje para irme a la clínica es todo, pero a mi si me ha
servido el seguro popular.” (Alejandra; 69 años; Zona Urbana).

Las entrevistadas refieren satisfacción por contar con un servicio de salud que
resuelve sus problemas de salud, aunque también podríamos decir que se
encuentra de nuevo un cierto conformismo cuando se dice “de perdido le dan a
uno una pastilla”. En este sentido, no todos los participantes mostraron
satisfacción con la atención recibida, puesto que no cubre todas las
necesidades de atención de la salud de las personas mayores o población en
general, esto se debe a un listado de enfermedades que no cubre dicho seguro,
expedida en primera instancia en 2004 y modificado en el 2006 por un nuevo
catálogo de servicios de salud universal (Mendizábal, 2008).

Existe

insatisfacción también por la insuficiencia de medicamentos y especialistas,
teniendo que buscar otras formas para hacer frente a situaciones complicadas
de salud. En los siguientes relatos, personas mayores expresan malestar e
insatisfacción ante los servicios prestados por el seguro popular.
“No pues mucha, [insatisfacción] porque ahí en el seguro popular hay
enfermedades que no las cubre y otras que sí, bueno enfermedades digamos
leves de gripe, de la garganta, si las cubre.” (Hortensia, 66 años; Zona Urbana).
“Tiene seguro popular, le cubre algunas medicinas, porque le han recetado
medicamentos que no los cubre el seguro popular.” [Argumento proporcionado
por la hija de la AM]. (Norma; 77 años; Zona Rural).

215

�En ocasiones, las personas mayores no identifican con claridad los aspectos
negativos de la atención institucional, pero los familiares sí, dado que en la
mayoría de las ocasiones son ellos los que enfrentan y resuelven las
dificultades, sobre todo cuando sus familiares mayores tienen un deterioro
importante en su salud.
La atención a la salud desde la política social, como el “seguro popular”,
representa para las personas mayores una opción de salud, de aminorar
costos, ya que también se trata de una política compensatoria, que a través de
cuotas que complementan las atenciones médicas a los usuarios (Mendizábal,
2008). Este planteamiento contradice la concepción de relación salarial “igual” o
“versus” derechos sociales (Le Bonniec, 2002), que trata de universalizar los
servicios de salud por parte de las instituciones del Estado. Además, pone de
manifiesto una nueva cuestión social, que se visualiza a partir de la
desigualdad, la exclusión, el papel mercantil de los sistemas de seguridad social
y una forma de implementar medidas por el Estado mexicano para aquellas
personas adultas mayores fuera de la seguridad social e incluidas por la
asistencia social y las políticas sociales focalizadas y complementarias (Arteaga
y Solís, 2001; Mendizábal, 2008).
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval,
2013) hay una brecha entre lo que dicen las publicaciones oficiales y la
percepción de la población afiliada, siendo este una de las acciones públicas
más emblemática del sexenio pasado, señala el Coneval que no tuvo efectos en
las condiciones de salud de la población, tiene una mala distribución de
personal médico y los usuarios deben esperar largo tiempo para obtener
atención ambulatoria. El informe apunta que si se busca que el programa se
convierta en un pilar de la protección social universal, es necesario que aplique
mecanismos eficaces de seguimiento del gasto que aseguren que los fondos
transferidos a los estados, y el financiamiento estatal comprometido, se
apliquen a la infraestructura y al personal.

216

�Situaciones como estas trae consecuencias al bienestar no solo de
los adultos mayores, sino a la población en general, la población confía en
el apoyo y cuando éste no se otorga de manera satisfactoria en calidad y
cantidad, afecta no sólo económicamente a los usuarios de la política
social, sino también es su bienestar subjetivo, pues como sugiere esta
teoría, el bienestar se da en tres ámbitos de la persona, consigo mismo,
con la familia y con la sociedad (Diener,1999; Victoria, 2004), es así que para
sentirse satisfechos consigo mismos es importante tener buen estado de salud
y los recursos para mantenerla.
Por otra parte, otra dimensión que genera bienestar en la vejez, es recibir
un trato adecuado, digno y respetuoso del personal institucional con quienes
interactúan. De tal forma que cuando este trato y atención no son adecuados,
producen lo contrario, es decir, generan malestar e insatisfacción. Veamos los
siguientes relatos:

"¡Ah! me quitó de la silla, me quitó, sí, dijo quítese usted, esa silla no va ahí,
siéntese en otra parte [asegura que eso le dijo un empleado de SEDESOL] y yo
me senté porque ya iba con mi bordoncito, por irme a sentar ahí, y me levantó
de la silla, me levantó de la silla…” (Norma; 77 años; Zona Rural).

Los entrevistados, usuarios de estas instituciones perciben actitudes de
rechazo hacia ellos. Especialmente los que provienes de contextos rurales,
donde aún prevalece un trato respetuoso de la comunidad hacia las personas
mayores (Arroyo, 2009; en Ribeiro y Mancinas 2009).


La familia y el trabajo como como fuentes de satisfacción y bienestar
subjetivo

Una categoría emergente en este trabajo se construyó a partir de la presencia
de la familia como apoyo y generadora de bienestar de las personas mayores.
217

�La decisión de integrarla en el análisis

se debió a que el grupo familiar

sustituye en buena medida las ausencias de apoyo que debe proporcionar la
política social/pública. Es en este sentido que para las personas mayores contar
con una familia que responda a sus necesidades económicas o de salud,
representa una seguridad y una certeza: de que no están tan vulnerables, ni tan
desprotegidos social y emocionalmente hablando. Sin embargo, ellos también
responden a sus familiares aportando y apoyando en la medida de lo posible a
resolver las necesidades de sus descendientes. Es así que surge la solidaridad
intergeneracional. Las acciones solidarias entre las personas mayores y sus
descendientes como ya dijimos, producen también bienestar subjetivo.

Una de las principales aportaciones de los mayores es su vivienda, la
mayoría cuenta con una propiedad disponible para vivir ellos y sus familiares
(quienes a veces no logran hacerse de una propiedad). A cambio de ello, los
hijos ofrecen apoyo instrumental y afectivo a los mayores, a este tipo de
solidaridad la ubicamos como solidaridad funcional, como se muestra en los
siguientes relatos:
“Ella sabe de mí, yo aquí como, aquí duermo, aquí me baño, ella es la que
cobra la pensión”. (Eliseo, 64 años, zona urbana).
“De todas maneras si tengo yo unos $ 200 o $ 300 pesos, pues los tengo
guardados, ya cada vez que la veo, ¿pues qué paso hija que traes?, pues no
tengo, ahí hay hija agarra, pues pa´ ella nomas”. (Eliseo, 64 años, zona
urbana).

Por otra parte, el apoyo instrumental y de cuidados surge también entre
generaciones. Cuando las hijas mayores cuidan a sus padres ancianos, los nietos
vienen a tomar un papel importante en los cuidados, pero también en el
acompañamiento y soporte emocional de las personas mayores.
218

�“Mi mamá cuando ya era mayor ya este empezó a perder el oído, a perder la
vista y duró mucho tiempo malita así, si se movía le acercábamos su silla de
ruedas pero ella ya no, no pudo caminar, y fue bastante tiempo así muy malita,
y navegar mucho con ella, mucho, bueno mis hijas venían y ahí me ayudaban”
(Margarita, 66 años, zona urbana).

Vivíamos en casa propia, pero se nos enfermó el muchacho ya grande, ya
grande se nos enfermó tendría unos 16 años se nos enfermó de un ojo y luego
tuvimos que venderla para curarlo” (Rosa, 73 años, zona rural).

El ser solidarios entre familia además de que ayuda a enfrentar y resolver los
diversos problemas familiares, también propicia sentimientos de bienestar en los
mayores, muchas ocasiones con el sólo hecho de sentirse acompañados en su
proceso de envejecimiento o que vivan juntos, es un elemento de satisfacción
personal para ellos.
“Yo me siento bien, si exactamente, yo veo, yo veo en ella [hija] de que así
como yo las quiero ellas también, también y así es de que pues es felicidad
para mí”. (Eloísa, 75 años, contexto rural).
“Yo estoy muy contento con mis hijos cuando vienen a verme y pos yo aquí con
ella [se refiere a la hija que convive con él]” (Margarito de la Cruz, 84 años,
contexto urbano).

Como podemos apreciar, los relatos de los participantes reflejan la presencia del
soporte familiar, el cual funciona en ambas direcciones. Es decir, las personas
mayores apoyan a sus descendientes y éstos regresan el apoyo. La solidaridad
intergeneracional entre las familias en muchas ocasiones viene a suplir los débiles
e insuficientes apoyos del estado. Además, los programas institucionales y la
política social de igual forma depositan en la familia parte de su responsabilidad
219

�para con los mayores. No obstante, hay una pequeña minoría a quienes la familia
les ha dado la espalda por diferentes motivos. Estos casos representan la parte
más crítica de la vejez y quienes ponen en cuestionamiento los derechos sociales
y humanos. Veamos algunos relatos que ejemplifican lo anterior:
“Pero sí es bien duro para uno que no tiene dinero, porque todos sus hijos están
casados, todos tienen obligación, están dando a uno abastecido no se puede,
no se puede, porque ellos tienen su familia… y pues yo siempre necesito, yo
como quiera, yo aquí en mi casa soy sola, ya mis hijos todos casados, todos.”
(Norma; 77 años; Zona Urbana).
“Yo no tuve apoyo de nadie porque mi familia toda está lejos, en Sombrerete, yo
mis enfermedades que tenía, yo solita me navego” (Martha, 69 años, zona
urbana).

Al igual que las políticas, el apoyo familiar no está presente en todos los casos.
Sin embargo, este aspecto, no es comparable; el soporte familiar se podría decir
que se encuentra en la gran mayoría de los casos, como lo argumentan una gran
cantidad de estudios. Es así que la familia viene a ser la principal estrategia de
apoyo cuando los apoyos institucionales no son suficientes.

CONCLUSIONES

El llamado Estado de Bienestar en las últimas décadas presenta un matiz
excluyente que no promueve los beneficios deseados para los más pobres y los
más vulnerables como menciona Portilla (2005). Así mismo, la política social si
bien ha tenido importantes avances, aún no es capaz de otorgar los beneficios
suficientes y necesarios a las personas mayores. Coincidiendo con Portilla, la
política social de envejecimiento presenta ciertos rasgos de insensibilidad social

220

�que no intenta aliviar las necesidades y carencias de los mayores más
desprotegidos.
En el caso de nuestro país, como muchos otros contextos latinoamericanos,
los sistemas de seguridad social tienen bajas coberturas y las pensiones para la
mayoría son de montos raquíticos, lo que hace a las personas mayores más
pobres cada vez. De ahí que el planteamiento de que la política social y
específicamente de seguridad social proporcione bienestar a las personas
mayores entra en tela de duda. Si bien, no hay duda de que hay un beneficio,
como dicen los participantes “es mejor poco que nada”, es también indiscutible
que ese escaso beneficio solo sirve de paliativo, pero no resuelve de manera
satisfactoria, por ende, el bienestar subjetivo tiene componentes de malestar como
lo plantea Diener (1984).
Es necesario como lo plantea la CEPAL y distintos analistas sociales que
para garantizar un verdadero bienestar (subjetivo y social) promover políticas para
todas las edades. Si desde las políticas de empleo y salarios dignos, se pueden
orientar al logro de jubilaciones dignas, otro panorama habrá para la tercera edad.
Es necesario también retar el imaginario de políticas focalizadas y fragmentadas
(Portilla, 2005), para transformarlas en políticas de derechos para ciudadanos con
derechos.

221

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223

�CALIDAD DE VIDA: FACTORES SOCIALES Y CULTURALES EN LA
COTIDIANIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE ALTA MEDIANA SEGURIDAD, GIRÓN (2013).
Ingrid Johana Herrera Gudiño14
Claudia Jimena Sierra Gómez15
RESUMEN
El propósito del presente artículo es presentar el resultado de una investigación de
corte cualitativo, con enfoque etnográfico; cuyo interés estuvo fundamentado en
indagar los factores sociales y culturales vinculados a la calidad de vida de los
adultos mayores en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad
de Girón, a través del acercamiento a la realidad social de los mismos, teniendo
en cuenta sus experiencias dentro y fuera del sistema penitenciario; sus formas de
ver y pensar la vejez y el proceso de envejecimiento; los imaginarios que poseen
sobre esta etapa; las relaciones con otros internos y cuerpo de custodia y su forma
de asimilar la pérdida o ruptura de vínculos familiares, además del deterioro físico
y cognitivo. Por otra parte, esta investigación puede servir como base para el
diseño de propuestas desde trabajo social; concernientes a la elaboración de
procesos educativos que contribuyan a sesgar los imaginarios existentes sobre la
vejez; tener presente que es posible lograr la inclusión de los adultos mayores a la
sociedad, atribuyéndoles roles y fortaleciendo los que ya poseen, contribuir al
fomento de una cultura de la ancianidad con sus retos y desafíos y contribuir a la
producción documental desde trabajo social sobre esta población en el ámbito
penitenciario en Colombia.

14

Estudiante X semestre de Trabajo Social, Universidad Industrial de Santander – Colombia.
johanaherrera25@hotmail.com.Artículo de investigación cientifica que presenta los resultados del anàlisis
de los factores sociales y culturales que influyen en la calidad de vida de los adultos mayores privados de la
libertad en el EPAMS, Girón.
15
Claudia Jimena Sierra Gòmez. Trabajadora social. Especialista en investigación social, Escuela de Trabajo
Social. claudiajimenasierrag@hotmail.com. Universidad Industrial de Santander (UIS)– Colombia

224

�Palabras clave: Adulto mayor, calidad de vida, familia, imaginarios, relaciones
interpersonales, sistema penitenciario.
INTRODUCCIÓN
El proceso de envejecimiento es un fenómeno natural, gradual, de cambios y
transformaciones a nivel biológico, psicológico y social, que ocurren a través del
tiempo (Cordero, Cabanillas y Lerchundi, 2003). Estas transformaciones se
encuentran influenciadas por los imaginarios construidos socialmente y que han
tomado los seres humanos sobre la vejez, además del deterioro marcado e
inevitable en su estructura física y psicológica, causado por el proceso de
envejecimiento, lo cual hace que los sujetos asimilen de forma negativa esta etapa
causando temor a envejecer.
En este sentido, la importancia del estudio de todas las transformaciones que
giran en torno a la vejez, está fundamentado no sólo desde lo construido por la
sociedad, sino también desde la propia realidad de los sujetos teniendo en cuenta
factores de tipo biológico, social y cultural en los contextos en donde el adulto
mayor puede desenvolverse; realidad conformada por la pérdida de vínculos o
redes de apoyo como la familia, el deterioro de habilidades tanto a nivel cognitivo,
físico y en sus relaciones sociales, pérdida de roles y condiciones de vida digna
durante esta etapa.
Es así como la vejez es el resultado de todas las transformaciones que ocurren de
acuerdo a la forma como han vivido, socializado y aceptado el proceso de
envejecimiento y las condiciones del contexto en el que se encuentren, lo cual
influencia su calidad de vida, entendida como la diversidad de circunstancias que
incluyen tanto la satisfacción de las necesidades más básicas, relacionadas con la
sensación de salud física y psíquica, como también a la satisfacción de otras
necesidades vinculadas al ámbito de nuestras relaciones sociales, al acceso a los
bienes económicos y culturales o al entorno ecológico y ambiental donde vivimos
(Fernández, 2009).
225

�Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el envejecimiento es una experiencia
natural dinámica y evolutiva, en donde los cambios ocurren de manera diferente
en cada una de las personas, con ventajas y desventajas ya que cada uno
envejece en función de cómo haya vivido, por lo tanto, las personas mayores, no
son más ni menos que personas con su propia individualidad; cada uno envejece
a su manera dependiendo de las circunstancias; como pasa en cualquier etapa de
la vida, es un proceso de constante evolución (Guerrini, 2010).
En este sentido, no solo está condicionada por factores de tipo social y cultural
sino también de tipo económico, dado que las personas que no poseen la misma
influencia en la sociedad por su bajo status social poseen un deterioro en su
calidad de vida mayor que los que guardan un status social alto, seguridad
económica y niveles de autoridad en el contexto en el que se encuentran
inmersos.
Ahora bien, los estudios sobre este tipo de fenómenos o problemáticas, que
influyen en la calidad de vida de las personas mayores, son poco abordadas
desde las disciplinas de las ciencias sociales en Colombia, sin embargo en países
latinoamericanos como México, Argentina y Costa Rica, se han realizado varios
estudios durante los últimos años sobre los imaginarios que giran en torno a la
vejez, familia, cultura y la calidad de vida del adulto mayor, muy pocas de ellas
realizadas en contextos penitenciarios.
Si se habla de adulto mayor en condiciones privativas de la libertad, en la que se
experimenta condiciones de encierro, nuevas relaciones interpersonales, pérdida
de intimidad, abandono de sus actividades laborales, modificación de hábitos y
rutinas, el desarraigo de su lugar de origen a un sitio desconocido sin apoyo
familiar, sumado a las transformaciones y cambios causados por el proceso de
envejecimiento y los imaginarios construidos socialmente en torno a la vejez, se
puede afirmar que el deterioro de la calidad de vida de éstos en prisión es más
acentuado y evidente que la de un adulto mayor en libertad que posee condiciones
de vida que corresponden a las características y exigencias propias de esta etapa.
226

�Colombia es un Estado Social de Derecho; dentro de su marco constitucional y
normativo se plantea que la calidad de vida del adulto mayor en reclusión esté
basada en los enfoques de derecho y diferencial; a través del primero, procura
construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el
reconocimiento, respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción
de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades,
constituya una obligación jurídica y social; busca construir mecanismos jurídicos y
políticos que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y
cotidiana de los sujetos (Abramovich, 2006).

El segundo enfoque, afirma que existen características que diferencian a unos
sujetos de otros, debido a que no poseen las mismas condiciones físicas,
psicológicas y sociales. Este principio en el Artículo 13 de la Ley 1448 de 2011,
reconoce los sujetos con características particulares en razón de su edad, género,
orientación sexual y situación de discapacidad, y establece que las medidas de
ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en
la Ley, deben responder a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada
persona (Promoción social, 2012).

Es por ello, que el apoyo social es un factor clave en el desarrollo personal de los
sujetos durante esta etapa, ya que ayuda a la disminución del estrés provocado
por los cambios y las pérdidas que han tenido que sufrir; es allí cuando la familia
se convierte para el adulto mayor, en el apoyo mutuo, el parentesco, la confianza,
la trasmisión de valores y los lazos afectivos; el ideal de familia se convierte en
ayuda ante situaciones de emergencia y crisis; pasa a ser la figura protectora para
el adulto mayor (Cordero et al., 2003).
Según la ley 65 de 1993, “Código Penitenciario y Carcelario”, los adultos mayores
hacen parte de los sujetos en condición excepcional y se clasifican como un grupo
de minorías que “posee características específicas como etnia, cultura,
nacionalidad, discapacidad, edad como ocurre en este caso, por lo que requieren
227

�un acompañamiento especial y unas acciones adecuadas de acuerdo a su
condición, distinta a las demás personas privadas de la libertad” (Ministerio de
justicia, 1993).
Conforme a lo antes mencionado se quiso por medio de una investigación,
compilada en el presente artículo, indagar los factores sociales y culturales
vinculados a la calidad de vida de los adultos mayores en condiciones privativas
de la libertad, teniendo en cuenta lo expresado a partir de sus experiencias dentro
del centro penitenciario y antes de la reclusión, sus formas de ver y pensar la
vejez y el proceso de envejecimiento, los imaginarios que poseen sobre esta
etapa, las relaciones con otros internos y cuerpo de custodia y su forma de
asimilar la pérdida o ruptura de vínculos familiares, además del deterioro físico y
cognitivo evidenciado en el acercamiento a la realidad como personas adultas
mayores en el contexto penitenciario.
Todo lo anterior, debido al interés surgido dentro del proceso de práctica
académica de trabajo social desarrollado durante el primer y segundo semestre
académico del año 2013 de la Universidad Industrial de Santander en el
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, (INPEC), ubicado en
la vereda Palogordo en el municipio de Girón, donde se pudo identificar en los
adultos mayores falta del cuidado de sí mismos, pérdida de habilidades sociales y
comunicativas, evidenciado en la relación con otras personas y figuras de
autoridad, concepciones e imaginarios arraigadas en torno a la vejez, problemas
de convivencia, carencia de vínculos familiares y un descuido institucional en
cuanto a la puesta en marcha de programas que apunten a su desarrollo
ocupacional.
En la actualidad, el establecimiento penitenciario tiene 2140 internos a su cargo,
de los cuales 157 son adultos mayores en condición jurídica condenada,
distribuidos en 10 pabellones. El establecimiento cuenta con dos pabellones que
corresponden a la UTE (Unidad de Tratamiento Especial) que es el lugar
destinado para aislamiento voluntario o institucional y comunidad terapéutica; del
228

�mismo modo se encuentran las áreas comunes o de trabajo, como educativas, el
área deportiva, sanidad, rancho, expendio, granja, zonas verdes, talleres (alta y
mediana), lavandería, panadería y recepción que es donde llegan los internos por
primera vez para ser incluidos dentro de la base de datos del establecimiento
(INPEC, 2014).
METODOLOGÍA
El objetivo de la investigación presentada en este artículo consistió en indagar los
factores sociales y culturales vinculados a la calidad de vida de los adultos
mayores en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de
Girón, en condiciones privativas de la libertad, para lo cual se implementó el
siguiente diseño metodológico:
Tabla 1. Etapas del diseño metodológico.
Metodología
Tipo

Características
de Cualitativa

investigación
Enfoque

Etnográfico

Fases

Definición de la situación a investigar (exploración de la
situación, formulación del problema de investigación, diseño y
la preparación del trabajo de campo); trabajo de campo
(recolección y organización de los datos) y la identificación de
patrones

culturales

(análisis,

interpretación

y

conceptualización inductiva)
Fuentes

Primarias:
Experiencias, sentimientos y particularidades de acuerdo a
los momentos vividos de los adultos mayores.
observación participante, diarios de campo y grabaciones de
conversaciones
Secundarias: Revisión documental relacionada con la
229

�Metodología

Características
temática planteada (Teorías, conceptos y marco legal

Mapeo

157 adultos mayores privados de la libertad recluidos en el
Establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de
Girón

Muestreo

Muestreo intencional. Se configuró como muestra 4 adultos
mayores en proceso de envejecimiento; dos han envejecido
dentro de la institución y los dos restantes ingresaron siendo
adultos mayores. Igualmente presentan un estado de lucidez
mental que permite una información confiable

Técnicas
recolección
Técnicas

de
Entrevistas a profundidad.
de Registro de observación: diarios de campo clasificados por

organización de la adulto mayor y por observación de categorías inductivas
información
Técnicas
análisis

de Categorías inductivas acerca de los imaginarios de los
adultos mayores sobre el proceso de envejecimiento, las
relaciones interpersonales y redes de apoyo y categorías
deductivas como las condiciones del contexto y delitos por
abuso sexual.

Fuente: HERRERA, G., Ingrid. Segundo semestre académico del año 2013
Se tomó la investigación desde un enfoque etnográfico, ya que éste busca
describir el estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas, por lo
tanto de cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones
estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones
recíprocos; se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y
normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan
230

�regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma
adecuada (Martínez, 2005).
RESULTADOS
Es válido pensar que los adultos mayores no son ni más ni menos que personas
con su propia individualidad. Cada uno envejecerá a su manera y dependiendo de
sus circunstancias como pasa en cualquier etapa de la vida. Envejecer tiene una
instancia de decisión. Uno decide, individual y subjetivamente, cuándo se
considera “viejo”. Pero el viejo no vive sólo, y la mirada del conjunto es muchas
veces negativa y discriminante (Guerrini, 2010). En este sentido, se quiso
comprender los patrones culturales en torno a los cuales se estructuran los
comportamientos y se atribuye sentido a esta situación.
Imaginarios sobre la vejez, principal barrera en el desarrollo social de los
adultos mayores.
Así como la vejez puede verse de forma positiva considerando a la persona mayor
como sabio, cargado de experiencias, de alto estatus social, merecedor de un
gran respeto y con una clara posición de influencia sobre los demás, la sociedad
ha impuesto estereotipos, basados en el deterioro del ser humano durante esta
etapa que influyen negativamente en el desarrollo social y psicológico de los
adultos mayores; estos valores negativos tienen que ver con la disminución física
y mental, la dependencia económica, el aislamiento social y la disminución del
estatus social. Estas visiones representan mitos y prejuicios que dificultan la
calidad de vida, el envejecer bien y limitan una adecuada integración del adulto
mayor en la sociedad (Carbajo, 2009)
Estos imaginarios sociales sobre el envejecimiento se asimilan y se toman como
verdades en la población; no sólo entre los adultos mayores como protagonistas,
sino también en personas de otras edades que van asumiendo los mitos y los
estereotipos creados, de igual forma existe una comparación excesiva entre la
etapa de la juventud y la adultez tardía, enfatizando lo bueno y satisfactoria que
231

�era su vida en las etapas anteriores y en lo triste que se ha convertido con el paso
de los años. Como lo manifiesta Pablo Santander, quien llego siendo adulto mayor
al establecimiento: “pero aquí dentro de una cárcel pelean hasta por una aguja
hablándolo así no, y eso no debe ser así, y más aún creo persona de la tercera
edad, igual a mí ya de los años, que los han madurado, han pasado de la madurez
de mal genio, a veces amanecen de un genio, al otro día de otro genio, al rato
cambian de genio, cambian como el clima de Bucaramanga,, entonces siempre yo
he analizado que la vejez, es un martirio para uno no, porque uno siempre se
analiza de lo diferente a lo que fue de la juventud”.
Ahora bien, para Pablo Santander llegar a la vejez representa una serie de
cambios; sin embargo no deja de realizar comparaciones respecto a la juventud y
a pesar de atribuirle a la vejez conceptos negativos se refiere a ésta como una
obra de Dios, “son cambios extraordinarios, es horrible llegar uno a viejo. La vejez
de uno debería ser cuando uno era joven, cuando estaba en la juventud, no, pero
es imposible, retroceder el tiempo. Para mi llegar uno a una edad de 70 años, es
una obra de Dios, porque muchos no llegan a los 20 ni a los 30, incluso me han
dicho en la calle o me decían los jóvenes que conocí, teniendo yo 50 o 60, 65, me
decían, ay don Pablo lástima no llegar a su edad, yo decía si porque no, en mi
trabajo, en la delincuencia no alcanzo a llegar a su edad, y precisamente en
algunos meses o días sabia que los habían matado, muchachos de 22 años, de 25
años, jovencitos por haberse descarrilado de una vida conforme debe ser bien
vivida en este planeta tierra”, o como lo dice Ismael Celis, adulto mayor privado de
la libertad durante el proceso de envejecimiento, “pues lo que pasa en esta etapa
es que uno después de que ya llega después de los 65 años en adelante, uno
pierde todo, pierde uno la vista, pierde uno los alientos, pierde uno las fuerzas de
trabajar y todo lo que uno le puede hacer provecho para uno lo tiene perdido”
Por otra parte dentro del Sistema carcelario existen algunos descuentos, los
cuales son usados para la redención de la pena y para la manutención dentro del
establecimiento. Medardo Díaz, adulto mayor que ha tenido que sobrellevar en
232

�prisión el cambio de la etapa de adultez a la etapa del envejecimiento, pertenece
al área de educativas, sin embargo se considera demasiado viejo para aprender,
“… Doctora pues yo la verdad nunca me gustó el estudio, y ahora ellos piensan
que uno se va a poner a aprender cosas, que cuando niño no se aprendió, mi
papá me enseño a trabajar y eso es lo único que sé, uno acostumbrado a tener su
platica, pero ahora como, yo si le digo la verdad, no sé leer ni escribir, y pues la
verdad doctora sinceramente no he pasado el primero desde que estoy aquí en la
cárcel, muchos aquí doctora asisten sólo por el descuento, sinceramente da
mucho sueño, ya uno no está para eso, la vista ya no le funciona bien, algunos ni
oyen bien, uno queriendo descontar en la granja o con alimentos para tener su
plática, esto aquí es un monopolio”
En este orden de ideas se puede citar desde la teoría de la desvinculación,
propuesta por Cumming (1961), que el adulto mayor reduce sus roles más activos
y se centra en su vida interior, al mismo tiempo la sociedad va cerrando al anciano
las posibilidades de participación y le libra de sus obligaciones y roles sociales, las
relaciones sociales para los adultos mayores pasan a un segundo plano y
comienzan a ser poco significativas, dependiendo de la afinidad con las personas
con las que se relacionan a diario (Belando, 2006).

Valores culturales y el delito, grandes obstáculos en las relaciones sociales
de los adultos mayores.
En prisión las posibilidades de acceso por parte de los adultos mayores a
actividades para redención de pena que reconozca algún tipo de subsidio o
remuneración económica son escasas, por lo general los adultos mayores son
incluidos en el sistema educativo del INPEC; estas actividades de redención de
pena, son permisos para descontar años de condena y en algunos recibir algún
pago por los servicios prestados; éstos se encuentran clasificados por áreas
(estudios, lavandería, panadería, expendio, granja, aseadores de zonas verdes y

233

�de pabellones, peluquería, representantes de derechos humanos, repartidor de
alimentos entre otros).
En lo que respecta al adulto mayor en condiciones privativas de la libertad, las
relaciones interpersonales en el pabellón, la interacción con personas de otras
edades y con el cuerpo de custodia del establecimiento, puede estar influenciada
por los mitos y los estereotipos que giran en torno a la vejez.

La diferencia de

edades y la cultura a la que pertenecen, producen un choque cultural y la relación
con el otro puede no ser una fuente de apoyo o de confianza (Reyes, 2007)
Del mismo modo, el trato y la relación con otros internos se convierte para el
adulto mayor en situaciones conflictivas y poco tolerantes, ya que están mediadas
por factores como el delito de abuso sexual cometido a menores de edad; por los
mitos construidos socialmente en torno a la vejez y por la edad misma; esto influye
de manera negativa en el desarrollo de sus habilidades sociales; provocando
connotaciones de inutilidad, aislamiento, improductividad y desvinculación de la
persona mayor respecto a los intereses sociales y relacionales comunitarias que,
ligado a lo anterior, puede convertirse en una carga para ellos afectando su
cotidianidad y su calidad de vida dentro del establecimiento (Carbajo, 2009).
Sin embargo, hay una diferencia en las relaciones sociales que se tejen entre los
adultos mayores que se encuentran por delitos sexuales y por los que
pertenecieron a grupos armados al margen de la ley como las guerrillas, en el trato
con otros internos y personal de la guardia; en este sentido, se puede citar lo
expresado por Celestino Chamorro, adulto mayor que ingresó siendo adulto al
establecimiento “ a mí me respetan mucho en el patio, yo soy una persona muy
tranquila, tal vez porque en libertad yo era comandante de un frente de las Farc y
aquí muchos me conocen porque yo por así decirlo doctora fui su jefe, yo hacía
negocios con personas en el exterior y tenía contactos buenos, ahora mismo no
me enorgullece porque yo hice mucho daño, no me importaba mandar a hacer las
cosas o hacerlas yo mismo, pero gracias a Dios, ahora sé que tengo que seguir
siendo líder pero para cosas buenas, para predicar su palabra y ser testimonio de
234

�él, por eso los muchachos y los mismos viejos del patio me respetan y considero
que el trato que me dan es bueno, me buscan para pedirme consejos, no me
hace falta nada”.
Por lo anterior, también podría decirse que las diferencias en el estatus y la
posición económica en reclusión está dada por los delitos cometidos y por el grado
de autoridad que poseían en libertad; en este caso la participación en grupos al
margen de la ley como la guerrilla, el número de años en las filas y su poder
dentro de la misma, les confiere un mayor grado de autoridad y respeto dentro del
establecimiento.
Por otra parte, pertenecer a un nuevo pabellón, en donde se tiene la posibilidad de
interactuar con personas jóvenes y con pocas personas de la misma edad,
representa un serio dolor de cabeza para algunos adultos mayores ya que, donde
se encuentran “pabellón de extraditables” los más jóvenes poseen un estatus
social alto y poder, por el dinero que poseen; por lo tanto manejan el pabellón
según sus intereses, como lo expresa el señor Medardo Díaz, “a unos pues los
tienen en la rebuena, porque caminan por la ley de ellos, y cuando uno no quiere
caminar por la ley de ellos, ellos lo miran a uno como gallina que mira sal. La
alimentación es manipulada por ellos, uno hace la fila y están pendientes de que
van a hablar, que van a decir, le mandan espías. En la calle pues no lo recriminan
a uno, aquí si no caminamos en la ley de los que mandan en el patio, uno no es
nadie, lo recriminan”

En este orden de ideas, son pocos los roles y el nivel de autoridad que poseen los
adultos mayores tras el ingreso a prisión; éstos se encuentran afectados por el
trato y el dominio que existe dentro del pabellón en este sentido se puede traer a
colación la teoría de estratificación por edades que ligada a la teoría de roles,
afirman que a cada grupo de edad se le asignan determinados roles sociales; así,
la estimación de cada etapa y, consiguientemente, el autoestima de cada persona

235

�que se encuentra en ella, está condicionada por la valoración que a nivel social se
le asigne a los roles que desempeña (Belando, 2006)

Si se habla de roles sociales dentro del establecimiento, aunque los adultos
mayores han tratado de acceder a trabajos propios de sus intereses para poder
sustentarse dentro del penal y empezar nuevamente una vida de trabajo como la
que tenían en libertad, no han podido, como lo manifiesta Medardo Díaz, “doctora
pues como le diría yo, yo que le dijera, yo he pasado muchas solicitudes para un
permiso, así sea de aseador de patio, pero allá en ese patio, así uno tenga el
permiso, todos tienen que hacer aseo cuando ellos quieran, por ejemplo doctora
ese permiso de fiscal de alimentos yo lo quería y llevo años detrás de él pero no
me lo han dado, asignaron fue a uno de los amigos de este señor que hace lo que
quiere en el patio.”
También es cierto que algunos adultos mayores, se les dificulta mantener buenas
relaciones sociales, debido a los imaginarios que poseen sobre la vejez y tiende a
generalizarse el mito que los adultos mayores son de mal carácter y resentidos,
atribuyéndole a esta etapa múltiples connotaciones negativas; tanto así que
personas mayores y de otras edades han tomado el dicho “la vejez no llega sola”
para explicar dificultades en la realización de ciertas actividades, como lo
manifiesta un adulto mayor entrevistado, “con personas de la misma edad, pues
que le digo yo señorita, por ejemplo Luis Parra, él a veces me dice que le cosa la
ropa y luego se pone de mal genio y me contesta con palabras soeces. Dice un
adafio, la vejez no llega sola”; del mismo modo, entran en juego los imaginarios
que poseen los adultos mayores sobre la vejez, estos imaginarios son sistemas
socialmente construidos que permiten percibir, explicar e intervenir, lo que en cada
sistema social diferenciado se tenga por realidad es por ello que adultos mayores
como los entrevistados relacionan ser viejo con mal carácter; sin embargo, es
innegable que por conductas repetitivas se tiende a generalizar comportamientos
y se toma como base para dar explicación a un fenómeno, en este caso el
fenómeno del envejecimiento (Torrejón, 2007).
236

�Como lo manifiesta Ismael Celis durante la entrevista, “si señora en el Socorro, en
el Socorro si allá estuve durante el tiempo, estuve fue en patios de distinta
gaminería, había cantidad de gente que mejor dicho era insoportable. La verdad le
cuento doctora que yo lo que le voy a decir es la verdad, yo poco me trataba con
ellos, porque soy una persona que yo pienso primero las cosas para conseguir yo
la persona para yo tratarla”.
No obstante es normal que personas de todas las edades generen malestar o
insatisfacción ante distintas situaciones inesperadas que puedan estar afectando
áreas de su vida, estás situaciones pueden estar influenciadas por la condiciones
del contexto en la que se encuentran inmersos; por lo tanto sus actitudes y
comportamientos pueden estar mediados por la rabia y la apatía.
En el caso de los adultos mayores las condiciones del contexto, la selectividad de
las personas que puedan ser útiles en el pabellón y la poca afinidad, son
detonantes que

influyen de manera significativa en la práctica de buenas

relaciones sociales no sólo en personas de edad avanzada, sino también en
personas más jóvenes, como lo expresa el entrevistado, “la relación en el patio
incluso es muy diferente la vida carcelaria a la vida pública, en la calle, hay un 90
% de diferencia cuando esta uno en libertad a estar preso dentro de las cárceles
por el hecho de estar dentro de las 4 paredes asiste la mayor parte de gente con
ira, de mal genio, incluso a mí me ha sucedido o me sucede no quisiera ni que le
hablarán a uno”.
Las relaciones sociales con personas más jóvenes no son primordiales para el
adulto mayor; por el contrario, tienden a sentirse bien en la interacción con
personas de su misma edad; por lo tanto a estas relaciones sociales les dan
significado y las conversaciones son más fluidas, debido a que pueden ser
enriquecedoras, por las experiencias, por la época y el tiempo histórico en el que
han vivido; para el adulto mayor lo relevante es el significado de la interacción,
dedicando más tiempo a las relaciones más recompensadoras y menos tiempo a
las relaciones aversivas o menos recompensadoras (Belando, 2006).
237

�Respecto a lo anterior, es importante traer a colación lo mencionado por Ismael
Celis “pues entre las personas de la misma edad o después de la misma edad, el
trato con ellos ha sido muy bueno para que voy a decir, ellos me han tratado muy
bien y yo creo que ellos también se han satisfecho con el tratamiento mío para
ellos y si hablamos de ayudarnos entre nosotros, uno como no va a ser capaz de
hacer las cosas aquí en el penal, por ejemplo si a mí me pusieran a barrer, a
limpiar o a recoger yo lo haría con el mayor de los gustos doctora, porque uno no
está pa´ ponerse a escoger, ni con caprichos, eso es en rotundamente lo que yo
haría doctora”
La familia, institución fundamental en el desarrollo integral del adulto mayor.
Dentro de estos factores se encuentra la importancia de redes de apoyo, que son
primordiales para el desarrollo del ser humano durante su vida. En el caso del
adulto mayor, según Camdessus (1995), la familia está relacionada con el vivir
juntos, el socorro mutuo, el parentesco, la confianza, la trasmisión de valores y los
lazos afectivos. Estos elementos constituyen la red familiar de sostén que el
anciano guarda en su interior como una concepción en cierto modo idealizada,
respecto al funcionamiento efectivo de los lazos familiares (Cordero et al., 2003).

Para los adultos mayores sentirse amados, atendidos y respetados por sus
familias durante el proceso de envejecimiento les produce tranquilidad; por lo
tanto, perder la poca autonomía, respeto y autoridad en el pabellón frente a otros
compañeros significa sentirse en desventaja frente a internos de otras edades, ya
que las opiniones frente a cualquier decisión en el patio deben ser acogidas sin
dar cabida a su participación; en este sentido, además de la pérdida de roles,
comienza a existir una vulneración a los derechos de igualdad y no discriminación,
el derecho a la integridad física, psíquica y emocional, a un trato digno y a
participar de una vida social (Huenchuan y Rodríguez, 2010).

238

�De acuerdo con los razonamientos que se han venido desarrollando, los lazos
afectivos y la existencia de vínculos o redes de apoyo, representan para el adulto
mayor en prisión una situación de angustia, como lo manifiesta Ismael Celis
“dentro del sistema carcelario yo lo que le puedo decir es que me da angustia
porque no tengo mis familiares para yo tratarme con ellos y no tener yo la voluntad
de tener el gusto de estar bien en casa”.

Evidentemente existe una ruptura de vínculos, como lo manifiesta don Pablo
Santander, “extraño la ingratitud de mis hijas, yo fui señorita buen hijo, buen
esposo, buen padre, buen suegro, no hubo ningún motivo para que ellos me
tuvieran en el olvido, me dejaran en olvido, con todo respeto señorita me faltaron
los senos para ser madre con ellos, por eso me siento con un sentimiento bastante
profundo porque no hubo razón para que ellos actuaran conmigo de esa manera.”

Los entrevistados relatan su experiencia frente al olvido familiar al que se
enfrentan tras el ingreso a prisión; para el adulto mayor la familia a pesar de ser
durante un tiempo el sostén durante su estadía en el establecimiento, expresaron
en la entrevista sentimientos de desesperanza frente a lo que fue, lo que pudo ser
y lo que es. Hay una añoranza del pasado, con resignación del presente y una
lejanía de las relaciones familiares, ya que algunos vínculos con el paso del
tiempo se rompen debido a la situación de privación de la libertad en la que se
encuentran.

En efecto, se forma un distanciamiento social como consecuencia del desapego
individual que suele ocurrir en la vejez, conectado con la falta de oportunidades y
el escaso interés, manifestadas en las contribuciones de los viejos (Guerrini,
2010). Como lo expresa don Pablo Santander “aunque tenga uno familia, hijos o
hermanos, siempre se siente uno solo, se siente uno solo porque ellos lo miran a
uno lo visitan la primer vez, la segunda vez o tercera vez y ya se cansan, la familia
se cansa, que vamos a ir a ver si hace 15 días fui a verlo, hace un mes fui a verlo,
239

�bueno se cansan a los meses, y ya no vuelven con los años, entonces es muy
triste llegar uno a la edad y llegar a una cárcel.”

Para el adulto mayor en prisión mantener una relación cercana con sus familiares
trae consigo situaciones de angustia y desesperanza; es imposible una llamada
por los escasos recursos económicos, la lejanía para recibir una visita o porque
sus familiares viven en el área rural de municipios lejanos; a ésto se le suma un
detonante cruel y es la repercusión del delito que cometieron; la mayoría de los
adultos mayores en prisión se encuentran por delitos sexuales, en este caso por
acceso carnal violento a menores de 14 años y abuso sexual a mujeres, población
en condición de vulnerabilidad, ya que el uso de la fuerza menor, por ello no son
enviados a detención domiciliaria.

Otros como el señor Celestino José Chamorro viven plenamente; existe una
resignación en el proceso de reclusión, debido a que toda su vida perteneció a
grupos armados al margen de la ley; por lo tanto su formación en la insurgencia, le
ayudó a aceptar situaciones inesperadas, como “pagar sus errores privados de la
libertad o aceptar la muerte en cualquier momento”; es por ello que su vida en
prisión suele ser tranquila; los años vinculados a la insurgencia, desencadenaron
con el paso del tiempo, una separación y una pérdida de vínculos familiares; por lo
tanto asimila el estar solo como una situación normal, prefiere la seguridad.

Este cambio no es tan fuerte para él; en libertad, las visitas a sus familiares eran
escasas, posibles solo cuando su trabajo se lo permitiera. “Yo me siento pleno y
feliz, porque conocí del señor aquí en prisión y mi vida cambió, me da pesar por
los otros adultos mayores porque yo sé que no están viviendo bien aquí, porque
siempre hay un punto de quiebre, ya sea por el delito que la mayoría cometió o
porque estaban tan acostumbrados a su vida en libertad al lado de sus familias
que fue un cambio grande para ellos, verse ahora en este momento sin sus
familiares, yo no doctora, yo no me siento así, reconozco que fui un mal padre y
240

�un mal esposo, porque nunca estuve en la crianza de mis hijos, ni siquiera en los
partos de mi mujer, cuando llegaba a la casa ya los niños estaban grandes, yo los
llamo, ellos están lejos por seguridad, prefiero que estén allá, sé que me aman así
como yo los comencé a amar y a extrañar estando aquí y si no me aman, estoy
pagando todos mis errores entre esos quererlos ver y ahora si no poder”.

Así como Celestino Chamorro, algunos adultos mayores se dedicaron en libertad a
cumplir sus deseos personales, en la insurgencia, en el alcohol, en sus trabajos
delictivos, creyeron y siguen creyendo que su responsabilidad como esposos y
padres estuvieron dados por el factor económico y actualmente desean recuperar
sus vínculos familiares pero, como Chamorro, muchos están resignados a vivir
lejos de ellos y reconocen que cuando pudieron cosechar amor y entrega en sus
esposas, hijos y nietos, no lo hicieron; por lo tanto, no cuentan con autoridad para
exigir cariño y amor en la situación en la que se encuentran, como se puede
analizar a partir de lo expresado por Ismael Celis, “porque yo anteriormente no
me estimaba, mejor dicho yo mismo, porque me vivía tomándome y debido a eso
era las consecuencias y que uno se encuentra mal doctora porque uno no la
pasaba en la casa, y ahora es que uno si les hace falta la familia”
El delito sexual, influencia negativa en la conservación de los lazos afectivos
de los adultos mayores.

Cabe anotar que en el establecimiento penitenciario los adultos mayores, en su
gran mayoría, se encuentran condenados por cometer delitos sexuales a menores
de edad; esta información se encuentra en la base de datos virtual y fisica del
establecimiento, en las cartillas biográficas.

Es preciso afirmar que el delito cometido influye de manera negativa en las
relaciones con los guardias e internos de otras edades. En el ámbito penitenciario
se ha materializado la idea que entre más adulto, las probabilidades de ser
241

�abusador sexual es mayor; sin embargo, muchos se encuentran redimiendo pena
por homicidio, secuestro extorsivo y pertenencia a grupos armados; no obstante,
la tendencia a cuestionar a los adultos mayores está dada no solo por la etapa que
atraviesan sino por el delito, evidenciado en lo que refiere el señor Medardo Diaz,
“aquí no les importa la edad y si es por la edad que tiene uno, ellos no miran el
proceso, ni lo conocen, solo le preguntan la edad, y le dicen “usted está por violo,
seguro” y lo tratan a uno mal, no ven que uno puede cometer un delito, y no le
hacen los favores a uno; sin haber uno cometido ese delito.” Al igual que los
adultos mayores las cifras de jóvenes abusadores ha incrementado, pero el trato
que reciben por parte de otros internos no afecta de algún modo su cotidianidad,
por el contrario mantienen buenas relaciones en los pabellones en los que se
encuentran, ya que algunos no sólo son abusadores sino que han pertenecido a
grupos paramilitares, esto refleja que hay una estigamtización del adulto mayor en
reclusión.
Algunos internos como el señor Pablo Santander, lo manifiestan de la siguiente
forma: “es un cambio extraordinario, porque incluso cuando uno va a recibir los
alimentos que los van a repartir, los ve uno de mal genio, que ah yo no sé, que
hágase para un lado, que mire que no me acose y sin estarlo “acosando”, sin
estarlo molestando, sin estarlo &lt;tocando&gt;, entonces yo analizo que es por la edad
no, por la edad”
El aislamiento social al que son sometidos los adultos mayores, puede desarrollar
en ellos trastornos de personalidad antisocial, distorsiones cognitivas, dificultades
en el desarrollo de empatía, y en la habilidad de entender y atribuir estados
mentales a otros, desarrollan una habilidad especial para identificar niños
vulnerables, además en algunos casos el uso del alcohol y las drogas los estimula
a cometer este tipo de delitos (Electra, Martínez, Leyton y Bardi, 2004).

La realización de actos sexuales y la vulneración de la integridad a menores de
edad, trae consigo consecuencias nefastas tanto para la sociedad como para la
242

�organización familiar del adulto mayor y de las personas víctimas de este tipo de
abuso; es por ello que no cuentan con redes de apoyo familiar, ya que en buena
parte, la conservación de los lazos afectivos en prisión está influenciada por el
rechazo hacia el delito cometido. En este sentido, existe una influencia negativa en
la calidad de vida del adulto mayor, ya que la familia es la organización más
importante en el desarrollo integral del ser humano, que por naturaleza es
complejo y contradictorio, en este sentido las relaciones familiares son el producto
de múltiples condiciones reales, en un contexto determinado (Landriel, 2001).

La calidad de vida del adulto mayor determinada por las condiciones del
contexto.

Los sujetos que se encuentran privados de la libertad no cuentan con recursos
propios; por lo tanto, el establecimiento debe responder por la manutención
durante sus años de condena, siendo éstos una carga para el Estado, por lo tanto,
los servicios de atención de las necesidades básicas no están siendo cubiertas de
la mejor forma y según los requerimientos del ciclo vital, como lo expresa el
entrevistado, “entonces yo quisiera también en un sentido era que en por ejemplo
para el asunto de la comida que nos dieran esa comida que nosotros sufrimos de
la hipertensión alta, entonces que nos dieran esa comida un poquito bastante
bajita de sal, porque es que en ese sentido a nosotros nos tienen fracasados y
pues si eso es y día por día, pues uno en ese sentido, poco a poco puede ir
disminuyendo”.

En este orden de ideas, las condiciones del entorno entran a formar parte
importante en la calidad de vida del adulto mayor; estas condiciones tienen que
ver con la adecuación del pabellón en donde residen, servicios de atención
básicos, cubrimiento de sus necesidades de forma adecuada y su participación en
los distintos programas que potencialicen sus capacidades; en este sentido las

243

�instituciones públicas deben actuar para satisfacer las necesidades de los
individuos, basadas en comportamientos típicos y habitualizados a partir de las
normas y las reglas establecidas (Huenchuan, 2013).

En el EPAMS-Girón los adultos mayores que se encuentran en algunos
pabellones se limitan por la estructura física de las celdas, ya que las puertas son
poco adecuadas para los cambios de temperatura y no poseen un circuito de
ventilación apropiada, como lo manifiesta un adulto mayor del pabellón 10 a “La
verdad uno se siente olvidado aquí en este patio, las puertas doctora van hasta el
techo, no le entra a uno aire, ese calor doctora en la noche, que uno ya ni puede ni
respirar del calor que hace en la noche”. Si bien es cierto, lo adultos mayores no
asimilan de la misma forma los cambios de temperatura en su cuerpo, sufren de
un calor o frío excesivo, que responde al deterioro biológico debido a la edad.

Del mismo modo, el cubrimiento de una de sus necesidades básicas como es la
alimentación está siendo manipulada por internos que dominan el pabellón, como
lo manifiesta el señor Medardo Díaz “la verdad aquí uno tiene que como dice el
dicho, si agua le dan a uno, agua tiene que tomar, si le dan la gana de rendir el
jugo y echarle agua y azúcar, darnos a nosotros agua de azúcar y ellos se toman
el jugo, cuando nos mandan jugos buenos de leche, y si ellos se lo toman, a
nosotros nos dan agua de azúcar”.
“Pues aquí legalmente pasarla uno, así por la edad de nosotros es una cosa muy
delicada, ya que habemos muchas personas que habitan distintas enfermedades,
si, unos sufrimos de asma, otros de gripa, de lo que sea doctora, y cuando gasean
a un menor, cualquiera comete un error, lo gasean caiga quien caiga, entonces
pues ahí no les importa si hay alguien enfermo o no, y la realidad doctora eso le
atormenta a uno la salud y uno no puede hacer nada sobre eso”.

Igualmente, la organización de los adultos mayores en sus celdas, han producido
accidentes que influyen de forma negativa en su estado de salud, “doctora se
244

�acuerda que se cayó un compañero del planchón donde duerme, es que doctora a
la realidad, ya algunos no tienen las mismas fuerzas, que cuando éramos jóvenes,
entonces ese se fue a subir,(entre risas) cuando ya habían apagado las luces y
todo doctora y se cayó, menos mal sólo se partió la cadera, no pasó nada más
grave, ya por ahí anda, con sus achaques”.
El insomnio es recurrente en los adultos mayores en prisión, como lo manifiesta el
entrevistado Pablo Santander, “no duermo casi señorita no, me desvelo, no
porque piense en mi familia, no en nada, yo no, incluso he tenido que acudir a los
galenos de la cárcel al médico, para que me autorice unas pastillas para dormir y
me las han dado, 30 pastillas para un mes, una diaria, incluso hace días no bajo
por allá por no ir a molestarlo, porque inclusive la señorita enfermera, que reparte
la droga, dijo que, que no habían, que estaban agotadas no por eso no he ido por
allá por no ir a molestarlo, pero gracias a esas pastillas he podido conciliar el
sueño, con eso paso la noche, si duermo una sola hora en la noche es mucho”.
En este sentido, es preciso traer a colación algunas causas sociales que producen
insomnio, éstas se encuentran relacionadas con la jubilación, ruido excesivo,
institucionalización, incomodidad en la cama, cambio de domicilio, exceso de calor
ambiental, hospitalización y aislamiento, y algunas enfermedades médicas y
psiquiátricas como enfermedades cardiopulmonares y depresión, comunes en
adultos mayores privados de la libertad (Carro, Alfaro y Boyano, s.f.).

Sumado a lo anterior, la continua desmotivación y excesiva desesperación por la
esperanza de un futuro incierto, por la comparación de su vida antes del ingreso a
reclusión y por la vida sedentaria que están asumiendo actualmente, conlleva al
adulto mayor recluido a dormir menos y en consecuencia a sufrir enfermedades
continuamente, como lo menciona el entrevistado Ismael Celis “yo cuando yo
estaba afuera que yo no taba preso, yo nunca me existía ese dolor de cabeza, no
existía ese aburrimiento que me asiste, muchas veces pasa la noche y yo en claro,
eso es muy poquito lo que yo puedo dormir de noche entonces debido a eso que
245

�uno se pone a pensar en sus cosas, las cosas que uno ha dejado y claro la familia
y todo, los nietos y todo entonces uno se pone a pensar en esas pendejadas y
resulta y pasa que uno no duerme nada de noche y le coge a uno ese dolor de
cabeza y debido a eso no puede uno estar tranquilo”
Discusión
El acercamiento a la realidad de los adultos mayores del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander, permitió el
análisis de los factores de tipo social y cultural que influyen en la calidad de vida
de los sujetos, desde sus experiencias, formas de ver y pensar el proceso de
envejecimiento en reclusión; se pudo identificar en ellos carencia de redes de
apoyo como la familia, pérdida de roles, aceptación de imaginarios construidos por
la sociedad y asumidos por ellos durante esta etapa, escasas relaciones
interpersonales.
Como se ha venido mencionando, la calidad de vida de las personas mayores está
vinculada a factores de tipo social y cultural que emergen con el paso de los años
y por las condiciones de vida según el contexto en el que se encuentran inmersos.
Estos contextos influyen de forma positiva o negativa en la calidad de vida de los
adultos mayores que a pesar de su experiencia, representan una carga social y
económica para las distintas instituciones del sector público y privada (Huenchuan,
21013).
De igual forma, en la medida en que el ser humano envejece va perdiendo valor
dentro de la sociedad; este rechazo hacia la vejez influye en los adultos mayores
ocasionando en ellos aislamiento por los imaginarios sobre dependencia,
enfermedad e improductividad; en este sentido la sociedad se ha encargado de
invisibilizar al adulto mayor, despojándolo de sus roles; en la familia pasa de ser la
figura de cuidador, suplente económico y quien dirige al hogar a ser la persona
frágil a la que se debe cuidar de forma especial.

246

�Dentro del sistema penitenciario ocurre una desvinculación de las redes de apoyo
como la familia, influenciada por el delito cometido, en este caso, por el abuso
sexual a menores de edad, siendo también un determinante en sus relaciones
interpersonales con otros internos y, con la familia por la distancia que existe de la
cárcel a los lugares de origen, y porque tienden a ser una responsabilidad
económica, por las escasas posibilidades laborales.
En este caso, es imposible negar la exclusión social a la que son sometidos los
adultos mayores en los espacios en los que se desenvuelven, a pesar que es un
grupo considerado activo y diverso; es recurrente la idea de que las personas
adultas mayores no cuentan con un rol en la sociedad, como lo afirma Estrada
(2001), “estos roles atribuidos a lo largo de la vida por su familia, las instituciones y
por los grupos sociales a los que pertenecen, son los que le han dado de alguna u
otra forma, sentido a su existencia durante muchos años”; por lo tanto, es
importante creer en que puede ser posible una sociedad para todas las edades,
alejada de los estereotipos (Carbajo, 2009).

CONCLUSIONES
El proceso de envejecimiento en reclusión se considera mucho más difícil, que
para los sujetos en libertad y trae consigo otros detonantes, como la fuerte
adaptación que sufre el ser humano tras el ingreso a prisión, los estereotipos que
rondan en torno al proceso de envejecimiento y al delito sexual cometido por gran
parte de los sujetos mayores de 60 años. Las condiciones de encierro, el cambio
de hábitos y rutinas, la creación de nuevas relaciones con personas de perfil
delictivo distinto y de otras edades, los lleva a afrontar un choque cultural fuerte,
debido al desarraigo de su lugar de origen, en donde las condiciones de vida eran
distintas.

247

�Si bien es cierto en libertad los adultos mayores que no poseen buenas
condiciones de vida, tienden a ser recriminados por la improductividad que
afrontan debido al declive de sus funciones físicas y cognitivas que son naturales
en esta etapa, en reclusión esta imagen se fortalece ya que son pocos los
programas ocupacionales a los que pueden acceder, causando en ellos el arraigo
de imaginarios construidos por la sociedad en lo que respecta a que son vistos
como una “carga”, lo que lleva a su escasa participación en el desarrollo de otras
actividades.
Actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de
Girón, se encuentran recluidos 157 adultos mayores, organizados en distintos
pabellones; esta distribución la realiza el establecimiento, según el delito y su
connotación en la sociedad; sin embargo los adultos mayores son ubicados en el
pabellón de internos extraditables; por lo tanto, personas más jóvenes tienen el
control de las actividades a desarrollar en el pabellón.
Luego del acercamiento a los adultos mayores en el Sistema penitenciario, se
pudo establecer que la añoranza del pasado fortalece la insatisfacción en el
presente, atribuyéndole a la etapa por la que atraviesan imaginarios negativos; por
lo tanto comienza a haber un descuido personal y la proliferación de
enfermedades físicas y psicológicas. El principal imaginario asociado por los
adultos mayores en prisión a esta etapa del ciclo vital es que cuando se atraviesa
por el proceso de envejecimiento se pierden todas las funciones y capacidades
físicas, biológicas y cognitivas, no sienten fuerzas para trabajar; creen que es
horrible llegar a Viejo, se madura solo para estar de mal humor y alegando por
todo, piensan que es la etapa en la que ya no se puede aprender nuevas cosas,
se sienten impedidos a desarrollar actividades académicas; la mayoría no saben
leer y escribir y no se lo proponen porque se sienten incapaces; las posibilidades
laborales dentro del Sistema Penitenciario son casi nulas y se escudan en esta
problemática para no desarrollar otras tareas.

248

�Existe una gran diferencia en las expresiones de los adultos mayores que se
encuentran por delitos asociados a la insurgencia y los delitos propios de la
delincuencia, ya que los primeros son entrenados para aceptar una vida en prisión
y asimilarla como una situación que afrontarían en cualquier momento de sus
vidas, los segundos nunca pensaron vivir situaciones privativas de la libertad y en
las condiciones en las que se encuentran, algunos sin algún tipo de apoyo
económico y familiar debido a la intensidad del delito o ahorros que nunca
programaron durante su vida; para los primeros es mucho más confortable, puesto
que poseen apoyo por parte de personas de su mismo grupo subversivo, respeto
por parte de los que se encontraban a su mando y se encuentran en la misma
cárcel, ayuda económica por parte de familiares y amigos conscientes de su
actividad en libertad y que fueron respaldados en algún tiempo por los adultos
mayores.
De acuerdo a lo anterior y a lo relatado por los adultos mayores, puede
establecerse que en prisión ocurre una afectación no sólo por la calidad de los
servicios a los que se encuentran sometidos, sino también por el manejo del poder
por parte de personas más jóvenes; es entonces cuando ocurre en ellos una
desvinculación y una pérdida de sus roles, y comienzan a realizar comparaciones
entre lo que eran fuera del establecimiento y lo que son estando recluidos.
Del mismo modo, mientras los sujetos en libertad poseen redes de apoyo como la
familia, amigos, médicos y pueden pertenecer a instituciones deportivas y
culturales, los niveles de estrés son menores que los que los sujetos afrontan en
prisión.
En el Sistema Penitenciario estos vínculos tienden a perderse debido a la lejanía
del establecimiento, a las restricciones existentes por la normatividad, ya que por
ser de alta seguridad las visitas son restringidas e influye la connotación del delito
en la sociedad y por supuesto, generan cambios acelerados en la salud,
produciendo déficit en su desarrollo físico y la producción de trastornos de sueño.

249

�Este último, es prevalente en la edad adulta avanzada; con el tiempo hay una
alteración del sueño nocturno que disminuye con el paso de los años, el tiempo
requerido para conciliar el sueño, el tiempo en la cama y los constantes
despertares aumentan, el DSM IV (1995), la define como la dificultad para iniciar
o mantener el sueño, la falta de un sueño reparador con suficiente intensidad para
provocar

repercusiones

como

cansancio

diurno,

irritabilidad,

falta

de

concentración, pérdida de memoria.
Por lo anterior, es una etapa que exige acompañamiento y cuidado; por lo tanto,
se debe optimizar las oportunidades para la salud, la participación, la seguridad de
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida; a medida que las personas
envejecen es necesario un sistema integral de apoyo que fomente el
envejecimiento activo para mejorar la calidad de vida en los distintos contextos ,
porque sin duda alguna en prisión los derechos de las personas adultas mayores
están siendo vulnerados, aunque las normas de los derechos humanos,
reconocen que las personas de edad avanzada en estas condiciones, merecen un
trato preferencial en los establecimientos penitenciarios, la cual incluye la provisión
de los elementos y servicios necesarios para satisfacer las necesidades
especiales de las personas de edad, en particular en relación con su salud física y
psíquica, el acceso de las personas de edad, sin discriminación, a medidas
penales distintas de la privación de libertad y a otros beneficios penitenciarios
(Huenchuan y Guzmán, s.f.).

Finalmente, los protagonistas mostraron sus angustias, sus motivaciones, su
realidad como adulto mayor en condición de privación de la libertad desde su
experiencia, que si bien es cierto no está muy alejada de la vida normal de una
adulto mayor en libertad, pero que las condiciones del contexto influyen de forma
negativa en cuanto al deterioro progresivo de su calidad de vida, siendo
indispensable una mayor atención por parte del establecimiento, entre otros de la
mejoría de los servicios de salud, ya que muchos se encuentran disminuidos
físicamente, con un deterioro visual y cognitivo.
250

�En este orden de ideas, se cree necesario la consolidación de programas
culturales que le permita al adulto mayor el desarrollo de habilidades; del mismo
modo, vincular a redes de apoyo del sector salud para la realización de brigadas
periódicas que propendan el bienestar físico del adulto mayor, el fortalecimiento de
actividades ocupacionales que contribuyan a los procesos de inclusión social,
teniendo en cuenta sus características particulares; además de la pertinencia de
lograr un acercamiento familiar que le permitan al adulto mayor recuperar los
vínculos afectivos, que representan un significativo apoyo emocional y económico.

Del mismo modo es necesario desde trabajo social llevar a cabo un proceso
educativo que contribuya a sesgar los imaginarios existentes sobre la vejez, tener
presente que es posible lograr la inclusión de los adultos mayores a la sociedad,
atribuyéndoles roles y fortaleciendo los que ya poseen, contribuir al fomento de
una cultura de la ancianidad con sus retos y desafíos. Promover una cultura de
aceptación de esta etapa del ciclo vital de una manera plena, llena de desafíos y
nuevas oportunidades y contribuir a la producción documental desde trabajo social
sobre esta población en el ámbito penitenciario en Colombia.

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255

�ESTRUCTURA FACTORIAL DE UN INSTRUMENTO ESPECÍFICO PARA
MEDIR LA CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES EN COMUNIDAD.

José González Tovar
Rosa Isabel Garza Sánchez
Alicia Hernández Montaño
Cecilia Elizabeth González Beltrán

16

RESUMEN

El propósito de este estudio se encaminó en la construcción y validación de una
herramienta específica para valorar la calidad de vida de los adultos mayores en
Coahuila. Esto mediante la identificación de la estructura factorial que posee. Los
reactivos que se incluyeron este estudio corresponden tanto a indicadores o
apreciaciones subjetivas como el auto reporte de las condiciones subjetivas en la
vida del adulto mayor en términos de frecuencia y relevancia. Se eligieron de
manera intencional a 535 adultos mayores, de los cuales el 49% (n=262) son
hombres y el 51% (n=51) son mujeres. Se utilizó una encuesta de 104 reactivos y
un apartado de datos generales con 19 indicadores denominada Cuestionario de
calidad de vida percibida en adultos mayores. Los datos se procesaron mediante
análisis factorial exploratorio para determinar la estructura factorial. Se utilizó el
método de principales componentes con una rotación ortogonal Varimax con
Káiser. Los resultados obtenidos en este estudio se concluye que la estructura en
la primera revisión del Cuestionario de calidad de vida percibida de adultos
mayores en población de Coahuila posee una adecuada validez. La estructura
factorial obtuvo un buen porcentaje de explicación de la varianza y las cargas
16

(Expositor)

Universidad Autónoma de Coahuila

256

�factoriales aportaron un peso factorial medio. En un principio la estructura del
instrumento fue con base en nueve componentes, sin embargo, después del
procesamiento se redujo a sietes dimensiones que en su interpretación fueron
congruentes, además hay que notar que también disminuyó el número de
reactivos que integraron el instrumento ya que pasó de 104 a 62 indicadores.

Palabras clave: calidad de vida, adultos mayores, bienestar, medición

INTRODUCCIÓN

La calidad de vida de los adultos mayores ha cobrado presencia como fenómeno
de investigación debido a las estimaciones que ya desde hace años se hacían
sobre el incremento de la población de estos grupos de edad. Diversos estudios
(Acevedo Alemán &amp; González Tovar, 2012) han aportado al concepto de calidad
de vida variables relacionadas con la redes de apoyo, la familia, las actividades
productivas y de recreación que fomentan una percepción de bienestar en los
adultos mayor y de quienes lo rodean y conviven con ellos.

Hay que considerar que el envejecimiento es un proceso evolutivo que trae
consecuencias biológicas, sociales y mentales, como enfermedades crónicas que
aparecen frecuentemente en estas edades, pérdida de capacidades físicas,
limitación de recursos económicos que pueden llegar a ser insuficientes para
cubrir sus necesidades básicas, pérdida de amigos, familia y pareja así como una
mayor dependencia de las personas que le rodean, aislamiento y cambios
importantes en el estilo de vida. Las consecuencias del envejecimiento catalizadas
por características socio-demográficas específicas pueden afectar en mayor o
menor grado su calidad de vida, por lo cual es útil y necesaria su medición para
cualquier valoración de este grupo de edad.

257

�La calidad de vida ha sido definida y estudiada desde la perspectiva de múltiples
disciplinas, pero es un concepto multidimensional, que abarca los efectos de una
enfermedad o tratamiento sobre el funcionamiento físico, psicológico, social y en
las actividades del diario vivir de las personas. Este concepto toma en
consideración el grado de satisfacción de la persona, con su funcionamiento en
dichas esferas. En el campo de la salud, se usa cada día con mayor frecuencia. El
término calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), es de gran interés para
los

profesionales

sanitarios,

porque

les

permite

obtener

información

complementaria y diferente a los indicadores clínicos tradicionales, explorando la
percepción que tiene el paciente de su salud, su capacidad funcional, el
sentimiento de bienestar, además del impacto de las enfermedades crónicas y de
las intervenciones sanitarias, empleando instrumentos sencillos y muy robustos,
sin requerimientos muy exigentes para su aplicación (García Roche et al, 2001).

El significado de la calidad de vida es distinto para cada una de las personas, a
través de dichos significados se reflejan los diversos conocimientos, experiencias
y valores individuales. Para algunos, la calidad de vida puede estar basada en la
armonía de una vida hogareña y, para otros, en un sentido más espiritual. Para los
que padecen algún tipo de patología, la calidad de vida se centra en su dolencia y
las consecuencias derivadas de ésta (Baker y Green, 2005; Patrick y Erickson,
1988 citados por Molina Linde, Sánchez Hernández, Rubio, &amp; Uribe, 2005). No
existe consenso en la definición de calidad de vida de las personas mayores. De
esta manera, es lógico que se haya desarrollado una amplia variedad
terminológica para definir el concepto de calidad de vida, incluyendo: la vida
satisfactoria, el bienestar subjetivo, el bienestar psicológico, el desarrollo personal
y diversas representaciones y construcciones individuales y colectivas de lo que
constituye una buena vida. En el contexto de la investigación y la psicometría, el
enfoque más común a la hora de medir la calidad de vida de las personas
mayores ha sido el utilizar varios tipos de indicadores de satisfacción con la vida,
el estado de la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las
258

�relaciones sociales y con el entorno además de las creencias religiosas, aspectos
que son dimensiones que incluye este amplio concepto de calidad de vida (Molina
Linde, Sánchez Hernández, Rubio, &amp; Uribe, 2005).
Otro aspecto que hay que considerar es que el estudio de la calidad de vida se ha
caracterizado por su orientación positiva, tanto al construir teorías, como a la hora
de recoger datos de la realidad social. Es decir, no se interesa sólo por la falta de
calidad de vida (situaciones de necesidad social, malestar social, problemas
sociales, etc.), sino que intenta identificar situaciones de bienestar psicológico y
social y comprender los factores que contribuyen a lograr, mantener y promover
dichas situaciones positivas.

La introducción de indicadores psicológicos y sociales positivos en los estudios de
calidad de vida de población anciana ha sido una práctica general en este ámbito
de estudios, generalmente en forma de preguntas referidas a percepciones y
evaluaciones sobre sí mismo y sobre el medio ambiente circundante (Lawton,
1983; Michalos et al., 2001). El tema siempre polémico, y quizás inagotable, es la
definición de unos ámbitos concretos, que se supone que son los más relevantes
para evaluar la calidad de vida de las personas mayores, y de los que hay que
identificar y obtener indicadores específicos (Casas, y otros, 2001).

Diversos autores han investigado sobre los factores de la vida que son
considerados importantes para la calidad de la misma en las personas de edad
avanzada, encontrando como variables más importantes las relaciones familiares
y contactos sociales, la salud general, el estado funcional, la vivienda y la
disponibilidad económica. Son componentes muy importantes de la calidad de
vida la capacidad de control y las oportunidades potenciales que la persona tenga
a lo largo de su vida, de forma que la calidad de vida viene dada por el grado de
satisfacción alcanzado por la persona con las oportunidades que le ofrece la vida y
lo conseguido en aquellos aspectos que tienen importancia para ella. Lo que los
mayores necesitan para disfrutar de la vida es ser productivos y contribuir
259

�activamente en la vida de algún modo. El crecimiento personal, el tener un
propósito, una meta y la calidad de las relaciones personales son parte de un
funcionamiento positivo en la edad avanzada. Las aspiraciones de autodesarrollo
y el interés en el bienestar de los demás se asocian con sentimientos de bienestar
en la vejez. El conocimiento de qué factores son más relevantes para la población
mayor de 65 años en la percepción de la calidad de su vida es fundamental para
diseñar estrategias que la mejoren en este sector de la población, cada día más
numeroso (Azpiazu Garrido, y otros, 2002).

La experiencia en el estudio de la calidad de vida ha dejado conocimiento que
permite crear nuevas líneas de investigación o profundizar en aquellas que ya han
sido propuestas por otros investigadores. Ejemplo de esta experiencia es el
estudio de Gómez, Verdugo, Arias y Navas, (2008) quienes evaluaron la calidad
de vida en personas mayores y con discapacidad en España.. Para este propósito
se

desarrolló

una

escala

llamada

FUMAT

con

ocho

dimensiones:

autodeterminación; derechos; bienestar emocional; inclusión social; desarrollo
personal; relaciones interpersonales; bienestar material y bienestar físico. Los
autores concluyen que la escala FUMAT es una valiosa aportación a la
investigación sobre calidad de vida especialmente a la intervención en personas
mayores y personas con discapacidad, permitiendo con este instrumento evaluar
la calidad de vida en pocos minutos y de una forma muy sencilla, este estudio les
permitió a los autores validar este instrumento de medición. La pertinencia de
tomar este ejemplo del contexto ibérico es debido a que los estudios sobre calidad
de vida en ese país han ido en aumento y han llamado la atención de otros
investigadores

Otro estudio clinimétrica de la calidad de vida, pero realizado en México por Peña
Pérez, Terán Trillo, Moreno Aguilera y Bazán Castro (2009), con el objetivo de
conocer la percepción de la calidad de vida del adulto mayor mediante la
aplicación del Cuestionario Breve de la Calidad de Vida (CUBRECAVI), consideró
260

�diferentes aspectos para establecer una conducta que permita realizar acciones
preventivas realistas y acordes con sus expectativas. Los autores concluyeron que
la mayoría de sus síntomas se relacionan con su estado de ánimo,
considerándose autosuficientes, al no tener dificultad para realizar sus actividades,
todos tuvieron algún tipo de enfermedad y en cuanto a los síntomas afectivos se
aprecia la relación con los problemas de memoria y desorientación frecuente.

Soberanes Fernández, González Pedraza Avilés y Moreno Castillo, (2009)
también realizaron un estudio en México para conocer la funcionalidad de los
adultos mayores con varias escalas de medición relacionadas con actividades de
la vida diaria y relacionarlas con la calidad de vida, encontraron que al analizar la
calidad de vida relacionada con la salud y la funcionalidad sugiere que tener una
edad mayor, ser mujer, estar casado o en unión libre, tener baja escolaridad, no
trabajar, tener ingreso económico bajo y padecer diabetes mellitus son factores
que condicionan de manera importante esta asociación.

Salazar Estrada, Gutiérrez Strauss, Aranda Beltrán, González Baltazar y Pando
Moreno, (2012) realizaron una investigación de la calidad de vida de adultos
mayores con diabetes mellitus tipo dos en centros de salud de Guadalajara,
México, mediante el cuestionario Diabetes 39 que mide

energía y movilidad;

ansiedad y preocupación; control de la diabetes; sobrecarga social y funcionalidad
sexual. Concluyendo que la calidad de vida se ve afectada especialmente en el
dominio de energía y movilidad y en el funcionamiento sexual.

La mayor parte de las investigaciones atiende el fenómeno de la calidad de vida
desde la patología física, sin embargo, si atendemos a la definición de salud
planteada por la Organización Mundial de la Salud en la cual se enunció que es un
estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia
de enfermedad (OMS, 1997), el componente de autopercepción del estado de
salud y/o de la calidad de vida se asume como una medida válida para la
261

�investigación y caracterización de la población de adultos mayores. Como
concepto relacionado a esto, la misma OMS estableció desde el siglo pasado que
la calidad de vida es la percepción que tiene el individuo de su posición en la vida
en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con
sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones ( World Health
Organization Quality for life Assessment [WHOQOL], 1995). Por lo tanto, las
mediciones de calidad de vida han considerado las autopercepciones y/o
autoevaluaciones como forma valida de valorar este complejo constructo, sobre
todo desde la perspectiva de la psicología y de sus diferentes disciplinas
asociadas.

Existe una diversidad de modelos teóricos que respaldan las mediciones de la
calidad de vida general y especificas en diversas poblaciones (Sirgy, 2001; Sirgy,
Rahtz, Cicic y Underwood, 2000), los grupos específicos en donde se han
enfocado la construcción de escalas para medir la calidad de vida son el contexto
de las enfermedades crónicas y la discapacidad (Córdoba Andrade, Gómez Benito
y Verdugo Alonso, 2008; Gómez, Verdugo, Arias, y Navas, 2008). Además de lo
anterior, la población de adultos mayores ha sido estudiada en cuanto a su calidad
de vida a través de mediciones específicas de su estado de salud física (Botero de
Mejía y Pico Merchán, 2007).

Dadas las condiciones del campo de la medición de la calidad de vida, se tomó
como base para la construcción del Cuestionario de calidad de vida percibida en
adultos mayores las categorías propuestas por Verdugo y Sabeh (2002)
enfocadas no solo a los aspectos físicos sino que se explora la calidad de vida en
un concepto más integral, considerando el concepto de autodeterminación como la
base para la estructura de la calidad de vida y la salud mental (Verdugo y Martín,
2002).

262

�Bajo esta concepción teórica se asume que la calidad de vida es afectada por
factores personales y ambientales; se mejora con la autodeterminación, los
recursos, el propósito de vida y un sentido de pertenencia (Schalock, Gardner y
Bradley, 2007) que pueden expresarse en la vida cotidiana del adulto mayor con
toma decisiones sobre sus actividades y responsabilidades, las redes de apoyo
que crea y utiliza además del sentido e interpretación de su situación presente y
futura.

Conforme se indaga en las implicaciones del concepto de calidad de vida se hace
evidente que este concepto se ve influenciado por factores sociales e individuales
que pueden ser objetivos y subjetivos (Velarde-Jurado y Avila-Figueroa, 2002). En
el campo de la investigación del comportamiento diversos autores han reconocido
y defendido la postura del abordaje de la calidad de vida tanto en apreciaciones
subjetivas como en condiciones objetivas (Arita, Romano, García y Félix, 2005).

De tal forma que el propósito de este estudio se encaminó en la construcción y
validación de una herramienta específica para valorar la calidad de vida de los
adultos mayores en Coahuila, México. Esto mediante la identificación de la
estructura factorial que posee. Los reactivos que se incluyeron este estudio
corresponden tanto a indicadores o apreciaciones subjetivas como el autoreporte
de las condiciones subjetivas en la vida del adulto mayor en términos de
frecuencia y relevancia.

Método

Participantes. Se eligieron de manera intencional a 535 adultos mayores, de los
cuales el 49% (n=262) son hombres y el 51% (n=51) son mujeres, se observó que
la muestra es proporcional según el sexo (χ2=.226, gl=1, p=.634). Las edades de
los adultos mayores participantes oscilaron entre los 60 y hasta los 95 años. El
57.6% de la muestra corresponde a adultos con edades de los 60 a los 70 años. El
263

�42.4% estuvo en el grupo de 71 hasta 95 años. El 40.6% tiene una familia
compuesta por uno o tres hijos, 37.8% tiene de cuatro a seis hijos, el 16.3%
restante tiene entre siete y hasta 15 hijos.

Instrumento. Se utilizó una encuesta de 104 reactivos y un apartado de datos
generales con 19 indicadores denominada Cuestionario de calidad de vida
percibida en adultos mayores. El instrumentó se organizó en nueve dimensiones
que abarcan: bienestar físico, autodeterminación, servicios de vivienda, seguridad
material, participación ciudadana, bienestar emocional, relaciones interpersonales,
educación, bienestar espiritual y plan de vida. Estas dimensiones están basadas
en el modelo propuesto por Verdugo (2009). La forma de respuesta del
instrumento fue mediante una escala de frecuencias con cinco opciones para cada
dimensión. El instrumento obtuvo un índice de consistencia interna mediante el
coeficiente alfa de Cronbach de .908, lo cual es aceptable.

Procedimiento

Los datos se procesaron mediante análisis factorial exploratorio para determinar la
estructura factorial. Se utilizó el método de principales componentes con una
rotación ortogonal Varimax con Káiser. Estos procedimientos fueron hechos en el
paquete estadístico SPSS versión 21.

RESULTADOS
El primer paso del procedimiento que se siguió para la validación del cuestionario
de calidad de vida para los adultos mayores fue establecer la consistencia interna
de la propuesta inicial. Se procesó mediante el método alfa de Cronbach y se
obtuvo un coeficiente de .944, sin embargo, esta medida es muy general y podría
verse afectada por la inestabilidad en cualquiera de sus factores o por la presencia
de sesgos, además por el tamaño de la muestra y el número de reactivos tiende a
presentarse con altos valores (Streiner, 1993). De estos resultados puede
264

�afirmarse que la influencia de la longitud de la prueba es relevante para muchos
casos prácticos en que no es viable aplicar pruebas de una longitud de 20 o más
ítems, para los cuales es posible ver una variabilidad considerable en el
estadístico (Cervantes, 2005).
Tabla 1
Análisis de fiabilidad mediante el método de consistencia interna para el
instrumento y sus apartados
Conjunto

Elementos

Alfa de Cronbach

Instrumento completo

104

.944

Bienestar físico

16

.825

Autodeterminación

13

.768

Servicios y vivienda

8

.492

Bienestar material

11

.880

Participación ciudadana

19

.785

Bienestar emocional

20

.875

Relaciones interpersonales

6

.760

Educación

4

.668

Bienestar espiritual y plan de vida

7

.799

Se obtuvo una solución de 7 componentes después de la rotación, con una
explicación total de la varianza del 50.495%. Los componentes superaron el
criterio de Káiser (Moral de la Rubia, 2006) para la extracción con autovalores
iniciales iguales o mayores a uno. Originalmente el instrumento se estructuró en
nueve apartados (factores), sin embargo, después del análisis se logró una
reducción de dimensiones a siete, con un porcentaje de explicación total de la
varianza del 50%. Cada componente aporta entre cinco y ocho por ciento de la
explicación de la varianza después de la rotación.

265

�Tabla 2
Resumen de autovalores para una solución de siete componentes
Autovalores iniciales
Componente
Total

%

%

varianza

acumulado

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación
Total

%

%

varianza

acumulado

1

16.298

22.326

22.326

6.408

8.778

8.778

2

5.064

6.937

29.263

6.124

8.389

17.167

3

4.481

6.138

35.402

5.662

7.756

24.923

4

3.214

4.403

39.805

5.463

7.483

32.407

5

2.931

4.016

43.820

4.877

6.681

39.088

6

2.575

3.527

47.348

4.197

5.749

44.836

7

2.298

3.147

50.495

4.131

5.659

50.495

Fuente: Elaboración propia. Método de extracción por componentes principales.

Después de realizar el procedimiento de rotación de los componentes se obtuvo la
solución con siete factores. Se utilizó el método ortogonal Varimax para obtener
las puntuaciones factoriales más altas en cada uno de los componentes y mejorar
su explicación. Mediante esta rotación se logró mayor claridad para la
interpretación de los factores en comparación con un método oblicuo que además
no demostró correlaciones significativas entre los componentes.

El primer componente se etiquetó como bienestar general, este apartado se
integró con 15 reactivos del instrumento y se refieren en su estructura a la
satisfacción y percepción que el adulto mayor tiene sobre su estado de salud física
y emocional. En particular se incluye como parte del bienestar general la
frecuencia en que aparecen síntomas como nerviosismo, cansancio, tristeza, falta
de apetito, alteraciones del sueño y del estado de ánimo. Además de lo anterior, la
satisfacción con las relaciones sociales y familiares así como la asistencia a
266

�revisiones médicas son elementos que forma parte de la evaluación del bienestar
general de los adultos mayores.

El segundo componente se refiere a las necesidades económicas de adulto
mayor, quedó integrado por ocho reactivos. Estos evalúan la suficiencia de
recursos económicos del adulto mayor para gastos de vestido, servicios básicos,
alimentación,

impuestos,

transportación,

ocio

y

entretenimiento.

Autodeterminación y plan de vida, es el nombre del tercer componente. Se refiere
a la autoevaluación que el adulto mayor hace sobre su capacidad para tomar
decisiones personales y profesionales así como las expectativas que tiene sobre
sí mismo, su presente y su futuro.

El componente cuatro, se etiquetó como independencia, este supone la medición
del nivel de dificultad que el adulto mayor reporta al realizar actividades de la vida
cotidiana como darse un baño, vestirse, actividades de paseo, limpieza y
preparación de alimentos. El componente cinco, se integró con cinco reactivos que
representan la satisfacción y el disfrute del adulto mayor de sus actividades
laborales y del ambiente que permea, por lo que se decidió nombrar al
componente como trabajo y ambiente.

El componente seis, se etiquetó como bienestar intra-subjetivo, tiene cinco
reactivos que evalúan el impacto que tiene la religión en la perspectiva de vida, el
afrontamiento de situaciones conflictivas o desesperanzadoras y el apego a la
familia en el adulto mayor. Por último el componente siete, llamado redes de
apoyo y ocio aporta una evaluación de los vínculos que el adulto mayor tiene con
familiares y amigos, además del cumplimiento de rituales para su integración en
grupos sociales, de convivencia y activación física.

267

�Tabla 3
Resumen de cargas factoriales por componentes del cuestionario de calidad de
vida para adultos mayores
Componente

Reactivo

C1

Satisfacción con estado de salud

.658

Satisfacción con su estado de ánimo

.624

Percepción de su salud física

.616

Considera se enferma con mayor frecuencia

-.612

Se siente nervioso

-.585

Evaluación de su salud comparada con la de hace un

C2

.554

año
Siente que se cansa con facilidad

-.532

Siente tristeza sin un motivo aparente

-.531

Siente que no tiene hambre

-.507
.502

Evaluación de su vida en general
Siente que no puede dormir

-.492

Siente que se enoja fácilmente

-.441

Satisfacción con sus relaciones sociales

.438

Satisfacción con su relación con familiares

.438

Asistió al médico cuando se sintió enfermo

-.422

Ingresos suficientes para comprar ropa

.831

Ingresos suficientes para pagar los servicios de la casa

.826

(agua, luz, teléfono)
Ingresos suficientes para pagar la comida que

.779

consumo
Ingresos suficientes para pagar impuestos

.776

Ingresos suficientes para pagar el transporte o la

.765

gasolina del coche
Ingresos suficientes para salir de vacaciones fuera de
268

.752

�la ciudad
.740

Ingresos suficientes para hacer actividades de
entretenimiento

.641

Satisfacción con estabilidad económica
Fuente:

Elaboración

propia.

C1=

Bienestar

general,

C2=

Necesidades

económicas, C3= Autodeterminación y plan de vida, C4= Independencia,
C5=Trabajo y ambiente, C6= Bienestar intrasubjetivo, C7= Redes de apoyo y ocio.
Método de extracción por componentes principales y rotación Varimax
normalizada con Káiser.

Tabla 4
Resumen de cargas factoriales por componentes del cuestionario de calidad de
vida para adultos mayores (continuación)
Reactivo

Componente
C3

Eligió en qué trabajar

.619

Eligió qué ropa comprar o usar

.588

Eligió qué hacer con su tiempo libre

.571

Se siente confiado al pensar en lo que

.539

viene en el futuro
Eligió dónde vivir (colonia, ciudad,

.534

etc.)
Eligió si estudiaba o no

.526

Eligió qué estudiar

.518

Se siente a gusto cuando piensa en

.513

cómo le gustaría verse
Se siente a gusto piensa en cómo lo

.511

ven los demás
Se siente a gusto cuando los demás

.511
269

C4

C5

C6

C7

�lo miran
.504

Considera que ha cumplido las metas
que se ha planteado en la vida

.488

Se siente a gusto piensa en cómo se
ven otras personas de su misma edad

.453

Siente que puede lograr cualquier
cosa en el futuro

.435

Al ver su presente, está seguro de
que su futuro viene mejor

.420

Se siente a gusto se ve en el espejo
Dificultad para bañarse

.829

Dificultad para salir a la calle para

.811

pasear
Dificultad para vestirse

.805

Dificultad para hacer pagos de

.802

servicios (agua, luz, gas, teléfono)
.800

Dificultad para limpiar su casa o
cuarto
Dificultad para salir de compras

.792

Dificultad para cocinar

.764

Fuente: Elaboración propia, C3= Autodeterminación y plan de vida, C4=
Independencia, Método de extracción por componentes principales y rotación
Varimax normalizada con Káiser.

Tabla 5
Resumen de cargas factoriales por componentes del cuestionario de calidad de
vida para adultos mayores (continuación)
Reactivo

Componente
C3

C4

C5
.945

Le satisface su trabajo
270

C6

C7

�Disfruta su trabajo

.944

El ambiente en su trabajo le gusta

.937

Considera que su trabajo está bien

.842

remunerado
.490

Relación cercana con compañeros o
ex compañeros de trabajo

.815

La religión le ayuda para ver la vida
de manera más positiva

.805

La religión le ayuda en la forma en
cómo afronta enfermedades

.800

La religión le ayuda cuando tiene que
afrontar situaciones difíciles

.684

La religión le ayuda para asistir
semanalmente a servicios religiosos

.408

Relación cercana con familiares
Relación cercana con amigos

.715

Se reúne con sus amigos para

.700

convivir
.658

Convive con otras personas aparte
de su familia
Asiste a eventos de entretenimiento

.575

Toma decisiones consultando la

.516

opinión de amigos
.461

Convive con otras personas aparte
de sus amigos

.448

Realiza algún deporte o ejercicio

Fuente: Elaboración propia, C3= Autodeterminación y plan de vida, C4=
Independencia, Método de extracción por componentes principales y rotación
Varimax normalizada con Káiser.

271

�CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio se concluye que la estructura en la
primera revisión del Cuestionario de calidad de vida percibida de adultos mayores
en población de Coahuila posee una adecuada validez. La estructura factorial
obtuvo un buen porcentaje de explicación de la varianza y las cargas factoriales
aportaron un peso factorial medio. En un principio la estructura del instrumento fue
con base en nueve componentes, sin embargo, después del procesamiento se
redujo a sietes dimensiones que en su interpretación fueron congruentes, además
hay que hacer notar que también disminuyó el número de reactivos que integraron
el instrumento ya que pasó de 104 a 62 indicadores.
La estructura no dista mucho de la propuesta original de Verdugo Alonso (2009) y
también se puede relacionar con las categorías de la propuesta de Arita Watanabe
(2005) quién propuso seis dimensiones: satisfacción local, personal, apoyo social,
capacidad subjetiva, objetiva y salud. Cabe destacar que esta propuesta es para el
contexto nacional. La limitación de este estudio radica en la fuente error de
medición que pudiera significar un instrumento tan amplio, por lo que la línea de
trabajo futuro radica en la obtención de una versión breve que cumpla con
parámetros de validez de contenido, constructo y criterio.

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275

�LA CONSTRUCCIÓN DE LA VEJEZ EN COMUNIDADES RELIGIOSAS
AFRO-BRASILEÑAS
Maria Consuelo Oliveira Santos17
Ivete Miranda Previtalli 18
Maria Aparecida Santos de Aguiar 19
Raimunda Silva D’Alencar20

RESUMEN

Es un hecho que las sociedades latinoamericanas están envejeciendo, lo que se
configura tanto como un logro así como un reto social. Con ello la necesidad de
superar ciertas concepciones que posicionan a los sujetos adultos mayores,
acentuadamente, mediante prismas de incapacidades, declive físico y psíquico.
Además de concepciones universalistas y unilineales sobre la vejez. La presente
investigación intenta demostrar que la vejez es una construcción social ya que los
grupos sociales erigen sus valores, sus modalidades de convivencias, sus
reglamentos y que todo ello genera concepciones de vejez singulares. El
candomblé, es una de las religiones afro-brasileñas, que se organiza bajo una
jerarquía sacralizada y que pone de relieve los aspectos iniciáticos y de la

17

Doctora en Antropología por la Universidad Rovira y Virgili, Tarragona, España. Investigadora de los
Núcleos de Estudios Kàwé y del Envelhecimento de la Universidad Estatal de Santa Cruz-Uesc – Ilhéus, Bahia
– Brasil. En estancia posdoctoral en la Universidad Autònoma de Nuevo León. Correo electrónico:
consol.oliveira@gmail.com
18
Doctora en Antropología por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Docente de la Facultad de
Vinhedo (FV), São Paulo. correo electrónico: ogunilori@hotmail.com
19

Doctoranda en Educación: Perspectivas Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión – Universidad de
Burgos, España. Profesora Asistente de la Universidad Estatal de Santa Cruz- UESC – Ilhéus, Bahia- Brasil
Correo electrónico: aaguiar56@yahoo.es
20
Máster en Sociología Rural por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, profesora adjunta y
coordinadora del Núcleo de Estudos do Envelhecimento de la Universidade Estadual Santa Cruz (UESC).
Correo electrónico: r_alencar2@yahoo.com.br

276

�experiencia cotidiana. En estas comunidades los mayores son muy respetados. La
persona mayor trae en su cuerpo las marcas de un saber que también es fuente
de poder y posibilidad de continuidad del grupo. Se utilizó la investigación
cualitativa, mediante un estudio etnográfico, a partir de la observación participante.

Palabras-clave: candomblé, afro-brasileño, vejez.

ABSTRACT

It is a well-known fact that Latin American societies are aging, which is configured
both as well as an achievement as a social challenge. Thus the need to overcome
certain conceptions that older adult subjects, focusing especially on disabilities,
physical and mental decline, just as to universalist and unilinear conceptions on old
age. This research tries to prove that oldness is a social construction since the
social groups raise their values, their modalities of conviviality, their regulations
and that all this generates singular conceptions of oldness. The candomblé is one
of the initiation Afro - Brazilian religions, which is organized under a sacred
hierarchy that emphasizes the initiation aspects and of the daily experience. In
these communities the elderly people are highly respected. The major ones bring
in his body the brands from a knowledge that is also a source of power and
possibility of continuity of the group. Qualitative research was used through an
ethnographic study, based on participant observation.

Keywords: candomblé, afro-brazilian, old age.

277

�INTRODUCCIÓN

El aumento significativo de los adultos mayores en Brasil, así como también en
países latinoamericanos, pasó a ser una de las preocupaciones de las
instituciones sociales, por lo que implica enfrentarse a la realidad del
envejecimiento, que no deja de ser un logro social, en varios aspectos, pero al
mismo tiempo una preocupación de los gobiernos de cómo tratar esta nueva
realidad, debido a diversas demandas que ello comporta. Ante esta realidad,
también se constata la presencia de concepciones sobre la vejez que aun
conllevan una visión centrada sobre todo en incapacidades, declive físico y
psíquico, además de una percepción social homogeneizadora como si la vejez
fuera un concepto universal y como si todos pasasen por los mismos procesos
indiscriminadamente.

Esta investigación tiene el objetivo de presentar otras vivencias que permiten
discutir la linealidad desde una perspectiva de construcción social de la vejez. Los
sujetos en condiciones determinadas construyen sus significados, valores,
percepciones, lo que confirma que la vejez, así como la juventud, son
construcciones sociales. La intención de este estudio es evidenciar nociones sobre
la vejez en candomblés situados en ciudades brasileñas. Es un estudio que tiene
el propósito de constatar proximidades entre los terreiros investigados, en relación
a su visión de la vejez.

Los candomblés, igualmente denominados terreiros de candomblé o simplemente
terreiros, son espacios de gran hibridación cultural, un campo de embates
envuelto por un abundante simbolismo, que se define por el respeto y la
aceptación del poder de las divinidades afro-brasileñas, los orixás, y a una
jerarquía sacralizada. Son lugares de gran exuberancia estética, donde las
relaciones se construyen mediante la afectividad de una familia simbólica que se
instituye como una comunidad en el sentido de la acepción de communitas de
278

�Victor Turner (1988 [1969]), cuando considera que un grupo social privilegia el
sentimiento de igualdad, de solidaridad y de vivencia en comunión, en el cual
todos los participantes están sujetos a las mismas reglas, que son aspectos
presentes en los candomblés.

LA PRESENCIA AFRICANA EN BRASIL

La historia de religiones de ascendencia africana está marcada por la posesión de
nuevos territorios en los que se unieron la esclavitud con el colonialismo. Entre los
siglos XVI y XIX, más de once millones de hombres, mujeres y niños africanos
fueron trasladados para las Américas. Esta cifra no incluye a aquellos que no
consiguieron resistir al proceso de captura o a las dificultades de la gran travesía
atlántica. Se valora que cerca de cuatro millones de ellos desembarcaron en
puertos brasileños (Albuquerque y Filho, 2006).
Así, “os estudos do tráfico de escravos já demonstraram que vinham de três
grandes regiões: da Costa Ocidental da África (Costa da Mina principalmente), da
África Centro-Ocidental (Angola-Congo) e da Costa Oriental (Moçambique)”
(Mamigonian, 2004, p. 39). Como consecuencia de las difíciles condiciones de
supervivencia en la nueva tierra, se hizo imprescindible la restauración, en parte,
de los lazos familiares rotos y de la construcción de mecanismos para la
superación de las grandes dificultades y sufrimientos que a todos afligían.

No obstante las discrepancias identitarias entre las etnias africanas, coexistían
elementos comunes cosmo-filosóficos que viabilizaron la reorganización en grupos
religiosos a partir de una visión de interrelación entre los seres y el cosmos.
Perspectiva que será transformada, resignificada y que obtendrá nuevos
significados mediante un complejo proceso socio-histórico-cultural se formaron
distintos grupos en territorio brasileño como por ejemplo, la macumba, el xangô, la

279

�umbanda, el batuque y el candomblé, la religión en el cual que se centra la
presente investigación.
A partir del siglo XIX ya se verifica la presencia de grupos de candomblé en Brasil.
Su formación fue debida a la necesidad de creación de estrategias de
supervivencia y diálogo. Los candomblés son la culminación de un proceso sociohistórico, a partir del cual fue posible que se preservasen dinámicamente
elementos culturales de los grupos africanos de origen, en intensa interrelación
con otros elementos culturales, principalmente europeos e indígenas, en un
proceso que implicó una fuerte imbricación cultural. Se observa, en dichos
entramados socioculturales, que el concepto de nación, que es una de las
referencias clave para los terreiros, fue resignificado.

El término nación en el contexto afro-brasileño pierde su sentido político para para
reconfigurarse como un término teológico, como afirma Lima (1974). Así, pasó a
ser

una

referencia

requerida

por

estos

grupos,

que

acostumbran

a

autodenominarse con el nombre de algunas de las naciones, como por ejemplo
ketu e ijexá, originarias de los yoruba21, también conocidos como nagô, de Nigeria
y de Benin; la nación jeje, originaria de los fon, de Benín y la nación Angola,
originaria de los bantúes, de Angola, y del Congo. También existen otras
segmentaciones menores.

Las comunidades religiosas afro-brasileñas son iniciáticas y consideran que las
divinidades, los orixás, descienden a la tierra mediante el trance y se corporifica en
el cuerpo de un participante. En este ambiente, la construcción social de la vejez
tiene una relación con la concepción de tiempo, los rituales de iniciación, con las
historias míticas de lo orixás, los ancestrales y la jerarquía sacralizada, en el
ámbito de un vasto simbolismo.

21

Yoruba se refiere tanto al idioma propiamente dicho como a los pueblos que lo hablan. Las religiones afrobrasileñas preservaron el yoruba antiguo en los rezos, los cantos o en vocablos que aún se utilizan
cotidianamente.

280

�NOCIÓN DE TIEMPO

Al hablarse de vejez, es usual establecer una relación directa con la noción de
tiempo, que en el candomblé significa más que duración o paso del tiempo.
Tiempo es uno de los conceptos clave de su epistemología, que conlleva algunas
especificidades Una de las perspectivas es que Tempo o Ktembo (tiempo) es un
inquice, una divinidad de la nación angola. Aunque los candomblés se
autodenominen pertenecientes a una determinada nación, se pueden encontrar
elementos de otras en sus ámbitos, debido a las hibridaciones existentes entre los
diversos terreiros. En el Ilê Axé Ijexá, por ejemplo, que se define como de la
nación Ijexá, se encuentra un asentamiento22 para el orixá Tempo, de origen
angolano.

Como su nombre ya indica, Tempo o Ktembo se relaciona con el tiempo
cronológico y mitológico; las estaciones del año así como de las mutaciones
climáticas. También tiene relación con los ancestrales. Es considerada la divinidad
de permanente mutación y que lleva las energías negativas para bien lejos. El
inquice Tempo o Ktembo se asemeja al orixá Iroko de la nación ketu. Sin embargo
en los terreiros congo/angola de São Paulo no se encuentra el árbol Iroko. En
África es el árbol Milicia Excelsa (clasificada también como Chlorophora excelsa)
que en Brasil fue sustituido por la gameleira branca, uno de los símbolo del orixá
Iroko.
Una bandera blanca atada a un bambú muy largo y sus “hierros”, una escalera con
una lanza hacia arriba (imagen 1) son sus principales símbolos. La gran mayoría
de los terreiros de candomblé de São Paulo, son construcciones muy discretas. Si
bien no hay nombres que los identifiquen, la bandera blanca de Tempo se ve
22

Asentar/asentamiento. Impregnar la energía del orixá en un determinado lugar, mediante un ritual
específico para ello, en el que se utilizan diversos materiales. Todos los asentamientos son “alimentados”
anualmente, en su sentido literal, con diversas ofrendas y sacrificios de animales, cuyo objetivo es el de
cargarlos de energía.

281

�desde lejos, en un mástil de bambú, como una pequeña llama que indica que es
un candomblé angola, descendiente de Zara Ktembo23.

Imagen 1. Assentamiento del inquice Tempo

Fuente: Ivete M.Previttalli, Terreiro Nzo Inkossi Mokumbo ni Dandalunda, 2005.

El orixá Iroko, de la nación ketu vive en el árbol, la gameleira blanca. Igualmente
es el orixá del tiempo y guardián de los árboles sagrados. Se dice que Iroko fue el
primer árbol y por él los demás orixás descendieron a la tierra. Iroko representa los
ancestrales y protege a su gente de las tempestades. En la imagen 2, vemos a la
abiã Cida, miembro integrante del Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon, saludando al árbol,
morada de Iroko, que está con un ojá, un lazo blanco a su alrededor. La abiã,
participante que se encuentra en el primer nivel jerárquico, hace una reverencia a
Iroko, en señal de acatamiento, durante una visita al Ilê Axé Oyá Funké.

23

Se prefirió no poner en cursiva los nombre propios originarios del yoruba y del bantú.

282

�Imagen 2. Saludo reverencial a Iroko

Fuente: Consuelo Oliveira, Ilê Axé Oyá Funké, 2007.

El candomblé nació en Brasil, y los africanos que atravesaron las fronteras
naturales y que no tuvieron perspectivas de regresar a su país fueron obligados “a
negociar con las nuevas culturas”, e incluso conservando rasgos de las culturas
tradicionales, las cuales están “irrevocablemente traducidas” (Hall, 2004, p. 89).
Bajo la perspectiva de la diáspora, se promovieron diversas combinaciones,
reinterpretaciones y creaciones culturales, que reorganizaron antiguas formas
sociales africanas las cuales se habían vuelto inviables en el Nuevo Mundo. De
esta forma, sus tradiciones tienen un origen y una construcción propia irrepetible.
La tradición es afro-brasileña, nacida del encuentro de diversas culturas y el
sincretismo forma parte de ella.

Otro concepto es el de un tiempo circular dónde todo lo que empieza termina en el
mismo punto, cerrando un ciclo, pues se considera que la vida no termina nunca,
todo se repite, siempre con un nuevo recomienzo. El xirê, la gran rueda de danza,
283

�donde los participantes de candomblé bailan en sentido anti-horario, simboliza
este principio. La danza representa el movimiento del Universo y, por esto, se
danza se canta y se gesticula. Al bailar en el xirê el sentido de tiempo inagotable
se presentifica en los cuerpos de los participantes, que se mueven para el
encuentro con la divinidad.

Según Durand (2007[1964]) no existe una diferencia bien definida entre lo
simbólico y lo imaginario. Para este autor, lo simbólico es la expresión de lo
imaginario. Igualmente señala que el mito es una manifestación del imaginario
construido socio-históricamente (Durand, 1981). El tiempo mítico de las historias
de los orixás se concreta en las diversas acciones, dado que el mito para los
grupos afro-brasileños es un configurador de sentido. Es una dimensión del
conocer que viabiliza que la gente reconozca, a través del entramado de las
historias de los dioses, los puentes para (re)significar el propio estar en el mundo.
En este sentido, el xirê está formado por los múltiples gestuales oriundos de una
exuberante

simbología

que

dimensiona

un

comienzo

mítico-simbólico

materializándolo en los ritos que niegan el tiempo y la muerte. Así, se instaura un
tiempo perenne en el que los dioses viven eternamente empuñando la promesa de
que el ser humano también vivirá, después que retorne al orun, el mundo de los
orixás.

Otra noción de tiempo es que todo tiene su propio tiempo, que las cosas deben
ser realizadas en su debido tiempo y por esto los rituales empiezan pero no se
sabe la hora de terminarlos. Muchas cosas pueden ocurrir y cambiar el ritmo de
las acciones. No se puede ser esclavo del tiempo. Como indica Prandi (2001), no
es el tiempo que define la actividad, sino al revés. La ialorixá Mãe (madre) Vanda,
del terreiro Ilê Axé Oyá Funké, comentó que no se puede decir el tiempo de
término de una actividad “pues un orixá puede solicitar ciertas elementos, en
medio de una ceremonia y se puede modificar muchas cosas y tardar mucho más

284

�de lo previsto”. Según la gente de terreiro, lo más importante es seguir lo que
indicado pues es el orixá quien sabe y quien tiene el poder.

La concepción de tiempo en el candomblé igualmente está asociada al
aprendizaje, al saber y a la capacidad personal y grupal. En estas comunidades el
conocimiento es comprendido, principalmente, como resultado del transcurrir
inexorable de la vida, del fluir del tiempo. Se sabe más porque la persona es
mayor, porque vivió el tiempo necesario para el aprendizaje - un proceso que se
realiza intersubjetivamente a través de la experiencia. Los conocimientos están en
la memoria, principalmente de los miembros mayores, por lo tanto saber y vejez
implica poder, o sea saber-poder.

Como se observa, la categoría tiempo conlleva múltiples acepciones, en el juego
de sus significados, con reflejos en las construcciones identitarias en los

los

terreiros de candomblé, imprimiendo un concepto positivo de temporalidad y vejez.
Incluso las divinidades mayores tanto las consideradas como fundadoras del
universos, así por ejemplo Obatalá, como los reconocidos mayores en el sentido
biológico, que son Oxalá, Omolu y Nanã, que se comentará más sobre ellas
posteriormente, son muy respetadas e, incluso, por la ancianidad que es sinónimo
de fuerza y poder.

LA JERARQUÍA SACRALIZADA

El candomblé se organiza jerárquicamente por el tiempo de iniciación que implica
también el tiempo de pertenencia en la comunidad. A partir del momento que una
persona decide formar parte de un candomblé pasa por rituales iniciáticos y ello
conlleva el aprendizaje de gran cantidad de contenidos. El proceso es largo,
intenso, por medio de la experiencia y siempre bajo la perspectiva de integración
entre los elementos.
285

�Una de las propuestas de los terreiros es que la gente pueda interrelacionar lo
material y espiritual como parte de la misma realidad. Son comunidades en que
todo es organizado para que se establezca el encuentro entre el ser humano y la
divinidad. El punto máximo de esta conexión se concreta en el trance, momento
en que la divinidad, el orixá, se in-corpora en el cuerpo del fiel. La divinidad, en
esta ocasión, puede cambiar ciertas directrices en el grupo. Los participantes
reconocen que es el orixá en presencia y aceptan sus designios.

Los orixás incorporados pueden prestar consejos, escuchar los problemas, donar
soluciones, sanar, enfadarse por algo que no esté bien en relación a alguien o la
comunidad, exigir que se cambie algo y también abalar, o sea, elegir a los fieles
para un determinado cargo, aunque el participante se encuentre en los primeros
grados de iniciación. A partir de este momento el grupo se hace responsable de
aquel participante, para que desarrolle las habilidades del cargo, y lo respetará
pues él fue ungido por la propia divinidad.

El babalorixá o la ialorixá son participantes que entran en trance y, por lo tanto,
incorporan los papeles tanto de los mayores por el tiempo de iniciación que les
permitió alcanzar el grado de líder máximo religioso, como también su divinidad de
cabeza, recibe su energía, que podrá definir ciertas reglas y acciones en el grupo.
Esta doble fuerza es uno de los elementos de aceptación de la autoridad
sacralizada de una religión afro-brasileña. Toda la comunidad se encuentra
siempre pendiente de sus orientaciones, de su saber y de su fuerza que
interrelaciona el divino y el humano, a la vez. Parafraseando a Foucault (1980),
“saber es poder”. Aquellos que tienen el saber también detentan el poder. El que
más sabe es el líder del terreiro. Nadie objeta este poder.

286

�SER MAYOR A PARTIR DE LA INICIACIÓN

La vejez, a partir de la iniciación, marca el tiempo que una persona realizó los
rituales y que define pertenecer su pertenencia a una familia-de-santo24. En el
caso que la persona haya realizado la iniciación a temprana edad, como es el
caso de la ia-kekerê del Ilê Axé Ijexá, la segunda persona, en la jerarquía
religiosa, después del babalorixá, una joven señora que nació prácticamente en el
candomblé, ya que toda su familia era de fieles, se le considera una mayor dentro
de la comunidad en las cuestiones religiosas. En los rituales, un(a) joven de
quince años, pude desempeñar una función de un sujeto mayor, en el caso de que
su iniciación haya sido realizada a los siete años, por ejemplo, pues para recibir el
sello simbólico de antigüedad se concreta con la obligación de siete años que
afirma su pertenencia a un terreiro de candomblé.

Cada año que la persona supera como participante de la comunidad, es más
respetada dentro del grupo. El sujeto mayor representa la posibilidad de
transmisión del saber. La memoria comunitaria integrada en el cuerpo del sujeto
participante implica la continuidad del grupo. Para Vieira (2008), el diálogo
intergeneracional permite conocer y mantener los vínculos del pasado,
fortaleciendo la solidaridad entre sus miembros y permitiendo que las nuevas
generaciones puedan respetar la herencia para apropiación del universo de los
mayores.

24

Familia-de-santo es un término utilizado en el candomblé que quiere decir que la persona pertenece a un grupo cuyos
lazos de parentesco ritual-simbólico se forman mediante la iniciación religiosa.

287

�Imagen 3. Gesto de respeto

Fuente: Consuelo Oliveira, Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon, 2011.

De hecho se reconoce el respeto hacia los mayores en varias facetas como por
ejemplo a los cuidadores en las iniciaciones más complejas, de aquellos que
permanecen días en el roncó, recinto donde se recluyen aquellos que se someten
al ritual de iniciación. Ello implica la extrema dedicación durante muchos días por
parte de los mayores, que son los que saben manejar rituales muy complejos. En
contrapartida los participantes les estarán siempre agradecidos y les denominarán
de padre o madre, a partir de aquel momento. Estos mayores alcanzaron un
estadio de saber reconocido, son los padres y las madres cuidadores. Son
frecuentes los gestos de aceptación y consideración hacia los mayores, como lo
que vemos en la imagen 3, en la cotidianidad de los grupos.

SER MAYOR POR EL ORIXÁ DE CABEZA

En relación a los orixás, se requiere observar la configuración de los considerados
orixás mayores en el sentido biológico y son ellos: Oxalufã, el Oxalá mayor, el
orixá de la paz y considerado el padre de la creación; Nanã, es una gran madre,
288

�la abuela de los orixás, señora de la materia primordial de la creación, la arcilla, y
Omulu, el lado mayor de Obaluaiê es el defensor de la salud, considerado el
médico de los pobres.

Imagen 4. Gesto del orixá Oxalufã

Fuente: Acervo Ilê Axé Oyá Funké, 2009.

Aquellos participantes que entran en trance y son cabeza de uno de estos orixás,
pasan a ser considerado mayores en el momento del trance, visto que se
reconoce que es el propio orixá que está presente en el cuerpo de un(a)
integrante del grupo. Incluso el cuerpo se inclina, se vuelve lento, la voz es
acompasada, el danzar también refleja las señales que identifican, usualmente, a
una persona muy mayor (imagen 4), en que el orixá Oxalufã, el Oxalá mayor, está
incorporado en un joven, en un xirê, en el terreiro Ilê Axé Oyá Funké, pero su
gestual es el de un anciano que usa su bastón para poder caminar.

289

�Todo ello permite que la gente vaya construyendo nuevas identidades a partir del
aprendizaje que se fundamenta en valores no dicotómicos, dónde el transcurso del
tiempo es comprendido dentro de una percepción que interrelaciona las fases de
la vida como fundamentales para el equilibrio comunitario. Las personas que
unifican la edad biológica con la iniciación son muy bien consideradas en el grupo
ya que es la experiencia de vida, asociada a los conocimientos del grupo,
refuerzan su carácter de sujeto mayor en la comunidad.

FAMILIA SIMBÓLICA

Además, una de las características de los grupos afro-brasileños es la
construcción de una familia simbólica, que repercute positivamente en el vivir
personal y comunitario. Los participantes se sienten arropados, pues incluso
cuando vuelven a sus casas, después de días de convivencia en las fiestas, las
relaciones se mantienen, están siempre en contacto, se visitan, festejan los
cumpleaños, se preocupan por la salud de unos de otros, o sea, los lazos
comunitarios se sostienen.

El babalorixá, conocido como padre-de-santo, es el líder principal de la
comunidad, si es una mujer será denominada ialorixá o madre-de-santo. Esta
autoridad es responsable de hacer la cabeza, hacer un ritual de fortalecimiento
físico-psíquico con cada participante, estableciendo así una relación de padre-hijo,
madre-hijo, por lo tanto, todos pasan a ser hermanos rituales. Se lleva tan en serio
esta acción que se prohíbe el casamiento entre los hermanos de un mismo terreiro
de candomblé, cuando ambos son hijos de un mismo padre-de-santo o de una
misma madre-de-santo.

Como se observa, a través de los lazos simbólicos que se intensifican en las
relaciones cotidianas, la gente se siente integrada en una gran familia. Al
290

�conversar con participantes mayores de los terreiros, ellos fueron unánimes al
decir que sus vidas es el propio candomblé, que están muy a gusto, que no se
imaginan sin la comunidad, pues son respetados y queridos.

Los participantes reconozcan que no es nada fácil participar de un grupo religioso
afro-brasileño, en los cuales se observa una entrega de gran parte del tiempo,
atención, compromiso así como respeto a la autoridad, que puede ser más o
menos severa, pero la gente se siente agradecida por aportaciones positivas del
candomblé a sus vidas, principalmente por sentirse participante de una familia-desanto, o sea, de una familia en la cual es ungida pela presencia de divinidades que
se acercan para la convivencia, con todos los participantes.

Imagen 5. La buena relación intergeneracional

Fuente: Consuelo Oliveira, Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon, 2011.

Todos los participantes mayores entrevistados dijeron que en el candomblé
encontraron su camino y que lo mejor es sentirse útil como es el caso de Janilê,
una señora de 93 años, del Ilê Axé Ijexá, con una vida dedicada a este grupo y
que continua desempeñando tarea importantes en el grupo, pues es una de la
291

�madres cuidadoras. En la imagen 5, se observa Janilê al lado de Odé-Lori que el
mismo

solicitó

fotografiarse,

un

claro

señal

de

las

buenas

relaciones

intergeneracionales que se construyen en estos grupos, principalmente porque los
mayores son muy bien valorados.

CONEXIÓN AFECTIVA CON EL ORIGEN

Los fundadores de los terreiros siempre se les reconocerán, pues en sus cuerpos
se encuentran las bases de sus conocimientos. Cuando un líder religioso fallece,
la sensación es de una gran pérdida. Esto se observó en los recuerdos de la
madre-de-santo Mãe Pulquéria, al hablar de Mãe Manudê (imagen 6), la
fundadora del más antiguo terreiro de São Paulo, Terreiro de Santa Bárbara.

Imagen 6. Mãe Manudê.

Fuente: Acervo Terreiro de Santa Bárbara, 2004.
292

�Durante una de las entrevistas, Mãe Pulquéria, que se siente responsable de la
continuidad de su legado, rememora hechos, en gran parte fragmentados, a
través de algunas fotografías y así señaló: “Escuche hija mía. Me gusta eso... Hay
días que cojo estas fotografías y me quedo mirándolas... me quedé con mucha
cosa. Algún día haré un acervo de sus fotografías para guardar su memoria” (de
Mãe Manudê).
Su deseo de organizar el acervo está vinculado a la idea de “comunidad afectiva”
(Halbwachs, 1990) la cual permite que Mãe Pulquéria traiga al presente la
mentalidad del grupo en el pasado, acordándose como miembro de esta
comunidad. Y su apego afectivo la anciana madre-de-santo y a la comunidad del
candomblé dio consistencia a sus recuerdos.

Así, Mãe Pulquéria da continuidad al trabajo de Mãe Manudê, que hizo muchos
hijos en Bahia y en São Paulo, tuvo un terreiro frecuentado por muchos artistas y
participó en los comienzos del candomblé de São Paulo. La heredera dice que
continuará lo que su mãe empezó. En sus palabras:

Pues, todo lo que quiero é llevar es el nombre de Mãe Manudê. ¿Me
entendió? Porque no es justo, todo lo que ella hizo se acabara así.
¿No es así? Sabes lo que todo el mundo dice: “Angola no existe.
Angola no sirve... Que angola es umbanda del pie de no sé qué”...
Sabes lo que dicen ¿No es así? Pero eso no me importa, porque sé
que mi Mãe era verdaderamente (angola), tú lo sabes, tú la
conociste.

En los orígenes están los elementos socio-históricos que permiten el
reconocimiento del grupo. Incluso hay rituales para homenajear a los ancestrales
más próximos, aquellos que fueron importantes para la existencia y continuidad de
los grupos de candomblés. El gran valor del mayor para las comunidades queda
293

�visible mediante la memoria afectiva y el reconocimiento por el trabajo
desarrollado por cada líder, que se hizo presente durante los muchos años de
actividad, ya que los cargos en el candomblé son vitalicios.

LOS MAYORES IMPULSAN EL AXÉ

Uno de los conceptos muy significativos en estos grupos religiosos es el axé, la
energía que anima la vida. Necesita ser cuidada y ampliada por el grupo. Esto se
hace con la unión de todos por medio de acciones, de rituales, que la expanden y
la fortifican. El axé está en todo, en las plantas, en el agua, en la tierra, en la
energía del Sol, en una comida sabrosa, en el ritmo de una música, en un abrazo,
en los movimientos de una danza y todo lo que encuentra en la vida. Para los
terreiros axé es vida, alegría y poder. Para la participante Sonia, del Ilê Axé Oyá
Funké: “mi vida cambió por completo después que me vine para el terreiro, mi di
cuenta que aquí estoy mejor pues recibo mucho axé de mi madre y de mis
hermanos”.

Un grupo fuerte, así lo expresan, es aquel que tienen un gran axé, que tiene el
poder de posibilitar que sus participantes modifiquen positivamente sus vidas, sea
en términos de salud, autoconocimiento, relaciones personales, integración social,
pero también en ayuda a los que no pertenecen a la comunidad, aquellos que
acuden a los terreiros de candomblé para resolución de sus aflicciones. Uno de los
objetivos del candomblé es la manutención del equilibrio entre los humanos y las
fuerzas vitales del universo.

Cuidar del axé es indispensable para que la armonía se haga realidad, tanto a
nivel personal como comunitario. Es un hecho para los terreiros que son los
integrantes mayores los que saben mantener el axé, desarrollarlo y ampliarlo. Son
los que llevaron años de aprendizaje mediante la experiencia y en las
294

�interrelaciones cotidianas. En el cuerpo-memoria de los sujetos mayores están las
claves para el mantenimiento del grupo. La memoria proporciona que los saberes
sean (re)vividos tanto a nivel personal como colectivo. La memoria se materializa
en las ceremonias y en las prácticas corporales.

EL CUERPO DE LOS MAYORES

Para Merleau-Ponty (1999), el cuerpo es un locus que nos sitúa en el mundo y nos
pone en la situación de seres en experiencia. El cuerpo y el mundo son unos
“campo de presencia” donde emergen todas las relaciones de la vida perceptiva y
del mundo sensible. Es a través del cuerpo que la construcción del mundo tiene
sentido. Csordas (2008) sigue esta perspectiva al afirmar que el cuerpo pasa a ser
considerado como un campo existencial de la cultura. Es una propuesta que
pretende ser complementaria al paradigma semiótico de la cultura como un texto.
Señala que la sociedad no se encuentra inscrita en el cuerpo, considerando que
los significados no se determinan desde fuera, sino que enfatiza la experiencia y
las prácticas corporales.

En los candomblés se puede comprobar el énfasis al cuerpo que postuló
Nietzsche (1997) cuando puso en tela de juicio su difamación a partir de criterios
centrados en una racionalidad metafísica y disimulada a través de un discurso
moral. El filósofo considera el cuerpo como la matriz de los sentidos y de los
valores. Es una perspectiva que se asocia a de los terreiros, lo que implica cuidar
el cuerpo bio-psíquicamente y con especial atención al ori, la cabeza, que es uno
de los puntos importantes de contacto con lo divino. Hay que proteger la cabeza
con tocas (imagen 9). En consecuencia de toda la atención hacia el cuerpo, se
observa que esta actitud repercute positivamente en las vidas de los participantes,
en términos de auto-estima, de integración social, de reconfiguración personal,
etc.
295

�Imagen 9. Cuerpos ataviados para un ritual

Fuente: Lília Carla, Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon, 2011.

Los cuerpos de los participantes son cuidados, lavados frecuentemente con hojas
medicinales, incensados, perfumados, ornados y lucen bellas vestimentas durante
los rituales para el encuentro con la divinidad. Los cuerpos de los sujetos mayores
están mucho más adornados de los que se están iniciando. Con las etapas de
participación en el grupo se va adquiriendo acceso a ciertas status que les
confieren autoridad y, por tanto, sus vestimentas expresan las posiciones
adquiridas. Con el transcurso del tiempo los collares se vuelven más densos, con
más hilos y cuentas, las telas de las vestimentas son más voluminosas y todo lo
que les confieren un diferencial que es sinónimo de saber-poder, como se explicita
en la imagen 7, de la madre-de-santo del terreiro Matamba Tombenci Neto, que
tiene 80 años de edad y más de 60 años de iniciada.

296

�Imagen 7. Mãe Ilza Mukalê

Fuente: acervo Matamba Tombenci Neto, 2011.

Todos los cuerpos bailan en los terreiros, la gente mayor dice no sentir las
incomodidades cuando está danzando para los orixás. Ijenan, una señora de 84
años, del Ilê Axé Ijexá, dijo: “cuando danzo para el orixá, no me acuerdo de los
problemas que tengo en mi cuerpo, todo se va y me siento ligera”. Dijo también
que los problemas vuelven, pero que el bienestar continúa durante algunos días.
Este aspecto llama la atención pues los terreiros no consideran los mayores como
incapaces sino personas que pueden, a su ritmo, dependiendo de sus
capacidades físicas, desarrollar numerosas actividades y sentirse bien.

Se observa que la expresión y la vivencia estética en los terreiros son aspectos
relevantes y todo el ambiente está muy bien organizado para el encuentro con las
divinidades. Los cuerpos se preparan para este encuentro y nada mejor que bailar
para festejar la vida y la unión entre el ser humano y la divinidad. En la danza de
297

�los orixás, los considerados mayores se mueven con un ritmo más lento, los pasos
son más cortos y los gestuales son más calmados, como por ejemplo, la danza del
inquice Zubarandá, en el candomblé de angola, que correponde al orixá Nanã en
otras naciones, que es un orixá muy mayor, la abuela (imagen 8), en un xirê en
homenaje este inquicie/orixá en el terreiro Matamba Tombenci Neto.

Imagen 8. Fiesta del inquice Zubarandá (orixá Nanã)

Fuente: acervo Matamba Tombenci Neto, 2013.

VIVIR SIN SOLEDAD

El cariño y el afecto forman parte de la dinámica de los terreiros. La soledad y el
olvido, situaciones que pueden marcar a los mayores en nuestras sociedades,
prácticamente no existen en los candomblé. Las demostraciones de respeto a los
sujetos mayores son muy frecuentes, como por ejemplo los abrazos y los gestos
de reverencias hacia ellos. Los lazos afectivos dentro de la familia simbólica son
muy fuertes y presentes en las vidas de todos. Las demostraciones de ternura
298

�confirman cuanto son apreciados y reconocidos. El mayor tiene un papel relevante
también por los trabajos que desempeña pues son activos, participan de las
actividades ordinarias y todo lo necesario para la realización de las iniciaciones,
momentos de muchas actividades, atención y cuidado.

Los integrantes mayores forman parte de la jerarquía religiosa y algunos, además,
del consejo de los ancianos. Están siempre haciendo algo, no paran, pero el grupo
está atento para el tipo de trabajo destinado a los muy mayores para no cargarlos
demasiado. En relación a su sentimiento hacia al grupo, la ekedi

25

Janilê, del Ilê

Axé Iejxá Orixá Olufon, así se expresó “Ah, hija mía, estoy muy bien aquí, me
aprecian, me respetan, no es como allá abajo, que no me consideran y ni saben lo
que es el respeto a los mayores”, en referencia a su vida en el barrio en el que
vive, en la ciudad de Itabuna. Los participantes viven en dos espacios, el contexto
de la ciudad y del barrio dónde viven y el terreiro, el lugar de reunión y experiencia
comunitaria en los días de fiesta y de obligaciones varias.

Imágenes 10 y 11. Expresiones de afecto y amistad

Fuente: Consuelo Oliveira, Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon, 2010 y 2011.

25

Es un cargo jerárquico muy significativo, pues es la responsable de cuidar del orixá en los momentos del
trance y también en otras circunstancias

299

�A los participantes mayores se recurre para escuchar los consejos, para aprender
los muchos aspectos del conocer, que de tan complejo suelen decir: “pasamos
toda la vida para aprender y nunca logramos aprenderlo todo”. Esto hace que
una comunidad sea reconocida como por el saber-poder que se encuentra en la
memoria de los cuerpos. La memoria actúa a través de las ceremonias, de las
performances rituales y mediante prácticas corporales (Connerton, 1999). La
memoria se estimula mediante repeticiones continuas ya sea con los mitos, las
oraciones, los cantos, las charlas, lo gestos, etc. Por lo tanto, los que ya llevan
años de iniciados son muy respetados porque en sus cuerpos vive el saber del
grupo, que fue continuamente estimulado en las vivencias cotidianas.

No se puede obviar que la convivencia en un terreiro conlleva todo tipo de
situaciones y puede que involucre pequeños celos, chismes, estrategias para
acercarse más al líder de la comunidad, preferencias y todo tipo de situaciones
comunes a cualquier grupo. Es también un campo de embates y negociaciones,
lugar de rigor jerárquico que construye relaciones de poder y de prohibiciones,
todo ello sostenido por un riguroso programa de trabajo y aprendizaje, que
desemboca en actitudes ético-políticas que marcan la identidad de grupo.

Dependiendo de los terreiros, los cambios muchas veces no son tan fáciles de ser
aceptados por los participantes mayores, como nos dijo Mãe Ilza, del terreiro
Matamba Tombenci Neto que en algunas ocasiones ella tuvo que conquistar a los
mayores de su comunidad por no aceptar algunas transformaciones que fueron
introducidas:

Ya viví situaciones en la cuales la gente mayor me criticó porque
introduje algunas modificaciones y tuve que convencerles. Es
necesario

que

exista

un

ambiente

favorable

para

que

las

generaciones se lleven bien. En nuestra casa se observa mucho

300

�respeto de todos para con los mayores, ellos son muy importantes
para el terreiro.

No se puede dejar de considerar que las relaciones son complejas, que las
dificultades de convivencia existen en estos grupos, pero lo que queda patente es
que los valores que conforman la visión de los mayores en estos grupos religiosos
posibilitan que las cuestione sean resultas mediante el respeto y consideración a
las personas que detienen en su cuerpo las claves del saber-poder de los
terreiros.

METODOLOGIA

Se utilizó la metodología cualitativa por medio de la observación participante, que
permitió la sumersión en la complejidad de los procesos vividos en la cotidianidad
de los grupos religiosos. La participación fue intensa en la vida cotidiana de la
comunidad, escuchando, preguntando y recogiendo todo tipo de datos por medio
de

entrevistas,

diálogos,

conversaciones

individualizadas

y

en

grupos,

participación en reuniones, en las actividades, en los rituales y, para ello, el video
y la fotografía, además de los apuntes diarios, fueron soportes importantes que
permitieron la comprensión de sus lógicas y, por lo tanto, las singularidades de los
grupos.

CONSIDERACIONES FINALES

Es Tuan (2004) quien señala que podemos concebir el lugar como una porción de
espacio repleta de símbolos y de afectividad. En este sentido el terreiro de
candomblé es un lugar de exuberante simbología, en el cual la afectividad es uno
de los elementos que facilitan la cohesión social. La condición de mayor en las
301

�comunidades religiosas afro-brasileñas está repleta de significados y valores
positivos en relación al transcurso del tiempo y a la vejez, lo que confiere un
sentido singular para el paso del tiempo.

En los candomblés, todo se aprende teniendo la fuerza de la experiencia y de
aprender con el otro en la cotidianidad, claves que nos indican que la noción de
tiempo juega un papel importante en las resignificaciones intersubjetivas, en el
ámbito

de la familia simbólica. El sujeto mayor congrega en su cuerpo el

conocimiento y los valores del grupo garantizando su transmisión a otras
generaciones. Silva (2002) observa que las personas mayores en los terreiros se
sienten acompañadas, seguras y útiles. Mientras que en nuestras sociedades las
rechazan, el candomblé es un locus de resignificación de sus vidas, un lugar de
inclusión plena.

La

autora

también

señala

que

la

comunidad

integra

a

los

mayores

proporcionándoles papeles sociales significativos. Los sujetos mayores en los
terreiros construyen nuevas identidades mediante la compleja relación entre
humanos y divinidades. Una modalidad de construcción social que deja patente
que la perspectiva de la vejez no puede ser standard, uniforme, ya que la
producción de sentidos debe ser considerada a partir de las vivencias particulares.
Así, vemos que hay mucho que aprender en los distintos grupos sociales y que
sus diferencias rompen con el intento de homogenizar las dinámicas colectivas,
que por cierto contradicen las perspectivas limitantes y unilineales.

NOTA - LOS CANDOMBLÉS INVESTIGADOS

- Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon, fundado por el babalorixá Ruy do Carmo Póvoas,
Ajalá Deré, un escritor y profesor universitario, también conocido por Katulembá.

302

�Como el propio nombre del grupo ya indica es de nación ijexá. Situado en el barrio
Santa Inês, en Itabuna, Bahia, fundado en 1975.
- Ilê Axé Oyá Funké, de la nación Ketu, fundado en febrero de 1981, por
Desdémona Ferreira Dantas, Mãe Vanda, una abogada. Situado en el barrio San
Judas Tadeo, en la ciudad de Itabuna. Bahia.
- Matamba Tombeci Neto, de nación Angola tiene larga tradición en la ciudad de
Ilhéus, sur de Bahía, dirigido por la ialorixá Ilza Rodrigues, Mameto Mukalê, cuya
historia remonta al siglo XIX, en 1885, cuando Tiodolina Félix Rodrigues, Iyá Tidú,
la abuela de la ialorixá, fundó el Terreiro Aldeia de Angorô.
- Nzo Inkossi Mokumbo ni Dandalunda, localizado en Campinas, interior de São
Paulo, fundado en1980 y actualmente se encuentra bajo la dirección de Tateto dia
Nkisse Ubiacylê. Es el terreiro más antiguo entre todos los existentes en esta
ciudad. Se considera que es lugar donde “nació” el candomblé de Campinas.
-Terreiro de Santa Bárbara es considerado el más antiguo de la ciudad de São
Paulo, cuya fundación se remonta a 1962. También es conocido con el nombre de
terreiro de las “estrellas”, debido a que muchos artistas lo frecuentaran. Su primera
madre-de-santo fue Julita Lima da Silva, Mãe Manudê, que falleció en 2004. La
actual ialorixá es Mãe Pulquéria Oyajidê.

303

�REFERENCIAS

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305

�ANÁLISIS DEL PERFIL DE UNA MUESTRA DE MUJERES MALTRATADAS
RESIDENTES DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

Rogelio Rodríguez Hernández26
Leticia Ortiz Aguilar27
Nemesio Castillo Viveros28

RESUMEN
En el presente trabajo se muestra un análisis del perfil de las mujeres que sufren
de violencia por parte de los esposos o parejas de hecho, y que solicitaron ayuda
en una serie de instituciones públicas y asociaciones civiles. Para saber si este
perfil era particular a las mujeres maltratadas, se tomó como referencia una
muestra de mujeres libres de violencia de pareja. El estudio se llevó a cabo en
Ciudad Juárez, Chihuahua y el período de recogida de datos comprendió entre
agosto de 2013 y mayo de 2014. Los puntos analizados del perfil de las mujeres
entrevistadas están relacionados con sus características generales (edad,
escolaridad, empleo, etc.), su experiencia concerniente al maltrato y algunas
características del varón que les maltrataba, según ellas lo describían. Se
encontró que la totalidad de las mujeres maltratadas sufrían maltrato emocional y
que casi una cuarta parte de las mismas experimentaba simultáneamente los
cuatro tipos de maltrato evaluados. También se encontró que estas mujeres
tendían más a reportar que habían sido testigos de violencia y víctimas de abusos
en la infancia. En cuanto a su perfil general, las características que difirieron de las
mujeres libres de maltrato fueron su situación laboral, estado civil, y el consumo de
26

Programa de licenciatura en Trabajo Social, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
rogelio.rodriguez@uacj.mx; adelro@hotmail.com
27
Programa de licenciatura en Trabajo Social, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; lortiz@uacj.mx
28
Programa de licenciatura en Trabajo Social, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez;
nemesio.castillo@uacj.mx

306

�alcohol de su cónyuge o concubino. En rasgos tales como la edad, escolaridad y
número de parejas, no se encontraron diferencias entre las mujeres maltratadas y
las que se encontraron libres de abuso. Se discuten los resultados en virtud de su
utilidad para la intervención y estudios futuros.

Palabras clave: Violencia de pareja, mujeres, factores asociados, perfil general,
tipos de abuso.

INTRODUCCIÓN
Una expresión de las injusticias que ha marcado el devenir de la sociedad
mexicana es la violencia que viven las mujeres en los diversos entornos donde se
desenvuelven cotidianamente. La conciencia pública al respecto ha motivado
diversas acciones que han logrado frutos importantes en el relativamente corto
tiempo de su existencia. Sin embargo, se debe reconocer que aún queda un largo
camino por recorrer en vista de las agresiones que continua experimentando una
proporción importante de las mujeres mexicanas (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, 2007, 2013).
Uno de los principales ámbitos donde las mujeres mexicanas experimentan
violencia diariamente es el hogar y la pareja masculina suele ser el agresor, por lo
que muchos de los esfuerzos llevados a cabo para atender la violencia de género
se han enfocado en atender la violencia que ocurre en la pareja. Sin embargo,
algunos factores que suelen estar presentes en el proceso de violencia, tales
como la convivencia diaria con el agresor y la dependencia económica y
emocional de la mujer hacia éste, hacen que su atención sea particularmente
desafiante.
Algo que puede reforzar la efectividad de las actuaciones para acabar con la
violencia en el ámbito doméstico es el conocimiento profundo del fenómeno. Esto
se traduce en el estudio de las condiciones que lo generan y las características de
307

�los hombres y las mujeres inmersos en el proceso de violencia, entre otros temas
para investigar. Similarmente, se requiere conocer las variables que previenen la
violencia y que facilitan una convivencia basada en el respeto, la equidad y la
solución pacífica de los conflictos. Si bien existe una abundante literatura sobre el
tema actualmente, se debe señalar que en su mayoría es elaborada en el
extranjero, principalmente en Norteamérica, por lo que es aún necesario estudiar
la violencia en las particularidades del contexto mexicano.
Bajo esa premisa, en el presente trabajo se muestran los resultados de un estudio
cuyo objetivo fue el conocimiento del perfil de una muestra de mujeres maltratadas
residentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que asistieron a una serie de
instituciones públicas y asociaciones civiles a solicitar diversos servicios de apoyo.
Con el fin de saber si la información recogida es particular a las mujeres
maltratadas, se hizo una comparación con una muestra de mujeres libres de
violencia. Asimismo, para tener elementos de análisis firmes, en este trabajo se
hace una revisión de la literatura relacionada con los factores que propician la
violencia hacia la mujer en la pareja.
A raíz del análisis de los resultados y reconociendo las limitaciones de este
estudio, se hacen algunas recomendaciones para las investigaciones futuras
sobre el tema y sobre la dirección de las políticas e intervenciones sociales que
buscan prevenir y detener la violencia de pareja en Ciudad Juárez.

Definición de la violencia hacia la mujer por parte de la pareja
Históricamente, en Occidente la violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico
fue un tema que no era considerado como un problema porque se concebía como
una expresión natural de la supremacía masculina sobre la mujer (Fox, 2002). No
obstante, principalmente desde la década de 1970 la violencia de género se ha ido
reconociendo como un problema social y de salud pública en la mayoría de los
países del mundo. Ese reconocimiento tuvo un punto culminante en 1993, cuando
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que
308

�condena la violencia hacia las mujeres y en donde se afirma que la misma es un
atentado contra los derechos humanos de las mujeres de todas las edades, que
se manifiesta en múltiples facetas, y que puede ejercerse en la familia, en la
comunidad y en el estado (ONU, 1993).
En cuanto a la definición de violencia de género, se debe señalar que oficialmente
en México el término se refiere a los atentados a la integridad de las personas por
su condición de género. De esta forma, en el artículo 5 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) se entiende como
violencia contra la mujer a las acciones que causen muerte, daño o sufrimiento a
la persona del género femenino en el ámbito privado o público (p. 2). En esta ley
se reconoce que las mujeres están sujetas a la violencia en los distintos ámbitos
donde se desempeñan, como la escuela, el trabajo y el hogar. Con respecto a este
último contexto, en el artículo 7 de dicha ley la violencia familiar se define del
siguiente modo (p. 3):
Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,
someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial,
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo
agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una
relación de hecho.
En el estado de Chihuahua, que es donde se realizó el estudio mostrado en este
capítulo, la violencia hacia las mujeres y la violencia familiar son definidas de
manera similar en los artículos 4 y 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia (2007).

En otro orden de ideas, la violencia hacia la mujer por parte de su esposo o
concubino no son hechos aislados ni aleatorios, sino que son facilitados por un
contexto sociocultural delineado por los desbalances de poder y acceso a recursos
existentes entre hombres y mujeres, los cuales condicionan en buena medida los
309

�procesos de violencia. Entonces, estos desbalances de poder, aunado a otros
factores que serán descritos más adelante, contribuyen a la existencia de
violencia.
Esto se puntualiza porque en el contexto de la pareja las tasas de violencia
provocada por las mujeres podrían ser similares a las de los varones, por lo
menos en los países desarrollados (Archer, 2000; Chan, 2011). No obstante, se
sabe que las heridas producto de la violencia de pareja son más graves para las
mujeres y que las agresiones de las mismas tienden a ser reacciones ante la
violencia del varón (Barnett, Martínez y Keyson, 1996; Romans, Forte, Cohen, Du
Mont y Hyman, 2007). Otro argumento para situar a la violencia a las mujeres en
el hogar como un problema público en México se relaciona con el hecho de que
los asesinatos de mujeres se dan más en el hogar, mientras que los asesinatos de
varones ocurren en principalmente en la vía pública (Incháustegui, López, Echarri
y Ramírez, 2011). Es decir, el hogar y los vínculos cercanos son factores de riesgo
para el asesinato de mujeres en nuestro país.

Prevalencia de la violencia
La conciencia sobre la violencia de género ha motivado la realización de estudios
que buscan evidenciar la magnitud del problema. De esta forma, existe una gran
cantidad de investigaciones mostrando que la violencia hacia las mujeres,
concretamente la ejercida por la pareja, está bastante extendida en muchos
países. Como ejemplo de ello se puede citar una recopilación de la ONU (2011) de
estudios al respecto realizados en 86 países, principalmente en los primeros años
del siglo XXI. Aunque hay diferencias en la prevalencia a través de los países, en
esa recopilación se muestra que la violencia sigue siendo un evento cotidiano para
muchas mujeres, sin importar la cultura o el nivel de desarrollo de sus países. De
tal suerte, en los países estudiados entre 4.8% y 39.3% de las encuestadas
mencionaron haber vivido al menos un episodio de violencia física proveniente de
una pareja a lo largo de su vida.
310

�En el caso de México, los datos más recientes recogidos de una muestra
representativa de mujeres mayores de 15 años indican que una gran proporción
de las que estaban casadas o unidas habían sufrido agresiones por parte de su
pareja masculina (INEGI, 2013b). Concretamente, 44.9% de las mujeres casadas
o unidas vivió violencia de parte del varón a lo largo de su relación y 33.6%
manifestó ser agredida en el último año. Si esto se desglosa por tipo de abuso, se
tiene que de las mujeres agredidas a lo largo de su relación, 89.2% lo han sido de
manera emocional, 56.4% han vivido violencia económica, 25.8% violencia física,
y 11.7% expresaron haber experimentado violencia sexual.
Para el estado de Chihuahua, que fue el contexto para el estudio reportado en el
presente trabajo, el maltrato en la pareja estuvo presente en el 46.5% de las
mujeres casadas o viviendo en unión libre (INEGI, 2013a). Por tipo de maltrato, se
muestra que 41.8% de las mujeres han experimentado violencia emocional por
parte de su última pareja o esposo, 24.2% violencia económica, 10.8% han
recibido maltratos de forma física y 7.1% refiere haber sufrido violencia sexual.
Esto es, tanto en el país como en el estado casi la mitad de las mujeres casadas o
unidas ha estado expuesta a la violencia en el ámbito privado.
Esta información fue recogida en el año 2011 mientras que una encuesta similar
fue aplicada en 2006 en nuestro país (INEGI, 2007). Al compararse ambas
investigaciones, se tienen tasas similares de violencia de género. Esto refleja un
progreso escaso en esos cinco años en la disminución del problema, por lo que se
deben intensificar los esfuerzos para reducirle mediante la prevención y atención
de las personas inmersas en procesos de violencia. Si bien la violencia de género
en el seno del hogar es un fenómeno que ha estado presente por mucho tiempo
en nuestra sociedad, se debe tener en cuenta que la misma, como todas las
violencias, es una construcción social que es posible erradicar de la sociedad
mexicana en el mediano y el largo plazo.

311

�Factores asociados a la violencia de pareja.
Las historias detrás de cada acto de violencia son únicas e irrepetibles, así como
el sufrimiento que provoca en la vida de las víctimas. No obstante, se han
detectado algunos factores que, individualmente o en combinación con otros,
aumentan el riesgo de violencia. El conocimiento de estas variables es importante
para orientar las políticas para la prevención y atención de la violencia, por lo que
a continuación se enumeran algunos de estos factores.
Se puntualiza que la mayor parte de la información presentada en los siguientes
párrafos ha sido obtenida en otros países, por lo que su existencia se debe
corroborar inequívocamente en el contexto mexicano. Además, se señala que la
mayor parte de dicha información proviene de investigaciones con diseños
transversales, lo que demanda precaución al momento de hacer afirmaciones de
causalidad con respecto a las variables tratadas.

Experiencia de violencia familiar en la infancia.
Según se sabe, las experiencias tempranas influyen en la experiencia de violencia
en la vida adulta (por ejemplo, véase Capaldi, Knoble, Shortt y Kim, 2012). En el
caso de los varones, se han encontrado asociaciones entre presenciar abusos
entre sus padres durante la infancia y convertirse en maltratador de una pareja en
la vida adulta (Ernst et al., 2009). Para las mujeres, lo que se tiene documentado
es que las experiencias de abuso en la infancia guardan relación con involucrarse
en la vida adulta en relaciones donde el maltrato está presente (Coker, Smith,
McKeown y King, 2000).
Una prueba convincente de la transmisión intergeneracional de la violencia puede
encontrarse en un estudio longitudinal reportado por Ehrensaft et al. (2003). Estos
autores encontraron, tras

dar seguimiento

por 20

años a

543

niños

norteamericanos, que presenciar violencia entre los padres y recibir malos tratos
en la infancia tenía una influencia sobre el riesgo de ser perpetrador y víctima de

312

�la violencia de pareja en la vida adulta. Este efecto se encontró tanto en los
hombres como en las mujeres bajo estudio.

Consumo de alcohol.
El sentido común plantea que beber alcohol aumenta la agresividad, lo que ha
sido corroborado de científicamente desde hace mucho tiempo (por ejemplo,
Bushman y Cooper, 1990). Si bien este efecto potenciador del alcohol sobre la
agresividad opera en ambos géneros, se ha demostrado que dicho efecto es
mayor en los varones que en las mujeres (Giancola et al., 2002).
De esta manera, beber alcohol es un correlato en la ejecución de actos agresivos
hacia la mujer en el contexto de la vida de pareja. Esto es lo que se comprobó en
una revisión de la literatura concerniente a los diversos factores involucrados en
ese tipo de violencia (Capaldi et al., 2012). En ese trabajo se muestra evidencia
según la cual el consumo de alcohol es un factor que hace más probable las
agresiones de los varones hacia las mujeres, aunque a través de los estudios
analizados se encontró que esa probabilidad no era tan alta como se pensaba.
Edad.
La edad de las mujeres es un factor de riesgo para que reciban agresiones por
parte de los varones. En este sentido, se sabe que entre más joven sea una mujer
tiene más riesgo de recibir violencia proveniente de una pareja masculina (Capaldi
et al., 2012). En esta línea de hallazgos, la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2005), llevó a cabo un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la
mujer en 10 países y encontró que en la mayoría de los mismos la violencia
ejercida por un varón en el año previo al estudio fue mayor para aquellas mujeres
con edades de 15 a 19 años.
Las interpretaciones de ese hecho barajadas en ese estudio son sobre la
posibilidad de que los hombres jóvenes sean más violentos y que las mujeres

313

�mayores tengan un estatus social más altos que las mujeres jóvenes, lo que les
haría tener una menor vulnerabilidad (p. 33).

Educación.
Otro factor que actúa como protector frente a la violencia de pareja es el acceso a
la educación escolarizada (Breiding, Black, Ryan, 2008; Vives-Cases et al., 2009).
Por ejemplo, en el estudio ya citado de la OMS (2005) se encontró que en muchos
de los países bajo estudio los niveles educativos cursados se asociaban a un
decremento de la violencia de pareja, lo cual fue especialmente cierto cuando las
mujeres alcanzaban grados educativos más allá de la educación secundaria.
No obstante, en dicha investigación se reconoce que no está claro si la educación
le da a la mujer más posibilidades de elección y autonomía o si lo que está detrás
de la asociación entre educación y maltrato son otros factores, tales como la edad,
el estatus socioeconómico u otros (p. 34).

Condición de la unión.
De las distintas condiciones maritales en la mujer, la separación y el divorcio le
hacen particularmente vulnerable para recibir abusos por parte del varón del cual
se separan, según muestra la revisión de la literatura sobre los factores de riesgo
para la violencia de pareja llevada a cabo por Capaldi et al. (2012). Similarmente,
el estudio de la OMS (2005) citado en el apartado anterior encontró que en la
mayoría de los países donde se encuestó a mujeres, las separadas y divorciadas
fueron un grupo en riesgo de recibir violencia a lo largo de su vida.
La causas posibles de esta relación están en que la violencia en sí es la razón de
la separación o que las mujeres ya separadas temen menos revelar la experiencia
de abuso (OMS, 2005; p. 33).

314

�Condición de empleo.
En el estudio de Coker, Smith, McKeown y King, (2000) se aprecia que las
mujeres tenían más riesgo de ser violentadas si ellas o sus parejas estaban
desempleadas. Eso fue encontrado en los Estados Unidos. No obstante, en países
similares a México en cultura y nivel de desarrollo el panorama parece ser distinto.
Así, al estudiar la prevalencia de la violencia de pareja en mujeres embarazadas
en Lima, Perú, Perales et al. (2009), encontraron que las mujeres con empleo
tenían más probabilidad de ser agredidas. Según los autores la violencia en las
culturas patriarcales se asocia con la independencia financiera de la mujer.

El presente estudio
Con el fin de conocer el perfil general de las mujeres maltratadas residentes en
Ciudad Juárez, México y su situación con respecto a los factores enumerados en
la sección anterior, se condujo un estudio donde se contactó a mujeres en
situación de abuso que acudieron a varias instituciones públicas y de la sociedad
civil de la ciudad para recibir apoyo. Para conocer las particularidades de la
condición de abuso, la información obtenida en dichas mujeres se comparó con la
recabada en mujeres que se encontraban libres de violencia y que fueron
abordadas en algunos centros comunitarios locales.
Se debe recalcar que los autores de este texto están conscientes que la falta de
representatividad y selección aleatoria de las participantes limita el alcance de las
conclusiones vertidas en estas páginas. Sin embargo, se espera que este estudio
sea replicado y que las reflexiones vertidas en estas páginas sean un aliciente
para seguir investigando sobre la violencia hacia la mujer en el hogar.

Participantes.
El muestreo empleado en este estudio fue por conveniencia, por lo que se buscó
la colaboración de mujeres con experiencia reciente de abuso y que solicitaban
315

�ayuda en instituciones manejadas por el gobierno estatal y por Asociaciones
Civiles, las cuales brindan servicios de apoyo a mujeres en situación de violencia
en Ciudad Juárez. Los requisitos que tenía que cumplir una mujer para ser
entrevistada fueron: a) ser mayor de edad; b) vivir o haber vivido durante el último
año con un hombre en matrimonio o unión de hecho; c) sufrir o haber sufrido
violencia por parte del varón durante el último año, y d) aceptar colaborar en la
investigación.
Como ya se apuntó, para saber si los perfiles encontrados son particulares a las
mujeres maltratadas se contactaron mujeres que se encontraban libres de abuso
por parte de su esposo o concubino. Esto se hizo en varios centros comunitarios
ubicados en la ciudad y los requisitos para participar en el estudio fueron los
mismos que los del grupo de mujeres maltratadas, con excepción de la
experiencia de maltrato. Para saber si una mujer era o no objeto de violencia, se
aplicó una escala que se describirá en la siguiente sección. Las mujeres con
puntajes bajos en esa escala eran consideradas libres de abuso. En total,
colaboraron 185 mujeres (rango de edad: 18-76 años), de las cuales, 117 sufrían o
habían sufrido recientemente maltratos por parte del varón con el que cohabitaban
y 68 estaban libres de violencia.

Materiales y procedimiento:
Los instrumentos empleados en esta investigación fueron dos:


En primer lugar, se creó un cuestionario donde se pregunta a la mujer datos
de orden general, tales como la edad, tiempo de unión, experiencia de
maltrato en la niñez, etc. Además de esto, se les cuestionó sobre las
características del hombre con quien habitaban, tales como su edad, empleo
y consumo de alcohol.



En segundo lugar, se empleó una escala que mide la frecuencia de violencia
de pareja durante el último año, la cual fue creada y validada en mujeres
mexicanas por Valdez-Santiago et al (2006) y consta de 19 reactivos con
316

�cuatro opciones de respuesta (nunca, alguna vez, varias veces y muchas
veces). Los tipos de violencia incluidos son la emocional (por ejemplo ¿le ha
insultado?), la física (ejemplo de reactivo: ¿le ha empujado a propósito?), la
violencia física severa (por ejemplo, ¿le ha quemado con cigarro o alguna
otra sustancia) y las agresiones sexuales (por ejemplo, ¿ha usado la fuerza
física para tener relaciones sexuales con usted?). El coeficiente Alfa obtenido
en esta investigación fue de .89.

En cuanto al procedimiento de aplicación, se siguieron una serie de lineamientos
para asegurar el bienestar de las mujeres que participaron en el estudio. De esta
forma, se capacitó a estudiantes mujeres próximas a egresar o recién egresadas
de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Esta capacitación fue con respecto al abordaje de las mujeres, la aplicación de los
instrumentos y el manejo de situaciones en donde el estrés en las participantes se
desbordara. Como añadido, en este entrenamiento se informó e hizo conscientes
a las entrevistadoras de las manifestaciones y consecuencias de la violencia de
género.
RESULTADOS
En esta sección se describen y analizan los resultados del perfil de las
participantes del estudio, los cuáles se expondrán en tres apartados: a)
primeramente, se analizarán los resultados respecto a la experiencia de violencia
de las participantes; b) en seguida, se tratará el perfil de las mujeres maltratadas y
su diferencia con el de las mujeres sin maltrato; y c) se analizará el perfil de las
parejas masculinas de las participantes, tal y como ellas los describieron.
Para comparar la información de los dos grupos de mujeres se emplearon varias
pruebas estadísticas, según la naturaleza de los datos analizados. Así, se empleó
la prueba T de Student cuando se trataba de datos medidos en un nivel intervalar,
el estadístico U de Mann-Whitney en los casos donde los datos eran de nivel
317

�ordinal y la prueba Chi cuadrada en los datos de tipo nominal.
a) La experiencia de violencia.
Como ya fue mencionado, se empleó la escala desarrollada por Valdez-Santiago
et al (2006) para agrupar al total de mujeres participantes en una de las dos
condiciones de violencia (con maltrato y sin maltrato). De esta manera, del total de
participantes, 117 (63.2%) habían sido víctimas de abuso durante los últimos 12
meses, mientras que 68 (36.8%) se encontraban libres de agresiones.

En el universo de mujeres maltratadas se encontró que las cuatro expresiones de
violencia evaluadas estaban presentes en proporciones distintas. Como es posible
apreciar en la gráfica 1, en la totalidad de las 117 mujeres maltratadas estuvo
presente la violencia emocional; en tanto, la violencia física fue experimentada por
el 88% de dichas mujeres. Por su parte, la violencia física severa y sexual fue
reportada por el 60.6% y el 33.3% de las mujeres maltratadas, respectivamente.

Por supuesto, cada una de esas categorías de violencia muy rara vez se
manifestó sola; de hecho, únicamente el 5% de las participantes maltratadas
reportó experimentar maltratos de forma emocional, sin estar acompañados de
otras categorías de abusos. Así, el 39.3% de las mujeres presentó una
combinación de tres tipos de abusos, en su mayoría la violencia emocional, la
física y las agresiones sexuales. En tanto, el 31.6% sufrió dos tipos de violencia de
manera simultánea, principalmente la combinación de violencia emocional con
agresiones físicas. La vivencia de los cuatro tipos de abusos de forma concurrente
se encontró que casi la cuarta parte de las mujeres (23.9%) lo que hace a este
grupo particularmente vulnerable y necesitado de atención urgente.

Gráfica 1. Porcentaje de mujeres que han experimentado cada uno de los cuatro
tipos de violencia evaluados (n=117).
318

�100%
88%

60.60%

33.30%

Violencia emocional

Violencia física

Violencia física severa

Violencia sexual

Fuente: elaboración propia.

Además de lo anterior, se buscó conocer la experiencia de violencia en la infancia
los dos grupos de las participantes. Esa experiencia se exploró mediante dos
preguntas: una referente a la frecuencia en la que la participante había
presenciado en la infancia agresiones entre sus padres o cuidadores y otra que
hacía referencia a si en esa etapa de la vida había recibido agresiones verbales
y/o físicas por parte de sus padres.
Como se puede apreciar en la tabla 1, al aplicar la prueba estadística U de MannWhitney se encontró que la experiencia de violencia en la infancia, tanto en lo que
se refiere a presenciar malos tratos como a recibirlos, fue distinta en términos
estadísticos para los dos grupos de mujeres. En este sentido, 32.4% de las
mujeres maltratadas refirieron ser testigos de agresiones en la infancia “varias
veces” o “muchas veces”, mientras que 26.9% de las participantes libres de
abusos reportaron tal experiencia. En tanto, 26.5% de las participantes
maltratadas afirmó que en su infancia recibió agresiones por los padres con varias
o muchas veces, mientras que la misma afirmación fue hecha por el 19.1% de las
mujeres libres de violencia.
319

�Tabla 1
Experiencia de violencia en la infancia de las participantes
Mujeres maltratadas

Mujeres sin maltrato

(n=117)

(n=68)

f(%)

f(%)

Nunca

54(46.2)

41(61.2)

Rara vez

25(21.4)

8(11.9)

Varias veces

19(16.2)

13(19.4)

Muchas veces

19(16.2)

5(7.5)

Testigo de violencia en la infancia

U=

3311.5

p=

.02

Víctima de violencia familiar en la
infancia
Nunca

59(50.4)

43(63.2)

Rara vez

27(23.1)

12(17.6)

Varias veces

18(15.4)

7(10.3)

Muchas veces

13(11.1)

6(8.8)

U=

3457

p=

.04

Fuente: elaboración propia.
320

�Entonces, la idea según la cual la vivencia de violencia en la infancia tiene relación
con la experiencia de violencia de pareja en la vida adulta parece que encuentra
apoyo en la presente investigación. Esto habla de la importancia de implementar
estrategias integrales para la prevención y atención de la violencia, las cuales
deben considerar que la experiencia de violencia en los matrimonios y uniones
podría tener sus bases mucho tiempo antes de que éstos se formasen.
b) Perfil general de las participantes
Como se apuntó en la revisión de la literatura, las mujeres de edad joven tienen un
mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de pareja. Por tanto, en el presente
trabajo se esperaría que el grupo de mujeres maltratadas tuviera más mujeres
jóvenes, lo que se traduciría en una edad promedio menor que en el grupo de las
mujeres no maltratadas. No obstante, al llevar a cabo la comparación entre los dos
grupos mediante la prueba T de Student no se detectó alguna diferencia
estadísticamente significativa. De esta manera, en ambos grupos de participantes
la edad promedio se ubicó alrededor de los 37 años (véase la tabla 2).

Tabla 2
Edad de las participantes
Mujeres maltratadas (n=117)

Mujeres sin maltrato (n=68)

Promedio

37.21

37.38

Desviación estándar

11.06

8.4

t=

.114

p=

.9

Fuente: elaboración propia.
321

�Una posible razón de esta tendencia, además de una similitud real en las edades
de ambos grupos de mujeres, pudiera estar en que muchas mujeres jóvenes que
experimentan violencia en sus matrimonios o uniones no se atreven a solicitar
ayuda a las instancias correspondientes.
Otra característica que se exploró fue la del nivel educativo, en virtud de su ya
citado papel protector de la violencia de género. A este respecto, se pudieron
entrevistar mujeres de todos los niveles educativos, desde aquellas que no fueron
a la escuela, hasta las que contaban con posgrado. No obstante, tanto en las
mujeres maltratadas como en las que se encontraban libres de abuso predominó
el nivel de secundaria, siendo una minoría las que obtuvieron la preparatoria y
grados superiores (véase la tabla 3). En estos últimos grados se ubicaron el 34.2%
de las mujeres maltratadas 34.2% y el 26.5% de las participantes libres de abuso.
Para detectar con más precisión la existencia de diferencias entre los dos grupos
de mujeres estudiadas se hizo una comparación de sus años de escolaridad
mediante la prueba T de Student para grupos independientes. Como se aprecia en
la tabla 3, los promedios entre ambos grupos fueron muy similares, situándose en
poco menos de 9 años, por lo que la prueba empleada no encontró diferencias
significativas. Esto es, ningún grupo tiene un mayor nivel educativo que el otro, por
lo que el papel protector de la educación en contra de la violencia no se encontró
en las muestras estudiadas.
Tabla 3
Escolaridad de las participantes (N= )
Mujeres maltratadas

Mujeres sin maltrato

(n=117)

(n=68)

f(%)

f(%)

32(27.4)

20(29.4)

Hasta primaria

322

�Secundaria

45(38.5)

30(44.1)

Preparatoria

25(21.4)

13(19.1)

Universidad y/o posgrado

15(12.8)

5(7.4)

8.76

8.33

Promedio de años de escolaridad
t=

-.746

p=

.46

Fuente: elaboración propia.

Aunado a lo anterior, se exploró la situación laboral de las entrevistadas. Como se
citó en un apartado anterior, Perales et al (2009) encontraron que en Lima, Perú,
las mujeres que trabajaban fuera del hogar tenían un mayor riesgo de ser
violentadas por el varón. En el presente estudio se encontró una tendencia similar.
De esta manera, una minoría de las mujeres libres de abuso contaban con un
empleo remunerado mientras que lo opuesto fue cierto para las mujeres
maltratadas, tal y como se aprecia en la tabla 4. Se destaca que la asociación
entre contar con un empleo y el recibir violencia fue estadísticamente significativa.

Tabla 4
Situación de empleo de las participantes (N= )

Hogar

Mujeres maltratadas

Mujeres sin maltrato

(n=117)

(n=68)

f(%)

f(%)

53(45.7)

49(72.1)

323

�Trabaja fuera del hogar

63(54.3)

19(27.9)

χ²=

12.07

p=

.001

Fuente: elaboración propia.

Además, se buscó saber cuál de los estados maritales predominaba en las
participantes y se encontró un predominio de mujeres casadas y en unión libre en
los dos grupos de participantes. Sin embargo, en las mujeres libres de violencia
estas condiciones maritales representaron casi nueve de cada diez participantes,
mientras que en el otro grupo fueron casi las dos terceras partes de las mujeres
(véase la tabla 5). En contraparte, el número de separadas y divorciadas fue más
del triple en el grupo de mujeres maltratadas que en el de las participantes libres
de abuso. Al aplicar la prueba estadística chi cuadrada se encontró una asociación
estadísticamente significativa.

Tabla 5
Estado civil de las participantes
Mujeres maltratadas

Mujeres sin maltrato

(n=117)

(n=68)

f(%)

f(%)

Casadas/unión libre

77(65.8)

60(89.6)

Separadas/divorciadas

40(34.2)

7(10.4)

χ²=

12.6

324

�p=

.00

Fuente: elaboración propia.

Para finalizar este apartado se debe decir que se compararon otras características
entre los dos grupos de participantes. Específicamente, se exploró si el grupo era
distinto al otro en términos del número de hijos, de varones con los que habían
vivido, tiempo de unión, lugar de nacimiento y tiempo de residencia en la ciudad
en caso de proceder de otra localidad. En ninguno de dichos contrastes se
encontró alguna diferencia estadísticamente significativa. En consecuencia, las
características evaluadas que hacen distinguen a una mujer agredida por el varón
de otra libre de abusos son el contar con un empleo remunerado y estar separada
o divorciada.

c) Perfil general de la pareja masculina.

Además de las características de las participantes, en el estudio reportado en
estas páginas también se indagó de manera breve sobre las características del
hombre con quienes las mujeres participantes cohabitaban. De manera específica,
se cuestionó a estas mujeres el nivel educativo de sus parejas, su edad y la
frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas29. El propósito de estas preguntas
fue identificar en la muestra estudiada los factores que harían más proclive al
varón a agredir a su pareja femenina.
29

Cabe señalar que también se preguntó a las participantes sobre el empleo de sus parejas con el fin

de conocer si el desempleo también es un factor de riesgo para la violencia. Sin embargo, la totalidad de los
varones mencionados por las entrevistadas contaban con trabajo remunerado (y en ambos grupos los tipos
de empleos fueron similares), por lo que en no fue posible explorar esa idea.

325

�Con respecto a la edad, se encontró que, como cabría esperar, los varones
referidos como pareja fueron mayores que las mujeres en alrededor de dos años.
No obstante, al comparar la edad de las parejas de las mujeres abusadas con la
edad de los esposos o concubinos de las participantes libres de abusos no se
detectó alguna diferencia estadísticamente significativa (véase la tabla 6), por lo
que las parejas de las mujeres en ambas condiciones son de edades similares.

Tabla 6
Edad de las parejas masculinas de las participantes
Mujeres maltratadas

Mujeres sin maltrato (n=68)

(n=117)

f(%)

f(%)
Promedio

39.4

38.8

Desviación estándar

11.16

9

t=

-.35

p=

.73

Fuente: elaboración propia.

Además, una segunda variable explorada en esta sección es la referente a los
grados educativos alcanzados por el varón. Aquí, a diferencia de las mujeres, el
nivel escolar que alcanzó mayores menciones no fue el de la secundaria sino el de
la primaria. Tal y como se ilustra en la tabla 7, 35.9% de las parejas de las mujeres
maltratadas y 38.3% de las parejas del otro grupo de participantes tuvieron como
grado máximo la escuela primaria o menos. Otro dato que es de notar es que los
esposos o parejas de ambos grupos de mujeres alcanzaron en porcentajes
326

�ligeramente inferiores los niveles de universidad y posgrado. A pesar de esto, los
años promedio de escolaridad de los varones en los dos grupos de participantes
también son de alrededor de 8 años.

Tabla 7
Escolaridad de las parejas de las participantes (N= )
Mujeres maltratadas

Mujeres sin maltrato

(n=117)

(n=68)

f(%)

f(%)

Hasta primaria

42(35.9)

26(38.3)

Secundaria

35(29.9)

23(33.8)

Preparatoria

29(24.8)

15(22)

Universidad

11(9.5)

3(5.9)

8.6

8.2

Años promedio de escolaridad
t=

-.76

p=

.44

Fuente: elaboración propia.

Al igual que en el caso de las mujeres, con el fin de conocer de forma más precisa
las posibles diferencias entre la escolaridad de las parejas de los dos grupos de
mujeres estudiadas se compararon los años de escolaridad mediante la prueba T
de Student. Al igual que en el caso de las mujeres, esta comparación no arrojó
diferencias con significancia estadística.
327

�La tercera variable que se indagó en este apartado y en donde sí se detectaron
diferencias fue la relacionada con el consumo de alcohol por parte del cónyuge o
concubino. De tal forma, aproximadamente la cuarta parte de las mujeres
maltratadas mencionó que su pareja masculina bebía alcohol “varias veces por
semana”, mientras que del grupo de participantes libres de abusos, únicamente
2.9% mencionó tal frecuencia de consumo. Por el contrario, poco más de este
segundo grupo de mujeres (51.5%) refirió que su esposo o concubino nunca
consumía bebidas alcohólicas, lo que fue referido por el 25.2% del grupo de
mujeres agredidas (véase la tabla 8).
Entonces, mientras que las edades y grados de estudios de los esposos o parejas
de ambos grupos de mujeres son similares, se detectó que el consumo de alcohol
fue mayor para las parejas del grupo de mujeres en condición de abuso. Esto
corrobora lo expuesto en la revisión de la literatura y llama a reflexionar sobre la
necesidad, cuando sea factible, de trabajar de manera concomitante el consumo
de alcohol del varón en las intervenciones dirigidas a detener la violencia de
pareja.
Tabla 8
Consumo de alcohol en las parejas de las participantes (N= )
Mujeres maltratadas

Mujeres sin maltrato

(n=117)

(n=68)

f(%)

f(%)

Nunca

29(25.2)

35(51.5)

Una vez al mes o menos

29(25.2)

19(27.9)

Entre una y cuatro veces al mes

28(24.3)

12(17.6)

Varias veces por semana

29(25.2)

2(2.9)

328

�U=

2399

p=

.000

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN Y REFLEXIONES FINALES
Con respecto a la manera en que las participantes experimentan la violencia, cabe
destacar que la mayoría de las mismas viven varios tipos de maltratos de forma
simultánea, siendo la violencia emocional la que se encontró en todas las mujeres
en la condición de abuso. Además, se destaca que casi las dos terceras partes de
las participantes viven agresiones severas (tales como agresiones con arma
blanca o intentos de estrangulamiento) acompañadas con otras dos o tres formas
de abuso. Esto pudiera significar que las humillaciones, insultos y menosprecios
sirven para apuntalar las otras formas de violencia y que las mujeres acuden a
pedir ayuda a instancias formales cuando las agresiones se tornan más graves.
Relacionado con lo anterior, en las participantes estudiadas se corrobora el hecho
de que las experiencias de violencia en la infancia tienen una relación con las que
se viven en la vida adulta, toda vez que las participantes en la condición de
maltrato reportaron en mayor medida ser testigos y víctimas de maltrato en la
infancia. Entonces, se debe ser consciente que la violencia que se vive en los
matrimonios y uniones de hecho puede tener sus orígenes mucho tiempo antes
que la pareja se forme.
Lo anterior llama a que se eduque a la población en general a que aprenda a
detectar los primeros signos de la violencia y que busquen ayuda en caso de que
existan, antes que adquieran sus formas más agudas y extremas. Incluso, se hace
necesario que esa búsqueda de ayuda se lleve a cabo aún y cuando no se cuente

329

�con una pareja, en virtud de la influencia de las experiencias tempranas en la
aparición de agresiones en las uniones matrimoniales.
En cuanto al perfil general, en las mujeres maltratadas que colaboraron en el
estudio

estuvieron

sobrerrepresentadas

aquellas

que

tienen

un

trabajo

remunerado, las separadas y divorciadas y las que tienen como pareja a alguien
que bebe alcohol frecuentemente. En el primer caso, se podría interpretar que el
varón se siente amenazado cuando la mujer trabaja y tiene cierta independencia
económica, lo que le haría reaccionar violentamente para reducir esa amenaza.
En el segundo caso, existen las posibilidades de que la violencia fuera la causa de
la ruptura y de que el varón intente impedir la ruptura a través de la coacción
violenta. Se recomienda explorar estas interpretaciones en estudios futuros sobre
el tema. En el tema del consumo de alcohol en los varones, se hace un llamado a
considerar su tratamiento cuando exista la violencia en la pareja.
Entonces, una descripción general de una mujer que participó en este estudio es
la de alguien con una edad aproximada a los 37 años, con estudios de secundaria,
con una pareja dos años mayor que ella pero con el mismo nivel educativo. En el
caso de una mujer sujeta a abusos, a lo anterior se le añade el trabajar fuera del
hogar, estar separada o divorciada recientemente y tener como cónyuge o pareja
a alguien que consume alcohol frecuentemente. Asimismo, esta mujer sería
alguien quien ha presenciado y/o sido víctima de maltratos en el hogar durante la
infancia. En el tiempo presente dicha mujer estaría sujeta a varios tipos de abusos
de manera simultánea, aunque todas esas agresiones están acompañadas de
maltratos de tipo emocional.
Como ya fue señalado, se reconoce que las limitaciones de este trabajo están en
el carácter no aleatorio y no representativo de la muestra, aunado a su diseño
transversal, de ahí que se recomiende su réplica con otras participantes,
especialmente con aquellas que no han tenido la posibilidad de solicitar ayuda
para su situación de violencia. No obstante, a juicio de los autores de las
presentes páginas, las principales contribuciones de este trabajo son el revelar las
330

�características particulares de las mujeres en una situación de maltrato, las que
deben tomarse en cuenta al momento de implementar acciones que prevengan y
atiendan la violencia.
Por último, la experiencia de violencia en las familias, específicamente cuando la
misma se dirige hacia la mujer, es algo muy común en nuestra sociedad, por lo
que las intervenciones destinadas a prevenir y detener las agresiones, así como
las que tienen como objetivo asistir en la recuperación de las víctimas, deben
ampliar su alcance y efectividad, de tal manera que una convivencia pacífica y
basada en el respeto sea una realidad que se viva en el día a día en los
matrimonios y parejas. Para este fin, se hace necesaria la obtención de
información que ayude en la comprensión del fenómeno de la violencia y que sirva
de apoyo para las políticas e intervenciones sociales dirigidas a poner fin a la
violencia de género. El presente trabajo busca contribuir en esa dirección.

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335

�SIGNIFICADOS, MOTIVACIONES Y EXPERIENCIAS DE LOS JÓVENES DEL
ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY CON RESPECTO AL CONSUMO
DE ALCOHOL.

Juan Luis Herrera Díaz
Karen Aylin Salas Noguera
Ana Karen Monrreal Herrera
Joseph Abigail Esparza Guim
Alondra Paola García Acuña
Ana Soledad Vázquez Bautista
Kely Johana Hernández Coronado

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de este trabajo es conocer los significados, motivaciones y
experiencia de los jóvenes menores de 30 años en el área metropolitana de
Monterrey, con respecto al consumo de alcohol.
Metodología: La metodología de esta investigación fue de corte cualitativo desde
la perspectiva fenomenológica. Se trabajó con nueve jóvenes (siete hombres y dos
mujeres), todos ellos de diferentes partes del área metropolitana de Monterrey, los
cuales presentan o presentaron problemas con el consumo de alcohol. Para
recolectar la información se utilizaron técnicas como entrevistas a profundidad,
análisis discursivo y observación (diario de campo).
Para el análisis de la información obtenida se utilizó la triangulación de datos,
mediante la utilidad de los datos obtenidos (a través de las técnicas para
recolección de datos antes mencionadas), en conjunción con la teoría investigada
y el análisis de texto utilizado para las entrevistas.
Resultados: La significancia que los jóvenes tienen con respecto al consumo de
alcohol en general resulta bastante multiconceptual. Descubrimos que algunos
jóvenes, buscan la libertad a la imposición del contexto sobre ellos, y el alcohol es
336

�una parte importante de su causa “liberadora” a manera de refuerzo inhibitorio y
social.
En esta sociedad insuficiente de tacto, verdaderas relaciones de fraternidad y
comprensión social, los jóvenes buscan desesperadamente romper con este
patrón de artificialidad, realizando tantos convivios y fiestas como puedan. Estos
jóvenes encuentran en el alcohol su arma de socialización ideal para dirigirse en el
mundo sin “presiones y coerción” que deciden vivir.

Palabras clave: Consumo de alcohol, Significado, motivación, experiencia,
convivencia, familia, contexto, libertad, socialización/significancia individual, fiesta.

Análisis

Situación Familiar
De entrada, tomando en cuenta la notoria importancia que la familia como primer
rubro social en la integración de los individuos funge en los procesos de la
internalización con respecto a los fenómenos sociales, enseguida, se muestra el
análisis a la situación familiar general de los sujetos estudiados.

La mayoría de los sujetos (más de siete), presentan alguna clase de área de
oportunidad familiar con respecto al modelo ejemplificado de una familia funcional.
Es decir, en estos casos se presenta la ausencia de alguno de los padres, falta de
comunicación entre los miembros de la familia, además, factores indirectos que
motivan o influyen al moldear la significancia de los sujetos con respecto al
fenómeno del abuso en el consumo del alcohol.

En sus familias falta algún miembro (no por muerte), esto genera un ambiente
enralecido, atenuándose cuando de la Madre se trata, pues como ya pudimos ver
en el pasado fragmento de entrevista, la ausencia de su Madre, hace sentir al

337

�sujeto que él y su Padre y hermano, están solos (hombres que deben hacerse
cargo completamente de las labores del hogar).

Entonces, la constante por el factor familiar se vuelve en uno de esos aspectos
que ya se tenían en mente, y a raíz de esta investigación, podemos constatar,
pues la mayoría de los sujetos estudiados ha tenido o tiene problemas familiares.

Entre algunos de los factores que pueden considerarse determinantes para que el
sujeto beba alcohol se encuentra en la influencia de la familia, si bien es cierto que
esta puede influir en un alto grado de probabilidad puede haber excepciones.

E: ¿Crees que hayan sido influencia para que tu tomaras?
E/h/21/S/NENT/G: Si como para todos, como para todos es influencia…este…
para mi influencia fue maaas verlos a ellos y ya el punto de decir oye pues
también mis hermanos

toman…también fue una excusa muy mala vd pero

también me influencio un poco e ya tenía eso de tomar, de mis hermanos toman
yo necesito tomar, eera algo normal para mi… verlos tomar y pss dije no porque
no.

E:¿Tu familia toma?
L/H/23/S/E y T/RSN/SN: Ee la mayor sí , bueno es que tomamos en cuestiones
nada más en , en fiestas ósea no es como que nada más quee estoy en mi casa y
compro cerveza y comienzo a tomar , no soy así , solamente no se , si hay un
evento o no sé si vas a un restaurante pues no sé, pidees una michelada o cosas
así, pero si no se si vas a un bar o a un antro pues si ya es como que consumes
un poco más , pero en general solamente mi hermanaa la mayor, si es la que la
que toma.

También es importante señalar que muchos de los jóvenes que beben alcohol en
abundancia lo hacen debido a la desaprobación que sus padres tienen hacia esto,
338

�siendo que los propios padres les están dando ese ejemplo (North y Orange,
1989).

Contexto Social-cultural y Ambiente
El contexto social al igual que el ambiente puede llegar a influir directamente en
los patrones de conducta con respecto al fenómeno estudiado, generando en los
individuos ciertas necesidades de origen social que los motivan a consumir alcohol
más repetido y abundantemente.

Específicamente, hablando sobre el fenómeno del consumo de alcohol, muchas
de las teorías que se han desarrollado apuntan hacia la veracidad de los
postulados teóricos que proponen tal influencia del contexto sociocultural.

Dentro de la red secundaria (inmersa en la sociedad), el individuo pasa gran parte
de su tiempo y por ende internaliza muchos de los aspectos presentes en el
contexto. Es decir, el papel de la sociedad sobre las decisiones y concepción que
el individuo adopta respecto a determinado fenómeno social, resulta en un factor
fundamental con respecto a la manera de actuar de los sujetos.

Tal es la coerción que la sociedad ejerce sobre el individuo que los jóvenes al
momento de convivir en algún grupo social que ingiere bebidas alcohólicas, se ven
literalmente obligados (así lo perciben) a imitar esa conducta. (North y Orange,
1989).

North y Orange (1989), también explican que la presión de los compañeros del
grupo social al cual los jóvenes pertenecen está vinculada al habito de beber, pues
los miembros en busca de aceptación serán participes de este fenómeno social,
con tal de “encajar en el grupo”.

339

�Existen también casos en que los jóvenes beben para tener cabida dentro de
ciertos grupos sociales, es decir, que en estos grupos beber alcohol es parte de
las reglas inconscientes para la aceptación de sus miembros. (North y Orange,
1989).

En la sociedad actual, cargada de multitudinarias responsabilidades para cada uno
de sus miembros, que van desde el estudio hasta el trabajo, a veces los jóvenes
se sienten en la necesidad de tomar “para arreglárselas”, es decir, con el fin de ser
capaces de sobrellevar las pesadas cargas que la sociedad impone sobre ellos.
(North y Orange, 1989).

Ahora bien, tomando en cuenta el nivel tecnológico y científico de esta sociedad,
en el que los medios de comunicación masiva han llegado a ser un aspecto
medular en la concepción de la realidad que los individuos tienen, no se puede
dejar de lado la influencia que la mercadotecnia sobre las bebidas alcohólicas
ejerce sobre los jóvenes, tal es así que terminan (muchos de ellos) siendo parte
del fenómeno del abuso en el consumo del alcohol. (North y Orange, 1989).

En adelante, algunas ejemplificaciones sobre la influencia y consecuencias del
contexto sobre el individuo; Estos datos, recabados de la información facilitada por
los sujetos de estudio.

E: ¿Por qué razón crees que la gente toma?
L/H/23/S/E y T/RSN/SN: La razón principal, bueno, por ejemplo en mi caso pues
yo lo veo por felicidad, pues ósea no es por una depresión o cosas así, sino, no sé
el habito se hace y pues tomas a y cosas así tomas, otra obviamente son las
amistades paraa entrar a un círculo social, a lo mejor no se la mayoría de las
personas, no sé, si tu no tomas las demás personas si, pos te van induciendo a
ese círculo social, entonces porque quieren ser aceptados a ese círculo social
entonces comienzas a, a ser como ellos tomar , quieres ser como ellos…
340

�1. Significados asociados al fenómeno de estudio.
Se han realizado muchas investigaciones buscando determinar las causas de este
fenómeno (el abuso en el consumo del alcohol), se han tomado en cuenta
aspectos importantes como la interrelación del individuo con la sociedad o la
coerción que el contexto ejerce sobre el mismo.

Sin embargo, nuestra labor fundamental es percibir o alcanzar a comprender (a la
medida de lo posible), la realidad que las personas inmersas en este fenómeno
tienen respecto a su cosmovisión.
Es decir, lo que más preocupa en esta investigación es comprender “¿qué es lo
que los jóvenes sienten respecto al alcohol?”, pues la respuesta a esto sería el
¿Por qué los jóvenes consumen tanto alcohol?

Según Guerra (1977), algunos jóvenes piensan que el beber no es en realidad
algo similar a otras cosas de la vida, que por lo tanto no se podría decir que se
trate de algo “bueno o malo”.

Debido a esta abstracción dada por la subjetividad, queda justificado el
comportamiento en el cual consumir alcohol no tiene consecuencias algunas, sino
que solo es parte del aquí y el ahora; “que importa el futuro”, la cosa es vivir.

Un muy interesante estudio realizado por North y Orange (1989), puso en
evidencia varias de las por él llamadas “falsedades y pretextos sobre la bebida”.
Presentes estas ideas sobre todo en jóvenes buscando elaborar pretextos y
complicados razonamientos para explicar su afición a beber.

Un significado muy común que los jóvenes dan al consumo excesivo de alcohol
(excesivo más por consecuencia), es que se vuelven más amistosos cuando están
ebrios. Existe una posibilidad que al menos indirectamente el alcohol aporte algo
para que tengan esa personalidad; sin embargo, afirmarlo sería olvidar que la
341

�mitad de los asesinatos están relacionados con el alcohol como un tercio de los
suicidios, por ende, entre mas ebrias se encuentren las personas más abundan en
todos los aspectos destructivos de la vida (North y Orange, 1989).

En vista de las consecuencias alarmantes que el fenómeno del abuso en el
consumo del alcohol produce (accidentes, muertes, riesgos de salud), resulta
fundamental conocer ¿Que piensan los jóvenes acerca de las estadísticas?, pues
surge la duda de “¿Por qué, a sabiendas de estos hechos siguen consumiendo
alcohol en la forma excesiva que actualmente se da?”.

Un primer acercamiento acerca de esto aportado por North y Orange (1989),
refiere que mucho de los jóvenes expresan que “toda esa publicidad sobre los
riesgos de beber y manejar un automóvil es exagerada”.

También, es importante recordar que la etapa de la juventud en general es
conocida por la ambigüedad en el pensamiento y la dominación emocional de las
sensaciones satisfactorias. Es decir, la juventud está llena de esas actitudes como
“vivir el presente sin atender el mañana”.

Es tal la distorsión entre la construcción de la realidad por parte de los jóvenes y lo
que las personas mayores entienden como realidad, que en ocasiones no se
alcanzan a comprender los razonamientos implícitos en ambos grupos de edad.
Pero sería un error juzgar a los jóvenes de “irracionales” pues llegar a estas
idealizaciones les llevó un razonamiento (a veces no tan profundo) pero que sin
embargo es “aceptable” para ellos.
Por otro lado, según North y Orange (1989), sobre los significados que los jóvenes
dan al fenómeno del consumo en exceso del alcohol, sería importante hacer
mención sobre el sentido de adultez que los jóvenes buscan encontrar en las
bebidas alcohólicas.

342

�Ejemplo de ello, es la admiración que algunos jóvenes presentan a sus amigos
que consumen más alcohol. Algo así como decir “Admiro a tal amigo porque se
puede tomar una botella entera de licor de un trago y luego seguir como si nada”;
aunque esto es imposible, pues quien tome esa cantidad de alcohol en esa forma,
pasadas unas horas caería muerto o iría a dar a un hospital, no hay madurez
alguna u “hombría” en beber en exceso.
Otro de los significados detectados es el de “sentirse alivianado” y ser capaz de
cambiar su personalidad; es decir moldearla con el alcohol a la manera que él
quiere o cree necesitar en cierto contexto social.
L/H/23/S/E Y T/RSN/SN: Pues fíjate que te sientes alivianado… para que salgas
de tu personalidad.

El significado literal que dan al fenómeno (específicamente a la sustancia), es
“libertad”, es decir “el alcohol es libertad para mí”. Pues resulta en una manera de
liberarse de las presiones sociales que le rodean.

Otro muy notorio significado es el de considerar el alcohol como algo especial,
que vale la pena defender e incluso “agredir” a otra persona por él. Esto, aunado a
lo expresado por el sujeto E/H/21/S/NENT/G.:

Es una cerveza muy rica, es muy pesada, pero muy rica, a mí se me hace muy
rica… esta persona empezó a agarrar cervezas de las que yo compre, que te digo
que eran especiales… yo fui y le dije en buen plan “¡¿Eh, tú agarraste cervezas de
las que eran especiales para mí?!”

Otro significado que vale la pena abordar, es el expresado por el sujeto WA/23
AÑOS/SOLTERO/ TRABAJA/ MONTERREY:

343

�Para sacar todo el estrés que traes, el alcohol te ayuda a liberarte

Existen infinidad de significados como personas hay, sin embargo en este
apartado, abordaremos algunos de los que más comúnmente se pueden encontrar
en el razonamiento de las personas que consumen alcohol.
Cosas como “que importa el mañana”, “entre más bebas más hombre eres”, “no
pasa nada”, entre muchos otros. Sin embargo adelante, se podrán encontrar los
significados comunes detectados a raíz de este estudio.

1.1 Significados positivos
En la mayoría de los casos, los significados que manejan las personas implicadas
en determinado fenómeno social son de origen positivo, en base a la numerosa
cantidad de estos, es que se creó el presente apartado, es importante detectar las
fuentes de atractivo que involucran a la juventud en el consumo excesivo de
alcohol.

El alcohol te relaja y te ayuda a tirar todos los problemas. WA/23 A/S/TY E/M.
Tomando en cuenta el anterior significado, es importante recordar que esta es una
idea muy común, que se puede escuchar en muchas partes de la sociedad. Esta
idea produce en el individuo la necesidad de consumir la mencionada sustancia.

1.2 significados negativos
Pareciese casi imposible encontrar alguna significancia negativa en quienes están
inmersos dentro del fenómeno. Por las consecuencias del abuso en el consumo
del alcohol son tan conocidas, explicadas y graves, que resultaría hasta cierto
punto contradictorio el ser parte del fenómeno a sabiendas de sus aspectos
contraproducentes.

344

�Hablando con el sujeto de estudio S1/B//19/S/CT/S/J/NL, se pudieron analizar en
su discurso gran cantidad de explicaciones sobre las consecuencias del consumo
en exceso del alcohol, pero la siguiente sentencia, define la negatividad
significativa de este sujeto de estudio.
“Por unas malditas cervezas anda pasando una tragedia”

1.3 Nivel de importancia del alcohol para el individuo.
Al ser parte de las costumbres de esparcimiento y socialización, el alcohol pasa a
ser un factor “importante” en la subjetividad del individuo. Es decir, el nivel en que
se relaciona el significado y la esencia natural del individuo, son lo que en
adelante se ha de expresar como nivel de importancia.

Este nivel es diferente en cada uno de los individuos, por eso resulta fundamental
detectar patrones de similitud entre el grado de relevancia que alcanza el alcohol
en los sujetos estudiados.
Seria “hablar a la ligera” el emitir un juicio o tratar de sobreponer ideas propias
sobre la subjetividad de los demás. En otras palabras, el objetivo de este rubro es
identificar el nivel de importancia que los individuos expresan, esto sin imponer
alguna clase de subjetivación por parte de quienes realizan este trabajo.

Este factor de jerarquización subjetiva es cambiante según el sujeto en el que se
presenta, sin embargo todos aquellos que son parte de un fenómeno social genera
en su pensamiento alguna clase de jerarquización respecto a las ideas que son
parte de aquella corriente que afecta a la sociedad.

Ejemplo de esto fue con el sujeto E/H/21/S/NENT/G tuvo una riña a causa de
ciertas bebidas alcohólicas:

345

�E/H/21/S/NENT/G: Casi no siempre salimos todos juntos ya sea que lleguemos a
salir juntos son como una cerveza especial para un momento especial.

Específicamente en el caso de este sujeto, él tiene una peculiar motivación
detonante que quizá esté presente en muchas otras personas; se trata de la
necesidad de alcanzar el nivel de estatus social al cual el aspira.

Sin embargo se considera a sí mismo una persona tímida e incapaz de lograr tal
osadía, pero el alcohol viene a ser una necesidad vital un (refuerzo) para alcanzar
el nivel social al cual el aspira, pero que por su personalidad no ha conseguido
alcanzar

2. Motivaciones respecto al fenómeno estudiado.
Las motivaciones para que el individuo forme parte del fenómeno social tratado,
son tan extensas como la complejidad misma de la naturaleza humana refiere. Por
lo tanto es importante atender a tantos factores como sea posible para poder
determinar de manera más concreta (ajena a subjetividades) cuales son las
verdaderas motivaciones causales de que este fenómeno tenga tal auge en
nuestra sociedad actual.

De acuerdo con Velasco (2000) algunas de las motivaciones que los jóvenes
tienen para ingerir alcohol es la idea estereotípica de que esta sustancia es señal
o símbolo de madurez. Debido a esto tienden a imitar los patrones de consumo
que los adultos tienen, buscando alcanzar esa madurez.

Otra motivación fundamental abordada por Velasco (2000), es el anhelo y deseo
de sentirse aceptados en un grupo; así como también la creencia de que el alcohol
ayuda y favorece en las interacciones y relaciones sociales.

346

�Llegados a este punto es importante analizar el factor de coerción que la sociedad
ejerce sobre el individuo, pues genera gran presión sobre este. Imposición que
resulta excesiva y frustrante.

Acerca de esto, es fundamental expresar que al sentirse controlados o
manipulados por las reglas y normas impuestas por la sociedad, los individuos se
revelan mediante conductas que socialmente no son aceptables; y de aquí se
derivan conflictos entre cultura y sociedad. Esto orilla al individuo a buscar
alternativas para liberarse de esa presión, convirtiéndose el consumo de alcohol
en la “alternativa” más común. (Velasco, 2000).

Muchas de las situaciones o circunstancias que generan motivaciones para que
las personas consuman alcohol en exceso están directamente relacionadas con
individuos que son muy influyentes sobre ellos, ejemplo de esto es la familia,
grupo de pares y los amigos. (Velasco, 2000).

Aquí es importante recalcar la importancia que adquieren los significados que el
individuo concibe dentro de su razonamiento con respecto al alcohol; pues esas
significancias pueden llegar a convertirse en motivaciones para incidir en el
fenómeno.

Según North y Orange (1989), la gente ingiere alcohol porque está contenta,
festiva, deprimida,

nostálgica, irritada, culpable, entre casi cualquier factor

emocional. Por esto, la complejidad del fenómeno.

Son demasiadas las motivaciones que existen en la sociedad con respecto a este
fenómeno que en los últimos años ha cobrado tanta fuerza. Los trágicos números
y estadísticas denotan exacerbada participación de los sujetos para constituir tales
cifras.

347

�Es muy común encontrar entre las motivaciones mas frecuentes las de origen
impositivo. Es decir aquellas que la sociedad impone sobre los individuos, estas
motivaciones se convierten más bien en presiones que en repetidas ocasiones el
individuo piensa en sobreponerse a la adversidad encontrando “valor” en la
cerveza.

Otra motivación de corte común es el ambiente donde determinado este
predispone la mentalidad subjetiva del individuo hacia el consumo excesivo y cada
vez más repetitivo de la droga en cuestión (alcohol).

2.1 Motivaciones de origen auto- benéfico
Estas motivaciones son aquellas que surgen en el interior del individuo en busca
de solventar alguna necesidad o deseo intrínseco en el laberinto de su
razonamiento. Esto para determinar qué es lo que realmente busca el sujeto.
Estas motivaciones, son las que fundamentalmente refuerzan la conducta de
consumir alcohol. En adelante se hará referencia a tales motivaciones adyacentes
a los diversos factores de la complejidad subjetiva humana.
A estas motivaciones bien se les podría atribuir el nombre de “motivaciones
superficiales” pues su naturaleza y ejecución no están tan estrechamente
vinculadas de quienes la tienen; si no que son más bien consecuencias de los
impulsos que el individuo experimenta al buscar satisfacerlos a la brevedad
posible.

En la investigación realizada, la motivación superficial más común entre los
sujetos de estudio no es otra que el simple deseo de placer. No se debe pasar por
alto que el alcohol es una droga y por esa razón es que produce esta clase de
efectos en estas personas pero también coadyugan en la aparición de la adicción.

348

�Muchas otras personas buscan consumir alcohol por que existe la idea de que
esta sustancia genera alegría y euforia constante en quienes la consumen. Esto
es un error o bien una omisión de información, pues está comprobado que lejos de
ser esa “droga” tranquilizante y “gozosa”, es un depresivo.

2.2 Motivaciones detonantes
¿Cuáles son las motivaciones que detonan en la ingesta de alcohol?, este
apartado busca realizar un análisis sobre estas motivaciones principales, en busca
de comprender de mejor manera la subjetividad de los individuos estudiados.
En esta sociedad aparentemente “alcoholizada” donde pareciera que las fiestas y
reuniones requieren de alcohol para tener éxito y ser joviales. A tal grado que una
fiesta donde no hay alcohol, resulta “aburrida”. (Guerra, 1977).
Este aspecto de nuestra sociedad actual, presenta al alcohol como una “necesidad
de convivencia”. Esto se hace claramente evidente en el primer pensamiento que
cruza por la mayoría de muchos y no tarda en hacerse audible “¿Quién pone la
cerveza?”, o “¿Va a haber cerveza?”, sentencias más populares entre los jóvenes.

Dicho de esta manera, el grado de necesidad para la festividad que
contemporáneamente ha adquirido el alcohol, se convierte en una trascendental y
detonante motivación para el consumo de alcohol.

Ahora bien, entre las motivaciones más poderosas, aparece la coerción del grupo
sobre el individuo, donde el consumir alcohol “es regla” para estar en la “misma
onda” y para no parecer un “antisocial” en la fiesta.

Sobre esto, el alcohol es indispensable en casi todos los grupos sociales en la
República Mexicana, en cada nivel económico, en todas las regiones del país;
gran parte de la vida social gira en torno al alcohol. Por ejemplo en bautismos,
349

�bodas, quinceañeras, confirmaciones, fiestas, graduaciones, ente muchos otros
festejos. (Guerra, 1977).

Aquí surge el alcohol como un arma de socialización, la cual muchos usan para
intentar socializar en una “sociedad alcoholizada”. Los lazos más sinceros de
afecto y comprensión, son reemplazados por amistades de copas, esa es la
realidad de convivencia en fiestas que esta sociedad tiene.

Tras los datos obtenidos durante la primera parte de esta investigación
(recolección de información), ha sido constante la subjetivacion de los individuos
respecto al concepto de socialización; más adelante será desarrollado y analizado
este concepto.

Por otro lado, también se puede mencionar como una motivación detonadora el
concepto que muchos tienen sobre el factor “sanador de penas” que tiene el
alcohol. Respecto al cual, algunos individuos tratan de olvidar aquello que los hace
sufrir, ingiriendo esta sustancia hasta (como popularmente se expresa) “Ahogar
sus penas en alcohol”. (Guerra, 1977).

Parecería anticuada para los jóvenes esta idea, sin embargo, más adelante,
plasmaremos las impresiones acerca de esto que el grupo estudiado presentan y
sobre todo que han experimentado en su vida.
La “frustración” aparece como una poderosa motivación para consumir alcohol.
Los jóvenes de hoy, son personas e verdad ocupadas, algunos de ellos estudian y
trabajan, generando esto por sí mismo un gran estrés.
Específicamente sobre los jóvenes que estudian, por ejemplo, llegado el momento
de los trabajos finales, experimentan una gran presión, la cual es aún mayor si
tiene algún trabajo en el cual carguen con otra gran responsabilidad (de sentido
laboral).

350

�El “maniobrar” para poder ajustar su tiempo y energías con el fin de poder
sobrellevar estas presiones (académicas y laborales), los pone en una situación
en verdad estresante, y por siguiente, en un estado de frustración.

Guerra (1977) también habló sobre los efectos del estrés como motivación
poderosa para consumir alcohol; Los tantos problemas que atacan a la mente de
las personas y les causan gran angustia, son una motivación detonante para el
fenómeno estudiado, pues buscando superar este sentimiento, los jóvenes
recurren a un sentir más placentero y tranquilo, el cual buscan en el alcohol.

A raíz de la situación económica actual en el país (México), es cada vez más
común que los jóvenes se vean en la necesidad de trabajar. Muchas veces,
comparten su trabajo con personas mayores a ellos (adultos), para los cuales el
consumo del alcohol es algo habitual.

Esta diferencia tan marcada de edades, predispone la influencia experiencial de
los mayores sobre los menores. Es decir, en el mundo de los adultos es común y
legal el consumo del alcohol, por ello, no es de sorprenderse que al estar tan
relacionados con estas tendencias conductuales, busquen involucrar a los jóvenes
en su mundo ejerciendo presión sobre ellos.
Teorizando, “los jóvenes al sentir esta presión, se ven orillados a ingerir alcohol
con el propósito motivacional de ser “tal cual” sus compañeros de trabajo”. Esto,
olvidando las grandes ventajas de la edad en la que viven.

Ahora,

cuando

en

esta

investigación,

se

le

cuestionó

al

sujeto

1

(S1/B/19/S/CT/S/J/NL) sobre la razón por la cual empezó a tomar, este respondió
que cuando tenía la edad de 17 años y empezó a trabajar, al compartir hábitos
de convivencia con sus compañeros de trabajo (mayores a él), durante cierta

351

�estada en un restaurant-bar, viendo un partido de futbol, sus compañeros de
trabajo lo incitaron para que consumiera alcohol.
S1B19SCTSJNL: Neh, me dijeron “¡Nembre sobres, tómale mijo!” y que no sé qué
y pos ya… “¡Bueno, pos dame!” y ya… me tomé ese día como unas tres medias
nomas.

Haciéndose notorio lo mencionado con anterioridad, que después sería reafirmado
cuando se le peguntó sobre el origen de esa idea de consumir alcohol y quien se
la había inculcado. El individuo expresó lo siguiente:
S1B19SCTSJNL: ¡Sii!, mis amigos de ahí mismo del trabajo.

El joven anteriormente no había consumido alcohol, pero fue a raíz de la coerción
de los mayores (motivación detonante), que terminó consumiéndolo. Quedando
reafirmado el colocar a la diferencia de edad en el área laboral como una causa
motivacional para el consumo del alcohol.
También proponemos que “Esa búsqueda de dar el paso desde la niñez hasta la
adultez es una poderosa motivación detonante para que los jóvenes consuman
alcohol”. Olvidando que entre ambas etapas de la vida, existe otra llamada
juventud.

Al preguntarle al sujeto 1 (S1B19SCTSJNL)

la razón por la cual los jóvenes

toman, hizo referencia a su propia cosmovisión cuando estaba peligrosamente
adentrado en el hábito mencionado:
S1B19SCTSJNL: Porque como te decía, ósea, “ya se creen grandes” y ya, nomas
porque terminaron la Secundaria o, porque ya trabajan y tienen dinero y no… a
veces a tus dieciséis años, ganar, mil quinientos, no sabes qué hacer con mil
quinientos… hay algunas veces que “Si compra cerveza”, “Compra cigarros”,
352

�ósea, se creen, se quieren comer el mundo en un ratito… yo creo que, si ósea, pa
sentirse grandes…

E: ¿Eso te pasó a ti también?
S1B19SCTSJNL: Si, ósea, yo porque empecé a trabajar pos ya se me hacia
fácil…

Demostrando lo anterior expresado, la estrecha relación entre la coerción por
parte de los compañeros de trabajo, la búsqueda de adultez y el mismo hecho de
trabajar, desembocando en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes.

Por otro lado, también pudimos detectar como otra motivación preponderante, es a
saber, el anhelo profundo de “libertad” que los individuos dentro de un contexto
rígido e inflexible desarrollan.

Para comprobar esta teoría, cabe recordar por el individuo S2/N/19/S/E/TS/A/NL,
cuando se le cuestionó si de alguna manera él buscaba libertad.
S2/N/19/S/E/TS/A/NL: Aja, así es [asintiendo], sí, yo creo que si… pero, ósea… si
carnal, si ósea, ¡busco esa libertad!, y esta chido porque… ose, es como que, tu
eres dueño de tu propia vida, tu sabes lo que haces…

El sujeto vivió 19 años de su vida en un ambiente un tanto contradictorio, de
pequeño, su madre le daba a beber alcohol. Así que desde temprana edad ya
estaba estrechamente relacionado con el fenómeno.

La situación cambio cuando sus padres pasaron a formar parte de un grupo
religioso, radicalmente cambiaron sus hábitos con la ingesta de alcohol y
exhortaron a su hijo para seguir sus pasos.

353

�El ambiente donde ha vivido siempre ha sido bastante controlado, incluso en la
religión a la cual pertenece. Tal fue la presión sobre el sujeto en cuestión que
llego el punto en el que explotó
Entonces, ese deseo intenso por “libertad”, fue creciendo en su interior, cuando se
desato, el sujeto se tiro a la bebida, y los placeres de este mundo, aunque dice
que se alejara de estas conductas dentro de un año.

Pero, en vista de lo antes abordado, queda en evidencia la búsqueda por la
libertad, la cual la coerción social le había negado. Todo esto expresado dentro del
marco subjetivo del individuo en cuestión.

Ahora ha llegado el turno de abordar uno de los temas y aspectos más versátiles e
investigados que se han tratado acerca del fenómeno social del consumo de
alcohol. Es decir que este factor motivacional ha sido ampliarte estudiado con
antelación.

Estamos hablando de la socialización, la cual es una necesidad intrínseca de la
personalidad individual-social que tienen las personas. En vista de esto no es de
sorprenderse que el buscar socializar sea un aspecto urgente en muchos
individuos.

Sin embargo a raíz de las costumbres contemporáneas en las festividades, en la
vida cotidiana y en la conceptualización de la realidad se a maximizado los efectos
efímeros del alcohol a tal grado que se piensa que esta fundido con la naturaleza
misma de la socialización y por ende en la sociedad.

354

�Acerca de esto, el sujeto E/H/21/S/NENT/G refirió lo siguiente:
E/H/21/S/NENT/G: Ese es mi sentido convivir como esa es mi razón de tomar
convivir te repito como es por cada fiesta que yo lo hago para socializar para estar
con gente, para estar en ambiente.

Considerando el discurso antes mencionado, podemos darnos cuenta de varias
cosas el individuo maneja tres de las palabras fundamentales al momento de
hablar sobre el fenómeno social del alcoholismo. Son estos tres principales focos
de atención con respecto a la incidencia con la que las personas consumen
alcohol.
Tanto la convivencia como el ambiente forman parte convergente en el proceso de
la socialización. Por lo tanto engloba entre ellos tres la mayor parte de los
significados y motivaciones que los sujetos tienen para consumir alcohol.

Ejemplo de esto, el también podemos situar el siguiente caso:
G/H/20/S/EU/SM/G: Hay veces dices no si traigo ganas de unas cerveza si
tomármelas más tu unas cervezas con unos amigos, entonces al estar alrededor al
estar junto con sus amigos, al tomar todas esas cervezas te sientes muy relajado
pero no es el todo por la cerveza sino por estar con tus amigos platicando ¿Cómo
les fue? cosas que te han pasado como anécdotas o simplemente ver cómo han
estado y estar tomándote una cerveza te sientes muy relajado te sientes muy
tranquilo.
Podemos referir en este punto que la socialización (en esta sociedad actual) es
una de las más comunes y transcendentes motivaciones que el individuo puede
tener con respecto al fenómeno.

En un ambiente controlado cuando el individuo percibe alegría en el lugar, se
siente motivado en gran manera a compartir esa sensación con todo el mundo
ejemplo de ello lo expresado por el sujeto L/H/23/S/E/Y T/RSN/SN.

355

�L/H/23/S/E/Y T/RSN/SN: Alegría… la mayoría de la gente a veces se deprime y a
veces no depende de cómo es el estado de cada persona si ya mayoría de las
personas que están sentadas se toman dos y sin ningún motivo algo así pues se
deprimen porque su sistema su mentalidad pues no se estas pensando cosas y te
deprimes pero en mi por lo general siempre tomo en bares o lugares donde hay
ambiente alegre pues ¡me alegra!, … en lo personal es lo que siento más.

3. Experiencias relacionadas al consumo del alcohol
Existen gran cantidad de experiencias en torno al consumo del alcohol, cosas que
ocurren todos los días. Las hay reflexivas y de aprendizaje, así como se presentan
otras más bien informales o locas (en palabras de los jóvenes), pero todas ellas
pasan a ser parte del acervo inmediato del individuo.

De entrada, se debe hacer mención a los factores experienciales físicos que
existen por la naturaleza química del alcohol. Es decir, ¿Qué es lo experimentan
los jóvenes en su cuerpo al consumir alcohol?

Debido a la velocidad con que el alcohol entra al flujo sanguíneo y ejerce efecto
sobre el cerebro, produce en el individuo alegría y embriaguez. Esto queda
determinado en relación a la velocidad con que se ingiere, el peso corporal, entre
otros aspectos. (North y Orange, 1989).

Según Guerra, (1977), el alcohol también afecta el sistema nervioso cerebroespinal, ejerciendo acción depresiva e inhibición de los reflejos congénitos,
condicionados y adquiridos; al principio hay euforia y el sentimiento de facultades
superiores (se siente más poderoso).

Por la inhibición de los reflejos condicionado, se pierden la autocrítica, educación y
vergüenza; por eso el deseo de autoexpresión al no poder controlar las

356

�emociones, además de alteración en los reflejos que exigen destreza. (Guerra,
1977).

Ahora, debido a los efectos antes mencionados, quienes beben se sienten en una
zona de confort donde “no es necesario preocuparse”, pues el placer del momento
(corto tiempo), les proporciona eso que buscan, es a saber, placer.

Con la repetición y aumento en su consumo de alcohol, los individuos desarrollan
cierta tolerancia a esta sustancia, esto los hace creer que han “aprendido a tomar”
y consumen aún más alcohol pensando que lo “tienen controlado”. (Velasco,
2000).
Al considerarse “conocedores” sobre el alcohol, empiezan a combinar bebidas en
busca de algo más fuerte. Así que se hacen de la costumbre de mezclar
sustancias alcohólicas, para demostrar sus conocimientos.

Pero dichas bebidas adicionales aparentemente inofensivas se exponen al
consumo de alcohol, por ello, ciertas personas a lo largo de sus vidas tendrán que
enfrentar una existencia entera con peligros relacionados a enfermedades.
(Edwards, 2004).

3.1 Patrón experiencial de similitud
En este apartado se analizaran las similitudes entre los patrones de información
sobre experiencias que los jóvenes refieren. El propósito es buscar alguna
variable, que tenga rasgos simultáneos o característicos de similitud.

Existen muchas similitudes entre las historias que los jóvenes cuentan sobre el
alcohol, de hecho, factores como los efectos físicos del alcohol sobre el cuerpo o
las alteraciones de la personalidad son bastante comunes, sin embargo más

357

�adelante serán analizados a profundidad, relacionándolos con la información
obtenida.

Esto, a razón de buscar establecer una visión más global sobre el acervo
experiencial social que el sujeto tiene y su marco de reflexión internalizado en
relación con todas las experiencias que en alguna forma tiene que ver con él.

En base a las experiencias que ha tenido el sujeto E/H/21/S/NENT/G aprendió que
mezclar licores con cerveza empeora el estado de salud en el que se encuentra.

E/H/21/S/NENT/G: Como te digo hay muchas cosas que no puedes mezclar hay
un… hay un licor que se llama don Pedro y un error muy grande es combinar don
Pedro con cerveza se cruz… como, como le dicen muchas veces te cruzas con el
alcohol.
Hay un momento en el que cuando estas demasiado ebrio y cuando mezclas
muchas cosas, vomitas más si te repito si es un licor fuerte con cerveza.

E/H/21/S/NENT/G: En mi caso fue así que bebía demasiado y se me ocurrió
bueno, hice hielishot ¿no sé si lo conozcas? Son de que gelatinas con tequila
entonces ya de que hice eso y pues compre demasiada cerveza, cerveza bebidas
y lo combine, entonces eso es malo combinar de que cerveza con tequila, vodka y
lo que recuerdo es que comencé a tomar de todo y para, digamos que las doce o
una de la mañana ¡ ya! ¡Te lo juro que no me acorde de nada!

Otro sujeto comenta que no se deben mezclar diferentes tipos de bebidas
G/H/20/S/EU/SM/G: Otras malas experiencias también es lo que se llama cruce de
de cuando te cruzas cruce de bebidas, cuando tu estas tomando una cierta bebida
y tomas otro tipo de bebida eh se te sube más rápido te emborrachas más rápido.
Yo estaba tomando vodka y luego empecé a tomar cerveza pues se me subió muy
rápido se me subió mucho la borrachera.
358

�Por otro lado, ¿Qué es bueno y que malo en la percepción del mundo que los
individuos estudiados tienen? Esta categoría surge como una efectiva estrategia
de análisis estructural en busca de comprender a mayor profundidad las
implicaciones subjetivas de esta internalización y sobre todo, la expresión o
adaptabilidad significativa de los sujetos de estudio.

G/H/20/S/EU/SM/G: Son buenas experiencias que tengo, que he pasado con mi
familia, he pasado con gente importante con directivos, que vamos a lugares a
algunos restaurantes elegantes a comer y lo acompañamos con vinos, con
bebidas.
Por otro lado, otro sujeto refiere una experiencia de cierto accidente vial que vivio:
G/H/20/S/EU/SM/G: El chavo ni cuenta se dio, el chavo ni cuenta se dio ósea
siguió como si nada siguió ahí en zigzag siguió bien recio ni cuenta se dio que me
haya clavado y que me haya hecho chocar, entonces ahí es cuando alguien ajeno
a mí que anda bien tomado he afecto, esa es una mala experiencia que tuve eh
que también se relaciona con el alcohol.

3.2 Experiencias determinantes para la realidad del sujeto
Es momento de mencionar aquellas experiencias que no solo le sucedieron al
sujeto o marcaron su vida, sino que además generaron en él un punto de reflexión
(el cual será tratado más adelante), el cual le hizo reflexionar posteriormente.

Por ejemplo, un anuncio de Televisión, alguna frase de un ser querido, un consejo,
algo que haya visto, aquello que le sucedió a su amigo y cambio su perspectiva
sobre el alcohol, entre otras muchas posibilidades.

Llegados a este punto, es importante decir que pese a que el propósito vitalicio de
todo

este

esfuerzo

inductivo

investigativo

es

conocer

los

significados,

motivaciones y experiencias de los jóvenes en el área metropolitana de Monterrey,
359

�al tratarse (estos tres aspectos) de abstracciones demasiado profundas,
admitimos que no se puede categorizar o abarcar con este trabajo a todos los
jóvenes del área metropolitana de Monterrey; pero si nos da una visón
exponencialmente más alta que el solo conocer los números (estadísticas).

3.2.1 Primera experiencia
Esta primera experiencia se suscitó de manera aislada y en diferentes ambientes y
contextos de cada uno de los sujetos estudiados. Sin embargo existe una
constante la cual es más bien cierta entre el factor de comunidad que los orilló a
empezar (muchos de ellos a temprana edad) a consumir alcohol.
Factores que van desde lo emocional hasta otros más complejos como la coerción
social, el individuo se ve inmerso en una primera experiencia bastante cargada de
simbolismos y significancias que van a acompañar al individuo durante toda su
vida.

Uno de los sujetos (S1BS19SCTSJNL) refirió que su primera experiencia estuvo
ampliamente relacionada con el factor de coerción que el grupo ejerce sobre el
individuo; es decir que su primera experiencia estuvo determinada por la
existencia de sus compañeros mayores de trabajo para que el empezara a
consumir alcohol.
S1BS19SCTSJNL: Ne, me dijeron “¡nombre sobres tómale mijo!” y que no se qué
y pos ya… bueno.

En la anterior expresión se puede detectar la intensa coerción que el grupo ejerce
de manera consciente o aparentemente voluntaria sobre las demás personas.
Tendencia muy marcada entre distintos grupos de edad donde el grupo de mayor
edad es el que ejerce la coerción entre los de menor edad.

360

�En

este

mismo

orden

de

ideas,

el

sujeto

de

estudio

WA/23años/soltero/trabajayestudia/monterrey, realizó la siguiente sentencia:

WA/23años/soltero/trabajayestudia/monterrey: Te influye mucho con las personas
con las que estas con las personas con las que andas y pos en mi casa hubo
personas que me ofrecieron, y pos yo empecé a tomar y pos te empieza a
gustar…

4. Experiencias de reflexión
Como también se mencionó anteriormente, en este punto se desarrollaran y
analizaran aquellas experiencias que resultaron en la reflexión del sujeto respecto
al fenómeno; incluidos en este apartado los factores de subjetividad.
Juicios de valor, madurez, tragedias, momentos incómodos, puntos cruciales,
experiencias cargadas de muchas significancias por la internalización y
“objetivación” presentes en la realidad del sujeto.

Actualmente, ¿Qué opina el individuo sobre el consumo en exceso del alcohol?,
¿Por qué?, ¿Para qué? Preguntas a desarrollar, analizar y tratar de responder en
este apartado. Esto, con el fin de conocer más a fondo sobre el análisis reflexivo.
Esta reflexión, aparece en el estudio, debido a que en la mayoría de los sujetos
estudiados,

llegó

un

momento

de

reflexión,

donde

ciertas

conductas

autodestructivas fueron cambiando o aminorándose paulatinamente.

Por otro lado, también se presentaron casos en los cuáles esa reflexión, la cual los
llevó a adoptar conductas aún más arriesgadas a las que anteriormente
practicaban. Siendo esta contradicción subjetiva de significados otro de nuestros
aspectos de interés al realizar la presente investigación.

361

�Por otro lado, el sujeto S1/B/19/S/CT/S/J/NL, al experimentar un accidente casi
fatal, el individuo objetivo sus pensamientos con respeto al alcohol, pues el
siniestro fue causado por alguien alcoholizado.

Cuando se le cuestionó sobre cuál fue su primera reflexión tras el incidente, el
joven expresó:
S1/B/19/S/CT/S/J/NL: Me dio coraje con esa persona…. Sí, pero luego llegamos
aquí y me puse a reflexionar, ¿si esa persona hubiera sido yo?…
Luego añadió: Esa experiencia si influye definitivamente en lo que uno…. Decide
hacer con su vida.

También, el sujeto L/H/23/S/EYT/RSN/SN experimentó cierto momento de
reflexión con una experiencia que le sucedió hace como un año, la cual será
plasmada a continuación:
Orita si acaso dos o tres cervezas porque traigo el carro no vayas a chocar o
cosas así y aparte porque mis mejores amigos pos ya nadie toma… le bajamos un
poco pues si tú eres el único borracho y ellos tus amigos ja [sonríe]…

En la anterior experiencia podemos notar que el individuo reciente el cambio que
se dio en su grupo cercano de amistad pues a sus amigos no seguir tomando
junto a él se ve desprovisto de necesidades mas fuertes para consumir alcohol por
lo tanto pasa a ser algo trivial pues lo que verdaderamente le ocupaba era la
convivencia y la socialización con su grupo cercano y estimado de amigos.

Es obvio pensar que quizás algún individuo pudiera mentir pero sin embargo la
conceptualización y el análisis al que se puede llegar a raíz de esta experiencia.
Pues deja entre ver otro patrón antes no observado.
El compañerismo que se da en esta clase de grupos de amigos, donde todos ven
por todos y buscan el interés colectivo de grupo por encima del propio. Actitudes

362

�muy nobles que sin embargo son encausadas hacia uno de los fenómenos más
amargos que existen.

CONCLUSIONES

La significancia que los jóvenes tienen con respecto al consumo de alcohol en
general resulta bastante multiconceptual. Haciendo un balance entre la idea que
teníamos respecto a los posibles significados que los jóvenes tenían con respecto
al fenómeno estudiado y la información obtenida, se puede decir que la teoría
existente tiene un alto nivel de asertividad.
Por otro lado, el significado de “libertad” atribuido al alcohol por parte de los
jóvenes, es algo que resulta trascendental en su subjetividad. Libertad, una
palabra bastante anhelada por el ser humano, quien desde siempre ha buscado
este aspecto que actualmente es considerado dentro de derechos humanos
universales.

Se descubrió que algunos jóvenes, buscan la libertad a la imposición del contexto
sobre ellos y el alcohol los aborda su causa “liberadora” a manera de refuerzo
inhibitorio y social. Algunos beben alcohol para mostrar su inconformidad con el
sistema religioso al que pertenecen (por tradición familiar), otros para “liberarse”
de la soledad que el abandono paternal provoca.

Históricamente, pareciese que para conseguir libertad, es necesaria la rebelión, en
contra de quien este imponiendo la tiranía (en cualquiera de sus formas). Estos
jóvenes encuentran en el alcohol su arma de socialización ideal para dirigirse en el
mundo sin presiones y coerción que deciden vivir.

Y la sociedad se pregunta, ¿Por qué consumen alcohol en exceso los jóvenes?,
bueno, algunos de ellos lo hacen para demostrar su desaprobación al sistema
363

�establecido, a la presión social, a las calamidades que el mundo de los adultos
genera en este mundo cada vez más sistematizado y artificial.
Habrá quien diga “Solo es una excusa para seguir tomando”, “los jóvenes no
piensan siquiera en cosas como esas, solo toman porque quieren”. Como
sociedad, tenemos la responsabilidad de comprender que, se una cosa u otra,
muchos jóvenes están tomando para sentir esa “libertad”, que para ellos es muy
seria.
En esta mundo carente de tacto, de verdaderas relaciones de fraternidad y
comprensión social. Los jóvenes buscan desesperadamente romper con este
patrón de artificialidad, realizando tantos convivios y fiestas puedan.

Sé que parece algo apresurado decir esto, pero en nuestra investigación, una de
las más poderosas motivaciones para el consumo de alcohol, es la búsqueda de
convivencia. Grupos de jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas, mientras se cuidan
unos a otros, mientras quieren estar felices con sus amigos.
Así lo ven muchos de los jóvenes estudiados, denotan pues un amplio sentido de
intención por conseguir convivir con las personas que resultan importantes para
ellos. La convivencia familiar cambiada por el grupo de amigos en sus hábitos
festivos.

El hombre en busca de esa razón de ser, el joven en busca de sentido, en busca
de ese algo que siente, la sociedad le ha arrebatado. Ni el mismo joven sabe que
es, sin embargo siente ese vacío, esa necesidad de convivencia, de afecto, de ser
útil, apreciado por alguien, busca ser parte de algo, no necesariamente muy
ambicioso, pero sí bastante profundo, aunque quizás el no lo sabe.

Busca pertenecer a un mundo más tolerable que aquel del cual busca huir, donde
los padres mienten, los reclutadores no quieren darles trabajo, la educación “no es
para todos”, ser joven es ser inmaduro.
364

�Prefieren ese mundo de emborracharse hasta olvidar todo, de no pensar en cosas
que consideran “fuera de sus mano”, un lugar donde todo vaya mejor, donde
puedan ser jóvenes, pero adultos a la vez.

¿Por qué el alcohol?, porque la misma sociedad les ha dicho que para ser un
“hombre”, “un capitán”, “un caballero”, necesitan tomar alcohol. Resultando así en
una enorme contradicción social.
También se les enseñaron a estos jóvenes que una fiesta sin alcohol no es
alcohol, que es regla consumir alcohol para ser aceptado, que la vida se puede
vivir con todas las ganas del mundo en el fondo de una botella.

El orden de ideas es el siguiente: Primero surge la internalización y subjetivación
de los elementos presentes en el acervo cultural, segundo se procede a la
exteriorización que es donde el individuo busca de alguna manera hacer patente y
dejar escuchar aquello que siente ( bien podríamos llamar a esto subjetivación
externa), esta parte del proceso es donde surgen las motivaciones una vez
surgidas las motivaciones, por consiguiente dan paso a las experiencias que ala
vez configuran a la percepción de la realidad que los individuos tienen de la
misma.

Es decir primero se asignan significados para los aspectos más relacionados con
la vida del individuo, esos significados generan motivaciones ya sea benéficas en
el sujeto o autodestructivas según el tiempo en el que se concibieron.
Esta relación bilateral de significados y motivaciones es la que genera las
experiencias que el sujeto siempre recuerda. Que posteriormente pasan a formar
parte de su acervo cultural del miembro en la sociedad.

También concluimos en la importancia de seguir realizando investigaciones de
este corte pues de estas nos permiten verdaderamente llegar a conocer la raíz de
los fenómenos que afectan en nuestra sociedad.
365

�La solución propuesta por nuestro equipo de trabajo es un esfuerzo conjunto entre
la sociedad y los núcleos familiares para comprender la subjetividad de los
jóvenes y adolecentes, antes que juzgarlos de irracionales o desubicados.

Pues por más peculiares que nos parezcan algunas de las ideas que no solo los
jóvenes si no cualquier otra persona pueda tener, el respeto y la búsqueda de la
sana convivencia y compresión, son el cimiento para una sociedad brillante y cada
vez mas autopoietica y sustentable.

En conclusión, la búsqueda de libertad, convivencia y la necesidad de
socialización, son las principales motivaciones a raíz de significancias que
pudimos detectar en el desarrollo de este trabajo.
Por último, en cuanto a significados, es útil abordar lo comentado por uno de los
jóvenes cuando se le preguntó acerca de su conceptualización con respecto al
alcohol.
“Es especial, una bebida especial para momentos especiales con gente que es
especial para mí” E/H/21/S/NENT/G.

BIBLIOGRAFÍA
Guerra A. (1977). El alcoholismo en México. Editorial México FCE, México.

Edwards G. (2004). Alcohol: Su ambigua seducción social. Editorial Trillas,
México.

North R. y Orange R. (1989). El alcoholismo en la juventud. Editorial Pax-México,
cuarta reimpresión. México.

Velasco R. (2000). Alcoholismo, visión integral. Editorial Trillas, tercera
reimpresión, México, Distrito Federal.
366

�DISEÑO PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y DE GRUPOS VULNERABLES: UNA
PERSPECTIVA DESDE LA COMPLEJIDAD.
Liliana Beatriz Sosa Compeán30
Mercedes Mercado Cisneros31
Marta Nydia Molina González32
Hilda Guadalupe Elizondo Morales33
Alma Angélica Flores Trigueros34
María Angélica Jacobo Bajaras35

RESUMEN
Problemas sociales como la discriminación, la violencia, el abuso, el rechazo
social y el bullying son algunos de los tantos efectos que la falta de valores y la
ética provocan en la actualidad y es algo que repercute fuertemente en la
sociedad.
La ausencia de valores llega a provocar un proceso de deterioro en el
descubrimiento de nuestra personalidad y en la forma en la que interactuamos con
los demás, si bien hoy en día existen millones de campañas que promueven los

30

lilisosa@hotmail.com (Facultad de Arquitectura UANL)
mercymer_2000@yahoo.com (Facultad de Arquitectura UANL)
32
matymolina@hotmail.com (Facultad de Arquitectura UANL)
33
hilda_em94@hotmail.com (Facultad de Arquitectura UANL)
34
a_flores18@live.com (Facultad de Arquitectura UANL)
35
mangie1994@gmail.com (Facultad de Arquitectura UANL)
31

367

�valores, campañas contra la discriminación, la violencia, el abuso etc. No tienen el
suficiente impacto como para generar un cambio significativo.
Por otro lado, la disciplina del diseño recientemente ha presentado un enfoque de
complejidad en donde se presenta como objeto de diseño a las sociedades como
sistemas autorreferentes que se auto organizan y autorregulan de acuerdo a
patrones de comportamiento estudiados y descritos en las teorías de los sistemas
complejos adaptativos. Bajo este paradigma de diseño, se pueden concebir
estrategias que orienten a los sistemas a comportarse, interactuar y auto
producirse de manera más eficiente para evolucionar de manera favorable para sí.
Este trabajo presenta un estudio acerca de las posibles causas de las agresiones
que sufren ciertos grupos vulnerables y que causan daño tanto a dichos grupos
como a la sociedad en general. Posteriormente se plantea una propuesta de
diseño basada en las teorías de los sistemas complejos en donde los valores sean
promovidos como solución para los problemas sociales que vivimos en la
actualidad.
Palabras clave
Sociedad Sistema Complejidad Diseño

INTRODUCCIÓN
Los problemas que provocan la ausencia de valores en la cohesión y dinámicas
sociales son evidentes. Así como los seres vivos se enferman por fallos en el
funcionamiento y dinámicas de sus sistemas internos ante la carencia de
elementos para defenderse de agentes nocivos, las sociedades y grupos sociales
se pueden “enfermar” y deteriorar por causas análogas. El presente proyecto
comenzó en las aulas donde se impartía la unidad de aprendizaje denominada
“diseño para la salud”, siendo en primera intención el diseñar para problemas
368

�físicos para individuos, se consideró el enfoque del diseño desde la complejidad y
se cambió la perspectiva y el nivel de observación y se determinó que el bienestar
y la salud individual dependen en gran medida de una sociedad sana.

Los valores y la juventud

La ausencia de valores

llega a provocar un proceso de deterioro en el

descubrimiento de nuestra personalidad y en la forma en la que interactuamos con
los demás, es por ello se decidió atacar al grupo más venerable y el cual
dependería el futuro de nuestra sociedad: Los jóvenes y niños.
La juventud tiene problemas específicos que enfrenta a lo largo de esta etapa,
problemas que por falta de responsabilidad y conocimiento, (hasta cierto punto
naturales por cuestiones físicas y propias de la edad), son tomados como
pretextos para justificar los comportamientos y las actitudes que tienen hacia los
demás. Nuestro objetivo ante el contexto y para procurar el bienestar se enfocó en
disminuir los problemas sociales como la discriminación, el abuso y la violencia
entre los jóvenes y todos aquellos problemas que conlleva la falta de valores, por
medio de un diseño basado en sistemas complejos, con la finalidad de crear
ambientes de respeto aumentando la inclusión de valores en la población joven.
Si bien hoy en día existen campañas que promueven los valores, campañas
contra la discriminación, la violencia, el abuso etc. Muchas de ellas sólo presentan
soluciones parciales y no están pensadas en los patrones de comportamiento de
los sistemas sociales y la interrelación e interdependencia de diversos sistemas en
éste tipo de problemas que son multifactoriales, lo que hace necesaria una visión
sistémica para tratar de atacarlos; Lo que nos propusimos encontrar fue una
campaña que este planeada correctamente, basada en las teorías de los sistemas
complejos adaptativos para que esta pueda tener un resultado que llegue a
cambiar la forma de vivir y de pensar de los sistemas afectados. Para poder lograr
cambiar la visión que cada uno tiene como individuo y como conjunto en la
sociedad.
369

�Los sistemas complejos y la sociedad
¿Cómo enfrentar los retos que se enfrentan actualmente por la falta de valores y
para el bienestar de los sistemas sociales? Una respuesta es usar como modelo
los sistemas de la naturaleza ya que ésta:


Optimiza recursos.



Ajusta sus formas y funciones.



Premia la cooperación.



Usa recursos locales.



Se autorregula.



Se autoorganiza.



Aprovecha limitaciones (Benyus, 2012)

El éxito de los procesos de diseño de la naturaleza es explicado por las dinámicas
de los Sistemas Complejos Adaptativos (SCA), que es como la naturaleza trabaja,
se distribuye y se organiza. Los SCA representan las unidades en donde tienen
lugar los procesos naturales. Su esencia es que generan comportamiento global
coordinado a partir de interacciones locales éstos han demostrado su eficacia en
adaptabilidad.
Las sociedades pueden ser consideradas sistemas complejos adaptativos ya que
éstas al igual que ellos presentan las siguientes características:


Comportamiento global a partir de interacciones locales



Retroalimentación.



Intercambio con el ambiente.



Capacidad de transformación.



El medio es tan importante como el sistema.



Fractalidad.

370

�

Organización en redes libres de escala.36

Dadas estas características, y basándonos en las teorías de diseño basado en
sistemas complejos se establecieron como objetivos particulares:
 Crear agentes de cambio que apoyen a las personas afectadas y ayuden a
difundir la información
 Diseñar una interface donde las personas se puedan expresar, obteniendo
respuestas positivas y ayuda si presentan alguna dificultad
 Promover los valores para obtener una mejor convivencia como sociedad
 Realizar campañas promocionales apoyándose en videos, publicidad y
propaganda para promover las actividades.
En otras palabras la propuesta se enfocaría a rediseñar el programa, en este caso
la “conciencia colectiva” interviniendo en distintos componentes del sistema, como
los antes mencionados, y teniendo en cuenta para la efectividad de la propuesta el
diseño de la red (determinando las interacciones de agentes o componentes
específicos del sistema), diseño del lenguaje (como se traducirán los elementos en
significados y cómo se comunicarán los sistemas involucrados), diseño de
interfaces (objetos y espacios tangibles o virtuales portadores de información a
introducir).
Se buscó cambiar la perspectiva de la gente, que no solo “acepte” a las personas
con diferencias si no yendo al fondo del problema, cambiando la forma de
interacción entre ellas por medio de los valores no inculcados desde temprana
edad, y así llegar a crear un forma de convivencia armónica.
Citando a Maturana y Varela (1991):

36

Una red libre de escala es un tipo específico de red compleja. En una red libre de escala, algunos nodos
están altamente conectados, es decir, poseen un gran número de enlaces a otros nodos, aunque el grado de
conexión de casi todos los nodos es bastante bajo. (Wikipedia). Este tipo de red, entre otras cosas, permite
la propiedad de “mundo pequeño” en donde con pocos saltos se puede tener acceso a cualquier nodo de la
red (como en la teoría de 6 grados de separación)

371

�“Los sistemas autorreferentes no sólo se orientan ocasionalmente

por

adaptación a su entorno, por el contrario, dado su carácter estructural de producir
su propia organización e identidad, su relación y diferenciación con el entorno es
su actividad principal.”
Cabe mencionar que el efecto del cambio en la forma de pensar de las personas
llevaría un efecto en cadena dentro de la sociedad, ya que el comportamiento
organizacional de un sistema autorreferente se determina tanto por la dinámica
interna de la organización como los requerimientos del medio ambiente que
constantemente está estimulando al sistema por ello sería posible disminuir los
problemas

como,

trastornos

bipolares,

alimenticios,

mentales,

suicidios,

esquizofrenia, acoso escolar, abuso y la discriminación por mencionar algunas;
logrando también reunir a cierta parte de la sociedad que ya tenga inculcado
alguno de los valores necesarios para lograr el cambio, podemos convertir el resto
del sistema y terminar con las problemáticas que la falta de valores crea en el
organismo.

Abusos, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
2011-2013

Marco teórico referencial del proyecto.
Se puede considerar como “Valor” el grado de importancia, significación o sentido
que adquieren los objetos, las acciones, las situaciones o posiciones abstractos

372

�o materiales, en la medida en que responden a las necesidades de la especie y
del ser humano en un determinado momento, y la lucha por ello, al ubicar y
jerarquizar los bienes materiales y espirituales en orden de importancia. Se habla
de lo que vale un objeto para satisfacer una necesidad y por otro lado, se
manifiesta la dependencia de constituir la meta de la vida. La compasión, libertad,
humildad, generosidad, justicia, la paz, tolerancia, honestidad, lealtad, respeto y
confianza entre otros valores ya no son las cualidades que caracterizan a los
ciudadanos en el mundo. Estas nuevas conductas que han adoptado la mayoría
de los habitantes son antisociales y deshumanizadas pero desafortunadamente
están instaladas en nuestra sociedad como patrón común.
De acuerdo con la CONAPRED México tiene una puntuacion de 7.2 de 10 en la
discriminacion, el 40% de la poblacion sufre de los que actualmente se le conoce
como abuso escolar, siendo el rango de 12 a 18 años los mas afectados. Y el 46
de 100 familias viven en un ambito rodeado de violencia en los ultimos años.
Hablando propiamente de lo que es necesario para diseño de una interfaz, siendo
que lo que se intenta lograr es un impacto social, en donde la plataforma pensada
forme parte en las actividades el usuario, tomamos como referencia un estudio
realizado en la tesis “Diseño basado en el sistemas complejos adaptativos: el
diseño de objetos autorreferentes” por la Dra. Liliana B. Sosa C. donde se aplicó
una dinámica a una clase ordinaria en la facultad de arquitectura de la UANL, para
observar y analizar al grupo social en su proceso natural, y en la cual se introdujo
un objeto perturbador, en este caso un timbre de mesa (como las de hacer
llamados en áreas de atención a clientes) haciéndolo sonar constantemente
durante el semestre sin razón aparente durante las sesiones. La hipótesis inicial
fue que al introducir un objeto con un alto grado de estética (forma, textura,
sonido) no común a una clase como ésta, podría convertirse un objeto significante
o atractor que pudiera darle identidad a esta matriz social y actuara como un virus
perturbador, ya que, al tener muchas formas de llamar la atención a los sentidos y
hacerlo durante un buen tiempo, aumentaba su posibilidad de permear al sistema.
373

�El resultado fue que si bien al final del curso los alumnos mencionaron al objeto
esporádicamente como descriptor del curso, no fue lo que predominó, sino que fue
lo que ellos tenían como imaginario de lo que se debía tratar el curso y las
herramientas de dibujo con las que tuvieron contacto más cercano, lo que al final
de cuentas les significó del curso. Con esto se manifestó que un “objeto
significante” es aquel cuya información es compatible e inteligible a lo que se tiene
en la memoria como idea de lo que una cosa puede ser, y que las repeticiones y el
tiempo y la calidad de interacción con los elementos de un sistema, puede llegar a
tener un impacto en el “programa” de un grupo social (la manera en que se
procesa la información).

Opiniones de expertos acerca de las consecuencias de la falta de valores en
las dinámicas sociales
Para dar sustento a la problemática planteada y determinar algunas causas del
efecto que causa en la sociedad la falta de valores se recogió la opinión de
agentes cercanos al contexto antes descrito. El grupo de psicólogos del Colegio
Juan Pablo II, comenta que la falta de valores en la vida de los adolescentes es un
error, que como padres, cometen sin pensar en las consecuencias.
Como especialista en el área de psicología infantil y estudiantil nos relata sucesos
que han marcado su carrera laboral relacionada a los efectos que la
discriminación, la violencia; como el resultado de la falta de educación en casa.
Asegura que desde tiempos atrás la falta de valores en las personas afecta el
proceso de autorrealización y autodescubrimiento que los lleva a crear un ser
basado en ideologías erróneas y ofensivas, sin embargo asegura que son las
victimas las que más llegan a sufrir.
“En un niño o adolescente suele causar un grave efecto ya que, estos están en
pleno crecimiento, son como una esponja que absorben todo, si los acostumbras a
que para ser aceptados hay que insultar, golpear o discriminar a los demás,
374

�crecerá con esas costumbres hasta que forme parte de su carácter.” (Lic. D. Leal,
marzo 2014)
Algunas de las consecuencias que trae no tener valores en la vida de un
adolescente son: violencia, discriminación, aislamiento, acoso, conducta agresiva,
falta de respeto, entre otros.
Si bien estos son la base de los problemas, existen consecuencias que se derivan
de estos principales llegando a afectar la salud tanto psicológica como física de las
personas.
“La violencia y la discriminación siempre han existido en el ámbito escolar, en los
últimos tiempos se le ha colocado un nombre: Bullying. Pero esto es 100 porciento
resultado de lo poco que los padres logran educar a sus hijos” (Lic. Jorge, marzo
2014)
El Bullying, como hoy en día es conocido, es uno de los problemas que se derivan
de los antivalores y es uno de los principales problemas que se viven en los
adolescentes. La violencia causa en las personas efectos que llegan a dañar su
integridad y su salud, no solo de la víctima sino también del que la práctica.
“Ansiedad, falta de concentración, depresión, agresividad, auto-lastimarse,
trastornos, entre otros tantos en las cosas que la no aceptación en un círculo
social puede causar; la mente es tan poderosa que llega a un punto en el que todo
lo malo que alguna vez nos dijeron, forma parte de nuestro subconsciente y
llegamos al grado en el que es imposible reconocer la diferencia entre las críticas
constructivas y destructivas y nuestro cerebro comienza a jugarnos mal.” (Lic. D.
Leal, Marzo 2014)
Si bien aseguran que el saber que parte del cerebro es afectado y él porque, no
puede ser sabido en su totalidad, se cree que el subconsciente se acostumbra a la
violencia y la discriminación que se vive que termina aceptándolo, haciendo creer
a la persona que es la realidad que le toco vivir.
375

�Al preguntarles cuanto le ayudaría a una persona que no es aceptado en un grupo
social poder contar con gente que lo apoye y que lo haga sentir mejor,
respondieron: “Es muy importante, que la persona tenga un apoyo, alguien con
quien poder contar; hemos sabido de muchos casos de que la persona padece de
un trastorno o incluso que se llegan a quitar la vida porque no es aceptado en
ningún lado, ni en la escuela, ni en el trabajo y ni siquiera en su propia familia; es
muy triste cuando sabes que una persona de 15 años se suicida porque no tenía
amigos, lo acosaban constantemente, sus padres estaban divorciado y no tenía la
tensión de nadie y es cuando nos preguntamos qué hubiera pasado si esta
persona tuviese por lo menos una persona de apoyo, seguiría aquí?, es increíble
pero una persona que hubiera estado para ella, tal vez podría haber hecho una
diferencia.”
Así mismo veamos los problemas más frecuentes que enfrentan los adolescentes
para determinar el enfoque que le significaría más a este grupo vulnerable,
investigamos porcentajes de estudiantes que presentan algún tipo de abuso o
discriminación en México, así como las consecuencias para poder observar el
problema con números reales.

376

�Información recaudada representada en gráfica:

ACOSO ESCOLAR EN ADOLESCENTES
Observadores
23%

Amenazan a
compañeros
11%

Alumnos que
denuncian
10%

Violencia
fisica
16%

Ejercen el
bullying
15%

Victimas de
insultos
25%

Estudio El bullying o acoso escolar, realizado en agosto de 2011 por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

Suicido en adolescentes entre 14 y 19
años
11%
18%

varones
mujeres

71%

Consejo Nacional de Salud Mental, 2011.

377

�EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES EN MÉXICO
2011
MADRES
MENORES
DE19años

Estadísticas de natalidad del INEGI.

Personas atendidas en centros
publicos para las adicciones.
33.1
21.5

19
6.3
mujeres
hombres
menores de 14 menores de 14

15-19 años
mujes

15-19años
hombres

Reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, Secretaría de
Salud, 2012.

Los adolescentes como agentes de cambio.
Este apartado estudia a la adolescencia para entender por qué son un grupo
vulnerable y además poder determinar cómo intervenir en los jóvenes para que
funjan como agentes de cambio.
La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y
social. Su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20.
378

�La población conformada por adolescentes en México entre los 14 años y más es
de 88, 151, 969 comprobada hasta el último trimestre del 2013. En Nuevo León
habitan 3, 809, 144 adolescentes de esas edades.37
La etapa de la adolescencia es cuando la persona joven rompe con la seguridad
de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a
construirse un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente todavía
necesita apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia
sigue siendo una fase de aprendizaje.
En 2008 casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la
escuela. Del total de niños y jóvenes que no asistían a la escuela, correspondían a
este grupo de edad 48.6% de hombres y 44.1% de mujeres.
Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa el riesgo de continuar el
aprendizaje

predominantemente

en

las

calles.

Hay muchas razones por las que los adolescentes dejan de ir a la escuela, entre
ellas la baja calidad de la educación, especialmente en las escuelas públicas; la
discriminación que muchos jóvenes enfrentan, la falta de oportunidades y de oferta
educativa, así como la necesidad de trabajar.
La falta de orientación y de oportunidades también se refleja en el alto número de
adolescentes que mueren cada año en México por accidentes de tránsito,
homicidios y suicidios. Según los datos oficiales, éstas son las tres principales
causas de muerte entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad en México. En el
2007, morían diariamente tres adolescentes por accidentes de tránsito; cada
semana eran asesinados ocho jóvenes y ocho cometían suicidio.
Otro impacto de la falta de orientación es el alto número de embarazos
prematuros. Casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en
37

Información obtenida del INEGI

379

�el año 2005. En 2005 hubo 144,670 casos de adolescentes con un hijo o un primer
embarazo entre los 12 y 18 años que no han concluido su educación de tipo
básico. En este mismo rango de edad, considerando a quienes tienen más de un
hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de madres.
La orientación callejera, la curiosidad y la presión social también propician que
muchos adolescentes contraigan adicciones al alcohol, al tabaco y a los
narcóticos, lo que constituye un grave problema que es cada vez mayor en
México. En 2009, 44% de los adolescentes y jóvenes en México convive en el
hogar con fumadores; 7% fuma por primera vez a los diez años o menos; 45%
inicia el consumo entre once y 14 años, y 48% entre 15 y 17 años. Además, los
datos revelan que la relación por género en el consumo de tabaco es ya de uno a
uno. De hecho, 20% de los estudiantes de secundaria son fumadores activos. De
los 14 millones de fumadores que había en México en 2008, 10 millones
comenzaron a fumar antes de los 14 años.
La difícil situación de muchos adolescentes en México también se relaciona con el
hecho de que la sociedad los considera, muchas veces, más como una amenaza
que como lo mejor de sí misma.38
Uno de los principales cambios que hemos podido apreciar en esta primera
década del siglo XXI y que ha impactado plenamente en nuestras vidas es la
revolución tecnológica que hemos experimentado en tan poco tiempo, sobretodo
en el sector de las TIC (tecnologías de la comunicación y la información).
Podemos pues considerar a los adolescentes como nativos digitales: utilizan la
tecnología para infinidad de cosas, sobre todo para comunicarse a través de
chats, móviles, redes sociales e Internet en general.
Los adolescentes de esta primera década del siglo XXI nunca habían tenido tan al
alcance muchas de las facilidades que antes no había además de protecciones
38

Información recabada de la UNIFEC

380

�sociales. Aunque los jóvenes prefieren la concreción del día a día, las grandes
preguntas siguen cuestionándoselas: ¿Quién soy yo, de dónde vengo, a dónde
voy, qué sentido tiene mi vida?, etc…
Recomendamos inculcar una educación basada en valores morales, en el
desarrollo de las fortalezas personales y en la capacidad para enfrentarse a los
problemas y tomar decisiones.39
Lo anterior nos da una pauta de cómo podemos diseñar un lenguaje y vías de
comunicación adecuadas para la introducción de valores en la adolescencia, es
decir, echando mando de las tecnologías y dando importancia a la empatía a los
sentimientos de los jóvenes ante diferentes situaciones adversas.

Propuesta del PROYECTO OURS
Una vez delimitando el sistema autorreferente al que se intervendrá, y teniendo en
cuenta las características del contexto y a los jóvenes se diseñó una organización
que consta de varios componentes que interactuarán entre sí:


Sitio web como interfaces inteligibles y con información generadora de
conciencia



Estrategias de retroacción y conexión (líneas directas de ayuda, menú de
testimonios, red social y apoyos de pares)



Logotipo para identidad



Posters, lenguaje simbólico y semiótico



Red estratégica de ubicaciones de componentes físicos.



Objetos de uso que genere autorreferencia (camisetas, pulseras etc.)

A continuación presentaremos la memoria descriptiva, presentada por el equipo de
las alumnas, quienes se basaron en el modelo de diseño basado en sistemas
complejos y en sus conocimientos de diseño para dar tangibilidad a sus ideas:
39

Extracto de “El adolescente y su entorno en el siglo XXI” escrito por Hospital Sant Joan de Déu.

381

�Organización unida para reformar a la sociedad (OURS) es el proyecto que
realizamos para la materia de diseño de la salud, teniendo el objetivo de disminuir
los problemas sociales entre los adolescentes (discriminación, violencia, abuso,
etc.) y todo aquel problema que conlleva estas acciones, percutiendo en la salud
de la población joven de México.
Tratamos de disminuir, inclusive erradicar, problemas como los trastornos
mentales, los problemas alimenticios, los suicidios y muchos otros problemas que
llegan a ser irreversibles ya que las enfermedades que afectan en el ámbito
psicológico suelen ser fatales.
OURS es un organismo que cuenta con una interface donde los adolescentes
tienen interacción con otras personas, y reciben ayuda cuando lo solicitan. Se trata
de inculcar valores a la sociedad tratando de unir personas para formar un cambio.
La página web que fue diseñada para unir a los jóvenes, esta página cuenta con
valores que se deben de incluir como parte de su educación y así una masa de
agentes de cambio para combatir los problemas sociales, y así como brindar
apoyo a las personas que ya han sido afectadas por la falta de cultura de nuestros
adolescentes y evitar consecuencias futuras por sus acciones.
Todo esto lo tratamos de lograr con estrategias específicas, una de ellas como ya
mencionamos es el uso de la página web, la cual daremos a conocer por medio de
flayers, posters e invadiremos las redes sociales con información de esta para
crear un interés en los usuarios, el propósito de dar a conocer la organización es
para implementar en los jóvenes un detonante para que comiencen a cambiar sus
hábitos de conducta, entre más información acerca del tema de los valores y los
efectos que ocasiona no practicarlos su cerebro procesara automáticamente los
datos, haciendo que en el momento necesario se activen sus conocimientos de
manera automática y pongan en práctica lo que inconscientemente aprendieron
por la gran cantidad repetitiva de información que observaron.

382

�En este libreto se dará una explicación de cada uno de los apartados que la
página contiene, así como por qué fue incluido y lo que se quiere lograr con esto.
LOGOTIPO.
Nuestro logotipo hace una analogía a la señal de “Punto
de Reunión” (cuatro flechas y un punto al centro) porque
una de las razones primordiales es que nuestra interface
sea el medio por el cual “se reúnan” y comiencen a
promover los valores que tratamos de implementar.
Por otra parte también hace referencia a como se
trabaja dentro del organismo; las personas activas
dentro de OURS conforman una comunidad centrada donde comparten los
mismos intereses por la sociedad y están conscientes que implementando
estrategias para el reforzamiento de ellos (los valores) cambiaremos a la sociedad.
El objetivo del logotipo es crear una identidad que sea reconocida visualmente,
que al momento de que el usuario lo vea por las calles recuerde cual es el
significado de esto y el motivo por el que se creó, teniendo en cuanta la misión del
organismo en todo momento.

383

�COLORES.
Los colores empleados en todo el organismo hacen alusión al cambio que se
presenta dentro de una persona sin valores para convertirse a una persona con
valores. El morado simboliza el momento en que la persona decide hacer el
cambio, el gris el momento de la transición ya que es un color intermedio y el
amarillo es la actitud positiva de ejercer los valores (también simboliza la
alegría). Como fondo utilizamos el blanco y en las letras el negro que son
colores básicos parte del estilo minimalista.

Tipografía corporativa
La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y
armonía a todos los complementos que son incluidos en la página así también
como los medios impresos.

Las tipografías que vamos a implementar dentro de la interface así como también
los medios impresos hacen referencia al estilo minimalista que se presenta en la
página así como también a la juventud que será el usuario principal.
Como tipografía general se utiliza “Happy Fox” que está presente en títulos,
subtítulos y textos. Utilizamos esta fuente para dar un toque juvenil a la página y
no sobre saturar los espacios para que no sea tedioso al momento de leerlos.
La tipografía “Seaside Resort” es la tipografía secundaria que utilizamos, esta esté
presente en algunas frases que se quieran recalcar o sobresalir en el texto. Se

384

�diferente a la tipografía principal pero con cuerda con el toque juvenil que está
presente en la página.

MENU PRINCIPAL.
La página principal cuenta con 3 apartados; el primer apartado consta de 3 frases
que se cambian automáticamente, estas frases están pensadas para crear un
impacto en la forma de pensar de quien lo lee.

También podemos encontrar encuestas que brindan información de los problemas
sociales que existen en México y las consecuencias de estos, esto es para que el
usuario tenga una idea de que estos conflictos son reales y que tanto afecta a la

385

�población.
El segundo apartado se puede ver la definición de quienes somos, de lo que
queremos lograr y como lo haremos en una redacción concreta y breve, es
importante que los jóvenes que usen esta interface tengan una idea de lo que
queremos realizar y de porque lo estamos haciendo, debemos compartir nuestra
visión para que se convierta en la de ellos.
El tercer apartado es donde se encuentran los menús, 4 menús que ayudaran a
los usuarios a interactuar con la página y los cuales explicaremos a continuación.
Al final se encuentran las redes sociales de la organización.

MENÚ VALORES.
En este menú se encuentran algunos valores así como también algunos anti
valores esto con el fin de proporcionar a las jóvenes más información acerca de
estos, ya que hoy en día la falta de valores en los adolescentes es un problema de
gran importancia.
Pensamos que es primordial dar información de que es el valor y como lo
podemos aplicar en dado caso.
Se hará una actualización mensual de los valores y los antivalores para que el
conocimiento de los usuarios sea cada vez más amplio.

386

�El objetivo de este apartado es dar a conocer el significado de los valores
existentes, ya que hoy en día no son conocidos muchos de ellos, y también que el
usuario sepa cómo ponerlo en práctica, que es lo más importante de todo para

generar un cambio.

MENÚ, LINEA DE APOYO
La línea de apoyo es un espacio donde las personas con algún problema, duda o
alguna ansiedad puedan interactuar con personas que ofrecen ayuda, este
espacio esta pesado para que los usuarios que tengan un mal día y quieran
sentirse mejor manden un correo, el cual será enviado al e-mail oficial del
organismo para que sea contestado y así poder brindar un apoyo.
La ayuda que se brinda no es profesional, ya que se pensó que los usuarios
sentirán un mejor apoyo si saben que las personas que los aconsejan son jóvenes
que quieren ayudar y que pueden terminar formando un lazo de amistad con ellos.
387

�Es por eso que al final del apartado se brindan teléfonos de ayuda, en caso de que
sientan que requieren una ayuda más profesional.
El propósito principal de esto es que la persona sienta un apoyo inmediato cuando
lo necesite, una persona que sufre de bullying (por dar un ejemplo) siente que
nadie lo entiende y el no tener amigos o padres comprensivos lo lleva a realizar
actos crueles consigo mismo, como auto lastimarse o incluso el suicidio, el
objetivo de la línea de apoyo es que personas como esta tengan un escape de
esos problemas y que encuentre un apoyo, como un amigo, al que pueda acudir
en cualquier momento. Queremos crear lazos entre gente que necesite ayuda y la
gente que quiere ayudar.

388

�MENÚ, TESTIMONIO
En este apartado de la página se muestran testimonios de personas que han
pasado por problemas de abuso, violencia, discriminación, alguien que haya
superado problemas alimenticios, o de personas que se auto lastimaban; con el fin
de generar empatía en todos los usuarios.

Los usuarios tienen la opción de mandar su testimonio para que aparezca en la
página, y así compartir sus experiencias, y poder ayudar a jóvenes que pasen por
lo mismo.
Este apartado está pensado para que las personas, que así lo deseen, se abran
con los demás usuarios y compartan sus historias, que mencionen como
solucionaron los conflictos y como la organización les ayudo a mejorar en su vida
389

�cotidiana, no necesariamente es para personas con problemas sociales, sino que
también está abierto a todo el púbico para que las personas que son parte del
organismo expresen sus conocimientos, sus opiniones y su forma de pensar para
que la demás gente pueda observar que es posible cambiar, de una persona sin
valores a una con una educación basada en ellos, solo con el poder de desearlo.

MENÚ, UNETE.
Este apartado cuenta con un formato de llenado, donde las personas se inscribirán
al organismo, jóvenes que tengan la iniciativa de ayudar y formar parte del cambio.
Los datos serán enviados directamente al correo electrónico del organismo donde
se hará una base de datos, cada vez que se quiera realizar alguna actividad en
nombre el organismo, las personas inscritas serán informadas para que se unan a
las campañas.

390

�Esto servirá para que gente con el deseo de ayudar se unan a la organización y
así crear masas, las cuales difundan el nombre de OURS y el objetivo se realice
También dé cuenta con 2 opciones al final de la página, una tienda donde se
puede adquirir la playera oficial y otra donde se puede imprimir posters para que
los voluntarios los compartan con su comunidad.

Estos apartados fueron hechos con el fin de dar identidad a las personas que se
unen, que se sientan orgullosos de ser parte de algo y que lo “presuman” ante la
comunidad, en la actualidad vivimos una era donde el compartir lo que hacemos, y
más si hacemos algo bueno, es importante para coexistir, así que con este motivo
creamos la tienda y la plataforma para imprimir posters para que la gente pueda
compartir esto con los que lo rodean, dando a conocer que forman parte del
cambio y/o que están a favor de este.

391

�CONCLUSIONES
Es importante en el diseño de una campaña para el bienestar social y para grupos
vulnerables observar desde la perspectiva sistémica el contexto, las teorías de los
sistemas complejos adaptativos nos pueden orientar a la hora de tomar decisiones
basándonos en los patrones de comportamiento de los colectivos. Otra buena
estrategia es la empatía que pueden tener los jóvenes hacia los jóvenes, las
alumnas que diseñaron la propuesta son jóvenes también y eso ayudó a manejar
el lenguaje que es compatible con sus pares.
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395

�SENTIMIENTO VALLENATO: PERMANENCIA Y CAMBIOS EN EL ESTILO DE
VIDA DE LOS JÓVENES COLOMBIAS DE MONTERREY, 1990-2014
Benito Torres Escalante40
Raúl Eduardo López Estrada41

RESUMEN
Los jóvenes, y específicamente los jóvenes pobres, son seres que transforman la
cultura en sus prácticas cotidianas, como una forma de apropiarse del mundo, de
situarse en él, de darle sentido a su vida frente a la adversidad y al espacio que
les tocó vivir; son sujetos capaces de otorgar significados a los elementos que
componen su cultura mediante procesos de simbolización por los cuales otorgan
intersubjetivamente sentido a la realidad. En Monterrey Las bandas juveniles
desde la década de los ochenta, escenificaron a las Colombias en Monterrey a
partir de símbolos como la forma de vestir, bailar y la colocaron en el escenario
urbano.

En la actualidad,

pervive una nueva generación, que continuo

identificándose con la música colombiana. Generación que ha transformado las
prácticas de consumo de la música por la violencia que se vivió en la ciudad a
partir del 2006 y que se intensificó durante los años 2008 al 2012, obligando a
transformar sus escenarios de consumo, sus prácticas grupales y la manera de
expresar su propia identidad, transformando el sentido de territorialidad de la
grupalidad juvenil, cambiando las dinámicas y las prácticas culturales de los
jóvenes pobres.
40

Universidad de Ciencias de la Seguridad. Maestría en Ciencias con Orientación en Trabajo Social y
Estudiante del Doctorado en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas del Bienestar
Social, ambas del programa de posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. benitotorres@outlook.com
41
Doctor en Antropología por la Universidad de Laval, Quebec. Profesor de tiempo completo en la
Subdirección de Posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. raul.lopezes@uanl.edu.mx

396

�¿Cuál es el rol de la música como elemento constitutivo de la identidad cultural de
una población dada? Es una pregunta que planteamos inicialmente como tema de
una investigación sociocultural con la intención de explicar los procesos sociales,
tanto en el intercambio cotidiano y en sus prácticas culturales, mediante los cuales
los jóvenes producen su mundo.

¿Cuáles son elementos simbólicos e

identitarios que cambian o permanecen en una cultura juvenil como lo es la
colombias de Monterrey

Antecedentes: La comprensión de lo juvenil en México y Latinoamérica
La irrupción de las bandas juveniles en el país propicia que

se genere

investigación social para explicar lo que estaba pasando en las periferias de las
grandes ciudades, retomando dos conceptos principales como categorías de
análisis: La cultura y la identidad, transformándose en culturas juveniles,
subculturas o culturas subalternas, por un lado, o identidades juveniles,
identidades colectivas, adscripciones identitarias, por el otro.
Siguiendo el planteamiento de Reguillo (2000ª) Estos trabajos se preocuparon por
construir el concepto de juventud y a explicar las construcciones culturales o las
identidades de los jóvenes en el país y en América Latina. La tarea fue la
construcción del conocimiento sobre la juventud y la manera de abordar al nuevo
objeto de estudio en las ciencias sociales del continente. La investigación intentó
problematizar “no sólo al sujeto empírico de sus estudios, sino también a las
herramientas que utiliza para conocerlo” (Reguillo 2000ª:27), es decir,

para

explicar la realidad social y el mundo dinámico y cambiante de la población joven.
(Reguillo 2000 y 2000ª); que desde el punto de vista de la autora mencionada,
recuperaron herramientas como la etnografía, las entrevistas y el trabajo de
campo como fuente de información.
Siguiendo otra clasificación de los estudios sobre los jóvenes Zúñiga (2010) hace
una síntesis de los estudios sobre pandillas en América Latina, agrupándolos en
397

�dos tipos: a) Los que se han enfocado el análisis de las pandillas como cultura y,
b) los que han estudiado desde el entorno donde se desarrollan las pandillas. El
primer grupo enfocó su análisis en las producciones culturales de jóvenes y,
desde la investigación cualitativa,

como la etnografía,

aportando a la

comprensión de esta problemática. El segundo grupo analizó el entorno de las
pandillas buscando la comprensión del fenómeno

a través del análisis de

relaciones sociales donde se presenta la violencia, unos enfocados en el análisis
del entorno nacional y otros en los espacios comunitarios donde se desenvuelven
los colectivos.

Estudios sobre la Colombia de Monterrey
En Monterrey

hubo una preocupación por investigar la relación entre música

Colombiana y la cultura de los sectores marginales y/o pobres de la ciudad y su
área metropolitana. En 1996 sé inició el proyecto de investigación La Colombia de
Monterrey: descripción de algunos elementos de la cultura colombiana en la
frontera norte, el cual fue publicado en el 2002 por el Guadalupe Cultural Arts
Center, de San Antonio. (Olvera, Torres, Cruz, y Jaime, 1996)
Este trabajo fue el primer acercamiento al fenómeno de la cultura colombiana en el
área metropolitana de Monterrey, a partir de entrevistas a los actores sociales que
tenían una parte activa en la producción y circulación de la música: sonideros de la
independencia, grupos musicales y compositores, locutores de radio.
Olvera (2005), continuando su trabajo en la investigación citada y como proyecto
de tesis de maestría, da voz a los actores sociales involucrados en la producción
cultural de la identidad colombia. Sonideros, músicos y jóvenes. Olvera no separa
a estos tres actores, sino que los ubica y los centra en su papel activo en la
formación de esta identidad cultural, o social como él le llama. Producción,
circulación y consumo se embonan en el trabajo de investigación.

398

�Otro trabajo es el de Blanco (2003, 2005, 2005ª y 2008), quien investigó el
fenómeno transfronterizo de la música caribeña colombiana como una relación
sur-sur donde un fenómeno local viaja miles de kilómetros y se inserta en otro
territorio local con características parecidas, es apropiado y resignificado con
elementos propios de la región en la que se instala y forma parte de un proceso
identificatorio para un grupo social marginal.
A pesar de los acercamientos a esta cultura en Monterrey, no se explican cómo
los jóvenes pobres de la ciudad construyen una cultura a partir del consumo de la
música. La presente investigación parte de este olvido. Para tal fin planteamos las
siguientes preguntas de Investigación ¿Cuáles son las prácticas culturales
mediante las cuales se construye la cultura juvenil colombias en el área
metropolitana de Monterrey?, ¿ Cuáles son los elementos simbólicos e identitarios
que constituyen

la

cultura

juvenil colombias en el área metropolitana de

Monterrey y como se articulan entre si? y ¿Cuáles son elementos simbólicos e
identitarios que cambian o permanecen en una cultura juvenil como lo es la
colombias de Monterrey?

Culturas juveniles
La cultura juvenil es un tema abordado por diversos autores que han estudiado a
los jóvenes en nuestro país, Latinoamérica y España. Para Reguillo el concepto
refiere al “conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas socioculturales
juveniles”

(Reguillo, 2000); Feixa

lo considera como la forma en la que las

“experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la
construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el
tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional” (Feixa, 1998:60);
Mientras que para Urteaga “son el conjunto de vida, valores y comportamientos
prácticos y cosmovisiones elaboradas por colectivos juveniles de una misma

399

�generación en respuesta a sus condiciones de existencia social y material”
(Urteaga, 2000:206)
Reguillo (2000:52) señala que en “el ámbito de los significados, los bienes y los
productos culturales” es donde el sujeto juvenil adquiere sus especificidades y
donde se hace visible como actor, por lo que en las expresiones culturales donde
los jóvenes adquieren visibilidad como actores.

Feixa (1998) señala que las

culturas juveniles son la manera mediante las cual las experiencias sociales de
los jóvenes son expresadas por el colectivo a través de estilos de vida que los
distinguen y que se localizan en el tiempo libre o en los espacios intersticiales de
las vida institucional, como podrían ser los tiempos de descanso en los horarios
escolares, los cambios de horas, las entradas y salidas, que son aprovechadas
para el intercambio cultural. Su expresión más visible es lo que llama los estilos
juveniles espectaculares.
Pero es en los intercambios culturales con otros grupos donde las culturas
juveniles se apropian y resignifican los diversos elementos. Feixa (1998:69)
rescatando un concepto de Levis-Strauss,
explicar

propone el bricolaje que permite

la forma en que los distintos objetos y símbolos son tomados,

reordenados y re contextualizado con el fin de que puedan transmitir nuevos
significados. Hay una relación entre los componentes estéticos y los procesos de
simbolización de estos elementos a partir de que son tomados por una identidad
juvenil, como lo es el vestuario, el pelo, los tatuajes, entre otros más. Significados
que son construidos dentro del intercambio intersubjetivos de los jóvenes como
actores sociales, mismos y que sirven para la auto representación que es puesta
en escena para reconocerse como únicos y distintos. Las culturas juveniles
retoman elementos de otras

culturas, juveniles o no, contemporáneas o del

pasado, con el fin de que adquieran nuevos significados
En García Canclini (1993)
momentos históricos, hoy

podemos encontrar que a diferencia de otros
las identidades se configuran en el consumo y se

construyen a partir del valor simbólico que le asignamos a los objetos. Se trata de
400

�un contexto de redefinición del sentido de pertenencia, que se organiza cada vez
más por la participación en comunidades transnacionales de consumidores que
dan paso a la construcción de identidades que se estructuran desde la lógica del
mercado y desde la producción industrial de la cultura.
Como representación social, la identidad juvenil se expresa a través de los estilos
que se estructuran de acuerdo a los tres principios señalados por Giménez (1992:
189-192), los cuales son el de diferenciación, el de integración de las diferencias y
el de su permanencia a través del tiempo.
El estilo de vida (Giménez 1999) señala que la cultura implica un conjunto de
modelos de representación y de acción que tienden a orientar y regular el uso de
tecnologías, materiales, la organización de la vida social y las formas de pensar de
un determinado grupo, abarcando la cultura material, las técnicas corporales, la
organización del lenguaje, el juicio, los gustos y la acción social orientada,
encontrándose una subdivisión entre formas objetivadas y formas subjetivadas.
Así los estilos de vida puede establecerse como un concepto que nos ayude a
entender las construcciones culturales de los jóvenes colombias de Monterrey,
estilos que se expresa a partir de diversos elementos como la forma de vestir y de
peinarse, el lenguaje, las palabras utilizada y los modismo.
Feixa maneja el concepto de estilo para aclarar las imágenes culturales con las
cuales los jóvenes se presentan en el escenario público, considerándolo como
manifestación simbólica de las culturas juveniles, que se expresa en un conjunto,
más o menos coherente, de elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes
consideran como representativos de su identidad grupal,

organizados de una

manera activa y selectiva, apropiados, modificados, reorganizados y sometidos a
procesos de resignificación. Feixa señala que las cosas por sí solas no constituyen
un estilo sino que “lo que hace un estilo es la organización activa de objetos con
actividades y valores que producen y organizan una identidad de grupo” (1988:68).
Ramírez (2006) señala que el estilo en el vestir es importante para los grupos
401

�juveniles ya que a través de la imagen se puede distinguir una procedencia y el
tipo de identidad colectiva al que se han adscrito. La exhibición de esos bienes
culturales

es una manera de distinguirse por lo que la ropa juega un papel

fundamental, siendo un medio para conservar y presentar la identidad.
Para Hurtado (2008) es evidente como los jóvenes crean a partir de lo aprendido
en la práctica cultural, desde aquello instituido y que se comparte socialmente en
el contexto de estas prácticas. Es en estos escenarios de la práctica donde se
inscriben y desarrollan las significaciones que no sólo están relacionadas con las
técnicas propias de las prácticas, sino también con los estilos que se expresan en
el vestido, en la música escuchada y la manera de relacionarse con los otros y con
el mundo. Así los escenarios del estilo de vida de los colombias son las esquinas,
los salones de baile, las plazas y parques, las zonas de wifi y las casas donde
viven, pero también los espacios institucionales, y es en estos escenarios donde
aprenden a colocar los limites de su propia cultura, donde actúan y escenifican su
estilo y donde prueban su compromiso individual con el resto del grupo.

La construcción de la cultura e identidad a partir de la música.
Ramírez (2006), propone frente al concepto de identidades juveniles el de
identidades sociomusicales, al indicar que la preferencia musical es la base de
algunas identidades sociales, además, haciendo referencia de los estudios sobre
juventud, señala que en colectivos surgidos a partir del consumo de la música se
pueden encontrar gente que tiene el aspecto juvenil a pesar de no ser joven.
Hormigos señala que “la música se ha dotado desde un principio de una carga
inherente de sociabilidad, es expresión de la vida interior, expresión de los
sentimientos, pero a su vez exige por parte de quienes la escuchan, receptividad y
conocimiento del estilo de que se trate” (2010:92). Conocimiento sobre las
melodías y sentimiento que evocan son parte de lo que une a las identidades
juveniles con la música. El jóven tiene un repertorio de melodías, sabe de donde
402

�provienen, quien las escribió y todo eso esta ligado a un sentimiento personal, del
cual nace el gusto por la música.
La música no solo transmite ese sentimiento sino que también sirve para compartir
los valores y la definición de mundo donde “la identidad cultural creada sobre el
discurso sonoro carga de significado a la música, nos enseña que ésta es el
vehículo ideal para transmitir los valores propios de la cultura” (Hormigos,
2010:94).
El uso del cuerpo en la manifestación de la identidad
Margulis y Urresti (1998), sostienen que el cuerpo es la primera manifestación
para aproximarse a la comprensión de los fenómenos de la juventud. Las
posturas, los gestos, las reacciones espontaneas y la indumentaria con la que se
viste, es la primer plano de la interacción social, el primer mensaje que se
antepone a cualquier otro, un portador de sentido que mediatiza las relaciones
sociales.
Para Squicciarino (2012:18) “el cuerpo se identifica como una expresión
correlativa de contenido articulado, como vehículo a través del cual puede ser
transmitido incluso lo que esta inhibido en la palabra y el pensamiento consciente”.
El cuerpo constituye representación social. Es la textura visible de los valores
culturales y las significaciones simbólica. En las construcciones culturales de los
jóvenes es el vaso comunicante en el cual un elemento puede ser movido o
sustituido (un pañuelo, un tipo de corte de cabello, un estampado, un color, entre
otros), o retomado de otra cultura juvenil, sin que se pierda el equilibrio con la
identidad.
Pero también el cuerpo transmite un mensaje ya que “el lenguaje de los gestos,
particularmente el de los brazos, el de las manos y en menor medida el de la
cabeza y el de los pies, es a menudo tan preciso y elaborado como el lenguaje
verbal” (Squicciarino, 2012:28). Los jóvenes construyen sus propios mensajes a
través de gestos que son entendidos por los otros iguales, donde “Los gestos
403

�convencionales son aquellos que en el ámbito de una determinada cultura tienen
asignado un significado generalmente compartido, pero que a veces carecen de
una traducción verbal directa” (Squicciarino, 2012:29). El uso de las manos para
expresar símbolos de la cultura colombias durante el baile, servirá para transmitir
el mensaje al resto del grupo y la música solo será el medio para expresarlo.
Le Breton (2002:13) señala que “las representaciones del cuerpo y los saberes
acerca del cuerpo son tributarios de un estado social, de una visión del mundo y
dentro de esta última de una definición de la persona. El cuerpo es una
construcción simbólica, no una realidad en sí misma” El cuerpo también es
utilizado por el sujeto para definirse a sí mismo, al cual agrega los elementos
simbólicos que le permiten constituir su propia identidad cultural: uso de camisas,
camisetas, pantalón, calzado, accesorios, pero también la forma de peinarse. A
esto se suma el uso del cuerpo por si mismo en el baile, incluido la participación
pasiva como espectador, donde la posición que adopta el que observa, va
acompañado de mensaje.
Siguiendo esta idea, en Giddens (1997:132) señala que “Somos responsables del
diseño de nuestros propios cuerpos y, en cierto sentido, según se ha mencionado
anteriormente, nos vemos forzados a serlo cuanto mas postradicionales sean los
ámbitos sociales en que nos movamos”, radicando aquí la idea de los estilos
espectaculares que atraen de los jóvenes.
Squicciarino (2012:66) señala que “el cabello y sus tipos de peinados
correspondientes contribuyen, junto a los demás elementos de la indumentaria, a
la constitución de la imagen corporal, es decir, establecen la forma en que el
sujeto vive el complejo de sus propias características físicas, influyendo en el
concepto de sí mismo y en la interacción con los demás”, por lo que la forma de
peinarse constituirá una vía en la que los jóvenes constituirán la representación de
si mismo en el escenario de su cultura.

404

�Luz de cumbiamba: la muestra de la investigación
Partimos de la premisa weberiana de que la realidad social solo tienen sentido
para los sujetos que la producen y reproducen, en tanto a que toma posición ante
el mundo y le confieren sentido (Weber, 1993). Mientras que Schutz (2003) señala
que la realidad social es interpretada, son hechos interpretados por lo que para
dar cuenta de esta realidad usamos “construcciones de segundo grado, o sea,
construcciones de las construcciones hechas por los actores” (2003:37) que son
observados por el investigador. Desde el punto de Giddens (2007) la sociología se
ocupa de un objeto constituido o producido por el quehacer activo de los sujetos.
Esta investigación busca comprender las diferencias entre

los significados

otorgados a una identidad cultural entre dos generaciones de jóvenes separados
por el tiempo, por un contexto social distinto y por diferencias significativas en el
intercambio cultural, tanto en el contexto local como en el global. La idea central
es encontrar explicaciones a los cambios y permanencias en la identidad juvenil.
Lo que se trata es recuperar la posición del sujeto a través de las entrevistas y la
observación en los escenarios

Los escenarios de la investigación
Los escenarios para la observación participantes fueron los salones donde tocan
los grupos de música colombiana, los lugares de reunión de los jóvenes en las
colonias populares, las fiestas organizados por los sujetos y los bailes callejero.
El ambiente colombiano padeció la violencia en la ciudad durante el período
comprendido entre 2010 a 2012, lo cual provocó temores al momento de abordar
el campo de investigación42. Ya a partir del 2013 esta situación cambio por lo que

42

Temores compartidos con un músico con el que se tuvo contacto en una tocada barrial en Escobedo,
quien contó al investigador como fue testigo de esa violencia en bares y en lugares donde se presentaron de
manera privada.

405

�se pudo abordar con mayor confianza, siendo la asistencia al bar referido la
entrada de nuevo al escenario de lo colombiano.
Los escenarios se plantearon como entrada a los informantes, pero fue la misma
desconfianza la que nos impidió alcanzar este propósito. Impedidos por esto,
comenzamos a rastrear la huellas de los colombias en las redes sociales, tanto
Facebook como fotolog, convirtiéndose en otro escenario de observación y de
establecimiento de contactos para las primeras entrevistas del grupo que vivió su
juventud entre 1985 y 2000.

Los Colombias, la construcción de la muestra.
La selección de los participante fue a través de una muestra intencional por
criterios con la cual se establecieron

las características de los sujetos a

entrevistar (López y Deslauriers, 2011). Desde el punto de vista de Flick (2011:80)
la estructura de la muestra teórica “no se define al momento antes de recoger o
interpretar los datos, se desarrolla paso por paso durante la recogida y la
interpretación de datos y se complementa por nuevas dimensiones o se limita a
ciertas dimensiones y campos”. Ante las dificultades planteadas en el punto
anterior, se establecieron las características de la muestra teórica y se
complementaron las dimensiones contempladas al principio, sobre todo, en la guía
de entrevistas, lo que nos llevó a replantear las preguntas.
El principio básico del muestreo teórico es seleccionar casos o grupos de casos,
según criterios concretos acerca de su contenido en lugar de criterios
metodológicos abstractos. La relevancia de los casos es lo que importa, contrario
a su representatividad.

Un primer criterio de selección era entrevistar a integrantes de dos generaciones
de jóvenes, los primeros constituidos por aquellos informantes que vivieron su
406

�juventud entre 1990 y 2000, denominado grupo A el segundo grupo conformado
por jóvenes que consumen en la actualidad la música colombiana, siendo un corte
entre los años de 2005 al presente, al cual se denomino grupo B. En el Caso del
grupo A se consideró para la muestra entrevistas grupales realizada entre 1995 y
1996, por un equipo de investigadores que comenzaron a estudiar la cultura
colombiana en Monterrey, sin embargo solo se recuperó un fragmento de una
entrevista realizada por el autor de la presente investigación.
De la grabadora al hombro a la zona de pirateo del wifi: Las prácticas de los
grupos juveniles y la música colombiana
El intercambio cultural al interior de los grupos juveniles sé realiza por los canales
de distribución propias de los jóvenes, utilizando los circuitos por ellos
establecidos y la tecnología a su alcance. Durante los noventa los circuitos de
circulación van de la escucha en radio, la compra de casetes y luego cd´s en el
mercado informal de la piratería, que circulan al resto a través de la reproducción
en grabadoras portátiles y la escucha en bailes, que ya en el presente se
transforma en la distribución de música en formato mp3 que se consigue aún en la
piratería o que se baja de internet, se escucha en aparatos más individualizados
como los celulares o bocinas que tienen la capacidad de reproducir los contenidos
que los jóvenes tienen en sus dispositivos de memorias, como los usb y las
tarjetas de almacenamiento de sus teléfonos móviles.
Para los sujetos del grupo A el consumo sé da en un ambiente donde la música
colombiana permea todo, donde ser joven en las colonias populares en los años
noventa significa para una inmensa mayoría estar integrados a una banda juvenil,
tener como principal escenario de convivencia la esquina; llegar a la adolescencia
significaba entrar al intercambio cultural con los grupos de pares, compartir los
elementos simbólicos que constituían su identidad, como la ropa y los accesorios,
en los espacios intersticiales (Feixa, 1998) que hay en la escuela como son los
recreos, la hora de entrada y la de salida o en el trabajo a las horas de descanso,
al entrar o salir de la planta.
407

�Para el segundo grupo significó adentrarse desde temprana edad en la música en
el contexto del círculo familiar, en el mundo domestico, más en la cercanía y en la
intimidad. Nacidos en los noventa, experimentaron los cambios en el consumo y
en las dinámicas juveniles en el barrio al comienzo del siglo, donde la música
colombiana compite con otros ritmos como el rap y el reguetón, transformando la
representación de lo colombias, que se radicaliza con la violencia en la ciudad
cuando las prácticas culturales de consumo sé trasladan de las esquinas a los
hogares de los jóvenes “Íbamos a la casa de un primo acá a la vuelta, ya nos
juntábamos en el patio de su casa, casi los sábados, los sábados y los domingos
ahí estábamos ya entre semana nadie salíamos” (05 A). Al ocultarse la identidad,
ya no se ostenta como en los noventa y por el contrario se oculta o se niega: “yo
prefiero llamarme cumbias” (04 B).
En las narrativas de los sujetos de los noventa encontramos que

la

participación de un hermano mayor o del grupo de amigos de la escuela y de
la esquina, como los sujetos se adentran al mundo de la música colombiana,
e incluso el consumo de la música en el ambiente cotidiano del barrio
contribuirán al nacimiento del gusto musical, tal como podemos observar en
las siguientes narrativas:
Si, taba muy pequeño, con mi hermano, mi hermano aquí arriba se, de
mi casa, aquí en la placa, se ponía a escuchar, como Andrés Landeros,
se ponía a escuchar, de hecho me aprendí de chiquillo las canciones de
Andrés Landeros, verdad. Ahí empecé yo con la música colombiana y
luego ya. Desde que años tendría yo, mi hermano me lleva ocho. Um,
que, él tendría, en la secundaría. No sé cuantos ten.. cuantos

años

tendría. Que a los 16, 15. No estaba muy pequeño, estaba muy pequeño,
y las escuchaba, él se subía con el Tolta, haya arriba, y yo abajo, en
veces me mandaba, "he ven tráeme esto" y yo bajaba y subía, y
escuchando música colombiana, chiquillo, pues decir unos 8 años, 10, y

408

�ahí empecé a inclinarme por la música colombiana, desde muy pequeño.
01 A
En el caso de los entrevistados del grupo B se hace notar en las entrevistas la
participación de un familiar cercano como agente que propicia el acercamiento con
las melodías colombianas.

No pos aquí con mis tíos y mi padrastro, la empecé a escuchar por
ellos principalmente por, por este Jelo. Si, Fue el primero que empezó
a poner la música aquí también. 04B

Él (el papá) me sacaba a pasear en el marquis, verda, y siempre
traía todas esas, todas esas rolas en el, en el marquis, puro casete
05B
¿Por qué consumir la música colombiana? ¿Qué es lo que atrae a los sujetos de
la música? ¿En que se sustenta el gusto por escucharla? La mayoría de los
entrevistados coinciden en dos motivos: la letra y el ritmo de la música. El mensaje
que transmite la melodía, el sentimiento del que está impregnada la canción, la
temática tratada que acerca al joven a problemáticas cotidianas, a sentimientos
compartidos a nostalgias por otros momentos vividos será lo atractivo, “La letra, el
mensaje que tiene cada canción. El paseo vallenato es muy bonito, esté habla, la
letra , hay algunas canciones que se, que se identificaban con pasajes de mi vida
y por eso me gustó la música” 03 u otro sujeto de 15 años que dice: “me acuesto
tarde y ya después como a la una y como mi celular se escucha despacito, ya
nada mas la pongo al lado de mi, en el yotube le pongo mix y dura como una hora
y ya me pongo a oírlos, quien sabe de dónde sacaran tanta palabra. 03B

409

�De los intercambios de casete de mano a “pónmelo todo en la memoria”
La cultura colombias sé desarrollo en el intercambio cotidiano de los sujetos en
sus propios espacios cotidianos como la casa, la escuela, la esquina, el barrio,
siendo estos desplazados por las nuevos tecnologías como las redes sociales,
los sitios web y los teléfonos celulares. El intercambio que se dio en los noventa
fue a través del trueque de los casete que se conseguían con un hermano, o con
un compañero del grupo o de la escuela, que se podía comprar en el mercado de
la piratería como lo eran el Puente del Papa43 o los puesteros de la calle Reforma
del centro de Monterrey, ya sea con los sonideros o con los comerciantes44.
El primer cambio que se experimentó es el paso del casete al disco compacto,
donde la posibilidad de producir los discos de música a través de la piratería, se
amplió significativamente, lo que llevó a la creación de redes de distribución más
amplias, facilitando el acceso a las grandes colecciones de los sonideros.
Los jóvenes en la actualidad siguen comprando discos piratas en los mercados
cercanos a sus colonias o en los lugares tradicionales del centro de la ciudad;
discos que luego transfieren a dispositivos de memorias como los usb o las
tarjetas de celulares, con la intención de no dañar sus disco o de reproducir la
música en pequeñas bocinas que tiene la capacidad de leer estos dispositivos o
para escuchar la música en sus celulares. Sin embargo los cd´s piratas no pueden
competir con el intercambio libre que se da en la web, ni con las nuevas
posibilidades que ofrece la tecnología, pues ahora el joven colombias del presente
se sienta frente a una computadora que puede ser propia o que rentó en un ciber,
43

El Puente del Papa fue un mercado popular que se localizaba en el rio Santa Catarina a la altura de la
colonia independencia, baja el puente del mismo nombre. Este se origino en la colonia Independencia, en
los años ochenta y en los noventa se trasladaron a la parte seca del rio. En el 2010 desapareció por los daños
que causo la tormenta Alex en Nuevo León. Los puesteros de la calle Reforma fueron retirados durante el
2011 dentro de una estrategia de combate a la piratería, donde fueron decomisados sus productos,
derrumbados sus puestos y se abrió la circulación del paso peatonal a los vehículos.
44
La diferencia entre un sonidero y un comerciante reside en que el primero reproduce sus propias
colecciones, mientras que el segundo comercializa lo que otros facturaron, que no necesariamente son
sonideros, más bien productores de piratería masiva.

410

�entra a sus redes sociales y cuando se aburre, busca en youtube melodías
colombianas y las escucha a través de sus audífonos, entra a sitios de descarga
donde obtiene nuevas melodías, que copia en su memoria portátil o cuando no,
pasa una colección de melodías de un usb que le prestaron al suyo propio o
termina comprando una memoria con más de 500 canciones, que algún conocedor
seleccionó previamente.
Durante los noventa era común el uso de la grabadora para reproducir la música,
primero en los casetes y luego en los discos compactos, posibilitando una escucha
colectiva de la música que permeaba el ambiente con el ritmo caribeño; no solo lo
escuchaba el grupo en la esquina, sino también quien estuviera cercano, el que
transitara cerca, el que estuviera en las casas de alrededor. La escenificación de
los colombias era a todos vista, el intercambio de bienes culturales se daba de
manera natural.
La radio juego un papel importante en la difusión de las nuevas canciones, al
igual que los distribuidores de música pirata, los sonideros (Olvera, 2002 y 2005;
Blanco, 2008), con los cuales los sujetos conseguían los nuevos materiales
musicales. Los grupos juveniles y los sujetos de la investigación tenían que
desplazarse por la ciudad para hacerse de los nuevos materiales, y en ese
desplazamiento se van apropiando del espacio urbano, lo hacen suyo,
configurando el mapa mental de los colombias, el territorio cultural con sus
espacios de distribución y consumo.

Teníamos que ir al puente del papa hace muchos años ya de eso,
para conseguir una música que oías en la radio, en la XEH.
Empezamos a ir al puente del papa porque no había otro medio para
conseguir las canciones, verdad, nomás preguntamos y había un, un
solo vendedor que se llamaba, se apellidaba Dueñez. Era el Sonido
Dueñez. Hasta ya íbamos por el casete porque no se podía conseguir
411

�uno en ninguna parte, verda. 04
Las nuevas tecnologías transforman las dinámicas de consumo, circulación e
intercambio de los colombias en la actualidad. El consumo se individualiza al
provocar el consumo más intimo o en la soledad de la habitación, al reproducirla
en pequeños aparatos de bocina que tienen lectores de usb o en los celulares, lo
que posibilita la escucha a través de audífonos; el intercambio y la adquisición de
los materiales musicales se facilita con los nuevos dispositivos y la tecnología “No
pos casi siempre en las, ahora se usan las memorias, en la computadoras, o por el
bluetooth, de un celular a otro, ya las pasas a la memoria y así así es como nos
pasamos la música, ya casi, casi no compramos discos ya todos así en las
memorias” 05B

Las prácticas ligadas al consumo de los jóvenes colombias
Los primeros

jóvenes colombias son actores sociales en movimiento que

producen e intercambian bienes culturales entre sí, tanto la música que solo se
escucha al reproducirla, como la que se produce al tocarla en lo que se considero
como grupo “camionero” y que se percibe en las narrativas de los sujetos del
grupo A, siendo esta práctica la que posibilita el desplazamiento del grupo por la
ciudad, como productores y difusores de la música. Hormigo (2010:94) indica que
“la identidad cultural creada sobre el discurso sonoro carga de significado a la
música, nos enseña que ésta es el vehículo ideal para transmitir los valores
propios de la cultura”
Nos íbamos tocando, de camión en camión hasta llegar haya al puente
del papa. Si, ya este, como quiera era muy bonito verda, porque de ahí
mismo sacábamos pa´comer, nos íbamos a las rosticería, a los
pescuecitos. 04 A

412

�Es en este desplazamiento donde se configura el mapa de lo colombia, pero a la
vez se va ganando territorio cultural al ofrecer la música a quien viaja en el
transporte urbano, contagiando a los demás del ambiente festivo de la cumbia
colombiana. En este trayecto, el grupo esquinero se convierte en grupo
“camionero45” por una necesidad cultural pero también económica al permitirle una
fuente de ingreso, cuyo destino era el gasto en otros bienes culturales como los
casete o se utilizaba en actividades recreativas del grupo.

Y también llegamos a tener instrumento y nos íbamos de cotorreo
verda, a los camiones verda. Nos íbamos a tocar verda y todo lo que
juntábamos

era

para

caguamear46

puras

caguamas,

traíamos

instrumentos y nos íbamos cinco, seis, siete camaradas de los Pequeños
a tocar en los camiones y sacábamos para pistear47 toda la tarde. 01ª
La esquina es esencial para los jóvenes de los noventa, el territorio que les
pertenece y que defienden frente a los demás grupos rivales. La música
contribuye a tejer el territorio de los colombias y apropiación del espacio urbano a
través del universo sonoro de las melodías. El ritmo de Colombia acompañara a
los jóvenes no solo en su propio territorio, sino también en la conquista de los
ajenos, que se ganan tan solo

de manera momentánea a través de la riña

callejera.

Has de cuenta siempre llegábamos en la esquina en el árbol, le
decíamos el árbol, ahí en la esquina, la reunión de la banda.
45

“Camionero” significa tocar sin instrumentos eléctrico como bajo y guitarra, esenciales para la ejecución a
nivel profesional. Cuando un grupo no tiene manera de conectar estos instrumentos, como sucede en las
presentaciones en cabina en radio, se dice que se esta aventando “una de camionero” (Olvera, Torres, Cruz
y Jaime, 1996:54).
46
Tomar cerveza en la presentación de un litro, conocidas como caguamas
47
Acción de tomar cerveza.

413

�Llegábamos y ahí nos estábamos un rato y luego ya agarrábamos,
pum, hacíamos un recorrido. Y

hacíamos un recorrido por la

Constituyentes, verdad, a buscar bronca verdad, a pelearnos, verdad.
Con la grabadora con la música, pum. Y un día que me acuerdo, que
me acuerdo que

nos fuimos, me acuerdo muy bien ese, que

agarramos la grabadora, vámonos a oír rolas, a banderearnos 48,
verdad con la graba, por toda la calle y empezamos desde, de la Kir49
y nos venimos desde haya y nos peleamos, pum. Nos peleamos con
los del Canibal, con los Nobles, y luego de allá nos venimos y luego
nos peleamos con los Pepos y la grabadora nunca la soltamos, la
música siempre sonó, verdad, siempre en la bronca y uno

se

adelantaba, lo cubríamos, verdad, que no le hicieran nada, y así luego
nos venimos peleando, nos venimos rematándonos, acá con los
Pepos y con los Pericos. Y ahí, y ahí pos ya, ahí ya nos peleábamos
con los Pericos y ya era más cerca de la reunión de nosotros siempre
cubriendo la grabadora, al de la de la grabadora, a ése siempre lo
protegíamos, lo salvábamos, de la riña. 01A
En la esquina el grupo se reúne sin necesidad de convocarse; en la narración se
observa que “el árbol” es el “punto de reunión de nosotros”, se entiende que es el
lugar de pertenencia, donde se van a encontrar todos, donde el grupo se
constituye en un “nosotros” y se convierte en la banda, lugar donde se decide que
es lo que el grupo quiere hacer para pasar el rato. Enfrentarse a otros es atractivo
para el grupo y deciden recorrer su colonia comenzando de un extremo,
desplazándose por los territorios de los grupos rivales hasta retornar al punto de
salida. Un mapa mental que sé ha construido por el grupo a partir de las
rivalidades; mapa que se lleva en el viaje para enfrentar a las bandas rivales, se

48

hacerse notar
Empresa de embutidos localizada en el municipio de San Nicolás de los Garza

49

414

�conquistan territorios de manera momentánea y llevan como ritmo de guerra la
música colombiana.
En la narración podemos ver a la grabadora de pilas como referencia identitaria
del colombias de los noventa y su uso ritual las dinámicas grupales. Pararse en
la esquina es una acción cultural que no solo permite la representación de la
identidad cultural, sino que también significa la apropiación del espacio urbano a
través de la difusión sonora de la música. Para Giménez (2001:6) se entiende por
territorio “el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción
y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o
simbólicas”
En la actualidad los jóvenes siguen juntándose en el barrio, pero lo que
determine el punto de reunión está más relacionado con el uso de las
tecnologías. Ya los jóvenes no se colocan en las esquinas donde ven llegar a
las bandas rivales, sus mapas mentales no se configuran a partir de las redes
de amistad y enemistad establecidas con los otros grupos, sus recorridos no
son trazados , como lo narró el sujeto del primer grupo (01 A), si no que el
nuevo mapa se construye a partir de lo invisible: las señales de red
inalámbrica donde el celular y los programas50 de pirateo sirven para marcar
los puntos imaginarios, como lo fueron en su tiempo las constelaciones.

Aqui a la vuelta como una dos casas abajo, tiene una antena
(señal de wifi) y de ahí la agarramos. Agarraron un tiempo de que
todos estaban ahí formaditos en la iglesia, todos, toda la bandita
todos con celular "Hajale que onda" llegaban y ya ni cotorreaban ni
nada porque todos estaban en el face y platicando unos con otros,
platicando ahí por face. 05 B

50

programas como wifi password, o free wifi entre otros.

415

�EL territorio también se construye con las llamadas telefónicas a las estaciones
de radio; los jóvenes solicitan canciones que dedican a sus amigos o tan sólo les
envían saludos. Las llamadas listas de saludos sirven como punto de referencia en
la ciudad puntos imaginarios de amistad y enemistad con otros grupos juveniles
que permiten mapear la ciudad, que desde el punto de vista de Blanco (2008:209)
“El instrumento de comunicación masiva permite que jóvenes colombias de los
más alejados puntos de la zona conurbada de Monterrey se integraran a nivel
simbólico”.

No pos que la banda "Aaah, aquel vato se junta con aquel, naaa"
y yo también me ponía a hablar. Hubo un tiempo en que cuando
estaba la Cory Colombia pos me ponía hablar pum a agarrar el
teléfono, pinches listas, si también era de los que, muy raro, pero si
hablaba a la 1420 con Cory Colombia, con Servando Monsivais 51 y
me gustaba estar escuchando que haber quien estaba hablando
quien manda y ya mandaba algunos y me mandaban a mi y así. Me
gustaba, en esa época si me gustaban. 01 A
En los saludos puede observarse las redes de amistad que tejen los jóvenes a
través de la radio, por toda el área metropolitana de Monterrey. Los jóvenes se
nombran con su apodo o su nombre, agregándole el lugar de donde son, su
territorio o el nombre de su banda.

Al nombrarlos, constituyen territorios,

representado por el lugar en donde residen o por el grupo del cual forman parte.
Es una forma de llamarse a sí mismo, de autodesignarse a partir del lugar donde
51

Cory Colombia era el seudónimo de una locutora de Radio Nuevo León que conducía un programa de
radio llamado de Colombia con amor popular desde comienzo de los noventa. Servando Monsivais era
integrante del grupo de música colombiana M-19 , programador de radio en la misma estación y luego se
convirtió en locutor, oficio que continúa en la actualidad, pero en la radio virtual. El entrevistado menciona
otra estación de gran tradición en el ambiente colombiano, que ahorita es la única que sigue transmitiendo
casi en su totalidad la música caribeña.

416

�vive o con quien se junta. Al ser nombrados por otros a partir del saludo, se
reconoce la amistad con el grupo al que pertenece el sedicente; al entrar al
espectro de la radio se deja constancia de la existencia.
La grupalidad como esencia de lo colombias.
En la esquina se desarrolla las dinámicas juveniles donde la pandilla es expresión
de está: la “bronca” y el “paro” son los lados de la moneda que integran al grupo;
con ellas vienen las actividades recreativas y las relaciones con el sexo opuesto:

Pues pues pos porque me gustaba. Era una pandilla y siempre andaban
en broncas, verda, siempre teníamos bronca con todos, ahí en la colonia y
me gustaba las peleas, las broncas con piedras verda, las broncas y
también, por decir, cuando tenía uno bronca, así por decir, tenías un paro y
así, verda, varias veces me golpearon en varios lados y ya iba y ya que
onda y de volada, me hacían un paro. Si, si me daba gusto que estábamos
cotorreando y pistando y así, verda. O sea cotorreábamos chido, verda, y
de broncas y de morras también, pues ahí llegaban las morras con
nosotros. Llegaban con ellos y pos ahí estaba yo ahí, había morras de
todos lados caía ahí… Era puro desmadre, puro pistear52 puro andar con
las morritas y peleando ese era todo el rollo en ese tiempo y ya después
loquearnos, verda, la loquera también acá aparte 01 A

En el grupo el joven encuentra la manera de pasar el rato, compartiendo sus
experiencias y sus anécdotas de pleitos y de bailes, intercambia saberes sobre la
música y la cultura, intercambia elementos con los que constituye su identidad
juvenil, se nombra al tiempo que nombra al grupo, se convierte en keelin Pepos,
en Gueros Pepos, en Jelo Pequeños, en Jenru Converse.
52

Tomar cerveza o alcohol,

417

�Los jóvenes que se enfrentan a un mundo caótico, sin referentes familiares o
laborales, donde la escuela no es opción para un mejor futuro, encuentran en el
grupo de pares el lugar donde cobra sentido el mundo, donde es posible articular
las cosas y construir los sentidos, donde recuperar los valores que parecen estar
en crisis, el lugar donde se recupera el respeto, se establecen las reglas y se
ordena el caos. Frente al mundo en aparente orden de los adultos, los jóvenes
construyen otros sentidos, frente a la sensación de perdida y de imposibilidad,
recuperan sentido y transforman las cosas. Sobre la violencia, construyen su
propio orden, su manera de autoregularla:
A que se le quieran bañar, que onda pos que, si el vato no se quiere
aventar un tiro, pos que onda , no se quiere aventar un tiro, veda, pos
que onda si tu también te avientas un tiro, vente conmigo, va pero que
onda guey, no mas va ser un tiro y ya a tirar león, porque somos de
los mismos, veda, el chiste no es aventarse un tiro el chiste es
aventarse un tiro con otros, no entre los mismos, ya pos el vato, no
pos sobres, un tiro contigo, ya te lo amarras y que onda, chido ya aquí
mero puto, veda, ya no le, por decir, ya no le digas nada, a este vato,
veda, no, si hay muere. 02B

Encinas (2004/1994) señala en su etnografía sobre una banda juvenil en
Monterrey que los jóvenes encuentran significación al estar en la pandilla, donde
la amistad es sumamente importante, donde las relaciones están basadas en la
reciprocidad y en la ausencia de liderazgos, donde la asociación con la pandilla
responde a una necesidad de hacer, en vez de una necesidad de sobresalir. Esta
reciprocidad de funciones y la ausencia de un líder es considerado por Encinas, lo
que permite la estabilidad del grupo. La presencia de un liderazgo fuerte impediría
la reciprocidad. Encinas señala:
418

�La ausencia de liderazgo en las grupalidad juvenil en Monterrey, sigue siendo una
característica que se mantiene luego de casi 30 años desde que Encinas realizo
su investigación (1985). Así encontramos un testimonio de un sujeto del grupo B:

Si hay unos por decir que

son mas aferrados son los que se

aferran mas, son los que se avientan un tiro, que onda y saltan por ti y
por el otro, veda, te hacen un paro, pero no, no hay ningún líder todos
se tratan igual…siempre en la misma banda hay que tratarse como
tratas al otro y así, nunca hay que "ha hay que tratar mejor” “na que
aquel vato se aventó un tiro hay que tratarlo mejor", no trátalo igual,
como debe de ser. 04B

El uso del cuerpo para expresar el estilo
El cuerpo se constituye en un vehículo donde se transporta el mensaje que el
joven envía a los demás. Le Breton (2002:19) señala “el hombre no es el producto
de su cuerpo, el mismo produce las cualidades de su cuerpo en su interacción con
los otros y en su inmersión en el campo simbólico. La corporeidad se construye
socialmente” Los jóvenes que escuchan la música colombiana se apropian de
elementos que recuperan de otras culturas juveniles, asignándoles nuevos
significados en el momento en que elaboran su propuesta cultural. Uno de los
primeros elementos fue el peinado de los ochenta conocido como mullet53 que
usaron los rockeros de la época, y que los colombias retoman de una banda
juvenil de Monterrey de esa década llamada brother, “Para mi el pelo. Era lo que
nos, nos distinguía ahí en los bailes. Porque el pelo, el peinado brother. Bueno,
53

El Mullet es un corte de cabello muy popular en los años ochenta caracterizado por ser estilizado al frente
y largo de las parte de atrás.

419

�nos hacíamos un mechoncillo. Bueno yo casi no lo use, verda. Un poco tiempo,
mis camaradas, ellos si, pelo brother con un mechón aquí y una colita” 01 A
El pelo brother en los noventas se exagera en la modalidad de mullet al alargar la
parte de atrás del pelo y las patillas. Ya en la primera década del siglo XXI se
exageró aún mas con el peinado denominado patilludo. “Pos de repente, veías a
uno que taba colombiano y veías con las patillas y ¡aaah! con madre el pelo y uno
se lo va dejando y hacia vas viendo, vas viendo, pos hay se van creciendo las
patillas”. 04B

Si nombramos otros elementos que configuran el sentido colombias en los jóvenes
encontramos la vestimenta, caracterizada por las camisas floreadas, con motivos
religiosos, cristos y vírgenes, las camisetas que se retoman de otras culturas
juveniles como las rockeras, las camisas de botones que se retoman de los
raperos, las camisas tipo polo de franjas que se retoman de los reguetoneros.
Pero todas tienen una característica esencial que las convierte en colombias: se
visten de manera aguadas, es decir, demasiado amplias

Los jóvenes no solo retoman de otras culturas juveniles, sino que toman lo que
esta a su alcance. Los pantalones, que en el comienzo a finales de los ochenta
eran ajustados en los tobillos, se vuelven aguados en los noventa, se transforman
en dickies y luego en cortos, siendo los cross color54 uno de los más usados, y ya
la década pasada prefieren el corto, pero el estilo aguado permanece. El calzado
icono de lo colombiano es el tenis converse, el cual pervive hasta la fecha, pero
compite con tenis llamados nike shoes y los jordan.

54

llamado así porque cada pierna era de un color, mismo que se invertían en la parte de atrás, se cruzaban
los colores.

420

�Los elementos se transforman o se articulan de otra manera, se ocultan de tal
forma que es casi imposible identificarlos. Pero solo un elemento se mantiene
como parte de la identidad, esencia de la misma: la música. “El discurso musical
se abre conscientemente a sus dimensiones prácticas hasta verse implicado en
formas de vida con concepciones singulares sobre cómo nos relacionamos unos
con otros y con el mundo. (Hormigos, 2010:94)
Es que ya no somos colombias, verdad, cada quien su forma de
ser. Es que la música que escuchó, es clásica, como quiera si te cuaja
siempre te va a seguir gustando. 05 A

Llegaron los gavilanes los reyes de la costa
Si la música, por lo que expresa y las emociones que transmite a los jóvenes, se
constituye en la esencia de lo que significa ser colombias, el baile es la expresión
objetiva más acabada del mismo, lugar donde se escenifica la identidad a través
del vestido, donde se comparte la emoción de estar juntos con los amigos y los
enemigos, donde el colombias expresa a través del cuerpo su cultura y se
intercambian los símbolos. “(con) la cumbia pues ya suelto te expresas más,
sueltas señas, las señas que hace toda la banda, verdad, haces la seña todo y es
la manera en que todo se sueltan más” 02B

Es en el baile donde cobra notoriedad la cultura colombias durante los noventa y
atrae la atención de las instituciones y de los medios de comunicación. Los
jóvenes crean una forma única de bailar que se constituye en un estilo
espectacular (Feixa, 1998) que se expresa a través del baile del gavilán y el de la
motoneta:

421

�No, pos como volando, y como brincando, como brincando, era uno,
como que andabas volando y brincando, y en otro suelto también,
pues con las manos para arriba, con las manos haciendo como él que
saca el churro, bailando para arriba. Y, y pos la motoneta, esa que la
motoneta, agarrabas a la pareja y bien rápido, y pa´álla y pa´acá, en
los Star me daba vuelo yo, porque estaba bien largo el salón. 01 A

Si de hecho se bailaba lo que era agarrados los brazos, primero
hacías la simulación de encender una moto, este extendías los brazos
y acelerabas con el pie según tu y te ponías frente a frente con la
pareja y te ponías a bailar para adelante y para tras pero con
velocidad. 06 A

En la actualidad esa forma de bailar tiende a desaparecer y es sustituida por
nuevas formas

que denominan baile de Puntitas, que sustituye el baile del

gavilán, o el llamado de un paso, que es el baile de parejas que sustituye al de la
motoneta.
Pues tiene poquito que empezó, bueno yo lo vi hace poquito en
los bailes de la fe empezaron eso, salió verdad ese paso, pos está
cabrón también hacerlo y pos ahí empezó el baile ese de puntitas.
04B

Una de las modalidades de bailar de los colombias es la rueda. En ella giran los
cuerpos en dirección contraria a las manecillas del reloj, los roces de los cuerpos
son permanente, se baila suelto o en parejas, en una especie de baile colectivo en
el que todos bailan con todos al mismo ritmo, no hay espacio, entre los que bailan,
si se abre uno, inmediatamente es ocupado por un bailarín o por una pareja, es un
422

�especie de catarsis colectiva donde cada melodía llama al roce entre los
individuos.
Si, nomás me ponía a ver y comencé a meterme a la rueda y luego ya,
conocí amigas y ya, pos me empezaron a enseñar y luego ya me hice, de
hecho mi compadre Kinta, que en paz descanse, y yo éramos los que
bailábamos siempre, el Golo y esos no, nunca se enseñaron a bailar, así
con, con pareja, siempre sueltos, sueltos, sueltos, siempre. Nomás mi
compadre que en paz descanse, el Kinta y yo, el, yo si, siempre
agarrábamos morra, "he una morrita" y siempre sobre la morra, verda y
pareja, con pareja, bailábamos suelto y pareja, suelto y pareja 01 A

No pos yo iba a los bailes y pos a lo primero posa la cheve, ya
empezaba que unos paseos y no, ya empezaba la colombia, vea, los
tambores, pas, pas y empiezo a bailar primero la rueda, se hace la
rueda y ya uno se echa sus pasos y ahí mismo vas viendo como están
los pasos y te van haciendo la rueda a ti solo y pos, uno no sabe ni
usar los pasos, unos bailan así al chillazo, vea, hay los que si tiene su
ritmo de baile en los pasos y por eso te hacen la rueda, es cuando uno
va bien, porque uno que esta en la rueda va siguiendo al que esta
enfrente , a voy bailando como este vato, vea, y pos ya empiezan los
tambores y pos uno se expresa al baile

pas, pas de puntitas, y

levantar las manos y así. 04B

El baile también esta asociado a la violencia de los grupos juveniles. Cuando los
integrantes del grupo esta bailando suelto, esta mandando señales a los rivales de
enfrentamiento, desde un lugar separado del resto, a través de los movimientos de
las manos o del cuerpo “como éramos banda pos íbamos también al desmadre,
y era sueltos siempre”. 03 A
423

�En el baile también se representan las alianza a través de los símbolos. Las
bandas están agrupadas desde los noventa en bandas metropolitanas que se
conjugaran a partir de redes de amistad y de enemistad, constituyéndose en el
símbolo Uno y el símbolo Star. La violencia, que comienza a manifestarse de
manera simbólica es a partir de representar con las manos ambos símbolos. El
símbolo Star se representa cruzando las manos a la altura de las muñecas,
levantando los dedos pulga, índice y meñique, y doblando hacía la palma el anular
y el dedo medio; mientras que el símbolo Uno se forma un ángulo recto con el
dedo pulgar e índice y se doblan hacía la palma los dedos medio, anular y
meñique, posteriormente se juntan los dedos pulgares formando los tres lados de
un rectángulo. En los bailes se levantan los brazos, se forman los símbolos y se
“avientan “ al contrario.

A si es que ira, en ese tiempo si era cuando todavía se usaba el
símbolo Star, el símbolo 1, era cuando era la UDS unión de estrellas y
la UDL, unión de locos, la unión de locos era el símbolo 1 y en la Fe
siempre pues que la UDS y la UDL y siempre en el medio había,
había broncas, se tiraban el símbolo y se enojaban y pos también te
tiraban, se enoja y por eso se hace así, se hace la trifulca, ahí en el
baile. 04B

Si están separadas las pistas, hay como unas, como unas, asi
como una cerca asi como para dividir el símbólo Uno del símbólo Star,
ahí. Si andan bailando la banda y se acercan a la reja y comienzan a
aventarse cosas, se avientan cosas, A si se avientan acá que la
estrella y los otros hacen que el Uno. La estrella es el Star y los otros
avientan el Uno 05B
424

�Los símbolos nacen en los noventas. El símbolo Uno se constituye a partir
de muchas bandas, mientras que el comienzo del Símbolo Star fue con una
banda que agrupaba a jóvenes de diversas colonias del área metropolitana,
como lo fueron los Brother en los ochenta, y que se llamaban los
Arzobvispos, que después bautizarían como símbolo Star,

nombre que

surge del salón más importante de la escena colombiana de los noventa.

Los símbolos son un elemento importante en las culturas juveniles que atesoran
contenidos de emotividad, sentimiento y conocimiento: “un símbolo es aquello en
lo que se reconoce algo” (Gadamer, 1991:114), es reconocer la permanencia en lo
que es fugaz, función primordial del símbolo. Para Beuchot (2010) el símbolo es
unidad y socializador de las personas y sirve para reunir en torno a un acontecer,
una persona o a Dios.

El estigma sobre la identidad
Cuenca (2008) señala que de los jóvenes que viven en sectores populares se
construyen representaciones social que, en algunas de ellas, solo los reconoce
desde la delincuencia o la exclusión y recrean un imaginario en donde aparecen
reencarnando todos los males de la ciudad. Lo que finalmente obstaculiza o niega
que se construyan otras miradas sobre lo juvenil, desde las cuales podrían
emerger las construcciones culturales como las que aquí presentamos. En el caso
de los colombias de Monterrey la estigmatización proviene de las instituciones
policiales y de las educativas, donde se le adjudican el ser pandillero:

Si me paraban Y luego luego te checaba que porque te ves con
actitud sospechosa que porque te vestías así, de echo una vez me
425

�llegaron a quitar los aretes, este, haciéndome señas de que era para
mujeres y riéndose de la vestimenta de uno…. la policía sí, siempre
abusaba de uno se podría decir, nos echaba carro de cómo nos
vestíamos. Si te tachaba de que eras colombiano, eras pandillero
eres lo peor, ser colombiano era ser pandillero 03 A

La estigmatización policial también va cargada de violencia, que se ejerce sobre la
identidad del joven colombiano al señalar violentamente los elementos que
confluyen en la escenificación de su identidad.

Por la ceja que si somos jotos, "he que eres travesti o que" por la
ceja, no pero no tiene nada que, no representa nada la ceja, es tu
modo de ser el sacarte la ceja, "ah estoy bien acá, una sacadita y ya",
hay unos que si exageran como yo, la tengo bien delgadita como
mujer, hay otros que ni tienen ceja, este también por el corte de pelo,
veda, principalmente por el corte del pelo, el cuadro, para que resalte
también la ceja, lo que es la ceja. 04 B

La vez pasada me llevaron con el Romel, traía las cejas bien
delgaditas, y luego se acerco una policía "que eres joto, guey" "No",
"Porque te sacas la cejas" "No no se, no mi mamá me las saco" "Eso
hace tu mamá", "Si" "No seas menso, tu mamá te trata como una
muñequita, eres una muñequita para ella" Y el nomás se quedaba así
agachado. "Tu eres una niña te estas sacando las cejas". "No es que,
no no. Y luego ya "A ver man, pásale para acá" Y luego le pasaron
con el doctor. "Sóplale" Y le soplo, y luego decía la ruca "póngale ahí
que andaba por tóxico" 05B
426

�Vas cambiando la vestimenta pero pos lo colombia sigue dentro en la sangre
A lo largo de casi 25 años, que van de 1990 a la actualidad55, tanto en las
dinámicas de los grupos juveniles, en las expresiones a través de la forma de
vestir y de bailar, en la forma de comportarse en los escenarios de baile y en los
barrios donde viven, en la configuración de la identidad que se transforma al incluir
nuevo elementos y símbolos en la

representación de lo que significa ser

colombias, incluso la violencia que le caracterizaba a estos grupos a disminuido y
ha cambiado la concepción de territorio y de las interacciones con otras
grupalidades juveniles.
La permanencia esta ligada al sentimiento que aglutina a los jóvenes con la
música colombiana. La emoción que transmite las melodías a los sujetos y lo que
el sujeto expresa a través de la música, tanto la violencia hacía otros grupos de
pares, como la expresión al momento de bailar una cumbia o un paseo y que va
ligado a lo que nos dicen los sujetos: cambias tu forma de vestir, pero siempre
llevas la música en el corazón.
El primer cambio es como estrategia de ocultamiento de la identidad por la
asociación de esta con la delincuencia, de tal manera que prefiere vestirse
“normal” para mimetizarse con el resto de los jóvenes que no son colombias y
evitar conflictos con la policía. Ser normal es ser invisible, no sujeto a una revisión
corporal o alguna detención por parte de la policía, es no dar el perfil. Esa
estrategia se usa para ocultarse, un disfraz para ocultar lo ilegal

55

Incluso se podría considerar que a cambiado desde hace 45 años, de los años 70, cuando aparecen los
sonideros y luego los ochenta con el surgimiento de los primeros grupos de música colombiana y de las
bandas juveniles de la época.

427

�Pos porque tenía broncas con la policía porque te veían así y era
báscula. Era una báscula de rutina, y pos como andaba mal, siempre
traía, pues broncas, drogas, y por eso, eso, exactamente eso fue
porque, yo también empecé a mover y, y, y, yo veía a la raza, te la
topabas en redadas y nada, no pos, era un disfraz, este es normal y
no me hacen nada, pos llevo la carga y no hay nada, y así, pos de
hecho me topaba acá, con la carga, me topaba la granadera y al
revés, no me decían nada, pero veían a un brother, veían a un
colombias y a la báscula de volada y eso también, eso fue una de
las cosas de que me empecé a vestir normal para no tener broncas
con la ley, estaba muy dura la ley antes. 01 A

Esta estrategia de invisibilidad, de ocultamiento de la identidad frente a la policía
fue observado en una entrevista que se realizó en 1996 a un grupo de música
colombiana llamado Campesinos de la Cumbia, de Fomerrey 19, en el municipio
de Guadalupe, en el marco de la investigación de Olvera y otros (1996) como se
ve en el siguiente relato:
-Nomás nos veían y nos levantaban
-Bueno una vez a mi me agarraron y me pusieron.
-Y lo hincaron ahí en la esquina (Risas).
-Me hincaron y me pusieron con un, como se llama, donde llevan
el rifle (culata). Pero esa vez todavía me peinaba acá, si este me
pusieron y luego me dice el vato “he saca la mota”, le digo “¿cuál?,
pero o sea, nomás te ven así y de volada te dicen que eres loco, pero
pues quien sabe.
-Bueno a mi ya casi no me agarran, me paro ahí en la esquina y
ya pasan como si nada.
428

�-Mario se viste como antes, bien colombias
-Lo ven lo agarran
-Lo otra vez iba con él para abajo y nos pararon, íbamos en la bici
“a ver vengan pa`ca, esa bici es robada” “nombre cálmate”
-El se viste (Mario) con sus camisas floreadas.
-Los pañuelos.
-Ahora se quedo atrás.
-Se pone todo lo que dejamos todos, “órale ahí te va” (risas)
La persecución policial sobre la identidad es una constante que se mantiene a lo
largo de los años y que enfrentan en la actualidad los jóvenes que escuchan la
música colombiana. Los jóvenes de ahora han incluido en su estilo elementos
como aretes y cejas depiladas, que provoca burla y represión de partes de las
autoridades policiales, elementos que han retomado de los públicos jóvenes del
reguetón y de los cantantes afroamericanos del rap. El estilo juvenil emigró de
una representación del ser colombias, que nace a mediados de los ochenta con el
peinado brother, que se mantiene durante los noventa y que se exagera en la
década pasada en el peinado patilludo, lo cual se ostentaba

como marca

identitaria, como forma de encarar el estigma que lo marginaliza, lo señala de
drogadicto o lo reprime.

Si una vez si llegaron y nos las cortaron con un vidrio, has de
cuenta que una vez estábamos en la plaza de los pinos, y había
reunión, nosotros hacíamos reuniones los viernes caían mucha
banda que era de Tierra Propia, de soli, de Escobedo, de Apodaca,
se juntaban muchos, mucha banda ahí, en la plaza de los pinos
mucha loquera y todo y una vez nos cayo la policía y pos, una que,
429

�no puedes,

te hacen un cuatro y pos pa´ donde corres

y este

llegaron puros patilludos, a todos filita india, a unos si se las jalaron
acá sin el vidrio, veda a cortársela pura mano a jalón, se vinieron con
todas las patillas, copetes, todos, todos pelones. 04 B

El peinado brother (cholillo de manera despectiva) y las patillas largas de los
jóvenes colombias es una forma de autoafirmarse frente al resto que lo crítica, de
obligarlo a verle a la cara, como lo señala Cerbino (2011) en el caso de los
Maras. La exageración del peinado es para ostentar el estigma , la marca
negativa que le han marcado. Esta autoafirmación resulta ser un afrenta para la
autoridad que la reprime de forma violenta.

El contexto de esta represión se da en un momento de violencia social fuerte en la
ciudad, causada por la violencia del narcotráfico, momentos en el que los jóvenes
en su conjunto se vuelven vulnerables ante esta violencia por la edad. Violencia
que se ejerce en sus lugares de reunión como los antros y bares de la ciudad, que
termina transformando la vida nocturna de Monterrey, hasta casi hacerla
inexistente. Pero los colombias sufren una doble vulnerabilidad; primero por su
condición de pobreza y segundo por su identidad juvenil. En conjunto dan el perfil
para ser victima, tanto del crimen organizado, como de las autoridades que lo
combaten.

Si te subían, te subías y te ibas de tendero, o de estaca o te
pegaban de todas formas te pegaban y a varios de aquí se los
llevaron los subían a las trocas y les pegaban "orale vamonos" y se
los llevaban y después ya no se volvían a ver y uno decía "no ya
están muertos o algo", verda. No a los dos tres años ya venían de
430

�Matamoros o de allá. "no venimos de, andábamos en la guerra" que
no se que. Pero todo empezó porque los subían, no querían jalar y
los subían, por eso, se los llevaban, ya estando allá tenían que jalar
a huevo o si no los mataban. 05 B

Ante esta muerte anunciada, queda el camino de ocultar el estilo colombias con lo
que es cercano a los jóvenes; la violencia transforman el estilo y los jóvenes
adoptan el “cuadro” que ven en los peinados de los músicos raperos. Sin embargo
estar estrategia llega a fallar, porque a pesar del ocultamiento de los colombias o
la invisibilidad de la identidad al transformar sus elementos, la policía siempre
encuentra la conjunción de los elementos simbólicos e identitario que definen a
estos jóvenes. Los jóvenes entienden este proceso, lo explican y se apropian de
este entendimiento:

Si, no pos por la vestimenta, si, te cortas la patilla y este pos te
paran porque todavía te sigues vistiendo aguado asi o

te vistes

normal y andas, así "que onda" sin patillas ni nada y te ven y, por los
tatuajes "ha que lo ven tatuado, mariguano, aca". 04 B

Otro cambio experimentado es en la forma de bailar, la espectacularidad del baile
de los colombias residía en dos estilos: el baile de la motoneta y el baile del
Gavilán. El primero fue bautizado así por la industria cultural por medio de Jesús
Soltero, conductor de televisión en programas de música de la onda grupera.

La actual generación de colombianos están viviendo un cambio significativo en la
forma de bailar la música colombiana, tanto en la forma suelto, como en la forma
431

�en parejas. “Si, llegue a bailar así no mas como ya sacaron esos de un solo paso
ya todas se van a lo que es el ritmo de la música, pum, de un solo paso, de un
solo paso, ahorita ya es raro que se vean el paso de antes, veda” (04 B) nos
cuenta un joven de 20 años que se encuentra inmerso en este proceso de cambio
en el estilo

Los jóvenes son testigos de estas nuevas modalidades de baile, donde el estilo se
impone sobre las formas tradicionales de bailar, todo se transforma, pero en el
nuevo acomodo se resignifica y se mantiene la identidad: el gavilán de los
noventa se identifica con el baile que lo sustituye, el de las puntitas.

Ahorita sacaron el famoso paso de las puntitas, que se paran
con las puras puntas y ahí están bailándola, si, es el que mas
están usando ahorita, es parecido al gavilán, nada mas que el
gavilán era con el pie nada mas apoyado y las manos hacia atrás
moviendo muy así y ahorita pues son con los brazos extendidos
como cristo mas o menos y pues las puntitas ahí a todo lo que da.
02 B
En los salones de baile de principios de los noventa comenzó a configurarse la
violencia entre los grupos juveniles rivales que se aglutinaron en grandes
colectividades. Por un lado apareció a principio de los noventas las bandas unidas,
que después se congregarían en el símbolo Uno. Poco después surgen los
Arzovispos, una sola banda que reunía a jóvenes que vivían en distintas colonias
del área metropolitana, que después aglutino a bandas que en su territorio local
conservaban su identidad de grupo, pero que al conjuntarse en los salones de
baile de la época, se identificaban como Arzovispos. De esta última agrupación
metropolitana surge el símbolo Star o la estrella, nombre que provenía del salón
mas concurrido en la época: los Star.
432

�El Uno empezó en la Paraíso,56 el Star si no sé dónde yo me
uní al Star allí en la Bodega57 con los traviesos de la Felipe y los
Pachecos de la 11… los del Uno son más correteados, pero el
uno yo entiendo que empezó allá en la Paraíso con los Huérfanos,
con los Huérfanos de la Paraíso, los Tebanos todos esos son los
iniciadores del símbolo Uno. Antes los contrincantes del símbolo
Uno eran los a
Arzobispos, los Arzobispos tú sabe como era una banda como
quien dice internacional de todas las colonias conocidos como
símbolo Star,… o sea el símbolo Uno era un solo símbolo pero
eran muchas pandillas y los Arzobispos era una sola banda pero
de varios colonias por ejemplo de cada colonia tres o cuatro se
juntaban y se hacía un bolón en los bailes en los salones que
estaban ahí en B. Reyes, como en el 92, 93 que andábamos por
ahí, de hecho en veces dividían, y aventaban a todos los que
eran Arzobispos, Rebeldes de Sierra Ventana, Pequeños eran de
este lado del otro lado de la malla aventaban a todo el símbolo
Uno los Parrandero este, Valle Verde, los Cumbiaberos, para que
no se hiciera la bronca, porque si juntaban a todos iba a ser una
bronca imparable, y no le van a poder controlar con la policía
porque eran alrededor de 200 personas, 100 contra 100. 05 B

Los símbolo Star y Uno permanecen en los escenarios de los colombianos y se
usan para representar el grupo de pertenencia, la red de amistad y enemistad
configurada en el mapa urbano de los jóvenes colombias. En el baile el símbolo
56
57

Colonia localizada en Guadalupe, mientras que los Arzovispos se ubicaban principalmente en San Nicolás.
Salón de baile que se ubicaba en la colonia Azteca en San Nicolás de los Garza

433

�aglutina, pero también separa de los enemigos:
A si es que ira, en ese tiempo si era e cuando todavía se usaba
el símbolo Star, el símbolo Uno, era cuando era la UDS Unión de
Estrellas la UDL, Unión de Locos, la Unión de Locos era el símbolo
Uno y en la Fe siempre pues que la UDS y la UDL y siempre en el
medio había, había broncas, se tiraban el símbolo y se enojaban y
pos también te tiraban, se enoja y por eso se hace así, se hace la
trifulca, ahí en el baile. 04 B

Hora hacen señales, así como que se, se enfrentan, cuando es
la rueda, que antes era la rueda que no dábamos vuelta prum,
como que así, como uno (incomprehensible) .. pa el mismo lado y
ahora se van topando, y se, bueno sí lo he visto, así lo vi en el
último baile que fui, se hacen como señales así pos de una banda
contra otra se hacen señales en la cara. Me imagino que eso ya
viene llegando ya las broncas. Antes también, antes también era
igual, así ibas, ibas dando vuelta y ya te miraba alguien más y se
hacían las broncas, como quiera si inducía a las riñas, se llamaba
al refuego ahí. 01 A

La rueda es donde se escenifica la violencia, donde se utilizan los
símbolos para incitar a los grupos rivales. En la rueda los jóvenes
celebran de manera dionisiaca el desenfreno, la alegría y la emoción de
estar juntos “la emoción colectiva es algo encarnado”, señala Maffesoli
(2004:59). Los jóvenes hacen gala de sus ropas, de sus peinados y de
sus accesorios; se representan frente a los demás. En la rueda están a
la vista del resto, de los amigos y de los enemigos, se trata de demostrar
que se es el mejor para bailar, el mejor para los pleitos, el más galán
434

�frente a las mujeres. Pero la rueda también es el escenario de la
enfrenta, el lugar de los roces, de los empujones, del agandalle, de
mostrar que se puede más que los rivales, la oportunidad para levantar
el símbolo, para delimitar fronteras y ganar territorios

Si porque en parte éste se mete por decir, está bailando el
símbolo Star y llega por decir un chavo del uno o varios chavos y
se quieren meter ahí es muy raro que se vea eso porque cada vez
que llegan se pelea pero si hay uno que otro que si llega y se mete
como si nada y trata de meterse en medio Como para decir aquí
estoy no me hacen nada soy el mero mero bueno de aquellos y
que no sé qué pero por eso no tratan de empujar para que no, no
trate de hacer menos a los demás 02 B

En el centro esta la vida, quien ocupe ese lugar será observado por todos los
espectadores que se quedan al margen, haciendo un circulo para las que bailan.
El grupo pasa a segundo plano, solo cobra importancia cuando toca una cumbia
que llama a la mayoría a meterse a la rueda, El espectáculo esta en los que gira,
parejas e individuos solos se aglutinan hacia el centro. En el confluyen los
jóvenes, se arremolinan, se sostienen con los hombros izquierdos, con las manos
forman los símbolos, el Star o el Uno, los brazos se levantan. De vez en cuando
alguien intenta meterse hasta el centro, pero es repelido por los que ya se
apoderaron del mismo.

Nuevas territorialidades en el mundo colombias
Durante los noventa el estilo juvenil de los colombias estaba ligado al territorio del
grupo. El territorio se defendía o se conquistaba a través del pleito barrial. La
435

�música acompañaba a los colombias en esa práctica de defensa o de conquista,
sin embargo la definición de territorialidad fue cambiando por la situación de
violencia en la ciudad de tal forma que “antes era la fama si, el nombre y el
territorio, ahora ya no se usa ese tipo de cosas” (03 A) por lo que el colombias de
ahora prefiere mantener un perfil bajo:

Las broncas antes peleaba por la situación que está en Nuevo
León antes peleaba mucho el nombre, hey que se escucha mucho
que los dragones de sierra, los muertos de la camay, que se
usaba, que se mandaban saludos en la radio que se usaba
mucho, ahora no, ahora ese tipo de cosas ya no está todo eso por
la situación en que está Nuevo León. Sí porque entre más fama
tengas, mas te busca. 03 A

La violencia hacia los jóvenes, tanto la que provenía de las instituciones de
seguridad como la del crimen organizado transformaron el sentido de territorialidad
en los jóvenes de ahora. Ya no se defiende el territorio, el “terreno”, se han caído
las fronteras entre los grupos juveniles en gran parte de los barrios de la ciudad

No sin que nadie, solos, solos ahí en las esquinas llegaron y
"Que onda las pases, veda, la violencia, na, no si, no pos chido,
veda, pueden pasar pa´lla, igualmente ustedes pa´ca" y solos, ni
que alguien nos dijera "he hagan las paces o sin o acá", no todo a
su tiempo, veda se fue calmando. A decisión de las pandillas” 04
B

436

�Los más jóvenes son los que han hecho las paces con sus grupos de pares, a
pesar de los símbolos distintos, la violencia barrial se olvida entre ellos y solo
queda el pleito entre los que tienen broncas entre si o los grandes.

Ya no hay pleitos como, antes teníamos pleito con unos bueyes
de acá atrás, del símbolo Uno, y los Pilocos que eran Uno
también, ya después se fueron difuminando los grandes y se
quedaron puros morros, uno no podía ir para allá , para aquel
lado y a haya eran que, puros que, puros Unos. No los empecé
a cotorrear y has de cuenta que empecé a pasar para haya y ya
no me decían nada, ya era más por banda, por los que tuvieran
fallas, verdad y también acá abajo ya no, ya también con los
Pilocos, ya no tenemos fallas, bueno los más grandes si. 05 B

Esa nueva territorialidad nacida de la violencia urbana, también afecta a la
dinámica de juntarse en las esquina o en los lugares de reunión habituales de los
jóvenes colombias, así que

Porque pasaban de repente y nomas tiraban plomazos de las
trocas. Casi también todo eso lo de, de los malitos y todo eso
calmo lo de las bandas, calmo eso del símbolo Star y símbolo
Uno, porque todos se desafanaron ya todos prefieren estar en su
casa encerrados que estar en la calle arriesgándose de, los
policías todos estaba comprados en ese tiempo, ya casi ya, ya
nadie quería andar en la calle 05 B

437

�CONCLUSIONES
En la música colombiana, el joven encuentra no solo una manera de expresar
sentimientos, sino también una forma de expresar objetivamente ese sentimiento
colectivo; expresión que se da en el baile, en la forma de vestir y en la forma de
agruparse. La música permite la estabilidad de los grupos juveniles colombias, a lo
largo de 25 años, a pesar de los grandes cambios que ha experimentado en su
expresión y en su representación. Maffesoli señala que “ permanencia e
inestabilidad son los dos polos alrededor de los cuales se articulará lo emocional”
(2004:57). La permanencia del estilo permite la identificación emocional con la
música, pero la inestabilidad de los elementos que confluyen en el estilo, permite
que los jóvenes se identifiquen con este. La experimentación, la innovación en el
estilo, la posibilidad de exponer nuevas propuestas permiten que el estilo se
renueve y se presente como actual.

La

memoria colectiva del estilo, la evocación nostálgica de las melodías

colombianas de otros tiempos, cantantes que llenan de simbolismos el consumo
de la música, como Alfredo Gutiérrez, Aniceto Molina, Celso Piña o Paco Silva, las
melodías clásicas de cumbia y paseos vallenatos son el anclaje de la identidad
con la música, la permanencia a pesar de los cambios experimentados.

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Entrevistas
Grupo A


Chikis, Pequeños de la Peña Guerra, 24 de diciembre del 2013 y 3 de
enero del 2014,
Colonia Roberto Espinosa, Apodaca.



Bula, Alfareros del Topo Chicos, 3 de enero del 2014
Colonia Casa Blanca, San Nicolás de los Garza.



Memin, Panchitos de la Felipe Carrillo, 4 de enero del 2014
441

�Colonia Felipe Carrillo, Escobedo.


Ele de los Pericos de la Consty, 11 de febrero del 2014
Colonia, Apodaca



Jelo de los Pequeños de la Peña Guerra, 15 de marzo del 2014
Colonia. Real San Pedro, Zuazua
Satanas de la Monterreal
Colonia Monterreal, Escobedo



Los campesinos de la cumbia, Fomerrey 19, Guadalupe, 10 de julio de
1996

Grupo B


Nelson Regreso Vallenato, 4 de enero del 2014
ColoníaFelipe Carrillo, Escobedo



Güero Pepos, de los Pepos de la Constituyentes de Querétaro,15 de
marzo del 2014
Colonia Nuevo Mezquital, Apodaca.



Martin de los Power
Colonia Fomerrey 105, Monterrey, 26 de abril del 2014



Keelin de los Pepos de la Constituyentes de Querétaro



Colonia de la Constituyentes de Querétaro, San Nicolás de los Garza, 17 de
mayo del 2014



Jenru de los Convers de la Unidad Piloto, 24 de mayo del 2014
Colonia Unidad Piloto, Guadalupe

442

�VIVIR PARA CONSTRUIR, DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA
EN ADOLESCENTES INDÍGENAS. PROYECTO DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA EN JUÁREZ, N. L.
Gelacia Cecilia Chávez Valerio58
María del Carmen Farías Campero59

RESUMEN
El proyecto vivir para construir forma parte de las estrategias de acción que la
organización Zihuame Mochilla ha estado implementando con adolescentes que
pertenecen a la comunidad de los Naranjos en el municipio de Juárez, N. L.
Esta intervención se planteó en base a las necesidades detectadas, donde resulta
apremiante realizar acciones enfocadas a la población indígena adolescente que
permitan la inclusión social de este importante grupo en la vida comunitaria. El
proyecto Vivir para Construir se implementa como parte de un modelo de
intervención comunitaria, que busca contribuir al fortalecimiento de la cohesión
social mediante el incremento de las habilidades en las y los participantes,
además de facilitar el acceso a servicios de atención integral (educación y salud)
para adolescentes de la comunidad de la colonia Arboledas de los Naranjos en
Juárez, N. L., entre los que se encuentra un número importante de adolescentes
indígenas nahuas.
Durante un período de 11 meses, poco más de cien adolescentes de ambos sexos
que pertenecen a la escuela Secundaria Francisco Goitia y a la comunidad de
Arboledas de los Naranjos, han participado en las diversas estrategias de acción.
58

Gelacia Cecilia Chávez Valerio es coordinadora del proyecto Vivir para Construir en Zihuame Mochilla A.C.,
y dirige el colectivo Contacto Social correo electrónico: cecipsique@gmail.com
59
María del Carmen Farías Campero es directora de Zihuame Mochilla A. C., correo electrónico:
carmenfarias@yahoo.com

443

�Es a través de talleres formativos, acciones de alfabetización, actividades
culturales y deportivas, que las y los participantes han desarrollado y/o reforzado
sus habilidades psicosociales, lo que ha permitido que cuenten con mayores
recursos sociales para interactuar con sus pares y con las personas adultas de la
comunidad, promoviendo con esto la disminución de la situación de vulnerabilidad
en la que se encuentran.

Palabras clave: adolescentes, indígenas, habilidades para la vida.

INTRODUCCIÓN
Considerando las condiciones de exclusión social, marginación y discriminación en
que se encuentran las personas indígenas viviendo en el Área Metropolitana de
Monterrey, específicamente la población joven, se implementó un proyecto de
intervención social basado en un modelo comunitario de carácter preventivo e
integral que, en el corto y mediano plazo, permitiera contribuir a incrementar la
calidad de vida de las y los adolescentes indígenas y sus familias, promoviendo
además el fortalecimiento de la cohesión social mediante el incremento de las
habilidades sociales y acceso a servicios de atención integral para adolescentes
de la comunidad de los Naranjos en Juárez Nuevo León.

Con la implementación de este proyecto las personas participantes adquirieron los
conocimientos y herramientas que les permitieron ser capaces de buscar y
proponer soluciones a las problemáticas que enfrentan, tomando en cuenta que
además se adquieren compromisos con la sociedad a través de un proceso
reflexivo que conecta lo personal con lo social y genera en el transcurso
sentimientos y emociones de pertenencia (Benedicto y Morán, 2003).

444

�En este proyecto se consideró trabajar con las personas participantes para lograr
un cambio y mejora en las habilidades y destrezas que les permitan afrontar las
problemáticas y condiciones del entorno.

Es sabido y aceptado que las causas de muchas de las problemáticas que
enfrentan son externas y ajenas a ellas, el alcance de este proyecto no contempló
el cambio de situaciones externas al grupo por corresponder a factores
complejos60 que exceden la capacidad y los recursos del proyecto, sin embargo si
se planteó que las personas participantes desarrollaran habilidades psicosociales
y capacidades que les permitan afrontar estas circunstancias desde una posición
socialmente activa, para con estos elementos cuestionar su realidad y desarrollar
propuestas para mejorar su condición individual y colectiva.

Se ha correlacionado la participación e involucramiento de los grupos marginados
con la solución de los problemas colectivos, demostrando que a través de la
participación se construye la identidad, se desarrolla la confianza y la autoestima,
el grupo se cohesiona y se hacen responsables de definir y actuar para mejorar
sus condiciones de bienestar (Whitmore y Kerans, 1988).

Es a través de la inclusión social que las personas adolescentes logran alcanzar
satisfactores subjetivos básicos que se manifiestan como: sentimiento de
integración, confianza, estima, seguridad emocional, esperanza, alegría, éxito y
reconocimiento constructivo, mientras que los adolescentes marginados excluidos
de los entornos sociales y las oportunidades educativas, tienden a desarrollar con
mayor frecuencia una identidad negativa, lo cual favorece la búsqueda de
60

Entre los factores complejos que afectan a personas y grupos indígenas se encuentran los efectos de la
globalización; la pobreza; la desigualdad económica; la exclusión social; y la exclusión política (Stavenhagen,
2002).

445

�sensaciones de logro mediante comportamientos peligrosos (Krasukopf, 2001;
2005).

Contrarrestar estos problemas es una de las propuestas de la presente
intervención a partir de la formación de sujetos activos capaces de transformar su
realidad, a través del desarrollo de la autoestima y de la identidad, elementos
indispensables que favorecen la construcción de un plan de vida.

PANORAMA ACTUAL DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

La situación actual en términos sociales y económicos que se vive en el Estado
afecta en general a la población, sin embargo quienes resienten el impacto de
forma más intensa son las y los adolescentes indígenas. Esta población se ve
directamente afectada por la falta de oportunidades para obtener un empleo bien
remunerado, una educación de calidad eficiente, espacios de convivencia sana,
servicios de salud adecuados y enfocados a sus necesidades específicas,
repercutiendo todas estas carencias en su calidad de vida y en una ausencia de
un proyecto de vida a futuro.

Estivill (2003), señala como a través de acumulación de procesos y rupturas se va
&lt;inferiorizando&gt; a personas, grupos, comunidades y territorios con respecto a
centros de poder, recursos y valores dominantes. Cuando la población tiene pocas
oportunidades para mejorar su calidad de vida en estos ámbitos hay un riesgo
latente dentro de sus comunidades, pues se aumenta el riesgo de continuar con
una formación inadecuada que se da predominantemente en las calles, con esto
las capacidades y oportunidades se ven recortadas de forma drástica, donde la
mayoría de estos adolescentes en situación de vulnerabilidad estarán condenados
a vivir y replicar modelos de pobreza y violencia.

446

�Debido a la situación actual de la población adolescente se planteó la necesidad
de implementar este proyecto en la colonia Arboledas de los Naranjos ubicada en
el municipio de Juárez Nuevo León, buscando potenciar las habilidades y
capacidades de adolescentes para que sean verdaderos actores en esta etapa de
su vida; trabajando desde la prevención para la promoción del desarrollo integral
fortaleciendo las habilidades y contribuyendo al incremento en la calidad de vida.

La propuesta de trabajo se formó a partir del conocimiento del contexto vulnerable
en el que la población adolescente de esta comunidad

se encuentra, lo cual

agrava el riesgo de conductas violentas y delictivas. Ante estos factores de riesgo
se plantea un diseño de estrategias de
habilidades

psicosociales,

el

acción a través del desarrollo de

establecimiento

de

vínculos

mediante

el

acercamiento de instituciones, además del fortalecimiento de redes de apoyo
familiares y comunitarias, que pueden llevarse a cabo a través de esta
intervención transversal.

ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD
La Colonia Arboledas de los Naranjos se fundó en el año 2003 para dar cabida a
550 familias reubicadas de asentamientos irregulares ubicados a lo largo de los
ríos La Silla y Santa Catarina en los municipios de Guadalupe y Juárez Nuevo
León, en un programa conjunto entre autoridades federales, estatales y
municipales. Las familias que llegaron a esta colonia procedían de entornos muy
diversos, desde el inicio se dieron situaciones de tensión, la drogadicción y
violencia entre la población joven no tardó en hacerse presente. Entre el grupo de
familias reubicadas destaca la presencia de más de setenta familias nahuas
quienes habían vivido quince años en un asentamiento congregado y que
formaban una comunidad tradicional con fuertes lazos, todas ellas originarias del

447

�mismo pueblo, Chahuatlán, Ilamatlán, Veracruz. Para estas familias la tensión fue
mayor al ser víctimas de discriminación y rechazo en la nueva vecindad.

Actualmente la población joven de esta colonia presenta características
específicas las y los adolescentes pueden dividirse en dos grandes grupos, el
primero y más numeroso está conformado por adolescentes que asisten a la
escuela y viven como hijas e hijos de familia y el segundo conformado por
adolescentes varones, quienes en su mayoría abandonaron o nunca asistieron a
la escuela, no trabajan y pasan la mayor parte del día en las calles de la colonia,
consumen inhalantes y son rechazados por la comunidad. En ambos grupos hay
población

indígena,

por

lo

que

se

trabajó

con

la

población

joven

independientemente de su origen étnico.

Este proyecto se implementó con ambos grupos de adolescentes

buscando

ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo individual y colectivo de acuerdo con
su condición específica. Con los grupos que se encontraban en situación de calle
se trabajó de manera más intensa, buscando desarrollar las habilidades sociales y
abrir nuevas ventanas de oportunidad para formular un plan de vida y contar con
herramientas que les permitan romper el círculo de pobreza y marginación en el
que se encuentran inmersos.

448

�SUSTENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Respecto a la etapa de la adolescencia
La adolescencia puede ser definida como la etapa de la vida comprendida entre
los 10 y los 19 años de edad, en la que se experimentan procesos críticos de
transición que se asocian a cambios físicos y emocionales, a modificaciones en
los roles familiares y sociales, así como la progresiva adquisición de la autonomía
económica, profesional y personal (Schiavon, 2008).
Esta etapa es considerada como un periodo vital en el que las personas van
tomando un rumbo en su desarrollo, alcanzan la madurez sexual, basándose en
sus recursos psicológicos y sociales obtenidos desde el crecimiento previo, con
los cuales siguen construyendo su identidad y planteándose un proyecto de vida
propio (SSA, 2008).
La adolescencia representa el momento en que se va dando una reestructuración
en la construcción de la identidad y se van diversificando, con mayor fuerza que
en la infancia, las referencias de "otros" (grupos, personas) más allá de los padres.
La necesidad de pertenencia, el ser parte de algo, revelada a través de la
grupalidad, parecería atravesar todas las expresiones que transitan los
adolescentes (Konterllnik, 1999).
En los sectores más pobres, los adolescentes desarrollan en la esquina el sentido
de pertenencia que necesitan para sentirse parte de un "algo social" y que en
muchas oportunidades les es negado por las instituciones sociales (Konterllnik,
1999).
Es por este motivo que se tomó la decisión de implementar el proyecto con este
grupo poblacional, pues es en esta etapa que las y los adolescentes experimentan
cambios tanto físicos y emocionales, se van dando una serie de modificaciones en
los roles familiares y sociales, además de que el/la adolescente va adquiriendo
una autonomía tanto personal y económica. Las y los participantes involucrados
449

�dentro del proyecto se encuentran dentro del rango de edad de los 12 a 17 años y
muestran características ya señaladas en los párrafos anteriores.
Modelo teórico basado desde el aprendizaje social y el desarrollo de
habilidades sociales
La intervención se encuentra sustentada en un modelo de aprendizaje social. Con
el desarrollo de este proyecto se buscó que las y los adolescentes a través de las
conductas observadas puedan modelar las conductas, actitudes y reacciones
emocionales para el proceso de aprendizaje. A partir de estas estrategias se
buscó que las y los adolescentes fueran construyendo su conocimiento por medio
de la fijación de metas, tareas de análisis, estrategias de planeamiento y por el
monitoreo de su comprensión a través de los temas y ejercicios realizados en los
distintos momentos de la implementación.
Fundamentar la intervención desde ésta teoría le permite al adolescente formular y
alcanzar metas concretas, realistas y viables, que provean el espacio para el
manejo de los sentimientos y emociones que acompañan el cambio de lo conocido
a la adopción de comportamientos nuevos, a través de la integración a nuevos
espacios colectivos.
En la teoría del aprendizaje social, Bandura enfatiza el proceso de aprendizaje por
observación, en el cual el comportamiento de la persona cambia como resultado
de la observación de nuevos comportamientos y de las consecuencias producidas.
En esta propuesta se identificaron diversos factores que determinan si la
intervención puede producir el cambio de la conducta o el cambio cognitivo (Vega,
Maddaleno y Mazin, 2005). En esta teoría desarrollada por Bandura, se hace gran
hincapié en la importancia que tiene observar y modelar las conductas, actitudes y
reacciones emocionales de los otros para el proceso de aprendizaje de los
individuos. Según los principios de esta teoría el comportamiento del adolescente
se adquiere fundamentalmente en el entorno social mediante un aprendizaje por
observación (López y Moral, 2009).
450

�Uno de los factores fundamentales que se retoma es el concepto de autoeficacia,
que juega un rol importante, haciendo referencia a las creencias que el
adolescente tiene respecto a sus propias habilidades y capacidades para realizar
el comportamiento que ha observado.
Otro de los enfoques abordados en el presente proyecto se relaciona con las
habilidades para la vida, entendiendo ésta como una estrategia que permite a las y
los adolescentes afrontar riesgos y adversidades que contribuya al desarrollo de
conductas saludables (Nirenberg, 2006).
Se entiende por habilidades para la vida el “conjunto de conductas emitidas por
un individuo en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación,
respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros
problemas” (Caballo, 1993).

Es muy importante detectar cuanto antes el déficit en habilidades sociales debido
a las

consecuencias que puede conllevar el mantenimiento y posterior

agravamiento de las mismas a nivel social, el sufrimiento, angustia y malestar
que puede producir a nivel

personal emocional en el individuo (Camacho y

Camacho, 2005).
Desde este enfoque se promovieron ejercicios y técnicas buscando favorecer el
desarrollo y/o fortalecimiento de las habilidades sociales, cognitivas y emocionales
que les provean de herramientas para afrontar y superar las distintas
problemáticas que rodean su entorno.

Cuando se desarrollan las estrategias desde ésta metodología, se promueve el
aprendizaje basado en una pedagogía de aprendizaje activo, favoreciendo con
esto la participación e involucramiento de las personas que forman parte del
451

�proyecto, es decir se da una enseñanza que permite a las personas involucradas
decidir cómo pensar, en vez de qué pensar, ofreciéndoles herramientas para la
solución de problemas, toma de decisiones y manejo de emociones que les ayude
en la construcción de su identidad y plan de vida (Nirenberg, 2010).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Vivir para Construir se desarrolló de Julio 2013 a Junio 2014. En él
participaron 110 adolescentes, 38 mujeres y 72 varones, de entre 12 y 17 años de
edad. Se trabajó por medio de talleres, sesiones de asesoría grupal e individual,
en estos espacios se analizaron distintos temas asociados a habilidades para la
vida, buscando que las y los adolescentes

reflexionaran acerca de sus

habilidades y las reforzaran a través del trabajo grupal e individual. Adicionalmente
se ofrecieron talleres de pintura, música, computación y deportes, buscando que
desarrollaran destrezas y encontraran actividades amenas en que ocupar su
tiempo libre.
A continuación se describe el objetivo general; los objetivos específicos y los
resultados obtenidos en éste proyecto.
OBJETIVO GENERAL
Incrementar las habilidades psicosociales en las y los adolescentes, utilizando
herramientas de formación, reflexión (pensamiento crítico) y expresión que
contribuyan a fortalecer la integración social, dignificándoles como personas
responsables y comprometidas con la transformación de su entorno individual y
social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Capacitar a los adolescentes en el desarrollo de habilidades para la vida a
través de un taller que fortalecerá las habilidades psicosociales fomentando
la adquisición de estilos de vida saludables.
452

�2. Ofrecer asesorías y consejería individual y grupal a los/las adolescentes
para la construcción de su proyecto de vida.

3. Ofrecer a las y los participantes herramientas tecnológicas y de información
para la promoción del ejercicio de la participación y responsabilidad
comunitaria.

4. Facilitar el enlace a través de una expoferia entre las y los adolescentes y
las instituciones que ofrecen servicios de salud, educación y capacitación
para el trabajo.

RESULTADOS DEL PROYECTO
En total participaron 110 adolescentes entre 12 y 17 años de edad, se trabajaron
12 talleres en sesiones de 2 horas en donde se vieron los siguientes temas:
identidad; autoestima; comunicación y asertividad; manejo de emociones y
sentimientos; resolución positiva de conflictos; toma de decisiones y trabajo en
equipo; y pensamiento creativo y crítico.
El equipo operativo estuvo constituido por una psicóloga y un psicólogo quienes
estuvieron apoyados por una trabajadora social, para los talleres de pintura,
guitarra, computación y deportes se contó con profesionistas especializados en los
temas.
Además de los talleres de habilidades se brindaron 52 asesorías individuales y 14
asesorías grupales que tuvieron como finalidad la elaboración de un plan de vida
por parte de las y los participantes involucrados.
Se formaron 8 grupos para el taller de habilidades para la vida, 2 se
implementaron en la escuela secundaria y 6 grupos en comunidad. En los talleres
453

�de computación participaron 91 personas quienes adquirieron o ampliaron sus
conocimientos en tecnologías de la información.
Es gracias al trabajo realizado durante estos meses que se lograron los principales
cambios atribuibles al proyecto. Al inicio se pudo observar que las personas
participantes no tenían un plan de vida definido, motivo por el cual durante el
proyecto fueron desarrollando varios ejercicios en los cuales plasmaron sus metas
a corto y mediano plazo.
Conforme se desarrollaron las diversas estrategias de intervención se fueron
manifestando cambios en las actitudes y habilidades de las y los adolescentes
participantes, estos cambios se hicieron más notorios entre aquellos adolescentes
que habían abandonado la escuela en etapas tempranas antes de concluir su
educación primaria. Con este grupo es importante destacar que a partir de la
intervención y por invitación expresa del personal de psicología, diez de estos
adolescentes aceptaron recibir apoyo en lectoescritura para mejorar su
desempeño. Y es por este mismo motivo que seis de ellos que ya son mayores de
quince años, se inscribieron en el programa de INEA61 para concluir sus estudios
(cuatro de ellos en primaria y dos participantes en secundaria).
A si mismo también a través de la Expoferia de Servicios pudieron conocer
instituciones que trabajan con población joven, los servicios que ofrecen y a donde
pueden acudir en caso de requerirlos.
Entre las instituciones que participaron en este evento se pueden nombrar:
Instituto de la Juventud Municipal de Juárez, Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de Prevención del Delito de
Juárez, Sexualidades A. C., Colectivo Acción Deportiva Ecológica, Colectivo Pata
de Gallo, Fondo de Cultura Económica, Grupo SKAñamo y Centro Comunitario de
Desarrollo Social Arboledas de los Naranjos.

61

INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

454

�CONCLUSIONES
Para la Organización y quienes financiaron esta propuesta de intervención es de
vital importancia que los adolescentes sean conscientes de que se encuentran en
una etapa de la vida donde es imprescindible que las decisiones que vayan
tomando sean reflexionadas y que de esta forma puedan ir construyéndose el
camino que ellas(os) mismas (os) deseen. Es por este motivo que se desarrollaron
estas estrategias de acción, favoreciendo que las y los adolescentes pudieran ir
conociendo y practicando con herramientas que les permitiesen la reflexión y el
análisis de las decisiones tomadas.

Al diseñar e implementar una intervención efectiva en el desarrollo de habilidades
para la vida en adolescentes se tomó en cuenta el desarrollo e implementación de
técnicas y herramientas que permitieran el análisis en cada una de las situaciones
o factores que pudieran representar un riesgo para la vida de la o el adolescente.
Con las acciones implementadas no solo se les facilitaron los recursos para el
afrontamiento, sino que se fortalecieron las redes de apoyo tanto institucionales
como entre pares para una intervención más sólida y eficaz.
Es a través de la adquisición de los conocimientos, recursos cognitivos y apoyo
social, mediante la construcción y fortalecimiento de redes sociales obtenidos
durante los talleres y actividades promovidas por la Institución que

las y los

adolescentes y jóvenes tienen la facilidad para ir construyendo un proyecto de vida
a futuro con solidez, que incida en la vida familiar y comunitaria. Siendo a través
de estas acciones que se contribuye en el restablecimiento del tejido social para
generar un impacto positivo dentro de la comunidad.

455

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457

�REDES SOCIALES DE APOYO, UNA OPCIÓN PARA LA INTERVENCIÓN
SOCIAL CON ADULTOS MAYORES.

María del Carmen Navia Rivera
María Guadalupe Fosado Álvarez 62
Claudia Sandoval Cervantes63
RESUMEN

Una de las preocupaciones que existe en éste momento por parte de instituciones
públicas, privadas y sociales, es la atención que se debe dar a los adultos
mayores. Conforme la tecnología avanza, se ha dado la pauta para generar a que
la expectativa de vida se incremente, sin embargo, hace falta mayor educación
para la salud.

Datos de INEGI exponen que, de cada 100 adultos mayores, 26 sufren de algún
tipo de discapacidad, aunado a ello, existe abandono por parte de familiares y la
sociedad. “El estudio del bienestar de los adultos mayores requiere que se
consideren atributos de salud, así como económicos, sociales y de su red socialfamiliar.” (ENASEM, 2013).

El presente trabajo tiene como objetivo: Establecer una estrategia de intervención
profesional a través de las redes sociales, en la que se promueva la vinculación de
las instituciones y la familia, como principales colaboradores en la atención de
cuidados al adulto mayor.

62

fosadoalvarez@yahoo.com.mx

63

sacc7@hotmail.com

458

�Con una perspectiva social, las redes sociales se han identificado y utilizado, quizá
no como un medio de intervención ante la problemática social, pero si, como una
medio de apoyo en el quehacer cotidiano del trabajador social desde sus orígenes,
en distintos contextos y niveles de intervención, atendiendo problemáticas del
individuo en múltiples áreas profesionales. En este sentido, el trabajador social, se
ve implicado en la tarea de formar, mejorar y expandir las redes de quienes por
diversas causas presentan problemáticas y necesidades que demandan ser
atendidas, al ligar los cuidados formales recibidos de distintos profesionistas con
aquellos vinculados a la familia, amigos y vecinos; así como de las mismas
instituciones.

Bajo este contexto, el presente trabajo presenta resultados de una investigación
para establecer la utilización de redes sociales que permitan, mejora en la
intervención a través de los estudiantes, en su formación profesional.

PALABRAS CLAVE: Redes sociales, adulto mayor, intervención social.

DESARROLLO

Las dinámicas sociales, económicas, culturales, y políticas actuales, han generado
nuevas formas de dar respuesta a las demandas de los diferentes grupos sociales,
en donde la atención por parte de las instituciones, ha sido históricamente, a
través de programas, apoyos, ayudas, que han permeado en muchos sentidos,
pasividad por parte de la población. Sin embargo, no se deja de lado que cada vez
existe un mayor interés por hacer evaluaciones no sólo en términos cuantitativos,
sino también cualitativos.

Los espacios educativos por su parte, y sobre todo en el nivel superior, también
tienen un papel importante en el desarrollo y atención de grupos, espacios,
individuos, a partir de programas escolares en el que se exige un mayor
459

�acercamiento con la población en las instituciones y fuera de ellas. Se busca
generar vínculos interinstitucionales, para que los estudiantes conozcan realidades
sociales concretas que les permitan diseñar, ejecutar y evaluar acciones en pro
del desarrollo comunitario, grupal e individual.

Atender éstas acciones obliga a la participación de las diferentes instancias para la
atención a grupos vulnerables, en el que para el presente trabajo interesa el adulto
mayor como uno de los sectores que requieren la atención multidisciplinaria e
interdisciplinaria que permita contribuir al bienestar, así como generar redes que
posibiliten la atención integral de dicho grupo.

La problemática social de la vejez, en relación a las estadísticas es alarmante,
dado que el promedio de envejecimiento en México está creciendo de manera
substancial, observándose con mayor frecuencia la falta de cuidado y el abandono
de este sector vulnerable. Según la Encuesta Nacional sobre Salud y
Envejecimiento en México al respecto menciona que

“debido al aumento

proyectado del número de adultos mayores en el país, se incrementarán las
necesidades de salud para este sector de la población, así como una mayor
prevalencia de uno de los problemas más temidos de la vejez: la dependencia
funcional. Su importancia se deriva de las consecuencias que conlleva, entre las
que destacan las de carácter personal (disminución de autoestima y bienestar
autopercibido), las de carácter familiar (cambio de rutinas y relaciones entre
integrantes de la familia), la prestación de cuidados especiales, el desgaste
emocional y físico del cuidador, la institucionalización y, finalmente las
implicaciones económicas a nivel individual, familiar, social y de políticas de salud”
(ENASEM, 2013).

Para 2050, se espera que haya 36 millones de personas mayores, cada año 600
mil personas ingresan al rango de adultos mayores. Datos de INEGI expone que
de cada 100 adultos mayores, 26 sufren de algún tipo de discapacidad, aunado a
460

�ello, existe un abandono por parte de sus familiares y la sociedad. “El estudio del
bienestar de los adultos mayores requiere que se consideren atributos de salud,
así como económicos y sociales y de su red social y familiar. Uno de los aspectos
más importantes en la etapa de adulto mayor es el deterioro de las capacidades
funcionales, emocionales y cognitivas. Estos cambios, junto con las enfermedades
crónico degenerativas, limitan la realización de las actividades habituales y
necesarias para la vida de las personas, con la consecuente disminución de su
independencia y la necesidad constante de ayuda” (ENASEM, 2013).

En México se tiene como cifra de acuerdo a INEGI que, 4 millones de adultos
mayores pertenecen a la población económicamente activa y la mayoría por su
cuenta, sin obtener acceso a prestaciones ni mucho menos instituciones de salud;
en el que cifras oficiales de criminalística del Colegio Jurista revela que los
ancianos son uno de los eslabones más débiles de la cadena social mexicana, en
donde los crímenes financieros han incrementado en 300% en los últimos 6 años.

Retomando datos del Consejo Nacional de Población, se calcula el aumento de
personas adultas mayores de 60 años o más tomando en consideración el 1 de
junio de 2012 un cálculo de 10 889 476, y para el 1 de junio del siguiente año 11
264 358, lo que supone un incremento de 374 882 entre esas dos fechas que,
divididos entre 360 se obtiene un incremento de 1 041.3 personas adultos
mayores por día. A partir de lo anterior, y a decir del Dr. Fernando Vidal Martínez 64
en 2020, uno de cada 3 mexicanos superará la etapa de la edad adulta; alrededor
del 2050, 3 o 4 de cada 5 mexicanos tendrán una vida adulta, por lo que las
expectativas de vida han cambiado.

64

Médico especialista en: Medicina interna y cardiología. Manejo integral de hipertensión arterial sistémica.
Valoraciones de riesgo quirúrgico, riesgo cardiovascular en paciente geriátrico. Manejo integral del paciente
con diabetes mellitus u obesidad.

461

�Estas cifras dimensionan la problemática ante la cual, es menester considerar el
papel que debe tener el trabajador social para la intervención con éste grupo,
visualizándose en su especificidad de acción.
Por lo que en éste sentido, la edad adulta implica generar esfuerzos para que los
riesgos que en sí la edad representa principalmente respecto a salud, no se vean
tan afectados. Ahora se vive más ¿pero con

calidad de vida?. Uno de los

problemas se concentra en la falta de prevención, en éste sentido la familia
requiere de una preparación económica, social, emocional que rompa estructuras,
estilos, formas individualistas en el que se vea al otro con un sentido solidario 65,
así mismo es menester que éste grupo etario se integre a otros grupos en donde
se genere un intercambio de relaciones y servicios que contribuyan a su calidad
de vida.

Ante éste escenario, se crea un área de oportunidad para el trabajador social el
cual como profesional en la atención de problemáticas sociales, puede intervenir
como organizador, capacitador, promotor, generador de redes de apoyo social.

Bajo éstas consideraciones, las redes de apoyo social son clave en las formas de
relación y sistemas de trasferencia, ya que será el medio de intervención y de
atención del adulto mayor, generando transacciones interpersonales que implican
ayuda, afecto y afirmación ante la pérdida de la funcionalidad familiar, logrando un
efecto de salud y protección personal, en el ámbito material (recursos monetarios
y no monetarios), de acompañamiento, emocionales y de intercambio de
experiencias, entre otros.

65

La familia no debe exigir una participación en el que se dependa exclusivamente de alguno de los
cónyuges o de los hijos, más bien requiere de una preparación para que el adulto mayor no signifique una
carga o él se sienta de esa manera debido a la dinámica que se genera en el ámbito familiar.

462

�MARCO TEÓRICO

El hombre es eminentemente social, y en su interacción con otros se configura y
se desarrolla como tal, con pares e incluso en los distintos grupos de pertenencia,
el cual irá cambiando a medida de su evolución. En la interacción que tenga con
estos grupos o personas puede o no, construir redes sociales. Marcel
Packman(1995), opina que éstas aportan sostén, contención, tejido social,
estructura, control y posibilidad de crecimiento.
“Las redes sociales están formadas por las redes de relaciones con otras
personas que un individuo configura en torno suyo y que no tiene necesariamente
como referente espacial o territorial, el lugar de residencia”(Lillo, 2004, pág. 90);
actualmente muchos de los adultos mayores como primer momento, la tendencia
es hacia el aislamiento, son los que se quedan en casa con o sin
responsabilidades de la misma, manteniéndose alejados de otros grupos, esto
ocasiona un deterioro emocional y de salud que cuando se intenta integrarlos
nuevamente se niegan, dejándolos indefensos, susceptibles a accidentes,
depresión, angustia, en pocas palabras a la soledad, porque aún estando con la
familia, la dinámica de cada uno de los miembros no les permiten una atención
especial.

Si se parte de entender la red social, habrá que considerar que ésta tiene siempre
a un individuo “lo que hace de ella un instrumento concreto y operativo para la
intervención social y supone un cierto grado de pertenencia”(Lillo, 2004, pág. 90),
es decir, interesa identificar a ese individuo con todas sus características,
condiciones y grupos que lo involucran para generar propuestas de apoyo y
fortaecer su calidad de vida.

Es conveniente hacer una distinción de los términos de red social, red de apoyo y
apoyo social en el que para el primero se refiere a “un grupo de personas, vecinos,
463

�amigos y otras personas capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales
como duraderos a un individuo o familia” (Ross Speck, 1989). Tan importantes son
las características del adulto mayor, como el grupo al que pertenece, ya que ellos
representan el total de las relaciones que un individuo identifica de manera
significativa y que lo define. En éste sentido la red social se convierte en un nicho
social del individuo que contribuye de manera importante a su propio
reconocimiento.

Como inherente a todo grupo humano, los círculos que integran la red tienen
movilidad, atravesando variaciones. Cuando éstas surgen, generadas por la
natural evolución o por crisis que afectan en forma “exógena” o “endógena” las
fracciones, tienden a “replegarse” constituyendo una red de apoyo, por último, el
concepto de apoyo social es entendido como el conjunto de recursos humanos y
materiales con que cuenta un individuo o familia para superar cualquier crisis que
enfrenta a lo largo de su vida. (Chadi, 2007)

De acuerdo al grado de cercanía o de lejanía de las relaciones que establecen los
miembros de una red, así como de la inclusión o exclusión, o de dependencia e
independencia, las redes sociales se clasifican en primarias, secundaria e
institucionales.

Respecto a las redes primarias, son aquellas que se establecen con cada
integrante de la familia, en el que los lazos que se construyen entre ellos generan
un fuerte apoyo para el sostenimiento familiar y puede contribuir de manera
significativa ante situaciones de crisis.

Las redes sociales secundarias son aquellas que involucran a otros miembros,
como el contexto social o

comunitario,

en

el que existe

solidaridad,

acompañamiento, cooperación, que van generando lazos importantes de

464

�autoayuda, lo que genera retroalimentación de experiencias y proyectos a partir
de las vivencias compartidas.

Finalmente, las redes institucionales, implican a todas aquellas dependencias que
otorgan servicios para que las familias tengan un apoyo a partir de dificultades que
se presenten o para generar calidad de vida. “El uso y aprovechamiento de los
recursos institucionales existentes en comunidades catalogadas como marginales,
depende en gran medida de la capacidad que logre desarrollar los individuos y sus
familias para acercarse a estos servicios y hacer uso efectivo de los mismos”.
(INPEC, 2014)

Con una perspectiva social, las redes sociales se han identificado y utilizado, quizá
no como un medio de intervención ante la problemática social, pero si, como una
medio de apoyo en el quehacer cotidiano del trabajador social desde sus orígenes
como profesión en distintos contextos y niveles de intervención atendiendo
problemáticas del individuo en múltiples áreas profesionales, de salud, educación,
medio ambiente, penitenciarias, entre otras. En este sentido, el trabajador social,
se ve implicado en la tarea de formar, mejorar y expandir las redes de quienes por
diversas causas presentan problemáticas y necesidades que demandan ser
atendidas, al ligar los cuidados formales recibidos de distintos profesionistas con
aquellos vinculados a la familia, amigos y vecinos; así como de las mismas
instituciones. De ahí que el trabajador social desde su intervención profesional
pueda fortalecer la intensidad y reciprocidad de las relaciones y mejorar la
vinculación y el comportamiento entre sus miembros y las funciones que cada uno
cumple.

Para ello, es necesario implementar acciones académicas en la cuales el
estudiante pueda participar desde la práctica escolar en la formación,
identificación y ampliación de redes sociales que apoyen la integración del adulto
mayor.
465

�En la formación de redes, Chadi (2007), sugiere una metodología de trabajo, que
se orienta en primera instancia a organizar y estabilizarla, para permitir en un
segundo momento el fortalecimiento de esta unidad de apoyo hacia un esquema
de trabajo más funcional. El proceso de trabajo en red consta de tres etapas:.

La primera es el diagnóstico social de la red, que consiste en determinar si su
interacción con el medio es favorable. La segunda es la evaluación de los medios,
este proceso es indispensable para identificar cuáles son los recursos útiles que
permiten estrategias de articulación y funcionamiento acordes con los objetivos de
la red. Y por último, la Intervención para mejorar los procesos de comunicación y
participación en estos grupos, para

generar separación en las relaciones

aglutinadas y proximidad en aquellas que se encuentren dispersas.

Con fundamento en lo expuesto, la problemática visible de las instituciones, no
solo públicas y privadas, también de los organismos no gubernamentales es la
“Omisión de cuidados al adulto mayor”, razón por la cual, a través de la Práctica
Escolar que se desarrolla en la formación de estudiantes de la licenciatura en
Trabajo Social, sería ésta una área de oportunidad, para actuar como coordinador
de redes y así mejorar los procesos de comunicación y participación del adulto
mayor, de la familia y de las instituciones, creando un apoyo real y duradero.

Casa de día de Pachuca, un espacio para la intervención

A lo largo de la historia, la atención del adulto mayor ha tenido diferentes cambios,
primero la encomienda estuvo asignada a la familia funcional, la cual cubría sus
necesidades, posteriormente con los cambios sociopolíticos actuales ha sido
necesario las creación de instituciones que cumplan las funciones que la familia ya
no puede, hoy en día con la integración de la mujer al mundo laboral, se requiere
de otro tipo de instituciones que le permita a la familia atenderlo sin precisamente

466

�estar en un asilo. Aunado a esto, el avance de la medicina y la tecnología han
prolongado el promedio de vida.

Estos factores requieren de profesionales que optimicen los recursos sociales y
humanos para que el adulto mayor no sea marginado de todas aquellas
actividades productivas, familiares, recreativas y sociales. Pensando en atender
estas necesidades surgen instituciones como “La casa de día del fraccionamiento
Punta Azul, Pachuca, Hgo”, cuyo objetivo es promover el desarrollo humano e
integral del adulto mayor, con la finalidad de proveerle mejores niveles de
bienestar en un entrono incluyente, estableciendo los mecanismos necesarios
para realizar una efectiva protección y respeto a sus derechos humanos, eliminado
toda forma de discriminación.

La misión de ésta Casa de día, es brindar a los adultos mayores la orientación
para acceder a una atención médica integral, al proceso de desarrollo productivo;
así como a más y mejores espacios culturales, deportivos y de recreación que les
permita mejorar su calidad de vida integrarse a sus familias y a la sociedad. En
este sentido, las redes de apoyo, se constituyen en un medio para lograr estos
propósitos, generando espacios de intervención profesional a los trabajadores
sociales, cimentados desde la práctica escolar, donde el alumno podrá identificar
las redes primarias, secundarias e institucionales que en el problema del adulto
mayor inciden.

RESULTADOS

Bajo este contexto se utilizó una muestra no probabilística de tipo aleatorio simple,
ya que las personas que fueron entrevistadas se seleccionaron al azahar. El total
de la población de adultos mayores que asisten a esta casa de día fluctúa entre 80
y 85, de los cuales, se eligieron a 40 de ellos. El criterio que se utilizó fue el poder
contestar el cuestionario, ya que algunos de ellos, por sus características físicas y
467

�psicológicas se encuentran limitados para hacerlo. La técnica utilizada fue la
encuesta, con un cuestionario constituido por 22 reactivos. Los resultados
obtenidos de forma cuantitativa se presentan en los siguientes cuadros:

Cuadro 1. Situación familiar y económica
¿Con quién
vive?

Porcentaje

Porcentaje

¿Recibe
apoyo de
algún
programa
social?

Porcentaje

%

¿Recibe
apoyo de
algún
familiar?

Hijos (as)

60

Si

50

si

40

Esposo (a)

12.5

Nietos

2.5

No

50

No

60

Solo (a)

22.5

Otros

2.5

Total

100

Total

100

Total

100

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por los 40 adultos mayores seleccionados y
que asisten a la casa de día “Punta Azul”, 2014

En este cuadro se muestran tres aspectos de la situación del adulto mayor, en
donde se puede observar que por lo general viven con sus hijos o solos, además
de depender económicamente de sus familiares o de algún programa social,
situación que demuestra la necesidad de redes de apoyo de redes institucionales
para solventar las necesidades propias de su edad.

468

�Cuadro 2. Relaciones Familiares
¿Considera
Porcentaje
que la
comunicación
dentro del
núcleo
familiar es
buena?

¿Alguien en
casa lo
regaña o
amenaza?

Porcentaje

¿Le tiene
miedo a
alguien que
viva en su
casa?

Porcentaje

Algunas

Si

17.5

Si

7.5

No

82.5

No

92.5

12.5

Veces
Casi Siempre

2.5

Nunca

85

Total

Total

100

Total 100

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por los 40 adultos mayores seleccionados y
que asisten a la casa de día “Punta Azul”, 2014

El ochenta y cinco por ciento de los cuarenta encuestados, afirman que la
comunicación en su hogar es buena, sin embargo de estos solo el sesenta y siete
por ciento son tomados en cuenta en la toma de decisiones en su hogar y se deja
ver una gran diferencia cuando el sesenta por ciento afirma pasar todo el día solos
realizando labores domésticas.

469

�Cuadro 3. Indicadores de abuso en la familia hacia el adulto mayor
¿Alguien ha
tomado sus
cosas o sus
pertenencias?

Porcentaje

¿Alguien en
casa regaña
o amenaza?

Porcentaje

¿Le tiene
miedo a
alguien con
quien vive?

Porcentaje

Algunas

12.5

Si

17.5

Si

7.5

No

82.5

No

92.5

Veces
Casi Siempre

2.5

Nunca

85

Total

100

Total 100

Total 100

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por los 40 adultos mayores seleccionados y
que asisten a la casa de día “Punta Azul”, 2014

En éste cuadro se puede observar que el ochenta y cinco por ciento menciona que
nunca le han tomado sus pertenencias, sin embargo existe un dos punto cinco por
ciento que casi siempre lo hacen, si se observa el porcentaje de que alguien lo
regaña o amenaza éste se eleva en relación al dos punto cinco, considerando de
igual manera que el siete punto cinco le tiene miedo a alguna persona con quien
vive, éstos porcentajes muestran la desprotección del adulto mayor y la necesidad
de integrarse a redes sociales de apoyo.

470

�Cuadro 4. Estado de Salud
¿Padece alguna
enfermedad?

Porcentaje

¿Cuál?

Porcentaje

SI

80

Diabetes

17.5

Hipertensión

27.5

Artritis

5

Osteoporosis

15

Triglicéridos

7.5

Otras

7.5

Ninguna

20

NO

20
Total 100

Total 100

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por los 40 adultos mayores seleccionados y
que asisten a la casa de día “Punta Azul”, 2014

De los cuarenta cuestionarios aplicados, el ochenta por ciento muestra que los
adultos mayores sufren alguna enfermedad, siendo la mayor la trascendencia
hipertensión y diabetes, por lo que se requiere de redes de apoyo institucionales
que prevengan y atiendan situaciones emergentes.

Cuadro 5. Servicio medico
Tipo de
servicio
medico

Porcentaje

¿Asiste a sus
citas
puntualmente?

Porcentaje

¿Quién lo
acompaña a
sus citas
médicas?

Porcentaje

IMSS

32.5

SI

87.5

Hijos (as)

35

ISSSTE

27.5

Esposo( a)

17.5

Seguro

22.5

Nadie

40

Otro

2.5

NO

10

Popular
Particular

15
471

�Ninguno

2.5

No cuenta con

2.5

No cuenta
con el
servicio

El servicio
Total 100

Total 100

5

Total 100

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por los 40 adultos mayores seleccionados y
que asisten a la casa de día “Punta Azul”, 2014

Retomando los datos del cuadro, si se suma el total de adultos que recibe el
Seguro Popular con los que no reciben ninguno, la cifra ascienden a veinticinco
por ciento, aunado a que el cuarenta y dos punto cinco por ciento, refieren que
asisten solos al servicio o acompañados de otros a sus citas, ello implica una
desprotección médica y una ausencia de apoyos familiares, de ahí la necesidad de
integrar a éste grupo a una red social de apoyo.

Cuadro 6. Relaciones Sociales
¿Con qué
frecuencia
asiste a
eventos
sociales?

Porcentaje

¿Con quién?

Porcentaje

¿Por qué
asiste a la
casa de día?

Porcentaje

Algunas
Veces

70

Familiares

50

Se siente
feliz

27.5

Amigos

32.5

No le gusta

15

Conocidos

2.5

Solo (a)

5

Distracción

57.5

No asiste

10

Casi
siempre
Nunca
Total 100

20

10

Total 100

Total 100

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por los 40 adultos mayores seleccionados y
que asisten a la casa de día “Punta Azul”, 2014

De la muestra, el sesenta por ciento asiste a eventos sociales, figurando los que
se organizan en la Casa de día, Pachuca., ya que les gusta asistir a este lugar
porque les agradan las actividades que ésta Institución ofrece y eso les provoca
472

�distracción. Es significativo observar que existe un quince por ciento de los
encuestados que afirman prefieren estar solos, no les gusta convivir con los
demás.

En conclusión, el adulto mayor vive solo, le cuesta trabajo integrarse, no cuenta
con servicios médicos necesarios que lo asistan y requiere de instituciones de
salud y recreativas para volver a disfrutar de la compañía de otros.

CONCLUSIONES

Las redes sociales de apoyo, representan un área de oportunidad importante en el
quehacer del trabajador social, ya que adquiere de manera significativa una forma
de contribuir en el desarrollo de la autoestima y el sentido de pertenencia, que
posibilita al adulto mayor, de atención a necesidades propias del grupo etario.

El profesional de trabajo social ,deberá implementar una metodología mediante la
cual se tenga acceso a conocer características físicas, emocionales, sociales,
económicas de la familia y cómo afronta o supera las dificultades, desde una
perspectiva autoresolutiva; así mismo, implica contactar a grupos de amigos,
familiares lejanos que están emotivamente cercanos o forman parte de su red y
que estén dispuestos a brindar su colaboración, sin descuidar la existencia de
problemas psicosociales de particular relevancia para el adulto y la familia, los
cuales requerirán de la intervención especializada de otros profesionales como
podría ser un médico geriatra, psicólogo, tanatólogo.

Así pues, las estrategias de resolución que pasan por las redes sociales de apoyo,
pueden describirse como una abanico de posibilidades que va desde un mínimo
de estructuración y formalización (ayuda fraterna) al máximo de heterodirección e
intencionalidad (red de servicios e intervenciones profesionales). De esta manera
el trabajador social, puede desarrollar intervenciones puntuales especializadas o
473

�facilitar la utilización y acceso a bienes y recursos, jugando un papel de
coordinador de la red.

Por lo que, la red social puede ser un espacio de oportunidad, promoviendo la
vinculación entre los miembros de la red, de tal manera que confluyan recursos,
relaciones e interacciones para la búsqueda de soluciones de problemáticas
comunes que están latentes en la sociedad; así mismo, generar espacios en
equipos interdisciplinares y en los escenarios de trabajo con individuos, familias
y/o instituciones.

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474

�EJE 3: EDUCACIÓN

475

�ACOSO ESCOLAR O BULLYING DESDE UN ESCENARIO COTIDIANO.
María Margarita Ramírez González
Hortencia Margarita Sánchez Guerrero
María Francisca García Ramos
María Teresa Obregón Morales

RESUMEN

La familia es la principal fuente de amor y educación; es donde el niño aprende los
valores, hábitos, costumbres, normas, comportamientos y también es la
responsable de que adquieran conductas agresivas aprendidas. Lo mismo sucede
en la escuela donde no solamente se reciben conocimientos sino que se marcan
parte del comportamiento social del alumno, que repercutirá en su edad adulta.
Para Prado (2007:11) cada día hay más niños “bullies” (palabra inglesa que
significa persona que abusa y maltrata física, verbal

y emocionalmente a

personas más débiles o indefensas).

La principal fuente del bullying escolar viene dada por cualquier característica
física del niño o la niña que lo sufre en sus propias carnes. Aunque hay que decir
que hoy en día prácticamente cualquier excusa es válida para acosar a un
compañero de clase, lo más normal es que se trata de pequeños con sobrepeso,
ya que resultan ser las víctimas más fáciles para aquellos niños que quieren
impresionar a sus amigos. Debido a esto es variada la diversidad de estudios
donde especifican que por lo regular el agresor presenta una alta tendencia de
psicoticismo y las víctimas de acoso escolar; tienden a presentar una mayor
tendencia a la introversión y baja autoestima; por ende se puede suponer que los
menores de edad perjudicados por el bullying; presenten un mayor impacto debido
a sus características físicas (gordo, flaco, rubio, moreno etc.). (Basuela, 2008)

476

�El propósito de este estudio es dar a conocer los resultados de una investigación
aplicada en colonias del Municipio de Apodaca para Identificar si las
características físicas de los alumnos es causa del Bullying en los planteles
escolares.

Fue una Investigación descriptiva dirigida a niños y niñas de 6° año de primaria, en
4 colonias del Municipio de Apodaca. Con un total de 374 casos, de éstos el 53%
fueron niñas y 47% son niños. El instrumento estuvo estructurado por 63 ítems, en
7 apartados con preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple.

Palabras clave: Acoso Escolar, Bullying, Características físicas.

INTRODUCCIÓN

Según Valle, (2011: 35) Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación,
tristemente, la palabra se ha puesto de moda, debido a los muchos casos de
persecución y agresiones que se detectado en las escuelas.

Para Serrate, (2007) el Bullying también puede ser ejercido por un grupo de
acosadores que humillan y ofenden a la víctima amparados en la protección que
les da el grupo, por

lo general habrá una cabecilla que dirige la banda. Las

víctimas suelen ser los blancos más fáciles para el agresor. Son variadas las
razones que pueden llevar a un niño o adolescente atacar contra otro, pero un
denominador común presenta una o varias diferencias con el agresor que este
entiende que lo hace vulnerable e inferior a él, esa situación ventajosa es la que le
permite al valentón de la clase desarrollar sus maldades a su libre albedrío.
El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido
entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Y
estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da
477

�mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de
los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la
adolescencia (12-13 años). Los abusadores pueden ser niños o niñas, aunque la
tendencia es más marcada a los hombres. (Portal Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero, 2014)

Según Vargas Carrillo titular del DIF del Distrito Federal indicó que 17 por ciento
de los niños de 6 años de edad afirman que en la escuela se les pega e insulta, y
casi dos de cada 10 niños de 10 a 12 años responden que en sus colegios sufren
maltratos y humillación. (Prado, 2007)

Romo (2013) menciona para el caso de Nuevo León que las estadísticas refieren
que 61% de los alumnos de educación primaria o secundaria han sido violentados
en alguna o en más de una ocasión en sus centros de estudio. (Nuevo León
Unido. Gobierno para Todos, 2013.

El bullying escolar ocurre en las escuelas porque es allí donde los niños pasan la
mayor parte del día junto a los demás compañeros de clase, donde se forman
grupos en los que se trata de esconder los complejos de cada uno a costa de
reírse de los problemas del los demás. Una simple muleta o una cojera, el uso de
lentes, sobrepeso, por ser flaco, etc., que puede provocar acoso en la escuela por
parte de los compañeros. En ese mismo orden de ideas Oñate &amp; Piñuel, (2005)
citado en (Basuela, 2008) nos señala que el bullying se refiere solo al maltrato
físico y que este constituye solo una parte del total de conductas de hostigamiento
y acoso que sufren los escolares, por eso prefieren usar el término mobbing,
normalmente reservado para el acoso laboral, pero lo traducen en este ámbito
como acoso escolar y lo definen como “un continuando y deliberado maltrato
verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que se compartan con
el cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que
atentan contra la dignidad del niño”.
478

�Para Serrate, (2007) Los escolares que presentan una discapacidad física o
psíquica, una apariencia física concreta que llama la atención: obesos, baja
estatura, con lentes, flacos, que son de otra raza, de distinta ideología política,
que sufre dificultades para desarrollar sus capacidades motrices o intelectuales o,
simplemente, que estén aislados del grupo de influencia del agresor, suelen ser
colectivos más vulnerables.

Como lo describe Valle, (2011) las consecuencias del Bulliying son incalculables
para la víctima y para el agresor. Aunque parezca increíble, también el agresor
aunque se supone que es muy fuerte sufre en este círculo vicioso de hostilidad. Lo
más terrible es que todos los acuerdos respecto a quién eres, los hacen antes de
los doce años; por eso si alguien, o uno mismo, se coloca una etiqueta negativa,
probablemente lo llevará como un tatuaje, y pueden pasar años antes de que se
logre quitar, es decir, si en la escuela le dicen que es un tonto poco a poco se lo
empezará a creer, y si se hizo un acuerdo consigo mismo en verdad creerá que es
un tonto, aunque no sea verdad.

OBJETIVO GENERAL:
Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la existencia del Bullying que es un
problema que hay que enfrentar.

METODOLOGÍA

Estrategia General de la Investigación

Para esta Investigación descriptiva se consideró trabajar con 4 comunidades del
Municipio de Apodaca N.L., para este tipo de estudio se tomo en cuenta las
escuelas primarias donde las estudiantes de la Licenciatura de Trabajo Social y
Desarrollo Humano realizaban sus prácticas comunitarias.
479

�Población de Estudio

Para la selección de la población se solicitó a la autorización de los Directores de
los planteles educativos de cada comunidad para la aplicación del estudio a través
Departamento de Prácticas Profesionales de la Facultad, posteriormente se
investigó de cada escuela el total de alumnos de 6to. Grado considerando 374
casos de los cuales el 53% son niñas y 47% niños.

Elaboración del Instrumento

Para el diseño del instrumento los maestros del Cuerpo Académico de Modelos de
Intervención estructuraron el cuestionario quedando conformado en 63 ítems con
7 apartados con preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple, el cual estuvo
divididos en: Datos generales de la escuela, Perfil del alumno, Datos familiares,
Relaciones del alumno con sus compañeros, Problemas y necesidades del alumno
en la escuela, así como también el Rendimiento escolar del alumno en el plantel
educativo y asimismo se finaliza con las Observaciones correspondientes.

Capacitación de las encuestadoras

La capacitación estuvo a cargo de las supervisoras de Prácticas de Intervención
Comunitaria, que fue dirigida a los estudiantes de la materia. Donde se les explicó
el objetivo, y lo que se esperaba obtener en cada una de las preguntas del
instrumento, aclaración de dudas y recomendaciones tales como: que se aplicaría
solamente alumnos de 6to. Grado, observar el comportamiento del alumno,
verificar que no quedaran preguntas sin contestar, anotar hora de inicio y término
de la aplicación.

480

�Aplicación del Instrumento

Para la aplicación del cuestionario se llevo anteriormente una prueba piloto para
validar las preguntas con niños que estuvieran en 6to. Grado de algún familiar o
vecino después se les recordó que retomaran las indicaciones señaladas durante
la capacitación que debería de llevar su camiseta de la facultad y no permanecer
en la comunidad muy tarde por cuestión de la inseguridad, la aplicación del
instrumento tuvo una duración promedio por alumno de aproximadamente 30
minutos.

Procesamiento y Análisis de la Información

En la codificación de la información, elaboración del Manual y captura de los datos
para su procesamiento se conto con el apoyo de las supervisoras y docente de la
materia de estadísticas, utilizando el programa del Paquete Estadístico para las
Ciencias Sociales SPSS /PC Versión 14, y poder así continuar con el análisis
descriptivo de la información obtenida por el instrumento.
Resultado del Análisis Descriptivo de la Población de Estudio
Gráfica No. 1
Colonia donde se ubica la Escuela Primaria
35
30
25
20
15
10
5
0

32%

28%
21%

Ébanos 11º
Sector

19%

Mertoplex
Sector Norte

Los Ébanos, 3º Residencial
Sector
Ébanos Nte, 3º
Sector

481

�El 32% de los alumnos encuestados eran de la Colonia Los Ébanos 3° Sector, el
28% se aplicó en Metroplex Sector Norte, 21% corresponde a la Colonia Ébanos
11° Sector, y el 19% eran de la Colonia Residencial Ébanos Norte 3° Sector.
Gráfica No. 2
Nombre de la Escuela Primaria
35

32%

30
25

28_%
21%
19%

20
15
10
5
0
Gaspar Castaño "Fray Servando Enedilia García
de Sosa
Terea de Mier"
Garza

Alfreda Zalce
Torres

Como se señala en la gráfica el 32% de los alumnos de estudio fueron de las
Escuela Primaria “Enedilia García Garza”, 28% corresponde a la Escuela “Fray
Servando Teresa de Mier”, el 21% se aplicó en la Escuela “Gaspar Castaño de
Sosa” y por último el 19% era de la Escuela “Alfreda Zalce Torres”.

482

�Gráfica No. 3
Sexo de los alumnos entrevistados

Femenino
53%

Masculino
47%

El 53% de los alumnos eran del sexo femenino y 47% del masculino.

Gráfica No. 4
Edad de los alumnos entrevistados

80

72%

70
60
50
40
30

23%

20
10

3%

2%

0
10

11

12

13

Las edades de los alumnos, 72% era de 11 años, 23% tenía 12 años, el 3%
corresponde a 10 años, y por último un 2% con 13 años.
483

�Gráfica No. 5
Miembros de la familia con los que vive el alumno

5%
3%

14%

Con ambos
Solo con mi papá
Solo con mi mamà
Con familiares

78%

La siguiente gráfica refiere que el 78% de los alumnos viven con ambos padres, el
14% sólo con su madre, 5% sólo con el padre y por último el 3% con algún otro
familiar.

Gráfica No. 6
¿Cuántos hermanos tienes sin incluirte tu?

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42%

28%

16%
6%

0

5%

1

2

3

4

2%

1%

0%

5

6

7

484

�Según el número de hermanos de los alumnos, el 42% respondió que tiene dos
hermanos, 28% un hermano, el 16% tres hermanos, 6% no tiene ningún hermano,
5% cuatro hermanos, el 2% cinco hermanos, por último 1% cuenta con seis
hermanos.

Gráfica No.7
¿Cómo te llevas con tu Familia?

Bien

Ni bien ni mal

Mal

2%

16%

82%

El 82% de los estudiantes mencionaron que la relación con su familia es buena,
16% que ni bien ni mal y 2% respondió que su relación es mala.

485

�Gráfica No.8
Situaciones que suceden en la casa

Discusiones

Si
39%

No
61%

De acuerdo con el cuestionamiento el 39% de los alumnos encuestados si viven
discusiones en el hogar y 61% señaló que no sufre de esta situación.

486

�Gráfica No.9
Situaciones que se viven en la casa
Excursiones, fiestas, o paseos

Si
45%

No
55%

El 55% señalaron que en su casa no realizan excursiones, fiestas ni paseos,
mientras que el 45% dijo que sí.

Gráfica No. 10
Situaciones de peleas en la casa

Si
6%

No
94%

487

�Se puede observar que el 94% mencionó que no suceden peleas en su casa, y tan
sólo un 6% indicó que si existen.

Gráfica No. 11
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por ser gordo

No
23%

Si
77%

El 77% si ha visto a un alumno burlándose de otro por ser gordo, el 23% de los
encuestados contestó que no.

Gráfica No. 12
¿Con qué frecuencia se burla por ser gordo?

muchas
veces
20%

nunca
23%

pocas veces
57%

488

�El 57% comentó que pocas veces ve a un compañero burlarse de otro por ser
gordo, el 22% refirió que nunca y por último el 20% contestó que muchas veces.

Gráfica No. 13
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por ser flaco

Si
44%

No
56%

El 56% respondieron que no han visto a un compañero burlarse de otro por ser
flaco, pero el 44% sí lo han visto.

Gráfica No. 14
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por ser alto

No
contestó1%

No
48%

Si
51%

489

�El 51% sí han visto a otros burlarse de sus compañeros por ser altos, 48% señaló
que no y sólo el 1% no contestó.

Gráfica No. 15
¿Con qué frecuencia se burla por ser alto?

muchas
veces
12%

pocas veces
39%

nunca
49%

El 49% nunca han visto burlarse a otro por ser alto, 39% pocas veces y el 12%
muchas veces.

Gráfica No. 16
¿Has visto a un alumno burlándose de otro, por ser chaparro?

No
30%

Si
70%

490

�El 70% si ha observado alumnos burlándose de otro por ser chaparro, en cambio
el 30% no.

Gráfica No. 17
¿Con qué frecuencia se burla por ser chaparro?.

muchas
veces
23%

nunca
30%

pocas veces
47%

El 47% mencionan que pocas veces si se burlan de los compañeros por ser
chaparros, el 23% que muchas veces y que nunca el 30%.

Gráfica No. 18
¿Has visto a un alumno burlándose de otro por algún defecto físico:
Cicatriz, lunar, dientes?

No
40%

Si
60%

491

�El 60% de los alumnos encuestados de diferentes escuelas mencionaron que si
han visto a otros compañeros burlándose de otros por alguna cicatriz, lunar o
dientes, el 40% respondió que no ha visto estas situaciones.

Gráfica No. 19
¿Con qué frecuencia se burla por algún defecto físico:
cicatriz, lunar, dientes?
40%

41%

19%

nunca

pocas veces

muchas
veces

La presente gráfica nos muestra el 41% pocas veces si se han burlado sus
compañeros por algún defecto físico, el 19% muchas veces, el 40% mencionó que
nunca.

Gráfica No. 20
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por discapacidad física.

Si
30%

No
70%

492

�El 70% no han visto burlarse de otro compañero por tener alguna discapacidad
física, y el 30% mencionó que sí han notado esta situación.

Gráfica No. 21
¿Con qué frecuencia se burlan los compañeros por discapacidad física?

70%

23%

7%
nunca

pocas veces

muchas veces

El 70% nunca se han burlado de su compañero por tener alguna discapacidad
física, el 23% pocas veces y el 7% muchas veces se han burlado.

Gráfica No. 22
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por color de piel

No
43%
Si
57%

El 57% sí han visto burlarse de otro compañero por su color de piel, y el 43%
respondió que no.

493

�Gráfica No. 23
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por la música que le gusta o
que escucha

100

63%
37%

50
0
Si

No

La presente gráfica nos muestra que el 63% no han visto alumnos burlándose de
otros por la música que les gusta o escuchan, el 37% sí lo han visto.
Gráfica No.24
¿Con qué frecuencia se burla por la música que le gusta o que escucha?

70

63%

60
50
40

27%

30
10%

20
10
0
nunca

pocas veces

muchas veces

La presente gráfica nos muestra que el 63% nunca se burlan por la música que le
gusta o escuchan los alumnos, el 27% pocas veces y sólo el 10% muchas veces si
se burlan.

494

�Gráfica No. 25
¿Con qué frecuencia se burlan por la forma de hablar, tartamudear o por
problemas con alguna letra
50%
50

36%

40
30

14%

20
10
0

1

2

3

La presente gráfica nos muestra que el 50% de los alumnos nunca se burlan por
la forma de hablar, tartamudear o por problemas con alguna letra, el 36% pocas
veces y el 14% muchas veces si se burlan por su forma de hablar, tartamudear o
por problemas con alguna letra.
Gráfica No. 26
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por un apodo o sobrenombre

No
27%

Si
73%

El 73% sí ha visto a un compañero burlándose de otro por algún
sobrenombre, y el 27% no lo ha visto.

495

apodo o

�Gráfica No. 27
¿Con qué frecuencia se burla por un apodo o sobrenombre?

160
140
120
100
80
60
40
20
0

38%

35%

27%

nunca

pocas veces

muchas veces

El 38% pocas veces si se burlan de los compañeros por algún apodo o
sobrenombre, el 35% muchas veces y el 27% nunca.

Gráfica No. 28
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por su forma de vestir

No
58%

Si
42%

El 58% no han visto a un compañero burlarse de otro por su forma de vestir y el
42% sí lo ha visto.
496

�Gráfica No. 29
¿Con qué frecuencia se burla por su forma de vestir?

250

58%

200
150

32%

100
50

10%

0
nunca
pocas veces
muchas veces

El 58% nunca se burlan de sus compañeros por la forma de vestir, el 32% pocas
veces lo hacen y 10% muchas veces sí se burlan por la forma de vestir.

Grafica No. 30
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por usar lentes

No
44%
Si
56%

El 56% sí han visto a un compañero burlándose de otro por usar lentes y el 44%
no.

497

�Gráfica No. 31
¿Con qué frecuencia se burla por usar lentes?
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

44%
39%

17%

nunca

pocas veces

muchas veces

El 44% nunca se burla de sus compañeros por usar lentes, el 39% pocas veces y
el 17% comentó que muchas veces se burlan por usar lentes.
Gráfica No. 32
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por su pelo

Si
31%

No
69%

El 69% no han visto a un compañero burlándose de otro por su pelo y un 31% sí lo
ha visto.

498

�Gráfica No. 33
¿Con qué frecuencia se burla por su pelo?

80
60
40

69%

20

23

0
1

2

8%
3

Según la frecuencia el 69% mencionó que nunca se han burlado por el pelo que
tienen sus compañeros, un 23% pocas veces y el 8% muchas veces sí lo han
hecho.
Gráfica No.34
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por ser inteligente del grupo

Si
42%
No
58%

El 58% no han visto a un compañero burlándose de otro por ser el inteligente del
grupo y un 42% sí lo han visto.

499

�Gráfica No. 35
¿Con qué frecuencia se burla por ser inteligente del grupo?
250

58%

200
150

31%

100
11%

50
0
nunca

pocas veces

muchas veces

El 58% de los alumnos según la frecuencia es que nunca se burlan del inteligente
del grupo, el 31% pocas veces y el 11% muchas veces si se burlan.
Gráfica No. 36
¿Has visto a un alumno burlándose de otro? Por obtener bajas calificaciones

No
42%
Si
58%

La presente gráfica nos muestra que el 58% sí han visto burlándose de los
compañeros por obtener bajas calificaciones, y un 42% no lo ha visto.

500

�Gráfica No. 37
¿Con que frecuencia se burlan por obtener bajas calificaciones?
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

43%

42%

15%

nunca

pocas veces

muchas veces

El 42% nunca se burlan de sus compañeros por obtener bajas calificaciones, el
43% pocas veces y el 15% muchas veces se burlan de sus compañeros por
obtener bajas calificaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Investigación descriptiva de la
temática investigada sobre el Acoso Escolar o Bullying que se aplicó en las
comunidades del Municipio de Apodaca. Se describe lo siguiente:
Se obtuvo el siguiente perfil socio-demográfico: el 53% de los alumnos eran del
sexo femenino y 47% del masculino, cuyas edades que predominaron el 72% eran
de 11 años, 23% tenía 12 años.
También se destaca de acuerdo a los datos familiares de que el 78% de los
alumnos viven con ambos padres, pero el 14% sólo con su madre. Según el
número de hermanos. El 42% respondió que tiene dos hermanos, 28% un
hermano. En cambio el 82% de los estudiantes comentaron que la relación con su
familia es buena, y solamente el 2% respondió que su relación es mala, y el 39%
si viven discusiones en el hogar y 61% señaló que no sufre de esta situación. Otro
501

�dato importante es que el 55% señalaron que en su casa no realizan excursiones,
fiestas y paseos, mientras que el 45% contestó que sí.

De acuerdo al apartado sobre las relaciones del alumno con sus compañeros
abordando el tema sobre la burla de otro por las características físicas o su forma
de ser se obtuvieron las siguientes conclusiones: El 77% por ser gordo, 44% por
flaco, 51% ser alto, 70% ser chaparro, el 60% por alguna cicatriz, lunar o dientes,
el 30% discapacidad física, el 57% por su color de piel, el 37% si lo han visto
burlándose de otros por la música que les gusta o escuchan, un 73% si ha visto a
un compañero burlándose de otro por algún apodo o sobrenombre, y el 42% por
su forma de vestir, el 56% por usar lentes, un 31% por el pelo, un 42% por ser el
inteligente del grupo, un 58% si han visto burlándose de los compañeros por
obtener bajas calificaciones.

De acuerdo a los datos anteriores podemos concluir que en las escuelas primarias
si existe el Bullying siendo una de las principales la burla de los compañeros por
diversas características físicas o su forma de ser, pero algo que es importante
destacar y de resaltar es el valor que tienen los niños hacia el respeto a la
discapacidad de sus compañeros.

Recomendaciones


Contar con una buena intervención de la sociedad en la educación sobre
este problema del Bullying.



Crear conciencia en los alumnos de lo que es el Bullying y enseñarles las
herramientas necesarias para que se den cuenta de lo valioso e importante
que son ellos como personas.



Que en las escuelas asuman la responsabilidad de atender el problema del
Bullying a través de programas de sensibilización por medio de talleres,

502

�cursos o conferencias dirigidos a los alumnos, padres de familia, maestros,
personal administrativo y directivos.


Es conveniente que los padres tengan la confianza con sus hijos y platiquen
con ellos para conocer sus problemas, que se entiendan mutuamente y así
prevengan el acoso escolar hasta obtener una minimización.



Que exista contacto o vinculación permanente de los padres con la escuela
para disminuir el problema del acoso escolar.



Que exista convenios de colaboración entre los maestros para evitar
descuidar o desatender los espacios físicos donde se encuentran reunidos
los alumnos.



La disciplina que se mantenga en el salón y que su escuela en general sea
fundamental la construcción de una buena conducta escolar.



Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que se
tomarán en cuenta sobre conductas como el bullying.



La escuela debe estar abierta a las quejas y sugerencias del alumnado,
como también de los padres de familia, por lo que se sugiere la colocación
de un buzón y se de atención.



Los maestros deban de apoyarse en los alumnos para identificar casos de
acoso.


BIBLIOGRAFÍA
Basuela, E. (2008). Estrategias para prevenir el bullying en las aulas. Psychosocial
Intervention , 369-370.
Nuevo León Unido. Gobierno para Todos. (20 de Marzo de 2013). Bullying y
violencia en las redes toman la agenda de NL: Nuevo León Unido. Gobierno para
Todos. Recuperado el 15 de Mayo de 2014, de Nuevo León Unido. Gobierno para
Todos:

http://www.ajuaa.com/news/nuevoloen/67201-Bullying-violencia-las-

redes%20tomanagenda.html.
503

�Oñate, A., &amp; Piñuel, I. (2005). Informe Cisneros VII: "Violencia y acoso escolar en
alumnos de Primaria, ESO y Bachiller". Madrid: Instituto de Innovación educativa y
Desarrollo directivo.
Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. (2014). ¿Qué es el Bullying o
Acoso Escolar?: Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Recuperado
el 15 de Mayo de 2014, de Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero:
http://guerrero.gob.mx/articulos/que-es-el-bullying-o-acoso-escolar/
Prado, E. (2007). Hoy Tirano mañana Cain. Mexico: Trillas.
Serrate, R. (2007). Bullying Acoso Escolar. Guia para atender y prevenir el
fenómeno de la violencia en las aulas. España: Laberinto.
Valle, T. (2011). Ya no quiero ir a la escuela. México: Porrúa.

504

�LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA CON EL APOYO DE LAS
TIC’S, EN EL CONTEXTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE
ENSEÑANZA: UNA EXPERIENCIA FORMATIVA.
Miguel Ángel Iglesias Cantú1
Lydia del Carmen Ávila Zárate2
Rebeca Guerra Orona3
Enseñando se aprende y aprendiendo se enseña
Miguel de Unamuno
RESUMEN
Los modelos educativos centrados en el aprendizaje, tratan de identificar y aplicar
nuevos modos de pensar y hacer la práctica educativa. En este tenor se apuesta a
cambios metodológicos que potencialicen el rol del estudiante, ya que se espera
que posea iniciativa y pensamiento crítico. Para ello es necesario impulsar una
nueva arquitectura del conocimiento (Pérez et. al., 2000) desde la perspectiva del
aprendizaje significativo, creando nuevos soportes y estrategias que faciliten el
aprender a aprender. En este contexto se introduce e influye en el proceso de
enseñanza aprendizaje: los medios sociales que actualmente han generado la
llamada sociedad de la información y del conocimiento, como un producto de la
globalización que da origen a la llamada web 2.0., en la cual se produce y
consume información. En esta etapa el reto es tener la capacidad de discernir la
información que está disponible a la mano de los actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El presente trabajo aborda de manera sucinta como las tecnologías de información
y comunicación (TIC`s) se hacen presentes en el ámbito educativo, se presenta
como la web.2.0 pone a disposición ciertos recursos para emplearlos como apoyo
a la educación, así como el uso de plataformas virtuales para la enseñanza. Se
resalta la importancia de las competencias que docentes y estudiantes deben
poseer para poder afrontar dichas innovaciones.
1

Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, UANL.
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, UANL.
3
Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, UANL.
2

505

miguel.iglesiascn@uanl.edu.mx
lydia_avila@hotmail.com
rebecaguo@hotmail.com

�Palabras claves: web 2.0, TIC’s, plataformas virtuales
INTRODUCCIÓN
En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve influenciado por un
nuevo actor social: las redes sociales. Este nuevo actor se añade a los que
tradicionalmente se consideran en dicho proceso como: estudiantes, docentes y
autoridades educativas, englobados todos ellos en un contexto social. Estamos
hablando entonces del concepto de medios sociales, el cual podemos describir, de
acuerdo a como las personas puedan colaborar entre ellas, elaborar contenidos,
compartir información y producir conocimiento, utilizando las herramientas
tecnológicas de la web 2.0 o red social (O’Reilly, 2004), diferenciándose de la red
web 1.0 debido a los medios sociales “por la convergencia de individuos en redes
sociales, el uso de nuevos medios y la sindicación o enlaces de ideas, escritos y
otros contenidos informativos y de opinión” (Rojas, Alonso, Antúnez, Orihuela y
Varela, 2006:103)

Fuente: Sánchez L. (2013) ¿Qué es la Web 2.0? Análisis, Innovación y estrategias en
internet.

La web 2.0, provee una serie de recursos que los docentes y estudiantes podrían aprovechar para
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, Estos nuevos recursos también han empezado a
utilizarse a nivel educativo como:

506

�Blogs o bitácora digital el cual es, un sitio en donde el docente podría publicar con
regularidad, texto o artículos que podrían complementar la formación de sus
estudiantes, al igual de dar respuesta a cada uno de los cuestionamientos que se
le podrían plantear.
Wikis este recurso de la web, es una herramienta que podría apoyar al proceso de
enseñanza aprendizaje, ya que se propicia el trabajo colaborativo y la
socialización del conocimiento.
Redes sociales están basadas en plataforma web y es un sitio en que ofrece
multitud de servicios como: mensajería instantánea, correo electrónico, blogs,
foros, galerías para compartir fotos, vídeos y archivos, etc.
Plataformas virtuales (NEXUS). Podemos considerarla como la herramienta Web
2.0 más completa a nivel educativo, puesto que permite llevar a cabo cualquier
modalidad formativa (e-learning), y utilizar cualquiera de los recursos nombrados
anteriormente.
Los ejemplos antes mencionados y muchos otros están disponibles en la web 2.0,
para apoyar el proceso formativo, los docentes tendrán que innovar y crear las
metodologías para que sean aprovechadas y que se propicie el aprendizaje
significativo.
Un medio para ese cambio lo constituye la educación y la rapidez con que ellos
se adapten u opongan al cambio y constituirá el problema a resolver que llevará a
los miembros de la sociedad, a una decisión influyente, en su bienestar y en el de
todo un país y por qué no, en el de una sociedad mundial cada vez más
globalizada y necesitada de miembros más competentes y competitivos que
puedan influir correcta y efectivamente en él.
Es difícil estar consciente del cambio brusco que ha tenido la sociedad de la
información en las relaciones sociales y la incidencia de las mismas en el proceso
507

�educativo. Por eso es que esta reflexión se presenta sobre los actores sociales
dentro de un proceso educativo específico, en un proceso de enseñanzaaprendizaje, visto desde el punto de vista de un aprendizaje colaborativo entre
los tres actores del proceso, de tal manera que como mencionaba Franklin Delano
Roosevelt “Para que la civilización sobreviva, debemos perfeccionar al máximo la
ciencia de las relaciones humanas: la capacidad de todos los pueblos, sin
distinciones, para vivir juntos y en paz en el mismo mundo” y de su interacción a
través de los medios sociales que han constituido la llamada web 2.0

Fuente: Internality (2007). Mapa Visual de la Web 2.0

508

�La tecnología y el proceso de enseñanza-aprendizaje
Dentro del proceso educativo aparece la tecnología como una influencia sobre los
actores mencionados tradicionalmente en la enseñanza-aprendizaje: estudiantes,
docentes y autoridades educativas, todos ellos interactuando en un contexto
social. Es en este momento en que aparece un nuevo factor que ha revolucionado
la generación y el consumo de información que busca generar un conocimiento.
Aparecen

nuevo

equipamiento

tecnológico:

tablets,

móviles

(celulares)

inteligentes, notebooks, laptopts. Todas ellas con un contexto que raya en el
consumismo y que el usuario utiliza en forma intuitiva: gente joven y adultos con
cierta resistencia y en forma no tan intuitiva. Su uso normalmente se utiliza por los
usuarios para socializar y en menor parte para aprender o enseñar. Para optimizar
el uso tecnológico el usuario intuitivo debe empezar a usar esas herramientas
para aprender y el usuario que usa en forma menos intuitiva (docentes,
autoridades escolares, etc...) debe estar consciente que se puede usar la
tecnologías de la información (TIC’s) para: enseñar, aprender y comunicarse de
forma más lúdica y atractiva para el usuario intuitivo: jóvenes; se busca con este
cambio que el joven empiece a darle un uso distinto, a su uso inicial, a la
tecnología, utilizándola también para aprehender.

La didáctica como disciplina formativa mediada por TIC’s. y la
interacción entre sus principales actores
Docentes
Por docente entenderemos aquel actor que en intima colaboración con los otros
actores: sistema escolar y estudiantes, realiza un rol importante en el proceso
educativo. Los docentes como actores sociales del proceso de enseñanzaaprendizaje enfrentan un reto igual o más grande que el del estudiante: por un

509

�lado son responsables de la enseñanza efectiva de su unidad de aprendizaje y por
el otro usar la tecnología para apoyo a su didáctica.
En el marco del Modelo Educativo de la UANL (2011),

señala los roles y

funciones del profesor universitario y además, se considerarán diversas funciones
en cada uno de estos roles, con la finalidad de realizar la planeación áulica y extra
áulica requerida para desarrollar las competencias pertinentes.

Fuente: UANL (2011). Modelo académico de Licenciatura.

En su función de proveedor de información y desarrollador de recursos los
profesores tienen que utilizar las TIC’s para el proceso formativo y desarrollar los
recursos que resulten de interés para la gente joven y por otra aprehender todo el
lenguaje técnico y pedagógico necesario para utilizar las tecnologías que ofrecen
las publicaciones estructuradas de recursos en la WEB de manera general y que
en el caso de la UANL, están representados por la plataforma nexus en su versión
5.0 la cual es un sistema web, cuyo objetivo es el de facilitar la colaboración entre
alumnos y maestros en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en sus
modalidades presencial, a distancia y abierta.

La plataforma nexus provee herramientas para facilitar al profesor y estudiante su
labor en los procesos de enseñanza como: Posee apartados que integran el
510

�programa analítico, con el fin que esté disponible para el estudiante, posee un
calendario para la programación de la entrega de las evidencias de aprendizaje,
los elementos complementarios de la evaluación, el producto integrados, foros,
chats etc. Pero sobre todo se da un proceso de transparencia en la evaluación.

En este tema durante el proceso de enseñanza-aprendizaje la trayectoria
profesional del docente es necesaria que sea analizada, que se ponga de
manifiesto su carácter innovador para que las plataformas virtuales apoyen su
cátedra a través de una estructura más atractiva para los estudiantes a la vez que
ponga al alcance de estos, diferentes instrumentos que los guíen en su
aprendizaje o en su enseñanza.
Aunado a esto el docente deberá conocer y usar las herramientas y estrategias
que en las redes sociales existen y que no nada más producen información sino
que además la consumen hablándose entonces de un maestro “prosumidor” es
decir que simultáneamente consume y produce información. (Toffler, 1981). El
docente como recurso humano es muy importante y constituye un elemento clave
en el proceso de cambio y necesita abrirse a nuevos enfoques pedagógicos como
sería una plataforma virtual de Enseñanza-Aprendizaje (plataforma nexus) que
podrían proporcionarle un impacto trascendente en la educación y en la inserción
social del estudiante.
Hay que generar un cambio en los estilos de docencia y en el clima organizacional
con sus prácticas pedagógicas para que efectuando primero un cambio personal
poder generar un efecto innovador en el estudiante y en el sistema educativo,
pues de acuerdo a Covey (1997) se plantea que:
“los paradigmas se emplean por lo general con el sentido de modelo, teoría,
percepción, supuestos o marco de referencia; un cambio de paradigma es cuando
se rompe con la tradición, con los viejos modos de pensar, con los antiguos
paradigmas, ese cambio de paradigma nos empuja de modo instantáneo o
511

�gradual, en la manera que poseemos que poseemos de ver al mundo, a otra. Ese
cambio genera poderosas transformaciones”. (Covey,1997: 40).
Entonces vemos que en la medida en que el docente pueda combinar las
estrategias que le ofrezca su inteligencia emocional y el aprendizaje colaborativo
con otros colegas, en esa medida pudiera mejorar y hacer más óptimo la
incorporación de la tecnología a su didáctica docente. Si el docente se convierte
en un usuario de la web. 2.0 puede aumentar y compartir, todavía más esa
información y conocimiento, a través de las herramientas que ofrece la web como
son YouTube, Facebook, Tweeter, etc... , produciéndose así una sinergia en la
cual el resultado es mejor que las partes.

Estudiante
Para Vygotsky (1974) el aprendiz o estudiante requiere la acción de un agente
mediador, representado por el docente, quien será el responsable de construir un
andamiaje tecnológico mediante una plataforma virtual de aprendizaje, que le
servirá para que él se apropie del conocimiento y con ello logre desarrollar las
competencias y/o habilidades que le permitan ser un profesionista competente y
competitivo en el mundo globalizado de la sociedad moderna.
Junto con esta situación por parte del docente, el estudiante enfrenta un reto
enorme que está en sí mismo, pues él aprendió a usar la tecnología como una
manera de diversión, en forma inconsciente y por ello no la ve como una
estrategia para aprender o para desarrollar una competencia. En la medida en que
su actitud hacia la tecnología cambie, en

esa medida podrá estimarse su

resistencia al cambio y adaptarse al uso de la tecnología para además de
consumir información producirla, generando un conocimiento el cual puede
compartir a través de los medios sociales
Se produce en ellos un cambio de un uso irracional de la tecnología, basado
también en el contexto moderno de que las cosas se pueden aprender rápido y
512

�fácil sin un esfuerzo, valor tan difundido en la juventud moderna .Lo cual hemos
comprobado en investigaciones anteriores (Iglesias, 2011) en donde se detectó el
uso de la plataforma Nexus por el estudiante: en un 90% sin método y con un
deseo de rapidez en el mismo porcentaje. La mayoría de los estudiantes que
utilizaron la plataforma lo hicieron por cumplir un requisito exigido por la catedra y
solo un 10% lo hizo en la forma correcta que indicara un aprendizaje significativo
con un toma de conciencia sobre el avance de su aprendizaje.
Estaríamos hablando de un estudiante con perfil web 2.0.: cuando consumir
información colocada en Nexus dentro del apartado de documentos de apoyo,
cuando consulte las evidencias a evaluar, sus rúbricas para evaluarlas, y los
diversos sitios web o blogs que contengan información para realizarlas, etc… y
producirla a través de la plataforma virtual nexus, cuando suba las evidencias en
la plataforma con los requerimientos académicos marcados por la autoridad
académica y que acrediten la posesión de una competencia Cuando esto se
demuestre con una evaluación aprobatoria de las evidencias, estaremos hablando
de un estudiante con perfil web 2.0.
Por su parte, el estudiante es reconocido en el Modelo Educativo de la UANL
como el principal protagonista del aprendizaje. Es un sujeto activo que aprende,
pero que se autoforma adquiriendo y desarrollando capacidades que le permiten
construir su propio conocimiento, asumiendo un rol activo como ciudadano y futuro
profesional, comprometiéndose de manera responsable con su medio natural,
social y cultural. En el marco del Modelo Educativo de la UANL, el estudiante se
caracteriza por ser: Autogestor de su aprendizaje y liderazgo.
Además dentro de las competencias generales, instrumentales que todo
estudiante universitario debe poseer se encuentra:
Maneja las tecnologías de la información especializadas en su áreas de
investigación y la comunicación como herramienta para el acceso a la información
y su transformación en conocimiento científico, así como para el aprendizaje y
513

�trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación
constructiva en la sociedad.

Directivos
No menos importante es el rol desempeñado por este actor dentro del proceso
educativo, pues de la rapidez y eficiencia que actúe y se capacite facilitará u
obstaculizará la posibilidad a los otros actores: docentes y estudiantes de
optimizar su enseñanza y/o aprendizaje.
Los directivos tienen una función primordial para lograr que el modelo educativo
sustente adecuadamente la operación de los programas educativos que ofrece la
Universidad, se requiere que el directivo se caracterice por realizar labores de:
Gestor, se requiere que propicie las condiciones adecuadas y articular acciones
para que el modelo educativo (ME) opere correctamente.
Contribuir. Al enriquecimiento del ME, detectando necesidades y observando
experiencias en la operación del mismo.
Impulsar y coordinar. Las actividades de seguimiento y evaluación del ME y su
operación en los programas educativos.
Fomentar permanentemente el desarrollo de los roles de profesores y estudiantes
en el marco del Modelo Educativo.
Mantener una actitud receptiva para identificar problemáticas de los profesores y
estudiantes, como resultado de la operación del Modelo Educativo, y coadyuvar a
la atención oportuna de las mismas.
Difusor. Ser un conocedor y promotor activo del Modelo Educativo, manteniéndose
actualizado en su operación.

514

�Promover el reconocimiento del Modelo Educativo y su fundamentación en
instituciones y organismos relacionados con la educación superior.
El proceso de enseñanza del maestro y del estudiante requiere el apoyo de
directivos para que gestione, impulse y coordine, diversas actividades como:
capacitación docente, obtención de recursos para equipamiento, impulsar el uso
de la plataforma de enseñanza-aprendizaje, así como todas las actividades
administrativas que apoyan la dicha función.
Paradigma educativo
Apoyando el modelo académico de la UANL, así como los roles de docentes de
directivos y las competencias que los estudiantes deberán poseer se apuesta aun
paradigma educativo en dónde se promueva un modelo con apoyo de las TIC`s
Prácticas pedagógicas innovadoras, que den lugar a un aprendizaje crítico y que
propicie un cambio real en el estudiante. El modo de aprender de las nuevas
generaciones es diferente del de las generaciones anteriores, y por eso un
paradigma tradicional no tendrá mucho efecto en estas.
Si se pudiera hablar de un lugar, de forma metafórica, en donde se encuentra el
conocimiento, tradicionalmente se ubicaría en la academia o en la universidad
pero con la aparición de la red web 2.0, el lugar del conocimiento se alterna entre
sitios tradicionales y nuevos lugares. Surgen las redes sociales, los Blogs, wikis y
otras herramientas del la web 2.0 como nuevas formas y tipos de conocimiento
generados, ya que producen un sin número de elementos que forman y
constituyen una fuente generadora de conocimiento. La cual muchas veces es
necesario que se pueda discernir entre información confiable de la que no lo es,
dicha información tiene que ser analizada e incorporar, la que sea confiable a los
nuevos paradigmas del conocimiento, a través de pares o de la academia y ser
incorporado en nuevos sitios, depositarios de hallazgos de objetos de aprendizaje,
que se llaman académicamente repositorios, en donde diversas instituciones los
han colocado y puesto a disposición de la comunidad educativa internacional.
515

�Como ejemplo de este tipo de nuevas herramientas está el repositorio Institucional
de la UANL existente en la red web desde ya hace varios años.

Hallazgos principales durante el proceso de Enseñanza Aprendizaje
Durante el tiempo de uso de una plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje
como apoyo en la docencia se ha encontrado en los mismos la influencia que ha
tenido el uso de una plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje, la cual ha
proporcionado a los actores del mismo diferentes alternativas para accionar:
Estudiante
La utilización de las herramientas tecnológicas ha sido inicialmente en un solo
sentido: consumo de información de la web. Sin embargo la evolución de la red
web de una tendencia web 1.0 a 2.0 le está generando un cambio de actitud y
actualmente no nada más está consumiendo información, está produciendo
información con una nueva actitud generadora de conocimiento dentro de las
redes sociales además de hacerlo en el ámbito académico y universitario. Su
utilización está cambiando de uno intuitivo hacia uno reflexivo, usándolo para su
aprendizaje con la intención de poder desempeñarse exitosamente en la sociedad
globalizada que demanda de sus miembros un perfil altamente competente y
competitivo.
Docente
El docente con diversos grados está tomando consciencia de la revolución que las
redes sociales a través de la red web, se encuentran desempeñando dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje y deberá capacitarse en su uso como apoyo
en su catedra para que este actualizada y responda a los conocimientos y
competencias que le demandan sus estudiantes en primera instancia, las
autoridades educativa en una segunda etapa y la sociedad , la cual finalmente

516

�necesita un profesionista que ayude a la satisfacción de todas las necesidades
que el desarrollo actual de cada país necesita.
1) Deberá saber, conocer y manejar las fuentes externas a la academia,
en las cuales muchos docentes o usuarios de las redes sociales
depositan: en YouTube: y acceder a una sección especializada con
videos de contenidos educativos creados por organizaciones como la
Universidad de Stanford, etc.
2) Deberá saber usar todos los recursos tecnológicos a su disposición
dentro del aula educativa: PC, pizarrón inteligente, etc.
3) Deberá cambiar o modernizar sus estilos narrativos en el aula
mediante herramientas que hagan más atractiva su intervención áulica
4) Fomentar el uso de la tecnología en los estudiante para aprender y
no nada más para socializar

Aquí deberá incluirse y su reto será

aprender a socializar de una nueva manera a través de la red y sus
blogs que tienen depósitos de objetos de aprendizaje, para favorecer el
uso de los mismos por los estudiantes
5) Empleo de la Programación: en realidad el docente no deberá
aprender a programar pero si deberá adentrar al estudiante en el uso de
la misma a través de ejemplos. Por lo mismo podrá familiarízalos con
aplicaciones tecnologías que si lo usen. Aquí tendríamos la oportunidad
de Ejemplificar el paso del estudiante por el aula con su uso de la
plataforma virtual de enseñanza
Directivos
Este actor dentro del proceso enseñanza-aprendizaje enfrenta una tarea titánica
pues existen planes institucionales que le demandan un cumplimiento de metas y
objetivos. Que plantean ciertas exigencias que hay que cumplir. Por otra parte la
necesidad de ser una organización altamente competitiva a nivel mundial lo hacen
buscar adaptarse a las necesidades que le plantea la globalización.
517

�Ya están en marcha estrategias dentro de la UANL para que sus docentes
cumplan rápidamente el perfil que la institución y que las redes sociales a través
de la web 2.0 le demandan. Lo docentes de la formación general universitaria
(FOGU) se encuentran ya utilizando la plataforma virtual Nexus para interactuar
con sus alumnos, para compartir y generar información entre ellos a través de los
cursos master en la misma , diseñados por unidades de aprendizaje. Estos cursos
master cuentan con el apoyo de docentes especializados que lo apoyan en
diversos campos para una mayor efectividad en su cátedra con el apoyo de la
plataforma.

CONCLUSIÓN
Un nuevo elemento se ha agregado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
De la interacción de este actor con los demás elementos del proceso, de su
adaptación, de su resiliencia y de su creatividad dependerá que el estudiante que
egrese de las instituciones educativas responda a las necesidades de una
sociedad cambiante y globalizada.

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Paidós.
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518

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Vygotsky, Lev S. (1979). El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores.
Madrid, Editorial Grijalbo.

519

�LOS FACTORES EDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN DE
LOS NIÑOS SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Karla Liliana Ibarra Monjaras4
Martha Virginia Jasso Oyervides5
Martha Arredondo Velázquez6

RESUMEN

La degradación del entorno natural, es un problema a nivel mundial que afecta a
todos los seres humanos. Se resalta la importancia de la infancia por ser el futuro
de las naciones, y por ello se considera primordial que su aprendizaje dentro del
ámbito escolar sea encaminado a brindar las herramientas necesarias para actuar
en su medio natural, con el fin de lograr un Desarrollo Sustentable.

En este sentido, puede destacarse la importancia de que la política
educativa, específicamente la básica (nivel primaria), cuente con estrategias y
contenidos educativos para lograr esa cultura ambiental. A nivel local, la carencia
de una materia específica en el programa educativo de la Secretaría de Educación
Pública que aborde los contendidos esenciales para ello, así como la
consideración de las materias incluidas en el plan de estudios que contemplen
temas relacionados con la naturaleza, hacen insuficiente el abordaje de los
mismos. Es decir, los contenidos que se imparten poco contribuyen a ver la
dimensión social de los problemas ambientales, obstruyendo la comprensión de
los conflictos y el actuar del ser humano dentro de estos, por consiguiente los

4

Alumna de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila ( expositor). autora...
krla_acua@hotmail.com
5
Maestra de la Facultad de Trabajo Social de la U.A. de C y colaborada del Cuerpo Académico Estudios
sobre Grupos Vulnerables. Coautora. mv_jasso@hotmail.com
6
Maestra de Tiempo Completo de la Facultad de Trabajo Socia de la UA de C y colaborada del Cuerpo
Académico Estudios sobre Grupos Vulnerables. Coautora m_arrendon@hotmail.com

520

�niños carecen de herramientas que permita la adquisición y el reforzamiento de
valores que coadyuve a actuar en correspondencia con el entorno natural.

La investigación que se presenta, corresponde al diseño cuantitativo y tiene
como eje principal la percepción del niño sobre lo que observa y aprende en el
espacio educativo, el cómo asimila y adopta lo que los educadores imparten en las
aulas, así como los métodos que utilizan para lograr la transmisión de la
información. Observando, asimismo las actividades realizadas dentro su contexto
inmediato como lo es la misma escuela, los amigos, su familia y la propia
sociedad, que sirvan de fomento y contribución hacia el Desarrollo Sustentable.

Palabras clave:
Educación, infancia, desarrollo sustentable,

Antecedentes
En la actualidad el planeta tierra está sufriendo en su medio natural, una de las
crisis más agudas en la historia, esto se manifiesta a través del deterioro y uso
irracional de los recursos naturales, contaminación, extinción de flora y fauna,
calentamiento global, por mencionar solo algunos, sin dejar de lado que dichos
problemas repercuten directamente en la sociedad.

Fue durante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, también conocida como Conferencia de Estocolmo, realizada en Suecia
en junio de 1972, en donde “por primera vez se manifestaron las preocupaciones
de la comunidad internacional en torno a los problemas ecológicos y del
desarrollo” (INEGI, 2000). Tal como menciona la Agenda Local 21 (2004), el
mayor logro de esta Conferencia fue que todos los participantes aceptaran una
visión ecológica del mundo, como resultado se aprobó la Declaración de
Estocolmo conformada por 26 principios, entre los cuales se reconocía “que el
hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea”. (Declaración de
521

�Estocolmo, 1972). Es partir de ahí que se instaura el 5 de Junio como el Día
Mundial del Medio Ambiente.

Es en 1987 que la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo
(CMMMAD), creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presenta
el informe elaborado a lo largo de tres años titulado Nuestro Futuro Común, en el
que por primera vez se hace referencia al concepto “Desarrollo Sustentable” el
cual se definió como “aquel que satisface las necesidades esenciales de la
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las
necesidades esenciales de las generaciones futuras” (INEGI, 2000).

En Nuestro Futuro Común, se reconoce que el progreso económico y social
debe tener como base la sustentabilidad, es decir, que el avance en los países ya
sea económico, social o tecnológico, debía ir de la mano con el cuidado,
preservación y protección del medio ambiente. Es aquí donde recae la importancia
del Desarrollo Sustentable, con una educación dirigida a toda población, que
además de lograr un equilibrio social, económico y ambiental, se respete el
derecho de las generaciones futuras preservando un lugar adecuado para vivir.

Es así como el papel de la educación se torna relevante, al ser una
estrategia eficaz para alcanzar un desarrollo personal y colectivo que permita a
través de la enseñanza crear una armonía entre la sociedad y la controlada
explotación de los recursos naturales, para preservarlos.

En esta Cumbre de Río, se analizaron diversos temas entre los que se
encuentra la reorientación de la Educación para un Desarrollo Sustentable, misma
que se retoma para la presente investigación. En este sentido, se ubica a la
enseñanza como un pilar fundamental para promover un desarrollo que este
fundamentado en medidas de protección al medio ambiente y hacia el

522

�aprovechamiento de los recursos naturales, de tal manera, que las generaciones
siguientes puedan abastecer sus necesidades.

Por lo tanto, la formación básica tendría que estar orientada a la protección
del medio ambiente y al desarrollo como parte fundamental del aprendizaje. Lo
anterior se traduce al trabajo en conjunto de todos los actores involucrados,
buscando generar conciencia humana y responsabilidad personal hacia los
problemas ambientales, según los preceptos declarados por la Cumbre de la
Tierra.

El Programa 21 es un plan de acción exhaustivo a nivel mundial, consta de
40 capítulos que abarcan todos los aspectos del Desarrollo Sustentable, los
capítulos 25 y 36 se consideran importantes para el tema de estudio y se refieren
a lo siguiente:


Respecto al capítulo 25, titulado La infancia y la juventud en el
desarrollo sostenible, se menciona que en muchos países en
desarrollo los niños constituyen casi la mitad de la población. Es
decir, se tiene que vigilar que la población infantil tenga plena
conciencia de los problemas ambientales y su importancia en la
participación a favor del desarrollo sustentable y el mejoramiento
ambiental. Para ello es necesario, entre otras cosas, una educación
que vaya encaminada a crear conciencia de su responsabilidad en el
medio ambiente y el desarrollo.



El capítulo 36, titulado Fomento de la educación, la capacitación y la
toma de conciencia, menciona que debido a que la mayoría de las
personas no conocen bien cuál es su papel dentro de los problemas
ambientales, tienden a realizar actividades que aumentan su
destrucción y degradación, es por eso, que la educación,
523

�Equitativo

Soportable

D.S.
Viable

enfocándose en la enseñanza académica, juega un papel estratégico
para adquirir los conocimientos, que permitan lograr un cambio de
actitudes hacia con el medio ambiente. Por lo tanto, es necesario
promover la integración de los conceptos ecológicos y de desarrollo,
en los programas de enseñanza.

Figura 1.Bases para un Desarrollo Sustentable; Sociedad, Economía y Ambiente.
Fuente: Elaboración propia

Fue la Cumbre de la Tierra (1992) la que se convirtió en un punto de
referencia, al ser la conferencia más grande en su tipo y al contar con la
participación de 178 países (Animal Político, 2012, parr.3). En los años siguientes
se continuaron analizando y trabajando los objetivos planteados, tanto en la
Declaración de Rio, como en el Programa 21.

Con base en lo anterior, puede observarse que a pesar de que la
Conferencia y el Programa 21 no se realizaron específicamente para la educación
académica y su relación con el desarrollo sustentable, se vislumbra como la

524

�enseñanza constituye una base para promover los objetivos que permitan llegar a
un equilibrio y favorecer la interrelación naturaleza-sociedad.

Con este enfoque, se reconoce la importancia de la educación ambiental,
que aunque no es exclusiva en el ámbito escolar, busca que ésta se imparta
también fuera de las aulas, la reconoce como un medio idóneo para garantizar la
adopción de conocimientos, conductas y valores hacia el medio ambiente, para
garantizar su conservación y protección.

En su Artículo 39, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, menciona la importancia de incorporar contendidos ambientales,
además de conocimientos, valores y competencias que ayuden a desarrollarse en
armonía con la naturaleza, en los distintos ciclos educativos, dando especial
importancia a la niñez en su nivel básico. Al igual que resalta el fomento a la
conciencia ecológica y promoción de proyectos de Desarrollo Sustentable, a fin de
lograr el fomento de la prevención, restauración, conservación y protección del
ambiente, iniciando con la población infantil.

Es en el 2002 cuando se reforma la Ley General de Educación y se
presentan por primera vez elementos en materia ecológica, con dicha reforma,
nuevamente actualizada en el 2011, se establece en su Artículo 7º sección IX la
necesidad de inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia
ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como
de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como
elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y
la sociedad (Ley General de Educación, 2011, p.3).

En el Artículo segundo de la citada Ley, se menciona que la educación es el
medio fundamental en el que se adquieren, transmiten y aumenta la cultura en la
sociedad; se identifica como el proceso que contribuye al desarrollo del individuo y
525

�a la transformación de la sociedad, y es el principal factor para la adquisición de
conocimientos y así formar a mujeres y a hombres, que tengan sentido de
solidaridad social.

Al considerarse un tema relevante desde hace varios años, se considera la
importancia de la educación y de la población infantil como partes fundamentales
del proceso de adquisición de conocimientos y actitudes ambientales, sin
embargo, a nivel estatal la educación básica primaria cuenta con dos materias que
abordan temas de la naturaleza y el planeta tierra; Ciencias Naturales y Geografía
según el Plan de Estudios de Educación Básica de la Secretaria de Educación
Pública (SEP), no obstante las mencionadas materias no logran profundizar en los
temas ambientales y en el actuar de los seres humanos dentro de estos. Es decir,
los contenidos que se imparten poco contribuyen a ver la dimensión social de los
problemas ambientales.

Ramírez Albores y Ramírez Cedillo señalan que la educación ambiental
debe ser
un proceso continuo que tienda a la formación de una cultura
ecológica en la sociedad, mediante el manejo y asimilación de
conocimientos, actitudes, aptitudes y valores acerca de la relación
del hombre con la naturaleza, y de cómo implementar posibles
recursos e instrumentos para llevar a cabo acciones concretas en
favor de la conservación del medio y de sus componentes dentro del
plan de estudios (s.f., p.3).

Es decir, se coincide con Ramírez y Ramírez en la necesidad de abordar
los problemas ambientales y contribuir a su solución, constituyéndolo como un
proceso continuo y permanente, en todos los niveles educativos. Sin embargo,
existe cierta dificultad para lograr la cultura ambiental requerida si los programas
escolares no cuentan con temas que fomenten los conocimientos necesarios o
526

�proyectos específicos para que la población que se encuentra cursando la
educación básica primaria contribuya con su participación al igual que todos los
niveles educativos y la comunidad en general.
Al mencionar lo anterior y al no notar investigaciones locales realizadas que
vinculen el proceso educativo con la percepción y el comportamiento de los niños
hacia su medio ambiente, se presenta un esbozo de este estudio exploratorio.

Planteamiento del problema de investigación

Ya que la degradación del entorno natural es un problema a nivel mundial que
afecta a todos los seres humanos, se resalta la importancia de la infancia por ser
el futuro de las naciones, y por ello se considera primordial que su aprendizaje
dentro del ámbito escolar sea encaminado a brindar las herramientas necesarias
para actuar en su medio natural, con el fin de lograr un Desarrollo Sustentable.

En este sentido, puede destacarse como la educación básica primaria
carece de estrategias y contenidos educativos para lograr esa cultura ambiental, a
nivel local, no se cuenta con una materia específica en el programa educativo de
la Secretaria de Educación Pública que aborde los contendidos esenciales para
ello, las materias incluidas en el plan de estudios que abordan temas de la
naturaleza y el planeta tierra; Ciencias Naturales y Geografía, no son suficiente.
Es decir, los contenidos que se imparten poco contribuyen a ver la dimensión
social de los problemas ambientales, obstruyendo la comprensión de los conflictos
y el actuar del ser humano dentro de estos, por consiguiente los niños carecen no
sólo de información sino también de valores que les permitan actuar de una
manera adecuada con el entorno natural.

Como objetivo general, en la investigación se pretendió analizar la
influencia de los Factores Educativos en la percepción que tienen los niños de 9 a
527

�12 años sobre el Desarrollo Sustentable de acuerdo con la Teoría del Aprendizaje
Social, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal turno vespertino, con la finalidad
de obtener elementos que coadyuven a futuras intervenciones desde el Trabajo
Social en el tema de sustentabilidad.

Como fundamentación, se presentaron los elementos teórico-referenciales
que dieron sustento a las categorías planteadas en la investigación, iniciando con
la educación y los factores presentes en ella, ya que se ubica entre los valores
universales más apreciados porque matiza y afecta todos los aspectos de la vida
del hombre y de la sociedad en su conjunto, debe estar en constante movimiento,
de acuerdo a las necesidades y exigencias del ambiente en que se desarrollan los
niños para lograr actuar en él, haciendo posible el proceso formativo en materia de
Desarrollo Sustentable.

Se vislumbran, asimismo aspectos relacionados con la infancia destacando
esta etapa como una de las fundamentales para la formación de valores y de la
percepción con respecto al enfoque medioambiental, en este sentido, la edad
escolar es un punto central para el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, la
escuela, al igual que la familia, son importantes en esta etapa, la educación
escolar es idónea para fomentar un aprendizaje en la infancia, que les permita
adquirir los valores y conocimientos para actuar en su entorno con sentido de
solidaridad, respeto y justicia.

Señalando, además, los referentes teórico-conceptuales sobre el tema de
sustentabilidad, cuyo objetivo es principalmente el de reconciliar los aspectos
económico, social y ambiental implicados en las actividades humanas, muestra el
compromiso que debe tener la humanidad para generar una relación entre la
naturaleza y la sociedad donde se utilicen los recursos renovables y no renovables
apropiadamente, se ocasione el menor o hasta ningún daño a los ecosistemas y

528

�se distribuyan justa, racional y equitativamente los beneficios de la economía
(Díaz, 2009).

Dentro de los indicadores se visualiza, en cuanto a educación, una tasa de
escolarización a nivel primaria y secundaria completa, al igual que, la
implementación de una estrategia nacional de Desarrollo Sostenible. Es decir, la
CDS le da una gran importancia al papel de la educación para cumplir un
desarrollo sustentable en los países, como también que los gobiernos en conjunto
con las instituciones lo incluyan en sus estrategias.
El Trabajo Social como profesión comprometida con el desarrollo, el
bienestar social y la calidad de vida del individuo, adquiere un compromiso
inaplazable frente al abordaje del problema ambiental. Los temas relevantes de
investigación en Trabajo Social con relación al Desarrollo Sustentable son
aquellos que están orientados a decodificar la relación que entabla el ser humano
con la naturaleza, la forma como su construcción cultural la asimila y trata de
transformarla y los sentidos y significados que para él representa, lo que devela su
intención de conservación, transformación o destrucción.
La teoría cognoscitiva social plantea que los factores sociales y
cognoscitivos así como la conducta tienen papeles importantes en el aprendizaje,
es decir, según Bandura estos se relacionan entre sí creando un aprendizaje y un
comportamiento hacia el ambiente.
Albert Bandura (2004, citado por Santrock, 2006) es uno de los principales
arquitectos de la teoría cognoscitiva social. De acuerdo con él, cuando los
estudiantes aprenden,

pueden

hacer una

representación cognoscitiva

o

transformar sus experiencias. Bandura desarrollo un modelo del determinismo
reciproco que consiste en tres factores principales: conducta (acciones
individuales,

elecciones

y

declaraciones

verbales),

persona

cognoscitiva

(creencias, expectativas, actitudes y conocimientos) y ambiente (recursos,
consecuencias de las acciones y condiciones físicas). Estos factores pueden
529

�interactuar para afectar el aprendizaje: los factores ambientales afectan la
conducta, la conducta afecta al ambiente, los factores de la persona
(cognoscitivos) afectan la conducta, y así sucesivamente, tal como se muestra en
la Figura 2.

Conducta

Persona

Ambiente

(factores
cognoscitivos)

Fuente: Elaboración propia
Figura 2. Modelo del determinismo reciproco del aprendizaje de Bandura

Se seleccionó dicha teoría ya que al igual que con el Desarrollo
Sustentable, en el que economía, medio ambiente y sociedad se relacionan
creando equilibrio, en la teoría cognoscitiva se relacionan la conducta, los
conocimientos y las condiciones físicas para afectar el aprendizaje, es por ello que
se considera la adecuada para la presente investigación ya que se busca analizar
los factores educativos (conocimientos, condiciones físicas, recursos) y como
estos influyen en la percepción (actitudes, acciones, conductas) que los niños
tienen hacia su entorno natural, relacionando así los tres elementos de la teoría
hacia un fin, ya sea este a benéfico o perjudicial para el medio ambiente ( Figura
2).
530

�Enfoque metodológico

Se utilizó la investigación cuantitativa al ser aquella en la que se pueden recabar y
analizar datos sobre la infancia, el desarrollo sustentable y los factores educativos,
vistos como categorías de estudio, con la finalidad de analizar la influencia de los
Factores Educativos en la percepción que tienen los niños de 6 a 11 años sobre el
Desarrollo Sustentable en la Escuela Primaria Anexa a la Normal T.V. con la
finalidad de obtener elementos que coadyuven a futuras intervenciones en desde
el trabajo social en el tema de sustentabilidad, llegando a la generalización de los
resultados a partir de una muestra conformada por cien niños del nivel básico.

El diseño del estudio fue de corte transversal ya que la información
recabada se hizo en un sólo momento, su propósito era describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, et al.,
2006). Éste se llevó a cabo en la Escuela Primaria Anexa a la Normal T.V., con
niños del 4º al 6º grado, que se encontraban entre los 8 y los12 años de edad,
mismos a los que se les aplicó una sola vez el instrumento previamente piloteado
y validado.

Es no experimental por qué no hubo manipulación de variables, ya que, se
observó y describió el fenómeno tal y como este se daba en el contexto, es decir,
Se seleccionó dicho método ya que como investigadoras no se tenía control
directo de las variables, sino que, ya habían sucedido al igual que los efectos, se
observó

y

analizó

la

situación

ya

existente

sin

que

se

provocaran

intencionalmente.

La muestra que se tomó para la presente investigación, fueron 100 niños y
niñas que al momento del estudio se encontraban cursando el 4º, 5º y 6º grado de
la educación básica primaria y sus edades iban de los 8 a los 12 años, se tomaron
531

�en cuenta independientemente de su sexo y situación socioeconómica, todos ellos
pertenecientes a la Escuela Primaria Anexa la Normal T.V. ubicada en las calles
Salazar y Ramos Arizpe en la Zona Centro de la ciudad de Saltillo Coahuila.

El proceso de validación se presentó al aplicar una prueba piloto que dio pie
a adecuaciones que mejorarían el instrumento para que este quedara de una
manera más clara y sencilla para los niños, con ello se buscó dar respuesta a los
objetivos planteados en la investigación con la finalidad de tener un resultado
consiente y confiable hacia lo que se investigó.

El programa que se utilizó, para el análisis estadístico de los datos
recabados, fue el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 15.0,
a partir de él se manejaron medidas de tendencia central (moda), análisis de
frecuencia, valores relativos dados en porcentajes, cruce de variables en tablas de
contingencia y correlaciones bivariadas (Pearson), a partir del nivel de
confiabilidad en un 99%, buscando con ello analizar la influencia de los Factores
Educativos en la percepción que tienen los niños de 9 a 12 años sobre el
Desarrollo Sustentable.

Hallazgos
Datos generales
A través de los datos generales se logró conocer el nivel de conocimiento y
actitudes con las que cuentan los niños sobre temas ambientales, dependiendo de
la edad y el grado escolar en el que se encuentran, al igual que analizar si varía la
percepción entre niños y niñas en cuanto a temas relacionados con el Desarrollo
Sustentable.
Lo que se obtuvo a través del análisis de los datos generales es que la
mayoría de los niños y niñas encuestados, con un 42% tienen 12 años, en
532

�comparación con los de 9 años con un 10%. De los 100 menores encuestados la
mayoría son hombres representados con un 52%.

Educación
La categoría de educación es de suma importancia para la presente investigación,
al ser esta la que permitió conocer y analizar uno de los contextos principales en
que se desarrollan los niños, así como los aprendizajes y actividades relacionados
con el Desarrollo Sustentable que se imparten dentro del ámbito escolar ( Tabla
1).

EDUCACIÓN
SI

NO

44%

55%

1. ¿Tu escuela cuenta con áreas verdes?

Tabla 1

Como se muestra en la Tabla 2, en la categoría de Escuela, de acuerdo con
lo que mencionaron los niños, si cuentan con las bases educativas para aprender
acerca de la Cultura Ambiental, sin embargo consideran que hacen falta
actividades para motivar su interés tanto dentro de la institución educativa como
para involucrarse en actividades extracurriculares a cerca de dicho tema.
Mencionando también que el entorno en que se desenvuelve el menor es
importante para su desempeño, y según los niños, en la escuela no cuentan con
áreas verdes, ni botes para separar la basura.

533

�EDUCACIÓN
CASI

RAR

SIEMPR

A

E

VEZ

21%

4%

6%

57%

25%

13%

5%

31%

42%

18%

7%

actividades para el cuidado del Medio 18%

20%

44%

16%

23%

58%

18%

1%

56%

30%

10%

2%

21%

54%

22%

2%

18%

19%

37%

24%

20%

25%

42%

12%

SIEMPR
E

NUNC
A

1. ¿En tus libros escolares vienen
temas

del

medio

ambiente

y

su 69%

importancia?
2. ¿Llevas una materia relacionada
con el medio ambiente?
3. ¿Te enseñan a cuidar el Medio
Ambiente en tu escuela?
4. ¿Dentro de la escuela realizas

Ambiente?
5. ¿Con que regularidad ven temas de
Medio Ambiente?
6. ¿En tu escuela deben de hablar más
sobre el cuidado del Medio Ambiente?
7. ¿Tu escuela está limpia?
8. ¿En tu escuela cuentan con botes
para separar la basura?
9. ¿Las actividades y lo que aprendes
dentro de tu escuela te motivan a
involucrarte

y

proteger

tu

Medio

Ambiente?
Tabla 2.

En cuanto a escuela, la frecuencia indica que 17 de los 100 niños
encuestados, mencionaron que Siempre llevan una materia relacionada con Medio
534

�Ambiente al igual que Siempre ven temas ambientales. Según la moda 35 de
estos niños coinciden en que Siempre llevan una materia ambiental y casi siempre
ven temas de medio ambiente. Con lo anterior, puede decirse que 52 de los 100
niños, es decir, más de la mitad coincidieron en que llevan una materia ambiental
y la mayoría del tiempo ven temas relacionados con el medio ambiente, en
comparación con 3 que dice rara vez y nunca llevar la materia de medio ambiente
ni ver temas ambientales, como se puede observar en la Tabla de contingencia 3.

Tabla de contingencia 3.
Llevas alguna materia relacionada con el M.A. * Con que regularidad en tu
escuela ven temas de M.A.
Con que regularidad en tu escuela
ven temas de M.A.
Total
Siempre

Rara vez

Nunca

35

5

0

57

16

4

0

25

6

7

0

13

1

1

2

1

5

23

58

18

1

100

Siempre 17
Casi

alguna siempre 5
materia relacionada
Rara
con el M.A.
0
vez
Llevas

Nunca
Total

Casi

535

siempre

�Dentro del ámbito escolar, se cuenta con una materia que contiene temas
ambientales, desde la perspectiva de las investigadoras a pesar de que llevan
esta, se considera que hace falta una materia especifica de Desarrollo
Sustentable, para con ello abordar más a fondo dicho tema que es de relevancia
en la actualidad, tal como menciona la UNESCO;
educar para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas
fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y el
aprendizaje(…) exige métodos participativos de enseñanza y
aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a
fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro
del desarrollo sostenible (s.f., párr. 2).

Desde la representación de las investigadoras, se apoya lo citado por la
UNESCO, ya que se considera importante que el Desarrollo Sustentable sea parte
fundamental en el ámbito educativo y debe empezarse por lo más elemental que
es el manejo de la información en torno al tema.

Cultura Ambiental

La categoría cultura ambiental es la que permitió conocer y analizar cuál es la
percepción de los niños sobre su entorno natural, al igual que identificar las
actitudes y valores que tienen hacia el mismo, véase Tabla 4 y 5, lo anterior dentro
del espacio educativo en el que se desarrollan, así como su hogar.

536

�Tabla 4.
CULTURA AMBIENTAL
SI

NO

87%

13%

91%

9%

50%

50%

28%

72%

62%

16%

78%

19%

43%

56%

y 87%

13%

1. ¿Te preocupa que cada día se deteriore más el
medio ambiente?
2. ¿Cuándo reciclas te sientes bien?
3. ¿Estarías dispuesto a renunciar a ciertas
comodidades para ahorrar agua?
4. ¿Colaboro con alguna campaña de cuidado o
protección del medio ambiente?
5. Si tu respuesta anterior fue NO ¿te gustaría
hacerlo?
6. ¿Te gustaría contribuir con la reforestación?
7. ¿A las personas que me rodean les preocupan
los problemas ambientales?
8. ¿Consideras que el gobierno debe implementar
más

acciones

dirigidas

a

la

protección

conservación del medio ambiente?
9. ¿Consideras que si en el presente nos
preocupamos por nuestro medio ambiente y lo
protegemos, las futuras generaciones tendrán un
buen lugar para vivir?

537

88%

12%

�Tabla 5
CULTURA AMBIENTAL
CASI

RAR

SIEM

A

PRE

VEZ

37%

53%

9%

1%

84%

11%

4%

1%

animales tienen el mismo derecho a existir 72%

24%

2%

2%

7%

28%

62%

3%

57%

35%

4%

2%

28%

27%

40%

5%

contamina el medio ambiente y el aire que 65%

28%

30%

3%

25%

8%

7%

41%

9%

1%

SIEMP
RE

1. ¿Cada cuando consideras que el medio
ambiente es importante?
2. ¿Piensas que el medio ambiente es
necesario para sobrevivir?

NUN
CA

3. ¿Consideras que las plantas y los

que los seres humanos?
4. ¿Te preocupas por la extinción de
animales?
5. ¿Consideras que los humanos abusan
del medio ambiente?
6.

¿Consideras

que

la

contaminación

afecta la salud de los seres humanos?
7. ¿Consideras que el transporte urbano

respiramos?
8. ¿Crees que el uso del automóvil influye
en el daño a la capa de ozono y al cambio 60%
climático?
9. ¿Las personas que conoces o te rodean 48%
538

�usan el carro a diario?
10. ¿Te preocupas o protestas a favor del
cuidado ambiental solo cuando hay algún 49%

36%

10%

5%

15%

16%

53%

16%

17%

18%

44%

21%

12%

20%

43%

25%

16%

15%

44%

23%

12%

20%

51%

16%

46%

39%

14%

0%

18%

50%

27%

5%

35%

39%

21%

4%

desastre ecológico?
11.

¿Te

sientes

responsable

por

la

contaminación de tu ciudad (exceso de
basura, contaminación del aire, parques o
plazas en mal estado, etc.)?
12. ¿Con que frecuencia reciclas?
13. ¿Con que frecuencia separas la basura
en su lugar?
14.

¿Realizas

objetos

con

material

reciclado?
15. ¿Si ves a alguien tirando basura te dan
ganas de llamarle la atención
16. ¿Cuidas el agua?
17. ¿Cuándo veo una llave goteando la
cierro de manera adecuada?
18. ¿La gente que me rodea utiliza muchos
productos que contaminan el ambiente?

Como se puede apreciar en la Tabla 4 y 5, la mayoría de los niños
encuestados carece de cultura ambiental, al notarse que las respuestas van más
dirigidas hacia que no les preocupan mucho los problemas ambientales o que no
hacen mucho por contribuir al igual que no se sienten responsables por dichos
539

�problemas, por ejemplo, al responder si les preocupa la extinción de animales la
mayoría de los niños señalan que “rara vez”, en otra de las preguntas indican que
“rara vez” se sienten responsables por la contaminación de la ciudad, sin embargo
también señalan que los humanos “siempre” abusan del medio ambiente pero a
pesar de esto “rara vez” reciclan o separan la basura y “casi siempre” utilizan
productos que contaminan el medio ambiente. Pero también, aunque en menor
cantidad, se observa que a algunos de los niños y niñas si les preocupan los
problemas con su medio ambiente y se sienten responsables por ellos.

Con base a lo anterior, como Trabajadoras Sociales, se considera
necesario posibilitar a los individuos a comprender las relaciones que establece
con su entorno, partiendo de un conocimiento crítico y reflexivo de su realidad, que
pueda generar en él y su comunidad actitudes de valoración y respeto por su
ambiente.

Conocimiento ambiental
Esta categoría permitió para la presente investigación tener una noción del
conocimiento que tienen los niños en cuanto a su entorno natural.
Como se observa en la Tabla 6 y 7, los mayores porcentajes obtenidos en
los diferentes indicadores, muestran como los menores carecen de conocimientos
sobre la importancia de la Cultura Ambiental, y de lo trascendental que es ésta
para el desarrollo de los seres humanos. Tomando en cuenta que el 61% de los
100 niños encuestados no conocen el significado de Desarrollo Sustentable, un
índice alarmante hacia lo importancia de dicho tema.

540

�Tabla 6.
CONOCIMIENTO
SIEMPRE

CASI

RARA

SIEMPRE VEZ

NUNCA

1. ¿Consideras que el agua en el
mundo es suficiente para el uso de 41%

37%

15%

6%

24%

22%

43%

18%

16%

50%

los humanos?
2. ¿Consideras que el ruido de la
ciudad es un contaminante para el 9%
Medio Ambiente?
3. ¿Cuánto crees que afecta la
contaminación por el ruido a la salud 16%
de los seres humanos?

541

�Tabla 7.

CONOCIMIENTO
SI

NO

Sustentable?

38%

61%

2. ¿Sabes el significado de las 3R?

64%

35%

48%

52%

89%

11%

39%

61%

51%

48%

85%

15%

1. ¿Conoces el significado del Desarrollo

3. ¿Crees que el aumento de la temperatura
atmosférica se debe a la contaminación
generada por los seres humanos?
4. ¿Crees que la cifra de especies en peligro
de extinción es cada vez más alto?
5. ¿Consideras que llevar una vida más
ecológica es solo para las personas que
tienen un nivel económico alto?
6. ¿Crees que es un deber de todos
conservar los recursos naturales de hoy
para las futuras generaciones?
7. ¿Crees que la utilización de productos
reciclados disminuye la contaminación?

542

�Tabla de contingencia 8
Llevar una vida ecológica es para personas
con un nivel económico alto * Es un deber
de todos conservar los Recursos Naturales.
de hoy para las futuras generaciones
Es un deber
de

todos

conservar los
Recursos
Naturales. de

Total

hoy para las
futuras
generaciones
Si

No

Si

15% 23% 38%

No

36% 25% 61%

Llevar una vida ecológica es para personas
con un nivel económico alto

Perdidos
Total

51%

1%
48%

99%

En cuanto a conocimiento, el 36% de los niños menciona que el llevar una
vida ecológica No es solo para personas con un nivel económico alto y que Si es
un deber de todos conservar los recursos naturales de hoy para las futuras
generaciones. Y el 25% señala que llevar una vida ecológica no es sólo para las
543

�personas con un nivel económico alto, sin embargo, indica que no es un deber de
todos conservar los recursos naturales de hoy para las futuras generaciones. El
15% mencionó que la vida ecológica es sólo para las personas con un nivel
económico alto. Tal como se muestra en la Tabla de contingencia 8.
Hogar
Esta categoría permitió conocer la importancia del medio ambiente dentro del
entorno familiar de los menores, esto a través de las actividades y valores que les
transmiten, como se aprecia en la Tabla 9.
Tabla 9.
HOGAR
SIEMPRE

CASI

RARA

SIEMPRE VEZ

NUNCA

1. ¿En tu hogar utilizan productos
biodegradables (ecológicos) para
contribuir al cuidado del Medio

17%

4%

37%

37%

14%

18%

52%

15%

Ambiente?
2. ¿En tu hogar te transmiten
valores sobre el Medio Ambiente?

3. ¿En tu hogar cuentan con

SI

NO

árboles, jardín o plantas?

70%

29%

40%

60%

4. ¿En tú hogar pones en práctica
los conocimientos adquiridos
sobre Medio Ambiente?

544

�De acuerdo con lo que mencionan los niños, a la mayoría, rara vez o nunca
les trasmiten valores o ponen en práctica sus conocimientos ambientales en el
hogar, esto coadyuva a que no se generen actitudes en ellos y en su familia, pues
no hay nadie que los oriente en torno al cuidado el medio ambiente, tal como se
observa en la Tabla 9.

Dentro del hogar, la moda indica que a 34 de los niños rara vez les
trasmiten valores ambientales en su hogar y no ponen en práctica los
conocimientos de la escuela sobre medio ambiente, el análisis de frecuencia
indica que a 18 de los menores rara vez les transmiten valores en su hogar de
medio ambiente, sin embargo, ponen en práctica los conocimientos ambientales
que adquieren en la escuela. A una frecuencia de 13 menores nunca les
transmiten valores sobre medio ambiente en su hogar, de la misma manera no
muestran ningún interés en poner en práctica lo aprendido en el espacio educativo
sobre el medio ambiente, como se aprecia en la Tabla de contingencia 10.
Tabla de contingencia 10.
En tu hogar te transmiten valores sobre el M.A. * En tu hogar pones en
práctica los conocimientos de la esc. sobre M.A.
Recuento
En

tu

hogar

pones

en

práctica los conocimientos
de la esc. sobre M.A.

Siempre
En tu hogar te transmiten Casi
valores sobre el M.A.

siempre
Rara vez

Total

Si

No

8

6

14

11

7

18

18

34

52

545

�Nunca
Total

2

13

15

39

60

99

Se considera que en la mayoría de los hogares se carece de una cultura
ambiental, en base a esto no se inculcan las actitudes y valores necesarios para
que los menores y la familia actúen de manera armónica con su entorno. Como
menciona Ramírez, “a partir del medio ambiente, postula un cambio social pacífico
y gradual, que de manera organizada y planificada modifique nuestra relación con
la naturaleza, con nosotros mismos y con la sociedad” (2004, p.), es aquí donde
recae su importancia ya que es necesario involucrar la base de la sociedad que es
la familia para actuar de manera adecuada y en conjunto preservando el medio
ambiente y la vida misma de los seres humanos.

El cruce de variables permite, al momento de realizar un análisis de datos
capturados poder cruzar la información de variables, es decir, separar la
información con base en algunos criterios tales como edad, sexo, educación,
cultura ambiental, conocimiento ambiental y hogar.

Tabla de contingencia 11.
Edad * Conoces el significado del Desarrollo Sustentable
Recuento
Conoces

el

significado

Desarrollo Sustentable

del
Total

Si

No

9 años

2%

8%

10%

10 años

11%

13%

24%

Edad

546

�11 años

8%

16%

24%

12 años

17%

24%

41%

Perdidos
Total

1%
38%

61%

99%

Como se puede apreciar en la Tabla de contingencia 11, en cuanto a la
edad de los alumnos y el conocimiento como categoría de análisis, se observa que
según el 24% de los niños de 12 años no conocen el significado de Desarrollo
Sustentable, no obstante que es esta edad, de acuerdo al grado en el que se
ubican (6°), en la que más información se proporciona, según el programa
académico de Ciencias Naturales y geografía de la SEP, se denota que los niños
de 10 años con un 11% saben lo que es el desarrollo sustentable, en comparación
con los de 11 años que solo un 8% conoce lo que es el desarrollo sustentable, con
esto se supone que hace falta reforzar la enseñanza de temas ambientales en
esta edad, para con ello llegar a un índice más alto de adquisición de
conocimientos ambientales, es decir, no solo verlo de manera general si no como
ya se mencionó anteriormente, ir más a fondo y reforzar con actividades que
involucren a los niños con acciones a favor de la protección y conservación del
medio ambiente.

Lo anterior apoyado en la teoría de Bandura, en la cual menciona que para
que exista un aprendizaje adecuado son necesarios tres factores; conducta,
persona y ambiente, es decir, la conducta representa el conocimiento impartido, la
persona representa a los niños que reciben el conocimiento y el ambiente se
refiere a los recursos físicos. Para generar el aprendizaje según la teoría son
necesarios la atención, la retención, la producción y la motivación.

547

�Tabla de contingencia 12.

Te preocupa que cada día se deteriore más el M.A. * En tu hogar utilizan
productos biodegradables (ecológicos)
Recuento
En

tu

hogar

utilizan

productos

biodegradables (ecológicos)
Total
Siempre Casi

Rara vez Nunca

siempre
Te

preocupa

que Si

16

9

28

34

87

0

9

3

13

9

37

37

100

cada día se deteriore
más el M.A.
Total

No 1
17

En el cruce de variables cultura ambiental y hogar, la moda indica que 34
de los niños mencionan que Si les preocupa que cada día se deteriore más el
Medio Ambiente pero sin embargo dicen nunca utilizar productos biodegradables
(ecológicos) para el cuidado del Medio Ambiente. Según la frecuencia 9 de los
niños indica que no les preocupa el deterioro del Medio Ambiente, por tal motivo
dicen que Rara vez utilizan productos biodegradables en su hogar. Y solo 16 de
los encuestados utilizan siempre productos biodegradables (ecológicos) esto a
causa de su preocupación por el deterioro del Medio Ambiente. Con esto se
observa que en los menores hace falta percepción ambiental, que se sientan parte
del entorno en el que se desarrollan.

548

�En base a lo anterior Calixto y Herrera señalan que
La percepción ambiental implica el proceso de conocer el ambiente
físico inmediato a través de los sentidos (…) al mismo tiempo
interviene las actitudes que con respecto al ambiente son los
sentimientos favorables o desfavorables que las personas tienen
hacia las características del ambiente físico (2010).

Es decir, a través de la percepción ambiental se adoptan las conductas
hacia el entorno ya sean a favor o en contra según sean percibidas y vistas desde
la realidad individual.

Tabla de contingencia 13.
A las personas que me rodean les preocupan los problemas ambientales *
Te enseñan a cuidar el M.A. en tu escuela
Recuento
Te enseñan a cuidar el M.A. en tu
escuela
Total
Siempre Casi

Rara

siempre

vez

Nunca

A las personas que Si

13%

22%

8%

0%

43%

me

17%

20%

10%

7%

54%

rodean

preocupan
problemas

les
los No

3%

Perdidos

ambientales
Total

30%

42%

18%

7%

97%

Como se observa en la Tabla de contingencia 13, en las categorías de
escuela y cultura ambiental se observa que el 37% de los niños mencionan que en
su escuela les enseñan a cuidar el medio ambiente, al contrario de las personas
que tienen a su alrededor a las cuales no les preocupan los problemas
549

�ambientales. Esto quiere decir que la sociedad no se ve como parte de los
problemas ambientales, es decir los ven ajenos a ellos ya que no se sienten
responsables de estos y por ello no actúan a favor del medio ambiente.

El Trabajo Social como profesión comprometida con el desarrollo, el
bienestar social y la calidad de vida del individuo, adquiere un compromiso frente
al abordaje del problema ambiental. El Trabajador Social en el área del desarrollo
sustentable, debe de estar orientado a educar para la participación y generar
cambios de actitud en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de la
población.

La preocupación sobre la calidad del medio ambiente, como motivación
humana para la puesta en marcha de conductas, emerge desde los valores
humanos, desde creencias sobre el impacto de la interacción ser humano-medio
ambiente y desde las creencias en la capacidad personal para aliviar o evitar los
daños que supone el deterioro del medio ambiente.

Finalmente se concluye que al analizar la influencia de los factores
educativos en la percepción que tienen los niños sobre el Desarrollo Sustentable,
se observa que a pesar de que la Ley General de Educación y el Programa de la
Secretaria de Educación Pública regulan la educación ambiental, en realidad no se
acatan tales ordenamientos ya que en la escuela primaria en estudio, los alumnos
carecen de conocimiento y cultura ambiental, esto con base al instrumento
aplicado el cual abarcaba preguntas sobre conocimiento, actitudes, valores y
percepción ambiental.

Respecto a los objetivos planteados, se logró conocer la percepción que
tienen los niños sobre el desarrollo sustentable, la cual indica que una parte
reveladora no conoce el significado de Desarrollo Sustentable, al igual que se
550

�logró conocer los valores que los menores adquieren tanto de su contexto familiar
como escolar y que contribuyen en la percepción y actitudes hacia el medio
ambiente, lo cual dice que en el contexto escolar les imparten conocimientos sobre
dicho tema, sin embargo, se quedan en lo teórico sin abarcar la práctica, algo que
repercute en el hogar, ya que los menores no realizan actividades a favor del
medio ambiente dentro de este.

Los hallazgos surgidos de la investigación, vislumbran que las técnicas de
enseñanza y los materiales de apoyo no están favoreciendo la construcción del
conocimiento del desarrollo sustentable, puesto que sólo son utilizados como un
medio de información, sin llegar a promover en los niños la reflexión sobre el
impacto y consecuencias del deterioro ambiental, ya que los docentes no utilizan
un método especial para enseñar la materia ambiental y por lo tanto, no pueden
lograr que los alumnos tengan una visión comprometida con el medio ambiental.
Al igual que en la institución educativa no se cuenta con una materia de educación
ambiental y por lo tanto los docentes desconocen las metas y fines de dicha
materia y del desarrollo sustentable, por ende no se puede esperar el
cumplimiento de una verdadera enseñanza ambiental.

Como una aportación importante para este trabajo, desde el ámbito
profesional del Trabajo Social se considera de gran importancia que las escuelas
primarias adopten la educación ambiental como parte del programa de estudios
para así, desarrollar en los alumnos capacidades, actitudes y habilidades para que
participen de manera activa y critica en la protección y aprovechamiento del medio
ambiente.

De acuerdo con la Teoría de Albert Bandura del aprendizaje cognoscitivosocial, desarrollo el modelo del determinismo reciproco que consiste en tres
factores; conducta, persona cognoscitiva y ambiente, que se relacionan entre sí
para crear un aprendizaje (2004, citado por Santrock, 2006). Como menciona
551

�Bandura la relación de estos tres factores es la que crea el aprendizaje, por lo
tanto, cada uno repercute en el resultado final tanto del aprendizaje y por ende de
la misma conducta siendo esta benéfica o perjudicial, es decir, tal como se
observó en el análisis de la investigación, al no contar con una mayor cantidad de
recursos, materiales o actividades dentro del espacio educativo a favor del
cuidado y preservación del medio ambiente, la persona cognoscitiva (niños) no
adquiere los conocimientos y actitudes necesarias para lo anterior, repercutiendo
así en la percepción, el aprendizaje y la conducta que se tiene hacia el entorno
natural.

Recomendaciones y/o Sugerencias

Con base en lo anterior, puede decirse que se hace necesaria una educación de
calidad en la que se incluya la materia ambiental, como se menciona con
anterioridad, al ser el primer espacio en el que el ser humano se desenvuelve,
socializa y comienza a formar sus aprendizajes y adquirir valores, los cuales les
servirán en su vida futura y en su desarrollo, resaltando la participación activa de
los docentes y padres de familia dentro del proceso educativo.

a) Se considera importante que dentro del plantel educativo cuenten con una
materia específica de Desarrollo Sustentable, ya que las materias de
Geografía y Ciencias Naturales simplemente son una equivalencia entre
ambiente y naturaleza, que poco contribuyen a ver la dimensión social de los
problemas ambiénteles y obstruyen la comprensión colectiva de los
conflictos.

b) Es necesario un aprendizaje dentro del ámbito escolar que vaya
encaminado a brindar las herramientas necesarias a los menores para
actuar en su medio natural, con el fin de lograr un Desarrollo Sustentable.
552

�c) Se piensa que es importante que los docentes se capaciten como
educadores ambientales, para promover un conocimiento realista orientado
hacia las problemáticas ambientales y el actuar de los seres humanos
dentro de estos.

d) Se observa que existe cierta dificultad para lograr la transformación
ecológica requerida si no se cuenta con programas o proyectos específicos
ambientales y con el apoyo de instituciones, escuelas, empresas o la misma
comunidad. De tal modo para elaborar una propuesta educativa en relación
con el ambiente, se tiene que tomar en cuenta la situación real en que se
vive.

e) Se sugiere implementar programas o proyectos escolares que estén a favor
de fomentar una cultura ecológica en los menores, en los que se resalte la
importancia de llevar una vida más sustentable, al igual que se motive para
que las actividades y conductas se lleven no solo en la escuela sino también
en los hogares. Dándole a dichos programas o proyectos un seguimiento a
lo largo de la etapa educativa, no haciéndolos de manera esporádica sino
regularmente.

f) Se considera importante que en el hogar se involucre y motive a los
menores a participar en el cuidado del medio ambiente, esto por medio de
actividades que refuercen los conocimientos y actitudes aprendidos en el
ámbito escolar.

g) Se piensa que el Trabajo Social debe involucrarse profesionalmente dentro
del desarrollo sustentable, reforzando este ámbito en su actuar, ubicándolo
dentro de la realidad actual, adecuando su acción a las problemáticas

553

�existentes y que repercuten en la sociedad, presentando alternativas y
dándolo a conocer a los individuos.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

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http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/prog-primaria.

555

�BIENESTAR SUBJETIVO Y CAPITAL SOCIAL. UN ANÁLISIS A PARTIR DEL
ESTUDIO DE LAS REDES SEMÁNTICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, EL CASO DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL DE LA
UADY.
Gabriela Isabel Vázquez Díaz7
Martin Castro Guzmán8

RESUMEN

En México solamente se registran datos en relación con el bienestar subjetivo a
partir del 2012 por el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía reportando
datos de su primer acercamiento a este bienestar, por lo que es éste uno de los
primeros países que genera esos indicadores (INEGI, 2012).

El capital social, como se ha investigado en otros países, es un determinante para
el bienestar subjetivo (Portela y Neira, 2012); sin embargo, aún no se cuenta con
datos del sureste México, sobre éste capital y el bienestar en estudiantes, ya que
todavía se encuentra en construcción de dicho conocimiento. Por tal motivo, surge
el interés por investigar sobre el capital social y el bienestar subjetivo o felicidad de
los estudiantes universitarios.

El objetivo de dicho estudio es analizar la asociación de las palabras felicidad y
confianza en los estudiantes universitarios, variables que permiten medir el
bienestar subjetivo y capital social. Para ello se empleó la técnica de investigación

7

Técnico académico de la Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), gabriela.vazquez@correo.uady.mx
8
Profesor de carrera de la Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), martin.castro@correo.uady.mx. mcastro_martin@yahoo.com.mx

556

�social Redes Semánticas, de las cuales se generaron dos conjuntos de asociación
semántica (SAM), el primero de felicidad y el último de confianza.
Esta investigación se realizó con alumnos del programa de Licenciatura en
Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Yucatán cuya población fue de 111
estudiantes, de entre 17 y 27 años, 98 mujeres y 13 hombres.

Como parte de los resultado encontrados, se concluye que el amor, amistad,
familia y paz son pilares fundamentales de representación social del concepto
confianza y felicidad, aspectos que el Trabajador Social se encarga de fortalecer
por la naturaleza de su práctica; sin embargo, en el centro educativo donde
residen estos estudiantes hay una ausencia de programas que fortalezcan estos
pilares, para la mejora y desarrollo del bienestar subjetivo y capital social en un
ambiente escolar.

Palabras clave: bienestar subjetivo, capital social, redes semánticas.

Relevancia y pertinencia del bienestar subjetivo y capital social en diferentes
contextos.

El bienestar subjetivo o felicidad, de acuerdo con Veenhoven (2005, citado en
Portela y Neira, 2012, p. 6), se define como “el grado en el cual un individuo
evalúa la calidad global de su vida presente como un todo positivamente. En otras
palabras, qué tanto le agrada la vida que tiene” (Veenhoven, 2005, citado en
Portela y Neira, 2012, p. 6).

Este bienestar está causando interés, pero sobre todo está siendo retomado por
diversas instituciones y organismos internacionales como la OCDE y el INEGI con
la finalidad de crear una alternativa de la medición de la felicidad para que sea
adoptada como objetivo de las políticas de los países (PNUD, 2011, p. 1). Esto
557

�expresa la relevancia de esta temática en las políticas y, por ende, en los
programas sociales.
Los programas sociales, como menciona Rojas (2011), crean condiciones para
que la población tenga una vida satisfactoria; no obstante, debido a la ausencia de
información con respecto a su bienestar, el diseño y evaluación de los programas
se ha basado en especulaciones sobre el mismo (Rojas, 2011. p. 47).
Por tal motivo, es importante contar con información sobre el bienestar subjetivo,
puesto que permite evaluar la capacidad del programa y diseñar mejores para
beneficio y progreso de las sociedades (Rojas, 2011, p. 74) en este caso de los
estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social. No obstante, esta información es
de gran utilidad en lo que concierne a la disciplina de Trabajo Social, dado que
permitirá elaborar diagnósticos, diseñar y evaluar programas sociales más
precisos y completos.

Un aspecto relevante de dicho bienestar contribuye a la toma de mejores
decisiones de política pública como lo expresa Rojas (2011); lo que asegura que
las sociedades aumenten su nivel de bienestar (Rojas, 2011. p. 74).

Por su parte, el capital social es una variable que ha resultado como parte del
crecimiento y el desarrollo a nivel macroeconómico (Guisán, 2009, citado en
Portela y Neira, 2012, p. 7), esto significa que también contribuye a mejorar las
condiciones de vida y en un momento dado mejorar su nivel de bienestar.

El capital social es un concepto que fue empleado por Lyda Judson en 1916,
posteriormente por organismos internacionales como el Banco Mundial,

la

Organización de las Naciones Unidas, la OCDE entre otros, dando origen a que
las personas se interesaran por este concepto, tales como Putman, Coleman,
Fukuyama, Pierre Bourdieu, etc.” (Rojas y Marín, 2006).

558

�Asimismo, la OCDE expresa que el indicador más aceptado es la confianza en el
caso del capital social (Portela y Neira, 2012, P.11) y del bienestar subjetivo la
felicidad y la satisfacción percibida (Portela y Neira, 2012, P.12). Por tal motivo, se
analiza la asociación de las palabras felicidad y confianza en las estudiantes
universitarios, variables que permiten medir el bienestar subjetivo y capital social.

Por otra parte, es preciso mencionar que el estudio de la naturaleza y de los
determinantes de la felicidad han suscitado la necesidad de considerar, además
de la renta, otros factores explicativos de la satisfacción de los individuos que
deberían ser tomados en cuenta si los objetivos son la maximización del bienestar
social y la mejora de la calidad de vida (Díaz, Portela y Neira, 2011).

Como se ha mencionado, el bienestar subjetivo ha sido abordado por la disciplina
de la Psicología (Kahneman et al., 1999; Argyle, 2002) y la Sociología
(Venhoveen, 1992, 1996 y 1997; Lane, 1991; Andrews y Whitney, 1976, citados en
Rojas, 2011, p. 67). Sin embargo, en trabajo social no ha sido muy tratado el tema,
por lo que se considera de importancia investigar sobre este concepto y el de
capital social, debido a que son aspectos claves en la elaboración, diseño y
evaluación de programas sociales que mejoran las condiciones de vida de las
personas, grupos, comunidades y, por ende, de la población, permitiéndoles
mejores oportunidades para su desarrollo humano.

Finalmente es necesario precisar a qué se refiere específicamente con estos
términos que se emplean con anterioridad para ello se presenta el siguiente
cuadro:

Cuadro I. Concepto de bienestar subjetivo, capital social y confianza.
Concepto

Definición

Bienestar

Veenhoven (2005) define la felicidad como “el grado en el cual

Subjetivo/felicidad

un individuo evalúa la calidad global de su vida presente como
559

�un todo positivamente. En otras palabras, qué tanto le agrada la
vida que tiene” (citado en Portela y Neira, 2012, p. 6).

Capital Social

Los elementos de la organización social, tales como la
confianza, las normas y las redes que establecen relaciones de
reciprocidad activadas por una confianza social que emerge de
dos fuentes, las normas de reciprocidad y las redes de
compromiso ciudadano” (Putnam, 1995, citado en Rojas y
Marín, 2006, p. 120).

Confianza

La confianza puede definirse como el grado de fe, credibilidad y
hasta complicidad que puede existir entre dos o más individuos.
La confianza genera capital social y éste, a su vez, genera
desarrollo económico (Rojas y Marín, 2006, p. 119).

Fuente: Elaboración propia, (2014). Cuadro I.Concepto de bienestar subjetivo,
capital social y confianza.

Antecedentes

El bienestar subjetivo es un concepto que se plantea actualmente como
complementario en la discusión sobre la medición de la calidad de vida de las
personas. En el 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) declaró que se ha trabajado en los últimos años sobre alternativas de
medición de este constructo complejo (p. 1). Sin embargo, es importante aclarar
que, como menciona Easterlin (1974, citado en Portela y Neira, 2012, p. 6), se ha
trabajado sobre el tema desde los años sesenta; pero recientemente se ha
retomado su importancia ante la necesidad de reestructurar las mediciones que
diferentes organismos han realizado sobre el mismo con el afán de tener un
conocimiento más amplio sobre los indicadores cuantitativos y cualitativos de la
calidad de vida y el bienestar.
560

�Portela y Neira (2012) en una revisión de varios estudios indicaron que el análisis
del bienestar subjetivo se ha realizado en su mayoría desde la inclusión del capital
social como determinante de éste, porque se ha demostrado la importancia de
esta variable en el desarrollo y en el desarrollo macroeconómico.

Por otra parte, Vera, Yáñez, Grubits y Batista (2011) entienden al bienestar
subjetivo en su estudio sobre el Bienestar Subjetivo en Jóvenes Universitarios de
México y Brasil “como la percepción de felicidad que los individuos reportan de sí
mismos” (p. 14).

El bienestar subjetivo es un concepto que ha sido usado en diferentes áreas de
estudio, en especial desde la perspectiva de la psicología relacionándolo
ampliamente con la calidad de vida (García, 2008, p. 5). Dicho término es
aceptado por la psicología desde 1974 en una revista Social denominada
Indicators Research (Diener y Griffin, 1984, citado en García, 2008, p. 5).

En el plano internacional, el bienestar subjetivo o felicidad está siendo un tema
central para organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), misma que ha realizado cuatro foros mundiales donde se
han discutido las alternativas para una medición más completa del bienestar y que
ofrezca información para el diseño de políticas públicas (INEGI, 2012). Asimismo,
el PNUD está realizando cifras sobre este bienestar, así como otros países como
el Reino Unido, Japón y Canadá, solo por mencionar algunos.

No obstante, este bienestar, desde la perspectiva del trabajo social, es un
concepto que no está siendo considerado en investigaciones, debido a que no se
registran estudios sobre este término desde esta óptica.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010
realizó un estudio sobre el bienestar subjetivo, que en este caso le denomina
561

�bienestar autoreportado. Este Instituto diseñó un cuestionario denominado BIARE
(Bienestar Autoreportado) que mide el bienestar subjetivo, en donde se encontró
que del total de las personas entre 18 y 70 años de edad que viven en México,
47.3% están satisfechas con su vida, 36.1% están moderadamente satisfechas,
11.8% están poco satisfechas y 4.8% están insatisfechas, lo que nos indica que la
mayor parte de la población está satisfecha con su vida.

Por otra parte, cabe mencionar que el BIARE es un cuestionario que el INEGI
propuso como un primer acercamiento a la investigación del bienestar subjetivo,
por lo que se trata de un esfuerzo de carácter exploratorio, el cual debe ser
reforzado desde otras disciplinas. Sin embargo, los esfuerzos del INEGI todavía
muestran una perspectiva tradicional sobre el estudio del concepto bienestar
subjetivo y poca referencia se hace al análisis de nuevas variables que han sido
tratadas

en

otras

investigaciones

realizadas

tales

como:

edad,

sexo,

escolarización, entre otras.

Por otro lado, el capital social es un concepto que está tomando relevancia en el
área económica por la importancia que tiene la interrelación entre los individuos
para el desarrollo de las comunidades y, por lo tanto, se relacionan con el
bienestar subjetivo de las personas, como lo menciona Rojas (2011) en su artículo
de investigación en donde considera que existen varios estudios en la literatura
especializada que indican una relación positiva al respecto.

En los últimos años, particularmente desde finales de la década de los ochenta, el
concepto de capital social ha ganado terreno como una manera de entender los
mecanismos al interior de una sociedad para construir vínculos entre sus
miembros. Dicho concepto adquiere una importante dimensión y centra una mayor
atención de los diferentes investigadores a partir de los trabajos de Bourdieu
(1986); James Coleman (1988), y, fundamentalmente, a partir del trabajo de

562

�Robert Putnam (1993) en el campo de las ciencias políticas (Portela y Neira, 2012,
p. 7).
Putnam (2008, citado en Ablanedo, Layton y Moreno, 2008) mencionó que “el
capital social se refiere a las conexiones entre individuos, redes sociales y normas
de reciprocidad y confianza que se desprenden de ellas” (p. 2). El capital social
facilita la vida en común, fortalece la identidad al interior de un grupo, generando
solidaridad entre sus miembros y, al mismo tiempo, crea puentes con grupos y
personas fuera de nuestro propio círculo, haciendo más sencillo enfrentar
problemas compartidos, circular información y fomentar el entendimiento.
(Putman, 2008, citado en Ablanedo, Layton y Moreno, 2008). Es por esto que el
capital social mantiene una estrecha relación con el bienestar subjetivo.

Este estudio replica el instrumento utilizado por Portela y Neira (2012) para
encontrar la relación entre el bienestar subjetivo y el capital social. La inclusión del
capital social como un posible determinante del bienestar subjetivo viene, en parte,
motivada porque se ha demostrado la importancia de esta variable en el
crecimiento y desarrollo a nivel macroeconómico (Guisán, 2009, citado en Portela
y Neira, 2012). Por tanto, se debe considerar a nivel microeconómico y ver si
también es importante para el bienestar subjetivo.

Dichos estudios acerca del bienestar subjetivo han sido abordados en su mayoría
por diversas disciplinas como la Psicología; asimismo, dichas investigaciones se
enfocan en diversos aspectos de éste (Rojas, 2011, p. 67) como lo es el capital
social (Portela y Neira, 2012, p. 25).

Recientemente también existen estudios sobre el capital social con relación al
bienestar subjetivo, que se han realizado desde el 2001 en diferentes países
(España, Canadá, Estados Unidos, etc.) por diversos autores como Hellinwell,
Bjørnskov, Hudson, Ahn y Mochón, Wilkemann, Ram, Klein, etc. en donde se
563

�identifica que el capital social influye de alguna manera de forma positiva en el
bienestar, medido por el bienestar subjetivo (Portela y Neira, 2012, p. 11). En
estos estudios han encontrado que al medir el capital social es muy diverso, dado
que no existe un indicador aceptado universalmente; no obstante, se retoma la
variable de confianza interpersonal en los mismos como una de las más
aceptables y compresible para medirlo (Portela y Neira, 2012 p. 11).

En tanto, en México solamente se registran datos en relación con el bienestar
subjetivo a partir del 2012 por el INEGI, reportando datos de su primer
acercamiento a este bienestar, por lo que es éste uno de los primeros países que
genera estos indicadores (INEGI, 2012). Esto significa que el Instituto aún se
encuentra en busca de variables relacionadas con el bienestar subjetivo para
poder medirlo.

El capital social, como se ha investigado en otros países, es un determinante para
el bienestar subjetivo (Portela y Neira, 2012, p. 25); sin embargo, aún no se cuenta
con datos de México, específicamente en el sureste, en donde el capital social sea
realmente un determinante que influya en el bienestar subjetivo, ya que todavía se
encuentra en construcción de dicho conocimiento. Por tal motivo, surge el interés
por identificar si el capital social mediante la variable confianza tiene relación
alguna con la satisfacción o bienestar subjetivo de los estudiantes universitarios de
un programa de estudios del sureste de México.

Bienestar subjetivo y capital social en los estudiantes universitarios

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (OEI, 1998 citado en
García, 2008, p. 11) emana la idea que el estudiante universitario es el
protagonista del papel fundamental que juega la Educación Superior para el
desarrollo sociocultural y económico. Sin embargo para que éste sea realmente el
564

�protagonista y, por ende, surja un desarrollo; hay que considerar no solamente su
desarrollo académico sino también su persona, es decir de una mirarlo de una
manera integral; esto dará la pauta para el mejoramiento del proceso de formación
del estudiante para mejora de su calidad de vida, que incluye su bienestar
subjetivo y capital social.

No obstante, en muchas de las ocasiones el estudiante, a medida que adquiere un
mayor nivel educativo, es más feliz o presenta un mayor bienestar subjetivo, como
lo menciona el INEGI (2012) en donde los jóvenes de nivel licenciatura tienen un
bienestar subjetivo (autoreportado) de 8.7 de 10; sin embargo, el contexto escolar
en un momento dado puede ser el causante de que esta felicidad aumente o
disminuya, lo que representa una gran responsabilidad para la Universidad o la
Institución educativa.

Por lo anterior y para la mejora de la calidad de vida, es necesario considerar al
bienestar subjetivo y al capital social de los estudiantes para su formación integral,
motivo por el cual se realizó esta investigación con estudiantes de la Licenciatura
en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Yucatán.

OBJETIVO

Analizar la asociación de las palabras felicidad y confianza (variables que permiten
medir el bienestar subjetivo y capital social) en los estudiantes universitarios de la
Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Metodología empleada

565

�Es de tipo cualitativo se utiliza la técnica de investigación social Redes
Semánticas, de las cuales se generaron dos conjuntos de asociación semántica
(SAM), el primero de felicidad y el último de confianza.

Población

Se realiza un censo con los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la
Universidad Autónoma de Yucatán. En total fueron 111 jóvenes de 121; entre ellos
98 mujeres y 13 hombres de 17 a 27 años de edad de diferentes semestres,
mismos que participaron voluntariamente.

En relación con el análisis de los datos, se dividió a la población por estratos como
se señala en la tabla 1.

Tabla 1. División de la población de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo
Social por estratos
Estrato

Semestre

Número

de

Licenciatura

estudiantes Total de estudiantes
en

Trabajo por estrato

Social
I

II

Primer

27

Tercer

30

Quinto

27

Séptimo

27

TOTAL

57

54

111

111

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Instrumento

Después de la revisión de la literatura, se procedió al diseño del mismo.
566

�El diseño del instrumento para la recolección de datos consistió en un cuestionario
dividido en 2 apartados: (a) Felicidad y (b) Confianza, puesto que son dimensiones
para la medición de las variables de este estudio.

El instrumento incluyó el consentimiento informado, un texto de instrucciones
generales para ser contestado adecuadamente, contó con un espacio de datos
básicos del estudiante, tales como edad, sexo, semestre y estado civil; dos
apartados, felicidad y confianza; además de la despedida y agradecimiento.
Por otra parte, el apartado denominado “Felicidad” del cuestionario se conforma
de tres reactivos; en el primero el estudiante ha de escribir 10 palabras definidoras
que se relacionen con el concepto de felicidad, colocando en el número 1 la
principal, luego en el 2 la segunda palabra más asociada por debajo de la primera,
y así sucesivamente hasta llegar a la 10.
Análisis de datos
Los datos se analizaron con el programa estadístico SPSS Statistics 18.0 a través
de medidas de tendencia central y frecuencias. También, para la elaboración de
las tablas y base de datos de las redes semánticas se utilizó el programa antes
mencionado y el programa Microsoft Office Excel 2010.

Resultados

A través del análisis de las redes semánticas naturales se generaron los conjuntos
Semantic Association Memory (Conjuntos SAM), mismos que reflejan el
significado que un grupo le otorga a una palabra estímulo, en este caso se
empleó: confianza; asimismo, para integrar los conjuntos se eligieron las palabras
definidoras de acuerdo al porcentaje de aparición en el grupo y a los estratos
estudiados, igual o mayor al 20%.
567

�En el primer conjunto SAM generado de confianza de la población se encontró que
los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Trabajo Social
relacionan este término con 8 palabras definidoras, entre las principales, de
acuerdo a su frecuencia de mayor a menor, se plasman: familia, seguridad, paz,
respeto, amor, comunicación y apoyo, como lo muestra la Tabla 2.

Tabla 2. Conjunto SAM GENERAL DE CONFIANZA, frecuencias y porcentajes
de las 8 palabras que tuvieron mayor frecuencia de la palabra estímulo:
confianza
Palabra definidora

Frecuencia

Porcentaje

1. Amistad

96

86%

2. Familia

59

53%

3. Seguridad

52

47%

4. Paz

36

32%

5. Respeto

33

30%

6. Amor

25

22%

7. Comunicación

23

21%

8. Apoyo

22

20%

Fuente: Elaboración propia, 2014.

A partir de la tabla anterior, se muestra que las palabras amistad y familia son las
de mayor incidencia con base en los porcentajes 86% y 53% respectivamente, es
decir, los estudiantes de esta Licenciatura depositan su confianza en las
relaciones interpersonales filiales que establecen con los amigos y familia, de tal
manera que ambas son pilares significativos para que éste se desenvuelva con
mayor seguridad en su entorno. No obstante, existe una diferencia del 33% entre
ambos términos, considerando que la amistad es aún más importante para la

568

�confianza; el comportamiento de estas palabras en el conjunto SAM se puede
visualizar en la siguiente Figura 1.

Figura 1. Conjunto SAM general confianza. Comportamiento de las nueve
palabras que obtuvieron el mayor porcentaje dentro de este grupo ante de la
palabra estímulo: confianza, que expresaron los estudiantes de la
Licenciatura en Trabajo Social.
Figura 1. Conjunto SAM GENERAL de
CONFIANZA

21%

Amistad 86%
100%
20% Apoyo 80%
Familia 53%
60%
40%
20%
Comunicación
Seguridad 47%
0%

22%

Amor

Paz 32%
Respeto 30%

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Se observa en la Figura 1. El conjunto SAM integrado por las palabras definidoras
con un mayor porcentaje en el cual se encontró que la amistad 86% y familia 53%
como elementos importantes para la construcción de confianza; asimismo, la
seguridad con 47%, paz 32%, respeto 30%, amor 22%, comunicación 21% y
apoyo 20%.
Para el análisis de datos se dividió a la población en dos estratos, en donde el
primero

corresponde a los estudiantes del primer y tercer semestre de la

Licenciatura en Trabajo Social y el segundo a quinto y séptimo semestre. En
ambos se generaron los conjuntos SAM para realizar una comparación sobre su
representación social de confianza.

569

�En el primer estrato como, se muestra en la Tabla 2.1 Conjunto SAM de
CONFIANZA DEL ESTRATO I, se señala que la amistad y la familia con un 98% y
44% respectivamente, siguen siendo palabras definidoras claves, al igual que el
grupo SAM de la confianza del total de la población, evidenciado una diferencia
significativa entre uno y otro.

En la figura siguiente se muestra nuevamente el comportamiento de las palabras
definidoras, en donde se encontró que la amistad obtuvo un 98%, familia 44%,
seguridad 38%, paz 35%, respeto 35%, comunicación 23% y, finalmente, amor
21%.
Figura 2. Conjunto SAM de confianza del estrato I, Comportamiento de las
siete palabras que obtuvieron el mayor porcentaje dentro de este grupo ante
de la palabra estímulo: confianza perteneciente al estrato I
Figura 2. Conjunto SAM de CONFIANZA DEL
ESTRATO I

21% Amor

Amistad
100%
80%
60%
40%
20%
0%

98%

Familia 44%

Seguridad 38%

23% Comunicación

Paz 35%

Respeto
35%

Fuente: elaboración propia, 2014.
En el segundo estrato, como se muestra en la Tabla 2.2, se señala que la amistad
y la familia

con un

80% y

55% respectivamente, siguen siendo palabras

definidoras claves, al igual que el grupo SAM de la confianza del total de la
población y del estrato I, continuando una diferencia significativa entre uno y otro.
570

�Esto significa que para ambos estratos no influye el nivel de avance para la
concepción de la confianza.

Tabla 2.2 Conjunto SAM de CONFIANZA DEL ESTRATO II
Palabra definidora

Frecuencia

Porcentaje

1. Amistad

43

80%

2. Familia

30

55%

3. Seguridad

26

48%

4. Apoyo

13

24%

5. Fe

11

20%

Fuente: elaboración propia, 2014.

En la Figura 3. Conjunto SAM de CONFIANZA DEL ESTRATO II se puede
observar los porcentajes de las cinco palabras definidoras que pertenecen al
conjunto SAM de este estrato; se encontró que la amistad (80%) y la familia (55%)
tienen un mayor porcentaje en comparación de seguridad (48%), apoyo (24%) y
fe (20%).

Figura 3. Conjunto SAM de felicidad del estrato dos, Comportamiento de las
seis palabras que obtuvieron el mayor porcentaje dentro de este grupo ante
de la palabra estímulo: felicidad perteneciente al estrato dos.

571

�Figura 3. Conjunto SAM de CONFIANZA
DEL ESTRATO II

20%

24%

Amistad 80%
80%
60%
40%
Familia
20%
0%

Fe

Apoyo

55%

Seguridad 48%

Fuente: elaboración propia, 2014.
De las cinco palabras pertenecientes al conjunto SAM de confianza del segundo
estrato, se encontró que los estudiantes de los últimos semestres la asocian en su
mayoría con la amistad (80%), seguidamente con la familia (55%), seguridad
(48%), apoyo (24%) y, por último, la fe (20%). Es decir, la amistad y la familia
siguen siendo unas de las principales palabras con las que asocian la confianza
convergiendo con el estrato I, representando de esta manera aspectos
fundamentales en relación con la confianza para ambos grupos.
Figura 4. Conjunto SAM de confianza del estrato I, Comportamiento de las
siete palabras que obtuvieron el mayor porcentaje dentro de este grupo ante
de la palabra estímulo: confianzas pertenecientes a estrato I.

Figura 4. Conjunto SAM de
CONFIANZA DEL ESTRATO I
Amistad 98%
100%

21%Amor

50%

Familia44%

0%
38%
Seguridad

Comunicación
23%

Paz35%

Respeto
35%

572

�Fuente: elaboración propia, 2014.

En el segundo estrato, como se muestra en la Tabla 2.2, se señala que la amistad
y la familia

con un

80% y

55% respectivamente, siguen siendo palabras

definidoras claves, al igual que el grupo SAM de la confianza del total de la
población y del estrato I, continuando una diferencia significativa entre uno y otro.
Esto significa que para ambos estratos no influye el nivel de avance para la
concepción de la confianza.
Tabla 2.2 Conjunto SAM de CONFIANZA DEL ESTRATO II
Palabra definidora

Frecuencia

Porcentaje

Amistad

43

80%

Familia

30

55%

Seguridad

26

48%

Apoyo

13

24%

Fe

11

20%

Fuente: elaboración propia, 2014.
En la Figura 5. Conjunto SAM de CONFIANZA DEL ESTRATO II se puede
observar los porcentajes de las cinco palabras definidoras que pertenecen al
conjunto SAM de este estrato; se encontró que la amistad (80%) y la familia (55%)
tienen un mayor porcentaje en comparación de seguridad (48%), apoyo (24%) y
fe (20%).

Figura 5. Conjunto SAM de felicidad del estrato dos, Comportamiento de las
seis palabras que obtuvieron el mayor porcentaje dentro de este grupo ante
de la palabra estímulo: felicidad perteneciente al estrato dos.

573

�Figura 5. Conjunto SAM de CONFIANZA
DEL ESTRATO II
Amistad 80%
80%
60%
40%
20% Fe

Familia 55%

20%
0%

24% Apoyo

Seguridad 48%

Fuente: elaboración propia, 2014.
De las cinco palabras pertenecientes al conjunto SAM de confianza del segundo
estrato, se encontró que los estudiantes de los últimos semestres la asocian en su
mayoría con la amistad (80%), seguidamente con la familia (55%), seguridad
(48%), apoyo (24%) y, por último, la fe (20%). Es decir, la amistad y la familia
siguen siendo unas de las principales palabras con las que asocian la confianza
convergiendo con el estrato I, representando de esta manera aspectos
fundamentales en relación con la confianza para ambos grupos.
Por todo lo anterior, la amistad y familia, como pilares de representación social del
concepto confianza, son fundamentales entre esta población.
Por otra parte para el análisis de las redes semánticas naturales se generaron los
conjuntos Semantic Association Memory (Conjuntos, SAM), en este caso se
empleó: felicidad; asimismo, para integrar los conjuntos se eligieron las palabras
definidoras de acuerdo al porcentaje de aparición en el grupo y a los estratos
estudiados, igual o mayor al 20%.
En el primer conjunto SAM generado de felicidad de la población, se encontró que
los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Trabajo Social
574

�relacionan este término con nueve palabras definidoras, entre las principales, de
acuerdo a su frecuencia de mayor a menor, se plasman: amor, amistad, familia,
sonreír, alegría, paz y bienestar, tal como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. CONJUNTO SAM GENERAL DE FELICIDAD
Palabra definidora

Frecuencia

Porcentaje

1. Amor

79

71%

2. Amistad

70

63%

3. Familia

69

62%

4. Sonreír

66

59%

5. Alegría

60

54%

6. Paz

55

50%

7. Bienestar

35

31%

8. Afecto

27

24%

9. Salud

24

22%

Fuente: elaboración propia, 2014.
A partir de la tabla anterior, se muestra las palabras amor y amistad como las de
mayor incidencia con base en los porcentajes 71% y 63% respectivamente, es
decir, los estudiantes de esta Licenciatura relacionan la felicidad con las relaciones
interpersonales filiales que establecen con la familia y con el sentimiento de amor,
de tal manera que ambas son pilares significativos para que pueda experimentar
la felicidad; no obstante, existe una diferencia del 12% entre ambos términos,
considerando al amor y familia como factores importantes para la felicidad. El
comportamiento de estas nueve palabras principales en el conjunto SAM se puede
visualizar en la Figura 31.
Figura 6. Conjunto SAM general felicidad. Comportamiento de las nueve
palabras que obtuvieron el mayor porcentaje dentro de este grupo ante de la
palabra

estímulo:

felicidad,

que

expresaron

Licenciatura en Trabajo Social.
575

los

estudiantes

de

la

�Figura 6. Conjunto SAM GENERAL FELICIDAD
22%

Salud

24%

Afecto

31%

Bienestar

Amor 71%
80%
Amistad 63%
60%
40%
20%
Familia 62%
0%
Sonreír 59%

50% Paz

Alegría 54%

Fuente: elaboración propia, 2014.
Se observa en la Figura 6. El conjunto SAM general de felicidad integrado por las
nueve palabras definidoras con un mayor porcentaje, en el cual se encontró que el
amor, con un 71%, y amistad, con 63%, son factores considerados importantes
para la felicidad; seguidamente, se hallan con 62% la familia, 59% sonreír, 54%
alegría, 50% paz, 31% bienestar, 24% afecto y 22% salud.
Para el análisis de datos se dividió a la población en dos estratos, en donde el
primero

corresponde a los estudiantes del primer y tercer semestre de la

Licenciatura en Trabajo Social y el segundo a quinto y séptimo semestre. En
ambos se generaron los conjuntos SAM para realizar una comparación sobre su
representación social de felicidad.
En el primer estrato, como se muestra en la Tabla 3.1 Conjunto SAM de
FELICIDAD DEL ESTRATO I, se observa que, la familia con 63% y paz con 61%,
siguen siendo palabras definidoras claves para los estudiantes del primer estrato;
mismas palabras que ocupan el lugar cuarto y sexto respectivamente dentro del
grupo SAM de la felicidad del total de la población.

576

�Tabla 3.1. CONJUNTO SAM de FELICIDAD DEL ESTRATO I
Palabra definidora

Frecuencia

Porcentaje

1. Familia

36

63%

2. Paz

35

61%

3. Amistad

34

60%

4. Afecto

24

42%

5. Alegría

24

42%

6. Sonreír

21

37%

Fuente: elaboración propia, 2014
En la siguiente Figura 32 se muestra nuevamente el comportamiento de las
palabras definidoras, en donde se encontró que la familia obtuvo un 63%, paz
61%, Amistad 60%, Afecto 42%, Alegría 42% y, finalmente, sonreír con 37%.
Figura 7. Conjunto SAM de felicidad del estrato uno, Comportamiento de las
seis palabras que obtuvieron el mayor porcentaje dentro de este grupo ante
de la palabra estímulo: felicidad pertenecientes al estrato uno.

Figura 7. Conjunto SAM de FELICIDAD DEL
ESTRATO I
Familia 63%
80%
60%
37% Sonreír

Paz 61%

40%
20%

0%
Amistad 60%

42% Alegría

Afecto 42%

Fuente: elaboración propia, 2014.

577

�En el segundo estrato, como se muestra en la Tabla 3.2, se muestra que el índice
de frecuencia de las palabras definidores claves de felicidad del segundo estrato
son alegría y sonreír con 41 de frecuencia, mismas que siguen siendo palabras
que integran el grupo SAM de Felicidad del total de la población y del estrato I,
continuando una diferencia significativa entre uno y otro. Esto significa que para
ambos estratos no influye el nivel de avance para la concepción de la felicidad,
sino que la diferencia radica en el índice de frecuencia de las palabras; no
obstante, siguen perteneciendo al conjunto SAM general de felicidad.

Tabla 3.2. CONJUNTO SAM de FELICIDAD DEL ESTRATO II
Palabra definidora

Frecuencia

Porcentaje

1. Alegría

41

76%

2. Sonreír

41

76%

3. Familia

36

67%

4. Amistad

28

52%

5. Bienestar

20

37%

6. Salud

12

22%

Fuente: elaboración propia, 2014.
En la Figura 8. Conjunto SAM de FELICIDAD DEL ESTRATO II se puede observar
los porcentajes de las seis palabras definidoras que pertenecen al conjunto SAM
de dicho estrato; se encontró que la alegría (76%) y sonreír (76%) tienen un
mayor porcentaje en comparación con la familia (67%), amistad (52%), bienestar
(37%) y salud (22%).

Figura 8. Conjunto SAM de felicidad del estrato dos, Comportamiento de las
seis palabras que obtuvieron el mayor porcentaje dentro de este grupo ante
de la palabra estímulo: felicidad perteneciente al estrato dos.

578

�Figura 8. Conjunto SAM de FELICIDAD DEL
ESTRATO II
Alegría 76%
80%
60%
22% Salud

Sonreír 76%

40%
20%
0%

37% Bienestar

Familia 67%

Amistad 52%

Fuente: elaboración propia, 2014.
De las seis palabras pertenecientes al conjunto SAM de confianza del segundo
estrato, se encontró que los estudiantes de los últimos semestres la asocian en su
mayoría con la alegría y sonreír (76%), seguidamente con la familia (67%),
amistad (52%), bienestar (37%) y, por último, la salud (22%). En conclusión, los
estudiantes pertenecientes al segundo estrato asocian la palabras alegría, sonreír
y familia con la felicidad, lo que indica que, tanto en estrato uno como en el dos,
los estudiantes refieren que la familia sigue siendo una de las principales palabras
con las que asocian la felicidad, representando de esta manera un aspecto
fundamental en relación con la felicidad para ambos grupos.

CONCLUSIONES
Los estudiantes universitarios de ambos estratos coincidieron en que la amistad y
la familia son las principales palabras con las que asocian la confianza; no
obstante, en el estudio de Rojas y Marín (2006) señalan que el capital social ha
sido definido como elemento las redes que establecen confianza social y que
éstas emergen de dos fuentes, las normas de reciprocidad y las redes de
compromiso. Sin embargo, no se puede afirmar que estas dos palabras surjan de
579

�estas fuentes, dado que solamente los estudiantes asociaron estos términos con
amistad y familia.
En el Informe de Argentina sobre el Bienestar Subjetivo (2011) se obtuvo que
dentro de las 10 palabras con las que asocia la felicidad se encontró el término de
familia, resultado que coincide con este estudio, lo que significa que la familia es
un pilar fundamental de la representación social del concepto felicidad.
De manera general, en este estudio se concluye que el amor, amistad, familia y
paz son pilares de representación social del concepto confianza y felicidad,
fundamentales para los estudiantes universitarios pertenecientes a la Licenciatura
en Trabajo Social y, por ende, un aspecto que el Trabajador Social se encarga de
fortalecer por la naturaleza de su práctica; sin embargo, en la Facultad donde
residen estos estudiantes hay una ausencia de programas que fortalezcan estos
pilares.
Como algunas recomendaciones primeramente, se sugiere profundizar este
estudio por lo que se propone para ello emplear la técnica de grupos focales para
indagar por qué los alumnos consideran a la familia y amistad como las principales
palabras que relacionan con la felicidad (bienestar subjetivo) y la confianza.
Por lo anterior, se recomienda incluir a las familias de los estudiantes en su
proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que estos expresan asociar su bienestar y
confianza con esta palabra, implementando algún programa que fortalezca su
formación integral a través de la familia, aspecto que no es considerado dentro del
programa educativo de los estudiantes en esta Universidad.
Lo antes mencionado es una tarea que le corresponde al trabajador social, puesto
que dentro de sus objetivos en el área educativa se encuentra la promoción y
contribución para lograr una educación integral a través del diseño de programas
de extensión sociocomunitaria, de atención y apoyo que refuercen el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como realizar acciones de capacitación social sobre la
familia y el entorno comunitario como aspectos fundamentales para el proceso
580

�educativo; mismas acciones que corresponden a la función de programación,
educación y orientación social (Galeana de la O (n. d.), citado en Sánchez, 2005).

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Rojas, M. (2011). La medición del progreso y del bienestar: propuestas desde
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publicaciones/PUBLICACIONES/Produccion%20Academica/Articulos/2012/181.pd
f

582

�EL DISEÑO INCLUYENTE EN PROYECTOS ACADÉMICOS Y SU
RELEVANCIA EN EL BIENESTAR SOCIAL.

Marta Molina González9
Mercedes Mercado Cisneros10
Liliana Beatriz Sosa Compeán11

RESUMEN
Como resultado de una experiencia desarrollada en el marco de la vinculación que
se realiza entre el sector social y la academia a través de la unidad de aprendizaje
“Diseño para la Salud”, dentro de la Licenciatura en Diseño Industrial en la
Facultad de Arquitectura de la UANL; pretendemos mostrar los esfuerzos
realizados para establecer las bases en la construcción de una estructura
metodológica que formalice la gestión realizada para relacionar de manera
efectiva el quehacer del estudiante de diseño y el sector social; entendiendo al
diseño incluyente como aquel que involucra a sectores desprotegidos en los que
se considera a los usuarios como protagonistas y fuente importante de
información, y a la vinculación como el proceso que articula las funciones
académicas, de administración y de investigación para su interacción eficaz con el
entorno social, favoreciendo su consolidación mediante el desarrollo de proyectos
de beneficio mutuo; en una actividad transformadora e integradora.
La dinámica del proceso se estructuró en base a tres vertientes, los lineamientos
de la unidad de aprendizaje, las necesidades del sector salud del estado y los
recursos y medios de la IES; bajo esta perspectiva se dio inicio a analizar las

9

matymolina@hotmail.com (Facultad de Arquitectura UANL)
mercymer_2000@yahoo.com (Facultad de Arquitectura UANL)
11
lilisosa@hotmail.com (Facultad de Arquitectura UANL)
10

583

�posibilidades de interacción entre la academia y sector social encontrando como
reto principal el que las acciones institucionales fueran capaces de transferirse a
la sociedad en forma de productos de utilidad que se realizaran dentro del
programa académico y con ello lograr desarrollar las competencias deseadas en
nuestros estudiantes y marcadas en la visión 2020 de la UANL.
Estamos convencidos de que el esfuerzo realizado en este tipo de proyectos
detona en el estudiante de diseño una vocación de servicio y responsabilidad
social que le permitirá, en su carrera profesional, establecer y desarrollar métodos
y/o proyectos para grupos vulnerables en pro de una mejor calidad de vida.
Palabras clave: Diseño Social, Incluyente, vulnerabilidad.
1. Desarrollo
1.1 Factores que intervienen como ejes rectores.

Ejes rectores en función de proyectos.
Los factores que son involucrados en el marco del Bienestar social son diversos y
deben ser tratados en igualdad de relevancia, de esta manera influyen tanto los
584

�docentes, estudiantes, convenios y unidades de aprendizaje, como parte de la
academia, como los recursos económicos y técnicos, así también el sector social
que involucra a los grupos vulnerables y su diversidad en el aspecto de
discapacidad, atención médica en dependencias públicas o privadas, posibilidades
de tratamiento médico, expectativa de vida, etc.
Bajo esta perspectiva se dio inicio a analizar las posibilidades de interacción entre
la academia y sector social encontrando como reto principal el que las acciones
institucionales fueran capaces de transferirse a la sociedad en forma de proyectos
que realizaran dentro del programa académico y con ello lograr desarrollar las
competencias deseadas en nuestros estudiantes, marcadas en el mismo.
Estamos convencidos de que el esfuerzo realizado en esta integración detona en
el estudiante de diseño un alto sentido del compromiso y despierta en él una
vocación de servicio que le permitirá establecer metas de “diseño incluyente” sus
futuros proyectos.
El trabajo fuera del aula con el sector
social o privado y las Universidades
ha sido esencial en los últimos años, y
ahora en el siglo XXI ha tenido una
gran relevancia en el campo del
diseño industrial, ya que los diversos
escenarios en los que se desenvuelve
Taller de sensibilización impartido por el DIF
Nuevo León.

un estudiante o un profesionista de

esta disciplina, provocan que éste enlace dé origen a la generación del
conocimiento para ambos sectores. La realidad de la globalización plantea
importantes retos a las naciones, tales como afrontar un mundo cada vez más
difícil, marcado en particular por los desafíos de humanizar a la población, por el
rol importante que adquieren la información y el conocimiento como factores de
producción y desarrollo, por el aumento de los movimientos de población, por la
fragilidad

y la marginación de muchos grupos sociales, así como por la
585

�agravación de las desigualdades y de la pobreza, en el interior de los países y en
el mundo (Conferencia de Ginebra, citado por Rubio Oca, 2004). Asimismo, la
globalización ha animado a una renovada atención hacia veteranas instituciones
internacionales intergubernamentales como la ONU, que procuran mantener la
paz, la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, que promueve en
todo el mundo actividades bajo la consigna “Trabajo digno”, y la Organización
Mundial de la Salud, especialmente preocupada en la mejora de las condiciones
sanitarias del mundo subdesarrollado.

Puntos relevantes de la Visión 2020 de la Universidad Autónoma de Nuevo
León

La Universidad Autónoma de Nuevo León, considera en su Programa prioritario
para el logro de la Visión 2020, lo siguiente: Intercambio, vinculación y
cooperación académica con los sectores social y productivo, donde se desglosa
en particular:


Fortalecimiento de los esquemas institucionales para la vinculación con la
sociedad.



Vinculación de los sistemas de los niveles medio superior, estudios de
licenciatura, posgrado

y de

investigación,

innovación y desarrollo

tecnológico, con los sectores público, social y empresarial del Estado.


Realización de proyectos sociales y productivos en colaboración con grupos
de interés.



Establecimiento

de

programas

de

intermediación

laboral

en

las

dependencias académicas.


Establecimiento de criterios para la creación y operación de unidades de
vinculación.



Fortalecimiento de los criterios y estímulos para promover la transferencia
de tecnología.

586

�

Fortalecimiento de los servicios asistenciales prestados a la comunidad.

La Universidad Autónoma de Nuevo León y el sector social.
En particular, la Facultad de Arquitectura, en la disciplina de Diseño Industrial,
aprovechando el recurso humano que posee, se encuentra en una constante
búsqueda de convenios, alianzas y acuerdos con organizaciones privadas,
gubernamentales o municipales, instituciones públicas o privadas y comunidades
o ejidos en los que se puedan desarrollar los proyectos especificados en los
Programas de las Unidades de Aprendizaje. Logrando con ello una vinculación
eficaz del sistema educativo con los sectores productivos y sociales a partir de un
esquema de enseñanza-aprendizaje que permite integrar la práctica con el trabajo
dentro del aula.
Para el sector social, significa la consolidación de los programas de
corresponsabilidad social, ya que cuentan con proyectos precisamente de
vinculación con las Universidades, para apoyo a quienes no tienen los recursos
suficientes, ya sea en áreas marginadas de la ciudad o en el área metropolitana
de la Ciudad de Monterrey.
Para la Universidad, las acciones de colaboración por medio de convenios
significan contextualizar el trabajo del estudiante preparándolo para enfrentar
situaciones reales en las que deben encontrar soluciones a problemas de diseño
en casos reales. Aspiramos a desarrollar

competencias en el estudiante

ubicándolo en situaciones de aprendizaje lo más apegadas a la realidad, creando
ambientes que potencien y desarrollen los conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que requiere la sociedad.
El alcance de los proyectos de diseño en conjunto con el sector social implica: El
diseño, la búsqueda de financiamiento, la implementación en los programas
académicos, la supervisión, el seguimiento y la evaluación, todo ello requiere de
capital humano apto y hábil para el trabajo en equipo, el liderazgo y capacidad de
comunicación con funcionarios gubernamentales y académicos, estudiantes,
587

�miembros de las organizaciones, así también como con usuarios y familiares de
los mismos.
2. Las

competencias que deseamos que el estudiante desarrolle en el

transcurso de su formación académica son:


El compromiso en una causa justa y de valor ético.



El trabajo en equipo



Competencias sociales y capacidades de comunicación y persuasión que
permiten el adecuado desenvolvimiento profesional.



La flexibilidad para adaptarse a los cambios y reflexionar permanentemente
sobre su práctica.



Fomentar la apertura hacia las distintas modalidades de formación y su
particular manera de generar y aplicar el conocimiento.



El correcto uso de la investigación como herramienta básica para la
búsqueda de nuevos conocimientos, o conocimientos diferentes.



La creatividad



La iniciativa y ser proactivo



El espíritu crítico



La responsabilidad social.



El desarrollo integral de las capacidades cognoscitivas y afectivas.

La Unidad de Aprendizaje en cuestión es: “Diseño para la Salud”, en la que se
abordan proyectos diversos relacionados con el sector salud como: discapacidad
neuromotora, intelectual, auditiva, visual y de lenguaje entre otras, de manera que
588

�al formalizar este vínculo (academia-diseño-sector salud),

damos a conocer

exactamente la intención de trabajar con ellos, que siempre es de “ganar-ganar”
tanto para la organización como para el aprendizaje de los estudiantes.
La Universidad Autónoma de Nuevo León- DIF (Desarrollo Integral de la Familia)
Nuevo León, es el nombre oficial del Convenio de Colaboración

al que nos

referimos, habiendo sido formalizado por las autoridades de nuestra máxima
casa de estudios el día 27 de Febrero de 2012.

Noticia acerca del Convenio:
“Buscan UANL y DIF mejorar accesibilidad” Por: Lourdes Zambrano (28-Feb-2012

Periódico El Norte)

F.1 Convenio efectuado por la Fac. de Arquitectura representada por el Rector
Jesús Ancer y el DIF Nuevo León.

589

�El DIF estatal celebró ayer sus 35 años con la firma de un convenio de
colaboración con la UANL, que servirá, a través de la Facultad de Arquitectura,
para mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad en la Ciudad.
Con apoyo del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, la escuela
de arquitectura de la Máxima Casa de Estudios diseñará, desarrollará, ejecutará y
evaluará proyectos académicos para mejorar la accesibilidad en inmuebles y
entorno urbano.
"Con este proyecto, la facultad logra poner una materia importante que dará
equidad en la forma de dar nuestra cátedra y enseñanza a nuestros jóvenes",
señaló Jesús Ancer, Rector de la UANL, en el patio del Colegio Civil Centro
Cultural Universitario.
Y es que, a partir del siguiente semestre, se incluirá la materia Diseño Universal
en el plan de estudios de las carreras de Arquitectura y Diseño.
Con ambas acciones, el DIF busca que la estructura urbana sea accesible e
integre a las personas con capacidades diferentes.
En la misma ceremonia, Gretta Salinas de Medina, presidenta del patronato DIF
Nuevo León, entregó 3 millones de pesos a 50 DIF municipales, que se
inscribieron al programa de Apoyo de Proyectos.
Se otorgó a cada uno 60 mil pesos para la compra de mobiliario o vehículos,
ampliaciones y acondicionamiento de espacios.
Para finalizar, el Rector le entregó un reconocimiento al DIF estatal por su 35
aniversario y una presea a la Primera Dama del Estado por su desempeño al
frente del organismo.

590

�En el Colegio Civil estuvieron presentes representantes de 50 DIF municipales,
además de José Ramón Carrales, director general del Sistema DIF Nuevo León, y
Francisco Fabela, director de la Facultad de Arquitectura.”
Gracias a la existencia de este programa de colaboración previo, entre la UANL y
el DIF Nuevo León, el proyecto en cuestión inicia de manera académica con una
etapa de reconocimiento de las diferentes áreas del Sector salud y la identificación
de los programas que las componen entre ellos el DIF, pero solo como un marco
de referencia. El convenio establecido acorta por mucho los tiempos de gestión, ya
que de esta manera el grupo se enfoca en alguna problemática particularmente
señalada.
Metodología de trabajo.
Utilizando la entrevista como técnica de inicio, se realiza un acercamiento con los
Coordinadores o Directores de la organización, con la finalidad de presentarse
como grupo de trabajo, este primer contacto esclarece la existencia de un posible
problema a abordar o abre la puerta para visualizar un mejor resultado de lo que
se hace en el programa y que podría estar funcionando mejor con un adecuado
diseño de los productos u objetos involucrados, o con la interface establecida. Una
vez realizado dicho contacto se determina la viabilidad de abordar la problemática
vista, procediendo a una visita de campo la cual arrojara luz sobre el problema
ayudando a su clarificación y definición, en esta visita y de acuerdo a la dinámica
establecida los estudiantes determinan la (s) técnica(s) más adecuada(s) para la
recolección de información, estas pueden ir desde entrevistas con los
involucrados, ejercicios de observación guiada, cuidadosamente planificada,
donde se toma en cuenta además de los objetivos, el objeto y sujeto de la
observación, los medios con que se realizará y las condiciones o contexto natural
o artificial donde se produce el fenómeno, así como las propiedades y cualidades
del objeto observado, y la experimentación.

591

�El proyecto fue iniciado en el DIF de Nuevo León, donde se detectaron
necesidades y después de llevar a cabo una discusión con el grupo y el profesor,
precisamos el usuario; sin embargo, también acudimos al lugar donde era
necesario estudiar a dos de las niñas que detectamos podrían ser favorecidas con
el trabajo de los estudiantes; es decir, con productos diseñados especialmente
para ellas, ya que el enfoque del proyecto era elaborar prototipos que les
ayudaran en su discapacidad física, el caso concreto: dos niñas siamesas de 4
años de edad.

Uno de los espacios imprescindibles para ser
estudiados fue el Jardín de Niños Giovanni Pascoli,
donde

las

niñas

comenzarían

su

educación

preescolar.

Estudiantes durante visita de
investigación.

Este proceso lleva a los estudiantes a definir el problema con mayor claridad y
eficiencia. Una vez establecido el problema se procede a compartirlo con

el

Coordinador del programa, de esta manera se establecen alcances y posibles
colaboraciones para llevar a cabo el proyecto, se determinan las necesidades y
recursos involucrados y se establece un calendario junto con la Institución en
vinculación, que determine las etapas de investigación y análisis del proyecto,
dando inicio a la etapa de diseño.

592

�Diagrama metodológico del proceso de vinculación.

Una vez que da inicio a la etapa de diseño
se determinan los equipos de trabajo y se
continúa con la investigación documental y
de campo, esta vez por medio de una
observación

controlada,

donde

se

manipulan las variables para inspeccionar
el comportamiento del usuario en el medio
en

el

que

se

desenvuelva

Estudiantes en proceso de investigación

normalmente.

Se

realizan

discusiones

de

retroalimentación del equipo donde se determina el propósito del diseño y se
plantean posibles soluciones, para posteriormente iniciar su propuesta gráfica. Se
realiza una segunda visita de verificación de datos y se retoma el proceso creativo.
593

�Se realizan sesiones grupales donde se exponen las ideas y se realizan los
cambios pertinentes para mejorarlas.

Este proyecto, y en particular la investigación es dirigida a la búsqueda de
soluciones en el área de diseño para la salud; se realizó un informe sobre las
distintas discapacidades existentes, y se hizo un análisis de comparación entre los
conceptos de

Deficiencias, Limitaciones a la actividad y restricciones a la

participación; como parte de la investigación fue importante informarnos sobre
datos estadísticos, nacionales e internacionales, y los porcentajes graficados
según la edad, el sexo y otros factores, nos ayudaron a visualizar el estilo de vida
de las personas con alguna discapacidad.

Parte importante de este contenido, es la investigación de campo que se realizó
en distintos lugares, en donde se analizaron instalaciones, herramientas,
mobiliario y equipo médico. También se investigaron los distintos tipos de terapia,
como la hidroterapia, la terapia física y la terapia ocupacional, estas siendo las
fundamentales en el desarrollo de las personas con discapacidad.

El diseño universal es un concepto o metodología, analizado con el fin de ampliar
nuestro panorama de posibilidades; sus principios básicos nos ayudaran a la
detección de necesidades y a la solución de problemas que se plantearán en la
investigación.

Presentación de proyectos.
Los anteproyectos, son presentados a la organización DIF, y al Jardìn de Niños
Giovanni Pascoli, se da una retroalimentación con los expertos en medicina o en
594

�biotecnología, se realiza la selección del diseño preliminar, posteriormente, por
parte de los estudiantes, se realizan modelos de estudio y comprobación, así
también se llevan a cabo los cambios pertinentes de acuerdo a una verificación de
usabilidad o “testing”, ajustando las características del producto a los
requerimientos del

usuario, la funcionalidad y el entorno de uso. Una vez

realizados los ajustes en el modelo, se realiza el prototipo definitivo y se hace la
entrega oficial a la Institución.
Richard Paul, director del Center for Critical Thinking and Moral Critique señaló
“Necesitamos cambiar el foco del aprendizaje pasando de limitarnos a enseñar a
los estudiantes a tener la respuesta adecuada, a enseñarles el proceso mediante
el cual la gente formada busca las respuestas correctas” Al final del proceso
sabemos que el proceso de vinculación es efectivo en lograr la formación integral
que deseamos en nuestros estudiantes.
En proyectos como el anteriormente citado, es importante puntualizar que se debe
de involucrar lo referente a usabilidad, principalmente los puntos que se indican a
continuación:
Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos
Los 7 Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, se centran en el
diseño utilizable universalmente por todos, pero hay que tener en cuenta que en el
diseño intervienen aspectos como la cultura en la que será usado, el ambiente, el
nivel socio-económico ,etc. lo cual tampoco debe olvidarse. Estos Principios
generales del diseño, se aplican en la arquitectura, la ingeniería y, por supuesto, el
diseño industrial, las páginas y aplicaciones Web, entre otros campos de
aplicación.

El Diseño Centrado en el Usuario es una filosofía de diseño que tiene por
objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus
usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso
posible con el mínimo esfuerzo de su parte.
595

�Toma forma como un proceso en el que se utilizan una serie de técnicas
multidisciplinares y donde cada decisión tomada debe estar basada en las
necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y capacidades de los usuarios.
La mayoría de los procesos que hacen Diseño Centrado en el Usuario suponen
las siguientes etapas:
Conocer a fondo a los usuarios finales, normalmente usando investigación
cualitativa o investigación cuantitativa.
Diseñar un producto que resuelva sus necesidades y se ajuste a sus capacidades,
expectativas y motivaciones
Poner a prueba lo diseñado, normalmente usando test de usuarios.

Usabilidad. La valoración de los factores humanos sirve a las siguientes
metas:
Identifican y priorizan las tareas de acuerdo a riesgo referente al usuario, más
allá de la estimación de resultados de análisis técnicos.
1.

Guían el desarrollo del uso de escenarios empleados durante las pruebas

de validación del diseño.
2.

Identifican el uso relacionado con situaciones de peligro al desarrollar

estrategias de minimización de riesgos.
3.

Evalúan consideraciones de eficiencia de mejora de diseño incluyendo

instrucciones de uso y/o entrenamiento.
4.

Guía la modificación en el diseño de dispositivos para optimizar la interface

del usuario con respecto a su eficiencia y seguridad.

596

�Clarifica la interacción del objeto asociada a conocidos o supuestos

5.

escenarios de error de uso.

Factores determinantes en el diseño.

Caso práctico: Usuario: Niñas siamesas. Proyecto: Columpio para jardín de
niños.

ENFOQUE

Se desarrollarán diseños que ayuden a
estimular más en el movimiento físico a las
siamesas Guadalupe y Elisa y que a la vez
sea cómodo/divertido para ellas.

El diseño tiene que
motivar a las niñas.

 El diseño debe ser simple,
realizado con materiales ligeros
pero resistentes para facilitar el
transporte

Fácil de armar.
 Se utilizarán colores que sea del
agrado de las niñas para mayor
motivación

Resistente, seguro.

 Podrá tener algún elemento

Que no ocupe mucho
espacio.

agregado como juguete o sonido
o imagen.

Que se integre al resto
de los juegos.

597

�De acuerdo con Dug Kupper, director del Departamento de Parques y recreación
de Wichita, Kansas, en los Estados Unidos: “Los nuevos estudios nacionales
muestran que todos los niños realizan la mayor parte de su ejercicio en parques
abiertos, y no a través de otras actividades recreativas”. Se considera que el juego
promueve la salud tanto en la quema de calorías, así también construye las
habilidades motoras.

CONCLUSIONES
Tomando como punto de partida los valores de la Universidad en lo referente a la
responsabilidad social, los proyectos académicos que corresponden al diseño
incluyente, ayudan directamente al bienestar social. Mediante los programas de
diseño industrial, se ha corroborado éste beneficio en sectores desprotegidos
donde además de proyectar o diseñar productos, se realizan prototipos y son
donados a organizaciones o instituciones públicas o privadas ; sin duda, el tener
un convenio oficial de vinculación, agiliza y garantiza el éxito de la gestión, en éste
caso, el proyecto que se realizó tuvo duración de un semestre en donde 6 grupos
de la Unidad de Aprendizaje “Diseño para la Salud” dentro de la Licenciatura en
Diseño Industrial, estuvimos involucrados.
Cada grupo se enfocó a diferentes necesidades de diseño de productos, de
acuerdo a rehabilitación o discapacidad, de ésta manera se presentaron ante el
DIF los resultados finales, donde hubo prototipos en la mayor parte de los casos,
los recursos económicos para realizarlos son generalmente de los estudiantes.
En el caso particular de las niñas siamesas, se les diseño un columpio, al que se
le hicieron varias pruebas de usabilidad y resistencia, mismo que se instaló en el
Jardín de niños, los recursos económicos fueron aportados por la Facultad de
Arquitectura de la U.A.N.L. Cabe mencionar que además del trabajo colaborativo
de estudiantes y profesor, la enseñanza es realmente significativa, así también, se

598

�resalta el respeto a la vida y a los demás, asumiendo compromisos para y por la
sociedad.

Conclusiones del caso práctico.
En el diseño del columpio realizado por los estudiantes: Gresil Serna, David
Arrambide, Omar Moreno y Cynthia Dorina Rodríguez, quienes cursan la UA
Diseño para la Salud, de la Licenciatura en Diseño Industrial de la UANL, se
destaca el enfoque de accesibilidad y de diseño para todos, con énfasis en que el
niño con capacidades diferentes se siente socialmente integrado, lo cual fue el
propósito principal del proyecto, así también se le dio la importancia debida al
aspecto de la seguridad de las niñas (usuario directo), tomando en cuenta que su
integridad no se viera afectada.
El área de oportunidad o enfoque fue darle confianza al usuario al estar integrado
en un ambiente agradable con sus compañeros de juego y que se sintieran
cómodas física y psicológicamente, al igual que los usuarios secundarios quienes
ayudan a las niñas a jugar en el columpio para cumplir el objetivo de divertirse,
interactuar socialmente y así mejorar su calidad de vida.

BIBLIOGRAFÍA
Gonzalez, C. (2007). El significado del diseño y la construccion del entorno.
Mexico: Editorial Designio.
Nosich, G. M. (20 de enero de 2010). Aprender a pensar. Recuperado el 27 de 02
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New York: Abrams.
Robles, I. (06 de Mayo de 2014). Cumplen materia: Ayudar a siamesas. El Norte,
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599

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Ediciones Generales, S.A. de C.V.
Universidad Autonoma de Nuevo Leon. (s.f.). folleto-vision2020uanl. Recuperado
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http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/universidad/folletovision2020uanl.pdf
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de www.wikipedia.org/wiki/diseño centrado en el usuario
Zambrano, L. (28 de 02 de 2012). Buscan UANL y DIF mejorar la accesibilidad. El
Norte, pág. 8.

600

�EJE 4: SALUD

601

�SALUD Y EL APOYO SOCIAL EN ADULTOS MAYORES
INSTITUCIONALIZADOS.

María Natividad Ávila Ortiz1
Ana Elisa Castro Sánchez2
Gerardo Garza Sepúlveda3

RESUMEN
El envejecimiento en México y sus implicaciones para la salud llama a acciones
específicas en el futuro inmediato, en el país se marca el inicio de un
envejecimiento acelerado de la población, se prevé que para el 2050 los adultos
mayores conformarán cerca de 28.0% de la población lo que equivaldrá a 41.4
millones de personas mayores de 60 años. El crecimiento acelerado de la
población envejecida va acompañado del incremento de enfermedades crónicas
degenerativas e incapacidades que afectan su calidad de vida, las cuales requiere
de la atención permanente dentro de su familia o de la institucionalización. El
propósito de este estudio es explorar la percepción de la salud y el apoyo social
que reciben los adultos mayores institucionalizados en casas de reposo del área
metropolitana de Monterrey. El método fue cualitativo en el que se realizaron 24
entrevistas semiestructuradas a adultos mayores institucionalizados. Además,
para validar el estudio se aplicó la técnica de observación y el análisis de la
información se realizó con el software cualitativo MAXQDA. Los hallazgos

1

Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Facultad de Salud Pública y Nutrición.
naty_avila83@hotmail.com
2
Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Facultad de Salud Pública y Nutrición.
ana.castrosh@uanl.edu.mx
3
Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Facultad de Salud Pública y Nutrición.
gerardo.garzas@uanl.mx

602

�obtenidos fueron que los adultos mayores se perciben como personas saludables
a pesar de presentar diversos problemas físicos que les impiden vivir solos. Las
casas de reposo visitadas son de nivel socioeconómico medio alto, por lo que los
adultos mayores tienen sus necesidades materiales satisfechas como son la
vestimenta, alimentación y un hogar. En relación al apoyo social se encontró que
los entrevistados reciben apoyo material por parte de sus hijos o familiares para
pagar su estancia en la institución, el apoyo instrumental es cubierto por el
personal de la institución. No obstante, el apoyo emocional es limitado, sus
familiares los visita una o dos veces a la semana y el apoyo cognitivo lo reciben de
las compañeras de la institución y del personal médico de la institución.

Palabras calves: adultos mayores, salud, enfoque cualitativo, apoyo social.

INTRODUCCIÓN
El problema de dependencia en la vejez, se ha convertido en un fenómeno de
relevancia, dado que afecta la salud y la calidad de vida de las personas mayores.
Surge como consecuencias de las enfermedades crónicas, los accidentes, o como
efecto propio del envejecimiento, y se traduce en dificultades o imposibilidad para
realizar ciertas tareas cotidianas, por lo que se requiere ayuda para realizarlas.
Cuando los adultos mayores se convierten en sujetos dependientes afecta
también las esferas psíquicas y sociales y el impacto puede tener diferencias
significativas según el tipo y grado de discapacidad, aunque también según el
género y la clase social. Por ello, el objetivo primordial de este estudio fue explorar
la percepción de la salud y el apoyo social que reciben los adultos mayores
institucionalizados en casas de reposo del área metropolitana de Monterrey.

La importancia de abordar el tema del envejecimiento se debe a que en México, al
igual que otros países, los problemas y necesidades de los adultos mayores han
generado una preocupación mayor en la sociedad. Esta preocupación surge del
603

�incremento de la población adulta mayor, en relación con la población total. En
México se marca el inicio de un envejecimiento acelerado de la población, según
el INEGI (2005) en el año 2010 una de cada 10 personas era un adulto mayor,
para 2020 se prevé que la relación sea de una de cada seis y para 2040 una de
cada tres. Se prevé que para el 2050 los adultos mayores conformarán cerca de
28.0% de la población lo que equivaldrá a 41.4 millones de personas mayores de
60 años y que por cada 100 hogares en 28 haya un adulto mayor.

En la actualidad, de acuerdo con los resultados del último recuento censal, en
México residen 97.5 millones de personas. De éstas, alrededor de 3.7 millones
son mujeres de 60 años o más y 3.3 millones son hombres en este mismo tramo
de edad. Entre la población de 60 años o más hay 88 hombres por cada 100
mujeres. Esta relación se marca mayormente conforme aumenta la edad; así, en
el grupo de población de 60 a 64 años se cuentan 91 hombres por cada 100
mujeres, mientras que para el grupo de 85 años o más la relación es de 74 por
cada cien.

Por otra parte, Tamez y Ribeiro (2012), señalan que los adultos mayores enfrentan
diversos problemas de los cuales destaca el deterioro físico, vivido tras el
incremento de la edad y la presencia en mayor medida de enfermedades crónico
degenerativas, las cuales resultan costosas en su atención y genera un
incremento de algunas necesidades, entre las que destacan las económicas, de
atención de salud, de recursos materiales, así como instrumentales, de igual forma
cuidados especiales que se agudizan con el paso del tiempo. Por ello, es
imprescindible investigar qué papel juega la familia para brindar estos apoyos.

El apoyo social es un elemento importante en el adulto mayor esto se debe a que
las relaciones sociales influyen sobre el envejecimiento físico y cognitivo cuando la
persona está integrado a la familia y a la comunidad se produce un sentimiento

604

�positivo con la vida (Cardona-Arango, Estrada-Restrepo y Chavarriaga-Maya,
2010).

De acuerdo a Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca (2003), el apoyo social
considera

cuatro

categorías

de

transferencias

o

apoyos:

materiales,

instrumentales, emocionales y cognitivos. Los apoyos materiales implican un flujo
de recursos monetarios (dinero en efectivo, comidas, ropa, pago de servicios y
otros). Los apoyos instrumentales pueden ser el transporte, la ayuda en labores
del hogar y el cuidado y acompañamiento. Los apoyos emocionales se expresan,
por ejemplo, por la vía del cariño, la confianza, la empatía, los sentimientos
asociados a la familia y la preocupación por el otro. Pueden asumir distintas
formas, como visitas periódicas, transmisión física de afecto, otras. Los apoyos
cognitivos se refieren al intercambio de experiencias, la transmisión de información
(significado), los consejos que permiten entender una situación, otros.

Este resultado es consistente con diversos estudios que destacan la importancia
del apoyo que percibe el individuo de su entorno como elemento protector en la
salud mental, ya que la existencia de relaciones significativas y estables en el
tiempo inciden en el autoconcepto, el nivel de funcionamiento y el afrontamiento
del estrés (Becerra-Martínez, Godoy-Sierra, Pérez-Ríos y Moreno-Gómez,2007;
Clemente, Tartaglini y Stefani, 2009; Colomé, Trovó de Marqui, Carmo, Gindri, De
Carli, Winck y Trombetta, 2011; Soria y Rodríguez, 2002; Vivaldi y Barra, 2012).
Existen evidencias de que la existencia de una red social adecuada podría influir
en la modificación de las estrategias de afrontamiento, en la integración o
participación social y en el incremento de la motivación, actuando como un posible
predictor de discapacidad en la vejez (Cardona-Arango, Estrada-Restrepo y
Chavarriaga-Maya, 2010; Lara y Mardones, 2009).

En relación con México existen pocas investigaciones que busquen indagar acerca
la realidad del adulto mayor, aquellos aspectos de su vida y de su entorno que le
605

�permitan sentirse más feliz y satisfecho con su vida, tales como la salud y el apoyo
social. Por tal motivo, se consideró pertinente abordar este estudio desde un
enfoque cualitativo.

Enfoque cualitativo
La decisión de utilizar este enfoque surgió a raíz de la revisión de los estudios
sobre percepción de la salud y apoyo social, de los cuales se observó una total
ausencia en investigaciones con metodología cualitativa. Debido a la naturaleza
cuantitativa de los estudios revisados no intentan comprender y no dan a conocer
el punto de vista de los adultos mayores, en su lenguaje y sus razones. Por ello,
se planteó investigar este tema a partir de un paradigma cualitativo con el que se
trató de generar conocimiento científico y buscar soluciones diversas, donde se
incluyeron, las percepciones, las creencias, emociones y significados de los
adultos mayores,

La metodología cualitativa permitió acceder a las experiencias, interacciones y
documentos en su contexto natural. Se abstuvo de establecer al principio un
concepto claro de lo que se estudia y de formular hipótesis para someterlas a
prueba. Por el contrario los conceptos se desarrollaron y mejoraron en el proceso
de la investigación (Rapley, 2014). A su vez, mostró una manera efectiva de
comprender y abordar la realidad, permitió ver a las personas e investigar en
forma “holística", no se redujeron las personas y los fenómenos estudiados a
variables, sino fueron considerados como un todo y se les trató de comprender
dentro de su mismo ambiente dando énfasis a los significados, experiencias y
opiniones (Creswell 2009; Mejía, 2004).

Según Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2012), la investigación cualitativa se
planteó como una forma de abordar la realidad, con unas herramientas teóricas y
técnicas específicas que fueron utilizadas según la naturaleza del objeto social.
Esto implicó que la investigación se ocupa principalmente de las relaciones entre
606

�las personas en la sociedad: lo que producen, piensan, dicen y lo que hacen frente
y con los demás. Esto dio pie a conocer la realidad en el propio lenguaje de los
sujetos de estudio, en este caso de los adultos mayores.

La técnica de investigación utilizada fue la entrevista semiestructurada, la cual se
caracteriza por su relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el
orden. (Bernal, 2010). Además, “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar
conceptos u obtener mayor información” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014,
p. 403). Asimismo, ayudo a conocer lo que el entrevistado piensa, los
sentimientos, las ideas e intenciones.
En el estudio la guía de la entrevista semiestructurada que se formuló se
incluyeron asuntos o tópicos que sirvieron como puntos de orientación, lo cual
garantizó una secuencia en los temas. A su vez, estuvieron relacionados a temas
que surgieron a la luz de la revisión de la literatura. Durante las entrevistas se
abordaron cada uno de los tópicos; esto con el fin de asegurar que los temas
claves de la investigación fueran cubiertos por cada uno de los participantes.
Al inicio de las entrevistas se les solicitó a los participantes que contestarán
algunos datos sociodemográficos. Todas las entrevistas se llevaron a cabo dentro
de las instalaciones de la casas de reposos, de las cuales se contaba con un
permiso previo para realizar la vistas al lugar. Las entrevistas fueron grabadas en
audio, lo cual fue previamente informado a los participantes.
Al finalizar las entrevistas se realizó una trascripción textual de cada una de ellas
lo más pronto posible. Para validar los datos de la investigación se utilizó la
triangulación de técnicas, por ello se aplicó un instrumento de observación.
En la muestra se utilizó el criterio de saturación basado en lo señalado por
Álvarez-Gayou (2003), Bowen (2005), McCracken (1991), partiendo del hecho que
en la investigación cualitativa lo objetivo no es maximizar números, sino llegar a
607

�ser saturado con la información del tema, ya que es más importante trabajar más
tiempo y con mayor cuidado con menos gente, que más superficialmente con
muchas personas. Al final se realizaron 22 entrevistas semiestructuradas, 19
mujeres y 3 hombres.
Para participar en el estudio los participantes deberían ser mayores de 60 años
institucionalizados, de sexo indistinto que estuviera de acuerdo en participar en el
proyecto y que no presentaran deficiencia auditiva, de lenguaje o mental. Se
excluyeron adultos mayores con deterioro cognitivo.

Datos cualitativos bajo el análisis computarizado

El análisis de los datos, se inició primeramente trascribiendo la información
recabada de las entrevistas; se imprimieron los textos, se leyeron cuidadosamente
y se anotaron los códigos tentativos. Se familiarizó con cada una de las
entrevistas, a través de lecturas repetidas. En seguida, se clasificó u otorgó
etiquetas a las unidades que fueron cubiertas por un mismo tópico, donde las
categorías fueron referidas a situaciones, actividades y acontecimientos, esto con
el fin de que los datos tuvieran una descripción más completa (Alvarez-Gayou,
2003).
Con el objetivo de facilitar el proceso de análisis de datos cualitativos, se utilizó el
software “MaxQDA” versión 10, el cual favoreció a realizar con mayor facilidad y
rapidez el análisis de los textos. Para realizar el análisis usado programas
informáticos, se consideró lo planteado por Echevarría (2011): 1) el investigador
explora, lee y relee, sus datos sin perder de vista la totalidad de ellos, 2) basada
en la selección, reordenamiento y duplicación de segmentos y 3) se comienza con
codificación, la cual consiste en segmentar la base de datos, asignarle códigos a
los segmentos contarlos y finalmente obtenemos y contrastamos conclusiones.

608

�RESULTADOS
Se visitó adultos mayores institucionalizados, los cuales se encontraban viviendo
en tres distintas casas de reposo del municipio de Monterrey. Se entrevistó a 22
adultos mayores y se aplicó un instrumento de observación en varios momentos, a
la hora de desayunar, comer y cenar, debido a que son los momentos que los
adultos mayores salen de sus recamaras y tienen un mayor contacto entre ellos.
Los adultos mayores entrevistados tenían entre 62 y 90 años de edad. 19 eran
mujeres y 3 hombres el nivel de estudio que predomino fue sin estudio (5) primaria
(4), secundaria (3), secretarias (5), mecánico (1) licenciatura (4). De los
participantes, 14 se casaron y tuvieron entre 2 y 12 hijos, 8 permanecieron
solteros y no tuvieron hijos. Actualmente 1 siguen casadas, 10 son viudas, 2
divorciadas y 1 separada.

Salud en los adultos mayores
En relación a la salud, los adultos mayores se perciben como personas saludables
a pesar de presentar diversos problemas físicos que les impiden vivir solos. La
percepción del adulto mayor acerca de su estado de salud y calidad de vida son
influidos por su salud mental y capacidad funcional. Por tanto, la percepción de
salud es un constructo asociado a otras variables psicológicas como autoestima,
satisfacción con la vida y depresión (Vivaldi y Barra, 2012).
No tengo enfermedad gracias a Dios y hace años yo padecí y de
repente me quiere dar la laberintitis del oído, mareo pero ya tengo
bastante tiempo que ya se me ha retirado, mi estómago está bien
gracias a Dios y voy al baño yo todavía no uso pañal como todas las
personas que están aquí, todas, todas, todas usan pañal y yo todavía
no uso, yo me levanto al baño verdad (Natalia, 90 años).

609

�Cabe aclarar que la mayoría de los adultos mayores entrevistados, antes de
ingresar a la casa de reposo presentaron alguna caída en su casa o mostraban
complicaciones de alguna enfermedad. De acuerdo a Castro, Brizuela, Gómez y
Cabrera (2010), señala que en la mayoría de los casos, los residentes de los
asilos de ancianos tienen problemas físicos o mentales que les impiden vivir solos,
generalmente necesitan ayuda a diario y el asilo de ancianos, puede ser una
residencia que provee habitación, comidas y ayuda con las actividades cotidianas
y recreativas. “Yo llegué aquí, pues por qué no podía caminar, es que yo tengo
artritis deformativa” (Carmen, 88 años). “Pos, me dio la embolia me trajo para acá,
quede muy alterada, pero ya estoy mejor” (Beatriz, 73 años).
Sobre su salud los adultos mayores señalan que su condición física mejoró con el
paso de los días, por los cuidados y atención medica que reciben por parte del
personal de la institución.
Vivía sola, me cuidaba una señora, me daban de comer en la boca, no
caminaba nada y traía una úlcera muy grande, de tanto estar acostada,
entos ya mi hija vio que no avanzaba nada y me dijo: “vamos a Santa
Clara”, me trajo, me repuse mucho, si me repuse, porque cuando llegue
aquí estaba muy mal, 43 kilos, jamás en mi vida había pesado eso
(Ángela, 85 años).
Como se puede observar, la forma en que los adultos mayores valoran su salud es
a través de comparar las actividades que pueden hacer en relación a las personas
de menor o mayor edad. No obstante, a pesar de que los adultos mayores se
consideran saludables y que pueden valerse por sí mismos, sus hijos, hermanos o
sobrinos, tienen otra perspectiva al respecto, ya que consideran que los adultos
mayores no deben vivir solos, debido a que presentan algunas deficiencias para
realizar actividades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, los hijos, hermanos o
sobrinos toman la decisión de llevarlos a una casa de reposo planteándoles que
en lugar tendrán compañía y mejores cuidados. “Yo me quede viuda, y luego
todos mis hijos se casaron, formaron sus familias, se fueron y pues lógicamente
610

�me quede sola y para estar pues con compañía de otras personas pues decidieron
traerme a esta casa” (Teresa, 79 años).
Me operaron de las cervicales tengo na´ más una hija, su esposo y mis
nietos, pero pues todo el mundo trabaja, y no iba a poder yo estar bien
atendida como mi hija quisiera, y me dijo pues te vamos mejor a poner
unos días mamá, espero que no te parezca mal… (Amanda, 72 años).
Al respecto, González (2007), utiliza el término ansiedad filial para describir los
sentimientos que se presentan en los hijos adultos cuyos padres se encuentran ya
muy ancianos o en peligro de muerte. Para aminorar esta crisis, en ocasiones se
destina al padre anciano en una institución, sea por rompimiento o enfriamiento de
relaciones.
Por su parte, los adultos mayores señalan que la razón por la que viven en la casa
de reposo se debe a que vivían solos en su casa porque sus hijos se casaron, su
conyugue falleció, o bien, porque no tuvieron hijos.
Me quede sola, se murió mi hermana, éramos dos, se murió mi
hermana y me quede sola, y mis parientes trabajan todo el día hasta las
siete de la noche, y dijo: “que como me iban a dejar todo el día, que
viera que no estaba bien eso”, entonces opté por venir aquí (Mayela, 70
años).
Fui casada y mi esposo y yo duramos como 55 años de casados y
después el falleció y, luego vivía sola y mis hijos prefirieron que
estuviera aquí para tener compañía verdad, pues viviendo sola, pos
nomás las vecinas y así, gracias a Dios me acomode bien aquí
(Consuelo, 88 años).
De acuerdo a los discursos presentados por los participantes se observó que el
ingresar a la institución no es una decisión que los adultos mayores tomen solos,
sino que está queda a cargo de los hijos, de los hermanos o sobrinos. Las mujeres
611

�aceptan la decisión de ingresar a la casa de reposo señalando que ellas “no les
quieren dar problemas, ni ser un gasto para sus hijos”.

En un estudio realizado por Arroyo, Ribeiro y Mancinas (2011), señalan que la
percepción de “ser una carga”, en los adultos mayores, hace alusión a ideas,
pensamientos y emociones que reflejan una imagen devaluada de sí mismos: se
autodefinen como seres “que ya no sirven para nada”, “personas inútiles”, “que
ocasionan molestias”, y que son “un estorbo”. Al respecto las participantes
mencionan: “Mis hijos decidieron, ellos eran los que conocían aquí, mis hijas, aquí
y luego ya se pusieron de acuerdo para pagar entre las tres hijas” (Consuelo, 88
años). Mi hija tomo la decisión y mientras yo pueda no les quiero todavía recargar
a ellos, verdad, porque pues ellos también tienen sus gastos y sus compromisos
(Amanda, 72 años).

Apoyo social en los adultos mayores
La necesidad de estudiar los apoyos sociales en los adultos mayores
institucionalizados se debe a que en la vejez se puede experimentar un deterioro
económico y de la salud física o mental (Guzmán, Huenchuan, y Montes de Oca,
2003) Además, desde hace más de 20 años, existe una vasta documentación que
pone en evidencia el rol importante que los procesos de apoyo social tienen en el
bienestar de la persona en muchos eventos negativos y enfermedades (House,
Umberson y Landis, 1988).

Apoyo instrumental
Los adultos mayores institucionalizados que participaron en el estudio tiene
cubiertos los apoyos de tipo instrumental, ya que las labores domésticas, la
compra y preparación de los alimentos está a cargo del personal de la institución.
Por otra parte, el traslado a citas médicas es garantizado por los familiares del
adulto mayor. Al respecto, Arroyo, Ribeiro y Mancinas (2011), señalan que las
612

�condiciones de salud colocan a los adultos mayores en una situación vulnerable
tanto física como socialmente, la discapacidad y el deterioro son consecuencia de
ello, limitándolos a realizar las funciones básicas de la vida diaria.
“No tengo que hacer hijita, porque mira, me barren, me trapean, me tienden la
cama, precisamente por eso mis hijos me pusieron aquí…” (Mariela, 83 años). “He
estado muy bien atendida y pos el alimento muy bien a mis horas y dormir pos si
en ratos”. (Natalia, 90 años). “Mira, aquí no hacemos nada, así que pues me la
pasó aquí, ya si quiero ver la tele, pues veo la tele, que, por ejemplo, vienen las
compañeras y se ponen algo de plática y todo eso, pues ya nos juntamos un rato”
(Teresa, 79 años).

Apoyo funcional

La Encuesta nacional de salud, señala que poco más de la cuarta parte de
(26.9%) de los adultos mayores tenían dificultad para realizar al menos una
actividad básica de la vida diaria como vestirse, bañarse, acostarse y caminar. En
ambas condiciones, se observa que las prevalencia se incrementan en la medida
que aumenta la edad, y es mayor en las mujeres. Sobre el apoyo funcional que
reciben los adultos mayores institucionalizados, se encontró que si un adulto
mayor necesita ayuda para alimentarse, así como para acostarse y/o levantarse
de su cama, asearse o bañarse y tomar medicamentos, las enfermeras (os) en
turno les proporcionan esa ayuda. “Siento un poquito más de tranquilidad, porque
está el doctor y están las enfermeras, y este saben cómo moverme como
ayudarme a bañarme a todo, a darme los medicamentos…” (Amanda, 72 años).

Apoyo material
En relación al apoyo material, los adultos mayores resaltan que para cubrir el
costo mensual de la casa de reposo, reciben apoyo económico de sus hijos, o bien
613

�si el adulto mayor no tuvo hijos, el pago lo realizan los sobrinos o hermanos.
Debido a que estás casas de reposo son instituciones privadas tienen un costo
mensual que va de entre 8,000 a 15 mil pesos. Cabe aclarar que 5 de las
entrevistadas cuentan con pensión y con ello aportan para sus gastos. Por otro
lado, 2 entrevistadas indicaron que el pago del asilo lo realizan con sus ahorros.
“Yo pago aquí, porque mi esposo me dejo casa, un terreno muy grande, dinero en
el banco, lo junte el dinero en el banco, y me vendí mi casa, lo junte todo y lo eche
al banco y de ahí estoy pagando aquí”. (Mariela, 83 años). “Yo creo que entre
todos, a mí no me dicen nada, nomás sé que se juntan ellos para ver cuánto me
van a dar…” (Liliana, 86) “Pos, mi sobrina es la que ella se encarga de todo, ella
me da todo, me da porque como yo no me case, no tuve hijos…” (Natalia, 90
años).
Las hijas o algún familiar del género femenino son las encargadas de comprarle a
los adultos mayores los medicamentos, pañales, antojos sobre algún alimento, etc.
“Cuando necesito algo le digo a mi hija, necesito esto, esto y esto, por ejemplo,
ella me compro, la tele, eh, el librero ese, que esta fallo, y así por el estilo, y ya me
ha comprado varias cosas, ropa, cuando va al otro lado, me trae ropa, según
como necesito” (Marcos, 84 años).

Apoyo emocional
Los hallazgos relacionados con el apoyo emocional remarcan que existe
deficiencia en este tipo de apoyo debido a que es limitado, ya que los
entrevistados comentan que después de que los familiares los ingresan a la casa
de reposo, conforme pasa el tiempo la compañía y los periodo de visita de sus
hijos, nietos y hermanos se vuelven escasos, ya que a la mayoría los visitan una o
dos veces por semana o en ocasiones especiales como ser fechas de
cumpleaños, día de la madre, del padre, etcétera. Además, señalan ya no tener
contacto con amigos. Diversos estudios (Becerra, Godoy, Pérez y Moreno, 2007;
614

�Cardona-Arango, Estrada-Restrepo y Chavarriaga-Maya, 2010) señalan que es
común observar este tipo de actitudes en los familiares que tienen adultos
mayores en un asilo.
“Viene a visitarme a veces mi hija, como también mis dos hermanas, no vienen
muy seguido, es que trabajan mis dos hermanas y, luego mi hija, también, trabaja
y no le quede mucho tiempo” (Sandra, 75 años). “Pues, me vienen a visitar mis
hijos, como cuando vienen con la familia. No vienen seguidos, porque pues, por
ejemplo, mis hijos tienen sus trabajos y tienen que estar trabajando, por ejemplo,
ahora puede que vengan hoy, puede que vengan otro día” (Teresa, 79 años).
Por su parte, un estudio realizado por Becerra, Godoy, Pérez y Moreno (2007),
indican que la familia deja de visitar al adulto mayor, no hay interacción, ni tiempo
suficiente para la convivencia, esta situación tiende a desarrollar relaciones de
dependencia que generalmente no son favorables para ninguna de las partes y en
nada contribuye a dignificar la vida del adulto mayor.
Por otro lado, algunas entrevistadas comentan que encontraron compañía, apoyo
y tranquilidad con sus compañeros de la casa de reposo. “Por ejemplo, vienen las
compañeras y se ponen algo de platica y todo eso, pues ya, ya se siente una en
compañía (Teresa, 79 años). “Pues, que antes yo estaba muy triste y que pues no
hallaba razón de la vida y aquí poco a poco fui despertando, verdad” (Hilda, 87
años).

Apoyo cognitivo
Los apoyos cognitivos, ya no se reciben por parte de la familia, pocos adultos
mayores sobre todo mujeres reciben este apoyo a través de las mismas
compañeras de la institución, ya que existe intercambio de experiencias a través
de pláticas y los consejos los reciben por parte del personal médico de la
institución. “Pues fíjate que, vienen las muchachas que nos cuidan, y con ellas
615

�platico, Son dos las que nos cuidan, Y este, cuando no platico con una, platico con
otra” (Magdalena, 72 años). “En veces me levanto y camino, el doctor me dice que
camine y haga ejercicio, porque me dijo que si necesitaba para que pudiera volver
a caminar” (Carmen, 88 años).

Para finalizar, está investigación encontró que a la mayoría de los adultos mayores
les falta relacionarse y convivir con sus compañeros, debido a que son muy
callados y cada uno vive su propio mundo. Se denota la falta de contacto entre los
mismos, además esto se pudo constatar mediante los instrumentos de
observación, ya que sólo se reúnen al momento de consumir los alimentos, sin
embargo a pesar de que están juntos no hablan entre ellos, terminan de comer y
regresan a sus recamaras. “Pos me la paso sentada, allá en la sala, o si no me
vengo para acá y aquí me quedo en mi cama”. (Sandra, 75 años). “casi no salgo a
convivir con las pobres aquellas, porque ahorita no siento animo de estar
platicando, y luego que no oyen, y luego que yo ando ronca” (Amanda, 72 años).

CONCLUSIONES
Con el desarrollo de este trabajo se logró explorar la percepción de la salud y el
apoyo social de adultos mayores institucionalizados. De acuerdo al análisis de las
entrevistas y el instrumento de observación, se obtuvo elementos para señalar que
los ancianos en su mayoría se sienten bien y a gusto dentro de la institución. En
su vida cotidiana se encuentran con sus necesidades materiales satisfechas,
debido a que cuentan con atención de salud, alimentación, vestimenta, un hogar,
etc. No obstante, sobre las necesidades de afecto expresan la imperiosa
necesidad de estar en sus casas con sus familias con las que puedan contar y
poder pasar los últimos años de sus vidas en armonía y con los afectos que
representa el núcleo familiar.

616

�A partir de la realidad estudiada, se considera importante el rol del Trabajador
Social, el cual debe buscar las estrategias para la integración de los ancianos en
su entorno familiar y social que les permita recuperar el espacio perdido, ya que
son ciudadanos que deberían tener las mismas oportunidades que todo ciudadano
tiene como sujeto de derecho.

De acuerdo a los hallazgos de este estudio la relación existente entre los ancianos
con el personal, en su gran mayoría expresaron que se sienten a gusto y bien
tratados, sin embargo algunos mencionan que a pesar de ello extrañan la
convivencia familiar, así también se sienten conformes con la atención y en
ocasiones desean volver a sus hogares.
Por último, esta investigación tiene limitaciones una de ellas es que se quedó un
gran número de institucionalizados sin posibilidad de ser entrevistado debido a las
deficiencias de salud que presentaban. Por lo tanto, se puede mencionar que la
mayoría de los adultos mayores que se encuentran en las casa de reposo tienen
problemas físicos o mentales que les impiden vivir solos. Además, los resultados
no son generalizables para casas de reposos con estratos socioeconómicos bajos.

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619

�EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y MANIFESTACIÓN

DEL APRENDIZAJE

PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN PACIENTES DIABÉTICOS E
HIPERTENSOS CASO: CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS
(CESSA) DE TAMULTE DELICIAS UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO.

Eric Francisco Pérez Fernández4
Ruth Lomelí Gutiérrez5
Jorge Hernández Ríos 6
RESUMEN

Sin duda alguna el estudio sobre la retrospectiva y las tendencias de personas
con Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensas Arterial (HA) a nivel internacional,
nacional y particularmente en la entidad tabasqueña, obligan a los profesionales
de la salud a focalizar su atención y análisis a los contenidos y operación de los
programas educativos para la prevención y control de estas enfermedades. En
este sentido la presente comunicación tiene como objetivo caracterizar y
relacionar de manera deductiva e inductiva la instrumentación y operación del
proceso enseñanza, así como la caracterización del aprendizaje para autocuidado
de la salud. Es resultado de un abordaje con enfoque cuantitativo que ha permitido
la descripción

de conductas habituales de los pacientes relacionadas con la

enfermedad, participación de los profesionales de la salud y los conocimientos que
conllevan al autocuidado de su salud. Con un enfoque cualitativo se expone un
análisis del discurso instrumentado del programa institucional relacionado con el

4

Maestrante en el Programa Educativo en Trabajo Social en la Universidad Veracruzana
Profesora de tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, integrante
del Núcleo Académico Básico en la Maestría en Trabajo Social, en la línea de vulnerabilidad y políticas
públicas.
6
Profesor de tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, integrante
del Núcleo Académico Básico en la Maestría en Trabajo Social, en la línea de vulnerabilidad y políticas
públicas
5

620

�aprendizaje de los pacientes participantes lo que ha permitido una valoración
sobre conductas de riesgos en la población de estudio.
Contrario a al modelo educativo institucional los resultados han permitido pensar
en una propuesta desde el enfoque de la educación popular, como alternativa
para formar al paciente diabético y/o hipertenso como el protagonista en la mejora
de su salud, generador de espacios de reflexión
construcción de

sobre sus proceso en la

aprendizaje de autocuidado de su salud y control de su

enfermedad, contextualizado y participativo en el que el reconocimiento de las
dificultades es el producto de una evaluación consensuada en el que intervienen
todos los actores educativos y principalmente el paciente diabético y/o hipertenso.

Palabras claves: Educación para la salud, enseñanza-aprendizaje, autocuidado,
actitudes de riesgo.

I MARCO DE REFERENCIA
La situación problema de la Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, en las
últimas décadas ha tenidos cambios muy acelerados y rápidos debido a la
transición epidemiológica donde en un principio predominaba la presencia de las
enfermedades transmisibles principalmente en la población infantil y actualmente
se aprecia de manera muy marcada y expresada en las enfermedades crónicas
no transmisibles, donde están ocupando los primeros lugares como causa de
muerte en la sociedad y principalmente en el sector de la población adulto joven y
más aún, lo más grave y complicado es que están afectando en mayor porcentaje
a los grupos poblacionales en edad productiva y que están relacionados
fundamentalmente como la población económicamente activa y que son

los

proveedores económicos del sustento familiar.

Además los estudios retrospectivos y las tendencias de estos padecimientos de la
Diabetes e Hipertensión, indican una representación de crecimiento ascendente
621

�en los ámbitos mundial, nacional y específicamente el caso del Estado de
Tabasco, llevando consigo, la disminución de la esperanza de vida y más se
acentúa si posee algún problema cardiovascular, además que se manifiestan las
complicaciones graves

de estas enfermedades deteriorando de esta forma la

calidad de vida de las personas y sus familias. (Figura 1)

Figura 1 Retrospectiva Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial

Fuente: Creación propia

En cifras encontramos que

nivel mundial, en el año 2005 se registraron 1.1

millones de muertes debidas a la diabetes, de las cuales alrededor de 80%
ocurrieron en países de ingresos bajos o medios, que en su mayoría se
encuentran menos preparados para enfrentar esta epidemia. La trascendencia y
magnitud de la enfermedad se incrementó paralelamente al proceso de transición
epidemiológica que afectó al país en las últimas décadas del siglo pasado, en que
empezó a formar parte de las principales causas de muerte en el país.

En México, la Diabetes Mellitus ocupa el primer lugar en número de defunciones
por año, tanto en hombres como en mujeres las tasas de mortalidad muestran una
622

�tendencia ascendente en ambos sexos con más de 70 mil muertes y 400,000
casos nuevos anuales, cabe señalar que según la Dirección General de
Información en Salud en el 2007 hubo un número mayor de defunciones en el
grupo de las mujeres (37,202 muertes) comparado con el de los hombres
(33,310), con una tasa 69.2 por 100,000 habitantes en mujeres y de 64 en
hombres, diferencias importantes a considerar en las acciones preventivas, de
detección, diagnóstico y tratamiento de este padecimiento, es importante señalar
que la diabetes no es un factor de riesgo cardiovascular, es un equivalente de
enfermedad cardiovascular debido a que el riesgo de sufrir un desenlace
cardiovascular es igual al de la cardiopatía isquémica.

El descontrol metabólico y las consecuentes complicaciones se agravan cuando
en los servicios de salud, no se realiza una eficiente y oportuna detección y
seguimiento de grupos con factores de riesgo, aunado a que en la población hay
una percepción inadecuada y desconocimiento del riesgo para desarrollar
diabetes. Lo anterior da lugar a que no se realice un diagnóstico oportuno y a que
no se dé la pronta incorporación de los pacientes detectados al tratamiento.

En cuanto a morbilidad por diabetes en México, la diabetes tipo 2 representa 97%
del total de casos nuevos registrados. En general, se reconoce una alza
significativa de la incidencia en las últimas décadas. De acuerdo a los resultados
de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA), la prevalencia nacional de
diabetes mellitus en hombres y mujeres adultos de más de 20 años fue de 7.5%,
lo que representa 3.6 millones de casos prevalentes, de los cuales 77% contaba
con diagnóstico médico previo. La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres
(7.8%) respecto de los hombres (7.2%).

En el rango del 2001-2007, se aprecia un incremento de casos del 28% al pasar
de una tasa de 291.0 a 375 por 100,000 habitantes, respectivamente. No obstante,
en los últimos cuatro años se estima una estabilización de las tasas de incidencia
623

�respectivas. Los estados con las tasas más altas fueron Morelos, Coahuila,
Durango, Jalisco y Sinaloa. En el 2007, las cifras preliminares indican que se
presentaron más de 406,000 casos.

De conformidad con la información de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2006 (ENSANUT) la prevalencia aumentó a 14%, lo que representa un
total de 8 millones de personas con diabetes; en la población urbana, la
prevalencia fue significativamente mayor. La tasa de mortalidad nacional fue de
65.2 por 100,000 habitantes.

De manera particular en el Estado de Tabasco, en el periodo comprendido de los
años 2004 al 2010, se observó un incremento en el número de defunciones por
diabetes, ocupando en la actualidad el primer lugar como causa de muerte. Este
aumento lo vemos ya que en el año 2004, se presentaron 1250 casos con una
tasa de 63 por cada 100,000 habitantes comparándolo en el 2010, donde hubo
1812 casos y representó una tasa de 87.93 por cada 100,000 habitantes.

Otro dato importe que se agrega, son los gastos económicos que se generan en el
sistema de salud y en las familias por Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial,
aquí en México se invierte mucho dinero pero desafortunadamente se va en
gastos para controlar y tratar las consecuencias (medicamentos, materiales,
hospitalización, etc.) mientras que la inversión para la parte preventiva es mínimo,
además que las familias también tienen gastos excesivos para el control y
tratamiento de la enfermedad, donde de cada $100 destinan $52 para tratar este
mal7.

Dentro de este contexto, no se puede pasar como desapercibido los estilos de
vida no saludables ya que estos son factores determinantes que inciden en la

7

Periódico Vanguardia (2012). “Casi 8 mil mdd. Le costó la diabetes a México en 2011”. México: Vanguardia.

624

�aparición de nuevos casos, en la magnitud y trascendencia de estas
enfermedades crónicas no transmisibles.
En cuanto a las políticas públicas y marco normativo que sustentan y atienden a la
Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, se puede mencionar que si existen
programas específicos para su prevención y control tanto a nivel nacional como
localmente, de igual manera se encuentran las normas oficiales mexicanas
mismas que se encargan de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y
control de la Diabetes e Hipertensión. A continuación exponemos el marco
instrumental (Figura 1) que ha tenido el sistema nacional de salud con miras al
control del este problema de salud.

Figura No. 2 Trayectoria de las políticas y marco jurídico para el control del
DM/HTA

Fuente: Creación propia

Sin embargo a pesar de contar con todos estos documentos técnicos y normativos
desde años atrás, se considera que todavía falta mucho por hacer, porque no ha
tenido el impacto deseado en la población, ya que en la actualidad las tendencias

625

�indican que la morbi-mortalidad por estas enfermedades siguen en aumento y nos
muestran un escenario con una población afectada por estas enfermedades.

Otro dato relevante por analizar es el desarrollo educativo que se está llevando a
cabo en los grupos de diabéticos e hipertensos, es por eso que describo a
continuación la conceptualización de la categoría Salud, así como de la Educación
para la Salud y sus diferentes aplicaciones.

La Educación para la Salud Perea (2002) la incluye

como disciplina, se

constituye formalmente como materia autónoma en 1921 con el primer programa
de Educación para la Salud que impartió el Instituto de Massachusetts, aunque
había sido empleada esta terminología, por primera vez, en 1919 en una
conferencia sobre ayuda a la salud infantil.

La primera organización Rosen (1958) profesional surge en 1922 The public health
education, sección de la American public health association. Hasta 1937 Rothman
y Birne, N. (1981) exponen que no se establece una competencia profesional, y en
1977 es cuando se edita un documento que regula las funciones de los
educadores de la salud pública y su contribución a la reducción de problemas de
salud y, en consecuencia, a elevar el nivel de bienestar en la sociedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1998), menciona que la educación
para

la

salud,

comprende

las

oportunidades

de

aprendizaje

creadas

conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la
alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en
relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la
salud individual y de la comunidad.

626

�METODOLOGIA

Bajo este panorama, surge el interés y preocupación como profesionales de la
salud de tener una mirada fija para la atención y el análisis a los contenidos y la
operatividad de los programas educativos para la prevención y control de estos
padecimientos, conocer cómo se está desarrollando con estos grupos de
diabéticos e hipertensos, cómo es la interacción entre el educador y el educando,
como es la participación grupal,

estos indicadores son elementos para la

reflexión, donde todo parece indicar que siguen con un modelo educativo
tradicional, institucional y vertical.

Es importante señalar que para la elaboración de esta etapa del trabajo, se ha
adaptado la propuesta de Mtra. Silvia Galeana de la O. para el diseño de modelos
de intervención en su primera fase denominada momento explicativo, lo que ha
dado pauta al análisis del contexto exógeno (expuesto en el apartado anterior) y
endógeno (trabajo de campo) en torno a este problema de salud con una mirada
desde lo social.

Es así que a partir de este contexto, se ha dado la importancia de abordar como
punto de focalización, el aprendizaje y actitudes del paciente diabético e
hipertenso relacionado al proceso de educación recibido en el Centro de salud de
Tamulte Delicias de Villahermosa Tabasco así como determinar si estas actitudes
corresponden al autocuidado esperado por el proceso educativo.

Como población sujetos en estudio, se señala que se llevó a cabo en el Centro de
Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Tamulte Delicias ubicado en
Villahermosa, Tabasco, Institución pública perteneciente a la Secretaría de Salud
del gobierno del estado de Tabasco. Situado en la calle Gustavo Hernández
Loroño No. 302

de la Colonia Delicias, consta de 12 núcleos básicos de primer

nivel de atención de la salud, sin embargo, en el estudio social se trabajó solo con
627

�el núcleo básico No. 11 turno matutino, integrado por un médico, una enfermera y
un licenciado en Trabajo Social con funciones de promotor de salud y que atiende
la población de las colonias Atasta e Infonavit como sector de responsabilidad, es
zona urbana y se encuentra a una distancia de 2 kilómetros de la unidad médica.
En la parte comunitaria, se cuenta con una autoridad local llamado delegado
municipal y también se encuentra integrado un grupo de titulares del programa
“Oportunidades”.

Para el análisis de las interrelaciones en el contexto de estudio, se establecieron
cuatro categorías y variables de estudio a continuación se presenta su definición
operacional:

1.- Perfil del grupo, donde las variables consideradas principalmente fueron la
edad, sexo, ocupación, nivel de escolaridad, estado civil, datos de la familia
y vivienda, el tiempo que llevan con la enfermedad y de pertenecer al grupo
educativo o club, cuántos días al mes se realiza la prueba del azúcar y
presión arterial y si mantiene un registro de resultados para su conocimiento
y control de la enfermedad.

2.- Proceso educativo, se emplearon los indicadores de educación y asesoría
recibida por parte del equipo de salud responsable de su atención en los aspectos
de la enfermedad, cuidados, si llevan algún programa de ejercicios o actividad
física y alimentación, entendimiento y comprensión general del padecimiento, en
hacer frente al estrés, el papel importante del ejercicio y la alimentación, los
medicamentos que consume, la forma de utilizar los resultados de monitoreo, la
prevención y tratamiento de bajo y elevado nivel del azúcar en la sangre,
beneficios de un buen control del azúcar, prevención de las complicaciones y la
relación de la diabetes con el embarazo.

628

�3.- Actitudes para el autocuidado, se investigaron variables de soporte donde
el paciente quiere mucha ayuda y apoyo de la familia, donde la familia y amigos
apoyan mucho y si aceptan la enfermedad y respaldan el apoyo para el control de
la diabetes en los parámetros de seguir un plan alimenticio, actividad física,
manejo de sentimientos, toma de medicamentos, monitoreo del nivel del azúcar y
quién le brinda mejor ayuda para en el cuidado de su diabetes, por otro lado se
indagó también sobre el conocimiento de la diabetes destacando los indicadores
de que si se inyectan insulina tienen una enfermedad leve o es más grave, quién
debe tomar las decisiones más importantes para el cuidado de la enfermedad, si
los profesionales de la salud deben ayudar en la toma de decisiones, si es
importante realizarse el monitoreo, si afectan los efectos emocionales, si cambian
la expectativa de vida con su padecimiento, si hay que llevar un control estricto, si
hay mayor preocupación entre las personas que toman pastillas o los que se
inyectan insulina y si el apoyo de los familiares es importante para el tratamiento.

4.- Conductas de riesgo, en esta última categoría se abordó las variables de
identificación de riesgos o la probabilidad de descontrol de la diabetes
considerando si tienen control sobre los riesgos para su salud, si están enfermos
no hay mucho que pueda hacer, si creen que sus esfuerzos personales ayudan a
controlar sus riesgos, o si son menos propensos al descontrol, en comparación
con otros que llegan al grupo educativo o club que si tienen menos probabilidades
para

el descontrol y agravamiento de la enfermedad, si aumenta el riesgo el

llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, el aumento de peso, si lleva mucho
esfuerzo

el hacer ejercicio, cuidar la alimentación para prevenir a que se

desarrolle el padecimiento, si su familia no cambian sus hábitos de estilos de vida
saludable aumenta el riesgo de contraer la enfermedad y si su familia ha realizado
cambios

o está pensando en realizar

cambios en un futuro si reduce las

probabilidades de que se desarrolle la diabetes.

629

�Para caracterizar y sustentar éstas variables o indicadores, se determinaron las
siguientes técnicas:
•

Observación No Participante

•

Visitas Domiciliarias

•

Notas de Campo
Con la finalidad de conocer y delimitar el área geográfica del sector de
responsabilidad así como la identificación y domicilio de los pacientes en
estudio.

•

Entrevista Estructurada

•

Instrumento: Cuestionario para el perfil de los cuidados del diabético, escala
de medición percepción y actitudes, investigado y aprobado por el centro de
Investigación y Capacitación de Diabetes de la Universidad de Michigan el
cual fue traducido al español.

RESULTADOS

En lo que respecta a los fines del club o grupo educativo, este se integra por cada
centro de salud, núcleo básico o consultorio, en este caso se encuentra integrado
la del No.11. En cuanto a la supervisión médica generalmente se realiza al equipo
de salud responsable de la atención e integración del club, no se realiza
directamente al grupo, ni los visitan a los integrantes. De hecho cuando se tienen
los talleres con el club, el equipo de supervisión ausente, no participan ni se
involucran.

En la impartición de los talleres educativos, se tienen programado uno mensual, al
mismo tiempo se aprovecha para realizarse su monitoreo del azúcar y de la
presión arterial, su control de rutina y su tratamiento. Los que no acuden en su cita
programada, el promotor de salud los visita y le otorga nueva programación. Se ha
podido observar que el equipo de salud sí fomenta y orienta la motivación a los
630

�pacientes para el autocuidado de su salud. Sin embargo el taller o mejor dicho la
plática educativa tiene un tipo de educación formal, tradicional donde el personal
de salud es el que habla, enseña y conoce, es muy mínimo la participación y
retroalimentación, por lo tanto no hay intercambio de experiencias y vivencias del
grupo. Se ha observado que la mayoría de los pacientes están en el rubro de
descontrolados, no ha impactado la atención y tratamiento, aunque estén en el
club o grupo educativo.

En relación a la capacitación sobre los temas básicos que se deben desarrollar
como los conocimientos de la enfermedad, componentes y metas del tratamiento,
intercambio de experiencias y discusión de datos, prevención y detección de la
diabetes en los familiares y comunidad, actividades sociales y de recreación se
analiza que si se realizan en forma mensual los temas antes mencionados, que
regularmente se imparte uno cada mes. No considero impartición de talleres,
porque casi no hay participación activa del grupo y no llegan todos, los que llegan
en un mes, el próximo ya no llega y acuden otros, no hay una secuencia
sistemática de capacitación de los integrantes. No hay intercambio de
experiencias y discusión de datos, la capacitación es vertical por parte del médico
responsable.

Dentro de esta actividad, no se enfatiza que los pacientes deberán de llevar su
registro personal del control de su glucosa y presión arterial. Y que se estén
monitoreando frecuentemente durante el mes (varias veces). Además que no
todos los pacientes cuentan con su glucómetro y baumanómetro para su medición
de autocontrol, en estos casos tienen que acudir al centro de salud o particular y
generalmente ya no regresan si no hasta el mes.

En relación a la alimentación, se da la orientación pero no se lleva a cabo ninguna
demostración alimentaria, por lo que no es práctico lo que podría dificultar el la
compresión de esta medida de control por parte del paciente.
631

En adquisición de

�recursos propios, no se lleva a cabo ninguna actividad para esto, si se les pide
algún apoyo de participación si lo realizan en ocasiones.

La aplicación del cuestionario de factores de riesgo, en lo general se realiza en la
consulta propia, no con la intencionalidad de los familiares diabéticos directos.
Casi no se trabaja la parte comunitaria para la promoción de estilos de vida
saludable.

Por otra parte, en actividades sociales en un principio si se hacía, pero se dejó de
hacer porque casi no hay tiempo para ello, no se aborda mucho la salida a la
comunidad o de campo, o quizá falta de compromiso. Lo que se realiza
actualmente es que participen en un desfile o caminata para conmemorar el día
mundial de la diabetes por ejemplo. Y por lo tanto no hay esa confianza del
personal de salud para que se sienta motivado el grupo.

En las estrategias para la educación del paciente, se muestran los siguientes
indicadores de análisis como la enseñanza centrada en el diabético e hipertenso,
aprendizaje activo, trabajo en pequeños grupos, solución de problemas y
autoaprendizaje, se puede comentar que el personal de salud se centra más en la
temática que se va abordar, no en las necesidades o experiencias de los
pacientes. Si se maneja conceptos básicos y simples, pero casi no hay
participación grupal, no hay intercambio de ideas. Si se maneja grupos pequeños
para la capacitación, porque no llegan todos, pero falta eso, la motivación y la
expresión de los pacientes de como se sienten, como se cuidan, como se
controlan, que apoyos reciben de sus familiares, escuchar al grupo. Cuando se da
el tema de Autocontrol del monitoreo de azúcar y presión, si se explica cómo se
debe realizar, pero la práctica y la demostración es muy poca y no se insiste en su
seguimiento y registros de resultados, por ejemplo que se retome en la próxima
sesión. Otra cosa, al finalizar el tema no se retoma alternativas de solución y ni se
enfatiza sobre los cuidados que deberían seguir.
632

�Por último en las etapas del proceso de cambio de conductas donde se incluyen
componentes de convencimiento y negociación con el paciente, preparación para
el cambio, inicio del cambio y estrategias para mantener activo el proceso de
cambio se aprecia que si existe esa parte de información y negociación para
convencer al paciente a cuidarse y controlar su enfermedad, pero desde el punto
de vista personal, propio del paciente, no considera como está su entorno social,
familiar y por lo tanto no lo maneja en forma integral esta labor, entonces queda a
media este convencimiento. Que al final de cuentas el diabético o hipertenso
responde que si lo va hacer, que si va a cumplir pero no como un compromiso de
cambio, de forma pasiva se puede decir. Al igual sucede con la etapa de
preparación del cambio, falta ese conocimiento con mayor profundidad del
personal de salud sobre las necesidades sentidas de los pacientes, de su vida
cotidiana, situación familiar y social, apoyos, etc. Falta reforzar e insistir cuales
serían los cambios esperados, pero convencidos y reconocidos por el paciente, no
hay retroalimentación, no hay ejercicios prácticos donde se le haga ver al diabético
o hipertenso las soluciones y dificultades del éxito de su autocuidado y control de
la enfermedad.

Es cierto que el personal de salud, realiza la orientación, la educación para lograr
cambios, ver dificultades, pero son mínimos y no hay esos entrenamientos
prácticos para reforzar la enseñanza – aprendizaje. (como recordatorios, ayuda
familiar, compromisos). Por último, con relación a mantener activo el proceso del
cambio, si el médico identifica las recaídas, pero falta más seguimiento de los
mismos, hay poco contacto con los pacientes y con sus familiares, cada mes, así
como las correcciones para mejorar las recaídas.

En cuanto al apoyo del área de psicología, afortunadamente en el Centro de Salud
si cuenta con este servicio y el médico responsable refiere o canaliza a los
diabéticos que considere para su atención psicológica, sin embargo no hay
633

�seguimiento de esta atención, es aislada, así como el de nutrición y odontología. Y
si se platica generalmente cada mes, el equipo de salud integrado por el médico,
enfermera y promotor de salud sobre el seguimiento de los pacientes, más las
otra áreas implicadas como psicología, nutrición y odontología no participan en
esta atención integral, tampoco hay participación del equipo de supervisión y la
parte normativa de estos programas (diabetes e hipertensión) para ver qué está
pasando o el seguimiento de los pacientes o funcionamientos del club o grupo
educativo, cuando menos en forma mensual no se ve esta actividad, si hay
supervisión médica aproximadamente cada 3 meses, pero habitualmente es para
pedirte y checar documentos técnicos y no ir directamente con los pacientes o con
el grupo.

La primera categoría llamado perfil del grupo, y variable cuanto tiempo lleva con la
enfermedad, se distinguió que un 60% de los sujetos de estudio tienen más de 5
años con el padecimiento y el 45% con 3 años o más de pertenecer al club o
grupo del Centro de Salud. Igualmente el rango de edad que predominó en el
grupo fue el de 48 a 57 años de edad con el 45%.

También se apreció que de la población estudiada, el 90% se hace la prueba del
azúcar una vez al mes y el 80% no lleva un registro de los resultados, esto lleva a
una interpretación problemática porque el lapso de tiempo para su prueba es muy
prolongado y poco significativo en el número de tomas el día que se lo realizan, y
lo más grave y riesgoso es que no llevan ningún registro o anotaciones pertinentes
de sus resultados, en este caso los pacientes debe monitorearse sus niveles de
azúcar y presión en varias ocasiones al mes y registrarlas para poder identificar
las variaciones de la glucosa-presión, así se sabrá los momentos cuando está bajo
o elevado los niveles y notificarlos al médico para hacer los ajustes necesarios en
el tratamiento y en las medidas preventivas, ayudando de esta manera a retrasar o
evitar las complicaciones de la Diabetes e Hipertensión.

634

�Además de la conducta expresada párrafos arriba, se observa, la presencia de
familiares con problema de diabetes o hipertensión, sin embargo no asisten al
programa educativo y no se unen al acompañamiento de orientación del diabético
e hipertenso. Es posible que estos familiares no le den la importancia a los
cuidados preventivos para el control de su enfermedad.
En cuanto a los contenidos del acto educativo se puede decir que no se han
generado aprendizajes y conductas de control, dado que un dato interesante es el
hecho que el 30% refiere no haber recibido alguna orientación sobre Diabetes e
Hipertensión, aún cuando son parte del grupo educativo, además se demuestra
como ya se ha expuesto que un porcentaje más alto no se monitorean su azúcar
y presión, no llevan ningún registro, hay poca comprensión en el manejo del
estrés, en seguir un plan alimenticio, realizar actividad física y prevención de las
complicaciones, sin embargo hay personas que ya han recibido orientación con el
40% pero tienen deficiencias en el entendimiento de las complicaciones de la
enfermedad y esto lleva a pensar que las orientaciones impartidas no se están
comprendiendo adecuadamente por los pacientes y no están teniendo el impacto
deseado en el control de estos padecimientos.

En la categoría de actitudes para el autocuidado, el 55% manifestó que su estado
de salud es regular, y que se puede analizar que durante el tiempo de acudir a su
cita, ellos presentan alguna molestia clínica propia de su enfermedad sin duda
alguna resultado de la falta del control de su enfermedad, lo antes expuesto se
constata en estas tres preguntas que refuerza esta problemática ya que los
entrevistados el 55% dijeron que no es necesario, en tratar de tener un buen
control del azúcar en la sangre debido a las complicaciones de la diabetes, va a
suceder de todos modos, otra fue que el 35% respondieron que están totalmente y
de acuerdo en que, no es necesario realizar exámenes de azúcar en sangre, para
las personas con diabetes tipo 2 y la tercera con el 75% contestó que estuvieron
de acuerdo

que, las personas que tienen diabetes tipo 2, probablemente no

llegan a tener

un control estricto de su azúcar en la sangre, esto refleja falta de
635

�sensibilización y concientización para el autocuidado de su salud y también se
podría relacionar , con la impartición de la actividad educativa donde no hay
comprensión y entendimiento del tema.

Y en la última categoría vinculado a las conductas de riesgo, se observó que la
mayoría del grupo con el 70%, expresó que tienen poco control sobre los riesgos
para su salud, así como el 30% contestaron que su conducta que toman si ya
tienen diabetes, es que no hay mucho que pueda hacer al respecto, igualmente
con el 40% respondieron en la variable de

que, están en desacuerdo en

comparación con otras mujeres - hombres que asisten al grupo en tener menos
probabilidades de descontrol de su enfermedad, se puede analizar esta parte que
sus aprendizajes y conductas de riesgo adquiridos son deficientes para el
autocuidado de su salud. Así mismo el 65% de los entrevistados contestaron que
si hay probabilidades que si los miembros de su familia no cambian sus hábitos de
vida, como la dieta o el ejercicio pueden contraer la diabetes en los próximos
años.

Entonces se puede deducir que uno de los principales problemas que se
presentan en los diabéticos e hipertensos son las conductas de riesgo
manifestadas por malos estilos de vida esencialmente como la alimentación
inadecuada, inactividad física, falta de control sobre su salud, los monitoreos
prolongados de su azúcar en la sangre y presión arterial, tomas de control sin
registros, no le den la importancia a los cuidados preventivos para el control y
complicaciones de su enfermedad, falta de interés y compromiso para el
conocimiento de su Diabetes o Hipertensión.

Con base a estos resultados, es oportuno que se proponga un modelo educativo
dirigido e este grupo o club de diabéticos e hipertensos desde una perspectiva de
la educación popular, muy diferente al modelo de educación tradicional, formal,
vertical y hasta cierto punto prescriptivo que se aplican en las instituciones.
636

�El enfoque de la educación popular, Shugurensky, D. (1989).

se trata de un

mecanismo o sistema metodológico que, inserto en procesos de movilización y
organización popular, podría utilizarse como apoyo en la tarea de elevar los
niveles de conciencia crítica, mejorar la capacidad de movimiento y viabilizar la
adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas para participar del poder
social y la gestión colectiva.

Es de suma importancia porque facilitan la construcción de oportunidades de
aprendizaje, con la finalidad de favorecer el análisis y la reflexión del problema
existente de la diabetes e hipertensión y para que sean respondidas
colectivamente, donde se garantice iguales oportunidades de desarrollo humano
integral para todas y todos, donde expresen libremente sus problemas,
necesidades, sus experiencias, historias de vida y propongan alternativas para
solucionarlos.

Implica momentos de reflexión, un cambio en su forma de pensar y actuar, se
busca crear un razonamiento crítico y reflexivo, con una enseñanza - aprendizaje
de tipo horizontal y dialógica, para transformar sus experiencias y entendimientos
en nuevos conocimientos que beneficien su salud en los aspectos de prevención y
control de estas enfermedades, evitando complicaciones, el autocuidado, así
como mejores estilos de vida saludable, sin olvidar la importancia de la
participación activa y consenso de todo el grupo como elemento principal de la
educación popular. Esencialmente se pretende hacer del paciente un sujeto
histórico en el cuidado de su cuerpo y salud ya que su conducta rebasa la
intencionalidad de los programas educativos institucionalizados.

Asimismo, daría solución al problema de los aprendizajes educativos

no

significativos manifestados en las conductas de riesgo que tienen actualmente
los pacientes diabéticos e hipertensos. Se busca dar una respuesta y resultados
637

�positivos al problema de este grupo educativo con la educación popular, además
que sean los agentes del cambio y promotores transformadores de su propia
salud, de su familia y la comunidad, para lograr un futuro mejor deseable y una
mejor calidad de vida.

CONCLUSIONES

Explorar las relaciones exógenas y endógenas en las que se manifiesta la DM y la
HTA podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1.- Es un hecho que a pesar del marco legal con el contamos los mexicanos y
mexicanas, a pesar de que las Unidades Médicas intentan direccionarse con base
a los estándares y los lineamientos establecidos en las políticas y los programas
de salud que se derivan para el control de la DM y la HTA, estas enfermedades
siguen siendo causa de muertes y gasto para sistema de salud.

2.- El Modelo Educativo institucional,

se encuentra desfasado

entre la

intencionalidad y las formas de operación pedagógica, ya que en particular los
pacientes adscritos al programa educativo en el contexto de estudio a pesar de
tener más de tres años aún manifiestan conductas de riesgos significativas.

3.- Es claro que estamos frente a padecimientos cuya alternativa de control
dependen de la

sensibilización y concientización del paciente y su familia,

aspectos esenciales que conllevan a la manifestación de conductas positivas para
el autocuidado que aún se observa lejano de ser producto de los procesos
educativos vigentes.

4.- Sin duda alguna este escenario, se visibiliza como una oportunidad para los
Trabajadores Sociales ya que hace posible la construcción y operación

de

procesos comprometidos por la disciplina orientados a la toma de consciencia
638

�sobre las reproducciones de vida cotidiana particularmente sobre las que tienen
una relación muy fuerte con las conductas de riesgos de la población diabética e
hipertensa a través de procesos denominados alternativo como la educación
popular.

REFERENCIAS

Encuesta Nacional de Salud y

Galeana de la O, Silvia (2006)

Nutrición 2006 (ENSANUT)

Promoción Social una opción metodológica.

México Plaza y Valdés.

Organización Mundial de la Salud (1998), Glosario de Promoción de la Salud:
Sección I: Lista de términos básicos, OMS, Ginebra. p. 13

Perea Quesada, Rogelia (2002), La Educación para la salud, reto de nuestro
tiempo. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Educación XXI, España
Periódico Vanguardia (2012). “Casi 8 mil mdd. Le costó la diabetes a México en
2011”. México: Vanguardia

Rosen, G. (1958): A history ofpublic health. MD Publications, Nueva York.

Rothman, A. I. y Birne, N. (1981), Health education for children and adolescent, en
Education al research, vol. 51,pp. 85-100.

Shugurensky, D. (1989). Introducción al mundo de la promoción social. México:
Biblioteca Digital Crefal.

639

�CONDUCTAS SEXUALES Y USO DE DROGAS EN ADOLESCENTES
ESCOLARIZADOS EN NIVEL MEDIO Y MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.

María Dolores Corona Lozano
David De Jesús Reyes
Flavio Francisco Marsiglia

RESUMEN

El crecimiento de embarazos no planeados y uso de drogas son factores
importantes en la transición epidemiológica mundial, cambia las causas de
enfermedad y muerte (problemas infecciosos son sustituidas por crónicos)
señalando que las verdaderas causas se relacionan con factores de riesgo
prevenibles mediante cambios en factores personales, familiares, escolares y con
determinantes sociales que requieren cambios profundos Objetivo: Analizar las
conductas sexuales de riesgo y uso de drogas entre los adolescentes
escolarizados de Nuevo León, utilizando el modelo de Determinantes sociales.
Metodología: mixto, 1º Fase Cuantitativa, Fase 2 Cualitativa pendiente de
realizar. La Muestra probabilística

2216 adolescentes Instrumento: Encuesta

ESSRAEEMMS. Resultados: edad 12 y 19 años, media 15.24, moda 16, DS.
1.61; 245 sexualmente activos, edad primera relación sexual 11 - 18, media 15.21,
moda 15, DS. 1.28. 62% señalan que relación fue por amor y con su novio(a) y
3% reconoce hubo alcohol y drogas de por medio. 70% varones y 36% mujeres
afirma utilizar algún método anticonceptivo: razón principal para no uso no planear
relaciones . 56% reportan más de una relación, número parejas sostenido
relaciones en presente año 1-6, media 2; 4.9% han sostenido relaciones con
personas del mismo sexo. 9 de 13 y 17 reportan embarazo como resultados.
640

�46.38% consumen bebidas alcohólicas, inicio 8 y 16, razones frecuente consumo
de alcohol y drogas antes o durante relaciones sexuales: más potentes, aumentar
satisfacción, ayudar desinhibirse y mis amigos lo hacen. Conclusiones: El sexo
no seguro y el consumo de drogas lícitas e ilícitas están presenten en casi la mitad
de la población de estudio, lo que confirma que las políticas implementadas no
están alcanzando los objetivos que fueron diseñadas. Es importante la utilización
de otros modelos explicativos que ayuden a identificar los determinantes sociales
y las verdaderas causas de que conductas de riesgo sigan aumentando.

Palabras claves: adolescentes, conductas sexuales, uso de drogas

1.1 Planteamiento del problema.
La sexualidad, y el consumo de alcohol y drogas en los adolescentes,
figuran en la actualidad como uno de los asuntos con mayor prioridad en las
agendas políticas a nivel mundial. La preocupación de los distintos gobiernos
radica en reducir los riesgos de infecciones de transmisión sexual, el virus de la
inmunodeficiencia humana y los embarazos tempranos no deseados, dado que las
decisiones tomadas en la adolescencia son determinantes para el futuro de los
jóvenes y estos forman el capital social futuro de los países (OMS, 2010).
El crecimiento del número de embarazos no planeados y uso de drogas han
sido uno de los factores importantes en la transición epidemiológica que se vive
actualmente el mundo, como resultado de esta transición se presentan cambios
importantes en las causas de enfermedad y muerte de la población, los problemas
infecciosos son sustituidas por una condición de morbilidad crónica; resultado que
se puede tomar como señal de que las verdaderas causas tienen más que ver con
factores de riesgo prevenibles mediante cambios en los factores personales,
familiares, escolares y con determinantes sociales, mismos que requieren de
cambios profundos para poder mejora en la calidad de vida de la población.

641

�Las conductas sexuales de riesgo y el uso de drogas al iniciar o durante las
relaciones sexuales han dejado de ser exclusivas de ciertos estratos
socioeconómicos de la población, para extenderse a todos los segmentos,
especialmente a los más vulnerables, los adolescentes, también conforma uno de
los grandes problemas con los que se enfrenta la sociedad en nuestros días, la
participación de los jóvenes en estas conductas, toma especial relevancia social
cuando se tiene en consideración que la adolescencia se configura como un
período vital de riesgo, al ser en esta etapa en la que se realizan los primeros
acercamientos a la sexualidad y a las drogas licitas e ilícitas.
De acuerdo a el Population Reference Bureau en el 2013 existían a nivel
mundial 1809.6 millones de personas entre 10 y 24 años, mismos que al ejercer su
sexualidad se exponen a problemas tales como embarazos no deseados o no
planeados,

infecciones

sexualmente

transmisibles

(ITS),

virus

de

inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA);
a lo que se suma que en su interacción social con sus pares se a cercan mas al
consumo de tabaco,

alcohol y drogas ilícitas, mismas que muchas veces las

utilizan antes o durante las relaciones sexuales; estos problemas se incrementan
al no disponer de recursos que les ayuden a disminuir los peligros, tales como el
acceso a los servicios de salud y conocimientos adecuados y suficientes sobre
métodos de protección.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el impacto anual de los
problemas y peligros a los que se enfrentan los jóvenes son de: 2,5 millones de
jóvenes entre 10 y 24 años que mueren por causas prevenibles, 16 millones de
mujeres entre 15 y 24 años dan a luz, 40% de los casos nuevos de infecciones por
VIH son en adolescentes entre 15 y 24 años, así como el aumento considerable
del número de adolescentes que se inician en el consumo de tabaco y alcohol a
edades tempranas (OMS, 2011);

Otro dato importante lo da a conocer la

Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) al señalar que la tasa de
fecundidad de las adolescentes

de América Latina ha aumentado en forma

642

�considerable en los últimos 30 años al reportar que el porcentaje de embarazos en
esta población se encuentra en 7,3, mismo que corresponde aproximadamente a
80 por mil embarazos en adolescentes o casi un 50 por ciento más alta que el
promedio mundial que es 4,8 porciento (BID,2011).
También la OMS, en su reporte 345 (2011), señala que a nivel mundial la
práctica de las conductas sexuales de riesgo8 y el uso de drogas9 fueron las
responsables de 2.9 millones de muertes (5.2% de la tasa de mortalidad total); un
ejemplo de ello es que en el año 2010 el número de casos diagnosticados con VIH
fueron de 34 millones, mientras que las muertes relacionadas con esta
enfermedad disminuyó a 1.8 millones gracias al uso de los antirretrovirales y no a
las acciones de prevención;

Otro resultado emitido por la ONU sobre las

consecuencias de las conductas sexuales de riesgo es el alza en el número de
embarazos no deseados o no planeados, además del aumento de la incidencia y
prevalencia de las ITS (Informe ONU, 2011).

Además, en el Informe sobre Uso de Drogas 2011 la OMS también
considera el consumo de alcohol como un factor asociado a la práctica de
conductas sexuales impulsivas, muchas veces de riesgo, por lo que el consumo
de drogas es considerado un factores de riesgo10 para los embarazos en

8

Conductas sexuales no seguras o de riesgo: Práctica de conductas sexuales que pueden afectar la salud de
los adolescentes al llevarse a cabo sin la protección necesaria para prevenir infecciones de transmisión
sexual, VIH/SIDA y embarazos, para fines de esta investigación estas pueden ser sexo anal, sexo oral, sacas
antes (coito interrumpido), sexo no seguro (no uso de condón durante las relaciones) y no uso de métodos
anticonceptivos, relaciones sexuales con personas del mismo sexo.
9

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida en un
organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa, es capaz de actuar sobre
el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas
sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la
persona, para fines de esta investigación se tomarán las siguientes: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína,
bebidas energéticas

643

�adolescentes y la adquisición de ITS mismas que se han favorecido y las
relacionan con el incremento en un 12% de los consumidores de drogas a nivel
mundial.
Otra organismo a nivel mundial que también se adhiere a la OMS para dar a
conocer la gravedad de la problemática derivada de la práctica de conductas
sexuales de riesgo y uso de drogas es la Organización Panamericana para la
Salud (OPS), al reportar que América Latina ocupa el segundo lugar en embarazo
adolescente, solamente superado por África; al mismo tiempo ratifica que el
consumo de drogas como el alcohol es un factor de riesgo importante que propicia
las prácticas sexuales sin protección, al señalar que la mitad de los nuevos datos
sobre la infección por VIH se están notificando en personas con edades menores
a 25 años y la forma de contagio, en su mayoría, es por vía sexual y en la etapa
de adolescencia; Estados Unidos igualmente que la OMS y la OPS considera a
los adolescentes una población en riesgo y vulnerabilidad al referir que los
mayores índices de contagio por VIH están en los jóvenes varones de 17 y 19
años (Villaseñor, 2003).
Uno de los factores que se ha ligado a la práctica de relaciones sexuales de
riego acompañadas por el uso de drogas es la desigualdad en el acceso a los
servicios de salud y a la educación, situación que imperan en muchos países a
nivel mundial y más específicamente en América Latina; y más concretamente la
desigualdad que se presenta en el rubro de la salud sexual y reproductiva en la
población adolescente; esta desigualdad se evidencia en mayor proporción en la
población con un mayor índice de marginación y con menor nivel de escolaridad,

10 Factores de riesgo para fines de esta investigación son: cualquier característica o cualidad de una persona
comunidad o del entorno, que se sabe va unida a una elevada probabilidad de actuar como motivantes para
llevar a cabo conductas sexuales de riesgo o uso de drogas , inicio de vida sexual a temprana edad, múltiples
parejas sexuales, el medio ambiente, amigos, escolaridad, situación familiar,

644

�y da como resultado elevación de las tasas de morbilidad y mortalidad entre los
jóvenes.

Hoy en día existe evidencia suficiente que demuestra que la desigualdad en
salud y sus complicaciones son evitables, incluyendo la de la salud sexual y
reproductiva, ya que pueden reducirse mediante políticas públicas

(Borrel y

Artazcoz, 2007); sin embargo, la solución predominante es con las políticas de
salud, pero en la mayoría de los países estas políticas son centradas en el
tratamiento de las enfermedades, sin incorporar acciones sobre el entorno social,
las “causas de las causas”. En consecuencia, los problemas de salud subsisten,
las inequidades en salud y atención aumentan y los resultados obtenidos de
acuerdo a las políticas de salud vigentes resultan insuficientes, uno ejemplo de
ello es que existe un gran porcentaje de jóvenes que no hacen uso de los
anticonceptivos aún y que expresan su deseo de limitar o espaciar su
descendencia (demanda insatisfecha) lo que se deriva de un acceso o
disponibilidad de métodos de protección restringida que aumentan el riesgo; entre
2005 y 2010, la candidiasis urogenital y el Virus del Papiloma Humano (VPH) son
las afecciones de mayor incidencia en jóvenes de 15 a 24 años (WHO, 2005,
INEGI, 2013).
El gobierno de México también está de acuerdo en indicar que la
desigualdad en salud sexual y reproductiva en la población adolescentes es un
factor que puede incrementar de forma considerable las tasas de morbi-mortalidad
en la población al publicar en la Evaluación Trasversal de Políticas y Programas
(2012) que el 36% de los y las jóvenes no cuentan con acceso a los servicios de
salud, por lo identifica la vulnerabilidad en que se encuentra este grupo etario para
presentar ITS y las complicación derivada de las mismas a crecentadas por el
inicio de las relaciones sexuales a edad temprana señalada en el Boletín de
Epidemiología de la SSA en el año 2010, donde se destaca que son el producto
del no uso de métodos de protección y/o anticonceptivos y de las conductas
645

�sexuales impulsivas; que se ven favorecidas por el consumo de alcohol o drogas
antes de las relaciones sexuales. Ratificando esta desigualdad el Plan Nacional de
Salud (2007-2012) informa que el 72.5% de los adolecentes varones mexicanos
que son sexualmente activos declaran

haber utilizado algún método

anticonceptivo o de protección en su primera relación sexual contra sólo el 41.4%
de las mujeres de su misma edad.
Específicamente en Nuevo León, la desigualdad de oportunidades en
relación a salud sexual y reproductiva se manifiesta al reconocer el gobierno del
estado que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre y
responsable el número de hijos que desean tener y en el tiempo en que ellos
decidan, pero para poder ejercer este derecho es necesario que todos tengan
asegurada la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud, al mismo tiempo
de contar con la información necesaria que les permita tomar las decisiones
correctas al ejercer su sexualidad; un ejemplo de que no todos los jóvenes
cuentan con información adecuada y dotación de recursos materiales para la
práctica del sexo seguro se identifica con los siguientes cifras: el censo de
población y vivienda del 2010, reporta que el 71.3% de mujeres de 15 años y más
han tenido cuando menos un hijo nacido vivo, en el estado para el 2011, el 16.8%
de los nacimientos provienen de madres adolescentes, dato que concuerda con
las estadísticas señaladas en los microdatos del censo nacional 2010 (INEGI,
2013)Los Determinantes Sociales de Salud al interactuar entre ellos pueden
producir desigualdades que se manifiestan en
ayudan a

conductas de riesgo; también

reconocer que hay grupos poblacionales más vulnerables para la

adquisición de estas conductas, como son los niños y los jóvenes, quienes pueden
sufrir consecuencias negativas mayores, entre las que se encuentran los
matrimonios forzados y a temprana edad, violencia, maltrato, problemas de salud

646

�derivados de la práctica de sexo no seguro, la posibilidad de truncar su desarrollo
personal y la realización de proyectos positivos de vida, entre otros,.
Los determinantes sociales de salud incluyen factores culturales que
impactan las conductas de los adolescentes, entre estos se encuentra la
educación y específicamente la educación sexual institucionalizada que se imparte
en las primarias y secundarias del País, está educación ha tenido una historia
larga y con muchos altibajos; existen antecedentes que desde 1930 se detectó la
importancia y la necesidad de la enseñanza de la educación sexual de los niños
en las escuelas.
También, la fracción décima del Artículo 7º de la Ley General describe que
el desarrollo de actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la
preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación
familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto
absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y
adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias
son responsabilidad del Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares; situación por la que se han implementado un amplio abanico de
planes de estudios que difieren en cuanto a objetivos, amplitud, aplicación y
contenido; programas que no han tenido el resultado esperado; el aumento en los
embarazos en la población adolescente y

las ITS en el país y en el mundo

continúa (INEGI, 2012).
La educación en materia de salud sexual ha sido criticada por la posible
respuesta de la población adolescente a la información que se le ofrece; Muchas
veces por el hecho de suponer que en ella se abordan de una manera explícita
prácticas

históricamente

consideradas

tabúes

(sexo

anal

o

prácticas

homosexuales), además de la creencia de que a través de ella se incita y estimula
la actividad sexual precoz al mismo tiempo de que su objetivo no es el
promover la abstinencia (Gruseit, 2002).

647

de

�Al igual que las instituciones de educación y las de salud, los determinantes
sociales de salud contemplan el medio ambiente que rodea a los adolescentes
como un factor determinante, en ese medio ambiente se incluye a la familia, la
cual ejerce su papel de formadora de las conductas de sus integrantes, entre las
que se encuentran las relacionadas con la sexualidad y con la ingesta de drogas
licitas e ilícitas, está formación de conductas se lleva a cabo a través de brindar
información, muchas veces utilizando mecanismos de silencio, censura, con una
visión reproductiva acrítica y poco dialogante, que facilita que las conductas
formadas no sean las adecuadas, si no que propician la adopción de conductas
de riesgo (Carvajal, 2006; Garita, 2000).
Uno de los elementos familiares que influyen para la adopción de conductas
de riesgo es la disminución de la solidaridad que se da muchas veces por razones
económicas, sociales, políticas y culturales en las familias se ha reportado como
factor relacionado al aumento de los usuarios de drogas, mismas que en algunas
ocasiones son utilizadas para iniciar o completar las relaciones sexuales
(Villatoro,2002); las conductas sexuales de riesgo y el uso de drogas pueden ser
el resultado de la interacción de los jóvenes con su ambiente familiar; factores
modificables por las acciones preventivas que pueden llevarse a cabo por las
autoridades (OMS 2009; Puex, 2003; Rossini, 2003).
Además de las instituciones educativas, de salud y la familia, el medio
ambiente externo (contexto) puede ser visto como un elemento determinante
importante en la formación de conductas en los jóvenes, debido a las condiciones
de vida en donde se nace, crecen y se desarrollan acentúan peligrosamente, ya
que incrementan la oferta de espacios para explorar el ambiente extra-familiar, el
cual se ha diversificado enormemente en cantidad y en poder de fascinación y con
riesgos como el consumo de drogas, SIDA y otras enfermedades de transmisión
sexual además de embarazo precoz o indeseado; peligros que se incrementan por
la creciente globalización (Olarra, 2000, SSP, 2011).
En el contexto, el grupo de amigos es la esfera que dominan la vida de los
jóvenes entre los 12 y los 18 años. Durante la adolescencia, el tiempo de contacto
648

�con los padres se reduce notablemente mientras con los amigos se aumenta; por
lo tanto cuando se une la deserción escolar a la disminución de contacto con la
familia el resultado de esta ecuación es la reducción de los

espacios de

contención y formación, quedando sólo el contacto con sus amigos, que si bien les
aporta elementos que les permitirán satisfacer necesidades básicas como el
pertenecer a un grupo, ser reconocidos dentro de él y construir su identidad,
también ofrece un poder de persuasión mucho mayor que el del propio hogar, que
configurará actitudes y creencias susceptibles de convertirse en conductas de
riesgo, dado el escaso control familiar existente (SSP, 2011).

Otro factor del contexto señalado dentro de los determinantes sociales de
salud que es incluido en la explicación para que la tasa específica de fertilidad en
adolescentes permanezca alta, es la desigualdades en el acceso y uso de los
servicios de salud, lo que manifiesta que en México existen grandes inequidades
en la adquisición de los recursos de salud reproductiva; situación por la que se
reconoce el embarazo precoz como una manifestación de falta de oportunidades
de las niñas de menos recursos. Es necesario recordar, además, que algunos
grupos tradicionales exigen una reproducción temprana por lo que la incidencia del
embarazo en adolescentes se puede observar en mayor número en los sectores
rurales, poblaciones indígenas y en los espacios de alta densidad migratoria
(OPS, 2008).
Los adolescentes mexicanos de ambos sexos son un grupo poblacional
donde las desigualdades en salud sexual y reproductiva son más evidentes. Estas
desigualdades los sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad a embarazos no
deseados y a infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, al mismo
tiempo que al inicio de la ingesta de drogas; las cifras de embarazos, ITS y el
consumo de drogas en jóvenes de 15 a 19 años, proporcionan un panorama de
inequidades, principalmente en los sectores de educación y salud, que dan como
resultado una disminución de las opciones para desarrollar sus capacidades y con

649

�ello el acceso a oportunidades económicas, políticas, culturales y sociales (OPS,
2008).
Por lo tanto y acorde a la magnitud de los problemas de salud producto de
estas desigualdades y sus repercusiones futuras, la OMS recomienda a todos los
Países que presenten estadísticas similares a las antes descritas, utilizar
estrategias que se apoyen en el marco de determinantes sociales de salud,
tomando en cuenta que este marco describe la interacción de factores del
contexto externo que ven al fenómeno como probabilístico y no mecanicista; así
como que también se enfoca en la red de relaciones biológicas y sociales
existente en el sistema del cual forman

parte los individuos, (Rosen 1985:81

referido por Arellano, 2008).

Reconociendo que los problemas de salud sexual y reproductiva en los
adolescentes en México van en aumento, es inminente la necesidad de realizar
trabajos de investigación que permitan conocer qué factores del entorno social
interactúan en esta población y dan como resultado la práctica de conductas
sexuales de riesgo y uso de drogas en los jóvenes de los distintos estratos
socioeconómicos y las diferentes zonas (rurales y urbanas), lo que permitirá a las
autoridades el diseño de políticas, educativas y de salud, acordes a las
necesidades especificas y con un enfoque hacia el ejercicio de una sexualidad
libre de riesgos, al mismo tiempo de la promoción de una vida libre de adicciones
(Potenziani, 2007, OPS, 2008).
Por lo antes expuesto y tomando en cuenta la definición de problemas
prioritarios de Salud Pública a trabajar que emitió la OMS, sobre las conductas
sexuales y el uso de drogas surgen las siguientes preguntas de investigación:
¿Cuáles son las conductas sexuales y el uso de drogas que presentan los
adolecentes escolarizados de Nuevo León?

650

�¿Cuál es la relación entre las conductas sexuales y el uso de drogas antes y
durante las relaciones sexuales, entre los adolescentes escolarizados de Nuevo
León, con el acceso a los servicios de salud y la educación?
¿Son factores determinantes el acceso a los servicios de salud y la educación)
para la presencia de desigualdad de oportunidades en la salud sexual y
reproductiva en los adolescentes escolarizados en el nivel medio y medio superior
del Estado de Nuevo León?

OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Determinar la presencia de conductas sexuales de riesgo y el uso de drogas antes
y durante las relaciones sexuales en la población adolescente escolarizada del
nivel medio y medio superior del Estado de Nuevo León.
Objetivos Específicos:
1.- Analizar si existe relación entre el uso de drogas y la práctica de conductas
sexuales de riesgo.
2.-Analizar si existente relación entre los factores determinantes acceso a los
servicios de salud y educación y la práctica de conductas sexuales de riesgo y el
uso de drogas.
4.- Establecer asociaciones ente los distintos factores determinantes y las
conductas sexuales y uso de drogas.
5.- Establecer el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva de los
adolescentes escolarizados en el nivel medio y medio superior del Estado de
Nuevo León, por género, edad, nivel de escolaridad y nivel de marginalización.
6.- Identificar el uso de drogas antes y durante las relaciones sexuales entre los
adolescentes escolarizados de Nuevo León.

651

�7.- Establecer diferencias de conductas sexuales de riesgo y el uso de drogas
entre los adolescentes de acuerdo al género, edad, nivel de escolaridad y nivel de
marginación.
8.- Determinar si el acceso a los servicios de salud y a la educación son
determinantes para la práctica de conductas sexuales de riesgo y el uso de drogas
antes y durante las relaciones sexuales.

Marco Teórico-Referencial
Tanto las conductas sexuales de riesgo como el uso de drogas han sido
estudiados desde los enfoques de diversas teorías y modelos, entre las que se
encuentran la teoría de acción-razonada, el modelo socio-cognitivo desarrollado
por Bandura (1994), El modelo de creencias de salud (Becker, 1974), el modelo
transteórico del cambio (Grimley, Prochaska y Prochaska, 1997) , Teoría de la
Conducta Problema: Jessor y Jessor (1977).

METODOLOGÍA
De acuerdo a los objetivos y variables de estudios se decide utilizar un estudio de
tipo mixto; cuantitativo, en su primera fase el cual permitió medir mediante la
aplicación de encuestas estructuradas, la obtención de la información y una
segunda parte de forma cualitativa, donde se seleccionarán algunos casos de
interés específicos, en los cuales se profundizará más mediante entrevistas a
profundidad que ayuden a explicar las variables de interés y cualitativo en una
segunda fase.

Tipo de estudio:
El diseño del estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, predictivo, transversal,
según Polit y Hungle (2002), se describen las variables de interés y el
652

�levantamiento de datos se hizo en un solo corte de tiempo; es de tipo predictivo
porque se busca el efecto de una variable sobre la otra, correlacional porque se
determino la relación que existe entre la variables de interés , en todo esta primera
etape el método de investigación que se utilizó fue el cuantitativo debido a que se
partió de la utilización de un instrumento medible por escalas previamente
establecidas.

Población, Muestra y Muestreo:
La población de interés la constituyen los adolescentes de ambos sexos que
asistieron a escuelas de nivel medio públicas, situadas en el estado de Nuevo
León tanto de las zonas urbanas como de las rurales.
La muestra fue seleccionada mediante el método probabilístico, tomando como
base el total del los adolescentes registrados como alumnos regulares en las
diferentes escuelas adscritas a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo
León y la Universidad Autónoma de Nuevo León; el número total de los
participantes fue de 2216..

Instrumento:
El instrumento utilizado fue

la encuesta sobre salud reproductiva de los

estudiantes de educación secundaria y media superior, para hombres y mujeres,
diseñados por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (2006) y
con actualización en el 2013, que cuenta con diseño para varones y mujeres.

653

�RESULTADOS
Los resultados del presente estudio se describen a continuación, en primer lugar
los datos sociodemográficos que identifican a los 2216 estudiantes de educación
media y media superior del Estado de Nuevo León que conformaron la muestra.
Se utilizan las medidas de tendencia central para la descripción de la población y
del fenómeno de interés, a continuación se establecen las comparaciones entre la
variables de estudio y los integrantes de la muestra y como punto final la
estadística inferencial donde se buscó la predicción y el efecto de las variables
independientes sobre las variables dependientes y las terceras variables,
mediadores y moderadoras, que pueden afectar la variable dependiente al mismo
tiempo que modifica la fuerza de la relación entre las variables (Baron&amp; Kenny,
1986).
Datos sociodemográficos de la población de estudio:
La edad de los estudiantes oscilo entre 12 y 19 años de edad presentando una
media de 15.24 y una moda de 16, la desviación estándar reflejada fue de 1.61
años; 245 estudiantes reportan ser sexualmente activos, la edad de su primera
relación sexual se encuentra entre 11 y 18 años con una media de 15.21 una
moda de 15 y desviación estándar de 1.28. La mayoría de ellos (as) (62%)
señalan que su relación fue por amor y con su novio (a) y el 3% reconoce que
hubo alcohol y drogas de por medio. El 70% de los varones y el 36% de las
mujeres afirma haber utilizado algún método anticonceptivo en su primera relación
sexual: como razón principal para el no uso refieren que no planeaban tener
relaciones sexuales. El 56% indican haber tenido más de una relación sexual y el
número de parejas con las que se han sostenido relaciones sexuales en el
presente año muestra un rango de 1 a 6 con una media de 2; el 4.9% señalan
haber tenido relaciones con personas de su mismo sexo.

El embarazo como

resultados de las relaciones sexuales se reporta en nueve adolescentes entre los
13 y los 17 años, con una media de 14.

654

�La muestra se integró con adolescentes que asisten al nivel medio y medio
superior en escuelas públicas del Estado de Nuevo León, 53% de varones y el
resto del sexo femenino. Los 5 niveles de marginación estuvieron representados,
dado las características del estado de Nuevo León, el mayor porcentaje se
concentró en el nivel de baja marginalidad con un 42.7%, mientras que el más
bajo porcentaje fue en el nivel de alta marginación con un 5.2% , 42.6% de
estudiantes de nivel de educación medio y 57.4% del nivel medio superior, el
14.5% de la muestra además de estudiar trabajan; de los estudiantes que trabajan
el 74.9% es para ayudarse en sus gastos personales, 30.4% para apoyar con los
gastos familiares y el 27.5% para pagar su escuela (Ver tabla No.1).
Tabla 1
Datos Demográficos de la Población de Estudio
Variable

fr.

%

Masculino

1178

53.2

Femenino

1038

47.8

103

4.6

89

4.0

Medio

205

9.3

Bajo

730

33.9

Muy Bajo

1079

48.9

1ero. Secundaria

79

3.6

2do. Secundaria

371

16.7

3ero. Secundaria

520

23.5

año 864

39.0

363

16.4

Sexo

Nivel de Marginalidad
Muy alto
Alto

Grado Escolar

1ero.
Preparatoria

655

�2do.

año 19

0.9

preparatoria
3er.

año

preparatoria
Trabajo
Si

323

14.6

No

1892

85.3

Razón para trabajar
Ayuda en gastos 99

30.4

del hogar
Gastos personales

242

74.9

Gastos escolares

89

27.5

Otros gastos

76

23.9

fuente:

n=2216

En las tablas No. 2 y 3 se puede observar que el 98.1% de los estudiantes
reportan que sus padres se encuentran vivos, pero resulta importante destacar
que un 2.8% expresan no saber, así como que el 16% de los padres y el 5% de
las madres no viven en el hogar; 20% de las familias son de tipo extensas, el 5%
son compuestas y el 63% son nucleares; el mayor porcentaje (30.8%) de las
madres cuentan con un nivel medio de educación, solamente un 11.8% de ellas se
sitúan en el nivel superior y el resto se distribuye entre el analfabetismo y el nivel
básico; entre los padres el nivel medio presento un 26.8% y solamente el 15.0%
cuentan con escolaridad de nivel medio superior.
El 21.8% de los integrantes de la muestra tienen acceso algún servicio de
salud (público o privado), de ellos el 31.4% refiere que los centros de salud a los
que pueden ocurrir si necesitan el servicio están muy retirados de su hogar.
Tabla 2
Datos Demográficos de los Padres de los Adolescentes.
656

�Variable

fr.
%

Esta viva tú mamá
Si

2174

98.1

No

30

1.4

No se

12

0.5

332

15.0

682

30.8

311

14.0

90

4.1

262

11.8

Nivel de escolaridad de la
madre
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Técnico
Licenciatura
No se

539

24.3

Está vivo tú Padre
Si

2066

93.2

No

95

4.3

No se

51

2.3

657

�Nivel de escolaridad del
padre
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Técnico
Licenciatura

263

11.9

593

26.8

335

15.1

66

3.0

333

15.0

626

28.2

No se

Tabla 3
Tipo de Familia de los Adolescentes participantes en el estudio.
Variable

fr.

%

Si

1817

82.0

No

354

16.0

No respondieron

44

2.0

2083

94.0

Tu padre vive en tu hogar

Tú madres vive en tu casa
Si

658

�No

110

5.0

No respondieron

22

1.0

265

12.0

1396

63.0

Extendida

443

20.0

Compuesta

110

5.0

Tipo de familia
Mono parentales
Nuclear

La jefatura del hogar se ejerce por ambos padres o por los padres y
abuelos(43%), mientras que un 36.3% reporta al padre como jefe de familia y tan
solo un 3.9% recae en las madres, en el resto de la población reconocen como
jefe del hogar a otro miembro de la familia; el nivel de escolaridad más frecuente
entre los jefes de familia fue el medio con un 28.2%. La toma de decisiones en el
hogar es una actividad que en un 72.7% la ejerce el padre de familia, solamente
el 17.6% indica que es la madre que lleva a cabo esta función; la responsabilidad
del trabajo del hogar forma parte del rol de la madre en un 36.2%, mientras que el
padre solo es identificado en 1.9% y el resto se reparte entre los hijos y otros
familiares; el rol de proveedor económico con un 80.4% es responsabilidad del
padre (ver tabla No.4).
Tabla 4
Liderazgo y toma de decisiones familiares.
Variable

fr.

%

Jefe de familia
Padre

805

36.3

Madre

86

3.9

Abuelos

151

7.0

659

�24

1.1

57

2.6

43

2.0

1021

47.0

5

0.2

Primaria

295

13.3

Secundaria

596

26.9

Preparatoria

280

12.6

68

3.1

268

12.1

35

1.6

647

29.2

Padre

1611

72.7

Madre

391

17.6

65

3.0

22

1.0

1

0.0

Padrastro

8

0.5

Otros (tíos, tías)

2

0.1

Todos en la familia,

6

0.3

Hermanos/hermanas
Otras personas
Dos

respuestas

(padre y

madre;

padres y abuelos)
No respuesta.
Nivel de estudios del
jefe de familia
Sin estudios

Técnico
Profesional
Maestría

/

Doctorado
No respuesta.
Toma de decisiones

Abuelos

Hermanos/hermanas

ninguno
No respuesta

660

�Responsable

de

los

quehaceres del hogar
Padre

43

1.9

Madre

803

36.2

38

1.7

29

1.3

1249

56.4

51

2.3

Abuelas y abuelos

Hermanos/hermanas
A mi
Otros

Responsable

de

los

gastos económicos de
tú familia
A mi

45

2.0

Padre

1782

80.4

Madre

308

13.9

Hermanos (as).

16

0.7

Abuelos (as).

36

1.6

25

1.1

Tíos

y

otros

familiares
Fuente:

n=2216

Consumo de alcohol y otras drogas.
El 46.38% de los 2216 adolescentes integrantes de la muestra reportan
haber consumir bebidas alcohólicas, la edad de inicio en la ingesta es entre los 8 y
16 años una media de 13, moda de 14 y desviación estándar de 2.2 años; el
número de copas que consumieron en la última vez oscila entre 1 y 48
presentando una media de 4.
El 28.18% de los escolares que son sexualmente activos consumen alcohol
antes o durante las relaciones sexuales siendo la cerveza la bebida reportada con
661

�un mayor porcentaje. Un 9.25% admite consumir o haber consumido drogas antes
o durante las relaciones sexuales, la de mayor consumo fue la mariguana
(65.77%), seguida de los inhalantes y la cocaína.
Las razones más frecuente para el consumo de alcohol y drogas antes o
durante las relaciones sexuales son por orden de importancia: el ser más
potentes, aumentar la satisfacción, ayudar a desinhibirse y porque mis amigos lo
hacen.
Conocimientos sobre la biología de la reproducción.
La edad que los adolescentes reportan recibieron la última información
sobre biología de la reproducción y sexualidad, oscilo ente 9 y 19 años, presentan
un media de 13 moda de 12 desviación estándar de 1.74 años; también indican
que la mejor edad para recibir la educación sobre estos temas seria entre los 5 y
los 30 años con una moda de 12 y una DS..205. Los tópicos de los cuales se les
ha brindado información son la menstruación en un 79.4%, sobre métodos
anticonceptivos 74.6% y sobre infecciones de transmisión sexual un 77%.
Al cuestionarles sobre en el nivel escolar en el cual se les impartió la
educación sexual y reproductiva el porcentaje más alto fue para el nivel medio con
un 38.9%, que corresponde aproximadamente a la edad de entre 13 y 15 años,
enseguida del nivel básico correspondiente a una edad entre 6 y 12 años con un
22.4%; es importante enfatizar que el 23.0% de la muestra mencionan no se les
han impartido estos temas en ninguno de los niveles a los que han asistido.
La persona que brindo el conocimiento en su mayoría fue el maestro o
maestra de la escuela con un 41.4%, el personal de salud, conformado por
médicos (as), enfermeras, psicólogos (as) y trabajadores (as) sociales se reporta
con un 36.7%. El 39 % de los adolescentes mencionan haber obtenido información
sobre los tópicos antes mencionados fuera de la escuela, de esta parte de la
muestra, se reconoce a la madre con un 12.8% como la persona de la cual

662

�obtuvieron este conocimiento, el padre solo figura con un 6.3%, estos datos se
pueden observar en la tabla 5.

Los adolescentes manifiestan que la mejor forma de recibir la educación
sexual y reproductiva es en grupos de hombres y mujeres juntos con un 56%,
cabe destacar que el 21% reporta que no importa si es en grupos aislados por
género o no pero que se imparta y 0.4% mencionan que no se debe de hablar de
estos tópicos.

Tabla 5
Educación sexual y reproductiva de los estudiantes
Variables
fr

%

Nivel de escolaridad donde se
recibió

la

educación

sexual

y

reproductiva
Primaria

497

22.4

Secundaria

862

38.9

Preparatoria

347

20.3

No se recibió en ningún nivel

510

23.0

Quien fue la persona que impartió
las clases de salud sexual y
reproductiva en la escuela?

4

Maestro / maestra

918 41.4 9.

Médicos (as)

212

Psicólogos (as)

364 16.4

Trabajadores (as) Sociales

146

6.6

Enfermeros (as)

90

4.1

663

26

�Otros

38

1.7

Nadie

448

202

Has recibido educación sexual y
reproductiva fuera de la escuela?
Si

865

39.0

No

1337

60.3

14

0.6

No respuesta
Quién fue la persona de la que se
te impartió la educación sexual y
reproductiva fuera de la escuela.
Padre

140

6.3

Madre

284

12.8

Padre y Madre

94

4.2

Hermana/hermano

12

0.5

Otro familiar

25

1.1

Médico

111

5.0

Amigos (as).

54

2.4

Novio/ novia

5

0.2

Personal de una iglesia

4

0.2

Varias respuestas

116

5.2

Fuente:

n=2216

La evaluación de los conocimientos sobre la reproducción y sexualidad se puede
apreciar en la tabla 6, en ella se identifica que solamente el 9.8% de la población
de estudio contestaron correctamente la pregunta cuando es más probable que
una mujer se embarace, el 88.3% manifiesta no saber; en la pregunta sobre si una
mujer puede quedar embarazada en la primera relación sexual si no usa
anticonceptivos el 47.6% contesto correctamente que sí; en relación con la
interrogante de que si han escuchado hablar sobre la masturbación, se les
cuestiona si la masturbación es una forma normal de conducta sexual en las
664

�personas de todas las edades a lo que el 39% contesta que sí, el 44.7% no saben;
el 27.8 de la muestra manifiestan no saber si están de acuerdo con que la mujer
se masturbe y el 31.6 contestaron afirmativamente.

Tabla 6
Conocimiento de sexualidad y reproducción
Variables

fr.

%

434

19.7

Durante la menstruación

259

11.7

Una semana después de la

249

11.3

216

9.8

Cualquier fecha es igual

175

7.9

No se

883

20.7

Si

1847

83.7

No

357

15.7

No sé

12

0.5

863

39.0

Cuál es la fecha en que una mujer
tiene

más

probabilidad

de

embarazarse
Una

semana

antes

de

la

menstruación

menstruación.
Dos semanas después de la
menstruación.

Tú has oído hablar sobre la
masturbación?

Si tú respuesta fue si a la
pregunta anterior, es normal la
masturbación

es

normal

a

cualquier edad?
Si

665

�No

360

16.3

No sé y no contestó

983

44.7

Si

573

26.0

No

613

27.8

No se y no contesto

1020

46.2

Si

698

31.6

No

481

21.8

No sé, no contestó

937

46.5

1050

47.6

98

4.4

1158

52.0

Estás de acuerdo con que la
mujer se masturbe?

Estás de acuerdo con que el
hombre se masturbe?

Si la mujer no usa anticonceptivos
puede quedar embarazada en su
primera relación sexual.
Si
No
No sé y no contestó

Fuente:

n=2216

Para poder aplicar la estadística comparativa e inferencial se decidió construir un
índice con las variables correspondientes a conocimientos sobre sexualidad y
reproducción, trasformando

las respuestas a

correctas e incorrectas,

presentando una valor mínimo de 0 correspondiente a ninguna correcta y valor
máximo de 100 donde el adolescente contesto correctamente todas las preguntas,
la media presentada por la población de estudio fue de 63.93, moda de 66.7 y
desviación estándar de 17.7; valores que apoyan lo reportado en la tabla 6 donde

666

�se observa que solamente 9.8% de los estudiantes saben cuál es la fecha correcta
en que una mujer tiene más probabilidades de embarazarse.

Conductas Sexuales de Riesgo
En la tabla 7 se puede observar la intención de la práctica de conductas sexuales
de riesgo entre la población de estudio, el 46% están de acuerdo con tener
relaciones antes del matrimonio, solamente el 15.4% señala que no tendrían
relaciones

sexuales por cuestiones religiosas, 39.7% por no traicionar la

confianza de sus padres, los principios morales solo detendrían al 35.8%, el temor
al contagio al 42.1%, la posibilidad de embarazo al 47.6y lo que diga la gente solo
al 9.12%.

Tabla 7
Intención de práctica de conducta sexual de riesgo
Variable

fr

%

1014

46.0

1178

53.4

24

0.6

Estás de acuerdo con tener
relaciones sexuales antes del
matrimonio.
Si
No
No respondieron

Las

cuestiones

religiosas,

te

detendrían para la práctica de
667

�relaciones sexuales.
Si
No

340

15.4

No respondieron

807

36.6

1069

52.0

835

37.9

312

14.1

1069

49.0

789

35.8

357

16.2

1070

51.9

El traicionar la confianza de tus
padres, te detendrían para la
práctica de relaciones sexuales.
Si
No
No respondieron

Los

principios

morales,

te

detendrían para la práctica de
relaciones sexuales.
Si
No
No respondieron

El

temor

al

enfermedades,

contagio
te

de

detendrían

para la práctica de relaciones
sexuales.

668

�Si
No

928

42.1

No respondieron

219

9.9

1062

49.0

1050

47.6

98

4.4

1068

49.0

194

8.8

949

43.0

1073

51.8

La posibilidad de embarazo, te
detendrían para la práctica de
relaciones sexuales.
Si
No
No respondieron

Lo

que

diga

la

gente,

te

detendrían para la práctica de
relaciones sexuales.
Si
No
No respondieron

Fuente:

n=2216

669

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�EXPECTATIVAS EN LOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE
ADOLESCENTES VARONES ESCOLARIZADOS DE ESCUELAS PÚBLICAS
DE EDUCACIÓN MEDIA Y MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Dante Octavio Isau Garza Fabela11
David De Jesús Reyes12

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es describir las expectativas en los comportamientos
sexuales de adolescentes varones de escuelas públicas de educación media y
media superior del Estado de Nuevo León. Se realizó un estudio cuantitativo
transversal, de tipo descriptivo en base a la encuesta sobre salud reproductiva de
los alumnos en escuelas

públicas de educación media y media superior del

Estado de Nuevo León 2013, con una muestra representativa de 1178
adolescentes varones de 12 a 19 años a nivel estatal. El análisis de los datos se
realizó mediante el paquete estadístico SPSS, versión 20.0 para Windows. Los
resultados revelan que los comportamientos que los varones tienen expectativas
tradicionales en torno a la sexualidad, así mismo éstas expectativas se ven
ligadas a un proceso cultural
hegemónico

en donde se puede identificar un modelo

de masculinidad, el cual de llevarse

a cabo puede tener

implicaciones negativas en la salud, tal como la exposición a adquirir una ITS o la
consecuencia de un embarazo no deseado.
Palabras clave: masculinidad, sexualidad, expectativas, comportamiento sexual.
11

Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano

dante.garzafb@uanl.edu.mx

12

Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano

dejesusreyes@hotmail.com

676

�INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente la sexualidad en la sociedad mexicana está marcada por valores
y principios de una sociedad patriarcal, basada en condiciones y estereotipos
para cada sexo, en donde las mujeres son las que están a cargo de la crianza de
los hijos, alimentar, apoyar y estar al pendiente de su pareja, así como mantener
el bienestar y la salud de la familia; mientras que el hombre es visto como
protector, proveedor del hogar entre otras actividades (Rivas y Rodríguez, 2008).
En el ámbito de la sexualidad estos factores se ven estrechamente vinculados de
igual manera, en donde el varón está constituido por ideales y normas sociales
(Gutmann, 2000).
Es así que desde el nacimiento del individuo

a partir del sexo

biológico se

estructura su identidad, la cual hace que se asigne un significado y esquema al
deber ser

con funciones sociales masculinas y femeninas predeterminadas,

basada en las creencias de la sociedad. Dichos ideales prevalecen en éste deber
ser

del hombre y la mujer, en donde las categorías son construidas por un

nivel ideológico

en el que una determinada sociedad considera lo que es

“femenino” o “masculino” como resultado de la cultura que las personas adoptan
e incorporan, mediante la cual

se ven reflejados papeles, practicas y

comportamientos (Cruz, 2011; Charry y Torres, 2005).
En base a la revisión de diversos estudios se asume que el comportamiento
sexual y las prácticas sexuales de los adolescentes no son estáticos, ya que
existe una diversidad de factores como lo es la familia, padres, grupos de pares,
instituciones educativas, consumo de drogas, etc. que pueden llegar a influir en
dicho comportamiento,

el cual es atribuido al sexo del cual surgen las

denominadas diferencias de género, por lo que desde éste paradigma es que el
comportamiento es manifestado por medio de estereotipos de determinado sexo
(García et al, 2010), así mismo el género no está determinado por el sexo y
tampoco es determinante de la sexualidad, ya que intervienen una serie de
procesos socioculturales (Scott, 2000). Es así que comprender la diferencias de
677

�género de los cuerpos sexuados se ha convertido en uno de los campos de mayor
debate en las ciencias sociales (Lamas, 2000).
En el caso de los varones la cultura que los rige se ve ligada a normas sociales
en las cuales se ven obligados a no dejar pasar oportunidades y creer siempre o
en la mayoría de las veces que deben ser satisfechos sexualmente (Gogna, 1998),
tener múltiples parejas sexuales, actividades ligadas a correr riesgos y cuestiones
de placer, ideales que se integran en un modelo

binario de feminidad y

masculinidad, el cual sirve como guía para complementar las características que
el varón debe poseer, apareciendo un modelo-idea, en donde los atributos se
convierten en actitudes que fomentan el autocontrol de sentimientos y emociones,
es decir, cualquier actividad ligada a cuestiones femeninas debe ser rechazada,
creando un esquema figurativo que contiene ideas e imágenes, mediante el cual
se crean ideologizaciones, en las que se trata de imponer un conjunto de criterios
como si fueran absolutos (Seidler, 2001), entre dichos comportamientos
prevalecen el debut sexual, tener múltiples parejas sexuales, actividades ligadas a
correr riesgos

y cuestiones de placer, las cuales forman parte de un

comportamiento socialmente aceptado y valorado por los varones para obtener un
estatus ante ellos y la sociedad misma (De Jesús, 2011).

En este sentido, el comportamiento sexual es el campo

en el

cual los

adolescentes reafirman su identidad (De Jesús, 2011), por lo tanto, uno de los
factores que se deben de analizar en la actualidad son las construcciones sociales
en base al comportamiento sexual, es decir, la doble moral por la cual se rige la
sociedad en donde exige un comportamiento específico para el hombre y otro
para la mujer (Jiménez y Tena, 2001).
En México y América Latina existe un modelo hegemónico de masculinidad, el
cual parte de un proceso cultural, construido por la sociedad, en donde el varón
debe ser domínate y subordinar a la mujer al igual que a otros hombres que no se
adaptan al mismo modelo de masculinidad, considerado éste como un conjunto de
678

�atributos, valores, funciones y conductas que en determinada cultura suponen son
esenciales para el varón (De Keijzer, 1997).

Según Fuller (2003) la masculinidad se divide en dos aspectos fundamentales
para el proceso de identidad en el varón, la primera hace referencia a lo natural (la
virilidad) y el otro aspecto es lo social (la hombría). En este primer aspecto de la
masculinidad se vincula a los órganos sexuales y la fuerza física, en donde el
sujeto debe demostrar su fuerza física, tener control sobre sus emociones y probar
que es sexualmente activo. En el segundo aspecto que corresponde a la hombría,
la cual es

un estatus que el varón debe

de alcanzar para “convertirse en

hombre”, aunque esto es un proceso que se va estimulando desde la infancia es
en la etapa de la adolescencia donde se adquiere y demuestran estos atributos.
En la adolescencia el inicio sexual aparece como una manera de obtener un
estatus, el cual es derivado del modelo de masculinidad, en donde la búsqueda de
ser reconocido como hombre “socialmente aceptado” tiende a expresarse
mediante creencias, ideas, estereotipos y discursos subjetivos del contexto que los
rodea (Stern et al, 2003).

En algunos contextos, uno de los eventos más importantes que marcan la vida
de un individuo es la primera relación sexual, ya que el tener una relación sexual
en la etapa de la adolescencia es prácticamente una obligación, de otra manera el
adolescente es menospreciado por su grupo de pares, haciéndolo sentir excluido
al no haber tenido dicha experiencia, lo cual vincula al inicio sexual como un
objetivo de muchos jóvenes para sentirse parte de un grupo y obtener un estatus
entre ellos (Welti, 2007).

En el contexto internacional ésta situación también prevalece, diversas encuestas
aplicadas entre 1998 y el año 2000 en América Latina y el Caribe mostraron que
el 41.3% en el caso de Bolivia y el 73.9% en Jamaica, los adolescentes se han

679

�iniciado sexualmente, lo cual se ve ligado a prácticas sexuales de riesgo13
(Olavarría y Madrid, 2005). En el

contexto Colombiano

el 74% de los

adolescentes mostro tener una percepción baja en cuanto al riesgo de prácticas
sexuales (Mejía, 2000), así mismo, un estudio cubano también mostró que el
76.2% de estas prácticas sexuales se realizan debido al ideal machista que
prevalece en los adolescentes (Rodríguez et al, 2006).

Por su parte datos a nivel

nacional que revela la Encuesta Nacional de la

Juventud (ENJ) en cuanto a los adolescentes que han tenido relaciones sexuales,
mostró que para el año 2000 el 22.3% había tenido

dicha práctica, para los

siguientes años de la misma encuesta 2005 y 2010 se tuvo un aumento en cuanto
a esas cifras, ya que paso de 27.2% en 2005 a 33.6% en 2010, lo cual permite
ver

que en la última década se dio un aumento del 10.3% en cuanto a los

adolescentes que han tenido relaciones sexuales (IMJ, 2011), dato alarmante ya
que muchos de los problemas inherentes están vinculados a un inicio de la
actividad sexual a temprana edad. En sí, la mayoría de estos casos ocurren sin la
correcta orientación y protección de ellos, entre los principales riesgos que se
pueden presentar en esta población en cuanto a la salud sexual y reproductiva
son el inicio no elegido, desprotegido y/o

involuntario de su vida sexual,

embarazos no planeados o no deseados y adquirir alguna infección de transmisión
sexual, cuya manifestación más grave es el VIH/Sida (UNFPA, 2010).
Para el caso de Nuevo León los adolescentes varones que han iniciado una vida
sexual las cifras también van en aumento, ya que

datos mostrados por la

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en el año 2006 muestra un
porcentaje de 16.1% y aumentado a 29.3% para el año 2012 (INSP, 2013).
13

Se denomina práctica sexual de riesgo a cualquier característica y/o exposición que tenga el individuo en

una situación de vulnerabilidad en la que esté inmerso en relación a los embarazos no deseados,
maternidad y paternidad adolescentes, infecciones de transmisión sexual (ITS) y al VIH/SIDA.

680

�Para otra parte el grupo de jóvenes varones de 15 a 29 años de edad en cuanto
al número de parejas sexuales en base a la ENJ 2000 muestra en promedio 2.1
parejas sexuales, para el año 2005 tiende a descender pasando a 1.9,
prevaleciendo para el año 2010 el mismo

porcentaje. Dentro de los datos

relevantes en cuanto a estas cifras es que durante el año 2010 se muestra una
reducción en el porcentaje de parejas sexuales, sin embargo, el 12.2% del grupo
de edad de 15 a 19 años reportó tener más de 3 parejas sexuales en el último
año, a diferencia del 74% del grupo de 25 a 29 años de edad, los cuales solo
tuvieron una pareja sexual (IMJ, 2011).
Otro de los comportamientos sexuales que se presentan en torno a la sexualidad
de los varones adolescentes es el uso y no uso de métodos anticonceptivos, ya
que cifras de la ENSANUT 2012 a nivel estatal muestran que el 92.4% de esta
población afirma conocer o haber escuchado algún método anticonceptivo, datos
de la misma encuesta revelan que en 2006 el 51.8% no utilizo método
anticonceptivo durante la primera relación sexual y en 2012 el 18% no utilizo
método anticonceptivo, lo cual muestra una disminución favorable. Así mismo se
muestra un aumento en cuanto al uso de métodos anticonceptivos pasando de
43.1% en 2006 al 81.2% en 2012 (INSP, 2013).
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un conjunto de infecciones que se
transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual, en donde la
principal causa mediante la cual se llega
mediante las

a adquirir

dichas infecciones es

relaciónes sexuales, debido a que las ITS no tratadas tienen

repercusiones importantes en la salud reproductiva (OMS,2011).
En México las ITS se encuentran entre las diez primeras causas de morbilidad
general en el grupo de 15 a 44 años de edad (SSA, 2003), siendo éste un
problema creciente de salud pública, el cual ha focalizado la atención al VIH ya
que representa predominio en adolescentes y jóvenes (Caballero, Conde,
Villaseñor, 2006). Según el boletín de epidemiología 2010, realizado

por la

Secretaria de Salud, la cual indica que el aumento de ITS es debido a la falta de
681

�uso de métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales, dichas relaciones se
ven vinculadas a un inicio de relaciones sexuales a temprana edad y conductas
sexuales de riesgo, en las que los adolescentes carecen del uso de métodos
anticonceptivos, lo cual conlleva al aumento de la

morbilidad en la población

adolescente. Otras investigaciones en México han determinado que existe una
relación entre el menor uso de métodos anticonceptivos y variables como menor
edad de inicio y menor escolaridad (Stern y Reartes, 2012).
Es así, que la población adolescente que ha tenido relaciones sexuales sin utilizar
métodos anticonceptivos durante las relaciones sexuales, incrementa su
posibilidad de tener un embarazo a temprana edad y/o adquirir una ITS, en el
mayor de los riesgos VIH/SIDA. Tales asimetrías siguen prevaleciendo en cuanto
a los comportamientos y prácticas sexuales (González et al, 2005), los cuales se
desarrollan y se pueden percatar mediante un modelo de masculinidad, tomando
como

base

los estereotipos del ideal que se tiene sobre la mujer desde la

perspectiva del varón, ya que prevalece una imagen referente a la mujer
“tradicional”; la cual está exenta de todo deseo y placer sexual, siendo distinguida
para las relaciones formales, es decir, merecedora de consolidar una relación de
pareja y posteriormente ser esposa y madre de sus hijos, por otro lado, prevalece
el ideal de la mujer que es admisible al deseo, el erotismo y con la cual se puede
acceder a tener relaciones sexuales rápidamente (De Jesús, 2011).
Ante esto, el uso del preservativo en los varones va a depender de la pareja con la
que se tiene relaciones sexuales, esto debido

a que existen y predominan

factores que están vinculados a que los varones usen o no métodos
anticonceptivos, en este caso en particular se liga al valor y significado que le
brindan a la mujer, es decir, la mujer vista como una figura de riesgo o una mujer
ideal para el matrimonio. Es así, que la mujer que constituye la figura de riesgo es
con quien se tiende a utilizar algún método anticonceptivo, ya que dentro del ideal
del varón es quien lo puede llegar a contagiar de una ITS y puede llegar a ser un
riesgo para su salud, por otro lado, existe la mujer con la que se estereotipa dentro
682

�del ideal de pareja con la cual se podría llegar a establecer una relación formal,
es así que ante esta perspectiva se deslinda el uso de métodos anticonceptivos,
exentando la percepción del riesgo de cualquier tipo de contagio y/o enfermedad,
ya que lo que se desea es la reproducción para fortalecer la relación (De Jesús y
Menkes, 2014; Stern et al 2003).
Es así que los adolescentes adoptan el proceso social de convertirse en hombre
demostrando mediante comportamientos lo que se considera masculino (Lomas,
2004), tal como lo menciona Parsons (1996) al decir que, la división de los roles
está ligada en base al sexo, pero más allá de lo biológico, se demuestra mediante
comportamientos, sentimientos y actitudes que se tienen que demostrar y tienden
a considerarse propios para el hombre o la mujer.
Por lo tanto la educación sexual que reciben los adolescentes en las instituciones
educativas forma parte del análisis de éste estudio, en donde se incluye a la
población escolarizada en los cuales diversos sujetos intervienen en el contexto
del adolescente proporcionando información en materia de sexualidad, en donde
el género en las escuelas se formula en base a las construcciones sociales, es
decir, las imágenes externas que se generan y se ven reflejados en la conducta
de las relaciones sociales (Chattopadhay,2004). Para este estudio se tomo a los
adolescentes escolarizados debido a que la educación sexual en el escenario
escolar juega un papel significativo en la adquisición de información por parte de
los adolescentes, y además de conocer si la

información

brindada en las

instituciones educativas se ve reflejada en las conductas sexuales de éstos.
Ante lo expuesto surgen las siguientes interrogantes:
Preguntas de investigación
¿Cómo son las características del comportamiento sexual de varones de escuelas
públicas de educación media y media superior del Estado de Nuevo León en
cuanto al ideal de pareja?

683

�¿Cuáles son

las expectativas

en el comportamiento sexual que tienen los

varones de escuelas públicas de educación media y media superior del Estado de
Nuevo León en cuanto al inicio sexual, conocimiento y uso de métodos
anticonceptivos, sexualidad y uso de métodos anticonceptivos, expectativas de
vida en pareja?
OBJETIVO GENERAL
Describir las expectativas en cuanto al comportamiento sexual en los adolescentes
varones escolarizados de escuelas públicas de educación media y media superior
del Estado de Nuevo León.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar la base de datos de la encuesta sobre salud reproductiva de los alumnos
de educación media y media superior del Estado de Nuevo León.
Describir las características del comportamiento sexual de varones en relación a
las expectativas para el inicio sexual, virginidad, masturbación, conocimiento y
uso de métodos anticonceptivos, sexualidad y uso de métodos anticonceptivos y
expectativas de vida en pareja.
Comparar las conductas sexuales en los adolescentes de acuerdo al nivel de
escolaridad.
Identificar si la cultura tradicional “Machista” prevalece en cuanto a estas
conductas.
Identificar si los comportamientos sexuales se apegan a los estereotipos
tradicionales de género.

684

�METODOLOGÍA
Se realizó un estudio cuantitativo transversal, de tipo descriptivo en base a la
encuesta sobre salud reproductiva de los alumnos en escuelas públicas de
educación media y media superior del Estado de Nuevo León (ESREEEMMSNL)
2013, diseñada por el Centro Regional de Investigaciones multidisciplinarias en
2006 y actualizada en 2013, para ser implementada en Nuevo León. La muestra
total de (N=2306) entre hombres y mujeres, de los cuales al discriminar a las
mujeres quedo un total de 1210 casos de varones, así mismo se elimino a los
varones mayores de 19 años de edad, obteniendo como dato final 1178 casos de
adolescentes varones que oscilan entre los 12 a 19 años de edad.
La ESREEEMMSNL permite conocer una estimación de las condiciones de salud
de la población escolarizada de escuelas públicas de educación media y media
superior del Estado de Nuevo León, así como la utilización de servicios de salud.
El instrumento se divide en 11 constructos los cuales incluye: Características
generales, conocimiento sobre la biología de la reproducción y sexualidad,
conocimiento de infecciones de transmisión sexual, conocimiento y uso de
métodos anticonceptivos, sexualidad y uso de métodos anticonceptivos,
fecundidad, hábitos de salud, acceso a los servicios de salud, violencia
intrafamiliar, expectativas de vida y situación de pareja y características de la
vivienda, las cuales servirán para analizar los resultados encontrados, en relación
al objeto de estudio a tratar.
En este trabajo se reportan únicamente algunos datos que evalúan las variables
en cuanto al conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, sexualidad y uso de
métodos anticonceptivos, expectativas del inicio sexual y expectativas de vida en
pareja.
Para el análisis de los datos y el procesamiento estadístico se utilizó el paquete
estadístico SPSS, versión 20.0 para Windows.

685

�RESULTADOS
Los resultados que a continuación se presentan estarán divididos en subtemas,
como se mencionó en el párrafo anterior, en donde las secciones descritas
serán: Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, expectativas del inicio
sexual, sexualidad y uso de métodos anticonceptivos y expectativas de vida en
pareja.
Población de estudio
Se analizó a una población total

de 1178 estudiantes varones de escuelas

públicas del Estado de Nuevo León, las instituciones educativas pertenecen al
área metropolitana de la ciudad de Monterrey y municipios foráneos. Del total de
varones el 57.6% es de nivel preparatoria y el 42.4% de nivel secundaria, de los
cuales el 82.4% pertenece a un estrato socioeconómico muy bajo, el 79.9% no se
dedica a realizar alguna actividad laboral y el 32.2% pertenece a una familia
extensa; las edades de los adolescentes encuestados oscilan entre los 12 y 19
años de edad, de los cuales el 29.2% ya se ha iniciado sexualmente (N=344), de
los cuales el 81.7% pertenece a un estrato muy bajo, el 35.7% está compuesto
por una familia nuclear, así mismo el 19.2% no vive con su padre y el 71.8% no
realiza alguna actividad laboral, en comparación del 70.8% (N=844) que aún no
se ha iniciado sexualmente, el 52.1% pertenece al nivel preparatoria y el 47.9% al
nivel secundaria, de los cuales el 82.7% pertenece a un estrato muy bajo, el
30.8% pertenece a una familia extensa, el 28.6% ya tiene un hijo(a), así mismo el
18.4% no vive con su padre y el 83.1% no realiza alguna actividad laboral.

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos
El conocimiento y uso de métodos anticonceptivos ha sido unas de las
interrogantes que se han llegado a presentar en torno al comportamiento sexual,
ya que diversas encuestas a nivel nacional como estatal revelan porcentajes casi
686

�universales en base al conocimiento de métodos anticonceptivos en la población
adolescente, empero a esta situación; existe una brecha entre el conocimiento de
métodos anticonceptivos

y

el uso de los mismos en las prácticas sexuales

(Llopis, 2001; Stern y Menkes, 2008), esto se ve reflejado en el aumento de
embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otras
consecuencias, las cuales son

resultado de

la falta de uso de métodos

anticonceptivos en este grupo poblacional.
Los resultados generales que muestra la ESSRAEEMMSNL revela que de 1178
estudiantes el 65.7% de la población total adolescente menciona no conocer o
haber oído de los condones o preservativos masculinos, de dicho porcentaje el
57.6% pertenece a nivel preparatoria y el 42.4% a nivel secundaria.

Gráfico 1. Comparación en base al conocimiento
del condón por nivel de escolaridad
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nivel Medio
Nivel Medio Superior
Desconocimiento del
condón
Población que no ha tenido
relaciones sexuales

Población iniciada
sexualmente

Elaboración propia en base a
la encuesta sobre salud
reproductiva de los alumnos de escuelas públicas de educación
media y media superior del Estado de Nuevo León 2013.

En cuanto al conocimiento de métodos anticonceptivos el 66% dice no conocer o
haber escuchado hablar sobre los condones, a pesar de que el 77.6% menciona
haber recibido una clase de educación sexual, la cual el 52.9% menciona haberla
recibido durante el periodo de secundaria, así mismo el 85.5% menciona haber
obtenido información sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), pero dicha
información no es brindada por el núcleo familiar

del adolescente y/o algún

profesional en salud pública, ya que los datos revelan que el 70% de dicha
687

�información es proporcionada por profesores, el 48.3% menciona que recibió la
información por medio de libros y/o folletos, el 37.7% por medio de internet y un
13.9% recibió la información por medio de amigos ; en comparación con la
población que ha tenido relaciones sexuales (N=334) en donde el 71.6%
pertenece al nivel preparatoria y el 28.4% a nivel secundaria de los cuales el
64.8% menciona no conocer o haber escuchado hablar del condón, a pesar de
que el 77.8% menciona haber recibido una clase de educación sexual en la
escuela, el 48.6% menciona que tuvieron la última platica en el nivel secundaria,
así mismo el 86.4% mencionar haber recibido información de ITS, en donde el
59.9% menciona recibir la información por parte de sus profesores, el 45.6% por
medio de libros y folletos, el 40.8% por medio de internet y el 40.1% menciona
que la información es brindada por su madre, obteniendo un porcentaje más
elevado que la información brindada por los padres la cual representó el 36.2% y
el 23.7% recibe información por parte de sus amigos; así mismo quienes
presentan mayor desconocimiento en cuánto a métodos anticonceptivos fueron el
90.3% del segundo año de preparatoria y el 100% del tercer año de preparatoria.
Expectativas del inicio sexual
Dentro de los eventos más importantes que marcan la vida de un individuo es la
primera relación sexual, ya que ésta llega a ser un objetivo para muchos y
principalmente en la etapa de la adolescencia es que se convierte en una
obligación (Welti, 2007).
De la población total el 60.8% considera que el hombre no debería de llegar virgen
al matrimonio, es decir, sin experiencia sexual, en comparación del 58.4% de la
población la cual menciona que la mujer debería llegar virgen al matrimonio. El
57.2% de la población de educación media considera que el hombre debería tener
experiencia sexual antes del matrimonio, así mismo el 63.4% de la población de
educación media superior considera que el hombre no debe llegar virgen al
matrimonio, prevaleciendo un ideal “tradicional” en ambas situaciones, en donde

688

�el 58.9% de educación media y el 57.7% de educación media superior consideran
que la mujer debería llegar virgen al matrimonio, es decir, sin experiencia sexual.
La siguiente grafica muestra una representación del

ideal en torno a la

expectativa de que la mujer y el hombre tengan experiencia sexual antes del
matrimonio.
Gráfico 2. Población que preferiría que la mujer
/hombre llegaran virgen al matrimonio
70
60

50

La mujer debería llegar
virgen al matrimonio

40
30

El hombre debería llegar
virgen al matrimonio

20
10
0
Población
General

Población no
inicada
sexualmente

Poblacion
inicada
sexualmente

Elaboración propia en base a
la encuesta sobre salud
reproductiva de los alumnos de escuelas públicas de educación
media y media superior del Estado de Nuevo León 2013.

De la población que no ha tenido relaciones sexuales ante ésta expectativa el
53.8%

menciona que

el hombre no debería

llegar

virgen al matrimonio,

mientras que para el caso de las mujeres el 60.6% dice que la mujer debería
llegar virgen al matrimonio, es decir, sin experiencia sexual. Así mismo,
comparando por grado de estudio se pueden mostrar tales asimetrías, ya que
para el caso del hombre el 60% de la población de primer año de secundaria
considera que si debería de llegar virgen al matrimonio, en comparación con el
53.9% del primer año de preparatoria que no está de acuerdo en que el hombre
llegue al matrimonio sin experiencia sexual.

689

�Para el caso de las mujeres sucede una situación similar debido a que el 68% de
la población del primer año de secundaria preferiría que la mujer llegara virgen al
matrimonio, en comparación del 66.7% del tercer año de preparatoria los cuales
consideran que la mujer debería llegar al matrimonio con experiencia sexual.
En datos desagregados por grado de escolaridad se puede mostrar un incremento
en cuanto a la aceptación por parte de la población de estudio, ya que los
porcentajes van en aumento tomando como base el grado escolar , en donde el
38.9% del primer año de secundaria está de acuerdo en que las mujeres se
masturben, el 57.9% del primer año de preparatoria también muestra aceptación
hacia este comportamiento por parte de las mujeres, al igual que el 64% del
segundo año de preparatoria, situación que también prevalece para el caso de los
hombres en donde el 42.4% del tercer año de secundaria, el 69.3% del primer año
de preparatoria y el 77% del segundo año de preparatoria es donde se puede
observar un incremento en cuanto a dicho comportamiento por grado escolar.
En base a la población que ya ha tenido relaciones sexuales los resultados son
muy similares, ya que el 75.3% de educación media considera que el hombre
debe tener experiencia sexual antes del matrimonio, al igual que el 79.8% de
educación media, mientras que para el caso de la mujer, el 55.9% de educación
media considera que debería de llegar virgen al matrimonio en comparación del
51.7% de educación media superior.
Otro comportamiento analizado es el número de compañeras sexuales, ya que de
la población iniciada sexualmente el 28.3% menciona haber tenido 2 compañeras
sexuales, el 27.8%

1

pareja sexual y el 18.9% dice haber tenido 3 parejas

sexuales en el último año, así mismo el 6.1% dice haber tenido 4 compañeras
sexuales y el 5% 5 compañeras sexuales.
Los significados atribuidos a la sexualidad son desarrollados socialmente, en
base a determinada cultura, en donde la mujer debe estar deslindada del placer
erótico, es decir, presentarse como ignorante ante el conocimiento de la práctica
690

�sexual, el cual representa un indicador de la virginidad la cual genera un estatus y
es valorada en determinados contextos,
“requisitos”

ya que si no cumple con estos

puede llegar a ser excluida, es decir, puede poner en riesgo la

posibilidad de contraer matrimonio (Amuchástegui, 2001) basado en un
estereotipo tradicional, es así como al varón se le atribuyen este tipo de
comportamientos, en los cuales en el contexto Mexicano tiende a tener mayor
número de parejas sexuales, inicio de relaciones sexuales a temprana edad y un
porcentaje elevado

no utiliza condón de manera frecuente en las relaciones

sexuales (Campo et al 2006; Piña y Urquidi, 2006; Pulido et al, 2011; Quinceano
et al 2007; Uribe et al 2011).

Sexualidad y uso de métodos anticonceptivos
La sexualidad

es uno de los principales campos mediante el

cual los

adolescentes reafirman su identidad (De Jesús, 2011); mediante la cual se
atribuyen y experimentan determinadas relaciones sexuales, las cuales conllevan
significados, mismos que se ven reflejadas en sus comportamientos y asociados
al contexto en el que viven (Solís y García, 2011).
En este sentido el 51.4% de la población que no ha tenido relaciones sexuales
(N=844) está de acuerdo en que las parejas tengan relaciones sexuales antes del
matrimonio, porcentaje menor en comparación del 76.8% de la población que ya
ha tenido relaciones sexuales los cuales le brindan mayor importancia a este tipo
de comportamiento.
La siguiente grafica muestra una representación de la población ya se ha iniciado
sexualmente en relación a su nivel y grado de escolaridad.

691

�Gráfico 3. Población iniciada sexualmente por nivel
y grado de escolaridad
60
50
40
30
1 Año
2 año

20

3 Año
10
0
Nivel Medio

Nivel Medio Superior

Elaboración propia en base a la encuesta sobre salud reproductiva
de los alumnos de escuelas públicas de educación media y media
superior del Estado de Nuevo León 2013.

Ante esto se cuestionó a la población que menciona haber tenido relaciones
sexuales para saber si es que habían tenido más de una relación sexual; en
donde el

47.5% del tercer año de secundaria, el 56.4% del primer año de

preparatoria y el

66.7% de

los varones de tercer año de preparatoria

mencionaron haber tenido más de una relación sexual, ante los resultados
obtenidos se puede observar un aumento porcentual en cuánto al grado escolar y
la incidencia de haber tenido más de una relación sexual.
Para el grupo poblacional que ya ha tenido relaciones sexuales las edades donde
prevalece una mayor incidencia de haber tenido relaciones sexuales es en el
periodo de los

13 a 15 años, en donde el 13.2% de los varones que han tenido

relaciones sexuales tienen 13 años de edad, el 28.5% tiene 14 años y el 35.6%
en el grupo de 15 años de edad. Así mismo el 60% de los varones que ha tenido
relaciones sexuales tuvieron su primer relación sexual

con su novia, el 27.3%

con su amiga y el 3.1% menciona haber tenido su primer relación sexual con su
vecina.
692

�Expectativa del uso del condón
El uso del condón más allá del conocimiento conlleva un significado, es decir,
existe un dualismo en base al sujeto con el cual se tienen las relaciones sexuales,
ya que se idealizan las condiciones para el uso del mismo, por una parte puede
llegar a presentarse como protección para prevenir alguna enfermedad y/o ITS,
mientras que al tener relación sexuales con una pareja “estable ” se puede llegar a
interpretar como método de planificación familiar (Arias y Rodríguez, 1998), por lo
cual es importante conocer la posible conducta asumida en la población
adolescente.
De la población general el 97.8% menciona que llegaría a usar condón al tener
una relación sexual. Por otro lado, el 96.6% de la población que no ha tenido
relaciones sexuales menciona que si llegaría a utilizar el condón al tener una
relación sexual, ante esto los datos muestran que

casi la

totalidad

de la

población que no ha tenido relaciones sexuales llegaría a usar condón al tener una
relación sexual; empero a esta situación y ante la expectativa del uso del condón
en los varones que no han tenido relaciones sexuales los datos muestran otros
resultados ya que el 37.5% del primer año de secundaria menciona que siempre
llegaría a usar condón al tener relaciones sexuales con su novia, en comparación
con el

70% del segundo año de preparatoria que menciona que siempre lo

llegaría a utilizar al tener relaciones sexuales con su novia, el 52% del tercer año
de secundaria menciona que solo algunas veces llegarían a utilizar condón al
tener relaciones sexuales con su esposa o compañera, el 44% del segundo año
de preparatoria menciona que nunca usaría condón al tener relaciones sexuales
con su prometida; para la situación de tener relaciones

sexuales

desconocida el 82.6% del primer año de preparatoria menciona

con una

que siempre

utilizaría condón al tener relaciones sexuales con una desconocida, así mismo el
71.3% del primer año de preparatoria mencionan que siempre llegaría a usar
condón al tener relaciones sexuales con una amiga y el 33.3% del segundo año

693

�de preparatoria menciona que nunca utilizaría condón al tener una relación sexual
con una prostituta.
En comparación con los varones que si han tendido relaciones sexuales, el 98.9%
de la población que ya ha tenido relaciones sexuales menciona que si utilizarían
el condón al tener una relación sexual, sin embargo, el 100% de los adolescentes
de primer año de secundaria que ya tuvieron relaciones sexuales afirmó que
nunca

llegaría

30.8%

de

a usar condón al tener relaciones sexuales con su novia, el

los varones de primer año de preparatoria mencionan que nunca

usarían condón

con su prometida, así mismo el 100% de segundo de

preparatoria siempre llegaría a usar condón al tener relaciones sexuales con una
amiga. Para el caso de tener relaciones sexuales se muestra un aumento por
grado escolar, ya que el 100% de los estudiantes de primer año de secundaria
mencionan que no usaría condón con su vecina, mientras que el 70.7% del primer
año de preparatoria esperaría usar condón con su vecina, es así que en el
contexto de los encuentros ocasionales, el condón es visto como un protector de
enfermedades o ITS, así mismo, el porcentaje puede variar dependiendo de la
concepción que se tiene en base al sujeto de estudio y la percepción que él mismo
tenga, ya que para algunos sujetos el uso del condón en una relación de pareja
estable puede llegar a significar un método de planificación familiar, es así, que
con determinados sujetos la percepción al riesgo es mayor, por lo cual el uso del
condón en las relaciones sexuales lo hacen u optan por protegerse de dicho
riesgo y/o contagio.
Población iniciada sexualmente ¿Por qué no utilizaron condón?
Los adolescentes varones que han tendido relaciones sexuales mencionan que la
razón principal por la que no utilizaron un método anticonceptivo la primera vez
es que porque el 41.7% no planeaba tener relaciones sexuales, 11.5% no sabía
donde conseguir métodos anticonceptivos y el 9.4% no está de acuerdo en usar
métodos anticonceptivos.

694

�Así mismo el 50% de los varones de primer año de secundaria no sabía donde
conseguir los métodos anticonceptivos y el 46.9% de primer año de preparatoria
no tenía planeado tener relaciones sexuales, en donde la “espontaneidad” del
evento es un factor para las relaciones sexuales desprotegidas, tal como sucede
en otros contextos.

Otro comportamiento que se ve ligado a este tipo de

conductas es el ideal que se tiene torno a la pareja, ya que el 50% de segundo
año de secundaria que ya había tenido relaciones sexuales menciona que no
utilizó un método anticonceptivo en su primera relación sexual debido a que
confía en su pareja y el 50% del mismo grado considera que su pareja se
encuentra sana, por lo cual no ve la necesidad de protegerse.
En cambio tomando como base la última relación sexual para los adolescentes
varones ya iniciados sexualmente, existe una interrogante en saber porque no
utilizaron algún método anticonceptivo; por lo cual las razones principales por las
que la población adolescente

no utilizaron el condón fueron debido a que el

100% de tercer año de preparatoria argumentaba que “no se siente igual”; el
35.7% del tercer año de secundaria mencionó que no utilizó condón “porque no
quiso”, así mismo el 33.3% de segundo año de preparatoria consideró que “no era
importante utilizarlo” ya que se encuentran en una relación estable y el 7.7.% del
tercer año de secundaria menciona que no utilizaron métodos anticonceptivos ya
que deseaban que su pareja quedará embarazada.
Por lo cual el uso del condón va a depender del valor y significado que le brinden
a la mujer, la cual se puede ligar como una figura de riesgo, es decir, con la cual
se tiende a utilizar métodos anticonceptivos por temor a alguna enfermedad/ITS ó
donde la mujer es estereotipada como el ideal de pareja, la cual se deslinda del
uso de métodos anticonceptivos, exentando la percepción del riesgo de contagio
de alguna ITS o embarazo no deseado, ya que en algunas ocasiones lo que se
desea es la reproducción para fortalecer la relación (De Jesús y Menkes, 2014,
Stern et al 2003).

695

�Expectativas de vida en pareja
Al hablar de expectativas de vida se hace referencia en base a lo que los
adolescentes varones preferirían antes de llegar a la unión en pareja, es decir,
constituye los roles y/o acciones

que probablemente realice una persona en

donde los resultados que se podrían llegar a presentar abarcan desde una
comportamiento tradicional hasta un comportamiento moderno, dependiendo de
los sujetos de análisis.
En base a las expectativas de vida en pareja de los individuos de la población
general los resultados obtenidos muestran que el 60.6% de los adolescentes
varones preferiría una

novia con quien casarse, el 17.1% preferiría casarse

después de haber tenido muchas experiencias amorosas y el 11.8% preferiría
tener puras amigas cariñosas (relaciones sin compromiso o “frees”).
Tal como la muestra la siguiente grafica en torno al ideal de la vida de pareja

Gráfico 4. Expectativas en torno a la vida en pareja
70
60
50
40
30
20
10
0

Novia con quien casarse

Casarse despues de haber
tenido muchas experiencias
amorosas
Amigas Cariñosas "Fress"

Población General Población que no ha Población iniciada
tenido relaciones
sexualmente
sexuales
Elaboración propia en base a la encuesta sobre salud reproductiva de los
alumnos de escuelas públicas de educación media y media superior del
Estado de Nuevo León 2013.

Para el grupo poblacional que no ha tenido relaciones sexuales se muestra que el
61.4% preferiría una novia con quien casarse, el 16.9% casarse con alguien
después de haber tenido muchas experiencias amorosas, 12% tener puras amigas
696

�cariñosas (relaciones sin compromiso o “frees”), así mismo

los resultados

revelados para el grupo de adolescentes que ya ha tenido relaciones sexuales
son muy similares, ya que el 58.4% preferiría una novia con quien casarse, el
17.7% casarse con alguien después de haber tenido muchas experiencias
amorosas y el 11.3% puras amigas cariñosas (relaciones sin compromiso o
“frees”), ante esto se puede constatar que no existe una elevada diferencia
porcentual en cuanto al ideal de pareja de la población que no ha tenido
relaciones sexuales en comparación de los que ya se iniciaron sexualmente, pero
desagregando los datos por grado de estudios se puede apreciar que el 23% de
los estudiantes de segundo año de preparatoria

que han tenido relaciones

sexuales preferiría casarse con alguien después de haber tenido muchas
experiencias amorosas, el 12.9% de los alumnos de tercer año de secundaria
preferiría tener puras amigas cariñosas (relaciones sin compromiso o “frees”), en
comparación del 100% de los de primero de secundaria que prefieren una novia
con quien casarse, por lo cual los datos son muy variables en base al nivel de
escolaridad y grado de estudio.
Así mismo se cuestionó sobre el tipo de vida en pareja con la que estaban más
de acuerdo en donde el 54% de la población general mencionó que la forma de
vida “ideal” debería de ser el matrimonio por la iglesia y el civil, el 23.3% el
matrimonio solo por la iglesia, el 11.8% el matrimonio por el civil y el 8.1% unión
libre, mientras que un 2.3% menciono que cada quien debería de vivir en su casa.
De la población que menciona no haber tenido relaciones sexuales el 56.2%
menciona que preferiría casare por la iglesia y el civil, en comparación del 48.3%
de los varones que ya tuvieron relaciones sexuales, así mismo de los varones que
no han tenido relaciones sexuales el 24% preferiría casarse solo por la iglesia en
comparación del 22.6% de los ya iniciados sexualmente, ante esto el 11.9% de
los varones que han tenido relaciones sexuales preferiría vivir en unión libre
mientras que solo el 6.7% de los no iniciados preferiría ésta forma de vida.

697

�Dichos datos se corroboran al mostrarlos por grado de estudio, ya que el 22.7%
de los varones iniciados sexualmente de segundo año de secundaria preferiría el
matrimonio por la iglesia y el civil, en comparación con el 65.6% del segundo año
de preparatoria no han tenido relaciones sexuales, así mismo el 44.% de los
varones que ya han tenido relaciones sexuales de tercer año de preparatoria
preferiría

la vida en unión libre, mientras que el 66.7% del tercer año de

preparatoria que no ha tenido relacione sexuales preferiría casarse por la iglesia y
el civil, es así que se puede percatar de un ideal más tradicional en cuanto a la
forma de vida en pareja por parte de la población que no ha tenido relaciones
sexuales.
CONCLUSIONES
Los resultados analizados muestran que aún persisten comportamientos
patriarcales en la población adolescente, ya que prevalecen conductas, prácticas
sociales, creencias y expectativas tradicionales en base a la sexualidad.
En cuanto el uso o no de métodos anticonceptivos es que existe una asimetría
primeramente en cuanto el uso
encuestas

de métodos anticonceptivos, ya que diversas

revelan un porcentaje elevado de conocimiento de métodos

anticonceptivos, sin embargo la tasa de ITS sigue ascendiendo, lo cual se ve
ligado a una expectativa generada en el modelo masculino en torno a la mujer, ya
que primeramente el hombre debería tener experiencia sexual antes del
matrimonio para saber “qué hacer con su pareja”, mientras que la mujer no debe
ser vinculada al placer erótico y debe presentarse como ignorante ante esta
actividad o placer sexual; basado en un discurso dominante, la sexualidad
masculina es percibida como una exigencia de satisfacción y constituyendo a la
mujer como objeto de este proceso, así mismo la virginidad en la mujer desde la
perspectiva de los varones genera una gran importancia como un elemento de
estatus social (Amuchástegui, 2001).

698

�En base al análisis de los resultados se muestra que el 60.6% de para los varones
que no han tenido relaciones sexuales preferirían una mujer virgen, en
comparación del 52.9% de los

varones que ya se iniciaron sexualmente y

preferirían que la mujer fuera virgen.
En cuanto

al conocimiento y uso de métodos anticonceptivos el 65.7% de la

población total menciona no conocer los condones, así mismo de la población que
ya tuvo relaciones sexuales se muestra que el 64.8% de esta población no conoce
el condón, donde el nivel medio superior obtuvo mayor desconocimiento que el
nivel medio,

así mismo

el 77.8%

menciona haber recibido una clase de

educación sexual, dato que no se ve reflejado en el conocimiento de los métodos
anticonceptivos; ante esto, se muestra que la información sobre educación sexual
en su mayoría es brindada por profesores y no por profesionales de salud pública,
de los cuales el 40.8% de los adolescentes menciona obtener la información por
medio de internet.
Otro comportamiento que se analizó fue la importancia de las relaciones sexuales
premaritales en donde el 76% de la población ya iniciada sexualmente mostró
mayor aceptación en comparación con los que no han tenido relaciones sexuales,
así mismo para los adolescentes que ya han tendido relaciones sexuales se pudo
apreciar que el uso de condón en las relaciones sexuales tiende a variar de
acuerdo al sujeto con el que se esperaría llegar a tener sexo, ya que el grado
escolar es un variable importante debido a que en algunos casos ha mayor grado
de estudios se mostró una

mayor percepción de riesgo en cuanto al sujeto

sexuado, ante esto, es que siguen prevaleciendo imágenes en torno a la mujer
como ideal tradicional o figura de contagio de alguna enfermedad, sin embargo,
un factor que cobra relevancia es la espontaneidad de los eventos sexuales, ya
que el 41.7% de la población

ya iniciada mencionó que no planeaba tener

relaciones sexuales.
En base a las expectativas de vida los datos fueron muy similares al comparar la
población ya iniciada y la que no ha tenido relaciones sexuales, ya que más del
699

�58% para ambos casos preferiría una novia con quien casarse, pero fueron los
varones ya iniciados sexualmente los que mostraron un porcentaje mayor en
cuanto a la expectativa de casarse después de haber tenido muchas experiencias
amorosas.
Éstas expectativas se ven ligadas a un proceso cultural en donde se puede
identificar un modelo hegemónico

de masculinidad;

en el cuál el deber ser

hombre implica un rol socialmente construido influyendo en su comportamiento
sexual, mediante atributos, valores, funciones y conductas,

entre las cuáles

prevalecen ser un sujeto hipersexual, tener múltiples parejas sexuales y practicas
ligadas a correr riesgos.
Es así, que los hombres tienen roles sociales y culturalmente construidos en torno
a la sexualidad (Gutmann, 2000), ante esto, la inestabilidad masculina y el deseo
de demostrar y afirmar ser hombre es que hace que se genere una presión social
por tener relaciones sexuales (Seidler, 1995), por lo cual, la búsqueda sexual no
solo se convierte en una cuestión de placer, sino de confirmar la masculinidad
(Horowitz y Kaufman, 1989).
Ante el documento expuesto anteriormente es que surge las propuestas de llegar
a generar políticas y programas enfocados a la intervención con varones, debido
a que uno de los ejes centrales es garantizar la igualdad de género, asociado a la
participación de dicha población, así como la inclusión del hombre en la
participación de procesos y/o programas que garanticen su bienestar social.
Así mismo se deberían generar estrategias en base a las normativas antes
mencionadas debido a que hacen falta campañas de prevención y atención en
materia de salud sexual y reproductiva que permitan garantizar dicha cobertura
en el caso de los varones, así como centros de atención, por lo cual este
documento queda a contemplar la formulación de una política más equitativa.

700

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706

�PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÌSICA Y SALUD: “ADULTO MAYOR EN
MOVIMIENTO (AMEM)
Rosa María Cruz Castruita14

RESUMEN

Introducción: Actualmente es ampliamente reconocido el rol que juegan la
actividad física y el ejercicio en la promoción de la salud y reducir el declive
funcional que acompaña al envejecimiento.

Objetivo: describir un programa piloto de actividad física para mejorar las
capacidades físicas y psicológicas de los adultos mayores.

Material y Métodos: el programa de actividad física tuvo una duración de tres
meses con sesiones de 50 minutos dos veces a la semana. Cada sesión se
enfocó a desarrollar una capacidad física (fuerza, resistencia, flexibilidad y
velocidad), divididas en tres partes (calentamiento, parte principal y vuelta a la
calma), se desarrolló una dinámica de juego y se asignó una temática a cada
sesión. Al final de la sesión se proporcionó un refrigerio a los participantes. Las
sesiones fueron implementadas por estudiantes de Licenciatura en Ciencias del
Ejercicio. Al inicio y final del programa se realizó una valoración del estado de
salud de cada participante mediante las siguientes escalas: ansiedad y depresión
Goldberg, actividades de la vida diaria, marcha y equilibrio, así como: peso, talla,
IMC, glucosa capilar y presión arterial. El muestreo fue no aleatorio por
conveniencia. El tamaño de la muestra fue de 28 adultos mayores, ambos sexos.

14

Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León, castruita_81@hotmail.com

707

�Resultados: de los 28 participantes 24 (85.7%) fueron mujeres. La edad promedio
fue de 76.29 años (rango 63-89). Un 67.9% de los participantes realiza actividad
física. La principal actividad reportada fue el taichí 11 (39.3%). La mayoría de los
adultos mayores se clasificó en obesidad (50%).

Conclusiones: El programa de actividad física AMEM puede servir como guía
para capacitar y aplicar programas de actividad física en la comunidad con mayor
impacto, ayudando a mejorar el nivel de AF y salud de los AM.

Palabras clave: adulto mayor, actividad física, salud, envejecimiento y capacidad
física.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se reconoce que la población está envejeciendo y esto puede
tener un impacto significativo a nivel económico y social (McNaughton, Crawford,
Ball &amp; Salmon, 2012). Se calcula que en el planeta viven 600 millones de personas
mayores de 60 años y se proyecta que para el año 2025 se duplicará y en el 2050
ascenderá a 2000 millones de personas de la tercera edad. En México se estima
un incremento de 50.6% en la población de adultos mayores (AM) entre el año
2000 y 2050. Para Nuevo León se espera en el año 2030 un ascenso del 15.7%
de AM con una tasa de dependencia que superará la media nacional (Ceballos,
2012; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011, 2013; Porras-Juárez,
Grajales-Alonso,
Shamah-Levy,

Hernández-Cruz,
Cuevas-Nasu,

Alonso-Castillo

Mundo-Rosas,

&amp;

Tenahua-Quitl,

Morales-Ruàn,

2010;

Cervantes-

Turrubiates &amp; Villalpando-Hernández, 2008).

El incremento de la esperanza de vida es un indicador de mejoría del estado de
salud, pero se relaciona en edades mayores con tasas elevadas de enfermedades
crónicas y degenerativas e incapacidad que afectan la calidad de vida (Araùjo,
708

�Pereira &amp; Martin, 2009; Shamah-Levy, et al., 2008). En el ámbito nacional las
estadísticas reflejan que en el grupo de 60 a 69 años de edad un 23.6 % de los
hombres y un 43.7 % de las mujeres presentan obesidad y más de una cuarta
parte (26.9%) algún grado de discapacidad. La osteoporosis afecta la vida activa
de más de la mitad de las mujeres de 50 años de edad y de los hombres de 70 y
más años (Bartl &amp; Frisch, 2009; Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2012;
Ortìz-Hernández &amp; Ramos-Ibáñez, 2010).

En el área de la promoción de la salud, los estilos de vida juegan un papel crucial
como estrategias para promover y mejorar la salud de la población de todas las
edades (Javanainen-Levonen, Rintala &amp; Poskiparta, 2007). Se estima que un 80%
de los problemas de salud asociados al envejecimiento y enfermedades crónicas
pueden prevenirse o posponerse en el nivel primario de atención a través de
cambios en los estilos de vida implementados en el grupo de 55 a 65 años
(Rosenkranz, Duncan, Rosenkranz &amp; Kolt, 2013; McNaughton, et al., 2012).

La actividad física (AF) es uno de los estilos de vida más importantes para los
adultos mayores por los múltiples beneficios a nivel físico, psicológico y social
(American College of Sports Medicine, 2010; Chaudhury &amp; Shelton, 2010; MorenoMurcia, Huéscar &amp; Cervelló, 2012). A pesar del impacto positivo que la AF tiene
sobre la salud, los datos indican que declina con la edad. Los resultados de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ([ENSANUT], 2012) de acuerdo a la
clasificación

de

la

Organización

Mundial

de

la

Salud,

muestran

que

aproximadamente el 81.8% de las actividades reportadas por los adultos mayores
durante el día son sedentarias e inactivas (dormir, estar sentado frente a una
pantalla, transporte inactivo). Estos datos son importantes si se considera el poco
tiempo dedicado a actividades físicas moderadas o vigorosas y el excesivo tiempo
de actividades sedentarias, lo que sugiere una considerable contribución de la
inactividad física al aumento de la prevalencia de obesidad y enfermedades
crónicas observado en México en los últimos años (INSP, 2012).
709

�El arraigar un estilo de vida activo y mantenerlo durante la vida es complejo por los
múltiples factores involucrados en dicha conducta, entre estos factores se
encuentra el social, económico y las facetas culturales de la sociedad. Existe
evidencie que demuestra que los procesos a lo largo de la vida, como cambios en
la situación laboral, tienen implicaciones en la práctica de AF (Berger, Der, Mutrie
&amp; Hannah, 2005; Chaudhury &amp; Shelton, 2010).

La evidencia revisada hasta este momento con el propósito de implementar
programas de intervención para mejorar la actividad física en la población AM
concluye que impartir clases de actividad física guiadas por maestros y con
recordatorios de asistir a la sesión vía telefónica o cara a cara permite incrementar
los niveles de actividad física y el nivel de autonomía, incluyendo la participación
en ejercicio de fuerza, actividad física vigorosa y caminata, así como una
reducción en el tiempo gastado en actividades sedentarias al final de la
intervención, pero el seguimiento posterior a las intervenciones muestra un
descenso en los niveles de AF (Burke et al.,2012; Guimarâes, Quintâo, Marques,
Ali &amp; Martin, 2008; Sherrington et al., 2012 Valerio, Vilela, da Silva &amp; Ramos,
20012). Así mismo, las investigaciones sobre el impacto de las conductas
sedentarias en la salud y factores de riesgo para enfermedades, se han expandido
rápidamente comparados con los estudios enfocados sobre la influencia de la AF y
el tiempo que gasta el adulto mayor en dicha conducta para obtener resultados de
salud deseados (Rosenkranz et al., 2013; Vidarte, Vèlez, Sandoval &amp; Alfonso,
2011).

Los resultados de las investigaciones ponen de manifiesto que la AF es una
herramienta primordial para promover la salud y prevenir o tratar enfermedades
físicas y mentales (Persson, Brosson, Hansson, Troein &amp; Strandberg, 2013). Por
tanto el propósito del presente estudio es describir un programa piloto de AF para
mejorar las capacidades físicas y psicológicas de los adultos mayores adscritos a

710

�una institución pública y explorar los resultados preliminares de las características
de la muestra.

Materiales y métodos

Diseño del estudio

El estudio consiste en describir las características del programa piloto de actividad
física AMEM y explorar los resultados preliminares de las cualidades de la muestra
de adultos mayores que formaron parte del estudio piloto. En un futuro se
pretende aplicar el programa como parte de un estudio experimental.

Población, muestreo y muestra

Para la prueba piloto del programa AMEM se llevó a cabo un estudio de tipo
preexperimental en el DIF No. 2, durante 3 meses, con dos mediciones pretest y
postest (Burns &amp; Grove, 2004; Garcìa, 2009).
La población de interés para el estudio se constituyó por adultos mayores de 59
años, de ambos sexos, aparentemente sanos. El tamaño de la muestra de 28
adultos mayores se determinó usando el muestreo por conveniencia, tomando
como marco muestral el total de adultos mayores que asisten al DIF No. 2.

Procedimiento para el Diseño del programa de actividad física y salud
“Adulto mayor en movimiento (AMEM)”

El procedimiento para el diseño del programa AMEM se realizó en cuatro etapas.

En la primera etapa: se realizó una revisión detalla del contenido temático del
programa “Directrices metodológicas y beneficios de la práctica de actividad física
en población adulto mayor” para realizar la estructura de las sesiones de actividad
711

�física. Después se seleccionaron los ejercicios y capacidades a desarrollar en el
programa de actividad física. Quedando de esta manera el primer bosquejo del
plan clase, lineamientos de la sesión de actividad fisca y ejercicios a implementar
de acuerdo a los objetivos de la sesión (desarrollar las capacidades de fuerza,
resistencia, flexibilidad y velocidad).

En la segunda etapa se valoraron las características demográficas y estado de
salud de una población similar a la población blanco del programa de actividad
física para ajustar los ejercicios de acuerdo a las características, necesidades y
capacidades de los adultos mayores. Además se consultó a expertos en el área
del entrenamiento deportivo, salud y actividad física para el adulto mayor. Con
base en lo anterior se realizaron modificaciones en el plan clase de las sesiones
de actividad física del programa AMEM.

Durante la tercera etapa se llevó a cabo la selección y entrenamiento de los
maestro encargados de implementar las sesiones de actividad física en la prueba
piloto con el fin de unificar el protocolo de intervención y realizar modificaciones.
Además se llevaron a cabo ensayos en las instalaciones de una universidad
pública de cada una de las sesiones de actividad física previa implementación en
la prueba piloto.

En la cuarta y última etapa se llevó a cabo una prueba piloto con 28 adultos
mayores de ambos sexos, que asisten a un centro comunitario del DIF el cual no
será considerado para la selección de la muestra en el estudio de intervención. El
objetivo de la prueba piloto fue determinar si los ejercicios seleccionados en cada
una de las sesiones son apropiadas para los adultos mayores, se dirigen a
desarrollar las capacidades de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, se
adaptan a las condiciones de espacio de los centros del DIF, fomentan la
participación y son agradables para los mayores de 60 años.

712

�Proceso de implementación del programa AMEM

Previo al inicio del programa se llevó a cabo una bienvenida como preámbulo al
programa para invitar a participar a los AM y dar a conocer el calendario de fechas
y horario de las sesiones. El programa se implementó de marzo a mayo del 2014,
a través de sesiones de actividad física de moderada intensidad, con una duración
de 100 minutos a la semana (sesiones de cincuenta minutos dos veces a la
semana) procurando mantener una frecuencia cardiaca de 100 a 120 latidos por
minuto, lo que equivale a realizar ejercicios de baja a moderada intensidad para
este grupo de edad. Cada sesión se enfocó a desarrollar una capacidad física de
fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, a través de juegos y ejercicios
programados de acuerdo a las recomendaciones mundiales sobre la actividad
física para la salud (OMS, 2014). Las sesiones se dividen en tres partes: 10
minutos de calentamiento (general y específico), 30 minutos de parte principal (la
mayoría de los ejercicios se enfocaron a desarrollarla capacidad asignada, pero
sin dejar de lado otras capacidades) y 10 minutos de vuelta a la calma. Durante la
sesión de actividad física se implementó una dinámica de juego, ubicada al inicio,
intermedio o final de la sesión dependiendo de las características y aplicabilidad
de la misma, además se asignó una temática a cada sesión de acuerdo a los
gustos de los adultos mayores (pregunta realizada durante la valoración del
estado de salud). La música en cada sesión fue seleccionada acorde a la
temática. Al final de cada sesión se destinaron 15 minutos para un refrigerio
saludable y la convivencia de los maestros y adultos mayores. Posterior a la última
sesión programada se realizó una clausura para cerrar las actividades del
programa y entregar las constancias de participación.

Personal encargado de implementar el programa de actividad física

Las sesiones de actividad física fueron implementadas por equipos de 5 a 7
estudiantes de 4to. Semestre de la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio de la
713

�Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
que cursaban la unidad de aprendizaje de Actividad Física y Salud para el Adulto
Mayor. Cada miembro del equipo tenía asignadas sus actividades y tiempo de
participación frente al grupo, las cuales fueron distribuidas e implementadas
previamente durante el ensayo en clase. En cada sesión de actividad física los
estudiantes fueron supervisados por una Doctora en Ciencias de Enfermería
responsable de la unidad de aprendizaje. Así mismo, se contaba con un botiquín
para brindar primeros auxilios en caso de presentar alguna complicación durante
la sesión de actividad física. No se presentó tal situación.

Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión a tomar en cuentan fueron: adultos mayores orientados
en tiempo, espacio, corroborado por preguntas simples que se incluyen en el
cuestionario de Pfeiffer, que pueden hablar y escuchar con claridad y que
aceptaron participar y responder a los cuestionarios que se aplicaron para la
valoración del estado de salud y necesidades del adulto mayor previo a la
elaboración del programa de actividad física y que refirieron no tener
contraindicado realizar actividad física por un médico.

Técnicas e instrumentos de recolección de Datos

Para llevar a cabo el estudio se gestionó la autorización de la encarga del DIF
para tener acceso a las instalaciones, invitar a los adultos a participar, solicitar un
aula para aplicar los cuestionarios y el espacio para implementar el programa.
Los datos de la valoración del estado de salud y sus necesidades fueron
recolectados en una ocasión a través de entrevista directa con el adulto mayor,
utilizando cuatro cuestionarios de lápiz y papel y una cedula de datos de
identificación. Asimismo se realizaron mediciones de peso, talla, IMC, frecuencia

714

�cardiaca y respiratoria, presión arterial, glucosa capilar y valoración de la marcha y
equilibrio.

En la primera visita se explicó a los adultos mayores la investigación a realizar y
se aplicó cuestionario de Pfeiffer para realizar la valoración del estado cognitivo
del adulto mayor. A quienes cumplían con los criterios de inclusión y firmaron el
consentimiento informado se les invitaba a asistir a la bienvenida del programa de
actividad física para valorar el estado de salud.

Instrumentos

La escala de marcha y equilibrio TINETTI tiene como propósito detectar el riesgo
de caídas en ancianos. La escala está dividida en subescala de marcha y
subescala de equilibrio. En la subescala de marcha se evalúa la iniciación de la
marcha, la longitud y altura del paso, la simetría del paso, la fluidez del paso, la
trayectoria, el tronco y postura al caminar. El puntaje máximo total que se puede
obtener es de 12 puntos. La subescala de equilibrio evalúa el equilibrio del adulto
en bipedestación con los ojos abiertos, el equilibrio con los ojos cerrados, al dar
una vuelta de 360º y al sentarse. El puntaje máximo que se puede obtener es de
16 puntos. El puntaje total de las dos subescalas es de 28. A mayor puntuación
menor riesgo de caídas.

Para medir el estado de salud nutricional se utilizó el Nutritional Screening
Initiative. El cuestionario tiene como propósito detectar el riesgo de malnutrición en
adultos mayores. Es autoadministrado y consta de 10 preguntas con respuesta
dicotómica Sì y No. Cada respuesta tiene un valor numérico que puede oscilar
entre 0 y 3, dependiendo del reactivo. El valor obtenido se puede clasificar en tres
categorías: bueno, riesgo nutricional moderado y riesgo nutricional alto.

715

�Para medir el grado de dependencia del adulto mayor se utilizó el índice de
Barthel –Escala de actividades de la vida diaria. La escala valora las actividades
de la vida diaria de lavarse-baño, arreglarse-aseo, vestirse, comer, usar el retrete,
trasladarse, deambular, escalones, micción y deposiciones. La máxima puntuación
que se puede obtener son 100 puntos (90 en caso de sillas de ruedas). El puntaje
obtenido se clasifica dentro de cuatro categorías: dependencia total &lt;20,
dependencia grave 20-35, dependencia moderada de 40 a 55 y dependencia leve
&gt;60 puntos. La validación de la escala en español mostró una fiabilidad
interobservador de 0.84 – 0.97 y una consistencia interna de 0.86 -0.92.

Para valorar el área mental se aplicó el cuestionario de PFFEIFER-SPMSQValoración mental área cognitiva. El propósito del cuestionario es valorar el grado
de deterioro cognitivo. El cuestionario consta de 10 ítems, que puntúan cuatro
parámetros: la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la orientación, la
información para hechos cotidianos, y la capacidad de cálculo. Se permite un error
de más si el entrevistado no tiene educación primaria, y un error de menos, si el
entrevistado tiene estudios superiores. Se puntúan los errores. El punto de corte
son 5 o más errores, de 0 a 3 errores es funcionamiento intelectual normal, de 4 a
7 errores es funcionamiento intelectual deficitario y de 8 a 10 errores déficit
intelectual severo. La escala ha sido traducida y validada al español, obteniendo
una sensibilidad que varía, desde el 100% hasta el 68 %. Su especificidad es de
un 90 a un 96%, para un punto de corte de 5.

La escala de ansiedad y depresión de Goldberg es un instrumento para detectar la
ansiedad y depresión. Durante la aplicación de la escala se interroga al adulto
sobre si ha presentado en las últimas dos semanas síntomas a los que hacen
referencia los ítems; no se puntúan los síntomas que duren menos de dos
semanas o que sean de leve intensidad. Cada una de las subescalas se estructura
en 4 ítems iniciales de despistaje para determinar si es o no probable que exista
un trastorno mental, y un segundo grupo de 5 ítems que se formulan sólo si se
716

�obtienen respuestas positivas a las preguntas de despistaje (2 o más en la
subescala de ansiedad, 1 o más en la subescala de depresión). Los puntos de
corte son &gt; 4 para la subescala de ansiedad, y &gt; 2 para la de depresión. El
instrumento

está

diseñado

para

detectar

“probables

casos”,

no

para

diagnosticarlos. La escala global tiene una sensibilidad del 83 % y una
especificidad del 82 % (Generalitat Valenciana Conselleria de Sanitat, 2006).

Para obtener los datos de identificación y los hábitos de actividad física se usó el
Cuestionario sobre estilos de vida y hábitos de vida saludables. El cuestionario
tiene como propósito medir la salud y actividad fìsica de los adultos mayores. El
cuestionario fue desarrollado para población mexicana, las preguntas hacen
referencia a aspectos nutricionales, de educación, renta, historia deportiva y
satisfacción personal, así como a datos personales. El cuestionario se divide en
dos partes, una sobre datos personales y otra sobre información general que
consta de 20 preguntas (Ceballos, 2012).

Análisis de datos

Los resultados de la prueba piloto se analizaron con el paquete estadístico SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) versión 18.0. Se usó estadística
descriptiva para conocer las características demográficas de la muestra (García,
2009).

Consideraciones éticas

La presente investigación se apegó a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo
I, III y V sobre los aspectos éticos de la investigación en seres humanos del
Reglamento de La Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud
(Secretaria de Salubridad y Asistencia, 1987).

717

�Resultados preliminares de los participantes de la prueba piloto
Características demográficas de los adultos mayores

De los 28 participantes 24 (85.7%) fueron mujeres y 4 (14.3%) hombres. La edad
promedio fue de 76.29 años (DE = 7.53, rango 63-89). Predomino el estado civil
de soltero y casado en un 17.9 % (ƒ= 5). La mayoría de los adultos no trabaja
fuera del hogar 17 (60.7%) y el resto labora fuera del hogar 11 (39.3%). De los
adultos mayores que trabajan fuera del hogar la ocupación que predomino fue la
de empleados de tipo administrativo (ƒ= 8, 28.6%). Un mayor número de adultos
mayores cuenta con estudios primarios 10 (35.7%) seguido por estudios
universitarios (ƒ= 8, 28.6%). La mayoría (ƒ= 18, 64.3%) de los AM no viven solos.
Al preguntar con quién vive un 39.3% (ƒ= 11) refirió vivir con un hijo.

Estadística descriptiva de la práctica de actividad física

En la tabla 1 se puede observar que la mayoría de los adultos mayores realizan
actualmente actividad física (ƒ= 19, 67.9%) de manera organizada. El tipo de
actividad física que reportaron practicar la mayoría de los adultos mayores fue
Taichí (ƒ= 11, 39.3%). De aquellos que practicaban actividad física el promedio de
horas dedicadas es de 3 (DE = 1.82, rango 1-4). Al cuestionar a los participantes
sobre el tiempo que dedican a estar sentados se encontró que la mayoría
permanece más de tres horas diarias.

718

�Tabla 1
Descripción de la práctica de actividad física de los adultos mayores
f

%

Sí

19

67.9

No

9

32.1

Variable
Actividad física (n = 28)

Tipo de actividad física (n = 19 )
Natación

2

7.1

Yoga

7

25.0

Taichí

11

39.3

Menos de na hora

22

78.6

Entre una hora

5

17.9

Entre dos y tres horas

1

3.6

Menos de na hora

8

28.6

Entre una hora

2

7.1

Entre dos y tres horas

10

35.7

Más de tres horas

8

28.6

Menos de na hora

5

17.9

Entre una hora

2

7.1

Entre dos y tres horas

8

28.6

Más de tres horas

13

46.4

Tiempo dedicado a caminar

Tiempo dedicado a tareas del hogar

Tiempo dedicado a estar sentado

Nota: n =28

Información sobre patologías
El 64.3 % (ƒ= 18) de los AM refirió tener diagnosticada alguna enfermedad. La
719

�principal enfermedad reportada por los participantes fue hipertensión (ƒ= 4;
14.3 %) seguida por diabetes en un 10.7% (ƒ= 3).

Consumo de alcohol y tabaco

Al preguntar a los participantes sobre sus hábitos se encontró que la mayoría de
los

AM

no

fuma

o

consume

bebidas

alcohólicas

(96.4%

y

85.7%,

respectivamente).

Estadística descriptiva del IMC

En la tabla 2 se puede observar que la mayoría de los AM presenta obesidad.

Tabla 2
Descripción de la clasificación del IMC
Variable

f

%

Peso normal

7

25.0

Sobrepeso

7

25.0

Obesidad

14

50.0

Nota: n = 28

Evaluación del diseño del programa de actividad física AMEM

Con base a los resultados obtenidos de la prueba piloto se revisará el plan de
entrega de la intervención y sus componentes, en esta fase es necesario realizar
una revisión profunda y realizar las modificaciones necesarias. Con el fin de
mejorar el contenido, la presentación del programa y ver lo que funcionó y lo que
no, se realizó una retroalimentación al término de cada una de las sesiones tanto
720

�con los participantes como con los maestros. También se evaluará el material, los
ejercicios, los recursos y las características de la sesión esto con el fin de obtener
información detallada sobre pertinencia del programa. Con base al análisis de esta
fase se integraran los cambios pertinentes al programa de actividad física.

CONCLUSIONES

El envejecimiento acelerado de la población a nivel mundial represente un reto
importante para el sector salud, como resultado de las demandas de una
población envejecida que conllevan a adoptar cambios para mantener la salud,
capacidad funcional y bienestar de los mayores de 60 años. La actividad física es
una conducta saludable que juega un papel crucial como estrategia para promover
y mejorar la salud de los AM y evitar o retrasar la discapacidad que afecta su vida
activa. El programa de actividad física y salud AMEM ofrece una herramienta clave
enfocada a las necesidades de los adultos mayores independientes por las
siguientes razones:

Los resultados de la intervención proporcionarán datos importantes sobre la
factibilidad de llevar a cabo sesiones de actividad física de bajo costo dirigidas a
los adultos mayores para promover e incrementar la actividad física de la
comunidad. El proyecto fue diseñado para evaluar la efectividad de las sesiones
estructuradas con ejercicios específicos para la población AM, con el fin de
fortalecer las capacidades de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad,
incluyendo dinámicas de juego y una temática para cada sesión de acuerdo a los
gustos de los adultos mayores, lo que permitirá incrementar la disposición,
compromiso y el gusto hacia la práctica de actividad física y arraigar la conducta
como un hábito que perdure a lo largo de la vida. Una característica importante del
programa es que los maestros son jóvenes que se están preparando en el área de
la actividad física lo que permite fortalecer el lazo intergeneracional, fomentar en
nuestros jóvenes el respeto, empatía y el valor hacia los adultos mayores.
721

�También permite dar a conocer a los jóvenes la oportunidad de trabajo que en un
futuro no muy lejano representaran los AM y sus necesidades de salud. Este
último punto impactará no solo en la formación de los futuros profesionistas, sino
también a nivel económico en México contando con más personal capacitado para
la atención preventiva de la población mayor de 60 años. Para los adultos
mayores el contar con instructores jóvenes capacitados, fortalecerá su sentimiento
de aceptación y optimismo por la vida.

Los resultados de la prueba piloto permiten concluir que la mayoría de los adultos
mayores que participaron en el estudio realizan actividad física, esto puede
deberse al hecho de que en el DIF imparten una vez a la semana clases de yoga,
acondicionamiento físico y taichí. Esta última actividad fue la que refirieron realizar
con mayor frecuencia. A pesar de presentar un porcentaje alto de actividad física
en la muestra se observa un mayor número de AM clasificados en obesidad, dato
que pone de manifiesto la necesidad de diseñar e implementar clases adecuadas
a las necesidades de los adultos de acuerdo a las recomendaciones de la OMS
(2014) para el grupo de 60 y más con beneficios en el estado de salud a corto,
mediano y largo plazo.

El programa de actividad física AMEM puede servir como guía para capacitar y
aplicar programas de actividad física en la comunidad con mayor impacto, que
minimicen las barreras percibidas por los AM para la práctica de actividad física.

Esta información concuerda con el INSP (2012) que consideran importante
desarrollar y fomentar acciones acordes a las necesidades de los AM orientadas a
fomentar cambios al entorno que promuevan estilos de vida saludables,
aumentando los momentos activos y disminuyendo el tiempo de sedentarismo,
especialmente en los momentos de ocio, pero también como parte de la rutina
diaria. Estas acciones deben incluir el hogar y la comunidad, y deben contar con el
apoyo tanto del Gobierno como de la sociedad civil para aumentar la disponibilidad
722

�de espacios seguros y accesibles haciendo más sencillo que las personas puedan
realizar o incrementar su actividad física.

Recomendaciones

Se recomienda realizar un estudio de intervención en una muestra mayor,
asignada aleatoriamente y en población que realiza y no realiza AF para poder
generalizar los resultados del estudio, además usar una medición objetiva de la
actividad física que permita identificare el nivel de actividad física y discriminar a
los adultos mayores que practican y no practican.

Agradecimientos

La autora agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo
brindado a Consolidación Institucional de Grupos de Investigación.

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726

�INFRAPESO VS. OBESIDAD: DOS DESORDENES ALIMENTICIOS
PRESENTES EN LA CULTURA ALIMENTARIA DE NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DE
EDAD, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA
Lucero Vanessa Valdez Sepúlveda15
Reyna Alicia Arriaga Bueno 16
Martha Arredondo Velázquez17
José Cruz Herrera Ibarra18

RESUMEN

El presente trabajo de investigación es resultado de la tesis de investigación para
alcanzar el grado de Licenciado en Trabajo Social. En ésta se analizó la influencia
de la cultura alimentaria y su vinculación con la presencia de desordenes
alimenticios del infrapeso y la obesidad a temprana edad.
Se consultaron los antecedentes del tema, para posteriormente explicar cuál es la
situación que se vive en la actualidad con respecto a la prevalencia de infrapeso y
obesidad a nivel mundial, nacional y local, así como los intereses personales y
profesionales que motivaron a consultar sobre ambos desordenes alimenticios.
La fundamentación teórica se sustento sobre las variables, cultura alimenticia,
desordenes alimenticios, infrapeso y obesidad, las cuales permitieron conocer más
detalladamente sobre lo que se deseaba investigar.

15

Alumna egresada del nivel de Licenciatura en Trabajo Social, de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Autónoma de Coahuila. lucy_vavase@hotmail.com
16
Catedrático Docente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, y directora
del presente trabajo de investigación. arriagab@hotmail.com
17
Catedrático Docente de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de
Coahuila, y asesora del presente trabajo de investigación. m_arredon@hotmail.com
18
Catedrático Docente de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de
Coahuila, y asesor del presente trabajo de investigación. jche_profe51@hotmail.com

727

�Así como la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, la cual se adoptó
como sustento de investigación.
La metodología mediante la cual se desarrollo la presente investigación tiene un
enfoque cuantitativo en donde se busco realizar un análisis estadístico, en base a
las categorías planteadas, la población con la que se trabajo fueron alumnos de
educación primaria en edad de 8 a 12 años, de la escuela General Eulalio
Gutiérrez Treviño, de la Ciudad de Saltillo, Coahuila.
INTRODUCCIÓN

Antecedentes

Es evidente el papel de la alimentación en la historia de la humanidad e innegable
su función e importancia, sin embargo el concepto ha sufrido variaciones que han
tenido que ver con aspectos históricos, sociales, económicos y culturales
(González, 2012:28).
Curnnie (1987:404) señala que la alimentación es diferente en cada lugar,
sin embargo, la cultura alimentaria tiene un papel importante, ya que se le conoce
como el resultado del comportamiento de los grupos sociales, donde se vinculan
factores económicos, sociales e históricos, debido a que algunas conductas
influyen más que otras y repercuten positiva o negativamente en el nivel de salud
de la persona.
La obesidad es conocida desde la era paleolítica, de manera que es un
error creer que apareció en los siglos XX y XXI, si bien es en esta época cuando
se vuelve un problema de salud pública mundial y se inicia el interés científico por
ella (Villaseñor, 2007:12).
Basilio (2000:191) señala que en la antigua Grecia, Hipócrates reconoció
que las personas que tienen una tendencia natural a la gordura, suelen morir
antes que las delgadas.

728

�La etapa en la que el hombre nómada se alimentaba con los escasos recursos
que la caza, la pesca y la recolección le proporcionaban, representó para la
alimentación de los humanos un época de la lucha por la supervivencia, es
durante esta época donde se tiene conocimiento de los primeros pobladores que
morían por la falta de alimento (Vizmanos, 2007:34).
En la edad moderna 1453 D.C. a 1789 la obesidad se vinculó con la pereza y la
glotonería; se hace hincapié a que la obesidad es una enfermedad que afecta a
toda la sociedad, sin importar el nivel socioeconómico (Bray, 1990:21).
Por su parte Bray (1990:22) señala que en la edad contemporánea es donde
surge la propuesta de la figura delgada como estereotipo ideal del ser humano.

Naturaleza del problema

En 1988 se realizó la primera encuesta de nutrición en México, poniendo en
evidencia el estado nutricional de la mayoría de la población; encontrando
desnutrición aguda, tanto en niños como en mujeres. Otro ejemplo se muestra con
la segunda encuesta nacional de nutrición recabada por el Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP, 1999), donde se descubre una verdadera epidemia de
obesidad en México. Sin embargo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT, 2006) reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban su aumento
en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, con lo que se colocaron
entre los problemas de salud pública más importantes del país. (ENSANUT,
2012:136).
La International Obesity Task Force (IOTF) señala que en el 2009 México
era considerado el segundo lugar a nivel mundial en contar con un gran número
de personas con este padecimiento. Sin embargo en el 2010 el ex presidente de la
República Felipe Calderón Hinojosa manifestó que “México ocupaba el primer
lugar en obesidad infantil, contando con 4 millones y medio de niños entre los 5 y
11 años de edad” (Padilla, 2009:12).

729

�Esta prevalencia, en el ámbito nacional en niños en edad escolar representan
alrededor de 5 664 870 niños con sobrepeso y obesidad.
Los estados del noreste de México se encuentran muy por encima del promedio
nacional, resultados de la ENSANUT (2006), reportan que a nivel nacional el
estado de Coahuila ocupa el primer lugar en obesidad contando con un 10.1% de
niños de 5 a 11 años de edad con obesidad, mientras que el promedio nacional es
de 9.05%.
En la actualidad la obesidad se ha convertido en una epidemia, la cual necesita
ser atendida urgentemente, ya que se está convirtiendo en la principal causa de
muerte en México.
Al hablar de desnutrición, en el contexto nacional se observa una clara y
significativa disminución de las diferentes formas de desnutrición a lo largo de casi
un cuarto de siglo de monitoreo de las encuestas de nutrición.
En el noreste de México los porcentajes de prevalencia de baja talla en los niños
de 5 a 11 años se encuentran relativamente bajos, en comparación con el
promedio nacional.
Datos proporcionados por la ENSANUT (2006) informan que el estado de
Coahuila cuenta un 1.9% de desnutrición, tomando en cuenta que el promedio
nacional es de 9.9%.

Justificación

El infrapeso y la obesidad son dos problemáticas multifactoriales que
corresponden un desafío en materia de salud pública, ya que ambas
enfermedades traen consigo una amplia gama de padecimientos los cuales están
ocasionando el crecimiento acelerado de la tasa de enfermedades crónicas
degenerativas.
Para el trabajo social es importante reforzar estrategias de comunicación y
difusión, para el viraje hacia la prevención y atención, y en este sentido, hacer
énfasis en estilos de vida saludable para mejorar la calidad de vida y prevenir
730

�enfermedades crónicas, es un factor que contribuirá positivamente en la cobertura
y calidad de los programas y servicios de alimentación y nutrición. Lo primordial es
incidir en las nuevas generaciones ya que ellas son los adultos del mañana.

Objetivo general de investigación
Analizar la relación entre la cultura alimentaria y los desordenes alimenticios del
infrapeso y la obesidad, presentes en niños (as) de 8 a 12 años de edad que
cursan la educación primaria en la Escuela General Eulalio Gutiérrez Treviño, de
la ciudad de Saltillo, Coahuila. A fin de proponer alternativas desde el trabajo
social.

Objetivos particulares u operativos
-Identificar a los niños que sufren desordenes alimenticios de la Escuela Primaria
General Eulalio Gutiérrez Treviño, de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

-Conocer la alimentación de los niños que presentan infrapeso u obesidad y la
percepción que éstos tienen de su problema alimenticio.

-Determinar las causas que originan el desorden alimenticio, en base a las
categorías planteadas, cultura alimenticia, desordenes alimenticios, infrapeso y
obesidad

-Comparar las características del infrapeso y la obesidad, desde la cultura
alimenticia, desordenes alimenticios, infrapeso y obesidad.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA


Niñez

La Convención sobre los derechos del niño, en vigor desde el 2 de septiembre de
1990 señala que “se entiende por niño todo ser humano menor a 18 años de edad,
731

�salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría
de edad” (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2005:1)
Según Higashuda (2000:191) la niñez es entendida como la etapa de la
vida que comienza desde el nacimiento y termina en la adolescencia. En esta
etapa es donde se sufren los cambios más notables de los que pasa el ser
humano.


Alimentación

El cuerpo se mantiene con lo que se come, por lo tanto se debe comer de manera
saludable para tener un cuerpo saludable.
Según Pérez (2009:393) comer es una necesidad vital, el qué, cuándo y
con quién comer son aspectos que forman parte de un sistema lleno de
significados, las maneras de vivir y de comer son diferentes lo que da lugar a una
gran diversidad cultural.


Cultura alimentaria

La cultura es aprendida y compartida, las cosas que aprenden los hombres se
deben principalmente a los grupos en que nacen y viven.
La cultura alimentaria se conoce como el resultado del comportamiento de
los grupos sociales, donde se vinculan factores económicos, sociales e históricos
(Calanche, 2009:33).


Desordenes alimenticios

Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP , 2011), define a los desordenes
alimenticios como una enfermedad que causa graves perturbaciones en una dieta
diaria, tales como comer cantidades muy pequeñas o comer en exceso.

732

�

Infrapeso

El infrapeso es estar por debajo del peso ideal, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) lo define de acuerdo a la tabla de Índice de Masa Corporal (IMC), si
el IMC se encuentra por debajo de los 18.5 indica un problema de infrapeso.


Obesidad

La obesidad es una enfermedad, que se caracteriza por un exceso de grasa en el
cuerpo y por el aumento de peso. Esta enfermedad generalmente se inicia en la
infancia y en la adolescencia, es crónica y en su desarrollo, confluyen múltiples
factores (Azcona, 2005:18).


Intervención del trabajo social

El trabajo social debe desarrollar estrategias que promuevan la acumulación
teórico -metodológica, que a mediano y a largo plazo construyan un saber y un
hacer, que establezca con precisión el tipo de especialización desde el cual se
interviene en las situaciones críticas (Kisnerman, 1998:170).
Los profesionistas de trabajo social deben de enfrentar nuevos retos de
nutrición infantil, donde fomenten el consumo de dietas saludables y la ejecución
de actividades físicas, así como promover la adquisición de buenos hábitos
alimenticos los cuales son necesarios

para llevar a cabo

estilos de vida

saludable.
A su vez demanda la elaboración de diseñar programas multidisciplinarios
donde se tenga como objetivo valorar el estado nutricional de la población, de
igual manera debe de promover la creación y el diseño de políticas sociales
enfocadas a erradicar con estas prevalencias.


Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura

Las pautas de comportamiento pueden aprenderse por propia experiencia
(aprendizaje directo) y mediante la observación de la conducta de otras personas
(aprendizaje vicario). Esta teoría considera que la conducta de otras personas
733

�tiene una gran influencia en el aprendizaje, en la formación de constructos y en la
propia conducta.
El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser
humano y determinados por la cultura y valores de la persona, en dicho
comportamiento se aprenden modelos de conductas los cuales se aprenden a
través de la observación.
Se adoptó esta teoría, partiendo de que el comportamiento se aprende por
experiencia propia y mediante la observación de la conducta de otras personas, lo
cual permitió conocer como los patrones de conducta afectan la alimentación de
un niño provocando en él un desorden alimenticio.

METODOLOGÍA

La metodología mediante la cual se desarrollo la presente investigación es de
corte cuantitativo, ya que se buscó recolectar información, para posteriormente
realizar un análisis estadístico de la relación entre las variables que se deseaban
consultar.
Presenta un alcance exploratorio, descriptivo, ya que se exploro como está
el problema en el área de estudio y por medio de los estadísticos se describió
como se presenta.
El diseño del estudio de la investigación es no experimental, no se manipuló
ninguna variable, los resultados se obtuvieron en un contexto natural.
Es de tipo transeccional debido a que se recolectaron los datos en un sólo
momento y por sus características transeccionales es de tipo exploratorio.
La población universo a la cual iba dirigida la investigación fueron
aproximadamente 220 alumnos de 8 a 12 años de edad, los cuales cursan 3°,4°,
5° y 6° grado de primaria.
La población muestra con la que se trabajó fueron 83 niños (as), los cuales
se encuentran cursando la educación primaria en los grados de tercero, cuarto,

734

�quinto y sexto en la Escuela Primaria General Eulalio Gutiérrez Treviño, la cual se
encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila
Los cuales tuvieran las siguientes características:


Alumnos de la Primaria General Eulalio Gutiérrez Treviño.



Niños de 8 a 12 años de edad



Que presenten un peso mayor o menor de acuerdo al
IMC= Peso (Kg)/ Talla 2

Recolección de la información
La recolección de la información se realizó mediante un instrumento de medición,
el cual se les entrego a 83 niños que presentaran características de infrapeso u
obesidad.
El instrumento consistió en un total de 47 preguntas, de la cuales 11 fueron
abiertas, 21 nominales, 5 de intervalo, 1 de razón y 9 de escala likert.
Dicho instrumento tenía como objetivo conocer cómo es la alimentación en
niños de 8 a 12 años para posteriormente analizar la influencia que tiene la cultura
alimentaria en los desordenes alimenticios del infrapeso y la obesidad.

Prueba Piloto
Previamente, antes de la aplicación, se realizó una prueba piloto, para determinar
si el instrumento que se utilizaría para la recolección de la información era el
correcto, esto permitió confirmar la capacidad del instrumento para medir las
variables de estudio.

Validación y confiabilidad
El instrumento se realizó en base los objetivos y preguntas de investigación
planteados, para su validación y confiabilidad se efectúo la aplicación de prueba
piloto, lo que permitió revisar cada una de las variables, así como la información o
resultados importantes que pudieran aportar para el análisis de los mismos.
735

�Procesamiento de la información
Posteriormente la información obtenida de las encuestas aplicadas, se analizó
mediante el paquete estadístico SPSS, versión 15.0. En el cual se capturaron las
encuestas en una base de datos para después analizar los resultados obtenidos a
través de la elaboración de gráficas.

I.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados que se obtuvieron con la investigación indican que de los 83
alumnos encuestados el 49.4% son mujeres y el 50.6% son hombres, con una
frecuencia de 41 niñas y 42 niños lo cual nos indica que fue un estudio que se
aplicó en parte proporcional tanto a hombres como a mujeres, las edades de estos
alumnos tienen una tendencia de 11 años de edad.
En promedio el peso de los niños encuestados se encuentra entre los 23 kg
y los 41 kg, y sus estaturas oscilan entre 1.23 mts. y 1.56 mts. de altura
De acuerdo con los parámetros ya establecidos de medición, se puede
observar en la tabla No.1 que el peso de 64 niños sobre pasa el ideal de acuerdo
a su edad y 19 alumnos son los que se encuentran debajo de su peso ideal. Es
preocupante ya que aunque no padezcan obesidad o alguna delgadez severa, se
encuentran en un rango en el que es importante prestar atención para que en un
futuro no se convierta en una obesidad o infrapeso y resulte un problema de salud.
Tabla No.1
Peso ideal por edades- Frecuencia de infrapeso y obesidad

FRECUENC FRECUEN
IA

DE CIA

NIÑAS CON NIÑAS
INFRAPES

PESO

DE IDEAL

EDA

PES

FRECUENC FRECUENCI

D

O

IA

IDEA

NIÑOS

CON

L

CON

OBESIDAD

NIÑAS

CON

736

DE A DE NIÑOS

�O

OBESIDAD

4

5

1

9

2

4

1

8

2

5

NIÑO

INFRAPES

S

O
2

5

1

4

3

8

2

9

1

7

24.2

8

24.5

kg

Años

kg

26.8

9

27.0

kg

Años

kg

30.4

10

30.0

kg

Años

kg

34.7

11

33.1

kg

Años

kg

40.5

12

36.1

kg

Años

kg

Cultura alimentaria
La cultura alimentaria se conoce como el resultado del comportamiento de los
grupos sociales, vinculado a factores económicos, sociales e históricos (Calanche,
2009:32).
Para conocer cómo es la cultura alimentaria de los niños a los que se
investigó, en el instrumento que se aplicó se tomaron en cuenta los factores que
son necesarios para conocer dicho comportamiento.

A. Familia
La familia es un aspecto importante en la vida de un niño ya que es en esta en
donde convive la mayor parte del tiempo y se le inculcan los valores morales que
le servirán a lo largo de toda su vida.
En el instrumento que se aplicó, se incluyeron algunas preguntas sobre la
familia, los resultados que se obtuvieron indican que el 59% de las familias de los
niños que contestaron dicho instrumento son familias que tienen en promedio de 4
a 5 integrantes.

737

�B. Salud
La salud constituye un proceso de equilibrio en el que interaccionan múltiples
factores, y es definido por la OMS (2004) como el estado de bienestar físico,
psicológico y social del individuo, por tal motivo se les pregunto a los alumnos que
si contaban con algún servicio médico a lo cual 73.5% de los encuestados
contesto que si, ya sea IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, en el cual son atendidos
durante el proceso salud-enfermedad y sólo 66 alumnos que corresponden a
79.6% de los encuestados acuden periódicamente al doctor.

C. Nivel económico
La alimentación y la economía siempre han ido de la mano, debido a que la
mayoría de las veces depende de ella el consumo de ciertos alimentos.
Considerando que las profesiones de los padres de familia es algo
fundamental para conocer el tipo de ingreso que se genera dentro de las familia y,
consecuentemente, es utilizado para cubrir gastos como la alimentación de los
niños, se les cuestionó sobre las profesiones de sus padres, las cuales varían; se
pueden encontrar desde electricistas, contadores, operarios, taxistas, secretarias,
abogados, maestros, entre otros, un dato interesante es que, en su totalidad, los
padres cuentan con algún trabajo; ya sea que genere recursos propios o
contratados por alguna empresa o institución.
El 44.6% de las madres de los alumnos encuestados se desempeñan como
amas de casa y se dedican al cuidado y atención de los hijos y del hogar, además
de encargarse de la alimentación de sus hijos, ya que es quien se encarga de
realizar las compras necesarias de los alimentos que proporciona a su familia.

D. Hábitos alimenticios
Para Vázquez, Cabello y Montemayor (2010:100) la comida desempeña un
importante rol en la cultura, trasciende en la vida personal y contribuye a la
identidad de un colectivo, en el alimento está presente un elemento material pero
también un significado influido por el agente social y el contexto cultural.
738

�El acto de comer ha sido un acto eminentemente social, por lo cual al
cuestionarle a los alumnos sobre cuantas comidas realizaban al día, 50% de ellos
respondió que 3, debido a que sus padres les han inculcado a no saltarse ninguna
comida, sin embargo 13.3% sólo come 2 veces al día; debido a que no les da
hambre por largos periodos o por las mañanas no cuentan con el hábito de
desayunar o almorzar antes de ir a la escuela o realizar otra actividad.
La familia como ámbito de socialización incide en el desarrollo de patrones
culturales y alimentarios de los niños, de ahí que la formación de hábitos
alimentarios también está asociado con la convivencia familiar.
Sólo en el 71.1% de estos hogares, se acostumbra a que todos los
integrantes de la familia se reúnan a comer a la misma hora, mientras que en un
27.7% no lo hacen debido a que no tienen un horario establecido.
Es importante que el ambiente o área ofrezca las condiciones óptimas para
una correcta alimentación, ya que en ocasiones se ven influenciadas por múltiples
factores que alteran o modifican la manera de comer del niño, los alumnos
encuestados respondieron que es en el comedor o en la cocina el lugar donde
generalmente acostumbran a comer (véase Tabla No.2).

Tabla No.2.
Lugar donde consumen alimentos

¿En tu casa en qué lugar consumes tus alimentos?

Frecuencia

Porcentajes

Comedor

48

57.8%

Sala

9

10.8%

Recamara

5

6.0%

Cocina

17

20.5%

Valores Perdidos

4

4.8%

TOTAL

83

100%
739

�El tiempo dedicado a las comidas debe oscilar entre los 20 y 30 minutos, en
sus horarios respectivos, diferenciando las horas de las comidas de otras rutinas
del día, así los niños aprenden a darle su tiempo y espacio a las diferentes
actividades diarias. La comida debe mantenerse como el evento principal, en el
que no se incluyan otras actividades (Alvarado, y otros, S/F:14). Sin embargo no
es así en la práctica, pues de los alumnos entrevistados 47% respondió que les
gusta comer viendo la televisión, lo cual es peligroso ya que es mayor la influencia
de la publicidad, teniendo como objetivo estimular el deseo y la necesidad de
consumir. Véase gráfica No.1 de las principales actividades que realizan los niños
durante la comida.

Gráfica No.1
Actividades que se realizan en conjunto con la comida

Frecuencia

Actividades que se realizan en conjunto con la comida
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Solo comer

Ver Televisión

Conversar

Leer

Valores Perdidos

Actividad

740

�E. Uso del tiempo libre
El hábito de hacer ejercicio es esencial ya que el practicar alguna actividad física
es de gran ayuda para el sano crecimiento del menor, además de llevar una vida
lo menos sedentaria. Las nuevas formas de entretenimiento y distracción en los
menores, han propiciado la inactividad física, en tal sentido se denota que los
alumnos encuestados dedican de 1 a 2 horas a ver la televisión, y de igual manera
el mismo tiempo para estar en internet o jugar videojuegos, con esto se muestra
que los alumnos pasan de 3 a 4 horas sentados, al cuestionarles sobre qué
actividades realizan durante la tarde comentaron que les gusta ver la televisión
pero prefieren hacer otro tipo de actividad como jugar o hacer ejercicio como se
muestra en la gráfica No.2.
Gráfica No.2

Sedentarismo
Actividades que se realizan durante la tarde
Valores
Ver la
Perdidos,
Televisión,
4.80%
13.30%

Hacer
Ejercicio,
31.30%
Jugar, 43.40%

Dormir, 7.20%

El ejercicio regular y vigoroso puede ayudar a un niño a gastar la energía
necesaria para recompensar su consumo diario de alimentos. Es deseable por lo
tanto, que los padres participen, junto con sus hijos, en actividades que propicien
actividad física (Murillo, S/F:2).

741

�F. Medios de comunicación
Los niños se volvieron sedentarios frente a la adquisición de hábitos que no son
los esenciales para una adecuada alimentación, uno de los principales factores es
el uso de videojuegos o a la pantalla de televisión con el agravante de que esta no
ha dejado de bombardearlos con anuncios de comida basura (Duran, 2010: 8).
A pesar de que la mayoría de los alumnos pasan de 1 a 2 horas viendo la
televisión (véase gráfica No.3), se observa que el 62.7% de ellos no compra los
anuncios que se muestran en técnicas publicitarias ya que estas tienen como
finalidad estimular el deseo o apetito de los menores.

Gráfica No.3

Horas frente a la TV

¿Horas diarias frente a la TV?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42
niños

22
niños

5
niños
De 1 a 2
horas

De 2 a 3
horas

De 4 a 5
horas

10
niños

4
niños

Mas de 5
horas

Valores
Perdidos

Desordenes alimenticios

Para conocer el concepto que los niños tenían, los desordenes que identificaban y
conocer más a fondo cómo es su alimentación, se les cuestiono sobre este tema.

742

�A. Definición/Tipos

Durante la edad infantil es mucho más limitada la capacidad para controlar
cambios metabólicos relacionados con la alimentación y la nutrición se les
preguntó a los niños, que si sabían que eran los desordenes alimenticios a lo que
algunos respondieron que son enfermedades que son causadas por comer en
exceso, o que se presentan por una mala alimentación, y un 50.6% conoce
desordenes alimenticios como la obesidad, la desnutrición, la anorexia y bulimia
(véase gráfica No.4).

Gráfica No.4

Desordenes alimenticios que conocen los niños

¿Cuales desordenes alimenticios conocen?
4.80%
3.60%

0% 4.80%

Anorexia
4.80%%

Bulimia
Obesidad
Desnutrición

19.30%

Todos los anteriores
Ninguno

51.60%

Valores Perdidos
12.00%

B. Alimentación
Según Latebun (2008, p.291) la persona que padece algún desorden en su
alimentación basa en la comida una característica significante al que la persona
otorga un significado específico de acuerdo a diversos factores psicológicos y
evolutivos. Se les pregunto a los niños sobre como consideraban su alimentación;
743

�43.4% contestó que buena, mientras que 2.4% considera que tiene una
alimentación mala, como se muestra en la gráfica No.5.

Gráfica No.5
Como consideras tu alimentación
¿Cómo consideras tu alimentación?
Muy Mala,
1.20%
Mala, 2.40%

Valores
Perdidos,
2.40%
Muy Buena,
20.50%

Regular,
30.10%
Buena,
43.40%

De los niños encuestados casi la mitad consideran que tienen una
alimentación buena debido a que consumen los alimentos necesarios para una
buena alimentación, como lo son frutas, verduras, cereales y carne que con
frecuencia acostumbran comer para tener una alimentación balanceada.
Es importante señalar que solo 88% de los hogares de los alumnos
encuestados si se acostumbra a elaborar dentro de casa las tres comidas
principales: desayuno/ almuerzo, comida y cena, y son las madres de familia las
que las realizan, de aquí que su papel en la elaboración de los alimentos se vuelva
fundamental, pues de ellas dependerán en gran medida los hábitos alimenticios
que adquieran sus hijos.

744

�1.1.

Infrapeso

Para identificar el concepto que los niños tenían sobre el infrapeso (delgadez
severa) se les preguntó sobre la desnutrición para que los alumnos se sintieran
más familiarizados con el concepto, de igual manera se les cuestionó sobre si
conocían las causas y consecuencias que trae consigo el padecer dicha
enfermedad.

Definición/Causa/Consecuencias
Al preguntarles a los alumnos sobre cuáles desordenes alimenticios conocían
algunos respondieron que la desnutrición, definiéndola como una enfermedad que
se presenta por no comer adecuadamente y sólo 30 niños, que equivale 36.1% de
los alumnos encuestados, comentan que estar demasiado delgado no es bueno ni
malo, mientras que 32.5% considera que es malo (véase gráfica No.6) y que una
de las principales causas para que se presente una desnutrición se debe a que las
personas no se alimentan con los nutrientes esenciales para una correcta
alimentación, considerando que 77% si conoce las consecuencias que trae
consigo padecer dicho desorden alimenticio.

Gráfica No.6
Percepción de estar demasiado (a) delgado (a)

Estar demasiado (a) delgado es:
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

14.50%
36.10%

32.50%
4.80%
12.00%

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

745

Valores
Perdidos

�1.2.

Obesidad

Para saber el concepto que los niños conocen sobre la obesidad se les cuestionó
sobre si conocían de esta enfermedad, así como las causas y consecuencias que
trae consigo el padecer dicha enfermedad.

Definición/Causa/Consecuencias
Otro de los desordenes alimenticios que los alumnos definieron es el de obesidad
considerándolo como una enfermedad por comer en exceso, 72.3% piensa que el
estar demasiado gordito es muy malo y su gordura se debe principalmente a que
comen en exceso, mientras que solo 83.1% conoce las consecuencias de padecer
dicha enfermedad (véase gráfica No.7).
Gráfica No.7
Consecuencias de la obesidad

¿Conocen las consecuencias de estar
demasiado (a) gordito (a)?

2.40%
Valores
Perdidos

14.50%
NO

SI
NO
83.10%
SI

Valores Perdidos

La investigación permitió realizar un análisis más profundo sobre como es la
alimentación de los niños de 8 a 12 años de edad que presentan infrapeso u
obesidad.
Se pudo rescatar la percepción que los niños tienen sobre su nutrición y algunos
aspectos importantes en base al proceso de su alimentación.

746

�Se conoció como la cultura alimentaria, incluyendo factores sociales, históricos,
económicos y familiares influyen directamente en que se presenten desordenes
alimenticios, causados principalmente por no llevar una alimentación adecuada.

Ya que la mayoría de las veces un proceso tan complejo como es el de la
alimentación, se ve afectado por la adquisición de malos hábitos alimenticios que
se van adquiriendo a lo largo de la vida, provocando desordenes alimenticios,
como lo son el infrapeso y la obesidad.

CONCLUSIONES

En la actualidad la obesidad se ha convertido en una epidemia, siendo la principal
causa de muerte en México, ocupando este país el segundo lugar con mayor
número de personas adultas obesas, y el primero en obesidad infantil.
Los problemas de salud pública derivados de la alimentación inadecuada
ocupan en México, uno de los primeros lugares.
La alimentación es un proceso complejo que trasciende la necesidad
puramente biológica y que se ve influenciado por toda una serie de factores
sociales, culturales, geográficos, religiosos o afectivos, que influyen en el
desarrollo tanto físico como psíquico del individuo.
Por tal motivo se considera que el presente trabajo permite definir que la
cultura alimentaria tiene gran influencia en que se presenten a temprana edad
desordenes alimenticios como el infrapeso y

la obesidad, debido al

comportamiento que tienen los grupos sociales vinculando factores sociales,
económicos, históricos y familiares, relacionados con la alimentación.
El paso del tiempo y las nuevas formas de vida, han sido el resultado de la
modificación de hábitos alimenticios, los cuales en la mayoría de las veces
resultan inapropiados para llevar una vida saludable.

747

�Existen factores importantes que determinan el consumo de un alimento y
la manera de cómo consumirlo. En definitiva, un proceso tan normal y cotidiano
como es el de alimentarse se transforma en un conjunto de procesos que van
mucho más lejos de la finalidad primaria de nutrirse y describen una multiplicidad
de formas de vivir.
A su vez la investigación permitió conocer cómo es la alimentación de los
niños que presentan infrapeso u obesidad y la percepción que ellos tienen sobre
su problema alimenticio, ya que durante la infancia los niños en edad escolar
tienen una necesidad continua de alimentos nutritivos y saludables.
También se pudo determinar cuáles son las causas que originan un
desorden alimenticio, entre las principales causas que generan un desorden en la
alimentación se encontraron los factores socio-ambientales y personales, debido a
que en la actualidad los responsables de la alimentación en el núcleo familiar
buscan productos y técnicas que ahorren tiempo en las preparaciones de los
platos y en la limpieza de la cocina.
Sin embargo con la investigación también se logró conocer las
características

del infrapeso y la obesidad, para posteriormente comparar la

relación entre ambos desordenes, aunque los dos tienen diferentes significados
que van desde el comer en exceso como es el caso de la obesidad, y el infrapeso
se conoce como la pérdida anormal de peso; tienen sus diferentes grados de
complicación pero a su vez tiene una estrecha relación ya que son ocasionados
por una inadecuada alimentación, por la adquisición de estilos de vida
inapropiados lo que impide contar con un estado de salud óptimo.
La teoría que se adoptó para la investigación, es la teoría del aprendizaje
social la cual considera que la conducta de otras personas tiene una gran
influencia en el aprendizaje, en la formación de constructos y en la propia
conducta.
Partiendo de que el comportamiento se aprende por experiencia propia y
mediante la observación de la conducta de otras personas, se permitió conocer
como las formas de actuar en base a la cultura alimentaria en relación a un
748

�determinado grupo social afectan la alimentación de un niño provocando en él un
desorden alimenticio (infrapeso y obesidad). En base a este enfoque encontramos
que las conductas alimentarias de los niños, son reflejo de lo aprendido a través
de su familia, amistades e influencias de los medios de comunicación.

Por tal motivo le compete al trabajo social diseñar estrategias de
intervención

efectivas

encaminadas

al

control

y

prevención

de

estas

enfermedades, donde el interés permanente contribuyan al fomento de una
conciencia crítica y participativa, en donde sean las tareas y los proyectos sociales
los

que

desplieguen

las

herramientas

que

permitan

la

investigación

multidisciplinaria de dicha problemática.

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752

�EJE 5: POBREZA Y DESARROLLO
SOCIAL

753

�MUJERES INDÍGENAS URBANAS Y POBRES: SUBJETIVIDAD EN TORNO A
LOS PROCESOS DE INTERCULTURALIDAD DE LAS MUJERES TÉNEK EN
GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

Estrella Marisol Loera Vázquez1
Raúl Eduardo López Estrada2

RESUMEN
En esta ponencia, derivada una investigación social en vías de realizarse, se
aborda la problemática de mujeres indígenas que viven en polígonos de pobreza
en el área urbana del municipio de Guadalupe N.L. relacionada con su interacción
social, su familia y el área laboral.
Palabras Clave: Mujer indígena, Pobreza, Interculturalidad, Subjetividad.

INTRODUCCIÓN
La discriminación, exclusión y pobreza que se presentan en comunidades
indígenas, sus formas de vida, costumbres y tradiciones son distintas a las
sociedades occidentales, la visión de desarrollo que existe en estas nuevas
sociedades no se ajusta a sus costumbres.
En el ámbito internacional se ha considerado principalmente por parte de
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2007) y la Organización Internacional
1

Candidata a Maestra en Ciencias, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, eloera.vzz@gmail.com

2

Doctor en Antropología, Profesor e investigador, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano,
raul.lopezes@uanl.edu.mx

754

�del Trabajo (OIT, 1989) darles reconocimiento y autonomía en sus formas de
organización, sin embargo en las ciudades se ha manifestado la presencia de
personas indígenas en busca de empleo y oportunidades para sobrevivir, lo cual
deja al descubierto las limitaciones que tienen para subsistir en sus comunidades,
haciendo evidente el abandono en el que se encuentran en sus pueblos de origen.
La nación mexicana presenta un panorama diverso en su población, es un país
heterogéneo en sus culturas en el cual se presentan los pueblos indígenas. De
acuerdo con los datos del Censo 2010, en México viven 6 695 228 personas de 5
años de edad y más, considerada como la Población Hablante de Lengua
Indígena (PHLI), este número significa el 6.8% del total de la población Mexicana;
Actualmente en el país se hablan 89 lenguas autóctonas

y 15.7 millones se

identifican a sí mismos como indígenas independientemente de si hablan alguna
de estas lenguas, este número significa casi el 16% del total de la población
Mexicana. (INEGI, 2010).

18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

PNHLI
PHLI

Hablan lengua
indígena

Se autoidentifican
como indígenas

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2010)
Aunque no es una característica generalizada es recurrente que los autores
relacionen la pobreza con los pueblos indígenas como Ruvalcaba, J. (1998);
Vargas, P. (2011)

y Vega (2000) donde la pobreza interviene en diferentes
755

�factores que afectan sus necesidades básicas. La medición de la pobreza
anteriormente se realizaba de forma unidimensional, en base al ingreso
económico, sin embargo quedaban fuera otros aspectos importantes para su
definición, según CONEVAL (2009) la pobreza, se relaciona a condiciones de vida
que impactan directamente en la persona, en su percepción, limita sus derechos y
libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e
imposibilitan su plena integración social, en esta definición se puede identificar los
diferentes indicadores que influyen en la pobreza no solo económicos por lo que el
CONEVAL (2009) con el apoyo de investigadores y especialistas ofrecen una
forma multidimensional para la medición de la pobreza:

La pobreza multidimensional incluye el análisis de tres espacios necesarios
para el desarrollo de la población: el bienestar económico, los derechos sociales
y el contexto territorial. En este sentido, una persona está en situación de
pobreza multidimensional cuando carece de recursos para conseguir los servicios
y bienes que le permitan cubrir sus necesidades básicas y además tienen
carencias en indicadores como: acceso a servicios de salud, educación,
seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y espacios de la
vivienda.

Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando
carece de uno solo de los indicadores, en base a, si el derecho se satisface o no,
pues no establece términos medios, sin embargo no es lo mismo carecer de uno
de los indicadores que carecer de todos ellos, por lo cual una persona se
encuentra en pobreza multidimensional extrema cuando presentan como mínimo
tres carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del Índice de privación
social (CONEVAL 2009).
Esta definición ha sido aplicada por el INEGI, en el 2013 público estadísticas
referentes a la pobreza multidimensional con datos obtenidos en el censo de
756

�población 2010 en la que destaca que ocho de cada diez personas hablantes de
lengua indígena es pobre multidimensional. “Una persona se encuentra en
situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de
al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son
insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades” (INEGI, 2013).

Es necesario abordar la pobreza desde esta perspectiva derivado de las
características del sujeto de estudio por las condiciones sociales en las que vive,
no solo con limitaciones económicas sino también la falta de acceso a las
necesidades esenciales para el desarrollo personal y familiar, ya que derivado de
estas limitaciones se pueden presentar múltiples problemas sociales respecto a la
forma de vida del sujeto.
En el siguiente gráfico se muestra el total de la PHLI, del total 5.4 millones se
encuentran en situación de pobreza multidimensional, esto significa 79.3% de la
población, el 16.5% es vulnerable por carencia social y solamente el 3.2% tiene un
nivel adecuado de bienestar económico.

Pobreza multidimensional

Vulnerable por carencia social

Nivel adecuado de bienestar

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2013)

757

�Además de las carencias económicas y sociales de esta población, las
condiciones climáticas en el ámbito rural, los avances tecnológicos en los que el
medio rural fue rezagado, provocaron la expulsión de los trabajadores agrícolas de
los medios rurales (López, 2002). Este contexto político, social y económico
impactó en las zonas rurales, la migración de los indígenas hacia la ciudad se
convirtió en una de las pocas opciones para sobrevivir (Granados 2005 citado en
García, D. 2013:2).
La creciente migración de indígenas a las ciudades ha provocado el interés por
conocer la dinámica de los procesos de inserción de las mujeres en el medio
urbano, sus relaciones sociales, de trabajo y las transformaciones familiares.
Autores como: Durin (2009), Kumar, A., J.Cervantes, M. Pineda, y otros (2010) y
Ramírez y López (2000) han escrito sobre los migrantes indígenas en las
ciudades; sin embargo en sus trabajos se indica que los indígenas urbanos no
tienen una definición específica. Por lo tanto, se asume para fines de esta
investigación que el indígena urbano refiere a aquellos que viven en las ciudades
3

y que son producto de la migración del campo a la ciudad.

En los años sesenta la migración indígena a las zonas urbanas de nuestro país se
hizo más intensa debido al empobrecimiento de las tierras de cultivo, falta de
empleo y condiciones precarias de vida; fue a finales de esta década cuando se
intensificó este proceso hacia las ciudades que ofrecían mejores alternativas de
vida. Al mismo tiempo, fue durante este periodo que el norte de México
experimentó está dinámica demográfica que permitió la sobrevivencia de estas
poblaciones (Ramírez y López, 2000). No obstante, según Durin (2008: 26), fue
hasta los años 90 cuando salieron definitivamente a la luz los indígenas en las
ciudades, tanto en México como en Latinoamérica.
3

El termino indígena urbano se ha utilizado en la Conferencia Internacional, (2007) Bruselas, Bélgica Pueblos
Indígenas y Ciudadanía “Los Indígenas Urbanos”; Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas , Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Pueblos indígenas urbanos y migración
(2008) ; Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2009) Indígenas urbanos en América
Latina: algunos resultados censales y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Notas de
población N°86.

758

�Durin (2003) citado en Kumar y otros (2010:2), mencionan que uno de los grandes
problemas de los migrantes se vincula con su adaptación al ámbito urbano,
fundamentalmente por la oculta discriminación existente hacia los grupos étnicos
desde la época colonial cuando eran considerados inferiores. Por consiguiente,
muchos de ellos padecieron una problemática social, psicológica y personal, que
en ocasiones provocó el retorno de algunos de ellos a sus lugares de origen o el
cambio de residencia.
Arizpe (1979) menciona la desventaja que tiene el indígena por su forma de
pensar, debido a que se identificó que el migrante indígena no se incorpora a la
sociedad urbana, la mayoría espera regresar a su comunidad, de esta forma
menciona que “un campesino indígena no sólo está en desventaja en relación con
el campesino mestizo al competir por empleos, sino en doble desventaja con un
joven urbano” (Arizpe, 1979:108).
De ahí que nos encontramos por una parte con migrantes que se integran a una
nueva dimensión de progreso y con sus propios esfuerzos ayudan a construir un
nuevo tipo de sociedad urbana; pero también, la existencia de otra realidad de los
que no corren con la misma suerte y pasan de la miseria del campo a la miseria
urbana Según Arizpe, (1985) citado en Ramírez y López, (2000:18).
En estas condiciones de relaciones interétnicas en las ciudades, suceden
frecuentemente situaciones de carácter conflictivo a causa de la competencia por
el espacio, la vivienda, el empleo, el acceso al equipamiento y los servicios, sobre
todo cuando la demanda es elevada y la satisfacción de las necesidades es baja
(Bonfil, 2003).
En resumen los indígenas han sido estudiados a partir de la migración, en su
búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, por la desventaja que presentan
en comparación de la sociedad receptora, uno de los problemas interculturales
que se presentan en la ciudad.

759

�Es importante destacar que según Durin (2013) se encontraron cifras elevadas de
mujeres indígenas que en su mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años de edad (el
65 % de la población son nahuas y tének, provenientes de la huasteca) en el área
metropolitana de Monterrey, lo cual concuerda con los estudios realizados por
Ruvalcaba (1998) en la huasteca en donde menciona que las mujeres migran a las
ciudades a edad muy temprana con fuerte incremento entre los 15 y 29 años.
Estas mujeres llegan a la ciudad en busca de empleo constituyen una
característica de la migración interna, éstos antecedentes sugieren a la mujer
indígena como el más adecuado objeto de estudio. Por ser un fenómeno social
reciente hay pocas investigaciones que aborden específicamente a las mujeres
indígenas tének, ya que actualmente se ha avanzado en el conocimiento de los
procesos sociales en contextos rurales demostrando situaciones de carencia y de
desigualdad (Moreno, Rivero y Lumbreras 2003; Bonfil y Martínez, 2003; Saucedo,
1997, Arizpe, 1979).
La comprensión de la migración femenina y su vida en la ciudad todavía está en
construcción, dejando espacio para nutrir la teoría acerca del tema e identificar las
áreas de oportunidad para aportar conocimientos académicos; se requiere
profundizar en la temática de las mujeres indígenas que migraron a Monterrey y
habitan en el ámbito urbano debido a que según la literatura son las mujeres
mayormente vulnerables, discriminadas y se encuentran en situación de pobreza
en el

área metropolitana de Monterrey, sin involucrar cuestiones de género.

(Durin, 2009).

LAS MUJERES INDÍGENAS
Gran parte de la investigación realizada en espacios rurales, muestra a una mujer
indígena responsable de la transmisión de la cultura, de la formación y educación
de sus hijos, encargada de las labores cotidianas y domésticas, de sostener una
economía por medio de la comercialización (Moreno y otros 2003)
760

�Ruvalcaba (1993) menciona que las mujeres tienen mayor participación en la
educación de sus hijos, además participan en las labores comunitarias y sus
principales relaciones sociales son con la familia, comunidad y ciudades próximas,
donde tienen contacto con los trámites burocráticos del Estado.
Uno de los temas más recurrentes en las mujeres indígenas es el de la
discriminación asociada a la exclusión, marginación y la desventaja. Bonfil y
Martínez (2003), muestran un panorama de la discriminación de la mujer indígena
sobre la desigualdad, fundada principalmente en la división sexual del trabajo y en
la posición de hombres y mujeres.
En esta desigualdad ellas son excluidas del poder de los colectivos comunitarios,
en donde las mujeres se desarrollan en medio del control, el miedo y la
obediencia; una combinación entre la discriminación de género4, clase y etnia5.
Por consiguiente se ha formado una visión cada vez más amplia sobre la mujer
indígena, su forma de vida y las principales problemáticas6. A este respecto Bonfil
y Martínez (2003), señalan que entre los sectores más visibles de desigualdad y
discriminación se encuentra la mujer indígena.
Lo anterior muestra una situación de desigualdad vigente en las comunidades
indígenas que constituye una problemática social importante, pero también nos
muestra la necesidad de interrogarnos acerca de ¿cómo se presenta esta
situación de desigualdad con las mujeres indígenas en la ciudad?
Un hecho notable en las investigaciones sobre los grupos étnicos no solo en
México, sino en América Latina ha sido la apertura de nuevos conocimientos de la
forma de vida indígena, sus necesidades y dificultades en el ámbito urbano. En el
4

Género debe entenderse como la construcción social y cultural que, a partir de las diferencias sexuales,
produce diversas desigualdades y jerarquías que dan preeminencia a los hombres y lo masculino, en tanto
devalúan, oprimen y discriminan a las mujeres y lo femenino (Programa de reeducación para víctimas y
agresores de violencia de pareja, Instituto Nacional de Salud Pública: 2010).
5
Se refiere a los individuos, grupos conglomerados que han heredado tradiciones y formas de vida de sus
antepasados prehispánicos, que les vienen a través de generaciones que se han sucedido desde el comienzo
de la colonia (Pozas 1997)
6
Sin generalizar ya que como se menciona anteriormente cada etnia posee diferentes características.

761

�caso de las mujeres indígenas, a partir de los años setenta su presencia se hizo
visible en las ciudades empezando a formar parte importante de las estadísticas
migratorias.
La literatura examinada refleja problemáticas en aquellas mujeres indígenas que
optaron por dejar su lugar de origen y migrar para buscar nuevos horizontes de
vida. Ramírez (2000), nos narra en el caso de mujeres indígenas originarias de
Oaxaca, las causas por las que tomaron la decisión de migrar desde el núcleo
familiar y su repercusión al interior de la misma y en la comunidad, además de
cómo su condición de mujeres indígenas y campesinas las sitúa por debajo de
cualquier otro migrante.
Dentro de esta problemática migratoria es la mujer indígena quien se ubica en
mayor grado de vulnerabilidad, algunos autores como Bonfil (2003); Moreno y
otros (2003) y Flores (2010) coinciden en la presencia de una triple discriminación:
por ser indígenas, mujeres y pobres, en dónde categóricamente las mujeres al ser
ubicadas como indígenas, las coloca en una situación de desventaja. También
Lagarde (1990, citado en Moreno y otros 2003: 68) identifica múltiples contextos
en los que el ser mujer indígena es motivo de marginación y discriminación, al cual
llama “conjunto de marginaciones” que se dan en el entorno educativo,
alimentario, político, lingüístico y económico. Para Moreno y otros (2003:16) “ser
indígena es ser casi siempre pobre, discriminada, vejada y violentada en los
derechos más elementales que fomentan la dignidad humana”.

Aunado al conjunto de marginaciones al salir de su comunidad Ruvalcaba (1998)
menciona que las mujeres indígenas se enfrentan a un contexto social distinto en
las ciudades, provocando que las mujeres adopten otros patrones culturales
generando transformaciones en su identidad, al respecto Sieglin (2008:11)
menciona que “la experiencia de los individuos es el origen de las
transformaciones culturales e identitarias”, estas transformaciones se originan en
base a las relaciones sociales en las ciudades, de diferente forma al igual que en
762

�sus pueblos de origen, estas mujeres tienen contacto con la ciudad por medio del
trabajo y su nuevo lugar de residencia.
Según Moreno y otros (2003), muchos estudios sobre migración de mujeres
indígenas, han insistido en la condición de desigualdad y discriminación, factores
que en las ciudades podrían ser mayormente manifestados. Por tal motivo, se
requiere aportar conocimientos a las instituciones que trabajan por el desarrollo
social de la mujer indígena.

MUJERES INDÍGENAS EN NUEVO LEÓN
Por ser Monterrey una ciudad en desarrollo, industrializada y urbana, originarios y
foráneos tienden a creer que en la ciudad no hay indígenas. La idea de que los
indígenas están ubicados en otros estados y espacios rurales de la República
Mexicana hace evidente que la población receptora tienen la idea de que el
indígena no está en la ciudad, haciéndolos invisibles en lo urbano (Durin, 2008).
La

presencia

de

población

indígena

ha

comenzado

a

incrementarse

específicamente en el Estado de Nuevo León. En el año 1990 fueron censadas
5,783 personas hablantes de alguna lengua indígena, número que se incrementó
hasta 18,873 personas en el año 2000, en el 2010 fueron censadas en Nuevo
León 40 mil 528 indígenas, de 47 lenguas distintas, de acuerdo al censo de
población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI, 2010).

763

�45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

CENSO 2010
CENSO 2000
CENSO 1990

1990

2000

2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2010)

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas7 (CDI en Durin, Moreno y
Sheridan 2007:29) reconoció que el Área metropolitana de Monterrey (AMM)
presenta la tasa más alta de crecimiento anual de población indígena migrante en
el país (12% anual). Este repentino incremento de la población indígena en el
Estado de Nuevo León ha provocado el interés de investigadores como (Durin,
2003, 2007, 2008, 2009); Diaz (2008); Sieglin, (2008) e instituciones como la
CDI8en Nuevo León por conocer a la población indígena, los espacios en los que
se encuentran ubicados, las actividades que desempeñan y la interculturalidad.
Considerando las implicaciones de pertenecer a un universo rural, y una esfera
cultural diferente al de la ciudad, además de ser las mujeres indígenas
consideradas como una población vulnerable. Por medio de esas investigaciones
se ha identificado que la Población hablante de lengua indígena (PHLI) en el AMM
se asienta de manera dispersa y aislada en el entorno urbano y en muy baja
proporción se le encuentra congregada. (Durin, 2009).

7

www.cdi.gob.mx
A través de su delegación en San Luis Potosí abrió sus puertas en Monterrey en el año 2004 para
atender solicitudes de poblaciones mazahuas en materia de justicia y vivienda.
8

764

�La forma en que han sido visibles las mujeres indígenas en el estado según Durin
y otros (2007) es como vendedoras en diferentes puntos en la ciudad, son blanco
de una institución como el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

que las

criminaliza por cargar con sus hijos cuando se labora en la calle. Según Arizpe
(1979, citado en Durin ,2008: 25), la aparición de las “Marías”9 es consecuencia de
su imposibilidad de ascender en la estratificación social urbana. Además, no
pueden trabajar de sirvientas porque están casadas y tienen hijos. Hasta la fecha,
las “Marías” cargadas de niños que venden flores, papitas y dulces siguen siendo
el estereotipo del indígena en la ciudad.
La apropiación del espacio público conocido como la Alameda ha sido uno de los
lugares en dónde han sido visibles las mujeres indígenas en la ciudad originando
un fenómeno de socialización importante en Monterrey. Anteriormente la Alameda
era visitada por las elites locales, no obstante, a partir de los años 80´s se convirtió
en punto de reunión en especial para las mujeres que trabajan como empleadas
domésticas. Según Díaz (2008) La Alameda, ha sido identificada como uno de los
lugares más populares inseguros y desagradables de la ciudad, por la presencia
de indígenas, con lo que confirma la discriminación que sufren los migrantes en el
estado, Sandoval (2012:199) menciona que “la Alameda es un cristal para mirar la
relación entre migrantes y la sociedad receptora”, se trata de un lugar de
recreación y de redes sociales, definido como un “lugar de parada” por estar
cercano a la central de autobuses y ser punto de reunión al llegar a la ciudad, ha
sido un lugar utilizado como recreación, reunión y convivencia con su cultura.
Dentro de las investigaciones más relevantes en el estado se encuentran las de
Díaz, (2008); Durin (2009); García (2013)

y Sieglin (2008); quienes han

investigado la presencia de indígenas en el municipio de Juárez debido a que se
encuentran asentadas de forma congregada y la Alameda, espacio público donde
se congregan, Sin embargo, no se ha investigado a las familias que se encuentran
9

En Arizpe, L. (1979) Indígenas en la ciudad de México: El caso de las marías. Menciona que así se les llama
popularmente en el Edo. De México “Marías” o” Juanas”, mujeres indígenas que venden frutas, semillas o
dulces, sentadas en las aceras, con varios niños revoloteándoles alrededor o que se dedican a pedir limosna.

765

�dispersas en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Por tal motivo se eligió la
colonia Nuevo Almaguer, ubicada en las faldas del cerro de la silla, la cual se
encuentra dentro del polígono de pobreza urbana número 58 en el estado, refiere
a zonas que presentan rezagos económicos y sociales en dónde se encuentran
localizadas más de 25 familias de origen náhuatl y tének.

Fuente: Nuevo León. Polígonos de pobreza urbanos (SEDESOL, 2010).

La línea color rojo delimita el polígono de pobreza, las manzanas en morado son
consideradas de atención prioritaria (ZAPU´s)10
Considerando lo que precede en esta investigación el objetivo general es conocer
por medio de sus experiencias el significado subjetivo de ser mujer indígena
urbana en situación de pobreza y como la percepción de sí misma repercute en
sus relaciones interculturales, en esta interacción con los otros identificar los
rasgos culturales que prevalecen y para que conservarlos.

10

Se determinan anualmente por la Secretaría de Desarrollo Social Federal en base a los datos de pobreza y
carencia social.

766

�Hacer un aporte significativo en relación al conocimiento de las mujeres indígenas
urbanas; generar conocimientos para la interculturalidad, de utilidad para las
instituciones que trabajan con ésta población.
Con esta intención, específicamente se busca conocer cómo repercute la
percepción de ser mujer indígena en pobreza en sus relaciones interpersonales
partiendo del vínculo familiar, además de definir el proceso de interculturalidad en
las mujeres indígenas, en condición de pobreza en contextos urbanos y por último
identificar los rasgos culturales que prevalecen en la ciudad y el porqué de
conservarlos.
Para la realización de estos objetivos se ha previsto la utilización de un enfoque
cualitativo en donde la entrevista como técnica de investigación permita la
comprensión del fenómeno.
Este fenómeno social será estudiado a partir de la experiencia de estas mujeres
indígenas en la ciudad; para conocer el este fenómeno social los principales
conceptos que forman parte del fenómeno social que guiarán la investigación que
será realizada el primero será la identidad , se tomarán las características más
importantes que definen a una mujer indígena a partir de su origen y de qué
manera se presenta la identidad en las mujeres indígenas urbanas, el segundo
concepto abordara la interculturalidad, ese encuentro con la sociedad receptora
que sucede al migrar por medio de la interacción y sus relaciones sociales y
laborales, el tercero será la pobreza asociada con la satisfacción de necesidades
básicas y pobreza urbana, y por último será la familia, para identificar como la
percepción de sí misma y el rol familiar influye en su relación con los otros.
Para realizar esta investigación y conocer el fenómeno por medio de las
subjetividad de las experiencias interculturales se utilizará una perspectiva
fenomenológica , en este método se respeta plenamente la relación que hace una
persona de sus propias vivencias,

debido a que significa un acontecimiento

personal del que no hay razones para pensar que no sucedió o no percibió el
suceso como el sujeto dice que lo hizo, de esta forma es indispensable centrarse
767

�en la experiencia del propio sujeto para buscar obtener la esencia de la
experiencia por medio de la interacción con el investigador y diferentes técnicas,
de tal forma que lo más importante de este método es “comprender realidades
cuya naturaleza y estructura dependen de las personas que la viven y
experimentan” Martínez (2006)

MUESTRA
Los sujetos de estudio para esta investigación son mujeres indígenas tének,
madres de familia que vivan en la col. Nuevo Almaguer, en el municipio conurbado
de Guadalupe y ubicadas en polígonos de pobreza, según la SEDESOL.

Se ha tenido contacto previo con algunas de estas mujeres ubicadas en la col.
Nuevo Almaguer en Guadalupe, N.L, la selección de la muestra se realizará con la
técnica bola de nieve en la que el sujeto de estudio sugiere otros sujetos con las
características ya descritas.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
En este apartado se definirán las técnicas que se utilizarán para recolectar la
información
·

Entrevista semi-estructurada, el número de entrevistas se considerara por
medio de la saturación teórica.

·

Observación: a través de la observación no participante se pretende
conocer el contexto en el que viven los sujetos, sus formas de expresión y
la forma en cómo se presentan sus relaciones sociales.

·

Validación: Denzin citado en Flick (2012) establece una distinción entre
tiempo, espacio y personas, al obtener la información después de realizar
las entrevistas por separado, en diferentes días y lugares, se podrá validar
la información y además de incrementar el alcance, profundidad y
consistencia de la metodología.

768

�Para términos de esta investigación es necesario para el investigador realizar la
triangulación, en la que se combinan distintas técnicas, en base a lo recolectado el
investigador podrá contrastar las perspectivas de diferentes personas y
asegurarse de tener la información correcta y desde la subjetividad de los sujetos
(Taylor y Bogdan, 1987).

Una de las limitaciones en relación con la investigación cuantitativa en la que se
han tomado modelos de las ciencias sociales para tener resultados más exactos
acerca de la realidad social tomando una muestra representativa, se considera
como una limitante de este estudio cualitativo, sin embargo se busca conocer el
fenómeno a profundidad y desde la visión del sujeto, en el que los resultados no
pueden ser generalizados (Flick, 2012).

Para los sociólogos y los antropólogos las culturas indígenas prehispánicas y las
culturas modernas han sido temas de interés abordando los cambios
socioculturales, identidad, sentido de pertenencia, entre otros temas; por lo tanto
se busca primeramente hacer un aporte significativo en relación al conocimiento
de las mujeres indígenas urbanas; segundo, los resultados pretenden contribuir al
área social de instituciones que trabajan con mujeres indígenas. Recientemente el
gobierno del estado, aprobó la Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de
Nuevo León11 con lo que se reconoce la presencia por parte del Estado de esta
población que radica en el Estado, sin embargo es indispensable conocer sus
condiciones de vida, su relación con los habitantes de la ciudad para generar
conocimientos para la interculturalidad y que sean de utilidad para las instituciones
que trabajan para esta población. Con ello se busca atender un fenómeno social
reciente derivado de la creciente migración a la entidad.

11

www.hcnl.gob.mx página del congreso del Estado de Nuevo León.

769

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Diciembre.93-109.

773

vol.

XXIV

(75).

Julio-

�PERCEPCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN CONDICIÓN DE
POBREZA, ELEMENTOS DE CIUDADANÍA, EXCLUSIÓN POLÍTICA Y
CRIMINALIDAD.
Laura Karina Castro Saucedo12
Raúl Eduardo López Estrada13

RESUMEN
Esta investigación discute las percepciones de la exclusión social juvenil desde
una perspectiva de participación laboral, elementos de ciudadanía, exclusión
política y criminalidad donde por medio de la teoría fundamentada y el uso del
software Atlas.ti se analizaron los datos de trece entrevistas a profundidad a
jóvenes de 15 a 24 años en su ambiente natural dentro de un polígono de pobreza
en Monterrey, Nuevo León, siendo los resultados las expresiones de una exclusión
de lazo comunitario, exclusión laboral por apariencia y clase

y de falla de sí

mismos, así como una relación de los elementos de crimen organizado con las
sensaciones de ser incluidos o excluidos de un contexto comunitario y laboral
siendo estas las únicas oportunidades en la mirada de algunos jóvenes.

Palabras clave: Exclusión social juvenil, exclusión laboral juvenil, Exclusión
política y Elementos de ciudadanía y Crimen Organizado

12

Estudiante del Doctorado en Filosofía con orientación en trabajo social y políticas de bienestar social
comparadas y docente por horas de la Facultad de Trabajo social de la Universidad Autónoma de Nuevo
León
13
Investigador de tiempo completo de la Facultad de Trabajo social de la Universidad Autónoma de Nuevo
León

774

�INTRODUCCIÓN
La sociedad ha venido desarrollando procesos de desigualdad y exclusión social
desde tiempos inmemoriales para los diferentes individuos, grupos, comunidades,
y etnias que la han conformado, pero la modernidad del presente permite poner la
mirada en las nuevas generaciones juveniles, principalmente de los que viven en
los denominados polígonos de pobreza14, que por la manera de exigir atención a
través de su lenguaje, de sus imágenes y de su guerrilla local están demandando
el llegar a una comprensión de la manera en que están siendo incluidos o
excluidos por la sociedad.
El debate por la posición que ocupan los jóvenes en la sociedad y el rol que
juegan en su devenir futuro desde que se convirtió en una etapa definible y
perceptible ha comenzado a ser foco de interés no solo para conocer sus
características o perfil de joven, sino también el conocer sus iniciativas de acción,
su nivel participación social y principalmente sus nuevas necesidades colectivas
ante contextos sociales en constante cambio. Se suele hablar de un concepto de
juventud que ya no existe y que necesita ser renovado, generar nuevo
conocimiento sobre la juventud en pobreza es el principal objetivo de esta
investigación.
Para Gallarta (2003) hablar de jóvenes en situación de pobreza y en riesgo de
exclusión social comprende desde la realidad actual

jóvenes que no pueden

satisfacer las necesidades básicas de un hogar, pertenecen a un hogar bajo la
línea de pobreza y están en peligro real de ingresar en procesos de exclusión
teniendo sus manifestaciones más evidentes en la residencia en zonas urbanas
desprovistas de servicios sociales básicos y también en la dificultad de acceso al
mercado de trabajo.

14

Un polígono de pobreza es un espacio social rezagado respecto al desarrollo alcanzado por el resto de la
metrópoli donde está situado (Martínez, Treviño, Gómez, 2009).

775

�Este estudio es un segmento de una investigación más amplia de corte mixto, sin
embargo en este se muestra solamente algunos de los principales resultados
cualitativos los cuales corresponden a contestar dos preguntas: ¿Cuáles son los
elementos de la exclusión social de los jóvenes que residen en un polígono de
pobreza del área metropolitana?¿Cuál es la articulación de los elementos de la
exclusión social de los jóvenes en condición de pobreza?. Bajo estos
cuestionamientos el presente documento está conformado por seis apartados
relevantes: Los tres primeros plantean algunos abordajes tendientes a mostrar
perspectivas teóricas de la exclusión social juvenil y su relación con elementos de
ciudadanía, y criminalidad. La cuarta parte plantea la metodología del estudio,
seguida de los resultados y conclusiones finales.

Exclusión Social y Juventud
Hopenhayn (2008) advierte que los años de juventud son cruciales para descifrar
el destino de las condiciones de exclusión/ inclusión, en esta fase se acumulan las
capacidades y redes de relaciones, empieza a utilizarse ese capital para insertarse
en el mundo del trabajo, se desarrollan decisiones más autónomas y se ejerce
como ciudadano pleno en la sociedad, cuanto mejor transiten los jóvenes hacia
vidas productivas y participativas, más incluyente se va haciendo la sociedad en
su dinámica general. Para él, la inclusión alude a la titularidad efectiva de
ciudadanía política, civil y social, lo que implica la participación en deliberaciones,
el acceso a activos laborales, activos culturales, la afirmación de identidad y la
posibilidad de contar con redes de relaciones que ayudan a desarrollar el proyecto
de vida.
En este sentido Autés (2004) denomina a la exclusión social como desligadura,
refiriéndose a que cierta cantidad de lazos se desarman. Para el está desligadura
es la esfera económica respecto de la esfera política: aquello que las ligaba, se
fragiliza. Para este autor la exclusión es un proceso, que tiene tres fases, la fase

776

�de la entrada, la fase de la instalación y después la fase de la deriva, de lo que
queda al margen de lo social.
Esto hace pensar que la exclusión social es primeramente un problema relacional,
de ruptura del lazo social y esta ruptura en la tradición europea principalmente
francesa es asociada con la crisis de la sociedad salarial. Como se verá en el
apartado siguiente en America Latina la exclusión social no se trata simplemente
de una fuente de ingresos sino también de legitimidad y aceptación social, de
redes sociales, de solidaridad, de bienestar psicológico y autoestima.
El interés por esta situación de exclusión esta mayormente inclinada por los
elementos con los que se liga la “ciudadanía”, “lazo social” “afiliación” “ligadura” en
el conjunto de la sociedad. Se entenderá por exclusión social como la situación de
carencia de ciertos lazos sociales que privan de la autonomía de los derechos
sociales, políticos y económicos de los individuos y esto marca una ruptura o
escisión de la sociedad en grupos carentes de igualdad social.
Por otro lado mucho se menciona que los dos principales motores de exclusión
son, por un lado el desempleo y la precariedad laboral, las transformaciones
estructurales en los mercados de trabajo y en particular sus efectos de desempleo
y precarización, representan los disparadores de un proceso de acumulación de
desventajas que conduce a un estadio final de desafiliación respecto a la
sociedad, es decir de exclusión social (Saravi, 2006).
En este sentido Hopenhayn (2008) establece que un primer factor de frustración
de expectativas es que la juventud goza de más educación y menos acceso a
empleo que la población adulta. Ostenta más años de escolaridad formal que las
generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplica o triplica el índice de
desempleo respecto de aquéllos. En otras palabras, están más incorporados en
los procesos consagrados de adquisición de conocimientos y formación de capital
humano, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital humano se
ejerce, a saber, el mundo laboral y la fuente de ingresos para el bienestar propio.
777

�Oliveira (2006) analizó el trabajo de los jóvenes de 12 a 29 años que desempeñan
actividades asalariadas y encontró que la mayoría de los jóvenes asalariados se
insertan en los mercados de trabajo en empleos que se caracterizan por grados de
precariedad que van de moderados a muy altos, solamente un tercio de ellos
desempeñan actividades apropiadas o de baja inestabilidad. Este hallazgo pone
de manifiesto una vez más el grado de vulnerabilidad laboral y social al que están
sujetos los jóvenes.

Exclusión social, Derechos Sociales y ciudadanía
En un sentido metodológico y con el propósito de pensar la situación de los países
de América Latina desde el punto de vista de la exclusión social, se le enriquece
agregándoles el ingrediente de los derechos sociales. Minujin (1998) sostiene que
la inclusión social está referida a tener la posibilidad verdadera de acceder a los
derechos sociales priorizando tres facetas del concepto inclusión/exclusión social,
que se relacionan directamente con los derechos sociales: a) la política, que está
relacionada con la ciudadanía formal y con la participación ciudadana, b) la
económica, que se refiere al empleo y la protección social y c) la social, que se
puede sintetizar en el acceso al capital social.
Los derechos de los ciudadanos a un nivel básico de bienestar materia y
participación social emergieron como punto de referencia del concepto de
exclusión. Desde esta línea la exclusión social es analizada en términos de la
negociación o no realización de los derechos sociales; en otras palabras, en
términos de la extensión en que el individuo es integrado como miembro de una
comunidad moral y política. El foco de atención se desvió así del mercado de
trabajo a la ciudadanía social (Saravi, 2006).
Para Carballeda (2002) es posible observar a partir de las diferentes modalidades
discursivas existentes en nuestra sociedad, una cierta tendencia a la
naturalización de la exclusión, lo que implicaría un deterioro significativo de la
778

�noción de ciudadanía. En los jóvenes la exclusión una vez naturalizada, implica
también la imposición de construcciones desde los simbólico, sobre los sujetos
desposeídos y esto trae nuevas formas de estigmatización y construcción de
“etiquetas sociales” a grupos y comunidades.
Es decir, los jóvenes en condición de pobreza pueden estar naturalizando esta
exclusión por lo que solo pueden acceder a ciertos lugares comunitarios y de la
sociedad pero en otros son rechazados sobre todo aquellos que suelen frecuentar
los de clases sociales altas. En este sentido si un joven se construyó socialmente
según una estrategia que naturaliza su condición de excluido, actuará según esa
construcción es decir al margen de lo que llamamos sociedad, no visitará esos
lugares, no promoverá su movilidad social lo que podrá provocar un descontento o
sentimiento de fracaso además.
Esto tiene que ver con las aportaciones de Terpstra (2006), en sus estudios de la
juventud como subcultura donde las teorías acerca de estas subculturas juveniles
se concentran en la relación entre una clase inferior

y otras clases sociales

inaccesibles. Debido a la falta de oportunidades y recursos, los jóvenes de clase
baja no alcanzan los criterios que se establecen como exitosos en la clase media
por lo que mediante un proceso de "formación reactiva" estas normas de la clase
media se invierten.

Como resultado, la clase baja de la subcultura juvenil

promueve un comportamiento no utilitario, malicioso y negativista, estableciendo
las propias normas que estos jóvenes son capaces de cumplir.
De esta manera es posible que construya nuevas formas de sociabilidad que se
expresan de modo consecuente con los padecimientos sociales de ese sector y
con la necesidad cotidiana de sobrevivir de la forma más elemental. La noción de
ciudadanía entonces se presenta quebrada y hasta sin sentido, es una ciudadanía
de segunda clase como la llama Saraví (2006).
De este modo ambos grupos- incluidos y excluidos- se encuentran circulando por
la ciudad pero deshumanizados en tanto no se reconoce a un semejante en ese
779

�otro (Carballeda, 2002). De esta manera el concepto de exclusión social resultó
atado como una antítesis de la ciudadanía y a la falta de extensión de los
derechos sociales.
Elementos procesuales de la exclusión/inclusión social juvenil
Desde una conclusión propia se parte de que la juventud está determinada por
ciertas características individuales, sociales, y culturales que conforman procesos
necesarios para la integración a la sociedad, estos procesos pueden verse ligados
a una serie de rupturas que dificultan esta integración donde las condiciones de
desventaja social como son los contextos de pobreza vienen a conformar nuevos
elementos de riesgo.
Dentro del camino hacia una inclusión social los jóvenes quienes se encuentran en
una etapa de transición deberían generar una identidad individual, percepciones
del futuro, lazos sociales, participación social, participación laboral, y acceso a la
educación que le permitan adquirir nuevas herramientas para alcanzar una
integración social que determinaría la mayoría de las veces el bienestar,
desarrollo juvenil y la movilidad social juvenil.
El modelo teórico propuesto determina que los jóvenes de las áreas urbanas en su
fase de entrada a situaciones de exclusión social comienzan a enfrentarse a
ciertas rupturas de estos elementos mencionados: individuales, de lazos sociales,
de participación tanto en acciones de la comunidad, como del mercado laboral. Al
generarse estas rupturas las características que se ligan (véase figura 1), son
sentimientos de baja autoestima, de desesperanza por el futuro, falta de redes
sociales generada por la desconfianza institucional y familiar; la no participación
en la sociedad, y situaciones de desempleo de larga duración o precariedad
laboral provocando la conocida “ciudadanía de 2da clase”. Finalmente la falta de
acceso a la educación o el ausentismo escolar como característica provocada por
el desinterés o sentimientos de incapacidad,

situaciones de desventaja

económica o la necesidad de la rápida integración al mercado laboral.
780

�Al generarse ciertas rupturas es posible argumentar una acumulación de
desigualdades que provocaran dificultad para perpetuar la integración social. La
mayor acumulación de desigualdades a lo largo de la etapa juvenil puede por tanto
determinar su permanencia en situaciones que lo excluyen de toda movilidad.

Figura 1. Modelo procesual de la Exclusión Social Juvenil15

Jóvenes

Estos procesos de rupturas sociales mantienen sus bases u orígenes en un
contexto histórico-social con ciertas características políticas y económicas que han
venido determinando que ciertas desigualdades aun no puedan superarse o
eliminarse de sus dinámicas cotidianas y a largo plazo.

15

Figura de elaboración propia a partir de una conclusión teórica del marco de referencia presentado

781

�METODOLOGÍA
Se realizó un análisis inductivo de la exclusión social juvenil generando los datos
en el ambiente natural de los participantes teniendo como marco interpretativo la
Teoría Fundamentada en la cual la teoría puede ser generada inicialmente a partir
de los datos, o, si ya existen teorías o perspectivas que parecen apropiadas para
el área de investigación, estas pueden ser modificadas según los datos
encontrados y el objetivo es "la generación de la teoría" (Glasser, 1978).

Para la aplicación de la guía de entrevista y la realización de las observaciones y
siguiendo la aportación de algunos autores (Miles y Huberman, 1994; Martínez,
2006) se plantea la utilización de una muestra intencional por criterios. El contexto
de la investigación abarcó tres colonias del polígono 51 de pobreza de Monterrey
establecido por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de
Nuevo León en su departamento de estadística e informática, como recursos
disponibles y de accesibilidad.
Se estableció por tanto que los criterios de selección de la muestra intencional
serian: jóvenes de 15 a 24 años, de sexo masculino en situación de pobreza
patrimonial, que vivan aún en la colonia de origen, la cual debe estar ubicada en el
polígono de pobreza. Se elaboró una guía de entrevista y se realizaron trece
entrevistas en profundidad.

Siguiendo los postulados de la teoría fundamentada se priorizaron los
planteamientos desarrollados por Charmaz (2006) donde se inició la codificación
inicial y la creación de memos avanzados, después se estableció la codificación
centrada o focalizada relacionando códigos y categorías emergentes. Los códigos
construidos se comparan entre ellos con otros códigos, haciendo constantes
comparaciones entre las entrevistas, y cerrando los datos, se continuó con el
momento de crear categorías teóricas y conceptos emergentes. Con el apoyo

782

�software Atlas.ti, fue posible crear familias de códigos que sirven como códigos
centrados.
RESULTADOS
Características individuales de los participantes.- Se contaron con siete entrevistas
a jóvenes de 17 a 18 años, y seis entrevistas a jóvenes de 21 a 25 años, además
participaron tres jóvenes casados los cuales también ya tenían de dos a tres hijos,
el resto eran solteros y sin hijos. Solamente el caso de un joven de los trece
entrevistados en profundidad había terminado sus estudios en la licenciatura de
derecho, además por el otro extremo otro de ellos solo terminó hasta su educación
primaria, el resto mantuvo semejanza con los niveles de escolaridad preparatoria y
secundaria principalmente. Para otros de los jóvenes entrevistados en profundidad
fue complicado determinar si "trabajaban" o "ni trabajan ni estudiaban" ya que
dentro de los periodos de realización de las entrevistas estos jóvenes oscilaban
constantemente entre tener un trabajo o ser despedidos del mismo.
Situación económica y familiar.- Por medio de las datos obtenidos se pudo
observar que la situación económica de los jóvenes era totalmente variable por un
momento podían contar con un empleo y por otro momento perderlo, el ingreso
tanto en cantidad y permanencia también era muy variable, por ciertos periodos
contaban con un ingreso y por otros no. Dentro de las mismas entrevistas fue
posible determinar tres características de los jóvenes en condición de pobreza de
la muestra cualitativa, por un lado los jóvenes que trabajan para tener dinero para
ellos mismos, por otro lado los jóvenes que trabajan para mantener a su propia
familia, es decir, a sus hijos y esposa, y por el otro extremo los jóvenes que
trabajan para tener un ingreso para mantener la principal economía de la familia
de origen, es decir, de la madre y hermanos(as) menores.
En este caso las entrevistas permitieron precisar en la etapa de recogida de la
información que cinco de los trece casos pertenecían a familias monoparentales,
encontrándose en el muestreo intencional una ausencia de la figura del padre
783

�tanto física como simbólica como algunos jóvenes lo mencionaron, donde en dos
casos nunca tuvieron contacto ni apoyo del padre, otros dos casos donde el padre
había abandonado la casa, y uno más donde recientemente el padre había sido
encarcelado, era policía y estaba acusado de vínculos con el crimen organizado.
Otro de los jóvenes habitaba con su esposa y tres hijos y recientemente se habían
independizado de la casa familiar para ir a posesionarse de un terreno irregular.
Exclusión del lazo social comunitario.- En relación a la primera categoría teórica se
analizaron cinco códigos principales: comunidad con desconfianza y desinterés,
comunidad que discrimina, comunidad insegura, comunidad que excluye la opinión
juvenil y la falla de sí mismos como elementos de exclusión del lazo comunitario.
La percepción de un contexto agresivo por parte de la comunidad con poco apoyo
y un gran desinterés en las situaciones juveniles, en este sentido la comunidad o
la colonia en la que se habita es percibida como el mundo adulto o "la gente" de la
que incluso desde el discurso de algunos jóvenes es una comunidad de la que se
desconfía y en la que se viven procesos de discriminación.
Otra código o subcategoría tiene que ver con la exclusión de las opiniones
juveniles donde las actividades que se realizan en la colonia, como reuniones,
organización de actividades, no suelen involucrar o tomar en cuenta a los jóvenes
como miembros de la comunidad, los jóvenes suelen percibir que solamente se les
incluye cuando necesitan de su jovialidad y fuerza aunque incluso esas mínimas
inclusiones son consideradas por ellos como inclusión en algún nivel en la misma
comunidad que habitan. Sin embargo por el otro lado se determina que esas
acciones no son realmente para ellos, a ellos no les servirán para sí mismos o
para algún objetivo como jóvenes (véase figura 2).

784

�Figura 2. Percepción de joven de 18 años con empleo temporal16
“Pues ahorita aquí en esta colonia ya no se respeta, ya vez que no se
respeta… no le creen a uno, no lo hacen sentir valorado, no le respetan
su forma de valorar a los demás. Pero sí cuando vienen esos momentos
difíciles pues sí no sabes ni con quien ir o a veces ya ni con quien
confiar con la gente que te rodea, sí he visto muchos problemas, muchas
situaciones difíciles pero son cosas que a lo mejor no les pongo mucha
atención porque no nada más se trata de mí, como le digo, de mí o de mi
familia, sino de todos…entonces sí a veces creo que como muchos, a lo
mejor, sí me llama la atención lo que pueda ocurrir en la colonia, pero a
veces me da igual, pero siempre trato de hacer lo mejor, yo pienso que
para que la colonia funcione bien, por mi parte, supongamos, yo hago mi
parte de convivir, de tratar bien a mis vecinos y ya si los demás no lo
quieren hacer pues es muy de ellos.”

El contexto de las colonias en las que se habitan influye en la misma percepción
que se tiene de los jóvenes desde el hecho de encontrarse en una colonia
“conflictiva” la percepción de que ni siquiera se pararan a escucharlos, y que solo
verlos en cualquier espacio los ubican como jóvenes problemáticos involucrados
en alguna pandilla o en el crimen organizado. Esto podría relacionarse con las
situaciones de naturalización de la exclusión de las que hablaba Carballeda
(2002), la cual además se vincula con sentimientos de impotencia desde una
conclusión propia (véase figura 3).

16

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

785

�Figura 3. Percepción de joven de 19 años, estudiante de preparatoria 17
“No, no hay mucho apoyo y el apoyo que hay es de… también de jóvenes
o más chicos, de niños de 2 o 3 años menores. Pero de los adultos no, no
de hecho no porque San Bernabé es muy agresiva es una colonia pues si
agresiva, de pandilleros, cosas así, entonces no sé… digamos que ven
en la plaza alguien “rapeando” y ni siquiera se van a parar a escucharlos
o sea, estamos en San Berna hablando de pandillerismo o algo así y no
hay apoyo.”

Pocos de los jóvenes entrevistados pueden identificar elementos que los ayudan
a ser incluidos en algún grado en el lazo comunitario sin embargo como parte de
un análisis cualitativo este también nos permite obtener las categorías en casos
confirmativos que brinden información que el promedio no está brindando, por lo
que estas percepciones son tomadas y muestran que es necesaria una
“mentalidad”, un “buen comportamiento” y “ser un buen vecino” para lograr la
inclusión. En el primer sentido uno de los casos entrevistados menciona que la
forma de pensar o la "mentalidad" juvenil es un elemento que se necesita para no
pasar desapercibidos, abandonar una mentalidad conformista donde no importa si
se tiene trabajo o no se tiene, si se es adicto o no, y que en cierta forma es el
grupo el que determina este conformismo (véase figura 4).
Figura 4. Percepción joven de 23 años, egresado de universidad sin empleo
actual18
“Lo que pasa es que los jóvenes de aquí no dejan de ser los mismos
jóvenes, es lo que te digo conformistas, no pasan bueno pasan
desapercibidos ante la misma gente, a lo mejor pueden entrar algún

17
18

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad
Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

786

�trabajo pero por la misma gente pasan desapercibidos porque ya los
conocen, pero cuando la gente es muy minuciosa que le gusta, imagínate
si yo me pusiera, o cualquier gente no nada más yo, pues yo creo que si
la gente te apoyaría verdad, a lo que voy es también que sí, van a esas
normas no dejan de ser jóvenes que pasen desapercibidos, y cuando
llegas a lo mejor a algo así que te ven diferente que tienes otra
mentalidad más bien, prácticamente es la mentalidad que tienes, yo creo
que la gente se fija en ti en eso.”

Estas percepciones ejemplifica el problema de la exclusión como una falla de
ellos mismos como parte del grupo juvenil y que esta falla debe ser corregida solo
desde ellos, "cambiando de mentalidad", "portándose bien" y "demostrando ser
buen vecino". Esto se vincula al planteamiento de Commins, 2004, sobre la falla
de los sistemas y la falla de sí mismos donde la responsabilidad de las
circunstancias de la exclusión social corresponde a las más amplias estructuras y
procesos de la sociedad que no pueden facilitar la inclusión, sin embargo los
jóvenes suelen atribuirse a sí mismos el problema de exclusión (véase figura 5).
Figura 5. Percepción de joven de 18 años con empleo temporal19
“Pues he visto que sí, si los tratan bien y algunos mal, si ellos hablan
bien, los tratan bien, y los que no pues si los tratan mal, a veces no los
pueden ni ver a veces los corren de aquí de la colonia por lo mismo que
nomás vienen aquí a fumar droga, o a equis cosa y no los pueden ver, a
los que tratan bien son a los que conviven con ellos allí o están
platicando con ellos y si los tratan bien…”

Exclusión Laboral Juvenil
19

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

787

�Esta categoría representó una de las más importantes dentro del estudio a la cual
se vincularon subcategorías o códigos, la integraron: Exclusión por apariencia y
clase social, Trabajo precario, Trabajo sin bienestar (sueldo y protección social), y
Trabajo temporal, por un lado, además del despido del trabajo o el desempleo.
Ligada a las situaciones de precariedad laboral así como a los favoritismos en el
interior del mismo, suelen ser mejor identificados por los jóvenes que intuyen que
el acceso al empleo tiene que ver con su propia apariencia o clase social, por la
colonia de la que provienen. La mayor molestia está abocada al cuestionamiento
de sus propias capacidades en comparación de aquellas al que se favorece por
compadrazgos, nepotismos o sucesos semejantes. En relación a la exclusión por
apariencia, muchas veces el acceso al trabajo está cuestionado por la manera
verse y vestirse del joven, su presencia y apariencia son la herramienta de
selección desde su percepción para ser contratado o no.
Vinculado a esto el reconocimiento de la falta de estudios es un obstáculo para
conseguir empleo, por otro lado los beneficios que el trabajo no proporciona en
relación a prestaciones, y protección social, donde los mejores beneficios los
gozan aquellos que tienen un vínculo cercano con los jefes, compadrazgos y
nepotismo, los hace sentir una decepción del empleo y dejar de cumplir en el
mismo (véase figura 6).
Figura 6. Percepción joven de 21 años con empleo fijo 20
“Si, pues en algunos trabajos, si, este ese es un muy buen punto de
vista, porque en algunos trabajos, si les afecta a los jóvenes para su
futuro y a ellos mismos, que no tienen prestaciones, aguinaldo, infonavit,
afore, cualquier cosa que un trabajo no les proporciona un bienestar para
ellos, un futuro y como que si” “No pues nomás de una vez que o sea
que si, en caso de que entras por agencia, valla, te dan la planta cuando
te toca, llega otro por decir que el jefe de personal lo frecuenta más

20

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

788

�porque vive por su casa o equis causa ya lo conocía y le da la planta a él,
y te decepciona porque yo tengo más rato y yo cumplo con mi trabajo
como debe de ser y no les he fallado me salen con esto y te decepciona,
igual y te apachurra como quien dice, te quitan las ganas de echarle
ganas a trabajar así como estabas cumpliendo”

La posibilidad de inclusión por contar con los "estudios" que les permitan estar en
los lugares de los que regularmente son excluidos está muy vinculado con “tener
personalidad” y “actitud para la inclusión” como lo mencionan dos de los
entrevistados, es decir, es necesario crear una personalidad alejada de los más
discriminados, “ alejados de los colombianos” como menciona uno de ellos
"Siempre trabajan en la obra, porque andan todos tatuados, andan todos aguados
y traen las pandillas por eso los discriminan", en este sentido la apariencia distinta
a la detectada como la que se expone a la exclusión puede contribuir a que un
joven no viva siendo excluido. Por otro lado mencionan que

tener actitud y

personalidad para ser incluido es una construcción necesaria aunque no sea tu
verdadera actitud (véase figura 7).
Figura 7. Percepción joven de 23 años egresado universitario sin empleo actual21
“Yo creo que de hecho ahora me está pasando en el servicio y en las
prácticas también me paso o sea lo que es el ambiente laboral, como que
está implícito pero que tienes que… siento yo que tienes que tener una
actitud que no es la tuya por decir hay mucha grilla en la secundaria y
como que si tú no estás grillando te excluyen te hacen a un lado te dicen
no pues éste no es como nosotros hazlo a un lado no vaya a decir lo que
estamos diciendo y cosas así, o sea; en verdad te hacen a un lado y
hasta te hablan mal no te hablan correcto como es y si me he sentido ahí

21

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

789

�fuera de las reglas en donde… porque en verdad es una regla también
me toco estuve en soriana haciendo prácticas, ahí también me toco que
todos eran así y nunca lo hice y sí como que era… o sea ya de hecho no
se metían mucho conmigo no convivían mucho conmigo porque no era
igual que ellos y me excluían.”

Exclusión Política y percepción de la ciudadanía y el gobierno
Otra de las categorías teóricas fue la exclusión social desde la percepción del
gobierno y la ciudadanía la cual estaba conformada por los códigos: ciudadanía
inexistente y exclusión política y de la participación social. Los jóvenes en
situación de pobreza perciben una situación de exclusión política donde no es
extraña ni nueva una visión del gobierno como sin decisión ante las situaciones
que les afectan a ellos directamente como es las situaciones de criminalidad, o
sin el liderazgo necesario para tomar decisiones auténticas y no determinadas
por otros.
Sin embargo nuevas visiones del mismo como aquel que genera sentimientos
de menosprecio hacia las capacidades individuales para tomar decisiones y
estas son "compradas" por elementos materiales que manipulan los votos,
como se hace mención de las tarjetas de bonos entregadas a cambio de un
voto por el partido del gobierno actual. Por otro lado se percibe la inclinación de
las decisiones del gobierno hacia la población con una posición económica de
nivel alto, siendo vista incluso como quienes realmente toman las decisiones en
la sociedad. Además las acciones del gobierno también están ligadas a la
posición económica de los miembros de la colonia donde aquellas colonias con
escasos recursos son percibidas por los jóvenes como las que no cuentan con
apoyos (véase figura 8).

790

�Figura 8. Percepción joven 18 años estudiante de preparatoria22
“Lo que me hizo sentir un chorro menos y sí menospreciado y como si
fuéramos unos tontos, bueno al menos yo como si no existiera fue lo de
Peña Nieto con las tarjetas de Soriana y la gente votando por él y osea
me sentí: somos unos burros o ¿Qué? o sea, dales una despensita y que
voten por ti y ya y ahí si me sentí como que… ah ok… como que no
existimos o somos herramientas o estamos ahí también… nombre les
damos una despensa y ya después te botan.”

La observación de las acciones del gobierno desde momentos de elecciones
políticas percibidos con falta de transparencia, se hacen presentes desde la
visión de aquellos jóvenes que estudian y que se mantienen informados de
esas decisiones por hermanos mayores o miembros de la familia y genera una
percepción de la situación política donde la mirada negativa impera en ellos no
solo como un sentimiento de no existir, sino un sentimiento de menosprecio y
de ser considerado inferior o tonto e incluso de solo ser una herramienta o
aquel que se le puede engañar por medio de cuestiones materiales, comprando
su voto (véase figura 9).
Figura 9. Percepción joven de 20 años con empleo fijo23
“Bueno, por decir, mi hermano mayor es mucho de andar en cosas, no sé
viendo las noticias o a ver qué pasó aquí investigando de la política y
cosas de esas y me ha platicado y le creo y yo también lo he visto, no sé
si sea cierto, bueno es verdad es casi 100% que sea verdad, por decir se
dice que las veces que no ha ganado Andrés Manuel, que la vez pasada
fue que el PRI y el PAN juntaron los votos para que ganara…Calderón, Si,

22
23

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad
Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

791

�y ya bueno ahora le toco al PRI, o sea hicieron un convenio y una tranza
o no sé un fraude, hubo un fraude para… porque dicen que Andrés
Manuel los llevaba por mucho y o sea y ok, aun no fuera cierto.”

Vinculado a estas visiones del gobierno por tanto la ciudadanía juvenil en
algunos casos es percibida como inexistente, donde la sensación de ser
ciudadano, es decir, en el ejercicio de ese derecho es visto como un fraude
ligado a las fallas electorales, a no ser tomado en cuenta por ser una "clase
baja", la sensación de "no pertenecer" a la sociedad como ciudadano. Por el
otro lado se encuentran jóvenes que se perciben como ciudadanos pero solo
por el hecho de reconocer los símbolos patrios, o por habitar esta sociedad, a
pesar de la discriminación por parte de los policías o el ejército que genera una
sensación de impotencia en los jóvenes. Una representación de esta
ciudadanía se refleja en el uso de la credencial de elector, es decir aquella
credencial que le permite votar, sin embargo este documento solo suele
representar utilidad porque le es solicitado para acceder a algún empleo o para
algún trámite laboral (véase Figura 10).
Figura 10. Percepción joven de 19 años estudiante de preparatoria 24
“No me siento ciudadano, no porque tenga derecho a votar ni siquiera,
pienso que todo es un fraude, en verdad no cambió nada a sentirme
ciudadano, o sea… reconocido por el país no, o sea… está la
discriminación todo eso, los fraudes electorales o sea, en verdad pienso
que muchos de nosotros no somos ciudadanos, no somos tomados en
cuenta, más las clases bajas, no me siento ciudadano”

24

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

792

�Crimen Organizado y aislamiento social o autoexclusión
Una categoría final es la del crimen organizado como un elemento de
exclusión/inclusión de los jóvenes de estos contextos de pobreza, donde es
importante determinar que existe un miedo a estas situaciones, aislamiento o
autoexclusión a partir de la inseguridad que el crimen organizado provoca en las
mismas agrupaciones de jóvenes que solían reunirse en las esquinas o en
cualquier espacio comunitario. Tres subcategorías pudieron ser determinadas en
este apartado: Exclusión por apariencia de sicario, Crimen organizado y
autoexclusión juvenil y Crimen organizado como incluyente juvenil.
En relación a la primera los jóvenes refieren que también se les juzga por su
apariencia vinculándolos a situaciones del crimen organizado por su forma de
vestir o el aspecto que proyectan, en relación a la segunda subcategoría se
pueden ligar diversos elementos donde las situaciones de inseguridad están
generando diversos procesos de afrontamiento por parte de los jóvenes que no
están involucrados en el narcomenudeo pero que si consumen drogas, donde este
hecho los expone a convertirse en los objetos de "escarmiento" para mandar
señales entre los diferentes grupos de distribuidores de droga.
La violencia a la que son sometidos los jóvenes disminuye las opciones para que
puedan reunirse a compartir las actividades culturales, artísticas y sociales que
solían realizar después de la escuela o después del trabajo, el aislamiento social
que en cierta forma ellos mismos establecen como una medida de seguridad y
ante el miedo experimentado en diversas experiencias del abuso por parte de los
integrantes del crimen organizado (véase Figura 11).

793

�Figura 11. Percepción de joven de 18 años, no estudia ni trabaja25
"Los policías, por parte, te ven vestido así eres sicario, agárrenlo, andas
cholo anda tolueno agárralos, tienes que andar trajeado entonces es
licenciado así para que no te agarren, aunque bueno también han de pensar
anda trajeado a lo mejor es escolta de alguien agárralo" .

En ocasiones se recrean escenas de cotidianeidad para sobrellevar los riesgos por
el crimen organizado, generando rutinas del trabajo a la casa, y de la casa al
trabajo, con la intención de no exponerse ante los riesgos, pero también a
situaciones forzadas de encierro como la única alternativa para algunos jóvenes
que se han visto expuestos a experiencias de abuso de la autoridad y corrupción,
además ligado a los propios procesos de narcomenudeo en la colonia que los
exponen por el solo hecho de "salir a la calle a cotorrearse"
Por otro lado la subcategoría del crimen organizado como incluyente está
determinada por situaciones donde este brinda una oportunidad de Status, una
oportunidad de trabajo, es percibido como organizado y que incluso organiza a la
sociedad. En este sentido se perciben una serie de ventajas de estas
organizaciones criminales donde el sentido de protección económica y social en
un contexto donde todo resulta lleno de violencia social son las principales (véase
figura 12).
Figura 12. Percepción joven de 18 años con empleo temporal26
“Las ventajas? todo, dinero y poder, y desventajas que te enfrentas con
todos los otros con el gobierno, con el mata sapo, caravanas del gobierno,
caravanas de la mafia, otra desventaja: la muerte, las ventajas que yo les
daría protección y dinero, a mi mamá y a mis hermanos y sacar a mi papá de
25
26

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad
Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

794

�donde esta (cárcel). Desde que empezó todo este pedo, y desde que se
llevaron a mi papá, me quise desquitar, para que sientan como se siente
perder a alguien que quieres.”

Además de las oportunidades de generar un status y tener una posición en la
sociedad, para algunos jóvenes el incluirse a estas organizaciones es también un
medio para satisfacer una necesidad de protección sobre todo aquellos que han
sido afectados por esta misma criminalidad, por tanto es mejor estar dentro para
tener esa ventaja que quedar desprotegido y lastimado, pero además perciben
que es la única forma de hacer algo por la familia (véase figura 13 ).
Figura 13. Percepción de joven de 18 años con trabajo temporal27
“No sé, que mal, no sé qué hacer, tengo de aquí al lunes hasta que me den
la liquidación si no consigo trabajo lo voy a hacer, que la demás gentes
paguen las consecuencias y le dije a mi mamá no le dije obviamente así
verdad, como se dice no es perdón de dios matar a otra gente, pero como
me dijo mi papá una vez, nada más ve por tu familia los demás no va a
importar nada”

CONCLUSIONES FINALES Y DISCUSIÓN
Las categorías teóricas entre las que se encuentran la exclusión del lazo social
comunitario, donde los jóvenes perciben un primer punto de rechazo social al
desconfiar y sentir insegura la propia comunidad y la única inclusión percibida por
la comunidad se presenta cuando se "necesita" a los jóvenes como materia prima
que puede ayudar a levantar cosas, mover cosas, es decir, por su fuerza y
jovialidad física se vincula con las relaciones sociales comunales de las que habla
27

Figura de elaboración propia a partir del material codificado de las entrevistas en profundidad

795

�Reimer (2004) que sustentan la naturaleza de la exclusión social donde un sentido
de identidad ampliamente compartido por los miembros de la comunidad, es
erosionado cuando hay poca interacción y poca relación de confianza con los
mismos.
Por el otro lado es posible percibir que también existe una clara visión de que la
ruptura de este lazo comunitario es por una falla de sí mismos y no en una falla el
sistema social que sostiene a una persona en una comunidad (Commins, 2004),
y que esta falla debe ser corregida solo desde ellos, "cambiando de mentalidad",
"portándose bien" y "demostrando ser buen vecino". Esto dificulta más la ruptura y
además en cierto sentido naturaliza la exclusión social juvenil.
Es importante señalar como Warr (2005) menciona que como la cooperación
mutua y el apoyo informal de las familias y las comunidades sirven como
amortiguador para las personas con recursos limitados. Estas ayudas fueron muy
evidentes en las comunidades que forman la base de las áreas de estudio de el.
Sin embargo, esto no debe empañar los evidentes y cada vez mayores niveles de
exclusión social de los jóvenes en su acceso al empleo y las oportunidades de
educación.
Sin embargo siguiendo con el planteamiento de Reimer (2004) otra de las
relaciones que sustenta la multifacética

naturaleza de la exclusión que

experimentan los jóvenes son las de mercado donde el intercambio de bienes y
servicios se vuelve el elemento clave en esta relación y que es importante
destacar que en el caso de esta población estudiada estas situaciones de
exclusión laboral juvenil están íntimamente ligadas a otra de las relaciones de las
que habla el mismo autor y son las relaciones burocráticas donde las estructuras
de autoridad y los principios y procesos que determinan quien tiene acceso a los
recursos impactan en la precariedad laboral y la discriminación que sufren algunos
de los jóvenes en condición de pobreza donde por su apariencia, su clase social y
la escases de sus redes sociales a manera de capital social en el trabajo influirán
negativamente en su inclusión en el mismo.
796

�En este sentido se concluye que semejante a lo obtenido por Reimer (2004) en
sus investigaciones, la erosión de alguna o de todas estas relaciones sociales es
indicativo de una escalada de la exclusión social y los sistemas de fracaso.
Además la falla de estas relaciones provoca situaciones de exclusión por
aislamiento social lo cual puede comportar la reducción de contactos sólo a un
único grupo específico de pares o iguales, o incluso a un aislamiento social
general de la persona afectada (Espulga, Baltiérrez y Lemkow, 2004).
En la misma línea las conclusiones propias coinciden también con los estudios de
Alston y Kent (2009) indican que ese mercado, las relaciones burocráticas,
asociativa y comunitaria están impactando sobre los niveles de inclusión de los
jóvenes. En el ámbito de las relaciones de mercado, las dificultades financieras,
las empresas en declive (y por lo tanto el desempleo) están reduciendo las
opciones disponibles para los jóvenes. Estos, combinados con malos parámetros
de política burocrática (Reglas de las redes de trabajo, el acceso a seguridad de
los ingresos, la práctica de la violación de los jóvenes y los medios de pruebas de
beneficios e ingresos de los padres y los activos), limita aún más los jóvenes el
acceso a la educación y el empleo y no tienen en cuenta la falta de poder para
influir en sus circunstancias ni de la reducción evidente en su acceso a la
educación y el empleo.
Un dato importante es que aunque los estudios sobre exclusión social de Alston y
Kent (2009) estaban basadas en el concepto de la disminución de las relaciones
asociativas en las comunidades rurales y de su impacto en la exclusión social de
los jóvenes y aunque los jóvenes con los que se trabajó en esta investigación eran
de contextos urbanos y no rurales los procesos resultaron mutuamente
semejantes lo que hace inferir que la población juvenil urbana en condición de
pobreza comparte condiciones de exclusión con la población juvenil de contextos
rurales.
En los estudios de Alston y Kent (2009) los jóvenes son arrastrados a los roles de
trabajo adicionales en fincas y propiedades, y esto reduce las interacciones
797

�sociales. Los recursos financieros, las circunstancias de sus familias, reducen aún
más sus posibilidades de participar en los deportes y actividades extracurriculares, y la pérdida de muchos de sus compañeros por los impactos de
migración directa de sus redes sociales. Todas estas circunstancias se combinan
para reducir los niveles de participación de los que viven en zonas rurales y
comunidades remotas.
Mientras tanto, las relaciones comunitarias están influenciadas por el ambiente
sombrío de las comunidades, el estrés en la familia y miembros de la comunidad.
Se suman entonces importantes presiones sobre la capacidad de los jóvenes a
participar y se conducen a un aumento los niveles de exclusión social y menores
oportunidades para los jóvenes. Estos procesos de baja en la participación en
actividades extracurriculares y deportivas, además de las dificultades en las
relaciones comunitarias estuvieron vigentes en los jóvenes de este estudio solo
que relacionadas a la exigencia del mismo mercado laboral donde la necesidad de
trabajar de los jóvenes en condición de pobreza limita la participación en otras
actividades y movimientos juveniles.
Las percepciones del gobierno y la ciudadanía vienen a ser elementos totalmente
vinculados desde la visión juvenil donde la percepción de un gobierno sin
decisiones con falta de transparencia, que compra votos, generando sentimientos
de menosprecio y desarrollando miradas negativas hacia el mismo ya que dentro
de las primeras expresiones de sensación de una ciudadanía inexistente son esa
falles electorales o fraudes ligados a pertenecer a una clase baja.
Este tipo de percepciones están ligadas a las formas de exclusión política de los
jóvenes donde la falta de participación en el conjunto de la sociedad como
ciudadanos de la misma, con derechos civiles, políticos y económicos no permiten
su integración. De esta manera

el concepto de exclusión social resultó

fuertemente atado a la noción de ciudadanía y en particular (aunque no
exclusivamente) a la extensión de los derechos sociales (Saraví, 2006).

798

�Finalmente siguiendo los planteamientos de Espulga, Baltiérrez y Lemkow (2004),
donde la exclusión espacial se manifiesta en la concentración espacial de
personas con posibilidades económicas limitadas, a menudo con problemáticas
sociales y culturales similares y afectadas de un cierto aislamiento a causa de la
pérdida de infraestructuras en su propia área residencial, podría ser el efecto
explicativo de lo que sucede con los jóvenes y la criminalidad tanto al involucrarse
como al intentar escapar de la misma en este momento del tiempo en las colonias
del polígono 51 donde se trabajó con los datos.

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800

�EJE 6: TRABAJO SOCIAL Y
POLÍTICAS SOCIALES

801

�LA POLÍTICA SOCIAL FRENTE A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
RELACIONADA AL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO: BASES JURÍDICAS QUE
FUNDAMENTAN UN COMPROMISO SIN POSIBILIDAD DE PRÓRROGA.
La humanidad no puede liberarse de la violencia
más que por el miedo de la no violencia
Mahatma Gandhi

Karla Salazar Serna
Manuel Ribeiro Ferreira

RESUMEN
La violencia vinculada a grupos del narcotráfico en México ha generado diversas
implicaciones en su población, estos efectos pueden observarse tanto de manera
individual como familiar, grupal o incluso en comunidades enteras; en este sentido,
el reconocimiento inmediato de las diversas problemáticas que se han generado a
causa de esta violencia y formular políticas sociales de atención a quienes
resultan víctimas de ésta no debe postergarse. El presente documento pretende
colocar en mesa de análisis los principales fundamentos jurídicos internacionales
que protegen y garantizan los derechos de las víctimas en casos de violencia
armada; asimismo, se realiza un análisis sobre su pertinencia y aplicación en
México. Finalmente, se hace un breve análisis sobre la Ley General de Víctimas y
las propuestas gubernamentales (dentro de la política social) para dar atención al
problema.

Palabras clave: Violencia, narcotráfico, política social, derechos humanos,
instrumentos jurídicos.

802

�INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años, la violencia en México ha proliferado a razón de las
actividades delictivas de grupos del narcotráfico, (Azaola, 2012). El avance de la
violencia vinculada al narcotráfico en México pone en una situación compleja tanto
al Estado como a la sociedad (Montesinos y Carrillo, 2012); en este sentido, esta
violencia se ha convertido en una emergencia nacional (Burgos, 2011). Además,
este tipo de violencia se considera grave debido tanto al impacto directo
(homicidios, desaparecidos, desplazados, detenidos injustamente, extorsionados,
etc.) y a su impacto indirecto (viudas, huérfanos, etc.) (Azaola, 2012).
Ante esta realidad conviene preguntarse ¿cuáles serían los mecanismos legales
que se pueden tomar como referencia para la atención de las víctimas de esta
violencia? El presente documento pretende responder a esta pregunta mediante
una revisión de los instrumentos jurídicos internacionales que abordan la atención
de las víctimas de violencia vinculada a grupos armados. No obstante, el propósito
del mismo, no es posicionar el problema de violencia en México vinculado a
grupos relacionados al narcotráfico bajo una clasificación de conflicto armado o
guerra. Importa, mejor dicho, evidenciar que existe una clara violación a los
derechos humanos, y que la atención a las víctimas de esta violencia no puede ser
sujeta a prorrogas; en este sentido, es preciso argumentar que desde una visión
internacional la atención a las víctimas de la violencia es una obligación a atender
por cada Estado y que ésta se puede dar a través de la implementación de
diversas políticas de atención.
En base a lo expuesto, se establece un apartado que de forma general
contextualiza las implicaciones de la violencia en México; un segundo apartado
que ofrece las principales disposiciones jurídicas a nivel internacional para dar
atención a las víctimas de la violencia vinculada a grupos armados; enseguida, se
presenta un breve análisis de la Ley General de Víctimas seguido por un apartado
que puntualiza la importancia de desarrollar las políticas de atención al problema.

803

�Espirales de violencia: sobre la violencia delictiva relacionada al narcotráfico
y a la violencia utilizada para su combate en México
La violencia delictiva relacionada al narcotráfico es un tema que ha cobrado
relevancia en México, actualmente se viven diversas manifestaciones de violencia
vinculadas al crimen organizado relacionado al narcotráfico, que se hacen visibles
en el entorno cercano de cada ciudadano. Cada día se suman más cifras de
homicidios atribuidos al combate contra el narcotráfico, crimen organizado y entre
estos diferentes grupos delictivos; no obstante, la cuantificación de los daños no
se ha realizado de manera oficial y solo se hace palpable en los registros
periodísticos. De acuerdo a un análisis realizado por Moloeznik sobre la violencia
social de los últimos años, México “se encuentra en una encrucijada signada por la
violencia o brutalidad cotidiana, de la mano del accionar de la delincuencia
organizada y de la respuesta gubernamental, que privilegia el componente militar”
(Moloeznik, 2010:12). Al respecto, Garzón dice:
En México, los grupos criminales no sólo han optado por tener una
guerra sin tregua entre ellos, sino confrontar de manera abierta al
Estado, lo cual ha expuesto las dimensiones que han llegado a adquirir
las facciones y su capacidad de imprimir temor y difundir la violencia
(Garzón, 2010:22).
Lo anterior se hace visible a través del informe “Mexican Drug Wars Update:
Targeting the Most Violent Cartels”, realizado por Stratfor Global Intelligence, el
cual reporta que existen tres dimensiones de la violencia asociada con el
narcotráfico en México: cártel contra cártel, cártel contra el gobierno y cártel contra
la población civil (De la O y Flores, 2012:17). Es evidente que gran parte de la
violencia es generada por el control territorial ente grupos del narcotráfico y que
esta violencia se propaga a otras esferas de la vida cotidiana (Bergman, 2012).
Aunado a la reflexión anterior, desde la visión de Gaona y Martínez (2012), en
México el crecimiento de la delincuencia y la violencia se ha convertido en una
804

�fuerte presión social que incide en las políticas públicas y que ha quedado fuera
del control del Estado, el ejército y los cuerpos policiacos ofrecen pocos resultados
bajo muchas dificultades; además que se ha provocado un clima de crisis de
inseguridad. Mateo (1999) comenta que la violencia tiene una función generadora
de más violencia cuando se intenta restituir un orden o restablecer la justicia, y
que esta reproducción enmarca un círculo vicioso, provocando violencias en
ocasiones más destructivas. Además, la violencia tiene severos efectos negativos
sobre quien la padece; Bifani-Richard dice al respecto:
Se asume que la violencia no sólo ataca y destruye a los individuos, a
los grupos y a los pueblos en cuanto tales, sino que desorganiza y
destruye sus espacios vitales; su poder de manejar y estructurar sus
vivencias a su antojo, sus espacios de interacción y de afecto que les
son primordiales, sus espacios de subsistencia (Bifani-Richard,
2004:21).
De acuerdo a las anotaciones realizadas por Echandía (2001), la violencia también
puede reproducirse mediante una “difusión contagiosa”1; en otras palabras,
mediante la presencia de estructuras que utilizan la violencia se genera una
dinámica que, además de afectar tanto a quienes participan en su reproducción
como a quienes se mantienen fuera del conflicto, potencia una espiral de acciones
violentas, que si bien se pueden concentrar en una zona específica,
posteriormente se puede extender a áreas contiguas.
En este sentido, Bergman dice:
Se debe entender la violencia como proceso, como la secuencia
dinámica de decisiones y hechos que se combinan entre sí para
producir nuevos actos. Al mismo tiempo, es necesario entender a los

1

Dicho término, de acuerdo a Cohen (1999), hace alusión a un patrón espacial y temporal de difusión de
contagios y homicidios, el cual es determinado por el accionar sistemático de actores organizados que
promueven la violencia.

805

�actores invisibles que no participan directamente en ella, pero que
son más que espectadores (Bergman, 201274).
Es decir, este tipo de violencia se considera grave debido tanto al impacto directo
(homicidios, desaparecidos, desplazados, detenidos injustamente, extorsionados,
etc.) y a su impacto indirecto (viudas, huérfanos, etc.), además de que no sólo es
generada por los grupos delictivos, sino también en las instituciones y las políticas
gubernamentales que intentan detenerlos (Azaola, 2012). Cabe señalar, que
aquella violencia que surge fuera del derecho es potencialmente fundadora de un
nuevo orden legal desde el cual se ejerce violencia y por provenir del Estado se
considera legítimo; sin embargo, pese a que existe una estrecha relación de la
violencia ejercida por el Estado con el derecho, ésta a su vez no deja de alimentar
las espirales de violencia (Calveiro, 2008).
Al respecto, Estévez (2012) señala que a raíz de la intervención del Estado
Mexicano2 contra grupos delictivos vinculados al narcotráfico, se registraron 16 mil
personas desaparecidas; asimismo, estudios como los de Ravelo (2005) develan
aspectos importantes de la violencia suscitada en Cd. Juárez que se materializa
en la desaparición y homicidio de mujeres y hombres que desde ese entonces se
vinculaban con grupos delictivos relacionados al narcotráfico.
En esta misma dirección, Montesinos y Carrillo (2012), señalan que el avance de
la violencia vinculada al narcotráfico en México pone en una situación compleja
tanto al Estado como a la sociedad, debido a que se genera más preocupación por
las “olas de violencia”, por el riesgo que corren las vidas mismas de cada
ciudadano que los demás problemas nacionales son desplazados a segundo
término.
Asimismo, los hechos que se han desencadenado a partir de esta violencia han
incidido negativamente en el dinamismo social en sus diferentes ámbitos; esto
2

Bajo el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.

806

�derivado de la violación de los derechos humanos que se hace presente a través
de asesinatos, desapariciones, secuestros y amenazas (entre otros delitos) y del
miedo que se genera en quienes no son víctimas al conocer sobre dichos delitos;
es decir, los efectos colaterales de la violencia pueden apreciarse mediante
infinitas facetas, y que pese a su innegable importancia, muchas veces pueden
pasar desapercibidos. En este sentido, Bifani-Richard comenta:
Es

la ruptura de la trama de la vida cotidiana: alejamiento y/o

pérdida de los seres queridos, desestructuración de los ritmos de
vida, de los espacios privados y del tiempo interior. El miedo, la
inseguridad, la incertidumbre permean la cotidianidad, la cubren de
bruma, cortan los proyectos vitales, amenazan el sentido que cada
quien asigna a su vida (Bifani-Richard, 2004:193).
Desde la visión de Cruz (2000) la violencia genera sentimientos de inseguridad,
los cuales no solo se relacionan con la violencia misma sino también con la
percepción que se tiene de ésta, lo cual provoca en las comunidades afectadas
una importante reducción del capital social3. En este sentido, la violencia genera
daños en la estructura social y propicia comportamientos que debilitan el tejido
social en las comunidades, los efectos sociales de la violencia pueden identificarse
en forma general en la reducción de calidad de vida al generarse miedos y
temores que evitan la posibilidad de disfrutar espacios públicos o bien reducen el
tiempo para disfrutarlos; de igual forma, se hacen notar comportamientos de
aislamiento social y el cierre físico de espacios privados (Concha, 2002).
Para Reguillo (2012), los estudios de la violencia requieren hacer una
diferenciación entre la violencia de facto (producida directamente) y la violencia
experimentada por los actores sociales (violencia subjetivamente percibida). Esta
última se manifiesta a través del miedo, de la indefensión y de la vulnerabilidad;

3

Se entiende como “capital social” la relación con las normas y redes que permiten actuar de manera
colectiva y que constituye un activo de la persona al que se puede recurrir en momentos de crisis (Woolcock
y Narayan, 2000).

807

�este dispositivo analítico permite atender condiciones estructurales de la violencia
como las dimensiones de la experiencia. De acuerdo a lo anterior, Mateo (1999)
afirma que existe una significación social de la violencia, la cual se construye a
través de los hechos que ocurren dentro de una sociedad, de su difusión y
abordaje en los medios de comunicación, de las opiniones que se presentan a
través de las conversaciones en diversos ámbitos; además, considera a la
violencia como una dinámica social que se materializa de una forma particular
para cada localidad.
Entre otras implicaciones generadas por esta violencia, se pueden identificar las
transformaciones en las dinámicas de las familias, acorde a un estudio realizado
en Cd. Juárez, Chihuahua (Hernández y Grineski, 2012), las familias han sido
afectadas de forma negativa en su capital económico, social y cultural debido a la
violencia relacionada al narcotráfico, ya que ésta ha provocado menores
oportunidades de empleo y un aislamiento reflejado en la interacción social y la
participación comunitaria. Lo anterior hace evidente que aun cuando las familias
no han sido víctimas directas, la percepción de inseguridad y el miedo provoca
que éstas tomen decisiones donde la desconfianza hacia el otro se alimenta de los
miedos y debilitan los lazos sociales, tal como puede percibirse en el análisis de
Hernández y Grineski (2012); asimismo, estas autoras comentan que el
aislamiento de las familias motivado por la violencia vinculada al narcotráfico,
puede tener efectos negativos en la niñez, ya que no se adquieren los beneficios
de la interacción social desde pequeños (Hernández y Grineski, 2012).
Dadas las anteriores consideraciones, se puede apreciar que la violencia que se
vive actualmente en el país es una fuente generadora de diversas violencias con
un comportamiento espiroidal que afecta diferentes ámbitos de la sociedad y que
provoca el siguiente cuestionamiento ¿cómo se pueden construir políticas públicas
eficientes que atiendan los problemas generados por esta violencia? Tratar de dar
respuesta a tal pregunta, es un ejercicio complejo que amerita estudios profundos
desde diferentes disciplinas, no obstante el presente ensayo pretende colocar en
808

�mesa de discusión elementos jurídicos que fundamentan la atención de las
necesidades emergentes de quienes resultan víctimas de esta violencia y que
pueden servir de base para el diseño de políticas sociales.

3. Pilares jurídicos internacionales que fundamentan la atención a las
víctimas de eventos violentos
Dentro del presente análisis es relevante considerar que la aplicación de las
políticas sociales no son imparciales, debido a que representan posiciones e
ideologías de quienes las diseñan y operan; en este sentido, y como menciona
Jusidman (2010), su definición debería tener estrictamente como base el respeto
de los derechos humanos y sustentarse claramente en los instrumentos
internacionales.
Sin embargo, es conveniente señalar que algunos instrumentos internacionales
con el objeto de procurar la protección del individuo frente a actos arbitrarios en
situaciones fácticas distintas, responden a una diferencia operativa para referirse a
los derechos humanos y al derecho humanitario internacional: el objetivo
primordial de los derechos humanos está directamente relacionado con el goce de
las libertades y garantías individuales de los seres humanos, así como su
bienestar y protección en general; en tanto, el objetivo central del derecho
humanitario internacional se relaciona con la protección de civiles y víctimas en
conflictos armados (Vinuesa, 2002); dada esta condición, se retoma la aportación
de Jusidman y se estudia la pertinencia de revisar las “garantías del derecho
humanitario” para fundamentar la política social.
Ahora bien, es importante puntualizar que aun cuando la violencia a la que nos
referimos en el presente documento no puede catalogarse como un conflicto
interno o bajo alguna tipología de guerra, el fenómeno ha alcanzado un número de
muertes e implicaciones en la vida de los mexicanos que se asemeja a la violencia
causada por confrontaciones armadas formalmente declaradas. Al respecto,
809

�Turner (2010) afirma que las nuevas guerras o conflictos sirven para subrayar el
argumento de que la vulnerabilidad humana es el hilo conductor en el desarrollo
de los derechos humanos; sin embargo, de acuerdo al autor, las nuevas guerras
no son, obviamente, sujetas a regulación o por las convenciones internacionales
de derechos humanos. No obstante, debemos recordar las normas regulan y se
ven reguladas por los valores imperantes en un tiempo y en un lugar determinado,
las cuales a través de un proceso de metamorfosis se permiten adaptarse a una
realidad cambiante (Mendoza y Cabello, 2013).
De esta forma, conviene distinguir a México como un país que a nivel internacional
se ha identificado a favor de la paz, a través de la ratificación de diversos tratados
y convenios orientados a garantizar y procurar los derechos fundamentales de los
seres humanos; en este sentido, es preciso señalar los dispositivos normativos 4
más relevantes (para el problema que nos atañe) que pueden fungir como guía
estructural para iniciativas de política social5 frente a la violencia en este país.
No obstante, el derecho humanitario es aplicado cuando existen dos o más partes
involucradas en un conflicto ya sea interno o internacional, al respecto Mack y
Pejic dicen “El derecho internacional humanitario es un cuerpo de derecho que
provee la protección necesaria a las personas directamente afectadas por un
conflicto armado, siempre y cuando sea respetado por las partes que intervienen
en el conflicto” (Mack y Pejic, 2008: 5). Lo anterior, genera un conflicto en su
posible aplicación en México debido a que la violencia que se presenta en la
actualidad está vinculada a grupos criminales que no pueden ser considerados
como “Parte” de un conflicto; en este sentido, es preciso considerar algunos

4

Dentro del derecho humanitario internacional y los derechos humanos que han sido ratificados por México.
De la misma manera, es preciso recordar que la intervención social (como principal herramienta de la
política social) en palabras de Mendoza y Cabello, “requiere siempre de un conocimiento de lo 'jurídico', ya
que una actuación profesional sin esta plataforma de acción resultaría incompleta” (Mendoza y Cabello,
2013:20).
5

810

�aspectos de estos instrumentos internacionales más por su valor humanitario que
por su aplicación legitimada en México.
Asimismo, se hace importante mencionar un instrumento jurídico aplicado en un
país vecino como lo es Colombia, que se ha caracterizado por un fuerte problema
de violencia que lleva décadas, en donde el problema de narcotráfico no es una
excepción; en este sentido, se realizan algunas puntualizaciones sobre la Ley de
víctimas y restitución de tierras y algunas contrariedades que enmarcan su
aplicación.
Instrumentos jurídicos a nivel internacional que fundamentan la protección
de los derechos humanos y la atención humanitaria en situaciones de
conflicto
En primer lugar, se retoma La Declaración Universal de los Derechos Humanos
(proclamada el 10 de diciembre de 1948) la cual, a través de su artículo 3,
establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona”; asimismo, el artículo 5 establece: “Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Es decir, por el simple hecho
de ser seres humanos nadie puede privarnos del derecho a la vida, la libertad, la
seguridad de nuestra persona, lo que incluye el derecho a no ser sometido a
torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, derechos que continuamente
son violados en los eventos violentos vinculados al narcotráfico en nuestro país.
En consecuencia, es trascendental recordar el compromiso del Estado para
asegurar el respeto efectivo de tales derechos expresados en los citados artículos.
Para dar continuidad, se abordan los aspectos jurídicos a nivel internacional que
se ocupan para garantizar (bajo medidas normativas) los derechos de las
personas expuestas a la violencia, entre los que sobresalen dos de los cuatro
Convenios de Ginebra, los cuales son tratados internacionales que surgen
después de la segunda guerra mundial, considerada como una guerra sin
precedentes; no obstante, es importante puntualizar que estos dos instrumentos
811

�jurídicos responden al derecho humanitario y, como se ha mencionado en el
preámbulo de este apartado, no pueden aplicarse en México y su análisis solo es
referencial.
La creación de los Convenios de Ginebra parte de diversas sesiones celebradas
en Estocolmo entre el 20 y 31 de agosto de 1948 (bajo la participación de 51
gobiernos y de 52 Sociedades Nacionales) y finalmente son el resultado de una
mesa de trabajo celebrada en Ginebra entre el 21 de abril y 12 de agosto de 1949
(con la representación de 61 Estados). Éstos contienen las principales normas a
seguir bajo compromisos internacionales para limitar las consecuencias de la
guerra y proteger a las víctimas de ésta. Adicionalmente, un aspecto en común
que contienen dichos convenios es la disposición que obliga a los Estados (que
suscriben dichos convenios) a difundir el derecho humanitario entre la población
civil, el cual se resume:
Se trata de transmitir reglas fáciles y esenciales: no causar daños
superfluos a los enemigos, no llevar a cabo destrucciones que excedan
las necesidades de la guerra, no atacar localidades no defendidas, no
atacar y respetar las instalaciones sanitarias, los monumentos y los
lugares de culto, respetar a los enemigos que se rinden o que son
capturados; asistir a todos los heridos, proteger al personal sanitario, a
sus vehículos y hospitales y al personal religioso; y finalmente, no
atacar y respetar la población civil y a sus autoridades civiles (Mangas,
1990:157).
A continuación se presentan los artículos más sobresalientes de ambos convenios,
que sirven de fundamentan la atención humanitaria de las víctimas:
I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos
de las fuerzas armadas en campaña, 1949.

812

�Artículo 3 (parte primera)
En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el
territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las
Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las
disposiciones siguientes:
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las
armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por
enfermedad, herida, detención, o por cualquiera otra causa, serán, en
todas circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de
carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio
análogo.
A tal efecto, están y quedan prohibidos, en cualquier tiempo y lugar,
respecto a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles,
torturas y suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos
humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio,
emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías
judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
El artículo 3 aplica en conflictos que ocurran dentro de un mismo país, resalta la
obligación del trato humanitario y establece la obligación de los Estados a tratar
813

�con humanidad y sin distinción a quienes no participen o hayan dejado de
participar en el conflicto.
II Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en
tiempo de guerra.

Artículo 14
En tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, después del
comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto, podrán designar
en el propio territorio y, si es necesario, en los territorios ocupados,
zonas y localidades sanitarias y de seguridad organizadas de manera
que se pueda proteger contra los efectos de la guerra a los heridos y a
los enfermos, a los inválidos, a los ancianos, a los niños menores de
quince años, a las mujeres encintas y a las madres de niños de menos
de siete años. Ya al comienzo de un conflicto y en el transcurso del
mismo, las Partes interesadas podrán concretar acuerdos entre sí para
el reconocimiento de las zonas y localidades que hayan designado.
Podrán, a este respecto, poner en vigor las disposiciones previstas en
el proyecto de acuerdo anejo al presente Convenio, haciendo
eventualmente las modificaciones que consideren necesarias.
Se invita a que las Potencias protectoras y el Comité Internacional de la
Cruz Roja presten sus buenos oficios para facilitar la designación y el
reconocimiento de esas zonas y localidades sanitarias y de seguridad.
Asimismo, el artículo anterior establece la necesidad de dar un trato diferenciado a
las personas más vulnerables, y además se prevé la incorporación de instituciones
para designar las zonas y localidades sanitarias y de seguridad. Por otra parte,
esta Convención a través del artículo 17 contempla las acciones de evacuación:

814

�Artículo 17
Las Partes en conflicto harán lo posible por concertar acuerdos locales
para la evacuación, desde una zona sitiada o cercada, de los heridos,
de los enfermos, de los inválidos, de los ancianos, de los niños y de las
parturientas, así como para el paso de ministros de todas las religiones,
del personal y del material sanitarios con destino a esa zona.
Una actividad importante dentro de los conflictos armados es la comunicación,
sobre todo la garantía de que las familias de las personas que se encuentra en
territorios de guerra tengan noticias de éstas. Lo anterior ha sido contemplado a
través del siguiente artículo:
Artículo 25
Toda persona que esté en el territorio de una Parte en conflicto o en un
territorio por ella ocupado, podrá dar a los miembros de su familia,
dondequiera que se hallen, noticias de índole estrictamente familiar;
podrá

igualmente

recibirlas.

Esta

correspondencia

se

expedirá

rápidamente sin demoras injustificadas. Si, debido a las circunstancias,
el intercambio de la correspondencia familiar por la vía postal ordinaria
resulta difícil o imposible, las Partes en conflicto interesadas se dirigirán
a un intermediario neutral, como la Agencia Central prevista en el
artículo 140, a fin de determinar con él los medios para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones en las mejores condiciones,
especialmente con la colaboración de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos). Si las Partes
en conflicto consideran necesario restringir la correspondencia familiar,
podrán, como máximo, imponer el uso de formularios modelo que
contengan veinticinco palabras libremente elegidas y limitar su envío a
uno solo cada mes.

815

�De manera similar, esta Convención contempla la necesidad de las personas por
encontrar a familiares dispersados por la guerra; en este sentido, a través del
artículo 26 se establece que cada Parte en conflicto facilite: la búsqueda entre
familiares y la reanudación de contacto entre éstos. Además, proveerá protección
bajo diversas medidas de seguridad a organismos dedicados a dicha tarea.
Ahora bien, es importante reconocer que dentro de las víctimas de la violencia
armada se encuentra un grupo vulnerable que requiere una atención
especializada: los menores. Hecha la observación anterior se desarrolla el
siguiente apartado.
3.2 Instrumentos jurídicos internacionales y los menores en situaciones
de violencia armada: vulnerabilidad y vulnerables
Antes de enumerar los aspectos jurídicos que respaldan los derechos de los
menores en situaciones de violencia, es preciso recordar el estado de
vulnerabilidad6 que les caracteriza; es decir, socialmente se parte de una
concepción cultural que ubica a los menores dentro de los grupos vulnerables
debido a su posición respecto a un adulto construida bajo un modelo autoritario
que concibe al menor sin una capacidad plena de discernimiento y madurez
mental (Pedroza y Gutiérrez, 2001). En este sentido, se hace importante señalar
que de acuerdo con diversos estudios una parte importante de menores de edad
en México viven en entornos de vulnerabilidad social7, donde la violencia
vinculada al narcotráfico es una de las principales causas de la misma (Emmerich,
2012; Muñoz, 2012; Valenzuela, 2012).
6

Se retoma el concepto de vulnerabilidad de Pérez quien la define como “la condición de una mayor
indefensión en la que se puede encontrar una persona, grupo o una comunidad” (Pérez, 2005:848);
asimismo, se hace referencia a Pedroza y Gutiérrez (2001) quienes señalan que un grupo o un individuo se
encuentra en situación de vulnerabilidad cuando se ubica en una posición de desventaja para hacer
efectivos sus derechos y libertades.
7
Se hace referencia al concepto de vulnerabilidad social de Cáceres (1999), quien señala que la
vulnerabilidad social refiere a la desprotección de un grupo de personas en los momentos en que enfrentan
potenciales daños en su salud, insatisfacción de sus necesidades y la violación de sus derechos humanos
debido a que no cuentan con recursos personales, sociales y legales.

816

�Ahora bien, es importante mencionar que desde la perspectiva jurídica, la
vulnerabilidad se utiliza para identificar a aquellos a quienes se les violan sus
derechos, y que sufren la omisión, precariedad o discriminación en la regulación
de su situación por el legislador federal o local del orden jurídico nacional, o bien
por la ausencia o ineficiencia de las políticas públicas, entre otros aspectos (Pérez,
2005). En el mismo sentido, Stalsett (2004) encuentra el vínculo entre
vulnerabilidad y derecho en una reflexión basada en el concepto primario de
vulnerabilidad (la posibilidad de ser herido) y su lado contrario, que para el autor
es el derecho a la protección y necesidad de seguridad en un sentido amplio.
Dadas las anteriores condiciones, se hace referencia a los siguientes instrumentos
jurídicos que normativamente respaldan a los menores de edad en situaciones de
violencia armada y que procurando su aplicación deberían reducir su condición de
vulnerabilidad:
II Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en
tiempo de guerra.
Artículo 24
Las Partes en conflicto tomarán las oportunas medidas para que los
niños menores de quince años que hayan quedado huérfanos o que
estén separados de su familia a causa de la guerra no queden
abandonados, y para que se les procuren, en todas las circunstancias,
la manutención, la práctica de su religión y la educación; ésta será
confiada, si es posible, a personas de la misma tradición cultural. Las
Partes en conflicto favorecerán la acogida de esos niños en país neutral
mientras dure el conflicto, con el consentimiento de la Potencia
protectora, si la hubiere, y si tienen garantías de que serán respetados
los principios enunciados en el párrafo primero.
Además, harán lo posible por tomar las oportunas medidas para que
todos los niños menores de doce años puedan ser identificados,
817

�mediante una placa de identidad de la que sean portadores, o por
cualquier otro medio.
Adicionalmente, es relevante mencionar que los Protocolos adicionales I y II a los
Convenios de Ginebra se estipula una protección especial que debe recibir el
menor, donde se menciona al menor como objeto de un respeto especial que
abarca en términos generales:


Evacuación a zonas especiales



Asistencia y cuidados



Derecho a la identificación y reunión con familiares en casos de niños no
acompañados



Sobre la atención especial en caso de niños arrestados, detenidos o
internados.



No ejecución de la pena de muerte.

De manera concreta y con el objeto de especificar y reconocer los derechos
universales de los niños8, en 1989 nace un tratado internacional con miras a
comprometer a los gobiernos que lo suscriben a proteger y asegurar los derechos
de la infancia a través de estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas
necesarias para proteger el interés superior del niño: La Convención sobre los
Derechos del Niño. En ésta podemos ubicar los siguientes artículos pertinentes
para el tema en cuestión:
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida.

8

Cabe mencionar, que bajo los estatutos internacionales, específicos en la protección del menor, la noción
del niño abarca a toda persona que no ha cumplido los 18 años de edad.

818

�2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas
medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para
proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y
sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales
pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el
tráfico ilícitos de esas sustancias.
Bajo estos artículos, se garantiza el compromiso que tiene el Estado por reconocer
y garantizar el derecho de vida y desarrollo del niño. Desde esta óptica, el Estado
Mexicano está obligado a desarrollar acciones que reduzcan el riesgo de los
menores en las situaciones de violencia vinculada al narcotráfico. Lo anterior
cobra trascendencia cuando se advierte a través de registros periodísticos y
estudios como el de De la O y Flores, (2012) y Vásquez, (2012), que si bien los
menores no son reclutados por las fuerzas armadas oficiales, sí lo son por los
grupos delictivos vinculados al narcotráfico; frente a tal situación, es imperante la
formulación de estrategias desde la política nacional para disminuir tal
reclutamiento.
Por otra parte, el artículo 39 prevé las implicaciones para los menores de
diferentes violencias y por ello establece lo siguiente:
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de
todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o
abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se
819

�llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí
mismo y la dignidad del niño.
Empero, es importante señalar que en México no se puede hablar de un conflicto
armado, sino más bien de violencia armada y delictiva vinculada a grupos del
narcotráfico; de tal forma, que al hacer referencia al artículo anterior no se
pretende señalar al estado mexicano como parte de un conflicto y a los grupos del
narcotráfico como la otra parte, más bien se pretende retomar la importancia y
obligación que el gobierno mexicano debe atender respecto a las medidas
apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración
social de todo niño víctima.
Vicisitudes de un ejemplo cercano: La Ley de Victimas y restitución de
tierras en Colombia
De acuerdo a las observaciones realizadas por Salazar y Mendoza (2013)
Colombia lleva décadas bajo un conflicto de violencia generada por diferentes
grupos armados, como el crimen organizado y narcotráfico, los grupos
paramilitares, los grupos guerrilleros y las fuerzas estatales; asimismo, los autores
señalan que la violencia en Colombia ha derivado diversos efectos negativos en
sus

habitantes;

entre

los

más

complejos

se

puede

visualizar

el

desarraigo/desplazamiento9 de la población que muchas veces es motivado por el
despojo de tierras.
En Colombia los efectos de la violencia y el desplazamiento son diferenciados
sobre hombres, mujeres, menores y etnia, la diferencia se aprecia en la
particularidad de sus necesidades, su nivel de vulnerabilidad; asimismo, estos
efectos puedes ser visibles desde el momento en que reciben las agresiones
directas hasta las diferentes formas de emplear estrategias de supervivencia y
9

De acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de Colombia, las poblaciones
desarraigadas/desplazadas se definen en tres grupos: 1) refugiados, 2) personas en situación de
desplazamiento forzado, y 3) personas refugiadas o desplazadas que hayan regresado a su país o región de
origen.

820

�reconstrucción de sus proyectos de vida (Meertens, 2004 referenciado por Salazar
y Mendoza, 2013).
Una de las iniciativas para enfrentar los diversos problemas que genera esta
violencia desde una vía jurídica en este país, es la Ley de víctimas y restitución de
tierras (Ley 1448 de 2011), dicha Ley es un intento por constituir un paso hacia la
reconciliación social, que parte del reconocimiento y reparación de víctimas
invisibilizadas históricamente (Cortés, 2013); además, es importante señalar que
esta Ley aparece muchas décadas después de haber surgido los conflictos de
violencia en Colombia.
En resumen, el objeto de la Ley de víctimas y restitución de tierras es establecer
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de forma individual y
colectiva en beneficio de las víctimas del conflicto armado interno, que puedan
hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, justicia y la reparación del
daño con garantía de no repetición.
Empero, aun cuando la Ley ha sido una importante iniciativa frente a la protección
de los derechos de las víctimas, debido a su apego al derecho internacional y
fundamentación en los estándares de verdad, justicia y reparación integral, se
presentan algunas complicaciones en su implementación y desarrollo de los
parámetros; aunado a estas complicaciones, siguen sin existir mecanismos de
protección a la población frente a los grupos armados (Huertas, 2012).
Además, la aplicación de esta Ley en Colombia presenta contratiempos
relacionados a procedimientos que se caracterizan por la corrupción (Cortés,
2013). De igual forma, Cortés (2013) comenta que entre los gastos generados por
esta violencia existe una marcada asimetría entre el presupuesto destinado a la
reparación de las violaciones masivas de derechos humanos cometidos por

821

�décadas y el presupuesto destinado a gastos de defensa y seguridad
democrática10.
En este sentido y con referencia al problema de despojo de tierras, UprimnyYepes y Sánchez (2010) dicen que el diseño de políticas de atención debe partir
del reconocimiento de las diferentes motivaciones que confluyen en los intereses
y las propuestas en torno a la política de restitución.
Aunado a lo anterior, para Rettberg, Kiza y Forer (2008) el problema de violencia
en Colombia requiere (además de definir el universo de las víctimas), profundizar
en los procedimientos por medio de los cuales debe realizarse la reparación del
daño, lo que implica analizar el grado en que ésta se pueda dar, por ejemplo
existirán casos en que la reparación sea dirigida de manera individual o colectiva,
material o simbólica; asimismo, se debe enfatizar en el compromiso estatal de
garantizar la no repetición de los hechos y en administrar con detalle los montos y
financiamientos según el tipo de victimización. De igual forma, los autores
comentan que la reparación del daño no es sólo una práctica legal sino también
una expresión política (Rettberg, Kiza y Forer 2008).
No obstante, es importante remarcar que el avance en la restitución de tierras y la
reparación del daño en las víctimas de violencia en Colombia, se ha dado gracias
al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y el
reconocimiento del problema a nivel internacional, que ha motivado su atención a
través de diversas políticas orientadas a la reparación a estas víctimas (UprimnyYepes y Sánchez, 2010).
Ahora bien, retomando el caso de México, es pertinente recordar que nuestra
Carta Magna establece a través de su artículo 1 que en el territorio mexicano,
todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados

10

A lo largo de 10 años se han destinado 40 billones de pesos destinados a la reparación del daño; en tanto,
anualmente se destinan 20 billones en gastos de defensa y seguridad democrática (Cortés, 2013).

822

�internacionales. Como en el caso Colombiano, conviene retomar algunas
disposiciones internacionales fundamentadas en la reparación del daño de la
víctima que se pueden establecer mediante acertados diseños de políticas de
atención, no sin antes, considerar las vicisitudes de la aplicación de la Ley
colombiana, que pueden tomarse como referencia y prevención para el caso
mexicano, esto sin olvidar la heterogeneidad de los contextos.
En este sentido, para concretizar en los aspectos jurídicos nivel nacional, a través
del siguiente apartado se analiza de forma breve el instrumento jurídico de
reciente creación para dar atención a las víctimas de la violencia en México.

El primer esfuerzo de las voces que no se apagan: La Ley General de
Víctimas
Acorde con el apartado de exposición de motivos del documento “Iniciativa con
proyecto de decreto para expedir la Ley General de Víctimas”11, en México la
proliferación de la violencia, la inseguridad pública y expansión del crimen
organizado han propiciado diversas expresiones sociales (particularmente de
aquellos que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos
humanos) contra las autoridades públicas promoviendo una exigencia en el
sentido de que el Estado garantice de manera integral su asistencia comenzando
por su reconocimiento desde el marco normativo. En este sentido, el documento
referido marca un antecedente documental que recoge las demandas de
organizaciones civiles para la proclamación de la Ley General de Víctimas (a partir
de ahora se hará referencia a ésta como la Ley).
Asimismo, conforme con artículos periodísticos12 y las declaraciones de
integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad13, a través de sus

11
12

Presentado el 28 de marzo del 2012 en el salón de sesiones del Senado de la República Mexicana
Véase hemerografía.

823

�boletines de prensa, se reconoce la promulgación de la ley como un logro político
de diversas organizaciones de ciudadanos14 que trabajan a favor del respeto y
garantía de los derechos humanos y que se caracterizan por representar a
víctimas de la violencia vinculada al narcotráfico y familiares de personas
desparecidas.
Un artículo que forma la estructura base de la Ley es el número 2, además que
reitera el compromiso del Estado para el respeto y garantía de los derechos
humanos reconocidos internacionalmente, así también el artículo numero 3:
Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia,
protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida
diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la
Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de
los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos
humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para
promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de
los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos

13

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es una organización a nivel nacional que surge el 28 de
marzo del 2011 como un grupo formado por ciudadanos muchos de ellos victimas (directas o indirectas) de
grupos criminales ligados al narcotráfico en México, así también se reconocen como familiares de personas
desparecidas en los últimos años.
14
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (AFADEM), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín
Pro Juárez”, A.C. (Centro ProDH), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Colectivo
de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos (COMDH), Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), entre otras.

824

�para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas
competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar,
sancionar y lograr la reparación integral;

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la
justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las
autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos
relacionados con las víctimas;

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por
omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Artículo 3
Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los
Tratados Internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más
amplia de los derechos de las personas.
Por otra parte, se visualiza en esta Ley un avance legislativo (que puede incidir en
la operacionalización de las políticas sociales) en el discernimiento de las víctimas
directas, victimas indirectas y víctimas potenciales:
Artículo 4
Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan
sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional,
o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos
o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y

825

�en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
Parte.
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a
cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o
derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir
o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o
menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente
Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al
responsable del daño o de que la víctima participe en algún
procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que
hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de
derechos.
Asimismo, se contempla bajo el anterior artículo la victimización por grupo,
comunidad u organización social; esto se hace relevante debido a las diversas
manifestaciones de violencia (registradas periodísticamente) cometidas contra
grupos y comunidades enteras en México.
Entre los artículos de esta Ley orientados al derecho a la ayuda, asistencia y
atención y que a su vez puede ser fundamento base de iniciativas de política
social, se enumera el siguiente:

826

�Artículo 8
Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo
a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho
victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus
necesidades

de

alimentación,

aseo

personal,

manejo

de

abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia,
transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la
violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades
tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las
medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un
enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea
necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de
necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y
la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de
emergencia en los términos de la presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y
accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las
garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso
oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la
presente Ley.

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en
los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán
exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal,
de las entidades federativas y municipios, a través de los programas,
mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o
827

�de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones
privadas.
Otro elemento plausible de esta Ley es que el artículo 10 establece la posibilidad
de las víctimas a participar activamente en diferentes procedimientos judiciales y
administrativos que procuren la justicia. De igual forma, se reitera este
compromiso en los apartados III y V del artículo 12 que establece:
Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los
datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la
investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias
correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas
ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso
podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a
que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de
denuncias o querellas;

V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio
Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de
reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del
procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el
daño;
Un elemento clave que recoge las demandas de las víctimas es el vertido en del
artículo 18 al 25, los cuales conciernen al “derecho a la verdad”, en éstos se
establece: el derecho de las víctimas a conocer los hechos constitutivos del delito
y de las violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto; a conocer
la verdad histórica de los hechos y participar activamente en la recolección de
datos; a que las autoridades respectivas actúen con eficacia para la búsqueda de

828

�personas desaparecidas y que identifiquen cuerpos y osamentas bajo rigurosidad
científica; entre otros aspectos.
De forma general, se puede apreciar que la Ley contempla medidas de atención
para las víctimas que se resumen en: alojamiento, alimentación, transporte,
protección (cuando la víctima se considera todavía en peligro), asesoría jurídica,
atención y asistencia en materia de procuración de justicia. Por otra parte, también
incorpora las medidas de reparación integral, en forma concreta: restitución,
rehabilitación, compensación, no repetición (son aquellas que se adoptan con el
fin de que la víctima no vuelva a ser objeto de violaciones a sus derechos).
Ahora bien, el titulo sexto de la Ley es parte medular para la creación de un
sistema que permita ser instrumento de formulación de políticas públicas, llamado
Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Al respecto, el artículo 79 establece:
Artículo 79
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de
coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto
proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes,
programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y
demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda,
asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación
integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las
instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del
Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás
organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda,
asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se
refiere el Capítulo II del presente Título.

829

�El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas,
servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y
los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las
víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el
Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a
Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del
Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su
competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito
Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero
común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del
orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la
Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren
recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando
la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere
negado.
Entre los artículos más relevantes para la transversalidad de las políticas públicas
se encuentra el siguiente:
Artículo 80
El Gobierno Federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los
sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los
mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los
servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso
a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en
esta Ley.
830

�Sin embargo, aun cuando la Ley ha sido pensada para atender las problemáticas
más significativas que las víctimas de esta violencia padecen, se vislumbra su
carácter aspiracional; por ejemplo, dentro de las limitaciones de esta Ley tendrían
que ser analizados bajo una óptica de impacto presupuestal los alcances a los que
la misma pretende, pues aún se vislumbran diversos vacíos legales que surgirían
en los procesos judiciales orientados a la reparación del daño de las distintas
víctimas (Vizcaíno, 2012).
Es decir ¿cómo se pretende atender y reparar el daño de miles de víctimas?
Además ¿Cuáles serían los principales delitos que se considerarían para la
reparación del daño? ¿El presupuesto asignado para este rubro será suficiente?
Hasta ahora, la estrategia programática del presupuesto de egresos 15 de la
federación contempla proponer acciones para la aplicación de la Ley, pero sólo
especifica que bajo la coordinación de los tres órdenes de gobierno se debe
contribuir a la localización de personas desaparecidas y asistir a sus familiares,
dejando de lado el resto de las víctimas directas e indirectas a razón de otros
delitos vinculados a esta violencia.
No obstante, es pertinente reconocer que la promulgación de esta Ley es un
preámbulo importante para el tejido de políticas sociales pertinentes, por lo que es
prudente no olvidar la estrecha vinculación entre el derecho y la política social; al
respecto, Mendoza y Cabello dicen: “La política social, contrario a lo que se pueda
creer, siempre se fundamenta en el Derecho, y son precisamente los derechos
fundamentales de los individuos la piedra angular a partir de la cual se articula la
acción social del Estado” (Mendoza y Cabello, 2013:20).

5. Primeros pasos de una política social de atención a los diversos
problemas generados por la violencia: la construcción y discusión de una
propuesta
15

Disponible en línea.

831

�Pese al avance legislativo en pro del reconocimiento de las víctimas de esta
violencia, en el ámbito nacional, las políticas sociales para atender los problemas
derivados por la violencia vinculada al crimen organizado relacionado al
narcotráfico se caracterizan por ser inexistentes; además, es preciso hacer notar
que la motivación de formular políticas sociales no parten de la promulgación de
una ley sino más bien de problemas y necesidades sentidas en una sociedad
(Vásconez, Córdoba y Muñoz, 2005).
En este sentido, de acuerdo a las observaciones realizadas por Dye (1998), una
forma de hacer política también puede caracterizarse por no tener política para
resolver determinada problemática, y es precisamente esta ideología la que
representa (ya sea de manera intencionada o no) actualmente la política de
atención a los diversos problemas generados por esta violencia en México.
Conviene, sin embargo, advertir que un problema de las políticas públicas es
definir específicamente un problema, proceso que parte de una construcción
conceptual que corre el riesgo de ser malinterpretada (Lachera, 2002:27).
Es decir, es posible entender que existen nuevos desafíos para el diseño y
aplicación de las políticas sociales debido a la complejidad de los principales retos
que se visualizan en la atención de las personas que han sido víctimas directas o
indirectas a raíz de la experiencia de eventos delincuenciales vinculados al
narcotráfico y a las acciones que se orienten a evitar una doble o triple
victimización debido a su estado vulnerable.
Ahora bien, cuando mencionamos la necesidad de una atención, implícitamente se
hace referencia a la intervención social y en este sentido, se retoma la idea de
Carballeda (2001) cuando hace referencia a que una política social que intenta
intervenir en lo social debe dirigir sus esfuerzos hacia la reconstitución de lo
fragmentado, pues en muchos sentidos se fragmentan16 las vidas de quienes son

16

Se habla sobre “fragmentación” debido a las transformaciones que se generan a raíz de la experiencia con
eventos violentos, al respecto, cabe señalar que Azaola (2012) considera este tipo de violencia como grave

832

�víctimas; asimismo, se retoma la idea de Concha-Eastman y Krug (2002) en la que
señalan que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es prevenible y
evitable, y que es trabajo de las naciones dirigir políticas para su prevención,
control y sanción.
Por otro lado, es importante dejar en claro que el término política social puede
caer en cierta flexibilidad, en palabras de Sobrino y Garrocho:
Es posible que el término política social tenga un significado particular
según el tiempo y el lugar, pues en el fondo es producto de un proceso
social, cultural y político; un proceso que determina la visión de justicia
social, de lo que son las necesidades de la población, de lo que se
supone es un nivel de bienestar razonable, de las desigualdades
aceptables en la sociedad, el papel social del estado y de lo que
finalmente sustenta el modo de vida de cada sociedad (Sobrino y
Garrocho, 1995:34).
En esta misma dirección, Lacruz, Aragón y Matute (1998) señalan que los
problemas sociales que aquejan a la sociedad actual se caracterizan por una
creciente complejidad, y que su atención requiere una flexibilidad institucional
capaz de asumir nuevos planteamientos e incorporar cambios oportunos dirigidos
a la búsqueda de alternativas para, de esta forma, solucionar conflictos y
responder a las necesidades más apremiantes de la sociedad. Asimismo, se hace
relevante señalar que las necesidades de una sociedad son el basamento de la
política social de un Estado determinado; así pues, el reconocimiento público de
dichas necesidades representa el fundamento para que tanto el Estado como la
sociedad unifiquen sus esfuerzos a fin de dar la debida atención a tales
fenómenos (Montoro, 1997). Por su parte Montagut (2000) también hace énfasis
en que el objeto de la política orientada al bienestar social es la satisfacción de las
debido tanto al impacto directo (homicidios, desaparecidos, desplazados, detenidos injustamente,
extorsionados, etc.) y a su impacto indirecto (viudas, huérfanos, etc.).

833

�necesidades humanas y puntualiza que éstas a su vez se transforman formando
parte del proceso histórico de una sociedad.
Dada las anteriores circunstancias, es preciso trabajar desde diferentes espacios
en pro de visibilizar los diversos problemas a los que se enfrentan las familias
mexicanas afectadas por esta violencia, las necesidades que emergen y
posicionar en la agenda pública este panorama, para posteriormente incidir en su
atención a través de la política social; en palabras de Montecinos, “la inclusión de
un problema en la agenda gubernamental es una condición necesaria para que
éste dé lugar a una política pública que intente solucionarlo” (Montecinos,
2007:328). En lo tocante a este último punto, conviene decir que dentro de los
lineamientos generales que regulan la política nacional ya se hace presente el
discurso político que expone el problema de esta violencia.
5.1 El discurso y la propuesta gubernamental
El discurso oficial que manifiesta el problema de violencia en México se hace
visible en la parte introductoria del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018:
Las instituciones de seguridad del país deben tener como fin prioritario
garantizar la integridad física de la población. México ha enfrentado en
los últimos años una problemática sin precedentes en términos de
seguridad pública. La falta de seguridad genera un alto costo social y
humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos.
Asimismo, esta carencia incide en el potencial de desarrollo nacional,
inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la
eficiencia operativa de las empresas (PND, 2013-2018:16).
No obstante, el discurso que se percibe se encuentra distante de reconocer el
problema bajo todas sus implicaciones. Por ejemplo, la primera de las cinco metas
nacionales plasmadas es este documento que hacen referencia a la violencia
establece:

834

�Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la
gobernabilidad y la seguridad de su población. Esta meta busca
fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de
acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y
corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos
humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la
corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello
orientado a la consolidación de una democracia plena. Asimismo, esta
meta responde a un nivel de inseguridad que atenta contra la
tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha incrementado los
costos de producción de las empresas e inhibido la inversión de largo
plazo. La prioridad, en términos de seguridad pública, será abatir los
delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del
delito y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad. En
este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la
criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para
inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías
profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y sistema efectivo
de reinserción social de los delincuentes (PND, 2013-2018: 21).
Acorde a lo anterior, es posible apreciar que la violencia vinculada con el
narcotráfico no es visibilizada dentro de la meta nacional; sin embargo, dentro del
apartado de México en Paz del PND, 2013-2018, se amplía el discurso para
mencionar las estrategias empleadas en el sexenio anterior contra la delincuencia
organizada bajo una óptica de censura, y se menciona que a raíz de estas
estrategias se deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad; asimismo, de
forma reducida se hace mención de algunos resultados de la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción de la Violencia, 2012 (ENVIPE, 2012). De igual
forma, existe un reduccionismo al señalar que esta violencia no es generalizada y
solo caracteriza a algunas regiones del país.

835

�Por otra parte, entre las propuestas para atender el problema, el gobierno de la
república bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto ha designado el
Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, el cual
tiene como objetivo rector: la prevención del delito17. Dentro del diagnóstico,
plasmado en el documento que contiene las bases para este programa, se hace
otro reconocimiento general de la violencia vinculada al narcotráfico de la siguiente
forma:
Entre los factores que más han inﬂuido en el incremento de la violencia
en nuestro país, destacan las disputas en y entre organizaciones
criminales dedicadas al narcotráﬁco; por otro lado, llama la atención la
situación de las juventudes en su calidad de víctimas y de generadores
de violencia (Bases para el Programa Nacional para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia, 2013).
A pesar de los anteriores argumentos sobre el problema, la voluntad política
(dentro del marco de este programa) se orienta a la implementación de políticas
de prevención de delincuencia y violencia que se reducen en: la promoción de
“cultura de paz”; participación ciudadana en procesos “formativos” y desarrollo de
proyectos socio-productivos. Lo anterior se hace visible en los siguientes objetivos
específicos:
-

Fortalecer el capital comunitario y la capacidad institucional en los
tres ámbitos de gobierno a través de procesos formativos, así
como intervenciones intersectoriales para la gestión de políticas
públicas de prevención social de las violencias y la delincuencia.

-

Promover y fortalecer el desarrollo y participación de las y los
jóvenes como agentes de transformación social.

17

Nótese que el objeto de la propuesta va orientado a la prevención.

836

�-

Realizar intervenciones socio-urbanas para mejorar las pautas de
convivencia, la identidad y la cohesión comunitaria.

-

Promover una cultura de paz con perspectiva de derechos
humanos que contribuya a la prevención, mediación y resolución
de conﬂictos.

-

Promover la implementación de estrategias para el desarrollo de
proyectos

socio-productivos,

que

impulsen

alternativas

y

oportunidades de desarrollo en aquellos grupos en condiciones de
vulnerabilidad social.
-

Ampliar los espacios, procesos y mecanismos para que la
sociedad civil organizada participe en las políticas públicas de
prevención social de las violencias y la delincuencia y en las
intervenciones comunitarias.

-

Medir,

detectar

y

anticipar

procesos

sociales,

culturales,

económicos, así como factores de riesgo asociados a la violencia y
la delincuencia para las comunidades desde la perspectiva
poblacional, territorial y simbólica.
-

Integrar

estrategias

de

alcance

nacional

y

campañas

de

información y difusión. del programa (Bases para el Programa
Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia,
2013).
Sobre la base de las anteriores consideraciones, es posible apreciar que aún no
se vislumbran acciones concretas que apunten a la atención de las víctimas de
esta violencia; por el contrario, las acciones para contrarrestar el problema
continúan caracterizándose (en general) en plantear soluciones bajo una
intervención militar que de acuerdo a Pereyra (2012) ejerce una violencia estatal y
que en diversas ocasiones ha puesto en riesgo la vida de la población.

837

�Comentarios finales para no concluir
La violencia que se vive en México provoca diversos estragos que afectan la vida
de los mexicanos y permean el sentimiento de seguridad en la nación; en este
sentido, es importante recordar que de acuerdo con González, López y Yáñez
(1994) un escenario de inseguridad pública generalizada es una condición de
inviabilidad para el desarrollo y bienestar social.
Se entiende que esta situación de violencia se caracteriza por diversos matices
que se desarrollan bajo diversos contextos y en los que es trascendental
profundizar. En este sentido, existe una afinidad de pensamiento con la
puntualización realizada por Londoño y Guerrero: “La magnitud del daño
provocado por la violencia debe ir más allá de la cuantificación del número de
víctimas que sufrieron una agresión o del recuento de muertes prematuras
ocasionadas por la violencia” (Londoño y Guerrero, 2000:20).
Por ello, la atención a las víctimas de esta violencia no está sujeta a prorrogas y
debe reconocer los efectos diferenciados que se generan sobre hombres, mujeres,
menores y ancianos, pues aun cuando tienen en común la violación de sus
derechos humanos, presentan diferencias en cuanto a la especificación de sus
vulnerabilidades, necesidades y posibles potencialidades para la reconstrucción
de sus proyectos de vida. El reconocimiento del problema y la promulgación de la
Ley General de Víctimas es un primer paso para avanzar en las políticas de
atención diferenciada a las víctimas, pero evidentemente aún resta mucho trabajo
por hacer desde diferentes ámbitos.
En base a lo anterior y puntualizando en el ámbito académico, González y
Vásquez dicen “hay vacios notables en los estudios de violencia y guerra con
respecto a la dimensión subjetiva y que, para llenar estas carencias, haría falta
profundizar en los cambios de pensamientos y expresiones de los actores y
espectadores de los hechos violentos” (González y Vásquez 2003, citados por
Quintero, Quintero y Botero 2006:177). En este sentido, es necesario tener
838

�presente que se necesitan estudios con más profundidad que puedan dibujar de
forma más detallada las implicaciones de esta violencia en las dinámicas sociales
y familiares, sobre los efectos sociales y materiales entre quienes son víctimas
directas y víctimas indirectas.

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Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En línea:
http://movimientoporlapaz.mx/es/2014/03/28/pronunciamiento-del-mpjd-en-sutercer-aniversario/
Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. En línea:
http://www.presidencia.gob.mx/programa-nacional-para-la-prevencion-social-de-laviolencia-y-la-delincuencia/

846

�CAPITAL SOCIAL DE GÉNERO COMO RECURSO
EN EL TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD.

Otilia Aurora Ramírez Arellano18
Víctor Manuel Mendoza Núñez19
RESUMEN

La investigación es clasificada de diversas maneras, puede ser exploratoria o
explicativa, puede inferir o manipular, e intentar intervenir en una situación. Una
opción metodológica interesante para el Trabajo Social implica que el investigador
(a) planee y emprenda acciones junto con las personas en una intervención ad
hoc a la situación comunitaria. Este investigador social requiere configurar al ser
humano como sujeto político perteneciente a diversas categorías sociales como el
género y la edad, por lo que se hablará del envejecimiento activo de hombres y
mujeres como un proceso gradual y adaptativo afianzado en tres pilares: Salud,
Seguridad y Participación. Aunado a ello se plantea la posibilidad del uso del
concepto capital social de género como un recurso interno potencial que abarca la
confianza, reciprocidad y cooperación con una visión de las cualidades de
feminidad y masculinidad de los roles de las y los ancianos en el que las mujeres
han sido enseñadas socialmente a desenvolverse mayormente en el ámbito
privado –doméstico-, donde el papel de cuidadoras y administradoras de los
recursos humanos y materiales de las familias les han sido encomendados, a
diferencia de los varones a quienes se les ha reforzado el rol de proveedores que
continúan con la jubilación pero en otro modo pues al llegar a la vida adulta mayor
18

Universidad Nacional Autónoma de México
Maestría en Trabajo Social
otiliaauroraramirezarellano@gmail.com
19
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
mendovic@unam.mx

847

�deben consolidar las relaciones personales informales con las que cuentan, llevar
a cabo tareas domésticas a las que no están acostumbrados -que no gozan de
reconocimiento social- y, en algunos casos, deben mantener los apoyos familiares
donde sus estrategias de socialización afectiva se ponen en juego. En suma, se
configura un escenario interesante al cual aproximarse empíricamente con el
objetivo de conocer cómo se manifiesta el capital social de género en el
envejecimiento activo a la luz de una intervención desde el trabajo social.

Capital social, envejecimiento activo, género, intervención comunitaria,
trabajo social.

INTRODUCCIÓN

La configuración de un fenómeno en un problema social representa un reto para
quien se dedica a la investigación, dicho desafío termina convirtiéndose en una
necesidad de transformación del problema en una serie de preguntas y respuestas
que busquen mejorar la condición humana en los contextos culturales que se
investigan.

La investigación no puede estar al servicio de intereses particulares, se debe
planificar y llevar a cabo sobre el vacío de información del tema en cuestión, la
precisión de lo que se sabe y se desea profundizar o sobre el conocimiento
contradictorio o inconsistente como apunta Mendoza-Nuñez y cols. (1997). Por lo
que investigar obedece a la posibilidad que una disciplina ofrece desde la
particular conformación de su objeto de estudio y desde la imperante respuesta a
las precisiones de sus antecedentes para conformar su nivel de mediación, sin
omitir el carácter ético que dota de sentido toda intromisión en aras de la ciencia.

En las ciencias sociales el sujeto de investigación obligadamente debe ser
configurado como un sujeto político -inherente le es dicha condición y debe
848

�evidenciarse-, sin embargo en la compleja vida social su condición se cruza con
otras categorías sociales que en ocasiones lo puede convertir en un individuo
vulnerado, a veces utilitarista o instituido en el acato de las reglas sociales de su
contexto cultural.

En todo caso la investigación social construye categorías sociales a partir de datos
naturales de las personas, datos que otras disciplinas toman como base de sus
instrumentos para medir normalidades biológicas. Cada disciplina entonces da
prominencia a las cualidades que desea explicar con las posibilidades teóricas que
tiene a mano o que es capaz de desarrollar de manera próxima.

Así un tema de interés puede ser analizado desde diferentes ópticas disciplinares,
con los recursos científicos que su campo le permite, se trata de un efecto como el
que enuncia Amalio Blanco en su libro “Cinco Tradiciones en Psicología Social”, si
metiéramos a un grupo de personas en una habitación oscura donde hemos
colocado un elefante, los individuos darían una explicación de lo que frente a ellos
se encuentra a partir de los referentes que tienen y lo que perciben, por ejemplo
quien toque la oreja del elefante diría que se trata de un ave con grandes alas,
quien describa las patas referiría que se trata de troncos de árbol y la trompa sería
una serpiente. La metáfora alude a que es prácticamente imposible analizar la
realidad en su conjunto pues la ciencia es una concatenación de disciplinas que
agrupadas contribuyen a avanzar en el conocimiento de la humanidad pero que,
por sí mismas ni reuniendo sus teorías –a veces contradictorias entre sí- logran
explicarlo todo (Barca, 1988).

La perspectiva social exige una mirada crítica de los sujetos sociales que
individualmente o en colectivo son su fuente, su objeto de estudio. A diferencia de
otros campos de estudio cuyo objeto es inanimado o aun siéndolo no implica
relaciones intersubjetivas, esa condición diferencial hace que el científico social
dedique permanentemente su quehacer a enriquecer las perspectivas desde las
849

�cuales aporta al análisis de las diversas circunstancias humanas en las que está
inmerso de uno u otro modo y cuyo compromiso ético es transformarlas para
contribuir a un mundo mejor.

En palabras de Remi Lenoir (1993), la génesis de un problema social guarda
relación con la representación que se hace del fenómeno a estudiar, es decir, la
manera en que lo enuncia. “Para que un problema adopte la forma de un problema
social no basta con que encuentre agentes socialmente reconocidos como
componentes para examinar la naturaleza del problema y proponer soluciones
aceptables: hay que imponerlo de alguna manera en la escena de los debates
públicos” (p. 84).

Diseños de investigación

La investigación puede ser diseñada desde el nivel exploratorio que, de acuerdo
con Acero(1988), es lo más adecuado cuando se conoce poco del fenómeno que
sirve para identificar las variables importantes, no exige tanta precisión de medida
y la muestra es más informal existiendo menos preocupación por su carácter
representativo que en los diseños descriptivos, correlaciónales y experimentales.
En los descriptivos, la finalidad es proporcionar información detallada acerca de
las variables de estudio, con la posibilidad de extrapolar los hallazgos de una
muestra representativa a la población de estudio; mientras que en la investigación
correlacional el propósito es identificar las posibles relaciones entre variables,
cuyos resultados permiten inferir hipótesis de tipo explicativo. En este sentido, el
objetivo de los estudios experimentales es determinar la explicación del fenómeno
evidenciando la vinculación directa entre las variables independiente y
dependiente, con estos diseños se busca determinar la causa y el efecto a partir
de la conducción o asignación

de la variable independiente, considerando un

grupo control y programación del tratamiento (intervención), es decir, se mide el
impacto de la intervención. Al respecto, es importante señalar que estos diseños
850

�por razones éticas no se pueden implementar en disciplinas como el Trabajo
Social. En este sentido,

Campbell y Stanley (1995) establecen como alternativas

para la investigación en humanos señalan

la dificultad para cumplir con esos

requisitos en el campo de la investigación en humanos los diseños cuasi
experimentales y pre experimentales; en los primero se incluye un grupo control,
aunque la conformación de los grupos no es de tipo aleatorio y la asignación del
tratamiento o intervención no se puede programar. Por otro lado, en los estudios
pre experimentales aunque cumple de las características anteriores no se incluye
un grupo control (estudios pre-test y pos-test).

La intervención comunitaria

Desde la óptica del Trabajo Social el proceso de planeación de la intervención
comunitaria considera

el objetivo, el diseño de estudio,

la demanda y la

intervención (Cazzaniga 1997).


La demanda, se expresa atravesada por la construcción imaginaria de la
profesión y la propia percepción de los problemas y necesidades de los
sujetos que la solicitan – o a quien en condiciones de vulnerabilidad se le
detectan necesidades-, en un contexto histórico particular.



La intervención como proceso artificial, como un venir entre, que exige
desde el sujeto profesional la capacidad para comprender e interpretar esa
demanda e incorporar una reflexión ética en términos de reconocer las
consecuencias que sobre el otro, produce la intervención.

A partir de la visualización de estas dimensiones el científico social produce o da
sentido a los sujetos de la acción profesional-como los denomina la autora antes
citada-; en todo caso las acciones emprendidas por la acción de quien interviene
buscarán la promoción de autonomías.
851

�Se trata entonces de considerar supuestos teóricos de una disciplina y orientarlos
a la realidad para modificar, para ello se requiere establecer modos de realizarlo,
lo cual se denomina estrategia, es decir la manera sistemática que se sigue para
abordar un recorte de la realidad (fenómeno, situación), Cazzaniga (1997) ve este
proceso desde el momento en que el investigador toma una perspectiva teórica
que otorga referencia para la selección de técnicas y procedimientos específicos a
usar, teniendo en cuenta las características particulares y la forma, también
particular en que debe ser abordado.

Como recorte de la realidad se encuentran una serie de categorías sociales dignas
de estudio por ejemplo, el estado civil, la clase social, el género, la religión, la
escolaridad y la edad por mencionar algunas. Esta última se presenta como un
referente para el estudio de la vejez y el envejecimiento desde distintas ópticas y a
diferentes niveles siendo tema de interés del presente ensayo disciplinar desde el
Trabajo Social.

Estudio social del envejecimiento y la vejez

El envejecimiento lo definimos como el proceso gradual y adaptativo,
caracterizado por una disminución relativa de la respuesta homeostática, debida a
las

modificaciones

morfológicas,

fisiológicas,

bioquímicas

y

psicológicas,

propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado ante
los retos que enfrenta el organismo a lo largo de la historia del individuo en un
ambiente determinado. Asimismo, la vejez es conceptualizada como una etapa del
ciclo vital humano cuyo inicio, desarrollo, limitaciones y oportunidades son
determinados por los grupos sociales. Al respecto, en 1979 la Organización de las
Naciones Unidas estableció que se catalogaría como ancianos o viejos a las
personas de 65 años y más, en los países desarrollados; y a los de 60 y más, en
los países en desarrollo (Mendoza-Núñez, 2011).
852

�Como breve antecedente se sabe que, en la ciencia social, es relativamente
reciente el interés por el tema de la vejez, hasta los primeros años del siglo XX su
estudio era dominio de médicos y biólogos, razón por la cual la carga de su
definición se vincula en primera instancia con las funciones y rasgos físicos que la
edad evidencia en las personas. Sin embargo, el interés de otras disciplinas ha
equilibrado las fuerzas de su conceptualización dando pie a interpretaciones
relacionales, aquellas que superan el etnocentrismo que caracteriza a muchas
sociedades modernas donde el tiempo de la juventud es el momento cumbre de la
vida humana individualista.
Al igual que en otras sociedades, en ésta, se opta por la imagen del joven y se
intenta ocultar la ancianidad, convirtiéndola a veces en un tabú, en algo que se ve
lejano, borroso e irrelevante. A los niños y jóvenes se les educa poco o nada en
valores positivos hacia la ancianidad, lo que no favorece las relaciones
intergeneracionales y, más bien cuando se habla de los ancianos es en un sentido
receptivo como consumidores de productos y tecnologías para una vida más fácil
o como beneficiarios de apoyos superficiales por parte del Estado. En todo caso
no se les ve como entes activos ni se les incorpora a la vida social plena.

Pedro Jiménez (2001), expresa que, en sociedades altamente competitivas el
“tener” y el “hacer” priman sobre el “ser” siendo el criterio de eficacia inmediata y
visible el que está de moda. La realidad es que el paso de los años no significa
invalidez y enfermedad, es claro que está en aumento el número de personas que
llegan al final de su vida laboral en condiciones que les permitirían seguirlo
haciendo e incluso socialmente aún pueden ser gente activa solo que no se les
concede ese derecho de participación. En suma, la ancianidad no solo encierra
problemas, cargas y limitaciones sino también un gran potencial de experiencia,
sabiduría y vitalidad que la sociedad debe rescatar hoy día como en otro tiempo lo
hizo.

853

�También en el ámbito académico y científico, hoy, existe una tendencia hacia la
invisibilidad de las personas con más edad porque institucionalmente la manera de
mirarlas está siendo a partir de sus deficiencias, los viejos pierden reconocimiento
público, pueden llegar a poseer la característica política de ser alguien que
requiere asistencia y cuidado al conceptualizarlos como individuos que han
perdido un espacio social productivo asignado lo que deriva, con el tiempo, en la
concesión de sus derechos ejercidos por terceros.

Aceptar la existencia de otros es un primer paso, ya en líneas anteriores se dijo
que reconocerlos como sujetos que ocupan un espacio social es trascendental
pero sobre todo difundir que ese espacio en el caso de los ancianos hasta ahora
ha sido predominantemente el ámbito privado y en menor proporción el público lo
que guarda relación con una visión economicista, funcional, en la que las personas
longevas no son productivas para el sistema y quizá, hasta sean vistas como
seres de segunda clase lamentablemente.

Por lo anterior, en las últimas dos décadas se ha discutido institucionalmente, con
la participación de los viejos, sus denominaciones “adultos mayores”, “senectos”,
“viejos”, “personas en plenitud”, o “de la tercera edad”, entre otras formas, sin
embargo, no solo se trata de etiquetas ingenuas, todas ellas llevan implícito una
conceptualización social, un modo de relacionarse con, una representación de
ellos y una configuración de su análisis en la investigación e intervención.

La nominación cobra sentido por las acciones organizadas que se pueden
emprender para su reconocimiento social y político como manifiesta García
(2009), ”cuando el sistema produce lo que no quiere ver y el discurso se estructura
sobre referencias jerarquizadas, dejando al último lo que no considera
relevante…se arrastra una especie de enfermedad o de complejo sociopolítico”.

854

�Y el mismo autor se apoya en lo escrito por Bourdieu en el libro “El sentido
práctico”, al subrayar que los discursos con los que se reproduce el sistema no
son entidades autónomas que “deambulan” en la historia, están constituidos por
individuos que piensan, sienten y actúan, “sujetos vivos productores y producto de
dispositivos discursivos”. De ahí la precisión de que cuando un discurso –científico
o no- se configura y alimenta de contenidos y referentes simbólicos de exclusión y
dominación, los portadores reales, personas [de carne y hueso] que ocupan
espacios sociales históricamente determinados, reproducen exactamente los
códigos axiológicos y esquemas ideológicos para contribuir al funcionamiento del
sistema.

Luego entonces, no es solo lo que se enuncia sino como se configura eso que se
enuncia y más aún en el ámbito investigativo cómo se conceptualiza y se analiza
una realidad a la luz de una teoría. Paso previo de la intervención debe quedar
claro este abordaje tan útil por el la experiencia social que dejará en los sujetos y
que deberá buscar afianzar y difundir sus derechos fundamentales.
Sandra Huenchuan (2014) opina que, “uno de los desafíos centrales del desarrollo
basado en derechos es cómo contribuye a la construcción de una sociedad con
cabida para todos y todas, donde las personas, independientemente de su edad o
de otras diferencias sociales, tengan las mismas oportunidades para hacer
efectivo el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos” (p. 571).

Retomando la categoría de la edad, ésta es un dato del desarrollo humano que
puede otorgar pero también restar poder a los individuos en el espacio social.
Autores como Arber y Ginn (1995), Fericgla (1992) y Papaliay Wendekos(1988),
distinguen tres sentidos de la edad: cronológico, fisiológico y social. Es decir la
edad puede representarse en años por lo que este posicionamiento ofrece un
rango de 60 a 65 años para que las personas sean consideradas viejas.
Fisiológicamente la vejez se vincula con el deterioro de capacidades funcionales
855

�y, socialmente, guarda relación con las actitudes y conductas adecuadas para la
edad.

Visto así, las personas viejas se acercan o se desvían de un supuesto estándar de
normalidad, que en ningún caso es neutro, que no posee nada de natural pues
poco de los niveles orgánicos elude el estilo de vida. El envejecimiento no debe
ser una categoría preconstruida y universal, se trata de un proceso dinámico y
diverso, contextual e histórico que contiene un dato objetivo –la edad- pero que no
es explicativo para la subjetividad de los actores sociales en cuestión.
Remi Lenoir retoma de Aries Phillipe que la edad proviene del mundo “de la
exactitud y de la cifra” y que su carácter social se les recuerda continuamente a
los seres humanos (cumpleaños, trámites administrativos, etc.), constituyendo una
especie de patrón abstracto y de ómnibus de identificación que gran parte del
tiempo genera comparaciones.

Es así que, en sociedades como la mexicana, existe una insistencia en la edad
legal que se evidencia en los casos de la mayoría de edad a los dieciocho años de
las y los ciudadanos o de la jubilación a los sesenta y cinco, cuyo efecto es una
separación y disputa generacional, una sucesión del poder en la que los mayores
deben conceder su lugar a los menores, todo por los derechos asociados a la
edad, es decir, pareciera que la cúspide de la vida es la juventud y que todo se
puede lograr desde ahí, hasta el ejercicio de los derechos, pasando esa edad
incluso antes de la llamada mayoría de edad existe poco el ejercicio de éstos, por
lo que muchos quieren ser jóvenes y pocos quieren dejar de serlo, se trata, al
parecer de prolongar esa edad y de omitirse como persona al haber transitado por
ella, ideología sumamente absurda, discriminatoria a todas luces.

Las instituciones que basan su diagnóstico e intervención en la vejez como etapa
prejuiciada de la vida están reforzando sistemas escolares, de salud y de
856

�seguridad social que conceptualizan a los viejos como objeto de trabajo y no como
sujetos de derecho, personas con opinión y participación, quizá los resultados de
esas intromisiones son los que hacen engrosar los informes de asistencia social o
altruistas, la realidad es que encuentran en la vejez el recurso que da fundamento
a su actividad y no reflexionan la posibilidad de un cambio y desarrollo social para
este grupo poblacional.

Lo expuesto en las líneas antecedentes es una aproximación al contexto que se
debe considerar en

el estudio del envejecimiento y la vejez

en el campo

disciplinario del Trabajo Social.

El envejecimiento activo en trabajo social

La Organización Mundial de la Salud a finales de los noventa propuso un
paradigma en contraposición al basado en el déficit, el cual resalta la participación
individual y social de los viejos anclado en una teoría de la actividad física, mental y
social. En este sentido conceptualizó el envejecimiento activo como “el proceso de
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de
mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (WHO, 2002). El
término activo se refiere a la participación continua de los adultos mayores, en forma
individual y colectiva, en los aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y
cívicos, y no solamente a la capacidad para estar físicamente activo o participar en la
mano de obra.

En el plano operativo, este concepto se refiere al empoderamiento de los adultos
mayores en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en los que están inmersos.
En este sentido, se reconoce al grupo de viejos como un capital humano y social para
la planificación y diseño de políticas de acción con base en los derechos para que
tengan igualdad de oportunidades, generando las condiciones para que haya

857

�participación de los viejos en la vida social en su conjunto, es decir, trae a la escena
pública al sujeto que otras instituciones invisibilizan y/o sobreprotegen.

El concepto de envejecimiento activo guarda estrecha relación con la serie de
cambios suscitados en las vidas de las personas mayores, “incremento en su
longevidad, cambios en la percepción y en las expectativas sobre el colectivo y su
rol en la sociedad, entre otros” (Lirio y cols., 2009).

Dichos autores expresan que este concepto, envejecimiento activo, se construye
desde la asunción de la vida activa positivamente relacionada con valores como la
autonomía personal, la mejora de la salud, la satisfacción vital y la calidad de vida.

Desde luego no es la única propuesta institucional,

ya que se conocen las

siguientes orientaciones:


Envejecimiento exitoso que promueve que el adulto mayor no sea
segregado de las actividades productivas y de las inversiones financieras.



Envejecimiento saludable básicamente busca la prevención y el control de
enfermedades crónicas no transmisibles.



Envejecimiento satisfactorio que busca promover

comportamientos

saludables y adaptativos de los ancianos.


Envejecimiento

competente

es

aquel

que

busca

disminuir

las

probabilidades de enfermedades y discapacidades con miras a un alto
funcionamiento cognitivo.


Envejecimiento productivo, en el que se reconoce el trabajo remunerado y
no remunerado para el sustento personal o ayuda familiar.

Resultan interesantes estas contribuciones con la desventaja de que en su
parcialidad consideran solo uno u otro elemento de la compleja vida social de los
ancianos y no combinan lo bio-pisco-social.

858

�La posibilidad que ofrece el envejecimiento activo es considerar todos los ámbitos
de acción humana en los que se desenvuelven los ancianos y en los que
posiblemente lo pueden hacer, así como el factor individual y colectivo de
organización y participación donde la actitud y la posibilidad de empoderamiento
de las personas resulta el elemento central para propiciar cambios en el entorno
transitando por diferentes niveles: singular, grupal, barrial e institucional;
alternativamente se pueden fomentar políticas públicas para los adultos mayores
que en sí mismas son significativas y contribuyen a hacerlos visibles y defender
sus derechos.

De no emprender acciones desde este paradigma se impulsan estereotipos
negativos con imágenes de incapacidad, inutilidad social y rigidez en los ancianos
vinculados a la discriminación a los viejos y rechazo a la vejez (viejismo),
repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los ancianos (MendozaNúñez y cols. 2008).

Para el Trabajo Social como disciplina los pilares que dan fuerza al envejecimiento
activo: Salud, Seguridad y Participación, resultan una fortaleza para lograr
identificar y proponer estrategias individuales y colectivas a partir de las cuales los
viejos puedan ejercer el control de sus propias vidas en más de una dimensión de
la vida cotidiana y en los diferentes niveles que ellos mismos reconozcan.

Kisnerman (1998), expresa que, cuando el trabajador social se encuentra ante una
nueva situación se plantea los interrogantes ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?,
¿por qué?, ¿qué significado tiene?, ¿a quién afecta?, ¿qué consecuencias
produce?, y necesariamente debe responder a esas cuestiones a través de la
aplicación de un método que le conduzca a la estabilidad de la ruptura de una
situación de desequilibrio social.

859

�En líneas previas ya se habló de los diseños en la investigación y sus niveles de
aproximación al conocimiento, para el Trabajo Social cobra relevancia la
vinculación del diseño con la precisión de los ejes de actuación de esta disciplina.
Particularmente en intervención en la vejez se habla de:
I.

Focalización social sobre el tema.

II.

Compromiso de los poderes públicos.

III.

Promoción de los propios ancianos en la búsqueda de nuevos horizontes.

Se trata de poner en la escena el tema del envejecimiento y la vejez en su
compleja configuración así como las posibilidades de análisis de los fenómenos
que lo atraviesan, desde la academia es importante proyectar las necesidades y
fortalecer las instituciones y organizaciones que trabajan o deberían emprender
sus esfuerzos para apoyar, no desde la visión de déficit sino de desarrollo a esta
población, y reivindicar su papel en la sociedad en su conjunto y, lo más
importante promover en los viejos la colaboración ante su propia situación y la de
sus congéneres, el objetivo como apunta Reisch (1983), siguiendo los escritos de
Adorno, Habermas y Horkheimer, es conseguir un comportamiento autónomo y
participativo (De Haro, 1991).

Algunos puntos neurálgicos en los que debe incidir el trabajo social respecto a la
población de los viejos son:


La pérdida de su autonomía económica.



La potenciación de la vivienda familiar o comunitaria donde se desarrollan.



La falta de preparación para vivir el tiempo de ocio.



Su formación integral y participación social.



A nivel institucional, la insuficiencia de la red de salud pública.

Es indiscutible que existen un sinnúmero de problemas individuales o comunales
que resolver, pero es posible avanzar si se advierte como una empresa

860

�multidisciplinar y compleja que requiere una serie de esfuerzos de los científicos,
la organización civil, el Estado, de la sociedad en su conjunto.

Capital social y envejecimiento

En un interés particular, se propone una línea para investigación que dé cuenta del
análisis del capital social de género como una propuesta para contribuir al
reconocimiento de las cualidades de confianza, reciprocidad y solidaridad de los
ancianos y ancianas a la luz de una teoría sobre la reproducción cultural y social
que toma en cuenta la situación material y simbólica de los sujetos, la
socialización de su sexualidad y el reconocimiento de los roles que juegan en los
diferentes espacios de la vida social.

Kaztman en el año 2000, refiere la importancia del capital humano y social, un
patrimonio físico, ahorros financieros y estructuras de oportunidades como
probabilidades de acceso a bienes, servicios o actividades que inciden sobre el
bienestar del hogar porque le facilitan al individuo el uso de recursos propios o le
suministran recursos nuevos, útiles para la movilidad e integración social a través
de los canales existentes.

De ahí que se hace mención de los aspectos negativos de las transformaciones
del entorno pero, más allá, se enfatiza en las oportunidades que éste ofrece, las
cuales podrían ser aprovechadas por familias e individuos apelando a una
adecuada gestión de recursos materiales y la potenciación de los recursos
personales.

Desde el trabajo social se advierten los recursos internos de los actores sociales,
recursos que pueden movilizarse para hacer frente a cambios externos, lo cual
significa menor nivel de vulnerabilidad. La importancia radica en conocer la

861

�diversidad de esos recursos internos, flexibilizarlos o, en su caso, potencializarlos
socialmente en los grupos y comunidades donde los individuos interactúan.

Las personas cuentan con activos sociales, también llamados capital social, que
son los recursos intangibles que se instalan en las relaciones interpersonales.

Durston (2000), los describe como un atributo colectivo o comunitario que incluyen
lazos de confianza y reciprocidad articuladas en redes interpersonales.

El capital social se haya anclado a una perspectiva estructuralista, que
circunscribe un espacio social integrado por diversos elementos, Pierre Bourdieu
representante de este enfoque apunta que el volumen del capital es un conjunto
de recursos y poderes utilizables llámese capital económico, cultural, social,
simbólico y que, la estructura patrimonial, determina diferencias secundarias que
separan distintas fracciones de clase. Luego entonces, la estructura de espacio
social vista desde ahí permite advertir sociedades diferenciadas por un capital
económico y un capital cultural.
En el caso de los capitales económico y cultural, Bourdieu (2002), señala que el
reconocimiento, la consagración y las relaciones sociales distinguirán a quien los
posea por encima de quien lo carece. De manera que el espacio social es una
construcción que define acercamientos y distancias sociales, en el que las
personas y grupos se definen por posiciones relativas, según el volumen y la
estructura del capital que poseen, todo ello en el marco de una estructura objetiva
que organiza el mundo social.

Como conjunto de recursos potenciales ligados a la posesión de una red durable
de relaciones más o menos institucionalizadas yace dicho concepto: capital social,
entendido como la pertenencia a un grupo donde se advierte un conjunto de
agentes que no sólo están dotados de propiedades comunes sino que también
están unidos por vínculos permanentes y útiles (Bourdieu, 2002). Cada miembro
862

�del grupo se ve instituido como guardián de los límites más allá de los cuales el
intercambio constitutivo no puede producirse.

El capital social, entonces, se refiere a cualidades de participación, confianza,
reciprocidad,

cohesión,

solidaridad,

compromiso

y

capacidad

asociativa,

pertenecientes al conjunto de relaciones que facilitan las acciones colectivas
fundadas en normas y valores socioculturales. Autores como Bourdieu, Coleman
(1990), Putman (1993) y Arriagada (2003) apuntalan dicha definición.

Es esta última autora quien cita a Durston (2003, cit. en Arriagada, 2003), acerca
de los recursos asociativos del capital social en un grupo o comunidad y describe
tres de esos recursos: confianza, reciprocidad y cooperación. La confianza es el
resultado de la repetición de interacciones con otras personas, donde se muestra,
en la experiencia acumulada, que responderán con un acto de generosidad
alimentando un vínculo que combina la aceptación del riesgo con un sentimiento
de afectividad o identidad ampliada. La reciprocidad se ha entendido como el
principio rector de una lógica de interacción ajena a la lógica del mercado que
involucra intercambios basados en obsequios. La cooperación es la acción
complementaria orientada al logro de objetivos compartidos de una actividad
común.

Flores, en su libro Capital social rural: experiencias de México y Centroamérica
(2002), precisa que, el capital social puede acumularse o desacumularse ya que
las normas y redes sociales al usarse y dar resultados positivos se fortalecen,
crecen y viceversa. Lo que quiere decir que son modificables-transformables y
que, si se conoce la manera en que se generan es posible reproducirlos,
enseñarlos a otras personas.

El capital social, en todo caso, se refiere a la capacidad colectiva de tomar
decisiones y actuar conjuntamente para perseguir objetivos de beneficio común,
863

�“capacidad que coloca al grupo o la comunidad en un plano de superioridad con
respecto al individuo aislado” (Flores, 2002: 27). Por lo que la fuente de esta
capacidad no es el individuo sino su interacción con otros individuos que se
evidencia, por ejemplo, en la comunidad, de manera que el capital social se
convierte en un bien público que se puede desarrollar en común; engloba
perseverancia, conciencia de colectividad y motivaciones que deberán tener un
interés común y la decisión colectiva de alcanzar ese interés. Por lo que el capital
social asume formas distintas como es el caso de las redes y organizaciones.

Asimismo, un concepto importante es el habitus mecanismo estructurante que
opera desde el interior de los agentes sin ser estrictamente individual, en palabras
de Bourdieu es un sistema de disposiciones duraderas y trasladables que,
integrando experiencias pasadas, funciona en todo momento como una matriz de
percepciones, apreciaciones y acciones y hace posible la realización de tareas
infinitamente diversificadas. Siendo el campo, de acuerdo con Saturnino (2003), el
conjunto de relaciones que se establecen en torno a recursos sociales que son
disputados por diversos agentes.
Las redes sociales dotan de sentido a los grupos o comunidades, son la dinámica
que les da vida. La comunidad como punto de encuentro genera relaciones entre
conocidos -entre vecinos-, surge la conciencia del nosotros que supone
solidaridad, ayuda, seguridad, confianza, es decir unión entre personas. Significa,
de acuerdo con Montero (2004), la creación de un espacio o ámbito tanto físico
como psicológico, un sitio de pertenencia, donde los sonidos y las miradas
establecen una suerte de intimidad socializada.

Desde el año 1982, la autora señalaba a la comunidad como ámbito y sujeto del
quehacer psicosocial comunitario, no como espacio delimitado desde la teoría,
sino auto delimitado por la comunidad misma, no es definido externamente, sino
autodefinido desde la propia comunidad, es decir en tanto que el grupo social
reconoce a sus integrantes y les confiere responsabilidades, se trata de volver la
864

�mirada a las personas como sujetos activos de las acciones que en ella se llevan a
cabo, como actores sociales, constructores de su propia realidad.

Necesariamente la perspectiva incluye el rol activo de la comunidad a través de su
participación siendo una posibilidad el desarrollo de capital social en los actores
sociales poseedores de un saber potencial. Existe, entonces, la posibilidad de
reaccionar ante la realidad, como indica Montero (2004: 36), “cambios en el hábitat
repercuten en el individuo, en las relaciones individuo-grupo-sociedad“. Por lo que
variaciones en el individuo pueden llevar a modificaciones en los grupos a los
cuales pertenece, entre ellos la comunidad, y viceversa, los cambios en esos
grupos transforman a las personas. Se produce así una relación dialéctica de
transformaciones mutuas.

La intervención social comunitaria se ocupa

de

fenómenos

psicosociales

producidos en relación con procesos de carácter comunitario, tomando en
cuenta el contexto cultural y social en el cual surgen, hace énfasis en las
fortalezas y capacidades, no en las carencias y debilidades de las personas,
circunscribe una orientación hacia el cambio personal en la interrelación
entre individuos y comunidad, y busca el cambio social dirigido al desarrollo
comunitario a partir de una doble motivación: comunitaria y científica (Montero,
2004). Desde luego, tiene una condición política en tanto supone formación de
ciudadanía y fortalecimiento de la sociedad civil, todo ello desde la promoción de
la acción comunitaria fundada en la participación. Por ello, la pro actividad de los
individuos es una condición psicosocial a la que apunta la intervención
comunitaria.

Configuración de un capital social de género

Un elemento conceptual crucial de la participación como ya se comentó, es el
capital social, que guarda relación con el género de las personas ya que las redes
865

�sociales, desde la familia hasta la comunidad, son enseñadas y aprendidas de
forma diferenciada dependiendo del sexo de la persona, por lo que la socialización
diferencial es la plataforma que sostiene dicha categoría de análisis.

El género está configurado por elementos de índole psicológico, social y político,
en ese orden se habla de la identidad, el rol y el estatus, que Alicia Puleo (2000),
vincula con el factor histórico del contexto social en el que la persona se desarrolla
pues la división sexual del trabajo es, en muchos casos, parte de esa historia que
afirma de manera estereotipada la jerarquía del género masculino por
desenvolverse en el ámbito público en contraposición con el ámbito privado donde
las mujeres se supone pertenecen y se especializan pero que, en la realidad no
dejan de participar en el terreno de lo público por una necesidad de socialización.

Particularmente, en el tema de salud y envejecimiento se advierte, según el Grupo
Orgánico de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la Organización
Mundial de la Salud (2002), el papel tradicional de las mujeres como cuidadoras
de la familia que a menudo contribuye al descuido de la propia salud en esa etapa
de la vida, incluso se sabe que algunas mujeres se ven forzadas a renunciar a un
empleo remunerado para hacerse responsables del papel de cuidadoras de las
personas de edad en sus familias.

Vinculado a esto, Mendoza-Nuñez et. al. (2008), señalan el rol de género que han
tenido las mujeres en la reproducción social que las limita a la esfera privada de la
vida –lo doméstico- sitio en el que han permanecido por mucho tiempo y que, aun
en la vejez, las mantiene haciendo tareas como el cuidado de la pareja enferma o
de los niños en caso de tener nietos; ser cuidadora puede tener consecuencias
graves en su salud física y psicológica aunado a la desigualdad económica
respecto a los hombres quienes cuentan con ingresos por remuneraciones de su
trabajo y por transferencias del sistema de seguridad social.

866

�Respecto a la masculinidad, algunos estudios psicológicos, realizados en diversas
culturas, cita De la Serna (2003), apuntan que, a mayor edad, los hombres se
vuelven pasivos, tranquilos y mediativos, mientras que las mujeres van en
dirección opuesta haciéndose más activas, de manera que, las mujeres cuando
llegan a ancianas pueden desarrollar progresivamente tal poder en los temas
domésticos, que éste llegue a verse como algo potencialmente amenazador. Por
el contrario, los hombres no se asientan en la esfera doméstica hasta los últimos
años y, al tener menos experiencia en el ámbito privado, se hacen menos
dominantes, dicho en otras palabras el hombre en la vejez recuperaría así su parte
femenina y la mujer la masculina.
Se sabe que los varones, educados, formados y aplicados al mundo “exterior” de
las relaciones laborales y de las actividades productivas impersonales y
contractualmente formalizadas, pierden de repente el suelo bajo sus pies cuando
la vida laboral toca a su fin. Sus recursos, conocimientos, habilidades y relaciones
no desaparecen, pero se quedan sin el lugar de aplicación para las que se crearon
y desarrollaron, se mueven en el aire. Nada en su formación les capacita para
volver al “mundo real” del hogar, de las relaciones personales informales, de las
tareas cotidianas de la casa y del mantenimiento de los apoyos familiares.

Específicamente, la jubilación, acaba con buena parte de las desventajas que
pudiesen derivarse de la menor instrucción femenina, y pone en evidencia, en
cambio, la escasez e inadaptación de los conocimientos típicamente masculinos
aplicables a la nueva situación. De hecho es frecuente que la mujer, pese a su
mejor disposición para afrontar la nueva situación, deba sufrir la jubilación de su
cónyuge tanto o más que éste. Por si hubiese alguna duda sobre la dificultad con
que los hombres se adaptan a este mal trago, puede observarse un significativo
aumento de la mortalidad masculina alrededor de las edades finales de la vida
activa.

867

�A partir de ese momento aumenta su dependencia respecto del cónyuge, los
hombres cuando enviudan, tienen una esperanza de vida menor que sus
congéneres de la misma edad que continúan conviviendo con su pareja. Si la que
enviuda es ella, situación mucho más frecuente, no es visible el mismo fenómeno,
por mucho que la viudez sea también una situación penosa y traumática para la
mujer. No falta quien se deja llevar por el extremismo andrógino y afirma que para
muchas de estas mujeres la viudedad es, de hecho, una bendición y no una
tragedia. Pero, sin llegar a tales extremos, tampoco puede negarse que, si
consiguen superar el duelo inicial, muchas mujeres viudas adquieren consciencia
cabal de su propia individualidad y se abren al mundo con redoblada vitalidad
(Pérez, 2000).

En suma, el género estará, siempre, en función de otras categorías sociales, como
la clase social y la edad; cuando las personas de edad poco a poco son relegados
y confinados a espacios privados o domésticos donde su participación es mínima
e incluso invisible, todo apunta a que las mujeres se desenvuelvan mejor que los
varones por la experiencia que tienen de este espacio social.
Finalmente, analizar el capital social de género en el envejecimiento activo busca
la vinculación individuo-grupo-comunidad donde hombres y mujeres puedan
utilizar los mecanismos del poder en su beneficio, como en el caso de la
aproximación del individuo a las instituciones y de la formalización de la
organización comunitaria que se inserte contundentemente en el tejido social. La
metodología participativa en ambos casos –capital social y envejecimiento activo-,
evita relaciones verticales, paternalistas, autoritarias y tecnocráticas indica
Massolo (2007), y apoya el desarrollo de habilidades individuales y colectivas que
permiten ejercer los derechos humanos fundamentales.

El resultado de dicha investigación y su inherente intervención queda prorrogado,
por lo pronto una reflexión final. En esta sociedad, ¿es lo mismo ser joven, maduro
o viejo?, es probable que en ese orden se asuma que, según la edad, los jóvenes
868

�deben educarse, la gente madura deba trabajar y los viejos no tengan nada que
hacer además del ocio. Pero eso es la vox populi dotada de prejuicios, lineal y
unidireccional, la vida social de los seres humanos va más allá es multifacética,
multivariada y, para estudiarla, e intervenir en ella, se requieren enfoques
complejos que congreguen a mayor número de disciplinas y que, como resultado,
sus análisis generen más preguntas en la búsqueda de mejores respuestas a la
condición humana.

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871

�LA GOBERNANZA COMO MARCO ANALÍTICO EN LAS ALIANZAS
INTERSECTORIALES.

Jorge Eduardo Cano Garza20
RESUMEN
El artículo analiza la pertinencia de la gobernanza21 como marco analítico tanto en
el diseño como en la implementación de la política social en México utilizando
como política social de estudio la política alimentaria. Se centra en la revisión
histórica de la emergencia de nuevos actores sociales en la política social y hace
énfasis en la insuficiencia del Estado para cumplir con la Seguridad Alimentaria
en medio de un escenario de economía global y neoliberal. La gobernanza como
concepto de análisis en la política social no surge de la conceptualización teórica
de los organismos financieros internacionales, sino como la alternativa más viable
democráticamente para asegurar que la política social cumpla de una manera
eficiente con las demandas sociales de la ciudadanía. Bajo esta perspectiva se
propone un análisis conceptual que produzca los elementos necesarios para
proyectar la posibilidad de una gobernanza alimentaria con la participación de una
multiplicidad de actores vinculados a la seguridad en la alimentación que permita
sostener una política social con resultados óptimos.
Palabras clave: actores sociales, intersectorialidad, gobernanza, seguridad
alimentaria, optimización de recursos, eficiencia de resultados.

20 Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Estudiante del Programa Doctoral en Filosofía con Orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de
Bienestar Social. E-mail: jecanog@yahoo.com
21 Ante el carácter evolutivo y la pluralidad de usos, aproximaciones y definiciones de la gobernanza
existentes, se ha partido de la idea genérica de que la gobernanza está constituida por las normas y reglas
que pautan la interacción en el marco de redes de actores públicos, privados y sociales interdependientes en
la definición del interés general en entornos complejos y dinámicos. La gobernanza se asocia a una mayor
implicación de actores no gubernamentales en el diseño e implementación de las políticas públicas y, al fin y
al cabo, en la definición del interés general. Cerrillo, Agustí (coord.) (2005) La gobernanza hoy: 10 textos de
referencia. Madrid: Editorial INAP.

872

�1. Emergencia de Actores Sociales en la Política Social.

Para Torres y Pensado (2002), la reforma del Estado en América Latina se puede
visualizar en dos ejes conductores. Uno de ellos es el que se vincula con la nueva
actitud del Estado frente al mercado. El otro eje se relaciona con el surgimiento de
nuevos actores políticos, que centran su reflexión y acción no sólo en el ámbito de
la participación política, sino en el acceso a los bienes públicos y a la justicia,
entendida como lucha por los derechos sociales.
Fenómenos vinculados a la actitud del Estado frente al mercado, así como la
apertura de mercados, el ajuste del estado y la economía, la desocupación laboral,
la privatización de empresas y servicios públicos,

han redefinido los roles

tradicionales del estado nacional -principalmente sus funciones benefactoras y
empresarias- replanteando a la vez el papel del mercado, la empresa privada y
los espacios nacionales y supranacionales (Oszlak, 1997).
Como resultado de estos fenómenos de carácter económico se verifica

la

irrupción de una multiplicidad de nuevos actores socio-culturales y de movimientos
sociales que en muchos casos están orientados hacia la búsqueda de identidades
culturales y de espacios propios de expresión social, buscando no sólo el logro de
la realización de los derechos de ciudadanía política y social o la participación en
los mecanismos de la toma de decisiones, sino también el de crear un espacio de
conflicto institucional donde puedan expresar y fluir sus demandas (Calderón y
Reyna, 1990).
Estos hechos sociales en la perspectiva de Serrano (2005) son el resultado de una
política social del Estado que se encuentra en una etapa continua de construcción
cuyo proceso se inicia a partir de la crisis del modelo económico e la posguerra a
finales de los 70, pasa por la instalación del estado mínimo22 como producto del

22 Las estrategias neoliberales iban dirigidas a liberar al Estado de una carga fiscal excesiva, el
financiamiento del gasto social ya no puede reposar en el déficit fiscal o en otros mecanismos inflacionarios

873

�ajuste al modelo neoliberal en los años 80 y continúa con cambios, ensayos y
nueva propuestas que llegan a los inicios de los 90. Este proceso permanece en
su derrotero de construcción hasta el tiempo actual.
Esta modernización del Estado social ha conducido a nuevas tendencias en la
forma de hacer política social, se habla de un cambio en el "paradigma" del Estado
Social, en cuyo marco se incluye la racionalización del gasto social (más eficiencia
y eficacia), la desburocratización de las secretarías y ministerios del área social
estatal, la focalización de programas de apoyo a los sectores vulnerables, y una
nueva composición en los actores públicos y privados en la prestación de servicios
sociales (Hopenhayn, 1997).
Para hacer referencia al proceso de emergencia e institucionalización de nuevos
actores sociales en la política social de México es necesario remitirse a las etapas
de reforma en la política social del Estado. La política social se conforma como un
elemento constitutivo del Estado, se integra con formulaciones y lineamientos de
mediana y larga duración que se implementan en un espacio históricamente
determinado (Evangelista, 2001). La aparición de nuevos actores en la política
social de México es una consecuencia de estas formulaciones en la política social
del aparato Estatal tal como se apreciará más delante en la revisión de cada
etapa.
Para abordar el proceso de construcción de la política social del Estado es
necesario definir en forma preliminar el concepto de Modelos de Bienestar

23

, bajo

esta denominación aportada por Esping-Andersen (1999: 34-35) es “la manera
(Vilas, 1998), por esta razón el Estado hace selectivos los programas sociales a través de la focalización para
satisfacer necesidades básicas a una población en extrema pobreza.
23 Esping-Andersen define tres tipos de modelos de bienestar: residual en donde la mayoría de la población
puede contratar su propia previsión social y el Estado solo debe apoyar a aquellos que son incapaces de
velar por su propio bienestar. Conservador en donde el Estado y las instituciones públicas son el centro del
proceso socioeconómico y la distribución de beneficios se hace con base en criterios de clase o estatus
político y no como derechos universales. Institucional en donde el bienestar individual es una
responsabilidad colectiva y solidaria se basa en la universalidad de las políticas sociales y busca una sociedad
equitativa al margen del mercado (citado en Barba, 2004).

874

�combinada e interdependiente como el bienestar es producido y asignado por el
Estado, el mercado y la familia” o bien, dicho de otro modo “(son) los arreglos
entre la esfera económica, el Estado y la esfera doméstica, que tienden a
institucionalizar cómo se produce y distribuye el bienestar social…” (Barba,
2004:10).
Las esferas a las que se refiere Esping-Andersen –el Estado, el mercado y la
familia-, son en concreto actores sociales que pertenecen a cada una de ellas –
actores gubernamentales, del sector empresarial y de la sociedad civil-. Al hablar
de actores en la política social se hace referencia en este trabajo a:
…fuerzas sociales, entornos institucionales y capacidades estratégicas
en acción, que buscan legitimar reivindicaciones en el ámbito de las
prácticas económicas, políticas, sociales y culturales a partir de la
agrupación o reapropiación de demandas y espacios colectivos de
transformación, resistencia, expresión y lucha social (Evangelista,
2001:155).
En este sentido se podría decir que los actores sociales son mecanismos
definidores de la política social, tienen la capacidad de acuerdo a su fuerza
social y a su legitimidad concertar arreglos o alianzas estratégicas con otros
actores para lograr el cumplimiento de sus demandas (Evangelista, 2001).
Cuando operan cambios dentro de la política social de un Estado se reflejan
en acuerdos entre los actores sociales de la sociedad en la esfera
económica, estatal y socio-civil, por ello es que Esping-Andersen habla de
los arreglos que institucionalizan el bienestar social.
El proceso de construcción de la política social es un continuo
reordenamiento de estos acuerdos institucionales entre los actores, la
revisión de las etapas de la política social en México está enfocada a mostrar
cómo se han reconfigurado las relaciones entre los actores sociales. Para
Oszlak (1997) los vínculos entre el Estado y la sociedad no han variado,
875

�porque son las mismas en que se funda el sistema capitalista como modo de
organización social; lo que probablemente ha cambiado son algunos de los
actores, sus estrategias y los resultados del juego mismo. Este proceso de
cambio es el que se revisará en las siguientes secciones.
Etapa 1. El Estado Social posrevolucionario del 1917 hasta la década de los
80.

Durante este período el modelo económico dominante del país fue el modelo de
sustitución de importaciones24 y junto con él, el modelo de bienestar institucional,
aunque nunca lo fue completamente, ya que los servicios sociales buscaban ser
universales pero no lograron abarcar a toda la población “quienes cuestionan la
existencia de un Estado social o benefactor en México reconocen que la cobertura
de la seguridad social y los servicios sociales crecieron de manera gradual en el
país, aunque ello no fue suficiente, para permitir la inclusión dentro de los
derechos garantizados por la política social a amplios sectores sociales como los
campesinos o los trabajadores informales urbanos” (Barba, 2004:26).
En esencia se orientó a promover y fortalecer la solidaridad colectiva para lograr el
bienestar social buscando beneficiar a los sectores mayoritarios de la sociedad
agrupados corporativamente en los sectores campesino, obrero y popular. Bajo
esta perspectiva, el Gobierno tuvo el cuasi monopolio en el diseño,
implementación, administración y evaluación de las acciones sociales, fue el actor
principal en la dirección de la institucionalidad para concretizar la cuestión social,
aunque hubo pequeños márgenes para otros actores (de la esfera económica y

24 El modelo de sustitución de importaciones se caracterizaba por un “intervencionismo del Estado como
rector y promotor activo del desarrollo económico, como regulador del comercio exterior y de los mercados
internos de bienes y servicios básicos, como inversionista en áreas estratégicas y como promotor de
bienestar social mediante leyes laborales y agrarias e instituciones sociales de educación, salud y servicios
básicos” (Calva, 2005:100).

876

�socio-civiles), la alianza estratégica era entre los actores del entorno estatal
(Evangelista, 2001).
La toma de decisiones con relación al diseño, implementación y evaluación de la
política social era unilateral desde un poder central (Franco, 1996). En
consecuencia la participación de otros actores era limitada y delimitada por los
marcos sociales del Estado.
Esta característica de centralización del poder tuvo logros que pueden resumirse
en dos palabras clave: integración y legitimación. Las acciones públicas y la
política social estuvieron enfocadas hacia la integración, los derechos de la
ciudadanía se extendieron por todo el territorio, por ejemplo se incorporaron las
mujeres e indígenas al cuerpo electoral. Las política sociales contribuyeron al
desarrollo del capitalismo, se alimentó la movilidad social y con ello se dotó de una
legitimidad al Estado (Vilas, 1998).
En relación a la política alimentaria de América Latina, la institucionalización de las
políticas alimentarias de las décadas previas a los ochenta contienen en general
los siguientes elementos: 1) un subsidio a la producción agropecuaria para evitar
el aumento de precios; 2) el control de precios en el mercado urbano; 3) la
intervención directa en algunos puntos de la cadena agroalimentaria para
industrializar los alimentos; 4) distribución gratuita de alimentos; 5) programas de
autoayuda comunitaria y de impulso para lograr la autosuficiencia; y 6) la
aceptación de ayuda externa (Grassi, 1994).
En el caso específico de México y antes de la crisis del 1982, las formas en las
que se llevaba a cabo la política social alimentaria pueden ser resumidas en las
siguientes: una política autoritaria y centralista, que tenía por objetivo llevar a cabo
una política de desarrollo capitalista, una excesiva centralización federal, sesgo
urbano de las políticas alimentarias, burocratización y duplicación de funciones,
carencia de coordinación institucional, criterios discrecionales en el diseño y
aplicación de las políticas (Torres y Pensado, 2003).
877

�Como ha dicho Vilas (1998), las críticas ex post a las limitaciones e ineficiencias
de este modelo no deben echar por la borda sus éxitos. En México, a población en
condiciones de pobreza alimentaria se redujo notablemente entre 1960 y 1980, en
la tabla 1 que aparece en el Anexo I de este trabajo se pueden observar que la
pobreza relativa en 1963 era del 45.6% y se reduce a 1984 a 22.5% lo que
representa una diferencia de -23.1% lo que es muy significativa, en números
absolutos no es muy representativa la diferencia, esto se explica por el hecho que
la población en México creció en 31.9 millones de habitantes en 20 años.25
En lo que se refiere a la participación de otros actores las críticas que se han
hecho a este Modelo Institucional es el centralismo de la política social. Aunque se
incluyó a actores de sectores afines a los propósitos sociales y políticos del Estado
se excluyó a otros, por ejemplo a los que no estaban afiliados al corporativismo
sindical o campesino, a los sectores oficialistas se les tomó en cuenta solamente a
través de sus representantes en la cúpula administrativa los cuales no tenían una
tenían una representación legítima, además los actores sociales protagonistas
fueron actores estatales, centrales y líderes de organizaciones oficialistas, en
detrimento de actores socio-civiles o privados (Evangelista, 2001).
Para Serrano (2005) el Estado social en el modelo institucional era excluyente,
estaba enfocado a una sociedad de trabajo, el Estado era capaz de responder y
acoger demandas sociales y mantener mecanismos que permitían la reproducción
eficaz de la producción y el empleo. Lo social era atendido por las políticas
públicas desde la perspectiva y el registro de la población integrada a la
producción, lo que no daba cabida a asuntos sociales que no pertenecían a este
rubro, entre ellos estaban la temática de la pobreza, la exclusión, la mujer, la
familia, los jóvenes, las etnias indígenas.

25 Información obtenida en Internet en la página del Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI): http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

878

�Con relación a la pobreza, en este modelo la pobreza estaba “desdibujada”, es
decir, no estaba identificada bajo una categoría de “pobres” como se hace
actualmente, una población tipificada en torno a un conjunto de déficits o
imposibilidades de acceso a estándares de bienestar definido por las sociedades y
por convenciones internacionales. El resultado de esto fue una falta de
sensibilidad a tópicos específicos de la pobreza como la segregación, la
vulnerabilidad y la desigualdad que se irían perfilando como elementos
característicos de las sociedades latinoamericanas (Serrano, 2005).
Durante la década de los setenta el Modelo de Sustitución de Importaciones y las
políticas sociales del Modelo Institucional entraron en crisis por razones fiscales y
políticas, la crisis estalló en 1982, el modo en que el Gobierno la encaró creó las
condiciones para la gestación del modelo neoliberal (Vilas, 1998).
Etapa 2. Los actores sociales en la etapa de transición al neoliberalismo.

Excede a los propósitos de este documento exponer y desarrollar la complejidad
de factores que llevaron al colapso del Modelo Institucional del Estado que se
verifica en los años 80. Entre las causas que se mencionan se pueden citar las
siguientes: notables dificultades para sostener regímenes de prestaciones sociales
de carácter universales asentados sobre criterios de solidaridad; ineficiencias en la
gestión misma del aparato del Estado; presiones y demandas cada vez más
complejas y difíciles de acoger en términos de volumen y especificidad; cambios
sociodemográficos y en las expectativas de la población, entre los más
importantes (Serrano, 2005), no obstante la multiplicidad de factores involucrados,
la responsabilidad recayó en el Estado y en la ineficiencia de su administración
pública:

879

�En ocasión de la crisis el gobierno mostraba que había sido incapaz
de conducir a la sociedad hacia metas aceptables de desarrollo,
bienestar y seguridad social o que, por lo menos, era una agencia
insuficiente para dar respuesta a los problemas que su sociedad
enfrentaba para la realizar las condiciones de vida deseadas o
constitucionalmente exigidas. La crisis exhibía en mayor o menor
grado la incompetencia financiera, normativa, política y administrativa
del gobierno: su incapacidad o insuficiencia directiva. Más aún, por
sus resultados desastrosos, exhibía al gobierno como factor de
desgobierno, daño, costos, desorden decadencia, que desencadenaba
hechos de conflictos, delincuencia, desafección a las identidades
sociales

(y

a

la

identidad

nacional,

en

casos

extremos),

empobrecimiento, con el efecto último de desunir y provocar la
deserción de numerosos de sus miembros hacia otros países (Aguilar,
2006:61).

Como resultado de esta crisis se dará paso a una nueva configuración entre los
actores sociales de la política social. El Estado monopolizador de lo social en la
etapa anterior se transforma en una alianza estratégica entre Estado y Mercado,
en el que el bienestar social se identificará como logro individual y responsabilidad
personal y familiar. La responsabilidad social del Estado será garantizar la
protección mínima en forma focalizada a sectores sociales que no pueden
solventar su bienestar social (Evangelista, 2001), de esta forma el modelo de
bienestar institucional transitará a un modelo residual26.

26 El eje de los regímenes de bienestar residuales es el mercado y el respeto a su libre juego, las
prestaciones propiamente públicas se orientan a corregir externalidades de la economía, no intenta
modificar la estructura social generada por el libre curso de la oferta y la demanda y asume que sólo hay que
proteger transitoriamente a aquellos pobres que no son capaces de auto ayudarse pero están dispuestos a
reincorporarse al mercado laboral (Esping-Andersen 1990, Hill 1997, Marshall 1975, Lautier 2001, Skocpol
1987).

880

�En forma en extremo resumida, los ejes de este modelo se centraron en: 1) la
descentralización del Estado; 2) la privatización de empresas y servicios públicos;
3) el incremento de la participación privada en la gestión y prestación directa de
servicios y; 4) la focalización hacia los más pobres de políticas sociales de
carácter asistencial (Serrano, 2005). Estas estrategias se resumen en dos
conceptos administrativos clave: eficacia y eficiencia. La eficacia de las políticas
sociales para hacerlas llegar a los destinatarios más prioritarios por medio de la
focalización, y la eficiencia en el uso óptimo de los recursos a través de la
descentralización y la privatización de los servicios sociales (Vilas, 1998).
A partir de esta etapa el Estado social entra en un proceso de construcción que
sigue su curso hasta el momento actual, algunos elementos que lo caracterizan
son los siguientes (Serrano, 2005) son: 1) las estrategias implementadas en la
etapa de ajuste al modelo neoliberal –focalización, descentralización y
privatización- se dirigen a formar un nuevo concepto del rol del Estado; 2)
aparecen nuevos temas en la agenda social, como los relacionados con las etnias,
el género, inseguridad en la ciudad, oportunidades para los jóvenes, droga y
violencia juvenil, acceso a la justicia; embarazo adolescente y deterioro del medio
ambiente; 3) la política social se hace más compleja dando paso a un nuevo
contenido de política: el de programas de desarrollo; 4) el Estado social
latinoamericano comienza a verse cruzado por temas de ciudadanía y
participación, por último, 5) Hay una participación más directa de la iniciativa
privada y de la sociedad civil (Lerner, 1998).
Durante esta etapa los actores de la política social se mueven en el escenario de
la mercantilización de lo social. Aunque queda en manos de la iniciativa estatal la
operación y prestación de servicios sociales se traslada un costo al beneficiario.
También en esta etapa se da la privatización de lo social ya que se deja en manos
del mercado la prestación de servicios sociales (Evangelista 2001). De esta
manera se constituye una política social basada en la libre competencia de lo
social favoreciendo la creación de un cuasi mercado social (Franco, 1996).
881

�El papel de la política social es contribuir a la superación de la pobreza sin alterar
el funcionamiento del mercado, a través de la mercantilización y calificación de la
fuerza de trabajo y de la complementación del mercado en la asignación de
recursos productivos; se basa en la concepción de que el principal mecanismo
para superar la pobreza es el crecimiento económico (Barba, 2004).
El Estado se convirtió en complemento para asegurar un bienestar social a los
sectores sin capacidad de consumo. En este modelo lo social se restringe al
terreno de la pobreza, concebida como un problema atribuible a deficiencias
personales y no a problemas sistémicos. Se piensa que el mecanismo
fundamental para alcanzar el bienestar social es el mercado y que las
prestaciones

propiamente

públicas

se

deben

orientan

sólo

a

corregir

externalidades de la economía, para que los pobres sean capaces de participar
en el mercado y sobreponerse por sí mismos a sus dificultades. (Skocpol, 1995:7;
Hill y Bramley, 1986:10)
Este modelo residual de bienestar mantuvo todavía algunas instituciones
universalistas principalmente en educación y salud. Lo anterior, ha dificultado
ubicar con certeza la política social mexicana dentro de alguna de estas
categorías ya que nunca fue totalmente institucional, dada sus limitaciones y su
forma de concepción, ni totalmente residual dada la permanencia de algunas
instituciones del antiguo modelo (Barba, 2004).
Por la situación anteriormente descrita la política social mexicana debe
considerarse como fragmentada y en transición entre el viejo modelo institucional
de bienestar y el modelo residual, tecnocrático y deslocalizado. Lo social no ha
sido puesto en el centro de la reforma social, las medidas tomadas no han sido
elaboradas ni para resolver los viejos problemas de exclusión social ligados a los
esquemas de operación de las instituciones de bienestar, ni para reducir los
graves déficit de ciudadanía y derechos sociales que han caracterizado al régimen
de bienestar mexicano (Barba, 2004).

882

�Las estrategias de la política social en el modelo neoliberal han recibido críticas,
aunque han sido eficaces para reducir el número de personas que se encuentra
en pobreza extrema con programas emergentes de empleo o subsidios a la
alimentación, la superación de las condiciones de pobreza es mucho más
complicado porque depende de un conjunto de factores económicos, financieros,
políticos e institucionales (Vilas, 1998).
A pesar de todas las críticas que ha recibido el modelo neoliberal, hay un aspecto
relevante que hay que anotar y es la emergencia de actores sociales. A partir de
la contracción del gasto público destinado al abasto y la transformación industrial
de los alimentos, se han observado nuevos actores y nuevas formas de relación
social que han pretendido superar las limitaciones del sector público en estos
rubros (Torres y Pensado, 2003). Un ejemplo es la creación de los Bancos de
Alimentos a través de las OSC´s y del sector privado, como lo ha hecho notar
Vilas (1998), mediante estas iniciativas se construyen nuevas formas de
articulación entre lo público, lo privado y las redes sociales, que tienden a
focalizar, pero también a descentralizar, las decisiones de la política social.
De acuerdo con Cordera (2000,16-18): la globalización y el modelo neoliberal que
lo acompaña “no han contribuido a disminuir la pobreza y la desigualdad como
planteaba su discurso”, Contreras (2000) encuentra otras muchas razones las
siguientes: la reducción de las posibilidades de maniobra de los gobiernos, el
descrédito político en que caen el corporativismo obrero y los partidos políticos
para garantizar un nivel de vida digno, las escasas posibilidades de hacer viables
y competitivas a las pequeñas y medianas empresas –que son las que emplean
personal asalariado en forma más intensiva–, las restricciones impuestas por la
globalización al funcionamiento de las instituciones financieras y fiscales y, en
general, el mayor beneficio que este mecanismo económico ofrece a los países de
industrialización original.

883

�Ante esta situación, las instituciones financieras como el Banco Mundial o el
Banco Interamericano de Desarrollo han sugerido orientar las políticas y
programas referidos a los problemas sociales a través de nuevas formas de
gestión pública y social, como las alianzas

intersectoriales o los programas

gubernamentales de desarrollo de capital humano.

LA ALIANZA INTERSECTORIAL: ¿UNA ALTERNATIVA PARA LA POLÍTICA
SOCIAL?

Antes de empezar a tratar el tema de las alianzas intersectoriales, se pasará
revista de la posición que tienen algunos autores sobre la importancia de la
participación de actores extragubernamentales en la política social.
Debido a la complejidad en la solución de los problemas sociales, Gomá y Blanco
(2002) han enumerado las dificultades a las que se enfrenta una política pública
con una visión jerárquica centralizada en el Estado para enfrentar las demandas
sociales: 1) la creciente cantidad de conocimiento en una sociedad postindustrial
que ha provocado el alto grado de fragmentación en los campos de la ciencia y la
técnica; 2) la complejidad de los valores, intereses y preferencias en juego, que
poseen los múltiples actores que están involucrados en los problemas sociales y
que son además cambiantes y; 3) la creciente interdependencia de los problemas
sociales y de los actores políticos.
Para Acosta (2010) la política social como sistema de acción pública requiere de
una revisión profunda para que los actores públicos y sociales relevantes,
imaginen, acuerden, diseñen e implementen ajustes urgentes que permitan
superar la desigualdad social y la pobreza. La inclusión, el compromiso, la
rendición de cuentas y la confianza mutua entre los actores públicos y privados
son elementos esenciales para crear condiciones institucionales favorables a la

884

�aplicación del arte de gobernar con una política social en modo de
cogobernanza27.
De acuerdo con Aguilar (2010) la definición y ejecución de los objetivos,
instrumentos, tiempos y recursos para resolver problemas y realizar los futuros
sociales

deseados

es

una

actividad

que

realizan

en

asociación

y

corresponsabilidad los poderes públicos, el gobierno y los actores de la sociedad
económica y civil.
Los tres autores anteriores se posicionan en la condición necesaria de la
participación de múltiples actores no gubernamentales en la política social, tanto
Acosta (2010) como Aguilar (2010) hacen uso del término gobernanza el cual
tienen una pluralidad de usos, de aproximaciones y definiciones, no obstante, hay
algunos elementos esenciales comunes.
La gobernanza, de acuerdo con los autores anteriores, es un término que significa:
1) una nueva forma de gobernar más cooperativa en la que las instituciones
públicas y las no públicas, actores públicos y privados, participan y cooperan en la
formulación y aplicación de la política y las políticas públicas; 2) se supone un
cambio en las maneras tradicionales de proceder por parte del poder público, la
dirección jerárquica y el control de los procesos políticos se sustituyen por formas
de regulación basadas en la negociación y la coordinación, mediante las cuales
los responsables públicos tratan de movilizar recursos políticos dispersos entre
actores públicos y privados
En la definición anterior se pueden aislar varios componentes, en primer lugar la
pluralidad de actores participantes y en segundo lugar la manera en la que
interactúan para la toma de decisiones. En términos concretos se está hablando

27 El aspecto central de este modo de gobierno radica en que los diferentes actores sociales reúnen
esfuerzos alrededor de un propósito común… y comprometen sus propias identidades y autonomía”, aunque
de manera parcial, en el proceso de gobernar, a cambio de acuerdos mutuos, derechos y obligaciones
(Kooiman, 2004: 179-180; Kooiman et al., 2008).

885

�de una alianza intersectorial integrada por actores gubernamentales, del sector
empresarial y del sector civil, por lo tanto, para el estudio de la gobernanza se
requeriría de la investigación sobre las alianzas intersectoriales para identificar los
actores participantes y las formas en las que se realiza su intervención.
Aunque existen múltiples perspectivas sobre el significado de las alianzas
intersectoriales para el desarrollo, en cualquiera de las definiciones que se adopte,
existe un consenso sobre su potencialidad para el fortalecimiento y desarrollo de
las intervenciones y los proyectos sociales (Cejas, Olaviaga, Grünhut, Stechina,
Cerdeira, 2009).
Félix Mitnik y Magnano (2009) define a las alianzas para el desarrollo local
como el marco organizacional en el que una red de diferentes actores públicos y
privados de un territorio negocian diferencias, articulan intereses y definen
conjuntamente futuras actuaciones. La idea de alianza aparece como un espacio
de negociación y articulación, con una estructura flexible y permeable a nuevas
relaciones de cooperación.
¿Es la alianza intersectorial una alternativa para la política social en México? En el
caso específico del Estado de Nuevo León ha habido un interés por parte del
gobierno en la participación del

sector privado y de las organizaciones de la

sociedad civil (OSC¨s), el Gobierno del Estado de Nuevo León propuso a nivel
nacional la formación de un Grupo de Trabajo en Pobreza Alimentaria28 ante la
Comisión Nacional de Desarrollo Social, el cual se convirtió en un foro de análisis
y definición de propuestas orientadas a mejorar la instrumentación de la política
social en pobreza alimentaria. Esta propuesta surgió como iniciativa a las cifras
del informe de CONEVAL (2011) del aumento de la pobreza en México de 48.8
millones de personas en el 2008 a 52 millones en el 2010.

28 Grupo de Trabajo en Pobreza Alimentaria, puede consultarse en línea en la dirección de Internet
http://www.nl.gob.mx/?P=sdsocial_gtpobreza&amp;m4=true, se encuentra información sobre los foros
realizados y específicamente sobre el tercer foro que fue realizado en Nuevo León, se pueden descargar los
documentos que se presentaron.

886

�El Grupo de Trabajo en Pobreza Alimentaria (GTPA) realizó tres foros en que se
presentaron ponencias que tenían diferentes líneas estratégicas para atender la
pobreza alimentaria, en el primer foro se presentó la estrategia de ampliar la oferta
interna de alimentos para atender la demanda potencial, es decir, la estrategia de
la producción de alimentos para minimizar la pobreza alimentaria.29
En el segundo foro30 se revisó la estrategia de la distribución de alimentos,
convirtiendo la demanda potencial en demanda efectiva, es decir, las estrategias
dirigidas al consumo efectivo por medio de la ampliación del abasto de alimentos
básicos a precios preferenciales en las regiones de mayor concentración de
población en pobreza alimentaria y también, por el fomento a actividades
productivas y generación del empleo, con el objetivo de aumentar el ingreso y la
capacidad de consumo.
En el tercer foro31, se presentaron los programas de apoyo alimentario del Estado,
tanto los del sector gubernamental que se realizan a través del DIF en Nuevo León
y las Asociaciones de la Sociedad Civil que administran comedores y Bancos de
Alimentos.32
Las tres líneas son estratégicas para combatir el problema de la pobreza
alimentaria a nivel nacional y estatal. Aunque la CEPAL sostiene la importancia de
la producción de alimentos y el empleo para eliminar la pobreza alimentaria33, los
29 Grupo de Trabajo en Pobreza Alimentaria, puede consultarse en línea en la dirección de Internet
http://www.nl.gob.mx/?P=sdsocial_gtpobreza&amp;m4=true,
30 Ibídem
31 Ibídem
32 Históricamente, el precursor del concepto de Banco de Alimentos fue el Banco de Alimentos de Santa
María en Phoenix, en Arizona Estados Unidos, fundado en 1967 por John van Hengel. Hangel persuadió a los
supermercados que donaran el alimento sin valor de venta para el comedor de la Iglesia en la que era
voluntario, en poco tiempo ya recibía más alimento del que el comedor podía utilizar.
33 CEPAL, 2004 IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y efectos más sostenibles que los
que reparten alimentos y otros productos importados los cuales incluso pueden “desmantelar” la economía
local.
33 El 6 de junio de 1995 se constituyó legalmente la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos A.C.
(AMBA), con el objetivo fundamental de acoger a todos los Bancos de Alimentos en México, para que

887

�programas de asistencia alimentaria como los que lleva a cabo el DIF del Estado y
las organizaciones de la sociedad civil como el Banco de Alimentos de Cáritas han
sido reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Social en el combate a la pobreza
alimentaria:34
Por ello es importante reconocer…la labor de todos ustedes, sus
aportaciones, su trabajo en equipo. Como la Asociación Mexicana de
Bancos de Alimentos que atiende a 1.2 millones de personas en
pobreza alimentaria.35
La AMBA36 cuenta con más de 60 miembros de organizaciones de la sociedad
civil que colaboran con el sector gubernamental en programas contra la pobreza
alimentaria. Los Estados en el país que cuentan con el mayor número de Bancos
de Alimentos son Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Sinaloa, la mayor parte de los
estados tiene un solo Banco de Alimentos. Nuevo León tiene un Banco de
Alimentos que es administrado por la Organización Cáritas de Monterrey, A.C.
La importancia de los Bancos de Alimentos para el combate a la pobreza
alimentaria radica en su capacidad estratégica para recuperar alimentos a través

contaran con el respaldo y asesoría de esta Asociación, teniendo como razón de ser, el erradicar el hambre en
México.
33
Secretaría
de
Desarrollo
Social.
Información
disponible
en
Internet:
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Discursos/_rid/1391/_mto/3/_url/index/index.php?sec=9&amp;clave_
articulo=461
33
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, puede consultarse en línea en
http://www.amba.org.mx/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=106&amp;Itemid=53el
Caribe. Si el objetivo es superar la pobreza “estructural”, los programas que alientan la producción y el
empleo locales tendrán efectos más sostenibles que los que reparten alimentos y otros productos importados
los cuales incluso pueden “desmantelar” la economía local.
34 El 6 de junio de 1995 se constituyó legalmente la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos A.C.
(AMBA), con el objetivo fundamental de acoger a todos los Bancos de Alimentos en México, para que
contaran con el respaldo y asesoría de esta Asociación, teniendo como razón de ser, el erradicar el hambre
en México.
35
Secretaría
de
Desarrollo
Social.
Información
disponible
en
Internet:
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Discursos/_rid/1391/_mto/3/_url/index/index.php?sec=9&amp;clave_
articulo=461
36
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, puede consultarse en línea en
http://www.amba.org.mx/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=106&amp;Itemid=53

888

�de alianzas con el sector privado, El problema del desperdicio de alimentos en
México es importante, la SEDESOL reporta un total de 30 mil toneladas diarias de
desperdicio de alimentos perecederos proveniente de las centrales de abasto y de
los supermercados del país, esta institución ha expresado su deseo de hacer
alianza con los bancos de alimentos del país para que dupliquen su capacidad de
atención a los sectores vulnerables. 37
Si se toma en cuenta que la cantidad que reporta la SEDESOL de alimento que se
desperdicia diariamente en el país de 30 mil toneladas, la cantidad que se
recupera es mínima, lo anterior significa que puede haber un gran potencial en los
Bancos de Alimentos para apoyar la política social asistencial. De acuerdo con
datos de la FAO, revelan que en México el descuido en el manejo de alimentos
representa pérdidas de hasta 20% entre el productor y el consumidor,
principalmente en cereales y frutas, sin contar el desperdicio que se produce
también en los hogares, restaurantes y comedores. La FAO recomienda atacar el
problema del desperdicio por tres dimensiones: el desperdicio en la producción, el
desperdicio en la venta y el desperdicio en el consumo.38
En países del primer mundo como Canadá, la importancia que tienen los Bancos
de Alimentos en la política alimentaria asistencial ha hecho que se ponga en mesa
de debate si es o no conveniente que se conviertan en una extensión
institucionalizada y permanente del sistema de seguridad social canadiense.
Después de décadas de operar, los bancos de alimentos cuentan con un bagaje
en cuestiones práctica de asistencia alimentaria que podrían llegar a convertirse
en política pública (Niebla y Verdugo, 2007).

37 Portal ciudadano del Gobierno del Distrito Federal. Síntesis informativa. Disponible en Internet:
http://www.serviciosurbanosdf.com/sintesis/?tag=sedesol
38 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Oficina Regional para América
Latina y el Caribe Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre. Observatorio el Hambre Av. Dag
Hammarskjöld 3241, Vitacura, Santiago de Chile Tel.: (56 2) 923 2100 | e-mail: RLC-iniciativa@fao.org
www.rlc.fao.org/iniciativa/obdh.htm.

889

�La alianza intersectorial más importante en el Estado de Nuevo León en el
combate a la pobreza alimentaria es la integrada entre el Banco de Alimentos de
la OSC Cáritas de Monterrey y la empresa de comercialización Supermercados
Internacionales HEB, que inició sus operaciones en Monterrey en 1997.

La

alianza se dio a conocer públicamente en diciembre de 1996.
Cuando HEB inicio operaciones en Monterrey se comprometió a mantener la
misma estrategia social que tenía en Estados Unidos. Con la finalidad de
implementar su estrategia social en México, la cadena decidió establecer un banco
de alimentos sin fines de lucro, el primero en el país. En ese entonces, HEB
ignoraba que en la ciudad ya existía el Banco de Alimentos de Monterrey (BAM),
la política de HEB era no lucrar con los saldos sino, siguiendo el mandato de su
misión, distribuirlos entre la población más necesitada (Austin y otros, 2005).
La aportación del BAM a HEB fue aportar las bases de datos de todos sus
beneficiarios para invitarlos a la inauguración de la alianza y utilizando su poder de
convocatoria invitó a los miembros de otras OSC para que cooperaran como
voluntarios, en un inicio el BAM puso a disposición de HEB su capacidad de
distribución y de organización de actividades masivas, mientras que HEB aportó
su experiencia en la operación y manejo de bancos de alimentos en Estados
Unidos (Austin y otros, 2005).
El potencial de las alianzas intersectoriales es su capacidad de convocatoria e
integración de otras organizaciones, en el caso de la alianza HEB-Cáritas de
Monterrey

participan

más

actores

tanto

gubernamentales

como

no

gubernamentales para apoyar el programa social de la alianza: 1) el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF); 2) la Universidad
Autónoma de Nuevo León (Facultad de Salud Pública y Nutrición); y 3) la
Secretaría de Salud (Jurisdicción No. 8). La vinculación de los tres últimos actores
con la OSC Cáritas de Monterrey se debe al Modelo de Intervención Nutriológica
Integral e Institucional (MINII), cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de
vida de las comunidades en extrema pobreza y con un grado de desnutrición, así
890

�como diversificar su alimentación, este modelo fue desarrollado por la Facultad de
Salud Pública y Nutrición de la UANL e implementado por Cáritas de Monterrey a
través del Banco de Alimentos en coordinación con el DIF Nuevo León.
De esta forma se integran una multiplicidad de actores que pueden ir más allá del
ámbito regional, la conformación de nuevos bancos de alimentos, por parte de
HEB y el BAM, en cinco ciudades del norte de México, es quizá uno de los éxitos
más grandes de la alianza, otro gran paso importante fue involucrar a los clientes
de la cadena en la colaboración con el banco de alimentos Austin y otros (2005).
Con el propósito de conocer la potencialidad de una alianza intersectorial para el
desarrollo de proyectos sociales ¿Cómo se

abordaría su investigación? La

respuesta dependería de los objetivos que se buscan con el estudio, Lozano
(2005) ha revisado esta alianza desde una perspectiva administrativa como una
alianza bilateral entre dos actores: la OSC que es Cáritas de Monterrey y la
empresa Supermercados Internacionales HEB.

En este estudio se analiza el

desarrollo diacrónico de la alianza en un continuo de colaboración que va
evolucionando, se concluye que las dos organizaciones privadas han tenido
resultados positivos, demostrando un verdadero sentido de negocio de las
alianzas intersectoriales.
En base a lo que se ha visto de la importancia de la alianza HEB- Cáritas de
Monterrey en el combate a la pobreza alimentaria es posible una investigación
sobre sus posibilidades de colaboración en la política social del Estado tomando
en cuenta que en países como Canadá se ha debatido la conveniencia de incluir
los Bancos de Alimentos en una extensión institucionalizada y permanente del
sistema de seguridad social canadiense. El marco analítico que se ha propuesto
para este estudio es desde el concepto de gobernanza por las razones que se
exponen a continuación.
El primero de los argumentos es de índole académica, en años recientes el
análisis de la gobernanza aplicado al estudio de políticas de salud se ha
891

�constituido como una prioridad para identificar los mecanismos sociales que
permiten transformar los principios bajo los cuales se articula la sociedad civil con
el Estado para atender de manera incluyente las prioridades en salud con una
organización descentralizada y participativa (Baris, 1998).
En la investigación sobre la reforma de la política pública de salud en México de
Arredondo, Orozco y Castañeda (2005).se ha analizado la dimensión de la
gobernanza y la participación social desde la perspectiva de las actores
involucrados en el sistema de salud -usuarios, proveedores de servicios y
tomadores de decisionesEn la investigación de Arredondo y otros (2005) la reforma en el sistema de salud
es conceptualizada como un proceso político y se le confirió un peso central a la
perspectiva de los actores políticos involucrados (Reich, 1995; Reich, 2002). La
gobernanza en el sistema de salud se utilizó para la identificación de capacidades
gubernamentales y del soporte social que éstas requieren para lograr los impactos
que se proponen las políticas sociales (Jörgensen, 2004).
Para Bazzani (2010) hay tres usos en la categoría de gobernanza en el sistema de
salud: 1) como herramienta metodológica para la comprensión de las reglas de
juego y normas del sistema de salud; 2) la vertiente prescriptiva o normativa
considera que es importante definir determinadas características de los procesos
de gobernanza que se asocian a mejores resultados de las políticas de salud, por
ejemplo se consideran atributos positivos de la buena gobernanza la
transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas; 3) una vertiente
mixta de los dos anteriores.
Tomando como base las experiencias de investigación en el campo de las
políticas públicas de salud se propone una extrapolación al análisis de las alianzas
intersectoriales que colaboran en política alimentaria para la identificación de sus
capacidades en el soporte de la política pública del Estado. Tomando la definición

892

�de la gobernanza de Plumtre &amp; Graham (1999) de la gobernanza 39, el análisis de
una alianza intersectorial se hace en tres dimensiones: 1) la interacción entre
actores; 2) la dinámica de los procesos y; 3) las reglas de juego (informales y
formales) con las que una sociedad toma e implementa sus decisiones.
La última de las dimensiones tiene una especial relevancia, de acuerdo con Hufty
y otros (2006) se obtiene una mejor comprensión de los mecanismos de ejercicio
del poder, genera información valiosa para intervenir en aquellas interfases críticas
para, por ejemplo, incrementar el acceso o los niveles de equidad en la prestación
de los servicios o fortalecer una perspectiva renovadora de la atención primaria en
salud o en alimentación.
El segundo de los argumentos con el que se defiende la pertinencia de la
aplicación de la gobernanza es de índole política, la reforma en la política pública
se conceptualiza como un proceso político y se confiere un peso central a la
perspectiva de los actores políticos involucrados (Reich,1995; Reich, 2002). Stoker
(1998) señala que el trabajo teórico sobre la gobernanza refleja el interés de los
científicos sociales anglo americanos por cambiar los patrones en los estilos de
gobierno.
La gobernanza implica un gobierno relacional o de redes de interacción públicoprivado-civil a lo largo del eje local/global, al igual que un gobierno interactivo,
emprendedor, socio o facilitador. Su mayor objetivo o aspiración es, a la vez,
mantener el orden público y facilitar la acción colectiva, es decir, la búsqueda de
modalidades participativas de gestión del poder, opuestas al tradicional Estado
centralizador (Alcántara, 2012).

39 La gobernanza se refiere a los procesos de acción colectiva que organizan la interacción entre actores, la
dinámica de los procesos y las reglas de juego (informales y formales) con las que una sociedad toma e
implementa sus decisiones, y determina sus conductas. Plumptre T, Graham J [Internet]. Governance and
good governance: international and aboriginal perspectives. Ottawa: Institute of Governance; 1999.

893

�En el caso del análisis de la política alimentaria en México, el Estado ha
centralizado el control de la política social alimentaria del país, un ejemplo de
estos programas es la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), no obstante
ha habido interés por parte del Gobierno de acercarse a los Bancos de Alimentos
del país, lo cual significa que tiene interés en la participación en las redes privadas
del sector privado de la sociedad civil, el sector gubernamental ha apoyado a los
Bancos de Alimentos del País a través de la SEDESOL40, con los Programas de
Empleo Temporal (PET) para dar impulso al Fondo Social de Rescate de
Alimentos (FOSORA), el objetivo de estos programas es rescatar el alimento que
ya no se distribuye por las vías comerciales comunes.
A partir de los hechos mencionados se infiere que el gobierno está interactuando
con las redes privadas creando así una alternativa a la gestión de la política
alimentaria

tradicional

y

centralizada.

Un

acercamiento

a

las

alianzas

intersectoriales a través de la gobernanza podría clarificar mejor el grado en el que
el gobierno facilita la acción colectiva y promueve la búsqueda de modalidades
participativas en la gestión del bien alimentario.
El tercer argumento es de carácter administrativo, la gobernanza es un término
que ha venido usándose en Europa -- particularmente por los medios académicos
anglosajones--, desde la década de 1990 para designar a la eficacia, calidad y
buena orientación en la intervención del Estado (Alcántara, 2012). Ya se había
mencionado en párrafos anteriores la acepción prescriptiva de la gobernanza que
usaba Bazzani (2010) cuando relacionaba los mejores resultados de la política
social con ciertos atributos de buena gobernanza como participación ciudadana y

40 En el 2012 la SEDESOL realizó una intensa labor para combatir la pobreza alimentaria en el país, en
alianza con 60 Bancos de Alimentos, a través del Fondo Social de Rescate de Alimentos (FOSORA) y el
Programa de Empleo Temporal (PET). Estas acciones de rescate alimentario siguen vigentes y van de la mano
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre del gobierno federal, puede leerse en las siguientes direcciones de
Internet:
http://www.quadratinoaxaca.com.mx/noticia/nota,68364/
http://www.cronicahidalgo.com/2013/03/rescatar-productos-agricolas-para-el-banco-de-alimentos/

894

�transparencia, de hecho el trabajo de Arredondo y otros (2005) en la política de
salud en México iba en este sentido.
La alianza intersectorial se basa en la idea de que crea mejores soluciones (que
un solo sector –público o privado-) porque permite compartir los recursos que son
propios de cada sector participante (Cunill, 2005), de esta forma los bancos de
alimentos pueden proporcionar su conocimiento operativo, que es una de las
contribuciones más importantes de estas organizaciones (Niebla y Verdugo,
2007), ya que cuentan con un gran bagaje de conocimientos en la práctica de
asistencia alimentaria

que podría aprovechar el sector público en su política

social.
Existe un consenso cada vez mayor en torno a que la eficacia y la legitimidad de la
acción pública están basadas en la calidad de la interacción entre los distintos
niveles de gobierno, y entre éstos y las organizaciones empresariales y la
sociedad civil. Las formas en que se plasma lo anterior tienden a ser denominados
como gobernanza, gobierno relacional o en redes de interacción público-privadocivil (Prats, 2005). El estudio de la alianza intersectorial a través de la gobernanza
podría ayudar a entender la relación entre la eficacia y eficiencia de los resultados
en política alimentaria y la calidad de interacción en las redes público-privadociviles.
El cuarto y último argumento es metodológico por la complejidad de variables y
actores que intervienen en problema alimentario de un país. Garantizar la
seguridad alimentaria es una tarea complicada para los gobiernos, en un primer
momento, la seguridad alimentaria se planteó como un problema individual al
margen del ingreso y del poder adquisitivo. Posteriormente se incorporaron
factores tales como la producción suficiente, la estabilidad de la oferta en un grado
máximo y la garantía individual para obtener los alimentos por medio del
mejoramiento del poder adquisitivo (Torres, 2003).

895

�Unido a lo anterior hay que añadir también los riesgos por catástrofes naturales, la
fluctuación de los precios del Mercado nacional e internacional, cambios en la
política de gasto público de un gobierno y los conflictos armados o de terrorismo
que pueden vivir las comunidades de un país. Por razón de este entramado de
actores y de intereses que confluyen en el sector alimentario, el análisis de la
política social alimentaria de un país requiere de instrumentos metodológicos que
permitan entender mejor las interacciones entre estas redes de actores públicos y
privados.
El análisis de la gobernanza en las alianzas intersectoriales permite identificar
todos los actores participantes y las formas en que se relacionan con la red, la
gobernanza se concreta en una gestión pública basada en redes, el análisis de las
redes ayuda a entender cuál es el tipo de interacción que se da entre los actores y
la forma en que se dan los procesos de toma de decisiones.
De esta forma un examen de las características de una red de actores público
privados permitiría conocer cuál son las fortalezas, las debilidades, las
oportunidades y riesgos que puede tener la colaboración intersectorial en una
política social.
La investigación sobre las formas de cooperación entre el Estado y la sociedad
civil, entre autoridades públicas y autores privados es necesaria para conocer si se
presentan las condiciones en un país para la gobernanza. La implementación de
los sistemas de gobernanza puede fracasar en razón de las tensiones entre
actores públicos y privados por aspectos relacionados con la complejidad del
proceso decisional, la definición del sistema de responsabilidades y los códigos
normativos para explicar y justificar al gobierno (Natera, 2005).
Uno de las condiciones necesarias para la instalación de los sistemas de
gobernanza es el marco de legitimación, el ejercicio de poder tiene que ser
legítimo, un déficit de legitimidad mina el apoyo público y la capacidad de los
titulares del poder para promover la asociación y la cooperación (Stocker, 1998).
896

�REFLEXIONES FINALES

La gobernanza ha sido un tema intenso de debate derivado en gran medida por
las transformaciones que ha tenido la política social del estado en las últimas
décadas, la perspectiva de gobernanza considera que el Estado ya no tiene el
monopolio de conocimientos ni de recursos económicos para gobernar (Natera,
2005).
Aún y cuando la globalización ha traído consigo una serie de valores que han
incidido en la naturaleza de las políticas públicas en la mayoría de los países, esto
no implica el fin o declive del Estado, sino que sigue siendo el vehículo esencial en
la búsqueda del bien común en la sociedad con una función crucial de estructura
fijadora de fines y de coaliciones. La realidad de lo que se está presenciando es la
transformación del Estado en el que se revalorizan sus capacidades de
negociación con otros Estados, instituciones y grupos de sector privado para
conseguir sus objetivos sin perder su identidad y sus fines (Lindt, 1992).
La pregunta que habría que formularse sería ¿es posible un sistema de
gobernanza alimentaria en México? ¿Se encuentran capacitados el Estado y el
sector privado y la sociedad civil para realizar una coalición y superar todas las
tensiones que implica un sistema de gobernanza? En México se ha hecho mucha
investigación teórica sobre la pertinencia de la gobernanza en las políticas
públicas, no obstante, hay mucho trabajo de investigación de campo pendiente por
hacer, el tema de las alianzas intersectoriales es relativamente reciente a nivel
Latinoamérica y se han hecho aproximaciones desde enfoques mercadológicos
para la iniciativa privada, muy poco se encuentra en relación a las alianzas público
privadas en México en la colaboración para las políticas públicas.
El análisis de la gobernanza en los sistemas de política pública o en las alianzas
intersectoriales público-privadas es una condición necesaria para llegar a tener un
diagnóstico que permita proyectar la posibilidad futura de los sistemas de
gobernanza en México, en el caso de la política alimentaria se están presentando
897

�acercamientos del sector público al sector privado y civil para llevar a cabo los
programas alimentarios, un caso de ejemplo son las alianzas que está realizando
el gobierno con las empresas y las organizaciones de la sociedad civil (OSC´s) en
la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), no obstante habría que
preguntarse cuál es el tipo de relación de cooperación entre el Estado y los
actores no gubernamentales y cuál sería el nivel de participación en los procesos
de toma de decisiones.
En la medida que se pueda tener más información sobre las configuraciones de
las redes que establece el Estado con los actores no gubernamentales se puede
estar en la posibilidad de emitir un juicio sobre el futuro de los sistemas de
gobernanza alimentaria.
La propuesta de los proyectos de colaboración intersectorial no son una panacea
para resolver los problemas de América Latina; tanto las empresas, como los
gobiernos y las OSC´s deben encarar un gran número de acciones en forma
independiente, sin embargo, el Banco Mundial concluye que el beneficio de las
asociaciones en muy grande y que existe una creciente conciencia de dicho
potencial (Austin, Reficco, Berger, Fischer, Gutiérrez, Koljatic, Lozano, Ogliastri y
el equipo de SEKN, 2005).

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903

�CONTRIBUCIONES DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO
DE CERTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: UNA EXPERIENCIA EN EL MARCO
DEL HOSPITAL REGIONAL DE MINATITLÁN, VER.

Elizabeth Bozada Alvarado41
Lydia Velázquez Gallegos42

En esta comunicación se expone la experiencia, del Departamento de Trabajo
Social del Hospital Regional de Minatitlán, sobre los procesos de operación
profesional en particular y respecto a la evaluación continua de la prestación del
servicio en general, como respuesta a las necesidades presentadas en el marco
de las instituciones hospitalarias, primero, para dar un servicio de calidad a los
pacientes y segundo, para dar respuesta a los requerimientos estandarizados
para tal caso.
Los fundamentos de este proceso tienen su origen en los estándares prescritos
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y centrados en los derechos del
paciente y su familia, así como en la educación de los mismos. Para evidenciar
los requerimientos de las normas se construyeron registros: listas firmadas de
pacientes quienes recibieron información sobre sus derechos y obligaciones, en
modalidad verbal y escrita, a través de medios de comunicación y guías a los
pacientes hospitalizados. Respecto a la prestación de los servicios médicos se
construyeron indicadores sobre el índice de satisfacción. Los datos fueron
obtenidos a través de encuestas a los pacientes que egresaron del servicio de
hospitalización y en consulta externa a los pacientes que salieron del servicio
de consulta.

41
42

Jefa del Departamento de Trabajo Social Elizabeth.bozada@pemex.com
Trabajadora Social del Área de Informes del Hospital, lydiav27_9@hotmail.com

904

�Los pacientes en este proceso de evaluación aportan la información esencial
para evidenciar el trabajo realizado dentro del área médico-social de acuerdo
con los estándares establecidos. Sin embargo, su abordaje representa un reto
para el profesional de Trabajo Social puesto que cada vez en diversos
escenarios hay más rechazo a las entrevistas y cuestionarios. Ante esto, las
estrategias de abordaje a los pacientes ha priorizado un enfoque humanístico
que ha permitido un vínculo de confianza y de certeza de que su opinión es útil
para mejorar el servicio.

Palabras claves: Certificación- estándar – satisfacción- derechos del paciente

I Marco de referencia
Todo ser humano que ha llegado a tener la pérdida de salud necesita ser
tratado de manera digna, respetando su cultura, sus valores psicosociales y
espirituales. El cumplimiento de las normas establecidas dentro de la Ley
General de Salud, ha obligado a toda institución a hacer cumplir de manera
responsable este trato de tal forma que el paciente se sienta protegido y
respetado, logrando así ser participe junto con los familiares, ya sea de una
recuperación íntegra, como de una muerte digna. Es en este sentido que las
instituciones de salud tienen una amplia responsabilidad con su personal,
haciéndoles ver que el buen trato al paciente es una obligación que todos
debemos tener, porque de ello depende mucho la estabilidad del mismo.

Estas prescripciones en lo general emanan del siguiente marco normativo


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Ley General de Salud
905

�

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de

Servicio de Atención Medica


Estándares para la Certificación de Hospitales del Consejo General de

Salubridad


Contrato Colectivo de Trabajo en Vigor



Reglamento de Personal de Confianza



Políticas internas institucionales



Derechos del Paciente



NOM-190-SSA1-1999 Prestación de servicios de salud. Criterios para la

atención medica de la violencia familiar


NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico

Es importante señalar que en lo particular, el Sistema de los Servicios Médicos
de Petróleos Mexicanos ante la tarea de atender las recomendaciones para
alcanzar el reconocimiento por el servicio de calidad, sigue las prescripciones
del Consejo de Salubridad General de manera voluntaria y da seguimiento a la
atención médica y seguridad de los pacientes como componentes esenciales
para lograr esta atención de calidad.
Las manifestaciones necesarias para concretizar este reconocimiento se
encuentran en torno a lo que la organización médica refiere sobre la seguridad
de los pacientes, la calidad de la atención, la seguridad hospitalaria, la
normatividad que regula y señala la prestación del servicio, ya sea el acceso y
las formas en que se hace llegar al usuario. Un aspecto importante, relacionado
con los procesos de operación en términos de satisfactores, es la articulación
de las acciones con la política nacional de salud y las generadas por el propio
sistema.
Es importante señalar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
se reconoce como el detonador de responder a las demandas de una atención
digna por parte de usuarios de los sistemas de salud y la respuesta de las
instituciones generadoras de los servicios. Sin embargo, la atención se focalizó
906

�solo en relación con el tránsito de los médicos y pacientes por los países
participantes (México-Canadá-Estados Unidos) por lo que se buscaba
reconocer las competencias profesionales, particularmente del personal médico.
En la siguiente tabla, se muestran los antecedentes de los documentos rectores
en el caso particular de México.
Cuadro 1 Desarrollo de la certificación de la calidad los servicios médicos
Año

Instancia

Propósitos

Documento rector

responsable
1983
Grupo

Básico

Desarrollar

y

Bases

para

Interinstitucional

uniformar

los

Evaluación

de

procesos

de

Calidad

de

la

las

Atención

en

las

de

Unidades Médicas del

Evaluación

Sectorial,

evaluación

coordinado

unidades

inicialmente
la

por

en

servicios de salud

de

la
la

Sector Salud

Dirección

General

de

Planeación de la
Secretaría

de

Salud
1989

Cuadro
Grupo

Básico

Básico

de

Indicadores para la

Evaluación

Interinstitucional

Evaluación

Calidad

de

Servicios de Salud

Evaluación

de

los

de
de

la
la

Atención Médica

del Sector Salud
1999

Bases conceptuales
Comisión
Nacional

de

y los procedimientos

Programa

para la Certificación

de

907

Nacional

Certificación

de

�Certificación,

de Hospitales.

(Secretario

del

Consejo

de

Criterios

para

Hospitales

la

Criterios

Salubridad

contratación de las

certificación

General)

empresas

hospitales

para

la
de

evaluadoras
(Organismo

Convocatoria dirigida

Certificador)

a las personas físicas
o morales interesadas
en participar en la
Evaluación

para

Certificación

la
de

Hospitales.

2001
Consejo

de

Redefinieron

los

Programa

Salubridad

criterios

de

de

General

evaluación

Nacional

Certificación

de

Establecimientos

de

Atención Médica.

Reglamento

Interior

de la Comisión para
la

Certificación

de

Establecimientos

de

Servicios de Salud,
2007
Comisión para la

Estándar nacional de

Programa

Certificación

calidad en salud y

de Salud 2007-2012

de

Establecimientos

ser

competitivo

de Servicios de

internacionalmente.
908

Nacional

�Salud
2008

Sistema Nacional

Fundamento jurídico.

Diario Oficial de la

de

Articulación eficaz de

Federación

Certificación

de

las instituciones.

Establecimientos

Perspectiva

de

sistémica

Atención

Médica

Mejora continua.

(SiNaCEAM)

Seguridad

los

pacientes, Mantener
ventajas
competitivas.
Sostener y mejorar
su posición en el
entorno.
Fuente: Consejo de Salubridad General: estándares para la certificación de
hospitales vigentes a partir del 1° de abril del 2012.
Entre las funciones del SiNaCEAM, se señalan las de investigar las prácticas y
la aplicación de indicadores, estándares y métodos de evaluación de la calidad
de los servicios de salud con la intencionalidad de mantener vigente el Modelo
de Certificación.
En el contexto de Petróleos Mexicanos, existen 2 hospitales centrales, 6
regionales, 12 generales, 8 coordinaciones, 3 clínicas-hospital, 7 clínicas, 29
consultorios y 1 unidad médica centro administrativo. Como respuestas a los
requerimientos para alcanzar los estándares de calidad de los servicios, se
puede decir que de los Hospitales Regionales, solo el Hospital Regional de
Minatitlán; los Hospitales Generales de Cerro Azul y Ciudad Pemex han logrado
la certificación. En el caso del Hospital Regional de Minatitlán ha sido el Tercero
en lograrla con una calificación de diez.

909

�Sin duda alguna es de tener claro que independientemente de las exigencias
producidas por los intercambios para uno y acuerdos internacionales para otros,
los mexicanos y las mexicanas por decreto constitucional tenemos el derecho a
una atención de calidad que, si bien, es traducida a indicadores, también las
construcciones subjetivas al respecto representan un ingrediente significativo
para tal caso. De manera particular en el marco de la experiencia laboral en la
empresa, las representaciones que los sujetos usuarios construyen en torno a
la prestación de los servicios históricamente había sido asignada al trato que el
profesional del trabajo social; los conocimientos teóricos metodológicos
subyacen la actitud profesional.
En este sentido, el proceso de certificación de la calidad de los servicios desde
una

mirada

sistémica

contribuyen

a

una

articulación

entre

la

interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad, las cuales favorecen el desarrollo
de un marco necesariamente holístico e integrador por lo que la satisfacción del
derechohabiente, está ahora vista como resultado de la atención recibida en
cada área de trabajo del hospital.

II Proceso metodológico
El proceso metodológico para la construcción de los indicadores y evidencias
conlleva a dos fases importantes, la autoevaluación y la auditoría. De acuerdo
con los estándares, el proceso de autoevaluación invita a focalizar la
observación en los siguientes aspectos: las metas internacionales para la
seguridad del paciente, los estándares centrados en el paciente y los
estándares centrados en la gestión del establecimiento de atención médica.
(Ver figura1.)

910

�Figura No. 1 Estándares para certificar hospitales (versión 2012)

.

Fuente: Creación propia

Como se puede observar en la figura 1, los estándares generan una dinámica
interna en el personal, predispone la actitud al conocimiento para la gestión
operativa de los requerimientos en los tres aspectos mencionados.
Si bien los estándares abordan en su conjunto estructura, dinámica y fuerzas de
un hospital en el proceso e organización interna, al Departamento de Trabajo
Social recae la responsabilidad de los estándares centrados en el paciente, de
manera particular, en los derechos del paciente y su familia. El punto de partida,
como se ha expresado, al inicio de este punto es la auto-evaluación.

Como

proceso, la autoevaluación permite comparar los requerimientos de la norma con

911

�lo construido en la cotidianeidad; en este proceso, se requiere de una mirada al
interior. Vélez (2012) dice que:
La auto observación es la observación que realiza el observador
como participante y constructor de realidades, percatándose de
los mecanismos cognitivos involucrados en dicha construcción
incluye la propia perspectiva del observador, dando cabida a la
visión que éste tiene por su tradición de trabajo y su experiencia.
La observación no es una mirada excluyente y por lo tanto puede
coexistir con otros tipos de observación, complementándolos. En
ella se alojan la experiencias y la responsabilidad ética
constituyendo una modalidad de observación compleja que
transcurre entre lo vivido concreto- lo vivido imaginado y lo exterior
–interior estableciendo cambios radicales con las metodologías
tradicionales que solo reproducen y describen hechos externos.
(2012: 114).
La autoevaluación contempla aquellos elementos que debe cumplir un hospital en
función de lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus Reglamentos, en las
Normas Oficiales Mexicanas y en los Estándares para la Certificación de
Hospitales Vigentes. Como proceso, trasciende de la descripción de indicadores a
la reflexión sobre las formas en que, en el marco de las prácticas cotidianas se
perfila el personal, se manifiesta la estructura y equipamiento institucional, las
formas en que se operan los planes, política, procedimientos y los procesos de
información y las diversas representaciones que los derechohabientes construyen
al recibir el servicio.
Sobre estos principios y en relación con los estándares centrados en el paciente
en el rubro de los pacientes y su familia se diseñaron operativamente los
siguientes criterios:

912

�Cuadro No. 2 Estándar PFR 1
ESTÁNDAR DERECHOS DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS
El establecimiento es responsable de proporcionar procesos que respalden los
derechos de los pacientes y de las familias durante la atención. (Estándar
PFR.1)
Elemento medible

Unidad

de Variables esperada

análisis
1. Trabajan en colaboración para Directivos

PFR

1.1

respaldar y proteger los derechos

cordial

de los pacientes y sus familiares.

para con los valores y

y

Atención
respetuosa

creencias

personales

del paciente.
2. Comprenden los derechos de Directivos

PFR.1.2

Atención

los pacientes y sus familiares tal

médica respetuosa de la

como están identificados en las

necesidad de privacidad

leyes y reglamentaciones y en

del paciente.

relación con la población que se
atiende.
3.-Se respeta el derecho de los Establecimiento

PFR.1.3

pacientes y, en su caso de sus

que

familiares,

objetos personales de

información

de

determinar

sobre su

qué

atención

Un

proceso

resguarde

los

los pacientes.

podrá ser proporcionada a la
familia o a terceros y en qué
circunstancias.
4.-Está
políticas

informado
y

sobre

las Personal

procedimientos

PFR 1.4 Protección de
los

relacionados con los derechos del

pacientes

contra

agresiones físicas.

913

�paciente y pueden explicar sus
responsabilidades en cuanto a la
protección de dichos derechos.
5.

Orientan

y

respaldan

los Políticas

y PFR.1.5

derechos de los pacientes y sus procedimientos

adecuada

familiares en el establecimiento.

personas

Protección
de:

niños,

discapacitadas, adultos
mayores

y

demás

población en riesgo.
PFR.1.6
Confidencialidad
del paciente
Fuente: Creación propia.

Los instrumentos de apoyo para construir la evidencia en los indicadores de
esta tabla son:
a) Registro de iglesias, templos u organizaciones con nombre, domicilio y
teléfono para orientar a los pacientes y familiares que demanden este tipo
de apoyo.
b) Descripción de la política comunicación, orientación de los derechos del
paciente y su familia.
c)
Cuadro No. 3 Estándar PFR2
ESTÁNDAR DERECHOS DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS
El establecimiento respeta los derechos de los pacientes y sus familiares y
fomenta su participación en el proceso de atención médica.( Estándar PFR.2)
Unidad de análisis : Establecimiento

914

�Elemento medible

1.

Se

elaboran

Variables esperadas

políticas

y

procedimientos para respaldar y
promover

la

participación

del

paciente y su familia en los
procesos de atención.

PFR.2.1 Informar a los pacientes y sus
familiares acerca del proceso de cómo les
comunicarán

el

estado

de

salud,

diagnóstico de certeza y el tratamiento
planificado, así como de la manera en que
pueden participar en las decisiones sobre
su atención, en la medida que deseen
participar.
PFR.2.2

2.- La elaboración de políticas y familiares

Informar a los pacientes y sus
sobre

procedimientos es un esfuerzo de responsabilidades

sus

derechos

relacionados

con

y
el

colaboración e incluye tanto al rechazo o la suspensión del tratamiento.
personal directivo como operativo.
PFR.2.3

Respeto

los

deseos

y

3.- El personal recibe capacitación preferencias del paciente acerca de omitir
sobre las políticas, procedimientos los servicios de reanimación y a renunciar
y su rol en el respaldo de la o retirar los tratamientos para prolongar la
participación del paciente y su vida.
familia en los centros de atención.

PFR.2.3

Respeto

a

los

deseos

y

preferencias del paciente acerca de omitir
los servicios de reanimación y a renunciar
o retirar los tratamientos para prolongar la
vida.
PFR.2.5 Respaldo al derecho del paciente
a

recibir

una

atención

respetuosa

compasiva hacia el final de su vida.
Fuente: Creación propia.
915

y

�Estos estándares están orientados a la atención por parte del médico y buscan
promover el respeto a la privacidad del paciente. Sin embargo, es
responsabilidad del médico tratante el manejo de esta información y la forma de
comunicarla al personal, que está comprometido con principios éticos que
hacen posible el respeto a los derechos del paciente.
Ante esto, trabajo social construye la evidencia a través de la aplicación de la
encuesta al egreso del paciente de la unidad médica, denominada
“Satisfacción” a través del Ítem 6, en donde se le pide que indique si fue
informado sobre: Derechos y obligaciones, los riesgos de caída, los
medicamentos que le administran y sobre el lavado de manos del personal de
salud que está a cargo de ellos. Es importante mencionar que en el caso de
ingresos programados, el personal de trabajo social cita a los pacientes a una
plática de inducción sobre estos derechos previo a la hospitalización.
En su conjunto y sin intención de mostrar una mirada reduccionista sino
orientadora, de lo que son los derechos de los pacientes y familiares, se
expresan algunos contenidos tales como: Derecho a ser tratado con respeto,
tolerancia y eficiencia; derecho al respeto de su personalidad, dignidad e
intimidad sin discriminación de raza, sexo, ideologías políticas, religiosas o
sindicales y a la comodidad y dignidad del paciente agonizante; derecho a
conocer con nombre completo a los profesionales que lo atienden; derecho a
recibir en términos comprensibles la información y orientación necesaria que les
permita tomar la mejor sedición sobre su tratamiento; derecho a ser informado
de cualquier información o proyecto educativo que involucre al paciente; el
derecho a que un familiar o persona responsable legalmente autorizada ejerza
los derechos si el paciente es incapaz de entender su tratamiento, si es incapaz
de manifestar su voluntad, si se le considera incompetente o si es menor de
edad; derecho a recibir asistencia religiosa; derecho a la confidencialidad;
Derecho a solicitar y obtener asesoría en relación a medicina preventiva o
curativa y; derecho a rechazar el tratamiento hasta el grado que permita la ley.
916

�Cuadro No. 5 PFR3
ESTÁNDAR DERECHOS DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIA
El establecimiento informa a los pacientes y a sus familiares sobre el proceso
para atender quejas y resolver conflictos y diferencias de opinión sobre la
atención medica; asimismo, les informa sobre su derecho a participar en estos
procesos (Estándar PFR.3)
Elemento medible

Unidad

de Variables esperada

análisis
1.-Los pacientes son conscientes Trabajo Social

Información a pacientes

de su derecho a manifestar una

y familiares verbal y

queja y el proceso de hacerlo.

escrita sobre derechos
a manifestar queja y del
proceso

a

seguir,

informándoles que su
participación

es

fundamental

y punto

clave desde el inicio y la
solución de su queja.
2.- Las quejas
resuelven

se revisan

conforme

y Comisión Mixta Buzones

para

la

con de Seguridad e recolección de quejas

mecanismo del establecimiento.

Higiene.
Cuerpo
Gobierno

en las diversas áreas.
de Control con el número
de folio.

3. Las dudas, conflictos o dilemas
que surgen durante el proceso de

Procedimientos.

atención se analizan conforme al
mecanismo del establecimiento.
Fuente: Creación propia.

917

�El departamento de trabajo social es responsable del proceso de quejas de los
pacientes y sus familiares mediante el uso del buzón en donde a través de un
formato se pide a la persona: datos generales, señale la irregularidad y el
nombre de la persona responsable de la situación. Es importante mencionar
que en este mismo formato se puede expresar también el reconocimiento y
felicitación por el servicio que se recibe.
En el marco de los derechos los pacientes y familiares pueden recurrir a
representación sindical quien surge como su representante ante la junta del
gobierno del hospital para atender las quejas manifestadas y se evidencian con
minutas de cada reunión.
Para el cumplimiento institucional de estas acciones se diseñó la política y
procedimientos para la atención de quejas.
Cuadro No. 6 Estándar PFR4
ESTÁNDAR DERECHOS DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS
El personal recibe educación sobre su rol en la identificación de los valores y
creencias de los pacientes, así como en la protección de sus derechos.(
Estándar PFR.4)
Unidad
Elemento medible

de Variables esperadas

análisis

1.-El personal comprende su rol Personal

Capacitación sobre los

en la identificación de los valores y

derechos del paciente y

creencias de los pacientes y sus

su

familias y el modo de respetarlos

comprende

en el proceso de atención.

participación

en

la

identificación

de

los

familia

que
su

valores y creencias del
paciente.
2.-El personal comprende su rol Personal
918

Se capacita al personal

�en la protección de los derechos

por medio de pláticas en

del paciente y su familia.

la

sesión

general,

programa de educación
a

enfermeras

asistente,

y

educación

continua

para

trabajo

social,

existe

un

catálogo de educación
al paciente, la guía del
paciente.

Y

comprenda

los
para

respetar los valores y
creencias

de

los

pacientes.

Plática

de

inducción

a

la

programación
quirúrgica.
Fuente: Creación propia.
Para dar respuesta a este estándar, se han diseñado programas de educación
continua para el personal del hospital médico, auxiliares, técnicos, manuales,
enfermería y trabajo social. Se construyen registros de asistencia del todo el
personal que cumple con esta disposición.
Cuadro No. 7 Estándar PFR 5
ESTÁNDAR DERECHOS DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIA
Todos los pacientes son informados acerca de sus derechos, de forma que los
puedan entender. (Estándar PFR.5)
Elemento medible

Variables esperada

919

�1.-Cada

paciente

recibe

por

escrito la información de sus

Medios de comunicación que expresen los
derechos.

derechos.

Espacios en el establecimiento para estos
medios de comunicación.
2.-El establecimiento cuenta con Información verbal sobre los derechos.
un proceso para informar a los Una política operativa comunicación y
pacientes

sobre

sus

derechos orientación de los derechos del paciente y

cuando la comunicación escrita no su familia.
resulta efectiva o adecuada.
3.-El hospital cuenta con la carta Manual guía del paciente.
de los derechos generales de los
pacientes

y

se

encuentran

accesibles al público en general
en

un

formato

e

idioma

comprensible.

Después de la inducción a los derechos, la trabajadora social a través de diálogo
grupal evalúa la comprensión de los pacientes sobre sus derechos, así como
identifica las preocupaciones, inquietudes que estos temas generan ante su
ingreso al servicio de hospitalización (que es el área de mayor aplicabilidad de
este procedimiento) y la consulta externa.

920

�Cuadro No. 7 Estándar PFR 5

ESTÁNDAR DERECHOS DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIA

El consentimiento informado del paciente se obtiene mediante un proceso definido
en el establecimiento y lo lleva a cabo personal capacitado. (Estándar PFR.6)

Elementos Medibles PFR.6

Variable esperada

1.-El establecimiento cuenta con un Consentimiento

informado

elaborado

proceso de consentimiento informado por el médico tratante y otorgado para
claramente definido, descrito en las poder ingresar a hospitalización y antes
políticas y procedimientos.

de cualquier procedimiento que conlleve
un alto riesgo.
Listado

general

de

consentimientos

informados.

2.-Se capacita al personal designado a Diseño de una política y procedimientos
fin de implementar las políticas y los para la obtención de consentimiento
procedimientos.

informado.
Programa de capacitación sobre el
llenado de registros.

3.-Los

pacientes

otorgan

su Presentación de formatos de acuerdo al

consentimiento informado conforme con momento en el proceso de atención al
ingresar a hospitalización, o antes de la
921

�las políticas y procedimientos.

realización

de

determinados

procedimientos o tratamientos.

Trabajo Social verifica que la política y procedimiento haya sido realizado por el
médico, identifica el documento firmado por el paciente y su familiar como
testigo, en relación al tratamiento al que será sujeto, así como también a partir
de las entrevistas se corrobora esta información.

RESULTADOS
La auditoría representa el segundo momento del proceso de la certificación de
los servicios médicos. En esta etapa se integra la mirada externa experta para
concretizar la valoración sobre el cumplimiento de los estándares que califican
la calidad de la atención y el resguardo de la seguridad de los pacientes.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (versión 2011), la auditoría se lleva a cabo por medio de la
evaluación de los estándares centrados en el paciente, estándares centrados
en la gestión, metas internacionales de seguridad de los pacientes y estándares
ponderados

como

indispensables

calificados

como

cumplidos

en

autoevaluación del hospital.

Cuadro No. 8 Desarrollo de rastreadores en la auditoria
Tipo

Definición

Rastreador de pacientes

Método

de

Componentes
evaluación Proceso

y

servicios

que permite conocer la clínicos.
experiencia del paciente.
922

Entrevistas al personal.

la

�Constatar registros.
Rastreadores
sistemas

de Evaluación

de

sistemas críticos

los Manejo

y

uso

de

medicamentos
Prevención,

control

y

reducción de infecciones
Administración
seguridad

y
de

las

instalaciones.
Uso de la información
para gestión de calidad.
Rastreador

Son evaluaciones de la Procesos y actividades

indeterminado

estructura, procesos o críticas que no es posible
resultados que el equipo evaluar

durante

auditor considera como rastreadores
relevantes.

los
de

pacientes y sistemas.

Estándares en los que
falta obtener evidencia.

Estructura indispensable
para

prestación

de

servicios médicas.

Las contribuciones de trabajo social ante este proceso de rastreo, estimadas
como trabajo previo, consistió en la elaboración de medios de comunicación
para socializar los derechos de los pacientes tales como:
 Guías rápidas para garantizar la calidad de la atención que
proporcionamos difunde información sobre los derechos del paciente y

923

�sus obligaciones; el reglamento para ingresar al hospital; directorio
telefónico de los jefes de servicio.
 Guía del paciente proporciona información sobre los derechos del
paciente, sus obligaciones, presentación de los servicios con que cuenta
el hospital, reglamento del hospital, indicaciones para el uso de los
buzones de queja, información sobre los residuos peligrosos (RPVI),
técnica para el lavado de manos y requisitos para la donación de
órganos y tejidos.
 Periódicos murales con contenidos sobre los derechos de los pacientes
y su familia, las políticas institucionales y procedimientos sobre el
servicio.
 Folletos en los consultorios en base de acrílico con información sobre
los derechos de los pacientes.
 Videos en las salas de espera

sobre el lavado de manos con la

intención de disminuir los riesgos de infecciones intrahospitalarias.
Las experiencias de los pacientes fueron recuperadas bajo las siguientes
categorías: Tiempo de espera, satisfacción por la información proporcionada
por el médico, el trato recibido por parte del personal de trabajo social,
información sobre sus derechos, riesgos de caídas, medicamentos que le
administran y el lavado de manos de manera esencial como resultado de lo
vivido en su estancia hospitalaria, se le solicitaron recomendaciones para
mejorar el servicio.

924

�A

continuación

se

expone

los

resultados

previos

a

la

auditoría.

Figura No. 2 índice de satisfacción de pacientes

Esta
grafica
ilustra

una

de las últimas evaluaciones antes de la auditoría con un logro de 93% de
satisfacción por parte de los pacientes. Sin embargo, en búsqueda de la calidad
en la satisfacción nos propusimos que los pacientes comprendieran que su cita
médica está garantizada y que 20 minutos son suficientes para su consulta
médica. También fue necesaria la organización interna y establecer procesos
de comunicación para respetar el promedio de pacientes posibles de atender
diariamente en los horarios establecidos.
Sin afán de minimizar la construcción de evidencia para los 23 indicadores que
fueron presentados en la etapa de auditoría, consideramos pertinente resaltar el
momento ya que es en esta etapa en que se ofrece una retroalimentación y
fueron señalados durante 4 días los aspectos positivos y las observaciones y
hallazgos que comprometen la seguridad del paciente.

925

�Como momento final fue entregado al Comité de Calidad del hospital un reporte
preliminar con las observaciones más relevantes encontradas durante el
periodo de la auditoria para ser evaluadas en una segunda vuelta.
En la segunda evaluación, el Consejo de Salubridad verifica los trabajos que
estaban pendientes durante tres días. Y nos informa que los resultados los
enviarán para conocer la calificación. El proceso concluye con el dictamen que
Envía el Consejo al hospital, los resultados la calificación 10 Hospital Regional
Minatitlán Certificado. El reconocimiento fue entregado al Hospital Regional
Minatitlán, en diciembre 2013.
Es indiscutible que el fenómeno de la globalización abre las fronteras para el
ejercicio de los derechos humanos principalmente a los relacionados a la salud
integral de las personal. En un sentido más restringido al cumplimiento de
estándares que pretenden homogenizar los proceso cotidianos en las
instituciones en la presentación de los servicios médicos.
Sin duda alguna estos requerimientos dimensionan el quehacer del trabajo
social a pasar de las funciones tradicionalmente identificadas como meramente
administrativas, de recepción y de educación para la salud a acciones que
promueven los derechos del paciente.
Las

pautas

y

comportamientos

naturalizados

y

que

han

generado

representaciones sociales en torno a lo que somos o queremos ser, al papel
que desempeñamos las y los trabajadores sociales en el contexto de salud sin
duda alguna están siendo trastocados por objetivos externos a nuestros
espacios institucionales.
CONCLUSIONES
Si bien el proceso para la certificación de hospitales ha representado y requiere
la articulación de esfuerzos de todos los miembros de la institución. Deja claro
que no hay protagonismos, la sistematización de las aportaciones de trabajo
926

�social sólo han tenido la finalidad de resaltar la áreas de oportunidades quizás
para unos o la contribución una vez más a los intereses de fuerzas
controladoras de los sistemas económicos y políticos en el mundo. De manera
particular para las colegas que integramos el departamento de trabajo social
nos ha permitido:
1.-

La

oportunidad

de

ser

promotoras

legitimadas

y

reconocidas

institucionalmente para la promoción de los derechos de los pacientes.
2.- Experimentar la investigación social de manera continua como herramienta
para la autoevaluación en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
3.- Reconocimiento social y profesional en la atención de las demandas de los
pacientes en relación al trato en el servicio.
4.- Sin duda alguna nos hemos dado cuenta de que los tiempos actuales
trastocan los proceso naturalizados del ejercicio profesional generando rupturas
en la actitud del profesional de trabajo social principalmente por ser el
profesional identificado como el primer enlace entre la institución y el servicio;
trascender del papel administrativo-asistencial al educador de derechos
hospitalarios y a la investigación-acción dado que el proceso no termina con la
calificación; el trabajo sustancial después de esto es mantener los estándares
alcanzados y mejorar lo debilitado con la intención de mantener la calidad en la
prestación de los servicios.
REFERENCIAS
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos (2013)
Consejo de Salubridad General (2009) Manual del proceso para la certificación
de hospitales.
Consejo de Salubridad General (2012) Estándares para la certificación de
hospitales.
927

�Contrato Colectivo de Trabajo en Vigor.
Derechos del Paciente.
Ley General de Salud.
NOM-190-SSA1-1999 Prestación de servicios de salud. Criterios para la
atención medica de la violencia familiar.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicio
de Atención Medica.
Reglamento de Personal de Confianza.
Vélez, R (2012) reconfigurando el Trabajo Social perspectivas y tendencias,
Espacio
NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.

928

�DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SOBRE PARTICIPACIÓN Y
FORMACIÓN CIUDADANA: COMUNIDAD DE LAS ÁNIMAS DEL
MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VER.
Jorge Hernández Ríos43
Luz Paulina Álvarez Pérez44
Nora Hilda Fuentes León45
Omar Castro Prado 46

La ciudadanía representa una categoría focalizada principalmente por la
sociología política-histórica y la filosofía política

aunque se trata de campos

interrelacionados, conceptual y metodológicamente son diferenciados, sin
embargo son enfoques que pueden ser vistos en términos de complementariedad,
pues se informan mutuamente. Para el Trabajo Social la ciudanía representa un
objeto de estudio y objeto de intervención relacionado a la implantación y gestión
de mecanismos de participación del ciudadano,

es así que la formación y

participación ciudadana, representan dimensiones cuya génesis se reconoce: en
lo político dado que procura el ejercicio del poder resultado de las decisiones
representadas por el voto; en lo social bajo el sentido de la construcción del
bienestar social generado por la corresponsabilidad entre el ciudadano conocedor
de derechos - obligaciones y gobierno.

Bajo estos principios la presente comunicación tiene como objetivo exponer la
participación y formación de hombres y mujeres de la comunidad de la Ánimas en
términos del ejercicio de poder y la búsqueda de la mejora de sus condiciones de
vida. El tipo de investigación ha sido cuantitativa en modalidad diagnóstica lo que
favoreció a la identificación de signos y síntomas que fueron útiles para el diseño
de la intervención profesional en este tema. El instrumento que permitió medir el
Índice de Participación Ciudadana (IPC) fue elaborado por la Red Interamericana
43

, Universidad Veracruzana, jorhernandez@uv.mx
Universidad Veracruzana, leo_pau6@hotmail.com
45
Universidad Veracruzana, nfuentes@uv.mx
46
Universidad Veracruzana, omcastro@uv.mx
44

929

�para la Democracia (RID) las dimensiones de la participación exploradas son:
Participación Directa, Participación relativa a la Opinión y Participación Electoral,
las cuales caracterizan las actividades que realiza el ciudadano, su aproximación
al concepto personal de la participación, motivantes para participar, contacto con
el gobierno, el ejercicio del voto y democracia entre otros. Como resultados se
puede mencionar que el índice de participación obtenido es bajo, la población no
tiene ningún tipo de diálogo con el gobierno

y que la mayoría limita la

participación ciudadana al ejercicio del voto.
Palabras claves: Ciudadanía, participación, indicé de participación.
Históricamente, la construcción de la ciudadanía es asociada a la creación de los
Estados-Nación. Para Alberto Olvera (2007), esta perspectiva es válida
únicamente para la llamada ciudadanía jurídica y que en realidad, la ciudadanía
surge con las grandes luchas sociales acontecidas principalmente en Europa.
H. Marshall (1950) plantea que la ciudadanía es un estatus que involucra el
acceso a varios derechos y poderes, un estatus que busca que todos los hombres
sean iguales, sin privilegios hereditarios y a su parecer los derechos ciudadanos
surgen a partir de la revolución industrial. Para Aristóteles “el hombre es un ser
social, un individuo que necesariamente debe vivir, de una o de otra manera, en
un ámbito comunitario. Por tanto, el eje de la comunidad (democrática) no puede
quedar definido por un determinado individuo o grupo, sino por el conjunto de
relaciones y vínculos interindividuales que se conforman a un nivel lo más libre e
igualitario posible.”
Asimismo, existen varios teóricos que entienden a la ciudadanía como un proceso
en el que se correlacionan aspectos económicos, sociales y culturales y este
proceso varía de país en país según las dimensiones en las cuales se desarrolla.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF), por su parte,
sostiene que “la ciudadanía dota a las personas la capacidad de construir o
transformar las leyes y normas que ellas quieren vivir cumplir y proteger para la
930

�dignidad de todos” el hecho de que exista un régimen de libertades no implica
necesariamente que esa situación vaya a mantenerse de forma automática y sin
posibilidad de cambio, el problema es que para defender o transformar las leyes el
ciudadano debe conocerlas, es aquí donde la comodidad o la apatía de las
personas impide la protección de la dignidad colectiva, un ejemplo sería una
dictadura, ésta no puede ser erradicada si los ciudadanos no mantienen un
posición firme y activa, consciente; es el ciudadano en el uso de sus libertades y
obligaciones inherentes a su condición el que debe permitir que la democracia se
mantenga.
La trabajadora social y cientista política de la Pontifica Universidad Católica de
Chile Dánae Mlynarz en su artículo “Derechos ciudadanos: Tareas para construir
una mejor democracia”(2011) nos habla de dos tipos de ciudadanía que son la
pasiva y la activa, la ciudadanía pasiva es aquellas ciudadanía formal, consagrada
legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el estado, en cambio
la ciudadanía pasiva requiere de la existencia de sujetos políticos que exigen sus
derechos, sujetos que realicen prácticas autónomas, deliberantes y participativas,
sujetos que se comprometan con su entorno.
En el caso de México, existen dos conceptos que pueden definir la situación de la
construcción de la ciudadanía y democracia: los ciudadanos imaginarios
(Escalante, 1992) o la ciudadanía ficticia (Guerra, 1999) una realidad que
comenzó en el siglo XIX y continúa, ya que describe la falta de individuos
autónomos capaces de portar derechos que les permitiesen buscar un cambio en
sus formas de vida.
Aunque la Constitución de 1917 introdujo los derechos sociales en el país
también “creó una forma de concebir el derecho: como un programa a cumplirse a
futuro” (Olvera, 2007, p.40) y bajo este marco, se instauró: el abismo entre la ley y
la práctica de la misma. Esto sumado al corporativismo, la violación de los
derechos políticos y la instauración de un partido único por 70 años dificultó el
ejercicio de la ciudadanía.
931

�Olvera (2007) entiende

el concepto de participación ciudadana como …la

intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y
civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones
definidas, esto es, en interfaces socioestatales que pueden o no estar definidas
por la ley y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación
de las políticas públicas a través de diversas formas de contraloría ciudadana.
La ciudadanía es innata, el hombre con el simple hecho de nacer o residir en una
ciudad o comunidad, se convierte en el titular de derechos y obligaciones
pertenecientes al lugar donde se encuentra, sin embargo un ciudadano no sólo se
puede quedar como un simple ente con derechos y obligaciones ya que la
ciudadanía también implica la participación y el compromiso con el destino la
sociedad, la ciudadanía es universal pues permite identificar a todos los seres
humanos como miembros de una misma comunidad; los derechos humanos
pueden entenderse como una forma universalizada de ciudadanía.
El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o
iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa
a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada
en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del
gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la
administración pública o de un partido político. Es un proceso de generación de
conciencia crítica y propositiva en el ciudadano. La participación no es realmente
efectiva mientras no vaya modificando y ampliando las relaciones de poder.
La participación ciudadana se deriva en acciones, que viene a ser sinónimo de
libertad y transformación. Mediante la participación, las personas pueden
transformar sus contextos.

932

�Jaume Carbonell (2001) nos dice que la nueva ciudadanía que hay que formar
requiere desde los primeros años de escolarización otro tipo de conocimiento uno
en el que el alumnado tenga una participación activa en el proceso de aprendizaje
El desarrollo educativo de los sujetos es necesario para la integración de una
nación justa y democrática; también representa un bien cultural para el incremento
de una mejor calidad de vida, la formación ciudadana es indispensable para
asegurar, al menos una participación más activa y consciente de los sujetos, dicha
participación ya sea individual o colectiva en la vida política, económica y social,
participación del bien común y respeto a la diversidad. La educación es un
proceso que potencia las posibilidades creativas del sujeto; además de informar, la
educación debe formar, mirando al ser humano como un conjunto integrado único
de potencialidades por desarrollar.
La presente investigación pretende dar a conocer el estado situacional de la
participación ciudadana en la comunidad de las Ánimas, municipio

Minatitlán,

Veracruz
La comunidad de Las Ánimas cuenta con 593 habitantes. De los cuales 317
(53.46%) son hombres y 276 (46.54%) son mujeres, la población mayor de 18
años es de 320, para alojar a sus habitantes Las Ánimas cuenta con 136
viviendas.
Esta

investigación es de tipo descriptiva, ya que, lo que nos interesa es medir el

nivel de participación ciudadana que tienen los padres de familia de la comunidad
de Las Ánimas.
El objetivo principal de este trabajo es fue

diagnosticar el nivel de participación

que tienen los padres de familia de la comunidad de Las Ánimas y los objetivos
específicos fueron:
 Identificar los procesos de formación de ciudadanías y quiénes los están
llevando a cabo.
933

� Determinar qué tan pertinentes o útiles son los tópicos en los cuales se
están formando los niños en lo relativo a la formación ciudadana.
 Descubrir qué tanto saben las familias sobre el concepto de ciudadanía.
Se dividió el IPC en categorías acordes al tipo de información que se buscaba
obtener. Estas categorías están relacionadas con las secciones maneja el
instrumento en sus lineamientos y son de tipo cuantitativo.
Tabla 1: Categorías utilizadas en la investigación.

Categorías
Actividades que realiza el consultado
Razones por las cuales no existe participación, desde
el punto de vista del entrevistado
Motivantes para participar
Contacto con el gobierno
Principales problemas actuales
Participación de los jóvenes
Fuente: Construcción propia

Se utilizó un instrumento llamado Índice de Participación ciudadana (IPC)
elaborado por la Red Interamericana para la Democracia que permitía medir el
nivel de participación que tienen los padres de familia a los cuales se les aplicó el
instrumento.
La población estudiada corresponde a los padres de familia de la comunidad de
Las Ánimas, con una edad promedio de entre 20 y 50 años. De esta población, el
53.8% es de sexo femenino y el restante –el 46.2% -del sexo masculino.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el IPC, en cuanto a las
categorías que evaluó el objetivo y las respuestas de los entrevistados.
En cuanto a las actividades en las cuales participa el entrevistado, se les pidió a
los entrevistados que de las opciones descritas en la tabla correspondiente a la
pregunta número 1 del instrumento, eligieran aquella que realizan frecuentemente.
Los resultados fueron los siguientes:

934

�Tabla 2. Actividades en las cuales participa el entrevistado

Válidos

Política
Religión
Comunidad
Deportes
Sindicato
Ninguna
Total

Frecuencia
4
7
3
1
2
9
26

Porcentaje
15.4
26.9
11.5
3.8
7.7
34.6
100.0

Porcentaje
válido
15.4
26.9
11.5
3.8
7.7
34.6
100.0

Porcentaje
acumulado
15.4
42.3
53.8
57.7
65.4
100.0

Fuente: IPC aplicado en la comunidad de Las Ánimas, Minatitlán, Veracruz. Abril 2013

En cuanto a las actividades en las que participan los entrevistados, el 34.6% no
participan en ninguna actividad señalada en el instrumento, el 26.9% participa en
actividades religiosas, un 11.5% en actividades comunales, un 15.4% participa en
cuestiones relacionadas a la política; el 7.7% a actividades sindicales y el 3.8% a
actividades deportivas tal y como se aprecia en la tabla 2.
La participación no se limita sólo a procesos electorales, sino representa también
una forma de participar, controlar y moderar el poder otorgado a los
representantes políticos a través de formatos y mecanismos de participación
ciudadana, que fortalezcan y nutran la vida democrática de la sociedad. Es
interesante mostrar, sin embargo que con base a los resultados, es poca la
participación política en los entrevistados y más en la participación en actividades
de índole religiosa o en ningún tipo de actividad.
Respecto a las razones por las cuales no existe participación, desde el punto de
vista del entrevistado, en esta categoría se evaluó la percepción que estos tienen
acerca de las razones por las cuales la población en general no participa. La
dinámica fue similar al apartado anterior: en el instrumento se estableció una lista
de opciones de las cuales el sujeto debía escoger la que más se acercaba a su
percepción personal.
Muchas veces participar supone una determinada actuación. Participar supone un
plus de voluntad de intervención, un sentimiento de pertenencia colectivo y sin

935

�embargo, la mayoría de las personas piensa que el miedo/falta de tiempo es lo
que hace que las personas no participen, como se puede observar más abajo.

Válidos

Tabla 3. Señale las razones por las cuales la gente en su opinión, no participa
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Desconfianza/Descreimiento
1
3.8
3.8
3.8
Miedo

5

19.2

19.2

23.1

No cree que pueda
ayudar/Que sirva para algo
Falta de información

5

19.2

19.2

42.3

3

11.5

11.5

53.8

Falta de tiempo

5

19.2

19.2

73.1

Problemas personales

1

3.8

3.8

76.9

Por falta de
organización/Capacitación
No me interesa/No me
involucro
Prefiere otras actividades

2

7.7

7.7

84.6

1

3.8

3.8

88.5

1

3.8

3.8

92.3

Porque son actividades
políticas
Por egoísmo/Individualismo

1

3.8

3.8

96.2

1

3.8

3.8

100.0

26

100.0

100.0

Total

Fuente: IPC aplicado en la comunidad de Las Ánimas, Minatitlán, Veracruz. Abril 2013

Como se observa en la tabla 3, en cuanto a las razones por las cuales la gente no
participa – en opinión del entrevistado- se obtuvieron los siguientes resultados: el
19.2% señaló que es por

miedo y

porque la gente cree que No pueda

ayudar/Que sirva para algo, otro 19.2%, por falta de tiempo. El 11.5% opinó que
se debe a falta de información. El 7.7% Por falta de organización/Capacitación.
El 3.8% cree que se debe a Problemas personales. Un 3.8% se refiere a que las
personas Prefieren otras actividades, Porque son actividades políticas y Por
egoísmo/Individualismo. Por último el 3.8% señaló que se debe a Desconfianza.
En cuanto a los Motivantes para participar lo que se midió en esta categoría es
la opinión de los sujetos a los cuales se les aplicó el instrumento en cuanto a
cuáles son las motivaciones –personales y de la población en general- por las
cuales existe participación. La dinámica de la pregunta es la misma que las de las
dos anteriores. El autor Carlos Eroles (2009) habla de las motivaciones como una

936

�de las causas por las cuales existen los movimientos sociales, lo cual es una
forma de participación ciudadana.
Un 15.4% están las opciones Porque quiere colaborar/ayudar/comprometerse y
Porque los hace sentirse bien/útiles. El 11.5% opinó que es respecto a que tienen
tiempo libre. Con el mismo porcentaje, está la opción de Por conveniencia/Para
hacer

política.

Con

un

7.7%

están

las

siguientes

opciones:

Para

entretenerse/Distraerse, Por vocación/Porque les gusta/Es solidario, Porque
pueden (económicamente) y Para defender sus ideales/ideas.
Para medir

el contacto con el gobierno se les cuestiono

a los encuestados si

se han contactado con el gobierno de alguna manera, y se enlistaban las posibles
opciones mediante las cuales se podría haber establecido contacto. El resultado
se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 4 ¿Ha intentado ud. contactar al gobierno para solicitar información, hacer una denuncia o
tratar de resolver un problema?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Sí, mediante visitas
personales
No
Total

Porcentaje

válido

acumulado

1

3.8

3.8

3.8

25
26

96.2
100.0

96.2
100.0

100.0

Fuente: IPC aplicado en la comunidad de Las Ánimas, Minatitlán, Veracruz. Abril 2013

Un 96.2% respondió que no había contactado al gobierno en ningún caso y por
ningún medio, mientras que el 3.8% respondió que sí, mediante visitas personales
En cuanto a la categoría del Ejercicio del voto, se les preguntó a los entrevistados
si ejercerían el derecho al voto en las siguientes elecciones. Los resultados fueron
los siguientes:
Tabla 5¿Con qué probabilidad votará ud en las próximas elecciones?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Con seguridad si

21

80.8

80.8

80.8

Probablemente si

3

11.5

11.5

92.3

937

�Quizá si, quizá no
Total

2

7.7

7.7

26

100.0

100.0

100.0

Fuente: IPC aplicado en la comunidad de Las Ánimas, Minatitlán, Veracruz. Abril 2013

Un 80.8% de los entrevistados respondió que Con seguridad si votará en las
próximas elecciones. Un 11.5% respondió Probablemente sí y un 7.7% Quizá sí,
Quizá no
Para

conocer la opinión de los

entrevistados respecto a los principales

problemas actuales se buscó que escogiera de una lista de opciones acorde a su
criterio cuál es el principal y más grave problema que se vive actualmente en el
país.
Como se observa en la tabla 5, el 38.5% respondió estar preocupada acerca de la
inseguridad, un 23.1% sobre la situación económica general, un 3.8% sobre la
gobernabilidad democrática, 19.2% sobre los problemas educativos y un 15.4%
sobre la corrupción.
Tabla 6. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en relación al país en este momento?

Frecuencia
Válidos

Inseguridad
Situación económica
general
Gobernabilidad democrática
Problemas en área
educación
Corrupción
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

10
6

38.5
23.1

38.5
23.1

38.5
61.5

1
5

3.8
19.2

3.8
19.2

65.4
84.6

4
26

15.4
100.0

15.4
100.0

100.0

Fuente: IPC aplicado en la comunidad de Las Ánimas, Minatitlán, Veracruz. Abril 2013

Para medir la postura de los entrevistados en cuanto a la participación de los
jóvenes se les pidió que señalaran qué tan de acuerdo o que tan en desacuerdo
estaban con la siguiente frase: "La juventud no participa ni ejerce su ciudadanía"
El 19.2 está muy en desacuerdo con la frase, el 46.2% está en desacuerdo, el
26.9% es indiferente y el 7.7% está de acuerdo con ella. Con base a lo anterior,
se le preguntó al 7.7% que estuvo de acuerdo, escogieran de la lista las razones
938

�por las cuales creen que los jóvenes no participan. Las dos respuestas escogidas
fueron Falta de interés y Porque está muy incorporada la idea del “No te metas”
La democracia significa una forma de gobierno en la que, al contrario que en las
monarquías y las aristocracias, el pueblo gobierna e implica un estado en el que
existe alguna forma de igualdad política entre personas. Para medir

la

democracia, se les pidió a los entrevistados contestaran que tan de acuerdo o en
desacuerdo estaban con las frases
Acorde a los resultados, el 80.8% de los entrevistados prefiere la democracia ante
cualquier otro tipo de gobierno. En la primer frase "No me importara que un
gobierno no democrático llegara al poder, si pudiera resolver los problemas
económicos", hubo un 30.8% que estuvo completamente en desacuerdo con ella,
en desacuerdo fue escogida por 19.2% de los entrevistados, mientras que ni de
acuerdo ni en desacuerdo tuvo un 38.5%. De acuerdo y Completamente de
acuerdo tuvieron un 7.7% y un 3.8% respectivamente; En la frase "No es posible
el desarrollo de un país sin democracia", el 50% escogió ni de acuerdo ni en
desacuerdo, un 15.4% en desacuerdo, un 19.2% de acuerdo y un 15.4%
completamente de acuerdo; En la opción "Si el país tuviera serias dificultades el
presidente debería tener la posibilidad de controlar a los medios de comunicación"
el 50% estuvo completamente en desacuerdo, un 11.5% en desacuerdo y un
38.5% ni de acuerdo ni en desacuerdo; Respecto a “Si el país tuviera serias
dificultades el presidente debería tener la posibilidad de poner orden por la fuerza"
el 65.4% estuvo completamente en desacuerdo con dicha frase, un 7.7% en
desacuerdo, un 19.2% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3.8% de acuerdo;
Con la frase "Si el país tuviera serias dificultades el presidente debería tener la
posibilidad de dejar de lado al congreso y los partidos" estuvieron completamente
en desacuerdo el 19.2%, en desacuerdo un 42.3%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo un 30.8%, y de acuerdo y completamente de acuerdo y un 3.8% para
cada opción; En cuanto

a la frase "En algunas circunstancias un gobierno

autoritario es preferible a uno democrático", el 53.8 estuvo completamente de
939

�acuerdo, el 26.9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11.5% en desacuerdo y de
acuerdo solo estuvo el 7.7%; Por último, en la opción "La democracia es preferible
a cualquier otra forma de gobierno" el 57.7% estuvo de acuerdo, el 30.8% estuvo
ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 11.5% completamente de acuerdo.
la caracterización de la participación ciudadana en la comunidad

de Las

Ánimas , resulto estar en los niveles bajos y nulos de acuerdo a la respuestas del
68% de la población entrevistada
Los aspectos que se tomaron en cuenta para la obtención de los resultados fueron
los siguientes:
 Pertenencia a algún grupo (religioso, social, político)
 Ocupación de algún cargo en el grupo
 Asistencia a reuniones
 Pago de cuotas
 Solicitud de información
De acuerdo a las respuestas, se sumaron los puntos obtenidos y se obtuvo el nivel
de participación del entrevistado.
La categoría permitió

medir el contacto que tienen los entrevistados con el

gobierno (sea central, regional o estatal) y de acorde a las respuestas obtenidas,
96.2% de los entrevistados señaló no haber contactado al gobierno en ningún
caso y por ningún medio, por lo cual, en esta sección, los entrevistados tienen un
nivel nulo de participación.
Carlos Eroles, en su libro Familia, Democracia y Vida cotidiana, nos dice que “la
construcción de ciudadanías en América Latina implica una lucha fuerte, decisiva
para superar la pobreza, la exclusión social, la invisibilidad, la negación del acceso
a los derechos para vastos sectores de la población” (Eroles, 2009).
En ese sentido, y basándonos en los resultados del diagnóstico realizado, es claro
que el camino que se tiene que recorrer es largo en términos de ciudadanía y
940

�participación dado su fuerte debilidad en torno a la participación en actividades y
el poco contacto o interés que tienen con el gobierno los
comunidad

de

las

Ánimas,

habitantes

de la

ya que ambas denotan un claro sentido de

pertenencia en el municipio, un compromiso con el cambio de sus realidades.
Se observa que estos conceptos

tienen una repercusión más allá de las

cuestiones políticas, ya que la ciudadanía significa una combinación de
responsabilidad, solidaridad, tolerancia, autonomía, compromiso, individualidad,
entre otros valores importantes para obtener un libre estilo de vida pero tomando
en cuenta ciertas normas.
Sin duda alguna esta combinación de responsabilidades hace referencia a las
formas de gobernar y ser gobernados, en este sentido el acercamiento con los
gobernantes tiene que trascender lo suscitado en los momentos de campaña,
momento en el que se acercan al ciudadano y es un hecho que tanto ciudadano y
gobernante se separan, de modo que ese canal de comunicación aparentemente
abierto, se cierra abruptamente y no se recupera.
En este sentido es importante preocuparnos del presente, para que nuestro futuro
sea mejor. Al entrar en la ciudadanía es necesario diferencias la connotación del
deber y el tener.
El deber, es definido como el estar obligado a algo según las leyes o según las
normas; mientras tanto, el tener denota la necesidad, precisión o determinación de
hacer lo que el verbo pospuesto significa.
Bajo estas referencias el ciudadano tiene que preocuparse por los demás y dejar
su núcleo aparte, tener ese sentido de pertenencia a la comunidad que le permite
generar una empatía con nuestros semejantes y así unirnos para transformar
nuestras realidades.
Educar para transformar y entender que la ciudadanía, más que una tarjeta de
identificación, más que el ejercicio del voto es tener plena conciencia de nuestro
941

�papel como actores sociales, como transformadores de una realidad, de nuestra
realidad.
Y es precisamente en la familia, en donde surge el contexto ideal para el
nacimiento de estas transformaciones, como el mismo autor plantea “las familias,
acosadas en su supervivencia por situaciones políticas, económicas y sociales,
nacidas del poder hegemónico, generan actitudes de resistencia que comienzan
en forma inorgánica y que desde la confrontación con el poder y la práctica social
pública van generando modalidades organizativas diversas” (Eroles, 2009) y
precisamente, de esas “modalidades organizativas diversas” es de donde surgen
movimientos sociales, de donde surgen las grandes transformaciones.
Por

ello

modelos

el trabajador social como promotor de la ciudadanía cuenta
como el

con

de la promoción social que se enfoca en el conjunto de

acciones y programas destinados a ser realizados con la participación de los
grupos populares, con el fin de producir transformaciones en los niveles de vida de
éstos, incorporando no sólo los aspectos de su desarrollo material, sino también
los de su desarrollo social y cultural, muy particularmente sus procesos
educativos, que es justamente lo que se busca con la educación en ciudadanía.
En este caso, el trabajador

social debe manejar los conceptos de ciudadanía y

participación, así como de democracia y su importancia, ya que estos son la base
de la educación ciudadana. También debe saber los derechos y obligaciones de
los ciudadanos, para poder transmitírselos a la población, tener claro que
misión es educar a la ciudadanía para lograr transformarla. Actuando
compromiso, ser autocrítico y tener disposición al diálogo con las personas.
La educación en ciudadanía se debe atender en tres niveles:
 Individual
 Grupal
 Comunitario

942

su
con

�En

conclusión la formación ciudadana debe destinarse fundamentalmente a

potenciar y fortalecer el desarrollo de la democracia como un estilo de vida que
favorezca el bienestar de la población. Por lo tanto, formar para la ciudadanía
significa aprender a vivir en democracia, siendo capaz de actuar crítica y
activamente, creando condiciones que hagan posible vivir y practicar valores tan
importantes como la justicia, la responsabilidad, el pluralismo, la tolerancia, el
respeto y la equidad.
Pero es importante entender el proceso de la formación en ciudadanías como
generador, a su vez de procesos sociales que propicien un ciudadano reflexivo y
crítico en relación al rol que desempeña en la sociedad en la que vive. Se trata
finalmente, entonces, de aumentar los niveles de conciencia de los individuos
frente a las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se
entretejen día a día, de los efectos que éstas traen consigo para la dignidad
humana y del papel que los ciudadanos juegan en permitir o no que dicho
andamiaje continúe tejiéndose desenfrenadamente o que, como autores
principales de la construcción social de esa realidad, son capaces de modificar su
rumbo.
BIBLIOGRAFÍA
Arendt, h. (1993). La condición humana . Barcelona : Paidós.
C., E. (2009). Familia, democracia y vida cotidiana. Buenos Aires: Espacio.
Carbonell, J. (2001). La aventura de inovar. Madrid: Morata.
Coulanges, N. (1997). La ciudad antigua. Buenos Aires: C. S.Ediciones .
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Instituto de la Juventud.
Eroles, C. (2009). Familia, Democracia y vida cotidiana. Buenos Aires: Espacio
Editorial.
Escalante, F. (1998). Clientelismo y ciudadanía en México: Apuntes sobre la
conceptualización de las formas de acción política. México: Instituto Mora.
943

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Septiembre de 2013, de info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/4.htm
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democracia”(2011)

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30 de noviembre

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2014, de www.gobernacion.gob.mx/work/models/.../b)Olvera_Entregable_2.pdf
Olvera, A. J. (2008). Ciudadanía y democracia. Recuperado el 5 de Febrero de
2014,http://www.ife.org.mx/docs/IFE2/DECEYEC/EducacionCivica/CuadernosDivul
gacion/CuadernosDivulgacion-pdfs/CUAD_27.pdf
Plan

Nacional de

Desarrollo

2013-2018.

recuperado 8 de febrero de 2014

944

(C., 2009)

Obtenido

de

http://pnd.gob.mx/

�LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DESDE LA INTERVENCIÓN
EN TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

María Francisca García Ramos
María Margarita Ramírez González
Hortencia Margarita Sánchez Guerrero
Reina Hernández Hernández

RESUMEN
La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia colectiva
de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la
reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el
bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la:
 Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes
 Formulación de proyectos y actividades.
 Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las
Instituciones.
 Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto

A través de la participación ciudadana, de una forma ordenada y organizada, se
puede comenzar a subir el primer escalón para lograr el desarrollo del entorno
comunitario y por tanto del propio desarrollo; priorizando las acciones en base a
sus necesidades y recursos disponibles en coordinación con las autoridades
locales.
Con la participación ciudadana se involucra a los sujetos sociales más
desfavorecidos en la definición de estrategias y en el reparto de beneficios.

945

�Conocer la propia necesidad no es cuestión de simple información, se trata de
avanzar en una toma de conciencia sobre las problemáticas sociales, que se
vuelven obstáculo para el desarrollo individual o grupal y que se obtiene mediante
un aprendizaje colectivo.
Basado en el Proyecto elaborado por los estudiantes de la Licenciatura en
Trabajo Social y Desarrollo Humano de 4° semestre en las colonias donde llevaron
a cabo sus prácticas comunitarias, y en la metodología efectuaron el diseño y la
aplicación de una Encuesta de Auto diagnóstico Comunitario, que permitió
establecer la situación actual de la problemática social que viven los pobladores;
basado en el intercambio de experiencias, constituyéndose en un productivo
proceso de aprendizaje y dinámica de orientación educativa, al poner los
conocimientos al alcance de los pobladores y líderes de las colonias y solicitarles
su apoyo y experiencia, según Astorga A,Van 1991.
El objetivo general del proyecto fue fortalecer el funcionamiento de mecanismos
de participación ciudadana en seis colonias nicolaitas: Constituyentes de
Querétaro 5° sector, San Cristóbal, Fomerrey 34, Jardines de San Nicolás, Paseo
de San Nicolás y Las Puentes 4° sector.
La investigación es descriptiva y se integró de un total de 240 casos; el
instrumento se estructuró con 67 ítems, distribuidos en seis apartados, mismos
que fueron considerados elementos básicos que permitieron tomar decisiones
respecto a estrategias de intervención dirigidas a la población que actualmente no
participa en dichas comunidades nicolaitas.
Con los resultados del Auto diagnóstico Comunitario, el Proyecto se abocó a
proporcionar criterios al Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para
la orientación de acciones pertinentes tendientes a promover y facilitar la
participación ciudadana, a través de indagar cuáles son sus prácticas y
percepciones sobre su participación ciudadana;

y difundir metodologías de

participación y desarrollo comunitario, complementadas con la realización de
946

�nuevos encuentros de participación y actividades de capacitación dirigidas no solo
a los encargados de participación ciudadana, sino a pobladores y autoridades
locales.
Palabras claves: Participación comunitaria, diagnóstico comunitario, Participación
ciudadana.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad nuestras comunidades tienden a ser entornos complejos de
interacción que incluyen un conjunto de personas, grupos y organizaciones
desarrollando acciones diversas; sin cohesión ni vinculación alguna.
El término comunidad tiene su origen en el vocablo latino communitas, se refiere
a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos, pueden ser de seres
humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida, que comparten
elementos, intereses, propiedades u objetivos en común, por ejemplo, el
idioma, las costumbres, la visión del mundo, los valores, las creencias, la
ubicación geográfica (país, ciudad, barrio, vecinos), las tareas (cuarteles,
cárceles), el trabajo (empresa), los estudios, el estatus social, los roles, la edad,
los problemas y/o los intereses. El término puede referirse a una comunidad no
estructurada (concepción individualista) o estructurada (concepción holística) en la
cual existe un alto grado de sentimiento y un intenso espíritu de comunidad, y los
individuos se encuentran en igualdad de términos, por tanto, existe un sentimiento
de proximidad y gran igualdad social. www.significados.info/comunidad.
Desde esta óptica una comunidad se crea para compartir algún elemento en
común, los individuos elaboran, comparten y socializan una identidad común,
diferenciándose de otras comunidades, por ejemplo, con signos o señales, puede
tener un objetivo común o una misión, por ejemplo, hacer un mundo ecológico,
obtener lucro (empresas), defender la vida, el buscar el bien común en
asociaciones voluntarias, ONG´ S.
947

�La participación comunitaria , según López, (2008), se entiende como una toma
de conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el
crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas
y organizativas que facilita el bien común; es decir, que pretende vincular a la
comunidad para la:
 Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes.
 Formulación de proyectos y actividades.
 Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las
Instituciones.
 Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto.
Sobre esta perspectiva M. Marchioni (1989), nos menciona que los postulados
básicos del Trabajo Social Comunitario que difícilmente se podrá hacer un cambio
verdadero si no se realiza a través de la participación de las personas cuando se
produce una toma de conciencia acerca der los derechos que tienen y enseguida
aparece la autodeterminación de las personas y de la comunidad, el ritmo del
desarrollo no depende del exterior.
El Trabajo Social Comunitario está compuesto por varios elementos los
cuales son:


La acción social comunitaria: Es la intervención y metodología de los
cuales, existen dos tipos de acción, la primera es la acción social para la
comunidad que son los servicios y prestaciones que ya se tiene de los
cuales el Estado está obligado a dar. El segundo tipo de acción social en la
comunidad que se refiere a lo que se lleva a cabo a través del proceso
descentralizado de las prestaciones y servicios que ofrecen las distintas
administraciones/ autoridades y en sus distintos ámbitos.

948

�Es durante este trabajo de la práctica comunitaria donde se implementan las
fases correspondientes al Trabajo Social Comunitario las cuales se concretan
en:


Fase de toma de contacto: el éxito del conjunto de un proceso de
intervención comunitaria sólo se concreta en una condición ineludible que la
comunidad asuma como propio el programa y los retos que la intervención
presenta. Debe ser directa por que implica a la comunidad y la
sensibilización de todos, se tiene que sentir incluida en todos los procesos.
Debe existir una sinergia entre los actores y los agentes sociales en cuanto
a los objetivos definidos por la propia comunidad.

Desde el primer momento se debe producir la estimulación entre grupos, actores y
las colectividades hacia un comportamiento participativo para que sea

un

elemento en todas las acciones así como en las intervenciones.


Fase de estudio o “investigación diagnostica”, es aquí donde se
garantiza la cientificidad, participación de la comunidad; y en la que
se manifiestan las características de toda intervención integral:
Global, Aplicada y Múltiple. Es necesaria la aportación de
conocimientos necesarios, espacios y tiempos para la interconexión
técnica-política-comunitaria, C. Hendrinks, (1968) plantea que se
deben seguir ciertos pasos para esta fase:

a) Investigar y organizar la búsqueda de información entre los profesionales,
personas, grupos y organizaciones que están interesadas en la comunidad.
b) Buscar información acerca de la comunidad.
c) Organizar un comité que nos servirá como puente para la población y el
equipo de trabajo.
d) Tener en cuenta los intereses de la población y hacerlos sentir parte del
proyecto.
e) Informar acerca de los resultados con el comité, líderes y autoridades.
949

�f) Difusión de resultados a la comunidad, se realizaran entrevistas en grupo
para dar a conocer los resultados.

El Trabajador Social debe tener un gran compromiso con la comunidad, desde un
principio se debe conocer “muy bien” a la comunidad a través de los estudios
históricos, estudios sociales, entrevistas, observaciones participantes y aportar a
los participantes las diferentes metodologías, técnicas, recursos y medios para la
obtención de la información y análisis de la misma de lo cual se obtendrá el
diagnóstico de los problemas prioritarios a intervenir en la comunidad.
En opinión de Ander, Egg (2007),

considera que el momento crucial es la

planeación de la intervención; en la cual se define la naturaleza y magnitud de las
necesidades sociales que afectan a la comunidad en la que se está trabajando por
lo tanto se debe establecer: La jerarquización de las necesidades y situaciones
problemas en función de los requerimientos de los participantes comunitarios y de
ahí surge lo que se llama el Plan de Intervención.
Entendemos entonces, que la participación tiene distintas vertientes, por una parte
lo que se denomina participación comunitaria, a través de ella la comunidad se
organiza frente a las adversidades, y la otra es simplemente con el objetivo de
lograr un mayor bienestar de los individuos procurando el desarrollo de la
comunidad.
De este último punto, se desprende la idea que la comunidad es el eje
fundamental donde confluyen todos los recursos disponibles para crear una praxis
social ; para generar una intervención social se necesitan de elementos, recursos,
presupuestos e involucrar a organismos públicos y privados a colaborar
íntegramente con los grupos comunitarios en los diferentes Proyectos de Acción
Social Comunitaria ; partiendo de la perspectiva de que la acción social es para la
comunidad, en la comunidad y con la comunidad, lo que es primordial contar con
un diagnóstico de las necesidades que cada comunidad en concreto presenta; de
950

�ahí la intención de este estudio sobre: “DIAGNÓSTICO COMUNITARIO, DE 6
COLONIAS NICOLAÍTAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NUEVO LEÓN “
 Además desarrollamos un análisis de cada variable incluida en el
instrumento, con sus respectivas frecuencias y porcentajes,
seguido de un análisis correlacional en el cual vinculamos la
variable dependiente comunidad con el resto de las variables,
considerando lo más significativo a nivel estadístico.
 Finalmente, se presentan algunas propuestas de acción para
incrementar la participación activa de los pobladores en
comunidad.
OBJETIVOS DE ESTUDIO
 Obtener

un

diagnóstico

situacional

actualizado

de

las

comunidades en estudio que permita conocer las necesidades,
problemática existente, perfiles de las familias y el grado de
participación ciudadana.
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Presentar los resultados a las comunidades para integrar grupos
bases y procesos de intervención con equipos de estudiantes de
5° semestre de la Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo
Humano.
 Presentar resultados a la Dirección de Participación Ciudadana y
Desarrollo Humano del Municipio de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León para establecer Convenios de Colaboración y trabajar
profesionalmente a favor de la comunidad.

951

�METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIA/TIPO

DE

INVESTIGACIÓN:

Es

una

Investigación

descriptiva, considera 6 colonias del municipio de San Nicolás de los
Garza, N.L., comunidades

donde los estudiantes de la licenciatura

realizaron sus prácticas de intervención comunitaria.
POBLACIÓN DE ESTUDIO
La muestra para este estudio fue de 240 pobladores de 6 colonias del
Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León: integrado por las
siguientes comunidades:
 Constituyentes de Querétaro.
 Jardines De San Nicolás de los Garza.
 Las Puentes 4° Sector.
 Paseo De San Nicolás de los Garza.
 Residencial San Cristóbal 1° Y 2do Sector.
 Valle De Santo Domingo.

SELECCIÓN Y DISEÑO DEL INSTRUMENTO
 Para la ejecución de esta etapa de investigación se trabajó al
interior del grupo en donde los respectivos equipos de estudiantes
primeramente se les solicito apoyarse mediante la investigación
documental sobre el tipo de instrumento a elegir, posteriormente
en sesión grupal y mediante la técnica de lluvia de ideas se
propusieron las preguntas

para

elaborar el instrumento

constituido en 63 ítems o variables.
 El instrumento se dividió en los siguientes aspectos: Composición
familiar que comprende: (los datos socio demográficos de la las
952

�familias, Tipología de la familia); Características y servicios de la
vivienda,

Áreas recreativas,

Instituciones existentes en

la

comunidad, Problemas de seguridad, Problemáticas existentes,
Organizaciones en las que participa el poblador y Participación
ciudadana.
CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 4° SEMESTRE
 Los estudiantes de 4° semestre de la Licenciatura de Trabajo
Social y Desarrollo Humano, recibieron capacitación en el aula
por parte de la Maestra Supervisora de Prácticas de Comunidad
en relación a los objetivos esperados de la investigación y la
explicación de cada una de las preguntas o ítems del instrumento
aclarando dudas y recomendaciones; esta capacitación tuvo una
duración de cuatro horas.
 Algunas de las recomendaciones

a tomar en cuenta por los

estudiantes en el momento de la aplicación del instrumento en
campo fueron:


Llevar la camiseta oficial de la Facultad.



Portar como identificación su credencial de estudiantes de
la U.A.N.L.



Al momento de la aplicación ir de dos en dos y presentarse
como estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y
Desarrollo Humano.



Explicar el motivo del instrumento.



El instrumento deberá ser contestado por un adulto

o

mayor de 18 años.


Deberán de ser contestadas todas las preguntas, llenado
con lápiz, no dejar ningún apartado sin escribir y hacer
observaciones.
953

�PILOTEO DEL INSTRUMENTO
 En supervisión y mediante sorteo aleatorio se asignaron las
Colonias a los equipos que llevarían a cabo la prueba piloto para
la validación de cada uno de las preguntas del instrumento y así
poder checar o corregir las preguntas con grado de dificultad
para su contestación como el tiempo promedio del mismo,
previamente al levantamiento definitivo de la información.
RECOPILACIÓN DE DATOS
En este estudio se aplicaron encuestas a las familias por parte de 40
estudiantes del 4° semestre de nuestra Licenciatura en Trabajo Social y
Desarrollo Humano.
Esta etapa de la investigación se realizó mediante el trabajo en equipo
del supervisor y estudiantes de 4° semestre de esta Facultad, un recurso
de gran trascendencia en este estudio lo fue sin duda alguna la
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Humano del
Municipio de San Nicolás de los Garza de Nuevo León, quien apoyó con
el material y el tiraje del instrumento.
Luego, fue necesario realizar primero la investigación de los posibles
campos de acción, posteriormente la distribución aleatoria de las colonias
por equipo, ubicación de colonias en guía roja y zonificar las colonias a
entrevistar y marcar dos rutas para el levantamiento de la información
factor base que permitió a menor tiempo obtener los datos.
Cabe destacar que la duración aproximada para ser contestados los
instrumentos fue un promedio de 20 minutos, pero aprovechando que
estos campos serán los de la práctica de los alumnos de 4° semestre

954

�éstos permitían al entrevistado ahondar en situaciones relativas a la
comunidad, grupos y líderes.
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Se consideró oportuno la elaboración de un Manual de Codificación que
nos facilitará la captura y el procesamiento de datos. Para realizar el
análisis se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales
SPSS/ PC, Versión 14.
Es decir, en estas seis colonias se realizó “Un proceso de elaboración y
sistematización de información que implico conocer y comprender los problemas y
necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo
del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias
previsibles, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención,
considerando los medios disponibles y actores sociales involucrados” (Ander Egg
y Aguilar Idáñez, 1999: 31.
A continuación presentamos los datos más significativos del presente
estudio comunitario.

955

�ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DESCRIPTIVA DE LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO

Gráfica I
COMUNIDADES NICOLAÍTAS.
CONSTITUYENTES DE QUERETARO

18%

19%

RESIDENCIAL SAN CRISTOBAL
JARDINES DE SAN NICOLAS

12%

14%
STO. DOMINGO FOMERREY 34
LAS PUENTES 4° SECTOR

19%

El 19 % de los entrevistados
viven
en
la
Colonia
Constituyentes de Querétaro, y
comunidad Fomerrey 34, 18%
habitan en Paseo de San
Nicolás 2° Sector y Jardines de
San Nicolás y finalmente 12% en
la comunidad Las Puentes 4°
sector.

18%
PASEO DE SAN NICOLÁS 2°
SECTOR

Gráfica II
SEXO DE LOS ENTREVISTADOS

En las comunidades Nicolaitas
abordadas, 67 % de los
entrevistados
fue
población
femenina y un 33% corresponde
a la opinión masculina.

33%

67%

FEMENINO
MASCULINO

956

�Gráfica III
ESCOLARIDAD.
Kinder
Primaria
Secundaria
10%

9%

Preparatoria

13%

Licenciatura

32%

SEXO.

14%

Otros

Como se observa en la
gráfica el
32% de la
comunidad tienen un nivel
de estudios de Primaria
el 22 % escolaridad de
Secundaria, mientras tanto
14 % refieren haber
estudiado Preparatoria y el
13% señalan estudios de
Licenciatura.

22%

Gráfica IV
PROBLEMÁTICAS SOCIALES
90

77%

80
70

57%

60
50
40
30

40%
33%
22%

20

33% 34%
33%

40%

Falta de participación ciudadana
Drogadicción

Delincuencia
Alcoholismo

Violencia Familiar

10

Pandillerismo

0

Grafiti
Alumbrado Público

40%

Las principales problemáticas sociales señaladas en este estudio comunitario, arrojan un 77% la
falta de participación ciudadana, 57% opinan el grafiti, un 40% mencionan el pandillerismo y la
drogadicción, 34% opinan que es la delincuencia, 33% refieren alumbrado público y alcoholismo,
por último está lo que es la violencia con un 22%, considerada como una Problemática Social
957
Comunitaria.

�Gráfica VI
60
50

55%
55%
55%

38%

gr

41%

40
Sociales
30

Deportivos
Religosos

20
10
0
Religiosos

Deportivos

El 55% comenta que
hay grupos religiosos
dentro
de
las
comunidades
Nicolaítas, seguido de
un 41% que dicen
de la existencia de
grupos sociales, por
ultimo un 38% de
grupos deportivos.

Sociales

Gráfica V
INSTITUCIONES EXISTENTES.
60
50
40
30
20
10
0

Centro de Atención DIF
Desarrollo Social
Deportivos
Centros comunitarios
Estación de policías

Iglesia
Escuela
Salud

Las instituciones existentes en el presente estudio arrojan que un 49% de los
entrevistados informan que hay Estaciones de Policías, 47% comentan Centros
Comunitarios, 46% Centros de Desarrollo Social y Centros de Atención del DIF, 41%
opinan la existencia de Centros Deportivos, 41% menciona Centros de Salud, mientras
958
que con un 38% refiere Escuelas, por último un 34% señala Centros Religiosos.

�Gráfica VII
VIOLENCIA FAMILIAR Y TIPO DE MALTRATO.

80%
70%

37%

60%

47%

50%

No contesto
Todas las anteriores

40%

Patrimonial
Sexual

30%

9%

20%

Psicológico
Físico

5%

10%

1%

1%

0%
Físico

Psicológico

Sexual

Patrimonial

Todas las No contesto
anteriores

Según datos de la grafica, un 37% de los entrevistados refiere recibir maltrato físico,
el 74% señala que existen casos de violencia y el 55% refiere como víctima a los
hijos, 19% a los padres de familia como el integrante de la familia víctima del
maltrato.

Gráfica VIII
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
70

PAC
Enlace

60
%

60
50

Delegado Municipal

40
30
20
10

No participo

15

24
%

1%

Enlace

PAC

0
Delegado
Municipal

959

No participo

Tan solo el 28% de
los
entrevistados
participa en grupos
y/o comités, entre los
que destacan: Enlace
con
24%,
15%
delegado municipal,
PAC 1% y el 60%no
participa.

�Gráfica IX
El 42% considera con
mayor inseguridad las
áreas recreativas, el
41% señala que no
existe la inseguridad en
su colonia, 5% en el
arroyo y un 12% opina
que la inseguridad
existe en parques y
plazas.

Gráfica X
¿EXISTEN EN SU COLONIA LUGARES
DE ESPARCIMIENTO?
41%
Si

59%

No

Un 59% afirma que hay un lugar de esparcimiento y un
41% dice que no existen estos espacios en su colonia.
960

�CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación descriptiva del
estudio sobre Participación Ciudadana en seis colonias Nicolaitas. Se obtuvo
como Perfil Socio demográfico que 67% de los entrevistados fueron mujeres y
33% hombres, además refieren 32% de la población de estudio contar con una
escolaridad de Primaria, 22% Secundaria, 14% Preparatoria y un 13% indicó
estudios de nivel Superior, es decir Licenciatura.
De acuerdo al rubro sobre Problemáticas Sociales presentes en las
comunidades

los entrevistados señalaron como principal necesidad sentida

representada con 77% la Falta de Participación de los pobladores, ubicándose
como la generadora de otras necesidades como el Grafiti en un 57%,
Pandillerismo y Drogadicción 40%; un 34% refieren como problemática la
Delincuencia y un 22% Violencia en las Familias.
Se destaca de acuerdo al 49%, casi la mitad de la población de estudio, la
Falta de Casetas de Policías, de tal manera que la ubican como una gran
necesidad en cuanto a la seguridad comunitaria, además que 74% de los casos
señalan la existencia de Violencia Intrafamiliar, donde 55% los hijos son las
víctimas y un 19% son los padres de familias y un 37% reciben Maltrato Físico.
En

relación al aspecto principal de este estudio, la Participación

Ciudadana, tan sólo el 29% de los entrevistados participan;

como Delegados

Municipales un 15%, 24% en el Programa ENLACE y un 1% en el Programa de
Participación Ciudadana PAC; realizando reuniones de trabajo, aplican encuestas
y establecen gestiones entre la Comunidad y las Autoridades.
De acuerdo a los datos anteriores, podemos concluir que en estas colonias
del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se detectó en el
Diagnóstico Comunitario que la Falta de Participación Ciudadana está presente y
es relacionada con la Apatía y la Resistencia de los pobladores, siendo el
961

�detonador de la Nula Atención , Seguimiento y Evaluación de los problemas de la
comunidad, demandando Programas estratégicos que precisen acciones y
Proyectos de Intervención tendientes a la Mejora de la Calidad de Vida de los
pobladores; todo centrado en una Metodología Participante e incluyente del
Trabajo Social y el Desarrollo Humano.
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
 Los resultados del estudio ratifican que la estrategia clave es la
promoción de la involucración de los grupos comunitarios,
organismos públicos y privados en la puesta en marcha de
Proyectos de Bienestar Social Comunitario.
 Elaborar programas dirigidos a mejorar las condiciones de las
comunidades, partiendo de sus propias necesidades.
 Brindar orientación e implementar programas de educación
comunitaria como una posibilidad de reducir la pasividad de las
comunidades.
 Establecer programas de capacitación a los servidores públicos a
fin de modificar su actuación e incrementar la credibilidad y
confianza de la ciudadanía.
 Que los proyectos de acción comunitaria sean los detonadores de
la Vinculación institucional, que faciliten el dar respuestas a las
demandas de las comunidades y permitan generar una mayor
cobertura de servicios.
 Elaborar

programas

que

continúen

con

estos

tipos

de

investigaciones y/o estudio, es decir de tipo longitudinal para
conocer la evolución o permanencia de las opiniones en torno a
este tópico.
 La propuesta final es sumar esfuerzos para dar respuestas
inmediatas y realistas a cada problema, ofreciendo un nivel de
calidad de vida digna. Y la estrategia es a tres niveles:
962

�Organización Comunitaria, Programas de Bienestar a nivel
preventivo y Mejoras diversas, la interrelación de esto compone la
acción social comunitaria.
BIBLIOGRAFÍA

Ander, Egg ,&amp; Aguilar I. (1999) Diagnóstico Social: Conceptos y Metodología.
Buenos Aires. Ed. Humanitas.
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México.
Ohio State University. Citizen participation in community development.
Recuperado el 22 de Julio de 2005 de http://ohioline.osu.edu.4

963

�DIAGNÓSTICOS GRUPALES Y MANEJO DE CONFLICTOS
EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Laura González García
Reyna Hernández Hernández

RESUMEN
La realización de un Diagnóstico Grupal, debe representar un proyecto derivado
de la reflexión y el análisis de todas las condiciones y elementos que se presentan
en la estructura y la dinámica interna y externa de un grupo.

Una de las perspectivas teóricas que se pueden utilizar en estos diagnósticos es la
Teoría del Conflicto, pues, la gestión adecuada de los conflictos, el papel de la
autoridad, el liderazgo y el cambio personal y grupal, son aspectos cruciales en el
desarrollo de la vida de un grupo y de una sociedad.

Este trabajo es el resultado de los diagnósticos realizados a 40 grupos sociales de
diferente naturaleza, deportivos, recreativos, culturales y sociales, que se ubican
en diferentes comunidades del área metropolitana de Monterrey.

Conceptos importantes que también se visualizaron en este estudio lo son: el
cambio, la contradicción, la Interdependencia y el equilibrio dinámico, que ayudan
a la resolución de conflictos en un grupo.

Por otra parte, para una intervención eficaz el Trabajador Social se debe
cuestionar en primera instancia el objetivo de tal intervención, y de ahí derivar si
su papel será como mediador de conflictos o como agente de cambio.

964

�Palabras Claves: Diagnóstico Grupal, Conflicto, Intervención En Grupos
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como principal objetivo la reflexión al respecto de los
Diagnósticos Grupales realizados por estudiantes en 40 grupos sociales de
diferente tipo, religiosos, sociales, deportivos y recreativos; estos diagnósticos se
realizaron como una práctica de aprendizaje significativo en la que se formaron
equipos de trabajo y se seleccionó un grupo, a fin de realizar diversas técnicas de
recopilación de información y otras estrategias didácticas concluyendo la
experiencia con un diagnóstico del grupo seleccionado.

Se diseñaron y aplicaron instrumentos de recopilación de datos, en especial, guía
de observación y entrevista, mediante los cuales de recogieron las experiencias de
los integrantes de cada grupo al respecto de sus vivencias en el grupo.

Para el logro de este propósito se reconoció la estructura y el funcionamiento de
los grupos, a fin de hacer un diagnóstico correcto, determinando, el tipo de grupo,
de liderazgo, los roles existentes, las razones para pertenecer al grupo y las
razones que disminuyen el atractivo a pertenecer a ese grupo. Todo esto se
relaciona con las formas de intervenir en un grupo determinado, ya que un aspecto
de primordial importancia en la intervención social, es el diagnóstico, como punto
de partida para el logro de intervenciones exitosas.

Un aspecto de relevancia que se ha detectado, es la experiencia al respecto del
manejo de conflictos, ya que todos los grupos sociales, han manifestado una
dificultad para la resolución de problemas y conflictos grupales, lo que deriva en
problemas más graves para los miembros o en la disolución del grupo.

Finalmente se incluyen también aspectos como, razones para aumentar o
disminuir el atractivo a pertenecer al grupo y los conceptos relativos a Cambio,
965

�interdependencia y equilibrio dinámico, que se consideran para la reflexión en el
manejo de conflictos.

Procedimiento
Para este diagnóstico, se aplicaron las técnicas de entrevista, Cuestionario y guía
de observación a los grupos seleccionados, con el fin de recolectar información
con base en los temas teóricos relativos a estudios grupales. Se pretendía
conocer los antecedentes del grupo, las funciones que realizan, la interacción
entre los miembros, así como también cuáles son los principales problemas que
enfrentan y de qué manera los solucionan.

Entre los grupos seleccionados, están en mayor porcentaje el religioso y el
deportivo.

Tipos de Grupos
religioso

10%
13%

deportivo

25%

social
laboral

15%

recreativo

37%

Asimismo, se analizó en qué etapa de vida se encuentra el grupo: ya sea en
formación, organización o integración, además de los requisitos para pertenecer al
grupo y los tipos de líderes que tenían, los roles establecidos, los tipos de normas
y sanciones entre otras informaciones recabadas.

966

�Sin embargo, antes de aplicar dichas técnicas, se informó a los miembros del
grupo, el objetivo que quería alcanzar con este trabajo. Esto para que estuvieran
de acuerdo con lo que se realizaría y pudieran aportar la información que
solicitada.

Posteriormente se concentró la información recabada, proveniente de las diversas
técnicas aplicadas a todos los grupos diagnosticados.

Los Conflictos en la vida de grupo
La gestión adecuada de los conflictos, el papel de la autoridad y el liderazgo
dentro del grupo el cambio personal y grupal y la comunicación efectiva, son
aspectos cruciales en el desarrollo de la vida de un grupo.
Para Morales (1999), “la sociedad siempre tiene una doble vertiente: el conflicto y
el consenso. Ambas dimensiones analizadas integran los valores en la sociedad,
como brotan los conflictos de intereses y cuál es la naturaleza del vínculo que
permite mantener unida a cualquier sociedad (sometida siempre a la tensión entre
integración y conflicto). Los procesos de conflicto y consenso están relacionados,
la teoría está basada en el análisis en la asignación de roles sociales de
expectativas y posiciones que ocupan las personas.”

Desde este punto de vista, se podría afirmar que uno de los

orígenes

estructurales de los conflictos es la asignación de roles sociales dotados de
expectativas de dominación o sujeción, que posteriormente causan desacuerdos y
conflictos. Así, aunque la autoridad reside en las posiciones que ocupan las
personas, y no en ellas mismas, el objeto de la teoría del conflicto es analizador
del conflicto entre dichas personas. (Fernández, 2006).
Por otra parte, (Ralf Dahrendorf, 1986) citado por Morales (1999), afirmaba que
una vez constituidos, los grupos de conflicto, los participantes se involucran en
acciones, que provocan cambios en la estructura social, cuando el conflicto es
967

�agudo, los cambios que se producen son radicales y en algunos casos puede ir
acompañado de violencia, en este caso, el cambio estructural es inmediato.

El conflicto conlleva por tanto, generalmente, sentimientos de frustración, y activa
la tensión y el malestar de las partes implicadas, y sus consecuencias
disfuncionales han sido ampliamente analizadas. (Morales, 1999).

Por lo tanto, si las funciones establecidas por los mismos miembros del grupo, no
se cumplen o no se llevan a cabo de manera conveniente para ellos, es posible
que se llegue a lo que se denomina conflicto, éste se da también cuando no hay
un equilibrio entre

los roles de los miembros de un grupo y las expectativas

generadas desde las primeras fases de la vida grupal, con la formación y diseño
de la estructura grupal.

En los grupos seleccionados, existen conflictos que se derivan de la falta de
comunicación y diálogo entre los participantes, así como la falta de organización,
la incapacidad de resolver situaciones problemáticas relacionadas con la
asignación de roles y finalmente se menciona también el desacuerdo con el estilo
de liderazgo como razones principales generadoras de conflictos.

968

�RAZON DE LOS CONFLICTOS EN EL GRUPO
Asignaciòn de
Roles
15%

Comunicaciòn
37%
Liderazgo
33%
Distribuciòn de
trabajo
15%

Además, dentro de los grupos existen diferencias entre los integrantes ya que se
observan siempre problemas de desorganización, impuntualidad, diferencias de
opinión y choques entre los roles de los distintos líderes existentes. Un ejemplo de
esto y que se constata también a través de la observación, se presenta en la
organización de diversas actividades en donde se revisan los recursos humanos,
financieros y materiales con los que se cuenta, y surgen desacuerdos porque hay
diferentes opiniones, no se escucha a los demás y surgen conflictos, para la
resolución de este tipo de conflictos se llevan a cabo diversas estrategias, como el
diálogo para llegar al consenso conveniente para todos y que no afecte la
realización de las actividades y el cumplimiento de los propósitos y objetivos
grupales.

(Ritzer, 1990) citado por Fernández (2006), dice que se debe tener en cuenta la
relación del conflicto y el cambio así como la relación entre el conflicto y el estatus
quo. Este planteamiento ha influido también en el desarrollo del trabajador social
969

�con grupos como disciplina científica, a que la gestión adecuada de los conflictos,
el papel de la autoridad y el liderazgo dentro del grupo y el cambio personal y
grupal son aspectos cruciales en el desarrollo de la vida del grupo.
Una vez constituidos, los grupos de conflictos se involucran en acciones que
provocan cambios en la estructura social. Es por eso que se menciona que la
sociedad está en constante cambio. El sociólogo L. Coser (2009) define el
conflicto social como la lucha por los valores y por el status, el poder y los
recursos escasos.

El Cambio y la búsqueda del equilibrio en los grupos
En el análisis de los conflictos grupales, se entrelazan las razones y fuentes para
aumentar o disminuir el atractivo de un grupo. Estas razones, pueden dar las
pautas muy claramente establecidas a las posibles intervenciones, porque están
estrechamente ligadas a los conflictos y a las disoluciones grupales, ya que en
muchas ocasiones estas provocan que no se llegue a los propósitos grupales
planteados en el inicio del grupo o en la primera fase.

Factores que aumentan el atractivo de la membrecía.
1. “El prestigio. Cuanto más prestigio obtenga dentro de un grupo una persona,
tanto más atraída estará hacia ese grupo.

2. El medio. Una relación de cooperación es más atractiva que una de
competencia. Si un grupo trabaja aunadamente, como un equipo, para elaborar
un producto, y si es evaluado con base en el esfuerzo de equipo, entonces los
miembros serán más amistosos que en una situación de competencia.

3. Grado de interacción entre miembros. La interacción avivada entre los
miembros puede incrementar el atractivo de un grupo. Participar o disfrutar de

970

�la compañía de otros miembros o hacer buenos amigos como producto
derivado de pertenecer al grupo, hace aumentar el atractivo de éste para sus
miembros: ofrece más oportunidades de continuar las relaciones agradables.

4. El tamaño. El tamaño de un grupo influye enormemente en la atracción que
sentimos hacia él. Los grupos más pequeños probablemente sean más
atractivos que los grandes.

5. El éxito. Los miembros muestran más tendencia a incorporarse a grupos o a
continuar en éstos cuando los mismos han tenido éxito o son de prestigio.”
(Fernández, 2006)

Según Morales (2008), el deseo de un individuo de arriesgarse y participar en un
grupo depende, en gran medida del grado en que sus necesidades de pertenencia
se vean satisfechas.

Ahora bien, en los grupos seleccionados las razones que aumentan el atractivo a
pertenecer varían desde el ser considerado un medio para alcanzar un objetivo en
especial como factor más importante y el prestigio en segundo término.

971

�Aumentan atractivo

5. El éxito
13%
4. El tamaño.
10%

1. El prestigio.
22%

3. Grado de
interacción.
10%
2. El medio.
45%

Factores que hacen disminuir el atractivo de la membrecía.
1. “El grupo no se pone de acuerdo sobre la manera de resolver un problema de
grupo. Los miembros pueden experimentar verdaderas frustraciones personales
en estos casos y el grupo será considerado fuente de sentimientos precipitantes
de insuficiencia e impotencia personales.

2. Si a una persona se le asigna un trabajo que sea demasiado difícil para ella, o si
ésta se siente incapaz en la situación de un grupo, el grupo será menos atractivo
y lo abandonará.

3. Los grupos que tienen miembros demasiado dominantes o con otras conductas
desagradables reducen el atractivo del grupo.

972

�4. Los miembros que dominan la discusión y restringen severamente las
oportunidades de participación de los demás, reducen el atractivo.

5. Hay membrecías que pueden limitar las satisfacciones que la persona puede
disfrutar fuera del grupo.

6. La evaluación negativa de la membrecía de un grupo hecha por personas ajenas a
éste (que califican como bajo el estatus del grupo), reducen también el atractivo de
aquél.

7. La competencia entre grupos reduce también el atractivo, a menos que la persona
tenga razones para creer que estará con los “ganadores”.

8. Una persona abandonará un grupo para unirse a otro si éste es más capaz de
satisfacer sus necesidades o si ella tiene tiempo limitado por participar, por
ejemplo, cierto miembro puede pertenecer a una organización y luego mudarse a
otra parte de la misma ciudad”. (Fernández 2006)

En cuanto a la relación con nuestros grupos seleccionados, las razones que
disminuyen el atractivo que en lo general se mencionó son: entre las más
importantes, que no se satisfaga sus necesidades personales, otros es la dificultad
para lograr acuerdos y el tercero es que existen uno o más miembros demasiado
dominantes, que no permiten la participación efectiva de los demás.

973

�Disminuyen atractivo
1. El grupo no se pone de
acuerdo sobre la manera de
resolver un problema de grupo.

0%

2. Si a una persona se le asigna
un trabajo que sea demasiado
difícil para ella.

8%

6%

23%

3. Los grupos que tienen
miembros demasiado
dominantes o con otras
conductas desagradables .
3%

34%
26%

4. Si no es capaz de satisfacer
sus necesidades.

5. Hay membrecías que pueden
limitar las satisfacciones que la
persona puede disfrutar fuera
del grupo.
6. La evaluación negativa de la
membrecía de un grupo hecha
por personas ajenas a éste.
7. La competencia entre grupos
reduce también el atractivo.

Se podría pensar entonces, que estos problemas o situaciones que hacen que
los participantes ya no les sea atractivo el pertenecer al grupo, pueden
trabajarse desde la capacitación para la generación de habilidades sociales
para la vida grupal.

974

�Existen otros conceptos importantes, que se presentan en la reflexión de la
dinámica grupal, y que coadyuvan al análisis de los conflictos que se presentan en
los grupos, que son, el cambio, contradicción, la interdependencia y el equilibrio
dinámico.

El Cambio. Significa una modificación, una reorganización, una variación, un
desplazamiento en la naturaleza. Una modificación que puede ser brusca, rápida o
incluso inesperada, o bien, puede ser progresiva, inserta en una evolución lenta.
Según De Robertis (2007), la utilización del concepto de cambio necesita la
definición previa de que: qué se quiere cambiar, para qué y quién quiere
cambiarlo, qué se quiere alcanzar como nueva situación. El reconocimiento de la
motivación del cliente para cambiar, se vuelve entonces una clave esencial para la
intervención.

Tanto los profesionales como los usuarios de servicios sociales pueden llegar a
participar, de una manera u otra, en grupos dedicados a la resolución de
problemas y a la toma de decisiones. (Zastrow, 2008).

En toda intervención se pretende establecer una sana relación entre los miembros
para que se pueda dar un buen funcionamiento, por lo cual serìa indispensable la
implementación de medidas, esto con el fin de que se puedan dar cambios dentro
del grupo, buscando la mejora de los problemas colectivos que en él se pueden
dar. El cambio, cuando se da para la mejora, ayuda a hacer una evaluación de lo
que se ha logrado desde el principio hasta el final de la intervención.

Contradicción. El concepto de contradicción, se analiza a fin de comprender los
diferentes puntos de vista que coexisten en un grupo, a veces al respecto de una
misma realidad, nos lleva a percibir todo lo que nos rodea como ligado a su
contrario; a percibir cada acontecimiento en su relación contradictoria entre lo
positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo.
975

�Para De Robertis, (2007), desde que aceptamos el concepto de contradicción,
comenzamos a percibir cada problema como un conjunto cuyo sentido es
dialéctico y se admite que para cada positivo existe un negativo.

Cuando los miembros son de distinta procedencia y tienen intereses distintos, los
problemas que suelen darse incluyen dificultades. (Morales, 1999).

Para relacionar este tema con nuestro diagnóstico, el concepto de contradicción
nos ayuda a reconocer cada acontecimiento como bueno o malo, satisfactorio o
perjudicial para quienes conforman el grupo y así saber y aceptar las diferentes
perspectivas con responsabilidad y respeto.

Interdependencia. Entre los individuos y su entorno, entre los diversos grupos en
un mismo campo social, existen relaciones e influencias recíprocas, se debe
admitir que un conjunto tiene propiedades diferentes de las que tienen sus partes.
Nuestro trabajo con un grupo tendrá en cuenta no sólo las interrelaciones entre los
diferentes miembros del grupo, sino también los lazos de cada individuo con otros
grupos a los que pertenece. (De Robertis, 2007).

Según Zastrow (2008), los individuos asumen determinados papeles y
responsabilidades, establecen normas y métodos para realizar las tareas del
grupo y empiezan a plantear preguntas.

En la intervención social, es importante que se identifique la interdependencia
existente entre los miembros del grupo, saber más acerca de sus lazos afectivos,
quiénes son más dependientes o independientes, de qué manera se ayudan unos
con otros, etc. así como también la relación que tienen con otros grupos a los que
pertenecen.

976

�Equilibrio Dinámico. En un grupo, una situación en equilibrio es aquella en que las
fuerzas contradictorias en presencia se anulan recíprocamente, no hay variación ni
movimiento.

El equilibrio en cuestión está constantemente amenazado, basta con que un
elemento nuevo aparezca, para que el equilibrio sea roto. (De Robertis, 2007).

Es importante saber que cuando se aplican los tres conceptos anteriores, al
trabajo social, nos permiten percibir la situación del cliente en términos de
equilibrio dinámico. Los individuos se sienten libres para examinar sus actitudes,
preocupaciones y problemas y hacer esfuerzos para cambiarlos, y hay un
sentimiento de unidad o cohesión. (Zastrow, 2008).

Además los miembros del grupo, manifiestan que se sienten con membrecía en
los grupos en los que participan, pero aceptan que existen miembros marginales.

Membrecía o Pertenencia
105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
1.

Membresía

2.

Aspirante

977

3.

Miembro Marginal

4.

Membrecía
Múltiple

�La intervención del Trabajador Social en conflictos grupales
Para toda intervención grupal, es necesario realizar un buen diagnóstico, que
incluya, la descripción de la estructura grupal, las funciones, la distribución de
roles, la forma de comunicación y sobre todo, los conflictos que se han presentado
y como se han enfrentado por parte de los miembros del grupo. La intervención
puede ser Pluriprofesional o Interinstitucional.

Pluriprofesional. Es la reunión de trabajadores sociales con otras profesiones para
tratar un mismo problema. Los objetivos de las reuniones pueden ser variados:
desde el simple intercambio de informaciones hasta la evaluación de resultados de
una acción llevada a cabo juntos, todos los objetivos intermediarios de
coordinación, de elaboración y de ejecución de un proyecto son posibles (De
Robertis, 2007).

En Trabajo Social, la conversación social con otros profesionales es frecuente,
pero los grupos formados por clientes, generalmente tienen unos objetivos
distintos. (Zastrow, 2008).

Interinstitucional. Otra opción de intervención es el trabajo y la coordinación de
diferentes instituciones para solucionar un mismo problema.

Este trabajo de

equipo es ciertamente enriquecedor y, a menudo, productivo (De Robertis, 2007).

Por otra parte, para de Robertis (2007), el sistema de programas, prestaciones y
servicios de una nación ayuda a cubrir las necesidades sociales, económicas,
educativas y sanitarias fundamentales para el mantenimiento de la sociedad.

Además, el papel del Trabajador Social en esa intervención, puede variar, según
el objetivo grupal y también según el objetivo específico de la intervención que se
ha de realizar, este papel puede ser, como Mediador o como Agente de Cambio.
978

�Mediador. En este caso,

el trabajador social no necesariamente tiene que

elaborar proyectos, definir fines, ni definir principios. “Él es un facilitador de
relaciones, para llevar a los individuos y grupos a conocerse mejor y a discutir
entre ellos un cierto número de problemas prácticos, ligados a la vida cotidiana; un
desencadenante de energías, para comunicar a la gente el valor de pasar del
estadio de constatación al de la acción efectiva; un canalizador de discusiones
para evitar que los debates fracasen o se pierdan en vías accesorias, costosas en
tiempo y desmovilizadoras de atención. Este papel activo, pero no directivo, del
trabajador social tiende a reconocer a los miembros de la comunidad como
agentes de su propio desarrollo”. (Mongé, René).

Agente de cambio. Para De Robertis (2003) El papel del Trabajador Social es el
de un «agente de cambio». Estos cambios pueden situarse en un plano micro
social (individuos, familias, grupos pequeños) o bien, en un plano macro social
(organizaciones, territorios) (…) La actitud del trabajador social ya no es la de una
persona que sabe, sino la de una persona que se dispone a examinar la realidad
con los propios interesados, y va a pedirles que definan y pongan en práctica las
soluciones que más respondan a sus propias necesidades y deseos.

De manera que, en los

grupos, si un Trabajador Social se propone una

intervención, se podría enfocar a fomentar el autoconocimiento de cada uno de
los participantes, con el fin de que discutan los problemas que enfrentan
continuamente y busquen una posible solución, además de generar procesos de
cambio a fin de que cada uno sea responsable de su crecimiento y el del grupo.

Así, un Trabajador Social puede intervenir como mediador para realizar un análisis
de la situación, las ventajas y desventajas de cada propuesta y capacitando a
coordinadores sobre la mejor propuesta y poder facilitar el consenso para llegar a
un acuerdo que los beneficie a todos y no afecte el objetivo y mejorando también
979

�la comunicación entre los miembros, y/o como agente de cambio, generando
procesos de organización, capacitación, sensibilización tendientes a un cambio
personal y social en la búsqueda por la mejora y el desarrollo social de los
individuos y los grupos sociales

CONCLUSIONES

En lo concerniente a los grupos seleccionados, se puede decir que, al igual que
todos los grupos, presenta conflictos; en este caso, éstos surgen a causa de la
falta de organización entre los miembros, así como también a que existe mucha
entrada y salida

de participantes, debido a que continuamente las personas

abandonan el grupo.

Podemos considerar que esto sucede por diversas razones, relacionadas a la
disminución del atractivo del grupo tales como la mala comunicación, errores en la
distribución de roles, desacuerdos con el líder y a que por todo esto, no se está
llevando a cabo una correcta dinámica de grupo, la cual ayude al buen
funcionamiento y a que se cumplan los objetivos propuestos.

De todas maneras, los grupos presentan aspectos positivos en cuanto a la
interacción que hay entre los integrantes, ya que continuamente se ayudan unos a
otros en las actividades, existe el compañerismo, el respeto hacia los demás, y se
esfuerzan cada día por cumplir las metas que se proponen.

Para finalizar, el hacer un diagnóstico grupal, es de mucha utilidad para las
intervenciones sociales, ya que posibilita la información requerida en la planeación
de estrategias y técnicas que generen los cambios necesarios, no sólo para la
resolución de conflictos sino también para el logro de mejores condiciones de vida
personal y grupal. Además de lograr el crecimiento y desarrollo de todos los que
integran el grupo.
980

�BIBLIOGRAFÍA

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59-77). México. Ed. Trillas.

Napier, R. (2000).Normas, presiones y pautas de grupo. Grupos. Teoría y
experiencia. (pp. 89-109). México. Ed. Trillas.

982

�ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN CUBA. APUNTES PARA UNA
REDEFINICIÓN DE LA AGENDA SOCIAL GUBERNAMENTAL.
Addiel Pérez Díaz47

RESUMEN

Se presenta una síntesis del estado actual de la población cubana, sobre todo
referido al proceso de envejecimiento demográfica en que ha estado inmerso el
país

desde

hace

varias

décadas.

Se

manejan

algunas

variables

sociodemográficas determinantes en la celeridad de la Transición Demográfica
acontecida en Cuba, que lo caracterizan como uno de los países más longevos de
la región. Finalmente se realizan una serie de propuestas a tener en cuenta en la
agenda gubernamental para contrarrestar esta problemática e intentar reorientar la
visión de estos segmentos poblacionales.

Palabras claves: envejecimiento poblacional, acción gubernamental, Cuba.

INTRODUCCIÓN
Un nuevo desafío ocupa hoy las agendas de los Estados en el mundo. El
envejecimiento poblacional que se había relacionado con los niveles de desarrollo
que las naciones iban alcanzando ya es un fenómeno palpable en las sociedades.
Este proceso tiene sus consecuentes reajustes e impactos sobre áreas como la
salud, la familia, la actividad económica, los presupuestos de seguridad, asistencia
social y en la propia actividad del Trabajo Social.

47

Programa de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México). E-mail:
addiel.perez@uacj.mx

983

�Los países desarrollados, sobre todos los europeos se hacen cada vez más viejo y
utilizan diversas estrategias para estabilizar y ralentizar sus procesos de
envejecimiento poblacional. Es un fenómeno único en la historia de la humanidad
que un volumen tan inmenso de personas haya llegado a la ancianidad. Es
evidente que todo este proceso ha provocado un determinado impacto en ciertos
sectores estratégicos de la estructura social, entre los que se encuentran la
estructura social y las diferentes áreas que tienen que acudir a atender todas las
problemáticas y necesidades que se generan con este fenómeno.
Una visión clásica sobre envejecimiento de la población establece el aumento de
la proporción de personas de edad avanzada con relación al resto de la población,
pero también se ve como la inversión de la pirámide de edades, debido a que el
fenómeno no es solamente un aumento de la proporción de ancianos, sino
también una disminución de la proporción de niños y jóvenes menores de 15 años.
La población cubana ha ido envejeciendo aceleradamente. Para 1978 la población
de adultos mayores rebasaba ya el 10 % de la total. En la actualidad los adultos
mayores de 60 años alcanzan el 18,3 % y una esperanza de vida alrededor de 78
años, según el censo del 2012. Este crecimiento, sumado al hecho de la reducción
de los cohortes de nacidos implica un estrechamiento de la base de la pirámide
poblacional y un ensanchamiento de parte de la cúspide. Muchos expertos y
proyecciones vaticinan a este país ya no solo como el país más envejecido de
América Latina, sino que se prevé que para el 2050 Es uno de los países más
envejecidos de América Latina y esté en la los primeros lugares de la lista de los
más longevos del mundo. A esta perspectiva de la población se le pueden añadir
otras estimaciones donde la población adulta más de 60 año sería ya casi el 30 %
de la población en esa categoría de edad o censal, o demográfica, que antes
llamábamos viejos, ancianos, etc.
Con 2 millones 41 mil 392 adultos mayores (más de 60 años) en su población,
¿cómo se prepara nuestra sociedad para asumir los retos que implica el
envejecimiento? A partir de esta problemática muchas acciones se están
desarrollando en el país. Un grupo de instituciones se comienzan a enfocar hacia
984

�esta situación efecto-boomerang. Las instituciones más activas, en este sentido,
han sido el Departamento de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del
Ministerio de Salud Pública, quien identificó como causas principales de este
fenómeno la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
Otras instituciones se han dedicado a estudiar la problemática como el Centro de
Estudios Demográficos (Universidad de la Habana), pero añaden que el proceso
migratorio cubano en los últimos años también incide en que la población tenga
una representación mayor respecto al volumen total de la población. Se estima
que entre 30 y 35 mil cubanos emigren anualmente, siendo los jóvenes los que
más se emigran generalmente. Esta ponencia está dirigida a analizar las
características del proceso de envejecimiento cubano actual y los retos que se
enfrentan tanto desde las políticas públicas y sociales como desde el entramado
institucional.

Envejecimiento poblacional en Cuba: Del pronóstico a la realidad.
La evolución del pensamiento puede caracterizarse como si fuera en ondas
recurrentes. Esto puede ilustrarse con las ideas que la teoría económica vertió
sobre el rol de la población en distintos momentos históricos. En un primer
momento, la población aparece como beneficiosa para el desarrollo económico: es
el mercantilismo y Smith; en un segundo momento, la población aparece como un
obstáculo al desarrollo: es Malthus; un tercer momento, con Marx, la dinámica
demográfica aparece como un mero reflejo y una de las tantas manifestaciones
del peculiar modo de funcionamiento del sistema capitalista; un cuarto momento
donde el pensamiento ignora la contribución de Marx, pero adornado ahora con la
terminología de la teoría económica: es la corriente contemporánea que utiliza el
argumento del ahorro y la inversión; por último y fruto de la discusión antes
señalada, hay un retorno al tratamiento sistémico que iniciara Smith, pero
enriquecido y modificado con elementos de la realidad del subdesarrollo.
(Fuccaracio,1994)

985

�Todos los que alguna vez hemos incursionado en cursos de demografía o de
población en general siempre escuchamos que Cuba era un país en transición
demográfica donde gradualmente entraríamos en el club de los países con estos
signos. Generalmente este proceso se da en países desarrollados con altos
índices de desarrollo humano y social. En el caso de nuestro país el proceso
revolucionaria llevado a cabo generó también importantes niveles de desarrollo
humano que a larga también han sido factores determinantes en que la población
se fuera convirtiendo en longeva. Ya el criterio se ha modificado, podemos afirmar
con datos del último censo de población y vivienda que ya somos un país
envejecido.
Aunque las instituciones oficiales cubanas han atribuido a este tema las
conquistas sociales obtenidas en el proceso de más de 50 años, creo que sería
importante analizar otros factores para entender en su integridad pero que no son
objetivo de este trabajo. Solo mencionar como otros factores, la crisis de más de
dos décadas ha generado una composición familiar con expectativa de tener solo
un hijo por lo costoso y las dificultades que tiene tener más de uno en el contexto
de difícil situación económica que afecta el país.
Lo cierto es que Cuba es un país con una transición demográfica avanzada en el
contexto de América Latina. Desde hace más de tres décadas, la fecundidad se ha
mantenido en niveles significativamente bajos, reflejando valores que, desde 1978,
no permiten el reemplazo generacional de la población. Los índices de la
mortalidad general e infantil son también bajos y la esperanza de vida al nacer
está muy cerca de los 78 años. La migración internacional ha mostrado saldos
negativos por más de 50 años.
Como resultado de la dinámica de las variables demográficas, el número de
habitantes de Cuba decreció en 2006 y 2007, y casi no aumentó en 2008 y 2009.
Al iniciar el año 2010 la población de Cuba se estimó en 11 242 628. La influencia
de estos componentes, en particular el descenso sostenido de la fecundidad, han
provocado importantes cambios en la estructura por edades de la población. Un
notable proceso de envejecimiento ha comenzado con celeridad, convirtiéndose
986

�en uno de los mayores retos demográficos, económicos y sociales en el país. (Aja
Díaz, Antonio y autores, 2012)

El envejecimiento de la estructura por edades de población cubana.
En 2009, los menores de 15 años constituyeron el 17.5 %, mientras que el 17,4 %
de las personas residentes en Cuba, tenía 60 años y más. De acuerdo a las
estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), las personas que
deben llegar a la edad de jubilación vigente, deben superar a los que arriben a la
edad laboral al concluir el año 2010, tal y como ocurrió en un grupo de países
desarrollados, desde fines de los años 90. El porcentaje de 60 y más podría
incrementarse a un 25% y a un 34% en 2025 y 2050, respectivamente. El llamado
primer bono demográfico “prácticamente” pasó. (García, R y Alfonso de Armas,
s/n)
Los índices de envejecimiento y las razones de dependencia ilustran con nitidez
este panorama. La razón entre la población de 60 años y más por cada 100 niños
y adolescentes se incrementó significativamente entre 1990 y 2008; igualmente la
relación entre la población dependiente (0-14 y 60+) y la población en edad laboral
(15 a 59 años).
En el año 2008, la población en edad laboral (unas 6 726 611) representaba el
60% de la población total. Aunque este porcentaje varió poco durante la última
década; la composición interna de este segmento poblacional también se ha
envejecido. Más del 70% (unas 4 737 206 personas) se encuentran por encima de
los 30 años, cuando en el año 2000, los que rebasaban esa edad, significaron el
67,2% (unas 4 456 095 personas). (García, R y Alfonso de Armas, s/n)

987

�Tampoco, es visualizado desde la opinión nacional pública nacional, el factor
migratorio (saldo migratorio negativo desde hace varias décadas) que también
aporta lo suyo en que la proporción de jóvenes disminuya y los viejos aumenten
con respecto a la población total. Son dos grandes temas que los estudios de
población tendrán que profundizar en el futuro inmediato y aportar elementos para
las acciones que el Estado debe concentrarse. Si bien es importante centrarse en
atender y desarrollar políticas de atención a la población adulta, es imprescindible
atender las causas que generan este proceso en las generaciones presentes y
futuras.
Según declaraciones oficiales: “Nuestro país tiene una esperanza de vida de 78,97
años, 76 para los hombres y 80 para las mujeres, aunque es interesante destacar
la esperanza de vida de las personas que llegan a los 60 años, que es de 22 años
más y la de los que llegan a los 80 años, de unos 8.8 años más", explicó el
especialista”. (Fariñas Acosta, 2013:1)
También se ha asegurado que desde el año 2010, Cuba no cuenta con reemplazo
de fuerzas productivas, pues la curva de las personas de 0 a 14 años se unió a la
de los que llegaban a los 60 años. De ahí en adelante aumentan los que llegan a
988

�60 y disminuye el grupo de 0 a 14, lo que hace el escenario demográfico más
complejo. Datos del propio Censo del 2012 arrojaron que ese último segmento es
el 17,3 % de la población. Es el primer país en América Latina donde ocurre, a lo
que se suma que tampoco contamos con reemplazo poblacional, es decir,
garantizar que cada mujer tenga una hija (Censo, 2012). Se identifica, además,
como causas principales de este fenómeno la baja natalidad y el aumento de la
esperanza de vida. En apenas dos décadas Cuba será el país más envejecido de
América Latina, confirmó la Encuesta Nacional de Envejecimiento, realizada en
2010 por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina
Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
Cuba tiene una esperanza de vida de 78,97 años, 76 para los hombres y 80 para
las mujeres, aunque es interesante destacar la esperanza de vida de las personas
que llegan a los 60 años, que es de 22 años más y la de los que llegan a los 80
años, de unos 8.8 años más. (Fariñas Acosta, 2013)
Aunque el país tiene algunas ventajas para encarar este proceso, como puede ser
el programa del médico y la enferma de la familia creados desde la década de los
80, sigue constituyendo un reto considerable por los recursos financieros y
humanos que deben invertirse en atender a estas poblaciones y las políticas
sociales que deben dirigirse hacia estos sectores. De igual manera las políticas
públicas que deben definirse para estabilizar al menos el incremento de estos
segmentos con respecto al volumen total población.
Con el índice de envejecimiento actual y futuro de la población cubana, garantizar
el cuidado a los adultos mayores es una de las principales dificultades que
enfrenta la familia, lo que provoca la salida del empleo de personas con
capacidades laborales plenas, siendo las más afectadas las mujeres, quienes
asumen mayoritariamente la atención de los ancianos. (Aja Díaz y colectivo de
autores, 2012)
Ya este problemática se hizo muy evidente desde el inicio del presente siglo,
cuando el censo del 2002 destacaba que un 14.7 % de los cubanos tenía 60
años o más de edad, en 2012 (como se enunciado anteriormente) es de 18.3
989

�%, confirmación de la predicción de los especialistas. Para el 2035 ya se
espera que sean unas 3.6 millones de hombres y mujeres con seis o más
décadas de vida, lo cual aumentará la población anciana, que junto con la
infantil disminuirá el número de personas aptas para trabajar e impactará la
economía cubana.
El envejecimiento creciente de la población cubana pone en tensión los sistemas
de salud y seguridad social, amenaza el monto de la población económicamente
activa y obliga a evaluar con seriedad la cobertura y calidad de las instalaciones
que existen para la atención a las personas de la tercera edad.
Así lo reconocieron las autoridades de la isla al incluir, entre las medidas más
urgentes para enfrentar ese fenómeno demográfico, la construcción y reparación
de asilos o residencias de mayores y de las llamadas Casas de abuelos,
dedicadas a la atención diurna de cubanas y cubanos de avanzada edad.
Según la nueva dirigencia del país, se abre la posibilidad de “estimular la gestión
no estatal” para la atención a adultas y adultos mayores, según ha indicado Marino
Murillo Jorge (vicepresidente del Consejo Estado) en reunión en la Habana.
(Fariñas Acosta, 2013)
De igual manera estos procesos marcan una clara diferenciación al interior de las
provincias y municipios del país. Se puede observar que “la población de 97
municipios, cinco provincias y la del país decrece, envejece respecto a 2002; y son
Villa Clara, La Habana y Sancti Spíritus, en ese orden, los territorios más viejos”,
afirmó Alfonso Fraga, a modo de botón de muestra de las especificidades que
pueden leerse en la publicación de la Oficina Nacional de Estadística. (ONE, 2013)
A finales del 2012, según fuentes estadísticas oficiales, existían en el país 144
hogares o asilos de ancianos y 233 casas del abuelo, la mayoría de los cuales,
como sucede a buena parte del fondo habitacional, presentan serios problemas
constructivos o urge de reparaciones imprescindibles. Esta demanda actual de
estas instituciones es muy superior a las capacidades existentes y están más
limitadas para los ancianos con discapacidad, ha sido reconocida reconoció por
las máximas instancias de gobierno. (Anuario Estadístico de Salud Pública, 2012)
990

�Sin embargo, datos del Anuario Estadístico de Salud refieren que mientras en
2012 se contaba en el país con 816 especialistas dedicados a la Neonatología y
2.791 a la Pediatría, apenas 485 ejercían la Geriatría, también llamada
especialidad médica del envejecimiento.
El estudio, efectuado con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) y de especialistas del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía, ubicó a la isla para entonces con indicadores muy superiores a
naciones

como

Argentina

o

Barbados,

que

hoy

muestran

niveles

de

envejecimiento similares.
Si desde el 2011 el 17 por ciento de la población supera los 60 años y para 2035
las personas por encima de esa edad serán unos 3,6 millones, el equivalente a un
tercio de los habitantes del país, como se ha enunciado. Esto significa habrá más
personas más población dependiente -infantil y anciana- que personas en edad de
trabajar, con el consiguiente impacto en la economía nacional.
Con el índice de envejecimiento actual y futuro de la población cubana, garantizar
el cuidado a los adultos mayores es una de las principales dificultades que
enfrenta la familia, lo que provoca la salida del empleo de personas en plenitud
laboral, sobre todo de las mujeres, reconoció Murillo Jorge durante una reunión del
Consejo de Ministros. (Dixie Edith, 2013)
En las últimas décadas se ha estado valorando extraordinariamente los temas
relacionados con el papel de la población en el desarrollo y de manera unísono
qué estrategias implementes desde las políticas población. En particular a la
definición de qué es y por qué y para qué se adopta, asimismo el cómo adoptarla.
Pero también, en medio de todo ello se encuentran indefiniciones en cuanto a la
necesidad o no de las mismas, su vinculación con la teoría de la transición
demográfica, así como con el tránsito de la discusión teórica en cuanto a temas de
población y desarrollo, que inicialmente se trató como “determinantes y
consecuencias” y que después tomó el nombre de “interrelaciones” entre la
población y desarrollo.

991

�En circunstancias de una economía frágil, con fuertes restricciones financieras
externas, limitadas opciones de acceso a fuentes de inversión y de recursos,
condicionadas seriamente por el embargo; el envejecimiento entraña desafíos
importantes para la familia, la interacción comunitaria, el Estado y la sociedad
cubana. Ello demanda ampliar y reorientar los programas sociales, sectoriales, de
bienestar y salud, que durante años han demostrado ser exitosos. (Aja Díaz, y
colectivo de autores, 2012)
Cerca del 65% de todos los municipios del país tienen saldos migratorios
negativos. Las desigualdades en los niveles de desarrollo económico y social e
incluso condiciones ambientales adversas, se encuentran entre los determinantes
fundamentales de este comportamiento que se refuerza en las provincias
orientales.
En lo relativo a la migración internacional, desde 1930 el saldo migratorio ha sido
negativo. Entre 2000 y 2009 dicho saldo fluctuó entre -2,6 y -3,3 personas
perdidas por cada mil habitantes, por ejemplo en los dos últimos años, por
concepto de la migración se perdieron 3,3 personas por cada mil habitantes, Así
se ha comportado desde 2001. Ello representa cifras entre 20 000 y 30 000
salidas definitivas anuales. A este proceso se incorpora el aumento de la
emigración temporal, con presencia en ambos casos de tendencias al aumento de
la participación de los jóvenes, las mujeres y personas de elevado nivel de
escolaridad.

Ambas

modalidades

migratorias

unidas

elevan

de

manera

significativa las cifras comentadas.
Este movimiento emigratorio tiene una determinación multidimensional, y al igual
que en la mayoría de los países subdesarrollados en la actualidad, predominan los
elementos de carácter económico. A la par, las redes sociales y familiares que se
han formado y solidificado durante muchos años, están desempeñando un rol
esencial. El destino migratorio de los cubanos, en los últimos años se ha
diversificado.
Lo que se observa en los ensayos de pronóstico migratorio es que este seguirá
una tendencia hacia la superación de la barrera de las 37000 salidas netas del
992

�país hacia el año 2030. Y ello es congruente con el incremento de otorgamiento de
visas -en particular a tenor de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y
Cuba de 1994 y 1995- y la concesión de ciudadanías de otros países en los dos
últimos años.( Aja Díaz y colectivo, 2012). El reto de una política de contención
estaría en reactivar la economía y mejorar la estructura de oportunidades para los
segmentos poblaciones jóvenes cualificados y con aspiraciones a mejorar su
calidad de vida por medio de la migración. También proveer un sistema de
servicios sociales acordes con los niveles educacionales y las expectativas que
han construyendo en lo que se visualiza con el exterior.
La migración ha tenido también un impacto en la estructura por edades. La
selectividad de la migración se explica generalmente por la preponderancia de
personas jóvenes y en edad laboral. Actualmente, entre diversos especialistas
cubanos, existe un debate sobre la migración de retorno que podría producirse, a
partir de la evaluación de posibles escenarios políticos y económicos. Esta
discusión comprende las consecuencias que podrían derivarse en lo relativo a la
estructura por edades de la población.
Para Aja Díaz y colectivo de autores (2012), la evaluación del posible retorno de
los migrantes cubanos y de las condiciones necesarias para que ese retorno se
produzca, mostró que el 40% de las personas han valorado la posibilidad de
regresar dependiendo de mejorías de la situación económica, o debido a que no
han conseguido realizar los proyectos de vida en el exterior. El 80% de las
personas para las cuales el retorno no estaba descartado, pensaban que lo harían
sin otorgar un peso significativo a los posibles cambios políticos en el país. Lo
singular es que, aquellos que en los últimos años han intentado retornar a Cuba,
desde Estados Unidos u otros países, son predominantemente personas de la
tercera edad y migrantes recientes; principalmente de la década de los noventa
del pasado siglo. El retorno, aunque difícil, pudiera ser una alternativa si surte
efecto la nueva ley de inversión de extranjera y se sigue flexibilizando la ley
migratoria actualizada en 2012.

993

�El cuadro demográfico cubano podría sentir el impacto de una migración de
retorno o incluso continuar con la tendencia que ha existido por varias décadas.
Sin embargo, ninguna de esas posibilidades parece ofrecer soluciones a los
desafíos originados por las características de la estructura por edades. Una
inmigración de personas ancianas acentuaría aún más el envejecimiento existente
en Cuba y, a su vez, la persistencia de la tendencia de saldos migratorios
negativos también continuaría agudizando esa situación. En las condiciones
actuales, el retorno de migrantes jóvenes no parece constituir una opción a ser
considerada como solución a los impactos económicos del envejecimiento de la
población.
Por otra parte, el país posee numerosos y valiosos recursos laborales, los que se
encuentran hoy impactados por procesos demográficos y socioeconómicos que
atentan contra sus fortalezas, como son el decrecimiento perspectivo y el
envejecimiento de la fuerza de trabajo.
Alrededor de un 60% de la población conforma los recursos laborales; es decir,
alrededor de unos 7 millones de personas. De ellos poco más de 5 millones se
encuentran vinculados a la economía, con una edad promedio de 40 años, que
será de 44 en el 2025. En las edades económicamente activas, se encuentra el
monto de población más importante, lo que constituye una oportunidad.
Sin embargo, ello cambiará en el corto plazo. De hecho, la población laboralmente
activa disminuirá de forma sostenida a partir de 2018. Paralelamente, resulta
altamente ventajoso el hecho de que esta fuerza laboral tiene un nivel reconocido
de calificación y/o capacitación. (Aja Díaz y colectivo de autores, 2012)
Pero las migraciones, tanto internas como externas impactan su distribución ramal
y territorial, así como su cantidad y calidad. Las primeras, a resultas de la
existencia de espacios económicos ventajosos (como el mixto, el privado o por
cuenta propia y el estatal reanimado que atraen fuerza de trabajo) y de otros
desventajosos (Ej. estatal no reanimado, con el efecto contrario). Las externas,
porque afectan sobre todo el segmento más joven y el mejor calificado de los
recursos laborales.
994

�El grupo de trabajadores de 60 años y más duplica en su ritmo de crecimiento al
de la fuerza laboral en general, y crece sobre todo, en las categorías de
administrativos, de trabajadores de servicio y de dirigentes; también, algo menos,
entre los técnicos. Pero, lejos de ser una carga, debe estar claro que si hoy son un
componente importante en lo cuantitativo y esencial en lo cualitativo de nuestros
recursos laborales, más lo serán, por su cultura de trabajo, en todo el curso futuro
de la actualización del modelo económico. (ONE, 2008)
La apropiación del espacio cubano y su reflejo en la distribución espacial de la
población está caracterizada por heterogeneidades importantes, manifestándose
mayores densidades de población hacia el centro y occidente del país. En el país
existe un elevado grado de urbanización, poco más de 75% de su población se
encuentra residiendo en zonas urbanas, con un alto nivel de concentración, que
respondió a las necesidades de desarrollo de un momento histórico y que hoy
constituye un desafío para la seguridad alimentaria y el poblamiento de la franja de
base. La dispersión es más evidente hacia las provincias orientales, donde los
asentamientos de pequeño tamaño (principalmente rurales) se tornan numerosos.
Los asentamientos de menor categoría en tamaño y población dispersa (franja de
base) decrecen. Sin embargo, según estadísticas recientes, los asentamientos
rurales mayores de 200 habitantes aumentan su crecimiento mientras los urbanos
de base disminuyen su participación. Es en la población rural dispersa y en
concentraciones de población pequeñas donde se están produciendo las mayores
pérdidas de efectivos, posiblemente hacia los rurales mayores y los urbanos de
base. Las pérdidas de población en los niveles más bajos del Sistema de
Asentamientos Humanos de Cuba (SAH) coinciden con aquellos territorios con
mayores niveles de población rural.
Se observa una gran movilidad, en lo referido a los traslados cotidianos por
razones de estudio y trabajo, en los asentamientos de menor tamaño,
básicamente en los costeros, en los que poseen función político-administrativa y
en enclaves económicos (tradicionales o emergentes), inferida a partir de los altos
valores de empleo en sectores terciarios y secundarios en los asentamientos más
995

�pequeños. La actividad azucarera, con una importante influencia en la
conformación de los actuales patrones de poblamiento y del sistema de
asentamientos, ha sufrido transformaciones importantes, lo que unido a los
cambios en el modelo de desarrollo, han desarticulado la concepción original del
SAH de Cuba.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN DESDE LA POLÍCTICA SOCIAL.
El comportamiento y tendencia demográfica son la resultante de un conjunto de
procesos y determinantes de carácter socioeconómico y cultural. En este sentido,
la estrategia a seguir debe resultar de un diseño coherente, en el cual se incluya a
la población, tomando en cuenta las modificaciones que sufrirá. Sería entonces
imprescindible el diseño y ejecución de una política integral de población, que la
reconozca en tanto objeto y sujeto del desarrollo en los trazados estratégicos en
materia de su estructura, tamaño, composición, ubicación y movilidad y que
articule políticas diferenciadas según las necesidades y especificidades de los
territorios, sectores o ramas de la economía y tipos de familias.
Una fuerza de trabajo que envejece, hace necesario prestar especial atención a la
evolución de las características del puesto de trabajo y su organización, en
respuesta a la probable pérdida relativa de capacidades físicas y mentales de las
personas que participan en la producción con edades cada vez mayores. Un
desajuste entre estos aspectos, puede incidir en un probable incremento de la
seguridad social a corto plazo, por enfermedades, accidentes de trabajo, etc., así
como provocar determinadas afectaciones a la productividad del trabajo global y
con ello al ingreso real. (ONE, 2008)
Se hacen necesarias acciones dirigidas con celeridad a crear estrategias
educativas, de salud y de planificación familiar de modo que las parejas accedan
de manera efectiva al alcance de sus ideales reproductivos y se garanticen
condiciones mínimas para la crianza y mantención de los hijos.
Aplicación -desde el presente- de una política de estímulo a la fecundidad, de
manera que se garantice el reemplazo. Si bien en un primer momento aumentará
996

�la carga demográfica, esta ocurrirá a expensas del crecimiento de la población
infantil, lo cual es una situación más favorable, toda vez que el aumento de
nacimientos y de la proporción de niños (población dependiente) crearía un
potencial de reemplazo importante para la fuerza de trabajo que va
envejeciéndose. En la medida en que estos niños comiencen a incorporarse a la
edad laboral, esta carga económica potencial deberá descender. (ONE, 2008)

De igual manera se hace vital perfeccionar el diseño e integración de las políticas
de salud, priorizando en mayor grado a los grupos vulnerables, diferenciadas
social y territorialmente.
Es clave estructurar e implementar una política de migraciones internas que
comprenda acciones en los lugares de origen y destino sobre la base de las
demandas del desarrollo económico y social del país. La política migratoria debe
seguir perfeccionándose la política de Cuba hacia la emigración externa.
Importante puede resultar para contrarrestar el déficit poblacional propiciar
acciones que modifiquen la dinámica de migración internacional cubana y transite
hacia una perspectiva hacia una temporal e incluso circular, que incorpore el
retorno. (Aja Díaz y colectivo de autores, 2012)
Diseñar e implementar una política, con expresión nacional y en función de las
circunstancias territoriales para la atención integral al proceso de envejecimiento
de la población, tomando en cuenta la dispensarización de servicios y el
aprovechamiento de las potencialidades económicas y culturales del grupo. Es
necesario crear una entidad gubernamental para la atención integral al adulto
mayor.
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, la insuficiente infraestructura
para enfrentar el proceso progresivo de envejecimiento de la población, se
manifiesta principalmente en la escasez de hogares o instituciones similares para
el cuidado de adultos mayores y personas discapacitadas en régimen internado o
semi-internado.

997

�También es importante crear servicios de toda índole para personas de más de 60
años y/o implementar la atención preferencial en los existentes, incluyendo la
diferenciación en cuanto al costo de muchas de ellas, y potenciar las
especialidades geriátricas y gerontológicas. Es vital crear las condiciones para
generar sistemas de protección de los grupos poblacionales envejecidos y
vulnerables. (García, R y Alfonso de Armas, s/n)
Se hace imprescindible crear una estructura de Trabajo y servicio social que
atienda las problemáticas del adulto mayor. Es imperioso generar políticas
educativas con vistas a la sensibilización de toda la sociedad con el
envejecimiento para aprender a convivir con los adultos mayores y puedan resultar
sujetos activos a pesar de condición física y mental.
Tradicionalmente el sistema de salud ha sido diseñado para atender problemáticas
materno infantiles, o enfermedades de corta duración, que no ocasionaban
discapacidad. Con el envejecimiento poblacional, se les adiciona un nuevo reto:
los cuidados. Desarrollar y transformar los servicios asistenciales para enfrentarlo
es tarea urgente, y en este propósito resulta vital la atención primaria. (García, R y
Alfonso de Armas, s/n)
Es demandado otro tipo de cuidados, además de incrementar los que ya existen
que son desde hace algunos insuficientes y con pésimas situación en su estado
constructivo y de servicio, como las casas de abuelos y los hogares de ancianos,
que son instituciones del sistema de salud pública. En ambas, tanto en las casas
como en los hogares, los ancianos se insertan en actividades culturales y de
rehabilitación que los pueden mantener socialmente activos. En estas instituciones
es clave insertar trabajadores sociales se focalicen en esta especialidad poco
desarrollada en el país.
Todavía los medios de difusión ubican al adulto mayor en una posición de
desventaja social, casi siempre como una persona dependiente, que no es capaz
de tomar iniciativa y formar parte del desarrollo de la sociedad. Se supone la vejez
como discapacitante.

998

�El envejecimiento es un reto que Cuba tiene por delante, y en ello la profilaxis de
salud, la educación y la sensibilización de los ciudadanos es esencial, de modo
que vivir más tiempo signifique también vivir mejor.
Finalmente, Cuba es un país en vías de desarrollo con un envejecimiento
importante de su población, demográficamente este proceso ha tenido gran
repercusión en el sector de la salud, entre ellas de gran importancia el carácter
humano y ético que están presentes en cada uno de los subprogramas de
atención integral al adulto mayor, al cual se añade la participación de la familia y la
comunidad, por otra parte la estructura socio-política también asegura la
participación activa de la comunidad en un logro alcanzado gracias a los
esfuerzos de un sistema de salud altamente justo y humanizado. (ONE, 2008) Es
recomendable conservar y fortificar las tareas encaminadas a preparar al personal
de salud y en definitiva a toda la sociedad, con vistas a asegurar la superación
profesional, humanística y ética.

999

�REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aja Díaz, Antonio y autores. (2012) La población cubana. Tendencias actuales y
perspectivas. Recomendaciones para la acción. Material en soporte magnético.
Aja, Antonio y colectivo de autores. (s/n) La población cubana. Tendencias
actuales y perspectivas. Recomendaciones para la acción.
Anuario Demográfico de Cuba. (2004) La Habana: Oficina Nacional de
Estadísticas. Centro de Estudios de Población y Desarrollo.
Atención del anciano en Cuba desarrollo y perspectiva. (1996) Centro
Iberoamericano para la Tercera Edad (CITED) 2da. Edición, La Habana.
Dixie Edith. (2013) Tensiones del envejecimiento poblacional en Cuba, artículo
publicado

el

7

de

octubre

de

2013,

en

el

sitio

www.cubadete.cu,

http://www.cubadebate.cu/opinion/2013/10/07/tensiones-del-envejecimientopoblacional-en-cuba/#.Uzd5zoWLYjs
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Perspectivas. TEMAS, la Habana, Cuba.
El envejecimiento de la población en Cuba y sus territorios. (2005) La Habana:
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Centro de Estudios de Población y
Desarrollo.
El envejecimiento en Cuba. Cifras e indicadores para su estudio. La Habana:
Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE)-Oficina Nacional de
Estadísticas; 2005.
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nuestra sociedad para asumir el envejecimiento?, El economista (versión digital).
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2013/nro459/retos-envejecer.html
Fuccaracio, Angel. (1994) Temas de población y desarrollo. En: Benítez Centeno,
Raúl y Eva Gisela Ramírez. (Coordinadores). Políticas de Población en
Centroamérica, El Caribe y México. Programa Latinoamericano de Actividades
en Población. México.

1000

�García, R y Alfonso de Armas. (s/n) Envejecimiento, políticas sociales y sectoriales
enCuba,http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/3/40183/RolandoGarc%C3%A
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http://www.monografias.com/trabajos67/envejecimiento-cuba/envejecimientocuba2.shtml#ixzz2xPREbt3f
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). (2008) Centro de Estudios de Población y
Desarrollo, INFORME RESUMEN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, “El
estado actual y perspectivo de la población cubana: Un reto para el desarrollo
territorial sostenible”, Edición Diciembre 2008
OMS. (2008) La salud de todos los ciudadanos en su concepción de estado
completo de bienestar físico, mental y social. Washington: OMS.
ONU. (1999) Carta de Juan Pablo II a la II Asamblea mundial sobre
Envejecimiento (8 al 12 de abril) Madrid: ONU.
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y perspectiva. 2da ed. La Habana: Editado por PALCO.
Programa Integral del Adulto Mayor. (2005) La Habana: Ministerio de Salud
Pública.

1001

�EJE 7: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO

1002

�PRIVATIZACIÓN, LIDERAZGO Y LUCHA COMUNITARIA; LA GÉNESIS DE LA
AUTONOMÍA COMUNITARIA EN LA COLONIA SAN CRISTÓBAL DE SAN
NICOLÁS
Carlos David de la Garza Tolentino1
Román Eduardo Saucedo Morales2

RESUMEN
La Colonia San Cristóbal tuvo lugar a dos incidentes de invasión de propiedad
privada, en respuesta, los vecinos convocaron a junta y se iniciaron movimientos
legales para emprender la privatización de la misma.
En el presente documento se expondrán y analizarán las actividades emprendidas
por los vecinos de la Colonia, además, se buscará explicar teóricamente el análisis
llevado a cabo y la razón de los acontecimientos importantes ahí sucedidos, así
como la propuesta oportuna a estos primeros esbozos de autonomía comunitaria.
Palabras clave: Comunidad, sentido de comunidad, autonomía comunitaria,
liderazgo, líder comunitario, redes comunitarias.

1

Estudiante, Facultad de Psicología, UANL, carlosdelagarzat@gmail.com

2

Estudiante, Facultad de Psicología, UANL, roman.esm@hotmail.com

1003

�INTRODUCCIÓN
Durante la realización de actividades de la Unidad de Aprendizaje ‘’Procesos y
técnicas para la evaluación y diagnostico psicosocial y comunitario’’, de la
Trayectoria de Psicología Social de la Licenciatura en Psicología en la Facultad de
Psicología de la UANL, se llevó a el diagnóstico de la Colonia San Cristóbal, en el
municipio de San Nicolás de los Garza.
Dicha Colonia tuvo lugar a dos incidentes de invasión de propiedad privada (robos
a casa habitación), además del problema de que la constructora encargada no
respetó un acuerdo efectuado con los habitantes, deslindándose de la
construcción de una plaza pública, dejando el terreno destinado a ello como lote
baldío; en respuesta, los vecinos convocaron a junta y se decidió optar a que se
nombraran líderes de barrio que iniciarían movimientos legales para emprender la
privatización de la misma, con el fin de tener los derechos completos de calles
cerradas y controladas por un sistema de vigilancia propio, además de tener un
mejor control del lote mencionado. Sin embargo, esta demanda les fue negada por
el Gobierno Municipal.
A continuación se abrirá el análisis de los resultados obtenidos, recalcando la
planeación, la fase de investigación, las conclusiones y la propuesta de
intervención pertinente.

1004

�METODOLOGÍA
La realización del diagnóstico se conformó por cinco fases: 1) Armado de la Ficha
Técnica, 2) Realización de los Instrumentos de Recolección de Información, 3)
Recolección de información, 4) Análisis de Resultados y 5) Propuesta de
Intervención. Mismas que se detallarán a continuación.
La fase de armado de la Ficha Técnica se dividió a su vez en dos etapas, teniendo
como primer punto la visita y el recorrido por la colonia, esto con el fin de conocer
el medio y realizar un acercamiento previo a la misma antes de la Recolección de
Información; el segundo punto de esta fase fue la consulta de bases de datos
especializadas, para lo cual se acudió al INEGI a solicitar la información
pertinente. La información completa se encuentra en el apartado denominado
Anexos (Anexo 1) del presente documento.
Posterior al armado de la Ficha Técnica, se realizó un instrumento en forma
colectiva, en conjunción con compañeros de la Unidad de Aprendizaje; dicha
experiencia dio pie a la realización de los 10 ítems a calificar (relevantes a la
información colectiva), además de otros 5 ítems extra que tenían como fin la
recolección de información personal (como lo son el sexo y la edad) (Anexo 2).
Se realizaron un total de 14 encuestas (equivalentes al 31.11% de la población a
analizar) como parte de la fase 3, sin embargo, durante el proceso de recolección
de datos, dos habitantes de la colonia negaron el contestar la encuesta, dejando la
cantidad de información analizada en 12 (equivalentes al 26.6% de la población).
El análisis de resultados se llevó a cabo tomando en cuenta dos textos de la
autora venezolana Maritza Montero, tras el cual, previa discusión, se proponen
posibles intervenciones (Anexo 3).

1005

�RESULTADOS
Luego de la aplicación de las encuestas, se procedió a vaciar los resultados,
teniendo como resultado lo siguiente:
La relación entre hombres y mujeres es de 67% para las damas y 33% para los
varones; la relación de las edades, por su parte, se establece desde los 17 a los
59 años, teniendo como media de edad 24.8 años; un 67% ha estudiado o estudia
actualmente la Licenciatura, un 25% la Preparatoria y un 8% una Carrera Técnica;
un 83% describe la Colonia como “tranquila”, mientras que el 17% restante la
denomina “insegura”; además, al ser cuestionados de si recibían ayuda para sus
estudios o sus actividades profesionales o diarias, un 75% respondió que no,
contra un 25% que afirmó recibirla; en cuanto a los programas sociales que el
Gobierno (Federal, Estatal o Municipal) realizara, un 67% detalló que no se llevaba
a cabo ningún programa, un 8% respondió que algunas veces sucedía y un 25%
no supo o no contestó; además, al ser solicitadas propuestas de cambios
colectivos, un 34% dijo que no cambiaría nada de la colonia, un 25% que
cambiaría los servicios públicos, así como otro 25% que mencionó la seguridad,
además, un 8% sugirió la limpieza a lo que otro 8% aludió directamente a la
privatización total de la Colonia (Anexo 4).
Además de estos resultados, se dieron otros en los cuales el 100% de los
encuestados dio la misma respuesta o una similar; dichos resultados son:
1) Que esperan más ayudas del Gobierno Municipal, 2) que la Colonia tiene bien
cubiertas sus necesidades básicas, 3) que las relaciones entre los vecinos son
buenas, 4) que en ocasiones especiales se organizan fiestas comunales a manera
de integración vecinal, 5) que existe un ambiente de amistad entre los vecinos, 6)
que las áreas de oportunidad de la Colonia son la limpieza y seguridad y, por
último, 7) que la propuesta que ya se hizo formalmente ante los vecinos es,
precisamente, la de privatizar el sector.

1006

�ANÁLISIS
De inicio, según Montero (2004), una Comunidad es un “grupo de individuos en
constante transformación y evolución, que en su interrelación generan
pertenencia, identidad social y conciencia de sí como comunidad; lo cual los
fortalece como unidad y potencialidad social. Este grupo social y dinámico
comparte problemas, intereses en un tiempo y espacio determinado, haciendo
realidad y vida cotidiana”. Por lo que a primera vista se puede deducir que la
Colonia San Cristóbal es una comunidad debido a que es un grupo de seres
humanos que tienen ciertas características en común, entre ellas destacando,
además del idioma y la ubicación geográfica, claro está, las áreas de oportunidad
como Colonia, las relaciones socioafectivas que de ella emanan y el interés de
llevar a cabo los movimientos legales necesarios para lograr la plena autonomía
de sus propiedades.
Además, según Sarason (1974, cit. En Montero, 2004), el sentido de comunidad
es como la percepción de similitud con otros, es el sentimiento de formar parte de
una estructura mayor. Contrastando esta definición con la información recabada,
se puede decir que los habitantes se sienten parte de un todo y muestran unidad.
McMillan y Chavis (1996 &amp; 1990, cit. En Montero, 2004), por su parte agregan que
este sentido de comunidad es el sentimiento de que los miembros importan los
unos a los otros y al grupo; y una fe compartida de que las necesidades de los
miembros serán atendidas mediante su compromiso de estar juntos. Lo cual
refuerza la idea de que la Colonia San Cristóbal sea una comunidad tal y como se
le describe de manera teórica
Sin embargo, si nos adentramos a las consideraciones más profundas del sentido
de comunidad, encontraremos algunos pequeños huecos dentro del proceso
comunitario, como lo es la calidad y duración del liderazgo interno.
Se pudo constatar que 83% de la muestra (10 de 12 personas) considera como
lideresa a una mujer de edad mayor referida para fines de investigación como
1007

�Doña María (nombre ficticio), la cual mueve los papeles legales y hace los
consensos para la toma de decisiones de la comunidad. Lo que quiere decir que
el líder de esa comunidad es plenamente administrativo, es decir, no cumple en
sentido amplio las obligaciones que un líder comunitario debería ejercer, como lo
es el mantener motivados a los demás miembros de la comunidad, cosa que se
vio reflejada en el escaso seguimiento de las propuestas posteriores a la negativa
del Gobierno Municipal de privatizar la Colonia.
Además, los habitantes coincidieron en que hay problemas de delincuencia,
especialmente robo a casas habitación; se detalló también que tres vecinos
habían sido asaltados en los últimos tres meses. Se mencionó que hay espacios
con falta de pavimentación y se encontró un espacio que falto de mantenimiento
(lote baldío).
El ambiente de la Colonia San Cristóbal, según se describió y observó, es
apacible, tranquilo, aún a pesar de los problemas de inseguridad, y con una
comunicación óptima entre los habitantes, esto da como resultado que tengan
lazos fuertes y cordiales entre ellos.
Posteriormente,

se

observaron

los

denominados

Procesos

Psicosociales

Comunitarios, es decir, fenómenos, positivos o negativos, inherentes a la
comunidad, de entre los que destacan: La negación a la habituación del robo; es
decir, como Montero (2004) menciona, los hábitos son modos de enfrentar la vida
cotidiana, algunos de los cuales son considerados como la manera natural de ser
y de hacer en el mundo, como si fuesen parte de la esencia de las cosas. Se
puede notar mediante las acciones de la comunidad tomadas para la privatización
y mejora de la seguridad de la comunidad, que se negaron a llevar a cabo la
habituación con los robos a los diferentes domicilios donde ocurrieron, esto
teniendo efectos positivos en los vecinos, ya que, si no hay habituación, se
buscará siempre la mejora de las condiciones problemáticas.

1008

�Existe también un fenómeno complementario a la negativa de habituarse,
denominado problematización, es decir, el dar a conocer a la comunidad las
problemáticas que están sucediendo; como comenta Paulo Freire (1970, cit. En
Montero, 2004), la problematización consiste en el proceso de analizar
críticamente el ser en el mundo “en el que y con el que” se está, de esta forma
mediante las juntas vecinales, ya sea con el motivo pleno de llevar a cabo
acuerdos o circunstanciales en juntas casuales, la comunidad misma lleva a cabo
la crítica de forma activa, cuestionando directamente e incluso desvalorizando la
seguridad pública. Mediante dicha crítica se genera un conocimiento popular de
las áreas de oportunidad que se tienen dentro de la Colonia. Al problematizar el
carácter esencial y natural adjudicado a ciertos hechos o relaciones, se revelan
sus contradicciones, y este hecho ayuda a preparar a la comunidad para la
concientización y desideologización, primer avance hacia el cambio y siguiente
paso en la lucha por la plena autonomía comunitaria.
Según, Barreiro (1974, cit. En Montero, 2004), la concientización es la adquisición
de conciencia de sí como persona en una sociedad con la cual está comprometida
porque en ella interactúa; es conciencia del carácter dinámico de las relaciones
que se tiene con el mundo y es también conciencia de la propia capacidad crítica
ante ellas y de la situación negativa en que se vive. Esto busca estimular el rol
activo del individuo dentro de la comunidad, haciendo saber su compromiso dentro
de ella para que las áreas de oportunidad puedan desarrollarse de forma óptima.
Esto a su vez fomenta la postura crítica de los demás miembros en forma de
diálogo; la forma en que estos factores se combinan lleva a la desideologización,
estimulando la salida de las áreas de confort y el deseo de cambio.
Luego, el proceso de conversión marca el paso de una creencia considerada
como falsa a una verdad presumida, y un cambio de conducta, como estipula
Doise (1987, cit. En Montero, 2004), en este caso se puede observar cómo la
comunidad realizó las diversas etapas para llegar al proceso de conversión, sin
embargo la situación ante la negativa de las autoridades fue disminuyendo la
1009

�posibilidad del cambio, aunque se debe hacer énfasis en cómo la organización de
los individuos para llegar a ser una comunidad los fortaleció como grupo. Las
redes sociales se expandieron y mejoraron entre los mismos habitantes y entre las
localidades, destacando entre tales los acuerdos de limpieza con la tienda de
conveniencia ‘’Seven Eleven’’, que se detallará un poco más en unos momentos.
Enseguida, el juego dialéctico entre presión social, conversión y concientización,
explicado por Montero (2004) haciendo énfasis en el comentario de que “no se
debe olvidar que así como la comunidad organizada puede ser una fuente de
influencia transformadora, la situación social tiene varios mecanismos de defensa,
algunos capaces de fagocitar las reformas o los cambios propuestos por las
minorías, aceptándolos y a la vez desvirtuándolos y adaptándolos a sus propios
intereses, a fin de que no ocurran los cambios deseados por las comunidades”,
dando así una respuesta más ante la falta de avance en la cuestión de la
conversión, donde intereses individuales se pueden llegar a anteponer a los de la
comunidad y afectar los procesos, sin olvidar el miedo al cambio y la zona de
confort que suele estar siempre presente como mecanismo de defensa a nivel
individual y grupal.
Para cerrar este análisis, se procederá a considerar el impacto de las redes
comunitarias. Se puede confirmar que existe una red social, dado que cumplen
con las características propuestas por Montero (2006), de relaciones entre
actores, sean instituciones o personas, que se abren a otras organizaciones o
personas con las cuales entran en comunicación con fines de utilidad en general,
los cuales se traducen en producción de bienes y servicios teniendo como
beneficiarios a poblaciones de diversos tipos. Por ejemplo, en las relaciones que
llevan con los gerentes de la sucursal filial ‘’Seven Eleven’’, con quienes
periódicamente

renuevan

acuerdos para

perteneciente a la cuadra del recinto comercial.

1010

la

limpieza

del terreno

baldío

�CONCLUSIONES
En aspectos generales, se puede observar que la lucha por la autonomía de estas
personas por su comunidad es, si bien joven, desarrollada de manera óptima,
presentando oportunidades óptimas no solo de conseguirla, sino también de
mantenerla si se da un buen manejo del liderazgo comunitario y organización
horizontal dentro de la misma. La privatización de la colonia se vio detenida al
igual que la demanda de responsabilidad por parte de la constructora sobre el
terreno que debió de concluir en plaza pública, por falta de recursos y el desánimo
colectivo formado ante la falta de respuesta óptima por parte de las autoridades
locales.
Sin embargo, entre los aspectos positivos destacan la implementación de un
nuevo sistema de liderazgo que recién se formó luego de la intervención, este con
miras a formar un comité vecinal en lugar de delegar toda la responsabilidad a la
actual lideresa, mismo que podría en algún tiempo renovar los ánimos por la
naciente lucha.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Montero M. (1987). Psicología política latinoamericana. Venezuela: Grijalbo
Montero M. (2004). Introducción a la Psicología comunitaria. Venezuela: Paidós.
Montero M. (2006). Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre
comunidad y sociedad. Venezuela: Paidós.

1011

�ANEXOS
ANEXO 1.- Ficha Técnica
Mapeo y delimitación geográfica

Colinda al norte con la empresa DuPont, al sur con la Avenida Casa Blanca y al
oeste con la Colonia Fresnos del Lago (2º y 3er sector).
Historia de la colonia
La colonia fue fundada en los años 90’s, como una pequeña colonia de 10 casas,
a pesar de haber hablado con diferentes vecinos de la comunidad no se logró
saber a detalle cómo fue la forma en que se fue integrando la Colonia a lo que es
ahora.
Vías de comunicación e información
No cuentan con teléfonos públicos, tienen acceso a internet en forma de servicio
paga al igual que el teléfono y la televisión. Cerca de ahí circulan 16 rutas de
transporte urbano; destacando la Ruta 15 “Casa Blanca” y la Ruta 122 “Estancia”,
1012

�que pasan por la Avenida Casa Blanca; las otras 14 rutas circulan por la Avenida
Miguel Alemán, a tres cuadras de distancia de los límites de la Colonia.

Población
Total: 45
Empleada Activa: 21 (13 mujeres, 8 hombres)
Servicios
La colonia con servicio de luz, electricidad, agua potable y drenaje, además de gas
natural, no cuenta con ninguna institución DIF, CreeSer, InJuve, etc., en o cerca
de la comunidad.
Líderes Comunitarios
Al parecer no hay un líder que organice eventos o acciones en conjunto por parte
de la comunidad, comentan que cuando hay alguna problemática que le concierna
a todos se lleva a cabo un censo informal para llegar a una solución, un ejemplo
es la hierba alta en el terreno baldío de al lado de la cuadra de las casas, donde
se cortó entre todos para evitar accidentes con los niños de la comunidad. Luego
de los incidentes, se nombró a Doña María como lideresa, pero su figura es
meramente administrativa.

1013

�ANEXO 2.- Instrumento de recolección de datos
Sexo
Edad
Escolaridad
Ocupación
Folio

Observaciones

Instrucción: lee atentamente las siguientes preguntas y contesta sinceramente, tus
respuestas serán confidenciales.
1.- Define en una palabra tu comunidad
R=

1014

�2.- ¿Recibes alguna clase de ayuda para tus estudios u ocupación?
R=

3.- ¿El gobierno ha implementado algún programa social en tu colonia?
R=

4.- Si pudieras cambiar algo del ambiente de tu comunidad, ¿qué cambiarías?
R=

5.- ¿Consideras que la comunidad tiene cubiertas las necesidades básicas?
R=

6.- Menciona 3 iniciativas para la mejora de tu comunidad
R=

7.- ¿Cómo son las relaciones entre los vecinos de tu colonia?
R=

8.- ¿Han realizado u organizado los integrantes de la colonia algún tipo de club,
actividad

o

evento?,

¿cómo

se

organizan?

R=

9.- Menciona dos aspectos fuertes y dos áreas de oportunidad de tu comunidad
R=

10.- ¿Han presentado alguna iniciativa propia o ajena para la mejora de la
comunidad?

R=

1015

�ANEXO 3.- Propuesta
Nombre: #PosDenuncio
Objetivo: Lograr que la constructora se responsabilice por el terreno baldío, exigir
más vigilancia pública a las autoridades y hacerlo viral en redes sociales con el fin
de incitar a más personas a denunciar malos tratos.
Descripción: Se presentará una denuncia a la constructora por deslindarse de la
responsabilidad de la construcción de la plaza pública de la colonia. Se presentará
una denuncia a las autoridades municipales para que se encuentre de forma
constante vigilancia de autoridades competentes en la colonia San Cristóbal.
Posteriormente a

las denuncias,

estas se

harán públicas en

internet,

considerándolo como una herramienta indispensable en estos tiempos.
Metodología: La denuncia se hará a través del Ministerio Público, luego se
publicará en redes sociales con la etiqueta #PosDenuncio, invitando a más
personas y comunidades a denunciar las irregularidades de sus colonias.

1016

�ANEXO 4.- Gráficas (se excluyeron aquellos resultados que arrojaron un
resultado de 100%, mismos que se mencionan en el texto)

Sexo
M

H

33%

67%

Educación

25%
Licenciatura
Carrera Técnica

8%

Preparatoria

67%

1017

�¿Recibes ayuda?

25%
Sí
No

75%

Percepción de la Colonia

17%

Tranquila
Insegura

83%

1018

�Programas de Gobierno

8%
25%
Algunas veces
No
No sé

67%

Cambios

8%

8%
Privatizar

25%

Seguridad
Servicios Públicos

34%

Nada
Limpieza

25%

1019

�BREVE ESTUDIO DEL ESPACIO FÍSICO EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA
SOCIAL UNIFAMILIAR MÍNIMA EN MÉXICO.
Jorge Leal Iga3
Raúl Eduardo López Estrada4

RESUMEN
Algunos factores relacionados con la demografía, la escasez de recursos
económicos, y el elevado costo de la tierra; entre otras cosas, han forzado a la
creación de espacios cada vez más reducidos en la construcción de vivienda
social mínima en la República Mexicana. Ante esa situación, resulta
imprescindible analizar el espacio físico al que las familias se ven obligadas a
adecuarse, dado su limitado alcance económico y su inaplazable situación de
un lugar en donde guarecerse; se encuentren o no adscritos al padrón del
empleo formal en México.
En el presente trabajo se analiza el espacio físico que las familias en cuestión
tienen que vivir, con el objetivo de lograr un mejor entendimiento de los
espacios efectivos que enfrentan diariamente; y con ello, sensibilizar el espacio
habitacional que se vive en la vivienda social unifamiliar mínima en México.

Palabras clave: Espacio mínimo, Vivienda social, Vivienda de interés social,
Sensibilidad del espacio.

3

Facultad de Trabajo Social
jleal.geo@yahoo.com
4
Facultad de Trabajo Social
raul.lopezes@uanl.edu.mx

y

Desarrollo

Humano

(FTSyDH),

U.A.N.L.

correo

electrónico:

y

Desarrollo

Humano

(FTSyDH),

U.A.N.L.

correo

electrónico:

1020

�INTRODUCCIÓN
A partir del año 1980, la estructura urbana de la República Mexicana ha sufrido
importantes transformaciones a causa del crecimiento demográfico de sus
ciudades, en contraste con las zonas consideradas como metropolitanas; dado el
caso de Monterrey, en las que la expansión urbana no ha ido en concordancia con
su mayor incremento demográfico (Cruz, 2000) provocando la escasez de tierra
para la edificación de vivienda social en la capital de Nuevo León.
Una debilidad evidente de los esquemas de subsidios en vivienda se relaciona con
la determinación del mercado para el diseño y calidad de las mismas, cuando la
presión por bajar los costos ha llevado a los desarrolladores de vivienda a la
elección de terrenos ubicados extremadamente hacia la periferia, generando
condiciones habitacionales insuficientes (UN-Hábitat, 2012).
Ante la limitación del poder económico necesario de los beneficiarios para la
adquisición de una vivienda social, en el Programa Nacional de Vivienda se ha
declarado en su momento la necesidad de involucrar: a la producción social, a la
autoproducción y a la autoconstrucción de vivienda; como mecanismos para la
solución habitacional de la población urbana en situación de alta marginación
social (Comisión Nacional de Vivienda [CONAVI], 2008).
Los problemas mencionados de: incremento demográfico, alto costo de la tierra
para la edificación de vivienda y el limitado poder económico del beneficiario de
vivienda, han creado las condiciones necesarias para inhibir el acceso a la
vivienda para la población que se encuentra en alta marginación social y por lo
tanto en situación vulnerable.
A pesar de ello, los derechos de primera generación para el ciudadano mexicano
entendidos como "derechos civiles y políticos" mencionados por Martínez BulléGoyri (1991) dentro de las garantías individuales en la Constitución Mexicana para
el derecho a la vivienda digna, la establecen como el patrimonio de la familia con

1021

�carácter de inalienable5 e inviolable (Martínez Bullé-Goyri, 1991), identificándola
así como un elemento necesario que requiere todo ciudadano mexicano para vivir
y en ella procurar la protección de su familia.
La Oficina de Coordinación Regional para América Latina denominada Hábitat
International Coalition [HIC] (2013), define a la vivienda como el ámbito físicoespacial que presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones
vitales básicas (HIC, 2013), con lo que reconoce la importancia que representa el
espacio físico de la vivienda en la realización de las funciones vitales básicas de
sus ocupantes.
En México, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares [FONHAPO], es una
entidad sectorizada de la Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL], que financia
programas de vivienda popular con recursos del Gobierno Federal (Fondo
Nacional de Habitaciones Populares [FONHAPO], 2010).
El programa denominado Vivienda Digna está a cargo del Fondo Nacional de
Habitaciones Populares [FONHAPO], programa para el cual el Gobierno Federal
en México aporta los recursos financieros, siendo la instancia normativa para
dicho programa el propio Fondo Nacional de Habitaciones Populares [FONHAPO],
con el respaldo auxiliar conformado por las delegaciones de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano [SEDATU] en las correspondientes
entidades federativas de la República Mexicana (Fondo Nacional de Habitaciones
Populares [FONHAPO], 2013).
Las reglas para la operación del programa Vivienda Digna fueron decretadas y
puestas en función a partir del día 28 de Febrero del 2013, específicamente para
incluir entre sus beneficiarios a los hogares mexicanos que se encuentran por
debajo de la línea de bienestar en el país; que según el glosario de dicho acuerdo
de operación, esa línea de bienestar está representada por el valor monetario de

5

Inalienable: 1. adj. Que no se puede enajenar. Fuente: Real Academia de la Lengua Española. Entiéndase.no transmitir su dominio o propiedad a cualquier otra persona

1022

�una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos (Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano [SEDATU], 2013)
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL]
(2011), establece como pobres multidimensionales a la población en México que
percibe un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos
una carencia social (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social [CONEVAL], 2011), como lo es la posesión de una vivienda.
Las reglas de operación del programa Vivienda Digna, establecen la prioridad en
la atención del mismo a los beneficiarios que se encuentren dentro de los
municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre y los grupos
vulnerables, tales como; los que registren mayor pobreza, dependientes
económicos con discapacidad, madres solteras, jefes de familia adultos mayores y
hogares con integrantes de hasta 14 años de edad (Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano [SEDATU], 2013).
Queda demostrado que el programa Vivienda Digna está dirigido a los ciudadanos
mexicanos con mayores carencias tanto en ingreso como en vivienda. A
continuación se desarrolla una visión en el enfoque del espacio interno de las
Acciones de Vivienda para el beneficiario del programa Vivienda Digna, entendido
como uno de los desarrollos de vivienda unifamiliar más pequeños en espacio que
se construyen en México para ciudadanos que por su condición social y
económica, no alcanzan el derecho de un crédito de vivienda de interés social.
Se ofrece una visión espacial del interior de una vivienda propuesta cumpliendo
los requisitos que determina el programa Vivienda Digna, con el objetivo de
analizar las características del espacio en relación a los posibles beneficiarios que
la ocuparán.
Se busca con ello sensibilizar el espacio para las actividades vitales mínimas que
requieren los miembros de familia que la pudieran habitar, y sus posibilidades para
ofrecer privacidad a los moradores.
1023

�El tipo de vivienda social para los más pobres
El Gobierno Federal en México identifica como una Acción de Vivienda, a toda
actividad que ejecuta con incidencia en la vivienda y que comprende desde el
mejoramiento de la misma hasta la edificación de una unidad de vivienda completa
(Comisión Nacional de Vivienda [CONAVI], 2013).
Por medio del programa Vivienda Digna, el Fondo Nacional de Habitaciones
Populares [FONHAPO] ejecuta Acciones de Vivienda que comprenden la
edificación de una vivienda completa con el nombre de Unidad Básica de Vivienda
[UBV]. Dicha vivienda se desarrolla en un área mínima de construcción en zona
urbana de 25m2; tiene una altura mínima interior de 2.40m; y cuenta con un
volumen mínimo total de 60m3. Se compone al menos de: un cuarto habitable de
usos múltiples, una cocina, un cuarto de baño con regadera, escusado y lavabo
dentro o fuera de él. Está construida con materiales que garanticen una vida útil de
30 años como mínimo (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
[SEDATU], 2013; Fondo Nacional de Habitaciones Populares [FONHAPO], 2010).
En la gráfica No.1, se presenta una representación a escala en planta del posible
diseño de una Unidad Básica de Vivienda [UBV].

1024

�Gráfica No.1: Planta arquitectónica típica (propuesta) de Unidad Básica de
Vivienda [UBV]

Fuente: elaboración propia
El apoyo que ofrece el dibujo en planta de la UBV, permite percibir lo pequeño de
los espacios en todas las partes que componen su diseño, tal es el caso de la
cocineta, donde es evidente que solo hay oportunidad de instalar una parrilla o
pequeña estufa con capacidad de cuatro hornillas, mientras que no quedan bien
definidos los lugares que identifican al dormitorio, sala de estar y comedor.
Análisis del espacio interior de la UBV
Para intentar una mejor sensación del espacio físico, la Gráfica No.2 ofrece una
vista a escala del interior de la vivienda sin la cocineta y el baño, pero con las
dimensiones y volumen mínimo especificado en el programa Vivienda Digna para
la UBV.

1025

�Gráfica No.2: Vista interior a escala de una posible Unidad Básica de
Vivienda [UBV]

Fuente: elaboración propia
Con las cotas interiores y los acabados representados en las texturas, se puede
apreciar el nivel mínimo tanto de espacio interior como la necesidad de mínima
inversión económica que haga posible la Acción de Vivienda de manera
subsidiada por el Gobierno Federal establecida para el programa Vivienda Digna.
Aunque el programa implica la necesidad de un mínimo espacio, el interior útil de
la

vivienda

se

ve

reducido

en

cuanto

son

aplicados

los

volúmenes

correspondientes de baño y cocineta, para dejar a la vista el área asignada al
cuarto de usos múltiples.
En la Gráfica No.3, encontramos una representación del interior que ofrece una
apreciación del espacio interior y las dimensiones resultantes en el diseño.

1026

�Gráfica No.3: Vista interior a escala de una posible UBV, con baño y cocineta

Fuente: elaboración propia

El cuarto de baño ubicado al fondo, contiene las dimensiones mínimas necesarias
para sus aparatos, y la cocineta aparece "arrinconada" pero no ofrece la
posibilidad de apreciar claramente su funcionalidad dado que se requiere del
amueblado correspondiente al interior, con el cual el espacio físico hábil será más
evidente.
La Gráfica No.4 ofrece una vista del interior integrando los elementos presentes,
más una propuesta de amueblado en el cuarto de usos múltiples, con lo que
puede ser apreciado el espacio funcional en el interior de la vivienda.

1027

�Gráfica No.4: Vista interior a escala de una posible UBV, con amueblado
propuesto

Fuente: elaboración propia
La escala en la vista interior permite observar lo estrecho de los espacios cuando
son incluidos los muebles posibles que pueden ser usados por los integrantes de
familia de la vivienda. Puntualmente, es necesario el uso de camas individuales en
arreglo estilo litera para el espacio que será utilizado como dormitorio, sin que
quede lugar para instalar una ropería o closet; un solo sillón comprendería el
mobiliario para la sala; una mesa de cuatro sillas en el comedor, dejaría un
angosto pasillo de 50 centímetros para la persona que cocine; en la cocineta la
única posibilidad de instalar una despensa sería sobre el fregadero; y no habría
lugar alguno para acomodar un refrigerador, a menos que éste se colocara entre
el sillón de la sala y las literas.
La inserción de los posibles muebles en el interior de la vivienda denominada
como UBV proveniente del programa Vivienda Digna, deja en claro que el espacio
1028

�útil se limita a dimensiones que resultan extremadamente estrechas para
considerarse como espacio habitable.
Adicionalmente a los elementos expuestos, el análisis visual presentado del
espacio interior a escala requiere de insertar a las personas que lo utilizarán, para
poder percibir al menos visualmente lo que ellos tendrían que vivir de manera
física. Apoyándose en el promedio de 3.93 habitantes por vivienda en México del
año 2010 según el registro del "Censo de población y vivienda: viviendas
ocupadas" (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2010), es posible
proponer una familia de cuatro miembros (padre, madre y dos hijos) como los
usuarios del espacio interior de la UBV.
En la Gráfica No.5, se presenta una vista interior que incluye a los posibles
miembros que conformarían la familia ocupante de la UBV.
Gráfica No.5: Vista interior a escala de una posible UBV, con miembros de
familia habitante

Fuente: elaboración propia
1029

�En la Gráfica No.5 es posible apreciar el espacio libre que deja el mobiliario, que
sería el único disponible para el movimiento de los cuatro ocupantes de la casa. El
problema más fuerte es que ese mismo espacio es el que se encuentra designado
para los accesos de la calle al patio de servicio y viceversa.

En la Gráfica No.6 se presenta la posición y escala que guardan los accesos
dentro de la vivienda.
Gráfica No.6: Vista interior a escala de una posible UBV, con habitantes y
accesos.

Fuente: elaboración propia
Los elementos que aparecen en línea punteada representan el marco de la puerta
principal y la ventana que habría en el muro del paramento en el acceso principal.
El abatimiento de la puerta permite ver con claridad la imposibilidad de los

1030

�miembros de familia de utilizar tanto el sillón de la sala, como el pequeño pasillo
que se forma en la entrada principal de la vivienda.
Por su parte, la puerta de salida al patio instalada al final de la cocineta tendría
que ser abierta hacia el pasillo exterior, dado que ya no hay espacio suficiente
hacia el interior para abrirla. Del mismo modo, el pasillo que queda entre la última
silla del comedor que da hacia la cocineta, deja solamente 50 centímetros libres
para pasar desde la sala hacia el patio, lo cual resulta extremadamente estrecho
para labores como salir a lavar (si existiera lavadora, ésta tendría que estar al aire
libre en el patio) o colgar ropa, así como sacar la basura.

En la Gráfica No.7 se presenta una vista general del exterior de la UBV, con los
elementos simples de la fachada.
Gráfica No.7: Vista exterior a escala de una posible UBV.

Fuente: elaboración propia
1031

�La vista general del exterior de la UBV en la Gráfica No.7, permite observar
mediante los detalles que se alcanzan apreciar en el interior, la extrema estrechez
que viven sus probables ocupantes en el interior.

Los problemas del espacio interno de la vivienda social en el ser humano
Los detalles percibidos visualmente constatan los problemas de espacio que viven
los moradores en una UBV. En cuanto a los problemas que surgen a
consecuencia de dicha estrechez, Hall (1996) destaca en su teoría de proximidad
los diferentes tipos de distancia que se requieren para la interacción entre los
seres humanos, así como las dificultades que de ello pudieran surgir.
Hall (1996) define cuatro tipos de distancia a los cuales denomina como: distancia
íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública. En la distancia
íntima cercana; que existe cuando hay entre las personas un promedio de 30
centímetros, el sentido del olfato y la vista sufren de distorsión (Hall, 1996:117).
A causa de los espacios internos de la UBV sobre todo en el uso del mobiliario, la
distancia intima cercana puede ocurrir tanto al usar el dormitorio como la sala; es
posible suponer soportados en la teoría de Hall (1996), que durante el uso de
dichos sitios dentro de la casa los habitantes experimenten distorsión en sus
sentidos del olfato y la vista al interactuar entre sí.
Para Hall (1996), la fase de distancia personal consiste en no tener contacto de
unos a otros y se identifica como la "burbuja" que nos separa de manera personal
de los demás. Asimismo en la fase de la distancia social, las conversaciones que
se efectúan entre las personas pueden ser escuchadas hasta una distancia de
seis metros (Hall, 1996:119 y 121).
Analizando el espacio que se forma entre las dos distancias mencionadas —
distancia personal y distancia social— es posible asegurar que los habitantes de la
vivienda no tienen la posibilidad de experimentar privacidad, desde la perspectiva
1032

�de que no pueden elegir evitar el contacto con los demás dentro de la casa, para
ejercer su distancia personal; ubicándose dentro de la "burbuja" que los aísle de
manera personal con los demás, así como tampoco pueden ejercer su distancia
social, dado que la distancia mínima requerida para que sus conversaciones no
sean escuchadas es de seis metros lineales, mientras que la distancia máxima de
la vivienda total es solamente de cinco metros lineales.

CONCLUSIONES
A pesar de las dificultades provenientes del incremento demográfico, el alto costo
de la tierra para la edificación de vivienda social y el limitado poder económico de
los ciudadanos menos favorecidos socioeconómicamente en México, los derechos
civiles y políticos enmarcados en la Constitución Mexicana para el derecho a la
vivienda digna, la establecen como el patrimonio de la familia identificado como
elemento necesario para que todo ciudadano pueda vivir y procurar la protección
de su familia.
La definición de vivienda según la Oficina de Coordinación Regional para América
Latina denominada Hábitat International Coalition [HIC] en el ámbito físicoespacial, la establece como la prestadora del servicio para que las personas
desarrollen sus funciones vitales básicas.
Una de las expresiones mínimas provenientes de la política de vivienda social en
México denominada Unidad Básica de Vivienda [UBV], se ejecuta como vivienda
unifamiliar completa en un área de 25 m2 para las familias menos favorecidas
socioeconómicamente.
Al ser analizado el espacio de las UBV, se ha concluido que con base a la revisión
visual a escala así como el estudiado en apego a la teoría de las distancias
propuesta por Hall (1996); que las familias compuestas por cuatro miembros
experimentan inoperancia en la capacidad del espacio para contener todos los
1033

�elementos que requiere el equipamiento interno, así como la disfuncionalidad en
las actividades de estar, cocinar, pernoctar y tomar alimentos, dada la estrechez
de los espacios interiores.
En relación al análisis del estudio de las distancias propuesta por Hall (1996), se
determina que los usuarios ocupantes de la vivienda UBV, experimentan distorsión
en sus sentidos de olfato y vista cuando ejercen una distancia intima cercana, así
como que la vivienda prohíbe la adecuada privacidad al no permitirles a sus
ocupantes aislarse del resto de los ocupantes de la misma; y tampoco tener dentro
de la vivienda la mínima distancia de seis metros lineales que les permita a los
ocupantes el realizar conversaciones privadas.
El resultado del análisis de la teoría de Hall (1996), permite asegurar que los
habitantes de la UBV no tienen la oportunidad de ejercer la distancia mínima que
les permita la correcta percepción de sus sentidos de olfato y vista, ni la distancia
mínima que les permita la adecuada privacidad dentro de la vivienda.
Con éste análisis se concluye que el espacio interno de la UBV no le permite a las
familias beneficiarias de las mismas, la realización de las funciones vitales básicas
de habitabilidad que especifica La Oficina de Coordinación Regional para América
Latina denominada Hábitat International Coalition [HIC] (2013).
Se recomienda un replanteamiento en el mínimo del espacio para UBV en zona
urbana (25m2 actualmente), para aumentarlo de manera suficiente con el fin de
que se cumpla el mínimo necesario para efectos de: cupo suficiente y funcional de
equipamiento y accesos internos en la vivienda; espacio mínimo en distancia
intima entre miembros de familia ocupantes que permitan el buen desempeño de
los sentidos; y el espacio mínimo que permita la privacidad interna entre los
miembros de familia adentro de la vivienda.

1034

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1037

�LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO DE UNA
LOCALIDAD
Rosalía Geronis Monterrubio6
María Eugenia Lobo Hinojosa7
RESUMEN
En este trabajo se describe el diseño e implementación de un proyecto social
planteado a partir de una metodología de intervención social y en donde la
participación comunitaria es la base para tener una visión más cercana a la
realidad, el entendimiento de la dinámica social prevaleciente y soluciones
basadas en los recursos e intereses de la comunidad.
Se desarrolla en la localidad de Higueras con la finalidad de detonar iniciativas y
acciones que resultaran en la creación de fuentes de empleo, la activación de la
economía, y otros factores de desarrollo para sus habitantes. Para el
planteamiento y desarrollo del proyecto se tomaron como referencia las
metodologías: Modelo de Acción Comunitaria, Marco Lógico y el proceso de ayuda
del Método Generalista con un enfoque participativo.

El proyecto contempla una primera fase de diagnóstico donde se consultan
fuentes primarias y secundarias para el conocimiento del contexto social. La
información que se generó se validó con los miembros de la comunidad a partir de
estrategias expositivas y de impacto visual, en donde se logró una interacción
directa y se obtuvieron datos importantes para la retroalimentación del diagnóstico
y la planeación de proyecto.

6
7

FTSyDH, Universidad Autónoma de Nuevo León.
FTSyDH, Universidad Autónoma de Nuevo León.

1038

�Como resultado se generaron 15 propuestas para el desarrollo de la localidad
relacionados con desarrollos turísticos, mejoramiento de elementos ambientales
de la zona y educación ambiental.
La documentación de propuestas se entregaron a los propios miembros de la
comunidad, quienes los priorizaron y evaluaron su factibilidad, además buscaron
financiamiento para su ejecución logrando la creación del primer Centro
Interpretativo y de Educación Ambiental Sustentable (IDEAS) ubicado en la
Laguna de Higueras N.L.

En conclusión, el desarrollo del proyecto permitió observar como los miembros de
la comunidad son capaces de gestar y promover su propio desarrollo a partir de un
proyecto social que toma como eje rector la participación comunitaria y los
beneficios que esto tiene en impacto y sustentabilidad en el tiempo.

Palabras clave: Intervención social, Desarrollo comunitario, Auto desarrollo local.

INTRODUCCIÓN

Uno de los propósitos de la intervención social es incidir en el desarrollo
comunitario de una localidad, sin embargo este objetivo no parece fácil de lograrse
para algunos actores sociales, porque los resultados arrojan evidencia de que los
esfuerzos y la inversión realizada es más alta que las metas alcanzadas, o incluso
que los logros se diluyen en el tiempo y que se vuelve al punto inicial en un tiempo
determinado.

Los resultados de una intervención orientada al desarrollo comunitario son
observables a largo plazo y su éxito depende de muchos elementos, pero el
principal es el nivel de participación de la comunidad. Sin embargo, para algunas
instituciones y/o personas parece tomar poca relevancia este elemento, ya que la
1039

�comunidad asume un papel pasivo en donde solamente es asistente o receptora
del servicio y, en el mejor de los casos, se toma en cuenta a nivel de opinión sobre
la implementación de un programa al momento de su conclusión.

La anterior aseveración se basa en la experiencia en la coordinación e
implementación de proyectos sociales, en donde se ha tenido la oportunidad de
conocer, observar y analizar áreas de oportunidad por parte diferentes actores
sociales involucrados, además de visualizar la dinámica y el contexto de
participación y los beneficios de realizar un proyecto social gestado desde los
miembros de la comunidad.

En este escrito se presenta un proyecto social para el Municipio de Higueras,
Nuevo León, cuyos ejes principales son la participación de los miembros de la
comunidad y la metodología como una profesionalización de la intervención social
guiada por un especialista en trabajo social.
El proyecto nace de la necesidad identificada por la Asociación Ecológica de la
Sierra de Picachos, A.C. (AESPAC) --formada por un grupo de ciudadanos del
propio municipio de Higueras, Nuevo León--, quienes se integraron como grupo a
raíz de la defensa de la Sierra Picachos de la intervención de terceros que tenían
la intención de devastarla, este hecho representa un daño ecológico y un atentado
contra el ícono de identidad de su municipio. La pedrera que se pretendía instalar
en la Sierra Picachos ofrecía fuentes de empleo a la comunidad, lo cual dividía la
opinión de los pobladores de si era benéfica su presencia, aún sobre los daños
ecológicos y culturales que generaba.
Esta problemática llevó a los miembros del AESPAC a reconocer que se
necesitaba desarrollar un proyecto social que detonara iniciativas y acciones que
resultaran en la creación de fuentes de empleo, la activación de la economía, y
otros factores de desarrollo para los habitantes de Higueras N.L. y, además que
esté proceso fuera guiado por un profesionista con la sensibilidad social para

1040

�atender sus demandas, las cuales se vieran reflejadas en el proyecto, es decir que
el proyecto fuera constituido con base en la participación social.

MARCO DE REFERENCIA
El desarrollo comunitario se define como el “proceso tendiente a fortalecer la
participación y organización de la población, en la búsqueda de respuestas
propias para mejorar su localidad, bajo los principios de cooperatividad, ayuda
mutua y sentido de pertenencia” (Arteaga, 2001:38). Sin embargo, de acuerdo a la
observación y conocimiento de diferentes proyectos sociales, el desarrollo
comunitario en la práctica, parece plantearse como la ayuda que algunas
organizaciones ofrecen a la comunidad en respuesta a las necesidades vistas
desde el exterior; es decir, bajo la percepción de agentes externos dejando la
participación de la comunidad solamente como “receptores del servicio”.
En una investigación del Consejo de Desarrollo Social se presentan los resultados
de un auto diagnóstico a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Uno de los
ítems aborda las funciones que más identifican las OSC, destacando: “ofrecer
servicios de forma eficiente a bajo costo y sensibilizar a la sociedad de los
problemas”. En cambio, el aspecto de menos funcionamiento, menos identificado
por la OSC es “Crear y desarrollar líderes democráticos desde la base la
sociedad”

(Consejo de Desarrollo Social, 2007). En el anterior hallazgo es

evidente que actualmente las OSC están orientadas a ofrecer servicios y en donde
la comunidad toma un papel pasivo o receptivo del servicio.
Otra problemática es la profesionalización de la intervención comunitaria, en
muchas ocasiones no es realizada por un profesional en el tema, lo cual puede
tener como consecuencia que se desarrolle fuera del marco de una metodología
que permita desarrollar un proceso guiado y se tomen en cuenta las variables
indispensables para lograr el desarrollo social. Girardo, en su estudio sobre la
profesionalización del tercer sector, declara que “Las OSC cuentan con recursos
1041

�humanos valiosos, pero con poca profesionalización en ciertas áreas y
especificidades” (Girardo, 2010:13).

En conclusión, los programas sociales que pretenden dar solución a las
problemáticas sociales son planteados de manera externa teniendo un
conocimiento “superficial” de la realidad y en donde la comunidad queda limitada a
la recepción del servicio. Aunado a esto, la falta de dirección y guía por parte de
un profesional dificulta la implementación de metodologías adecuada para el
cumplimiento de objetivos.
De acuerdo con lo anterior, es indispensable que la institución que interviene en
un proceso social, cree los escenarios necesarios para lograr la participación y el
involucramiento de la comunidad en la gestión de su propio desarrollo.
Lo anterior es la base para presentar en este documento el diseño e
implementación de un proyecto social planteado a partir de una metodología de
intervención social y en donde la participación comunitaria es la base para tener
una visión más cercana a la realidad, el entendimiento de la dinámica social
prevaleciente y soluciones basadas en los recursos e intereses de la comunidad.
-Metodología utilizada para el diseño del proyecto.
El punto de partida del proyecto fue el enfoque del desarrollo comunitario,
entendido como:
Proceso tendiente a fortalecer la participación y organización de la
población en la búsqueda de respuestas propias para el mejorar su
localidad bajo los principios de cooperatividad, ayuda mutua y
colectividad. Esta definición ubica el énfasis de la intencionalidad en
los procesos subjetivos y superestructurales, tales como el
fortalecimiento de la participación, el desarrollo de la conciencia; el
fortalecimiento de la identidad y sentido de pertenencia. (Mendoza,
2001: 38)

1042

�Así mismo, toma las bases fundamentales para prever los elementos básicos
orientados a generar oportunidades de desarrollo humano y la sustentabilidad a
través de la organización social, en donde se contempla el fortalecimiento de
capacidades para la participación hacia un ejercicio de democracia.

Bajo la anterior concepción, la intervención social se realizó utilizando las
metodologías: Modelo de Acción Comunitaria, Marco Lógico y el proceso de ayuda
del Método Generalista con un enfoque participativo. Con sus bases se generó
una forma de trabajo de acuerdo a los objetivos del proyecto social desarrollado.

La perspectiva del Modelo de Acción Comunitaria es generar efectos en la
comunidad a través de la acción comunitaria orientada a tomar conciencia de las
necesidades, la identificación de lo que se desea hacer, plan y acción. (Llena,
2009) Sus principales características son:


Conducido por personas de la comunidad.



Facilitado por un profesional.



Referido a la organización y desarrollo comunitario.



Sus principales valores son la participación, derecho y democracia.

Para lo anterior se vale de elementos metodológicos como el diagnóstico,
programación, ejecución y evaluación. Estas etapas las contempla el proceso de
ayuda del Método Generalista del Trabajo Social, entendiéndolo como la
secuencia lógica de intervenciones entre el trabajador social y el sistema cliente
que tiene como propósito fundamental considerar una necesidad, ponderar la
misma y tratar de contribuir a la solución. (Rivera, 2008)

Así que, el proceso de ayuda está dirigido a la asistencia de personas para que
obtengan un equilibrio, y logren un avance en su capacidad para desarrollar
nuevos recursos o para emplear recursos sin explorar, los cuáles reducen la

1043

�tensión y logran el manejo de los problemas (García, 1999). Las etapas que guían
este proceso son:
Fase I: Exploración, validación y planeación
Fase II: Implementación y logro de objetivos
Fase III: Terminación y evaluación

Teniendo como base el modelo y la metodología que fundamenta el planteamiento
y el desarrollo del proyecto social, se elige al Marco Lógico (MML) como la
metodología que apoye en la comprensión del problema y el contexto, además de
sentar las bases de la planeación, ya que “es una herramienta para facilitar el
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos”
(ILPES, 2005:13), además de que “contribuye eficazmente a integrar y darle
coherencia a todas las partes o involucrados en el proceso de programación y
administración de la inversión” (ILPES, 2005:10).

Son dos las etapas que contempla la MML y se desarrollan en las fases de
identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto:
• Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza
la situación existente para crear una visión de la situación deseada y
seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. (ILPES,
2005)
• “La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en
un plan operativo práctico para la ejecución (ILPES, 2005:15).

Con esta herramienta se logró analizar y definir el proyecto social, lo que
determinó que la participación comunitaria como elemento fundamental para el
conocimiento de la realidad social, el planteamiento, desarrollo de programas
sociales sustentables.

1044

�-Objetivo y proceso seguido.
El objetivo general se definió de la siguiente manera:
“Lograr la participación de los miembros de la comunidad en
el diseño de propuestas de proyectos arquitectónicos que se
generen a partir de metodologías de intervención social, con
el fin de incidir en el desarrollo sostenible de Higueras N.L.”.
El proyecto se desarrolló a través de etapas en donde se cubrieron los siguientes
objetivos específicos:


Generar capital de confianza con los miembros de la comunidad.



Impulsar el tejido de una red ciudadana en torno a la estrategia de
intervención.



Obtener información diagnóstica de referencia para la planeación de
proyectos.



Lograr la participación de los miembros de la comunidad en la etapa de
diagnóstico y planeación en el diseño de los proyectos.

El enfoque está sustentado en sentar las bases de la intervención social con
fundamento metodológico, que sirva como referente para plantear proyectos
comunitarios sustentables. La intención última es que los miembros de la
comunidad comiencen a experimentar su participación en actividades asociadas a
las intervenciones sociales impulsadas por organizaciones externas sin fines
asistenciales, con el fin de involucrarlos paulatinamente en la toma de decisiones
sobre el desarrollo de su comunidad.
En este sentido, para el desarrollo del proyecto se optó por diseñar una forma de
trabajo ajustada a las características del contexto en el cual se va a implementar,
a las capacidades de conocimiento y especialidad del recurso humano, al tiempo y
a los objetivos que los interesados (institución, comunidad y profesionista)
buscaban como resultado. A continuación se presenta gráficamente el proceso
que se siguió:
1045

�El primer producto del proceso fue el conocimiento de la comunidad (diagnóstico)
al cual se llegó a través de la información obtenida por fuentes secundarias
(consulta de material bibliográfico, digital, entrevistas y visitas a instituciones
especializadas en el tema) y primaria a través de herramientas como la entrevista,
observación y documentación fotográfica.
-Contexto de acción del proyecto y aspectos sociales del problema.
A continuación se presentan algunos datos para tener referencia del contexto de
acción del proyecto social.
El Municipio de Higueras se localiza al noreste del Estado de Nuevo León en la
región Llanura Costera del Golfo. La movilidad se caracteriza por su relación con
los dos relieves: Loma de la Cruz y Sierra Picachos; y las dos carreteras que dan
acceso al municipio: Miguel Hidalgo y Costilla (General Zuazua – Higuera) y Marín
– Higueras.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, en el Municipio de Higueras se cuenta con un total de 1, 594
1046

�personas de las cuales 829 son hombres y 765 mujeres (INEGI, 2010). Se
registran 446 viviendas particulares el mayor desabasto en cuanto a servicios se
refiere al drenaje y al excusado; el resto de los servicio está casi cubierto en su
totalidad según los datos registrados por el INEGI.

Las principales problemáticas manifestadas por la comunidad son las referentes a
que en la comunidad sólo se cuenta con instituciones educativas de nivel básico y
se tienen que desplazar a otras localidades para continuar con los estudios. En
cuanto al servicio de salud sólo se tiene atención de primer nivel y en días y
horarios hábiles, los servicios de emergencia o atención de segundo nivel se
encuentran en otros municipios aledaños. Sin embargo, la problemática más
señalada por los pobladores es la referente al empleo ya que las fuentes de
empleo dentro de la comunidad son escasas y los hombres tienen que
desplazarse a otros municipios para ingresar al sector laboral. Algunas mujeres
colaboran con la economía del hogar a través de empleos informales

Los entrevistados refieren que es importante impulsar la creación de empleos
dentro de la comunidad; sin embargo, estos deben de ser amigables con el medio
ambiente y que promuevan las tradiciones y costumbres de los pobladores.
También deben de considerar a la mujer como fuerza laboral e instituciones de
apoyo para el cuidado de los hijos, como los con guarderías y estancias infantiles.

Cabe mencionar que se realizaron dinámicas grupales con niños y adultos para
completar la información, profundizar y validad datos y abordar temas que son
más delicados a tratar como la seguridad y cuestiones culturales como las
relaciones familiares. La técnica de dibujo se utilizó con los niños para obtener
datos referentes a las características y precepción de la comunidad. Con los
adultos se utilizaron entrevistas y lluvia de ideas.

1047

�Una vez sistematiza la información del diagnóstico, se presentó a la comunidad
con la intención de validar o retroalimentar los datos presentados, crear capital de
confianza con la comunidad y promover el objetivo y las acciones que se estaban
realizando en torno a la intervención social.
Con estos objetivos se definió como estrategia presentar el diagnóstico a la
comunidad en una exposición abierta y pública, en donde el principal elemento
fuera visual y con interacción uno a uno para acortar la comunicación entre el
equipo de trabajo y la comunidad. Así mismo, realizar actividades didácticas que
recolectaran información diagnóstica del sentir de los pobladores.
Para la exposición de los resultados del diagnóstico diseñaron posters y se
montaron sobre caballetes. Cada lámina presentaba información sobre cada tema
del diagnóstico acomodados de tal forma que simulaban un corredor de arte, los
pobladores podían ver y comentar con el grupo de apoyo la información haciendo
la actividad interactiva. La actividad se desarrolló en la plaza principal del
municipio y en donde congrega la mayor parte de los habitantes.

A la par se volvió a aplicar la técnica del dibujo, de donde se obtuvo datos de los
recursos existentes en la comunidad y los factores negativos que influían en su
dinámica. En el ejercicio participaron principalmente adolescentes y niños. Un
ejercicio de interés para la comunidad fue la exposición de una maqueta de la
comunidad, en donde se trazaban calles, espacios y viviendas, los participaron
señalaron en la maqueta sus viviendas y se logró obtener datos de la
concentración poblacional y las relaciones que existían entre ellos.
Durante el ejercicio anterior se generó y clarificó información relevante para el
diagnóstico y la planeación de proyectos. Una de las aportaciones más
importantes fue la identificación de personas claves en la comunidad --ya sea por
su representatividad o su liderazgo--, además de las expectativas que tenía la
comunidad sobre su desarrollo y los proyectos que se podrían generar.

1048

�Se realizaron entrevistas a profundidad con representantes de instituciones y
organizaciones presentes en la comunidad, así como también con habitantes que
eran referenciados como líderes. Se indagó sobre necesidades o propuestas de
proyectos en se tuvo la oportunidad conocer los intereses de la comunidad y sobre
todo las características que estos deberían de tener para respetar su cultura
respecto a usos y costumbres.
Este ejercicio generó 15 proyectos de desarrollo para la localidad:
1. Plan maestro (plan integral)
2. Centro recreativo de la laguna
3. Hospedaje en la laguna
4. Hospedaje en la Sierra Picachos
5. Manejo de residuos sólidos
6. Corredores peatonales
7. Centro de Educación Ambiental
8. Sistema de Paisaje
9. Código de construcción
10. Movilidad
11. Parque lineal
12. Programa cultural
13. Pabellón comercial
14. Centro de bienestar y salud
15. Mejora de espacio educativo
Las proyectos se asesoraron virtual y presencialmente desde dos enfoques: social
y técnico (arquitectura).
Los proyectos se trabajaron en formatos visuales para ser presentados a los
miembros de la comunidad, para lo cual se eligió como estrategia una sesión
plenaria en donde se realizara una presentación y exhibición de los poster de cada
uno de los proyectos, además de establecer un diálogo para conocer su opinión
1049

�sobre los mismos. En esta convocatoria se logró la asistencia representativa de
los diferentes segmentos de la población: niños, jóvenes, adultos, personas de la
tercera edad, hombres y mujeres.
Se realizaron los ajustes necesarios al proyecto y se presentaron las versiones
finales a través de tres documentos: presentación, lámina para exposición y un
documento detallado del proyecto. Los dos primeros documentos se presentaron a
la comunidad en una sesión plenaria con un formato similar al punto anterior. El
documento detallado contenía datos que darían el conocimiento social y técnico
para la ejecución de cada una de las propuestas:


Diagnóstico general y específico que da origen al proyecto



Estrategias para abordar los problemas identificados



Análisis de casos de estudios (referencia de buenas prácticas)



Diagrama de relaciones con otras propuestas de proyectos



Propuesta de proyectos (planos, perspectivas, maquetas en el caso
necesario)



Plan de implementación (corto, mediano y largo plazo)



Recursos sociales que se pueden vincular al proyecto



Estrategia de sustentabilidad

Todos estos documentos fueron entregados a la comunidad y fueron
resguardados por miembros de la Asociación Ecológica de la Sierra Picachos A.C.
(AESPAC), quien priorizó y evaluó la factibilidad de los proyectos con la
comunidad y así buscar financiamiento para su ejecución.
Es en esta etapa del proyecto en donde se concluyó la intervención del trabajador
social, dejando fortalecida a la comunidad e instalando capacidades seguro de
que los miembros de la comunidad son capaces de gestar y promover su propio
desarrollo, y son ellos los responsables del mismo.

1050

�-Evaluación del proyecto.
Para medir los logros alcanzados se planteó la evaluación del proyecto social bajo
el enfoque cualitativo, debido a que las evidencias entorno a la participación son
identificables a través de opiniones, experiencias y reacciones de la población.
A continuación se presenta de manera esquemática la forma en que se integraron
los diferentes elementos para la evaluación del proyecto social:

El proyecto presentado en este documento se diseñó a partir de una evaluación ex
ante de tipo diagnóstico, es decir, se seleccionó la estrategia de intervención
tomando como referencia el resultado del conocimiento y análisis del contexto.
Para lo anterior

se utilizó principalmente la técnica de la entrevista no

estructurada en la modalidad de etnográfica clásica, entrevista semiestructurada
en la categoría de enfocada y la entrevista grupal, las cuales se dirigieron a la
comunidad en general, líderes y representantes comunitarios.

En la evaluación intermedia se dio seguimiento al proceso del proyecto a través de
la comunicación y relación estrecha con los miembros de la comunidad para
1051

�validar el correcto curso del proyecto. Un indicador importante fue la participación
de los habitantes en las actividades programadas y la representación de diferentes
actores de la comunidad en el desarrollo del proyecto. La modalidad de la
entrevista no estructurada y la observación semi estructurada se utilizaron para
esta parte del proceso, ya que a través del diálogo constante con la comunidad se
orientaban las acciones.

La evaluación terminal se realizó haciendo un comparativo de los resultados
obtenidos contra los objetivos y metas propuestas en el diseño del proyecto.
Para

obtener

evidencia

de

algunos

logros

se

utilizaron

entrevistas

semiestructuradas, ya que resultaron más efectivas para la recolección de datos
porque algunos pobladores mostraban limitaciones para compartir información
debido a su cultura de no participación. Se partió de preguntas generales
preestablecidas y se dejó que los entrevistados respondieran de manera libre.

Objetivo

Medio de
verificación
Generar capital Listado
de
de confianza con instituciones,
los miembros de representantes y
la comunidad
líderes de la
comunidad
Número
de
personas de la
comunidad que
asisten
las
solicitudes
de
información y/o
logística para el
desarrollo
del
proyecto

Meta

Resultado

Identificar
los
representantes y
líderes
de
la
comunidad

Mapeo
de
instituciones,
representantes
y líderes de la
comunidad
En
total
8
personas de la
comunidad
colaborando en
forma directa e
la logística de la
intervención
y
como
fuente
primaria
de
información
para
el
diagnóstico

Lograr establecer
canales
de
comunicación y
relación directa
entre 5 miembros
de la comunidad
como evidencia
del
establecimiento
del capital de
confianza.

Impulsar el tejido No. de personas Identificar
de
una
red dispuestas
y participar
1052

y En
total
5 personas

3

�ciudadana
torno
a
estrategia
intervención

en expresas
a
la involucrarse en
de las
siguientes
etapas
del
proyecto

Obtener
información
diagnóstica
de
referencia para
la planeación de
proyectos

Personas
entrevistadas de
forma
directa
(fuente primaria)
para
la
recolección de
datos
del
diagnóstico

Lograr
la
participación de
los miembros de
la comunidad en
la
etapa
de
diagnóstico
y
planeación en el
diseño de los
proyectos

No.
actividades
desarrolladas
partir
metodologías
intervención
social
y
donde
comunidad
participe

Detonar
iniciativas
de
desarrollo social
a partir de los
resultados
del
proyecto

No. de iniciativas
sociales
desarrolladas en
periodos
posteriores
y
derivados
del
proyecto social

representantes
de la comunidad
potenciales
a
formar parte de
un grupo líder
que
de
seguimiento
posterior a las
siguientes etapas
del programa.
Validar
la 12 personas
información
obtenida
de
fuentes
secundarias por
lo menos con 4
personas de la
comunidad
de
forma directa

de Desarrollar
4
actividades para
a lograr
la
de participación de
de la
comunidad
como parte de la
en metodología de
la intervención
social

1 iniciativa social
desarrollada
a
partir
de
los
resultados
del
proyecto social

1053

7
actividades
desarrolladas a
partir
de
metodologías
de intervención
social en donde
la participación
de la comunidad
era uno de los
principales
objetivos
La creación del
Centro
Interpretativo y
de
Educación
Ambiental
Sustentable de
Higueras N.L.

�- Resultados de impacto del proyecto.
Cabe mencionar que el proyecto ha sido observado a través del tiempo y ha
arrojado importantes elementos para validar los resultados del impacto del mismo.
En Marzo de 2013, se creó el primer Centro Interpretativo y de Educación
Ambiental Sustentable (IDEAS), ubicado en la Laguna de Higueras N.L. (IDEAS)
Para su formación se tomaron elementos del diagnóstico participativo, las
propuestas de proyecto generadas por el equipo de trabajo y validadas por la
comunidad.
Otra evidencia de los resultados del proyecto social, es el proyecto “Jardín
botánico Regional”, a través del cual se fomenta el cultivo de plantas endémicas y
puedan generar desarrollo en el Municipio de Higueras N.L. Este proyecto se
desarrolló a partir de la transferencia del conocimiento de la zona y la facilitación
para la introducción a la comunidad, que el grupo de apoyo del proyecto social
ofreció a las personas que desarrollaron el Jardín Botánico. En el proyecto de
Jardín Botánico Regional participaron algunos elementos del grupo de apoyo del
proyecto social y fue distinguido con el primer lugar de la tercera edición del
premio CEMEX – TEC.
Otro elemento importante de la evaluación es el aprendizaje que se genera a partir
de la experiencia, lo cual puede sentar las bases para la implementación de otros
proyectos en la localidad.

-Reflexiones finales, recomendaciones y conclusiones.
La comunidad de Higueras N.L. cuenta una extensión de territorial la cual se
encuentra de distribuida de forma delimitada en dos áreas: la zona habitacional y
los parajes ecológicos. Esta situación facilita las planeación y desarrollo de
proyectos ya que la comunidad se encuentra concentrada en un solo punto y se
puede focalizar los esfuerzos.

1054

�Los representantes de las instituciones son un aliado importante para este fin, ya
que tiene conocimiento de la dinámica comunitaria, los lazos de confianza que
existe entre los miembros y la visión de desarrollo.

Los miembros de la comunidad tienen una cultura y tradiciones, principalmente
asociadas a la religión católica, es en estas actividades en donde muestran un alto
grado de participación de los núcleos familiares. En el resto de las actividades la
comunidad toma una posición pasiva-receptiva en respuesta a proyectos
paternalistas de las instituciones. Ante esta situación se debe abordar a la
comunidad desde sus necesidades, pero se les tienen que hacer evidentes o
sembrar dicha necesidad, ya que viven en un conformismo que les limita la visión
hacia un cambio y participar en él.

La participación de la comunidad debe ser gradual para ir generando confianza en
sus habitantes, de preferencia iniciar con actividades puntuales y siempre mostrar
elementos tangibles en donde puedan ser evidentes los resultados o el curso del
proyecto. Además, conservar una comunicación abierta con la comunidad en
donde puedan participar y generar ideas aún cuando no sea en escenarios
formales. Es elemento clave para su participación ser escuchados y hacer
evidente su aportación al proyecto.

Los proyectos que se desarrollen deberán de estar asociados y en respeto a la
naturaleza y tradiciones del lugar, ya que los habitantes tienen un arraigo y
reconocimiento de ambos elementos y lo consideran sobre el desarrollo, incluso
algunos habitantes manifiestan que prefieren quedarse así, antes de dañar algún
ícono de su cultura.

La comunidad muestra un respeto y atención hacia los agentes externos, al
contrario de los internos, a quienes les demuestra cierta desconfianza cuando
impulsan alguna iniciativa de desarrollo. Ante esta situación, es importante que los
1055

�proyectos se desarrollen con una colaboración de agentes internos y externos, de
esta manera se neutralizan la sospecha de intereses particulares, se anulan
posiciones de poder y se facilita la introducción y conocimiento de la dinámica
comunitaria.

Los jóvenes representan un elemento importante en el tema de participación, ya
que son ellos los que manifiestan en palabra y acción su deseo de generar
condiciones de desarrollo para la comunidad. Contrario a esto los adultos y
personas de la tercera edad se resisten al cambio y prefieren mantenerse en la
misma posición. Para el diseño de proyectos es importante tomar en cuenta esta
situación y fomentar el involucramiento de los jóvenes para facilitar la participación
de la comunidad. De forma gradual los adultos se irán integrando.

Otra situación a tomar en cuenta es el hecho de que los miembros de la
comunidad se comunican permanentemente de manera informal, y debido a lo
reducido de la población, la mayoría de las personas se enteran de lo que sucede
en la zona. Esta situación, si no se maneja de forma adecuada, puede causar
conflictos en torno al proyecto pero, si se hace lo contrario, puede ser un excelente
medio para dar a conocer el proyecto y motivar a la participación.

Por último se recomienda que cada paso del proceso, así como objetivos y
alcances del proyecto sea comunicado a la comunidad y se presenten evidencias
del avance; así mismo, no demeritar las aportaciones que los habitantes realicen
sobre el proyecto, ya que esta situación puede bloquear su desarrollo.

En conclusión, el proceso completo del proyecto permitió observar como los
miembros de la comunidad son capaces de gestar y promover su propio
desarrollo, y como el papel de los agentes externos se limita al impulso y
promoción de las acciones que los miembros de la comunidad gestan para
alcanzar su desarrollo. Además, se hizo evidente como los proyectos sociales no
1056

�se determinan desde las necesidades sus miembros, sino a partir de las acciones
que sus miembros deciden realizar para alcanzar su desarrollo. De esta manera
se ejemplifica cómo es posible diseñar un proyecto social desde la participación
comunitaria y los beneficios que esto tiene en impacto y sustentabilidad en el
tiempo.

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León,
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http://www.slideshare.net/guest30f6c/el-proceso-de-ayuda-presentation
(consultada en noviembre de 2012).
1057

�EJE 8: EMPLEO Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

1058

�EXPERIENCIA DE

DESARROLLO

COMUNITARIO

A TRAVÉS

DE

LA

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE AUTODESARROLLO LOCAL
QUE MINIMICE EL IMPACTO DE LA REESTRUCTURACIÓN AZUCARERA EN
LA COMUNIDAD PERSEVERANCIA-CIENFUEGOS-CUBA.
Aleiby Placeres Remior
RESUMEN
En los años noventa, la desaparición del modelo euro soviético en la URSS y países de
Europa del Este, dio lugar a una profunda crisis en la economía cubana y al
surgimiento de graves desproporciones y desajustes en el orden productivo, el
consumo individual-familiar y social, principalmente en las comunidades azucareras
existentes en toda la isla, generando un sin número de problemas tales como la
pérdida de la identidad azucarera existente por más de un siglo, interrupción en los
empleos de más del 80 % de los habitantes de la comunidad en edad laboral y un
cambio en la estructura gubernamental de la localidad. El balance sobre los principales
impactos negativos que ocurren en la comunidad se expone aquí; a la vez, se analizan
críticamente los errores y concepciones que se promueven hacia la comunidad. Ello
permite diseñar y aplicar una estrategia regional, cuya implementación produce
impactos mediante proyectos específicos de autodesarrollo local dirigidos no solo a
buscar salidas temporales a la situación crítica existente, sino además a redefinir una
estrategia de desarrollo económico viable en la comunidad, teniendo como guía
metodológica la Investigación Acción-Participación, contenida en la propuesta que se
expone bajo la intención de otorgar poder a las personas para que puedan asumir
acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. Se ejemplifican
las experiencias en Trabajo Comunitario, como alternativas a la crisis en general en el
medio rural. Finalmente se exponen las limitaciones institucionales y que el propio
sistema favorece a estas novedosas experiencias participativas.
Palabras claves: Reestructuración azucarera, desarrollo comunitario, autodesarrollo
local.
1059

�INTRODUCCION
Durante todo el desarrollo histórico de la nación cubana, la comunidad ha sido un
escenario importante. A partir de 1959 la organización y el modo en que se
desenvuelve el proceso de transformación social que ha asumido la sociedad cubana
viene a reforzar lo que históricamente existía. A manera de ejemplo baste señalar el
papel que han venido desempeñando los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
en todos estos años como elemento autóctono dentro del proceso y la forma de
organización asumida por el aparato estatal y de gobierno en los Órganos del Poder
Popular (Iglesias, 2008).
La importancia de las comunidades adquiere matices peculiares en un proceso de
construcción socialista a partir de condiciones de subdesarrollo, y en medio de un
férreo bloqueo lo cual significa especificidades más allá del ámbito económico. De esta
forma la comunidad en el contexto cubano tiene un peso muy importante como
escenario de la participación ciudadana.
En la década de los años noventa con los significativos cambios en los ámbitos
económicos, políticos y sociales del mundo, se promueve la necesidad de reordenar
las estructuras y los nexos económicos que hasta el momento habían actuado como
factores del desarrollo del país. Se hace necesario entonces profundizar en el papel y
el significado de las comunidades en medio de una ruptura con status anteriores.
Sobre las comunidades cubanas entonces se produce un intenso bombardeo de
programas de intervención que tienen como propósito el logro de un desarrollo en esas
unidades, pero carentes de una articulación con las reales necesidades y los intereses
específicos de quienes la viven, lo que denota que estos no han sido tenidos en
cuenta; amén de que cada institución establece sus propios indicadores de medición y
De evaluación de la efectividad del programa. En estas condiciones resulta imposible
realizar análisis integrales y comparativos de los resultados.

1060

�La tendencia ha sido la de colocar a la población como destinataria o beneficiaria de
acciones diseñadas desde un centro, desde el cual se apela su comprensión; se
convoca a su ejecución, pero no a ejercitar su creatividad y talento para contribuir a su
diseño y/o rectificación. Todo esto: “en cierta medida, erosiona la creatividad y talento
de la comunidad, refuerza relaciones paternalistas y no permite asumir la sociedad en
una complejidad que tiende a acrecentarse y hacerse diversa.” (Linares, 2004: 48)
La principal contradicción que se aprecia hoy en Cuba en materia de trabajo
comunitario está determinada por: “cómo articular de manera coherente los diferentes
factores existentes, en función de dinamizar las potencialidades de la comunidad,
encaminada al logro progresivo de su autogobierno.” (Iglesias, 2008)
Ante estas dificultades se hace necesario que el Estado logre una coherencia en sus
estructuras en aras de un objetivo común, lo que redundará en una mayor autoridad
para el Consejo Popular que le propicie su función de autogobierno. Se impone
asimismo una concepción de trabajo comunitario integrado que dinamice las
potencialidades de la comunidad y su autogestión teniendo en cuenta que esta
constituye un sistema y como tal puede ser analizada según diferentes dimensiones.
El carácter multidimensional de la actividad comunitaria le viene impuesto a esta por
constituir un sistema. Teniendo en consideración este presupuesto no se pueden
individualizar estas dimensiones sin producir una desarticulación del engranaje, ni
pretender que algunas zonas marchen a un ritmo avanzado sin que otras lo hagan en
igual medida. Por otra parte, cualquier acción que se realice de manera inadecuada
sobre una dimensión, puede tener efectos incalculables para otras dimensiones y para
el sistema en su conjunto.
Por su parte el colectivo de autores del Centro de Estudios Comunitarios de la
Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, a partir de experiencias de trabajo con

1061

�La comunidad y experiencias formativas de muy diversa índole presentan una
alternativa en esa diversidad de enfoques sobre el tratamiento de lo comunitario. Como
colectivo de investigadores y a partir de ese desarrollo profesional ha llegado a una
ruptura con las posiciones paradigmáticas de una ciencia que no ha hecho otra cosa
que parcializar el estudio de los fenómenos sociales y humanos y que se resume en el
término positivismo. Los conceptos de variable e indicadores, operacionalización y
otros, surgidos en la tradición positivista bajo el epistema de la causalidad lineal o
interactiva, han sido abandonados en el sentido del enfoque de la complejidad o
causalidad dialéctica, enfoque en que se considera que los diferentes niveles de la
realidad social y su desarrollo integran procesos muy complejos que son mediatizados
y

a

su

vez,

mediatizadores.

Este

enfoque

conduce

a

la

visión

de

la

multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en la investigación
científica y en la praxis trasformadora de la realidad comunitaria.
La comunidad y su autodesarrollo, se nos aparece así, como un momento particular de
mediaciones desde lo universal y lo singular y a la vez, como una mediación clave
hacia lo universal y lo singular. Cualquier anulación de las mediaciones por uno de
estos momentos, anula los demás, tanto en el desarrollo histórico real como en la
elaboración científica de ese desarrollo.
Experiencias cubanas de trabajo comunitario en el contexto de los noventa en
Cuba.
La crisis estructural que vivía el país se hizo más profunda y evidente para 1989,
cuando empieza a desarticularse el campo socialista, lo que resultó un suceso que
afectó no solo la estabilidad y produjo una caída de los indicadores macroeconómicos,
sino también que por consiguiente puso en crisis el sistema político que se había
construido a partir de las contradicciones que emergían desde la realidad. La pérdida
de las relaciones comerciales con el bloque euro soviético detuvo el proceso de
rectificación y el país tuvo que emprender una reconstrucción de la relaciones de
producción para insertarse en relaciones económicas internacionales de mercado.
1062

�El desplome del sistema socialista donde se había insertado el país hasta 1990 y el
despliegue del modelo neoliberal, sobre todo en América Latina, creó la disyuntiva de,
por una parte, conservar los fundamentos de la sociedad socialista creada y, por otra,
remontar la crisis desatada cuando se conjugaron las ineficiencias del modelo
centralizado y la pérdida abrupta de las relaciones externas con el recrudecimiento de
la hostilidad desplegada por el gobierno de los Estados Unidos. (Burchardt, 2006)

En la década de los noventa, la sociedad cubana empieza a percibir los efectos
combinados de la crisis interna, el derrumbe del campo socialista y el recrudecimiento
del bloqueo de Estados Unidos, todo lo cual tiene su momento más abrupto en 1993.

Estos tres factores confluyeron en la aparición del denominado “Período Especial” o
“Crisis de los noventa” que caracterizó a la sociedad cubana entre otros aspectos por:

- La reducción drástica de las importaciones de los países socialistas, calculada en un
85%, donde Cuba se insertaba en una posición ventajosa, hizo recortar los recursos
que eran distribuidos equitativamente por el Estado cubano. Además, las limitaciones
para la provisión de productos afectó considerablemente el funcionamiento de
mercados, tiendas, escuelas, servicios, entre otros aspectos que garantizaban una
calidad de vida adecuada a la población cubana; lo que supuso una reducción drástica
de recursos para atender las necesidades sociales en las localidades. (Caño, 1998).

- La caída estrepitosa de los indicadores macroeconómicos fue muy superior a la
experimentada en la crisis que tuvo lugar en la década del ochenta, durante los
noventa se desencadenaron fenómenos como la inflación, pérdida de valor del
circulante, elevación de los precios como causa de la escasez de productos, deterioro
de la industria, contracción del sector agropecuario, entre otros aspectos.

1063

�- Comenzaron a sentirse los problemas de la década de los ochenta con mayor rigor,
como el decrecimiento de la productividad, la ausencia de correspondencia entre
gastos sociales y resultados económicos, exceso de liquidez y desequilibrio de las
finanzas internas, crecimiento de la economía sumergida,

caída del salario real,

crecimiento del subempleo, absorción ineficiente de los incrementos de la población
económicamente activa por el sector estatal, insuficiente despliegue y fortalecimiento
de las formas de propiedad socialista, debilitamiento de los núcleos centrales de los
componentes

socioclasistas

fundamentales,

y

una

situación

relativamente

desventajosa de la clase obrera. (Espina, 1997).

- Se pusieron al descubierto y catalizaron fenómenos sociales supuestamente ajenos al
proyecto socialista entre ellos la corrupción, violencia, prostitución, estratificación social
o diferenciación social, marginalidad, pobreza. También se produjo un notable proceso
migratorio interno del campo a la ciudad, de las ciudades de menor desarrollo a las de
mayor desarrollo, y de la región oriental a la central y a la occidental, lo que propició
una reconfiguración del capital humano, de culturas y de los espacios locales, tanto en
las comunidades de origen como de destino.1

- Se desató un proceso de polarización comparativamente superior a etapas
precedentes, excluyendo la década de los sesenta, de los intereses y necesidades de
la creciente diversidad de grupos sociales y territorios (Caño, 1998). La crisis influyó en
la política de igualamiento entre las distintas regiones del país, en cuanto a
oportunidades de acceso al bienestar material y espiritual y generó un proceso de
territorialización de las desigualdades (Espina, 2001). Además puso de manifiesto que

1

En 1998 Rosa Elena Simeón presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un informe que refería en esa
fecha que un millón de personas habían emigrado hacia diferentes puntos dentro de la geografía cubana en los
últimos 25 años, sobrecargándose las cabeceras, tanto provinciales como municipales, y donde La Ciudad de la
Habana fue la más afectada. El período especial fue la etapa de mayor movimiento migratorio interno.

1064

�Pese a los esfuerzos por contribuir a eliminar las disparidades territoriales y regionales
en las décadas anteriores, aún persistían.2

- La crisis económica influyó directamente sobre la gobernabilidad, sobre todo del
Estado. Este actor se mostró incapacitado de dar respuestas a las necesidades de la
población, las cuales había podido enfrentar fácilmente en otras décadas. Se produjo
una ruptura en la concepción del Estado en cuanto a la pretendida igualdad entre los
ciudadanos, sobre la base del acceso a las condiciones materiales y espirituales.

A nuestro juicio se evidenció una crisis del sistema, donde el centralismo y el
paternalismo emergieron como rasgos negativos para enmendar las crisis. Las
instancias locales de gobierno se mostraron ineficientes e incompetentes para desde
una perspectiva autónoma y en relación con los niveles superiores afrontar la crisis.

Los niveles inferiores de gobierno habían sido educados en un sistema con alta
verticalidad y centralidad de las decisiones, lo que determinó su carácter pasivo e
incapacidad en sus demarcaciones para afrontar los nuevos desafíos.

2

Las situaciones más críticas sobre deterioro social del país, se concentraban en 36 municipios todos
localizados en las provincias orientales, (5 en Las Tunas, 9 en Holguín, 8 en Granma, 5 en Santiago de
Cuba y 9 en Guantánamo), en los cuales coincide un elevado deterioro del nivel de vida con altas tasas
migratorias. Para la identificación de estos municipios se tuvo en cuenta el comportamiento de las tasas
migratorias en el período 1989-95, el indicador sintético de nivel de vida que usualmente se ha utilizado
en el país, y diferentes valoraciones realizadas por las Direcciones de Planificación Física. (Simeón, 1998)
1065

�La reacción comunitaria ante la crisis
Un cúmulo de iniciativas se generalizó por todo el país para intentar revertir la
desfavorable situación. Algunas de ellas aparecieron con el apoyo del Estado, otras
con el financiamiento de las ONGs extranjeras que empezaron a otorgar recursos para
concretar diversos proyectos locales de desarrollo comunitario.3 En el caso de las que
contaron con apoyo estatal se encontraron las experiencias que sucedieron en algunas
localidades del país donde los Consejos Populares consiguieron llenar espacios de
coordinación y gestión a partir de nuevas agendas, y que el Estado no podía satisfacer
con eficacia (Caño, 1998). Los Consejos Populares fueron promotores, también, de lo
que se ha denominado movimientos comunitarios en Cuba (Dilla, Fernández y Castro,
1996). Estos han desempeñado un papel protagónico en la movilización de los
recursos locales, en el mejor aprovechamiento de los recursos centrales, en el
incentivo a la innovación social, en identificar efectivamente las prioridades de la base
y en la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos.

A pesar de que en los Consejos Populares se ha manifestado la tendencia a
convertirlos en una instancia administrativa más, podemos afirmar que algunas
experiencias concretas en el país han gestado proyectos importantes de desarrollo, y
otros casos han resultado eslabones importantes para el fortalecimiento de la gestión
municipal en sus estrategias de desarrollo local.

3

En la década de los noventa el Estado cubano permitió la colaboración de agencias, organismos internacionales y
ONGs para cooperar con proyectos de transformación en los escenarios locales. Para tales fines se creó el
Ministerio para la Colaboración y la Inversión Extranjera. Muchos proyectos de corte comunitario y local se han
financiado por estas instituciones, a pesar de las trabas burocráticas. En los primeros años de la década del 20012010 el Estado cubano orientó privilegiar la región oriental para la colaboración de estas instituciones, debido a las
desproporciones existentes en cuanto a niveles de desarrollo. Esto ha reflejado la ubicación de un gran número de
proyectos con financiamiento en divisas en la región, lográndose resultados notables.

1066

�Una de las acciones importantes puestas en práctica en el contexto de los 90 en Cuba
ha sido el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL), a partir del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un marco de cooperación
descentralizada, por medio de una red de aliados interesados en coordinar sus
esfuerzos para enfrentar el desafío del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.4 Su papel se centra en elevar la calidad de vida de la población mediante el
fortalecimiento y la apropiación de los procesos de desarrollo comunitario, con énfasis
en los territorios de menor desarrollo humano. En el caso cubano las acciones del
PDHL se han concentrado en las provincias orientales, orientadas por un interés del
Estado en fortalecer el desarrollo en esa región.5
Dentro de los objetivos que persigue el PDHL en sus modos de actuación en Cuba se
encuentra:


Fortalecer los instrumentos estratégicos y las capacidades de gestión de los
gobiernos y entidades locales, con la participación comunitaria, la perspectiva de
género y el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).



Movilización de recursos técnicos y financieros para realizar iniciativas
específicas formuladas local.

4

Dentro de los Objetivos del Milenio se encuentran: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2)
Lograr la enseñanza primaria universal; 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer; 4) Reducir la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna; 6) Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 8) Fomentar una
asociación mundial para el desarrollo. Ver: ¿Qué son los Objetivos del Milenio?
http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml
5

La presencia del Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) desde 1998 en seis provincias de Cuba
(cinco orientales y Pinar del Río), así como en el municipio de La Habana Vieja y en otras provincias a las
cuales se extiende, es también un indicador de que el camino del desarrollo local se va convirtiendo
también en una alternativa, junto a la práctica tradicional de diseño y ejecución de políticas nacionales
(Fleitas Ruiz y Rojas Ochoa, SN). Además en el Departamento de Sociología de la Universidad de La
Habana se ha fundado desde inicios de la década de 2001-2010 la Cátedra de Desarrollo Humano.
1067

�

Apoyar el desarrollo de los recursos humanos vinculados a los procesos de
desarrollo local.



Perfeccionar las capacidades de las entidades y empresas locales.



Apoyar la aplicación de los resultados de ciencia, técnica e innovación en
actividades que impactan en el desarrollo local.



Aplicación de instrumentos económicos y acciones para la generación de
recursos locales asociados a la seguridad alimentaria y demás necesidades de
los territorios.



Facilitar el acceso a mecanismos que promuevan la eficiencia de las empresas
locales.



Apoyar y promover estrategias nacionales que contribuyan al desarrollo humano
local.



Fortalecer las metodologías e instrumentos que implementan las estrategias
nacionales en el ámbito local.



Favorecer el financiamiento de iniciativas locales por medio de los créditos del
FRIDEL.



Apoyar la ejecución de proyectos locales demostrativos e inter-sectoriales, los
cuales promuevan la participación de las mujeres.

1068

�Un grupo de experiencias en desarrollo comunitario6 se generalizaron, en esta etapa, y
pueden considerarse antecedentes al debate y acciones en materia de desarrollo local
que emerge a finales de los noventa. Estas experiencias resultaron novedosas en la
manera en que enfocaron algunos aspectos como la utilización de recursos locales
para generar iniciativas, el papel otorgado a los actores de base en los procesos de
participación, planificación, cooperación e integración para el cambio, la atención a los
problemas de la economía local y la transformación integral del espacio local. Para la
generalización de estas iniciativas surgidas al calor de la crisis se crearon comisiones

de trabajo comunitario desde la Asamblea Nacional, las cuales intentaron extender el
papel de la comunidad como agente transformador.

Algunos trabajos investigativos de finales de los noventa entre los cuales se destacan
Guzón (1997), Comisión para el desarrollo del trabajo comunitario (1998), Simeón
(1998), Caño (1998), daban cuenta de un cierto estancamiento y reflejaban en común
los siguientes obstáculos que impedían el avance de estas experiencias que se
desarrollaban a lo largo del país:

- En los proyectos analizados el aspecto económico resultaba deficitario y no preveía el
fortalecimiento de la economía local lo cual atentaba con la sostenibilidad de estos,
también resultaban carentes de un enfoque de género y de la dimensión medio
ambiente, en general carecían de visión integral

6

Las experiencias en Desarrollo Comunitario si bien en la década de los sesenta y setenta tuvieron un antecedente
importante, no es hasta la década de los noventa que emerge con gran fuerza el interés por la comunidad como
alternativa a la crisis. El Desarrollo Comunitario puede ser entendido como los procesos de transformación social
que se realizan desde la comunidad en función de atender problemáticas y necesidades que han sido identificadas
desde este escenario de actuación. Para ello ha sido importante el papel otorgado a la participación social e
institucional en los procesos de cambio que se gestaron a partir de la década de los noventa en muchas
comunidades del país.

1069

�- Dificultades para la integración por los distintos sectores que conforman el sistema de
gobierno local (educación, cultura, deporte y salud) que están presentes en las
comunidades, donde cada uno de ellos de manera aislada concreta sus proyectos.

- Multiplicidad de programas institucionales que no se integran en las comunidades,
sino que coexisten y se desencuentran. Estos, son elaborados centralmente y no
poseen una retroalimentación desde las localidades, a partir de sus especificidades, lo
que imposibilita la eficacia para el logro de sus resultados previstos y la integración
horizontal en la realidad.

- Resultaba insuficiente, a pesar de los logros alcanzados, la capacitación dirigida al
logro de habilidades en la participación, la reflexión y las cuestiones organizativas de la
comunidad. En los actores propulsores del desarrollo comunitario se registra una
ausencia de conocimientos adecuados para ejercer el rol. Las formas de participación
seguían siendo limitadas por la influencia de la cultura centralista y verticalista del
modelo, lo que se reproduce hacia la base lastrando la creatividad en los actores
sociales.

- Se observaba un elevado capital humano asentado en las comunidades, pero su
aprovechamiento era insuficiente, sobre todo por su no inserción en las iniciativas. Al
mismo tiempo que otros recursos como financieros y materiales no se aprovechaban lo
suficiente.

- Falta de una relación adecuada entre las estrategias de desarrollo de los gobiernos
locales y los proyectos comunitarios, los cuales muchas veces carecían de un apoyo
gubernamental efectivo.

1070

�- Tendencia a la generalización y uniformidad de experiencias, sin la realización de
estudios previos para determinar las particularidades, y la no consulta a las
comunidades para ser depositarias y participes de tales acciones.

- Existían carencias metodológicas para la intervención comunitaria que potencien las
dimensiones integrales (económicas, sociales, de género y ambientales) del desarrollo.
Además de la tendencia a desarrollar diagnósticos de baja calidad por el nivel de
desarticulación y paralelismo en su elaboración.

Descripción del contexto a nivel local de la comunidad PerseveranciaCienfuegos-Cuba.
La comunidad “Perseverancia” pertenece al municipio de Aguada de Pasajeros,
Provincia de Cienfuegos, situado en los 22o 21‘20” de latitud Norte y lo 80o 40”30”
de longitud oeste, en la Llanura de Cienfuegos, a 10,0 Km al SE dé su cabecera

municipal, su vía principal de acceso intercepta con la carretera del Circuito Sur,
con una temperatura anual de 250 c y una precipitación media anual de 1400 mm.

Desde su fundación sus principales asentamientos son Venero y Desquite. Uno
a 9 y 5 km de la cabecera del consejo. Se cuenta con 9 circunscripciones 7 en el
casco urbano y 2 en el área rural con un total de electores 2136. Posee 47 CDR.
Su extensión superficial es de 2057 km2 con una población 3102 habitantes, y
una cantidad de viviendas aproximadas a 1051.

Su arquitectura es variada

contamos con 2 edificios; 3 bi-plantas, y la estructura del viejo batey, a lo que se
agrega la nueva comunidad como resultado del crecimiento demográfico. Las
viviendas que abundan fueron construidas a partir de materiales como; tablas y
fribro; mampostería y placa y de fabricación de último modelo (mampostería y
zinc venezolano).

1071

�Las principales vías de acceso son por carretera, caminos y el ferrocarril.
Podemos decir que al norte contamos con la autopista nacional y al sur con la
carretera del circuito sur, los cuales nos une mediante un entronqué a dos
kilómetros del asentamientos. El ferrocarril nos une con la capital provincial y la del
país. Los medios de transportes que utilizan los pobladores para trasladarse del
lugar son los vehículos automotores, ómnibus, coches y trenes.

La composición del batey es como sigue, aunque se denomina en barrios: Barrio
Nuevo, Barrio Jesús Menéndez, Barrio La Larguita, Barrio Callejón Delicia, Barrio
Cuba Libre, Barrio Regadío y el Barrio histórico de Las Yeguas. En el Regadío
existe una bodega, la esmeralda y un círculo social. Se cuenta con alumbrado
público, acueducto y alcantarillado, así como una red telefónica.
Este asentamiento de “Perseverancia” posee

en sus habitantes líneas de

diferentes etnias asentados en la zona a raíz del despegue azucarero y que
constituyen cimientos etnoculturales transculturados en el devenir histórico del
batey, dejaron su huella la presencia africana, china y gallega.

De

donde se manifiesta con mayor fuerza el popular culto a los Orichas o

Santería o Regla de Ocha, la cual goza de gran significación, trascendencia y
popularidad para los pobladores (creyentes o aleyos). En la actualidad existen 3
denominaciones religiosas, Pentecostales, metodistas y Católicas.

Tras un breve período de tiempo el acaudalado terrateniente Julio Lobo adquiere
la propiedad del Central en 1902 y comienzan a desarrollarse pequeñas obras de
infraestructura

que cambiaron la apariencia del propio central (inicialmente

construido en madera) y del batey; la producción azucarera, como el eje central
en la

vida cotidiana de sus pobladores, influyó

de manera decisiva en el

establecimiento, conformación y despegue del asentamiento.

1072

�Se crearon nuevos espacios recreativos culturales para la población más joven
nacida en los límites de su propiedad, de esta etapa (1905) data los arreglos de
calles, la construcción
del parque infantil “Victoria”, la construcción de la casa del empleado, Estadio de
Pelota, Iglesia católica y La Casa de Visita.

REESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA AZUCARERA.

Tras la reestructuración de la industria azucarera en el asentamiento se plantea
como alternativa una estrategia

económica fundamentada en la actividad

agrícola, ganadera, industrial y agroindustrial; La actual Empresa Agropecuaria
Primero de Mayo está constituida por 4 UEB, 3 UBPC y vinculadas 9 CCS.

La Empresa agropecuaria 1ro de Mayo cuenta en su Órgano de dirección con una
Dirección encargada del Desarrollo y las Inversiones, a esta Dirección le están
dadas las tareas del Programa de reconversión de la localidad, se ha creado un
Grupo Gestor para la Reconversión para las proyecciones socio-económicas,
preparación de los proyectos técnicos y agilización de las tareas de reconversión.

El asentamiento cuenta con los siguientes servicios:
1 Oficina de correos
1 Cafetería
2 Escuelas Primarias

1 Escuela de nivel medio para carreras agropecuarias
1 Filial universitaria
3 Consultorios médicos
4 Bodegas
1 Cine
1073

�1 Restaurante
1 Tienda de Productos Industriales
1 Kiosco”Panamericana”
3 Círculos Sociales
1 Funeraria
1 Farmacia
1 Casa de Abuelos
1 Clínica Estomatológica
La distribución de la población es la siguiente:

DISTRIBUCION DE LA POBLACION
Mujeres
453

Hombres

444

1152

1053

Principales Problemáticas de la localidad (según diagnóstico) antes de
aplicar la estrategia de autodesarrollo local.

1. Deficiente estado de la red vial y el transporte público.
2. Insuficiente infraestructura hidro-sanitaria y mal estado de la existente.
3. Deterioro de las condiciones medio ambientales.
4. Uso inadecuado y mal manejo del suelos.
5. Desbalance del sistema de asentamiento poblacional.
6. Riesgos de inundaciones.
7. Afectaciones a las aguas superficiales y subterráneas por vertimientos de
residuales albañales y líquidos sin tratamiento previo.
8. Déficit de fuerza de trabajo para las actividades agropecuarias.
1074

�9. Falta de recursos para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
10. No se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para un desarrollo
más acelerado de las inversiones en el territorio.
11. Déficit de servicios en algunos asentamientos poblacionales
12. Déficit de alumbrado publico
13. Problemas en la recogida de desechos sólidos, al no existir el equipamiento
indispensable.
14. Bajos índices de producción agropecuaria.
15. Mala Calidad de los servicios.
16. Déficit y mal estado del fondo habitacional.
17. Insuficientes de producción de alimento animal.
18. Baja cultura alimentaria y nutricional.
19. Ausencia de alcantarillado.
20. Insuficientes instalaciones deportivas.
21. Insuficientes métodos para la confección, control y ejecución de los
proyectos que no garantizaban la participación de los diferentes organismos
que debían implicarse en los planes.

Estrategia

de

autodesarrollo

local

en

la

comunidad

Perseverancia-

Cienfuegos-Cuba. (Anexo 1)
Objetivo de la estrategia: implementar una estrategia de autodesarrollo local que
minimice el impacto de la reestructuración azucarera en la comunidad
Perseverancia-Cienfuegos-Cuba.


Diagnóstico de la población y situación actual de la misma al
producirse la reestructuración azucarera.



Diseño y apertura hacia nuevos proyectos en la comunidad.
1075

�

Generar nuevos empleos como solución al principal problema
existente en la comunidad.



La capacitación dirigida al logro de habilidades en la participación, la
reflexión y las cuestiones organizativas de la comunidad.



Solución a los principales problemas de la comunidad según el
diagnóstico.

En el cumplimiento del programa de reconversión para el asentamiento a través
de una estrategia de autodesarrollo local fue elaborado en el 2003 y ampliado en
el 2008 con la aprobación de 2 Proyectos de Colaboración con el Gobierno Vasco
y COSUDE, se han logrado favorables avances y se encuentran terminados los
siguientes proyectos:


Una Casa de cultivo tapado, ejecutado y en explotación.



Un Organopónico de 2 Ha, ejecutado y en explotación.



Un Matadero y centro de procesamiento de productos cárnicos,
ejecutado y en explotación.



Mini-Fabricas de Encurtidos, Dulces y Conservas, Hielos Y Helados,
ejecutado y en explotación.

En la



Grupo Musical de Jóvenes de la localidad, ejecutado.



Creación del Grupo Gestor de Reconversión, ejecutado.

mayoría de las tierras fértiles se crean y transforman

espacios de

producción agropecuaria con el propósito de producir alimentos para el ganado
mayor y menor, para la estimulación de la agricultura urbana, las producciones de
cultivos varios, árboles frutales, producción forestal y una pequeña porción se
dedican a la producción de caña que pertenecen a la Empresa Azucarera Antonio

1076

�Sánchez. A partir de los resultados de las técnicas e instrumentos aplicados para
la obtención de datos, se pudo contrastar que ha sido una estrategia plenamente
asumida y por tanto cuenta con los resultados esperados.

A modo de conclusiones, puede señalarse que:
- Algunos trabajos investigativos de finales de los noventa entre los cuales se destacan
Guzón (1997), Comisión para el desarrollo del trabajo comunitario (1998), Simeón
(1998), Caño (1998), daban cuenta de un cierto estancamiento y reflejaban en común
los siguientes obstáculos que impedían el avance de estas experiencias que se
desarrollaban a lo largo del país:
- En los proyectos analizados el aspecto económico resultaba deficitario y no preveía el
fortalecimiento de la economía local lo cual atentaba con la sostenibilidad de estos,
también resultaban carentes de un enfoque de género y de la dimensión medio
ambiente, en general carecían de una visión integral.
- Dificultades para la integración por los distintos sectores que conforman el sistema de
gobierno local (educación, cultura, deporte y salud) que están presentes en las
comunidades, donde cada uno de ellos de manera aislada concreta sus proyectos.
- Multiplicidad de programas institucionales que no se integran en las comunidades,
sino que coexisten y se desencuentran. Estos, son elaborados centralmente y no
poseen una retroalimentación desde las localidades, a partir de sus especificidades, lo

que imposibilita la eficacia para el logro de sus resultados previstos y la integración
horizontal en la realidad.
- Se observa un elevado capital humano asentado en las comunidades, pero su
aprovechamiento era insuficiente, sobre todo por su no inserción en las iniciativas. Al
mismo tiempo que otros recursos como financieros y materiales no se aprovechaban lo
suficiente.

1077

�- Falta de una relación adecuada entre las estrategias de desarrollo de los gobiernos
locales y los proyectos comunitarios, los cuales muchas veces carecían de un apoyo
gubernamental efectivo.

- Tendencia a la generalización y uniformidad de experiencias, sin la realización de
estudios previos para determinar las particularidades, y la no consulta a las
comunidades para ser depositarias y participes de tales acciones.

- Existían carencias metodológicas para la intervención comunitaria que potencien las
dimensiones integrales (económicas, sociales, de género y ambientales) del desarrollo.
- La implementación de una estrategia de autodesarrollo local ha permitido un cambio
en el modo y estilo de vida de la población, se genera empleo en gran parte de la
población en edad laboral.

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Internacional Comunidades: Historia y Desarrollo. La responsabilidad individual y
organizacional desde el enfoque comunitario, Santa Clara: Editorial Feijóo, Universidad
Central “Marta Abreu” de Las Villas, celebrado entre el 18 y 20 de marzo del 2009.

1083

�PERCEPCIÓN DE ROL DE GÉNERO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN
UN CONTEXTO MULTICULTURAL
Julieta Flores Michel7
Divina Frau-Meigs
Irma Vélez

RESUMEN
La determinación de los roles sociales en los contextos familiar,
académico y laboral se ve fuertemente influenciada por la concepción que los
sujetos tienen con relación a la percepción del rol de género, desde la
construcción social de su particular contexto cultural. La diferencia de
oportunidades para hombres y mujeres, en teoría, en nuestro siglo es equitativa
según decretos, leyes y normativas nacionales e internacionales; no obstantes, en
la praxis las oportunidades y posicionamiento en estos campos continúan siendo
desfavorables para el género femenino, e incluso para las minorías sexuales.
Desde esta perspectiva, se pretende conocer qué tanto prevalecen los
7

Julieta Flores Michel, Doctora en Educación por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, es
maestra e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Pertenece al cuerpo de investigadores del proyecto TRANSLIT, asimismo pertenece a los
comités de Equidad de género y de Competencia comunicativa del Área Curricular de Formación General
Universitaria , donde es coautora de los libros de dichas unidades de aprendizaje.
http://www.linkedin.com/profile/view?id=88714508&amp;trk=nav_responsive_tab_profile correo electrónico:
julieta.floresmc@uanl.edu.mx
Divina Frau-Meigs, Doctora en sociología de la comunicación y especialista de medios angloparlantes en la
Universidad de Sorbonne Nouvelle, ejerce como experta en educación en medios para el Consejo de Europa,
la Comisión Europea y la UNESCO. Es también directora de investigación del proyecto TRANSLIT y de la
Cátedra UNESCO “Savoir-devenir à l’ère du développement numérique durable1”. http://www.divina-fraumeigs.fr/ correo electrónico: divina.frau-meigs@univ-paris3.fr
Irma Vélez, Doctorada en Letras y titulada en periodismo por las Universidades de París X Nanterre y por
Michigan State University, EEUU. Es actualmente profesora de didáctica de las lenguas y de alfabetización
mediática en la Escuela Superior de Profesorado y Educación (ESPE) de la Universidad París Sorbonne. Es
miembro del proyecto TRANSLIT. https://sites.google.com/site/irmavelez07/ correo electrónico:
irmavelez07@gmail.com

1084

�Estereotipos de género que causan inequidad en el contexto familiar, académico y
laboral. Esperamos conocer también las expectativas de la futura reproducción de
los estereotipos de género, a partir del análisis de la percepción de estudiantes de
nivel profesional y posgrado inscritos en diferentes áreas del conocimiento. La
hipótesis principal indica que los sujetos inmersos en contextos interculturales,
tenderán hacia una percepción de género más equitativa. La variedad de
contextos culturales de los sujetos de estudio ubicados en Francia, México y Perú,
permitirán la detección de similitudes o diferencias entre las percepciones de estos
jóvenes sobre el rol de género. El tema invita a la reflexión de cómo los jóvenes
perciben la equidad de género en distintos contextos culturales. El presente
trabajo constituye el primer avance de un proyecto de investigación internacional
con una metodología mixta.
Palabras clave: género, rol, percepción, familia, formación profesional, contexto
intercultural
Résumé
La détermination des rôles sociaux dans les contextes familiaux, universitaires et
du monde du travail est fortement influencée par l'idée que les individus ont à
l'égard de la perception du rôle des genres, depuis la construction sociale de leur
contexte culturel particulier. Dans notre siècle, en théorie d’après les décrets, les
lois et règlements nationaux et internationaux, il y a égalité des chances entre les
hommes et les femmes. Toutefois, dans la pratique, le positionnement des
opportunités dans ces contextes, continuera d'être défavorable pour les femmes,
et même les minorités sexuelles. De ce point de vue, nous voulons savoir ce que
prévalent les stéréotypes de genre qui causent l'inégalité homme - femme dans la
famille, dans le monde universitaire et du travail. Nous espérons connaître aussi
les futures reproductions des stéréotypes de genre, à partir de l'analyse des
perceptions des étudiants universitaires et des grandes écoles inscrits et diplômés
dans les différents domaines de l’enseignement.

1085

�L'hypothèse principale suppose que les sujets immergés dans des contextes
interculturels, tendent vers une perception du rôle des genres plus égalitaire. La
variété des contextes culturels des sujets d'étude basés en France, au Mexique et
au Pérou, permettront la détection de similitudes et de différences sur les
perceptions de ces jeunes sur le rôle de genre. Le sujet invite à une réflexion sur la
façon dont les jeunes perçoivent l'égalité homme - femme dans différents
contextes culturels. Cette étude constitue la première étape d'un projet
international de recherche avec une méthodologie mixte.
Mots-clés: genre, le rôle de perception, la famille, la formation professionnelle, le
contexte interculturel

INTRODUCCIÓN
La determinación de los roles sociales en los contextos familiar, académico y
laboral se ve fuertemente influenciada por la concepción que los sujetos tienen
con relación a la percepción de género desde la construcción social de su
particular contexto cultural. La diferencia de oportunidades para hombres y
mujeres, en teoría, en nuestro siglo es equitativa según decretos, leyes y
reglamentos nacionales e internacionales; no obstantes, en la praxis las
oportunidades y posicionamiento en estos campos continúan siendo desfavorables
para el género femenino e incluso para las minorías sexuales.
Lamas (2003) con relación a lo anterior, señala que: “si la cultura marca a los
sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás ¿Cómo
afecta esa percepción la producción de conocimiento y el establecimiento del
contrato social y del orden político?”, (citado por González y otros pág. 10). La
pregunta, por demás interesante, invita a la reflexión de cómo se observa la
equidad de género

y cómo la viven los jóvenes universitarios en distintos

Contextos; ya sea homogéneos culturalmente hablando o en grupos sociales
interculturales. Interesa a esta investigación, por lo tanto, conocer si existen
diferencias entre la percepción sobre el rol de género que tienen los jóvenes de
1086

�Diferentes grupos culturales y si estas percepciones cambian al estar en un
contexto social intercultural.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde esta perspectiva, se pretende conocer qué tanto prevalecen los
estereotipos de género que causan inequidad en tres contextos particulares: el
social, el académico y el laboral; así como

las expectativas de su futura

reproducción. Los sujetos de estudio serán estudiantes de nivel profesional y
posgrado inscritos en diferentes áreas del conocimiento y de diferentes países.

La variedad de contextos culturales de estos sujetos de estudio ubicados en
Francia, México y Perú, permitirán la detección de similitudes o diferencias entre
las percepciones sobre el rol de género de los estudiantes de un grupo
multicultural y de grupos culturalmente más homogéneos.
Se considera relevante identificar si en los diferentes ejes (social, académico y
laboral) los jóvenes perciben conductas o estereotipos que promuevan la
inequidad de género y si estos son exclusivos o no de un

contexto cultural

determinado. Lo anterior permitirá detectar áreas de oportunidad para que las
instituciones educativas, gubernamentales, educadores y padres de familia
establezcan acciones encaminadas a una mayor equidad en las oportunidades y
posicionamiento de hombres y mujeres en los diferentes contextos.
A continuación se presenta la pregunta de investigación general y las preguntas
específicas de investigación, de las cuales se desprenden las variables y
categorías de análisis de este estudio:
Pregunta de investigación general:
¿Cómo afectan las interpretaciones de los roles de género en el posicionamiento y
las oportunidades social, académico y laborales de los jóvenes universitarios?
1087

�Preguntas específicas de investigación:
1. ¿Cómo perciben los estudiantes la participación del hombre y la mujer en un
contexto académico a partir de los estereotipos de género?
2. ¿Cómo perciben los estudiantes el rol del hombre y la mujer en un contexto
profesional a partir a partir de los estereotipos de género?
3. ¿Cómo perciben los estudiantes la participación del hombre y la mujer en la
relación familiar y de pareja a partir de los estereotipos de género?

4. ¿Qué diferencias o similitudes existen en la percepción de los jóvenes que
están inmersos en un contexto intercultural contra los jóvenes que se
desenvuelven en contextos culturalmente más homogéneos con relación al rol y
estereotipos de género?

1. Sujetos de estudio
Dado que las percepciones de género son constructos culturales, en esta
investigación, a realizarse en Francia, México y Perú es importante tomar en
cuenta las percepciones de grupos de jóvenes estudiantes con características
diversas según su origen étnico, nacionalidad, área de estudios y por supuesto, el
género.

1088

�Los sujetos de estudio de la categoría de grupos culturalmente homogéneos
serían los siguientes:
1. En México, alumnos inscritos en los grados de licenciatura y
maestría de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
2. En Perú, estudiantes de la Universidad Alas Peruanas.
3. En Francia, estudiantes de la Escuela Superior de Profesorado y
Educación (ESPE) de la Universidad París Sorbonne.
Los sujetos de estudio de la categoría de grupos en ambientes interculturales
serían los residentes de la CIUP en París, ya que en sus 40 casas alberga cada
año a 12 mil residentes de 140 nacionalidades entre estudiantes, investigadores,
artistas y deportistas de alto nivel (Camby, 2012) por lo que se le considera como
un lugar con presencia intercultural único en el mundo.

4. Marco teórico
En este apartado se analizan conceptos que son básicos para el análisis del
problema planteado. Estos conceptos son sexo, género, actitudes y percepciones.

4.1 Conceptos de sexo y género
Sexo y género son dos palabras que tradicionalmente han sido usadas como
sinónimos. Esta situación ha generado la confusión acerca de la mezcla entre lo
biológico y lo cultural de tal manera que esto se ha traducido en un trato desigual
entre las mujeres y los hombres. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=sexo,

documento recuperado en octubre de 2013), define el concepto de sexo como:
“Condición orgánica masculina o femenina de los animales y plantas”, lo cual nos
hace reflexionar en conceptos como “macho” y “hembra” y que, según las
circunstancias del contexto social, se aplican indistintamente a humanos y
animales. Otra definición de la academia es “Conjunto de seres pertenecientes a
1089

�un mismo sexo”(Real Academia Española, 2014) ya sea sexo masculino o
femenino haciendo referencia a los órganos sexuales. Lo anterior define sexo
desde el aspecto biológico, basado en los genitales; pero la academia también el
concepto como sexo débil o sexo fuerte, refiriéndose en el primer caso al conjunto
de mujeres y en el segundo, al de hombres; de esta manera al concepto biologista
se amalgama una percepción cultural que adjudica a cada sexo los roles y
estereotipos determinados por el contexto cultural.
Por consiguiente, cuando empleamos el término sexo desde una visión biologista,
nos referimos sólo a los elementos físicos con los que se nace. El contexto
biológico que define a la mujer o hembra como diferencia de su contraparte: el
hombre, por los rasgos sexuales, de los cuales los más importantes serían los
internos, los que están destinados a la reproducción: ovarios, matriz, óvulos,
vagina.
Desde una perspectiva sociocultural, el aspecto físico de ser hombre o ser mujer
conlleva como característica inherente del sexo con el que se nace, una serie de
costumbres, actitudes y conductas heredadas genéticamente.
Desde un enfoque biologista, son los órganos sexuales los que definen si una
persona es hombre o mujer. Al respecto Araya (2005) en su ensayo “Relaciones
sexistas en la educación”, señala que según los biologistas: “Los hombres son
agresivos por las hormonas” y “Las mujeres son lloronas por su propia naturaleza”,
no obstante, subraya la autora, que dichas explicaciones no encajan en el análisis
de género debido a que son atribuidas a la construcción cultural.
En el mismo sentido, la pensadora y escritora francesa Simonne de Beauvoir en
su libro “El segundo sexo”8 (1949) se cuestiona si “¿la feminidad es segregada por

8

Con este escrito nació el ensayo feminista más importante del siglo XX en el que la autora trata de analizar
la condición de la mujer occidental desde un punto de vista histórico, filosófico y político. De esta obra se
llegaron a vender 22.000 ejemplares en una semana según señala Arriaga (2008).

1090

�los ovarios?” (de Beauvoir, Pág. 12). Habría que agregar además la pregunta: ¿la
violencia es entonces una característica natural de los hombres?. Si las
Respuestas a estos cuestionamientos fueran afirmativas, cabría aceptar los
siguientes axiomas: Si es hombre es violento, Todos los hombres son violentos, o
bien, Todas las mujeres son femeninas. Lo anterior invita a cuestionarse en esta
investigación si estas y otras premisas estereotipadas prevalecen en los sujetos
de estudios.
Definitivamente la “naturaleza” no hace a la mujer como se cuestionan González y
otros (2009) en su libro Equidad de género:
¿Qué pasa entonces con las mujeres estériles, o que por enfermedad,
complicaciones o simplemente por propia decisión no tienen hijos? ¿Qué
pasa con los machos que llevan en su vientre a su descendencia y no las
hembras como los caballitos de mar?,

¿Qué pasa con la mujer que tiene descendencia mediante métodos
artificiales como la adopción, la fertilización in vitro con material genético
que no le corresponde o la que renta un útero que aporte los genes de
quien paga por ello? Si el enfoque biológico dado por la “naturaleza” no es
suficiente para definir a la mujer, entonces ¿los homosexuales “afeminados”
deben considerarse como mujer y ser tratados como tal?
El enfoque biologista, en este sentido, pondera los elementos de supremacía física
masculina con una “falsa” superioridad, confiriéndole al hombre el rol de poder
sobre la mujer. Por otra parte, cuando se usa el término género, se habla de una
construcción social que es posible variar para que tanto las mujeres como los
hombres puedan convivir siendo diferentes, pero de igual valor.Si ser hombre o
mujer, desde el enfoque biologista, depende de los genitales con que se nace,
¿qué nos dice entonces el concepto de género?

1091

�Martha Lamas (1999) feminista mexicana, define el concepto de género como: “el
conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una
cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y
construir socialmente lo que es propio de los hombres (lo masculino) y lo que es
propio de las mujeres, lo femenino” ,(Lamas, 1999, pág. 84).
El sexismo, señala Morgade (2001, pág. 11, citado por Araya, 2005) “es una forma
de discriminación, ya que como otras discriminaciones, es una práctica que tiende
a encorsetar a las personas en parámetros impuestos”. Estos parámetros, en lo
general, aunque afectan a hombres y mujeres, tienden a beneficiar al hombre,
otorgando a la mujer una situación de inferioridad.
En conclusión, el concepto de sexo desde el enfoque biologista, atribuye al
hombre y a la mujer características y roles que, podría señalarse, vienen de
nacimiento, como por ejemplo: si es mujer debe estar al cuidado de los hijos, la
casa y el esposo; si es hombre, debe ser el proveedor, el que trabaje y pueda
ocupar puestos públicos.
El concepto de género, por otra parte, señala que estas características atribuidas
al sexo, son implantadas por un contexto cultural y no por la naturaleza. Hablamos
entonces de que dichas características se basan en las percepciones de lo que
cada sociedad y cultura particular piensa que deben tener los hombres y las
mujeres, por lo tanto, estas características pueden cambiar de una cultura a otra.
En este sentido, el concepto de género se construye a través de percepciones
sociales, por lo que es importante dedicar un espacio a analizar los conceptos de
percepciones y actitudes.
4.2 Conceptos de percepción y actitud
Esta investigación pretende conocer las percepciones que tiene los jóvenes sobre
los roles de género, lo cual no implica que se conocerán los roles de manera
concreta o real. Lo que se estudiará es el imaginario que se tiene sobre estos
roles. Es por esto que es importante especificar algunos puntos importantes sobre
los conceptos de percepción y actitud.
1092

�El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22ª edición, 2011)
señala que percepción es la “Sensación interior que resulta de una impresión
material hecha en nuestros sentidos”. Bajo este parámetro, la percepción limita al
sujeto cognoscente a una posición pasiva que considera la sensación de la suma
de las partes para definir un objeto, como lo refieren los enfoques empiristas
(Diccionario de Términos de Psicología, 2011).
Dado que el concepto de percepción, desde esta perspectiva externa, se limita al
conocimiento de los objetos físicos y niega el rol activo del sujeto al eliminar
estímulos internos como: recuerdos, valoraciones y experiencias previas; no
resulta útil para los fines de esta investigación. Los sujetos de estudio como seres
individuales, tienen experiencias particulares sobre la manera en que han vivido su
rol de género y estas experiencias previas pueden influir en la percepción de cómo
viven o vivirán su rol de estudiante, o su rol como profesional en un contexto
laboral; de igual forma, cómo perciben su rol de género en un contexto familiar y
de pareja.
Los enfoques racionalistas, por el contrario, aceptan la inclusión de estímulos
externos, como el intelectual, dando a la mente un papel activo que considera la
propia carga cultural para definir un objeto.
La recuperación de información en los estudios de percepción social se lleva a
cabo mediante escalas de actitud, técnica que mide la cantidad de una propiedad
percibida hacia algo o alguien. Aigneren (s.f., pág. 1) refiere que para medir las
actitudes se requiere de un cuestionario que integra “un conjunto de preguntas
que tienen una estructura de ítems o proposiciones utilizados para cuantificar
características o variables del comportamiento social. Estas características,
llamadas actitudes, generalmente se conciben como latentes o no-manifiestas”.
Para los estudios de Ciencias Sociales, una actitud, señala el investigador citando
a Rokeach, es “una organización relativamente duradera de creencias en torno a
un objeto o una situación, las cuales predisponen a reaccionar preferentemente de
una manera determinada. Las actitudes son constructos hipotéticos, son
1093

�manifestaciones de la experiencia consciente, informes de la conducta verbal, de
la conducta diaria. ” (Aigneren s.f, pág. 1).

Otros investigadores, cita Aigneren (s.f.), definen actitud de la siguiente manera:
a. Thomas y Znaniecki (1918) es una tendencia a la acción.
b. Thurstone (1928) es la suma de las inclinaciones, sentimientos,
prejuicios, sesgos, ideas preconcebidas, miedos, amenazas y
convicciones acerca de un determinado asunto.
c. Chein (1948) es una disposición a evaluar de determinada manera
ciertos objetos, acciones y situaciones.

d. Krech y Krutchfield (1948) señala que es un sistema estable de
evaluaciones

positivas

o

negativas,

sentimientos,

emociones

y

tendencias de acción favorable o desfavorable respecto a objetos
sociales.

e. Newcomb (1959) es una forma de ver algo con agrado o desagrado.
f. Sarnoff (1960) es una disposición a reaccionar de forma favorable o
desfavorable.

Las actitudes se relacionan de manera directa con el comportamiento hacia esos
objetos o personas, sin embargo, son solo un indicador de la conducta y no son la
conducta en sí. El autor señala que las actitudes tienen dos características:
a. Dirección: favorable o desfavorable, positiva o negativa.
b. Intensidad: alta o baja.

METODOLOGÍA
Para esta problema de estudio se eligió una metodología mixta ya que permite al
investigador tener “un cruce de enfoques” (Lincoln y Gubba, 2000 en Hernández y
1094

�otros, 2006), aportando de esta manera una visión holística a la problemática.
Estos investigadores definen el método mixto como el “proceso que recolecta,
analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o en una
serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”
(Hernández y otros, 2006, pág. 755).
Algunas de las ventajas del método mixto que refieren Hernández y otros (2006) y
que se manifiestan en esta investigación, son las siguientes:
a. Se tiene una perspectiva más precisa del fenómeno, ya que es más
integral, completa y holística.
b. La utilización de ambos enfoques permite responder a diferentes
preguntas de investigación de un mismo problema de estudio.
c. Se obtienen datos más ricos y variados, ya que se consideran
diversas fuentes y tipos de datos.
d. Al combinar ambos métodos hay un mayor y más rápido
entendimiento del problema y la posibilidad de ampliar las
dimensiones del proyecto de investigación.

En este sentido, la visión cualitativa proporciona una mayor comprensión,
complejidad y profundidad del problema; mientras que la cuantitativa fortalece el
análisis de

la frecuencia, amplitud y

magnitud (Creswell, 2005, citado por

Hernández y otros, 2006). El diseño seleccionado para la metodología cualitativa
fue el etnográfico; que se orienta a describir las ideas, creencias y prácticas de
grupo, sistema social o cultural dando significado a lo que las personas hacen
usualmente o bajo circunstancias especiales, para finalmente, presentar los
resultados que resalten las características del proceso cultural analizado (Patton.
2002, Creswell. 2005 y Álvarez-Gayou. 2003 en Hernández y otros, 2006). Para
el método cuantitativo, por otra parte, se eligió un diseño de alcance descriptivo.

1095

�Se seleccionó el enfoque mixto debido a que la combinación de métodos en
estudios integrales, como señala Villalobos (2006, p. 4) buscan la “convergencia o
correspondencia de resultados procedentes de distintos métodos con el de
incrementar su validez”. Lo anterior permitirá triangular la información recabada a
partir de diferentes técnicas de recolección de datos:
a. Grupos focales desde el enfoque cualitativo y
b. Cuestionarios, desde el método cuantitativo.
La estrategia integradora utilizada corresponde al método mixto complementario,
también llamado de diseños en paralelo, ya que éste es el que se piensa que
mejor armoniza con el problema de estudio y el que es racionalmente más
apropiado (Creswell, 2005, citado por Hernández y otros, 2006). Un diseño en
paralelo

permite

contrastar

los

resultados

cualitativos

y

los

resultados

cuantitativos, combinando las ventajas de ambos procesos.
Para el análisis de los datos se tomará como grupo de control a los sujetos de
estudio de las universidades de México, Francia y Perú y como grupo
experimental a los sujetos de estudio radicados en la CIUP en Francia.
5.1 Orden temporal de la aplicación de los métodos
En este punto se describe el proceso para la recogida de información tanto para
las técnicas cualitativas (Grupos focales), como para las cuantitativas (Encuesta).
A. Fase cuantitativa
En la primera etapa se harán los preparativos orientados a facilitar la recogida de
la información, durante el mes de agosto de 2015, previo al inicio de clases en
Francia en el mes de octubre, se hará la carta a la CIUP, a través del Comité de
Investigadores, para solicitar el permiso de aplicar los cuestionarios de manera
virtual en las diferentes casas de la ciudad universitaria. El cuestionario será
aplicado a estudiantes que tengan seis meses o más de vivir en la CIUP.
1096

�B. Fase cualitativa
La técnica cualitativa seleccionada para la investigación fue el grupo focal. Aquí se
organizará un grupo focal con estudiantes que no hayan contestado el
cuestionario. Cada grupo estará integrado por estudiantes de las diferentes casas
de la CIUP, y de diferentes grupos del resto de las universidades participantes. La
cantidad de sujetos de estudio por grupo focal está por determinarse. El grupo
focal se realizará durante el mes de noviembre de 2015, tentativamente.De las
preguntas de investigación se derivaron las categorías de análisis que integran a
su vez, los diferentes ejes temáticos de la encuesta aplicada a los participantes,
más una sección para identificar los datos socio demográficos de los sujetos de
estudio.

Las preguntas de investigación son las siguientes:
1. ¿Cómo perciben los estudiantes la participación del hombre y la
mujer en un contexto académico a partir de los estereotipos de
género?
2. ¿Cómo perciben los estudiantes el rol del hombre y la mujer en un
contexto profesional

a partir a partir de los estereotipos de

género?
3. ¿Cómo perciben los estudiantes la participación del hombre y la
mujer en la relación familiar y de pareja a partir de los estereotipos
de género?
4. ¿Qué diferencias o similitudes existen en la percepción de los
jóvenes que están inmersos en un contexto intercultural contra los
jóvenes que se desenvuelven en contextos culturalmente más
homogéneos con relación al rol y estereotipos de género?

1097

�Las categorías de análisis son las siguientes:
a. Contexto académico
b. Contexto profesional
c. Relación familiar y de pareja

INSTRUMENTOS
El instrumento que se aplicará es el de encuesta auto-administrada a través de
Internet. Se incluirán preguntas cerradas con diferente formato: escala de Likert,
opción múltiple y falsa y verdadera; se incluyen también preguntas abiertas de
respuestas cerradas.
Datos socio demográficos
En este apartado se identificará el lugar de procedencia del estudiante, el país de
aplicación de la encuesta, la edad y sexo de los sujetos de estudio e información

que defina si el sujeto pertenece a un grupo familiar culturalmente homogéneo o
heterogéneo.
A. Percepción de los estudiantes con relación a la participación del hombre y la
mujer en un contexto académico a partir de los estereotipos de género.
Tabla 1. Indicadores para el análisis de la categoría: “Contexto académico”

1098

�Indicador

Formación

Oportunidades

Permanencia

Sub

 Nivel

 Oportunidad

 Calidad de las  Oportuni

indicador

 Área

es

mayor o igual

 Ciencias

de

examen

Sociales,
Artes

pasar

y

cubrir
requisitos

(Derecho,

ingreso

de

 Ciencias de la

de

clase

o  Grado de

debates

los docentes

obtener  Acoso sexual

una beca

mayor o
igual

 Preferencia de

T.S., Filosofía,  Oportunidades
de

dad

participación
en

Humanidades

Literatura)

tareas

el  Nivel
o

Titulación

la
titulación
final
esperada

 Bulling
 Dependencia

salud
(medicina,

económica

odontología,

para

nutrición,

y manutención

estudios

psiquiatría)
 Ingenierías
 Ciencias de la

tierra
 Administración
 Negocios

B. Percepción de los estudiantes con relación a la participación del hombre y la
mujer en un contexto profesional a partir de los estereotipos de género.

1099

�Tabla 2. Indicadores para el análisis de la variable: “Contexto profesional”
Indicador

Metas

y

oportunidades

Competencias

Funciones

beneficios

Trato

Sueldos

Incluyen

profesionales

profesionales

Sub

Tipo

indicado

Área

res

nivel

de Puesto

y competencia
del

trabajo

al Capacidad

que

se para

aspira

Responsabili Prestaciones

te

dades

Reconocimie

(Particip

ntos

ación

Capacidad

Permanencia en

desarrollar las

(maternidad,

juntas

competencias

enfermedad,

ejecutiv

profesionales

trabajo/estud

as, voz,

io

voto)
Acoso
sexual
Acoso
psicológ
ico

Tabla 3. Indicadores para el análisis de la variable relación familiar y de
pareja.

Indicador

Responsabilidades y Compatibilidad Violencia

Comun

toma de decisiones

icación

profesiónfamilia

Preguntas
relacionadas

 Manutención

Ámbito público

Cuidado de los hijos
Ámbito privado

(escuela,

Sexual

Expres

Psicológica

ar

Patrimonial- sentimi
económica

enfermedad),
 Cuidado de la casa:
aseo, reparaciones.
1100

entos

física
Sexo

� Compras diarias, de
Propiedades

y

perecederos
 Vacaciones
 Planeación familiar
Predominantemente
masculino,
femenina, ambos

1. Conclusiones
La educación es la mejor manera de formar ciudadanos socialmente
responsables y la equidad de género y el respeto a sus diferencias es un tema que
definitivamente debe ser analizado en este contexto. Conocer los constructos
sociales que tienen los jóvenes con relación a los roles de género, y los
estereotipos que llevan a la discriminación, ayudará a establecer acciones
específicas que permitan a los gestores y docentes de las diferentes instancias
educativas promover ambientes de equidad de género y respeto a las diferencias.
Foros como el del X Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales sectoriales:
Envejecimiento

y

Bienestar,

permiten

intercambiar

con

especialistas

interdisciplinarios, momentos de reflexión encaminados a la mejora de las
propuestas de investigación aquí presentadas. Queda, por lo tanto, el presente
trabajo a la disposición de colegas interesados en la problemática de género en la
espera de conocer sus aportaciones y comentarios.

Referencias
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curso de “Educación y género” del Doctorado Latinoamericano de
Educación de la Universidad Estatal a Distancia] Costa Rica: UNED
Arriaga, F. Escritoras y pensadoras europeas, documento recuperado en octubre
de 2008 desde http://www.escritorasypensadoras.com/fichatecnica.php/181
1101

�Camby, C. (2012). Rapport Annuel de la Cité Universitaire International de Paris
2012. Recuperado en agosto de 2012 desde: www.fundation ciup.fr
Diccionario de Términos de Psicología,(s/f). Conceptos varios recuperados en el
mes

de

julio

de

2014

desde:

http://www.academiagauss.com/diccionarios/diccionario.htm
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diferencias. México: Patria/UANL.
Hernández, R. y otros. (2006) Metodología de la investigación. México: McGraw
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Lamas, M.(1999). Género, diferencias de sexo y diferencia sexual. Debate
Feminista, 20 (10) 84-106. México.
Real Academia Española (2014). Conceptos varios recuperados en el mes de julio
de 2014 desde: http://www.rae.es/
Villalobos, L. (2005) Síntesis del tema 2: Del paradigma positivista a los enfoques
metodológicos cuantitativos.

[Documento de trabajo del Doctorado

Latinoamericano de Educación, Plataforma Microcampus].

Costa Rica:

UNED.
Villalobos, L. (2005) Características del diseño cuantitativo. [Documento de trabajo
del Doctorado Latinoamericano de Educación, Plataforma Microcampus].
Costa Rica: UNED.

1102

�</text>
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                  <text>Políticas sociales sectoriales</text>
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                  <text>Políticas Sociales Sectoriales. Es una publicación anual, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. En esta publicación se presentan los trabajos presentados del coloquio que lleva su nombre, y que por su calidad son seleccionados, de acuerdo a los ejes estructurales en que se desarrolló: Familia y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Pobreza y Desarrollo Social, Trabajo Social y Políticas Sociales, Vivienda y Desarrollo Urbano, Empleo y Crecimiento Económico. Este importante evento constituye un hito transcendental en la formación profesional y en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población. Se felicita a los autores por su invaluable contribución.</text>
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                  <text>Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano</text>
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                <text>Políticas Sociales Sectoriales. Es una publicación anual, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. En esta publicación se presentan los trabajos presentados del coloquio que lleva su nombre, y que por su calidad son seleccionados, de acuerdo a los ejes estructurales en que se desarrolló: Familia y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Pobreza y Desarrollo Social, Trabajo Social y Políticas Sociales, Vivienda y Desarrollo Urbano, Empleo y Crecimiento Económico. Este importante evento constituye un hito transcendental en la formación profesional y en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población. Se felicita a los autores por su invaluable contribución.</text>
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                    <text>�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

3

Desarrollo, Prosperidad y Narcoviolencia
en la Región Sorguera del Noreste de México
Development, Prosperity and Narcoviolence
in the Sorguera Region of Northeastern Mexico
ARTEMISA LÓPEZ LEÓN *

RESUMEN
La discusión actual sobre el desarrollo supone centrarse en las personas
y considerar el ingreso económico, la prosperidad y la paz. Este artículo
parte de la premisa de que crecimiento económico, bienestar y ausencia
de paz pueden coexistir, como ocurre en la región sorguera del noreste
de México. Para este análisis se revisaron datos estadísticos sobre desarrollo e incidencia delictiva, y se concluye que es relevante repensar la
medición del desarrollo y sus indicadores y que, en la subyacente discusión metodológica, es importante incluir los resultados de variados
estudios, espacios, niveles y técnicas de análisis.
Palabras clave: Desarrollo | Prosperidad | Narcoviolencia | Regiones rurales
| Noreste de México.
ABSTRACT
The current discussion about development involves focusing on people
and considering income, prosperity and peace. This article starts from
the premise that economic growth, well-being, and the absence of peace
can coexist, as is the case in the Sorguera region of Northeastern Mexico. For this analysis, statistical data on crime development and incidence
were reviewed and it is concluded that it is relevant to rethink the measurement of development and its indicators and that, in the underlying
methodological discussion, it is important to include the results of various studies, spaces, levels, and techniques of analysis.
Keywords: Development | Prosperity | Narcoviolence | Rural regions |
Northeastern Mexico.

* Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios de Administración Pública,
sede Matamoros. Correo electrónico: malopez@colef.mx
Recibido: 1 de marzo de 2021 | Aceptado: 28 de septiembre de 2021
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

ISSN 2007-1205 | pp. 3-25

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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

INTRODUCCIÓN
Este artículo contribuye a la discusión actual sobre el desarrollo, partiendo
del análisis de regiones aparentemente paradójicas porque han consolidado
su ingreso económico y tienen indicadores favorables de bienestar, pero distan mucho de gozar de paz, lo que se aprecia al analizar datos tradicionalmente utilizados para medir el desarrollo y datos relacionados con la criminalidad.
Este análisis es relevante porque, desde distintas disciplinas, se ha establecido una relación entre crecimiento económico y criminalidad o violencia,
destacando que las elevadas tasas de criminalidad e inseguridad son un obstáculo para el desarrollo económico. Sin embargo, hay regiones que presentan
altos índices de crecimiento económico e indicadores favorables de bienestar
y, a la vez, muestran altos índices de criminalidad. Estas regiones llaman a
la reflexión del desarrollo, partiendo de la premisa de que pueden coexistir
el crecimiento económico, el bienestar y la ausencia de paz; y tal coexistencia debe considerarse para valorar la incorporación de nuevos indicadores
en la medición del desarrollo. Como se expresa en las conclusiones de este
artículo, en la subyacente discusión metodológica del desarrollo será importante incluir los resultados de variados estudios, espacios, niveles y técnicas
de análisis.
Para contribuir a la discusión sobre el desarrollo se analiza, como estudio de caso, la región sorguera del noreste de México, que se ubica en el estado de Tamaulipas y es relevante en la producción agrícola del país. En esta
región, por un lado, la bonanza se relaciona con el desarrollo de actividades
económicas primarias —principalmente la producción del sorgo y, en menor
medida, otros cultivos que también ocupan primeros lugares nacionales—.
Por otro lado, la incidencia delictiva se asocia con la violencia ligada al narcotráfico y, particularmente, con la lucha por el territorio de los grupos del
crimen organizado, desde hace más de una década.
En términos metodológicos, el análisis se basa en la revisión de indicadores fundamentales y tradicionales para valorar el desarrollo de una región,
como producto interno bruto, índice de desarrollo humano, ingreso promedio de la población, tasas de participación de la población económicamente
activa y desocupación, así como el porcentaje de pobreza y los grados de rezago social y de marginación. Para el análisis de la criminalidad, se consideraron
los principales datos relacionados con delitos vinculados a la narcoviolencia
en Tamaulipas: homicidio doloso, secuestro y extorsión.
Esos datos son de libre acceso en internet y son generados por distintas
áreas del gobierno federal y otras instancias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, ninguna instancia guTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

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bernamental, organismo internacional u organización de la sociedad civil ha
concentrado, analizado y confrontado esa información. Esa labor se hizo en
el presente artículo para apreciar, en una misma región, la coexistencia de
un buen ingreso económico con indicadores favorables de bienestar y altos
índices delictivos. Éste es un primer paso para reflexionar sobre el desarrollo,
en su perspectiva actual, y valorar la relevancia de agregar o modificar indicadores en su medición.
El artículo se divide en dos apartados. En el primero se aborda la concepción de desarrollo, particularmente las nociones de desarrollo humano y
desarrollo sostenible, porque han incorporado elementos para que el desarrollo no se circunscriba a un análisis meramente económico. En este apartado también se aborda el desarrollismo, la manera en que se ha llamado, en
América Latina, a esa fase del desarrollo en que el ingreso económico era un
eje fundamental en su medición, y se pone especial atención a la manera en
que se vivió esta etapa en México, conocida como Desarrollo Estabilizador.
En el segundo apartado se caracteriza y analiza la región sorguera del
noreste de México, destacando el desarrollismo en el norte del país y en el
agro mexicano, los indicadores de desarrollo de la región sorguera, sus actividades agroproductivas y la narcoviolencia y sus delitos asociados, lo que pone
en entredicho que se haya alcanzado el anhelado desarrollo, aunque así parezcan mostrarlo los indicadores tradicionalmente utilizados para su medición.
UNA MIRADA AL CONCEPTO DE DESARROLLO
Y AL DESARROLLO EN MÉXICO
Durante décadas, la teoría del desarrollo estableció una relación causal entre
el PIB y la pobreza, que trajo aparejada la consideración del crecimiento económico como el fin del propio desarrollo, bajo el supuesto de que:
Un aumento del producto agregado, como sería un crecimiento del
producto interior bruto per cápita, reduciría la pobreza e incrementaría el bienestar general de la población. […] El nexo entre
mayor producto y menor pobreza se consideraba tan fuerte que
muchos economistas estaban convencidos de que bastaba centrarse
exclusivamente en el crecimiento para alcanzar el objetivo último
de desarrollo. En otras palabras, el crecimiento se convertía no sólo
en el medio para alcanzar el desarrollo, sino en el fin del desarrollo
mismo (Griffin, 2001, p. 25).

TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

Para Cuéllar Saavedra y Moreno Armella (2009), el desarrollo económico se lograría al activar un círculo virtuoso de retroalimentación positiva
cuando se articularan varios procesos: la actividad económica aumentaría la
inversión y fuentes de empleo y se incrementaría la riqueza si la revitalización o ampliación de la actividad económica lograba introducir tecnologías
que mejorasen la productividad. Asimismo, al ser la industrialización punto
nodal de la modernización, “el desarrollo se asoció al crecimiento económico y a la industrialización, dejando de lado cuestiones humanas o culturales”
(Günther y Arroyo, 2017).
En América Latina, estos postulados se tradujeron en el llamado desarrollismo, que tuvo su auge entre 1940 y 1970; uno de sus pilares fue la
propuesta de que los países más industrializados debían orientarse a expandir
la base industrial, a través de encadenamientos entre sectores. Con el aporte
teórico de la modernización se subrayó el rol de los sectores medios en el
proceso de desarrollo, se identificó a los industriales como sus principales
agentes y se planteó que el crecimiento económico junto con la industria y
el juego democrático partidario eran componentes compatibles y hasta necesarios (Cavarozzi, 2018). Luego del auge del desarrollismo, vino su repudio y su sustitución por políticas neoliberales que redujeron la participación
económica e institucional del Estado en favor de las fuerzas del mercado,
privilegiando la búsqueda de la estabilidad monetaria sobre el crecimiento
(Martínez Hernández, 2004).
En México, el desarrollismo, en su etapa central, se conoció como Desarrollo Estabilizador, se desplegó casi sin interrupciones y sobrevivió hasta el
año 2000, no sólo porque el Partido Revolucionario Institucional se mantuvo
en el poder, como partido de Estado, también porque el régimen pudo conjugar desarrollo, estabilidad política y una moneda sana, lo que no ocurrió en
otros países latinoamericanos (Cavarozzi, 2018).
En los años noventa del siglo pasado, la concepción del desarrollo se empezó a cuestionar porque, “junto con los aumentos en el crecimiento del PIB, la
pobreza y el desempleo aumentaron inevitablemente. Semejantes consecuencias
‘indeseables’ y ‘dolorosas’ […] no eran de ningún modo accesorios a los modelos
usados, sino que formaban parte de su estructura interna” (Escobar, 2007, p. 142).
Una de las principales críticas de la cuantificación del bienestar a través
del incremento de las cifras del PIB per cápita fue que ese incremento no garantizaba el bienestar económico de todos; esta crítica trajo consigo una fecunda aportación de indicadores alternativos o complementarios al desarrollo —principalmente de organismos u organizaciones internacionales— que
buscaban dibujar una imagen fiel o más aproximada de los distintos aspectos
que explicaban la calidad de vida de las sociedades (Miquel Burgos, 2015).
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

7

En esos cuestionamientos al desarrollo fueron fundamentales el Informe de Desarrollo Humano del PNUD y el Índice del Desarrollo Humano incluido en dicho informe, que, cabe señalar, se sumó a las evaluaciones tradicionales del desarrollo económico (PNUD, 1990).
En ese informe participó Amartya Sen, quien ha sido pieza clave en las
discusiones sobre el desarrollo humano y que, a finales de los años noventa
del siglo pasado, cuestionó los supuestos de la teoría del desarrollo, particularmente la confusión entre medios y fines, y propuso que la noción de
desarrollo debía ampliarse para incluir las capacidades y libertades humanas:
Si, en último término, el objetivo fuera propagar la libertad para
tener una vida digna, el papel del crecimiento económico consistiría en proporcionar mayores oportunidades para ello y debería
integrarse en una comprensión más profunda del proceso de desarrollo. En consecuencia, la ampliación de la capacidad del ser humano tiene importancia directa e indirecta para conseguir el desarrollo. Indirectamente, permite estimular la productividad, elevar
el crecimiento económico, ampliar las prioridades del desarrollo
y contribuir a controlar razonablemente el cambio demográfico;
directamente, afecta el ámbito de las libertades humanas, del bienestar social y de la calidad de vida, tanto por su valor intrínseco
como por su condición de elemento constitutivo de este ámbito
(Sen, 1998, p. 89).

Sen llevó el eje de la discusión a las capacidades del ser humano y el
ejercicio de las libertades, y resaltó que el desarrollo debe encaminarse a la
búsqueda de una vida digna. Las ideas y la postura de Sen fueron fundamentales para priorizar el capital humano como vía para el desarrollo, argüir que
su objetivo no era incrementar el producto, sino propiciar que la gente dispusiera de una gama mayor de opciones; al hacerlo, las personas estuvieron en
el centro del escenario, como objeto de políticas encaminadas a su bienestar y
como instrumento fundamental de su propio desarrollo (Griffin, 2001).
El cuestionamiento a la relación causal entre desarrollo y PIB que hicieron Sen y otros investigadores llamó la atención hacia dos elementos fundamentales: la relevancia de la medición del bienestar —y no de la producción
económica— y que dicha medición sentara las bases para evaluar el bienestar
presente y su sostenibilidad (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009).
Durante las últimas décadas, la reflexión sobre el desarrollo se ha hecho
a la luz de los estudios del desarrollo humano y del desarrollo local. Sin embargo, en América Latina, la relevancia que ha tomado la cosmovisión de los
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

pueblos ha dado un vuelco importante a la discusión, al cuestionar el propio
concepto de desarrollo y proponer que debería ser sustituido por el concepto
de buen vivir, que ha generado un debate epistemológico y ontológico y que se
ha vuelto sustancial en la discusión de las llamadas alternativas al desarrollo
(Acosta, 2015; Gudynas, 2011a, 2011b; Unceta, 2014, 2015).
El debate sobre el buen vivir se relaciona, en primer lugar, con la traducción del concepto, pues tiene su origen en el Sumak Kawsay, un término
utilizado por los grupos étnicos de Ecuador, que remite a una vida en armonía con la naturaleza; en segundo lugar, con la difusión del término buen
vivir y sus implicaciones en las políticas públicas a partir de su inclusión en
la Constitución de Ecuador en 2008 —y posteriormente en las legislaciones
de Bolivia y Perú—; y en tercer lugar, con un contexto en que se revaloran
los saberes ancestrales y se critica la modernidad eurocéntrica y la consideración del desarrollo como mero progreso económico (Lalander y Cuestas-Caza, 2017). La discusión sobre la sustitución del concepto de desarrollo por
el buen vivir aún está en ciernes, sin embargo, el debate generado y su relevancia en el terreno de la política y la generación de políticas públicas hacen
pensar que, en los años venideros, seguirá siendo tema de interés y pudiera
adquirir la predominancia que hoy en día no tiene.
En los organismos internacionales, los cuestionamientos de Sen también han hecho eco. En estos organismos, la discusión se ha dado a través de
las definiciones de desarrollo sostenible y desarrollo humano. Al respecto, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido las definiciones
más afines y difundidas de los supuestos que cuestionó Sen y que han llevado
a la ampliación del término. En lo referente al desarrollo sostenible, la ONU
(1987) destaca que:
El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades […] Por lo tanto,
los objetivos del desarrollo económico y social deben definirse en
términos de sostenibilidad en todos los países: desarrollados o en
desarrollo, orientados al mercado o planificados centralmente.

Respecto al desarrollo humano, el PNUD considera que el crecimiento económico no es un fin último, sino un medio para la consecución del
desarrollo humano, pues éste es un objetivo, un proceso y un resultado. El
desarrollo humano es el desarrollo de las personas mediante la creación de
capacidades humanas; a través de la participación activa en los procesos que
determinan las vidas de las propias personas, el desarrollo humano se encaTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

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mina a ampliar las oportunidades de las personas (PNUD, 2016). Por ello, el
desarrollo humano:
Va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos
de un país. […] Comprende la creación de un entorno en el que las
personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante
una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e
intereses. El desarrollo humano y los derechos humanos se reafirman mutuamente y ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad
de todas las personas, forjar el respeto propio y el respeto por los
demás (PNUD, s/f).

Estos enfoques destacan la centralidad del ser humano en la concepción
del desarrollo, el crecimiento como medio para el desarrollo, y se añaden
elementos que permiten caracterizar las capacidades y libertades a las que
hacía referencia Sen, como la importancia del ejercicio de los derechos y la
capacidad de agencia del hombre.
Esta concepción de desarrollo humano fue el fundamento analítico para
la Declaración del Milenio y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, así
como la base para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(PNUD, 2016), que están vigentes y resaltan la relevancia de la sostenibilidad
como la concibe la ONU. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible “son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”
(PNUD, 2020a).
Es importante resaltar la inclusión de la paz como una noción relevante,
con similar importancia a la de prosperidad, como se recoge en el Objetivo
16: Paz, justicia e instituciones sólidas, el cual establece que “sin paz, estabilidad,
derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho,
no es posible alcanzar el desarrollo sostenible” (PNUD, 2020b). La paz también
se relaciona con la seguridad ciudadana, un concepto que resalta la centralidad del ser humano y que, de acuerdo con el PNUD (2014), se refiere a:
el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población
y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera
un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona […] La seguridad ciudadana no trata
simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia
exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la poTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

blación, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad,
del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que
esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.

Este concepto, a su vez, está englobado en la seguridad humana, que no
sustituye a la seguridad del Estado, pero reconoce la interrelación de la paz,
el desarrollo y los derechos humanos, y considera que todas las personas, en
particular las vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria
y a disfrutar de igualdad de oportunidades (ONU, 2012).
Este cambio de enfoque, que incluye a la paz como un componente importante para valorar el desarrollo, sumado al incremento de la violencia, ha
sido relevante para que, desde diversas disciplinas, se haya establecido una
relación subyacente —incluso directa y causal— entre crecimiento económico
y criminalidad o violencia, al menos desde dos perspectivas.
Por un lado, los estudios sobre delincuencia y criminalidad señalan que
éstas tienen altos costos socioeconómicos a nivel de las personas y las regiones; en esto coinciden los estudios de los economistas, que destacan las elevadas tasas de criminalidad e inseguridad como obstáculo para el desarrollo
económico, e incluso se les considera un peligro para el potencial crecimiento
económico (González Andrade, 2014), aunque sea muy redituable para los
grupos criminales utilizar los sectores económicos legales para crear vastos
imperios patrimoniales, a través de varios tipos de mercados ilícitos (Buscaglia, 2012).
Por otro lado, desde la sociología se ha detectado que, si bien los fenómenos económicos pueden influir en la emergencia de criminalidad, la forma
en que esto se lleva a cabo no es fácil de especificar con claridad. Por ello,
Ramírez de Garay (2014) propone que los modelos para analizar esta relación
incluyan interacciones, mediaciones y moderaciones entre las variables, con
la finalidad de valorar cómo funciona la dimensión económica del crimen.
Sin embargo, ambas vertientes establecen una relación directa y causal
que, si bien ayuda a comprender la relación entre criminalidad y desarrollo,
aún no desemboca en la inclusión de indicadores que den cuenta de la paz
imperante en un espacio dado, cuando se valora tal desarrollo.
La inclusión de la paz en el concepto de desarrollo y la discusión sobre la
criminalidad y el crecimiento económico son temas fundamentales en el caso
mexicano porque, a la par que se discuten estas perspectivas teóricas, el país
experimenta una etapa neoliberal que está vigente desde los años ochenta
del siglo pasado y que se caracteriza por una apertura comercial producto del
modelo de economía abierta impuesto por la dinámica global. Esta etapa ha
suscitado desequilibrios internos que se reflejan en una mayor concentración
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

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de la riqueza, en el incremento en los niveles de pobreza y desigualdad, y
en nuevas problemáticas multidimensionales —individuales y sociales— que
rebasan lo económico, como el crimen organizado, el narcotráfico, la exclusión y la violencia estructural generalizada (Torres y Rojas, 2015), y que, cabe
señalar, están presentes en la región de estudio.
Con lo expuesto se aprecia que la concepción del desarrollo que dio pie
a modelos desarrollistas ha cambiado, y organismos internacionales como la
ONU han buscado ampliar el concepto, considerando el Informe del Desarrollo
Humano de 1990 —y su respectivo índice—, así como los estudios de Amartya
Sen. Con ello se abre paso a una visión de desarrollo en la que el crecimiento
económico no es el fin último, ni se piensa únicamente en el bienestar de
las sociedades presentes, sino también en las generaciones venideras. En esta
nueva concepción, la vida digna adquiere importancia y, por ello, se deben
considerar el ingreso económico, la prosperidad y la paz.
PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA
DEL NORESTE DE MÉXICO
Es bien sabido que los países tienen diferencias al interior de sus regiones, y
en el caso de México, el norte es considerado como la región más próspera
del país, particularmente los estados norteños que comparten frontera con
Estados Unidos: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora
y Tamaulipas.
Este imaginario próspero tiene su origen en las políticas económicas
implementadas, desde la década de los treinta del siglo pasado, para fomentar
el desarrollo económico de la zona fronteriza del norte de México, que se
caracterizó por la búsqueda de competitividad de las empresas mexicanas a
través de regímenes aduaneros especiales y programas de promoción industrial (Fuentes y Fuentes, 2004).
A decir de Cerutti (2015), el agro en México también tuvo una época de
gran esplendor entre 1940 y 1960; en el norte, la agricultura ha sido fundamental debido a que, en esas décadas, la política de modernización del campo
se caracterizó por la implementación de proyectos de irrigación, la mecanización del campo y una reforma agraria que contribuyó a que ese norte se especializara en producir para el mercado externo (algodón, hortalizas) y para el
consumo nacional (trigo, sorgo, algodón, hortalizas).
Si bien con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) la región fronteriza fue perdiendo su trato preferencial, también ha
ido redefiniendo una nueva estrategia de desarrollo basada en las ventajas comTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

petitivas locales (Fuentes y Fuentes, 2004), lo que contribuye a mantener un
buen nivel económico que refrenda ese imaginario de prosperidad.
La situación del norte de México aún es bastante buena, como se observa en la Tabla 1, que muestra indicadores fundamentales y tradicionales para
valorar el desarrollo de una región. En conjunto, los seis estados fronterizos
norteños aportan una cuarta parte del PIB nacional; la media nacional del ingreso económico de la población es de $6,545.00 y los seis estados tienen
un ingreso superior a la media nacional (Secretaría del Trabajo y Previsión
Social [STPS], 2020).
TABLA 1
Indicadores de desarrollo en los estados fronterizos
del norte de México
Baja
California
Participación porcentual
al PIB Nacional (2018)

Coahuila

Chihuahua

Nuevo
León

Sonora

Tamaulipas

3.4

3.8

3.4

7.6

3.4

2.9

$8,000 $8,500

$7,500 $8,000

$7,500 $8,000

$9,000 $9,500

$7,500 $8,000

$6,500 $7,000

Proporción de trabajadores
asalariados en la ocupación
(cuarto trimestre de 2019)

78.0

79.6

79.3

78.8

78.2

74.8

Tasa neta de participación
(PEA/PET, cuarto trimestre de
2019)

63.0

60.1

61.8

61.2

64.0

61.6

2.2

4.3

2.6

3.6

3.8

3.2

Porcentaje de población no pobre
y no vulnerable (2015)

29.1

36.3

31.7

43.0

32.4

27.2

Porcentaje de pobreza (2018)

23.3

22.5

26.3

14.5

28.2

35.1

1.6

1.4

2.6

0.5

2.6

3.3

Índice de Desarrollo Humano
(2015)

Muy Alto

Muy Alto

Medio

Muy Alto

Muy Alto

Alto

Grado de rezago social (2015)

Bajo

Muy Bajo

Bajo

Muy Bajo

Bajo

Bajo

Grado de marginación (2015)

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Muy Bajo

Bajo

Bajo

28

30

24

32

25

23

0.402

0.414

0.443

0.435

0.439

0.472

Ingreso promedio mensual
de la población ocupada
(cuarto trimestre de 2019)

Tasa de desocupación
(tercer trimestre de 2019)

Porcentaje de pobreza extrema
(2018)

Lugar nacional
de rezago social (2015)
Coeficiente de Gini (2018)

Fuente: Elaboración propia con base en Coneval (s/f, a, b, c y d), Gobierno de México (2020), INEGI (2019),
PNUD México (s/f) y STPS (2020).

Cabe señalar que, en México, la proporción de trabajadores asalariados
en la ocupación es de 68.2%, la tasa neta de participación de la población ecoTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

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nómicamente activa (PEA) es de 60.4%, y la tasa de desocupación es de 3.4%
(STPS, 2020). Por tanto, y de acuerdo a la Tabla 1, todos los estados fronterizos superan la media nacional en la población de trabajadores asalariados de
acuerdo a la ocupación y en la tasa neta de participación —sólo Coahuila está
ligeramente debajo de esa media—. Si bien Coahuila, Nuevo León y Sonora
están debajo de la media en la tasa de desocupación, ninguno de los estados
fronterizos rebasa la media en más de un punto porcentual, lo que es un buen
indicador.
Estos indicadores positivos se reiteran en el Índice de Desarrollo Humano —que sólo es medio para Chihuahua—, en datos como el porcentaje de
población no pobre y no vulnerable —al menos una cuarta parte de la población de cada estado fronterizo está en esa situación—, y la pobreza extrema no
supera el 3.3% de la población en cada entidad.
Asimismo, los grados de rezago social y marginación en los estados del
norte se consideran bajos o muy bajos; por ello, el coeficiente de Gini tiende
a cero, lo que significa que hay mayores condiciones de igualdad. Esto es, los
datos mostrados en la Tabla 1 son consistentes entre sí y, en conjunto, engloban indicadores que dan cuenta de la prosperidad regional.
Específicamente en el ámbito económico de Tamaulipas, en 2016 se reportaban como principales actividades productivas el comercio, la minería
petrolera, transportes, correos y almacenamiento, la construcción y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; asimismo,
los principales sectores estratégicos son productos químicos y petroquímicos,
automotriz, electrodomésticos, maquinaria y equipo, servicios de investigación, turísticos, agroindustriales, equipo médico, tecnologías de la información, energías renovables, de logística, equipo y aeroespacial (Secretaría de
Economía, s/f).
En la frontera norte de Tamaulipas, en particular, hay una importante actividad de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (Immex), concentrada en la zona urbana de los municipios de
Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo; particularmente Reynosa y Matamoros, en 2016, consumieron más del 66% de los insumos reportados para Tamaulipas y concentraron el 76% de la derrama económica de esa industria
(Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Tamaulipas, 2020).
Además de la relevancia de las actividades manufactureras concentradas
en las principales ciudades de la franja fronteriza, Tamaulipas también ha
destacado en el ámbito agropecuario a nivel nacional y sobresale el norte del
estado (Lera Mejía, 2015). La agricultura, en particular, fue muy beneficiada
por los proyectos de irrigación, la mecanización del campo y la reforma agraria que se mencionó en párrafos anteriores; todo esto sumado a que el patrón
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

de poblamiento de Tamaulipas concentra su población en grandes ciudades,
lo que coadyuva a que la agricultura se practique en el vasto territorio rural
del estado (ver Figura 1). De acuerdo a los datos 2018-2019, la agricultura
tamaulipeca ocupó el primer lugar en producción de sorgo grano, cebolla
amarilla, canola, okra, sábila, limón italiano y maíz palomero (Secretaría de
Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas, 2021).
FIGURA 1
Patrón de poblamiento en Tamaulipas

Fuente: USEG-Colef (2020).
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

15

Cabe señalar que sorgo, canola, okra y maíz palomero se cultivan en el
noreste del estado, que también concentra el 80% de la producción de sorgo
grano de Tamaulipas, específicamente los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando y Méndez, que conforman
la que he denominado Región sorguera del noreste de México, por la relevancia
del cultivo —en la región, el estado y el país— y los rasgos agroproductivos
compartidos.
Esta región sorguera es muy relevante para Tamaulipas no sólo por
sembrar cuatro de los siete productos donde el estado mantiene liderazgo
nacional, también porque concentra el 46.59% del valor de la producción
agrícola estatal y ahí se siembran 19 de los 54 cultivos registrados para Tamaulipas (SIAP, s/f). Esto es, se trata de una vasta región dedicada a la agricultura y en la que el sorgo grano tiene gran relevancia, por el liderazgo que ha
mantenido, a pesar de ser un sistema-producto regido por mercados internacionales, particularmente por la oferta y la demanda en los Estados Unidos.
En la región sorguera del noreste de México hay casi un millón novecientas mil hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias y la mitad de ellas
se destinan al uso agrícola (INEGI, s/f a); en 2018 se sembraron en la región
poco más de un millón doscientas mil hectáreas, que representan el 60% de
la superficie sembrada en Tamaulipas, y la mitad de esas hectáreas (en riego
y temporal) se destinaron al cultivo del sorgo grano (SIAP, s/f). Asimismo,
hay que destacar que la superficie agropecuaria de la región sorguera está
concentrada principalmente en pequeños y medianos productores que, en
promedio, poseen 28.75 hectáreas —sólo 10% son grandes productores—, y
en términos de tenencia de la tierra, 74.36% de la superficie es propiedad
privada, 23.53% es ejidal, menos del 1% se cataloga como colonia agrícola y
1.41% se considera propiedad pública (INEGI, s/f a).
Respecto al ingreso de los productores de sorgo,
Al considerar la superficie cosechada por cada productor en riego
en la tecnología (GMF) [gravedad mejorada fertilizada], en temporal
(TMF) [temporal mejorado fertilizado] y (TMS) [temporal mejorado
sin fertilizantes], se tiene que éstos obtuvieron una ganancia total
de $527,072.00, $138,036.00 y $115,783.00, respectivamente, que
origina durante el año un ingreso por día de $1,444.00, 378.00 y
317.00 pesos, que es superior al salario mínimo rural vigente (Alejandro Allende et al., 2020, p. 146).

Con relación a los rasgos agroproductivos de la región, los principales
son: desapego a la tierra e individualismo en la forma de producción; procesos
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

y tecnología productivos similares (mecanización del campo y requerimiento
de poca mano de obra); arrendamiento de parcelas, en varios municipios a la
vez; utilización del esquema de contrato para arrendamiento de predios; un
manejo del sistema-producto que se apoya en diversas organizaciones que
coadyuvan al liderazgo nacional de la región. Todo ello permite considerar a
esos municipios como una región agroproductiva (López León, 2019).
Con relación a los indicadores de desarrollo en la región sorguera, en
la Tabla 2 se aprecia que es una región con un Índice de Desarrollo Humano
alto, grados de marginación y rezago social bajos o muy bajos, y se confirma
con el coeficiente de Gini que tiende a cero. La disparidad regional se centra
en los municipios de Méndez y San Fernando, que tienen los mayores indicadores relacionados con la pobreza pero también son los municipios menos poblados, esto es, la población de San Fernando y Méndez, en conjunto,
representa el 4.24% de la población total regional (INEGI, s/f b). Hasta cierto
punto, la diferencia de Méndez y San Fernando es de esperarse porque son
municipios territorialmente grandes, sin industria manufacturera o maquiladora, tienen una mayor composición rural y más del 90% de sus cultivos son
de temporal (INEGI, s/f a).
TABLA 2
Indicadores de desarrollo en los municipios de la región sorguera
del noreste de México
Matamoros

Méndez

Reynosa

Río Bravo

San
Fernando

Valle
Hermoso

Porcentaje de población
con ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo (2015)

15.5

20.9

12.1

16.7

29.1

14.7

Porcentaje de población no pobre
y no vulnerable (2015)

26.5

3.0

31.2

19.4

5.8

17.7

Porcentaje de pobreza (2015)

39.7

55.2

34.8

45.2

66.5

47.9

4.2

8.2

3.0

5.4

12.8

3.6

Índice de Desarrollo Humano
(2015)

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Grado de marginación (2015)

Muy Bajo

Medio

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Bajo

Grado de rezago social (2015)

Muy Bajo

Medio

Muy Bajo

Bajo

Medio

Bajo

0.394

0.353

0.375

0.389

0.403

0.381

Porcentaje de pobreza extrema
(2015)

Coeficiente de Gini (2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Coneval (s/f a, c y e), Conapo (s/f) y PNUD México (2020).

Las diferencias entre municipios de la región sorguera del noreste de
México se desdibujan al analizar el cultivo del sorgo pues, históricamente,
no ha habido variaciones significativas en la superficie sembrada y las variaTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

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ciones han sido similares en los municipios de la región (ver Figura 2); asimismo, los indicadores que dan cuenta del desarrollo corroboran que es una
región próspera y con un buen nivel de bienestar para la población, por la relevancia de la industria manufacturera y maquiladora y el liderazgo nacional
en varios cultivos que, en conjunto, benefician a la población urbana y rural.
FIGURA 2
Superficie sembrada en la región sorguera del noreste de México,
2003-2018, por municipio

Fuente: Elaboración propia con base en SIAP (s/f).

Estas cifras, que denotan productividad y prosperidad, son fundamentales para reflexionar sobre el desarrollo. Sin embargo, en la región sorguera
esas cifras se dan a la par de otras que indican una prolongada situación de
violencia. Si bien el narcotráfico existe históricamente en la región, la violencia ligada a éste se incrementó en Tamaulipas a partir de 2010, con la ruptura
entre el Cártel del Golfo y los Zetas, su brazo armado; ambos grupos con su
centro de operaciones en Matamoros. Esta ruptura provocó la huida masiva
de habitantes de la llamada Frontera chica —colindante a la zona sorguera—, el
asesinato de decenas de migrantes y narco-fosas, en un contexto de corrupción
de funcionarios gubernamentales, extorsión a comerciantes y el surgimiento de
un nuevo mercado de estupefacientes en el país (Correa Cabrera, 2013).
Esta situación se refleja en los datos estadísticos de los principales delitos relacionados a la narcoviolencia como se experimenta en Tamaulipas:
homicidio doloso, secuestro y extorsión. La Figura 3 muestra los datos registrados para la región sorguera en esos tres delitos, respecto al resto del estado
y ahí se aprecia que, en 2012, se contabilizó el mayor número de casos de
homicidio doloso; en 2013 de secuestro; y en 2014 de extorsión. Asimismo,
de 2011 a 2019, al menos una cuarta parte de esos delitos se registraron en la
región sorguera y de 2017 a 2019 en esta región se registró prácticamente la
mitad de la incidencia delictiva para homicidio doloso, secuestro y extorsión,
de Tamaulipas.
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

FIGURA 3
Principales delitos asociados a la narcoviolencia en la región sorguera
del noreste de México, 2011-2019

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (s/f a y b).
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

En términos específicos de la región sorguera del noreste de México, la
Tabla 3 muestra la desagregación, por municipio, de los principales delitos
asociados a la narcoviolencia en la región sorguera; en esa Tabla se aprecia
que el homicidio doloso ha sido el principal delito en la región de 2011 a
2019 y que los municipios de Reynosa y Matamoros tienen mayor incidencia
delictiva. Si bien es de esperarse que haya mayor incidencia delictiva en los
municipios más poblados, es importante señalar que también se experimentan las consecuencias de la narcoviolencia en las zonas rurales.
TABLA 3
Principales delitos asociados a la narcoviolencia en la región sorguera
del noreste de México, por municipio, 2011-2019
Matamoros
Homicidio doloso

Secuestro

Extorsión

Total

Méndez

Reynosa

Río Bravo

San
Fernando

Valle
Hermoso

Total

673

3

1096

165

225

170

2332

21.10%

0.10%

34.30%

5.20%

7.00%

5.30%

73.00%

111

0

243

14

55

23

446

3.50%

0.00%

7.60%

0.40%

1.70%

0.70%

14.00%

181

0

169

27

30

11

418

5.70%

0.00%

5.30%

0.80%

0.90%

0.30%

13.10%

965

3

1508

206

310

204

3196

30.20%

0.10%

47.20%

6.40%

9.70%

6.40%

100.00%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (s/f a y b)

En las zonas rurales, el desplazamiento forzado y la muerte han sido las
afectaciones más evidentes porque estas zonas han sido tierra fértil para que
los cárteles de la droga desarrollen dos de sus principales actividades: tráfico de droga y de migrantes. Los caminos y brechas han sido utilizados para
el tráfico ilegal y como rutas de tránsito y escape en las persecuciones; los
ranchos y las propiedades de agrícolas se han convertido en refugio para los
integrantes de los cárteles; los ejidos y los poblados rurales han sufrido balaceras y ataques; y las vastas zonas rurales han sido idóneas para que se instalen
narco-campamentos, narco-cocinas y narco-fosas (López León, 2017).
A pesar de ello, la región sorguera ha mantenido su liderazgo agroproductivo nacional y ha contribuido a que Tamaulipas tenga buenos indicadores
de desarrollo y productividad; esto se ha logrado por 1) la red agroproductiva
regional y la falta de dependencia de mercados locales para la comercialización, 2) la forma de cultivar sorgo en la región –mecanización del campo y
poco personal para su cultivo- que facilita la productividad y 3) las históricas
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ARTEMISA LÓPEZ LEÓN

actividades económicas vinculadas al comercio ilícito contribuyen a que los
productores hayan aprendido a vivir, convivir y no interferir en las actividades delictivas lo que, en conjunto, ha permitido mantener activo el campo en
una zona de conflicto armado, a través de la combinación de las dinámicas
productivas tradicionales con nuevas estrategias no sólo de producción sino
de supervivencia (López León, 2019).
Esto muestra que la relación entre crecimiento económico y prosperidad con delincuencia y criminalidad no necesariamente es causal ni proporcionalmente inversa, sino que puede ser una interacción de coexistencia.
Sin embargo, ello no significa que la población de la región tenga una buena
calidad de vida y mucho menos una vida digna, pues la narcoviolencia contribuye a la ausencia de paz.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
El desarrollo, como se concibe hoy día, no puede afirmarse que persiste en las
regiones donde hay narcoviolencia, como la región sorguera del noreste de
México que tiene buenos indicadores de crecimiento económico y bienestar
pero hay ausencia de paz, debido a la lucha por el territorio de los grupos del
crimen organizado y que se refleja en la incidencia delictiva relacionada con la
narcoviolencia y en las afectaciones cotidianas que padece la población, como
el desplazamiento forzado y la ocupación de su territorio.
La región sorguera del noreste de México demuestra que la relación
entre crecimiento económico y criminalidad no siempre es causal ni directa y tampoco debería ser el principal eje para analizar la interrelación
entre esos conceptos que han sido objeto de interés de diversas disciplinas
de estudio.
Esto es, en la región sorguera coexiste el crecimiento económico con
indicadores favorables de bienestar y con la criminalidad. Esta aparente paradoja es comprensible si se consideran las estrategias de supervivencia desarrolladas por los pobladores, pues les han permitido mantener productivo
el campo. En esta región, las políticas de desarrollo de la frontera norte y
del agro en México han sido fundamentales para que los agroproductores
mantengan su liderazgo nacional en la producción de sorgo y otros cultivos y
que sean competitivos aún y cuando sus productos se rijan por los mercados
internacionales y prevalezca la narcoviolencia.
Lo anterior lleva a considerar la relevancia de incluir nuevos indicadores en la medición del desarrollo para que estos reflejen no sólo el crecimiento económico o el bienestar que son importantes para dar cuenta de la prosTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�DESARROLLO, PROSPERIDAD Y NARCOVIOLENCIA EN LA REGIÓN SORGUERA

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peridad que se asocia al desarrollo, pero son insuficientes para valorar la paz,
un componente fundamental en las discusiones actuales sobre el desarrollo.
En la región sorguera, la ausencia de paz se asocia con la narcoviolencia
pero, en otras regiones, puede relacionarse con otras problemáticas que también pueden poner en entredicho la paz y, por ende, el desarrollo. Por ello es
importante que las mediciones consideren indicadores relacionados con el
ejercicio de los derechos humanos y la incidencia delictiva, por ejemplo.
Los análisis regionales, locales y los estudios de caso que consideran las
metodologías cualitativas, las actividades económicas, la situación de violencia imperante y la violación a los derechos humanos pueden dar luces importantes para guiar la búsqueda de esos indicadores que pongan la medición del
desarrollo a la altura de la concepción que prevalece en la actualidad. Esto
es, se vuelve relevante discutir el desarrollo y su medición considerando los
resultados de variados estudios, espacios, niveles y técnicas de análisis, para
repensar, modificar o incorporar indicadores en la medición del desarrollo.
Hasta hace tres décadas, el crecimiento económico era el elemento nodal para hablar sobre desarrollo pero eso cambió con el Informe de Desarrollo Humano del PNUD y las contribuciones de Amartya Sen que después se
enriquecieron con las discusiones sobre el desarrollo sostenible y la seguridad
humana; ello se reflejó con la inclusión de la paz en la Agenda 2030 y los
Objetivos del Desarrollo Sostenible. A la par de esto, han empezado a tomar
fuerza concepciones como el Buen vivir, que cuestionan la visión dominante
en el desarrollo.
El desafío actual es que esas concepciones se reflejen en los indicadores que se
utilizan para medir el desarrollo; al hacerlo, estaremos en la vía no sólo de entender
lo que ocurre en regiones prósperas pero conflictivas sino de que los indicadores
reflejen el desarrollo más allá del crecimiento económico y el bienestar, pues una
región próspera que no goza de la paz, no puede considerarse desarrollada.
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JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS

Características de la Pobreza Multidimensional
de los Migrantes Internos en México
en Comparación con los No Migrantes, 2010-2018
Characteristics of Multidimensional Poverty
of the Internal Migrants in Mexico
Compared to Non-Migrants, 2010-2018
JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ * | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS **

RESUMEN
El artículo compara las condiciones de vida de la población que cambió
de estado de residencia en los años más recientes con las de aquellos que
no migraron. La información procede de los microdatos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010-2018. Con esos datos
se efectúan contrastes de proporciones y se estiman modelos logit para
las probabilidades de padecer pobreza multidimensional, insuficiencia
de ingreso o alguna de las seis carencias sociales que integran esta medida. Los resultados indican que los inmigrantes son menos propensos a
disponer de ingresos insuficientes o a clasificar como pobres. Sin embargo, tienen mayor probabilidad de padecer carencias de calidad y espacios
en la vivienda, acceso a servicios de salud y seguridad social.
Palabras clave: Migración interestatal | Condiciones de vida |
Carencias sociales | Pobreza de ingreso | Estimación logit.
ABSTRACT
The paper compares the living conditions of the population that changed their state of residence in the most recent years with those who did
not migrate. The information comes from the microdata of the Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010-2018. Based on
these data, we calculate tests of proportions and estimate logit models
for the probabilities of suffering from multidimensional poverty, insufficient income or any of the six social deprivations of the main measu-

* Estudiante de la Universidad de Guadalajara, Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Correo
electrónico: jespinosamea2016@colef.mx
** Investigador titular de El Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana, Departamento de Estudios
Económicos. Correo electrónico: opelaez@colef.mx
Recibido: 30 de enero de 2021 | Aceptado: 20 de septiembre de 2021
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

ISSN 2007-1205 | pp. 26-54

�CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE LOS MIGRANTES INTERNOS

27

re. The results show that immigrants are less likely to have insufficient
income or to classify as poor. However, they are more likely to suffer
deficiencies in quality and spaces in the house, access to health services,
and social security.
Keywords: Interstate migration | Living conditions | Social deprivation |
Income poverty | Logit estimation.

INTRODUCCIÓN
Los niveles de pobreza varían en el tiempo y en el espacio. La distribución
geográfica de los factores de producción, las oportunidades de empleo, las
dinámicas de crecimiento, o los elementos que favorecen el bienestar de las
poblaciones, son desiguales al interior de México y entre países. Estas asimetrías económicas y sociales condicionan el fenómeno de la migración, tanto
interna como internacional. Por ello, es importante considerar la relación
existente entre estos aspectos.
El estudio de la migración interna y la pobreza tiene varias dimensiones analíticas que se interconectan al valorar las expectativas de mejora de
la calidad de vida de las personas. Tradicionalmente, los flujos migratorios
se han vinculado con las condiciones de pobreza, encontrando en estas su
origen o una limitante (PNUD, 2007). Asimismo, los migrantes han sido percibidos como potenciales focos de pobreza (Singer, 1986; Mungaray et al.,
2014), pero también como una solución a este problema a través del envío
de remesas (Lozano, 2003; BID, 2006). Los resultados y conclusiones varían
según las áreas y grupos analizados.
El objetivo del presente artículo es comparar las condiciones de vida
en México de los migrantes frente a la población que no ha cambiado de
residencia en los años recientes. Para ello se recurre a las medidas de pobreza
multidimensional, que aportan información sobre diferencias de ingreso, así
como de disfrute de derechos sociales. Siguiendo a Partida (2015), se considera migrante a la persona que, al momento de ser encuestada, responde
que 5 años antes residía habitualmente en otro estado o país. Esta definición
implica asumir ciertas limitaciones. No obstante, a pesar de la heterogeneidad
del grupo caracterizado por esta cuestión, los resultados que se obtienen son
consistentes y aportan información que hasta el momento era desconocida
para el conjunto del país.
La hipótesis de investigación es que las personas que han cambiado recientemente de estado de residencia soportan carencias diferentes a las del
resto de la población y tienen una propensión significativamente distinta a
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�28

JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS

padecer pobreza. Para comprender mejor estos aspectos, en primer lugar se
realiza una breve revisión de la literatura referente a pobreza y migración.
Posteriormente, se describe la base de datos y las técnicas de análisis utilizadas. El tercer apartado contiene los resultados. Por último, se presentan las
conclusiones y reflexiones finales.
1. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE POBREZA Y MIGRACIÓN
1.1. Pobreza
Si bien existen diferentes definiciones de pobreza, la mayoría pone énfasis
en la incapacidad de las personas u hogares para satisfacer sus necesidades
básicas. Por ejemplo, Spicker (1999) establece once maneras diferentes de
referirse o interpretar la pobreza: “necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación
múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable” (Feres y Mancero, 2001: 9). Spicker (2007) matiza que “clase” se refiere
a “clase social” y añade la “posición económica” para alcanzar un total de “doce
grupos de significado”.
Para la Cepal (2000), la “pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos
de acuerdo con normas sociales de referencia” (83). Esas normas pueden tener un carácter absoluto o relativo, variando en el tiempo y entre diferentes
espacios nacionales. Por su parte, Rucoba y Niño (2010) recuerdan que “la
pobreza se refiere a un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer algunas necesidades básicas, como alimento y vestido [...]
considera la falta de control sobre los recursos naturales y económicos, falta
de educación y desarrollo de destrezas, salud deficiente, desnutrición, falta de
vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, vulnerabilidad
a la violencia y al crimen, falta de libertad política y de expresión” (785-786).
Estas definiciones amplias, ahora habituales, han ido formándose y evolucionando a lo largo del tiempo. Como explica Konkel (2014), un momento
destacable se produjo en la década de 1970, cuando el Banco Mundial, bajo la
presidencia de McNamara, centró su atención en la pobreza. Resultó entonces relevante la pobreza absoluta y la utilización de indicadores que dieran
cuenta de ella. No obstante, en 1976, la Organización Internacional del Trabajo dio sustento al enfoque de pobreza de las necesidades básicas al abogar
por la salud, la nutrición, el vestido, la vivienda, el abastecimiento de agua, el
saneamiento y las disposiciones en sus operaciones.
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29

En 1990, la publicación del primer informe sobre desarrollo humano
por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo el índice de desarrollo humano como medida de las necesidades básicas que deben ser cubiertas para el disfrute de un nivel de vida decente (PNUD,
1990). Al tiempo, se dieron a conocer las líneas de pobreza mundial basadas
en el ingreso, con un umbral superior de US$370 por año y otro umbral más
bajo de US$275. A partir de estas líneas, se clasifica como pobres a las personas que disponen de un ingreso inferior a US$370, y como extremadamente
pobres a las que tienen que vivir con menos de US$275. La primera es la línea
internacional de pobreza de un dólar al día (Konkel, 2014). En la actualidad,
estos valores se han revisado, pero su esencia persiste, por ejemplo, en el primer objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
cuya primera meta es erradicar la pobreza extrema, que afecta a “las personas
que viven con menos de 1.25 dólares de los Estados Unidos al día” (Naciones
Unidas, 2018, p. 15).
En México, la Ley General de Desarrollo Social (DOF, 2004) establece que el
organismo encargado de medir la pobreza es el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que debe tener en cuenta información sobre: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a servicios de
salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, etc. Para cumplir
esta función, el Coneval diseñó la metodología de la pobreza multidimensional,
que combina el enfoque de las líneas de pobreza con el de derechos sociales. De
esta manera, una “persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos
para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes
y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades” (Coneval, 2018, p. 33).
Esta medición se realiza “con una periodicidad mínima de cada dos años para
cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada
cinco años” (DOF, 2004, art. 37), utilizando la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
1.2. Migración
Cruz et al. (2015) conciben la migración como el desplazamiento de personas desde un área de origen hasta otro de destino, implicando un cambio
de residencia habitual. Estos desplazamientos pueden ser de carácter interno
(cuando el cambio de residencia tiene lugar al interior de un mismo país) o
externo (si la residencia se sitúa en un país distinto al de origen, denominándose entonces migración internacional).
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La teoría neoclásica de las migraciones explica que estos cambios de residencia se deben a decisiones personales, motivadas por la situación económica, que surgen al comparar las diferentes condiciones laborales y salariales
entre regiones, tomando en cuenta los costos asociados a migrar (Domínguez, 2009). El desempleo, el subempleo, la precariedad en salarios y la falta
de demanda para ciertos oficios, causan que la población se desplace a otras
zonas con mayores oportunidades de empleo y más altas remuneraciones
para mejorar su situación. Este planteamiento se basa en fundamentos microeconómicos, pero se relaciona con la dimensión macroeconómica, sobre
todo a través de la evolución de los mercados laborales (Arango, 2003; García, 2017).
En este marco, Todaro (1969) introduce el concepto de rentas esperadas, según el cual, la decisión de emigrar no sólo depende del diferencial salarial sino también de la probabilidad de encontrar empleo. De esta forma, si el
diferencial salarial es pequeño, pero las probabilidades de encontrar empleo
en el lugar de destino son altas, las personas tienden a emigrar con la expectativa favorable de mejorar su ingreso. De modo similar, también emigran
hacia regiones con altos diferenciales salariales si estos compensan las menores probabilidades de encontrar empleo y los costos del traslado (Mungaray
et al., 2014). La decisión de migrar depende, por tanto, de las condiciones de
origen, de destino, y de los costos de traslado, valorado todo ello en función
de las características específicas de cada persona.
Por su parte, la teoría del mercado dual de trabajo considera que la causa
de las migraciones es la permanente demanda de mano de obra que caracteriza a las regiones desarrolladas, donde el mercado de trabajo se segmenta
en empleos buenos y malos (Piore, 1979). Los empleos buenos (seguros, con
posibilidades de promoción y mejora de salarios; a los que se asocia prestigio y un estatus elevado) son ocupados por trabajadores locales o nacionales.
Mientras que los empleos malos (precarios, sin posibilidades de promoción y
desacoplados de la cualificación del trabajador) corresponden a trabajadores
foráneos o extranjeros, para quienes los salarios bajos del destino son aún
mayores que los de su región de procedencia, lo que les permite enviar remesas y elevar su estatus en origen (Domínguez, 2009).
La nueva economía de las migraciones añade que la decisión de migrar
no recae solamente en el individuo de manera aislada, sino en grupos de individuos, principalmente la familia (Stark y Bloom, 1985). La emigración de
algunos miembros es una decisión colectiva que permite diversificar fuentes
de ingreso y riesgos. De esta manera, el supuesto de la teoría neoclásica sobre
la racionalidad en la maximización de la utilidad individual se transmuta en
maximización de la utilidad familiar.
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Stark y Yitzhaki (1988) matizan que el factor que impulsa a emigrar es la
desigualdad de rentas en origen, y no la pobreza. El posible emigrante compara su renta con la de aquellos que se sitúan por encima suyo en su grupo
social o comunidad de origen. Lo relevante es, por tanto, la “privación relativa”. De alguna manera, el emigrante busca lo que Veblen (1899) denominaba
“efecto demostración”.
Si bien la teoría neoclásica es dominante en el estudio de las migraciones, presenta limitaciones ante las nuevas realidades económicas y sociales
del mundo. Otras variables, además de las diferencias salariales y las oportunidades de empleo, contribuyen a explicar la expulsión del lugar de origen y
la atracción hacia el destino (Lall et al., 2006). La inseguridad, la pérdida de
patrimonio por desastres naturales, la insalubridad y, en definitiva, la búsqueda de un mayor bienestar y mejores condiciones de vida, entendidas en
un sentido amplio, son factores que explican que las personas cambien de
residencia. Como menciona OIM (2015: 5), “el traslado a las ciudades puede
mejorar, en gran medida, el bienestar de las personas además de ser un medio
de escapar de los peligros que entraña una frágil subsistencia rural, y confiere
acceso a una diversidad de oportunidades de empleo y a mejores condiciones
de salud y educación, lo que permite reducir la pobreza tanto de las personas
que se desplazan como de las que permanecen en el lugar de origen.”
1.3. Pobreza y migración interna: aportaciones empíricas
En general, las teorías migratorias toman la pobreza como una de las causas
de los desplazamientos de las personas o como una limitante de estos ya que
es necesario disponer de ciertos recursos para financiar el traslado y adaptación al destino (Pérez, 2021). No obstante, desde el plano empírico, poco se
sabe de las condiciones de vida de las personas que han tenido esta experiencia. Rara vez las características de migración y pobreza se estudian de manera
conjunta, y menos aún para conocer si los que han migrado son más o menos
propensos a padecer pobreza en el lugar de destino en comparación con el
resto de residentes.
Por ejemplo, Ochoa (2011) describe las diferencias entre hogares que
contaban con familiares migrantes y hogares que no tenían migrantes, encontrando que los primeros soportaban menor calidad de vida que los segundos. De manera similar, Paredes et al. (2016) exploran la relación causal
de la migración internacional con las condiciones de vida de los hogares colombianos en 2010. Si bien encuentran discrepancias entre los hogares con
y sin migrantes, no hallan evidencia suficiente para inferir que la migración
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determine las condiciones de vida de los hogares de Colombia. Estudios de
este tipo analizan las condiciones de vida de los migrantes en origen, de sus
familias, y del efecto que tienen las remesas que reciben, pero no dan cuenta
de la situación del migrante en destino.
Un aporte relevante en este sentido es el de Busso (2006), que analiza los impactos de la migración interna en algunos países de Latinoamérica
comparando a migrantes recientes en destino con no migrantes (residentes
establecidos desde hace más años). De este modo, encuentra mayores tasas de
participación laboral y de desempleo entre los migrantes, concluyendo que
la estrategia de cambiar de residencia puede resultar efectiva para reducir la
incidencia de la pobreza en los migrantes, pero no en todos los países de su
estudio. En general, los impactos de la migración varían por regiones.
Aldana y Escobal (2016) estudian los efectos de la migración interna
sobre el desarrollo de las zonas de origen y destino de los migrantes a través
de un modelo de efectos fijos. Con datos de Perú de 2007 a 2014, obtienen
que el impacto de la inmigración es positivo en el capital humano, pero negativo sobre el nivel de consumo de las provincias con mayor desarrollo, lo que
conlleva un efecto perjudicial en el bienestar.
Para el caso de México, la evidencia empírica de este tipo de análisis es
mínima. No obstante, el fenómeno de la migración interna sigue presente
(Morales et al., 2018; Granados y Quezada, 2018). A lo largo de los años, los
flujos han ido incrementándose y variando entre estados, al tiempo que cambiaban los patrones de movilidad desde un esquema rural-urbano hacia otro
más urbano-urbano (Romo et al., 2013). Esto podría tener diferentes impactos en la población y las áreas geográficas de origen y destino.
En cuanto al caso de éxito, o de estrategia, de la migración para hacer
frente a los índices de pobreza, tal como lo plantea Busso (2006), un análisis
preliminar de los datos parece apoyar la idea de que, en México, la migración
interna actual tiene efectos positivos en la contención de la pobreza. La pobreza multidimensional y la insuficiencia de ingresos son menores entre los
migrantes que entre las personas que no cambiaron de estado de residencia. Sin
embargo, las carencias de acceso a seguridad social y a servicios de salud afectan
más a los migrantes. En las próximas páginas se comprueba si estas diferencias
son estadísticamente significativas aportando detalles adicionales al respecto.
2. FUENTES DE DATOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS
Las condiciones de vida de la población se pueden conocer a través de diversas variables e indicadores. Pero no todos son igual de válidos para comparar
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la situación de los migrantes con la de aquellos que no han cambiado de residencia. Para este fin, es preciso que presenten ciertas características, como
homogeneidad, representatividad y disponibilidad a nivel de individuos.
Además, hay que tener en cuenta que el contraste de condiciones mediante estadísticos descriptivos bivariados aporta información útil, pero
puede ocultar distorsiones causadas por otras variables. Para evitar esta situación, se hace necesario considerar también esos otros elementos. Por ello, se
plantea un marco analítico en el que las condiciones de vida (V) se relacionan
con el hecho de que una persona haya cambiado o no de estado de residencia
(M) así como con otros factores (X) que también influyen en las condiciones
de vida de migrantes y no migrantes. El esquema multivariante V=f(M, X)
permite controlar el efecto de estas otras características, y medir la intensidad
y sentido de la relación objeto de estudio separada de la influencia de otras
características diferenciales.
A partir de lo mencionado, las cifras de pobreza multidimensional publicadas por Coneval (2019) se presentan como un indicador bastante adecuado de las condiciones de vida de las personas. Una importante ventaja de
esta fuente es que, junto con el resultado principal de pobreza, ofrece una
amplia gama de mediciones relacionadas con carencias sociales y disponibilidad de ingreso. Esto permite tener un conocimiento más preciso de los
aspectos específicos que llevan a una persona a clasificar en situación de pobreza multidimensional. Otra característica relevante de estas medidas es que
la unidad de análisis es el individuo, aunque luego se pueden agrupar por
municipios o estados. En cambio, los índices de marginación, rezago social
y desarrollo humano sólo se refieren a unidades territoriales, ya que desde
su inicio operan con variables agregadas (Téllez et al., 2016; Coneval, 2016;
PNUD, 2019). Además, las medidas de pobreza multidimensional se han calculado bienalmente durante la última década con una misma metodología a
partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH),
por lo que son comparables desde 2010 a 2018. Las bases de datos de Coneval
(2019) contienen información de más de doscientas mil personas cada año y
permiten asociar su posible situación de pobreza y padecimiento de carencias
con características sociodemográficas de los individuos, como su edad, sexo,
lugar de residencia, etc.
Como explica Coneval (2014), con esos datos se clasifica en situación de pobreza multidimensional a la “población con ingreso inferior al
valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social”
(p. 41). La línea de bienestar (LB) “hace posible identificar a la población
que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y
servicios que precisa para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no
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alimentarias)” (p. 39).1 Por su parte, las posibles carencias sociales que
se evalúan son seis: “rezago educativo, acceso a los servicios de salud,
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación” (p. 37). Además, se
clasifica como pobres extremos a las personas que presentan al menos
tres de las seis carencias sociales y disponen de un ingreso inferior a la
Línea de Bienestar Mínimo (LBM), esto es, un ingreso tan bajo que, aun
si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían
conseguir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. La población pobre multidimensional que no es pobre extrema clasifica como
pobre moderada.
Estas definiciones permiten generar un conjunto de variables discretas
que agrupan a las personas en distintas categorías que dan cuenta de sus condiciones de vida:
 V1i=1 si la persona es pobre, o V1i=0 cuando no es pobre;
 V2i=2 si es pobre extremo, V2i=1 si es pobre moderado, V2i=0 si no es
pobre;
  V3i=2 si dispone de ingreso inferior a la LBM, V3i=1 si su ingreso se
encuentra entre la LBM y la LB, V3i=0 si su ingreso supera la LB;
 V4i=1 si padece rezago educativo, V4i=0 si no padece rezago educativo;
 y de forma análoga a esta última para las otras cinco carencias sociales.
El valor que toman estas variables se ve influido por diversos factores.
En esta ocasión, la atención se centra en la relación que guardan con el hecho
de que una persona haya migrado (Mi=1) o no (Mi=0) recientemente. La variable para identificar a los migrantes no figura entre las que publica Coneval
(2019). Pero se puede generar considerando el lugar de residencia de cada
persona al momento de realización de la encuesta y el estado o país en que
residía cinco años antes. Esto limita el análisis a los encuestados mayores de
5 años de edad. Aquellos que no cambiaron de estado de residencia se consideran no migrantes (Mi=0), mientras que las personas que reportan lugares
distintos clasifican como migrantes (Mi=1).
En primera instancia, la relación entre migración y condiciones de vida
se puede verificar mediante contrastes de proporciones del tipo H0: p0t = p1t
1 En la actualización de la metodología que realiza Coneval (2018) para el cálculo de la pobreza multidimensional a partir del año 2020, la “línea de bienestar” pasa a denominarse “línea de pobreza por
ingresos”. De manera análoga, la “línea de bienestar mínimo” recibe el nombre de “línea de pobreza
extrema por ingresos”.
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�CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE LOS MIGRANTES INTERNOS

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frente a H1: p0t ≠ p1t. Al disponer de muestras suficientemente grandes (n&gt;100),
estos contrastes se resuelven mediante el estadístico:
(1)
donde
; siendo la proporción de pobres observada en la
población que no ha migrado,
la proporción de pobres en la población
migrante, y n0t y n1t los tamaños muestrales de no migrantes y migrantes,
respectivamente (Cuadras et al., 1996). Si el estadístico Πt no se encuentra
comprendido entre los valores críticos –z y z de la normal estándar, se rechaza la hipótesis nula y puede admitirse que el porcentaje de pobres es estadísticamente distinto entre los migrantes recientes y los que no han migrado.
Para un nivel de confianza de 95%, z=1.960; con confianza de 99%, z=2.576;
y para 99.9%, z=3.291.
Además, se propone realizar estimaciones que cuantifiquen este aspecto, no sólo en la pobreza multidimensional, sino también en la insuficiencia
de ingresos y cada una de las seis carencias sociales consideradas por el Coneval. Para aislar el efecto de la migración de otras características de los residentes, se consideran variables adicionales que según estudios previos afectan
a la propensión de padecer pobreza. La edad de las personas es una de estas
características. A partir de la hipótesis del ciclo vital del ahorro (Modigliani y
Ando, 1957; Modigliani, 1986), cabe esperar que la disponibilidad de recursos
aumente con la edad hasta un determinado punto, a partir del cual la relación
se revierte. Esta tendencia se modeliza mediante un polinomio cuadrático,
lX1i+l+1X1i2, en el que la estimación de l debería resultar con signo negativo, indicando que a mayor edad es menos probable padecer pobreza, y la de
l+1 con signo positivo, para reflejar que en las edades más altas la probabilidad de pobreza aumenta. La edad se mide en años cumplidos.
El sexo es otra característica que puede hacer que una persona sea más
o menos propensa a padecer pobreza. Por ejemplo, González de la Rocha
(1986) encuentra que la incidencia de la pobreza es mayor entre las mujeres.
Para considerar este aspecto, se define la variable X2i, que toma el valor 1 si se
trata de una mujer, y 0 si es un hombre.
Un factor especialmente importante es el componente étnico de la población. Panagides (1994) encuentra que la probabilidad de ser pobre aumenta con el porcentaje de indígenas residentes en un municipio. Por su parte,
Peláez (2019) advierte que la probabilidad de padecer pobreza multidimensional aumenta en 30% para un hablante de lengua indígena. La forma habitual de captar este factor es mediante la lengua que declaran hablar los enTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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cuestados. Ello tiene sus limitaciones ya que no existe una asociación perfecta
entre población indígena y hablantes de lengua indígena. Sin embargo, es la
variable disponible que mejor aproxima este fenómeno. Se define, por tanto,
X3i=1 si la persona es hablante de lengua indígena, X3i=0 en caso contrario.
La población que padece alguna discapacidad también es más probable
que clasifique en situación de pobreza. Calderón y Peláez (2018) encuentran
que los residentes en zonas de alto rezago social de Baja California tienen mayor probabilidad de sufrir pobreza extrema si presentan alguna discapacidad.
Este aspecto se incorpora al análisis por medio de la variable X4i, que toma el valor 1 si la persona padece alguna discapacidad física o mental, y 0 en otro caso.
El ámbito de residencia rural o urbano suele ser un aspecto a tener en
cuenta. El índice de marginación incluye un indicador de distribución de la
población y señala que “Existe una relación inequívoca entre marginación
y residencia en localidades de tamaño reducido” (Téllez et al., 2016, p. 14).
Asimismo, Cortés (1997) encuentra mayor probabilidad de ser pobre en el
contexto rural que en el urbano. Para considerar esta cuestión, la variable X5i
asigna el valor 1 a los residentes en localidades de menos de 2,500 habitantes,
y el valor 0 a los de localidades urbanas, con más de 2,500 habitantes.
Finalmente, se añaden dos variables que reflejan la situación del entorno en los dos aspectos centrales del análisis: migración y pobreza. X6i es la tasa
migratoria neta de la entidad federativa de residencia. Se calcula a partir de
los flujos migratorios de los estados y se imputa a las personas conforme a la
entidad en que residen al momento de la entrevista. Permite identificar a los
estados atrayentes (+) y expulsores (–) de población, así como la intensidad
relativa de esas fuerzas. Por su parte, la variable X7i representa el porcentaje
de población pobre de cada estado conforme a las estimaciones del Coneval. Al igual que en el caso de la tasa migratoria, el valor estatal se imputa a
las personas residentes en la entidad al momento de la entrevista. Con ello
se consideran las condiciones de vida promedio que prevalecen en el estado
donde habitan.
Para relacionar las características se recurre a modelos logit, debido a
que las variables que miden las condiciones de vida que se quieren explicar
sólo toman algunos valores discretos. La pobreza multidimensional (V1i) y
cada una de las seis carencias (V4i a V9i) son variables dicotómicas que se pueden explicar mediante logits binarios:
(2)
donde pijt es la probabilidad de que un individuo i clasifique en situación de
pobreza (o padezca la carencia j=4, …, 9) en el año t=2010, 2012, 2014, 2016,
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2018. El logit tiene la forma:
(3)
conteniendo todas las variables explicativas especificadas, esto es, la condición de migrante, M, y las otras siete variables de control, X, además del término de perturbación estocástica, uijt. De este modo, para cada año y carencia
se estiman diez parámetros que ayudan a determinar el sentido e intensidad
de la relación que mantiene cada factor con la probabilidad de padecer pobreza o alguna de las carencias, según el caso.
Las variables V2i y V3i son discretas, pero no binarias. De manera que
no es posible explicarlas de esta misma forma. Los tres valores que toman
tienen un orden lógico: desde la ausencia de pobreza (V2i=0), hasta la mayor
intensidad de la pobreza (V2i=2) o de la pobreza de ingresos (V3i=2). El modelo que mejor se adapta a estos casos es el logit ordinal, en el que se definen
dos umbrales, μ1 y μ2, a partir de los cuales la situación de cada individuo se
asocia a los posibles valores discretos de Vi. La probabilidad de cada situación
se obtiene a partir de la función de distribución evaluada en cada umbral:

(4)

donde

(5)

Una vez consideradas todas las variables necesarias para los análisis y
prescindiendo de los casos con información incompleta, los tamaños de las
muestras utilizadas en los distintos cálculos son: 214,535 observaciones en
2010, 194,072 en 2012, 197,464 en 2014, 235,379 en 2016, y 247,182 en 2018.
Todo lo expuesto implica estimar nueve ecuaciones para cada año, tantas
como variables de condiciones de vida, V. Dado el marco homogéneo que
se ha descrito, los resultados de estas estimaciones son directamente comparables entre indicadores y a lo largo del tiempo. Ello permite extraer conclusiones sobre la incidencia diferencial que tienen los factores presentados
(especialmente, la condición migratoria) en la determinación de la pobreza y
las carencias sociales. Asimismo, permite analizar si estos aspectos se mantienen constantes, muestran alguna evolución, o son poco robustos durante el
periodo 2010-2018.
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3. RESULTADOS
Los porcentajes de población en situación de pobreza multidimensional son
sistemáticamente más altos entre la población que no ha cambiado de residencia en los años recientes (Cuadro 1). La brecha más amplia se observa
en el año 2018, cuando 31.76% de los migrantes son pobres en comparación con 39.54% en el resto de la población. La menor distancia es la del año
2012, cuando sólo 4.35 puntos porcentuales separan ambas proporciones. En
cualquiera de los casos, las diferencias son estadísticamente significativas con
plena confianza.
CUADRO 1
Porcentaje de pobres en la población migrante y no migrante,
2010-2018
2010

2012

2014

2016

2018

No migrantes

45.96%

46.34%

45.40%

40.59%

39.54%

Migrantes

40.98%

41.99%

37.74%

34.37%

31.76%

Estadístico ∏

9.21***

7.83***

13.75***

12.35***

15.86***

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *** indica que el estadístico es significativo con confianza de 99.9%.

La estimación de modelos de regresión multivariantes permite considerar el efecto de otras características en esta relación. Como se observa en
el Cuadro 2, todas las variables incluidas en el modelo contribuyen a explicar la condición de pobreza multidimensional. La única que algunos años no
resulta significativa es la tasa migratoria neta por estados. Sin embargo, la
variable que identifica a las personas que en los últimos cinco años cambiaron
de estado de residencia, siempre es significativa con confianza de 99.9%. Además, presenta signo negativo y valores relativamente estables en el tiempo,
comprendidos entre –0.1026, el año 2012, y –0.2269, en 2018. Esto significa
que la probabilidad de ser pobre multidimensional es menor entre las personas que han migrado recientemente en comparación con aquellos que llevan
residiendo más de cinco años en el mismo estado. Concretamente, según los
efectos marginales en los valores promedio, la probabilidad de clasificar en
situación de pobreza multidimensional es entre 2.54% (2012) y 5.22% (2018)
menor en la población inmigrante. Las otras variables discretas del modelo indican que la probabilidad de padecer pobreza es mayor cuando se trata
de una mujer, que habla lengua indígena, sufre alguna discapacidad y reside
en una localidad de menos de 2,500 habitantes. Destaca el hecho de que la
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39

condición de inmigrante tenga bastante más incidencia en la probabilidad de
pobreza que el sexo. Por su parte, la edad se comporta en el sentido esperado.
La probabilidad de padecer pobreza se va reduciendo hasta los 55-58 años
de edad, para luego incrementarse.2 Además, la probabilidad de ser pobre,
a igualdad del resto de condiciones, es mayor en los estados con más altos
porcentajes de población en pobreza, lo que revela una influencia perjudicial
del entorno.
CUADRO 2
Estimaciones logit para la probabilidad de clasificar como pobre
multidimensional, 2010-2018
Variables

2010

2012

2014

2016

2018

constante

-1.3115***

-1.4081***

-1.4421***

-1.6202***

-1.6891***

M: migrante

-0.1277***

-0.1026***

-0.2094***

-0.1339***

-0.2269***

X1: edad

-0.0302***

-0.0315***

-0.0298***

-0.0287***

-0.0287***

X12: edad2

0.0003***

0.0003***

0.0003***

0.0002***

0.0003***

X2: mujer

0.0373***

0.0579***

0.0396***

0.0636***

0.0532***

X3: indígena

1.0569***

0.9453***

1.0721***

0.9741***

0.9524***

X4: discapacidad

0.4458***

0.3890***

0.4635***

0.4384***

0.4071***

X5: rural

0.5509***

0.4714***

0.3475***

0.1987***

0.1987***

X6: tasa migratoria

0.0933

0.3557***

0.0219

-0.1985*

0.2107***

X7: % pobreza

0.0317***

0.0355***

0.0359***

0.0400***

0.0416***

Estadístico razón de verosimilitud:

22,391***

19,781***

20,674***

27,446***

29,485***

R2 de McFadden:

0.0757

0.0738

0.0761

0.0865

0.0891

Casos correctamente predichos:

63.4%

63.1%

63.5%

66.2%

66.9%

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

En conjunto, el modelo contiene información que ayuda a explicar por
qué unas personas son más propensas a padecer pobreza. Esto se puede comprobar con el estadístico de razón de verosimilitud, que siempre resulta sig2 La edad que hace mínima la probabilidad de pobreza se calcula como –β2/2β3, que proviene de dp/dX1=0
en la ecuación 2.
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�40

JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS

nificativo para cualquier nivel de confianza. El estadístico de McFadden no
alcanza valores altos, pero el modelo llega a predecir correctamente entre
63.1% y 66.9% de las observaciones considerando exclusivamente características sociodemográficas de la población.
Los resultados que se obtienen al considerar el grupo de pobres desagregado en pobres moderados y extremos, y ajustar un modelo logit ordinal
(Cuadro A1, del Anexo), apenas cambian respecto a los ya presentados para el
logit binario. Las variables significativas son las mismas y el sentido e intensidad de su relación también se mantienen. Los coeficientes muestran valores
bastante estables en el tiempo. En conjunto, el modelo predice correctamente
entre 56.6% y 62.8% de los casos registrados. La ventaja de esta especificación
ordinal es que facilita la comparación de resultados con el logit para la pobreza
de ingresos, que también es ordinal con tres categorías mutuamente excluyentes: ingreso inferior a la LBM, entre la LBM y la LB, o superior a la LB.
Las estimaciones para la pobreza de ingresos (Cuadro 3) presentan estadísticos de razón de verosimilitud entre 17 y 27% menores que los del modelo
ordinal para las categorías de la pobreza multidimensional (Cuadro A1). Esto
tiene reflejo en los porcentajes de casos correctamente predichos, también
menores en el modelo de ingreso. No obstante, los estadísticos de razón de
verosimilitud siempre son significativos y la efectividad de las predicciones
nunca es inferior a 50%. El modelo en conjunto aporta información relevante para explicar por qué algunas personas tienen ingresos inferiores a la
LBM o a la LB. Los umbrales son significativos en todos los casos, de manera
que se distinguen los tres grupos de ingreso. Además, todas las variables son
significativas excepto la tasa migratoria de los estados en 2010, 2012 y 2014,
y el indicador de ruralidad en 2016 y 2018. La incidencia de estos factores se
produce en el sentido esperado, no habiendo cambios respecto al modelo de
pobreza. La probabilidad de disponer de un ingreso inferior a la LBM es menor
entre los inmigrantes. Destaca el hecho de que el efecto diferencial de esta variable es mayor en la pobreza de ingreso que en la pobreza multidimensional.
Ser migrante reduce las probabilidades de tener ingreso inferior a la LBM y de
clasificar como pobre extremo, pero reduce más la primera que la segunda.3

3 Las otras variables que incrementan su incidencia en el ingreso son: el sexo y la edad. Por el contrario, las variables con menor incidencia en el ingreso que en la pobreza multidimensional son: la
condición indígena, el padecimiento de alguna discapacidad, la residencia rural y, muy ligeramente,
el porcentaje de pobres en la entidad. La edad que hace mínima la probabilidad de tener un ingreso
inferior a la
se sitúa entre 51.5 y 54.8 años, por debajo de la edad que minimiza la probabilidad de
ser pobre extremo: 56.8-61.8 años.
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�41

CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE LOS MIGRANTES INTERNOS

CUADRO 3
Estimaciones del modelo logit ordinal para las probabilidades
de clasificar en pobreza de ingreso, 2010-2018
Variables

2010

2012

2014

2016

2018

umbral μ1

0.8980***

0.9064***

0.8996***

1.0588***

1.1639***

umbral μ2

2.5380***

2.4190***

2.4939***

2.7884***

2.8593***

M: migrante

-0.1696***

-0.1568***

-0.2489***

-0.2057***

-0.2842***

X1: edad

-0.0351***

-0.0358***

-0.0360***

-0.0352***

-0.0367***

X12: edad2

0.0003***

0.0003***

0.0003***

0.0003***

0.0004***

X2: mujer

0.0637***

0.0813***

0.0703***

0.0874***

0.0884***

X3: indígena

1.0182***

0.8894***

1.0610***

0.9727***

0.9950***

X4: discapacidad

0.3833***

0.3357***

0.3890***

0.3777***

0.3465***

X5: rural

0.4304***

0.3276***

0.1597***

-0.0113

0.0005

X6: tasa migratoria

0.1462

-0.0120

0.0441

-0.8749***

-0.1534***

X7: % pobreza

0.0306***

0.0325***

0.0332***

0.0377***

0.0398***

Estadístico razón de verosimilitud:
Casos correctamente predichos:

43,593***

35,963***

38,472***

52,268***

55,742***

51.4%

50.4%

51.0%

55.6%

56.8%

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

Si bien los inmigrantes son menos propensos a sufrir pobreza de ingreso, no ocurre lo mismo con las carencias sociales. Sólo algunas de ellas
mantienen esta relación. En el rezago educativo, por ejemplo, hasta las fechas más recientes no hay evidencia de diferencias significativas entre los
inmigrantes y los residentes establecidos desde hace más tiempo (Cuadro 4).
Además, estas diferencias indican que es más probable encontrar a una persona con rezago educativo en el grupo inmigrante, que es lo contrario a lo
que ocurre con la pobreza y el ingreso. Otras variables que cambian su comportamiento para esta carencia en específico son: la edad (que no presenta
un mínimo, sino que mantiene una relación siempre creciente con el rezago
educativo) y el sexo (que en 2018 indica que esta carencia es menos probable
entre las mujeres, a igualdad del resto de factores). La condición indígena, la
discapacidad, residir en una localidad rural, en un estado atrayente de población y con alto porcentaje de pobreza, son características que incrementan
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�42

JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS

la probabilidad de padecer rezago educativo. El conjunto de estas variables
aporta información relevante que permite predecir correctamente entre
82.9% y 84.2% de los casos. En consonancia con estas cifras, los estadísticos de
razón de verosimilitud y de McFadden se sitúan entre los más altos de todos
los modelos estimados, siendo sólo superados por los logit de la carencia de
servicios básicos en la vivienda.
CUADRO 4
Estimaciones logit para la probabilidad de padecer rezago educativo,
2010-2018
Variables

2010

2016

2018

constante

-4.3515***

-4.3870***

-4.3212***

-4.1283***

-4.1105***

M: migrante

0.0460

0.0333

0.0389

0.2396***

0.2556***

X1: edad

0.0384***

0.0376***

0.0367***

0.0363***

0.0328***

X12: edad2

0.0001***

0.0001***

0.0001***

0.0001***

0.0001***

X2: mujer

0.0875***

0.0308*

0.0595***

-0.0198

-0.0347**

X3: indígena

1.0332***

0.9856***

0.9769***

1.0058***

0.9813***

X4: discapacidad

0.8863***

0.8147***

0.7640***

0.8473***

0.7461***

X5: rural

0.9769***

0.9242***

0.9442***

0.9147***

0.9249***

X6: tasa migratoria

1.8125***

2.0299***

0.5035***

0.4079***

0.2573***

X7: % pobreza

0.0182***

0.0181***

0.0159***

0.0126***

0.0126***

Estadístico razón de verosimilitud:

2012

2014

44,421***

41,122***

38,792***

45,413***

46,365***

R2 de McFadden:

0.2006

0.2086

0.2019

0.1969

0.1942

Casos correctamente predichos:

82.9%

83.5%

84.3%

83.9%

84.1%

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

La carencia de acceso a servicios de salud también es más frecuente entre los inmigrantes (Cuadro A2). Precisamente, la característica migratoria es la de mayor impacto en la probabilidad de sufrir esta carencia,
superando al sexo, pero también a la condición indígena, al padecimiento
de discapacidad y a la ruralidad. Un inmigrante tiene entre 7.2 y 9.8% más
probabilidades de carecer de acceso a servicios de salud que un residente
que comparta el resto de características. El hecho de hablar lengua indígena
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE LOS MIGRANTES INTERNOS

43

incluso reduce la probabilidad de sufrir esta carencia en 2.3% en 2018. Ser
mujer y residir en una localidad rural, en un estado expulsor de población
y con bajos niveles de pobreza también se asocian con menores probabilidades de padecer este rezago. Los valores de los estadísticos de razón de
verosimilitud y de McFadden son los más bajos que se obtienen para alguna
de las seis carencias. Aun así, los casos correctamente predichos se sitúan
entre 72.8% y 86.1%.
La carencia de acceso a la seguridad social también es más probable entre los migrantes, aunque en los años más recientes la relación se ha debilitado (Cuadro A3). En esta ocasión, no se trata de la característica con mayor
incidencia, viéndose superada por la lengua indígena y, especialmente, la
residencia rural. Los otros factores que hacen más probable carecer de seguridad social son: la edad (pero sólo hasta los 25-28 años), ser hombre, con
discapacidad, y residir en una entidad con altas cifras de pobreza. Los estadísticos de razón de verosimilitud y de McFadden indican que las estimaciones
aportan información estadísticamente significativa.
La probabilidad de padecer carencia de calidad y espacios en la vivienda
apenas guardaba relación con la característica de migrante en los años 2010 a
2014, pero a partir de entonces su asociación ha sido significativa y con intensidad creciente (Cuadro A4). En 2018, resulta 5.2% más probable encontrar
personas con esta carencia entre la población migrante. El sexo no es relevante para este caso, y la tasa migratoria de los estados varía su relación según el
año. El resto de características que se asocian con la ausencia de calidad y espacios en la vivienda son: hablar lengua indígena, ser joven, presentar alguna
discapacidad, y residir en una localidad rural de un estado con alta pobreza.
Los porcentajes de casos correctamente predichos para esta carencia son los
más altos: entre 85.6 y 88.7%.
A pesar de que la carencia de servicios básicos se refiere a la vivienda,
al igual que la anterior, la relación que mantiene con la población migrante
es la inversa (Cuadro A5). Los inmigrantes son menos propensos a padecer
carencia de servicios en sus viviendas. Además, se trata de una relación que
se ha mantenido en el tiempo, debilitándose sólo levemente en los años más
recientes. Destaca el hecho de que todas las variables son significativas todos los años. Esto facilita que los estadísticos de razón de verosimilitud y de
McFadden sean los más altos y que se alcancen porcentajes de casos correctamente predichos de entre 81.4 y 83.0%. Una menor probabilidad de padecer
carencia de servicios básicos en la vivienda se relaciona con: ser migrante, de
edad cercana a los 68 años, mujer, no hablante de lengua indígena, sin discapacidad, residente en localidad urbana, en un estado atrayente de migrantes y
con bajos niveles de pobreza.
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�44

JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS

Por último, la carencia alimentaria no se relaciona con el hecho de ser
migrante (Cuadro A6). Únicamente es significativa la estimación del año
2012. Su signo negativo indica que, ese año, los migrantes son menos propensos a padecer pobreza alimentaria. El sexo, el término cuadrático de la
edad y la tasa migratoria de los estados a partir de 2014, tampoco aportan
información explicativa. Ello hace que este grupo de modelos presente estadísticos de razón de verosimilitud y de McFadden relativamente bajos, pese
a predecir correctamente entre 75.4 y 79.2% de los casos observados. Las características que elevan la probabilidad de clasificar en situación de carencia
de acceso a la alimentación son: hablar lengua indígena, ser joven, padecer
alguna discapacidad, y residir en una localidad rural de un estado con altos
niveles de pobreza.
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
Después de revisar la información de la última década, se ha encontrado que
el hecho de ser migrante no afecta de la misma manera a los diferentes aspectos que integran la medida de pobreza multidimensional. En términos generales, los inmigrantes son menos propensos a clasificar como pobres y pobres
extremos. Sin embargo, tienen mayor probabilidad de padecer carencia de
acceso a servicios de salud, a seguridad social y de calidad y espacios en la vivienda. Estos factores se ven más que compensados por la menor propensión
de los migrantes a mostrar pobreza de ingresos y carencia de servicios básicos
en la vivienda. No se encontró evidencia concluyente para el rezago educativo y la carencia de alimentación, aunque el primero es más probable entre
los inmigrantes en los años más recientes, mientras que la segunda tiende a
lo contrario.
Destaca que la característica migratoria resulta el factor más relevante
para explicar la carencia de acceso a servicios de salud. Ello, unido a la mayor
propensión de los migrantes a padecer carencia de acceso a la seguridad social, pero también a disfrutar de mayores ingresos, puede interpretarse como
un indicio de que este grupo tiene una alta participación laboral con salarios
relativamente elevados, pero que muchos migrantes pueden encontrarse en
el mercado informal o estar soportando condiciones laborales inadecuadas a
cambio de ese ingreso más alto.
De manera similar, la mayor probabilidad de los migrantes de residir en
viviendas con carencia de calidad y espacios, pero con mejores servicios básicos, puede tener su origen en la propia naturaleza de sus características. Al
llevar menos de cinco años en su residencia actual, cabe esperar que sean más
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE LOS MIGRANTES INTERNOS

45

propensos a rentar que a tener vivienda en propiedad, prefiriendo viviendas
con mejores servicios (agua entubada, drenaje, electricidad) antes que con
mayor calidad estructural (material de techos, pisos y muros) o más amplias
(razón de personas por cuarto).
La estimación de los modelos logit sirvió para confirmar y precisar estos
aspectos considerando otras variables que también afectan a la pobreza. El
alto porcentaje de casos correctamente predichos, junto a la robustez de las
estimaciones obtenidas, que apenas cambian con el transcurso de los años,
confiere solidez a los resultados consecuentes, que, en términos generales,
reflejan características específicas de la población migrante. Estas características hacen que el colectivo de migrantes sea menos propenso a padecer
pobreza multidimensional, pobreza de ingresos y algunas carencias sociales,
pero sufra en mayor proporción falta de acceso a servicios de salud, seguridad
social, y calidad y espacios en las viviendas. De esta forma, puede considerarse
que la migración al interior de México tiene efectos positivos en la contención de la pobreza, pero no en todos los aspectos que la integran.

TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�46

JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS

ANEXO
CUADRO A1
Estimaciones del modelo logit ordinal para las probabilidades
de clasificar como pobre extremo, moderado o no pobre, 2010-2018
Variables

2010

2012

2014

2016

2018

umbral μ1

1.4604***

1.5662***

1.5777***

1.7267***

1.8172***

umbral μ2

3.6610***

3.8271***

3.9530***

4.2544***

4.3088***

M: migrante

-0.1405***

-0.1247***

-0.2067***

-0.1279***

-0.2272***

X1: edad

-0.0275***

-0.0280***

-0.0262***

-0.0256***

-0.0263***

X12: edad2

0.0002***

0.0002***

0.0002***

0.0002***

0.0002***

X2: mujer

0.0316***

0.0503***

0.0373***

0.0565***

0.0471***

X3: indígena

1.3034***

1.1623***

1.3491***

1.2026***

1.2221***

X4: discapacidad

0.4440***

0.3904***

0.4636***

0.4481***

0.4127***

X5: rural

0.6660***

0.5576***

0.4391***

0.2705***

0.2708***

X6: tasa migratoria

0.1321

0.1951*

-0.1884*

-0.6338***

0.0371

X7: % pobreza

0.0335***

0.0374***

0.0373***

0.0410***

0.0433***

Estadístico razón de
55,318***

49,051***

51,135***

62,644***

67,038***

57.1%

56.6%

58.0%

62.2%

62.8%

verosimilitud:
Casos correctamente
predichos:

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�47

CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE LOS MIGRANTES INTERNOS

CUADRO A2
Estimaciones logit para la probabilidad de padecer carencia de acceso
a servicios de salud, 2010-2018
Variables

2010

2012

2014

2016

2018

constante

-1.6849***

-2.0727***

-2.0752***

-2.1362***

-2.2107***

M: migrante

0.4584***

0.5454***

0.4538***

0.6054***

0.5613***

X1: edad

0.0119***

0.0162***

0.0202***

0.0308***

0.0318***

X12: edad2

-0.0002***

-0.0003***

-0.0003***

-0.0004***

-0.0005***

X2: mujer

-0.2499***

-0.3264***

-0.3598***

-0.4320***

-0.4405***

X3: indígena

0.1923***

0.0630***

-0.0003

-0.1203***

-0.2116***

X4: discapacidad

0.1240***

0.0526**

0.0727**

-0.0549*

-0.0374

X5: rural

-0.0009

-0.1874*

-0.1583***

-0.2332***

-0.2092***

X6: tasa migratoria

0.4537***

1.3428***

0.1374

0.9065***

0.6894***

X7: % pobreza

0.0147***

0.0135***

0.0102***

0.0050***

0.0072***

Estadístico razón de verosimilitud:

3,626***

2,810***

2,321***

3,467***

3,884***

R2 de McFadden:

0.0144

0.0147

0.0129

0.0182

0.0195

Casos correctamente predichos:

72.8%

80.7%

83.1%

86.1%

86.1%

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�48

JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS

CUADRO A3
Estimaciones logit para la probabilidad de padecer carencia de acceso
a la seguridad social, 2010-2018
Variables

2010

2012

2014

2016

2018

constante

-1.0499***

-1.4162***

-1.7177***

-1.7269***

-1.7362***

M: migrante

0.2417***

0.2127***

0.0734***

0.1383***

0.0885***

X1: edad

0.0407***

0.0488***

0.0591***

0.0586***

0.0661***

X12: edad2

-0.0008***

-0.0009***

-0.0011***

-0.0011***

-0.0012***

X2: mujer

-0.1898***

-0.1658***

-0.1779***

-0.1403***

-0.1998***

X3: indígena

0.8278***

0.7652***

0.8690***

0.7353***

0.7309***

X4: discapacidad

0.1277***

0.0458*

0.1159***

0.0996***

0.0552**

X5: rural

1.1128***

1.1316***

1.1116***

0.9467***

0.9628***

X6: tasa migratoria

-0.0595

0.0794

-0.4293***

0.6894***

0.8712***

X7: % pobreza

0.0241***

0.0318***

0.0339***

0.0335***

0.0340***

Estadístico razón
30,773***

32,787***

36,962***

42,889***

46,386***

R2 de McFadden:

0.1067

0.1263

0.1376

0.1327

0.1376

Casos correctamente predichos:

66.4%

67.7%

67.2%

67.0%

67.7%

de verosimilitud:

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�49

CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE LOS MIGRANTES INTERNOS

CUADRO A4
Estimaciones logit para la probabilidad de padecer carencia de calidad
y espacios de la vivienda, 2010-2018
Variables

2010

2012

constante

-2.6328***

-2.7468***

M: migrante

0.0114

X1: edad

2014

2016

2018

-2.5639***

-2.4181***

-2.4856***

0.1128***

0.0894*

0.2897***

0.4988***

-0.0258***

-0.0256***

-0.0224***

-0.0203***

-0.0230***

X12: edad2

0.0001***

0.0001***

0.0001***

0.0000

0.0001***

X2: mujer

-0.0212

-0.0201

-0.0238

-0.0223

-0.0302*

X3: indígena

1.2155***

1.2053***

1.2706***

1.2157***

1.2892***

X4: discapacidad

0.1291***

0.1053**

0.1595***

0.1599***

0.1510***

X5: rural

0.7778***

0.5411***

0.6102***

0.6756***

0.5938***

X6: tasa migratoria

-0.4988**

0.6510***

-1.3433***

-0.5428***

0.1451*

X7: % pobreza

0.0229***

0.0250***

0.0187***

0.0141***

0.0156***

Estadístico razón de verosim16,292***

12,195***

11,280***

12,279***

12,761***

R2 de McFadden:

0.0919

0.0801

0.0773

0.0712

0.0731

Casos correctamente predichos:

85.6%

86.7%

87.8%

88.0%

88.7%

ilitud:

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�50

JORGE IVÁN ESPINOSA GODÍNEZ | ÓSCAR PELÁEZ HERREROS

CUADRO A5
Estimaciones logit para la probabilidad de padecer carencia
de servicios básicos en la vivienda, 2010-2018
Variables

2010

2012

2014

2016

2018

constante

-3.5535***

-4.0906***

-3.7574***

-3.6394***

-3.8420***

M: migrante

-0.3559***

-0.3788***

-0.2615***

-0.2117***

-0.1614***

X1: edad

-0.0205***

-0.0165***

-0.0165***

-0.0113***

-0.0108***

X12: edad2

0.0002***

0.0001***

0.0001***

0.0001***

0.0001***

X2: mujer

-0.0364**

-0.0572***

-0.0489***

-0.0416***

-0.0420***

X3: indígena

2.0921***

1.8382***

1.8985***

1.7786***

1.7881***

X4: discapacidad

0.2787***

0.2122***

0.1979***

0.2000***

0.2128***

X5: rural

2.2832***

1.9916***

1.6868***

2.0588***

1.9679***

X6: tasa migratoria

-1.2894***

0.3374**

-3.0044***

-0.4698***

-0.3687***

X7: % pobreza

0.0364***

0.0489***

0.0427***

0.0364***

0.0429***

Estadístico razón de verosimilitud:

65,779***

55,805***

54,759***

60,851***

65,975***

R2 de McFadden:

0.2867

0.2673

0.2629

0.2416

0.2467

Casos correctamente predichos:

83.0%

81.6%

82.5%

81.4%

82.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�51

CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE LOS MIGRANTES INTERNOS

CUADRO A6
Estimaciones logit para la probabilidad de padecer carencia de acceso
a la alimentación, 2010-2018
Variables

2010

2012

2014

2016

2018

constante

-1.4310***

-1.4339***

-1.4851***

-1.5853***

-1.7549***

M: migrante

-0.0603*

-0.1129***

-0.0470

0.0111

0.0407

X1: edad

-0.0131***

-0.0137***

-0.0099***

-0.0072***

-0.0069***

X12: edad2

0.0000*

0.0000***

0.0000

0.0000

0.0000

X2: mujer

-0.0077

0.0089

0.0096

0.0023

-0.0078

X3: indígena

0.6254***

0.4291***

0.5898***

0.4686***

0.5483***

X4: discapacidad

0.6355***

0.6508***

0.6442***

0.6536***

0.6419***

X5: rural

0.4403***

0.3683***

0.3636***

0.1742***

0.1836***

X6: tasa migratoria

0.8396***

0.4254***

-1.2116***

-0.2319*

-0.0292

X7: % pobreza

0.0083***

0.0105***

0.0110***

0.0085***

0.0126***

Estadístico razón de verosi6,172***

4,963***

5,763***

3,544***

5,145***

R2 de McFadden:

0.0263

0.0230

0.0263

0.0147

0.0204

Casos correctamente predichos:

76.3%

75.4%

75.6%

79.2%

79.2%

militud:

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2019).
Nota: *, **, ***, indican estimaciones significativas con confianzas de 95, 99 y 99.9%, respectivamente.

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TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�55

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS

Las Competencias Profesionales de los Egresados
de la Licenciatura en Turismo
The Professional Competencies of Graduates
of the Degree in Tourism
ROSA MARÍA RIVAS GARCÍA* | EDGAR OLIVER CARDOSO ESPINOSA** |
JÉSICA ALHELÍ CORTÉS RUIZ***

RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue valorar la formación de las competencias profesionales de los egresados de la licenciatura en turismo del
Instituto Politécnico Nacional. El tipo de estudio que se empleó fue una
metodología cuantitativa con un alcance descriptivo. El instrumento
que se utilizó fue un cuestionario basado en una escala Likert y la muestra estuvo constituida por 142 participantes. Los principales resultados
fueron que los egresados tienen un nivel de logro consolidado en los
procedimientos administrativos, marketing, resolución de problemas y
toma de decisiones, planeación turística, principios del turismo, gestión
financiera, trabajo en equipo, patrimonio cultural y natural, así como
orientación hacia el cliente.
Palabras clave: Competencias profesionales | Educación superior |
Egresados | Turismo | Nivel de logro.
ABSTRACT
The objective of this research was to assess the formation of the professional competences of the graduates of the degree in tourism of the Instituto Politecnico Nacional. The type of study that was used was a quantitative methodology with a descriptive scope. The instrument used was
a questionnaire based on a Likert scale and the sample consisted of 142

* Profesora-investigadora del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Turismo. Correo
electrónico: rosrivasblanco@yahoo.com.mx
** Profesor-investigador del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración. Correo electrónico: eoce@hotmail.com
*** Profesora-investigadora del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y
Administración. Correo electrónico: jacr2709@hotmail.com
Recibido: 16 de febrero de 2021 | Aceptado: 6 de diciembre de 2021
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

ISSN 2007-1205 | pp. 55-77

�56

RIVAS GARCÍA | CARDOSO ESPINOSA | CORTÉS RUIZ

participants. The main results were that the graduates have a consolidated level of achievement in the administrative procedures, marketing,
problem solving and decision making, tourist planning, principles of
tourism, financial management, teamwork, cultural and natural heritage as well as customer orientation.
Keywords: Professional competences | Higher education | Graduates |
Tourism | Level of achievement.

INTRODUCCIÓN
La educación se ha reconocido como el factor fundamental que permite la
formación del talento humano que se requiere para las diversas actividades
económicas de un país que permiten un desarrollo integral en forma permanente. El siglo XXI ha establecido nuevas tendencias y transformaciones
diversas por lo que se requiere el desarrollo de competencias que permitan a
los individuos adaptarse a diversos contextos, comunicarse de modo efectivo
y empleando las tecnologías para analizar e interpretar la gran cantidad de
información que se genera (Lozano, Rosales y Giraldo, 2018). Del mismo
modo, para que un país sea competitivo es prioritario realizar inversiones en
materia de educación que permita alcanzar la calidad académica y la inserción
profesional de sus egresados (Freire et al., 2018).
En este sentido, tanto Urciaga y Almendarez (2006) como Andrades y
Dimanche (2019) mencionan que un elemento estratégico de la capacidad de
un país para crecer y desarrollarse es la calidad de su fuerza laboral y la relevancia de su sistema educativo. Por tanto, se requiere propiciar la formación
del capital humano debido a que genera incrementos tanto en la productividad personal como en los niveles de ingresos de la población, así como
fomenta el crecimiento económico de los países.
De esta forma, la educación superior está enfrentando continuamente
desafíos para mantener sus niveles de pertinencia con el entorno, tanto nacional como global. Así, las instituciones de educación superior (IES) necesitan tener pertinencia económica, tecnológica y global. La primera se refiere
a impartir una formación que vincule de manera directa a sus egresados con
el sector productivo; la segunda se orienta a que sus egresados sean capaces de utilizar las tecnologías de la información para la creación de nuevos
conocimientos y productos; mientras que la tercera se enfoca a que la preparación académica posibilite a los estudiantes desarrollarse en forma eficaz
en un mundo de transformaciones aceleradas y desempeñarse en cualquier
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS

57

contexto de trabajo (Espinosa, 2018). Por tanto, estas organizaciones educativas enfrentan retos constantes en su tarea principal de la formación de
profesionistas con un perfil de egreso adecuado que satisfaga las necesidades
que demanda el sector laboral, así como contribuir a disminuir los problemas
sociales (Loera, López y Teja, 2020).
En este sentido, las IES han estado asumiendo un papel más responsable
para atender las necesidades del mercado laboral mediante el diseño e implementación de planes de estudio que brinden una formación al estudiante
que les permita llevar a cabo un desempeño profesional útil y relevante en las
organizaciones (Pop y Khampirat, 2019). Del mismo modo, se ha reconocido
la función relevante de las IES para la formación del capital humano porque
es una ventaja competitiva que le posibilita a los países promover su competencia internacional, impulsar la generación de conocimiento y por tanto, un
crecimiento sostenido (Leong y Kavanagh, 2013).
Así, una profesión es reconocida por su impacto en el mercado laboral
a partir de la formación académica recibida integrada por un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores que responden a las necesidades
del entorno económico, social y cultural, por lo que se exigen egresados competentes que permitan dar respuesta a las necesidades del sector productivo
(Peñaloza et al., 2011). Como lo señalan Quintana y Calvet (2012), un desarrollo formativo de calidad en las personas, incrementa su empleabilidad y
permite que sea más probable que se desempeñen en forma eficaz y eficiente.
Para lograrlo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2000) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 1998) establecieron que la educación
superior ofreciera una formación profesional acorde con los avances científicos y tecnológicos del sector laboral, los cuales en el marco de la globalización
económica han cambiado no solo en el ámbito productivo sino también en el
organizacional, por lo que se requieren de nuevas capacidades que permitan
la aplicación del conocimiento y su generación para realizar innovación en las
empresas. Así, se requiere un nuevo perfil del egresado con un conjunto de
competencias profesionales acordes a los requerimientos de los sectores económicos que constituyen a los países entre los que se encuentra el turismo.
El escenario anterior se complementa por la pandemia originada por
la Covid-19, la cual propició una realidad educativa a nivel internacional en
donde la incidencia de las herrramientas digitales se ha intensificado para
continuar con el proceso educativo del estudiantado (Salcedo y López, 2021).
En este sentido, las IES se han transformado abruptamente para responder a
este nuevo contexto en donde se desarrollen en forma integral las diversas
capacidades de la persona que le permitan resolver diversas situaciones del
TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�58

RIVAS GARCÍA | CARDOSO ESPINOSA | CORTÉS RUIZ

ámbito profesional (Rekalde y García, 2015). Así, para el caso de la formación de las competencias profesionales en turismo, no solamente se enfoquen
hacia lo técnico, sino que involucre tanto el aspecto social como relacional en
un ambiente de incertidumbre que en conjunto le permitan al egresado insertarse exitosamente al mercado laboral identificando que lo único permanente
es el cambio (Tseng et al., 2019).
Como lo mencionan Ortiz y Coromina (2021) con respecto a que el
talento humano sigue siendo el factor estratégico que permite desarrollar a
un país, debido a que no solamente incentiva el componente económico sino
también el social y medioambiental en donde el turismo se ha destacado por
su contribución a nivel internacional. Por tanto, una vez concluido el confinamiento por el coronavirus será necesario incluir en la formación turística
tres componentes claves en la generación del capital humano: la sostenibilidad, productividad y competitividad que permitan el fortalecimiento y supervivencia de las empresas de este sector.
Bajo este contexto, la formación profesional turística en forma específica se orientará hacia el desarrollo de experiencias de aprendizaje que desarrollen no solamente las habilidades y conocimientos de este sector, sino que
incluya actitudes relevantes tales como el trabajo colaborativo, pensamiento
crítico, creatividad, iniciativa, liderazgo y resiliencia, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitan satisfacer los requerimientos
del sector laboral con la educación impartida (Esteban-Guitart et al., 2020).
Por tanto, la situación de crisis originada por la Covid-19, es necesario que
sea considerada como una oportunidad para el diseño e implementación de
nuevos ambientes educativos para el desarrollo de las competencias turísticas
que posibiliten una formación académica de calidad (Echeita, 2020).
De este modo, el objetivo de la investigación fue valorar la formación de
las competencias profesionales de los egresados de la licenciatura en turismo
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para determinar los niveles de logro.
Así, la relevancia del estudio fue determinar en la práctica profesional tanto
las habilidades y actitudes que se emplean con mayor frecuencia en el ámbito turístico. Lo anterior con fundamento en lo establecido por Solnet et al.
(2019); Reilly (2018) en lo que respecta a que las expectativas de los clientes
han evolucionado debido al impacto de la tecnología y la globalización económica por lo que su comportamiento se ha transformado, lo cual ha generado a que el sector turístico requiera seguir proporcionando una calidad en sus
servicios considerando al talento humano como el principal recurso.

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LITERATURA PREVIA
El turismo se ha constituido como un sector económico de relevancia mundial con un carácter social y económico integrado por un conjunto de bienes y
servicios que implica la interacción entre el turista y el prestador de servicios
en un área determinada como destino donde se produce el consumo por parte
del turista de esos bienes y servicios que le fueron ofrecidos en su lugar de
origen o residencia habitual. De esta manera, el turismo es analizado como
un sistema integrado por diversos elementos en los que cada uno tiene una
función específica en donde destaca como principal el capital humano (Testa
y Sipe, 2012). Asimismo, este sector posee como características principales,
la intangibilidad de los servicios a través de las experiencias, la inseparabilidad del producto aunado a una heterogeneidad de servicios por lo que su
rasgo diferenciador de otras actividades económicas es el estar centrado en el
talento humano el cual se requiere con una formación profesional de calidad
(Domínguez y Fornells, 2020).
Con base en lo anterior, el concepto de turismo ha sido estudiado desde
diversas perspectivas y disciplinas, en donde como materia de investigación
universitaria, comienza a interesar en el período comprendido entre las dos
grandes guerras mundiales del siglo XX (1919-1938) en donde destacan Hunziker y Krapf (1942), Burkart y Medlik (1981), Mathieson y Wall (1982),
así como la World Tourism Organization (UNWTO, 2019), los cuales han determinado que este término implica un desplazamiento fuera de su lugar de
residencia de las personas; la estancia es durante un período determinado
de tiempo, no permanente e integra tanto el viaje hacia el destino como las
actividades realizadas durante la estancia. Por tanto, se ha reconocido que
el turismo es una actividad socio-económica integrada por un conjunto de
bienes y servicios que implica la interacción entre el turista y el prestador de
servicios en un área determinada como destino donde se produce el consumo
por parte del turista, por lo que se constituye como un sistema funcional de
calidad (Molina, 1991).
Por su parte, los datos del panorama del turismo internacional realizado por la Organización Mundial de Turismo (OMT-UNWTO, 2019) establecen
que un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto y han
invertido en él, haciendo del mismo un sector clave para el progreso socioeconómico de los países debido a que genera empleo, crecimiento de las empresas e ingresos de exportación y la ejecución de infraestructuras. Durante
las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión
y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor
crecimiento del mundo. Como categoría mundial de exportación, ocupa el
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tercer puesto, tan sólo por detrás de combustibles y de productos químicos,
y por delante de alimentación y de la industria automotriz. Además, en los
países en desarrollo, el turismo es incluso el primer sector en exportaciones.
De la misma forma, el crecimiento de las llegadas de turistas internacionales
y de los ingresos sigue por encima de la economía mundial. Por séptimo año
consecutivo, las exportaciones turísticas crecieron más rápido que las de mercancías, lo cual redujo en diversos países el déficit comercial.
De este modo, el turismo es considerado como uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel
de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la
contribución al desarrollo regional debido a que aporta alrededor del 8.7%
de la producción mundial, con una participación del 8.7% en el PIB total y
genera dos de cada once empleos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2019). De ahí que, dicho sector se haya convertido en un eje
estratégico para la reactivación económica de un país debido a que promueve
la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructura y una entrada de divisas (Benítez, Rosero y Tapia, 2013).
Por consiguiente, es necesario que el turismo sea analizado con una
visión integral y sistémica debido a que implica un conjunto de elementos
(superestructura, demanda, comunidad local, atractivos, equipamiento e infraestructura) interrelacionados que proporcionan satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre de los individuos (Boullón, Molina y Rodríguez,
2006). Así, el turismo es de creciente importancia para los países y está sujeto
a una competencia mundial más rígida por lo que requiere de profesionales adecuadamente capacitados para enfrentar los desafíos actuales (UNWTO,
2012). De la misma forma, el sector empleador turístico ha establecido requerimientos que debe cumplir el recurso humano a fin de satisfacer las necesidades de los clientes que exigen un mayor y mejor servicios, por lo que la
educación superior tiene que orientarse a brindar una formación pertinente
y de calidad para los egresados de esta actividad económica (Gómez, 2009).
En este sentido, la formación turística es relevante para los países, los
cuales han diseñado e implementado programas educativos a nivel superior
con la finalidad de generar el capital humano que posea las competencias profesionales que les permitan un desempeño eficiente para la realización de las
diversas actividades que implica este sector aunado a satisfacer las necesidades que el entorno les presenta (González, Tamayo y Vargas, 2019). Este
panorama es confirmado tanto por Avcikurt, Alper y Geyik (2009) como por
Busby y Huang (2012), los cuales indicaron que a medida que crece el sector
turismo, se ha generado una creciente necesidad de una política planificada
que permita la formación de personal capacitado.
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Por tanto, una función prioritaria de la educación turística es una formación profesional de calidad basada en una vinculación permanente entre el
sector turístico y las IES porque permite la identificación de los requerimientos laborales para que se lleve a cabo la generación del capital humano que
lo satisfaga, por lo que es imprescindible un sistema educativo competitivo
que cubra las necesidades y expectativas de los grupos de interés (Sisson y
Adams, 2013; Le, McDonald y Klieve, 2018). Para lograrlo, se requiere que la
educación turística realice una formación holística de un conjunto de competencias enfocadas en las habilidades técnicas, interpersonales, resolución de
problemas, la gestión de actividades y procedimientos administrativos (Annaraud, 2006; Suh, West y Shin, 2012). Además, para mantener la eficiencia y
rentabilidad del sector turístico es importante la incorporación de las competencias relacionadas con las operaciones comerciales, contables y financieras
(Nguyen y Chaisawat, 2011; Norton 2014; Goh y Scerri, 2016).
En este sentido, la profesión del turismo exige continuamente a sus
egresados una serie de competencias que les permitan enfrentar los cambios
que acontecen en esta actividad económica lo que implica educar a los profesionales de este sector bajo una formación holística (Damm, 1998). Este escenario es confirmado por Iberico (2017) al establecer que el turismo aporta
conocimientos para el avance del mundo, por lo que es necesario contar con
capital humano calificado debido a que no se trata solamente de formar técnicos sino profesionales que sean capaces de innovar para un manejo eficiente
del entorno turístico.
De esta manera, se ha generado una nueva perspectiva de la formación
para el empleo orientada en la gestión de las competencias profesionales con
relación a su desarrollo, vinculación con el sector laboral y toma de decisiones
por lo que el talento humano es el elemento fundamental que permite generar estrategias innovadoras en las empresas que permitan dar respuesta a las
condiciones cambiantes en los mercados, así como propiciar un crecimiento
no sólo económico sino integral en las organizaciones (Estévez, 2009).
Con fundamento en Tejada y Ruíz (2016), los cuales definieron el concepto de competencia como el conjunto de conocimientos, procedimientos y
actitudes combinados, coordinados e integrados, por lo que implica que una
persona sea capaz de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional.
Así, Orozco, Ybarra y Romero (2019) indican que una competencia constituye un aprendizaje complejo que integra conocimientos, habilidades y actitudes que se generan a través de experiencias que se valoran mediante niveles
de desarrollo basados en desempeños.
De esta forma, Medina, Domínguez y Medina (2010) señalan que la
relevancia de evaluar las competencias de los egresados comienza con una
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autoevaluación basada en criterios orientados hacia el desempeño global de
las competencias profesionales con la finalidad de valorar el dominio alcanzado durante el tiempo de su formación. Por su parte, Ramos y Levi (2010)
mencionan que la evaluación de las competencias requiere la aplicación de
un instrumento constituido por ítems que midan el nivel de logro esperado.
Mientras que, la relevancia de este proceso es obtener información importante acerca del proceso formativo, el nivel de desarrollo y lo alcanzado por el
egresado en lo que se refiere a los contenidos curriculares y a las estrategias de
intervención laboral que utilizan (Medina, Sánchez y Pérez, 2012).
Es así que la educación superior ha formulado e implementado como estrategia principal orientada a la formación de los profesionales para el mundo
globalizado, el modelo de formación basada en competencias, el cual integra
los saberes interdisciplinares, la socioformación, la investigación como estrategia didáctica, la innovación y la incorporación de las nuevas tecnologías
(Tójar y Mena, 2015).
Con base en lo anterior, el enfoque que caracteriza a las competencias
profesionales es dinámico debido a que la persona las construye, utiliza y las
integra a su personalidad que le permiten desempeñarse eficientemente en
escenarios laborales heterogéneos y diversos (Torres, 2015). Por lo que de
acuerdo con Le Boterf (2010), un profesional es competente cuando sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular seleccionando y movilizando tanto un conjunto de recursos personales tales como conocimientos,
actitudes, cultura, emociones, aunado a redes como bancos de datos, técnicas
o trabajo en equipo que le posibilitan una acción específica.
Así, una persona posee competencias profesionales siempre que disponga de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una
profesión, resuelve problemas laborales de forma autónoma y flexible, así
como está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo (Almerich et al., 2020; Trinder, 2008).
Con fundamento en Shum, Gatling y Shoemaker (2018); Sisson y Adams
(2013); Testa y Sipe (2012), el enfoque de las competencias profesionales es
importante para los directivos, administradores y educadores porque brinda
conocimiento acerca de las capacidades adquiridas por las personas durante el
trayecto formativo, así como identifica aquellas que no fueron desarrolladas
con el fin de diseñar estrategias formativas que posibiliten su adquisición.
Además, este enfoque es preciso que considere los contextos profesionales cambiantes lo que implica una flexibilidad debido a la evolución de las
necesidades del entorno laboral por lo que posee las siguientes ventajas: Establece la importancia del capital humano para la prosperidad y larga vida
de la organización; orientada hacia procesos integrados y trabajo en equipo;
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�LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS

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brinda oportunidades para que la organización se adapte continuamente a los
cambios de los clientes y a las condiciones de mercado; propiciar la cultura de
aprendizaje continuo; incentivar la autonomía responsable a los empleados
(Tejada y Navío, 2009).
Así, la OECD (2015) considera que la valoración de las competencias profesionales está integrada por tres dimensiones: habilidades cognitivas; comportamiento no cognitivo y capacidades técnicas. Para el caso de la formación
turística, la OMT (1997) propuso tres áreas de formación indispensables: 1)
Básica (saber) que corresponde al conjunto de conocimientos que pertenecen
al currículum básico; 2) Técnica (saber hacer) que permite alcanzar el dominio de las destrezas para el ejercicio de cada profesión y 3) Actitudes (saber ser
y estar) que hacen referencia al desarrollo de la personalidad que posibilitan el
desenvolvimiento como profesional en un campo determinado.
En tanto, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2004, p. 127-139) estableció las competencias profesionales del
área de turismo y que son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

“Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social,
cultural, jurídica, política, laboral y económica;
Analizar la dimensión económica del turismo;
Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio;
Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas;
Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones;
Tener una marcada orientación de servicio al cliente;
Reconocer los principales agentes turísticos;
Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación;
Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas;
Gestionar los recursos financieros;
Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales;
Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas;
Manejar técnicas de comunicación;
Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas;
Trabajar en inglés como lengua extranjera;
Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera;
Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera;
Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos;
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19) Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad;
20) Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento;
21) Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración;
22) Analizar los impactos generados por el turismo;
23) Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico;
24) Comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para
el sector privado;
25) Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas;
26) Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas
y sus sectores empresariales en el ámbito mundial;
27) Trabajar en medios socioculturales diferentes;
28) Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.”
Del mismo modo, Cheung, Law y He (2010) y Lolli (2013) han destacado la relevancia de llevar a cabo investigaciones sobre las competencias que
desarrollan los estudiantes de turismo, las cuales constituyen un conjunto
de conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten incorporarse al
sector laboral. En ese sentido, solamente se han efectuado investigaciones enfocadas en la comunicación oral y escrita, el servicio al cliente, la resolución
de problemas y el liderazgo.
Mientras que la investigación realizada por Majó (2005) identificó las
competencias mejor valoradas en este sector desde la perspectiva de los egresados siendo las siguientes: Trabajar en inglés como lengua extranjera; dirigir
y gestionar los distintos tipos de entidades turísticas; comunicarse de forma
oral y escrita en una segunda lengua extranjera; orientación hacia al cliente,
así como utilizar las TIC en los distintos ámbitos del turismo. Por su parte, en
el estudio de Ring (2009) se identificaron las principales categorías de la formación turística: Administración; medio ambiente; naturaleza y ecoturismo,
así como mercadotécnica turística y turismo social.
Por su parte, en el estudio llevado a cabo por Gómez (2010) concluyó
que las competencias profesionales de los egresados del área de turismo para
un buen desempeño laboral son las siguientes:
Desarrollar estrategias, analizar situaciones de riesgo, manejar y
resolver problemas y conflictos, pensamiento complejo y multidisciplinario, trabajo en equipo, liderazgo, alfabetismo en tecnologías
de la información y la comunicación, desarrollo de la inteligencia
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(analítica, creativa y práctica), dominio de por lo menos una lengua
extranjera, juicios críticos y autocríticos (p. 147).

Sin embargo, en el estudio de Nguyen y Robinson (2010) encontraron
que los egresados de turismo tenían capacidades limitadas para la resolución
de problemas, el pensamiento crítico y el dominio del inglés. En tanto, en el
estudio de Rodríguez, Alonso, Rubio y Celemín (2013) encontraron que las
competencias logradas por los egresados de turismo en una escala de 4 a 5
puntos fueron el comportarse de manera responsable y ética con una media
de 4.22 puntos; reconocer la diversidad y el multiculturalismo con 4.04 puntos; planificar el trabajo con el 3.92 puntos; gestionar la información disponible con el 3.89 puntos; tomar iniciativas y ser emprendedor con el 3.81 puntos y la de resolución de problemas de gestión y organización de la empresa
turística con 3.63 puntos.
En tanto, la investigación realizada por Ruetzler et al. (2014) identifica
que las principales capacidades desarrolladas por los egresados fueron la gestión y tiempo de las actividades turísticas con un promedio de 3.79 puntos; el
manejo eficiente de las TIC con un promedio de 3.69 puntos; la habilidad de
comunicación oral con un promedio de 3.51 puntos y la planeación estratégica con promedio de 2.69 puntos.
Mientras que el estudio llevado a cabo por Jiang y Alexakis (2017) halló
que las competencias en los egresados de turismo con base en una escala de
1 a 7 fueron la habilidad de comunicación oral con un puntaje promedio de
6.69 puntos; gestión y tiempo para realizar actividades turísticas con 6.66
puntos; conocimiento del sector turístico con 6.65 puntos; resolución de problemas con 6.61 puntos; capacidad de trabajar en equipo con 6.61 puntos y el
pensamiento crítico con 6.43 puntos.
Del mismo modo, la investigación llevada a cabo por Iberico (2017) determinó que las competencias profesionales desarrolladas por los egresados
en turismo han sido la iniciativa y espíritu emprendedor en un 77%; el uso de
la ética y responsabilidad con el 77%; proporcionar un servicio de calidad con
el 77%; respeto por las costumbres, valores y tradiciones con el 75%; capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica en un 65%; liderazgo con el
69% y la planeación de actividades con el 62%.
METODOLOGÍA
El tipo de investigación que se utilizó fue una metodología con un enfoque
cuantitativo con un alcance descriptivo porque se enfocó en determinar el
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nivel de logro de las competencias profesionales de los egresados de la licenciatura en turismo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Con respecto a la población del estudio estuvo conformada por 992
egresados de la licenciatura en turismo del Instituto Politécnico Nacional.
Con fundamento en Münch y Ángeles (2007) el muestreo se llevó a cabo con
las siguientes condiciones: un 99% de confiabilidad con una p = 0.5 y q = 0.5,
así como un error de 1%, por lo que se obtuvo un tamaño de muestra conformado por 142 participantes.
La muestra estuvo constituida por 142 participantes con una distribución con respecto al género de 65% de mujeres y el 35% restante de hombres
con una edad promedio de 25.2 años. Con respecto a la especialidad, el 45%
correspondió a hotelería; el 32% a la de agencia de viajes; 25% a la de alimentos y bebidas, así como el 18% restante a planeación.
Para recolectar los datos del estudio sobre las competencias profesionales
desarrolladas, la técnica que se empleó fue la encuesta cuyo instrumento fue un
cuestionario organizado en los siguientes apartados: 1) Datos sociodemográficos: Rasgos generales relacionados con el perfil de los egresados; 2) Nivel de
logro de las competencias profesionales en turismo; 3) Satisfacción de la formación académica y 4) Incorporación de nuevos contenidos temáticos.
Este cuestionario se estructuró con base en una escala tipo Likert, en
donde los ítems se midieron a través de cuatro opciones de respuesta comprendida desde 1 (no desarrollada) hasta 4 (muy desarrollada). La importancia
de seleccionar al cuestionario fue porque es considerado como el instrumento
más apropiado para el estudio de actitudes, comportamientos y desempeños
de los individuos (McMillan y Schumacher, 2005). Además, con fundamento
en Ramos y Levi (2010) quienes destacan que para valorar las competencias
se requiere la aplicación de un instrumento que mida el nivel de logro esperado en un tiempo dado cuya construcción se realiza como prueba objetiva.
Una vez construido el instrumento en su versión inicial, para verificar
la validez de contenido, se utilizó la técnica de juicio de expertos, por lo que
se seleccionaron a cuatro investigadores con un alto grado de conocimientos
sobre esta temática, quienes lo analizaron en los aspectos de claridad, congruencia y tendenciosidad de los ítems. Con base en esta información, se llevaron a cabo las modificaciones necesarias y se elaboró la versión final del
cuestionario. Posteriormente, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach para
medir la confiabilidad del instrumento, en donde se halló un valor de 0.867,
por lo que se interpreta como una consistencia interna adecuada (Cea, 1999).
Para la aplicación del instrumento, se solicitó la cooperación voluntaria
de los egresados para que respondieran el cuestionario con la garantía de la
confidencialidad de los datos. Concluido el trabajo de campo, se procedió a
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organizar la información recabada usando el programa SPSS versión 25, con
el fin de realizar tanto el análisis descriptivo como inferencial de los datos.
La interpretación de los hallazgos se llevó a cabo a partir de los siguientes
criterios: De 0.00 a 1.00 se consideró competencia no desarrollada; de 1.10 a
2.00 como un nivel de desarrollo insuficiente; de 2.10 a 3.00 como un nivel
de desarrollo regular o moderado y de 3.10 a 4.00 como un nivel de desarrollo consolidado. Con base en la información organizada se usó la prueba
estadística de Kolmogorov-Smirnov (k-s) con la finalidad de identificar si la
distribución de los datos corresponde a una de tipo normal. Además, se emplearon las pruebas paramétricas t de Student y F de ANOVA con un nivel de
significancia de p &lt; 0.05.
CUADRO 1
Niveles de desarrollo
competencia

media

desviación estándar
(de)

Principios del turismo

3.28

0.22

Tendencias de la industria turística

2.84

0.38

Capacidades directivas

1.89

0.42

Conocimientos legales de la actividad turística

1.77

0.44

Gestión de recursos financieros

3.15

0.18

Gestión de capital humano

1.72

0.40

Marketing

3.75

0.21

Patrimonio cultural y natural

3.13

0.25

Procedimientos administrativos

3.98

0.11

Procedimientos operativos de intermediación turística

1.64

0.47

Planeación turística

3.72

0.25

Utilización de tic

2.85

0.32

Empleo de software especializado en turismo

2.76

0.36

Comunicación oral y escrita en inglés

2.82

0.44

Orientación hacia el servicio al cliente

3.11

0.21

Trabajo en equipo

3.14

0.28

Espíritu emprendedor

1.51

0.43

Creatividad

1.38

0.46

Liderazgo

2.33

0.39

Resolución de problemas y toma de decisiones

3.74

0.21

Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad

1.12

0.44

Relaciones interpersonales

2.55

0.32

Fuente: Elaboración propia.

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RESULTADOS
En lo que respecta a los niveles de desarrollo de las competencias profesionales desarrolladas por la licenciatura en turismo, los resultados se encuentran
en el Cuadro 1.
Con base en el Cuadro 1, se hallaron que las competencias profesionales
desarrolladas con un nivel consolidado fueron los procedimientos administrativos con un puntaje promedio de 3.98 puntos; marketing con el 3.75 puntos; resolución de problemas y toma de decisiones con el 3.74 puntos; planeación turística con el 3.72 puntos; principios del turismo con el 3.28 puntos;
gestión de recursos financieros con el 3.15 puntos; trabajo en equipo con el
3.14 puntos; patrimonio cultural y natural con el 3.13 puntos y orientación
hacia el servicio al cliente con el 3.11 puntos.
Mientras que las competencias profesionales con un nivel moderado
fueron el uso de TIC con una media de 2.85 puntos; tendencias de la industria
turística con una media de 2.84 puntos; comunicación oral y escrita en inglés
con una media de 2.82 puntos; utilización de software especializado en turismo con una media de 2.76 puntos; relaciones interpersonales con una media
de 2.55 puntos, así como el liderazgo con una media de 2.33 puntos.
Por su parte, las competencias profesionales con un nivel de desarrollo
insuficiente fueron las capacidades directivas con un promedio de 1.89 puntos; conocimientos legales de la actividad turística con un promedio de 1.77
puntos; gestión de capital humano con un promedio de 1.72 puntos; procedimientos operativos de intermediación turística con un promedio de 1.64
puntos; espíritu emprendedor con un promedio de 1.51 puntos; creatividad
con un promedio de 1.38 puntos, así como el reconocimiento y respeto a la
diversidad y multiculturalidad con un promedio de 1.12 puntos.
En cuanto a la valoración de la satisfacción de la formación académica recibida por la institución, los participantes manifestaron en un 55% fue
acorde con las características del sector turístico; el 30% les ha posibilitado
ampliar sus oportunidades laborales y el 15% restante, les permitió alcanzar
una meta personal al efectuar sus estudios de licenciatura.
En lo que respecta a los contenidos temáticos que son necesarios incorporar para esta licenciatura, los egresados de esta licenciatura indicaron los
siguientes: Idioma chino (52%); alta dirección (45%); sistemas de distribución
global (35%); gestión de proyectos sustentables (30%); capacitación del capital
humano (27%) y la integración sobre el desarrollo de la investigación científica turística (25%).
En cuanto a la titulación, el 64% mencionó que ya realizaron este proceso mientras que el 36% no lo ha hecho. Asimismo, el 54% indicó haber
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LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS

llevado a cabo una actualización profesional y el 44% indicó estar realizando
estudios de posgrado. Mientras que el 75% de los participantes manifestaron
que se encuentran laborando en un área relacionada con el perfil profesional
en turismo; además, el 72% estableció que labora en el sector privado, en tanto que el 28% restante se encuentra en el público.
También, el estudio se enfocó a determinar la existencia o no de diferencias significativas en términos estadísticos con respecto al género y a la
especialidad de turismo seleccionada durante la formación académica. Para
lo cual, se usó la prueba k-s para determinar si la distribución de los datos era
normal o no, en donde se encontró que el estadístico fue de 0.834 con p-valor
de 0.415 por lo que se concluyó que la distribución es normal. Así, para el
análisis cuantitativo se utilizaron las pruebas paramétricas t y F.
CUADRO 2
Prueba t
competencia

t

p

Planeación turística

5.865

0.00

Trabajo en equipo

5.231

0.00

Servicio al cliente

4.892

0.00

Liderazgo

4.315

0.00

Comunicación en inglés

3.972

0.01

Resolución de problemas

3.874

0.03

Fuente: Elaboración propia.

A partir del Cuadro 2, los hallazgos fueron para la variable género los
siguientes: se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres
en seis de las competencias profesionales en turismo y que fueron las siguientes: planeación turística (t = 5.865, p = 0.00); trabajo en equipo (t = 5.231, p =
0.00); orientación hacia el servicio al cliente (t = 4.892, p = 0.00); liderazgo (t
= 4.315, p = 0.00); comunicación oral y escrita en inglés (t = 3.972, p = 0.01)
así como resolución de problemas y toma de decisiones (t = 3.874, p = 0.03).
Los anteriores resultados significan un nivel de logro distinto con respecto al
género que para la investigación hacen referencia a que las mujeres se autoperciben con un mayor nivel de dominio en estas competencias con respecto
a los hombres.
Asimismo, los resultados para la variable especialidad fueron: La existencia de diferencias estadísticamente significativas (F =7.834, p = 0.00), lo
cual implica niveles de formación distintos entre hotelería, agencia de viajes,
alimentos y bebidas, así como planeación.
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CONCLUSIONES
El objetivo principal del estudio fue valorar la formación de las competencias
profesionales de los egresados de la licenciatura en turismo del IPN desde la
percepción de sus egresados, por lo que se recopiló información importante
que permite la formulación e implementación de procesos de rediseño curricular que integre nuevos contenidos, así como reforzar aquellas capacidades
que son necesarias desarrollar en forma consolidada.
Asimismo, es posible determinar que la formación turística impartida
por el IPN es pertinente como programa educativo en el nivel superior según los egresados, lo cual se complementa por la valoración realizada para
el servicio educativo ofrecido por esta institución, por lo que se cumple con
lo señalado por Domínguez y Fornells (2020); Espinosa (2018); Solnet et al.
(2019); Reilly (2018). De la misma manera, se cumple con lo determinado
por Almerich et al. (2020); Trinder (2008); OMT (1997) en lo que se refiere a
cubrir las tres áreas de formación relevantes orientadas al saber, saber hacer
aunado al saber ser y estar, así como para colaborar en el entorno profesional
y resolver problemas laborales.
También, los hallazgos de la investigación coinciden con lo establecido
por la ANECA (2004) y Gómez (2010) en lo concerniente a las competencias
profesionales del área de turismo que son relevantes a desarrollar durante
la educación superior. Además, se confirma lo encontrado por el estudio de
Majó (2005) en lo referente a las competencias mejor valoradas para el sector
turístico y que son el dominio del inglés como lengua extranjera; orientación
hacia el cliente, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. De la misma forma, se coincide con lo hallado por Jiang y Alexakis (2017) en cuanto a las capacidades con mayor nivel de logro como fueron
el conocimiento del turismo y el trabajo en equipo. También, se identificó un
resultado similar con Rodríguez, Alonso, Rubio y Celemín (2013) en cuanto
a la competencia más desarrollada que fue la planeación turística.
Por otro lado, se obtuvieron resultados distintos a los establecidos
tanto por Iberico (2017) como Rodríguez et al. (2013), en lo que se refiere a
las competencias desarrolladas por los egresados del área turística siendo la
iniciativa y espíritu emprendedor; el reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad aunado al liderazgo. Del mismo modo, se difiere de
los hallazgos encontrados por Ruetzler et al. (2014), en lo que respecta a las
competencias mejor valoradas por los egresados. También, se encontró un
resultado diferente de la investigación efectuada por Nguyen y Robinson
(2010) en lo que refiere a que los egresados de turismo tenían capacidades
limitadas para la resolución de problemas y el dominio del inglés en donde
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para esta investigación se obtuvo un nivel desarrollado y moderado, respectivamente.
De la misma manera, se identificó un resultado diferente al obtenido
por Majó (2005) en las competencias más desarrolladas que fueron la comunicación oral y escrita en inglés y el empleo de las TIC; mientras que para este
estudio tuvieron un nivel de logro moderado. Por el contrario, se coincide
en la capacidad de orientación hacia el servicio al cliente con una valoración
desarrollada.
En tanto, esta investigación incorporó en su análisis diversas competencias importantes que un egresado en turismo sea capaz de utilizar en el
ámbito laboral como es la gestión de recursos financieros, trabajo en equipo,
patrimonio cultural y natural, así como la planeación turística, tal y como lo
recomendaron Cheung, Law y He (2010); Nguyen y Chaisawat, 2011; Lolli
(2013); Norton (2014); Goh y Scerri, (2016).
Finalmente, la investigación aporta resultados sobre la implementación
de un programa educativo a nivel superior sobre un sector económico que se
ha convertido en estratégico para el desarrollo integral de un país, por lo que
es importante seguir formando capital humano calificado que permita satisfacer las necesidades del ámbito laboral tal y como lo señalan Loera, López y
Teja (2020). También se confirma lo señalado tanto por Tseng et al. (2019);
Rekalde y García (2015) con respecto a la formación turística integral orientada no solamente al componente técnico, sino que incluya el social y relacional en un ambiente de incertidumbre lo cual ha permitido que sus egresados
tengan éxito al insertarse al sector laboral.
Así, se sugiere realizar estudios futuros considerando la perspectiva de
los empleadores para identificar los requerimientos del sector laboral aunado
a determinar el nivel de satisfacción que poseen con respecto al nivel de las
competencias profesionales logradas por los egresados de turismo. También,
se recomienda llevar a cabo una investigación de tipo longitudinal con el propósito de determinar el proceso de adquisición de las competencias profesionales del licenciado en turismo durante su formación académica. Lo anterior
a partir de la pandemia por Covid-19, la cual es necesario que sea considerada
como una oportunidad para el diseño e implementación de nuevos ambientes
educativos para el desarrollo de una formación académica de calidad incorporando en forma continua las diversas herramientas tecnológicas tal y como lo
establecen Echeita (2020); Esteban-Guitart et al. (2020).

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DE LOS SANTOS-GÓMEZ DE LA CASA | MORALES-RAMÍREZ | FERRETIZ-JIMÉNEZ

Percepciones sobre Capacidad Absortiva
e Innovación en el Sector Farmacéutico Mexicano
Perceptions of Absorptive Capacity and Innovation
in the Mexican Pharmaceutical Sector
ARACELI DE LOS SANTOS-GÓMEZ DE LA CASA* | DIONICIO MORALES-RAMÍREZ**
| LAURA ESTHER FERRETIZ-JIMÉNEZ***

RESUMEN
El objetivo del trabajo consiste en identificar las percepciones sobre capacidad absortiva (potencial y realizada) e innovación que presentan los
directivos de la industria farmacéutica mexicana. Por ello, se administró
un cuestionario a 164 personas en puestos directivos de 87 empresas del
sector. Mediante el análisis factorial se conformaron las variables y posteriormente se aplicó un análisis asociación, encontrando una asociación positiva entre la capacidad absortiva y la innovación. Se concluye
que la capacidad absortiva no ha sido desarrollada en el sector farmacéutico mexicano, lo cual refleja una industria enfocada a la manufactura
más que a la creación de productos innovadores.
Palabras clave: Capacidad absortiva | Innovación | Ventajas competitivas.
ABSTRACT
The objective of the work is to identify the perceptions of absorptive capacity (potential and realized) and innovation presented by the directors
of the Mexican pharmaceutical industry. Therefore, a questionnaire was
administered to 164 people in managerial positions of 87 companies in
the sector. By means of factorial analysis the variables were formed and
later an association analysis was applied, finding a positive association
between absorptive capacity and innovation. Concluding that absorptive capacity has not been developed in the Mexican pharmaceutical

* Doctoranda en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Comercio y Administración de
Tampico, Doctorado en Gestión Estratégica de Negocios. Correo electrónico: aracelide@gmail.com
** Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico-Madero. Correo electrónico: dionicio.morales@gmail.com
** Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico-Madero.
Correo electrónico: lau.ferretiz@gmail.com

Recibido: 15 de enero de 2021 | Aceptado: 14 de octubre de 2021 ISSN 2007-1205 | pp. 78-101
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�PERCEPCIONES SOBRE CAPACIDAD ABSORTIVA E INNOVACIÓN

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sector, which reflects an industry focused on manufacturing rather than
creating innovative products.
Keywords: Absorptive capacity | Innovation | Competitive advantages.

INTRODUCCIÓN
En un ambiente de constantes cambios económicos y tecnológicos, las empresas buscan incrementar su competitividad y sostenibilidad para desarrollarse.
Ante esta situación, las organizaciones deben intensificar sus prácticas para
adquirir, asimilar, transformar y explotar el conocimiento, es decir, estimular
su capacidad absortiva (CA), ya que ésta suele ser un factor clave para facilitar
los procesos de innovación dentro de las empresas (Zahra y George, 2002).
La CA es un concepto relacionado con la forma de explotar y adquirir el
conocimiento con propósitos comerciales (Van den Bosch et al., 2006; Zahra
y George, 2002); se puede encontrar en los diferentes niveles de la empresa,
en la industria y a nivel nacional (Van den Bosch et al., 1999; Cohen y Levinthal, 1990). Además, cuando las organizaciones se basan en conocimiento
específico, adquieren la capacidad de responder, adaptarse y generar nuevas
ideas o innovaciones. Desde el enfoque académico, la CA se ha empleado para
explicar la relación entre el conocimiento que se genera dentro de la empresa
(interno), así como el que proviene fuera de ella (externo), y los procesos de
innovación.
La innovación, sea de producto, de proceso o de marketing, suele brindar ventajas competitivas a las empresas en donde se lleven a cabo dichas
prácticas. Autores como Valdez et al. (2016); Caragliu y Nijkamp (2012); y
Flatten et al. (2011), señalan que una organización, industria o sector innovador tienden a adaptarse a los cambios de su entorno, lo que significa que
aspiran a presentar altos niveles de CA del conocimiento. Sin embargo, debe
mencionarse que la innovación suele implicar altos costos, y en algunas ocasiones se enfrentan a procesos largos y poco exitosos, como el caso particular
de la industria farmacéutica, la cual se ha caracterizado por dirigir sus esfuerzos hacia la investigación y el desarrollo (I+D) de nuevos medicamentos, es
decir, investigación, invención y comercialización (DiMasi et al., 2016).
En México, la industria farmacéutica se distingue por fabricar medicamentos de gran calidad y de alta tecnología. Para el año 2016, la producción
global de la industria fue de 10,103 mdd, con un consumo de 13,595 mdd. De
igual manera, en ese mismo año exportó un monto de 1,376 mmd, siendo
Estados Unidos su principal destino, e importó 3,745 mmd procedentes de
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Estados Unidos, Alemania y Francia. Dentro del territorio nacional se ubican
12 de los 25 laboratorios más importantes a nivel mundial, contando con
instalaciones de producción y centros de distribución. Además, las reformas
realizadas en la normatividad de vigencia del registro sanitario y la eliminación del requisito de planta han contribuido para que México se convierta en
un destino atractivo para invertir. Tan sólo en 2016, la inversión acumulada
por este sector fue de 5,297 mdd, y los destinos de esta inversión fueron la
Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México (ProMéxico, 2018).
Pese a que esta industria representa el segundo mercado más importante en Latinoamérica (ProMéxico, 2018), enfrenta grandes problemas, como
son los altos costos en la producción de los fármacos y la recuperación de la
inversión realizada. Asimismo, dos de cada seis empresas están dispuestas a
invertir en la adopción de tecnología y en el rediseño de sus procesos, tanto
de fabricación como de mercadotecnia, lo que nos muestra la poca disposición al desarrollo de innovación por parte de las empresas mexicanas (Esquivel, 23 de febrero de 2019).
En este sentido, innovar eficientemente en este sector suele ser complejo, ya que depende de fuentes externas de conocimiento que involucran
diversos elementos, como son: los competidores, los proveedores, los clientes, las universidades, los instituciones y centros de investigación (Nonaka et
al., 2014; Calderón y Jasso, 2013; Gassman, Enkel y Chesbroug, 2010). Por
lo tanto, la identificación de dichas fuentes, su asimilación, transformación y
explotación, es decir, su CA, coadyuvan al entendimiento y mejoramiento de
los procesos de innovación que se llevan a cabo en este sector (Teece, 2009;
Cohen y Levinthal, 1990). En consecuencia, el reto que enfrenta la industria
farmacéutica mexicana es estimular y desarrollar su CA como facilitador de
adaptación en ambientes altamente cambiantes, con estrategias direccionadas
al desarrollo e innovación de nuevos fármacos.
El objetivo del presente trabajo consiste en identificar las percepciones
sobre CA e innovación que presentan las personas en puestos directivos (CEO,
gerentes y jefes de área) dentro de la industria farmacéutica mexicana. Para
ello, se aplicó un cuestionario a 164 personas distribuidas en 87 empresas
del sector. Se llevó a cabo un análisis factorial para la construcción de variables, también se estimó una prueba de correlación. Se eligió trabajar con la
industria farmacéutica debido a que éste es un sector que aporta 7% del PIB
manufacturero y genera cerca de 87 mil empleos directos y poco más de 400
mil indirectos (KPMG, 2019). Además, sus procesos de innovación suelen ser
largos (aproximadamente de 10 a 15 años), costosos y con poco éxito, por lo
que es particularmente importante entender cómo es percibida la CA dentro
de este sector.
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�PERCEPCIONES SOBRE CAPACIDAD ABSORTIVA E INNOVACIÓN

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El trabajo se divide en cuatro secciones. En la primera, se presenta la
literatura sobre CA e innovación, así como las hipótesis de trabajo. En la segunda, se describe la metodología empleada para la prueba de hipótesis. En
la tercera, se presentan las estadísticas básicas y los resultados del análisis.
Finalmente, son dadas las conclusiones y recomendaciones del estudio.
1. REVISIÓN DE LA LITERATURA
1.1. Aproximación al concepto de capacidad absortiva
La revisión de la literatura muestra el consenso que los investigadores tienen
respecto al desempeño de la CA, señalando que los procesos de aprendizaje son fundamentales para una organización. No obstante, las definiciones y
mediciones de este concepto varían ampliamente. El concepto CA originalmente fue estudiado por Alder (1965) como la habilidad de la empresa para
absorber información y recursos externos. Cohen y Levinthal (1989, 1990)
orientan el concepto a los procesos de aprendizaje organizacional y precisan
la CA como la habilidad para identificar, asimilar y explotar conocimiento del
entorno. Otros autores la definen como la experiencia que tiene la empresa
para valorar el conocimiento externo y aplicarlo con propósitos comerciales
(Gebauer et al., 2012; Kostopoulos et al., 2011; Escribano et al., 2008; Vega et
al., 2008; Van den Bosch et al., 2006; Jansen et al., 2005; Cohen y Levinthal,
1990).
Sin embargo, una de las definiciones más significativas es la realizada por
Zahra y George (2002), quienes señalan que es un conjunto de capacidades y
procesos estratégicos por el cual las empresas adquieren, asimilan, transforman y explotan conocimientos con la intención de crear valor. E indican que
la adquisición describe a la capacidad de la empresa para identificar, valorar y
apropiarse del nuevo conocimiento; la asimilación sugiere el reconocimiento
e interpretación del conocimiento adquirido; la transformación se refiere al
desarrollo y mejoras de los procesos y rutinas que facilitan la transferencia
y combinación del conocimiento que fue adquirido y asimilado previamente; finalmente, la explotación es la utilización del nuevo conocimiento con
fines comerciales. Estos autores, ubicaron dos subconstructos: la capacidad
absortiva potencial (PAC), la cual hace a la empresa receptiva para adquirir y
asimilar conocimiento externo; y la capacidad absortiva realizada (RAC), que
se considera fuente primaria de mejoras en la empresa mediante el desarrollo
de capacidades de transformación y explotación del conocimiento, facilitando
la innovación y el desarrollo de nuevos productos (Zahra y George, 2002).
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La CA ha sido estudiada en distintos contextos, por ejemplo, como fuente
generadora de innovación (Kostopoulos et al., 2011; Camisón y Forés, 2010;
Murovec y Prodan, 2009; Escribano et al., 2008, Fosfuri y Tribó, 2008; Arbussà y Coenders, 2007; Caloghirou et al., 2004), como trabajo colaborativo
con otras empresas (Camisón y Forés, 2010; De Jong y Freel, 2010; Grimpe y
Sofka, 2009), como aprendizaje organizacional (Petti y Zhang, 2016), o como
estrategia organizacional (Peris, Mestre y Palao, 2011; Jansen et al., 2005).
1.2. Aproximación al concepto de innovación
El concepto de innovación fue introducido por Arrow (1962) y Nelson (1959),
quienes la describen como un bien público duradero. Otras enunciaciones la
detallan como un nuevo producto o proceso de producción que es comercializado con éxito (Pavitt, 1984). Tushman y Nadler (1986) la precisaron
como la creación de un producto, servicio o proceso nuevo para una unidad
de negocio. Mientras que Damanpour y Gopalakrishnan (2001) la definieron
como la adopción de una idea o un comportamiento nuevo en una organización. Por otra parte, el Manual de Oslo (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), 2005) señala que el requisito mínimo para
considerar algo como una innovación es que el producto, proceso, método de
organización o comercialización sea nuevo o significativamente mejorado.
En este sentido, la innovación es esencial para el rendimiento de las
empresas y constituye una de las principales fuentes de competitividad y
crecimiento económico, donde la firma debe responder a las necesidades del
entorno para generar ventajas competitivas mediante un proceso complejo,
donde el conocimiento acumulado se transforma, modifica o reinterpreta;
este conocimiento se considera esencial en el éxito de la actividad innovadora
de la empresa, permitiendo desarrollarse y ajustarse rápidamente a los cambios, además de identificar y explotar nuevas oportunidades en el mercado
(Murovec y Veugelers, 2006; Grossman y Helpman, 1994; Harris y Mowery,
1990).
La literatura muestra estudios que analizan la relación entre la CA y la innovación donde el conocimiento es un elemento estratégico; también examinan otros aspectos como el aprendizaje, los acuerdos de cooperación, el desarrollo tecnológico y los resultados financieros (González y Hurtado, 2014;
Gebauer et al., 2012; Lewin et al., 2011; Kostopoulos et al., 2011; Camisón y
Forés, 2010; Grimpe y Sofka, 2009; Murovec y Prodan, 2009; Escribano et
al., 2008; Castro, Rocca e Ibarra, 2009; Vega et al., 2008; Arbussà y Coenders,
2007), concordando en que la CA es clave en el propósito de innovar, favoTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�PERCEPCIONES SOBRE CAPACIDAD ABSORTIVA E INNOVACIÓN

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reciendo el éxito y el logro de ventajas competitivas, como se presenta en la
siguiente sección.
1.3. Capacidad absortiva e innovación
La relación entre CA e innovación ha sido abordada en diversos y contextos (sector vitivinícola, petrolero, acuícola, electrodoméstico, farmacéutico
y manufacturero). Por ejemplo, en España, Pradana, Pérez y Fuentes (2020)
analizaron el desempeño organizacional mediante la innovación, la CA y el
capital humano, en una muestra de 138 empresas de la industria vitivinícola, analizando los datos a través del método estadístico de regresión por
mínimos cuadrados parciales (PLS); los resultados demuestran que tanto la CA
como los recursos humanos permiten a las empresas capturar completamente los beneficios de la innovación, de tal manera que si las empresas poseen
una serie de recursos y capacidades (CA, recursos humanos e innovación),
éstos pueden verse como buenos impulsores de rendimiento y, por extensión, de ventaja competitiva.
En Italia, Russo y Di Paola (2019) estudiaron los antecedentes de la CA
y los flujos de conocimiento externo en un conjunto de 103 empresas biofarmacéuticas italianas. Los hallazgos muestran que las empresas biofarmacéuticas inmersas en un ambiente de I+D son capaces de adoptar estrategias
de innovación, a través de la construcción de alianzas y redes científicas, ampliando de esta forma sus procesos de innovación. De igual manera, Choo y
Tan (2019) estudiaron la influencia de la tecnología basada en el conocimiento y la CA en la innovación de servicios hoteleros en Malasia; en su análisis
cualitativo revisan la literatura publicada entre 1990 y 2018, y sus hallazgos
proponen un modelo teórico donde la tecnología basada en el conocimiento
facilita el proceso de capacidad absortiva potencial, facilitando la generación
de un stock de nuevos conocimientos, en tanto que la capacidad absortiva
realizada permite utilizar los nuevos conocimientos para innovar.
Asimismo, Schweisfurth y Raasch (2018) realizaron un estudio a 864
empleados de una empresa de electrodomésticos a nivel mundial; al observar
que las personas que trabajan en este tipo de industria tienen conocimientos
individuales y algún conocimiento de soluciones, esta investigación les permitió a los autores conceptualizar la CA para las necesidades no satisfechas que
surgen en el uso de un producto o servicio dado, y la CA para la solución tecnológica, que se refiere a resolver problemas técnicos y proporcionar funcionalidad. Los resultados obtenidos mediante análisis de regresión mostraron
que la CA para la necesidad y la CA para la solución se forman e interoperan a
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nivel intraindividual para facilitar la innovación de los empleados.
En Corea del Sur, Ali et al. (2016) investigaron cómo las empresas logran un desempeño organizacional óptimo mediante la CA y la innovación
organizacional. Para ello, aplicaron una encuesta y, mediante un análisis de
ecuaciones estructurales, encontraron que la CA y la innovación organizacional contribuyen a un mejor desempeño organizacional. En empresas noruegas y suecas, Clausen (2013) examinó la relación entre la CA (I+D interno) y la
cooperación en innovación con actores externos, como empresas del mismo
ramo y de I+D, proveedores, clientes, competidores, consultores, universidades e institutos de investigación. El autor utilizó datos de la tercera Encuesta
de Innovación Comunitaria, que se basa en el Manual de Oslo; los resultados,
obtenidos mediante la regresión de Poisson, manifiestan que la CA, a través
de la I+D interna, la capacitación y personal calificado, se asocia positivamente
con la intensidad de cooperación en innovación con otras empresas.
En Grecia, Kostopoulos et al. (2011) revisaron el papel de la CA como
mecanismo para identificar y traducir los flujos de conocimiento externo
(por ejemplo, proveedores, clientes, competidores e instituciones de investigación) en beneficios tangibles para la empresa y como un medio para mejorar el desempeño financiero y de innovación. Sus resultados muestran que
los flujos de conocimiento externo están significativamente asociados con la
CA, además de correlaciones significativas tanto para la CA y la innovación,
como para las relaciones de desempeño financiero e innovación; los autores
concluyen que la CA contribuye positivamente a la innovación y al desempeño financiero.
En México, García et al. (2020) analizaron el nivel de desarrollo de la CA
en la industria manufacturera en México; para este estudio utilizaron datos
de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (Esidet) del año
2014. Los datos fueron tratados mediante un análisis multivariante de cluster,
y los hallazgos muestran diferentes niveles de CA respecto a los subsectores; en
cuanto a la asimilación, la transformación y la explotación, estas diferencias
son significativas, no así para la adquisición. Las conclusiones indican que la
CA en el sector manufacturero mexicano se desarrolla de manera incipiente.
Por su parte, Ortiz et al. (2019), en su estudio aplicado a gerentes y supervisores de 128 empresas industriales ubicadas en la frontera norte de Tamaulipas, México, exploraron el proceso de la generación del conocimiento
a través de la CA y el efecto que ésta tiene en la innovación. Los datos fueron
recolectados a través de cuestionarios y analizados mediante ecuaciones estructurales; en los resultados se observa que la CA potencial y la CA realizada
tienen efecto positivo en la innovación de procesos, dejando fuera a la innovación de producto. En este mismo estado, Solís et al. (2017) investigaron
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el efecto que tiene la CA (en sus dimensiones potencial y realizada) sobre la
innovación (en sus dimensiones de proceso y producto) en el sector petroquímico localizado en Reynosa. Mediante un estudio de regresión lineal,
analizaron la información de una muestra de 96 participantes. Los hallazgos
indican que la CA influye en la innovación que se lleva a cabo en las empresas
del sector; además, señalan que la CA potencial infiere sobre la innovación de
procesos mediante la identificación y asimilación del conocimiento externo,
enfatizando la importancia que tiene la capacitación y la formación de capital
intelectual, así como los recursos materiales; en lo referente a la CA realizada,
ésta influye positivamente en la innovación en los productos que realizan las
empresas petroquímicas.
Continuando con los trabajos en México, García y León (2015) analizan
la relación entre las dimensiones de la CA y el nivel de innovación en el sector
acuícola en Sonora. La información para este estudio fue obtenida mediante
la aplicación de una encuesta que estima las dimensiones de la CA y la innovación en una muestra de 45 plantas acuícolas. Los datos obtenidos fueron
analizados mediante un modelo de ecuaciones estructurales; los hallazgos indican que entre la CA y la innovación existe una relación positiva fuerte, al
igual que entre sus dimensiones y la innovación, siendo la asimilación la más
representativa en esta relación.
Si bien existe evidencia empírica que señala que la CA tiene una relación
positiva y significativa en el desempeño innovador de la empresa (Gebauer
et al., 2012; Kostopoulos et al., 2011; Camisón y Forés, 2010; Escribano et al.,
2008; Arbussà y Coenders, 2007; Nieto y Quevedo, 2005; Jansen et al., 2005;
Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002), también existen otros autores que encuentran lo contrario (Arcos, 2013; González y Hurtado, 2014;
Monge et al., 2015; Vega et al., 2017). Partiendo de la revisión de la literatura
y con base en los fundamentos teóricos y empíricos presentados, se considera
a la CA como un recurso positivo en la organización, donde los altos niveles
de CA están relacionados con la innovación. En consecuencia, se propone las
siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: La capacidad absortiva potencial (PAC) de las empresas farmacéuticas está positivamente relacionada con la innovación llevada a cabo
en ellas.
Hipótesis 2: La capacidad absortiva realizada (RAC) de las empresas farmacéuticas está positivamente relacionada con la innovación llevada a cabo
en ellas.

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2. METODOLOGÍA
2.1. La muestra
Para llevar a cabo este trabajo, se solicitó el apoyo a una asociación de la industria farmacéutica, conformada por 87 empresas dedicadas a la elaboración
de medicamentos de uso humano, y por cuestiones de confidencialidad se ha
omitido su nombre. El cuestionario aplicado estuvo dirigido a los directivos
(CEO), gerentes y jefes de área o sector; de esta manera, la muestra de análisis quedó conformada por 164 participantes, quienes aceptaron informar de
forma voluntaria.
2.2. El cuestionario
El instrumento se conformó de tres secciones. En la primera recoge la información (puesto del informante, inicio de operaciones, número de empleado)
que permite describir el entorno farmacéutico. En la segunda sección se presenta el test para medir la CA en sus dos dimensiones (PAC, conformada por
la adquisición y asimilación de conocimiento, y RAC, integrada por la transformación y explotación del nuevo conocimiento), y consta de 19 ítems. La
tercera sección está compuesta por 10 ítems que consideran la innovación
(INNOV) en productos, en procesos y en comercialización o nuevas formas
organizacionales. Cabe mencionar que el cuestionario utilizado fue validado
por García y León (2015), quienes tomaron como base el trabajo realizado
por Jansen et al. (2005) para medir la CA y la innovación en el trabajo de Antonioli et al. (2014). El instrumento mostró un índice de confiabilidad de Alfa
de Cronbach .867.
2.3. Análisis factorial exploratorio
El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el análisis factorial exploratorio, el cual tiene como propósito examinar la estructura de interrelaciones
entre un grupo de datos, reconociendo los factores de la estructura que determinen el grado en que cada variable explique la varianza observada (Hair et
al., 1999). Para llevar a cabo el análisis factorial, primeramente se comprobó
que la estructura de los datos fuera la apropiada mediante la prueba de esfericidad de Bartlett y la prueba de Kaiser-Mayer y Olkin (KMO). La esfericidad
de Bartlett tiene como objetivo probar la existencia de no correlación entre
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las preguntas. Un valor de la prueba menor a 0.05 rechaza la hipótesis nula de
no correlación y, por consecuencia, es recomendable continuar con el análisis
factorial (Harman, 1980). Y con la prueba de KMO se determina si es adecuado
aplicar el análisis factorial, para lo cual sus valores deben oscilar entre 0.5 y 1.
La extracción de los factores se realizó mediante el método de componentes principales, ya que establece combinaciones lineales de variables no
correlacionadas, donde el primer componente muestra la varianza máxima,
y las subsecuentes explican gradualmente proporciones más pequeñas de la
varianza no correlacionadas entre sí, estimando las puntuaciones factoriales
y la matriz de cargas factoriales a través de las correlaciones de las variables.
Para la rotación se eligió el método Varimax; su rotación ortogonal permite
la extracción de factores no correlacionados, al mismo tiempo que minimiza
el número de variables con cargas altas, mejorando así la interpretación de
los factores.
2.4. Confiabilidad interna y construcción de variables
La consistencia interna del instrumento fue evaluada mediante el coeficiente
de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Este coeficiente es un método que permite determinar la fiabilidad de la escala, en función de las intercorrelaciones
(covarianzas) entre las preguntas, la varianza total y el número de preguntas
que conforman la escala. Sus valores obtenidos oscilan entre 0 y 1; entre más
altos o cercanos a 1, mayor fiabilidad (Cronbach, 1951). Al respecto, Nunnally y Bernstein (1995) proponen valores entre 0.75 y 0.90 como buenos o
aceptables. En tanto que Mateo (2012) señala que valores que oscilan entre
0.8 y 1 son considerados como altos, detonando excelentes niveles de fiabilidad en el instrumento. En este análisis se aplica esta prueba a cada variable o
dimensión encontrada mediante el análisis factorial.
Para una mejor interpretación del valor de las variables estimadas, se
procedió a su estandarización a través del escalamiento mínimo-máximo mediante la siguiente ecuación: Xnorm=(X-Xmin)/(Xmax-Xmin). Este procedimiento permite obtener desviaciones más pequeñas, eliminando el efecto
de los valores atípicos y permitiendo que los valores oscilen entre 0 y 1, de tal
manera que los valores próximos a 1 expresan un nivel alto o mayor presencia de las variables, en tanto que valores cercanos a 0 expresan su ausencia.

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2.5. Procedimiento para el análisis
El análisis del cuestionario se llevó a cabo en cinco pasos. Primeramente, se
efectuó el análisis factorial, utilizado para identificar las dimensiones PAC, RAC
e INNOV. Después, mediante el alfa de Cronbach se efectuó la prueba de validez interna de las dimensiones utilizadas. Para una mejor interpretación de
las dimensiones, posteriormente se estandarizaron las variables mediante el
criterio de min-max, asegurando que éstas oscilaran entre 0 y 1. Finalmente,
se estimó un análisis de correlación de Pearson (r) para ver la asociación entre
las variables y dar respuesta a las hipótesis planteadas. Las estimaciones se
llevan a cabo empleando el software IBM SPSS Statistics Base V22.0.0.
3. RESULTADOS
Se encontró que el 37.8% fueron jefes de área o sector, el 36% fueron gerentes
y el 26.2% fueron CEO. Las empresas farmacéuticas que iniciaron operaciones
en México tienen una antigüedad promedio mayor a 21 años. El 53% de los
que respondieron dicen que en su empresa trabajan más de 251 empleados; el
29.9%, entre 101 y 250 empleados; en tanto que el 17.1%, entre 51 y 100 personas. La principal acción que ocupa a esta industria es la fabricación de medicamentos, aunque la comercialización y las ventas son las actividades en las
que mayormente participan, y destinan 67.7% de sus recursos sobre todo en
los nuevos medicamentos o en los considerados novedosos para la empresa.
Respecto a la percepción de los encuestados sobre los ítems que miden
la CA, en la Tabla 1 se observa que los puntajes máximos (x = 4.40) corresponden a dos preguntas. La primera hace referencia a si la empresa ofrece capacitación al personal (AS20), y la segunda a si analizan los procesos y rutinas
existentes para detectar mejoras (AS21). Este resultado muestra la importancia que dan las empresas farmacéuticas a la capacitación, así como al análisis
y la mejora de procesos. El nivel más bajo (x = 1.25) indica la desatención que
se da a los cambios generados por el nuevo conocimiento y si éstos son registrados en hojas de proceso y planes de control para mantener un registro de
impacto (TR24). Finalmente, el promedio total (x = 3.2) permite observar la
existencia de cinco preguntas por debajo y 14 superiores a éste.

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PERCEPCIONES SOBRE CAPACIDAD ABSORTIVA E INNOVACIÓN

TABLA 1
Medidas de tendencia central de capacidad absortiva
Nom.

Ítem

Media

Desviación
estándar

AD13

La empresa utiliza fuentes externas del conocimiento

3.30

1.245

AD14

Normalmente reconoce nuevos conocimientos dentro
de la organización

3.26

1.342

AD15

Existe cooperación de conocimiento entre su organización
y otras instituciones, como universidades y centros de
investigación

4.23

.677

AD16

Existe cooperación de conocimiento con clientes
y proveedores

3.63

1.141

AD17

Existe cooperación con consultores, foros y eventos
externos

3.51

1.354

AD18

Se detectan en los distintos departamentos que conforman
la organización nuevas prácticas para replicar que ofrecen
mejora en proceso, producto, gestión

3.29

1.268

AD19

Normalmente hay una persona responsable de adquirir el
conocimiento externo e interno en la organización

3.50

1.308

AS20

Su empresa ofrece capacitación al personal

4.40

.723

AS21

Se analizan los procesos y rutinas existentes para detectar mejoras

4.40

.757

AS22

Cuando se adquiere conocimiento todas las partes involucradas participan

4.07

1.040

AS23

Cuando se adquiere un nuevo conocimiento se basan en un
proceso para la implementación

4.12

.925

TR24

Los cambios generados por el nuevo conocimiento son
registrados en hojas de proceso, planes de control, etc.,
manteniendo un registro de impacto

1.25

.659

TR25

La organización discute las consecuencias de los cambios
del nuevo conocimiento y sus consecuencias en el mercado,
tendencias y potencialidades resultantes para el desarrollo
de nuevos productos

1.81

1.066

TR26

Se analiza el nuevo conocimiento, adaptándolo a las formas
de trabajo existentes

1.36

.691

TR27

Se considera cómo explotar el conocimiento que se adaptó,
contemplando a todos los departamentos de la organización
involucrados en la mejora

1.85

1.077

EX28

Considera que su empresa es generadora de patentes

3.30

1.064

EX29

Considera que su empresa tiene mayor capacidad en I+D de
nuevos productos o servicios, comparada con la competencia

3.18

1.135

EX30

Es común que la empresa transforme los productos o
procesos viejos en nuevos debido a sus capacidades y
habilidades

3.37

1.074

EX31

Con qué frecuencia la empresa realiza cambios tecnológicos

3.62

.936

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Mínimo

1

Máximo

5
164

N

Fuente: Elaboración propia.

El análisis descriptivo a los ítems que miden la innovación se muestra
en la Tabla 2, donde se observa el puntaje máximo (x = 3.55), el cual hace referencia al grado de innovación de la empresa (IN41). No obstante, el puntaje
menor (x = 2.85) de la pregunta IN38 da razón de que la percepción que tienen
los encuestados sobre las inversiones que la empresa realiza para el desarrollo
de sus propias tecnologías es baja. Finalmente, el valor promedio total (x =
3.0) permite observar siete valores por debajo de la media y tres superiores a
este valor.
TABLA 2
Medidas de tendencia central de innovación
Nom.

Ítem

Desviación
estándar

Media

IN32

En comparación con la competencia, nuestra empresa
realiza más lanzamientos de productos y servicios

3.01

1.465

IN33

En comparación con otras empresas, la nuestra identifica y
desarrolla nuevos mercados mucho más rápido

2.93

1.488

IN34

Qué tan frecuentemente se modifica o desarrolla un nuevo
producto

2.97

1.463

IN35

Las modificaciones de procesos en la empresa ocurren

2.90

1.493

IN36

Las ventas aumentan después del lanzamiento de un
producto o servicio

2.88

1.506

IN37

La organización invierte en actividades de desarrollo de
nuevos productos o servicios

2.96

1.475

IN38

La organización invierte para el desarrollo de propias
tecnologías

2.85

1.520

IN39

La gestión de la empresa ha sido modificada

3.04

1.367

IN40

La organización busca nuevos mercados

2.96

1.433

IN41

Cuál considera que es el grado de innovación de su
empresa

3.55

1.158

Mínimo
Máximo
N

Fuente: Elaboración propia.

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3.1. Análisis factorial para construcción de variables
Los resultados del análisis factorial permitieron identificar las dimensiones
subyacentes de las variables propuestas en el instrumento. En el caso de la
CA, se agruparon los factores esperados, los ítems TR24 y TR26 se eliminaron por no agruparse en el factor correspondiente, y los ítems AD15, AD16
y AS20 fueron eliminados, ya que mostraron saturaciones bajas (Nunnally y
Bernstein, 1995). Partiendo de esta información, en la Tabla 3 se muestran
los resultados de la matriz de componentes rotados, mostrando la agrupación
de las dimensiones PAC y RAC.
TABLA 3
Matriz de componente rotado para PAC y RAC
Componentes
PAC
AD13

.818

AD14

.742

AD17

.844

AD18

.830

AD19

.841

AS21

.428

AS22

.523

AS23

.309

RAC

TR25

.133

TR27

.204

EX28

.870

EX29

.883

EX30

.884

EX31

.782

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax
con normalización de Kaiser. a. La rotación convergió en 3 iteraciones.
Fuente: Elaboración propia.

Para identificar si el análisis factorial es pertinente en esta muestra de
datos, se estimó la prueba KMO, en donde se obtuvo un valor de .780, que al
ser superior a .7, se puede considerar como aceptable. En cuanto a la prueba
de esfericidad de Bartlett, se encontró un valor de .000, el cual es menor que
0.05, por lo que es adecuado emplear dicho análisis para la agrupación de los
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datos o la construcción de los factores. Por último, para verificar la fiabilidad
de la consistencia interna del instrumento, se aplicó el alfa de Cronbach; los
resultados para PAC (.844) indican que el Coeficiente alfa es &gt;.8, teniéndose
como bueno, y para RAC (.756), el Coeficiente alfa &gt;.7, considerándose aceptable (Nunnally y Bernstein, 1995).
El mismo procedimiento se llevó a cabo para las preguntas de la innovación, en donde únicamente se eliminaron dos ítems (IN40 e IN41), por no
obtener pesos adecuados en las comunalidades (Nunnally y Bernstein, 1995).
En la Tabla 4 se observa el resultado de la matriz de componentes rotados.
TABLA 4
Matriz de componente rotado de INNOV
Componente
INNOV
IN32

.930

IN33

.949

IN34

.953

IN35

.935

IN36

.950

IN37

.945

IN38

.935

IN39

.938

Método de extracción: análisis de componentes
principales. a. 1 componentes extraídos.
Fuente: Elaboración propia.

El test KMO mostró un valor de .963, que al ser mayor a 0.9 se considera
como una excelente adecuación muestral; además, la prueba de esfericidad
de Bartlett resultó (0.000) menor a 0.05, por lo que la aplicación del análisis
factorial es adecuada. De igual manera, la fiabilidad de la consistencia interna
del instrumento alcanzó un excelente desempeño medido con el alfa de Cronbach, el cual fue de .982 (Nunnally y Bernstein, 1995). Vale la pena comentar
que una vez que se encontraron dichas agrupaciones en la factorial, se generaron los puntajes correspondientes a las variables PAC, RAC e INNOV mediante
el enfoque llamado escalamiento mínimo-máximo. Esta normalización de los
datos nos permite obtener rangos fijos que van de 0 a 1, suprimiendo el efecto
de los valores atípicos y reduciendo su variabilidad. En la Tabla 5 se muestran
las medidas de tendencia central posterior al escalamiento.
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Los resultados permiten identificar que, en general, tanto la PAC como la
presentan valores por debajo del valor medio de 0.5; esto nos indica que
las percepciones tienen una tendencia hacia valores medios en RAC y bajos en
PAC. De manera intuitiva, podemos decir que las empresas de este sector tienen dificultades para apropiarse del conocimiento externo, aunque una vez
que lo adquieren tienen una mayor disposición a explotarlo. En el caso de
la variable INNOV, se encontró un valor concentrado alrededor de la media
del indicador, sugiriendo que las empresas del sector farmacéutico mexicano
no son altamente innovadoras, pero tampoco son completamente seguidoras
respecto al desarrollo de productos, procesos o comercialización.
RAC

TABLA 5
Estadísticos descriptivos de las variables PAC, RAC e INNOV
Media

Desviación estándar

PAC

.3562383

.24540140

RAC

.4935637

.23717583

INNOV

.5144817

.34666379

N válido (por lista)

164

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Análisis de asociación
Determinadas las dimensiones PAC y RAC, así como la dimensión INNOV, se
propone un análisis de correlación de Pearson. En la Tabla 6 se observa la
existencia de una relación baja pero positiva entre la RAC y la INNOV, dado
que la probabilidad obtenida es p = 0.047, que es menor a 0.05 (.156), por lo
que se comprueba la existencia de una asociación entre la INNOV y la CA en su
dimensión RAC.

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TABLA 6
Correlación entre PAC, RAC e INNOV
INNOV
INNOV

Correlación de Pearson

1

Sig. (2-colas)

PAC

RAC

N

164

Correlación de Pearson

.043

Sig. (2-colas)

.581

N

164

Correlación de Pearson

.156*

Sig. (2-colas)

.047

N

164

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas).
Fuente: Elaboración propia.

3.4. Discusión de los resultados
En las últimas décadas, la CA ha sido considerada como una ventaja competitiva por las organizaciones. No obstante, en nuestro país no se han realizado suficientes estudios que analicen este constructo. Además, en la literatura existente, la CA se ha abordado desde diversas perspectivas, arrojando
diferentes resultados, desde los que afirman que las capacidades internas de
la empresa y el conocimiento que es adquirido del exterior coadyuvan a la
innovación (Caloghirou et al., 2004), hasta los que aseguran que la empresa
no requiere de CA para incentivar la innovación (González y Hurtado, 2014).
Por esta razón, esta investigación tuvo como propósito contribuir empíricamente al análisis de la CA y su relación con la innovación, examinando cada
una de sus dimensiones para determinar su relevancia como generadora de
valor agregado para la empresa.
Dentro de los hallazgos encontrados, podemos mencionar que las variables definidas a partir del análisis factorial y la estandarización permitieron
identificar los niveles promedio de las percepciones de la muestra analizada.
Los valores estimados de la PAC (.356), la RAC (.493) y la INNOV (.514) sugieren
que las personas en los puestos claves dentro de esta industria presentan los
niveles más bajos en la variable PAC, reflejando una dificultad para la apropiación del conocimiento obtenido de fuentes externas que deviene de la cooperación con otras organizaciones, universidades y centros de investigación.
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En el caso de la RAC, se encontró un valor ligeramente superior a la PAC, lo que
nos indica que las empresas participantes en el estudio tienen la necesidad de
reconocer cómo se puede aprovechar el conocimiento mediante la capacitación y el análisis constante de los procesos y rutinas existentes que les permitan asimilar el nuevo conocimiento, para renovar su capacidad absortiva
realizada cuando sea necesario.
En cuanto a la INNOV, los resultados indican que las personas encuestadas
no perciben a su empresa como desarrolladora de altos niveles de innovación, más bien, son vistas como empresas con poca disposición a invertir en
nuevas tecnologías y con escasos esfuerzos en el rediseño de sus procesos de
fabricación. Estos resultados son acordes con lo señalado por Esquivel (23 de
febrero de 2019), lo que nos lleva a pensar que la industria farmacéutica en
México es cautelosa en sus estrategias, planes y programas de desarrollo de
productos, procesos y comercialización.
Respecto al análisis de correlación (ver Tabla 6), éste indica una asociación estadística entre la CA y la INNOV, la cual viene dada a través del componente de la RAC (.156). En este sentido, podemos decir que una mayor cantidad
de actividades contenidas dentro de este componente (como son el desarrollo
de nuevos productos, procesos, servicios, o el desarrollo de sus propias tecnologías) se encuentra asociada a mayores niveles de innovación en este sector.
Este resultado es acorde a estudios previos que apoyan la existencia de esta
asociación como medio para mejorar el desempeño innovador de la empresa
(Gebauer et al., 2012; Kostopoulos et al., 2011; Camisón y Forés, 2010; Escribano et al., 2008; Arbussà y Coenders, 2007; Nieto y Quevedo, 2005; Jansen et
al., 2005; Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002).
Sin embargo, no se encontró una asociación entre PAC e INNOV; esto
puede ser consecuencia de las limitantes que enfrenta este sector para poder
innovar (incluso en la imitación). Por un lado, la inversión en I+D es escasa
y las patentes que se generan en su mayoría son extranjeras. Aunado a esto,
la naturaleza conservadora de esta industria puede ser indicativa de que los
procedimientos que derivan del conocimiento tecnológico y de los procesos
de innovación no son del todo suficientes para que la empresa cuente con la
capacidad de identificar, adquirir y asimilar el conocimiento externo esencial
para incentivar el desarrollo innovador.
CONCLUSIÓN
En este trabajo se analizan las percepciones sobre CA en sus versiones potencial y realizada, así como el nivel de innovación que presentan los adminisTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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tradores en puestos clave dentro de las empresas del sector farmacéutico de
México. Para ello, se aplicó una encuesta a un total de 164 participantes y se
llevó a cabo un análisis factorial para la construcción de las variables referentes a la PAC, la RAC y la INNOV. Asimismo, se estimó la correlación de Pearson
para identificar la asociación entre dichas variables, y con ello tener evidencia
para rechazar o no rechazar las hipótesis planteadas.
Los resultados señalan que sí existe una asociación entre la CA en su
componente RAC y la innovación. Lo anterior nos puede sugerir que, desde la
perspectiva de los actores analizados, en las empresas de este sector se prioriza la capacidad para transformar y explotar (RAC) conocimiento, y esta percepción se asocia a la idea de innovación. La formalización de esta capacidad
se considera fuente principal de mejoras en la empresa mediante habilidades
bien desarrolladas de transformación y explotación del conocimiento, facilitando el logro de ventajas competitivas a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos (González y Hurtado, 2014; Jansen et al., 2005; Leal y
Albort, 2015; Leal et al., 2014; Solís et al., 2017; Zahra y George, 2002).
El caso contrario es lo que pasa con la PAC, la cual presentó los valores
más bajos en la escala construida y no fue estadísticamente significativa en
el análisis de correlación planteado. En otras palabras, los hallazgos de este
trabajo permiten intuir que el personal en puestos clave muestra dificultad
para apropiarse del conocimiento externo, así como para la interiorización
y combinación del conocimiento que fue adquirido y asimilado mediante la
capacitación y la cooperación con instituciones, centros de investigación,
clientes, proveedores, y asimilarlo, poniendo de manifiesto que la industria
farmacéutica da poca importancia a la PAC. En el caso de la RAC, la industria
muestra mayor importancia a la transformación y explotación del conocimiento, enfocándolo en la implementación de rutinas que faciliten el flujo
de conocimiento externo dentro de un proceso de innovación, así como el
aprovechamiento de los cambios tecnológicos que posibiliten a las empresas
transformar los productos, procesos, hacer cambios significativos o el desarrollo de nuevos productos.
Lo anterior nos lleva a concluir que la CA del conocimiento no se encuentra muy desarrollada en la industria farmacéutica mexicana. Esto puede
deberse, por un lado, a que la prioridad de las farmacéuticas nacionales no
está en la I+D, y por otro, a la dependencia tecnológica que se tiene de empresas extranjeras. Al mismo tiempo, la inversión de las trasnacionales, las alianzas y los acuerdos comerciales han llevado a la industria a ser esencialmente
maquiladora y comercializadora. Por lo tanto, resulta fundamental la implementación de estrategias apoyadas en el desarrollo de capacidades y habilidades para la adquisición, asimilación, transformación y explotación de nuevos
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conocimientos, dentro del equipo de trabajo encargado de I+D. Mediante la
inversión en capacitación y formación del personal, conjuntamente, motivar
la cooperación con organizaciones, centros de investigación y universidades
que contribuyan a generar la base de conocimiento de la empresa, incrementando así su creatividad innovadora. De forma tal que, al fomentar la PAC
(adquisición y asimilación) de la empresa, se propicie el sostenimiento de sus
ventajas. De igual manera, al incrementar su RAC (transformación y explotación), desarrollan capacidades que permiten a la empresa asegurar su competitividad mediante la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos.
Por último, se reconoce que para mejorar los resultados del trabajo,
es necesario incrementar el número de encuestas, a fin de captar mejor las
percepciones del sector, por lo que estos resultados apenas representan un
pequeño esfuerzo por conocer las percepciones de las personas en puestos
clave de la industria. Además, es necesario elaborar modelos estadísticos más
completos para poder indagar sobre posibles relaciones de tipo causal. En
este sentido, se recomienda abordar el tema a través del uso de ecuaciones estructurales para datos que captan percepciones mediante preguntas de escala
Likert o modelos econométricos estimados con datos duros de la empresa,
como son el número de patentes, número de laboratorios, ratios financieros,
número de empleados, nivel de estudios y el gasto en investigación, entre
otros.
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�PERCEPCIONES SOBRE CAPACIDAD ABSORTIVA E INNOVACIÓN

101

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TRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

�102

RANGEL LYNE | AZUELA FLORES | OCHOA HERNÁNDEZ | BUENROSTRO AGUILAR

¿Actitudes de Anti-Consumo y Venganza?
Cuando las Empresas Socialmente Responsables
Fallan
Anti-Consumption Attitudes and Revenge Behavior?
When Socially Responsible Enterprises Fail
LUCIRENE RANGEL LYNE* | JOSÉ IGNACIO AZUELA FLORES** |
MAGDA LIZET OCHOA HERNÁNDEZ*** |
HUGO JAVIER BUENROSTRO AGUILAR****

RESUMEN
Este trabajo analiza las actitudes de anti-consumo, a partir del incumplimiento de las Empresas percibidas como Socialmente Responsables. El
objetivo es comprobar el efecto mediador de las actitudes de anti-consumo en la relación entre la RSC percibida y la venganza. Se realizó un
modelo de mediación con 475 consumidores, a través de la técnica de
ecuaciones estructurales. Los resultados sugieren que, para resolver las
actitudes de anti-consumo, las empresas deberían ejercer actividades
de RSC y evitar una venganza del consumidor mediante la mala publicidad con alcance en redes sociales. El efecto mediador de la escala de
anti-consumo es confirmado.
Palabras clave: rsc | Actitudes | Anti-consumo | Venganza | Mediación.
ABSTRACT
This study evaluates the anti-consumption attitudes, when Socially Responsible perceived Enterprises fail. The aim is to confirm the media-

* Profesora-investigadora de la Universidad del Noreste y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Correo electrónico: lucirene.rangel@uat.edu.mx
** Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Correo electrónico: jazuelaflores@gmail.com
*** Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Correo electrónico: mlochoa@docentes.uat.edu.mx
**** Profesor-investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico:
hbuenrostroa@comunidad.unam.mx
Recibido: 8 de febrero de 2021 | Aceptado: 30 de julio de 2021
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ISSN 2007-1205 | pp. 102-125

�¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

103

ting effect of anti-consumption attitudes between the perceived CSR and
consumer revenge. With a sample of 475 consumers, a mediation based
on structural equation modeling was designed. Results suggest that enterprises may apply their CSR to solve anti-consumption attitudes, before revenge attitudes emerge. The main finding is the partial mediating
effect of the anti-consumption scale, between perceived CSR and revenge
based on bad publicity, including social networks.
Keywords: csr | Attitudes | Anti-consumption | Revenge | Mediation.

INTRODUCCIÓN
El incumplimiento de la responsabilidad social corporativa (RSC) destaca
como uno de los antecedentes del odio (Kucuk, 2019), la resistencia, la queja e incluso la venganza hacia las empresas por parte de los consumidores
(Nepomuceno et al., 2017). De acuerdo con su definición, estas actitudes y
sentimientos del consumidor son comparables a las manifestaciones de “anti-consumo”.
El anti-consumo se ha discutido como una posición en contra del “consumismo” (Lee et al., 2011), y se basa en actitudes de aversión, restricción,
abandono y rechazo (Lim, 2017).
El fenómeno de anti-consumo ha sido medido en estudios empíricos
previos, por ejemplo, en la tipología de consumidores propuesta por Iyer
y Muncy (2009), así como en el análisis de las preocupaciones sociales y
medioambientales ligadas a la industria y al país de origen de García De Frutos et al. (2013), para hacer un amplio análisis sobre las causas del rechazo de
los productos de un país. Para esto, se adopta un enfoque cualitativo-interpretativo consistente en 21 entrevistas llevadas a cabo en España. Las entrevistas se centraron tanto en cuestiones generales que genera un país, ligadas
a percepciones político-económicas, sociales y medioambientales, como en
cuestiones ligadas específicamente a la industria (sector textil. Dichos estudios han expuesto las actitudes desde los intereses y preocupaciones del consumidor; sin embargo, a la fecha no se ha identificado un modelo que evalúe
las actitudes de anti-consumo a partir de las acciones fallidas de RSC por parte
de las empresas, percibidas por los consumidores.
De acuerdo con la literatura previa, en general, las percepciones socialmente responsables disminuyen las actitudes negativas del consumidor hacia
la empresa, sobre todo cuando se genera la queja (Kim et al., 2018). Es entonces que este trabajo encuentra una oportunidad de estudio, pues dicho efecto
no se ha analizado a profundidad.
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�104

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Se ha dicho que el rechazo de parte de los consumidores es el centro del
anti-consumo, pero éste es difícil de medir debido a su falta de registro (Hogg
et al., 2009). El rechazo podría encontrar alternativas de manifestarse mediante la queja por parte de los consumidores, sugiriéndose entonces como la
expresión más evidente de las actitudes de anti-consumo. Sin embargo, si la
queja no se resuelve directamente con la empresa, podría originarse una queja intensa a mayor escala que, de alcanzar una exposición mediática negativa,
podría materializarse financieramente. En sí, podría decirse que las quejas, en
general, tienen la capacidad de dañar el desempeño tangible e intangible de las
compañías, y que, en sentido opuesto, la RSC coadyuva a reducir estos efectos
(Kim et al., 2018). Pero, ¿cómo se desarrollan las actitudes de anti-consumo
y venganza, cuando las empresas socialmente responsables (ESR) infringen la
RSC que presumen? ¿Podría este proceso ser el antecedente del activismo de
mercado o consumerismo?
El presente trabajo tiene el objetivo de comprobar los efectos mediadores de las actitudes de anti-consumo en la relación entre la RSC percibida y la
venganza hacia la ESR que ha infringido su RSC. Con ello, se pretende exponer
el fenómeno del anti-consumo desde una ruta actitudinal hacia la formación
de actitudes antagónicas que sugieren la formación de activistas de mercado
y consumeristas.
El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera. En primer
lugar, se presenta la revisión de literatura y se exponen las hipótesis. Posteriormente se describe el método, la muestra, medidas e instrumento empleados. Después, se ofrecen los resultados del modelo propuesto. Finalmente,
la última sección de trabajo ofrece la discusión, conclusiones, limitaciones y
futuras líneas de investigación.
REVISIÓN DE LITERATURA E HIPÓTESIS
Como punto de partida, es necesario discutir acerca de la falla percibida por
parte de los consumidores, desde el enfoque de autores que previamente han
investigado fenómenos similares. Se han detectado dos dimensiones en las
evaluaciones realizadas por parte de los consumidores; la primera corresponde a la evaluación de una situación de injusticia que puede darse a través de
una falla en los procedimientos o políticas empresariales (Tax et al., 1998), y la
segunda, respecto a la severidad en el juicio, que va en función de la calidad de
la relación (empresa-consumidor) establecida previamente a la percepción de
tal falla en los procedimientos o políticas empresariales (Lazarus, en Emilien
et al., 2017).
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�¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

105

Este estudio aborda una falla que se relaciona con ambas evaluaciones,
pues corresponde a la falla percibida en la RSC, partiendo desde una previa
identificación de la empresa en su calidad de socialmente responsable.
La severidad en el juicio realizado a partir de una falla en las políticas empresariales es mayor entre los consumidores con altas expectativas,
de acuerdo con la relación consumidor-empresa percibida previamente. Las
fallas en las políticas empresariales pueden originar especulaciones acerca de
las intenciones de las empresas, provocando que los consumidores se sientan
traicionados por tales compañías (Grégoire et al., 2011). Trasladando esto al
caso de las ESR, fallas en las acciones de RSC podrían traducirse en sentimientos
de traición a partir de un juicio realizado con mayor severidad ante una falla
en la RSC, especialmente entre los consumidores más asiduos a la empresa,
aquellos con mayores expectativas (Einwiller et al., 2019). Este efecto suele
denominarse “el amor se convierte en odio” (Emilien et al., 2017; Grégoire y
Fisher, 2008), y puede originar un deseo de venganza.
El proceso de venganza se produce en cuatro etapas: 1) la percepción de
traición a partir de la falla percibida; 2) la generación de emociones negativas (como enojo, disgusto y frustración); 3) la motivación hacia la respuesta
mediante el deseo de evitación o el deseo de venganza; y, finalmente, 4) el
comportamiento directo con base en la agresión del mercado y las quejas vengativas, o un comportamiento indirecto mediante el efecto negativo de boca
en boca o la queja mediante una publicidad negativa (Lazarus, 1991).
Las etapas del proceso de venganza encierran actitudes de anti-consumo que pueden llegar a niveles mayores, como la realización de protestas y
boicots de parte de los consumidores (Braunsberger y Buckler, 2011). Dichas
actitudes pueden desarrollarse de la misma forma que la etapa de comportamiento en el proceso de venganza: de manera directa e indirecta.
La forma directa incluye solamente al consumidor en confrontación con la
empresa, mientras que la indirecta se lleva a cabo a espaldas de la empresa, mediante un efecto negativo de boca en boca, o un daño a la reputación empresarial
a partir de publicidad negativa de impacto mediático (Grégoire y Fisher, 2008).
Estudios como el de Einwiller et al. (2019) demuestran que la mala publicidad basada en la RSC propicia sentimientos de traición, incrementando las
intenciones de oposición hacia las ESR que han fallado.
Desde el enfoque de Lazarus (1991), las motivaciones en el proceso de
venganza se ubican en una etapa en la que el consumidor aún no exterioriza
su sentir. Bajo esta condición, se llega únicamente hasta la evitación y un
deseo de venganza, desde el enfoque de castigo a las empresas infractoras.
Esta etapa mantiene relación con las actitudes de anti-consumo porque permanece en un alcance interno, mediante la propensión a la aversión, resTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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RANGEL LYNE | AZUELA FLORES | OCHOA HERNÁNDEZ | BUENROSTRO AGUILAR

tricción, abandono y rechazo hacia las empresas que incurren en algún fallo.
No obstante, el proceso de venganza propuesto por Lazarus excluye el deseo
de queja de la etapa de motivaciones, solamente incluyéndola como tal en la
etapa comportamental.
La etapa de comportamiento en el proceso de venganza se asocia con la
queja directa e indirecta, en donde la primera se declara en forma de agresión
de mercado o queja vengativa, mientras que la segunda se da por medio del
efecto negativo de boca en boca o la mala publicidad (Emilien et al., 2017;
Garding y Bruns, 2015; Grégoire et al., 2011; Mattila y Wirtz, 2004).
El presente trabajo propone la inclusión de la propensión a la queja como
parte de las actitudes de anti-consumo, desde una relación directa con la empresa. Es decir, la queja formal que el consumidor desearía levantar directamente
en la empresa, misma que puede originarse en la búsqueda de una resolución
justa en concordancia con una RSC, y no propiamente buscando la venganza con
la empresa que falla, en un sentido de castigo desde el primer momento.
En sintonía, la venganza podría generarse cuando la queja no se resuelve directamente con la empresa. Esto alcanzaría una fase externa, con la posibilidad de exponerse mediáticamente, lo que generaría un impacto intangible
negativo con el potencial de materializarse financieramente. En resumen,
cuando se percibe una violación en el cumplimiento de la RSC de las compañías, los consumidores generan actitudes de anti-consumo con posibilidades
de convertirse en una venganza, por lo que estudios alternos concluyen que
las expectativas de RSC deben ser monitoreadas (Graafland, 2018).
Finalmente, las actitudes de anti-consumo, considerando la propensión
a la queja, podrían dañar el desempeño tangible e intangible de las compañías
cuando llegan a exteriorizarse mediante la venganza, mientras que, en sentido opuesto, la RSC reduce la probabilidad de tales efectos (Kim et al., 2018),
por lo que se plantea que:
H1 Las actitudes de anti-consumo median la relación entre la RSC percibida y la venganza.
En sintonía, investigaciones previas evidencian que algunos consumidores valoran más recibir una disculpa de parte de las empresas, así como
percibir justicia en la resolución de sus quejas (Garding y Bruns, 2015), que
poder obtener una compensación monetaria (Mattila y Wirtz, 2004), lo que
se evaluaría como parte de una RSC.
En cambio, cuando este tipo de actitudes de anti-consumo no se resuelven, los consumidores pueden exponer a la empresa de una forma negativa,
incluso con mayor intensidad y agresividad (Nepomuceno et al., 2017) que
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�¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

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aquellos que propagan información acerca de buenas acciones responsables
llevadas a cabo por las compañías. Cuando esto ocurre, se podría decir que
surgen los “activistas de mercado” con base en la RSC, quienes han identificado
a las ESR como atractivas para ejercer sus campañas (Graafland, 2018).
Los “activistas de mercado” son aquellos que ejercen su poder como
consumidores para lograr un impacto positivo en la sociedad. Tales consumidores se dan a la tarea de exponer mediáticamente a las empresas que, de
alguna forma, causan problemas sociales o propician actividades dañinas.
Éstos alientan a los consumidores a no consumir de esta clase de empresas
(Iyer y Muncy, 2009).
Los motivos de este tipo de activismo pueden ser similares a los encontrados en estudios que proponen a la ideología ética y la preocupación social y
ecológica como antecedentes de las actitudes de anti-consumo (Sudbury-Riley y Kohlbacher, 2018). Por tanto, la forma de incidir en el comportamiento
de las empresas por parte de los consumidores ha tomado un curso en el que
se busca el cumplimiento de la imagen que se publicita (Fontenelle, 2013).
En sintonía, se podría decir que este tipo de consumidores activistas
tienen altas posibilidades de convertirse en consumeristas, quienes abogan
por la modificación de las relaciones de intercambio en el mercado en pro de
la soberanía del consumidor en una base colectiva (Aaker y Day, en Pérez et
al., 2002), pues velan por la legitimación de lo que representa e implica la RSC,
ya que mediante sus percepciones generan actitudes de anti-consumo cuando
tales expectativas se ven defraudadas.
En general, es posible decir que, cuando el bienestar del consumidor se
ve afectado negativamente, las actitudes de anti-consumo ocurren en consecuencia (Hoffmann y Lee, 2016), y cuando éstas no son resueltas, se genera la
venganza hacia la compañía. Los anti-consumidores se convierten entonces
en consumidores activistas de la RSC (Basci, 2016) en el mercado, con oportunidades de iniciar un consumerismo. Concretamente, se puede afirmar que
cuando las actitudes de venganza se exteriorizan, tienen el potencial de dañar
el desempeño tangible e intangible de las compañías, y que, en sentido opuesto, los esfuerzos socialmente responsables percibidos reducen esta clase de
efectos (Kim et al., 2018). De tal forma, se propone que:
H2 La percepción de una RSC disminuye la propensión de venganza hacia
la compañía por parte de los consumidores.

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MÉTODO
El método propuesto incluye dos etapas. La primera etapa explora la construcción de las variables que guían esta investigación. Después de validar las
variables, la segunda etapa analiza la ruta actitudinal propuesta, mediante un
modelo de mediación con base en la técnica de ecuaciones estructurales.
Primera etapa
Este estudio planteó la construcción multidimensional de la RSC a partir de
un análisis factorial exploratorio (AFE) para visualizar la conformación de los
factores. Éste ofrece la posibilidad de identificar los ítems que se agrupan en
más de algún factor, por lo que, con base en los argumentos anteriores, debe
ser realizado previamente a la aplicación de la técnica de ecuaciones estructurales, tal como lo sugiere el trabajo de Andréa et al. (2018). De la misma
forma, en esta etapa se llevó a cabo la validez de constructo de las variables
de anti-consumo y venganza, variables que no han sido validadas por investigaciones previas, siendo ésta una propuesta que surge con base en conceptos
anteriormente desarrollados.
Segunda etapa
En la segunda etapa se diseñó la ruta actitudinal que obedece al objetivo de
la investigación. Se diseñó un modelo de mediación a través de la técnica de
ecuaciones estructurales en el software estadístico Partial Least Squires (PLS).
El modelo incluyó las tres variables latentes. La primera con respecto a los
ítems que, en mayor medida, explican las percepciones corporativas responsables de parte de los consumidores (Y); la segunda variable, referente al anti-consumo (M); y finalmente, la tercera variable, con relación a la venganza (X).
Medidas
La escala de percepciones socialmente responsables de parte de los consumidores estuvo basada en las dimensiones de estudios previos. Se incluyeron cuatro
indicadores para medir la dimensión social de la RSC percibida, a partir de los
trabajos de Mohr y Webb (2005); De Los Salmones et al. (2005); Pérez y Rodríguez del Bosque (2013); y Öberseder, Schlegelmilch, Murphy y Gruber (2014). La
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�¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

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dimensión medioambiental se midió con cinco ítems adecuados de las investigaciones de Maignan y Ferrell (2004); Brunk (2010); Mandhachitara y Poolthong
(2011); Öberseder et al. (2014); y Moisescu (2015). Para medir la dimensión económica, se tomaron cuatro ítems adecuados de Brunk (2010); Mandhachitara y
Poolthong (2011); Pérez y Rodríguez del Bosque (2013); Öberseder et al. (2014);
y Moisescu (2015). En cuanto a lo ético-legal, cuatro ítems fueron adaptados a
partir de Maignan (2001) y De Los Salmones et al. (2005).
La escala de anti-consumo fue de elaboración propia; construida a partir de diferentes conceptos de aversión, restricción, abandono, la queja y el
rechazo que abordan las actitudes internas directas del consumidor con la
empresa que infringe su responsabilidad social. Estos conceptos fueron expuestos por Hogg et al. (2009), y Lim (2017). Para la escala de venganza, se
incluyeron reactivos del proceso comportamental de venganza indirecta que
sugirieran la mala publicidad que el consumidor pudiera llegar a desarrollar,
según Lazarus (1991), sumando la posibilidad de llegar hasta las redes sociales
(ver Tabla 1).
Instrumento
Después de una revisión por expertos, se realizó una prueba piloto con 35
consumidores y se hicieron adecuaciones menores a la redacción de los ítems.
En primer lugar, se cuestionaron los datos demográficos; después se presentó
la escala de RSC, seguida de la pregunta que solicitaba al consumidor mencionar ejemplos de empresas socialmente responsables. Como complemento,
se interrogó acerca del consumo que, durante el último mes, se hizo en las
empresas antes mencionadas. Después se incluyeron los cinco ítems del anti-consumo, con base en: 1) el rechazo, 2) la aversión, 3) la restricción, 4) el
abandono, y 5) la queja. Finalmente, se presentaron los indicadores de 6) venganza mediante la mala publicidad indirecta hacia la compañía, con 7) alcance
en redes sociales. La aplicación de la encuesta fue autoadministrada en papel
con base en una escala Likert de 7 puntos.

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Medioambiental

RSC
RSC
RSC

Económica

Ético-Legal

RSC

Social

TABLA 1
Medidas de las variables latentes
Yo creo que una empresa socialmente responsable…
1.
SOC1
Hace esfuerzos para incrementar el bienestar social de la
comunidad
2.
SOC2
Da regalos y donaciones para
la caridad
3.
SOC3
Respeta los derechos de sus
trabajadores
SOC4
Realiza actividades sociocul4.
turales

Adecuado de:
De Los Salmones et al. (2005); Öberseder et al.
(2014); Pérez y Rodríguez del Bosque (2013);
Mohr y Webb (2005)

5.

MA1

Toma responsabilidad para
proteger el medio ambiente

6.

MA2

7.

MA3

8.

MA4

9.

MA5

10.

EC1

Tiene programas de reciclaje y
trata de minimizar el impacto
ambiental
Mantiene programas de reducción de desechos
Dispone de programas de ahorro
energético
Posee certificaciones para cuidar
el medio ambiente (por ejemplo,
ISO 14001)
Hace esfuerzos por regresar sus
ganancias a la sociedad

Brunk (2010); Maignan y Ferrell (2004); Mandhachitara y Poolthong (2011); Öberseder et al.
(2014)

11.

EC2

Se esfuerza por ofrecer a sus
clientes productos de buena
calidad.

12.

EC3

Tiene servicio de reclamaciones
y/o atención al cliente.

13.
14.

EC4

15.

ET2

Tiene precios bajos
Siempre respeta las normas
definidas en la ley cuando
desempeña sus actividades
Se preocupa por cumplir las
obligaciones con sus accionistas,
proveedores, distribuidores y
otros agentes con los que trata

16.

ET3

23.

ANTI6

Hablaría mal de la empresa (mala
publicidad indirecta)

24.

ANTI7

Le haría mala publicidad en
redes sociales (mala publicidad
mediática)

ET1

Brunk (2010); Mandhachitara y Poolthong (2011);
Öberseder et al., (2014); Pérez y Rodríguez del
Bosque (2013) y Moisescu (2015)

De Los Salmones et al., (2005); Maignan (2001)

Venganza

Anti-consumo

Se comporta ética y honestamente con sus consumidores
17. ET4
Da prioridad a sus principios,
por encima de su desempeño
económico
Si me entero que una empresa socialmente responsable no cumple con su responsabilidad social, yo:
18. ANTI1
No simpatizaría con la misma
Creación propia con base en: Lim (2017), Hogg
(rechazo)
et al. (2009)
Evitaría consumir sus productos
19. ANTI2
(aversión)
No aceptaría su publicidad
20. ANTI3
(restricción)
21. ANTI4
Dejaría de comprarle (abandono)
Levantaría quejas sobre su
22. ANTI5
incumplimiento (queja)

Lazarus (1991)

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de literatura.
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¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

Muestra
Se encuestó a 475 consumidores que fueron capaces de identificar Empresas Socialmente Responsables y que, además, mencionaron haber efectuado
compras a ESR el último mes.
La mayor parte de los encuestados residen en Tampico, Tamaulipas
(56%), y fueron mujeres de entre 17 y 38 años (67%), con una formación universitaria en proceso (58%) o concluida (24%), que declararon estar solteras
(69%) y tener un empleo (51%) (ver Tabla 2).
TABLA 2
Descripción de la muestra (n = 475)
Variables demográficas
Sexo
Hombre
Mujer
Edades
55 a 73 años
39 a 54 años
17 a 38 años
Ciudad de residencia
Tampico
Madero
Altamira
Estado civil
Soltero
Casado
Otro
Labora
No
Sí
Grado escolar concluido
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Maestría
Doctorado
Salario mensual (MXN)
&lt;$4,999
5,000-9,999
10,000-14,999
&gt;$15,000
Omisiones

Frecuencia
156
319
25
79
371
264
85
126
327
111
37
234
241
29
277
113
46
10
86
67
32
52
238

Fuente: Elaboración propia.
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�112

RANGEL LYNE | AZUELA FLORES | OCHOA HERNÁNDEZ | BUENROSTRO AGUILAR

RESULTADOS
Las ESR que obtuvieron el mayor número de menciones de parte de los consumidores fueron las grandes empresas que participan en la industria de bebidas, en el sector comercial y de restaurantes. Tomando en consideración
dicha tendencia para la interpretación de los resultados, se describen a continuación las etapas del método propuesto.
Primera etapa. Escala de percepciones socialmente responsables
La escala de percepciones de RSC se sometió a un AFE por componentes principales agrupados con base en el autovalor. Se eligió este método para explorar
la conformación de variables latentes que explicaran dimensiones diferenciadas, identificando el valor de sus varianzas explicadas. La rotación fue oblicua, pues al ser indicadores que corresponden a un solo concepto, se requería
la agrupación de factores que tuvieran cierta correlación entre sí (Lloret-Segura et al., 2014).
La prueba de medida KMO de adecuación de muestreo fue de 0.933, con
una significancia de 0.000 en la prueba de esfericidad de Bartlett. La varianza
total explicada obedeció a un total de 66.305%. De este porcentaje total, el
primer factor logró captar el 50.879%.
La mayor varianza explicada se mantuvo en el primer factor, mismo que
conformó la escala multidimensional, a partir de las principales percepciones
por parte de los consumidores. Los indicadores con carga menor a 0.707 fueron descartados del análisis, atendiendo a que aquellos con cargas superiores
se explican en al menos el 50% de su varianza, por su factor (Hair et al., 2017).
Los ítems que construyeron el primer factor fueron once: RSCMA4, RSCMA3,
RSCET1, RSCET2, RSCEC2, RSCSOC3, RSCET3, RSCSOC1, RSCEC1, RSCMA2 Y RSCMA1.
De tal manera, se obtuvo una escala multidimensional a partir de los
ítems que los consumidores lograron construir prioritariamente desde sus
percepciones. Esta escala fue considerada para construir la variable de RSC en
la segunda etapa del estudio (ver Tabla 3).

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¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

TABLA 3
Análisis factorial exploratorio de percepciones de RSC
Ítem

Componente
1

RSCMA4

2

Varianza explicada

Alpha de Cronbach

50.879%

=0.928

3

.805

RSCMA3

.791

RSCET1

.785

RSCET2

.776

RSCEC2

.752

RSCSOC3

.749

RSCET3

.749

RSCSOC1

.740

RSCEC1

.724

RSCMA2

.721

RSCMA1

.713

RSCMA5

.699

RSCET4

.671

RSCSOC4

.667

RSCEC3

.638

.511

RSCSOC2

.585

.503

RSCEC4

15.426%

.540

n/a

n/a

La prueba de medida KMO de adecuación de muestreo fue de 0.933, con una significancia de
0.000 en la prueba de esfericidad de Bartlett. Método de extracción: análisis de componentes
principales. Método de rotación: Oblimin con normalización Kaiser.
Fuente: Elaboración propia.

La fiabilidad Alpha de Cronbach referente a la homogeneidad o consistencia interna del constructo (Quero Virla, 1997) resultó de α=0.928, con un
total de 11 elementos.
Puede señalarse que los consumidores encuestados construyeron la dimensión de responsabilidad medioambiental con base en los programas de
reciclaje, ahorro energético y reducción de desechos que buscan minimizar
el impacto ambiental. En cuanto a la dimensión social, percibieron los esfuerzos para incrementar el bienestar social de la comunidad y el respeto a
los derechos de los trabajadores. La dimensión ética fue construida con base
en el respeto a las normas definidas en la ley, la preocupación por cumplir las
obligaciones con sus accionistas, proveedores, distribuidores y otros agenTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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tes con los que trata, además del comportamiento ético y honesto con sus
consumidores. Finalmente, la parte económica fue percibida con relación a
los esfuerzos por regresar parte de las ganancias a la sociedad y ofrecer a sus
clientes productos de buena calidad.
Los aspectos de cada dimensión que no fueron percibidos por los consumidores atienden a las certificaciones medioambientales, la entrega de regalos y donaciones a la caridad, así como la realización de eventos socioculturales. Tampoco ofrecer productos con precios bajos, ni que se dé prioridad
a los principios corporativos por encima del desempeño económico fueron
considerados para conformar el constructo multidimensional de la RSC.
Escalas de anti-consumo y venganza
Los ítems de anti-consumo y venganza fueron transformados, obedeciendo
a su naturaleza negativa. Un AFE por componentes principales con base en el
autovalor y rotación oblicua también fue reproducido para las escalas.
La prueba KMO de adecuación de muestreo resultó de 0.818, con una
significancia de 0.000 en la prueba de esfericidad de Bartlett. La varianza total
explicada atendió a un 77.425 acumulado en los dos factores resultantes. El
primer factor se conformó por los ítems de: ANTI2, ANTI3, ANTI1, ANTI4 y ANTI5,
explicando el 56.649% de la varianza, mientras que el segundo incluyó los
reactivos de: ANTI6 y ANTI7, con un 20.776%.
Coincidente con la literatura revisada, lograron conformarse dos factores principales; el primero obedece al anti-consumo, mientras que el segundo
(con tan sólo dos ítems) atiende la venganza mediante la mala publicidad,
incluyendo el alcance en redes sociales (ver Tabla 4).

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¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

TABLA 4
AFE de la escala de anti-consumo y venganza
Ítem

Componente
1

ANTI2

Varianza explicada

Alpha de Cronbach

56.649%

=0.901

20.776%

=0.810

2
.913

ANTI3

.883

ANTI1

.876

ANTI4

.839

ANTI5

.701

ANTI7

.962

ANTI6

.841

La prueba de KMO de adecuación de muestreo resultó de 0.818, con una significancia de 0.000 en la prueba de esfericidad de Bartlett. La rotación ha convergido en
4 iteraciones. Método de extracción: análisis de componentes principales. Método
de rotación: Oblimin con normalización Kaiser.
Fuente: Elaboración propia.

La fiabilidad Alpha de Cronbach fue confirmada en el software estadístico SPSS. Para la variable latente de anti-consumo, el resultado fue de α=0.901,
constituido por cinco ítems. La segunda variable con dos ítems referentes a
la venganza con base en una mala publicidad hacia la compañía resultó con
un coeficiente de α=0.810. Siendo superiores al 0.7, ambos obtuvieron coeficientes aceptables.
Como se aprecia, el segundo factor obedece a la mala publicidad indirecta
y la mala publicidad mediática, tal como se describe en el apartado de medidas.
Aunque este factor está compuesto por sólo dos reactivos, la carga factorial de
los mismos supera la referencia de 0.707, explicándose en al menos el 50% de
su varianza, por su propio factor (Hair et al., 2017). Complementariamente, la
prueba de fiabilidad avala su consistencia.
Con la finalidad de descartar el sesgo del método común, se realizó la
prueba de Harman. Incluyendo el total de factores finales de los dos AFE realizados y forzando a la construcción de un factor sin rotación, la varianza total
explicada fue del 40%, que, siendo menor a 50%, asegura la no existencia de
este tipo de sesgo (Fuller et al., 2016).

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Segunda etapa
El modelo de mediación argumenta que las relaciones entre la variable X=percepciones socialmente responsables y la variable Y=venganza deben mantener una relación significativa. A partir de la inclusión de la variable mediadora M=el anti-consumo, el efecto de la primera relación (X-&gt;Y) tendría que
modificarse en cuanto a intensidad, esperando, en este caso, un incremento
en el valor de la R2 de Y, desde la inclusión de esta tercera variable M.
En principio, para comprobar la relación X-Y, se realiza un primer análisis. Puede apreciarse que la relación es negativa y significativa, pero la R2 es
demasiado débil (ver Figura 1).
FIGURA 1
Varianza explicada de la primera relación X-&gt;Y

Fuente: Elaboración propia con base en análisis estadístico en PLS.

Para confirmar si los efectos negativos de las percepciones responsables
sobre la venganza se incrementan a partir del anti-consumo, se incluyó la variable latente que contiene a tales actitudes. Se pudo observar una modificación substancial en la R2 de la variable de venganza, así como una disminución
en la beta (β) de la relación primera (X-&gt;Y) (ver Figura 2). Todas las relaciones
fueron significativas (ver Figura 3).

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�¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

117

FIGURA 2
Relación de medición X-&gt;M-&gt;Y

Fuente: Elaboración propia con base en análisis estadístico en PLS.

Se revisaron los estadísticos de colinealidad mediante el factor de inflación de la varianza (VIF) del modelo de medida, sin que se presentaran problemas de multicolinealidad. El ajuste del modelo se confirmó mediante la
medida SRMR, que, al ser menor que 0.08, se muestra aceptable (SRMR=0.069)
(Hu y Bentler, 1999)
La varianza media extraída (AVE) obtuvo valores por encima del 0.5, lo
que significa que cada variable latente explica al menos el 50% de la varianza
de los indicadores asignados, pues de otra forma, la varianza del error guardaría una mayor explicación (Fornell y Larcker, 1981) La validez discriminante
mediante el criterio de Fornell y Larcker afirma que la raíz cuadrada de la
AVE debe ser superior a todas sus correlaciones con los demás constructos,
obteniéndose resultados satisfactorios en todos los casos. En complemento,
el heterotrait-monotrait ratio (HTMT) resultó ser menor que 0.90 en todos los
casos, asegurando una validez discriminante (ver Tablas 5 y 6).

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TABLA 5
Validez discriminante de las variables latentes
Percepciones de RSC

Anti-consumo

Percepciones de RSC

0.764

Venganza

0.245

0.908

Anti-consumo

0.305

0.430

Venganza

0.856

Fuente: Cálculos estadísticos en Smart-PLS.

TABLA 6
Fiabilidad compuesta y validez convergente del constructo
rho_A

Fiabilidad compuesta

Varianza media
extraída (AVE)

Percepciones de RSC

0.933

0.939

0.584

Venganza

1.387

0.903

0.824

Anti-consumo

0.893

0.917

0.733

Fuente: Cálculos estadísticos en Smart-PLS.

Finalmente, la R2 de venganza (Y) se incrementó significativamente de
0.055 a 0.187, a partir de la inclusión de la variable mediadora de anti-consumo interno (M). Con base en la aplicación de un re-muestreo de 5,000
sub-muestras, ajustando a métodos de intervalos de confianza de una cola
con corrección de sesgo, se pudo comprobar la significancia entre las relaciones planteadas en el modelo de mediación. Se obtuvo una mediación parcial
y el efecto indirecto individual fue de -0.119, significativo (p=0.000), con un
efecto total del modelo de mediación de -0.245 (Soper, 2019).

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�¿ACTITUDES DE ANTI-CONSUMO Y VENGANZA?

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FIGURA 3
Modelo final de mediación con significancias

Fuente: Elaboración propia con base en análisis estadístico en PLS.

Se realizó el test Sobel para comprobar la significancia del efecto indirecto. Considerando el coeficiente de regresión entre la variable independiente y
la variable mediadora (β=-0.300), el coeficiente de regresión entre la variable
mediadora y la variable dependiente (β=0.378), el error estándar de la relación
entre la variable independiente con el mediador (β=0.047), y el error estándar
de la relación entre la variable mediadora con la variable dependiente (0.046),
el resultado de dicho test fue significativo (z=-5.040; p=0.000).
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos motivan a reflexionar acerca de la formalidad percibida respecto de la dimensión medioambiental, pues mientras que los consumidores están conscientes de que se llevan a cabo múltiples programas en
pro del cuidado al medio ambiente, las certificaciones no lograron tener una
percepción alta. En cuanto a la entrega de regalos y donaciones a la caridad,
el hecho de que estas actividades no se estén percibiendo con claridad, incita
a especular acerca de una tarea filantrópica corporativa pendiente. Con relación a la percepción de precios bajos, esto guarda lógica puesto que, generalmente, los productos elaborados con responsabilidad social pueden implicar
un mayor precio.
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El hecho de que los principios corporativos no sean percibidos como
una prioridad, por encima del desempeño económico, para las ESR, sugeriría
un estudio más profundo en el que, tal vez, la legitimidad de las ESR percibida
por los consumidores sería la primera interrogante.
En cuanto a las actitudes de anti-consumo y de venganza, éstas lograron
confirmarse mediante la conformación de dos factores en la etapa exploratoria. Actitudes relacionadas han sido generalmente estudiadas desde un enfoque de preocupación medioambiental. En el presente estudio, la mayor parte
de los indicadores de RSC obedecen a la dimensión medioambiental y ético-legal, lo cual apoya a estudios previos, como el realizado por Sudbury-Riley y
Kohlbacher (2018), que propusieron a las ideologías ética y ecológica como
antecedentes del anti-consumo.
Por una parte, la dimensión medioambiental muestra su incidencia en
el comportamiento del consumidor, con base en estudios como el de Iyer y
Muncy (2009), que evidencian a los consumidores de impacto global y los
simplificadores, así como en la investigación realizada por García De Frutos
et al. (2013), quienes encontraron que las preocupaciones medioambientales
ligadas a la industria y al país de origen son importantes en el estudio de las
actitudes de anti-consumo. Con base en los argumentos anteriores, es posible
decir que esta investigación confirma la relación de las dimensiones de RSC
con la propensión al anti-consumo; sin embargo, el presente trabajo logró
extraer la dimensionalidad socialmente responsable que los consumidores
construyen desde su percepción, en la conformación de una escala principal.
Por otra parte, el efecto mediador del anti-consumo es equiparable a los
hallazgos de Garding y Bruns (2015), en los que los consumidores valoraron
más recibir la atención de una disculpa de parte de las empresas y percibir
también justicia en la resolución de sus quejas, que poder obtener una compensación monetaria, como lo comenta el estudio de Mattila y Wirtz (2004).
Esto en el sentido de que enfocar el servicio al cliente y la resolución de quejas
en atenuar las actitudes de anti-consumo (como lo son aversión, restricción,
abandono, la queja y el rechazo) tendría mayores efectos que solamente tratar
de compensarlos de una manera financiera, sin mayores esfuerzos responsables. Esto concuerda con lo sugerido por Graafland (2018) en que las expectativas de RSC deben ser monitoreadas.
CONCLUSIONES
Los resultados muestran que la RSC percibida sí reduce la propensión de la
venganza hacia la ESR infractora. Esto significa que si el consumidor se entera
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del fallo de la RSC por parte de la ESR, tendrá motivos para realizar activismo
de mercado socialmente responsable mediante la mala publicidad con alcance
en redes sociales, pero en un nivel casi nulo.
En cambio, si tal fallo de la RSC genera actitudes de anti-consumo en el
consumidor (tales como aversión, restricción, abandono, queja y rechazo),
esto producirá mayores motivos para orientar a una venganza mediante la
mala publicidad con alcance en redes sociales, pues esto implica un sentir
propio a partir de un involucramiento socialmente responsable, que guía hacia un “activismo de mercado”, coadyuvando hacia un “consumerismo”.
En concordancia, a medida que las percepciones socialmente responsables se incrementan, la propensión de anti-consumo disminuye. Dichos
efectos sugieren que, cuando la propensión a tal anti-consumo se atiende por
parte de la empresa, éste se reduce, restando también las probabilidades de
venganza. En sí, las percepciones de RSC disminuyen las actitudes de venganza; sin embargo, su efectividad se catalizaría a través de esfuerzos enfocados a
reducir directamente las actitudes de anti-consumo.
En otras palabras, atender la queja directa interna en la empresa reduciría la propensión a la venganza y, por tanto, al “activismo de mercado” que
utiliza la mala publicidad, con posibilidades de llegar hasta las redes sociales
digitales.
Limitaciones y futuras líneas de investigación
La muestra incluyó una tendencia hacia las mujeres jóvenes que están solteras
y trabajan, por lo que para futuros estudios sería interesante equilibrar los
segmentos por edades y sexo, en aras de poder realizar un análisis de perfiles,
o bien, moderaciones con base en tales variables.
Este estudio sugiere que, en general, los consumidores encuestados perciben las características que guardan las empresas que se distinguen como
socialmente responsables, mismas que han logrado una presencia positiva en
la mente de los consumidores. Las razones que han posicionado a tales empresas quedan muy aparte de los objetivos de la presente investigación, pero
para futuros estudios sería importante considerar, por ejemplo, factores de
exposición mediática que pudieran explicar tal posición en la percepción del
mercado de consumo.
La baja percepción respecto a la prioridad de los principios corporativos
para las ESR, que se respeten por encima del desempeño económico, invita a
realizar mayores esfuerzos que tal vez puedan ser enfocados de una manera
cualitativa.
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Aunque se demostró que las actitudes de anti-consumo propician actitudes de venganza, realizar propuestas que incluyan un mayor número de
variables para explicar el fenómeno estudiado es esencial. Esto debido a la
prudente explicación en el modelo propuesto en el presente trabajo.
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FÉLIX ENRIQUE LÓPEZ RUIZ

Identidades Masculinas Emergentes en la Ciudad.
Un Proyecto Interdisciplinario de Intervención Social
con Hombres Indígenas en Monterrey, Nuevo León, México

Emerging Masculine Identities in the City.

A Social Intervention Interdisciplinary Project
with Indigenous Men in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
FÉLIX ENRIQUE LÓPEZ RUIZ*

RESUMEN
Este artículo anuda las narrativas que dan origen al diseño, implementación y resultados de un proyecto de intervención social con hombres
indígenas. Su objetivo consistió en facilitar, desde la perspectiva de los
estudios de género de los hombres, un proceso de reflexión con y entre hombres indígenas sobre sus diversas identidades masculinas en un
contexto urbano. Para su abordaje metodológico se propuso un enfoque
cualitativo y se instrumentó, en primera instancia, a partir de un diagnóstico social que fue insumo de información objetiva para el diseño y
orientación de los elementos constitutivos del grupo de reflexión por
implementar, formado por 15 hombres indígenas mexicanos de distinta
adscripción étnica, que migraron de sus lugares originarios al área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México.
Palabras clave: Identidades | Estudios de género de los hombres |
Indígenas urbanos | Interdisciplinariedad |
Intervención social.
ABSTRACT
This article knots the narratives that led to the design, implementation
and results of a social intervention project with indigenous men. The
aim was to facilitate a reflection process with and among indigenous
men about their diverse masculine identities in an urban context, from
the perspective of gender studies on men. The methodological approach
was qualitative and it was instrumented, in first place, from a social
diagnosis that provided objective data to design and focus the constituent elements of the reflective discussion group to implement, com* Doctorando en la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Correo electrónico: felr_1999@yahoo.com
Recibido: 16 de marzo de 2021 | Aceptado: 15 de diciembre de 2021
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ISSN 2007-1205 | pp. 126-157

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posed of 15 Mexican indigenous men from different ethnic affiliation,
who migrated from their places of origin to the metropolitan area of
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, where they reside.
Keywords: Identities | Gender studies on men | Urban indigenous |
Interdisciplinary approach | Social intervention.

INTRODUCCIÓN
Nuestras realidades sociales, aunque se componen por elementos culturales
que nosotros en particular no hemos hecho, pero de los que participamos
—en su recreación—, no sólo son susceptibles de ser transformadas sino que
también pueden ser moldeadas, perfiladas, intervenidas.
Ante un paradigma hegemónico del rol masculino y de sus distintos
estereotipos que limitan otras posibilidades en el ejercicio de ser hombre, el
objetivo primordial que planteó este proyecto fue facilitar un proceso colectivo de reflexión entre hombres indígenas migrantes en Nuevo León, desde
la perspectiva teórica y metodológica de las masculinidades y de los estudios
de género de los hombres (Núñez, 2017). Además de fomentar la adopción
de actitudes equitativas y no violentas entre los géneros, este espacio grupal
supuso una oportunidad para la identificación de las diversas concepciones
de la masculinidad en distintas culturas étnicas y suscitó reflexiones críticas
sobre los procesos de construcción de sus masculinidades y el impacto que
ellas tienen en su vida cotidiana.
El esquema de referencia para esta intervención social no se estructuró sólo
desde una plataforma conceptual, sino que tuvo sustento en un fundamento motivacional de experiencias vividas, lo que, propugnado desde dos perspectivas situacionales —la primera, de quien investiga, que adjunta un insumo (que podría
considerarse también como sesgo) de subjetividad, en tanto quien orienta la trayectoria de indagación; y la segunda, a partir de las reconvenciones y transformaciones del proyecto de intervención que se suscitan tras el intercambio dialógico
que sucede durante la puesta en marcha del proyecto—, le enriquecen.
Ello requirió la implementación de regulaciones éticas que orientaron
las actividades de diseño e intervención social no sólo hacia la definición de
deficiencias específicas, para luego hacer corresponder un servicio o prestación social, sino hacia la movilización de las capacidades del sujeto (individual
o colectivo) para revelarse y salir de su situación de irreflexividad, exclusión
y/o vulnerabilidad.
Este documento presenta concisamente los resultados del proyecto de
intervención social Identidades masculinas emergentes en la ciudad, y se integra
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por: un panorama sociodemográfico de las personas indígenas en el estado de
Nuevo León, México; el planteamiento teórico-metodológico desde donde
se sostiene el modelo de intervención; la instrumentación del proyecto de
intervención social; y, por último, los resultados, alcances y limitaciones del
proyecto.
1. PANORÁMICA SOCIODEMOGRÁFICA
DE LAS PERSONAS INDÍGENAS EN NUEVO LEÓN, MÉXICO
El estado de Nuevo León se construyó sobre el despojo, la marginación y la
explotación de sus comunidades indígenas originarias. Fincado así, no tuvo
un crecimiento o desarrollo notable durante sus primeros siglos (Del Hoyo,
1985). Aunque las personas indígenas fueron disminuidas considerablemente, algunas resistieron y se preservaron integrándose, mezclándose, para sobrevivir, a las nuevas condiciones vitales que impusieron los colonizadores
(Gómez, 1995).
Ahora bien, tal vez en un afán reivindicativo, que deja pendiente un
análisis más profundo, hay que decir que las personas indígenas en Nuevo
León nunca desaparecieron del todo (Sheridan, 2015). Naturales y migrantes,
sobrevivieron, permanecieron y se rehicieron en un contexto de exclusión y
desprecio (Gómez, 1995). Ahora, tal vez no les encontramos en los libros de
historia o en la memoria del pensamiento hegemónico sostenido por la clase
dominante, sino labrando la tierra, arreando el ganado, explotando las minas,
edificando el espacio, comerciando en las calles, fabricando la ciudad, siempre presentes, aunque “en los más humildes menesteres domésticos”. (Rangel,
1988, p. 42). Pero no sólo ahí, además de en esas tareas, les encontramos
también, aunque no sin dificultad, estudiando en las universidades, creando
fuentes de empleo y emprendiendo negocios, involucrándose en lo político,
liderando procesos ciudadanos, experimentando en la promoción cultural,
creando obras artísticas, involucrándose e incidiendo cada vez más en una
ciudad que les considera ajenos (López, 2021).
Nuevo León es una región de alta recepción migrante; del total de su
población actual (5,784,442), el 23% (1,319,964) es originaria de otro lugar
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021); así también representa el tercer polo urbano más significativo en recepción de migrantes
indígenas y su tasa de crecimiento anual (10%) es de las más grandes en el
país (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
2010). En este contexto, la población indígena también ha aumentado significativamente en las últimas décadas en este estado (CDI, 2010; Conapo, 2014;
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INEGI, 2014, 2016, 2021). Ahora bien, estos índices de crecimiento poblacional, las características socioculturales del estado y las migraciones indígenas
del campo a la ciudad presentan una gran dificultad en los procesos de identificación y cuantificación de las personas indígenas. Para solventar esto, actualmente se reconocen tres distintos criterios: a) el de hablante de lengua
indígena (HLI), que refiere principalmente a las personas mayores de tres años
hablantes de aquellas consideradas como lenguas nacionales, que proceden de
los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del
Estado mexicano (INEGI, 2021); b) el de población indígena en hogar censal,
que es una estimación que se basa en el criterio del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) para identificar como hogar indígena a aquel donde
la persona de referencia, su cónyuge o alguno de los ascendientes de éstos
declararon hablar lengua indígena (INEGI, 2021); y c) el de autoadscripción,
que implica el reconocimiento que se hace de una persona que asume, con
base en sus concepciones, la pertenencia a un pueblo indígena (INEGI, 2016).
En 1970 apenas había 787 hablantes de lenguas indígenas y, tras distintos fenómenos de población migrante, ahora, bajo estos términos de identificación (población hablante de lengua indígena mayor de 3 años) y con base
en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2021), tenemos que, en el estado de Nuevo León, habitan 77,945 personas indígenas,
lo que representa el 1.35% de su población total. Atendiendo el criterio de
población indígena en hogares censales, se estiman, en 2020, 159,873 personas indígenas, lo que representaría casi el 2.76% de la población total (INEGI,
2021). En términos de autoadscripción, y con base en los datos de la Encuesta
Intercensal 2015 del INEGI (2016), se conoce que las personas que se asumen
totalmente como indígenas en Nuevo León serían 352,282, lo que, para ese
año, representaba el 6.88% de su población total (5,119,504); parcialmente se
autoadscribían como indígenas 58,874, lo que significó el 1.15% del total en
la entidad. En suma, y en estos términos, tenemos que en Nuevo León, total
o parcialmente, 411,156 personas se autoadscribían como indígenas, lo que
representó el 8.03% de la población total del estado.
En términos de género (desde el criterio de población HLI), tenemos que,
en Nuevo León, son más los hombres que las mujeres (casi 4%): los hombres
HLI se estiman en 40,259 (lo que representa 51.97% de su población total), y
las mujeres en 37,286 (lo que representa 48.03% de su población total).
Ahora bien, aunque estos procedimientos de cuantificación no son del
todo definitivos, sí dan cuenta de la dimensión indígena en el estado y permiten considerar que, aunque la premisa de “en Nuevo León no hay indígenas”
se mantuvo vigente en el imaginario social, fue ineludible el reconocimiento
de su presencia, ya fuera por su cantidad o, aunque quizá con menos fuerza,
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por la exigencia misma de las personas indígenas de ser incluidas en el nuevo
paisaje social nuevoleonés.
En sus distintos procesos migratorios, la mayoría se ha asentado en
alguno de los municipios del área metropolitana de Monterrey (CDI, 2010;
Conapo, 2014; INEGI, 2014, 2016), aunque recientemente comienzan a ubicarse en municipios periféricos, como Zuazua, Pesquería, El Carmen, Marín
(CDI, 2016). Migran principalmente en busca de mejores oportunidades de
desarrollo social: vivienda, seguridad, empleo, educación, salud, entre otras
(López, 2021). La mayor parte de ellas vive en Nuevo León en condiciones
de marginación, pobreza y discriminación (Conapred, 2011). Aunque estas
condiciones son desfavorables, en general se descarta el regreso a su lugar de
origen, en tanto que en éste tampoco existen suficientes oportunidades para
su desarrollo y en Nuevo León ya cuentan con un determinado patrimonio;
además, en muchos casos, sus hijos e hijas han nacido y hacen ya su vida en
Nuevo León (López, 2021).
Las lenguas indígenas más habladas en este estado son el náhuatl
(57.70%), el huasteco (21.20%), el zapoteco (2.77%) y el otomí (2.76%) (INEGI,
2021).
2. IDENTIDADES MASCULINAS Y CONFLICTOS QUE VIVENCIAN
LOS HOMBRES INDÍGENAS EN LA CIUDAD
Los seres humanos, como sujetos genéricos, configuran sus identidades a
partir de construcciones sociales y no de determinaciones naturales (Núñez,
2017). En tanto constructos, son simbolizados por cada sociedad organizada
desde su subjetividad, estableciendo así el tipo de relación y convivencia que
instituye entre, y para, sus miembros. Así, los individuos personifican los
papeles y atributos sociales impuestos y asignados para cada quien, entre los
que se encuentran los relacionados con el género (Huerta, 1999). Tales roles
se traducen en conductas específicas: los hombres desempeñan actividades en
las que el uso de la fuerza, la racionalización y la agresividad están implícitas
y, por otro lado —entre otros—, las mujeres ocupan las responsabilidades destinadas al cuidado del hogar y de los hijos, así como de la tutela de las emociones y de los sentimientos (Garda, 2006).
La masculinidad se interioriza en los hombres a lo largo de un proceso
de socialización histórica-social en el que se fomentan comportamientos y
convicciones pertenecientes a un colectivo que ostenta fuerza, poder y autoridad, y se les prepara para ejercerlas a su vez (Ramos, 2006). Así, los hombres
se encuentran inmersos en contextos y realidades con diversidades culturales,
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clasistas, étnicas, lingüísticas, etarias, sexuales, laborales, territoriales (Serrano y Pacheco, 2011). En este proceso de generización, en el que intervienen
distintos actores sociales —padres, familia, escuela, amigos, medios de comunicación, etc. (Keijzer, 2001)—, la masculinidad es grabada en los cuerpos
de los hombres, en sus relaciones y en todas sus prácticas (Rosas, 2008): ser
hombre es resultado de un proceso formativo (Guiza, 2010).
Ahora bien, tal masculinidad no es estática, ni una sola, y no tiene “un
significado fijo ni trascendente” (Núñez, 2017, p. 37). En lo cotidiano perviven diferentes tipos de masculinidad, éstos se edifican a lo largo de la trayectoria de vida y van ajustándose según las vicisitudes propias de cada individuo
y de su entorno social (Núñez, 2013). En síntesis, la identidad masculina es
el resultado de significados, normas, valores y códigos de conducta que se
imputan a los hombres en una sociedad y un tiempo determinados. Son procesos subjetivos inacabados, los individuos se adscriben a ellas y, además de
definirlos, los diferencian de los demás. Como procesos constituyentes, las
identidades masculinas son dinámicas y cambiantes.
De manera similar al ámbito identitario de lo genérico, las identidades étnicas refieren a valores y prácticas que describen a los sujetos que las
autoadscriben, y distinguen, en general, a los grupos culturales o comunidades. En este ámbito, las identificaciones étnicas compartidas implican desde
aspectos tangibles (como el territorio, alimentación, vestimenta, medios de
producción, etc.), hasta intangibles (lengua, tradiciones, costumbres, cosmovisiones, etc.). La identidad étnica es una herencia cultural, cada uno de sus
componentes reafirma su patrimonio cultural (Segato, 2002).
En el caso de las etnias indígenas en México, su pluralidad y riqueza
cultural se encuentran sujetas no sólo a dificultades de mestizaje, sino a problemas de marginación, exclusión y discriminación (Herazo, 2015). Además
de las dificultades que implica la preservación de lo étnico en sus lugares de
origen, para los individuos que migran de territorio implica también adversidades mayores. En los lugares de destino, las vidas de estas personas indígenas no siempre es lo que esperaban, las oportunidades no son tan amplias, y
aunque el regreso a su lugar de origen sea una opción, suelen descartarla porque allá tampoco existen suficientes oportunidades para su desarrollo (López,
2021). Individual y colectivamente, ser indígena en la ciudad es una lucha
constante contra una posible muerte cultural.
Ahora bien, como entes de características sociales, los seres humanos
dependen de los vínculos que establecen con su entorno para desarrollarse,
contextualizando así su realidad por medio del establecimiento de normas
sociales habituales que son seguidas y respetadas en lo común. Cuando
estas normas son transgredidas tenemos un problema social que puede ser
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remediado (o, como en nuestro caso, reconfigurado) mediante acciones
colectivas influyentes en el entorno. Pero antes de ello es necesario una
identificación plena del problema a tratar. Este apartado muestra los aspectos
sociales que el proyecto pretende intervenir.
Según Giddens (2006), los individuos utilizan una gran variedad de
estructuras y conocimientos que expresan a través de sus acciones. Estos
conocimientos se utilizan en diferentes niveles de conciencia. Al respecto,
cada grupo social se vale de estos medios para estructurarse; sin embargo, al
plantear un nosotros, esa estructuración colectiva suele dejar de lado al otro, al
diferente, al que está en movimiento, inhibiendo así las posibilidades culturales de su diversidad. Es en este escenario configurativo social donde se dan
las problemáticas sociales que excluyen y discriminan a las personas distintas,
quienes, migrantes, irrumpen en un lugar.
Actualmente, nuestras sociedades se encuentran en crisis, se suscitan
cambios sociales intensos y acelerados que impactan, mediante las transformaciones que implican, sobre nuestras biografías individuales, manifiestas
principalmente en el debilitamiento de las fórmulas comunitarias de vida sobre las que se asentaban en buena medida nuestras sociedades, y en la crisis
del Estado-nación (Cobo, 2011). Aunado a ello, el enfrentamiento a situaciones ajenas y distintas al contexto social de donde los migrantes son originarios, suele conflictuar los roles familiares preestablecidos. Los discursos
identitarios donde se privilegia al hombre por sobre la mujer no han desaparecido, pero sí se encuentran ahora en discusión, aunque aún no se derivan
en concreciones generales que marquen nuevos rumbos de ser.
Resulta evidente que la atribución rutinaria de mujeres y hombres a
tareas específicas acaba vinculándose estrechamente con lo que significa ser
“hombre” o “mujer” en contextos específicos (Cooper, 2001). La situación de
desventaja de las mujeres respecto de los hombres, manifiesta en los más diversos ámbitos de la vida social (jurídico, educativo, laboral, familiar, etc.),
es reconocida como una de las modalidades de desigualdad entre los seres
humanos de las sociedades contemporáneas. En el ámbito económico, tal
desigualdad se expresa claramente en la decisión del trabajo por sexos, que ha
sido desfavorable para las mujeres. En las últimas décadas, la incorporación
de las mujeres al trabajo remunerado se aceleró en la gran mayoría de las
regiones del planeta (Rendón, 2008). Entonces, aquellas mujeres que rompen
las barreras para desempeñar tareas no tradicionales para su sexo enfrentan,
en el mejor de los casos, una actitud ambigua por parte de sus compañeros,
cuando no un franco rechazo. Y esto surge del hecho de que el trabajo por el
que se gana dinero es un componente esencial de la configuración de género
masculina, constituyendo un núcleo importante de respetabilidad social. La
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suficiencia económica es uno de los emblemas masculinos y la masculinidad
continúa midiéndose, en gran parte, en dinero.
En general, bajo el mandato de proveeduría de la masculinidad hegemónica, los hombres sienten la responsabilidad de mantener económicamente a su familia, y al carecer de los medios para hacerlo, se encuentran ante
un panorama de frustración y recelo, ante un escenario donde no pueden
desempeñar eficazmente su rol masculino (Rosas, 2007). Los hombres que
han construido su identidad basados en las creencias de superioridad ejercen violencia contra las mujeres como un recurso de sometimiento cuando
interpretan que su poder es cuestionado o cuando se presentan obstáculos
para su ejercicio. Que las mujeres sean las abastecedoras problematiza profundamente su rol familiar, en tanto que el hombre, al no poder satisfacer
las expectativas del estereotipo masculino (Serrano y Pacheco, 2011), genera
una depresión inconsciente por la pérdida del poder, en tanto que muchos no
disponen de otros modelos para relacionarse, por lo que establecen una percepción de sí mismos como de hombres sin poder ni valía personal, familiar
o social (Guiza, 2010).
En estas circunstancias, y partiendo del entendido que los seres humanos somos un constructo social, cultural y psicológico (Keijzer, 2001), es
posible arriesgarse a tender puentes causales que expliquen que este tipo de
problemáticas evidentes en el desarraigo, la pobreza, el desempleo, la marginación, la indiferencia, la discriminación y la exclusión, originen en los hombres conductas y comportamientos que afecten, condicionen y lastimen su
vida cotidiana, la de sus familias y sus comunidades. Para el caso de este proyecto, no se pierde de vista que se trata de comunidades indígenas que viven
en niveles de desarrollo muy por debajo de otras comunidades rurales y urbanas no indígenas o mestizas de México. Esta diferencia sólo puede explicarse
por un conjunto de relaciones desiguales pasadas y presentes a nivel de
estructuras económicas, políticas e ideológicas entre los pueblos indígenas y
la élite mestiza y blanca del país (Núñez G., 2009), que enraízan y configuran
con fuerza modelos identitarios muy difíciles de trascender. En la ciudad, los
hombres tienen más dificultades para mantener la posición privilegiada de la
cual gozaban en su lugar de origen (Chant y Craske, 2007).
En este sentido, el abordaje de situaciones problemáticas que resultan
de los conflictos y frustraciones de hombres indígenas migrantes, desde un
enfoque de género, exige, por principio, un replanteamiento de los conceptos
aplicados comúnmente a través de este paradigma teórico, toda vez que la
especificidad indígena trae consigo realidades culturalmente diversas, en las
que se mezclan formas de organización social y responsabilidades tradicionales, valores propios de cada etnia, así como aquellos elementos producto del
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mestizaje, que, en conjunto, contribuyen a delinear su situación actual de migrantes indígenas que habitan espacios distintos a sus lugares de origen (Oehmichen, 2005; Marcos y Waller, 2008; Altamirano, 2009). Para el caso de
los hombres y sus valores, ideas, actitudes y prácticas de género, sexuales y reproductivas, que aquí se analizan, y a partir de la resignificación del conflicto
como algo generador y positivo, sería posible hablar de lo que Núñez (2013)
llama procesos de destradicionalización, es decir, dejar de ser tradicionales y
comenzar, no a adaptarse a la cultura de destino, sino a resignificarse a partir
de lo que son, con vías hacia nuevas alternativas posibles de ser.
Intervenir con personas que se encuentran en esas circunstancias, además de su condición indígena, permite identificar ciertos aspectos socioculturales que las identifican y diferencian, y eso nos posibilita una lectura más
precisa de sus acciones y de los orígenes de éstas.
Si se les observa desde un plano general (que contemple los distintos
planos evidentes de la naturaleza física, contexto cultural, dimensión social,
etcétera), no hay mucha diferencia entre un hombre indígena y aquel que no
lo es. La pertinencia de realizar este proyecto con hombres indígenas radica,
fundamentalmente, en la oportunidad de encontrar en sus tradiciones, en sus
usos y costumbres, y en su situación de conflicto cultural, alternativas para
la deconstrucción objetiva de su comportamiento, en un contexto que, por
principio, les es ajeno y adverso.
En síntesis, este proyecto parte del conflicto como capacidad detonadora de transformación: en las contradicciones que implican la explicitación de
la conciencia individual y colectiva de lo que significa ser hombre para sí versus la imposición de identidades hegemónicas propias del nuevo orden cultural de destino, el conflicto existencial emerge y posibilita nuevas realidades.
El entendimiento de esta posibilidad y la generación de espacios y oportunidades para que surja son unos de los objetivos manifiestos de este modelo de
intervención. Este trabajo se suma a otros que, desde otras perspectivas o enfoques científicos, han abordado las problemáticas de las personas indígenas
en el estado de Nuevo León; su aporte principal añade a este corpus científico
un conjunto de reflexiones analíticas que convergen entre las emergencias
de las personas indígenas que viven en la ciudad y las vicisitudes existenciales que se lían en hombres que miran conflictuadas sus masculinidades en
contextos donde no se emprenden ni de la misma manera, ni bajo la misma
forma. Estas reflexiones consideran, en primera instancia, los retos y dificultades que implica la combinación de narrativas y categorías de análisis que,
trasladadas, resignificadas e interseccionadas en un discurso común, recrean
y son insumo para el reconocimiento y la aprehensión de nuevas realidades.
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3. INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Las diferentes etapas de este proyecto fueron realizadas a partir del verano
de 2014 y concluyeron en el verano de 2017. Para su abordaje metodológico
se propuso un enfoque cualitativo, en tanto que éste se orienta a través de
estrategias o métodos que, aunque cuentan con su propia lógica de reunir
y analizar la información empírica, se ajustan a los objetivos del enfoque
(Cuenya y Ruetti, 2010).
En tanto que el interés científico de este proyecto se sustenta en las percepciones de realidad social que se sobrevienen en y entre los sujetos de la
intervención, éste se instrumentó, en primera instancia, a partir de un diagnóstico social que fuera insumo de información objetiva para el diseño y orientación de los elementos constitutivos del grupo de relexión por implementar.
Un diagnóstico social resulta fundamental porque permite la identificación de problemáticas, necesidades e intereses específicos de los sujetos participantes, así como de sus posibles causas, factores de riesgo y oportunidades
asociadas. Este tipo de diagnósticos constituye una herramienta permanente
de trabajo, que no sólo es útil para la etapa inicial de un proyecto, sino también para comprobar avances o tendencias del proceso y evaluar actividades,
resultados o impactos (Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia, 2014). Para su conformación, se requirieron las siguientes técnicas
de recolección de datos: la investigación documental, la observación participante, el grupo focal y la entrevista semiestructurada (para la construcción de este
apartado fue necesaria la realización de un guión de entrevista que, teniendo
en cuenta el contexto situacional de las personas indígenas en Nuevo León y
los conceptos teóricos en los que se enmarca y orienta este estudio, permitió
contar con un punto de partida que, en algunos casos —como lo supone una
entrevista semiestructurada—, fue adaptándose de acuerdo a las vicisitudes
existenciales de cada caso; de la misma manera, la cantidad de entrevistas
dependió de la disponibilidad de cada sujeto y de las consideraciones teóricas
del interventor social.
Así, durante su conformación se realizó investigación documental de
las características socioculturales de seis distintos grupos étnicos: nahuas,
zapotecos, mazahuas, wirrárikas, otomíes y mixtecos; se llevaron a cabo 20
entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres indígenas que viven en
distintas colonias del área metropolitana de Monterrey (AMM), lo que posibilitó contar no sólo con información del sector masculino, sino también del
femenino, como punto de comparación y control (Núñez, 2013); se realizó
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también observación participante en tres sectores habitacionales que congregan población indígena: mazahuas, mixtecos y otomíes (en tanto que destacan por ser grupos que se asientan de manera congregada, lo que permite
una observación más cercana de su cotidianidad); se efectuaron cinco grupos focales en distintas colonias del AMM que también congregan población
indígena: colonia Arboledas de los Naranjos (nahuas), en el municipio de
Juárez; colonia Arboledas de San Bernabé (mazahuas) y Ampliación Lomas
Modelo Norte (otomíes), en el municipio de Monterrey; colonia Fernando
Amilpa (nahuas), en el municipio de Escobedo; y colonia Prados de San Jorge (nahuas), en el municipio de Santa Catarina. Habiendo recolectado esta
información, se procedió a su sistematización, que posibilitó el diseño de
un modelo de grupo de reflexión. El análisis de la información fue realizado
mediante una codificación que permitió encontrar patrones y propiciar su
interpretación (Gibbs, 2014).
El grupo de reflexión posibilita la generación de conocimientos de manera colectiva, es decir, de manera en que la realidad se va escudriñando a
través de las propias reflexiones de los participantes (Hernández, 2018); este
proceso es acompañado por un facilitador que sólo guía (Ander-Egg, 1974).
Es un ejercicio participativo, donde se pretende facilitar el encuentro de cada
uno consigo mismo y con los demás (Asociación de Hombres por la Igualdad
de Género (Ahige), 2021), deconstruyéndose en espacios acondicionados intelectual y emocionalmente para ello, de modo que sea viable compartir ahí lo
mismo angustias o miedos, que deseos y proyectos, a fin de que esta fraternidad
posibilite la reflexión y la puesta en común de ideas y alternativas de solución a
los asuntos ahí tratados (Hernández, 2018; Ahige, 2021; Vilaseca, 1993).
El grupo de reflexión no es necesariamente (aunque puede serlo) un
lugar para la reflexión intelectual y/o teórica (Ahige, 2021), sino que es más
bien un sitio apropiado para aprender a practicar en la vida social el sentimiento de responsabilidad compartida (Ayestarán, 2011; Ahige, 2021). Ahora bien, el carácter grupal de esta técnica es pertinente porque, en la búsqueda
de respuestas y del reflejo con los otros, a través de ella son posibles conocimientos recíprocos que resultan valiosos para quienes los generan (Hernández, 2018; Luft, 1978). Respecto a esto, es importante establecer que, en este
espacio de encuentro con ellos mismos, tender a la búsqueda de consensos y
a construir respuestas colectivas a preguntas comunes no sustituye la subjetividad de los individuos (Hernández, 2018; Bolos, 1999), sino que determina
recíprocamente nuevas realidades (Pichon-Rivière, 2000), al reconstruir, a
través de sus discursos particulares, su propio contexto social (Hernández,
2018). Es decir, los hallazgos nuevos, surgidos a partir del grupo de reflexión,
son resultantes del entrecruzamiento de la subjetividad individual y el aconTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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tecer grupal en un momento dado; de esta manera se articula lo individual y
lo social, lo singular y lo colectivo, pares que suelen presentarse de una manera antinómica (Pichon-Rivière, 2000).
El procedimiento para la implementación del grupo de reflexión fue el
siguiente: elaboración del instrumento (diseño del dispositivo de intervención
—guión—); integración del grupo (trabajo de aproximación y negociación para
su participación); relexión colectiva (proceso de análisis y discusión sobre los
temas y hallazgos obtenidos); retroalimentación (evaluación colectiva del proceso de intervención y de los hallazgos encontrados); reinterpretación (determinación recíproca de los hallazgos); y prospectiva (considerar colectivamente
la pertinencia y el abordaje de nuevas temáticas en nuevas investigaciones o
intervenciones sociales y/o acciones específicas futuras).
El grupo de reflexión se implementó con un conjunto de 15 hombres
indígenas de distinto origen étnico (nahua, zapoteco, mazahua, wirrárika,
otomí y mixteco), que radican en distintas colonias ubicadas en el AMM. Se
seleccionó a los integrantes con base en su origen étnico y condición migrante: todos son indígenas mexicanos y han llegado a Nuevo León en un lapso
comprendido entre los 5 y los 15 años. Todos mantienen lazos cercanos con
sus pueblos de origen y viven permanentemente en la ciudad, son bilingües
y preservan su lengua materna. Se tomaron también en consideración sus
actividades sociales: destacan por ser líderes o participantes activos de grupos
sociales que tienen por principal característica la defensa de su identidad cultural y la promoción de sus derechos.
Las reuniones de los grupos se realizaron en el centro del municipio de
Monterrey y fueron consensuadas con los participantes; esto dificultó la periodicidad de las sesiones, pero pudieron realizarse mensualmente. La mayor
parte de ellas se realizó por la noche. Fueron facilitadas por el responsable del
proyecto, siempre procurando establecer condiciones de confianza para que
las sesiones fluyeran de la mejor manera posible. Los temas y técnicas trabajados durante las sesiones del grupo nunca fueron definitivos, en tanto que
dependieron siempre de los encuentros concretos de los participantes, de sus
motivaciones e intereses.
Ahora bien, las conclusiones que se derivan de este grupo sobre los
temas abordados no pretenden ser reflejo de la realidad de y para todas las
personas indígenas que compartan sus características; con ello se busca eliminar cualquier sesgo de falacia ecológica que sostenga los resultados como
universales y/o extensivos a aquellos hombres que, compartiendo sus características, no estuvieron ahí. Lo sucedido durante las sesiones del grupo de
reflexión no sostienen, ni pretenden, ese tipo de elementos informativos,
sino más bien lo que nos informa es sobre las incidencias del proyecto sobre
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esas personas reunidas en ese grupo en particular y bajo las condiciones en
que se realizó. No está de más remarcar que el objetivo fundamental de un
proyecto social no radica en la generación de este tipo de conocimientos, sino
en el impacto que acontezca en los integrantes del grupo; ahí es donde sucede
el descubrimiento y se sustenta la intervención.
4. RESULTADOS
La intervención social es útil para comprender los orígenes sociales de los
problemas de los participantes y con ello posibilitar una oportunidad para
trascenderlos (Núñez, 2009), pero supone una intromisión fuerte y delicada
en la vida de la gente, remueve recuerdos y emociones y suscita una reflexión
profunda sobre la propia existencia; por ello, debe conducirse desde una posición y responsabilidad éticas. Por lo tanto, se debe siempre tener presente
que, así como pretende generar un bien, toda intervención social causa algún
daño o impone un costo. La clave ética se encuentra en minimizar el daño o
costo y maximizar el beneficio. Por lo tanto, en este proceso los tópicos éticos que se han considerado especialmente son: el consentimiento informado
(los participantes han contado con información suficiente que les permitió
decidir libremente participar o no); el anonimato (al ocultar los detalles que
hacen identificables a los participantes, se asegura su confidencialidad y se
respeta su intimidad); y la retroalimentación (se ha ofrecido previamente
a los participantes información suficiente y clara sobre los resultados de esta
intervención y se han modificado, rehecho o añadido aquellos puntos que, a
nuestra consideración, corregían, enriquecían o complementaban lo sucedido).
En este apartado se recoge una serie de reflexiones que, a manera de síntesis, reúnen diversos aspectos identitarios de las vidas de los integrantes del
grupo de reflexión, lo que permite establecer rutas de interpretación de los
supuestos que motivaron este proyecto de intervención social. Este análisis se
realizó a partir de la introducción de códigos y temas apegados a las voces de
los participantes; estas voces dan sustento a la interpretación.
4.1. Del diagnóstico social
Como antes se mencionó, la implementación del diagnóstico social se instrumentó a partir de la investigación documental, la observación participante
y la entrevista semiestructurada. La primera posibilitó contar con un punto
de partida en el proceso dialéctico de conocimiento de las identidades diTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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versas de las personas participantes. Sin embargo, ello no habría sido suficiente, era menester profundizar más en las percepciones que tienen sobre
su propia identidad; por ello, junto con la realización de las entrevistas, se
realizó observación participante en sus espacios de destino. Todo ello en su
conjunto permitió conocer con cierta profundidad y cercanía las características poblacionales de cada grupo de origen de los participantes, su proceso migratorio, su identidad y arraigo étnico, y las problemáticas sociales inherentes
al cambio de lugar de residencia.
Aunque claramente existen diferencias, principalmente culturales, concurren claras líneas temáticas que resultan de los distintos mecanismos de recopilación de la información. Aquí se presenta una síntesis de los resultados,
agrupados en las siguientes categorías:
VULNERABILIDAD

La mayoría vive en condiciones de pobreza, son migrantes, pertenecen
a un grupo indígena, carecen de oportunidades de empleo y de acceso a servicios públicos. Muchos encuentran en la actividad económica
informal una salida a su precaria situación, lo que los orilla a un enfrentamiento y hostigamiento sistemáticos por parte de las autoridades
que regulan. Esto refleja un alto grado de vulnerabilidad en la inserción
laboral de la población indígena, lo que sin lugar a dudas tiene una repercusión en el desarrollo de la vida familiar. En general, se asentaron
en predios irregulares y/o lugares sin ningún tipo de garantía sobre la
tenencia de la tierra.

GOBIERNO

En el plano institucional, estos grupos han sido atendidos por organismos gubernamentales, aunque existe la percepción general de que este
apoyo no ha beneficiado o ha beneficiado muy poco a sus comunidades.
Tienden a organizarse de manera colectiva, aunque se han enfrentado a problemas entre grupos, ya sea por liderazgos antagónicos o por
perspectivas diferentes sobre cómo atender un problema. Esto ha causado cierta desunión, aunque también ha posibilitado la generación de
instituciones organizativas con representación legal (asociaciones civiles). Entre los problemas específicos identificados se encuentran los
que tienen que ver con el desconocimiento de los derechos humanos y
sus distintas especificidades, una imagen vaga sobre sus costumbres y
tradiciones en un contexto que les imposibilita mantenerlas tal como lo
harían en su comunidad de origen, y la reproducción de las prácticas del
modelo masculino hegemónico predominante.

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GÉNERO

En general, consideran vivir en condiciones injustas que se manifiestan
en el establecimiento de roles de género inequitativos, por lo que, en
efecto, la mujer queda relegada a un plano siempre secundario. Lo consideran un problema, más las mujeres que los hombres, pero no piensan
en acciones para solucionarlo, en cierto sentido lo consideran “normal”.
Suponen que es importante tratar de ver de otra forma las relaciones
entre hombres y mujeres, pero que esto preferentemente debe hacerse
entre hombres y niños jóvenes. Creen que deben ajustarse a lo que
marcan sus usos y costumbres; en ellas se sostiene que los hombres y las
mujeres son diferentes, por lo que aún subsisten usos tales como las bodas concertadas por los padres, sin tomar totalmente el consentimiento
de los jóvenes, y aunque no todos están de acuerdo con esta práctica, no
parecen tener demasiadas objeciones en que se siga realizando.

VIOLENCIA

Se percibe que la violencia se encuentra por todas partes. Hay violencia
en la ciudad, con los policías, en el abuso de las autoridades, en el pandillerismo; la delincuencia se da a nivel estatal, municipal y en la colonia.
Los hombres temen a otros hombres. Consideran que la violencia en sí
misma está mal, pero que se justifica en ciertos casos, por ejemplo, como
defensa o para corregir a los hijos. El uso de drogas y alcohol, aunado
a problemas sociales como la pobreza, la marginación y el desempleo,
conflictúa y detiene parcial o completamente las acciones colectivas que
realizan en busca de su propio desarrollo. La presencia de la violencia
es una constante en el imaginario social de estos grupos. Incluso, por lo
habitual, se le justifica.

MASCULINIDADES

Los hombres tienden a considerar como normal y apropiado su rol masculino. Éste se manifiesta, por ejemplo, en que los hombres deben respetar a la familia, el compromiso del matrimonio debe ser para siempre,
por lo que la separación no está bien por ningún motivo (en este caso,
hubo algunas opiniones menos categóricas); si la pareja aceptó y se casó,
así debe ser hasta la muerte, y si hay problemas, éstos deben arreglarse,
deben solucionarlos. Desde niños y jóvenes, a los hombres se les enseña
a comportarse como tales, es decir, a practicar los hábitos comunes que
realizan los hombres maduros. Sus principales obligaciones son las de
trabajar, mantener a la familia, tener hijos, educarlos y enseñarlos a trabajar. En general, consideran que hay actividades que sí son exclusivas
de las mujeres y que tienen que ver con las labores domésticas; de ellas es
la obligación de cuidar a los niños, porque los hombres no pueden pues
están trabajando; en lo posible, ayudan. La mujer debe procurar que la
familia esté bien, y si en el matrimonio el hombre se enoja, la mujer no
debe enojarse, pues entonces todo sería peor. Para los hombres mayores, no es aconsejable el planteamiento de una reconfiguración identitaria, ya que ellos “difícilmente pueden cambiar”, por lo que lo mejor es
enfocarse en los hijos; los más jóvenes sí encuentran cierta motivación
para “adaptarse” a nuevos modelos culturales, ya que, en general, pretenden quedarse a vivir en Nuevo León. Los mayores planean, en cuanto puedan, regresar a su lugar de origen.

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4.2. Del grupo de reflexión
A partir del diagnóstico social, se diseñó un modelo de intervención para el
grupo de reflexión que, por sus características interculturales, aunque firme
en sus principios, siempre estuvo sujeto a las necesidades e intereses temáticos
de los participantes. En síntesis, se describe aquí la forma como se configura
en el imaginario social del grupo y de sus participantes una identificación
con lo indígena en un escenario de dominación y explotación política, económica y simbólica, que los sujeta a modelos tradicionales de supervivencia/
resistencia, inhibiendo toda posibilidad de incorporaciones reconfigurativas
de nuevas identidades étnicas, sexuales y genéricas posibles. Así también se
procura el vislumbramiento de un panorama donde ellos puedan ser no sólo
integrados y/o aceptados, sino totalmente involucrados en una nueva sociedad que les permita ser nuevos sin dejar de ser lo que son. Aquí los resultados
agrupados en tres apartados que dimensionan sus procesos similares de vida:
Origen. En su lugar de origen, las tradiciones, usos y costumbres, así como
sus formas de organización comunitaria, son muy valoradas por los participantes del grupo, y ello es posible, tras el contraste con la vida en la ciudad,
gracias a la incorporación de un componente de nostalgia. Piensan que deben
seguir conservándose estos mecanismos de organización a favor de mantener la tradición, de cohesionar también al grupo comunitario y garantizar su
supervivencia en su nuevo destino. En todo esto, además de la preocupación
sentida por una relación cultural que se fragmenta, se evidencia también una
consideración desigual sobre el papel que deben seguir los hombres y mujeres al respecto; así quedan en evidencia relaciones asimétricas e inequitativas
donde la mujer queda supeditada —en general— a la autoridad del hombre y
a un rol secundario en lo familiar. Sobre ello, sus participaciones fueron muy
elocuentes y significativas:
El padre de familia [toma las decisiones]; él sabe lo que se tiene que
hacer y lo que no; si él no la da [la autorización], hay problema: uno
es el responsable de eso.
hay un grupo de hombres y uno de mujeres, que atienden a problemas de las mujeres. El delegado o comisariado sí participa para ambos; para patrullaje sí son puros hombres, porque existe ese hábito
de que el hombre tiene más fuerza física para someter a delincuentes, no por discriminación, sino por seguridad de la misma mujer.

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en ese sentido, las mujeres casi se limitan a servicios voluntarios;
no se les permite desde el Consejo de Ancianos porque no están
capacitadas: no hay mujer capacitada para hacer ese tipo de cosas.
[…] No participan las mujeres, puros hombres. Cuando se convoca,
sólo a los hombres, a las mujeres, no. A las mujeres no se les toca
porque están jugando un papel incluso más importante que el de los
hombres: estar al cuidado de los hijos y de uno mismo.
si el hombre se casó con alguien de fuera, puede quedar aún dentro
de la comunidad; si la mujer se casa con alguien de fuera, definitivamente ya no accede a los derechos de la comunidad. […] Yo que soy
de ahí, vivo ahí, tengo más derecho que mi hermana, porque ella
ya se fue. Los terrenos, por ejemplo, se les heredan a los hombres.
Se sigue dando mucho peso al hombre. […] A la mujer no se le da
porque se piensa que el marido es el que la proveerá. […] La igualdad está en que el hombre con el que se va a casar la mujer también
va a tener ese mismo derecho: ella no se va a quedar desprotegida.

Los participantes del grupo coinciden en un punto fundamental: nacieron en un medio social adverso (comunidades pequeñas, rurales y pobres),
donde las actividades productivas más importantes son el cultivo de alimentos y la cría de animales; en pequeña medida, pero significativa (por su visibilidad), también aparece lo artesanal. La pobreza no se limita a la subsistencia
alimentaria o a la incapacidad de adquirir bienes, sino que se traduce en falta
de oportunidades educativas, laborales y de desarrollo cultural. Estos factores
originan en gran medida su migración. Ellos lo narran así:
Hay mucha migración, los jóvenes buscan primero en las ciudades
aledañas, después de la secundaria; terminando la prepa, el destino
es Monterrey, Guadalajara, México, Nuevo Laredo, y así se olvidan
las tierras, se pasan las temporadas de siembra. De esa manera se
abandona el campo. Los que todavía están al pie del cañón son los
comuneros, los ejidatarios; están unidos y siguen. Los jóvenes ya
son particulares. Derecheros, ya no ejidatarios. Se hereda, le toca al
mayor de los hermanos; el resto tiene que migrar, buscarle.
hay arte popular, que es comercial, y otro arte universal; porque su
arte [universal] no se valora, mejor no lo venden. Las artesanías,
pulseras [arte popular] [...] son para comerciar.
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En todas las comunidades de origen de los participantes del grupo existen estereotipos de género para hombres y mujeres claramente establecidos;
no obstante, los resultados de este proyecto nos permiten observar que existen también diferencias tangibles entre ellos, obviamente enriquecidas por
las interpretaciones subjetivas del participante, en las que influyen, en definitiva, su edad, su nivel de estudios, su tiempo de arraigo en los lugares de origen y de destino, y, por supuesto, sus expectativas sobre un posible retorno
—o no— al lugar de origen. Sus voces al respecto:
en la región la circunstancia te dice qué tienes que hacer, si es estar
al tanto de la casa, si es proveer. La educación es diferente, qué
cosas tienes que aprender según el caso. Porque la naturaleza es diferente, nunca van a ser iguales el hombre y la mujer: sencillamente
el hombre no puede dar a luz a un niño. En las comunidades, por
eso, las diferencias están bien marcadas.
la mujer tiene mayor decisión porque es la que más tiempo pasa en
la casa, y conoce muy bien a los hijos. Eso se ve bien en la escuela, porque les va bien, y quisieras seguir teniendo más hijos como
ellos. La autoridad máxima para la casa es la mamá.
en la ciudad, donde el sustento es el trabajo de los dos, debería existir la igualdad en ese plano; cosa muy distinta en el ámbito rural,
donde la mujer [...] el trabajo de campo es muy rudo. Un hombre
[...] se va a ver muy mal que él esté cocinando y su mujer haciendo
trabajos duros. Por naturaleza, el hombre es más fuerte, su piel más
gruesa [...], hacen trabajos colectivos donde se requiere de fuerza.

Por principio, se dan ciertas constantes que se traducen en valores y
concepciones de género y sexuales tradicionales en sus comunidades de origen; es común encontrar la identificación diferenciada de los roles laborales:
de forma tradicional, los hombres son los proveedores del sustento económico familiar y trabajan mayormente en el campo; las mujeres son las responsables del trabajo doméstico y la crianza de los hijos. Los niños se incorporan al
trabajo bajo esta división sexual; esta condición es fundamental en el proceso
de hacerse hombres. Las diferencias se dan en tanto son más tolerantes con la
ruptura de este esquema sexual. Así, por medio del trabajo se va construyendo la identidad masculina. Ellos refieren este y otros aspectos de su formación
de las siguientes maneras:
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cada miembro de la familia juega su rol; la mamá es la que habla
sobre la sexualidad con su hija; y al varón le habla uno, le dice las
cosas como son al hombre: cómo debe de comportarse, qué cuidados debe tener, también hacia ella. Se trata de inculcar el respeto
hacia la mujer. En mi caso no he visto hablar sobre igualdad […].
La mamá educa a las mujeres; el hombre, al varón. No se mezcla.
mi papá estuvo apoyándome y me educó en ese sentido de trabajo,
qué hacer, qué no, cuándo está bien y cuándo no. Con mis hermanas siento que fue menos estricto, ellas siguieron su educación al
pie de la letra; pero fue más estricto conmigo. […] a las mujeres no
se les exige mucho bajo la idea de que se van a casar y el esposo se
va a encargar de ellas; y el hombre, pues no, es el que tiene que estar
al pendiente de eso, se le exige.
Ésa es la imagen que dicen, no, pues que los indígenas son muy
machistas, maltratan a las mujeres, nomás se tiran al vicio, no trabajan. Eso es lo que dicen, pero yo siento que no han descubierto
el meollo del asunto: es un problema de otra índole, es como la
salida de la misma desesperación, de que no hay de dónde sacar la
lana. No, pos me voy a tomar [...]. Y ahí pierden la noción, pierden
el razonamiento, se puede decir. Toman y se pierden y hacen muchas barbaridades. Pero uno no se regresa: ¿Por qué tomo mucho?
¿Cuál es el origen de que una persona tome mucho? La depresión,
la desesperación.
La soledad [dice uno].
[Otro no está de acuerdo] No [es] tanto la soledad, a lo mejor es
la desesperación de su familia, que no le puede dar nada. Yo siento
que mucho influye eso.

Esta última intervención muestra la sobrecarga de responsabilidad evidente en las dificultades que implican insatisfacción y frustración al no poder
cumplir con el mandato masculino preestablecido. Aun así, aunque comienza
un proceso de reflexión que permite a los participantes empezar una deconstrucción a partir de su vida cotidiana, es claro que esta defensa que abogan
para sí es resultado (también) de una resistencia a considerar efectivamente
su desigualdad; en cierto sentido, sus opiniones hacen una especie de apología sobre su papel, se martirizan. Ellos amplían:
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ya no quería ser carga para su familia, porque estaba enfermo, enfermo, enfermo y ya no trabajaba; entonces, se mató.
¿Cómo se mató? [le preguntan].
Con un rifle, se lo puso aquí [señala su cuello]. Uno dice que en su
comunidad otro también se mató.
¿Por qué se mató? [le preguntan].
Nomás porque no tenía trabajo, el güey.
[Para el hombre] no [hay] fiesta, que piñata, que vamos a hacerle
una comida porque cumplió años; no: ni sabías cuántos años tenías,
no. Allí era puro trabajar; era trabajabas, trabajabas, trabajabas.

Estos mismos roles se mantenían, incluso con mayor hondura, en la
educación sexual. Es posible distinguir rasgos comunes entre los participantes, entre los que destacan posiciones conservadoras y asimétricas. En primera instancia, señalan:
De que ante nuestros padres nos daba vergüenza de pronunciar la
parte de una mujer, la parte de un hombre. En las comunidades,
porque no [...]. Le decían [...]. Yo escuchaba a los demás, hacia los
padres: ¿cómo se llama, papi? Y te decían: El ombligo, y pues el
ombligo lo tiene arriba, o sea [...]. No, como padres.
En mi comunidad [...], en mi pueblo, antaño, si le decías una palabra sobre eso, te callaban. [...] antes tus papás nomás te decían:
“nada más no lo hagas porque está mal”, pero no te explicaban por
qué. Ahorita, la tele, ahora, estamos más abiertos con nuestros hijos y se cometen más errores.
Se han pervertido [interviene uno]: los adolescentes, al hablarles
mucho de eso, les despierta el apetito sexual, y lejos de que eso les
ayude, realmente les ha perjudicado.

En segunda instancia, aparece con naturalidad una vida sexual que se
sabe que existe, pero que no se verbaliza, que se va aprendiendo en situaciones cotidianas, y que adquiere —ocasionalmente— una connotación de negligencia o prohibición. Por ejemplo: “Si uno no quiere tener hijos, te sales antes de
eyacular.” Otro hay que difiere, pues considera que no se puede eso, en tanto
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que “cuando uno hace el contacto, cuando agarra el ritmo, ya vas dejando ahí la
semilla”. Otro de los escenarios manifiestos que se relacionan con este tema
es el de la planificación familiar, mismo que verbalizan y relacionan con un
tema de tradición y poder. Ellos comentan:
para tener relaciones, primero tienes que tener un vínculo formal
con la persona. Eso se conserva en las comunidades, pero gente que
ya tiene tiempo acá ya adquirió la cultura de este estado; el respeto
se pierde, aunque mi papá me diga: “no lo hagas, hijo”, yo lo hago si
quiero. Se pierde el respeto.
ahora la gente ya no puede tener muchos hijos porque la mujer
se enferma, muchos tipos de complicaciones en la matriz, porque
ahorita es a punta de cuchillo el parto, y antes no era así. Nosotros
que somos esa cantidad de familia, nunca se nos cortó con tijeras,
sino con otate rajado: cortaban el cordón umbilical.
se tienen los hijos que uno quiera tener... no puede uno determinar
a un ser humano que ya no tenga hijos. Lo que venga hay que mantenerlo, ya se echó el paquete.

Aunque sobre esto hay quien difiere:
Yo no estoy muy de acuerdo a que ahora haya mecanismos como
el condón, que fomenten, pues antes [...], si vemos nuestros familiares en las comunidades, los que son ya abuelos o padres de
nosotros, ¿a qué edad se embarazaron?: 12, 14, 16 años [...]. Ahora
hasta da miedo por la cuestión legal, por ejemplo. Pero no creo que
la información esté afectando, porque si no te hablan de esos temas,
no sabes ni de qué te previenen. Creo que existe la necesidad de
controlar el número de hijos.

Y por último, el sexo —en lo referente la homosexualidad— es algo que
suscita distintas reacciones, en apariencia de cierta conformidad, aunque
guardando una distancia en muchos sentidos homofóbica. Así lo consideran:
en mi comunidad, los que conocí, migraron; había un sinfín de
burlas, discriminación [...] y pues el muchacho emigró. La mayoría
que llegué a conocer, que son, pues vivían mucha discriminación.

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sí hay, contaditos, sí hay. Mis respetos, yo hablo con ellos, pero hay
ciertos compañeros [...] como que les hacen el feo. Sabe que él no
es bien aceptado y cuando están ellos, se va.

En síntesis, puede sostenerse que en las culturas de origen de los participantes del grupo, las configuraciones identitarias de género se establecen a
partir de patrones tradicionales en los que tanto hombres como mujeres desempeñan roles claramente establecidos, instituyendo asimismo privilegios
sociales para el sector masculino respecto al sector femenino, que se encuentra reducido a un rol secundario.
No es clara la percepción de que esto tenga para ellos una connotación
negativa, menos entre los participantes más viejos, ya que lo consideran, incluso, como un aspecto tradicional que debe ser preservado. Los participantes
más jóvenes son un poco menos rígidos al respecto, e incluso en algunos
casos, tímidamente, lo consideran inapropiado. En conjunto, consideran más
viable una reconfiguración identitaria fuera de sus comunidades —la cual estarían de acuerdo en considerar—, que dentro de ellas, aunque, en caso de
regresar a su lugar de origen, se ajustarían nuevamente a los patrones tradicionales.
En general, ellos consideran que, en su lugar de origen, los temas de
violencia, inequidad y/o desigualdad entre los géneros no son asuntos prioritarios, en tanto que sus padecimientos mayores, a su forma de ver, se dan en
terrenos de injusticia social: pobreza, marginación y discriminación.
Tránsito. Vistos en la necesidad de migrar, su condición de ser indígena no
emerge como una autodefinición transmitida por la familia, sino como una
experiencia de ser identificado por otros como tales. Esta identificación como
indígena se vive como una experiencia de desigualdad y humillación. Ellos
nos cuentan al respecto —y sobre su configuración étnica— lo siguiente:
[Nos identifican] para poder clasificarnos y tenernos ahí, cautivados; siento que no es viable, que si no se combate primero la discriminación, es muy difícil, por ejemplo, que se diga: “yo soy de
Oaxaca, y soy mexicano, voy a buscar un trabajo”, y que ahí en tus
papeles se diga que eres indígena y mixteco [...], pues te pueden
catalogar y generarte eso un problema o un obstáculo.
indígena migrante [se autodefine]. Para mí van a dejar de ser indígenas mis nietos ya cuando mi hija o mi hijo se case con alguien de
aquí, un güero, por ejemplo [...], y ahí ya se perdería lo que son de
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indígenas. Mis hijos son indígenas, en este caso, migrantes.

La experiencia de desplazamiento provee de encuentros con sujetos
distintos, con quienes se establecen relaciones de trabajo, de ayuda y de solidaridad. Esta migración posibilita la transformación de los roles identitarios
tradicionales que difieren en sus características y significados por el contexto
social en el que se llevan a cabo. Por ejemplo:
los que estamos aquí, por decir, vienen a las industrias; en segunda
parte, las mujeres, en el empleo doméstico; en tercero, a la construcción. El cuarto, a las tiendas de autoservicio; el quinto, muy
rara vez, a un rancho. Y sí […], la mayoría de lo que ganan las muchachas lo envían a su familia.
definitivamente esperamos que nuestros hijos se queden aquí, porque en nuestras comunidades no existen las condiciones para que
estudien; los planteles allá están a distancia considerable. Ya cuando uno decide tener hijos aquí, es darles aquí las facilidades para
que estudien y tengan lo que nosotros no.
Nuestros hijos se acostumbran a moverse como los no indígenas;
nosotros tenemos costumbre de saludar a los mayores, pasarles la
silla. Acá, se juntan con otros jóvenes, y ya no tienen ese respeto; te
hablan de tú, no como allá. Allá sí, aunque esté muy grande el hijo,
tiene que saludar bien al papá, y hablarle de usted […]. La palabra
esa de “güey” no nos gusta, es una grosería, no se la decimos a una
persona. Si lo oyen, lo consideran un joven que no tiene respeto a
sus mayores.

En este escenario de adversidad y adaptación, se establecen modos colectivos de supervivencia, por ejemplo:
los nahuas siempre se han juntado, o se juntaban, en la Alameda,
existe mucha amistad. Toda la gente que venía del estado de Hidalgo o de Veracruz sabía dónde estaban sus esquinas. Incluso tienen
sus teléfonos, o cuando muere alguien, y traslados […], se facilitan
las cosas entre ellos mismos.
yo llevo 15 años aquí; de mi pueblo, fui de los primeros en llegar. Al
mes, me habla mi cuñado, se vino para acá, se quedó en mi casa en
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el vil piso los primeros meses; se va él al medio año, y se trae otro,
y así es. Ahorita estamos poblados de nuestro lugar de origen aquí:
éramos uno, ahorita somos como trescientos.

En síntesis, estas vivencias dan lugar a identidades estigmatizadas, donde la migración marca un punto de quiebre en la vida de todos los participantes, pues provee experiencias que impactan su sexualidad, su identidad de
género, su seguridad personal, su autonomía y, por supuesto, su concepción
de sí mismos como indígenas.
Destino. La ciudad a donde arriban representa un espacio en el que se enfrentan a una cultura discriminatoria. Ellos vivieron muchas experiencias por el
solo hecho de ser indígenas. Así lo comparten:
llegas aquí y es como si fueras a Estados Unidos: buscarte un trabajo, tramitar cosas, conocer gente a la que no conoces y que tienes
que exponerte; es un cambio muy diferente. Allá toda la gente te
conoce porque ahí naciste, conoces los reglamentos, todo lo que
tiene que ver: qué hay que hacer, si te toca estar al servicio de agencia municipal, un año. Y aquí no: es como si uno no valiera, pues.
Aquí no eres nadie, no tienes nada: no eres nadie. Te invitan a trabajar allá, o a todos lados, y aquí no.
no hay sentido de organización para ver cuestiones comunes, casi
ni al vecino de al lado le hablas, apenas identificas quién vive ahí.
creo mucho en la organización indígena, estoy haciendo como un
ensayo de lo que se hace allá y veo que sí se puede implementar en
Monterrey, pero uno debe tener la capacidad de transmitirlo. Él
[otro participante] dice que aportan una cultura diversa; y que eso,
para que lo acepte el conjunto de la población, debe ser por medio
de modelos de conocernos entre indígenas y no indígenas: en la
medida en que nos conozcamos, está el valor que se le dará a estas
culturas que se incorporan a Nuevo León y lo hacen más rico en
ese sentido.

Y ello permite una resignificación de lo femenino —y, por extensión, de
lo masculino:
las condiciones no le permiten a la mujer cuidar a los hijos. El hombre no completa para sustentar a la familia, la mujer sale en apoyo a
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trabajar; eso no significa que eso sea lo correcto, lo que se tiene que
hacer. Es por emergencia, una situación extrema, una necesidad.
La mujer indígena está acostumbrada a cuidar al hijo, inculcarle
los valores.
él se vio un poco machista y le sugirió a su mujer que ella se dedicara
a la casa y él al trabajo, pero ella dijo que quería ejercer su profesión.
Lo empezamos a platicar, y pues a ella le gusta su trabajo y quiere
ejercerlo, pues adelante; yo no le veo ningún inconveniente.

A su modo de ver, las cosas podrían sucederles de mejor manera, y ello
podría ser así si las dependencias gubernamentales —por principio— fueran
más conscientes de sus necesidades e involucraran voluntades para atenderlas:
aquí la autoridad municipal no te respalda; el respeto no es el de
allá, que hay una ley que ve por ello. A mí, que me eligieron delegado municipal y mi función es atender a la gente de la comunidad,
por obligación tengo que estar al pendiente de la comunidad. La
gente te respeta ahí, le pones un trabajo o una multa y lo cumplen; aquí no hay ese respaldo ni compromiso. Allá, si alguien no lo
quiere hacer, por lo menos paga a alguien que lo haga, pero se paga
finalmente la falta. Aquí no.
el gobierno nuevoleonés podría nombrar un delegado regiomontano, que vea por las etnias de aquí [...], porque intermediarios no
tienen la misma atención […]; si no nos unimos, nunca vamos a
hacer nada.

Al mismo tiempo que se consideran extraños y propios, están dispuestos, en la adversidad, a ser suma en la riqueza cultural en una nueva sociedad
que los incluya:
Aquí se ve otro tipo de necesidad […], que existiesen más espacios
culturales, que nos abran las puertas para que empiecen a difundir
la cultura; casas de la cultura, por ejemplo. Y ésos son espacios donde uno pueda manifestar muchas cosas que necesita expresar y que
podríamos aportar como modelos.
Si hay una persona al lado, alta, güera, le dan la prioridad.
[Un participante comenta sobre su escuela:] A mí y a dos compaTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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ñeros nos identifican como los tres huastecos. Empiezas a preguntar
y nadie... pero casi todos son de San Luis, aunque lo usan como
forma de discriminar.
[Otro participante indica:] En el trabajo siempre me echan carro,
que me vaya para mi pueblo, cuando todos eran indios, todos eran
de fuera: la colonia Independencia, el barrio de San Luisito [...], la
mayoría en Monterrey, todos somos de fuera. Somos descendientes de fuera. Venimos de la Huasteca, la mayoría.
[Otro señala:] Los empresarios que fundaron Monterrey eran de
fuera; todos formamos este estado, porque somos puros migrantes:
estamos ayudando a formar el estado de Nuevo León.

En síntesis, los resultados de este apartado permiten entender cómo el
lugar de destino permea poco a poco los procesos individuales de reconfiguración de sus identidades, de la mano con la exigencia colectiva de encontrar o
generar procesos de inclusión social en los que sea, por principio, reconocida
su presencia en el estado y, en consecuencia, sean respetadas sus tradiciones.
CONCLUSIONES
La dominación masculina se presenta como un conjunto de prácticas socioculturales sustentadas en una ideología de poder que “justifica” el menosprecio y la opresión en nombre de la naturaleza y de la razón. Por ello resulta
necesario que los hombres asuman una responsabilidad crítica ante esta situación. Es imperativo reflexionar sobre el hecho de que la masculinidad no
solamente funciona como una respuesta a factores individuales o biológicos,
sino que responde a una serie de condicionantes sociales, susceptibles igualmente de modificación. Dejar claro que se puede cambiar, pero que esto sólo
sucederá en la medida que surja de la voluntad y reflexión propia sobre el
problema por parte de aquellos que lo protagonizan.
Entonces, enmarcados en un contexto donde el poder ostenta características masculinas y donde la desigualdad la viven mayoritariamente las
mujeres, resulta fundamental sumar al ejercicio de emancipación y empoderamiento femenino el replanteamiento de los paradigmas de lo masculino.
Tener en cuenta, también, problemáticas sociales a las que se enfrentan los
hombres —de manera diferenciada a las de las mujeres— es un elemento indispensable para combatir tal desigualdad, pero esto sólo puede lograrse con
la participación efectiva de los propios hombres, por lo que este proyecto de
intervención social se constituye desde tal impronta.
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Está claro que entender así las identidades de género, desde todas las
perspectivas posibles, es una tarea muy importante, pero también difícil. Por
ello resulta evidente y franca la motivación sobre la implementación de este
proyecto con hombres indígenas: frente a la necesidad de reorganizarse bajo
nuevas condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y geográficas, condiciones que les son impuestas en la interacción con diversos actores que los
discriminan, es posible que ellos identifiquen, analicen y, en su caso, reconstruyan su identidad masculina, redirigiéndola, si no hacia un mejor lugar, sí
hacia un estado superior de conciencia y libertad existencial.
Es éste un tema al que el sector social de la estructura política del Estado mexicano en su conjunto, y de manera transversal, podría avocarse con
mayor detenimiento, ya que aún sus abordajes suelen ser rudimentarios, desinformados e ineficientes. Afortunadamente, cada vez hay más investigaciones académicas e intervenciones de organizaciones civiles que dan cuenta del
rumbo hacia donde pueden decantarse nuevas políticas sociales en pro de esta
pretendida igualdad.
Para la realización de este proyecto, sostenerse desde una perspectiva
cualitativa fue muy pertinente, en tanto que fue de gran utilidad recuperar
e involucrar el punto de vista de los actores involucrados, teniendo siempre
presente la relación de la estructura social (territorialidades, instituciones sociales, sistema de género, de parentesco, etcétera) con la estructura de significados identitarios. En este sentido, fue posible recuperar parte del discurso
y de las prácticas cotidianas de las personas involucradas en relaciones de
género, con la intención de escuchar y reflexionar a partir de lo que las personas reflexionaron sobre sí mismas. Esta perspectiva participativa permitió
comprender que un mismo problema social puede tener múltiples significados y múltiples prácticas, ya que las personas cuentan con saberes diferentes
que a veces resultan conflictivos y hasta contradictorios. Éste es un hecho que
hay que tener presente para el diseño de futuros programas de intervención,
prevención y de investigación sobre los estudios de las masculinidades y los
temas que implican.
Es también necesario apoyar el establecimiento de propuestas educativas formales y no formales que se articulen desde el entendimiento de una
educación sexual integral, que incluya no sólo información sobre los órganos
reproductivos o las enfermedades de transmisión sexual, sino también una
educación para la intimidad y crear así “sujetos capaces de abrirse a los demás
y relacionarse, consigo mismo y con los otros, a un nivel profundo emotivo y/o erótico, con respeto y equidad. Esa educación debe de incluir, por
lo mismo, un programa de educación para las emociones y un programa de
transformación de las relaciones de género y de las propuestas hegemónicas
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de masculinidad y feminidad” (Núñez, 1999, p. 296).
Los resultados de este proyecto nos permiten reconocer la emergencia
de concepciones, valores, actitudes y prácticas distintas en el ejercicio de ser
hombre. Aparición que sucede a partir de la conflictuación obvia en la transgresión de los ideales estereotipados ante los procesos de adaptación a un
nuevo lugar de residencia y las vicisitudes existenciales que ello implica. Esto
permite suponer al conflicto como generador de oportunidades deconstructivo-constructivas de las identidades humanas, lo que posibilita establecer
nuevos alcances de las prácticas de intervención social que se dimensionen en
el enfrentamiento proactivo de la situación crítica de aquellos sujetos que ven
afectado su mandato tradicional de vida.
Ahora bien, es importante subrayar que, en tanto los procesos de intervención social tienen sus propias lógicas, sus saberes específicos, sus acciones pertinentes y sus fines claramente establecidos, no pueden, ni deben,
atribuirse la responsabilidad de una nueva realidad social, ni la modificación
siquiera de los hábitos y conductas del conjunto poblacional total ni parcial
del que participan los actores intervenidos (como en este caso, en los participantes del grupo de reflexión). Pero no por ello es, entonces, una tarea inútil
ni superflua. La intervención social puede, y debe, incidir propiamente en los
actores intervenidos, en aquellos verdaderamente portadores de los resultados de la acción. Ésa es su responsabilidad, en ello radica su incidencia. Esta
incidencia se manifiesta en la búsqueda de nuevas formas y estilos de vida posibles a partir del reconocimiento de sí y del acto autorreflexivo que implica.
Se reconstruye, así, el individuo en sus proyectos vitales y éticos junto con las
demás personas que participan en situaciones concretas histórico-sociales, a
las que debe responder ineludiblemente. Las tareas que abren estos tipos de
proyectos nunca finalizan, se recrean constantemente, en tanto viven en sus
participantes. Ése es su punto de partida y llegada. Ésa es su finalidad.
Por lo tanto, este proyecto no se dirigió a la elaboración de una propuesta de reconstrucción de la identidad masculina que más tarde sirviese de
modelo, sino más bien se avocó a abrir posibilidades para que los hombres
pudieran precisarse a sí mismos. Como sostiene Butler (2014), “uno podría
preguntarse de qué sirve finalmente ‘abrir las posibilidades’, pero nadie que
sepa lo que significa vivir en el mundo social y lo que es ‘imposible’, ilegible,
irrealizable, irreal e ilegítimo planteará esa pregunta” (p. 8). Tampoco pretendió este proyecto ser un grupo terapéutico ni de inserción o rehabilitación social. Intentó, apenas, motivar la reflexión en algunos hombres indígenas sobre
aquello que les es tan propio e importante y que se encuentra desatendido.
Ahora bien, su implementación no fue sencilla. En el mismo modelo
hegemónico de la masculinidad habitan obstáculos que dificultan la particiTRAYECTORIAS | AÑO 24 | NÚM. 54 | ENE-JUN 2022

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pación de los hombres en actividades de este tipo (ya antes hemos mencionado que este proyecto no se instrumentó solamente desde una plataforma
conceptual, sino que tuvo sustento en un fundamento motivacional de experiencias vividas tanto por parte de quien investiga, como por parte de los
mismos sujetos de intervención, quienes, en conjunto, mantienen reservas,
objeciones y temores, que sesgan y dificultan el recorrido procedimental de
este trabajo, pero que, al mismo tiempo, en el intercambio, lo enriquecen al
hacerlo suyo). Ello devino en una rehechura constante del camino de intervención, lo que podría dificultar el arrojo de indicadores para su medición,
pero, como se ha dicho antes, ésa no es la ruta para su valoración. En su sola
implementación se puede constatar el interés de los participantes del grupo,
lo que ya denota una indicación de beneficio; pero es en las nociones identitarias reconfiguradas que los participantes encuentren en sí, y que están
dispuestos a seguir sosteniendo, donde reside el logro fundamental, donde se
afinca la incidencia. En este tenor, permanece diferido un proceso de medición de impacto que aprecie la preservación y alcance en el tiempo de aquello
que se suscitó en la intimidad de los sujetos participantes y que ha sido narrado a lo largo de este trabajo.
En síntesis, podemos sostener que los hombres indígenas, socializados
en contextos tradicionales, viven (o padecen), en su proceso de adaptación e
inserción en una cultura ajena, modificaciones culturales que transforman,
en mayor o menor medida, sus identidades. Pertenecer o reconocerse como
parte de un grupo étnico que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad los traslada a asumir responsabilidades ante problemas y situaciones que
ameritan su cuidado masculino. Y esto lo realizan a partir de su propio compendio de saberes, voluntades, adscripciones y preferencias que han adquirido —y seguirán adquiriendo—. Y todo ello (aunque está claro que en algunos
individuos igual puede no pasar nada) no sólo arroja identidades trasladadas o
desarraigadas, sino que emergen identidades masculinas que se configuran en
la ciudad por los motivos argumentados. Y son también etnicidades renovadas, vividas, que, insertas en una dinámica de construcción identitaria fluida,
están siendo nuevas cada día, rehechas constantemente —están siendo— por
la capacidad individual de introspección y por su voluntad de actuar en consecuencia.
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                  <text>Trayectorias es una publicación editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como fin desarrollar un espacio para la reflexión y el debate en torno a las preocupaciones contemporáneas en el campo cada vez más amplio y trascendente de los estudios de la realidad social. Su fecha de inicio fue en 1999, comenzó con una periodicidad tetramestral y en 2008 cambió a semestral. Revista arbitrada que se mantiene activa a la fecha y de emisión bilingüe es en físico y digital. Su ISSN es: 2007-1205.</text>
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                <text>Trayectorias es una publicación editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como fin desarrollar un espacio para la reflexión y el debate en torno a las preocupaciones contemporáneas en el campo cada vez más amplio y trascendente de los estudios de la realidad social. Su fecha de inicio fue en 1999, comenzó con una periodicidad tetramestral y en 2008 cambió a semestral. Revista arbitrada que se mantiene activa a la fecha y de emisión bilingüe es en físico y digital. Su ISSN es: 2007-1205.</text>
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                <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores</text>
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                  <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>Garza Montemayor, Daniel, de la, Editor Responsable</text>
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                    <text>�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448
http://revpoliticas.uanl.mx/

Editorial
Editorial
Jorge Isaac, Lechuga-Cardozo1

En la actualidad, el mundo experimenta dos crisis fundamentalmente causadas por la pandemia y la
guerra. Por un lado, la pandemia impactó las economías, el virus continúa propagándose y evolucionando
en nuevas variantes, produciendo nuevos trastornos y atenuando la divergencia entre países ricos y
pobres. Por el otro, el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha impactado en la economía ucraniana ha
estado acompañada de ondas sísmicas en la región y ha originado el desplazamiento de millones de
inocentes. En este sentido, los gobiernos tienen grandes desafíos para salvaguardar la paz mundial y dar
respuesta a la agenda 2030 (Georgieva, 2022; Lechuga y Leyva, 2019).
En el presente número de la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, el lector tendrá
acceso a diez artículos que ahondan sobre temáticas que son indispensables para la sociedad
principalmente en lo que concierne a los ejes de gobierno, feminismo, seguridad y defensa, política
educativa, género y sistemas políticos. Corresponden a investigaciones que se han realizado de manera
rigurosa y con una revisión exhaustiva que facilita el debate académico.
De modo que la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, revista científica editada
por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, consiente de la necesidad del estudio y reflexión de las ciencias sociales, presenta a la comunidad
académica-científica, nacional e internacional un nuevo número, en la que se pueden consultar
investigaciones relacionadas con gobierno, feminismo, seguridad y defensa, política educativa, género y
sistemas políticos. Como es el caso de la investigación desarrollada por el Doctor Samuel Alejandro
García Sepúlveda y Alejandro, Ramírez Viveros, cuyo objetivo consistió en analizar mediante
indicadores propuestos por organizaciones internacionales los retos y oportunidades de la zona, con el
fin de identificar y evaluar las propuestas de movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible en
Nuevo León. El artículo presenta estrategias de movilidad, así como hace referencia a la necesidad de un
Plan Estatal de Desarrollo -PED y el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, los cuales

1

Editor de la revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Email: revista.politicas@uanl.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0999-5468.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448
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establecen la visión, los mecanismos, las políticas y los programas que se proyectan implementar en
Nuevo León.
A partir de una profunda revisión bibliográfica dentro de los estudios de género y los estudios
políticos y de movimientos sociales, Paola Viviana Pila Guzmán y Olga Nelly Estrada Esparza abordan
el ciberactivismo feminista. El análisis realizado por ambas las lleva a afirmar que es posible observar
un resurgimiento del movimiento feminista en una cuarta ola marcada por las transformaciones
tecnológicas, el cual se vale de ellas para su accionar ciberactivista y la irrupción en las agendas políticas
latinoamericanas y mundiales
Por su parte, Faiver Coronado Camero y William Sierra Gutiérrez, presentan un artículo producto
de una revisión bibliográfica con el objetivo de construir a través de la historia un análisis de las nuevas
formas de guerra vistas desde un contexto omnidimensional, hasta la nueva visión cognitiva. Coronado
y Sierra concluyen que dentro de esta nueva evolución de los conflictos abordaremos, los postulados que
en el año 1999 aparecen con una nueva aproximación al estudio de la guerra de la mano de los coroneles
del Ejército de la República Popular de China Qiao Liang y Wang Xiangsui, quienes introdujeron un
nuevo concepto, no sólo en el ámbito estadounidense, sino en toda la esfera mundial: la Guerra Irrestricta.
Con respecto a Gobierno, Margarita Rodelo, Jorge Mejía, Habid Vásquez y Hugo Salazar,
presentan un artículo de investigación cuantitativa cuyo objetivo fue analizar los avances en materia de
control disciplinario pasando por un análisis de la percepción de la sociedad civil frente a dicho control
y finalmente los factores de incidencia que ejerce el control disciplinario a través de sus agentes en el
nivel territorial. Rodelo, Mejía, Vásquez y Salazar concluyen que la prestación de los servicios y el
ejercicio del control por parte de órganos disciplinarios no cuenta como una buena percepción de los
usuarios debido a la corrupción y otros factores que dejan ver la ineficiencia de este tipo de instituciones
institución.
Al mismo tiempo, Wisem Mahi en su artículo cuyo objetivo fue realizar una guía analítica para
el discurso periodístico sobre el día del referéndum ilegal en Cataluña, el 1 de octubre de 2017 y analizar
cuatro imágenes de dos periódicos nacionales de España. Mahi concluye que la fotografía en la prensa
puede reemplazar el texto periodístico y ayuda a la comprensión y asimilación del contenido de la noticia
de ahí se transforma en un discurso apto, representativo de los problemas de la actualidad.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448
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Por otro lado, Tuur Ghys y Pieter Cools en su artículo de investigación cuantitativa que tuvo por
objetivo explorar la factibilidad del seguro de desempleo en Nuevo León, México. Ghys y Cools
proponen un modelo de seguro de desempleo adaptado al contexto, basándose en conocimientos de un
estudio de literatura, una encuesta de opinión pública y un cálculo de costos.
Así pues, Luis Alberto Pérez Bonfante y Michelle Castrillón Córdoba, en artículo cuyo objetivo
fue examinar la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle durante el
periodo 2015-2018, a través de un ejercicio de evaluación de procesos. Pérez y Castrillón concluyeron
que el programa no alcanza las metas planificadas y en la Universidad del Valle se presenta un acierto
en términos de motivación, oportunidad y financiamiento con situaciones emocionales y académicas
adversas.
Al mismo tiempo, Gina Morales-Acosta, Sandra Gámez Hoyos y Xumara Galleguillos Velaverde,
presentan un artículo de investigación cualitativa cuyo objetivo fue describir la dimensión política del
Índice de inclusión que refieren las educadoras de párvulos sobre Necesidades Educativas Especiales de
un jardín particular de Iquique, Chile. Morales-Acosta, Gámez Hoyos y Galleguillos Velaverde presentan
elementos de la gestión inclusiva del jardín que aportan a disminuir barreras de exclusión en la primera
infancia y proyecta acciones concretas que se podrían implementar de forma escalonada como parte de
un programa global de atención integral.
Igualmente, Suyai García-Gualda, en su artículo cuyo objetivo fue indagar en la noción de justicia
de géneros y, a partir de allí, reflexionar sobre las políticas de estado orientadas a tal fin. García-Gualda
concluyó que se trata de una experiencia que puede ser entendida como una buena práctica en el camino
hacia la igualdad y la justicia de géneros en el país.
En cuanto a sistemas políticos, Borja García, cuyo artículo tuvo por objetivo identificar los
elementos que dan sustento al modelo ideológico promovido por el Partido Comunista de China, por
medio de la revisión documental del discurso de sus líderes. García presenta cómo se ha originado un
sistema teórico que es flexible y adaptable, fundado en un partido único de ideología marxista que
defiende la coexistencia con el capitalismo, la apertura económica para la obtención de inversión
extranjera, la integración de los distintos estratos sociales y la reducción de la desigualdad entre ello.

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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448
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Por último, la edición cuenta con contribuciones internacionales de Argelia, Argentina, Bélgica,
Chile, Colombia, España y México sobre temas actuales, en ellos se encuentra reflejado el compromiso
de la Revista Científica Política Globalidad y Ciudadanía por difundir resultados de investigación de
temas actualidad internacional. Es importante resaltar, que el presente número comprende el análisis y
reflexiones de diversos asuntos de las ciencias sociales con el ánimo de contribuir a un debate con pares
de diferentes instituciones y cooperar al desarrollo de nuevos conocimientos que generen aportación
social. Por lo tanto, esperamos que los académicos que consulten esta edición puedan encontrar
información que les sea de utilidad en sus propias investigaciones.
REFERENCIAS
Georgieva, K. (2022). Una crisis tras otra: Cómo puede responder el mundo.
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/14/sp041422-curtain-raiser-sm2022
Lechuga-Cardozo, J. I., &amp; Leyva-Cordero, O. (2019). Escenarios 2020 del Orden Mundial. Análisis
desde
la
Prospectiva
Estratégica.
ÁNFORA,
27(48),
137–161.
https://doi.org/10.30854/anf.v27.n48.2020.672

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448
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Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible:
Caso Nuevo León
Urban mobility as a way for sustainable development: Case of Nuevo León
Samuel Alejandro, García Sepúlveda1; Alejandro, Ramírez Viveros2.

RESUMEN
La movilidad urbana se encuentra cada vez más presente al momento de abordar estrategias
para un desarrollo sostenible dentro de las manchas urbanas. Por lo que es necesario generar
estrategias para plantear una planeación urbana de acuerdo con las necesidades reales de la
población. Siendo de suma importancia la movilidad para una digna y buena calidad de vida
para los ciudadanos. Es así, que la promoción para el cumplimiento de los objetivos para el
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas ha permitido un nuevo impulso
para abordar los conceptos de sostenibilidad en los sistemas de transporte urbano, desde un
enfoque de competencias ciudadanas que se involucren en tal desarrollo. Analizar el área
metropolitana de Nuevo León resulta pertinente en este sentido al tener un rezago de años con
respecto a la cultura vial y la movilidad urbana. Por lo que el objetivo del presente artículo es
analizar mediante indicadores propuestos por organizaciones internacionales los retos y
oportunidades de la zona, con el fin de identificar y evaluar las propuestas de movilidad urbana
como vía para el desarrollo sostenible en Nuevo León. Para el presente estudio se lleva a cabo
una investigación de corte cualitativo, realizada a partir de un análisis documental y
bibliográfico.
Palabras claves: Agenda 2030, competencias ciudadanas, desarrollo sostenible, movilidad
urbana.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 30/06/2022
Fecha de revisado: 13/07/2022
Fecha de aceptado: 07/09/2022

Esta obra está bajo una licencia de
Creativa Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional

Urban mobility is increasingly present when addressing strategies for sustainable development
within urban areas. Therefore, it is necessary to generate strategies to propose urban planning
according to the real needs of the population. Mobility is of the utmost importance for a decent
and good quality of life for citizens. Thus, the promotion for the fulfillment of the objectives
for the sustainable development of the Agenda 2030 of the United Nations has allowed a new
impetus to address the concepts of sustainability in urban transport systems, from a focus of
citizen competences that are involved in such development. Analyzing the metropolitan area of
Nuevo León is pertinent in this sense, since it is years behind with respect to road culture and
urban mobility. Therefore, the objective of this article is to analyze, through indicators proposed
by international organizations, the challenges and opportunities of the area, in order to identify
and evaluate proposals for urban mobility as a way for sustainable development in Nuevo León.
For the present study, a qualitative investigation is carried out, carried out from a documentary
and bibliographical analysis.
Keywords: Citizen Competencies, Sustainable Development, Urban Mobility, 2030 Agenda.

Cómo referenciar este artículo:
García Sepúlveda, S., A. &amp; Ramírez Viveros, A. (2023). Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 01-19. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-10

1

Doctor en Política Pública y Administración Pública, Doctor en Derecho Fiscal y Doctor en Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, Nuevo León, México. Maestría en Derecho Público y Licenciatura en Derecho y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM.
Email samuel.garciaspl@uanl.edu.mx. Orcid: orcid.org/0000-0002-5839-5637.
2
Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas. Maestría en Ciencias Políticas. Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, Nuevo León, México. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, UANL. Correo: aramirezvr@uanl.edu.mx. ORCID: orcid.org/00000003-1559-2021

1 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

1. - INTRODUCCIÓN
La movilidad urbana ha sido uno de los principales problemas en la zona metropolitana de Monterrey
(ZMM) que se ha dificultado con el paso de los años, pues el desarrollo social ha evolucionado, y con
ello han llegado nuevos retos y prioridades, como lo es la sostenibilidad, que incorpora recursos naturales
y medio ambiente. De esta manera, se abre camino para la formación de soluciones, y al mismo tiempo
involucra la participación de distintos actores entre los que destacan: gobierno y la sociedad civil. Bajo
este contexto, el presente estudio analiza mediante una serie de indicadores, cuáles son los retos como
las oportunidades que se tienen dentro de la ZMM. Estos indicadores se encuentran basados en el
cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y datos estadísticos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En este sentido, se considera que el papel de la ciudadanía es imprescindible para los resultados
exigibles de la movilidad urbana, pues es importante tomar en cuenta a la sociedad civil como un actor
fundamental para la realización de soluciones y estudiarlo como un representante activo y capaz de
coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de la sociedad a la que pertenecen. Además, es necesario
contemplar la adopción de nuevas prácticas para formular soluciones precisas y acordes a las
problemáticas comunes y de esta forma, trabajar siempre en beneficio de la mejora de calidad de vida,
pues las distintas motivaciones de las partes pueden ser replicadas con otros actores sociales, así como
en diversos subcentros de los municipios y específicamente de la ZMM para fortalecer el esfuerzo de
resiliencia y progresar hacia una ciudad congruente y ad hoc con el nuevo orden sostenible (Soto &amp;
Gómez, 2020).
La importancia de esta investigación radica en analizar mediante indicadores propuestos por
organizaciones internacionales los retos y oportunidades de la zona, con el fin de identificar y evaluar las
propuestas de movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible en Nuevo León. Es necesario
entender la forma en que la ciudadanía puede cooperar para solucionar problemáticas, fomentando la
gobernanza, y de esta forma, contribuir con distintos actores y organizaciones para el cumplimiento de
objetivos a distintos niveles. Por consiguiente, es necesario crear nuevas políticas públicas que sean
capaces de complacer a la población, al mismo tiempo que se ejecutan recomendaciones y lineamientos
establecidos por parte de distintas organizaciones internacionales.

2 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�García Sepúlveda, S., A. &amp; Ramírez Viveros, A.

2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Movilidad Urbana Sostenible
La European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans (2019), menciona que un plan de movilidad
urbana sostenible puede ser entendido como un plan estratégicamente planeado y establecido para
complacer las urgencias de movilidad de los individuos y empresas dentro de ciudades y su entorno para
mejorar la calidad de vida. Además, está basado en prácticas de planificación, mientras contempla
fundamentos de evaluación, participación e integración basados en siete distintos principios.
La Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un enfoque integrado y
estratégico para emprender eficazmente las complicaciones del transporte urbano. Dentro de sus
objetivos principales, se encuentra perfeccionar la calidad de vida y la accesibilidad logrando cambios
notables hacia movilidades sostenibles. Como componentes clave, requiere de evaluaciones exhaustivas
tanto de la situación actual, como de las futuras tendencias. Así también, conlleva conducir una visión
común respaldada por objetivos estratégicos y distintas medidas como de infraestructura, regulatorias,
financieras, promocionales y técnicas para lograr dichos objetivos. Dicha implementación tiene que ser
acompañada y seguida por una evaluación sistemática.
Al contrario de otros enfoques tradicionales, como lo es una gestión pública tradicional, sin un
ciclo congruente de política pública o sin intereses prospectivos a largo plazo. Este tipo de planificación
se enfoca en la participación de la población y las partes interesadas, principalmente en la coordinación
de políticas entre distintos sectores (especialmente transporte, desarrollo económico, medio ambiente,
energía, seguridad, salud, uso del suelo, medio ambiente, desarrollo económico, política social, salud,
seguridad y energía) y una amplia cooperación entre distintos niveles de gobierno y con actores privados.
Asimismo, este concepto enfatiza la necesidad de cubrir cada uno de los aspectos de la movilidad (tanto
de bienes como de personas), servicios y modos de integrarla, y planificar para toda el “área urbana
funcional”, en vez de un solo municipio dentro de sus límites administrativos. Los principios a los que
se refiere son los siguientes.

Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.

3

�García Sepúlveda, S., A. &amp; Ramírez Viveros, A.

Plan de movilidad sostenible en el “área urbana funcional”
Las ciudades se encuentran conectadas con su entorno debido a los flujos diarios de personas y bienes,
esto quiere decir que el alcance geográfico para la PMUS debe estar basado en el “área urbana funcional”.
Esta planificación de personas y bienes es un importante criterio para que un plan sea relevante y
completo.
La PMUS busca como objetivo perfeccionar la accesibilidad y suministrar movilidades de alta
calidad y sostenible para toda el área urbana funcional, de esta manera, se puede decir que un sistema de
transporte sostenible debe cumplir con lo siguiente:


Ser accesible y satisfacer las necesidades de movilidad de cada uno de los usuarios.



Equilibrar y responder a las diferentes demandas de movilidad, así como de los servicios de
transporte de los residentes, comercios e industria.



Orientar desarrollos equilibrados y mejorar la integración de diversos medios de transporte.



Cumplir con los requisitos de sustentabilidad y equilibrar las necesidades.



Optimizar la rentabilidad y eficiencia.

Cooperar a través de las fronteras institucionales
El desarrollo e implementación de la PMUS debe basarse en altos niveles de cooperación, coordinación
y consulta entre los diversos niveles de gobierno, así como entre las distintas instituciones (y en cada uno
de sus departamentos) dentro del área de planificación. Asimismo, la European Platform on Sustainable
Urban Mobility Plans (2019) también menciona que la PMUS debe basarse en:


Cooperación que garantice la consistencia y complementariedad de la PMUS con planes y
políticas en sectores que estén relacionados con el transporte.



Cercano intercambio con autoridades concernientes en los diferentes niveles gubernamentales
(por ejemplo, municipio, región, distrito, aglomeración, y estado).



Cooperación con proveedores de servicios de transporte público y privado.

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Involucrar a los ciudadanos y las partes interesadas
Una PMUS está centrado en la satisfacción de necesidades de movilidad de los individuos del área
funcional urbana, como en residentes y visitantes, así como de las empresas e instituciones que se
encuentran allí radicadas. Este modelo, es congruente con enfoques transparentes y participativos, e
involucra de forma activa a la población y diversas partes interesadas a lo largo del desarrollo e
implementación de la PMUS. Además, es importante mencionar que la planificación participativa es uno
de los requisitos previos que permite que las personas se apropien de la PMUS y de las políticas que se
promueven; de esta manera, la participación temprana incrementa las probabilidades de aceptación y
apoyo del público, minimizando riesgos políticos y facilitando su implementación (European Platform
on Sustainable Urban Mobility Plans, 2019).
Evaluar el desempeño actual y futuro
La PMUS se basa en evaluaciones exhaustivas sobre el desempeño futuro y de los sistemas de transporte
en áreas urbanas funcionales. Proporciona una revisión integral de la situación existente y establece una
línea de base contra la cual se puede medir el progreso. Por esto, el proceso de la PMUS logra identificar
objetivos y metas, aunque ambiciosas y principalmente realistas, ya que son consistentes con la visión
que fue establecida para después definir indicadores de desempeño para cada uno de ellos. Este análisis
también incluye una revisión de los recursos actuales y las capacidades de la configuración institucional
para la planificación y la implementación (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans,
2019).
Definir una visión a largo plazo y un plan de implementación claro
A su vez la PMUS está basado en visiones a largo plazo que permitan el desarrollo de movilidad y
transporte para toda el área urbana funcional. Asimismo, incluye servicios e infraestructura y contiene
un plan para la implementación a corto plazo de metas y objetivos e incluye un presupuesto y cronograma
de implementación, así como asignaciones claras sobre responsabilidades y un resumen de recursos que
fueron necesarios (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, 2019).

Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.

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Desarrollar todos los modos de transporte de forma integrada
Fomenta el desarrollo integrado y equilibrado de cada uno de los modos de transporte relevantes al mismo
tiempo que prioriza soluciones de movilidad sostenible; presenta conjuntos integrados de medidas que
permiten mejorar la seguridad, calidad, rentabilidad y accesibilidad de los sistemas de movilidad.
Además, aborda cada una de las formas de movilidad colectiva, movilidad activa (caminar y andar en
bicicleta); intermodalidad y movilidad puerta a puerta; carretera segura; vehículos en movimiento y
estacionarios; entrega de fletes y servicios; logística; administración de movilidad; y sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS).
Organizar el seguimiento y la evaluación
La implementación debe ser monitoreada de forma cercana; el desarrollo dirigido a los objetivos del plan
predispuesto, así como al cumplimiento de metas se evalúa de forma periódica en función de cada uno
de los indicadores de desempeño elegidos. Se requieren medidas apropiadas para asegurar el acceso
oportuno a las estadísticas y datos pertinentes. La evaluación y el monitoreo continuos de la ejecución
de las medidas sugieren la revisión de objetivos y acciones correctivas dentro de su propia
implementación. Los informes de seguimiento que se comparten y comunican tanto a los ciudadanos
como a las partes interesadas informan acerca de su progreso en la implementación y desarrollo de dicho
plan (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, 2019).
Asegurar la calidad
De la misma manera la PMUS es pieza clave para el progreso de las áreas urbanas y cuenta con
mecanismos para garantizar la calidad profesional, como lo es la validación de su cumplimiento con los
requisitos del concepto, asimismo, refleja esfuerzos necesarios. La garantía de alta calidad de datos y de
la administración de riesgos en su implementación requiere atenciones específicas. Estos cometidos
pueden ser delegados a revisores externos de calidad o de alguna otra institución gubernamental, al
mismo tiempo que puede facilitarse a través del uso de diversas herramientas, tal como la Herramienta
de Autoevaluación.

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Los Objetivos para el Desarrollo de la Agenda 2030
En el 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre del Desarrollo Sostenible, y fue prevista como una
gran oportunidad para que las naciones tengan la posibilidad de emprender nuevos caminos que permitan
incrementar su calidad de vida. Esta agenda cuenta con diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, los
cuales son distintas estrategias planificadas por el mismo organismo, en conjunto con distintos Estados
y líderes mundiales, el cual, adoptaron una serie de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible
(Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020).
Cada uno de los diecisiete objetivos plantea respuestas sistémicas a una visión interrelacionada y
global del desarrollo sostenible que hace frente a problemáticas como la desigualdad, pobreza,
degradación ambiental, consumo no sostenible, reforzamiento de capacidades por parte de las
instituciones institucionales, y procesos novedosos de solidaridad global (Gómez, 2018). De esta manera,
se puede afirmar que los Objetos de Desarrollo Sostenible -ODS representan una nueva visión hacia el
resto del mundo que pretende acabar con las desigualdades e incrementar el bienestar social a través de
ciertas estrategias que facilitan la convivencia humana y la relación entre las instituciones e individuos
para llegar a un bienestar común y cumplir con propósitos internacionales.
Si bien los objetivos están orientados principalmente hacia los Estado-Nación, también los
gobiernos locales juegan un papel muy importante para el logro de dichos objetivos. En este caso, Nuevo
León al ser uno de los Estados más importantes de México respecto a industria productiva y
competitividad, los objetivos marcan una pauta elemental para su continuo desarrollo, en este caso la
movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible es fundamental. Ahora, de los diecisiete
objetivos para el desarrollo sostenible, tres marcan una pauta para el fomento de una movilidad urbana,
desarrollándolos a continuación:
Objetivo 11: Lograr que todas las ciudades y asentamientos humanos sean seguros, sostenibles
inclusivos y resilientes
Las áreas metropolitanas y ciudades son centros de crecimiento económico, debido a que su contribución
es aproximadamente del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En cuanto a la emisión de
carbono mundial representan alrededor del 70% y más del 60 % del uso de recursos (ONU, 2020).
Aunado a esto, la ONU (2020) menciona que la desigualdad es causa de grandes preocupaciones, ya que
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.

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existen aproximadamente 828 millones de habitantes que viven en comunidades marginadas y esta cifra
continúa incrementando.
Tanto los niveles de consumo de energía, como los de contaminación dentro de zonas urbanas
también son alarmantes, pues aún y cuando las ciudades abarcan solamente el 3% de la superficie
terrestre, representan entre 60% y 80% del consumo energético y en cuanto a emisiones de carbono el
75% (ONU, 2020). La contaminación del aire es ocasionada por la industria, tráfico, quema de residuos,
formación de energía, y la constante utilización de combustibles domésticos, lo cual ha constituido una
grave amenaza para la salud de los ciudadanos y para los esfuerzos por detener el cambio climático,
además, la mínima porción de espacios verdes ayuda al empeoramiento de estos problemas (Pacto
Mundial, 2021).
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Es bien sabido que el cambio climático está afectando cada una de las naciones y ha logrado alterar
economías nacionales, lo que provoca la afectación a diferentes vidas. Por otra parte, aún y cuando se
estimaba que las emisiones de gases de efecto invernadero cayeran en el año 2020 aproximadamente un
6% por las restricciones del COVID-19, esta es solamente una mejora temporal, pues el cambio climático
no pausará, por lo que resulta imprescindible contemplar medidas urgentes para atacar la emergencia
climática y la pandemia con el propósito de salvar vidas y medios de subsistencia (ONU, 2020).
El ODS 13 tiene la intención de presentar al cambio climático como una situación sustancial ante
los planes, estrategias y políticas de las naciones, sociedad civil y empresas, mejorando las respuestas a
los problemas que crea, y promocionar la sensibilización y educación de la ciudadanía con relación al
fenómeno.
Asimismo, se insiste a los países a la contribución económica para cumplir los objetivos de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a la cooperación con los países
en desarrollo para incrementar y mejorar su capacidad de gestión del cambio climático, priorizando
problemáticas generadas en jóvenes, mujeres y comunidades marginadas (Pacto Mundial, 2021).

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Objetivo 16: Promover sociedades inclusivas y pacificas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones inclusivas, responsables y eficaces en todos los
niveles
Para lograr los ODS, las sociedades pacíficas, inclusivas y justas resultan imprescindibles, pues las
personas de todo el mundo no deben temer a ninguna forma de violencia y deben sentirse seguras durante
toda su vida. En este sentido y con el objetivo de avanzar en la ejecución de los ODS, se necesitan de
instituciones públicas inclusivas y eficaces que permitan proporcionar educación de calidad, asistencia
sanitaria, aplicar una serie de políticas económicas justas y proporcionar protección medioambiental
(ONU, 2020).
Para lograr la culminación de valores es fundamental que el gobierno trabaje de la mano de la
sociedad civil y practiquen soluciones duraderas capaces de reducir la violencia, además de hacer justicia,
combatir de manera eficaz la corrupción y garantizar la participación inclusiva. Las instituciones locales
y nacionales tienen que evidenciar resultados y prestar servicios básicos de forma equitativa y sin
sobornos (ONU, 2020).
Gobierno abierto para la movilidad urbana
El gobierno abierto conlleva a que una vez abierto ciertos canales, los individuos se encontrarán
predispuestos a la participación constante, además de ejecutar papeles que potencialmente se les reconoce
y atribuye de manera discursiva. Así, la participación social suele ser expresada a través de diversas
maneras organizativas, más que a través de una actuación solitaria de ciertos ciudadanos motivados por
alguna causa individual, pues existe una motivación para cumplir con un bien comunitario (Oszlak,
2013).
Uno de los ejemplos que mejor representa al gobierno abierto en cuestión ciudadana es el
Ayuntamiento de Jaca, ubicado en España, ya que elaboraron una PMUS, a través de una sucesión de
participación ciudadana. Por lo cual, el objetivo de este plan constituye una herramienta capaz de
transformar la ciudad y está dirigido a favorecer desplazamientos en bicicleta y a pie, mejorar la
accesibilidad, crear espacios urbanos de convivencia ciudadana y hacer mayormente saludable la forma
de movilidad dentro del entorno urbano (Gobierno de Aragón, 2015).

Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.

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De esta forma, se convirtió en una de las ciudades pioneras en aplicar este tipo de medidas, y aún
y cuando con anterioridad, recibió severas críticas, demostró de manera paulatina que la visión para una
nueva movilidad sostenible era necesaria y acertada. Para que esto fuera posible, se realizó una nueva
señalética y un entramado de vías que permite la circulación segura y posible para todos (Gobierno de
Aragón, 2015).
Competencias ciudadanas para el desarrollo sostenible
De acuerdo con Montoya (2008), las competencias ciudadanas pueden ser entendidas como la totalidad
de las habilidades cognitivas, conocimientos, emociones y comunicación que entrelazados entre sí,
posibilitan el actuar ciudadano constructivo en la sociedad democrática. Asimismo, menciona que estas
competencias permiten tanto la convivencia entre los individuos como el desempeño adecuado en
sociedad, además de permitir el ejercicio ciudadano y su actuar tomando como base los principios
concertados por la sociedad y que son validados a nivel universal. En este sentido, también posibilitan el
aporte hacia las instituciones, seguimiento hacia intereses colectivos, el cumplimiento y satisfacción de
los deberes, así como la defensa de derechos.
De esta forma, las competencias ciudadanas surgen para impulsar a la ciudadanía a poner en
práctica lo que saben sobre sus derechos y problemáticas sociales, y así obtener o usar los medios
necesarios que les ayuden a solucionar sus conflictos. Es decir, les permite desarrollar las habilidades
necesarias para la construcción de una mejor sociedad que tenga como fin el bienestar colectivo. Respecto
a la sustentabilidad, Chambueta (2021) realizó una investigación que demuestra que una educación que
fomente el desarrollo de competencias ciudadanas puede tener un impacto positivo en el comportamiento
humano en el ámbito ambiental. Asimismo, a través de la implementación de estrategias pedagógicas
basadas en competencias ciudadanas se demostraron cambios de paradigma frente a comportamientos y
acciones que directa o indirectamente perjudican el ecosistema.
Retos y oportunidades para la movilidad urbana en Nuevo León
Es importante mencionar que la situación de movilidad en México es una problemática muy grave y se
debe atender de inmediato, pues en comparación con las necesidades viales ocasionadas debido al
incremento de la población, se ha presentado un atraso de significativo de 45 años, lo que se refleja en
pocas estrategias de movilidad y seguridad vial. Lo anterior, desencadena una cifra mayor a 400 mil
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individuos, los cuales han quedado con alguna discapacidad al padecer accidentes vehiculares.
Asimismo, existen estadísticas que reflejan que más de 3,700 personas a nivel internacional mueren en
la vialidad día con día, mientras que, en México, una persona muere cada 40 minutos debido a accidentes
de tránsito (Martínez, 2022). En el caso de Nuevo León, según datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), en el 2019 el número de accidentes de tránsito registrados ascendió a 64 mil 58,
con lo que la entidad se ubicó como líder nacional en este renglón, una cifra que casi triplica al segundo
lugar, obtenido por el estado de Chihuahua.
Son distintas las razones por la que se presentas dichas cifras, uno de ellas así como lo puntualiza
la titular de Movac, asociación que persigue, precisamente, reducir los percances viales, es el de entender
que hay una ausencia de señalamientos, no hay una infraestructura segura para todos los usuarios. Por lo
que el reto para las autoridades es el de destinar verdaderamente recursos a corregir este problema e
impulsar las iniciativas y proyectos que se necesitan, aunque éstas muchas veces no son populares. En el
caso de Guadalajara y la Ciudad de México se ha logrado mejorar la seguridad para todos los usuarios
debido a que se les ha dado opciones de moverse distintas al automóvil.
De manera general, la ZMM evidencia dificultades de movilidad, las cuales se asocian a
deficiencias de planificación y desarrollo urbano, y se realizan 11.3 millones de viajes al día
(TRANSCONSULT, 2020). Aunado a esto, la movilidad en el área metropolitana de Monterrey presenta
rezagos en cada una de sus vertientes. Entre los que se encuentran extensos tiempos de recorrido
ocasionados del crecimiento expansivo, mínima oferta de transporte público, escasez de conectividad,
congestionamiento vial, insuficiente cobertura de infraestructura para movilidades activas, entre otros
(Molina, et al., 2019).
De esta manera, se puede destacar que a pesar de que la ZMM es un área sumamente activa, y
que cuenta con una gran cantidad de viajes, sigue teniendo muchas problemáticas que dificultan un
tránsito fluido y eficaz, pues debido también al crecimiento que ha tenido la ciudad, esto ha complicado
su situación en vez de resolverla, pues debe existir una vialidad que permita la incorporación de todos y
que sea eficiente en cuestiones de tiempo y dinero.
En este sentido, Molina, et al. (2019), mencionan una serie de acciones a considerar debido a la
gran cantidad de áreas de oportunidad con las que cuenta la ZMM:


Ampliar las redes de transporte de gran capacidad, como lo son Ecovía y Metrorrey.

Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.

11

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

Enlazar la movilidad y el desarrollo urbano.



Transformación en calles a través de la adecuación vial para incluir infraestructura ciclista y
mejorar las infraestructuras peatonales, tomando en cuenta la accesibilidad universal como lo
son las rampas y otros dispositivos como semáforos peatonales y auditivos, asimismo,
también resulta importante la designación de carriles preferentes para transporte público.

Sin embargo, es fundamental destacar que cada una de estas acciones tienen que estar
encaminadas paralelamente de programas adecuados para la sustitución de unidades, así como también
de la renovación de la flota, la cual repercute de forma positiva en la calidad del aire de la ZMM.
Por otro lado, también es importante mencionar que las zonas en donde se concentran oficinas,
industrias y equipamientos son las que requieren de diversas acciones que mejoren de forma notable la
circulación en la ciudad, por lo cual se propone trabajar junto a las industrias para la realización de un
plan de movilidad laboral enfocado en los siguientes aspectos (Molina, et al., 2019):
1. Dotar de bici-estacionamientos masivos dentro de instalaciones laborales.
2. Implementar transportes internos para empleados.
3. Crear entornos seguros que permitan mejorar la infraestructura peatonal e incrementando la
seguridad.
4. Escalonamiento de horarios de trabajo.
Ahora bien, la movilidad en áreas metropolitanas subraya la importancia de sistemas integrados
de movilidad eficiente y seguro. En este marco, surgió el Programa Integral de Movilidad Urbana
Sustentable (PIMUS) del ZMM, el cual se enfoca en Agenda 2030 de la ONU, más específicamente en
el ODS once que contempla mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades. También incluye
realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión
urbana de manera que sea participativa e inclusiva” (TRANSCONSULT, 2020).
3.-MÉTODO
La metodología que fue utilizada para la presente investigación es de carácter cualitativo y no
experimental, ya que se llevó a cabo un análisis documental de la información que fue recaudada a lo
largo del estudio, con la finalidad de analizar bajo esta premisa los indicadores propuestos por

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organizaciones, con el fin de identificar y evaluar las propuestas de movilidad urbana como vía para el
desarrollo sostenible y lograr una comprensión completa de los datos expuestos.
Para ejecutar el análisis documental, se necesitó primeramente de la recopilación de diversas
fuentes bibliográficas; este análisis tiene la capacidad de representar la información dentro de diversos
documentos estructurados y a la vez reducir cada uno de los datos descriptivos físicos y de contenido en
un esquema inequívoco. En este sentido, es importante porque además de ayudar a la construcción del
marco referencial teórico, permite conocer en mayor medida aspectos históricos, contextuales,
normativos, entre otros, que se encuentren relacionados de alguna manera con el tema de investigación
(Gómez, et al., 2012).
Una vez planteado el problema de investigación, se procedió a realizar la recopilación de fuentes
bibliográficas para definir los conceptos básicos a través del marco teórico y posteriormente, ejecutar el
análisis de la información, todo esto con la intención de cumplir con los objetivos del presente estudio,
una vez que el análisis fue finalizado, se construyeron los resultados y las conclusiones.
4.-RESULTADOS
Indicadores de movilidad sostenible en la ZMM
En la actualidad las ciudades y zonas metropolitanas han cobrado un papel importante cuando se discute
el desarrollo sostenible. Se reconoce a los asentamientos humanos como motores del desarrollo el cual
define los intercambios económicos, políticos y sociales. Una parte fundamental es el Estado y el acceso
a servicios como la movilidad y la infraestructura.
A nivel internacional los temas de la movilidad generan más sentido en el crecimiento de las
ciudades lo que ha generado iniciativas mundiales para la organización y planeación de las ciudades, en
especial en Latinoamérica, donde los problemas de movilidad van de la mano de la segregación social y
la violencia. En este sentido, existen diferentes indicadores internacionales que miden su calidad y
eficiencia, por ejemplo, los indicadores propuestos por la ONU dentro de los ODS de los asentamientos
urbanos como parte de la agenda 2030, los cuales miden lo siguiente:


Tasa de mortalidad por lesiones ocasionadas por accidentes de tráfico.

Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.

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

Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo
el año.



Proporción de la población que tiene acceso conveniente al transporte público, desglosada por
sexo, edad y personas con discapacidad.



Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia.

Por otra parte, existen otros programas de movilidad urbana sostenible como el de Ciudades
Emergentes y Sostenibles (CES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los indicadores que
destacan para la implementación de un modelo de movilidad urbana se encuentran muestran los
siguientes (ver ilustración 1):
Ilustración 1: indicadores para la movilidad urbana sostenible

Infraestructura de
transporte
equilibrado

Transporte limpio

Transporte seguro

Transporte
planificado y
administrado

Congestión
reducida

Demanda
equilibrada

Transporte
económico

Fuente: programas de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
El programa menciona como antecedente, que las ciudades de América Latina han atravesado la
mayor ola de crecimiento urbano de la historia, siendo la segunda región más urbanizada del mundo. Por
ende, se presenta el reto de movilidad buscando una manera eficiente, económica y segura. Según el BID,
la congestión representa de un 2% a un 4% del PIB por las pérdidas de tiempo y productividad. La región
tiene un promedio de 170 autos por cada mil habitantes, y se espera que esta cifra vaya subiendo hasta
los 500 autos. Por ello, urge recuperar el espacio público y apostar por un desarrollo sostenible, siendo
la movilidad como una prioridad en la agenda pública. Un buen sistema de transporte público es uno de
los pilares fundamentales para atacar la desigualdad social, conectando a personas y oportunidades,
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privilegiando a aquellos con menores niveles de renta, aportando también a la reducción de gases de
efecto invernadero.
Para abordar el tema en el área metropolitana de Monterrey, se realizó una recopilación de datos
partiendo el estudio en los datos encontrados por indicador del periodo del 2107 al 2020 en donde se
analizan el desarrollo de indicadores de movilidad urbana sostenible de la ZMM, en la siguiente tabla se
muestra el indicador 3.6.1 de los ODS de la agenda 2030 el cual corresponde al objetivo 3 de salud y
bienestar.
Tabla 1.
Indicadores de movilidad Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS
Indicador

2017
Accidentes viales
77,620

2018
Accidentes viales
80,863

2019
Accidentes viales
76,930

2020
Accidentes viales
64,058

3.6.1 Tasa de mortalidad por
lesiones debidas a accidentes de
tráfico

Heridos:
7,325
Muertes:
237

Heridos:
6,379
Muertes:
249

Heridos:
5,903
Muertes:
219

Heridos:
4,306
Muertes:
223

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2021).
Como se observa en la tabla el porcentaje más alto de accidentes consta del año 2018 y se presenta
una disminución en los años próximos. Se puede apreciar también una disminución en los heridos por
accidentes viales desde el 2017 al 2020 así como un descenso en la mortalidad desde el año 2018.
El elemento primordial es un aumento en el registro de vehículos y una disminución de pasajeros
de transporte público, lo que refleja la crisis de vialidad de la ZMM, en el aumento del parque vehicular
a partir de la mala calidad del transporte público. Por lo que incorporar nuevas estrategias de movilidad
parece indispensable para cumplir con indicadores de movilidad urbana sostenible.
Competencias ciudadanas en Nuevo León, en búsqueda de movilidad urbana digna
Debido a las problemáticas tan preocupantes que se han presenciado en la Zona Metropolitana de
Monterrey (ZMM), el desarrollo democrático se ha visto afectado, por lo que las competencias
ciudadanas han sido un instrumento de gran ayuda, pues hay que recordar que este concepto radica en
los ejes del conocimiento y en la capacidad de actuación (Murillo &amp; Castañeda, 2007).

Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.

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Asimismo, es importante tomar en cuenta que estas competencias ayudan al establecimiento de
valores tales como la convivencia y la paz, la pluralidad, pero, sobre todo, y en lo que va encaminado
este estudio, a la participación ciudadana y responsabilidad democrática. Pues si bien es importante una
mejor convivencia, el desarrollo moral de los ciudadanos resulta imprescindible para la realización de
acciones que demuestren preocupación y la búsqueda del bien común.
En este sentido, el Estado de Nuevo León ha sido testigo de un instrumento que conlleva la
utilización de competencias ciudadanas, el cual es la organización de la sociedad civil “¿Cómo Vamos
Nuevo León?”. Esta organización trabaja sobre los ejes de evaluar, debatir y mejorar, a través de la
generación de análisis y datos accesibles acerca de las problemáticas a las que se ve enfrentado Nuevo
León y su área metropolitana (Cómo Vamos Nuevo León, s.f.). Además, también involucran activamente
a la ciudadanía en las evaluaciones que realizan con el propósito de identificar los retos dentro de diversas
áreas tales como la movilidad, salud, servicios públicos, economía, desarrollo urbano, entre otros, y de
esta manera, generar una mayor exigencia por parte de los ciudadanos, para mejorar el debate, el
involucramiento entre individuos y su participación.
En este sentido, el Gobierno de Nuevo León desarrollo un documento ejecutivo del Programa
Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS-ZMM). El cual es un instrumento de planeación, que
vincula el desarrollo urbano con la movilidad, que define de manera precisa las acciones y proyectos de
forma priorizada y eslabonada para ser implementados en una secuencia de corto y mediano plazo, pero
con una visión sustentable de largo plazo, el cual contiene el Programa de Movilidad de la zona
metropolitana de Monterrey al 2040.
Por tanto, la movilidad puede ser estudiada a través de porcentajes que reflejen el estado de la
infraestructura, los sucesos de tránsito, los gastos financieros que ocasiona y logra recaudar el sistema de
movilidad, las rutas de los diferentes transportes públicos tales como Transmetro, Metrobús y Metrorrey,
los accidentes viales que ocurren y el índice de mortalidad, la cantidad de unidades que existen y cuál es
la operación que llevan a cabo todos los días de la semana. De esta forma, se busca crear una estrategia
de movilidad efectiva que permita la creación de un sistema integrado de transporte público que este
satisfaciendo las necesidades de la población. Mientras se atienden problemáticas relacionadas a la
congestión vehicular, el índice de mortalidad y de accidentes diarios, las tarifas del transporte, los tiempos
de espera de pasajeros y la calidad del aire.

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5.-CONCLUSIONES
A manera de conclusión, se puede afirmar que se pueden efectuar estrategias efectivas de movilidad así
como se establece en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y el Programa Integral de Movilidad Urbana
Sustentable, los cuales establecen la visión, los mecanismos, las políticas y los programas que se estarán
implementando, por lo que su objetivo general es el de ampliar y mejorar la oferta y operación de los
sistemas de movilidad en el Estado, articulando cadenas de viaje sostenibles, asequibles e incluyentes,
mediante los siguientes resultados específicos:
 Desarrollar infraestructura para la movilidad no motorizada: incorporar ciclovías, sistemas de
bicicleta pública y vehículos de movilidad personal, para mejorar la conectividad y experiencia
del transporte público sustentable.
 Resolver puntos de conflicto vial, modernizando la infraestructura y equipamiento urbano de los
espacios abiertos y favoreciendo la seguridad vial.
 Promover la conectividad peatonal incluyente y segura.
 Promover el derecho del uso pacífico de la vía pública, adoptando medidas para garantizar la
inclusión, funcionalidad y movilidad sustentable de la vía pública.
 Reestructurar y aumentar la oferta de transporte público de manera integrada y que sea amigable
con el medio ambiente, para lograr una mayor eficiencia, accesibilidad y asequibilidad. Regenerar
el sistema de transporte Ecovía y conectarlo con las líneas de transporte masivo.
 Mejorar la interconexión carretera y las vialidades entre y dentro de las regiones del estado para
potenciar un desarrollo regional y urbano más equilibrado.
 Mejorar la operación de la red vial mediante la implementación de sistemas de control de tránsito.
 Realizar acciones de vinculación con la academia, sociedad civil y sector privado para la
elaboración de instrumentos de planeación y regulatorios.
 Incrementar la cooperación con las autoridades municipales para brindar mantenimiento a las
calles y avenidas que se encuentran en malas condiciones.
 Impulsar la coordinación metropolitana para la reconstrucción de caminos en el sur.
A través de las competencias ciudadanas que logran ser de mucha utilidad con los reportes y los
índices que presentan; de esta forma, se complementa la relación entre los individuos y el gobierno, pues
debido a estas prácticas es que se logra promover la accesibilidad y la cobertura de datos, para
incrementar el nivel de calidad en los sistemas de transporte público urbano en la ZMM.
Movilidad urbana como vía para el desarrollo sostenible: Caso Nuevo León.

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En cuanto a los resultados de los indicadores en la ZMM se concluye la urgencia de estrategias
para incrementar el uso del transporte público por parte de los ciudadanos para evitar el aumento de
vehículos, que a su vez contribuye a la disminución de la calidad en las horas de transportación, así como
en la calidad del aire de las ciudades y zonas metropolitanas.
Por último, es necesaria la implementación de más programas de cultura vial al conocer la
cantidad de muertes por accidente de tráfico, lo cual repercute en la movilidad del día a día de los
habitantes de la ZMM. Además, es imprescindible la ampliación y mejoramiento de rutas de transporte
urbano, asegurar convenios con empresas la transportación en masa de sus empleados y por supuesto la
construcción de las líneas de metro que conectan la ZMM. Pues el déficit de estas para la cantidad de
población muestra el retraso en el cual se encuentra la zona urbana, a partir de la participación ciudadana
y estrategias concretas y orientadas a la planeación urbana se puede lograr los ODS.
REFERENCIAS
Chambueta, A. (2021). Fomento de competencias ciudadanas desde tópicos filosóficos para lograr
cambios en conductas pro-ecológicas. [Tesis de licenciatura]. Universidad Pedagógica Nacional.
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Aproximación
al
ciberactivismo
Latinoamérica en el siglo XXI1

feminista

en

Approach to Feminist cyberactivism in Latin America in the XXI century
Paola Viviana, Pila Guzmán2; Olga Nelly, Estrada Esparza3
RESUMEN
El propósito de este trabajo es dar a conocer las principales tendencias latinoamericanas
del ciberactivismo feminista a partir de una profunda revisión bibliográfica sobre esta
importante temática dentro de los estudios de género, los estudios políticos y de
movimiento sociales. Con base en una primera aproximación teórica al ciberactivismo, se
analizaron las diferencias entre los conceptos de ciberactivismo feminista y el
ciberfeminismo. A partir de ello se ubicaron las conexiones históricas entre este activismo
digital, de redes y el movimiento feminista contemporáneo. Posterior se caracterizaron las
principales tendencias de la agenda ciberactivista feminista de la última década y sus
principales banderas de lucha y posicionamiento político. Entre las principales
conclusiones, se puede observar un resurgimiento del movimiento feminista en una cuarta
ola marcada por las transformaciones tecnológicas, el cual se vale de ellas para su accionar
ciberactivista y la irrupción en las agendas políticas latinoamericanas y mundiales.
Palabras claves: ciberactivismo feminista, ciberfeminismo, feminismo, Latinoamérica,
redes sociales.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 25/6/2022
Fecha de revisado: 10/7/2022
Fecha de aceptado: 7/11/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The purpose of this work is to present the main Latin American trends of feminist
cyberactivism from a deep bibliographic review on this important issue within the gender,
political and social movement studies. Based on a first theoretical approach to
cyberactivism, the differences between the concepts of feminist cyberactivism and
cyberfeminism were analyzed. From this point, the historical connections were located
between this digital and network activism and the contemporary feminist movement.
Later, the main trends of the feminist cyberactivist agenda of the last decade and its main
flags of struggle and political positioning were characterized. Among the main
conclusions, we can see a resurgence of the feminist movement is observed in a fourth
wave marked by technological transformations, which uses them for their cyberactivist
actions and the irruption in the Latin American and worldwide political agendas.
Keywords: feminist cyberactivism, cyberfeminism, feminism, Latin America, social
networks.

Cómo referenciar este artículo:
Pila Guzmán., P., V. &amp; Estrada Esparza., O., N. (2023). Aproximación al ciberactivismo feminista en
Latinoamérica en el siglo XXI. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 20-41.
https://doi.org/10.29105/pgc9.17-1

Este artículo es producto del proyecto de investigación de tesis de Doctorado “Factores que influyen en la implementación de las políticas públicas de inclusión económica de las
mujeres en el Ecuador”. Iniciado en 2019 y actualmente en proceso.
2
Magister en Desarrollo Local y Territorial por FLACSO Ecuador. Estudiante de Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
Integrante de la Red de Politólogas. Email: paolapilaguzman@gmail.com Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3443-6836.
3
Doctora en Humanidades con especialidad en Estudios de Género y Discurso Político por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesora e Investigadora de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, México. Email: olganellye@yahoo.com Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3400-569X.
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1.- INTRODUCCIÓN
En los últimos veinte años el mundo ha vivido una revolución científica y tecnológica que ha tenido
como consecuencia la transformación de las relaciones humanas a nivel microsocial y macrosocial. Estos
cambios rápidos se han dado gracias a saltos cualitativos y cuantitativos dentro de la industria
tecnológica, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones y con énfasis en las diferentes plataformas
de redes sociales. Si bien existen avances de carácter científico muy complejos y fuera del alcance de las
masas, herramientas tales como los teléfonos inteligentes o smart phones, las redes sociales y las
plataformas digitales se han convertido en espacios habitados por las personas y especialmente la
juventud. Esto ha traído como efecto un aumento en la convivencia virtual, es decir, las relaciones
sociales, económicas, culturales, educativas y políticas se han asentado en el ciberespacio y más ahora
en medio de la pandemia del COVID-19.
El gran impacto, aceptación y alcance que han tenido las nuevas tecnologías de la comunicación
en la última década, ha generado complejos procesos de interacción humana, social, económica, cultural
y política, permeando las fronteras offline para inscribirse dentro del espacio ciber: sin fronteras, sin
tiempo, en red, horizontal, poscuerpo y posgénero (Binder, 2019). En este sentido, la presencia de
mujeres como actoras sociales y la lucha por el reconocimiento de sus demandas y particularidades, se
evidencia en el desarrollo de nuevas estrategias de acción en el ciberespacio (Aguilar – Forero, 2017;
Battocchio, 2014; Betancourt, 2012; Cortez y Garzón, 2017; De Ugarte, 2007; Rueda, 2013).
En Latinoamérica, el feminismo como movimiento social histórico ha intensificado sus discursos
contra la violencia de género, sobre todo contra la violencia sexual, el femicidio y la prohibición del
aborto. Las luchas latinoamericanas contemporáneas se han vuelto visibles a través del accionar colectivo
por medio de las redes sociales y las herramientas comunicacionales, ya que estas han sido impulso y
soporte a una cuarta ola feminista a nivel mundial y regional. El ciberactivismo de los grupos feministas
ha posicionado una agenda ligada a la conciencia social crítica frente a la desigualdad y la violencia que
viven las mujeres, sobre todo en contextos como los del sur global.
En este marco, el presente artículo tiene como objetivo conocer las principales tendencias del
ciberactivismo feminista en América Latina en la última década; para ello, en primera instancia se
considera necesaria la reconstrucción del concepto de ciberactivismo y sus implicaciones tecnológicas y
sociales. En un segundo momento se analizan las confluencias y las divergencias entre el ciberfeminismo

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y el ciberactivismo feminista. En un tercer apartado se indaga en cómo la cuarta ola y el ciberactivismo
feministas se han convertido en aliados inseparables para la transformación social a través de un discurso
pro-mujeres, pro-diversidad y de alto a la violencia de género en la región. Finalmente, en el cuarto
apartado se intenta reconstruir la agenda ciberfeminista latinoamericana de la última década, sobre todo
con base en las experiencias de México y Argentina, así como sus proyecciones a futuro. Como uno de
los principales hallazgos, se identifica al ciberactivismo como una nueva forma de participación política
masiva, la ciber-ciudadanía y al feminismo como un movimiento social renovado que aprovecha la
virtualidad como un territorio de lucha en el marco de las reivindicaciones de la cuarta ola feminista,
deviniendo en el ciberactivismo feminista.
2.FUNDAMENTO TEÓRICO
Aproximación conceptual al ciberactivismo
Siguiendo a Castells (2009) con el surgimiento y avance del internet, emerge una nueva forma de
comunicación caracterizada por la intensiva capacidad de enviar y recibir mensajes en tiempo real o en
tiempo concreto. En palabras de Gómez Díaz de León (2018), el desarrollo extraordinario de las
telecomunicaciones y la información digital, son una ventana para la interacción ciudadana, ya que
proporciona mayores espacios de comunicación, reflexión, organización e intervención en los asuntos
públicos. En esta misma línea Cortez y Garzón (2017) plantean que el desarrollo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), tuvieron como efecto la aparición de medios de comunicación
no convencionales, los cuales permiten la expresión de la sociedad y de las organizaciones en su objeto
de manifestar y difundir de forma masiva sus mensajes, lo que se denomina ciberactivismo.
Para De Ugarte (2007), el ciberactivismo son aquellas estrategias que persiguen cambios en la
agenda pública a través de la difusión de un determinado mensaje y su propagación de forma verbal,
multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal. Es por ello que existen
dos momentos de su puesta en escena: el primero que es la propagación de una idea y, en segundo lugar,
la creación del debate social virtual. En esta misma línea, Rheingold (como se citó en Betancourt, 2012)
entiende a los ciber activistas o multitudes inteligentes como un fenómeno del nuevo régimen tecnosocial que está formado por personas capaces de actuar conjuntamente a pesar de no conocerse y además
encontrarse en diferentes lugares del mundo. Estas nuevas formas de conexión han dado lugar a códigos
de organización, acción social, cultural y política antes no conocidas y que ahora se apoyan en las
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tecnologías. El ciberactivismo es por lo tanto una forma de organización colectiva, de protesta pacífica
y denuncia constante que a través de su accionar define temas de la agenda pública, cuyo posicionamiento
depende del impulso masivo, la presión y la fuerza que ejerce un movimiento transfronterizo (Battocchio
2014).
El uso y la apropiación de diversas tecnologías digitales, la creatividad político-cultural basada
en la invención de lenguajes expresivos y otras maneras de incidencia que potencian la acción colectiva
son la base del ciberactivismo (Aguilar – Forero, 2017). Para Rueda (2013) este puede ser entendido
como una serie de dispositivos con potencialidad para la expansión de la subjetividad, la toma de la
palabra y del ejercicio ciudadano, o ciber ciudadanía, donde en general, pero no de forma exclusiva, las
generaciones jóvenes se relacionan y crean escenarios posibles de y para la acción común, lo que
evidencia su carácter evidentemente político (Cortéz y Garzón, 2017; Rueda, 2013).
A juicio de Battocchio (2014) las estrategias del ciberactivismo se hacen visibles en el uso de la
red y la telefonía móvil, por la practicidad y la inmediatez de la reproducción masiva de contenidos,
donde el objetivo es difundir un mensaje valiéndose de las nuevas tecnologías y las ventajas que estas
prestan en tanto velocidad, viralidad, horizontalidad, atemporalidad, desterritorialización, etc. Con este
accionar se hacen visibles problemáticas que a la par se transforman en debates masivos y entran en la
agenda gracias a la participación colectiva (De la Garza – Montemayor, Peña – Ramos y Recuerdo –
López, 2019; Fernández y Paniagua, 2012).
Como lo hace notar Fernández (2012), el ciberactivismo es sinónimo de la protesta electrónica,
e-protest o netactivismo, entendido como la acción política no convencional del cual forman parte los
bloqueos, las campañas, concentraciones, reivindicaciones, sabotajes, marchas y la desobediencia civil,
propias de los nuevos movimientos sociales como feministas, ecologistas, pacifistas o alternativos. Cabe
anotar que en la actualidad las estrategias de activismo en la red también han sido y son usadas por grupos
que no siempre defienden valores positivos o con base en los derechos humanos (Castells, 2001).
Por lo tanto, esta estrategia digital es producto del empoderamiento ciudadano y la puesta en
evidencia de su criticidad e indignación, que ha encontrado un canal para colectivizar las luchas
individuales y situadas en demandas colectivas e internacionales. Entre las potencialidades del uso del
ciberactivismo por parte de los nuevos movimientos sociales, se plantean: la visibilización internacional
de las carencias como estrategia efectiva y de gran impacto y la capacidad de convertirse en contrapeso
de los Estados por su imposibilidad de luchar contra las plataformas puesto que trascienden sus
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.

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capacidades (Soengas y Assif, 2017). En esta última idea se puede identificar la diferencia entre el
activismo digital y la participación, pues esta última utiliza las nuevas tecnologías para posicionar ideas,
en contraste con el primero que nace y se propaga por internet y redes de comunicación móvil pudiendo
consolidarse posteriormente en espacios físicos (González, Becerra y Yánez, 2016).
En este punto, siguiendo a Denning (2001), es necesario diferenciar al ciberactivismo de otras
acciones que están en el espectro de actividades que emplean el internet como herramienta para influir
en la política: hackativismo o desobediencia civil electrónica (electronic civil desobedience) y el
ciberterrorismo o ciberguerra. En el caso del hackativismo consiste en la combinación del activismo con
el hacking y se expresa en el hackeo de páginas, el bombardeo con correos electrónicos, la alternación
de contenidos de páginas web y la transmisión de virus para romper ordenadores o destruir sistemas
(cracking). El ciberterrorismo se da por la convergencia entre el ciberespacio y el terrorismo. Estas dos
se diferencian del ciberactivismo en la medida en que este último usa el internet de forma no destructiva
en función de una causa u objetivo.
Una tercera diferenciación se da entre ciberactivismo y tecno-política, dos categorías que pueden
ser parte de un mismo fenómeno, pero que se construyen con base en características diferentes. En
palabras de Toret (2013), la tecno-política es la capacidad colectiva de las multitudes conectadas a través
de las redes de hacer un uso táctico de las herramientas digitales para la organización comunicación y
acción. Hace por lo tanto alusión a la creación de una estructura arquitectónica, la cual toma el significado
de la plaza, la calle, el lugar de encuentro de las diversas manifestaciones virtuales. Un ejemplo de ello
son las etiquetas o en inglés hashtag, que se asume como el lugar común del sentimiento, el sentido de
la acción colectiva. El ciberactivismo puede consolidar estrategias tecno-políticas cuando irrumpe en los
diálogos y debates sobre determinados temas, creando nichos para la creación de nuevos problemas
públicos que deben ser atendidos, rompiendo con el statu quo.
Finalmente, como se ha revisado el ciberactivismo es una herramienta ante el colapso de los
sistemas políticos tradicionales, irrumpe a través de una revuelta de la imaginación y presenta nuevas
narrativas ante las dominantes. En palabras de Sierra – Caballero (2018) las nuevas formas de protesta a
través del ciberactivismo son interrupciones a la lógica de acumulación de información y de dominio de
los Estados y los medios de comunicación, definiendo a una oposición que es una interferencia directa a
la repetición jerárquica y centralizada de las ideas.

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Feminismo, ciberfeminismo y ciberactivismo feminista
Al profundizar en el tema del ciberactivismo feminista y el ciberfeminismo aparecen tres corrientes que
necesariamente deben ser contempladas. Una primera hace alusión al ciberfeminismo desde la
concepción del desarrollo artístico con las propuestas del pos-cuerpo y pos-género, evidenciadas por
ejemplo en la obra del colectivo australiano Matrix VNS: Manifiesto Ciberfeminista para el siglo XXI.
Paralelo y con una misma línea argumentativa, el activismo feminista asentado en la manifestación
virtual del cuerpo fue conceptualizado por Donna Haraway en Manifiesto Cyborg de 1984 (Sádaba y
Barranquero, 2019). El ciberfeminismo del pos-cuerpo parte de la premisa de una constante
representación mediada por las pantallas y el arte como mediador de dicha fantasía representativa. En
este marco, el internet y las prácticas creativas artísticas aparecen como mecanismo para la construcción
crítica de una identidad y una subjetividad, que se aprovecha de la red como un espacio para este proceso
de liberación del cuerpo, concibiéndolo como un territorio ciborg y posgénero (Zafra, 2018).
Una segunda entrada para la comprensión del ciberfeminismo se da desde los estudios tecnosociales feministas o denominados también como estudios de la ciencia, la tecnología y el feminismo.
Las autoras más representativas son Sandra Harding y Sadie Plant. Esta última en su libro Ceros + unos.
Mujeres digitales + la nueva tecnocultura (1998) realiza una crítica a la negación que se hace desde la
historia de la tecnología a la importancia de la mujer en su desarrollo. Se ejemplifica y argumenta esta
aseveración a partir de la importancia de Ada Lovelace, una matemática del siglo XIX, a quien poco se
reconoce por el trabajo sobre la calculadora y el desarrollo del primer algoritmo destinado a ser procesado
por una máquina (Plant, 1998). Por lo tanto, el ciberfeminismo desde esta corriente está orientado a la
crítica feminista de la invisibilización de las mujeres dentro del mundo de la tecnología, a la denuncia de
patrones patriarcales y masculinistas en los cuales ha sido creada, narrada y reconocida la ciencia y la
informática, planteando una necesaria interpretación de ésta en términos de relaciones de poder
(González, 2001).
Esta crítica feminista a las relaciones entre tecnología, poder y mujeres ha sido denominado por
Fernández y Wilding (2006) como nuevo feminismo. Actualmente existen varios colectivos
ciberfeministas que realizan sus propios encuentros de programadoras o hackatones, desarrolladoras de
softwares con enfoque feminista, grupos y asociaciones de científicas de datos y analistas que comparten
información y conocimientos y se consideran a sí mismas ciberfeministas por su aporte para transformar
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.

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las estructuras profundamente machistas de la tecnología (Binder, 2019). Algunos ejemplos son: En
Redadas (Nicaragua), Luchadoras (México), PyLadies (Latinoamérica), Girls in Tech (Chile, Argentina,
Colombia, Brasil), Laboratoria (Perú), Geek Girls (El Salvador), Epic Queen (México), así también
Ciberfeministaslatam que agrupa a varios colectivos de la región (Benítez – Eyzaguirre, 2019).
La tercera corriente tiene que ver con el uso de redes sociales y espacios virtuales para la
manifestación de las demandas del movimiento feminista. Siguiendo a Moliní (2020) la incorporación al
ciberespacio y el uso de las redes desde una perspectiva ciberactivista feminista es un fenómeno reciente
para el movimiento; sin embargo, a mediados de la década pasada ya se hablaba de un ciberfeminismo
social (de Miguel y Boix, 2013)
Este ciberactivismo feminista tiene que ver con la conexión de los movimientos antiglobalización
y antineoliberales y los grupos de defensa de derechos humanos, quienes establecieron puentes con los
movimientos sociales tradicionales y el feminismo, promulgando un uso estratégico de las tecnologías y
el internet para el logro de la transformación social. De acuerdo con Sosa, Galarza y Castro (2019) el
feminismo actual ha asumido la acción comunicativa como uno de sus ejes fundamentales de
reivindicación, así como una línea discursiva propia ante las transformaciones sociales y su impacto
sobre las sujetos mujeres, estos nuevos embates, demandas y entornos son parte de lo que ha sido
considerado como la Cuarta Ola Feminista (Cobo, 2019).
En palabras de Zafra (2018), el ciberactivismo feminista a nivel global basa sus acciones en una
estructura horizontal como la del internet, que representa un poder des-jerarquizado por su
funcionamiento en red, lo cual favorece la desaparición de límites entre lo público y lo privado mientras
vuelve visible y politiza aquello que antes era silenciado. Siguiendo a esta misma autora, ahora las
voceras son las que antes estaban silenciadas y generalmente no organizadas, por lo tanto, el activismo
en redes posibilita y promueve el posicionamiento entre individuos y entre iguales, reconociendo que las
mujeres jóvenes son quienes generalmente están en mejores condiciones para este accionar debido a su
cercanía con la tecnología.
Entre los insumos más usados por el ciberactivismo feminista se destacan las redes sociales, las
cuales han demostrado ser una herramienta notable y significativa para el activismo ciudadano, pudiendo
ser plataformas para la difusión de mensajes de carácter institucional, político o publicitario a bajos costos
(Sádaba y Barranquero, 2019). Tanto grupos feministas organizados offline como online son usuarios
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asiduos de estas herramientas para comunicar y posicionar sus demandas. Así también, las instituciones
más formales como la cooperación internacional, instancias estatales y organismos de derechos de las
mujeres usan las redes como medios de difusión y debate para la generación de problemas públicos y el
establecimiento de una agenda, creando una vida cívica online (Bennett, 2007). En palabras de Zafra
(2018) los mayores logros y movilizaciones del feminismo actual no han sido por las formas de
representación, sino gracias a la potencia de la alianza entre mujeres y feministas en internet.
Entre las críticas desde el propio ciberactivismo feminista y el ciberfeminismo al uso de las redes
y la virtualidad como territorio para el debate político, existen posturas de contradicción. Siguiendo a
Reverter y Medina (2020), a pesar de la tendencia a considerar al internet como una herramienta
democratizadora de la información, el ciberespacio no está libre de elementos que sostienen un sistema
inequitativo. El uso indiscriminado de campañas de marketing denominadas como “feministas” por
grandes empresas, o la mercantilización del empoderamiento de las mujeres a través del consumo, son
solo dos ejemplos del uso de las plataformas de manera hegemónica y sin crítica.
El ciberfeminismo también comprende que la tecnología es otro espacio en el cual las mujeres
han sido relegadas y donde los roles de género siguen marcando las pautas de comportamiento para
quienes se relacionan en él, dejando por mucho alejado el paradigma del poscuerpo y posgénero (Binder,
2019). Entre otras críticas también se identifica la brecha digital entre hombres y mujeres, la falta de
acceso a internet, la diferente calidad del servicio, la contraste en el acceso entre la población de países
industrializados y países pobres, entre la población urbana y rural y la intermediación de las condiciones
de género, raza, clase e identidad (Benítez-Eyzaguirre, 2019; Rovetto, 2015; Zafra, 2018).
El ciberfeminismo y el ciberactivismo feminista por lo tanto pueden ser comprendidos como una
forma de acción política feminista, con sus diferencias por las formas de activismo desarrollado en cada
una. Sin embargo, dentro de la virtualidad pueden juntarse muchas veces a través del desarrollo de
tecnologías, plataformas, aplicaciones, hackatones y el encuentro con las usuarias que desde una misma
perspectiva feminista hace uso de dichas tecnologías. Tanto el ciberactivismo feminista o ciberfeminismo
social y el ciberfeminismo comparten el mismo punto de partida: hay que evitar que se reproduzca el
sistema patriarcal en el ámbito digital (Benítez – Eizaguirre, 2019).
Una cuarta ola feminista - ciberactivista

Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.

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Siguiendo a Varela (2019), las tres primeras olas del feminismo transcurrieron entre los siglos XVIII y
XX. La primera ola tiene como principal característica la denuncia social de las mujeres ante el
desconocimiento de sus derechos en plena ilustración europea, así la vindicación de su presencia en todos
los ámbitos fue la principal propuesta. La segunda ola estuvo marcada por la presencia del discurso
sufragista y los derechos políticos de las mujeres del siglo XIX; su epicentro se ubicó en Inglaterra como
en Estados Unidos, teniendo efectos evidentes en el resto del mundo, incluyendo a Latinoamérica (Rodas,
2009). Así también, la tercera ola del feminismo tuvo sus inicios en la posteridad de la segunda guerra
mundial y las grandes temáticas abordadas fueron aquellas relativas a la reinserción de las mujeres en la
domesticidad de lo privado (Friedan 1965), el aparecimiento de las propuestas del feminismo radical, el
feminismo de la diferencia y feminismo institucional (Varela, 2019).
Una cuarta ola feminista, en la perspectiva de Cobo (2019), se pone de manifiesto a partir de la
conversión del feminismo en un movimiento de masas, evidenciando así su capacidad para crear
significantes sociales comunes, en este caso, la necesidad de justicia para las mujeres en todos los
rincones del planeta. En palabras de Varela (2020), el fenómeno de la cuarta ola feminista es producto
del hartazgo de millones de mujeres en el mundo que han reaccionado frente a la opresión, la
discriminación y la violencia generalizada. El fenómeno mundial del feminismo de la cuarta ola se da en
un contexto de crisis civilizatoria global (García, 2018). Para las autoras antes mencionadas, esta nueva
ola llega alimentada por la herencia histórica feminista, las redes sociales y la toma de conciencia de las
nuevas generaciones, mostrando la fortaleza y la vigorosidad de un movimiento que ha tomado una forma
diversa, intergeneracional y globalizada.
En palabras de Díaz – Romero (2019) y García (2018), la cuarta ola feminista cuestiona el sistema
de dominación conformado por el patriarcado, el Estado y el capitalismo en su forma neoliberal que
directamente asesina a buena parte de los sectores sociales por el simple hecho de ser mujeres o parte de
las identidades sexuales disidentes. Además, pone en entredicho los dispositivos que gobiernan la
sexualidad, la división sexual del trabajo y la reproducción, cuestionando el orden establecido y
reaccionando con nuevas y diversas estrategias de denuncia y posicionamiento político.
Icart (2020) define a la cuarta ola feminista como un feminismo de mayorías, Un feminismo del
99%, en el cual se conectan activistas antirracistas, ecologistas, trabajadoras y trabajadores, así como
emigrantes, lo cual permite el desarrollo de una ética radical y transformadora, donde mujeres y hombres
vivan en una sociedad con alta moral para disminuir la desigualdad, la violencia de género y sobre todo
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generar un carácter donde reinen los valores humanos, como lo proponía Cortina (1986). En este sentido,
un nuevo feminismo aparece con nuevas características, que lo diferencian de las tres olas anteriores.
Una de ellas es la presencia de mujeres muy jóvenes y que solamente de manera posterior a las
movilizaciones se integran a organizaciones feministas, dejando atrás aquel feminismo ilustrado propio
de las olas previas (Icart, 2020; Varela, 2020).
Otra característica es el papel fundamental de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Su uso
estratégico para la difusión de mensajes, debates y el ejercicio de presión política, muestran la disposición
de las feministas para mantener un movimiento global que remueva los cimientos patriarcales (Cobo,
2019) y corrobore en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y transnacional (Icart, 2020).
Una tercera característica es la crítica al neoliberalismo como modelo económico, político y social,
haciendo hincapié en los problemas estructurales como la feminización de la pobreza, la precariedad del
trabajo de las mujeres, la violencia de género, el racismo, etc. (Varela, 2020). Juntas estas tres
características constituyen un aparataje para la emergencia de discursos para la resistencia y deviene
directamente en una transformación profunda de hacer activismo y política por parte de un movimiento
social renovado y a la vez con conciencia histórica.
Como muestra la literatura, la cuarta ola feminista y el ciberactivismo feminista van de la mano,
pues el movimiento social internacional ha fraguado y se ha fortalecido como actor político en medio de
otros procesos que lo alimentaron. Siguiendo Varela (2020), se pueden mencionar varios ejemplos de
este movimiento: ya en el año 2010 en Grecia se escuchó la consigna Ni una sola durante la crisis en
medio de las movilizaciones frente a las políticas de austeridad. En el mismo año en El Cairo durante las
revueltas desencadenadas en la denominada Primavera Árabe, se conoció a nivel internacional el caso de
“la chica del sujetador azul” que sumó a miles de mujeres en las plazas de Egipto para rechazar los abusos
contra las mujeres. En la India, las movilizaciones anti-violación y la campaña #Direnkadin (mujeres que
resisten) en el 2012. En Latinoamérica, en el año 2011, en Chile y Colombia se desarrollaron las
movilizaciones por el derecho a la educación pública. En México el movimiento #YoSoy132. En
Ecuador, en el año 2012 tuvo lugar la gran Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos
encabezada por indígenas y campesinos (Ortiz, 2016). En otros rincones del planeta como en Madrid, se
dio el movimiento 15M y, en Estados Unidos el movimiento Occupy Wall Street también en 2011. Lo
común de todos estos eventos es su crítica al statu quo, la convocatoria a través de mensajería y redes
sociales y la fuerte presencia de las mujeres.

Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.

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El movimiento feminista transitó de manera protagónica a través de estos sucesos, adquiriendo y
reforzando habilidades sobre el uso de las redes y el ciberespacio para efectos de acciones políticas y
despliegues offline. Los aprendizajes y los frutos se pueden ver en los procesos de movilización
autónomos desarrollados a nivel mundial por la despenalización del aborto, la erradicación de los
femicidios, contra la violencia de género, contra el acoso sexual, por la dignidad laboral de las mujeres,
contra el patriarcado, contra el Estado cómplice de las violencias hacia las mujeres y la población
LGBTIQ y muchas otras consignas viralizadas en el mundo con etiquetas tales como #Sevaacaer,
#NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, #YoSiTeCreo, #NoNosCallamos, #SomosTuManada, #MeToo
(García, 2018). Las nuevas agendas feministas se han consolidado gracias a las innovadoras estrategias
de autoorganización y articulación a través de las redes sociales, de allí que se identifiquen inéditas
formas de movilización política, alimentadas por el discurso del “¡no más!” (Díaz – Romero, 2019).
Agenda del ciberactivismo feminista latinoamericano
En el mes de julio del año 2014 se activó en México la colectiva feminista denominada Mujeres
Grabando Resistencia, quienes a través de una campaña de difusión masiva vía Facebook puso en
evidencia la situación de emergencia en la cual se encuentran las mujeres en este país ante la ola de
femicidios, violencia y la prohibición simbólica del uso de los espacios públicos ante las amenazas. La
campaña gráfica denominada #VivasNosQueremos tuvo acogida no solo a nivel nacional, sino también
en varios países latinoamericanos e incluso en Europa (Rovetto, 2015).
Siguiendo a Laudano (2018a) las movilizaciones más importantes de los últimos años a nivel
regional impulsadas por el ciberactivismo feminista estuvieron marcadas por las demandas a los Estados
para responder ante los femicidios y las desapariciones. Las campañas argentinas #NiUnaMenos en el
año 2015 y #Yoparo8M y #MujeresEnHuelga en el año 2017 fueron eventos emblemáticos en los niveles
tanto online como offline. Estos eventos tuvieron fuertes repercusiones en los años posteriores y podrían
considerarse, junto con la campaña #VivasNosQueremos, como el parteaguas para una nueva tendencia
en el ciberactivismo de los grupos feministas latinoamericanos.
Como ya se ha planteado, el activismo en redes no implica simplemente la puesta en la escena
virtual de un tema, sino también, el debate público y su posicionamiento para que ese tema sea incluido
en la agenda política (Battocchio, 2014; De Ugarte, 2007; Fernández y Paniagua, 2012), lo cual involucra
una planificación organizada, tanto a través de las redes como por fuera de ellas.
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La campaña mexicana #VivasNosQueremos estuvo sostenida por el colectivo impulsor y otros
varios que se sumaron a la iniciativa por alrededor de siete meses. En el mes de febrero de 2015 los
colectivos difundían los logros obtenidos a partir de su posicionamiento tanto a nivel virtual como en las
calles y plazas, mostrando murales colectivos, así como imágenes producidas con programas
informáticos. La acción iniciada en México tendría varias réplicas a nivel internacional en el mismo año
y en años posteriores. En Argentina tuvo su cúspide el 25 de noviembre de 2015, Día internacional de la
no violencia contra las mujeres (Laudano, 2017). Con base en Araúz (2018), en el caso de Ecuador,
#VivasNosQueremosEc se posiciona en redes el 25 de noviembre de 2017 a través de la convocatoria a
una marcha por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pasando de ser un espacio de
civismo online (Bennett, 2007) a consolidarse como una estrategia tecnopolítica (Toret, 2013) con
efectos en la agenda pública por la presión tanto online como offline.
La campaña argentina #NiUnaMenos del año 2015 tuvo alrededor de 23 días de gestación, esto a
partir del femicidio de una adolescente de 14 años y un primer twitt producto de la indignación de una
periodista, lo cual llevó a grandes movilizaciones en las calles, la viralización y tendencia en las redes
Facebook y Twitter y una serie de tácticas y e-tácticas para el posicionamiento de la problemática a nivel
nacional e internacional. El impacto de esta manifestación tuvo como resultado que alrededor de 400.000
personas se congregaran y demandaran atención ante los sucesos de violencia de género y femicidio en
toda Argentina el 3 de junio del mismo año (Laudano, 2018a; Rosales, 2018).
Las características sui géneris de esta campaña hizo que tenga acogida en grandes y diversos
grupos de la población, entre ellos artistas, candidatas y candidatos en campaña, organizaciones
tradicionales del movimiento de mujeres, etc., que se sumaron a la petición de una declaración de
emergencia social en materia de violencia contra las mujeres en todo el territorio argentino, sumando
además la demanda histórica de una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Rovetto, 2015). Este
último tema tomó fuerza a partir de esta fecha para posteriormente posicionarse por sí solo dentro de la
agenda pública nacional y regional con la denominada Marea Verde. A nivel internacional, la campaña
#NiUnaMenos tuvo gran acogida, sobre todo por la e-táctica del marco diseñado para las fotografías de
Facebook, el cual fue utilizado en países como El Salvador, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile y México
en el contexto de indignación y paralelas movilizaciones contra el femicidio (Terzian, 2017).
El 8 de marzo de 2017, Día internacional de la Mujer, el llamado #8M, tuvo como antecedente
las movilizaciones del 25 de noviembre por el Día internacional de la no violencia contra las mujeres,
donde se empezó a convocar para un gran paro internacional en diversos países de Latinoamérica y del
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.

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mundo. En Argentina, país que fue el epicentro de la iniciativa en la región, la organización duró
alrededor de cuatro meses. Varios fueron los impulsos internacionales que recibieron el movimiento
feminista y de mujeres a nivel regional, entre ellos el Paro de las mujeres en Polonia por la pretensión de
la penalización del aborto en todos los casos, esto sumado a la Marcha de las Mujeres en Washington
contra Donald Trump en enero de 2017. Como resultado, se dieron alrededor de 600 manifestaciones
simultáneas de mujeres organizadas en los cinco continentes con una intensa participación en redes
sociales con la etiqueta #YoParo8M que rápidamente fue tendencia en Twitter (Laudano, 2018a). Más
de 55 países alrededor del mundo se habían sumado al Paro Internacional de las Mujeres bajo el lema “la
solidaridad como arma”, con el cual las mujeres y las feministas reivindicaban su carácter de sujeto
político internacional con plena legitimidad en la coyuntura actual.
El paro estuvo convocado con el objetivo de cesar las labores de las mujeres, sin embargo; una
de las principales demandas de visibilización se marcó en la especificación del paro en el cuidado y el
trabajo no remunerado dentro de los hogares para evidenciar la importancia de estas actividades
generalmente realizadas por las mujeres (Laudano, 2017). El Paro Internacional de las Mujeres del año
2017 solo fue el primero; luego, en los años 2018, 2019 y 2020, las réplicas abarcaron muchos más países
y se abrieron paso no solo en las ciudades capitales, sino que se generalizaron en los territorios. Siguiendo
a Acosta y Lassi (2020), la lucha por la igualdad de derechos ahora se manifiesta año tras año bajo las
etiquetas, #NosotrasParamos, #HuelgaFeminista, #ParoInternacionalDeMujeres, #WomenStrike,
#IWD2020 que se comparten en plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram y que son la
base de las consignas para la convocatoria de concentraciones, marchas y demás acciones del movimiento
feminista. Es necesario en este punto recordar que uno de los últimos recursos que utilizaron las mujeres
antes de la pandemia del COVID-19 y que paralizó a casi todo el mundo fue el potente #YoParo8M, el
cual fue estratégico para ejercer la fuerza discursiva y reconstruir una representación acorde a las mujeres
independientes y empoderadas del siglo XXI.
Sobre las campañas por el derecho al Aborto, el año 2018 trajo consigo una gran movilización a
nivel regional por este tema. En Argentina, las mujeres feministas y no feministas estuvieron en las calles
recuperando la memoria de las Madres de Plaza de Mayo a través del símbolo del pañuelo, pero esta vez,
el pañuelo era de color verde y las redes sociales mostraban tendencias, trending topic, de corazones del
mismo color con las etiquetas #AbortoLegal #AbortoLegalYa. La histórica reivindicación feminista
ligada a la soberanía del cuerpo y a libertad de decidir, estaba nuevamente en la escena pública del
continente (Felitti y Ramírez, 2020).
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La campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada en 2005 y desde
entonces está presente en las reivindicaciones feministas a nivel continental (Felitti y Ramírez, 2020). El
inicio de la Marea Verde, como se autodenomina el movimiento pro-legalización del aborto, se da en el
contexto de movilizaciones feministas en Argentina a partir del año 2015. Sin embargo, lo que finalmente
detonó la indignación de las mujeres fue un twit publicado en la cuenta de un famoso actor en el mes de
enero del año 2018. En el texto el sujeto felicitaba a su expareja por realizarse como mujer al ser madre.
Ante dicha ecuación mujer igual a madre, otra famosa respondió con un twitt en el cual afirmaba haberse
realizado un aborto. Junto con ella, muchas mujeres, desde diversos territorios, edades y contextos, se
sumaron con testimonios, teniendo como respuesta el apoyo del movimiento, pero también el rechazo
por parte de otros grupos (Laudano, 2018b).
En las redes Twitter y Facebook, el tema del aborto fue tendencia alrededor de dos días y este
fue, en palabras de Laudano (2018b), el hito inaugural de una viralización y mediatización de discusiones
sobre la legalización del aborto en Argentina y en muchos países de América Latina. Para el mes de
febrero, la etiqueta #AbortoLegalYa había marcado un récord en Twitter al posicionarse como tendencia
por cuarta vez consecutiva en el año 2018. Esta avalancha virtual tuvo un eco muy fuerte y generó la
movilización de las feministas a nivel regional, llevando los debates online a las calles, donde se podían
ver verdaderas marchas de color verde (una marea verde), con miles de mujeres que apostaban por el
derecho a decidir. El movimiento feminista latinoamericano y especialmente el argentino, recibió con
agrado la aprobación de la legislación a favor del derecho al aborto por parte del Estado argentino en el
mes de diciembre del año 2020, sin embargo, en la mayoría de los países de la región sigue penado por
la ley, por lo que la marea mantiene su vigencia y optimismo ante la posibilidad de alcanzar este derecho.
Todas estas movilizaciones y discursos han servido para ilustrar algunos mecanismos de
resistencia y luchas por el reconocimiento de las mujeres como sujetos sociales con autoridad. Las
feministas de la cuarta ola y las ciberactivistas feministas han acudido a mostrar una imagen de mujeres
empoderadas ante los gobiernos ausentes y los Estados decadentes que, ante sus demandas por una vida
libre de violencia, no han sabido dar respuesta (Estrada, 2012).
Las campañas analizadas, si bien son las más conocidas, no son las únicas que se manejan dentro
de la agenda del ciberactivismo feminista latinoamericano. De acuerdo con Acosta (2020) las temáticas
que concentran la atención en redes como Twitter, Facebook e Instagram, están relacionadas con el
femicidio, el aborto y la autonomía corporal, la espiritualidad femenina, la despatologización del cuerpo
femenino y del ciclo menstrual, esta última temática conocida como ciberactivismo Menstrual, con
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.

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mucha presencia en México. Así también, Franco – Migues (2019) apunta que las redes sociales suelen
ser usadas por las familias de mujeres desaparecidas, sin que esto se considere parte del ciberactivismo
feminista, está dirigido hacia objetivos como la denuncia pública de la violencia machista, que suelen
tener eco en movilizaciones virtuales a gran escala.
Para Gómez y Lozano (2019) el ciberactivismo desde un enfoque feminista implica también la
oportunidad de la recuperación de la memoria histórica, la geografía y la cultura latinoamericana,
haciendo una crítica al feminismo hegemónico occidental a partir del uso de la lengua propia, las
historias, referentes, símbolos y discursos autóctonos, denunciando la heteronormatividad y las
relaciones con el colonialismo a través de las redes. En este marco, los discursos que se realizan a través
de los medios de comunicación y las redes sociales son generadores de opinión, ya que proporcionan
narrativas con cierta intencionalidad de persuadir o dirigir nuevas formas de ver e interpretar al mundo
que nos rodea (Estrada y Herrera, 2018). Es por ello que, el uso y ocupación estratégica de las tecnologías,
además de su progresiva co-construcción tecnosocial con conocimientos ancestrales, espiritualidad
femenina, contenidos exclusivos para mujeres, lenguaje incluyente, denuncia de contenidos violentos y
misóginos, coadyuban para el empoderamiento como agentes de las y los usuarios. Se puede constatar
que las tecnologías y las redes sociales han dado una visión más amplia a las mujeres que las usan y las
ha empoderado con instrumentos de reflexión y redes de apoyo solidario. Se observa que participan a
través de narrativas, discursos, ciberactivismo y que pueden incursionar en la política, en lo artístico y
accionar sus habilidades a la distancia y pertenecer a una colectiva transfronteriza, intercultural y/o de
resistencia contra las violencias de género (Estrada y Zarate, 2018).
Por otro lado, Fernández (2016) señala que el ciberactivismo feminista tiene como objetivo
analizar y discutir los temas que afectan a las mujeres, entre los cuáles está la trata de personas para la
explotación sexual, los Derechos Sexuales y Reproductivos, el aborto, la violencia de género y el
femicidio, las mujeres en el conflicto armado y las perspectivas de paz y no violencia. Es decir, que, para
esta autora, el activismo feminista en redes se trata de la vida y la muerte de las mujeres.
Finalmente, para Benítez – Eyzaguirre (2019), entre las prioridades del ciberactivismo feminista
está la creación de una comunidad, de debates y la convergencia sobre temáticas de tecnología, el uso
estratégico de las TIC y el fortalecimiento del movimiento social y la investigación sobre las prácticas y
las políticas feministas. El activismo desde el espacio y en el espacio ciber, busca la plena participación

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de las mujeres en la sociedad del conocimiento a fin de garantizar la integración y el respeto de los
derechos humanos en el internet.
3. MÉTODO
Diseño
Este artículo se basa en la revisión de literatura especializada sobre el ciberactivismo feminista en
América Latina. Esta revisión ha sido extensa, selectiva y de carácter transversal, identificando
específicamente artículos de difusión académica sobre la temática en la región. Este estudio por lo tanto
responde a un diseño exploratorio, no experimental y de naturaleza cualitativa.
Instrumentos
Este artículo aplicó un análisis documental – bibliográfico con el soporte de herramientas tales como
fichas bibliográficas y mapas conceptuales. El trabajo realizado tuvo como punto de partida la búsqueda
exhaustiva de literatura contemporánea y sobre todo actualizada sobre ciberactivismo, ciberfeminismo y
ciberactivismo feminista en Latinoamérica. La muestra de documentos analizados permitió reconstruir
un panorama del fenómeno en la región, diferenciar conceptos y ampliar el análisis hacia la identificación
de una agenda de movimientos sociales ciberactivistas feministas.
Procedimiento
El procedimiento realizado inició con la identificación de literatura especializada sobre ciberactivismo
feminista y temas relativos tales como ciberactivismo y ciberfeminismo, tomando como referencia
discusiones actualizadas y artículos vanguardistas a nivel latinoamericano. La búsqueda de material
bibliográfico se realizó a través de bases de datos especializadas en Ciencias Sociales y Políticas. La
revisión de la bibliografía se realizó a través de la construcción de un adecuado mapa temático y posterior
elaboración de fichas bibliográficas y mapas conceptuales, lo que permitió contar con información
organizada y específica de acuerdo con los supuestos teóricos plasmados en los documentos. Con base
en esta descarga de información en herramientas de estudio, se procedió al análisis y elaboración
organizada del presente artículo.
4. CONCLUSIONES

Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.

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A partir de lo expuesto en este trabajo, se puede advertir que con el surgimiento de nuevos medios de
comunicación masiva gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), la sociedad y las organizaciones sociales cuentan con formas no convencionales de comunicación
y masificación de sus mensajes. Por lo tanto, surge así el ciberactivismo en un contexto en el cual los
antiguos movimientos sociales se renuevan ante el colapso de los sistemas políticos tradicionales
(Battocchio 2014; Rheingold 2002 en Betancourt, 2012) y promueven su participación a través del uso
de redes sociales y otras herramientas digitales (Castells, 2009; Cortez y Garzón, 2017).
El ciberactivismo es eminentemente político (Cortéz y Garzón, 2017; Rueda, 2013) y se define
por el uso y apropiación de las tecnologías digitales, la creatividad con el lenguaje y otras formas de
expresión que potencian el accionar colectivo (Aguilar-Forero, 2017; Battocchio 2014; Fernández y
Paniagua, 2012; Toret, 2013). El objetivo del accionar ciberactivista es la generación de cambios en la
agenda pública a través de la protesta electrónica, la difusión de contenidos y la viralización de los
mensajes. Su estrategia de denuncia es constante y sus efectos dependen del impulso masivo, la
inmediatez, la presión y la fuerza de un movimiento horizontal y transfronterizo, es por ello que su
impacto puede ser local, regional o incluso global (Battocchio 2014; De Ugarte, 2007; Fernández y
Paniagua, 2012). El ciberactivismo y sus dispositivos para la acción son entornos para la expansión de la
subjetividad, el debate y la vivencia en sí de la ciudadanía, de la ciberciudadanía (Rueda, 2013).
A partir de este marco teórico, el feminismo y el espacio ciber se han encontrado de diversas
maneras, tres específicamente: el ciberfeminismo del poscuerpo y el posgénero; el ciberfeminismo crítico
a la invisibilización de las mujeres en el mundo de la tecnología; y el ciberactivismo feminista o
ciberfeminismo social. Este estudio ha basado su análisis en la tercera corriente, ya que permite la
inmersión dentro del entramado político de las propuestas del movimiento social feminista a nivel
latinoamericano en su ejercicio de ciberciudadanía a través del uso de las tecnologías y el internet para
el posicionamiento de ideas y propuestas de transformación social.
La cuarta ola y el ciberactivismo feministas emergen en un mismo contexto histórico que aparece
a partir de la significación generalizada de la necesidad de justicia para las mujeres. Las características
de la cuarta ola están dadas por un renovado movimiento feminista tanto en el nivel ideológico – político,
así como su reconstitución con mujeres cada vez más jóvenes; la revolución tecnológica y
comunicacional que representa el internet y las redes sociales y su uso estratégico. Así también una crítica
directa al modelo económico neoliberal que permea el espacio público y privado de los sujetos y muestra
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la emergencia común y estrechamente relacionada entre las nuevas generaciones y una nueva y radical
forma de ver el mundo y su necesidad de transformarlo.
La efervescencia de la movilización social en la última década ha sido el caldo de cultivo para el
surgimiento y perfeccionamiento del ciberactivismo en general y particularmente del ciberactivismo
feminista. Esta forma de activismo se muestra como heredera de las experiencias de la Primavera Árabe,
de las mujeres en resistencia en la India, las movilizaciones estudiantiles e indígenas en Latinoamérica,
las afrentas al Estado en Grecia, en Madrid y en Estado Unidos y un sinnúmero de otros eventos que se
forjaron en medio de la emergencia del uso de las herramientas tecnológicas con objetivos políticos. Las
feministas siempre presentes, supieron aprovechar las experiencias y las perfeccionaron, producto de ello
son las masivas movilizaciones offline, el posicionamiento de varios debates a nivel online y su irrupción
en las agendas públicas a nivel global.
En el contexto latinoamericano, la agenda del ciberactivismo ha estado muy activa, sobre todo a
partir del año 2014 con las campañas #VivasNosQueremos, en el año 2015 con la campaña
#NiUnaMenos y #YoParo8M y el momento quizá de más fervor, en el año 2018, con la campaña por la
despenalización del aborto #AbortoLegalYa. Todas estas campañas accionadas a través de la difusión
permanente en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram tuvieron impactos a nivel regional e
incluso internacional. Si bien las etiquetas fueron tendencia algunos días, las campañas no han finalizado,
pues han logrado trascender la temporalidad y la espacialidad, siendo banderas permanentes del
movimiento feminista contemporáneo.
El feminismo, en su devenir, se ha restructurado y adaptado a las nuevas tendencias de la tecno
política. Si se toman en cuenta los datos sobre la situación de las mujeres en la región, se entiende
claramente por qué la cuarta ola feminista ha logrado tanta acogida y se ha convertido en un movimiento
de masas. La débil legislación de algunos Estados para la atención de las problemáticas específicas de
las mujeres y de los grupos más vulnerables, así como la apatía social ante la violencia machista, han
devenido en una crisis estructural, la cual ha calado en la conciencia ciudadana y ha sido el germen para
una nueva activación de la masa crítica latinoamericana que pugna por una transformación en todos los
niveles.
Si bien el feminismo de la cuarta ola se presenta como un feminismo del 99% en sus demandas,
el ciberfeminismo, que es su brazo de acción tecno política, no necesariamente integra a ese porcentaje
de la población. Las críticas al ciberactivismo feminista, evidenciadas desde el mismo movimiento,
Aproximación al ciberactivismo feminista en Latinoamérica en el siglo XXI.

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reconocen una disparidad en las posibilidades de uso y aprovechamiento de la tecnología, pues existen
brechas que no han sido mitigadas y que mantienen las desigualdades en un universo de mujeres diversas
por su etnia, su clase, su territorio, su educación, su género, etc.
A partir de esta revisión bibliográfica, se ve la necesidad de avanzar en el análisis de algunas
temáticas para contar con más recursos para la discusión sobre el ciberactivismo feminista
latinoamericano. Entre los pendientes, queda incursionar en lo que fueron las multitudinarias marchas
por el 8 de marzo y el Paro Internacional de las Mujeres el 9 de marzo del 2020. Otro tópico por abordar
es el impacto de la cuarentena obligatoria por el COVID-19 en las estrategias de activismo en redes y,
además, contar con datos primarios para contrastar desde los discursos y vivencias de las ciberactivistas
feministas, la teoría aquí presentada.
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Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un
contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva1
Analysis of the new forms of war seen from an omnidimensional context to the new
cognitive vision
Faiver, Coronado Camero 2; William, Sierra Gutiérrez3
RESUMEN
El presente artículo, parte del estudio que busca construir a través de la historia un análisis de
las nuevas formas de guerra vistas desde un contexto omnidimensional, hasta la nueva visión
cognitiva, en su metodología, buscó con un estudio de tipo cualitativo, la construcción de
conocimientos con la revisión de la historia y el contexto de estudio, profundiza en la
conceptualización de guerra irrestricta y definiciones que inciden directamente en las acciones
de inteligencia de las fuerzas militares partiendo de una perspectiva global. Como resultado, es
importante abordar la historia, sin ser indiferentes a la realidad de Colombia y el contexto global
los nuevos cambios: la dificultad para tomar de decisiones y abordar lo prioritario para poder
desplegar una Fuerza Militares Conjuntas con las capacidades necesarias que sean eficaces,
profesionales y rápidamente adaptables. Las Fuerzas Militares en América latina no están
predestinadas a triunfar sin más en el campo de batalla. a la lucha insurgente y terrorista de
diferentes actores de crimen organizado, requieren medios y métodos adecuados en todos los
campos dentro del contexto de la defensa y seguridad Nacional de la mano con una voluntad
política firme y definida en concordancia con los intereses nacionales de los estados. Se puede
concluir que, dentro de esta nueva evolución de los conflictos abordaremos, los postulados que
en el año 1999 aparecen con una nueva aproximación al estudio de la guerra de la mano de los
coroneles del Ejército de la República Popular de China Qiao Liang y Wang Xiangsui, quienes
introdujeron un nuevo concepto, no sólo en el ámbito estadounidense, sino en toda la esfera
mundial: la Guerra Irrestricta.
Palabras claves: Capacidades, estratégicos, guerra irrestricta, seguridad, tecnológicos.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 30/06/2022
Fecha de revisado: 15/07/2022
Fecha de aceptado: 12/11/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The present article, part of the study that seeks to construct through history an analysis of the
new forms of war seen from an omnidimensional context to the new cognitive vision, in its
methodology, sought with a qualitative type of study, the construction of knowledge with the
review of history and the context of study, delves into the conceptualization of unrestricted war
and definitions that directly affect the intelligence actions of military forces from a global
perspective. As a result, it is important to address history, without being indifferent to the reality
of Colombia and the global context the new changes: the difficulty to make decisions and
address the priority to deploy a Joint Military Force with the necessary skills that are effective
professional and quickly adaptable. Military forces in Latin America are not predestined to
triumph on the battlefield. To the insurgent and terrorist struggle of different actors of organized
crime, require appropriate means and methods in all fields within the context of defense and
national security in hand with a firm and defined political will in accordance with the national
interest of the states. It can be concluded that, within this new evolution of conflicts, we will
address the postulates that appear in 1999 with a new approach to the study of war by Chinese
People’s Republic Army colonels Qiao Liang and Wang Xiangsui, who introduced a new
concept, not only in the United States but throughout the world: the Unrestricted War.
Keywords: Capabilities, strategic, security, technological, unrestricted war.

Cómo referenciar este artículo:
Coronado Camero., F. &amp; Sierra Gutiérrez., W. (2023). Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional
hasta la nueva visión cognitiva. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 42-59. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-2

Este artículo es producto del proyecto “Generación Pitita ¿Acción colectiva o política tradicional de oposición?”, financiado por FLACSO – Ecuador. Iniciado en 2020 y finalizado
en 2021.
2
Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Docente Investigador del Departamento de
Estrategia en la Escuela Superior de Guerra. Email: Faiver.coronadoc@esdegue.edu.co. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3327-8386.
3
Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesor – Investigador en el Centro de estudios
Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales – CSEDN de la Escuela Superior de Guerra. Email: william.sierra@esdegue.edu.co Orcid: https://orcid.org/0000-0002-06407907.
1

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1.- INTRODUCCIÓN
El presente capitulo busca de manera clara determinar el contexto de las guerras irrestrictas,
omnidimensionales y multimodales dentro de las reglas que tienen las nuevas guerras, por lo que
demandarán exigencias de los contendientes frente a los recursos y herramientas necesarias para batallar.
No solamente demandarán, como en el pasado, que se pueden analizar todas las formas ingeniosas para
conquistar la victoria en el campo de batalla. Incluso, ellas impondrán exigencias que significarán que
los combatientes estén inadecuadamente preparados, o sentirán como si estuvieran en la oscuridad: la
guerra será combatida y ganada más allá del campo de batalla; la lucha por la victoria tendrá lugar más
allá del campo de batalla.
Cuando hablamos de lo militar en esta era tecnológicamente integrada, existen realmente más
facetas a considerar en la actualidad, una abundancia de recursos aprovechables (incluyendo todos los
recursos materiales e inmateriales), de modo que no importa que limites los militares enfrenten, siempre
hay un medio que pueda sobrepasar aquellos limites, muchos más medios de los que provenían del
ambiente de guerras de cuarta generación. De esta forma, las exigencias para los militares modernos con
respecto a ir más allá de sus maneras de pensar también implican ser más rigurosos, mejor dotados y
lógicamente como factor determinante mejor entrenados.
No obstante, hablar de la guerra irrestricta, trae una conceptualización que va teniendo una
evolución con el paso de los años, construyendo un panorama que a través de un análisis histórico,
omnidimensional y multimodal, es posible construir la conceptualización que las fuerzas armadas han
desarrollado con el paso de los años, por lo tanto, es un concepto que no es nuevo, pero, se ha convertido
en una necesidad para el desarrollo de la inteligencia militar para poder enfrentar nuevos paradigmas en
la guerra, sobre todo, con el cumplimiento de los objetivos en los que se ha implementado una idea traída
del occidente, pasando por Norteamérica y llegando a América Latina con un concepto clave que permite
cambiar el uso de la fuerza y transformarlo en una realidad que permita cumplir las metas al aprovechar
los recursos tecnológicos, contextuales, políticos, sociales, económicos, entre otros que generen un
panorama positivo para la victoria en escenarios de guerra.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
A lo largo de la historia, la guerra ha traído diferentes momentos que, a nivel global, han dado un
panorama donde es necesario analizar los conflictos desde una perspectiva basada en la inteligencia, es
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importante partir de la cuarta generación que para Acuña y Barreno (2018), inicia con la guerra fría,
convirtiéndose en un conflicto de grandes potencias bélicas, dejando a un lado las guerras convencionales
que han amenazado a la humanidad con estrategias y conducción alineadas a los intereses de todo un
Estado. No obstante, el objetivo de la guerra es derrotar al adversario, convirtiéndose para Merino (2020),
en un concepto denominado guerra de cuarta generación o guerras irrestrictas, porque parte del
aprovechamiento de recursos para obtener los resultados esperados.
La palabra guerra, para la Hernández y Romero (2019), proviene del antiguo germánico werra –
y no del latín Bellum-, lo que da origen a la aceptación sajona war, cuyo significado es pelear, disputar
o desorden. Para Clausewitz (1999), la guerra es definida como una disputa o duelo que se amplía como
un acto de fuerza que es llevada a cabo para obligar al(los) oponente(s) a acatar nuestra voluntad. Lo que
parte de los principios de guerra, de Foch (1920), como un concepto que subyace de la tensión y
contingencia que se abstrae de una serie de principios generales que enfrentan a otros utilizando los
medios necesarios.
De este modo, se puede observar que, el estudio de la guerra, subyace de la modificación desde
lo irrestricto que, en la actualidad, parte de la base de hacer la guerra, sin fines bélicos, sino con el uso
de estrategias políticas, sociales, inteligencia militar y la búsqueda de la confusión lógico-epistémica, lo
que debate de manera paradójica el esencialismo y tajante sentido del belicismo y es evolucionado frente
a dinámicas psicológicas, coyunturales y contextuales en el enfrentamiento intelectual.
La guerra irrestricta, para los oficiales Liang y Xiangsui (1999), se observa como principio
general la puesta en marcha de acciones que utilizan todos los frentes el uso de medios no letales de
modo sutil, lento y sistemático. Es decir, es una táctica híbrida que, a lo largo de la historia, ha convertido
la percepción de la guerra, sobre todo con la presencia de grupos armados como guerrillas u
organizaciones ilegales.
Hablar de guerra irrestricta, ayuda a comprender muchos aspectos que rodean las decisiones y
acciones políticas, económicas, ambientales, legales, financieras, entre otras que dominan al mundo
moderno, teniendo en cuenta que, existen desafíos que, desde lo contextual, traen un panorama
supranacional, para Ramírez (2019), busca rodear la geopolítica nacional, regional y mundial en la
búsqueda de garantizar su principal pilar, la defensa del Estado y su seguridad.

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De acuerdo a lo anterior, desde la perspectiva militar, es necesario establecer un concepto
coherente de guerra que alenté esfuerzos militares en la búsqueda de cumplir los objetivos disminuyendo
en lo posible el daño con un desarrollo tipificado de la guerra que para las últimas generaciones va
evolucionando aprovechando las tecnologías, así como la guerra cibernética, caótica, financiera, de
recursos, entre otras modalidades que para Acuña y Barreno (2018), traen un escenario que se expande
de acuerdo a diferentes dinámicas culturales, políticas, sociales, diplomáticas y se extiende por el aire, el
internet y el agua y otros aspectos que en la esfera de la guerra, garantizan victorias.
La guerra puede ser vista desde lo holístico, porque va adoptando elementos que la sociedad
contemporánea ha adaptado en su realidad en ámbitos de la vida de los países o grupos involucrados
donde las acciones no militares, pueden tener mayor incidencia, por lo cual los dos coroneles chinos
Liang y Xiangui (1999), catalogan como un concepto de guerra del mundo occidental al adoptar la
inteligencia como una dinámica más relevante que la guerra armada, al utilizar fuerzas no letales e
imponer al enemigo los propios intereses.
De este modo, la guerra no se define por sus medios y mucho menos por una restricción al ejército
por la violencia que utiliza medios sangrientos, así como el empleo del potencial bélico, sino el uso de
otros medios que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas que ofrece la era de la comunicación y el
empleo de nuevas estrategias que no atenten físicamente con los diferentes actores. Sin embargo, la
evolución de los armamentos y las herramientas mobiliarias, pueden impactar sobre la estrategias, pero,
con el desarrollo de la industrialización, va tomando lugar el fortalecimiento de nuevos procesos que van
ya de la mano de intereses corporativos, lo que se convierte para Dagnino (2010), en un complejo MilitalIndustrial, porque da acceso a decisiones que surgen a partir de la Revolución de Asuntos Militares
(RAM), para usar la tecnología como una variable predominante que se impone ante las necesidades de
asegurar la derrota del enemigo sin entrar en implicaciones bélicas.
De acuerdo a lo anterior, para Faundes (2011), las acciones psicológicas no son novedosas ni
excepcionales, parten de la historia en la búsqueda de confundir al enemigo y facilitar la historia militar
partiendo del conocimiento y manejo de la información necesaria en el momento adecuado. Es decir, el
control de la información en la era de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TICs), no
se alejan del uso de las fuerzas de inteligencia para el cumplimiento de las misiones y de los objetivos,
porque el mundo actual comprende como nunca la sistematización de ideas que coordinen acciones
multidisciplinares que impacten sobre el enemigo con mayor magnitud que el uso de la fuerza bruta.

Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.

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Es de esta forma que, con una visión política realista, un panorama omnidimensional y
multimodal, conlleva a todas las acciones militares a un único resultado, siendo el cumplimiento de los
objetivos, donde el uso de la fuerza ya no tiene cabida dentro de la guerra inteligente, porque existen
actores internacionales que también están sujetos a los intereses propios y son fijados a partir de las
necesidades geoestratégicas y geopolíticas, a partir del siglo XX, para Marín (2015), el ejército Nazi con
el ministro Joseph Göebbels comandado por Adolf Hittler, movilizaba las masas a través de la radio
como un invento innovador que al ser manejado de manera correcta, permitía un manejo eficiente de la
comunicación. Del mismo modo, la manipulación mediática, que para Chomsky (1983), es una
herramienta que utiliza los medios informativos en contextos de conflictos para poder distraer, crear
problemas, ofrecer soluciones y mantener al público en ignorancia para que vayan acorde a los ideales.
Del mismo modo,
Así las mismas, poder confundir al enemigo desde la perspectiva de Chomsky (1983), analizar la
estrategia en el marco del conflicto armado con el uso de la comunicación, permite dinamizar
sobre la “noticia” en condiciones de guerra una táctica que genera una dominancia con influencia
social y política sobre los hechos. Es decir, la articulación de información enfocada en el
desarrollo de una estrategia, trae consigo un proceso de cambio que se transforma y reconstruye
el panorama político-social para enfrentar a los grupos armados que inciden en el malestar de un
país, así como en Colombia, donde existen actores armados que se encuentran constantemente
informados.
Sin embargo, para Liang y Xiangsui (1999), la primera regla que tiene la guerra irrestricta, es que
no hay reglas, es decir, nada está prohibido, porque hay diferentes formas de concebirlo con sinergia y
que no afectan la vulnerabilidad de los países. De acuerdo a lo anterior, analizando el ataque del 11 de
septiembre de 2001, se pueden analizar efectos negativos en la seguridad de EE.UU, donde comienza a
tener una confianza tecnológica para poder establecer un sistema que permita definir las verdaderas
amenazas y poder avanzar en la concepción de guerra irrestricta, es decir, para Ramírez (2019), el cambio
desde lo moderno a lo irrestricto, se convierte en un método sutil con un alcance sustantivo y que trae
nuevos pensamientos estratégicos que enfrentan con una guerra irrestricta acciones clave para el juego
de la guerra.

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Antes de determinar las consecuencias que conlleva el uso de todos los medios posibles en las
guerras, es necesario comprender por qué los poderes principales de un ejército radican en los recursos
y en los costos que conlleva al momento de obtener vehículos, herramientas y aspectos políticos que
permitirán obtener una victoria. No obstante, desde la perspectiva de los países desarrollados, existe
cierto límite frente a la guerra irrestricta, teniendo en cuenta que, es esencial el uso de la ciencia y la
tecnología en este ámbito para poder analizar desde un amplio espectro, las amenazas potenciales para
el país, porque en este momento, la acción militar no solo es en objetivos estratégicos, sino que también
acepta los riesgos presentados en un mundo globalizado.
Se puede analizar la perspectiva de Liang y Xiangsui (1999, define que la Guerra Irrestricta, no
tiene límites, e incluye múltiples opciones, donde prima el valor estratégico sobre el valor táctico, es
decir: los estados dependen de los objetivos que más les permitan influir, ya sea tecnológica, económica,
cultural, social, políticamente. o religiosamente, Otros países, ganando así un gran poder para influir o
imponer sus políticas. Esto significa que la guerra no se limita a la conquista de la economía, los recursos
naturales y financieros, las fuentes de ingresos o los mercados internacionales del Estado, y no se limita
a metas menores que no permiten alcanzar el poder o la dominación de un área específica.
Abordaje sobre las guerras irrestrictas, omnidimensionales y multimodales
Porque se da la guerra irrestricta en América latina
Las causas de la llegada de la guerra irrestricta empiezan con el concepto de “ir más allá de los límites”,
sobrepasando todos los tetros de operaciones presentes en los estados de América latina y ajustándose a
las leyes de la confrontación armada y no armada cuando se lleva a cabo la guerra con combinaciones.
De este modo, obtenemos un concepto completo, un método de guerra completamente nuevo
denominado” la guerra combinada y modificada que va más allá de los límites de las partes (“pian zheng
shi chao xian zuhe zhan” 0252 2973 1709 6389 7098 4809 0678 2069).
En términos de la teoría, “ir más allá de los límites” no debería implicar ningún tipo de
restricciones, ir más allá de todo. Pero en realidad, superar límites irrestrictamente es imposible de lograr.
Cualquier superación de límites sólo puede ser hecho con ciertas restricciones. Esto es, “ir más allá de
los límites” seguramente no equivale al “sin límites”, solamente a la expansión de “limitado”. Esto es, ir
más allá de los límites intrínsecos de una cierta área o dirección, y combinar oportunidades y medios en
más áreas o en más direcciones, de modo a alcanzar un objetivo propuesto. Estos comportamientos van
Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.

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de la mano con las corrientes ideológicas que vienen haciendo carrera en los países del continente
americano los cuales plantean unos escenarios bélicos en donde mediante la combinación de todas las
formas de lucha han tratado de homogenizar fuerzas enfrentando el poder legítimo de los estados
representados en sus fuerzas armadas mediante la utilización de métodos subversivos generando todo un
coctel de nuevas amenazas a la legitimidad y al orden social y lógicamente a la seguridad nacional desde
el inicio de la pandemia COVID-19 se viene desarrollando y ejecutando la denominada “revolución
Molecular disipada” Esta no es más que la definición de “ guerra combinada que va más allá de los
límites.”
Con el método de guerra irrestricta “más allá de los límites” cuya principal característica, en su
propósito más relevante es armar y mezclar juntos más medios para generar un escenario de
confrontación en un espectro más amplio que el propio problema. Por ejemplo, cuando la seguridad
nacional es amenazada, la respuesta no es simplemente una cuestión de seleccionar los medios para
confrontar a las fuerzas legitimas del estado militarmente, pero más bien es una cuestión de disipar la
crisis a través del empleo de “combinaciones supranacionales.”
Es así como en Chile y Argentina se ha dado una importación de colectivos revolucionarios de
carácter bélico terrorista los cuales se han constituido en actores principales de criminalidad generando
las condiciones de inestabilidad a la seguridad lo cual propicia un estado final deseado para los intereses
de las corrientes revolucionarias de izquierda, que buscan a toda consta sembrar el caos y la zozobra y
así mediante la intimidación ganar adeptos restando toda la legitimidad del estado y subvirtiendo el orden
ya que con apoyo económico internacional se hacen legítimos a la luz del ambiente internacional
amparados en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En síntesis, mediante la
adopción de esta importante estrategia de lucha lograran cumplir sus propósitos ideológicos
expansionistas de izquierda en todo el continente.
Quizás no mucha gente se haya dado cuenta, pero los factores descriptos anteriormente nos
conducen hacia una era de transformación en la cual los grandes poderes políticos están cediendo a la
política supranacional. La principal característica de esta era es que es transicional: muchos indicadores
de ello están surgiendo, y muchos procesos recién están comenzando. El poder nacional es una parte
principal, y el poder de las organizaciones supranacionales, multinacionales y no estatales son la otra
parte fundamental, y el veredicto sobre el cual se jugará el rol principal en el escenario internacional
todavía está por ser mostrado.
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Por otro lado, las grandes potencias todavía desempeñan un papel dominante. En particular, la
gran potencia mundial, los Estados Unidos, y las grandes potencias económicas como Japón y Alemania,
y el naciente poder de China, y la creciente búsqueda de la hegemonía del poder de Rusia, están todos
intentando ejercer sus propias influencias en la situación general. Por otro lado, existen grandes potencias
con visión de futuro que ya han empezado claramente a pedir prestado el poder de los jugadores
supranacionales, multinacionales y no estatales para redoblar y expandir sus propias influencias. Se
dieron cuenta que no pueden alcanzar sus objetivos confiando solamente en su propio poder militarizado.
De acuerdo a lo anterior, la guerra irrestricta, convirtiéndose en una dimensión que modifica el
modelo bélico, se ejemplifica a través de la historia, lo que puede ser determinado con la evidencia
empírica en América Latina, así se clarifica con la economía local de países como Venezuela, siendo
víctimas de bloqueo de bienes, donde EE.UU sanciona a sus funcionarios, el castigo a los productos de
exportación a Ecuador; o al hablar del bloqueo comercial de Cuba que históricamente ha traído un
acercamiento a la guerra irrestricta no avisada, sino actuada, y el incremento del precio del petróleo, son
el ejemplo claro de facetas de la guerra irrestricta en los países que son afectados sin el uso de métodos
militares, sino con la puesta en marcha de acciones que entorpecen el buen funcionamiento del enemigo.
No obstante, el internet trajo nuevas dinámicas sobre la ciberseguridad, porque prioriza las vías
diplomáticas como principales elementos político-estratégicos que se abren a un panorama de mandos
políticos y militares que ha evolucionado con el paso de los años y se acuña a una consecuencia irrestricta
que va de acuerdo a los intereses desde lo social y tecnológico.
En países del medio oriente, para Acuña y Barreno (2018), no se puede olvidar las intenciones de
China de querer disputar el dominio global con los EE. UU, empleando una guerra, considerada como
una prudente, discreta y comprometida con una lucha constante de sus propios intereses. Del mismo
modo, en su marco estructural, se puede observar la influencia que tienen las diferentes batallas políticas
y sociales que, no requieren el uso de armas, ni amenazas, ni la letalidad de los asesinatos, sino, una
dimensión estratégica que no provoque muertes físicas, sino que debiliten la voluntad de lucha y actitud
de combate definitivamente.
Es decir, el uso de la ciberguerra, es una derivación de la guerra irrestricta, porque tampoco
provoca aparentemente la muerte física, sino la devastación de los recursos, logística, mando y
administración de un ejército, grupo o enemigo. Por lo tanto, cuando este menos se lo espere, es posible
vulnerar sus defensas, sin utilizar métodos convencionales bélicos, ya eso no atenta contra los derechos

Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.

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humanos y permite enfrentar con inteligencia los intereses de una nación aprovechando el mundo virtual
y mejorando los escenarios.
La expansión y Conceptos de las guerras irrestrictas, omnidimencionales y multimodales
La expansión del dominio de la guerra es una consecuencia necesaria del siempre creciente ámbito de la
actividad humana, y los dos están entrelazados. La comprensión de la humanidad de este fenómeno
siempre se ha quedado atrás del mismo. Aunque desde hace tanto tiempo como Cao Gui (héroe del
periodo de la primavera y otoño) y tan recientemente como Collins (John M. Collins, autor de Gran
Estrategia: Principios y Prácticas) han existido quienes poseen visión de futuro con una capacidad de
entendimiento superior, quienes en diversos grados señalaron las relaciones mutuamente restrictivas
entre los varios dominios de la guerra, hasta ahora la mayoría de las personas involucradas en la guerra
consideraron todos los dominios no militares como siendo accesorios para servir las necesidades
militares. La estrechez de su campo de visión y su dificultad de su manera de pensar restricta al desarrollo
de la batalla en el campo y los cambios en la estrategia y tácticas dentro del mismo dominio.
También, de Kutuzov incendiando Moscú (antes de abandonarla en 1812), sin piedad destruyendo
más de la mitad del país en la estrategia de fortalecer los trabajos de defensa y dejando los campos en
ruinas como su manera de enfrentar a Napoleón; al bombardeo masivo de Dresden y la destrucción de
Hiroshima y Nagasaki, causando un sin número de víctimas civiles en la búsqueda de una victoria militar
absoluta; a las proposiciones estratégicas de “la retaliación masiva” y “la destrucción mutuamente
asegurada;” ninguno de estos rompió este molde.
Ahora es tiempo de corregir ese error de tendencia. La gran fusión de las tecnologías está
presionando a los dominios de la política, de la economía, de lo bélico, de la cultura, de la diplomacia, y
de la religión a que se superpongan. Los puntos de conexión están listos, y la tendencia hacia la
emergencia de varios dominios está muy claro.
A partir de lo anterior, es importante analizar que, esto la influencia de la gran tendencia de la
concientización los derechos humanos sobre la moralidad de la guerra. Todas estas cosas están haciendo
más y más inútil la idea obsoleta de confinar a la guerra en el dominio militar y utilizar el número de
víctimas como medio para la intensidad de una guerra. La guerra está ahora escapando a los límites de
la masacre sangrienta, y está exhibiendo una tendencia hacia el bajo número de víctimas, o incluso hacia

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ninguna víctima, a pesar de su alta intensidad. Esto pone en contexto la importancia de la información y
el conocimiento para ganar la guerra, guerra financiera, guerra comercial, y otras formas enteramente
nuevas de guerra, nuevas áreas que han surgido en el dominio de las guerras. En este sentido, no existe
en la actualidad ningún dominio donde la guerra no se pueda ser utilizada, y casi no hay ningún dominio
que no tenga un patrón de guerra ofensivo basado en lo bélico.
De acuerdo a lo anterior, para Marín (2015), el proceso informativo no es independiente de la
sociedad en la que se desarrolla simultáneamente, lo que condiciona las dinámicas de las relaciones de
poder, al igual que los conflictos existentes entre los diversos actores que participan. En este sentido, la
suprema objetividad frente a los juicios de valor es, por lo menos, una tarea difícil. Bourdieu resume
claramente el fenómeno que se produce con la participación del sistema informativo en la esfera pública.
Por lo cual, es posible analizar la influencia que tiene el dominio de la información como una
magnitud en la vida pública que genera poder político y da una dinámica legítima que accede a hechos
susceptibles como fuentes de fusión masivas que se materializan en un discurso oficial que difiere del
poder estatal dentro de los monopolios informativos, por lo que el rol de la política, también se adentra
en un panorama que evalúa y considera los hechos que reproducen esquemas de la sociedad que
garantizan el mantenimiento del statu qui político-económico y de forma simbólica, así la guerra se
transforma en un proceso basado en la inteligencia y la dominación al enemigo.
Combinaciones Supra- Dominio (Chao Lingyu Zuhe 6389 7325 1008 4809 0678)
(Combinaciones Más Allá del Dominio del Campo de Batalla) “Dominio” es un concepto derivado del
concepto de territorio y utilizado para delinear el ámbito de las actividades humanas. Visto en este
sentido, el dominio de la guerra es la demarcación del ámbito de lo que es abarcado por la guerra.
Conjuntamente con el concepto de “combinaciones supranacionales”, la idea de “combinaciones supra
dominio” que proponemos también es una forma abreviada. Para ser exactos, estos términos deberían ser
seguidos con las palabras “de acciones en guerra” si queremos dar el significado total de la intención de
estos conceptos que estamos construyendo y empleando. Esto es para dejar claro la cuestión de visualizar
que “supra combinaciones” implica movido por pensamientos más allá de los límites confinados al
ámbito de la guerra y sus acciones conexas.
De acuerdo a lo anterior, se pueden considerar los principios a continuación para ver qué pueden
aportar a la “guerra combinada más allá de los límites”, lo que trae consigo una Omnidireccionalidad que
va enfocada en factores que guardan estricta relación con la victoria en la guerra.
Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.

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Omnidireccionalidad: observación y diseño de 360 grados
Uso combinado de todos los factores relacionados
Es necesario reconocer el concepto de la Omnidireccionalidad o el diseño de 360° desde una perspectiva
militar, porque se convierte es el punto de partida de la ideología de la “guerra sin restricciones” y es una
portada (Fugai Mian 6010 5556 7240) para esta ideología. Como principio general de guerra, los
requisitos básicos que le impone al que emprende una guerra es dar una consideración global a todos los
factores relacionados con esta guerra en particular y, al observar el campo de batalla, o el campo de
batalla potencial, diseñar planes, tomar medidas y combinar el uso de todos los recursos de guerra que
pueden movilizarse a fin de tener una visión de campo sin puntos ciegos, un concepto que no esté limitado
por obstáculos y una orientación sin ángulos ciegos.
La Omnidireccionalidad, es un principio muy sólido que se aplica a tanto a la guerra en sí como
a cada uno de los niveles de la guerra combinada más allá de los límites, en el nivel de política de guerra,
se aplica al uso combinado de la potencia de combate de toda una nación para el cumplimiento de los
objetivos, hasta llegar a la potencia de combate supranacional, en una confrontación intercontinental o
mundial.
En el nivel estratégico, se aplica al uso combinado en la guerra de recursos nacionales
relacionados con objetivos militares. En el nivel operacional, se aplica al uso combinado en un campo
de batalla designado de distintos tipos de medidas y, principalmente a un ejército o fuerza de esa escala,
a fin de lograr los objetivos de la campaña. En el nivel táctico, se aplica al uso combinado de distintos
tipos de armas, equipos y métodos de combate, y principalmente a una unidad o fuerza de esa escala, a
fin de ejecutar una misión designada en una batalla. Se debe tener en cuenta que todas las combinaciones
mencionadas también deben incluir combinaciones que se entrecruzan en sus respectivos niveles.
Del mismo modo, la guerra “multimodal” es otra forma de decir múltiples esferas y múltiples
fuerzas. No está relacionado con la definición de dimensión en el sentido matemático o físico. La
“coordinación multimodal” se refiere a la coordinación y cooperación entre distintas fuerzas en distintas
esferas a fin de cumplir un objetivo. A simple vista, esta definición no es nueva. Encontramos
explicaciones similares en muchos tratados académicos de estudiosos de la guerra, tanto obsoletos como

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recién publicados. La única diferencia entre esta explicación y otras similares es, y esto es una gran
diferencia, la introducción directa, no indirecta, de factores no militares y no bélicos en la esfera bélica.
El entorno y contexto en la guerra irrestricta
El entorno de seguridad en la actualidad es aún más complejo, Estas cosas dejan claro que la guerra no
es una actividad solamente confinada a la esfera militar, y que el curso de cualquier guerra puede cambiar,
o sus resultados decididos por factores políticos, económicos, diplomáticos, culturales, tecnológicos u
otros factores no militares en las que hay una incidencia directa para reconocer su importancia.
Desde el contexto militar, no sólo en América latina si se rompen los diversos tipos de límites de
los modelos de pensamiento, pueden presentarse dominios que son afectados completamente por la
guerra y convirtiéndose en cartas hábilmente usadas en expertas manos, y de ese modo, se llegan a utilizar
la estrategia más allá de los límites y tácticas para combinar con todos los recursos de la guerra, puede
haber la posibilidad de que tengamos confianza en la consecución de todos los propósitos trazados para
obtener la victoria en la guerra. Combinaciones Supra-Medios (Chao Shouduan Zuhe 6389 2087 3008
4809 0678) (Combinación de Todos los Medios Disponibles, Militares y No-Militares, para Llevar a
Cabo Operaciones) Durante una guerra entre dos países, durante el combate y la matanza por dos
ejércitos, por lo cual, existen diferentes cuestionamientos que pueden ser analizados de acuerdo con el
contexto teniendo en cuenta diferentes preguntas.
¿Es necesario utilizar medios especiales para hacer la guerra psicológica dirigida a los familiares
en la retaguardia?
¿Mientras se protege la seguridad financiera de un país, puede el asesinato por motivos políticos
ser usado para enfrentar a los especuladores financieros?
¿Pueden los “paros” quirúrgicos ser llevados a cabo sin una declaración de guerra contra áreas
que son fuente de drogas u otras mercaderías de contrabando?
¿Pueden los fondos especiales ser creados para ejercer influencia sobre los gobiernos y
legislaturas de otros países por medio de presión de intereses?
¿Y podría el comprar o el obtener control de las acciones ser utilizado para transformar a los
medios de comunicación de otro país en herramientas de comunicación de Guerra?
Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.

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Además de la justificación del uso de los medios, esto es, si ellos están de acuerdo con las reglas
generales de moralidad, una forma de poder llegar al fondo del problema dinamizando las debidas
herramientas y los elementos que faciliten el manejo de la información y la comunicación.
La realidad de la información cambiante y los intereses entrelazados expanden continuamente el
significado de la guerra. Además, es probable que cualquier país que desempeñe un papel decisivo
amenace a otros países, y no solo por medios militares. Usar un método resultará en una eficiencia cada
vez menor.
Los beneficios de usar una combinación de diferentes tipos de medios serán cada vez más claros.
Esto abrió la puerta a los trajes de gran tamaño y su uso en el combate cuerpo a cuerpo o cuerpo a cuerpo.
Una guerra ilimitada puede entenderse como una guerra combinada para superar las principales áreas,
los métodos militares y militares, donde todos los tamaños deben tomarse en seguridad nacional y cuando
continúe un objetivo político.
Camino de la violencia general. En el sentido más amplio. Esto significa que sufre de eficiencia
militar para factores ilimitados para varios testigos en seguridad, con cruce fronterizo, gracias a una
combinación de supranacional, supra-mediática y de dominio, permite el control de los adversarios.
Por otro lado, la seguridad latinoamericana enfrenta amenazas militares principalmente de actores
no gubernamentales, que pueden romper las acciones equivalentes a los comportamientos militares, y
obligan a cualquier país o más país para cumplir con sus beneficios o requisitos. Los actores no
gubernamentales van más allá de las disposiciones del régimen o la jurisdicción en la que se encuentre
el país, lo que en Colombia pueden ser reconocidos como grupos armados ilegales, así como las
guerrillas, paramilitares, entre otros enemigos de la soberanía del Estado y sus intereses.
Leyes y derechos internacionales Se creó como otras formas de estrategias para controlar las
armas y evitar la guerra. y la guerra, va más allá de un conflicto, sino que se convierte en un
enfrentamiento de capacidades y un proceso a mediano y largo plazo que demuestra niveles de
efectividad que revelan una racionalidad contundente frente a lo convencional que da mayor poder a la
infraestructura tecnológico-industrial, que al proclive de voluntades desde lo bélico al efectuar un
enfrentamiento que aproveche lo científico-tecnológico y productivo para enfrentar las debilidades del

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enemigo con táctica, estrategia y la no repercusión de terceros a través del uso de la violencia física con
implicaciones químicas, en la salud del oponente, entre otros.
3.- MÉTODO
El presente estudio tiene un enfoque cualitativo en la búsqueda de analizar a través de la construcción de
conocimientos describir el entorno actual a partir de la historia donde la guerra sea vista desde un
contexto omnidimensional hasta una nueva visión cognitiva con una visión ambivalente.
De acuerdo con lo anterior, se realiza un estudio de tipo descriptivo con un diseño no
experimental, porque analiza la muestra en un solo momento con un diseño no experimental, porque no
se manipularán datos, sino que se tomará a partir de un momento en el tiempo el desarrollo histórico del
concepto y cómo se visiona la guerra irrestricta en la actualidad con una visión cognitiva.
Para obtener la información, se realizó un análisis del contexto frente a diferentes temáticas que
inciden a nivel global y en Colombia dentro del desarrollo de la guerra irrestricta, consolidando un
concepto omnidimensional y multimodal llevado a un proceso de 360° donde toda acción retorna en la
búsqueda de lo mismo, pero con el uso de otros medios que permiten cumplir los objetivos con el
aprovechamiento de los recursos contextuales para vencer.
No obstante, se realiza un abordaje desde lo internacional, hacia el contexto nacional, se tiene en
cuenta la conceptualización teórica y a través de un análisis documental, se concibe el concepto a partir
de dos capítulos enfocados en diferentes perspectivas, la primera, un Abordaje sobre las guerras
irrestrictas, omnidimensionales y multimodales; la segunda Omnidireccionalidad: observación y diseño
de 360 grados.
4.- CONCLUSIONES
Estudiar la guerra, desde una perspectiva narrativa, se estructura desde el análisis de diferentes actores,
así como los aliados del ejército y los grupos a los que estos se enfrentan, cuya definición requiere poner
un punto de partida que, desde lo histórico, es posible reconocer los elementos que componen el conflicto
en el contexto en el que se busca reconocer las dinámicas sociales, así como en Colombia, donde el
conflicto armado, se convirtió en un fenómeno que requiere profundidad de estudio y tiene diferentes
características que condicionan al país a una naturaleza compleja.

Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.

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Sin embargo, intervenir en la guerra desde una perspectiva militar, trae consigo un proceso de
lucha con la que se compone la guerra, lo que incluye la imposición de los intereses de orden nacional e
institucional y destinan los recursos necesarios que obedecen a unos objetivos que mejoren las
posibilidades de generar acciones con las que el uso de opciones estratégicas, se convierte en una
necesidad, donde es incluida la incidencia política, económicos, diplomáticos, culturales, culturales y
psicológicos, en el extranjeros, mar, aire, electricidad y electrónica, e interacciones entre todos los
factores, han dificultado alcanzar el nivel de servicio de dominio en todos los lados. Después de que
quiera una victoria en futuras batallas, debe preparar este escenario completo para este escenario, están
dispuestos a afectar la guerra a cada vida de los países relevantes, se puede hacer en un área dominante
de la acción no militar.
No obstante, existen múltiples factores que inciden en el éxito de una operación militar, teniendo
en cuenta que, en el siglo XXI, hay herramientas cuyo uso cobra sentido frente al aprovechamiento de la
tecnología, avances en la táctica y estrategia militar, entre otros aspectos relevantes en los que es posible
reconocer de qué manera se ha desarrollado el conflicto y las estrategias utilizadas.
Actualmente, frente a un cambio permanente en el entorno donde los conductores y los
conductores políticos pueden probar la transición de la guerra, en este asunto, asociados con una
cotización ilimitada, utilizando la idea del pasado y contemporáneo, para combinarlos con nuevos y
Tecnologías realistas para el mundo posmoderno, que ha podido explicar la guerra de peine y la guerra
en su realidad geopolítica. Sin embargo, en este contexto, todas las teorías deben estudiarse en las
estrategias, su plataforma de enseñanza debe centrarse en el conocimiento histórico y la experiencia, para
crear una filosofía y estrategia.
Especialmente, dependiendo de ese tiempo. Las actitudes afectan al estado. De hecho, un país no
estratégico puede ser dirigido al fracaso o emule otras formas. Durante la guerra y en la guerra militar
virtual, principalmente un hogar súper nacional, no puede derrotar la tierra; No hay manera de ser usado
en la guerra, y no se pueden usar áreas y métodos combinados. Las posibilidades para la aplicación de
las tendencias de la globalización en la palabra "exceder". Esta palabra es suficiente para actuar para usar
de 10.000 maneras, pero nos importan ser diez mil modos que se utilizan para ilustrarse exactamente con
la expresión externa".

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Desde la perspectiva teórica de Liang y Xiangsui (1999), se puede concluir que, al referirse al
creciente número de tratados internacionales que restringen la carrera armamentista y la proliferación de
armamentos; Así, el mayor poder de intervención de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales
e internacionales en las guerras locales y los conflictos regionales ha reducido relativamente la amenaza
militar a la seguridad nacional.
Por el contrario, respondiendo al objetivo del presente estudio que buscó analizar las nuevas
formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva, es
necesario reconocer el progreso tecnológico aumentará la posibilidad de adoptar medidas no militares
que atenten contra la seguridad nacional y la comunidad internacional, que ya se encuentra en desventaja
frente a las amenazas no militares. Este último es tan destructivo como la guerra. (hasta que carezca de
las limitaciones necesarias y efectivas), es decir, el aprovechamiento del componente tecnológico, se
hace un aspecto fundamental para poder relacionar la guerra irrestricta como algo omnidimensional,
porque compone estrategias que hacen posible desarrollar planes donde intervienen estrategias que antes,
con la tecnología del siglo XX, no era posible implementar, así como el uso de las tecnologías de la
información, el aprovechamiento de las telecomunicaciones, el bloqueo de la comunicación enemiga,
entre otros factores mediante los cuales, pueden ser aprovechados para poder en marcha una guerra
irrestricta que logre darle facilidades a la inteligencia militar para poder tener una batalla utilizando
nuevas herramientas tecnológicas.
No obstante, las estrategias no militares, también pueden tener una alta probabilidad de éxito
desde una perspectiva holística, porque se adapta al uso de las mejores estrategias y su aprovechamiento
dentro del escenario militarizado sin enfrentamiento, ni poniendo en riesgo la vida de ninguno de los
bandos, es decir, la comunicación se convirtió en un elemento importante para la implementación de una
táctica o estrategia, pero, se convierte en una faceta omnidimensional, porque apunta al uso muchas
competencias que buscan obtener éxito en una operación militar, pero, compone la tecnología, el
aprovechamiento de los recursos naturales, el contexto,
Cuando aparecen los primeros países, la mayoría de ellos fueron firmados por guerras con acero
y derramamiento de sangre. De la misma manera, al pasar del estado del país a la globalización, el trauma
no puede evitarse entre los principales beneficios. La diferencia es que existen dificultades para poderse
liberar la guerra no son espadas, y por esta razón, nuestros antepasados son siempre una solución a las

Análisis de las nuevas formas de la guerra vistas desde un contexto omnidimensional hasta la nueva visión cognitiva.

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fuerzas armadas, como la elección de una elección final. Uno de los medios políticos o económicos o
diplomáticos tiene suficiente poder para reemplazar los medios militares.
De acuerdo a lo anterior, el presente estudio es la primera parte de un abordaje que busca el
reconocimiento de las nuevas guerras, así como la guerra irrestricta, lo que analiza el contexto
omnidimensional con una visión cognitiva que permita la generación de investigación científica, teniendo
en cuenta que en Colombia, al ser un escenario golpeado por el conflicto armado, requiere implementar
la construcción de nuevos conocimientos que se enfoquen en el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías para la confrontación con el menor número de bajas posibles, por lo cual, la guerra irrestricta
y la multidimensionalidad de la inteligencia militar, incide directamente en la toma de decisiones donde
la vida prevalezca y el uso de armamento no sea la primera opción en el conflicto armado. No obstante,
se recomienda el desarrollo de nuevos estudios desde diferentes contextos desde lo global y nacional para
poder enfrentar el conflicto desde una perspectiva omnidimensional.
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Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y
garantías públicas del control disciplinario1
Critical analysis of compliance with State objectives and public guarantees of disciplinary
control
Margarita, Rodelo Garcia2; Jorge, Mejía Turizo3; Habid Junior, Vásquez Torres4; Hugo, Salazar Mata5
RESUMEN
El presente artículo se deriva de una investigación que estableció como objeto central
analizar los avances en materia de control disciplinario pasando por un análisis de la
percepción de la sociedad civil frente a dicho control y finalmente los factores de
incidencia que ejerce el control disciplinario a través de sus agentes en el nivel territorial.
Para el cumplimiento de tal objeto se acudió a un método analítico-sistemático, con
enfoque cuantitativo, realizando un análisis comparativo de indicadores sociales, y el
análisis de indicadores de gestión de la procuraduría provincial de Barranquilla, pasando
por el análisis normatividad interna, así como distintas fuentes de carácter doctrinal sobre
la materia del estudio en concreto. En cuanto a los hallazgos se concluye que los servicios
prestados y el ejercicio del control del órgano disciplinarios no cuenta como una buena
percepción de los usuarios debido a la corrupción y otros factores que dejan ver la
ineficiencia de este tipo de instituciones institución.
Palabras claves: control disciplinario, fines del Estado, garantías públicas.
ABSTRACT

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Fecha de recibido: 03/07/2022
Fecha de revisado: 20/07/2022
Fecha de aceptado: 15/11/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The present article is derived from research that established as a central objective to
analyze the advances in disciplinary control by going through an analysis of the perception
of civil society against such control and finally the factors of incidence that exerts the
disciplinary control through its agents at the territorial level. For the fulfillment of this
objective, we used an analytical – systematical method, with a quantitative approach,
conducting a comparative analysis of social indicators of the Barranquilla provincial
attorney’s office, going through the internal normative analysis, as well as different
sources of doctrinal character about the study in concrete. As for the findings, it is
concluded that the services provided and the exercise of control by the disciplinary body
does not count as a good perception of users due to corruption and other factors that reveal
the inefficiency of this type of institution.
Keywords: Disciplinary control, public guarantees, state fines.

Cómo referenciar este artículo:
Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H. (2023). Análisis crítico sobre cumplimiento
de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17),
60-88. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-3

El presente artículo se deriva del trabajo “Fines Estatales y garantías públicas en el control disciplinario de Colombia” desarrollado en colaboración por los autores como
investigadores de sus respectivas instituciones.
2
Escuela de Policía “Antonio Nariño”, Colombia. Doctorante en Derecho de la Universitat Rovira i Virgili. Docente Corporación Universitaria Rafael Núñez. Correo
electrónico: margaritarosa.rodelo@estudiants.urv.cat. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9901-7632.
3
Escuela de Policía “Antonio Nariño”, Colombia. Doctor en Derecho, Ciencia política y Criminología por la Universitat de València. Profesor e investigador asociado de
Minciencias Email: mejiaturizo@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7870-2905.
4
Escuela de Policía “Antonio Nariño”, Colombia Máster en Docencia e Investigación Universitaria por la Universidad Sergio Arboleda. Jefe Grupo de Investigación de la
Escuela de Policía “Antonio Nariño”. Correo electrónico: habid.vasquez1248@correo.policia.gov.co Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2429-3452
5
Doctor en ciencia política, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Docente tiempo completo Universidad Autónoma Nuevo León, México. Correo Electrónico:
hugosalazarm@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6254-3436.
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1.- INTRODUCCIÓN
Por mandato constitucional la Procuraduría General de la Nación colombiana tiene la preferencia de la
función disciplinar, persiguiendo el alcance del bien común o interés general, en consecuencia, cumplir
con la garantía de la función pública y los fines esenciales del estado. En el artículo 118 de la Constitución
Política colombiana se refleja el deber del ministerio Publico de vigilar la conducta oficial de aquellos
que desempeña función pública, se establece como mandato constitucional según el artículo 279 de la
constitución que es mediante una ley como se determinara las estructuras que sostiene la procuraduría
General de la Nación, logrando su materialización en virtud de la ley 734 de 2002, posteriormente
reemplazado por la ley 1952 del 2019 y 2094 del 2021. (Esta última dotó de función jurisdiccional a la
procuraduría general de la Nación, para remarcar que su actividad disciplinaria no es meramente
administrativa).
Así pues, La Procuraduría General de la Nación es el órgano que encarna la defensa de los
intereses generales se convierte en que ente que simboliza a los ciudadanos ante el Estado, esta tiene
autonomía, financiera, presupuestal y administrativa, tal como lo deja ver el Estatuto Orgánico del
Presupuesto Nacional. Esta figura constitucional tiene como objetivo principal custodiar de forma
concreta el buen funcionamiento del aparato Estatal acorde con las funciones descritas en la Constitución
y la Ley dada a los servidores públicos, estos objetivos los cumple en la implementación de tres aspectos
misionales principales, el primero de ellos es su función preventiva, la función intervención y por último
la función disciplinaria (Procuraduria General de La Nación, s.f.).
Sin embargo, la percepción general de la sociedad civil, conforme se expone cotidianamente en
los medios de comunicación y algunas redes sociales, es que en poco o nada contribuye el control
disciplinario a la consecución de tales metas reflejando una mala la percepción ciudadana, así como una
baja percepción en la lucha contra la corrupción. De estar fundada tal percepción, urgiría una revaluación
autocritica en los fines y medios en manos de los órganos de control disciplinario a nivel departamental.

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2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Una mirada al control disciplinario en Colombia
En vista de la necesidad del Estado por tener un control sobre los bienes y funcionarios basado en el
equilibrio de poderes se crea distintos tipos de controles, en Colombia es posible hablar de dos tipos de
control Disciplinario, un control netamente administrativo y otro por su parte Jurisdiccional.
Autores como Rincón Cárdenas (2014), plantean que al hablar de derecho disciplinario se debe
observa que este es un compendio de normas sustanciales y procesales donde los servidores públicos
deben una obediencia al Estado bajo los valores éticos y morales que se expresaran en la eficiencia de
cada actuar de los funcionarios permitiendo un excelente mantenimiento de la columna Estatal, ello
implica prestar el mejor servicio y calidad que denote un funcionamiento correcto de todos los servicios
que se encuentra bajo su responsabilidad (pág. 5). En igual sentido, se expresan Vanegas Puerta (2021)
y Martel Robaina (2022) sobre la condición disciplinante del Estado.
El primer control se encuentra bajo el mando de la Procuraduría General de la Nación, quien está
encargada de velar por los intereses del pueblo, es la entidad representante a los ciudadanos colombianos,
a todos aquellos que hacen parte del territorio ante lo que conocemos como Estado, constitucionalmente
se le delego la función de máximo organismo del Ministerio Público, se encuentra constituida por la
Defensoría del Pueblo y las personerías.
Esta institución no hace parte de las ramas del poder publica tiene una indecencia sobre la cual
descansa la vigilancia del proceder de la burocracia Estatal, esto es, sobre los servidores públicos. Así
mismo, tiene por objetivo primordial el ejercicio de la función tanto de intervención como disciplinaria,
lo que constituye iniciar, impulsar y fallar todas las investigaciones que resultaren como faltad leves,
graves o gravísimas de los servidores públicos, sin dejar de lado los particulares que cumplen funciones
públicas o que se encargan del manejo de los recursos estatales tal como lo señala el Código Único
Disciplinario o Ley 734 de 2002(Ley 734, 2002. Articulo 256), en su articulado 256 numerales 3 y
suevamente 6, como también se refleja en la ley 270/96 en su articulado 112 y la ley 1123/2007.
El presente texto, analiza el control disciplinario desde la perspectiva administrativa, y en
concreto en la Procuraduría General de la Nación. En muchas ocasiones existen diversos factores que
alterar la visión que se tiene sobre la debida administración y la vigilancia ejercida por los entes de control
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bajo su papel, tales como la corrupción, los nexos con el crimen, entre otros factores, esto presenta un
panorama donde es la corrupción uno de esos factores que corroen las sociedades y produce que los
administrados es decir el ciudadano pierda la confianza en el Estado y sus funcionarios lo que genera un
falta de empatía que termina alejando al ciudadano de sus propios funcionarios. Esto en alguna forma se
observa en la medida que se erosiona esa legitimidad que debe ejercer el Estado limitando sus procesos
y su desarrollo, por la poca estabilidad jurídica y económica que proporciona el país, estos efectos
globales se traducen en una tasa de inversión del 12,3%, lo contrario en país con menos corrupción en
cuyo caso es del 21,3%. Al analizar estas cifras es preocupante la situación y pone en el papel el actuar
de estos entes que fueron creados por la constitución colombiana precisamente para evitar los efectos
que produce la corrupción entre otros (Fernández Angarita, 2009, pág. 9).
Antecedentes del control disciplinario administrativo en Colombia.
Inicialmente se aborda el viejo debate que gira entorno entre identificar si el derecho disciplinario es
autónomo o no. Al respecto algunos autores afirman que el Derecho disciplinario se cuenta como una
disciplina autónoma e independiente de otras áreas del Derecho tales como el penal, entre otras ciencias
jurídicas entre las que se encuentran el Derecho administrativo y el Derecho laboral (Fernández Córdoba
y Parodi, 2013; Berrocal, Mejía y Villamizar, 2018). El ejercicio de vigilancia y control de actuar
disciplinar se predica de la independencia del derecho disciplinario aun del derecho penal pues tiene sus
propias categorías dogmáticas, es preciso decir que la ilicitud disciplinaria y las medidas en materia
disciplinaria su esencia reposa en la carrera del servidor público (Acevedo Magaldi &amp; Rodelo Garcia,
2020).
En Colombia el control disciplinario surge en 1819 mucho de antes de ser constituida la República
de Colombia, solo hasta 1830 es donde parte la constitucionalización del Ministerio Público tal como da
cuenta el artículo 100 de Constitución de Colombia de 1830, donde expone que ejercicio del Ministerio
Público se encuentra en cabeza por la Procuraduría de la Nación, en suma parte por el Procurador de la
Nación, teniendo este las competencias para defender a la nación en las instancias judiciales y velar por
el efectivo orden y obediencia a la leyes (Forero Salcedo, 2003)
Con la entrada en vigor de la Constitución de 1886, el Ministerio Público se encontraba liderado
por el gobierno. (Constitución Política de Colombia de 1886. Artículo 142), con funciones expresas y
amplias de velar por la correcta aplicación de la ley tanto en el campo administrativo como judicial ya
que correspondía en ese momento al Ministerio Público la defensa del interés de nacional, en procura de
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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ejecutar las leyes, las sentencias judiciales y todas aquellas disposiciones del carácter administrativo, los
que implica necesariamente la inspección sobre la conducta de los servidores públicos y la eminente
persecución de los delitos que ponga en riesgo aquel orden nacional que tanto se buscaba con las
constitución de 1986, en el artículo 1 (Constitución Política de Colombia, 1986). A posteriori en 1913 se
reglamente la ley 130 de ese mismo año desarrollando la competencia del Ministerio Público respecto de
los Tribunales Supremos Administrativos que paso hacer un solo fiscal ante el Consejo de Estado
mediante la ley 60 de 1914.
El papel determínate para el Ministerio Público se logra durante el mandato presidencia de
Alfonso López Pumarejo, en la que se realizó una reorientación y organización de la Procuraduría
General de la Nación, tal como se observa en la historia descrita en página oficial, en esta se encuentra
los avances en materia de estructura interna, para aquella época se crean varias dependencia, ejemplo: la
dirección de negocios administrativo, la sección en lo referente a negocios penales y de carácter civil,
entre otros. En igual sentido se atribuyen funciones al procurador para intervenir en las empresas cuyas
funciones den cuenta del interés general y se mantiene el mando de poder de corrección y el poder
disciplinar (Procuraduria General de la Nación, s.f.) .
Con el decreto 01/84 se le asignan funciones expresas al Ministerio Público emanadas de la
constitución colombiana para velar por los derechos y garantías de la carta magna. Es decir, le da
competencia al Ministerio Público para vigilar tanto la eficacia como la eficiencia de las acciones de la
administración.
Por su parte ya en 1990 se establece la ley 4° de 1990, esta entra a exponer el andamiaje estructural
de la procuraduría General de Nación, fijando las funciones propias a sus dependencias, pero a las luces
de la nueva constitución de 1991 con la restructuración Ministerio Público, se dicta una nueva ley que
deroga la anterior.
Con la constitución de 1991 se busca contrarrestar el fenómeno de la corrupción impulsando el
fortalecimiento de los órganos de control se reorganizó y restructuró cambiando desde sus bases. En la
nueva constitución de 1991 en su Título X se desarrolla el mandato constitucional impuesto para esta
institución, se habla de aspectos como las funciones, el ministerio público como principal órgano para
hacer de forma efectiva y eficiente la función del control fiscal y el control previo, pues era evidente que
hasta ese momento este control no era del todo eficiente ya que se observa el obstáculo en el que este
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control se convirtió en una coadministración que truncaba los proceso generando mayor gasto y
permitiendo la corrupción (Rincón Cárdenas , 2014, pág. 5) .
Por último, el Ministerio Público en cabeza del procurador como supremo director, instituido por
la constitución sufre una reforma estructural que deroga todas las anteriores con el decreto 262 del 2000.
En el 2011 ya entrado en vigor la ley 1437/2011, reciente código de procedimiento administrativo y de
lo contencioso administrativo, en este se quiere lograr un fortalecimiento en entre la administración y su
administrados, como también las garantizar los derechos y libertades de estos, con ello se busca logra
una mayor eficacia y celeridad en los procesos, evitar que congestionamientos en la vía judicial con la
mediación del Ministerio Público como garante al debido proceso, el derecho de petición, que comportan
un rango dentro de los derechos fundamentales en Colombia. Teniendo en dentro de sus funciones la
prevención y preferentemente la función disciplinaria Tal como los expresa Malagón Pinzón (2017), en
cuenta la primera es de reciente creación a partir de la Constitución de 1991 y la segunda se encuentra
situada en el siglo XIX (p. 21).
A día de hoy se introduce un nuevo código disciplinario Ley 1952 de 2019, que inmediatamente
fue modificado el por la ley 2094 de 2021, este en su parte sustancial no muestra ningunos cambios
profundos, siguen siendo los mismo principios rectores, y la potestades disciplinaria según el artículo 3
de la ley 1952/2019 se encuentra en bajo la Procuraduría General de la Nación, quien tiene la preferencia
en cuentito al control disciplinario, en igual sentido la ley 2094/2021, mantienen la postad disciplinaria,
sin embargo pone en peligro aspectos de la democracia en cuanto permite que la procuraduría podrá
sancionar a los funcionarios aun aquellos que su escogencia es únicamente de la expresión popular, a
partir del carácter jurisdiccional de que se encuentra investida para vigilar el comportamiento sobre las
conductas de aquellos que ejercer un servicio o función pública, lo preocupante se atribuye al apartado
de la ley que deja en claro la imposición de sanciones e inhabilitar a los funcionarios de elección popular
(Ley 1952, 2019).
Por su parte Ley 1952 de 2019, mantiene la clasificación en cuento a las faltas, las diferencias
surgen ya en el tilo V de las faltas y sanciones disciplinarias, pues se da una supresión en cuanto se refiere
a los criterios super puesto para establecer la gravedad o levedad en cuanto al grado de culpabilidad en
donde se concebía una falta gravísima cometida con culpa grave como una falta grave (Ámbito Jurídico,
2019). En vista que la clasificación de la sanción se da un fenómeno en particular y es la supresión de la
amonestación escrita para faltas leves culposas (Ámbito Jurídico, 2019) siendo este uno de los cambios
con mayor connotación.
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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Esta nueva Ley de 2021 cambia la indagación pareciéndose un poco más a la Ley 734 de 2002
anterior a la ley 1952 de 2019 donde indica que esta será de 6 meses según el artículo 208(ley 2094 de
2021. Artículo 208). Se introduce también una diferencia entre el funcionario que instruye será diferente
al que va a entrar a juzgar un funcionario como lo expresa la norma, imparcial, autónomo quien debe
actuar bajo la obediencia a la norma, dando un barniz de supuesta independencia a un derecho
disciplinario que es característicamente inquisitivo.
Fines esenciales del estado y garantías públicas del control disciplinario administrativo.
Con concepciones clara en cuanto a la función pública, basado en principio de la eficiencia de la
administración inmersa en la Constitución del 91 donde se establece la finalidad del Estado social de
derecho en el país, según lo definió su propia Constitución Política de 1991 en el artículo 2, se centra en
el servicio a la sociedad permitiendo garantizar los principios y derechos emanados del documento
constitucional para facilitar la participación de la población en la medida que estas afectan la vida. La
administración pocita entre otras (Constitucion Politica de Colombia, 1991) coloca como base
fundamental del Estado social las garantías de los derechos y principios constitucionales para todos los
ciudadanos, propendiendo por el correcto funcionamiento de la administración pública es decir que son
los funcionarios quienes debe cumplir por velar por el cumplimiento de tales fines. (Franco y Manotas,
2021)
El control disciplinario toma el carácter sancionatorio y administrativo en la constitución del 91
en artículo 124. El consejo de Estado hace mención a la potestad disciplinaria aludiendo que esta
constituye una modalidad de los poderes sancionatorios del Estado y en ese sentido se comprende como
la necesidad que deriva del Estafo sancionador que busca garantizar y en ese mismo sentido materializar
los principios del Estado social de derechos en la concesión del respetos por los derechos, las garantías
emanadas de la carta constitucional y finalmente la consecución de los fines esenciales del Estado
enmarcados dentro la carta magna que entra a defender la existencia misma de las autoridades(Consejo
Estado, Sección segunda. Sentencia 11 julio de 2013)
Considerando la relación disciplinaria que deviene entre el servidor público se fundamenta en la
relación de subordinación que deriva entre los funcionarios y la administración pública tal como lo señala
el Consejo de Estado que toma el concepto de la Corte Constitucional indicando establece un nexo en la
medida que existe el cumplimiento del ejercicio del deber o en otros casos de la prohibición, en ese caso
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el funcionario una vez cometa un comportamiento fuera de sus funciones, esto es, una extralimitación o
viole los régimen establecidos en la ley para inhabilidades o incompatibilidades va tener una
consecuencia, una sanción provista en la ley porque es suma parte su funciones derivan de la
normatividad y la prevalencia del orden constitucionales que permita dar cumplimiento a los fines
establecidos como mandato lo que implica que servidor publica asume un compromiso de acatar tales
preceptos establecidos en el orden normativo más allá de una simple ley si no de cumplimiento de la
carta fundamental (Consejo de Estado, Seccion Segunda, Sentencia 11 de Julio, 2013).
Es menester indicar que la Constitución Política nos deja ver dentro las funciones del Procurador
General del Nación la protección de los derechos humanos tal como lo demuestra el artículo 277 y no
solo la protección de los derechos humanos si no el compromiso de que estos se cumplan de forma
efectiva. Por ello según el informe de la procuraduría año 2014, se establecieron algunos aspectos
importante para la protección y proposición de los derechos fundamentales, encaminados al
cumplimiento del artículo 277 constitucional, buscando garantizar la eficacia y eficiencia al lograr
intervenir en los actos de interés general, para minimizar la impunidad y en gran medida cumplir con
estos preceptos constitucionales que ha bien buscan alinearse bajo el bloque de constitucionalidad con
los convenios y tratados en materia de derechos humanos en la búsqueda misma de procura por garantizar
los derechos consagrados en la carta como fundamentales (Procuraduría General de la Nación, 2014).
Según lo ha reiterado la Corte Constitucional, tribunal llamado a vigilar la integridad de la
Constitución Política, la naturaleza y finalidad del derecho disciplinario es connatural a la organización
política y es decisivamente necesaria dentro del Estado de Derecho, ya que tiene como fin la garantía del
eficiente mover y el mantenimiento del correcto ejercer de la administración pública promoviendo que
la función pública se despliegue así y por la comunidad, promoviendo la protección de todos los derecho
y libertadas para el pueblo colombiano (sentencia C-280, 1996)
Una parte sustancial de los cometidos del Estado Social de Derecho es, al menos en teoría,
responsabilidad de la Administración, que se centra la eficacia y eficiencia de la administrativa, porque
ello implica que puede observarse en hechos (sentencia C-341, 1996).
Según el máximo tribunal constitucional, lo que obliga estrictamente a la necesidad de adecuar
de todos los agentes estatales bajo las premisas de la eficacia, la eficiencia y la moralidad administrativa,
para cumplimiento el conveniente funcionamiento de los servicios del Estado, teniendo presente el
correcto manejo y la preservación del patrimonio público, es obvio que al conseguir estos acuerdos la
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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buena imagen de la administración será diferente y permitirá el alcance del principio de legitimidad y
credibilidad frente a la comunidad (Sentencia C-341, 1996).
La dimensión de esta aspiración traslada en todos los funcionarios públicos el peso de conducirse
bajo el mandato de la constitución asegurando el cumplimiento de los fines y deberes del Estado, en
efecto garantizar la protección de las personas que residente en territorio nacional en cada aspecto
descrito en la constitución vida, honra, bienes, creencias entre otros derechos y libertades (Gómez
Pavajeau, 2011).
Tal como fue concebido y se halla planteado actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, el
control disciplinario es un instrumento de orden jurídico para la realización de los fines del Estado fines
del Estado. Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado que las tareas Estatales responden a una
vocación de servir que se evidencia a partir de los elementos constitutivos dentro del Estado Social de
Derecho desarrollado a través por las políticas estatales, la planeación y en suma parte la ejecución y
control de todo orden ( Sentencia C-1193, 2008) y en ese sentido sigue diciendo la Corte Constitucional
que toda norma del derecho disciplinario debe obedece las categorías de prevención y corrección., en la
medida que cumple de forma eficiente con los fines, principios y propósitos en el orden constitucional y
legal, por su puesto como se precisó la alta corporación también sostiene la importancia de estos
preceptos en la medida que se cumplen con los tratados internacionales (Sentencia C-1193, 2008) .
Es así como se pretende que el control disciplinario sea un instrumento para el logro de las
finalidades del Estado, principalmente a través de la disuasión que dimana del poder represivo y
sancionatorio que ejerce o puede ejercer sobre sus destinatarios, aplicable en todo caso de
desconocimiento de los principios que rigen el estamento de la función administrativa, enumerados
dentro del artículo 209 de la Constitución Política (Roa Salguer, 2009).
La sentencia C-708/1999, bajo la ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, plasma que la
función disciplinaria es un elemento esencial dentro de la organización del Estado y por su fuera poco
implica la verdadera realización de los fines esenciales del Estado, de manera que el cumplimiento de
los deberes y responsabilidades de los servidores estatales debe estar atada a la ética profesional del
servidor, ello involucra una extrita obediencia a los valores y principios que orienta el ejercicio de la
administración pública y que se encuentran ligados eminentemente a la función pública tales como la
eficacia, eficiencia y moralidad (Sentencia C-708, 1999).
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Bajo esta óptica cualquier distanciamiento del fin principal para el cual se estableció el servicio
al Estado, así como la comunidad en cuanto lo plasma la Constitución, la ley y el reglamento (Reales
Vega &amp; Berrocal Duran, 2019), da pie para una responsabilidad pública en materia disciplinaria por
ejercer una extralimitación o incluso la falta de cumplimiento en marcada en una dentro del ejercicio de
sus funciones.
En un Estado social derecho se deber dar por su parte el cumplimiento de sus principios y valores
enmarcados en la constitución, pero con la delegación de funciones propiamente del Estado a los
particulares es donde el comportamiento de los funcionarios como de los bienes sufre detrimento en un
Estado que básicamente ha dejado en manos de particulares muchas tareas que le corresponde , en la
búsqueda de lograr una mayor eficiencia para alcanzar fines sociales pero que se ha visto envuelto en
medio de escándalos y detrimento al patrimonio, lo que no se hace extraño es hallar en el derecho
disciplinario muchos particulares que cumplen funciones públicas o incluso un derecho disciplinario que
va más allá de las categorías del derecho penal (Maya Villazón, 2008), es así como se requiere de
instrumentos legales que hablen a favor de los postulados bajo las garantías del Estado Social de derecho
(Maya Villazón, 2008)
En la realidad actual el control disciplinario se enfrenta a otros restos, descritos por la historia de
hoy como lo son: el conflicto armado, la firma de los acuerdos de paz, la ilegalidad, la corrupción y la
insurgencia, la protección de derechos de los líderes sociales, todos estos retos descritos dentro del
informe de la Procuraduría General de la Nación sostiene que esta institución se enfrentarse a retos como
el post conflicto posterior a la firma de los acuerdos de paz con la FARC-EP en la búsqueda de lograr la
paz estable y duradera, esto enfrenta la consecución de la paz total, siendo este compromiso complejo
ya que no solo se observa el hecho de los acuerdos si no las dinámicas crecientes en la constitución de
organizaciones armadas al margen de la ley con un carácter ilegal que en la actualidad se encuentran
permeadas del narcotráfico y el enriquecimiento ilícito, que afecta principalmente a las zonas que
enfrenta este flagelo. No se puede desconocer que a su vez afecta la tercera generación de derechos
humanos enfrenado problemáticas medioambientales y amenazando la existencia del ser humanos
(Procuraduría General de la Nación, 2018). Esta situación se vuelve compleja en la medida que los lideres
sociales y ambientales cada día exponen sus vidas por la defensa de los territorios, otras de las
problemáticas que se debe atender es la corrupción que en gran medida socaban el patrimonio de todos
los colombianos y por ende las pocas probabilidades de inversión social y el establecimiento de los
derechos de los ciudadanos (Procuraduría General de la Nación, 2018). Todo esto que permita de alguna
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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forma recuperar la confianza de los ciudadanos colombianos, para superar algunos aspectos de la
polarización y estigma de la corrupción, en tal sentido plantear un avance hacia una sociedad que pueda
ver los acuerdos y finalización de los conflictos para alcanzar una paz en medio de las diferencias,
rescatar los preceptos constitucionales que nos definen como país plurietnico y multicultural tal como lo
menciona Miranda rescatado del informe de la procuraduría. (Procuraduría General de la Nación, 2018)
3.-MÉTODO
El tema objeto de estudio es novedoso en cuanto se da por sentado que el solo ejercicio del control
disciplinario a cargo de la Procuraduría General de la Nación contribuye al logro de los cometidos de la
función administrativa y la garantía de la Función Pública, sin que se conozcan bien los mecanismos que
hacen esto posible, esto es el nexo de causalidad, ni aun en qué medida ello es cierto. De esta manera un
análisis exploratorio de la verdadera incidencia del control disciplinario, pasando por el modo en que
opera tal influencia, constituye un enfoque inédito en el campo de la investigación jurídica.
Esta investigación, busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Tiene el ejercicio del control
disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación a nivel del departamento del Atlántico
una real incidencia en el logro de los fines esenciales del Estado y la garantía de la Función pública? De
esta forma se busca arrojar luces sobre esta cuestión, y con ese fin versa sobre el grado de incidencia real
(mucha, poca o nula), que la actividad del control disciplinar es ejercida por la Procuraduría General de
la Nación, a través de sus agentes en el nivel territorial, tiene en el logro de los fines estatales y la garantía
de la función pública en el marco del territorio que comprende el departamento del Atlántico.
En el ámbito local no es ajeno a tales cuestionamientos, y aunque se da por sentado que el solo
ejercicio del control disciplinario en mando de la Procuraduría General de la Nación debería contribuir a
la garantía de la función Pública, el grueso de los asociados desconoce los mecanismos que hacen esto
posible, ni aun en qué grado ello es cierto.
En tal sentido, Como objetivo principal se realizó un análisis exploratorio sobre la percepción de
la sociedad civil frente a dicho control y finalmente los factores de incidencia que ejerce el control
disciplinario a través de sus agentes en el nivel territorial de la verdadera incidencia del control
disciplinario, en el logro de los fines esenciales del Estado y la garantía de la función pública.

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Utilizando un método analítico-sistemático, realizando un análisis comparativo de indicadores
sociales, y el análisis de indicadores de la gestión de la procuraduría general de la Nación y los
provinciales del departamento del Atlántico, basado en la observación de la normatividad de carácter
interno, el análisis de la jurisprudencia en la materia, las fuentes auxiliares como la doctrina para dar una
conclusión general. En cuanto a la técnica usada se extiende a la interpretación de documentos, bases de
datos y el uso de las Tics, las redes y otras fuentes en el entendido que permite orientar los fundamentos
teóricos-prácticos para el análisis científico.
4.-RESULTADOS
Mediante el Decreto 262 de 2000, se organiza la procuraduría en su nivel territorial quedo bajo las figuras
de procuradurías regionales y provinciales. Para el propósito señalado, teniendo en cuenta los aspectos
que devienen del decreto en cuestión, la Procuraduría General de la Nación ejecuta sus funciones en los
territorios se ve reflejado en las procuradurías regionales y provinciales, el progreso de la presente
investigación se focalizará en el ámbito de los municipios en los que las procuradurías Provincial de
Barranquilla y Regional del Atlántico ejercen competencia territorial, especialmente en el distrito de
Barranquilla.
La función de control disciplinario, de manera preferente a cargo de la Procuraduría General de
la Nación, persigue el cumplimiento de los intereses generales del Estado a través de la garantía de la
función pública (ley 734 de 2002, articulo 22). Sin embargo, la percepción general de la sociedad civil,
que se expone cotidianamente a través de los medios de comunicación masiva y redes sociales, es que
en poco o nada contribuye el control disciplinario a la consecución de tales metas, ni en la lucha contra
la corrupción. De estar fundada tal percepción, urgiría una revaluación autocritica en los fines y medios
en manos de los órganos de control disciplinario a nivel departamental, regresar la confiabilidad en los
entes y funcionarios del Estado. Los constantes de cambio de la norma Disciplinaria en menos de un año
dan muestra de la inestabilidad jurídica que siente la población en materia disciplinaria que tiene
constitucionalmente una gran responsabilidad.
Para nadie es un secreto la difícil fase que atraviesa el país en torno a la corrupción y el distrito
de Barranquilla nos está fuera de ello. Como parte de la metodología se arrojaron los siguientes resultados
en distrito en torno a la eficacia de la Procuraduría provincial, regional y judicial, de acuerdo la encuesta
de percepción realizada a 100 usuarios del departamento del Atlántico en año 2019, que permitirá

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

71

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

comparar la gestión a gestión del 2018, pero se analizará desde 2013 hasta el informe 2018. Se observó
en la encuetas:
Figura 1.
¿Cree usted que la procuraduría ha velado por el cumplimiento del derecho de petición?
SI

NO

NO CONOCE
5%
30%

65%

Fuente: Elaboración propia (2021).
La primera pregunta realizada muestra la percepción de las personas en cuanto al cumplimiento
de los derechos de petición, arrojando que un 65% de las personas encuestadas indica que la procuraduría
no está velando el cumplimiento del derecho de petición, por su parte el 30% dice que si se está viendo
dicho cumplimiento y finalmente el 5% desconoce el tema, hasta este punto se puede observar que es
alto el nivel de percepción de cumplimiento de la Procuraduría para la ciudadanía, derivado del nivel de
eficacia y eficiencia que refleja la institución a la hora de las respuestas emitidas por la institución así
como el tiempo de contestación de la misma, ahora más tarde se observará qué pasa con los informes
presentados por la procuraduría en contraste con esta información presentada.
Figura 2.
¿Está de acuerdo con la conciliación extrajudicial para poder demandar?
NO

SI

NO CONOCE
11%

25%
64%

Fuente: Elaboración propia (2021)

72 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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Es uno de los requisitos que se estableció mediante la ley 1448 de 2011. La conciliación
extrajuicio por su parte como uno de los MASC, esto es, Mecanismo Alternativo de Solución de Conflicto
o controversias, este se encuentra regulado en el articulado 138, 140 y 141 del Código Administrativo
(CPACA), para efectos del quehacer administrativo, estos mecanismos permiten dar solución a los
conflictos entre el Estado y los particulares, en gran medida están diseñados para descongestionar la
operación de la administración de justicia y se ejecutan como requisito dentro del procedimiento de tal
forma que se convierte en obligatorio para poder demandar, es decir fue establecido como un requisito
de probabilidad para el acceso a la justicia, en miras de cualquier presentación de demanda administrativa
de acuerdo con los medios de control establecidos por ley (Nulidad, nulidad y restablecimiento del
derecho, reparación directa, etc). Según la percepción ciudadana no es un requisito eficiente puesto que
los tiempos para las audiencias son tardíos y generalmente las instituciones de carácter público no
concilian con los particulares, generando un trámite eminentemente innecesario en la percepción
ciudadana con un 65% para las personas encuestadas, lo implica un mayor esfuerzo en la cobertura de
funcionarios para las audiencias de conciliación.
Figura 3.
¿Está conforme con el tiempo de cita para realización de la conciliación extra juicio?
NO

SI

NO CONOCE
11%

17%

72%

Fuente: Elaboración propia (2021)
La anterior gráfica nos muestra que los ciudadanos encuestados no se encuentran en agrado con
el mecanismo de conciliación extra juicio, ahora en esta grafica nos presenta el panorama que da
respuesta a uno de los factores por los cuales las personas no estás de acuerdo con dicho trámite, debido
a los largos tiempos de espera establecidos para surtir o llevar a cabo las audiencias, claro este factor va
muy ligado a la falta de infraestructura en el departamento del Atlántico y la falta de personal para atender
dichas audiencias, debido a que una persona debe esperar hasta uno y dos meses para la ejecución de la

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

73

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

audiencia de conciliación. Así los ciudadanos se encuentran en desacuerdo con un 72% del tiempo que
debe esperar para el desarrollo o ejecución de la audiencia de conciliación.
Figura 4.
¿Conoce los medios de comunicación de la procuraduría?
SI

NO

NO CONOCE
5%

40%
55%

Fuente: Elaboración propia (2021).
La procuraduría en los últimos años ha hecho un esfuerzo por mejorar su imagen y una mayor
transparencia, producto de ello viene dándose una utilización de canales digitales para la comunicación
con ciudadano, que permita cambiar dicha imagen y generar un mayor contacto con la ciudadanía, en ese
orden de idea los ciudadanos encantados en 55% de estos indica que si conocen los medios digitales de
transmisión de la información como los son Facebook, Twitter y otros medios masivos de comunicación
como la televisión.
Figura 5.
¿Cree usted que la procuraduría sirve a la comunidad y la ciudadanía?
SI

NO

NO CONOCE
10%
45%

45%

Fuente: Elaboración propia (2021)

74 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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Los ciudadanos hasta este punto de las cuentas se mantienen en un porcentaje estable en cuanto
a la pregunta realizada si en realidad este órgano de control creado por la constitución sirve a la
comunidad y general al ciudadano, un porcentaje muy bajo con 10% desconoce o no sabe si realmente
la procuraduría sirve a la ciudadanía.
Figura 6.
¿Cree usted que los índices de corrupción han bajado?
SI

NO

NO CONOCE

5%
35%

60%

Fuente: Elaboración propia (2021)
Desde la constitución del 91 donde se promulgo a la procuraduría es la cabeza visible mediante
mando constitucional del ministerio público y quien ejerce de manera preferente el control disciplinario,
se ha venido actuando en contra de la corrupción en Colombia, sin embargo la percepción de las personas
respecto de la corrupción en las diferentes instituciones del estado sigue siendo muy alta, en el
departamento que fue el foco de estudio se encontró que las personas piensan que la corrupción es mucha
y que el ente de control aún tienen deficiencias para tener una verdadera efectividad, la cuentas arroja
con 60% de la población que los índices de corrupción no han bajado, mientras que por su parte el 35%
sostiene lo contrario.
Figura 7.
¿Cree usted que es eficiente la procuraduría?
SI

NO

NO CONOCE
7%
40%

53%

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

75

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

Fuente: Elaboración propia (2021)
Según la percepción de las personas es muy baja la eficiencia de la procuraduría general de la
nación con un 53% de la ciudadanía encuestada, esto nos deja ver que se debe hacer un trabajo constante
de muestra de informes por parte de dicho ente para comparar en números reales cual es esa eficiencia
que la institución viene adelantando al interior de esta.
Figura 8.
¿Cree usted que la ejecución de la función disciplinaria por parte de la Procuraduría General de
Nación índice positivamente para conseguir el lograr de los fines esenciales del Estado?

SI

NO

NO CONOCE

20%
42%

38%

Fuente: Elaboración propia (2021)
Mientras que el análisis del informe de gestión del año 2013 expone cual ha venido siendo el
desempeño de la institución frente a los fines Estatales, en igual sentido el análisis se centra en la
eficiencia y eficacia, como un instrumento importante la institucionalidad ha usado el Sistema Integral
de Prevención que este de forma interna tiene para dar respuestas a nivel territorial a cada uno de los
ciudadanos que han interpuestos recursos, peticiones quejas o reclamos ante este organismo, en sentido
se buscado establecer lasos de confianza entre el ciudadano y el establecimiento al dar respuesta eficiente
y eficaz a los requerimientos en busca de la protección y garantía de los derechos. En ese entendido
durante este el laxo del año 2013 ejemplo se recibieron 147.885 casos en cuanto a la materia preventiva,
es preocupante que en esa cifra particularmente 27.5000 casos sean reclamaciones propias del
desplazamiento forzado, y otras 16.408 tienen correlación con decisiones des aspectos judiciales y
administrativas y por ultimo las 10.495 son propias de aspectos pensionales (Procuraduría General de la
Nación, 2014).

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Tabla 1.
Quejas y denuncias cuidadanas año 2013
NIVEL
QUEJAS Y DENUNCIA DE LA
CUIDADANIA

CENTRAL

DISTRITALES

REGIONALES

PROVINCIALES

TOTAL

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

1.675

17,60%

2.333

10.6%

7.938

22,60%

6.273

14,30%

18.219

16,50%

RECIBIDAS EN 2013

7.861

82,40% 19.598 89,40% 27.191 77,40%

37.453

85,70%

92.103

83,50%

TOTAL, QUEJAS

9.536

100

21.931

100

35.129

100

43.726

100

110.322

100

2.057

26,10%

868

5,10%

5.435

20,80%

8.172

20,90%

16.532

18,40%

125

1,60%

88

0,50%

292

1,10%

791

2,00%

1.296

1,40%

0

0,00%

11

0,10%

48

0,20%

67

0,20%

126

0,10%

42,80% 13.854 82,00% 15.433 59,10%

21.381

54,80%

54.041

60,10%

228

2,90%

66

0,40%

1.026

3,90%

1.032

2,60%

2.352

2,60%

1.895

24,10%

1.207

7,10%

2.266

8,70%

5.467

14,00%

10.835

12,10%

201

2,60%

795

4,70%

1.599

6,10%

2.127

5,40%

4.722

5,30%

82,60% 16.889 77,00% 26.099 74,30%

39.037

89,30%

89.904

81,50%

QUEJAS Y DENUNCIAS AL INICIO
DEL 2013

QUEJAS PRESENTADAS Y DENUNCIAS EN EL AÑO 2013

QUEJAS

Y

Apertura

DENUNCIAS

de

Investigación

preliminar
Procedimiento ordinario
Procedimiento Espacial, esto es
verbal.
Traslado por Competencia
Acumulación

Auto Interlocutorio
Archivo

Quejas Atendidas en 2013

3.373

7.879

Fuente: Procuraduría General de la Nación (2014). Nota: Información tomada de Él Informe de gestión
2013 muestra el número de denuncias y quejas presentas durante el año 2013.
El año 2013, se da una apertura en cuanto a las quejas presentadas de 18.21, posteriormente se da
un aumento de 92.103, que finaliza en el año con un global de 110.332 quejas presentadas y denuncias
por diligenciar. De estas quejas y denuncias presentas se dio atención a personal de 89.904, esto presenta
el 81,5% del global, sin embargo, se encuentran por resolver o tramitar 20.418.
En la siguiente tabla se da cuenta de los tramites que se llevan a cabo en el nivel central, así como
también en las procuradurías en los territorios en lo que respecta a los indicadores que tiene un carácter
preliminar durante el periodo del 2013:

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

77

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

Tabla 2.
Indicadores preliminares disciplinarias-2013
INDAGACIONES

NIVEL

PREMILIRES

CENTRAL

DISCIPLINARIAS

No.

%

DISTRITALES
No.

%

REGIONALES
No.

%

PROVINCIALES
No.

%

No.

TOTAL
%

2.761

57,30%

460

34,60%

5.997

52,50%

9.968

55,00%

19.186

53,70%

2.057

42,70%

868

65,40%

5.435

47,50%

8.172

45,00%

16.532

46,30%

4.818

100

1.328

100

11.432

100

18.140

100

35.718

100%

767

23,30%

157

14,10%

988

15,60%

2.268

23,60%

4.180

20,50%

17

0,50%

11

1,00%

110

1,70%

274

2,90%

412

2,00%

698

21,20%

79

7,10%

1.869

29,50%

1.252

13,00%

3.898

19,20%

115

3,50%

56

5,00%

196

3,10%

265

2,80%

632

3,10%

Con Acumulación

1.642

50,00%

801

71,90%

3.062

48,30%

5.411

56,30%

10.916

53,60%

Con Prescripción

48

1,50%

10

0,90%

115

1,80%

144

1,50%

317

1,60%

3.287

68,20%

1.114

83,90%

6.340

55,50%

9.614

53,00%

20.355

57,00%

1.531

31,80%

214

16,10%

5.092

44,50%

8.526

47,00%

15.363

43,00%

INDAGACIONES
PREMILIRES

INICIANDO

EL PERIODO 2013
INDIGACIONES
PRELIMINARES ACEPTAS
EN PERIODO 2013
TOTAL,

INDAGACIONES

PRELIMINARES
Con

procedimientos

INDAGACIONES PRELIMINARES TERMINADAS 2013

Ordinarios
Con

Procedimiento

ordinario
Con

Procedimiento

Espaecial(Verbal)
Con

traslado

por

Competencia

INDAGACIONES
TERMINADAS

EN

2013
Quejas

Atendidas

2013

en

Fuente: Procuraduría General de la Nación (2014). Nota: Información tomada de Él Informe de gestión
2013.
Para el 2014, la procuraduría General de la Nación dando observancia a esas funciones que tiene
de manera preventiva, de servicio a la comunidad, en consecuencia, hay que vigilar por la garantía de los
derechos en el marco del Estado social de derecho, en la medida que se cumplan los principios
constitucionales respetando el ejercicio de los derechos y el reconocimiento de los deberes, en esa medida
se presenta dentro de los análisis del informe de gestión de la institucionalidad, unos resultados al
finalizar el año 2013, en primera medida se presenta por parte de la ciudadanía 141.923 solicitudes,
dentro

de

estas

solucionaron

alrededor

de

111.919,

esto

es,

78,9%.

78 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

Igualmente, de 22.439 asuntos preventivos en gestión, se clausuro con un No de 17.228, que responde a
un 76,8%.” (Procuraduría General de la Nación, 2014).
Según el informe se indica la realización del seguimiento en torno a la protección y garantía de
los Derechos Humanos en el marco de los preceptos constitucionales, habida cuenta que los procesos de
restitución de víctimas y pertenecientes al conflicto armado requieren un carácter de mayor compromiso,
así mismo se desarrolla un álgido seguimiento a las personas de especial protección constitucional, los
grupos poblacionales respetando las derechos de las minorías, la población LGTBI, los NNJA, los
asuntos pertenecientes al medio ambiente, temas agrarios, seguridad social, que en esa medida permitan
fortalecer aspectos de la gestión pública en todos los niveles tanto nacional como territorial (Procuraduría
General de la Nación, 2014). Sin embargo, la percepción de la ciudadanía en temas de corrupción,
pobreza y conflicto armado presta otra sensación frente a este panorama (Procuraduría General de la
Nación, 2014).
En el laxo perteneciente al año 2013 se presentan un numero de 116.906 en quejas y denuncias
con relación a las faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos, así como también de los
particulares que en alguna forma cumple funciones públicas de los cuales fueron resultas un total de
96.721, que apuntan a un 82,7% (Procuraduría General de la Nación, 2014).
En búsqueda de mejorar factores de corrupción el país este año se dieron un total de 1.236
sanciones en la primera y la única instancia, en igual sentido quedaron en firmes 632 sanciones, esta lista
la encabezan alcaldes, concejales de los cuales 179 alcaldes y 173 son concejales perteneciendo en su
totalidad a un 56% de las sanciones impuestas.
Por su parte en cuanto al 2015 a 2016 se refiere, se enarca como un periodo donde se logró una
efectividad del 87,5% mostrado en el informe de gestión 2015, se lograron diversos avances en cuanto
al desarrollo de los resultados, se tramitaron para este periodo 164.381 solicitudes, de las que se dieron
respuesta 143.791, esto nos permite obtener del informe un aumento en el rango correspondiente al 10%
en comparación con el año inmediatamente anterior, el cual corresponde al 76,8%. Como un plan para
mejorar los resultados se realizaron 6.785 visitas, de los cuales resultaron 95.022 peticiones, aunado a
ello fueron mostrados alrededor 10.825 informes y por último en cuento los documentos de análisis se
recibieron un total de 8.600.

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

79

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

Para el ente de control es importante los aspectos de capacitación y formación de los funcionarios
y ciudadanos por ellos se llevaron a cabo 3.906 capacitaciones en materia preventiva beneficiando a
70.330 asistentes.
De otro lado las sanciones y faltas disciplinaria en las que inciden por lo general el servidor
público y más un el particular que ejerce la función pública se puede observar que entre quejas y
denuncias se presenta en la vigencia 2015 un total de 107.979 de las cuales 89.861 se llevaron a ejecución
esto deja a la institución en un 83,2% de cumplimiento respecto a ese punto. Por su parte en el mismo
informe presente que el correspondiente al 47% es decir 42.263, se presenta en remisión bajo el concepto
de competencia de carácter externa, luego se mira un el 13.313 de remisión apuntando al concepto de
competencia interna, que hacer parte de los procesos que fueron enviados a distintas dependencias de la
institución, este corresponde al 14.8%. Luego se advierte en cuanto a la terminación con autos
inhibitorios se tiene un total de 12.148 pertenecientes al 13,5%, por su parte en el análisis se visualiza
los últimos puntos que tiene que ver con el archivo, iniciación de la indagación preliminar y la apertura
de la investigación de carácter disciplinar ordinaria que corresponde en el orden a 4.213, 16.991, 867
respectivamente y por ultima en el proceso especial, esto es el verbal, se tiene 65 que sería el 0.1%.
Durante el año 2015 se describe que se levantaron 1.632 pliegos de cargos de estos 892 perecen al proceso
ordinario y 740 hacen parte del proceso especial verbal (Procuraduria General de la Nación, 2016)
Para los años entre 2017-2018, el Procurador General de la Nación se compromete con la defensa
de los derechos humanos y el hecho de buscar la garantía de la justicia como parte del Estado social de
derecho, en la medida que el Estado asume la responsabilidad de responder a las necesidades de sus
ciudadanos. Esto permite que dentro del Estado social derecho las minorías sean respetadas y valoradas,
teniendo presente la observancia de los territorios menos favorecidos, de las poblaciones históricamente
vulneradas para conseguir una verdadera equidad en medio de tanta desigualdad y lograr una justicia
social que en definitiva es el fin o la naturaleza del Estado social de derecho, donde sus ciudadanos
reclaman por una confianza en sus gobernantes, por el respeto de la función pública, permitiendo cumplir
esos tan anhelados fines del Estado como el bien común y el interés general por encima de sus
individuales, en si rescatar el carácter de servicio de los funcionarios, preceptos que constituyen el Estado
y se orientan en esos fines del derecho mismo (Procuraduria General de la Nación, 2016)o.

80 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

En cuanto a buen gobierno, es importante reseñar que se hace alusión a la capacidad de los entes
gubernamentales para atender y resolver las demandas y necesidades ciudadanas, en términos de
resultados y satisfacción (Aguilera Izaguirre, 2020)
Para esta vigencia se busca mantenar la eficacia y efeciencia, trabajando bajo el plan estrategico
institucional, se proponen entonces 21 metas según el inofmre de desgion presantado para el 2018,
permitiendo un avance de 85% a pesar de encontrarse bajo la viegencia de la ley de garantias. Se
atendieron alrededor de 83.694 tramitandose de forma inmediata en 2017 y 2018. El siguiente cuadro
muestra las estadisticas para este perioro:
Figura 9.
Estadisticas sobre atencion al usuario 2017-2018.

Fuente: Procuraduría General de la Nación, Informe de gestión 2017-2018 (2019)
Mientras en la función disciplinaria se muestra que se recibieron alrededor de 184.024 quejas
valoradas en los meses de enero del año 2017 y diciembre del año 2018, de estas 33.891 quejas (18.41%)
se convirtieron en el fundamento que diera pie para activar los procesos disciplinarios, siendo 100.095
quejas direccionadas internamente o remitidas a la oficina del control interno disciplinario, o en su
defecto enviadas por efectos de competencia a otras entidades externa, de las cuales se presentaron
17.871 autos inhibitorio, algunos sin éxito porque no se demuestra la existencia del hecho, esto es, que
el imputado no corresponde a la comisión de los mismos, en este caso no se puede dar inicio a la
existencia de responsabilidad por es evidente que no existen pruebas para demostrar tales hechos
(Berdugo y Cadrazco, 2013). El restante correspondió a acumulaciones y archivo, iniciando un total
9.777 investigaciones (Procuraduría General de la Nación, 2018).
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

81

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

Ya para el 2018 -2019, se presentaron 58.549 perteneciente a la atención brindada a los
ciudadanos dando contestación a 58.091, esa cifra deja a la institución en 99,2% de cumplimiento
demostrado su mejoría y eficacia, solo el 2,60% fue remitido por temas de competencia que
correspondiente a la totalidad de 1.523. En esa media se propone disminuir la vulneración de los
derechos, en la medida que los ciudadanos resuelven sus inquietudes, permitiendo la prevención, como
respuesta a las solicitudes planteadas se produjeron una totalidad de 1.976 actos preventivos para
minorizar tales vulneraciones de derecho, reflejándose en el 3,3%, de estos se divide en 303 para
cuestiones ordinarias y 1.673 en los asuntos de carácter abreviado, en ese orden de ideas el actuar de la
Procuraduría va está encaminado hacer una trazabilidad que permite un seguimiento de las acciones
ejecutadas por las entidades involucradas (Procuraduría General de la Nación, 2018).
El informe de este periodo respecto de la función preventiva dice que se resolvieron 314.831
procesos, de estos se efectuaron 115.029 (36%) requerimientos, el 20% asuntos abreviados resueltos que
corresponde a 63.302 y 58.091 que sería un 18% de la atención a público solucionada (Procuraduría
General de la Nación, 2018).
Tabla 3.
Función preventiva 2018-2019 del nivel Nacional
Atenciones de público resueltas (escena de ubicación en la función preventiva)
Asuntos abreviados resueltos (escena de atenuación de la acción preventiva)

58.091
63.302

Asuntos ordinarios resueltos (escena de atenuación constante de la acción preventiva)

11.057

Casos preventivos resueltos (escena de adelanto de la acción preventiva)
Acciones en materia constitucional para la protección de derechos
Inspecciones preventivas
Requerimientos efectuados
Contestación a las distintas peticiones
Eventos de capacitación

3.248
330
11.29
115.029
52.484
1.772

Funcionarios
particulares

públicos

,

Fuente: (Procuraduria General de la Nación, 2020).
5.-CONCLUSIONES
De los anteriores resultados se concluye que, si bien en los principios y valores de las constitución están
consagrados como fines esenciales al servicio a la comunidad basados en un Estado social de derecho
que tiene primacía en los derechos colectivos, es evidente que los ciudadanos no cuenta como una buena
percepción de instituciones que hacen parte de la estructura del Estado tal como la Procuraduría General
de la Nación, factores que profundizan las respuestas de los usuarios son la corrupción, la percepción de
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inestabilidad, los largos tiempos de espera, entre otros factores que dejan ver la ineficiencia de la
institución, de un total de 100 usuarios el 65% indica que no se ha velado por el cumplimiento de los
derechos de petición, mientras que los informes de gestión muestran avaneces en el tema, sin embargo
en cuanto a materias como la conciliación extrajudicial como requisito del procedimiento para acceso a
la justicia los usuarios consideran en 64% que no debe darse este requisito y la inconformidad va dirigida
a los tiempos de respuesta para realización de estos mecanismos, esto plantea y hace evidente la eficacia
en cuanto a la prestación de los servicios brindados por la institución, ya que la demora en los tiempo
para obtener una cita y que lleve la audiencia de conciliación es muy largo y las personas deben esperar
un mes mínimo porque las agendas están copadas, por su parte se demuestra que no se conocen los
canales virtuales o estos son poco utilizados como el Facebook, Twitter etc., el común de los usuarios
indica que la procuraduría si sirve a la comunidad en ejercicio de la defensa de los derechos y el control
disciplinario pero que sin embargo no ven efectivo en los procesos y los archivos por parte de la entidad
son muchos, esto también se ve reflejado en los informes de gestión presentados en los últimos años, por
último el nivel de corrupción es un factor determinante a la hora de observar la eficiencia y eficacia en
los procesos ya que el común de los usuarios en 60%

indica que los niveles de corrupción según su

percepción no han bajado.
La creencia en cuanto a la eficacia de la institución se observa en un nivel alto en un 53% debido
a factores como los medios de comunicación y la constante información actual por redes sociales.
Analizando por último el ejercicio de la procuraduría dentro el desempeño de los fines estatales se
encuentra por debajo del 50% según el nivel de percepción, sin embargo los resultados expuestos por la
institución en los últimos 5 años dan muestras del avance de la misma en cumplimiento del mandato
constitucional, si bien es cierto la percepción institucional es un factor importante los resultados
mostrados dan cuenta de importantes avances pero se observan aun en los resultados oficiales mostrados
por la institución y sus estadísticas en el distrito de Barranquilla, como en toda Colombia existe un mal
generalizado, en temas de corrupción y de atención al usuario.
El panorama expuesto envuelve una serie de implicaciones teóricas y prácticas, que deben ser
afrontadas y estudiadas teóricamente a la luz de la ética pública y en su dimensión práctica desde el
análisis del correcto y eficiente funcionamiento de la administración de justicia. En ese sentido, conlleva
formular una serie de postulados de buen comportamiento y servicio que se establezcan como principios
esenciales de funcionamiento de la entidad y que posteriormente se puedan convertir en protocolos
aplicables y verificables en la práctica real del adestramiento de las ocupaciones misionales de la
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

83

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

Procuraduría General y que, a su vez, ello se observa en la consolidación de unos indicadores claros que
den cuenta del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Se responde a las preguntas hecha ¿Tiene el ejercicio del control disciplinario por parte de la
Procuraduría General de la Nación a nivel del departamento del Atlántico una real incidencia en el logro
de los fines esenciales del Estado y la garantía de la Función pública? El grado de incidencia presentado
es poco la comunidad ha generalizado que pese a que los funcionarios en muchas ocasiones cumplen con
todo el protocolo la mayoría de los funcionarios tienen un poca eficiencia y celeridad, que no permite
ver reflejado tales fines.
La polarización existente en el país, el post conflicto y la obligación de resguardar los derechos
humanos son retos con los que hoy se enfrenta la institución, una institución que muchas veces no cuenta
con las capacidades en infraestructura, en capacitación de sus funcionarios para la atención de los
ciudadanos que hoy por hoy se encuentran inconforme con la gestión realizada por la institución, en
cuanto de percepción a las personerías demuestras que los factores más comunes que entorpecen las
investigaciones en la corrupción se observan en la siguiente figura que hace parte de la encuesta de
percepción del ministerio público emitido por la procuraduría en la que se observaran los derivaciones
corresponden a la tabulación y escrutinio de 177 personerías, que dieron respuesta a la encuesta de
percepción, 5 de las cuales son regionales y otras 10 que pertenecen al nivel provincial, es así como se
logra establecer la inconformidad en los temas de corrupción.
Figura 10.
Actos de corrupción que dificulta su investigación: Personería
Particpaciòn indebida en polìtica
Acaso laboral
Extralimitacòn de funciones
Falta de superviciòn
Violaciòn del debido proceso
Contratos de prestacion de servicio
Clientelismo
Uso indebido de informaciòn
Pculado
Direccionamiento de Procesos contractuales
Celebracion indevida de contrato

0

10

20

30

40

50

60

70

Fuente: Procuraduría General de la Nación (2019). Nota: Los anteriores resultados son una
respuesta de la tabulación y estudios de 177 personerías, que replicaron la encuesta de percepción.
Una corrupción que permea todas las esferas en nuestro país y que hoy desde la misma institución
se debe hacer un trabajo arduo para cambiar este panorama de cara a la ciudadanía que exige un control
84 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

disciplinario con funcionarios eficaces y eficientes en la gestión y como lo muestra la figura de los actos
de corrupción que mayor mente dificultan las investigaciones tiene que ver con la celebración de
contratos y el tráfico de influencia como ha quedado demostrado. (ver por ejemplo Mejía, Ahumada y
Coavas, 2020). Por su parte en la muestra que corresponde a las procuradurías regionales se encontraron
que los actos de mayor corrupción corresponden a la dirección de procesos contractuales:
Figura 11.
Actos de corrupción que dificultan la investigación su investigación: Procuradurías Regionales.

Fuente: Procuraduría General de la Nación, (2019). Nota: Los siguientes resultados corresponden a la
tabulación y análisis de 5 procuradurías regionales, que contestaron la encuesta de percepción.
Por último, en lo que respecta al análisis de las diez procuradurías del ente provincial, que dieron
respuesta a la encuesta de percepción se observa los siguientes datos:
Figura 12
Actos de corrupción que dificultan la investigación su investigación: Procuradurías provinciales.

Fuente: Procuraduría General de la Nación, (2019) Nota: Los siguientes resultados dan
respuesta luego de tabular y analizar 5 procuradurías en el nivel regionales, resultantes de la encuesta

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

85

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

para nivel de percepción. Esto muestra que al igual que las procuradurías regionales las procuradurías
provisionales reflejan que los mayores actos de corrupción que discutan las investigaciones tienen que
ver con los direccionamientos de los procesos contractuales.
Lo que implica un compromiso con la comunidad para el desarrollo efectivo de los fines
esenciales del Estado de Derecho asumiendo los principios de celeridad y eficacia hoy en día en día han
perdido confiabilidad en la ciudadanía requiriendo el desarrollo de una legislación acorde con el
momento histórico que vive el país, pero también el desarrollo de políticas públicas orientadas al
cumplimiento estructural y técnico de la función pública. Pero también requiere de un cambio en las
condiciones sociopolíticas y culturales en la región caribe particularmente en el Atlántico erradicando la
normalización de la corrupción.
Finalmente, fue posible dar respuestas a los interrogantes y objetivos de investigación en cuanto
se realizó un análisis exploratorio sobre la percepción de la sociedad civil frente al control disciplinario,
con los resultados expuestos en apartados anteriores y de los cuales se sintetiza que existe cierta sensación
de que la corrupción y la ineficiencia sus factores que aún deber ser afrontados. De igual forma fue
posible develar los factores de incidencia que ejerce el control disciplinario a través de sus agentes en el
nivel territorial y su relación con la consecución de los fines esenciales del Estado y garantía de la función
pública. Estos factos que se han profundizado aún más debido a la inestabilidad por los cambios
constantes de la normatividad en materia del derecho disciplinario pues se hace evidente que en menos
de un año de estar vigente la ley 1952 de 2019 fue modificada por la ley 2094 de 2021.
Ahora bien, estos resultados sirven de insumos para un abordaje parcial de la función de
disciplinar que realizar el Estado, pero quedan muchos aspectos como las causas preminentes de la
corrupción y de los niveles de eficiencia, así como los impactos de estos fenómenos o también el análisis
del rendimiento en términos operativos y cumplimiento de fines estatales, por lo que es menester
continuar con más investigaciones desde los sectores institucionales y académicos, investigaciones que
deben ser estructuradas la luz no solo de correlaciones empíricas, sino tratar de establecer, relaciones de
causalidad.
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Conflicto Cataluña-España: ACD de fotografías emitidas
el 1-O en Cataluña1
Catalonia – Spain Conflict: ACD of photographs issued on 1-0 in Catalonia
Wisem, Mahi2;

RESUMEN
El presente artículo ha pretendido realizar una guía analítica para el discurso periodístico
sobre el día del referéndum ilegal en Cataluña, el 1 de octubre de 2017 y analizar cuatro
imágenes de dos periódicos nacionales de España. Se aplicó el método de análisis crítico
del discurso del lingüista neerlandés Teun Van Dijk, con el fin de confirmar la hipótesis
que dice que la fotografía en la prensa es representadora de la identidad nacional de un
pueblo, con la técnica de análisis discursivo el tipo de investigación es descriptivo. Se ha
pretendido aquí destacar cuatro fotografías de los diarios El País y eldiario.es capturadas
durante el día de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña, el 1-O. Las cuatro
imágenes representativas del propósito planteado anteriormente, pertenecientes a dos
diarios españoles, uno tradicional y otro digital. Se encontró que las imágenes que se han
circulado en los medios acerca del proceso catalán han servido para dar una
contextualización social del evento. Se ha concluido que la fotografía en la prensa puede
reemplazar el texto periodístico y ayuda a la comprensión y asimilación del contenido de
la noticia de ahí se transforma en un discurso apto, representativo de los problemas de la
actualidad.
Palabras claves: Análisis crítico del discurso, cargas policiales, el fotoperiodismo, el
referéndum catalán, identidad nacional.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 06/07/2022
Fecha de revisado: 25/07/2022
Fecha de aceptado: 22/11/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article aimed to produce an analytical guide for the journalistic discourse on the day
of the illegal referendum in Catalonia, on October 1st, 2017, and analyze four images of
two national newspapers in Spain. The method of critical analysis of the speech of the
Dutch linguist Teun Van Dijk was applied, to confirm the hypothesis that the photograph
in the press represents the national identity of a people, with the technique of discursive
analysis the type of research is descriptive. It has been intended here to highlight four
photographs of the newspaper “El País” and “eldiario” captured during the day of the
illegal referendum in Catalonia, the 1-0. The four representative images of the purpose
raised above, belonging to two Spanish newspapers, one traditional and the other digital.
It was founded that the images that have been circulated in the media about the Catalan
process have served to give a social contextualization of the event.
Keywords: Critical analysis of speech, polices charges, photojournalism, the Catalan
referendum, national identity.

Cómo referenciar este artículo:
Mahi., W. (2023). Conflicto Cataluña-España: ACD de fotografías emitidas el 1-O en Cataluña. Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía, 9(17), 89-107. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-4

Este artículo es producto del proyecto “Conflicto Cataluña-España: ACD de fotografías emitidas el 1-O en Cataluña”.
Doctora en civilización española contemporánea por la Universidad de Abou Bakr Belkaid-Tlemcen. Profesora de la Universidad Tlemcen. Correo: wisem.mahi@univtlemcen.dz ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4952-3457
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1.- INTRODUCCIÓN
El ser humano está expuesto a diario a todo tipo de mensajes, signos, simboles e imágenes en una
sociedad que impone una cierta inclinación ideológica.
Igualmente, la imagen se impone en nuestra vida diaria como herramienta de difusión de los
eventos mundiales, ya que vivimos en un mundo interconectado y globalizado, nos llegan las noticias a
nuestra pantalla y en tiempo real. De modo que, las imágenes pueden ser utilizadas como medio de
propaganda, difusión de ideas conforme a los intereses de las entidades que las fomentan, de ahí se
convierten en herramientas fundamentales del discurso. (Sartori&amp; Sontag 2006, p. 28)
La fotografía tiene un estatus muy importante en el seno de los medios de comunicación de masas,
pues, como foco preferente, atrae al espectador y lo deja enganchado porque aporta algo que lo motiva
(Esquinadura, 1995, p. 17). Junto con el texto informativo pone más énfasis en la materia de transmisión
de un hecho de actualidad. Consiste más bien en capturar lo que realmente se entiende de la realidad y la
verdad de un acontecimiento determinado (Fabregat, 2014, p. 9). Si bien, la fotografía consiste en una
herramienta que ayuda al fotógrafo a experimentar sus inquietudes artísticas (Vills, 2008, pp. 9-10).
John Ingledew (2013) dice que todo el mundo puede tener acceso a la fotografía, por lo que los
fotógrafos la captan y la reproducen conforme con su propio gusto e interés. Es más, una sola imagen es
capaz de contar historias y llegar a interesantes direcciones. Viene respaldada por múltiples aspectos de
comunicación; periodismo, publicidad, internet y revistas, para expresar visiones y experimentar la
esencia de las cosas, evocar e inspirar contando la vida, alimentar la imaginación (Ingledew, 2013).
Por tanto, el nacimiento de la fotografía se remonta al año1829, lo que coincide con la primera
era industrial, la aparición de la máquina a vapor que ha facilitado la comunicación a lugares lejanos y
también con el desarrollo de las ciencias. Por eso, la necesidad de la información iba a ser necesaria y la
prensa aprovechaba los desarrollos de la era industrial. En aquel entonces, se produjo la revolución de
los transportes para amplificar la difusión de los periódicos entre la masa y la mejora de técnicas de
impresión. En 1844, surgió el telégrafo eléctrico por Morse en Estados Unidos para fomentar la difusión
de noticias entre Europa y América, ayudando, más tarde, en el desarrollo de agencias de prensa: se fundó
la agencia Navas en París creada en 1835, monopolizando las noticias en el interior y fuera del país,
luego en 1849 la agencia Wolff en Berlín, Reuter en Londres en 1851 y la Associated press en Nueva
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�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

York con la colaboración de 06 periódicos. Todo ello y más favoreció el surgimiento de la fotografía
(Fabregat, 2014, pp. 10-13).
Igualmente, los antecedentes de la fotografía se remontan al siglo XIX con las fotos de guerra,
las primeras imágenes desarrolladas para revivir tales acontecimientos. Desde luego, en plena guerra de
secesión de EE. UU en 1863, las fotos resultaron ser más directas y realistas debido a que los fotógrafos
eran autónomos en términos económicos y técnicos, con el uso de unas cámaras pequeñas. Sin embargo,
con el paso del tiempo, se empieza a deducir que lo real no es aquello que exhibe la imagen sino la
interpretación del receptor al respecto. Mejor dicho, somos lo que interpretamos, dejamos un impacto en
la imagen, gracias a nuestras propias experiencias y conocimientos previos (Villaseñor, 2018, p. 6).
En España, durante la proclamación de la II República, apareció la prensa ilustrada, con la ayuda
del reporterismo gráfico, de modo que aparecieron las dos revistas Cruz y Raya y Nueva Cultura y otras
como Estampa o Crónica. De hecho, Michel Frizot recalca que la Guerra Civil española promocionaba
el desarrollo del fotoperiodismo (alcalde, 2017, pp. 55-56).
En tiempo de Dictadura en España había resaltado aquella imagen que revienta las virtudes y la
figura del caudillo Franco y su régimen. Pese a la censura impuesta, varios periodistas lograron transmitir
mensajes entre líneas y con doble sentido (Vills, 2008, p. 14-15).
A raíz de esto, se ha optado por hacer un ACD de la fotografía en la prensa, en donde se
evidencia la diferenciación entre “nosotros” y “ellos”, o sea entre dos partes conflictivas.
Basándonos en la perspectiva analítica de Teun Van Dijk en su estudio sobre los textos escritos.
Entonces, a través de este presente se apuesta por la fotografía en la prensa. Por eso, se ha
escogido a solo dos diarios como puntos de referencia. Primero, el diario El país, encabeza el
ranking de los diarios mejor posicionados en España y es de mayor alcance después del diario
Marca. Es un diario de inclinación izquierdista, social demócrata, y por ser moderado cuenta con
una audiencia próxima a los 751.000 lectores que comprende el periodo entre enero y noviembre
de 2021 (Orús, 2022). Y en los años 2018 y 2019 encabeza la lista de los diarios digitales más
leídos en España. Cuando el segundo diario de análisis, el diario.es consiste en el cuarto medio
digital más leído en España según el Informe anual del Reuters Institute de la Universidad de
Oxford. Ya que, en España, a diferencia de otros países, los ciudadanos dan credibilidad a los
medios digitales que en la prensa de papel o las televisiones (Eldiario.es, 2018).

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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Las cuatro fotografías que se ha seleccionado responden perfectamente al interés analítico, por
tener más impacto -a ojos de un autor no español- lo que ayuda a saber la repercusión de tales imágenes
a nivel internacional.
Por ello, se pretende realizar los siguientes objetivos:
Conocer el tratamiento mediático de los dos diarios de referencia ante la celebración de un
referéndum considerado ilegal por el Estado español.
Comparar cualitativamente entre los dos diarios con la intención de indagar las similitudes y
divergencias entre las líneas informativas que se ha seguido.
Indagar una posible repercusión mediática que habrá a nivel internacional.
Ver la naturaleza de las imágenes que se ha tenido entre manos, si son entendibles o inescrutables,
que necesitan una explicación más allá de la imagen misma.
Probar que las cuatro muestras objeto de análisis albergan prácticas discriminatorias.
Y para lograr todos estos objetivos se requiere elaborar un cuadro de análisis de contenido y
forma, incluyendo a variables para extraer conclusiones de reflexión cualitativa.
Los estudios que han tenido una orientación aproximativa al análisis planteado; La fotografía en
la prensa: análisis comparativo del tratamiento de las imágenes de los terremotos de Haití (2010) y de
Japón (2011) en la prensa española de Jessica Fernández Vázquez de Universidad de Vigo. Y, El análisis
cualitativo de la foto de prensa Revista Latina de Comunicación Social (2004) de Carlos Abreu,
Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social Canarias.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
El poder en los medios
Por un lado, hablar de la noción del poder requiere hablar del control sobre la mente de las personas y
sus actos, privándole de su libertad de acción. Es el control mental efectuado por el poder moderno por
parte de los grupos que tienen acceso al discurso público y que poseen la hegemonía social y política.

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Cuando los grupos dominados tienen acceso limitado al poder. Por ejemplo, un mecánico, un hombre
con poca ilustración, repara coches en la calle domina la conversación cotidiana de su familia, amigos,
clientes, es decir, en el discurso que puede controlar, puede también tener acceso a la televisión, la radio,
los periódicos, pero en estos no puede participar activamente. En cambio, las élites, profesores, directores
de empresas y otros más tienen acceso a muchos textos diferentes, es más, determinan quién debe hablar,
sobre qué y en qué momento. Se traduce también como acceso privilegiado a recursos sociales
concretizado en el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento y la fuerza, e incluso obtener la información
de exclusiva (Van Dijk, 1994, p.6).
Si bien, nuestra mente controla nuestras acciones, capaz de influir en aquellas de los demás, sobre
todo, por los textos y el habla, por eso, el discurso puede controlar las acciones del individuo mediante
la persuasión y la manipulación. Cada uno en su terreno, los maestros controlan el discurso educativo
institucional, los abogados el discurso legal, los periodistas el discurso mediático y los políticos el
discurso de la planificación, un control muy poderoso que influye en otros discursos, por lo que, pueden
decidir sobre los posibles actos de habla de una ocasión concreta; como un profesor puede exigir una
respuesta directa de su estudiante en vez de una historia personal también los editores pueden decidir qué
asuntos noticiables deben tratar y cubrir. Esto significa que mucha gente interpreta el mundo adaptando
la percepción que adoptan las élites o los poderosos, actuándose de acuerdo con los intereses y los deseos
de la clase hegemónica o los dominantes.
Contextualización del Proceso Catalán
Durante el siglo XIX, la identidad nacional española era una fuerza ideológica y política tan activa,
producto de las élites conservadoras, católicas, republicanas y en gran medida, liberales, que fomentaron
el nacionalismo cultual influenciado por el historicismo nacionalista y el romanticismo. En el mismo
sentido, España del siglo XIX era un compendio de regiones mal integradas, ya que, los problemas de
debilidad financiera, fragmentación social y económica, dejaron aparecer otras identidades periféricas
frente a un nacionalismo español en agonía. Es el llamado fenómeno de doble patriotismo al que alude
Josep María Fradera, en donde son compatibles la fidelidad política a un estado, por un lado, y la adhesión
a una patria regional y diferenciada por otro (Vidal-quadras, 2006, pp. 42-54).
Desde luego, la nación homogénea empieza a extinguirse, abriendo paso al llamado fenómeno,
naciones sin Estado. Territorios como Cataluña, País Vasco, Quebec, Escocia, Flandes y otros más han
aparecido como movimientos nacionalistas dentro de unos países democráticos e industrializados. Es
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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decir, el nacionalismo ha sido y sigue siendo el origen de los grandes cambios históricos, capaz de causar
el daño como favorecer la libertad. En España, el nacionalismo está ocupando la política española, a raíz
de la violencia etarra en el País Vasco y debido también al peso económico y social de la comunidad
catalana.
El factor mayoritario del despertar de este fenómeno nacionalista periférico, específicamente en
Cataluña y en el País Vasco, proviene de la ola europea de matiz revolucionaria en países como Hungría,
Bosnia y Croacia bajo el Imperio Austrohúngaro, el imperio ruso con Finlandia, Ucrania, las Repúblicas
bálticas, etc. Otro factor también nacional, es el empeño contundente de la intelectualidad catalana en
forjar su identidad mediante el empuje de la lengua y cultura propias. Y también por el descontento de
las colonias americanas españolas en pedir su independencia de España (Vidal-quadras, 2006, p. 43).
Por tanto, el debate acerca el tema del nacionalismo atormentó la vida pública española hace más
de un siglo y la misma Constitución de 1978 no ha podido apaciguarlo_ destacado como proyecto político
desde la promulgación del Texto Constitucional en 1978_. De ahí los nacionalismos catalanes y vascos
han tenido una presentación constante en el seno del Parlamento Europeo. En Cataluña, el partido
encabezado por Jordi Pujol Convergencia i Unió -CiU gobernó unos diecinueve años a partir de la
aprobación del Estatuto de autonomía. Mientras en el País Vasco, fue el Partido Nacionalista Vasco PNV quien dirigió la comunidad vasca con ayuda de los socialistas y los demás partidos nacionalistas
tras la aprobación del Estatuto de Guernica. En cambio, el Bloque Nacionalista Gallego nunca ha podido
gobernar en esta comunidad autónoma (Vidal-quadras, 2006, pp. 49-50).
Desde luego, en Cataluña, hay una polarización de opiniones, una mitad que está a favor de la
independencia y la construcción de un Estado independiente de España y una República catalana, y la
otra mitad no quiere deshacerse de su condición de españoles y lo ve compatible con su propia identidad
catalana, mientras considera que la separación va a costar mucho para Cataluña, ante la imposibilidad de
lograr un reconocimiento internacional, lo que supondría su salida inmediata de la zona del euro (Borrell,
2015, pp. 312-314).
Nada más estallarse la crisis catalana, en otoño del 2017, se ha resucitado el espíritu nacional. Por
temor de una súbita desaparición de la nación española, muchos españoles comprometieron en alzar la
bandera española, mostrándose afines al constitucionalismo y a la unidad de España. En el mismo

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Barcelona, se convocaron dos manifestaciones en la calle, los días 8 y 28 de octubre del mismo año, a
favor del texto constitucional español.
La situación se puso más tensa en plena reunión extraordinaria, y ante el pleno del Parlament se
aprobó la ley del referéndum el 6 de septiembre del mismo año. La tramitación de la ley que pretendía
dar protección legal a la consulta convocada el 1 de octubre, pasadas doce horas por causa de la bronca
entre los miembros ,72 de votos a favor y 11 abstenciones. Al mismo día, se ha firmado un decreto por
el president y los consejeros, para la convocación del referéndum (Borrell, 2015).
También, hay otros factores por los cuales los independentistas quieren la secesión, la
globalización y todo lo que conlleva de la gobernanza internacional y el libre comercio, algo que dejó
claro a las regiones con identidad a optar por la independencia. Pero, el proceso llevado por las
autoridades catalanas desde los años ochenta consistía en manejar la televisión regional (TV3) y el
adoctrinamiento en las escuelas para liderar la construcción de una identidad nacional diferenciada
(Borrell, 2015, p. 12).
Entonces, fue Escocia a su negociación con Londres la precursora en negociar con el centro para
emprender su proceso independentista. Sin olvidar, la política de austeridad de la UE ayudó mucho en
difundir las reivindicaciones y los populismos de rebelión, al imponer más control sobre el gasto público.
Conforme con el socialista Josep Borrel, los independentistas se resbalarán en:
1. Argumentos políticos: Cataluña es una entidad política, tiene soberanía que le permite decidir
su futuro democráticamente, así, una declaración de independencia será reconocida por las
Naciones Unidades y los países democráticos como EE. UU. Pase lo que pase, Cataluña es muy
significativa en la UE, y ésa no se atrevería a exigir su salida, habrá que encontrar una solución
política. No hay otra alternativa que la vía separatista, el Estado con su recurso ante el Estatuto
ha cerrado todas las vías al diálogo, por eso Cataluña nunca podría encajar en España. En cambio,
una Cataluña independiente podrá tener una vida digna igual a los países escandinavos. Además,
su identidad nacional estará a salvo al defenderla del Estado opresor (Borrell, 2015, p. 315).
2. Argumentos económicos: Cataluña está padeciendo el mayor expolio fiscal. La situación tuvo
gran intensidad, cuando la Generalitat presionó al Estado para efectuar una balanza fiscal de su
territorio respecto a la Administración central, lo que es habitual en los países federales. El Estado
se abstuvo de hacerlo desde 2005 para no saber exactamente cuánto aporta Cataluña al Estado.
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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Dicen que, si Cataluña fuera independiente gozaría de unos 16 millones de euros adicionales, lo
que igualaría a 8% de su PIB. Con esta cantidad podría evitar los recortes presupuestarios que se
les impone las políticas de austeridad y así la Generalitat deshiciera de una parte de sus deudas.
El principio de cordialidad según el artículo 206.5 del Estatuto de Autonomía consiste en que las
transferencias interterritoriales deben ser limitadas para evitar que los territorios ricos sean pobres. El
caso es que Cataluña al transferir lo que le debe a Hacienda Central y los demás territorios, acabaría
retrocediendo en el ranking. Y para terminar con esta precariedad, habría que adoptar el mismo sistema
foral del País Vasco y Navarra, era el llamado “pacto fiscal” propuesto por Artur Mas y que fue rechazado
por el Gobierno español.
Análisis Crítico del Discurso
En la década de 1970, se fundamenta la Lingüística Crítica dentro el marco de la lingüística anglosajona
con la aportación de Fowler y otros autores (1983) en Lenguaje y Control, y la de Kress y Hodge (1979)
en Language as Ideology, obras que determinan que los recursos formales de la lengua, las selecciones
léxicas y las estructuras sintácticas tienen matices ideológicos a la hora de usar la lengua, incluido el
análisis del discurso para superar las propuestas oracionales predominantes. En el libro de Mak Halliday
An Introduction to Functional Grammar (1994), plantea el plano léxico-gramatical como dimensión de
análisis del discurso y herramienta que vincula el lenguaje con ideologías.
Van Dijk, uno de los máximos pioneros de la teoría del Análisis Crítico del Discurso, cuyos
aportes se ven influenciados por la línea inglesa de Halliday en Inglaterra, la línea sociolingüística, la
línea neo-marxista desde Adorno hasta Habermas de la Escuela de Frankfurt, la línea feminista que
aborda el tema de desigualdades entre hombres y mujeres en el lenguaje y la comunicación, la línea de
Basil Bernstein, muy conocido en Hispanoamérica, en cuya obra Codes and Control (1971) refleja un
análisis sistemático del lenguaje en relación con la noción de control (Armando, 2014, p. 2). Así como
los estudios de análisis de discurso que se realizaron en Francia bajo la influencia de Foucault y Pêcheux,
luego Bourdieu; los de Habermas en Alemania y en el Reino Unido con los Estudios Culturales y el
trabajo de Stuart Hall y otros (Van Dijk, 2004, p. 7). Se efectúan igualmente los estudios críticos de los
discursos de la actualidad que tienen que ver con los abusos del poder, en donde se detectan
desigualdades, racismo y discriminación de los demás (Van Dijk, 1994, pp. 1-2). Trabajos que necesitan
denunciar estas actitudes, tomando una postura crítica a favor de las personas oprimidas. Además, estudia
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cómo el poder se perpetúa gracias a las instituciones y los grupos que permiten tal dominación de
desigualdad e injusticia. En este sentido, se interesa de analizar cómo los discursos de abusos de poder
producen y reproducen por el texto y el habla.
Van Dijk trabajó sobre la psicología y la gramática del texto también, el procesamiento textual, a
fines de 1960 y principios de 1970 se dedicó a la teoría literaria particularmente lo concerniente al
lenguaje literario. Toma una perspectiva más crítica desde 1980, ocupándose más bien del racismo
discursivo, la ideología, el conocimiento, las noticias en la prensa y el contexto. Gracias a su estancia en
países subdesarrollados, Van Dijk se ha motivado a trabajar en problemas de matiz social y político, tal
como el racismo, la forma en que este se reproduzca y se legitime a través el texto y el habla. Por ello,
empieza escribiendo artículos en relación con la prensa, las noticias como discurso, los debates
parlamentarios, los debates de las élites entre tantos (Meersohn, 2005, p. 288).
El ACD no es un mero método de análisis, sino un movimiento, actitud que tiene su punto de
mira los problemas sociales. Mejor dicho, es un posicionamiento y planteamiento para estudiar el texto
y el habla. En ello, cualquier método es aceptable, puede ser la retórica, la gramática, la pragmática o
también de los métodos psicológicos, estudiar la memoria, la comprensión del discurso, la
argumentación, etc.
Por tanto, el discurso es una poderosa arma que se usa para manipular y persuadir la sociedad en
donde se determina quienes son los “malos” y quienes los “buenos”. La relación entre los otros y
“nosotros”, tiende a excluir socialmente los débiles por quienes sienten que son parte de una identidad
superior (Elizalde y Gomes, 2010).
Obviamente, el discurso contemporáneo condicionado por la globalización y las nuevas
tecnologías está cargado de efectos semióticos, es decir, el discurso es conjunto de modos semióticos que
dan a la imagen, el color, la escritura. Así que estos recursos semióticos construyen la realidad social y
permiten desentrañar las irregularidades en los acontecimientos. Por su parte, los medios de
comunicación masivos han inspirado a los estudios críticos para analizar el mensaje e imágenes sexistas,
racistas y estereotipadas a nivel textual y semiótico (Fowler et al, 1979).

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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Aplicación metodológica
El ACD se preocupa por delatar las condiciones discursivas en que se practica el abuso del poder por
parte de las élites o las clases dominantes, es más, se interesa por las estrategias discursivas de control
mental y el modo en que se reproducen, expresan y representan (Browne et al, 2011, p. 27).
Así que, se ha optado por el método crítico cualitativo por su capacidad de descifrar lo que parece
implícito y explícito en un discurso periodístico, lo que importa de un mensaje, su contenido y la
intención de su emisión. Conforme con el teórico neerlandés Teun Van Dijk: “Los medios son
actualmente la fuente más influyente de tendencias racistas, prejuicios y racismo.” (Browne et al, 2011,
p. 27)
Ilustración 1.
Diseño metodológico de la muestra de análisis

Fuente: Elaboración propia (2018). Nota: Con base a Browne et al (2011, p. 30).
1. El significado global ataja los temas más relevantes en una noticia, de qué se trata, cómo se
habla, busca los temas abordados de dicha noticia. Van Dijk sugiere dividirlo en tres clases: la
inmigración, la construcción de identidad, el crimen y la violencia. Sencillamente, se estudian los
significados que se presentan en el texto.
Entonces, en el segundo nivel local, se busca saber el significado concreto de las palabras, su
representación de manera positiva o negativa y, también se indaga la posibilidad de prevalecer el
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“nosotros” en detrimento de “ellos”, etc. Se clasifica en dos significados e informaciones: evidentes y
ocultos.
2. Plano formal/texto-contexto: se indaga los aparatos ideológicos formales del discurso en
materia de la construcción de la realidad y la manera en cómo se percibe. Pues, indaga los efectos que
desencadena la noticia en el público, buscar las imágenes mentales, estereotipos, prejuicios.
En el nivel contextual, son las representaciones mentales los objetos de estudio. Se basa más bien
en los antecedentes históricos, políticos, económicos y sociales, es decir, la relación entre la cultura y el
discurso (Sartori et al, 2011, p. 32). Además, se interesa por descubrir de dónde provienen estas
estructuras mentales (Elizalde y Gomes, 2010, p. 6).
Estructuras formales sutiles: en esta categoría investiga las construcciones que se relacionan con
las estructuras mentales negativas (Sartori et al, 2011, p. 30).
Ejemplo de aplicación metodológica
La presente metodología analiza los aspectos más relevantes de la construcción noticiosa, lo cual
permite llegar a conclusiones relacionadas a la forma en la que se trabajan los contenidos periodísticos.
Por tanto, los periodistas usan elementos léxicos positivos, proporcionando muchos detalles sobre las
buenas acciones, valiéndose de metáforas e hipérboles positivas mientras hablando poco minimizando
las malas acciones.
Basándose en las cuatro fotografías de los diarios El País y eldiario.es que se desarrollan el 01 de
octubre de 2017 en plena celebración del referéndum ilegal en Cataluña. Con el objetivo de aplicar la
metodología de ACD en las mismas, llevando a cabo la meta de confirmar lo que podría representar una
fotografía de la prensa de los rasgos identitarios y nacionalistas de una población.
Así que, El País nació en un momento de cambio político el día 4 de mayo de 1976, seis meses
después de la muerte del general Franco, con la intención de llevar adelante un periodismo independiente
con matiz liberal, defensor de la democracia española (Zerbitzua, 2009, pp. 177).
Eldiario.es, diario de prensa digital fundado en 2012 por el mismo director de Publico, Ignacio
Escolar, es de inclinación de izquierdistas.

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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Figura 1.
Cargas en el Eixample de Barcelona. Los agentes han utilizado porras y pelotas de goma para abrirse
paso en la salida del colegio electoral Ramón Llull

Fuente: El País (2017).
1. Plano significado/texto
Nivel temático de significado global: en esta fotografía emitida el 01 de octubre de 2017, se muestra la
labor de las cargas policiales contra los votantes, en su esfuerzo para impedir a que se voten en el
referéndum. Una confrontación entre dos partes, una que ataca y otra que resiste.
Nivel de significado local
-Explícito y directo: los votantes están tirados por el suelo, sin confrontación ninguna, cuando los policías
están dando palizas a los primeros para frenar su avance.
-Implícito e indirecto: los votantes con las manos y los brazos extendidos apelándoles fachas, dan a
provocar a los agentes con el símbolo de fascismo, como lo afirma el abogado catalán Ramón de Vecian
Battle en un tuit del 21 octubre de 2017.
2. Plano formal/ texto-contexto
-Estructuras formales sutiles: los manifestantes logran trasmitir una imagen pacífica e invisible, parecen
tranquilos con ningún signo de violencia, mientras los policías se ven como los malvados, a ojos del
mundo serían los violadores de los derechos y las libertades humanas de los votantes.

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-Nivel contextual: el 01 de octubre de 2017, celebración del referéndum ilegal, la gente sale en contra
del impedimento del Gobierno central, reclamando su libertad de votar y decidir su futuro, los policías
al impedir la votación agravaron la situación, provocando más rechazo e indignación.
Figura 2.
Varias personas muestran claveles a los policías que rodean el centro de votación de Sant Juliá de
Ramis.

Fuente: El País (2017).
1. Plano significado/texto
Nivel temático de significado global: en esta fotografía, los manifestantes ofrecen claveles rojos a los
policías en muestra de su deseo de establecer la paz.
Nivel de significado local
-Explícito y directo: los claveles rojos son símbolo de amor y admiración a las personas que queremos,
aquí los manifestantes trasmiten sus deseos de no querer enfrentarse.
-Implícito e indirecto: la imagen tiene dos sentidos, intentar acercarse a los policías con las estrategias
más pacíficas que existen para dejarles votar. La misma imagen muestra el lado humano y pacífico de
los votantes y violento de los policías.

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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2. Plano formal/ texto-contexto
-Estructuras formales sutiles: los claveles, símbolo de reconciliación entre las dos partes, no son dirigidas
para ser ofrecidas a los policías sino quieren dar a entender que ellos no pretenden luchar. Con el lema
somos los buenos y vosotros sois los representantes del mal.
-Nivel contextual: los manifestantes de este día, luchando con todo, lograron entender que la mejor
manera de conseguir votar era mostrar a los policías que son gente de paz. En referencia a la revolución
del 25 de abril del 1974 en Portugal que suponía el fin de la dictadura Salazarista y la instalación del
Estado Nuevo y la Democracia.
Figura 3.
Votantes de un colegio electoral de Girona forcejean con agentes antidisturbios de la Policía Nacional
que acudieron a clausurar el centro e incautarse de las urnas.

Fuente: El País (2017)
1. Plano significado/texto
Nivel temático de significado global: la gente está intentando afrontarse a los policías, se ven más
resistentes en contra de los votantes, se trata de su deseo ardiente de refrendar el futuro de Cataluña.
Nivel de significado local
-Explícito y directo: los votantes parecen una mayoría que utiliza sus manos para detener y arrinconar a
los policías, perseveran utilizando sus manos en apelar a los policías fachas.
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-Implícito e indirecto: los manifestantes en este día se empeñan en no mostrarse asustados frente a las
cargas policiales contra sus votos. Extienden sus manos y sus dos brazos, confirmando lo que suelen
tildar los policías de fachas.
-Estructuras formales sutiles: el discurso que sobresale aquí es el deseo de los votantes a la confrontación,
gente que intenta provocar a los policías con simbología.
-Nivel contextual: votantes que apoyan la celebración del referéndum y ve que los agentes del Gobierno
central lo están estropeando todo con su ofensiva.
Figura 4.
Un hombre cae al suelo delante de cargas policiales en el escolán Mediterráneo de la Barcelona

Fuente: El País (2017).
1. Plano significado/texto
Nivel temático de significado global: en esta fotografía, pretenden mostrar al mundo que los votantes
están viviendo sus peores días, aquí tenemos a un hombre tirado en el suelo sin que nadie lo presta la
menor atención.
Nivel de significado local
-Explícito y directo: un hombre está llorando su dolor que no encuentra a nadie que sujeta su mano.
-Implícito e indirecto: podría ser el mensaje aquí, que para quien intenta afrontarse los agentes del
Gobierno central de debería asumir las consecuencias de sus actos. En el mismo contexto, está mostrando
Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

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el lado menos humanitario de los cuerpos de policía, cuando alguien está sufriendo y no lo hacen caso
sino siguen con su labor que es cumplir la ley.
-Estructuras formales sutiles: hay un montón de cuerpos de policía en contra de un hombre que ha optado
por la vía ilegal del referéndum, él no podrá enfrentarse solo. Pues la gente que apoya el independentismo
es minoritaria.
- Nivel contextual: el hombre se encuentra en un estado patético solo en el suelo, la policía lo está dando
de espalda, llora su dolor solo.
3.- MÉTODO Y RESULTADOS
Esta investigación es de carácter hermenéutico y su enfoque es cualitativo. Basándose en la metodología
de investigación aplicada que se divide en 4 niveles y en torno a dos planos, se ha inspirado en la
dicotomía de ACD de su pionero Van Dijk, con su empeño de denunciar las diferentes prácticas de abuso
de poder. En este caso, se trata de ver el impacto que produce las imágenes objeto de análisis en la
audiencia.
Así que, las cuatro fotografías de los dos diarios que han sido analizadas, tienen un mensaje
común, mostrar el lado inhumano de la policía, cuerpos que enfrentan a la gente con violencia, ésta que
planta cara dura para no mostrarse miedosa, se resiste ante los ataques de la otra parte. Con el apoyo de
sus manos, se enfrentan a los agentes, imitando los símbolos fascistas para provocarles. De hecho, los
dos diarios se ponen de acuerdo en que los ciudadanos que quieren votar son gente pacífica, nacionalista,
inocente que se empeña para conseguir su derecho de votar su futuro de construir una República
independiente catalana. La carga emocional de estas imágenes contribuyó en moldear una imagen
violenta de los cuerpos de policía golpeando a inocentes. Lo que refuerza el concepto del único pueblo
planteado en el relato separatista. Por eso, se enfatiza más el sufrimiento de la ciudadana por la dureza
del Gobierno central. Se trata más bien de apelar a la parte emocional de los electores, mostrando que el
villano es España y el bienhechor son los separatistas catalanes.
4.-CONCLUSIONES
Los medios de comunicación son capaces de liderar la opinión pública y articular la realidad política,
como herramienta en manos de las clases dominantes, pueden contar unos imaginarios individuales y
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colectivos, reflejan la realidad, influyen en ella y la condicionan. Por ser unidireccional, el mensaje
periodístico hace a veces que los espectadores interpreten el mensaje a su manera. Dice Dolores Comas
D’Argemir que las personas a la hora de consumir una información ya tienen conocimientos previos,
unos valores y puntos de vista, es decir, una concepción previa de la realidad en su mente, fruto de
experiencias pasadas (D'Argemir, 2008, p. 16).
Y para controlar la esfera pública, los medios constituyen lo que llama Sampedro “las identidades
mediáticas” (Sampedro Blanco, 2004, p. 10); son identidades públicas que van formándose a medida de
la intersección con los demás. Igualmente, lo que no aparece en los medios permanece enmudecido para
no decir marginalizado. Es más, los medios son capaces de dar voz a las identidades minoritarias
otorgándolas un espacio idílico para expresarse, intersecarse y ser trasmitidas. Dice Luis Gasset los
medios contribuyen a delimitar y encerrar a una nación de su comunidad vital, a la hora de excluir las
personas que son diferentes por el mero hecho de no compartir las mismas ideologías. El caso catalán,
con tan solo un 50 % a favor de la independencia se ha proclamado la República catalana. Por tanto, los
grupos hegemónicos con un discurso identitario incitan a los grupos dominados a adjuntarse con sus filas,
de lo contrario estos grupos perjudicados optarían por aislarse en su núcleo, es lo que llama la socióloga
alemana Elisabeth Noelle Neumann (1995) la espiral del silencio: consiste en indagar cómo los medios
influyen en la opinión pública y en su propia voluntad.
Desde luego, el nacionalismo es la relación que establece entre la unidad nacional y la política,
ser nacionalista significa sentir irritación por ver su derecho nacionalista violado y satisfacción al verlo
cumplido. Se siente tan apegado a la nación, de modo que es prohibido saltar los límites étnicos (Gellner,
2008, p. 43). En el mismo sentido, en una fotografía podría transmitir la identidad nacional de un pueblo
determinado, las fotografías capturadas y publicadas en periódicos a propósito de la celebración del
referéndum ilegal en Cataluña que tuvo lugar el 01 de octubre de 2017, son muestras de difusión de este
tipo de prácticas que puede reflejar la fotografía en la prensa. En contraparte, la prensa pretendía
continuadamente proyectar luz sobre un problema que tiene un grupo de la población, pero en la misma
información no solían aparecer rasgos que hablan de las necesidades materiales y sus derechos legales
frente a los demás grupos (Gellner, 2008, p. 66). Como alternativa, hay que ajustar la noticia y el
contenido informativo a la realidad conforme con los intereses esenciales del ser humano y su capacidad
intelectual. Se trata más bien de proporcionar un tipo de verdad necesaria y contextualizada y adaptar el
lenguaje y los modos discursivos a las necesidades del espectador (Alcalde, 2017, p. 59).

Análisis crítico sobre cumplimiento de los fines estatales y garantías públicas del control disciplinario.

105

�Rodelo Garcia., M.; Mejía Turizo, J., Vásquez Torres., H., J. &amp; Salazar Mata., H.

En el mismo contexto, las fotografías han acertado en transmitir una imagen nacionalista que el
propio texto no ha logrado mostrar. Aquí, se desarrollan dos tipos de nacionalismo, uno español
constitucional y otro catalán en su versión más radical y separatista, el primero considera el segundo
como amenaza para unidad de España y el segundo lo considera un nacionalismo heredero del
franquismo. El País, un diario moderado, progresista, está tomando la cuestión catalana con cierta
moderación, mientras eldiario.es se ha conocido por trasmitir una imagen veraz de la verdad y de los
acontecimientos producidos en aquel entonces. Pero, conforme a las fotografías de cada diario, los dos
están tomando partido de la ciudadanía.
Por consiguiente, los resultados de esta investigación serán un punto de partida que convendría
complementar con futuros estudios y contribuciones relacionados de la misma temática, tan escasamente
explorada en ciencias de información. Con lo que, se contempla su chequeo y mejora gradual, con base
precisamente en su aplicación empírica. Por ejemplo, sería interesante indagar publicaciones de las
fotografías que publican en prensa y medios digitales, y su circulación en redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram…) para comprobar si se siguen los mismos criterios de selección y jerarquización de
contenidos y también el grado de impacto que podrían generar en la ciudadanía. Entonces, podrían
complementarse y enriquecerse por otros procedimientos metodológicos, bien de tipo cuantitativo o
cualitativo, tales como entrevistas, encuestas.
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Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in
Nuevo León1
Explorando la factibilidad del Seguro de Desempleo en Nuevo León
Tuur, Ghys2; Pieter, Cools3;

RESUMEN
This paper explores the feasibility of unemployment insurance in Nuevo
León, Mexico. It starts by exploring the policy context, in which we pay
special attention to societal challenges such as robotization that can
revitalize the debate on a social policy that was historically absent from
the Mexican welfare state. The paper proposes a model of unemployment
insurance adapted to this context, drawing on insights from a literature
study, a public opinion survey and a cost calculation. The innovative
feature of this model is adaptability, where key variables change along
with the situation on the labor market.
Palabras claves: Robotization, social policy, unemployment insurance,
unemployment.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 09/07/2022
Fecha de revisado: 24/07/2022
Fecha de aceptado: 21/11/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

Este artículo explora la factibilidad del seguro de desempleo en Nuevo
León, México. Comienza explorando el contexto político, en el que
prestamos especial atención a desafíos sociales como la robotización que
puede revitalizar el debate sobre una política social históricamente
ausente del estado de bienestar mexicano. El documento propone un
modelo de seguro de desempleo adaptado a este contexto, basándose en
conocimientos de un estudio de literatura, una encuesta de opinión
pública y un cálculo de costos. La característica innovadora de este
modelo es la adaptabilidad, donde las variables clave cambian junto con
la situación en el mercado laboral.
Keywords: Desempleo, política social, robotización, seguro de
desempleo.

Cómo referenciar este artículo:
Ghys, T. &amp; Cools., P. (2023). Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León. Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 108-127. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-5

1

The results presented in this document are part of the research project S.O.S Robots, of network Nuevo León 4.0
Doctor en Sociología por Universiteit Antwerpen, Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, México. Email: tuur.ghys@uanl.edu.mx Orcid: 0000-0003-4582-5578
3
Doctor en Sociología por Universiteit Antwerpen, profesor invitado en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Universiteit Antwerpen, Bélgica.
Email: pieter.cools@uantwerpen.be .Orcid: 0000-0002-8037-3645.
2

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1. - INTRODUCCIÓN
This paper discusses the feasibility of introducing unemployment insurance in the Mexican state of
Nuevo León in the context of new societal challenges such as robotization. While Mexico is one of the
countries with higher GDP in Latin America, historically it did not follow the pattern of implementing
unemployment insurance like other countries did when they could afford to do so (Velásquez, 2016, p.
97). Mexico did not implement an unemployment insurance (from here also referred to as UI) during the
rise of the welfare state in the 20th century, nor during the ‘pink wave’ (which bypassed Mexico) of
socialist reform in early 21st century. This is consistent with a broader trend of Mexico underspending
on social policy relative to its needs (Cecchissi, Filgueira, Robles, 2014; Valencia, Foust, Tetreault, 2012;
Economic Commission for Latin America and the Caribbean - ECLAC, 2019). Although the political
debate is still ongoing, UI is not included in the first wave of social policies (universal pensions, youth
employment programs, etc. of the so called ‘Fourth Transformation’ that started in 2018.
Given Mexico missed the boat on organized solidarity with the unemployed before, this paper
aims to explore the feasibility of such policies in the context of new emerging societal risks. While the
global pandemic spurred debates on income compensation around the world, our focus will be on the
challenge of robotization. This new wave in industrial development is conceptually different in so far
that unlike mere tools, robots replace specific human capacities (talking, analyzing…) with a certain
degree of autonomy. The potential broad impact of these developments threatens a rise in structural
unemployment, even in regions with traditionally low unemployment, such as Nuevo León. This paper
uses a mixture of theoretical and empirical insights to develop a model of UI that can adapt to such
unpredictable economic scenarios.
In what follows we will first further explain the design and method of this study. Next, in our
theoretical part we will discuss both robotization and unemployment insurance in more detail. This is
followed by the results of a street survey. The exposed insights will be used to construct an innovative
conceptual model of UI, which at the end will be subjected to a brief cost-analysis before drawing
conclusions on the feasibility of implementing this model.
2. - THEORICAL FRAMEWORK
The challenge of robots and other societal disruptions
The 21st century brings a new social challenge to Mexico: the threat of sustained replacement of human
labor by robots and artificial intelligence, amplified by a global pandemic. The process that we call
‘robotization’(often also called automatization) refers to the current development and implementation of
advanced robotics and artificial intelligence in all aspects of our economy (Johannessen, 2018). This
development is sometimes referred to as the ‘fourth industrial revolution’, implying that robotics and
A.I. will cause a similar disruption as the steam engine, electricity and computers did. We consider
robotization to conceptually consist of technologies aimed at a) replacing specific human functions (such
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as speech, navigation, analysis, etc.); b) doing so with a degree of independence (see Ghys et al. 2021).
A qualitative difference with earlier advancements in machines is that these are often not ‘tools’ used by
humans to perform tasks but replace the human herself: the self-driving taxi doesn’t have a second driver.
Various authors have warned of the societal and economic impact of robotization, especially
when related to the labor market (Rifkin, 1995; Brynolfsson and McAfee’s, 2014; Johannessen, 2018;
Oppenheimer, 2018). A much-debated subject is the extend of this problem, in which commentators are
divided between more optimistic and pessimistic views. A common method of estimating is based on
estimations of experts on the possibility of automating occupations and the presence of capacities that
robots cannot do. Frey and Osborne (2013) were amongst the first to make such a meta-estimation and
wrote that 47% of jobs in the U.S. could be lost to automation. Arntz et al. (2016) gave a more
conservative estimate of 9% job loss in the U.S., using variations within jobs and conservative
estimations of what robots could do. One of the most comprehensive studies is that of Nedelkoska and
Quitini (2018), which both covers 32 OECD countries (but not Mexico) and it takes into account
evolutions in machine learning. They estimate that globally roughly 14% of jobs are at high risk (&lt;70%)
of being automated, while 32% have a risk higher than 50 percent. Formulated differently, the median
job has 48% chance of being automatized (Nedelkoska, Quintini, 2018 p. 48). While this does hit lowskill manufacturing jobs hard, robotization also affects the service sector, and few professions are
immune to it (Nedelkoska, Quintini, 2018). While the risk might be uneven, it is thus more even than
with other industrial revolutions (Standing, 2017, pp. 105-106).
There are no calculations for Mexico, but the Mexican economy shares various risk factors such
a being historical manufacturing industries (Nedelkoska, Quintini, 2018) or having less educational
attainment (Compare OECD, 2022) with high-risk countries. A survey by Boston Consulting Group
(Küpper et al, 2019) indicates that 87% of Mexican companies plan to adopt advanced robotics in the
next three years. They found that despite expected growth in productivity, 51% of companies expect an
absolute reduction in their number of workers in the next five years because of this.
Even if one would reason that the impact of robotization would be like that of previous disruptions
(see Autor, 2015), guiding this process towards a non-catastrophic outcome still requires active policy
interventions. Ghys et al. (2021) sketch a spectrum of policy responses to robotization in the Mexican
context, distinguishing between preventive, mediating and compensating responses. The first group is
aimed at avoiding the replacement of humans by machines, such as halting investment in robots or taxing
them, to promoting labor intense sectors. The second mediates the effects of automation, by preventing
the loss of jobs to lead to long term unemployment. This includes re-education, as well as work time
reduction, the promotion of cooperatives or de-populating the labor market by lowering pension ages.
The final group of solutions focuses on compensating people for the loss of income, such as universal
basic income and bolstering UI. Notice that UI is thus an incomplete solution aimed at compensating the
consequences of such societal dislocations, and by itself does not cure them.

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Before turning to this specific policy, we want to briefly discuss the relation to the current
Covid19 pandemic. One direct relation is that early evidence in other countries suggests that the
pandemic itself increased the rate of automated job replacement in the economy (Leduc, Liu, 2020; Sedik,
Yoo, 2021), enhancing the dynamics described above. Furthermore, pandemics pose a similarly
unpredictable and non-cyclical challenge to the labor market unlike the ones typically faced by late 20th
welfare states. In that sense, just like robotization the current health crisis poses a new context to re-open
debates on social protection, potentially adding to the momentum for introducing UI in previously hostile
contexts. Early evidence from the U.S. indicates that the pandemic bolstered support for safety-net
programs such as unemployment insurance (Rees-Jones et al, 2020). Hence, we argue that the current
developments in terms of robotization and the pandemic strengthen both the need and public support for
developing a model of UI in Mexico.
Unemployment Insurance in Mexico: the missing leg of the welfare state?
Unemployment insurance generally refers to programs that pays individuals a monthly amount in the
months after losing their (formal) work. The extend, duration, access criteria and funding methods for
this program can vary strongly between countries. In most cases, these workers have previously
contributed to the fund that pays them. Additionally, individuals are typically required to cooperate in
job searching or participate in any vocational program the government offers them. This public policy is
part of the social insurance pillar of the welfare state (Garland, 2014), in which people build up an
insurance against misfortune through work. Social insurance should not be confused with social
assistance, which is aimed at helping people based on their current needs (rather than risks) without
contribution criteria.
Besides being a human right, UI programs are popular worldwide because they fulfill three
functions: 1) to cushion the impact of job loss on the incomes of working families; preventing poverty
or downwards social mobility; 2) to act as a macroeconomic stabilizer of household demand during crisis;
3) Improving labor markets by giving the unemployed opportunities to match their skills and employment
(see Vodopivec, 2013; Van Breugel, 2016; Velásquez, 2016; Abramo, Cecchini, Morales, 2019). UI also
hands governments a tool to promote formal work with both a ‘carrot’ (inclusion in the insurance) and a
‘stick’ (the risk of being kicked off).
A common misconception about UI, is that this would only work in richer Northern countries,
which ignores that social protection programs were adopted in many developing countries (Vodopivec,
2013). Latin America has seen a significant increase in welfare policies over the past decades (Cecchissi,
Filgueira, Robles, 2014; Abramo, Cecchini, Morales, 2019). This expansion of social policy which in
most countries happened in the early 20th century was overall successful in reducing poverty. More
recent data by ECLAC (2019) confirms that Mexico has been unsuccessful in reducing poverty and
inequality largely because they spend less on social programs. Unemployment insurance can be found in
amongst others Argentina, Brazil, Chile, Uruguay and Equador (Velásquez, 2016, p. 87). While the
policy is feasible in comparable or even economically weaker countries than Mexico, one of the
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.

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challenges of the Latin context are the high rates of informal labor. Given many people don’t have access
to social security in general, they are also excluded from this insurance, limiting it’s potential to reduce
inequalities.
If we zoom in to the Mexican level, we see that unemployment insurance does not exist as a
national policy. The closest policy is severance pay, where workers can argue for a one-off payment
when they get fired. If we stretch the concept of UI to the limit, there also exists a provision to once every
five years convert social security savings into a single month’s payment in case of unemployment longer
than 46 days (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2021). UI in a recognizable form
does exist on a state level in Mexico City. The ‘Seguro de Desempleo’ started in 2007, only covering
people who involuntarily lost their job in the formal sector. It has since expanded to include different
other groups and risks such losing your livelihood due to natural disasters and the Covid19 pandemic. It
is open to people between 18 and 67 who have worked 8 months in the formal sector, and in 2021 would
pay people 2,724 peso per month for six months every two years (Gobierno de la Ciudad de Mexico,
2021). Note that this variant is funded through the general budget instead of social security contributions
(hence it is technically not an insurance model).
The absence of unemployment insurance on a federal level does not mean it was never attempted
or discussed. The Peña Nieto government proposed it as part of a set of social reforms in 2013, responding
to pressure from international organizations and to the increased vulnerability of low pay workers after
legal changes made short term contracts more flexible (Velásquez, 2016, p. 105). The initiative never
passed the senate for political reasons, but the design also showed certain flaws (see Bensusán, 2014).
One of them is coverage, since the eligibility requirements were extremely strict: one had to first have
paid for 24 months, and one could only use this one every five years after a 45-day waiting period.
Additionally, it did not include funding for employment and training promotion. Finally, the program
was financed through the housing and pension fund that workers contributed to - essentially a reshuffling
of social rights rather than redistribution. The above factors, combined with the low benefits paid, made
the design a misfit for the objective of protecting workers (Velásquez, 2016, p. 106).
Recently, the issue became politicized again, interestingly by both representatives of opposition
and majority parties. At the time of writing the concept is discussed in the labor commission of the senate.
Note that while this policy concept is seen as feasibly by key legislators in the majority, it is not part of
the official government program, making its future unpredictable. In Nuevo León the policy has not been
proposed nor enacted by officials.
3. - METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
The objective of this study is both do discuss the importance and feasibility of introducing unemployment
insurance to Nuevo León, and to present a model for doing so. In most countries UI is implemented on
a national scale (due to better risk and resource pooling), thus our state-delineation requires justification.
While this social policy indeed works better on a federal scale, now of writing the only precedent in
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Mexico is its implementation on a state level in Mexico City. Nuevo León offers an interesting case,
since it is an industrialized region with below average levels of informal labor and poverty (making it
more feasible to implement).
Methodologically, the argument in this paper draws on three types of information: a literature
study, a survey of citizens of Nuevo León, and a simplified cost analysis.
The literature study is aimed at laying the theoretical groundwork and focusses on a) the
implementation of unemployment insurance in a Latin context; b) the impact of automatization (and to
a lesser extent the pandemic) on unemployment and relevant policy responses. Besides providing
theoretical and conceptual background, the objective of this study was to better understand how UI would
be feasible and which design choices should be made to adapt such a model to the needs, possibilities,
and particularities of this specific policy context.
Empirical data was collected in a street survey with 366 citizens regarding their views on
unemployment insurance and robotization. As we will detail later, we consider public opinion a key
variable in the feasibility of social policy and use this data in the development of our model. The survey
was collected during fall and winter of 2019, the last semester before the Covid19 pandemic. While the
age of the data has some limitations due to the changed policy context since the pandemic, it is unclear
whether this has a profound impact on the public opinion on UI.
The surveys were conducted in Monterrey, reaching a public of urban residents and visitors. The
bulk of the surveys were performed on the central square of Macroplaza: a large public square with street
vendors and parks that borders on both a nightlife district, popular shopping streets, museums, and the
local congress. In addition, a small number of surveys were performed near other common spaces such
as Fundidora Park. Our survey did not include questions on the socio-economic status of respondents,
but we explicitly chose locations that would give us the best opportunity of encountering all socioeconomic classes and represent the general electorate. The surveys were collected by a team of both male
and female interviewers. The survey consisted of fourteen questions (in Spanish), included both closed
and open questions. The collected data was cleaned and analyzed via SPSS statistics. For questions that
all 366 surveys were valid, this gave us a confidence interval of 5.12% at a 95% confidence level.
After discussing the literature and the findings of our survey, we will present a brief cost analysis
of the proposed model for Nuevo León. This discussing will be limited to the payment of benefits itself
for a stable population over a one-year period. Besides informing discussions on the feasibility, this helps
to demonstrate the functioning of the model. The exact calculation and uncertainties will be detailed
later. It is important to note ahead that the need for protection against unemployment is inherently
unpredictable (with unemployment rate, take-up rate and duration as an uncontrollable variables) and
that many of the variables could only be roughly estimated without national precedents. However,
keeping Bardach’s (2001) advise in mind that while one can always find reasons not to engage in
projections because it will always be incomplete, we should do it regardless to contribute to the debate
implementing UI in Nuevo León.
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.

113

�Ghys, T. &amp; Cools., P.

4. - RESULTS
Criteria for a feasible operationalization
How to implement such a policy in the specific Northern Mexican context of Nuevo León? Considering
the insights from our literature study and the discussion above, we propose three general criteria to guide
the policy analysis and design, which we will later use to develop our model: effectiveness, societal
support and adaptability.
Effectiveness
Our first criterion is that UI must be effective in compensating for unemployment. In the past many
Mexican social policies and policy proposals related to unemployment have fallen short of protecting
people from poverty, either because the compensated too little, were extremely limited in duration or
only covered a fraction of the population (Valencia et al., 2012).
Since UI replaces and not supplements employment, the UI should be conceived as sufficient by
itself, as one cannot both claim to be unemployed and generate income from work (Cecchissi, Filgueira,
Robles, 2014). A glance at the CONEVAL income poverty line helps to envision this more clearly.
CONEVAL offers two lines: one for normal poverty and one for extreme poverty. They are both tied to
the cost of a basic of goods, with one being the absolute minimum and the other including other goods
and services required for dignified societal participation. In November 2021, the extreme poverty line
stood at $1.447 pesos per month (all numbers in this section are expressed in pesos) for the countryside,
and $1.879 in cities, while relative poverty meant having less than $2.761 per month in rural areas and
$3.898 in urban ones (CONEVAL, 2021). UI should thus at a minimum be above the urban extreme
poverty line to be effective given Nuevo León’s predominantly urban population.
Additionally, effectiveness also means that the insurance should cover a sufficiently large number
of people to have a macro-economic impact and cannot be limited to for example only state workers or
people replaced by robots. UI typically only covers people with formal employment (who pay taxes),
which excludes over half the workforce in Mexico (55.6% in October 2021 according to INEGI, 2021),
however Nuevo León normally has the lowest rate of informality. While informality is an important
caveat when considering the feasibility of this policy in relation to other alternatives, including the entire
population would fundamentally change the character of the policy (and its cost) and will thus not be
considered here.
Relation to popular support and opinion
It is hard to separate the feasibility of a social policy from the popular support it can sustain. This is
especially true for policies that are built on solidarity: “Sustaining generous welfare states over long
timescales requires the support of electorates” (Horton &amp; Gregory, 2010, p. 270). This doesn’t not mean
that both policies and policy makers cannot challenge or shape popular attitudes but taking them into
114 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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account can be an asset in policy design. For this reason, we have included a survey of citizen attitudes
towards both UI and its main variables in our research.
Unemployment insurance is sensitive to popular opinion for two reasons: stigma against
unemployment and the need for reciprocity. Poor and unemployed people face stigmas and are often seen
as undeserving of help, which can hinder poverty reduction (Royce, 2018; Gans, 1995). For UI the stigma
of laziness is relevant, given we are dealing with people who are not working: “In designing and
implementing inclusive social and labour policies, one key element is the deconstruction of the idea that
laziness is the main cause of poverty” (Abramo, Cecchini, Morales, 2019, p. 28). While sociology has a
long history of debunking such stigma’s, this has implications for how generous the design can be if it
wants to be politically feasible.
The solidarity that social insurance schemes require is also related to the concept of reciprocity,
implying that those receiving benefits should contribute or cooperate in some way (Horton and Gregory,
2010, p. 272). This includes making some form of financial contribution to the insurance fund or the
state, which even in low amounts helps workers to claim ownership of the program and their rights within
it. For this reason, coverage for the informal contributions is difficult to image, unless (informal) workers
would be allowed to voluntarily sign up for this. Another form of reciprocity relates to things people
should do while receiving benefits, which at a minimum would include making efforts to ‘get off’ the
program and reintegrate into the labor market. But we could interpret this demonstration of good will
and merit in a broader sense and include for example engaging in (re)training activities, care for others
or volunteer work.
A last important factor that influences support are considerations of fairness and self-interest. The
latter implies that social policies with a broad coverage create more people with an interest in maintaining
them and reduces the risk of stigmatization. As mentioned earlier, one ‘advantage’ of re-approaching the
discussion on UI in the context of robotization and pandemics, is that both policies threaten broad layers
of society and thus could generate more solidarity.
Adaptability to an uncertain future
Earlier we already demonstrated that the context of new societal challenges can influence the feasibility
of different policy designs. A distinctive characteristic of large societal challenges like robotization or
pandemics is their unpredictability. UI is intended to provide social security in the context of both
‘normal’ structural unemployment and cyclical downturns of the labor market. It also provides for
macroeconomic stability in the case of crisis. With automatization, we have a process that a) is hard to
estimate in terms of outcomes, b) might have either permanent or at least mid/long-term consequences
in terms of employability. As we saw, new globalized risks like virus outbreaks are similar in this regard
and can reinforce the automation dynamic.
The total amount of job loss from robotization is hard to estimate, and the question remains how
much the loss of roughly half the current jobs translates into actual unemployment. Besides the possibility
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.

115

�Ghys, T. &amp; Cools., P.

of new jobs or other economic changes, that largely depends on which other policy measures are taken
to contain or mediate the consequences. Yet as robotization causes people’s skill sets to become obsolete,
we might face a more permanent type of replacement. Even if one is optimistic, at least on the short to
mid-term a persisting problem of unemployment can develop.
This scenario in which there is little prospect of jobs questions the design of UI in various ways:
First, in terms of financial sustainability, as we need to consider the possibility of a linear (not cyclical)
expansion of the number of beneficiaries. Second, in terms of effectiveness, since for example a sixmonth coverage is a limited compensation in a context with structural high unemployment. Third, in
terms of reciprocity, it makes little sense to require people to look work that doesn’t exist, other types of
merit must be included (study, care, etc.).
Introducing unemployment insurance in a 21st century context of robotization and similar
challenges would thus ideally ask for an UI that works in various degrees of escalation, including a long
term ‘doom’ scenario. At the same time, the policy must be introduced in today’s economy, considering
the previous two criteria. We will forward a model aimed to meet these criteria, after considering the
data from out survey.
Survey of public opinion
In this part we present the results of a street survey of 366 citizens of Nuevo León during fall and winter
2019. Bear in mind that this was the last semester before the Covid19 pandemic, and for example price
inflation must be considered when interpreting these results.
The first part of the survey was concerned with the context of robotization. The survey opened
(before reflecting on this issue during other questions) with the question if people are worried that robots
and artificial intelligence will cause an increase in unemployment. A small majority of 58.7% responded
affirmative to this question (N366), indicating this is a concern of a sizable part of the electorate. Next,
we asked if they considered that a robot could do their job, either fully or partially. Of the 366
respondents, 13.9% answered completely, 55,2% partially and 30.9% deemed their job to be
irreplaceable. We can thus conclude that sizable majority acknowledges that replacement is possible for
them, although not everyone sees this as an immediate danger.
Moving to the question of responsibility, we asked citizens who they considered most responsible
for preventing poverty if robotization does lead to increases in unemployment. People hold companies
as the prime responsible (47,9%), followed by the government (38,8%) and in last instance individuals
(13,7%). Conversely, almost seventy percent (69,1%) of respondents think that individuals carry the least
responsibility, followed by 16.9% absolving the government and 13.9% companies. This stands in
contrast to the common conservative imaginaries of Nuevo León citizens surrounding poverty, where
individuals are often blamed (see Inzunza, 2018).

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The survey next moved to the central topic of unemployment insurance itself. Respondents were
asked if when individuals lost their work due to robotization, they should receive temporal replacement
income. Support for such measures turns out to be broad, as 86,9% answered positive to this question
(N366).
Interestingly, an even larger part agreed when asked at the end of the survey if this should also
be given to people who lost their job due to other causes than robotization - in other words: general UI.
Out of our sample of N366, 91,5% of respondents thought that all workers should be protected, while
only 8.5% objected. The fact that the number is slightly higher than those who initially agreed to
compensation for robotization might be explained by the fact that this question came at the end of the
survey. Even if the difference is less than our margin of error (5.12%), some individuals could have
changed their mind after better understanding what UI was.
Next, we will discuss questions pertaining to the policy design. First is the question on if a
temporal support existed, how much money would be sufficient for them. Notice that the question is
framed in a personal sense, to avoid stereotypes about other groups and stimulate actual estimates of
what citizens think is sufficient. All answers were converted during data cleaning to a month amount
(assuming four weeks and 30 days per month). Given this was an open question, the number of valid
responses was N319. The survey showed a wide range of responses, from 1.200 to 150.000 Mexican
pesos per month (an earnest response). The mean response was 9506 pesos, while the median was 7000
pesos. The most frequent answer was 5000 pesos, with 17,2% of respondents giving this estimation.
Other relevant (but not computable) answers included people who answered their current wage or a
certain percentage of it.
To contextualize this data, we will compare it to some income lines at the time, which since have
all risen due to inflation or policy change. We observe that people indicated amounts that are both much
higher than the federal (urban) poverty line, minimum wage, or most federal cash transfers. The universal
minimum pension was 1275 pesos in 2019 (it has risen annually since then), while 99,7% of respondents
named a higher amount. To elaborate, 98,7% of respondents wanted an amount higher than the urban
extreme poverty line (1561 peso in September 2019, see CONEVAL 2021), while 88,7% expected more
than the urban income poverty line (3091 pesos in September 2019). This validates our feasibility criteria
of sufficiency, although this can partly be explained by the higher income in Nuevo León. The
expectation is in line with a role for UI to provide social security (keeping one in position), rather than
absolute poverty alleviation.
Our survey also asked respondents how many months they think one should be able to receive
this support. A total of N349 answers were processed, with 17 people either not answering or not
answering with a concrete number of months. Of those 17, we must note that 12 answered some variant
of an indefinite term or ‘until they find a job’, which would increase the average. Of the remaining N349,
the average amount of months was 6.97, while the median was 4 months. This difference comes from
some outliners on the high-end, including one person who pleaded for 20 years. The most frequent answer
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.

117

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was 3 months (28,1%), closely followed by 6 months (24,6%) and 12 months (14.9%). This outcome is
like the range of six months used in Mexico City.
Finally, we polled respondents about reciprocity and adaptability. For the first, we asked if people
using this program should be conditioned to undertake any type of activity while receiving money. Of
the N366 responses, 83,1% prefers that people are required to do activity while receiving benefits, while
16,9% don’t think this is necessary. This validates our earlier estimation that citizens do care about
including some form of reciprocity.
Lastly, we asked if a compensation system was in place, should that system increase the support
if the problem worsens. The question does not specify if this refers to the benefits, duration (it was asked
after introducing both) and whole new components, as it is a probe for the general principle of an adaptive
design. Breaking it down into more specific questions would have complicated the survey with
technicalities. Of the N366 responses, 69,4% of respondents indicated that more should be done if the
problem worsens, while 30,6% answered no.
The survey of Nuevo León citizens proved to be a valuable addition to our analysis. Even if the
topic of robots is not politicized in Nuevo León, most respondents show concern and feel vulnerable to
replacement. Additionally, they tend to not individualize this problem, but look for larger actors such as
companies and governments for compensation. The most important finding is that there is widespread
support amongst voters for compensation systems such as UI, as well as for expanding such efforts if the
problem worsens. The responses confirm the concerns forwarded earlier in our analysis regarding
sufficiency and reciprocity.
Conceptualizing a feasible model of adaptable unemployment insurance
In this part we present a proposal for an adaptive model of unemployment insurance that is adjusted to
the context of robotization, and the criteria established before. We will first elaborate on the general logic
of the model, before discussing certain policy choices. The resulting conceptual model will be budgeted
in the final part of the paper before the conclusion.
We cannot predict the exact trajectory and impact of robotization, which could range from a
period of adaptation to societal breakdown. It is thus hard to design an optimal policy configuration for
all scenarios. An example is the duration of the support: one can argue that a short duration is best to
keep the work incentive if opportunities are available, while a longer duration is needed to protect people
in a scenario were there simply not sufficient jobs.
The main innovative design feature will thus be flexibility. We propose a model of unemployment
insurance that is adaptable in its design structure to different labor market scenarios. It will consist of
different ‘tiers’ in which the program can function, which each consist of a certain configuration of key
parameters. The core variable that decides the ‘tier’ is the level of unemployment, which in turn will
impact the income compensation, duration, reciprocity requirements and funding. This allows UI to adapt
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its role, moving from an additional temporary protection layer focused on labor market reactivation in
the present economy, to a societal survival mechanism in crisis scenarios of persistent unemployment.
Given the gaps between the tiers are quite large, it will still provide a relatively stable and predictable
structure.
The proposed UI will be a mandatory scheme that covers all adults from age eighteen to age sixtyfour and eleven months (the starting age of the universal pension). The replacement income would be
claimable after a minimum of two years of formal work cumulated over the career (not in one contract).
For many young people this will in practice raise the application age to twenty.
The insurance only covers formal sector workers or (potentially more broadly) workers who have
social security. This is the standard configuration in almost all countries, although we must be conscious
this excludes large groups of people in Mexico’s case. While this is ethically undesirable, in terms of
administrative complexity (it would require heavy monitoring to include informal work), funding and
popular support, this is politically the most feasible option. We suggest exploring the option of a restricted
version for informal workers.
Operationalization of adaptable unemployment insurance
The following discusses some of the policy choices that we consider feasible in our conceptualization of
unemployment insurance in Nuevo León. Table 1 gives a visual overview.
The first column reflects
the gravity of the situation on the labor market, which determines the tiers in which the model operates.
In times where there is no economic crisis, this could also serve as a very loose proxy of the impact of
robotization. This leads to three tiers. The first reflects the ‘normal’ situation of unemployment that
remains under five percent. The second reflects a strained situation with between five and ten percent
unemployment. The third reflects a deep employment crisis, with unemployment between ten and twenty
five percent.
Financial compensation
The second column deals with the financial compensation. It should be noted that we propose exploring
the option of giving the beneficiary both a crash transfer and healthcare coverage. The logic is that the
benefit decreases in generosity if the unemployment rate goes up. In the first tier the UI starts with the
‘full’ benefit (X). In the second it becomes regressive, which means that each month it pays less until
half the original sum is reached by the end of the maximum period. In tier three the unemployment
insurance starts at this minimum.
This choice has drawbacks, for example that people’s financial need could increase over time as
they drain other resources. We primarily consider this feasible for budgetary sustainability since the
system will have to cover more people. A secondary consideration is that this forms an incentive to keep
attempting entry to the labor market, which balances the increased generosity in time (discussed in next
section). Third is that this justifies a higher payment in the ‘normal’ situation, which is in line with our
criteria of effectiveness.
Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.

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Regarding the payment, we suggest following the example of Mexico City of having a fixed sum
for all beneficiaries instead of a percentage of the previous wage. Administratively this seems the most
straightforward option in a country with massive income inequality, where costs would become very
unpredictable if high wages needed to be considered (also forcing the program to fully rely on
contributions for funding). While not included in our calculation for the sake of simplicity, we advise
exploring the option of allowing a variation of rate X depending on the family composition of the
beneficiary. For example, the UI could allocate a 1,3. (X) benefit rate for people with dependent children.
For the range of the payment, we propose that the starting value X is above the federal (urban)
income poverty line (effectiveness criteria), since this social program is intended to protect from poverty.
The minimum value that X regresses to in the other tiers should be above the (urban) absolute poverty
line to guarantee survival.
Table 1.
Model of tiered unemployment insurance
Unemployment

Amount paid
Logic: decreases

Duration
Logic: increases

Requirements
Logic: broadens

&lt; 5%
Tier 1: current situation

Flat amount X
(f.e. 5000 peso)

Y months
(f.e. 6 months)

Job search

5 – 10%
Tier 2: strained situation

Regressive from
X to ½ X over time

2.(Y) months
(f.e. 12 months)

Job search
Education

10 – 25%
Tier 3: employment crisis

½X
(≥ extreme poverty)

4.(Y) months
(f.e. two years)

Job search
Education
Volunteering

Source: Own elaboration (2021).
Duration
The logic is that the that maximum period to receive help increases if the labor market situation gets
worse. This is part of the internal balance of our model, in which payment gradually decreases but the
duration expands. The reasoning behind it is threefold. First, reintegration into the labor market becomes
less realistic for all citizens if unemployment would increase. Second, as the crisis deepens, the concern
for work incentive becomes less relevant, and gets internally compensated by the regression in the
payment over time. Third, as the chances of a smooth transition to new jobs decrease, more and deeper
efforts of retraining are required, which should be accompanied with sufficient time. Note that it becomes
longer but not indefinite, implying that UI is not a final solution, and the state does not give up on the
right to work.

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We propose that the duration Y doubles with each new tier. If (re)training is supposed to be part
of this policy, this duration cannot be too short. A trimester (4 months) would be the smallest common
educational unit. We suggest the duration of 6 months as the basic value of Y, in line with how it works
in Mexico City and following the average (6.9) response of the survey. This means that if the economic
situation does not change, the UI would only last a relatively short duration. In tier two the maximum
duration would be 12 months, in tier three 24 months.
The last related topic is the maximum usage: when can people reapply to UI after having used it
before. One could follow the example of Mexico City where this is once every two years, requiring
people to have worked in between, thus including notions of merit and contribution.
Activity requirements
The survey indicated that most respondents think people should do ‘something’ in return. The general
logic of the model is that the activities one can do to signal reciprocity or societal value should broaden
over time. In our example, initially the requirement is to find work, while it broadens in later tiers to
training, care and volunteer work. The argument is that the chance of finding work realistically decreases
as the unemployment rate goes up, generating demand for other ways of expressing good will.
Additionally, when beneficiaries are given more time, they can engage in larger commitments such as
extensive training programs.
The minimum requirement is that people search for and are willing to accept work. Training is
added in the second tier. One could argue that this should be available since the start, yet the time
restraints make this harder. The care for others is added as an example of a different approach to societal
merit and life purpose. Given this is harder to evaluate and requires longer time commitments, it is
reserved for a crisis scenario. Finally, we have the option of volunteer work. This option often a popular
alternative in the public imaginary, yet there are reasons for not making it available earlier. If the work
is substantial and not charitable, people are doing labor that potentially could be real jobs like maintaining
public parks. This potential perverse effects on the labor market should be reserved for situations in
which human labor in these jobs is rendered uncompetitive. This would Also force people due to real
work but still count as unemployed.
Funding
Given that the choice for funding mechanisms is largely political, we limit ourselves to a general outline
of principles and considerations. The policy is open to three sources of funding: the state (general
revenue), contributions from workers based on their wages and a tax on companies. The proposed logic
is using a combination of sources, with the first two sources staying (proportionally) stable and the tax
on companies increasing if their efforts in robotization lead to more unemployment. The argument is that
those responsible for furthering robotization are increasingly held responsible for the compensation of
the effects this has on society. Our survey indicates that more citizens consider companies to be the prime

Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.

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responsible for compensating increases in unemployment due to robotization. A second argument is that
such a forecasted tax increase might also be an incentive to avoid or contain human replacement.
Looking at the individual sources of funding, the part carried by the state should at a minimum
cover the extra overhead costs not covered by other sources. It would be technically possible for the state
to fund a much larger part (or all) of the unemployment insurance, as is the case in Mexico City.
However, in this scenario the lack of a specific income source poses certain hard budgetary limits. For
example, in Mexico City the program is only budgeted to cover 4.8% or 14,450 people out of the
unemployed target population (Gobierno de la ciudad de México, 2021).
Mandatory contributions for formal workers can be integrated to give a sense of ownership and
reciprocity and is the standard form of funding in many European countries, where it is calculated as a
(progressive) percentage of their wage and paid automatically via their employers. In the Mexican
context it is more feasible if this contribution is small in comparison to the other types of funding. This
to a) avoid pressure on wages; b) maintain electoral support; and c) acknowledge that the workers carry
the least responsibility for robotization of the three actors.
The funding through companies itself can take different forms. The ‘classic’ form in many welfare
states is that the employer’s contribution to unemployment insurance is part of their social security
contributions for workers – essentially an alternative take on worker contributions. An alternative would
be to create a special tax that is not directly part of payroll contributions. A solidarity tax on profits would
be the most straightforward path, although inventive taxing that are more directly related to robots (either
on a company or sectoral level) should be investigated.
Cost estimate
In this part we explore a cost analysis of the proposed model. Our purpose is merely to contribute to the
discussion of the feasibility of this policy, and the following is to be seen as a rough starting point.
Important limitations are that: a) the analysis will be for the costs of a static unemployed population in a
single year. This means that they hypothetically all apply at the same time, and no cases from the previous
year are carried over; b) the analysis is limited to the cost of the payouts, not related services, or overhead
costs. As a reference for the latter, we refer to the example of Mexico City which budgets 5% of the total
cost. Our calculation will be cautious and err towards overestimation when deciding variables. We will
first show how each tier works individually, and later show how the costs will evolve across them if
unemployment rises.
The key controllable variable is the base compensation level (X) in our model. We will both
calculate this for a conservative and a ‘popular’ (following the survey) variant. In the conservative
estimate, X is one peso above the urban poverty line of November 2021 (3.898+1 peso), while for ½ X
we use 1950 peso, which is above the absolute urban poverty line of 1.879 peso. In the ‘popular’ variant,
we take X to be the median of our survey (7000 peso).
122 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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Another key variable with be the time spend (Y), which is unpredictable as it depends on when
the beneficiaries find work. We will first work with three ranges: an unrealistic minimum (all one month),
a realistic middle (half of Y), and an unrealistic maximum (all take maximum time). It must be noted that
although an exact number can’t be given for Nuevo León (the data works with ranges, see INEGI, 2021),
if we take the average of the ranges and round ‘more than a year’ down to 12 months, the average time
would be slightly over 2.4 months. Given the policy pays per month, it would thus be in line with our
‘realistic’ middle of 3 months for tier one.
For the initial calculation of the tiers, we will first use the third trimester of 2021 unemployment
rate of 4.619% (reflecting the pandemic), or 132.416 people for tier 1 of the model (0-5% unemployment)
and take a middle number of 7.5% for tier two (5-10%), and 17.5% for tier 3 (10-25%). In a later
calculation more intervals will be given.
The last estimation is of the number of clients. Due to lack of data, we must start from the
unrealistic assumption that all are eligible (and not quit voluntarily or committed fraud). Even in this
scenario, not everyone would apply to this policy. Given there is no national president, we will take the
unemployment take up rate of 73% of the U.S. (Auray, Fuller, 2020).
For Tier one this results in 96.663 beneficiaries, likely a large overestimation of the roll-out costs
of the program in NL (Mexico City budgeted this for 4.8%), since this program has existed for decades
in the U.S. The calculation for tier one is in table 2.
Table 2.
Cost calculation of first tier
Base amount
Conservative: 3899
Popular: 7000

Min time (1 month)
376.889.037 $
676.641.000 $

Mid time (3 months)
1.130.667.111 $
2.029.923.000 $

Max time (6 months)
2.261.334.222 $
4.059.846.000 $

Source: Own elaboration (2021).
In tier two, there are more beneficiaries (156.956) and larger timespans, but the payment becomes
regressive to around half the original number. This can best be done percentage wise to even out the
relative loss as time goes on and people have less savings. If we take a 0.06 percentage change per month,
for a conservative payment that means a regression from 3899 to 1974 over 12 months: and for the
popular variant from 7000 to 3544 over 12 months. This creates the following cost calculation rounded
for readability to 1 peso, see table 3.
Table 4.
Cost calculation second tier.
Base amount
Conservative: 3899
Popular: 7000

Min time (1 month)
611.971.444 $
1.098.692.000 $

Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.

Mid time (6 months)
3.163.178.216 $
5.678.956.879 $

Max time (12 months)
5.345.356.318 $
9.596.694.786 $
123

�Ghys, T. &amp; Cools., P.

Source: Own elaboration (2021).
The calculation for tier three is like the first one and starts from half the original payment given
to 366.230 people. Our middle time range is likely an overestimation, as the duration of unemployment
does not necessarily increase at the same rate as its volume. See table 5:
Table 5.
Cost calculation third tier
Base amount
Conservative: 1950
Popular: 3500

Min time (1 month)
714.148.500 $
1.281.805.000 $

Mid time (12 months)
8.569.782.000 $
15.381.660.000 $

Max time (24 months)
17.139.564.000 $
30.763.320.000 $

Source: Own elaboration (2021).
Having established the basic functioning of each tier, we can now show the variation of two
uncontrollable variables: unemployment rate and take-up rate, which allows us the see how the adaptive
model controls costs. For the second we will add a version with a 50% take up rate which is representative
for an implementation scenario. In the following calculation we will only include the ‘realistic’ duration
variable, using 3 months for tier one, and using two ranges in tier II (3-6 months) and III (6-12 months),
as we are uncertain how much the average duration would increase. Table 6 will show the rounded
conservative (3899-peso base) cost at 1% intervals of the unemployment rate, using the population of the
unemployment numbers for the third semester of 2021 (INEGI, 2021) as a base with 1% representing
28668 people.
Table 6.
Evolution annual costs. Tier I in green, Tier II in orange, Tier III in red.
Unemployment
2%
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
13 %
14 %
15 %

Annual cost at 73% take up rate
489.577.935
734.371.815
979.167.567
1.151.981.716 - 2.018.798.913
1.382.382.463 - 2.530.566.756
1.612.772.201 - 2.952.314.447
1.843.172.947 - 3.374.082.291
2.073.573.694 - 3.797.865.463
2.448.529.200 - 4.897.058.400
2.693.386.800 - 5.386.773.600
2.938.244.400 - 5.876.488.800
3.183.090.300 - 6.366.180.600
3.427.947.900 - 6.855.895.800
3.672.805.500 - 7.345.611.000

Annual cost at 50% take up rate
335.329.596
502.994.394
670.659.192
789.030.081
- 1.444.385.578
946.836.097
- 1.733.262.693
1.104.642.113 - 2.022.139.809
1.262.448.129 - 2.311.016.924
1.420.254.145 - 2.599.894.040
1.677.078.000 - 3.354.156.000
1.844.785.800 - 3.689.571.600
2.012.493.600 - 4.024.987.200
2.180.201.400 - 4.360.402.800
2.347.909.200 - 4.695.818.400
2.515.617.000 - 5.031.234.000

Source: Own elaboration (2021).

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�Ghys, T. &amp; Cools., P.

This analysis shows us that the adaptability of the model offers a relatively smooth increase in
costs when unemployment rises, while allowing more people to stay in the program for a longer period.
Notice the jump between tiers from 9 to 10 percent. The cost for a six-month average unemployment
(second range of 9% and first of 10% onwards) drops until 13% unemployment. This also shows how in
the conservative variant the objective of the policy changes from poverty prevention to survival, with is
avoided in the popular variant.
5. - CONCLUSIONS
This paper explored the feasibility of unemployment insurance in Nuevo León in the context of new
societal challenges such a robotization, using a mixture of literature study, a survey and cost calculation.
Our general conclusion is that UI is politically feasible, given the policy design and marketing are adapted
to the context. This requires a design that protects from poverty while keeping costs and administrative
complexity manageable, while positioning the policy in a way that captures popular support. We
proposed a model of UI that is adaptable to the labor market, offering a relatively smooth cost transition
while helping increasing numbers of people.
Exact costs are hard to estimate due to many variables as well as incomplete data, and are likely
to err towards over estimation, given the assumed high rates of take up and full eligibility. Still, our
conservative estimation is that if our conservative model was implemented during the pandemic (4-5%
unemployment) it would have an annual cost of around one billion pesos. It could operate at roughly half
of that cost under favorable economic conditions. If the unemployment rate would double, that cost
would go up to roughly three billion pesos while helping people for a much longer duration. The policy
does lose much of its protective capacity as the crisis increases, with the alternative of a more generous
model, that would have a cost of roughly two billion pesos during the recent pandemic crisis operating
at full capacity.
To further the discussion more research would be required. New surveys that capture public
sentiment after the Covid19 experience would complete the understanding of popular support. The cost
calculation would also benefit from more accurate estimates regarding the duration of unemployment in
escalated scenarios, as well as of benefits and pay-back effects. Finally, depending on how political actors
estimate the feasibility of different funding options and more accurate data on the state’s finances after
the current crisis, the fiscal consequences of this policy could be estimated. While the costs are
manageable, some form of additional tax is likely needed.
To conclude, our analysis leads us to believe that the adaptation of unemployment insurance is
due, and new societal challenges both provide the need and opportunity to politicize this issue. While a
federal rollout would be preferable and fill a gap in the social policy landscape, state level implementation
in the industrial context of Nuevo León is feasible. However, we must be aware that its function is to
protect against short-term social degradation, not to tackle the root causes of a precarious labor market.
In the case of robotization, unemployment insurance offers a realistic but incomplete solution, and is best

Exploring the feasibility of Unemployment Insurance in Nuevo León.

125

�Ghys, T. &amp; Cools., P.

envisioned as part of a broader response (see Ghys et al., 2021). Additionally, like most social security
programs this still assumes formal unemployment, which limits its redistributive effect.
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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448
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Evaluación de procesos de la implementación del programa
Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle1
Process evaluation of the implementation of the Ser Pilo Paga program at the Universidad
del Valle
Luis Alberto, Pérez Bonfante2; Michelle, Castrillón Córdoba3;

RESUMEN
El presente artículo examinó la implementación del programa Ser Pilo Paga en
la Universidad del Valle durante el periodo 2015-2018, a través de un ejercicio
de evaluación de procesos. Esta investigación siguió un enfoque interpretativo
apoyado en diversas técnicas, como análisis documental, entrevista
semiestructurada y análisis descriptivo. La aplicación de la metodología generó
resultados en dos niveles, el primero relacionado con la lógica del programa y el
segundo, con la población beneficiaria, desde la perspectivas cuantitativa y
cualitativa. Entre las conclusiones se encuentra que el programa no alcanzó las
metas planificadas y, en el caso de la Universidad del Valle se presenta un acierto
en términos de motivación, oportunidad y financiamiento con situaciones
emocionales y académicas adversas.
Palabras claves: educación superior, evaluación de procesos, Ser Pilo Paga,
Universidad del Valle
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 25/06/2022
Fecha de revisado: 10/07/2022
Fecha de aceptado: 07/11/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article examined the implementation of the Ser Pilo Paga program at the
Universidad del Valle during the period 2015-2018, through a process of
evaluation exercise. This research followed an interpretative approach supported
by various techniques, such as documentary analysis, semi-structured interview,
and descriptive analysis. The application of the methodology generated results at
two levels the first related to the logic of the program and the second, with the
beneficiary population, from a quantitative and qualitative perspective. Among
the conclusions is that the program did not reach the planned goals, and, in the
case of the Universidad Del Valle, a success is presented in terms of motivation,
opportunity and funding with adverse emotional and academic situations.
Keywords: Higher education, process evaluation, Ser Pilo Paga, Universidad del
Valle.

Cómo referenciar este artículo:
Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M. (2023). Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo
Paga en la Universidad del Valle. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 128-156.
https://doi.org/10.29105/pgc9.17-6

Este artículo es producto del proyecto “Análisis del acceso a la educación superior a través del programa Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle 2015-2018”. Trabajo de grado,
iniciado en feb 2020 y finalizado en enero de 2021.
2
Doctor en ciencias sociales por FLACSO (Buenos Aires-Argentina). Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle,
Colombia. Correo electrónico: luis.alberto.perez@correounivalle.edu.co. ORCID: 0000-0001-7095-3577
3
Magister en Políticas Públicas y Economista por la Universidad del Valle, Colombia. Analista, Alcaldía de Santiago de Cali. Correo electrónico:
michelle.castrillon@correounivalle.edu.co. ORCID: 0000-0003-2467-8361.
1

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1. - INTRODUCCIÓN
El acceso a la educación superior para jóvenes con bajos ingresos, en diferentes países de América Latina,
es afectado por aspectos asociados con el desempeño académico, la finalización o grado de la educación
media y el nivel de educativo alcanzado por sus madres (Ferreyra et al., 2017). A fin de aumentar el
acceso a la educación superior por parte de estos jóvenes, el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
de Colombia creó en el 2014, el programa Ser Pilo Paga (SPP en adelante) con el propósito de lograr una
educación superior inclusiva, convirtiéndose en una de las estrategias para avanzar en la meta de “ser el
país más educado de América Latina en el 2025”. No obstante, este tipo de alternativas, pensadas con un
enfoque de financiación a la demanda, en las que se asignan créditos educativos focalizados, siguen la
misma línea de las políticas diseñadas en años anteriores y cuyos avances en materia de reducción de la
brecha de acceso han sido mínimos (Mora y Múnera, 2019; Castrillón, 2020).
Es por esto, que se hace necesario visibilizar cuáles fueron las implicaciones que generó el
programa SPP sobre el acceso a la educación superior y principalmente sobre sus beneficiarios, así como
identificar si la implementación, operatividad y demás dinámicas internas en el funcionamiento del
programa, tal y como fue planteada permitió generar el valor propuesto desde su formulación.
En este sentido, el presente artículo realiza una evaluación de procesos alrededor de la
implementación del programa SPP en la Universidad del Valle durante el periodo 2015 - 2018. Para esto
se plantearon tres objetivos: i) construir las cadenas de valor y entrega del programa SPP durante las
cuatro cohortes ofertada, ii) identificar los cambios presentados y sus incidencias en los resultados del
programa y iii) Analizar la implementación del programa SPP en la Universidad del Valle durante su
vigencia. La hipótesis de esta investigación consiste en que los cambios en la implementación del
programa SPP fueron insuficientes. En el caso de la Universidad del Valle, además de no aumentar la
cobertura en la población objeto del programa, se presentan efectos emocionales negativos en los
beneficiarios.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
En los últimos años, el acceso a la educación superior por parte de personas con escasos recursos
económicos ha aumentado en Colombia y en diferentes países de América Latina. Sin embargo, los
jóvenes con mayores ingresos siguen presentado mayores probabilidades para acceder a este nivel de
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educación (Ferreyra, Avitabile, et al, 2017; Álvarez, 2019; Laajaj, Moya y Sánchez, 2018; Corredor,
Álvarez y Maldonado, 2019), al punto de que solo el 10% de las personas de estrato socioeconómico 1 hogares con menores recursos económicos- del país logran acceder a la educación superior, una vez
finalizada su educación media y después de presentada la prueba Saber 11, cuando más del 50% de los
jóvenes pertenecientes a estratos 5 y 6 acceden a este nivel educativo (Ferreyra, Avitabile, et al, 2017;
Londoño, Rodríguez y Sánchez, 2017).
En este contexto, el programa SPP se concibe como una política de acceso a la educación superior
que consiste en la asignación de créditos-beca condonables para que estudiantes con mejores resultados
en las pruebas Saber 11 (evaluación de competencias a estudiantes de último grado de educación media)
con bajos ingresos económicos, puedan ingresar a universidades con la distinción de acreditación de alta
calidad (DNP, 2016). Lo anterior, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad que persisten en
el acceso, pues como la literatura ha demostrado, la educación superior representa uno de los principales
medios que impulsa la movilidad de los individuos a través del desarrollo de conocimientos, habilidades
y capacidades futuras (Blau y Duncan, 1967; Becker y Tomes, 1986; Nina y Grillo, 2000; Guerrero,
2020, Viáfara, 2006; Malagón, 2006; Blanco et al, 2008 Vivas, 2008).
Respecto a la revisión de programas o políticas públicas implementados por el Gobierno en el
sistema de educación superior, con miras a aumentar la movilidad social de los más desventajados, a
partir del análisis de los antecedentes de las apuestas en materia de educación del Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2010, Mora (2015) afirma que estas terminan siendo un esfuerzo de masificación de
la educación superior que configura un modelo segmentado y jerárquico reproduciendo la desigualdad
ya existente.
Pineda y Celis (2017) realizan un análisis de la universidad alrededor de los créditos educativos
SPP y los rankings universitarios Mide. A través de la implementación de una técnica documental,
muestran como la adopción de las reformas realizadas a la educación superior están orientadas a un
modelo de universidad corporativa que funciona bajo una lógica mercantilista.
Ramos y Parra (2017), siguiendo criterios como cobertura, equidad e igualdad, y articulación
discursiva, evidencian que el programa SPP genera un bajo impacto en la cobertura, además de que la
forma en la que fue diseñado aborda elementos de exclusión donde estudiantes con un desempeño
académico más bajo quedan fuera del programa.
130 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

En este sentido, el presente artículo realiza una evaluación de procesos que consiste en analizar
la dinámica interna de los organismos de ejecución de una política, programa o proyecto, sus
instrumentos de política, sus mecanismos de prestación de servicios, sus procedimientos de gestión y los
vínculos que existen entre todos estos componentes (OCDE, 2002). En detalle, el análisis se centra en
los cambios adjudicados al programa durante su implementación, las percepciones de los beneficiarios
frente a los mismos, además de las implicaciones en los resultados esperados, enfocándose
específicamente en la Universidad del Valle. Este análisis complementa otras investigaciones sobre el
programa en materia de financiación (Cocoma, 2017; Mora y Múnera, 2019), de cobertura (Londoño,
Rodríguez y Sánchez, 2017; Mora y Múnera, 2018, Laajaj, Moya y Sánchez, 2018), de formulación
(Castro, 2016; Bayona y Coba, 2019) y en la centralización como una externalidad del programa.
Por su parte, La Universidad del Valle, universidad en la que centra esta investigación, está
ubicada en el Valle de Cauca, el departamento con mayor número de Instituciones de Educación Superior
Públicas (IES-P) en el 2015, según cifras del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación
Superior. Sin embargo, en 2017, la tasa de cobertura bruta en educación superior fue del 43.9%, cifra
muy inferior al promedio nacional de 52.8%. Particularmente, la Universidad del Valle alcanzó el mayor
nivel de cobertura de departamento, 20.3% del total de matriculados en 2017. Además, según datos del
Anuario Estadístico de la misma universidad, tiene en promedio 25,453 estudiantes por semestre, de los
cuales el 64% y 88% pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2 en la ciudad de Cali y sedes regionales,
respectivamente (Universidad del Valle, 2018). Finalmente, la universidad cuenta con el nivel más alto
de calidad y la mayor oferta académica de programas del sur occidente colombiano (Universidad del
Valle, 2018).
3.-MÉTODO
Con el fin de llevar a cabo la evaluación de procesos aquí propuesta, el análisis se concentró en la
dinámica de los organismos implicados en la ejecución del programa, los mecanismos y procesos internos
que se generaron a lo largo de las cuatro convocatorias del programa y por tanto en sus beneficiarios,
brindando inicialmente un contexto general de los cambios presentados, para pasar a la experiencia
evidenciada en el caso de la Universidad del Valle.
A partir del planteamiento de los objetivos, se buscó determinar la lógica con la que el programa
fue diseñado, señalando en primera instancia la cadena de valor que da cuenta de la relación secuencial
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

131

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados a partir de la cual se asigna valor público
durante el proceso de transformación total que se deriva de la implementación de una política pública o
programa (DNP, 2014a) y en segunda instancia, la cadena de entrega que especifica los actores
(instituciones o personas) y las relaciones que se establecen entre ellos, a fin de que sea implementada
una actividad o un proceso de un sistema (DNP, 2012). Finalmente, conocer la experiencia de los
encargados de la implementación del programa y beneficiarios del mismo en la Universidad del Valle.
En este sentido, para el desarrollo del primer y segundo objetivo de esta investigación, se utiliza
el análisis documental como técnica de investigación cualitativa siguiendo la metodología planteada por
Sandoval (2002) que se despliega en cinco etapas alrededor de la temática relacionada con el problema
de investigación que van desde el rastreo de documentos disponibles, su clasificación, selección, lectura
en profundidad y cruzada para identificar patrones, tendencias y construir una síntesis comprensiva del
tema analizado.
Para este fin, se revisan fuentes secundarias entre las cuales se encuentran documentos
académicos y normativos relacionados con el programa (reglamentos operativos, PND 2014-2018,
CONPES 3880 de 2016 y 3914 de 2018, evaluaciones de impacto en el corto plazo).
Por otro lado, para la realización del tercer objetivo, se hace un análisis descriptivo de datos
secundarios de corte transversal provenientes de la encuesta de caracterización socioeconómica aplicada
por la Universidad del Valle a sus estudiantes en primer semestre. En detalle, los datos corresponden a
variables relacionadas con la identificación personal, situación socioeconómica, datos del hogar e
intereses académicos de 705 estudiantes beneficiarios de SPP entre el 2015 y 2018.
Además, cómo parte del desarrollo del proyecto del cual se deriva la presente investigación, se
llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas por conveniencia a la responsable del área de ingreso de
aspirantes a la Universidad del Valle y a estudiantes beneficiarios del programa, con el fin de explorar la
experiencia de implementar el programa SPP en dicha institución. En el caso de los estudiantes
beneficiarios, se contactaron a 732 estudiantes beneficiarios del programa SPP. Sin embargo, esta solo
fue aplicada a un total de 15 estudiantes, toda vez que se alcanzó el criterio de saturación, frente a la
densidad y autenticidad de la información obtenida. Los estudiantes se encontraban distribuidos de la
siguiente forma:

132 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

Tabla 1.
Descripción de estudiantes entrevistados
Estudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cohorte de
ingreso SPP
2015
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2018
2017
2018
2018
2015
2016
2018
2017

Facultad

Sexo

Ciencias de la administración
Salud
Ciencias de la administración
Ciencias naturales y exactas
Ciencias sociales y económicas
Educación y pedagogía
Ciencias sociales y económicas
ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Artes Integradas
Artes Integradas
Ciencias naturales y exactas
Salud
Humanidades

M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M

Edad
(años)
26
20
22
21
21
21
20
19
19
19
20
22
21
19
20

Municipio de
procedencia
Dagua
Jamundí
Briceño
Ipiales
Cali
San Agustín
Cartago
Palmira
Sandoná
Unión
Sevilla
Cali
Pasto
Cali
Cali

Departamento
Valle
Valle
Nariño
Nariño
Valle
Huila
Valle
Valle
Nariño
Nariño
Valle
Valle
Nariño
Valle
Valle

Nota: Elaboración propia (2020).
Siguiendo la metodología de Castrillon (2020), el muestreo aplicado fue por conveniencia y bola
de nieve. Por tanto, se buscó la participación de todas las cohortes de ingreso de SPP y de las facultades
de la Universidad. Por otro lado, con el fin de mantener el anonimato de los entrevistados, los nombres
en los fragmentos presentados en la sección de resultados fueron cambiados.
4.-RESULTADOS
En los siguientes numerales de este acápite, se detallan los resultados logrados mediante la
implementación de la metodología y el análisis aquí propuestos en dos niveles: el primero de orden
general, asociado con la lógica del programa y el segundo de carácter específico que señala los resultados
obtenidos en la Universidad del Valle.
Ser Pilo Paga: Estrategia para el acceso a la educación superior
A través de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018:
Todos por un nuevo país, en el que se define la educación como uno de los tres pilares fundamentales
por ser un factor determinante en la propuesta de movilidad social planteada en este periodo de gobierno,
se fijan metas en educación inicial, media y superior asociadas con temas como la obligatoriedad de la
educación hasta el grado once y la gratuidad en las instituciones públicas en este nivel, la articulación de
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

133

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

los diferentes niveles, el aumento de la cobertura en la educación superior y el fortalecimiento de la
infraestructura educativa.
En vista que se continúa presentado una gran proporción de jóvenes de bajos recursos (estratos
1, 2 y 3) que no ingresan a la educación superior pese a su buen desempeño académico y en concordancia
con el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, segundo semestre del año 2014, el MEN
pone en marcha el programa SPP, programa de crédito condonable, administrado por el ICETEX,
dirigido a población de escasos recursos y con buen desempeño académico medido por las pruebas Saber
11 (Álvarez, 2019).
Figura 1.
Cadena de valor programa Ser Pilo Paga
Insumos

Procesos

Productos

Resultados

Impactos

• Recursos
financieros
por
3.320.047 millones de pesos
para creación de un fondo de
financiamiento a la demanda
• Creditos 100% condonables
• Administración del fondo por
parte del ICETEX
• Gestión del programa por
parte del Ministerio
de
Educacion Nacional.

• Cruces entre los puntajes
obtenidos en las pruebas de
Estado con las bases de los
clasificados según Sisbén,
para definir beneficiarios del
crédito condonable.
• Proceso de entrega y
verificación de documentos
para su posterior legalización,
a través de las universidades.
• Convenios MEN - ICETEX
• Convocatorias claras para
encontrar beneficiarios

• Financiación del 100% del
valor de la matrícula para la
duración total del programa
académico
de
pregrado
seleccionado
por
el
beneficiario cualquiera que
este fuera.
• Entrega de subsidio de
sostenimiento de acuerdo con
la ciudad o municipio de
origen del beneficiario

• Aumento de la cobertura en
educación superior de calidad
en 10%
• Creación de 400 mil nuevos
cupos en
instituciones o
programas de pregrado con
acreditación de alta calidad.
(financiados con recursos
públicos)

• Aumento en el acceso a
educación superior de la
población más vulnerable.
• Reduccion de la brecha de
desigualdad en el acceso a la
educación superior

Nota: Elaboración propia con base en Castrillón (2020), PND 2014-2018, CONPES 3880 y Reglamento
operativo SPP, 2015.
Para comprender la lógica con la que fue diseñado el programa y cómo se implementaría, se
construyen la cadena de valor y la cadena de entrega que se relacionan en las figuras 1 y 2
respectivamente, complementando lo expuesto en el CONPES 3880 de 2016 y el reglamento operativo
expedido por el MEN y el ICETEX en 2015.

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Figura 2.
Cadena de entrega programa Ser Pilo Paga
1. El ICFES debe realizar los cruces
entre los puntajes obtenidos en las
pruebas de Estado con las bases de
los clasificados según Sisbén para
definir quienes pueden ser
beneficiados por los créditos

4. El Icetex hará seguimiento a los
beneficiarios dentro de las
universidades y los programas
educativos a los que pertenezcan
para hacer el desembolso oportuno
de los recursos por concepto de
renovación para cada periodo
académico

7. Adjudicación de subsidios y
créditos educativos, y desembolso
de los recursos para matrícula y
sostenimiento a las instituciones de
educación superior y a los
beneficiarios, según corresponda.

2. El Ministerio de Educación
Nacional deberá firmar convenios
con el Icetex para definir las
obligaciones de las partes

5. El MEN y el Icetex, deberá lanzar
convocatorias para encontrar
beneficiarios de los créditos
condonables.
Las convocatorias deberán tener en
cuenta el límite de beneficiarios que
se pueden atender según los
recursos aprobados y gestionados
mediante las vigencias futuras.

8. Ejecución de procesos de
condonación de créditos educativos
cuando los beneficiarios cumplan
los requisitos previstos, según el
tipo de población objetivo.

3. Ministerio se compromete a girar
los recursos que permitan el
funcionamiento de los fondos, su
administración y la atención de
quienes resulten beneficiarios
después de realizar los procesos de
convocatoria.

6. Verificación del cumplimiento de
requisitos y selección de los
beneficiarios, según se tenga
previsto para cada grupo de
población objetivo.

9. Ejecución de procesos de cobro
de cartera frente a los beneficiarios
que no cumplan los requisitos de
condonación de sus créditos
educativos.

Nota: Elaboración propia con base en Castrillón (2020) e información descrita en Reglamentos
Operativos SPP
De acuerdo con lo expuesto por Castrillón (2020), para el funcionamiento y continuidad del
programa SPP, entre 2016 y 2018 se implementaron una serie de acciones desde planeación nacional y
el Gobierno, dada la relevancia que se le otorgó al programa como parte fundamental del Pilar
“Educación”. Entre estas acciones se resaltan las siguientes:
Creación del CONPES 3880 en 2016 con el objetivo de “garantizar los recursos para el
financiamiento de las cohortes de estudiantes del programa SPP y de doce fondos de créditos condonables
administrados por el ICETEX” a través de vigencias futuras.
En 2017, radicación de un proyecto de ley con miras a convertir el programa SPP en política de
estado (Proyecto de Ley 275 de 2017), aprobado en primer debate por la Cámara de representantes. Este
fue archivado por tránsito de legislatura.

Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

135

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

En 2018, se radica un nuevo proyecto de ley que busca convertir el programa SPP en una
estrategia de largo plazo con el objetivo de incentivar al mérito académico de la población de condiciones
socioeconómicas desfavorables (Proyecto de Ley 022 de 2018). No obstante, este no es aprobado en
primer debate debido a la decisión del de Gobierno entrante de finalizar el programa por la insuficiencia
de recurso presupuesta, “al reconocer que el 50% de ellos no podrían continuar siendo destinados al
acceso a la educación superior de una población de apenas 40.000 estudiantes” (Castrillón, 2020, 12).
Programa Ser Pilo Paga: su implementación a través de las cuatro cohortes ofertadas por el programa
De acuerdo con lo expuesto en el PND 2014-2018, a través del programa SPP se procuraba fomentar el
ingreso a la educación superior de personas con bajos recursos socioeconómicos, pero al mismo tiempo
con mérito académico (Álvarez, 2019; Laajaj, Moya y Sánchez, 2018). La meta era lograr un aumento
en la cobertura de 10 puntos porcentuales (57% en total) y aportar a la creación de 400.000 nuevos cupos
en instituciones o programas profesionales con acreditación de alta calidad; en detalle, al final del periodo
del PND se esperaba dar cobertura a 40.000 jóvenes (DNP, 2014b). Así, según cifras entregadas por el
DNP, la primera convocatoria del programa (2014-2015) benefició a 10.141 jóvenes, la segunda (20152016) a 12.715 estudiantes, la tercera (2016-2017) a 8.759 y, por último, la cuarta (2017-2018) benefició
a 8.029 jóvenes (CONPES 3914, 2018).
Ahora bien, para la implementación del programa en cada una de estas cohortes, el gobierno
nacional expidió un reglamento operativo diferente, con el propósito de especificar el procedimiento a
seguir para otorgar los créditos-beca del programa SPP y garantizar la permanencia en los mismos. Con
base a estos reglamentos y tomando como punto de partida la cadena de entrega presentada y la primera
cohorte, a continuación, se exponen los cambios identificados en los procedimientos internos durante la
ejecución de las cuatro cohortes.
En la primera cohorte, la adjudicación del crédito condonable del programa SPP se realiza
siguiendo la cadena de entrega esbozada en la figura 2, teniendo en cuenta los siguientes requisitos
mínimos para los aspirantes:
Haber realizado la prueba de estado de la educación media- SABER 11 el 3 de agosto de
2014.

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Haber obtenido un puntaje igual o superior a 310 en el examen de estado de la educación
media – Prueba SABER 11.
Haber sido admitido en una institución de educación superior con acreditación de alta
calidad o el programa con este mismo reconocimiento.
Estar registrado en la versión III del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) con corte al 19 de septiembre de 2014,
dentro de los puntos de corte establecidos por área de la siguiente forma:
Tabla 2.
Puntaje máximo de SISBEN por área

No.

Puntaje máximo para

Área

participar 2014

14 ciudades, son las 14 principales ciudades sin sus áreas metropolitanas,
1

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué,

57,21

Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.
2
3

Resto Urbano: es la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, los
centros poblados y la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades
Rural

56,32
40,75

Fuente: MEN – ICETEX (2015). Nota: Elaborada con datos provenientes del Reglamento operativo SPP
“créditos condonables para la excelencia en la educación superior” MEN – ICETEX, 2015
El proceso en el que se enmarca, en principio, la adjudicación y ejecución del crédito condenable
SSP contempla las siguientes etapas, subprocesos y participantes, que a su vez refleja el desarrollo del
mismo.
Tabla 3. Descripción de Etapas del crédito condonable Ser Pilo Paga
Etapa

Adjudicación de los créditos
condonables:

Subproceso

Participante

Convocatoria

ICETEX - MEN

Verificación de requisitos

ICETEX

Criterios de adjudicación

Junta administradora

Publicación

ICETEX

Legalización (pagaré y carta de instrucciones)

IES - beneficiario

Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

137

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Etapa

Subproceso

Participante

Desembolso del crédito

Desembolso de matrícula.

IES

condonable

Desembolso de sostenimiento.

Beneficiario

Renovación del crédito y
actualización de datos
semestre a semestre

Renovación del crédito al iniciar un nuevo periodo
académico.

Beneficiario

Actualización permanente la información de datos
básicos
Certificación de graduación del beneficiario.

Condonación del crédito

IES

Recuperación de cartera en el caso de los que no

ICETEX

cumplan con los requisitos de condonación.

Fuente: MEN – ICETEX (2015). Nota: Elaborada con datos provenientes del Reglamento operativo SPP
“créditos condonables para la excelencia en la educación superior” MEN – ICETEX, 2015
Tabla 4.
Descripción de cambios presentados durante la implementación del programa Ser Pilo Paga por
cohorte
Ser Pilo Paga 2 (2015)


Se hace mayor énfasis en las garantías de los recursos y del MEN como garante y gestor.



Se aclara cuál deberá ser el valor por girar por los costos asociados a las IES públicas por cada estudiante beneficiario.



Ajustes en el subsidio de sostenimiento de beneficiarios que se desplazan del lugar de residencia de su núcleo familiar
(4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se realizará en dos desembolsos durante el semestre).



Ajustes en las funciones del MEN e ICETEX con relación al seguimiento y legalización del crédito condonable,
respectivamente. Además, mayor asesoría y asistencia técnica a los beneficiarios, los funcionarios de las IES y la
comunidad universitaria.



Solicitud de remisión a la IES de un plan de gestión con proyectos para garantizar la permanencia estudiantil de los
beneficiarios del programa ante el ICETEX.



Se incluye como requisito el hecho de ser colombiano. El puntaje mínimo de las pruebas Saber 11 aumenta a 318,
mientras los puntajes máximos del SISBEN se mantienen.



Manifestación de cumplimiento del “Código de Honor del Pilo”, a través del cual asume las responsabilidades que
le son adjudicadas como beneficiario del programa.
Ser Pilo Paga 3 (2016)

Ser Pilo Paga 4 (2018)

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

Se adicionan a los montos financiables por el MEN, el valor del 

Aumenta el puntaje mínimo en las Pruebas

cupo que hace referencia al valor a girar por los costos asociados

SABER 11 a 348 puntos.

a las IES públicas por cada beneficiario del programa.


Aumenta el puntaje mínimo en las pruebas SABER 11 a 342
puntos.



Se asigna un nuevo costo de cupo a reconocer por
estudiantes en IES pública para la vigencia 2018.



Se asignan puntajes especiales para estudiantes

Aumentan la cantidad de documentos requeridos al beneficiario

de la zona de Mocoa (Pilos por Mocoa) debido al

para la legalización del crédito condonable.

Estado de Emergencia social y ecológica

Se fortalecen aspectos de la cadena de entrega correspondientes a

declarado en este municipio. También se asignan

la etapa de desembolso del crédito y la condonación de este, etapas

requisitos especiales a la zona Pacifico (todos

en las que:

somos PAZcifico) con el fin de promover el

Se inicia la implementación de una tarjeta recargable que es

desarrollo del litoral pacífico a través de

asignada a los beneficiarios para el desembolso del apoyo de

oportunidades de acceso a la educación superior.

sostenimiento.







El crédito se adjudica de manera inmediata a los

Aumentan las obligaciones de los beneficiarios. Se describe de

estudiantes, una vez salgan los resultados de las

forma detallada el procedimiento a seguir para solicitar la

Pruebas Saber 11. Lo único que debe hacer el

suspensión temporal de sus estudios.

beneficiario es diligenciar el formulario de

Se especifican las condiciones que rigen la composición de las

aceptación del crédito una vez cumpla con los

cuotas a pagar al ICETEX mensualmente, en el caso de quienes

requisitos de SPP.

no cumplan con los requisitos de condonación.

Fuente: Elaboración propia (2020). Nota: Elaborada con datos provenientes de Reglamentos operativos SPP y Mora y
Múnera (2019).

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 4, se puede evidenciar que los primeros cambios
realizados buscan precisar la población beneficiaria, el reglamento se vuelve más específico en términos
de los requisitos mínimos y se establecen más obligaciones para los beneficiarios de una cohorte a otra.
Es en la tercera cohorte, año 2016, donde se hacen evidentes los problemas de financiamiento y, por
tanto, se presentan ajustes orientados a obtener respaldo para la financiación y sostenimiento del
programa, además de cambios enfocados principalmente en la etapa de adjudicación del crédito.
Por último, en la cohorte cuatro se hace necesario establecer la fuente y administración del fondo
para financiar el acceso y permanencia de los beneficiarios, a fin de dar continuidad al programa y lograr
40.000 cupos. Se termina por modificar la cadena de entrega en la etapa de adjudicación, agilizando el
procedimiento para los beneficiarios y ajustando las brechas en los costos de cupos entre IES privadas y
públicas.

Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

139

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

De acuerdo con los resultados de la evaluación de impacto de corto plazo realizada al programa
en el año 2016, un año y medio después de iniciada su implementación, encontró que el programa ha
mostrado resultados bastante positivos en el corto plazo en términos de acceso y permanencia en
educación superior. Los resultados de este estudio encontraron que el programa incrementa la
probabilidad de acceso a una IES acreditada en cerca de 31,8%, y disminuye la probabilidad de ausentarse
después del primer semestre en cerca de 7 puntos porcentuales (Álvarez et al, 2017).
Sin embargo, pese a los resultados derivados de esta evaluación, la implementación al finalizar
el periodo 2014-2018, no alcanza los productos esperados en términos de tasa de cobertura y cantidad de
cupos, pues se esperaba generar 400.000 cupos nuevos para población de escasos recursos de los cuales
se generaron 40.000.
Pese a la implementación de cambios durante la vigencia del programa, 2015-2018, la
financiación mantuvo una orientación a la demanda, lo cual soporta resultados de orden individual
(Arrubla y Uribe, 2015). Al mismo tiempo, Corredor, Álvarez y Maldonado (2019) indican la presencia
de barreras de orden simbólico en los estudiantes durante el desarrollo del programa que no fueron tenidas
en cuenta.
Ser Pilo Paga en la Universidad del Valle.
El programa SPP en la Universidad del Valle inició su implementación en el año 2015 con los primeros
admitidos beneficiarios del programa, pertenecientes a la cohorte 1 y quienes siguieron el procedimiento
expuesto en la cadena de entrega. Por su parte, los últimos beneficiarios SPP, debido a la suspensión del
programa, fueron admitidos para el segundo semestre del 2018 y el procedimiento que siguieron difiere
de la cadena de entrega inicial en los cambios resaltados en el apartado anterior.
A continuación, se describen las cifras reportadas por la Universidad del Valle para el programa

SPP durante las cuatro cohortes (2015-2018), entre las cuales se analizan las variables asociadas con las
características sociodemográficas y de contexto de los estudiantes admitidos. Seguidamente, se exponen
experiencias de los beneficiarios y de la implementación de estos procedimientos a cargo de la oficina
responsable en la universidad.

140 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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Por un lado, la admisión de estudiantes pertenecientes al programa SPP a la Universidad del Valle
durante el periodo 2015 a 2018 no fue en aumento, resultado contradictorio teniendo en cuenta que es la
institución de mayor alta calidad y oferta académica, la población objeto de universidad es de escasos
recursos (estratos 1 y 2) y los valores de las matrículas según SPP, son más bajos que en el ámbito
privado. En el primero, 120 estudiantes (17%), en el segundo 358 (51%), en el tercero 111 (16%) y el
ultimo 116 (16%).
De otro lado, según datos de la encuesta de caracterización socioeconómica aplicada por la
Universidad del Valle, la distribución regional de estudiantes del programa SPP durante el periodo 2015
a 2018 se concentra en dos departamentos, Valle del Cauca: 48,9% y Nariño: 32,6%. El restante 18,5%
corresponde a jóvenes procedentes de otros 16 departamentos de Colombia como Bolívar, Putumayo,
Norte de Santander y Bogotá.
Según lo observado en la figura 3, los estudiantes pertenecientes al programa SPP en la
Universidad del Valle, durante la vigencia 2015 a 2018, son en su mayoría de sexo masculino en cada
unca de las cohortes; los años inicial y final es donde especialmente se destaca la dominación (25,0% y
22,4%, respectivamente). Estas cifras evidencian la brecha en el acceso entre hombres y mujeres.
Figura 3.
Distribución de estudiantes beneficiarios de Ser Pilo Paga admitidos por sexo y cohorte 2015-2018.

62.5%

70.00%
60.00%
50.00%

61.2%

58.6%
48.6%

51.4%
41.4%

37.5%

38.8%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SPP1

SPP2
FEMENINO

SPP3

SPP4

MASCULINO

Nota: Elaboración propia (2020) con datos provenientes de la encuesta de caracterización
socioeconómica aplicada por la Universidad del Valle entre el 2015 y 2018.
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

141

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

Figura 4.
Distribución de admitidos por etnia 2015-2018
8.94%

0.85%

3.69%

86.52%

BLANCO, MESTIZO

INDIGENA

NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)

OTRO

Nota: Elaboración propia (2020) con datos provenientes de la encuesta de caracterización
socioeconómica aplicada por la Universidad del Valle entre el 2015 y 2018.
En términos de tipo de autorreconocimiento étnico, según se observa en la figura 4, el tipo de
etnia que predomina es blanca o mestiza (86,52%). Las etnias negra, mulata, afrocolombiana e indígena,
de mayor presencia en la región del pacífico colombiano, alcanzan el 12,63%. En el caso de la
Universidad del Valle, el programa SPP asiste marginalmente el acceso de las etnias menos favorecidas
de la región.
Figura 5.
Distribución según nivel educativo de padres y madres de admitidos 2015-2018
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bachillerato Bachillerato
completo
incompleto

No tuvo
escuela

Postgrado

Primaria
completa

Primaria
incompleta

Tecnólogo o Tecnólogo o
Universitario Universitario
técnico
técnico
completo
incompleto
completo
incompleto

Padre

28.65%

12.91%

5.53%

1.28%

11.35%

16.45%

9.22%

1.70%

11.21%

1.70%

Madre

30.92%

13.62%

1.13%

1.84%

11.91%

13.76%

11.91%

2.70%

9.50%

2.70%

Nota: Elaboración propia (2020) con datos provenientes de la encuesta de caracterización
socioeconómica aplicada por la Universidad del Valle entre el 2015 y 2018.

142 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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Por su parte, el nivel educativo de madres y padres de estudiantes del programa SPP en la
Universidad del Valle, durante la vigencia 2015 a 2018 observado en la figura 5, señala que padres y
madres alcanzan tasas del 21,7% y 23,2%, respectivamente en estudios superiores. Por tanto, la mayoría
de los beneficiarios del programa SPP en este caso, provienen de hogares sin estudios superiores.
Figura 6.
Motivo de elección de la universidad de admitidos 2015-2018

11.67%

10.83%

3.33%

74.17%

El prestigio y reconocimiento con que cuenta
Ser la única universidad que ofrece esta carrera

La riqueza cultural que ofrece
Su bajo costo de matricula

Nota: Elaboración propia (2020) con datos provenientes de la encuesta de caracterización
socioeconómica aplicada por la Universidad del Valle entre el 2015 y 2018.
Finalmente, de acuerdo con la figura 6, los tres principales motivos de elección de Universidad
del Valle por estudiantes del programa SPP son el prestigio y reconocimiento de la institución (74,17%),
la única institución en ofrecer el programa de estudios (11,67%) y el bajo costo de la matrícula (10,83%)
que tienen los estudios en la Universidad del Valle. En este caso, se confirma lo expuesto por Álvarez
(2019) y Laajaj, Moya y Sánchez (2018) sobre la elección de instituciones con mayor reconocimiento y
valor de los estudios, respectivamente.
Percepciones de la implementación del programa SPP en la Universidad del Valle

Teniendo en cuenta la descripción de los procedimientos realizados en el apartado anterior, las
principales razones operacionales que resaltan por su influencia sobre los resultados, se relacionan con
los requisitos de selección y la financiación (procedencia y montos a financiar). Así, por ejemplo, la jefa
del área de registro académico de la Universidad del Valle resalta las limitaciones que presentan los

Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

143

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

criterios de selección de los beneficiarios del programa, donde se han evidenciado casos en los que la
asignación del crédito se da a quienes cuentan con mejores condiciones en términos de ingresos:
(…) Entonces son cosas que uno dice que no están bien, no digo que sea la mayoría pero el filtro
me parece que no fue bien dado, porque, yo lo dije en una reunión con el Ministerio alguna vez,
eso deben plantearlo para colegios, para las estratos de los colegios porque difícilmente, la niñita
que llegaba en la Prado, que registró la habitación en Ciudad Bolívar, que fueron a hacerle la
visita domiciliaria, y ella allí tenía ropa, tenía todo, cuánto, o sea cuánto le cuesta alquilar una
habitación en Ciudad Bolívar y la van a buscarla y la niña está en la universidad entonces
difícilmente esa persona va a estudiar en colegios estratos 1 y 2 (…) (Funcionaria Universidad
del Valle)
Los criterios que maneja el programa también pueden estar dejando por fuera a jóvenes que por
sus condiciones también necesitan de apoyo del Estado para acceder a la educación superior, como lo
señala la misma funcionaria:
(…) y finalmente también pues se hace excluyente desde que si por ejemplo el papá es un taxista
que con mucho esfuerzo paga su EPS no tiene derecho porque puede pagar supuestamente su
EPS, las empleadas de servicio doméstico que quien las vincula tiene la obligación de pagar la
EPS, los hijos de ella no pueden acceder porque supuestamente pertenecen a una mejor familia
porque tienen EPS, o sea, ya de entrada el servicio de la EPS lo clasifican como si fuera una cosa
demasiado ostentosa, entonces esas son las cosas que uno ve que pasan y que finalmente (...)
(Funcionaria Universidad del Valle).
Respecto a la financiación del programa, parece no haberse tenido en cuenta en su formulación,
aspectos como la fuente de sus recursos, su destinación final, los sobre costos y por ende el respaldo para
su sostenimiento y continuidad. Además de la exclusión de gran parte de la población objetivo que se
pudo haber generado por no utilizar de forma eficiente los recursos ya disponibles. Por ejemplo, en su
implementación, el paso de una cohorte a la otra terminó ascendiendo a un monto equivalente a 3.320.047
millones de pesos, recursos con los que, en otras condiciones, se atendería a una cantidad de jóvenes
mucho mayor a la beneficiada inicialmente por SPP (Martínez, 2018).

144 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

En línea con lo expuesto, la jefa del área de registro académico de la Universidad del Valle expone
lo siguiente:
(…) Lo último que leí hace como un mes era que la deuda que había era insostenible y tiene que
serlo porque cómo le vas a financiar tantos millones a una persona que de entrada no sabes cómo
los va a pagar. Entonces no hay garantías del recurso como tal, entonces digamos que me pareció
siempre que fue una política muy al azar muy a la carrera (…) (funcionaria Universidad del
Valle).
Esto también pudo verse reflejado en las causas de la suspensión del programa, pues en ultimas
los recursos que garantizaban el desarrollo de las cuatro cohortes del programa durante el periodo
académico de cada una de ellas consideradas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2018-2021, pese a
que fueron aprobados por el CONFIS en 2016 y 2017, el programa termina estando desfinanciado por
alrededor de 2 billones de pesos, razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional del nuevo
gobierno en cabeza de Iván Duque Márquez, decide suspender el programa y reemplazarlo por uno nuevo
(Generación E) (El Tiempo, 2018; Semana, 2018).
En términos de procedimiento, en el caso de los Pilos que se suman como aspirantes a la
Universidad del Valle y que incluso podría extenderse a otras, las implicaciones que tiene la financiación
por parte de SPP a futuro en caso de no cumplir con las condiciones de condonación termina por alejar
a los beneficiarios de acceder al mismo programa, como lo expone la funcionaria de la Universidad del
Valle entrevistada.
(…) nosotros aquí ¿qué teníamos? a mucha gente inscrita de Pilo, mucha gente admitida y
finalmente los pilos que quedaban y se registraban todo su proceso para hacerse beneficiarios del
programa eran muchos menos (…) porque (…) te liquidan en el recibo de matrícula financiera
con un recibo de servicios públicos entonces pagas en promedio $300.000, con eso hace tu familia
el esfuerzo y lo paga y no hace todo el proceso de deuda y de complejidad que puede tener el
programa Pilo. Que tiene otros beneficios y que les dan algunas cosas, ¡sí! Pero también es el
temor a la deuda (…) pero también es exponerse a tener que explicar, a tener que demostrar a
tener que ir, a tener que venir y que de pronto si ya eres profesional, pensando positivamente, que
la persona de verdad logre fuera del tiempo, (…) pues se queda con una deuda, ahí bloqueada
extendida por mucho tiempo posiblemente (...) (funcionaria Universidad del Valle).
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

145

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

Ahora bien, siguiendo los resultados expuestos por Castrillon (2020), proyecto del cual se deriva
la presente investigación, para los aspirantes SPP resulta ser, en muchos casos, la única oportunidad para
acceder a la una institución de educación superior con acreditación de alta calidad, dejando de lado la
estructura de costes de matrícula y sostenimiento que es una de las principales barreras de entrada a la
educación (Vivas, 2008). Sin embargo, las condiciones de condonabilidad, además de alejar a
beneficiarios de acceder al programa como lo menciona la funcionaria de la universidad, terminan por
limitar la elección de carrera o institución debido a la posibilidad de no cumplir con los tiempos, ya sea
por rendimiento académico, no compatibilidad con la carrera elegida o por aspectos emocionales.
Para muchos beneficiarios, la primera opción de universidad para realizar sus estudios era una
institución privada de alto prestigio porque “me decían, váyase a lo mejor, apunte a una universidad
privada, a la de los Andes en Bogotá” (Anderson, 21 años, segunda cohorte) o porque “profesores de mi
colegio decían que, si me iban a pagar todo, pues que fuera una cara”. (Andrés, 20 años, tercera cohorte.
Fragmento de entrevista Castrillon, 2020, p85))
No obstante, surgen otros aspectos que superan el ámbito económico o de costos para ingresar y
mantenerse en el programa académico elegido. Estos tienen que ver con el desempeño académico y las
habilidades socioemocionales al enfrentarse a las exigencias propias de cada curso y el riesgo latente de
no lograr condonar el crédito en caso de atrasarse académicamente. Por tanto, algunas de las elecciones
de universidad o de programa académico, que en un inicio fueron vocacionales, se modificaron al pensar
en la magnitud de la deuda en caso de graduarse en el tiempo acordado, como es el caso de Ana quien
paso de estar en una universidad privada a una pública:
(…) la verdad por problemas personales y complicados con mi familia que afectaron mi
rendimiento académico y ese semestre fue un poco catastrófico, mi último semestre allá, a pesar
de que no me fue tan, tan mal empecé a considerarlo y a decir, ¡no! son 17 millones, yo no me
puedo dar ese lujo de tener esos bajones de tirarse materias o de hacer tales o tales cosas porque
son 17 millones y de cuánto podría ser la deuda. (Ana, 19 años, tercera cohorte)
Además de cambiar de carrera por tratar de correr menos riesgos, pues al cambiar de universidad,
los semestres ya vistos eran descontados del acuerdo inicial del crédito pactado a un tiempo específico:

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Algo a lo que yo estoy sometida en este momento es que tu ingresas a una universidad y cuando
ingresas tienes el compromiso, le dices al Icetex yo necesito ayuda por tal número de semestres
que están en el pensum (…) porque se supone que eres buen estudiante y vas a sacar la carrera es
ese tiempo y si pasa alguna otra cosa debes de sacar un crédito para poder terminar la carrera y
no incumplirle al Icetex que te da dos años de prórroga para llevar el diploma y que la deuda sea
condonada (…) aunque a mí me gusta mucho mecánica (…) yo debo tener mucho cuidado con
mis tiempos y pues industrial es como que me da mucha más probabilidad para graduarme a
tiempo. (Ana, 19 años, tercera cohorte)
De acuerdo con lo expuesto por diferentes beneficiarios entrevistados, uno de los aspectos de
mayor reconocimiento es el apoyo de sostenimiento, que hacía parte de los beneficios del programa, para
facilitar el desarrollo de la formación alivianando los costos económicos de permanecer en la universidad.
Lo anterior debido a que evita, en cierta medida, que la calidad de sus estudios se vea afectada por dedicar
tiempo a la generación de recursos propios.
(…) El programa si me ha facilitado muchas cosas, entre ellas pues no tengo que preocuparme
por estar pidiendo todo el tiempo a mis papás el apoyo económico, a pesar de que ellos están
dispuestos a hacerlo, pero si me da como esa tranquilidad de que no les tengo que estar pidiendo
para todo, para las fotocopias, para los almuerzos, para los pasajes. (Martha, 19 años, segunda
cohorte)
(…) De alguna manera sí ha servido, digámoslo así, la ayuda económica para estudiar lo que
estoy estudiando. No porque acá (en la universidad) se maneje en el tema del dinero sino porque
me facilitó dedicarme mucho más de lleno pues a la academia como tal. (Julieth, 21 años, segunda
cohorte)
(…) Antes de ingresar a la universidad, justo antes, yo estaba trabajando construcción con mi
papá (…) si no hubiera estado en el programa no me hubiera podido dar la oportunidad de
empezar en un trabajo, como uno llama de oficina, o semi profesional porque una monitoria no
me hubiese dado el dinero que yo necesitada en ese momento para cubrir gastos entonces si, como
yo tenía esa facilidad del apoyo económico del programa yo podía dedicarme a un trabajo en el
que no ganara mucho pero adquiriera experiencia relacionada con lo que ya estaba estudiando.
(Jose, 26 años, primera cohorte)
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

147

�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

Por otro lado, se hacen evidentes factores relacionados con la credibilidad en las capacidades
propias, como parte del proceso de formación, toda vez que identifican algunas debilidades que pueden
estar ligadas a los contextos en los que se formaron. Esto, en algunos casos, los lleva a esforzarse mucho
más a fin de permanecer en la universidad o nivelarse, como lo cuentan Martha y Aura, para quienes
estar en la universidad significó un esfuerzo adicional y la necesidad de acompañamiento, que se
complementaron con la idea de continuar su proceso formativo.
(…) En la universidad, digamos que trasnochaba demasiado porque sentía que no iba a ser capaz
y que miraba una cosa y decía no puede ser así de fácil, eso tiene que tener algo, investigaba, me
iba con dudas, o sea, fue terrible. (Aura, 22 años, primera cohorte)
(…) Me encontré con compañeros que vienen de colegios donde la formación académica es
mucho mejor, entonces yo en ocasiones me sentía como en desventaja sobre todo en las áreas
básicas, yo sentía que tenía muchos huecos, o sea que había muchos temas que ellos manejaban
bien y que yo no por el hecho de pues haber estudiado en un colegio con el nivel académico no
tan bueno. (Martha, 19 años, cuarta cohorte)
Se presentan también dificultades asociadas con la naturaleza científica del programa académico
en el que se encuentran matriculados por ser considerados complicados. Esto, conjugado con los términos
de condonación de SPP termina generando inestabilidad emocional con el fin de cumplir con los tiempos
que cubre el programa SPP. Según cuenta Edward, el poder estar al día para graduarse en el tiempo
acordado, trajo consigo episodios de depresión para él y para sus compañeros de SPP.
(…) Yo le he comentado eso a varios profesores y les he comentado que yo realmente no quiero
graduarme rápido por capricho sino porque lo necesito, es en serio que lo necesito, entonces es
eso, más que todo como una presión bastante jodida (…) Me toco matricular unas materias, todas,
sobre todo en quinto semestre que es el más duro, fue cuando me toco matricular tres laboratorios
y más que nada tres materias teóricas (..) que son super enredadas. Entonces yo soy el único que
como que ahoritica va al día en todo, pero pues eso me ha costado la salud mental y eso es algo
que no es justificable. (Edward, 21 años, segunda cohorte)
De esta forma, aspectos propios del programa SPP, específicamente los asociados con la
condonación del crédito – beca, intervienen en la participación de la formación, ejerciendo una presión
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mayor sobre el desempeño académico y que de acuerdo con el contexto de cada uno puede terminar
afectando su libre desarrollo durante el proceso educativo. En el caso de Edward se generó inestabilidad
emocional; para Julieth el pensar constantemente en la deuda desviaba su atención del proceso de
formación y para Andrés, la presión en ese sentido se convierte en una condición propia de los
beneficiarios del programa:
(…) Pero pues sí está la carga de que bueno, van pasando los años, los semestres y ya te tienes
que graduar, tienes que estar, tengo que estar pendiente. Entonces es como que, bueno sí, uno
tiene que entrar con el propósito de graduarse en los 5 años, pero ya empiezas a ver el tiempo y
eso también carga presión (…) ese tema de que me tengo que graduar porque si no me voy a
quedar con una deuda no me permite ya concentrarme en lo que verdaderamente importante
como: bueno, sentémonos a pensar el trabajo de grado (Julieth, 21 años, segunda cohorte)
(…) Siento que hay más presión, por esto de que si no cumplimos tenemos que pagar, entonces
personalmente siento que es otra forma de recibir presión a parte de la que genera la universidad,
como que tengo que graduarme en 5 años, no porque la gente lo espere sino porque sino tengo
que buscar esa plata y luego deberle al Icetex, eso es un cambio respecto a los estudiantes que no
hacen parte del programa. (Andrés, 20 años, tercera cohorte)
Las decisiones que tomaron los aspirantes también se vieron influenciadas por SPP al tener la
posibilidad de ser beneficiarios. En algunos de los casos inició incluso antes de presentar las pruebas
Saber 11, debido a que era uno de los requisitos para acceder a SPP, además de ser parte del proceso de
admisión de muchas universidades. Así, por ejemplo, de acuerdo con los hallazgos de investigaciones
sobre el programa, como las realizadas por Londoño, Rodríguez y Sánchez (2017) y Laajaj, Moya y
Sánchez (2018), SPP logró estimular un mayor desempeño académico que se evidenció finalmente en
los resultados de las pruebas Saber 11. A continuación, algunas experiencias de los estudiantes:
Yo digo que SPP impulso a que todo el mundo se esforzara más, en cierta forma todos intentaron
abrirte ellos ojos y decirte, bueno, ahí hay una oportunidad para que puedas ingresar a la
universidad y que te costeen todo, entonces como que esfuérzate para obtener un buen puntaje en
el Icfes (…) (Ana, 19 años, tercera cohorte)
(…) pues en el pueblo no se esperaba mucho con respecto a la educación superior, o sea no se vio
esa motivación, pero cuando ya se dijo que SPP, que ser pilo si pagaba, entonces ya empezó a ver
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

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�Pérez Bonfante, L., A. &amp; Castrillón Córdoba, M.

esa motivación y el nivel del colegio también subió. Entonces yo pienso que fue más como esa
motivación que daba el programa SPP, entonces ya como que los muchachos pues empezaban a
motivarse más para concentrarse en el Icfes y no solamente porque había que hacerlo entonces si
se empezaron a interesar más en lo que es la educación superior. (Juliana, 22 años, primera
cohorte)
(…) del colegio siempre nos habían dicho que buscáramos la mayor facilidad o que sacáramos
un buen Icfes y bueno, como eso. Que buscáramos como cooperativas que nos financiaran, pero
no tenía idea (…) antes del programa, tal vez no hubiera llegado a esta universidad. Hubiera
escogido una ciudad más pequeña, en este caso en el Cauca, de pronto la de Popayán por el
contexto y la situación económica. (Julieth, 21 años, segunda cohorte)
(…) Estaría trabajando, ya estaría graduada, sería técnica de algo, estaría trabajando en algún
lugar y ya. O sea, siento que no tendría tanta expectativa (…) Porque cuando vienes de una familia
que te ha dicho solo estas pequeñitas son tus posibilidades, no hay más, afuera no hay nada.
Digamos que el hecho que alguien te diga: tienes esta gran oportunidad pues si te abre como la
mente y te invita a soñar (Aura, 22 años, primera cohorte)
Respecto al proceso especificado en la cadena de entrega y las etapas de asignación del crédito del
programa SPP, especialmente en las primeras cohortes, algunos beneficiarios percibieron desorden,
reprocesos, tramites excesivos o algunos obstáculos para poder acceder o renovar el crédito, como se
expresa en los siguientes fragmentos:
Un poco desordenado diría que es el proceso, en físico era las primeras veces luego un tiempo en
el que había que hacer renovación de crédito y enviar notas por correo y eso me gustaba más,
pero luego volvieron a hacer el proceso en físico, cambiaban las áreas a las que se debían entregar
los documentos, en ese tiempo yo me ponía en modo rutina, en automático, solo sabía que tenía
que llevar los documentos (Anderson, 21 años, segunda cohorte)
(…) siento que debería de haber más acompañamiento, pero del programa (…) ahora me parece
que era un trámite muy largo, en su momento sentí que todo fue muy encima, como que nadie me
avisó que tenía que hacer, que había que hacer tantos tramites, conseguir tantos papeles sin que
nadie te avisara, además no saber si es verdad, yo no sabía si era de verdad, verdad (...) El
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acompañamiento no fue tan cercano en esos momentos de los tramites. (Karen, 20 años, segunda
cohorte)
(..) el único inconveniente que llegué a tener en términos administrativos fue cuando estaba de
intercambio porque no estaba en Colombia, entonces no podía renovar el crédito, tuve que enviar,
o sea se pasaron las fechas, y cuando yo llegué aquí tuve que hacer una carta, enviar fotocopias
del pasaporte, de lo que estaba estudiando y fue un poquito, como mmmm... no vi tanta ayuda de
parte de ellos como para poder continuar en el programa, fueron muy reacios. (Jose, 26 años,
primera cohorte)
Estás situaciones fueron repetitivas e hicieron parte de modificaciones realizadas en el procedimiento de
asignación o renovación del crédito al implementar herramientas digitales:
(…) siento que se han hecho como más amigables, en el sentido que ya no tenemos que ir, imprimir
cosas, hacer las filas y eso, si no que nos los están recibiendo por correo y están siendo mucho más
hábiles, porque antes se demoraba mucho la renovación del crédito. Uno iba y llevaba los documentos y
tenía que esperar dos semanas a que ellos lo enviaran al Icetex o no sé cuál era el trámite, pero se
demoraba mucho. En cambio, ahora yo envié el correo como a las 8:00 am y a las 2:00 pm ya me aparecía
en la página como renovado (Karen, 20 años, segunda cohorte)
Al recoger las diversas percepciones sobre la implementación del programa SPP en la
Universidad del Valle, según los estudiantes entrevistados, representó una gran motivación y oportunidad
para el ingreso a la educación superior. Sin embargo, en algunos casos, las reglas del programa limitaron
sus decisiones o las modificaron, terminaron por ejercer una presión mayor sobre el desempeño
académico con efectos en los ámbitos social y emocional.
5-CONCLUSIONES
De acuerdo con el enfoque abordado desde la evaluación de procesos y resultados empíricos del
Programa SPP durante el periodo 2014-2018 se tiene, en el ámbito general, un desarrollo no homogéneo
en la cadena de valor (resultados e insumos insuficientes: cupos y recursos) y la cadena de entrega (pasos
3: recursos para el fondeo del programa SPP). Particularmente, en dicho periodo se tienen cambios en
los procedimientos de la cadena de entrega que precisan la operatividad del programa SPP y concluyen
con la no continuidad de este por causa de carencia de recursos económicos, el aumento sistemático del
Evaluación de procesos de la implementación del programa Ser Pilo Paga en la Universidad Del Valle.

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puntaje para la admisión de jóvenes en las Pruebas Saber 11 (de 310 puntos en 2014-2015 a 348 puntos
en 2017-2018), la necesidad de incluir el uso de vigencias futuras (cohorte 2016-2017) y la definición
del reglamento operativo de la cohorte 2017-2018, entre otros.
En términos de la composición y caracterización de los beneficiarios de SPP en la Universidad
del Valle, la distribución en concentra principalmente en dos departamentos, Valle del Cauca y Nariño,
además predomina la participación de hombres y de poblaciones no pertenecientes a grupos éticos. Esto
hace evidente la brecha de género y etnia existente en el acceso, pues los beneficiarios de grupos étnico
representan menos del 15% del total. También se identifica que la mayoría de los beneficiarios del
programa SPP en este caso, provienen de hogares sin estudios superiores.
Pese a las mejoras que pudo presentar el programa en cada cohorte al tratar de solucionar los
aspectos que terminaron por afectar su financiación, los productos o metas planteados no pudieron ser
alcanzados en su totalidad. Es el caso del ajuste realizado para controlar la externalidad de que los
recursos llegaron a IES privadas con altos costos por semestre (Mora y Múnera, 2019), en el que se
establecieron los costos por cupo en IES públicas. Esto logró aumentar en cierta medida los bajos valores
que se les reconocieron a las IES públicas en la primera cohorte del programa. Sin embargo, no logra
aumentar la cobertura en la medida esperada, pues termina creando solo 40.000 cupos, pasando de
generar 12.715 cupos en la segunda cohorte (2015-2016) a 8.029 en la cuarta (2017-2018) presentado
una tasa decreciente en la cantidad de cupos generados.
En el caso de la Universidad del Valle, periodo 2015-2018, la cobertura alcanza el 1.77% del total
nacional (705 de 39.644 beneficiarios), los cuales provienen de 18 departamentos, aunque con especial
representación de la zona pacífica (87.66%). Asimismo, los resultados señalan una participación
mayoritaria de hombres (58.4% en promedio) sobre mujeres y de la etnia blanca/mestiza sobre la negra
(8.94%) e indígena (3.69%). Además, se reconoce falencias en la cadena de entrega, tales como selección
de beneficiarios ligados con las condiciones socioeconómicas (pasos 1 y 6) y cobro de cartera (paso 9) y
desafíos como la consideración de enfoques de sexo y etnia para poblaciones tradicionalmente
marginadas.
La implementación del programa SPP en la Universidad del Valle, se convierte en un factor de
motivación, oportunidad y financiamiento de los estudios superiores para los jóvenes de estratos 1 y 2

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beneficiarios. Sin embargo, el programa generó situaciones de orden académico y emocional negativas
(estrés, frustración y depresión) en los participantes.
En suma, la investigación realizada expone aciertos y desafíos desde el enfoque de evaluación de
procesos en políticas y programas gubernamentales del sector de la educación, específicamente los
similares al programa SPP, al analizar componentes de su cadena de valor y los procedimientos de su
cadena de entrega. En el primer caso se reconoce el logro de la fijación de criterios para el aumento de
cobertura de jóvenes en la educación superior y en el segundo, la necesidad de incluir enfoques de génerosexo y etnia, así como mejor planificación de recursos económicos y mayor rigurosidad en los
procedimientos para avanzar en el cierre de brechas del acceso a la educación superior, en la búsqueda
de una sociedad menos desigual.
Finalmente, esta investigación se concentró en una universidad pública del sur occidente
colombiano, por lo que los resultados podrían ser complementados con otras investigaciones que
incluyan instituciones de carácter privado o nacional, por ejemplo. No obstante, en nuevos trabajos sería
posible observar comparaciones entre poblaciones beneficiarias y no beneficiarias de programas públicos
del gobierno nacional en un ejercicio de evaluación de impacto.
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Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia:
Dimensión Política del Índice de Inclusión1
A look at inclusive management in early childhood: Political Dimension of the Inclusion
Index
Gina, Morales-Acosta2; Sandra, Gámez-Hoyos3; Xumara, Galleguillos-Velaverde4;
RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo describir la dimensión política del Índice de inclusión que
refieren las educadoras de párvulos sobre Necesidades Educativas Especiales de un jardín
particular de Iquique, Chile. Se considera el índice una guía para docentes y equipos
educativos ante dos tareas interdependientes: primero repensar cuáles son los valores que
mueven su acción y los responsables de su puesta en práctica; segundo, iniciar y sostener
procesos de mejora e innovación educativa. Investigación de corte cualitativo etnográfico
de un caso escolar con alcance exploratorio-descriptivo. Muestra intencionada de tres
docentes de educación parvularia a quienes se aplicó cuestionario de la Dimensión B
Elaborar políticas inclusivas de traducción y adaptación del índice para España de Booth
y Ainscow (2002b). Los resultados del proceso revelan elementos de la gestión inclusiva
del jardín que aportan a disminuir barreras de exclusión en la primera infancia y proyecta
acciones concretas que se podrían implementar de forma escalonada como parte de un
programa global de atención integral. Además, de elementos facilitadores de currículo y
didáctica inclusivos.
Palabras claves: Índice de inclusión, necesidades educativas especiales, primera infancia
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 28/06/2022
Fecha de revisado: 18/07/2022
Fecha de aceptado: 15/11/2022

Esta obra está bajo una licencia de
Creativa Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional

The study aimed to describe the political dimension of the Inclusion Index referred to by
preschool educators on Special Educational Needs of a particular garden in Iquique, Chile.
The index is considered a guide for teachers and educational teams in face of two
independent tasks: first to rethink the value that drive their action and those responsible
for its implementation; second, to initiate and sustain processes of educational
improvement and innovation. Qualitative ethnographic research of a school case with
exploratory -descriptive scope. Intentional sample of three pre-school teachers to who
Dimension B questionnaire was applied Elaborate inclusive policies of translation and
adaptation of the index for Spain of Booth and Ainscow (2002b). The results of the
process reveal elements of inclusive management of the garden that contribute to reduce
barriers of exclusion in early childhood and projects concrete actions that could be
implemented in a phased manner as part of a comprehensive care program. In addition,
inclusive curriculum and learning enablers.
Keywords: Early childhood, educational management, index [for inclusion].

Cómo referenciar este artículo:
Morales-Acosta, G., Gámez-Hoyos, S. &amp; Galleguillos-Velaverde, X. (2023). Una mirada a la gestión inclusiva en la primera
infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 157-177.
https://doi.org/10.29105/pgc9.17-07
1

Este artículo de revisión hizo parte de los requisitos de tesis de Sandra Gámez Hoyos y Xumara Galleguillos, para optar al título de Magíster en Educación con mención en Gestión
Inclusiva, Universidad Santo Tomás, Chile. Se presenta para publicación por gestión de la docente Gina Morales-Acosta con apoyo del Laboratorio Virtual de Comunicación y
Lenguaje.
2
Doctora en Educación Intercultural, Universidad Santiago de Chile, Docente Universidad Sek, Chile, correo electrónico agafano@yahoo.com y Código ORCID.
https://orcid.org/0000-0002-2573-1235
3
Magíster de Educación Mención en Gestión Inclusiva, Universidad Santo Tomás, Chile, correo electrónico sandra.gamezhoyos@gmail.com y Código ORCID.
https://orcid.org/0000-0002-9793-2589
4
Magíster de Educación Mención en Gestión Inclusiva, Universidad Santo Tomás, Chile, correo electrónico xumarag@gmail.com y Código ORCID. https://orcid.org/00000002-7869-4132

157 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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1. - INTRODUCCIÓN
La educación se caracteriza por el desarrollo de hábitos y la adquisición de actitudes para la vida adulta,
una gran parte de las habilidades sociales se adquieren en la escuela (Redondo, 2019). Este enfoque ha
sido socializado a nivel mundial por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2004),
considerando que durante el desarrollo infantil: [“los niños y las niñas experimentan rápidos y profundos
cambios, pues se pasa de estar dotado de las capacidades elementales para la sobrevivencia y de una
amplia gama de potencialidades a dominar complejas habilidades físicas, emocionales, psíquicas,
cognitivas y sociales”] (p.1). El seguimiento y buen desarrollo de estos cambios han sido de especial
interés de organismos internacionales que propenden por el aseguramiento de la calidad de vida, el
desarrollo social y la educación inclusiva.
Otro organismo es la Unesco que con la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos”
marcó un hito al enfocar la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para todos los niños y las
niñas sin discriminaciones de pertenencia étnica, de género o discapacidad, entre otras, de modo que
pudieran ser parte activa de la sociedad y desarrollar un sentido de pertenencia y estar mejor preparados
para la vida en la comunidad como futuros ciudadanos (Unesco, 1992). En este marco dar cuenta de los
valores que mueven la gestión educativa inclusiva y los responsables en la primera infancia, así como de
iniciar y sostener procesos de mejora e innovación educativa son tareas que contribuyen a asegurar una
educación de calidad.
El ingreso de la diversidad a la escuela requiere claridad entre los profesores y asistentes
educativos sobre sus respectivos roles y responsabilidades contenidas en la Ley Nº.19.464 bajo la
modalidad de paradocencia (Está en relación con el adjetivo paradocente de origen chileno que se incluyó
en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 23a edición de 2014, bajo la
definición de “que trabaja como auxiliar de los docentes”), definida como “aquella de nivel técnico,
complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanzaaprendizaje” (Mineduc, 2008). Es decir, asumir cómo educar y garantizar la participación en el contexto
escolar a estudiantes con discapacidad o Necesidades Educativas Especiales.
Los docentes regulares se enfrentan a la falta de experticia o escasos conocimientos en inclusión
y se cuestionan la formación recibida y orientación de las instituciones para la práctica profesional
(Chiqui y Ureta, 2019). De hecho, la demanda de inclusión presenta desafíos para los docentes de primera
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infancia que no cuentan con tiempos específicos asignados dentro de la carga horaria. Por tanto, la gestión
inclusiva requiere apoyos educativos multilaterales para su incorporación en la agenda curricular. No
obstante, aunque se dispone de recursos de aprendizaje para el área escolar en el país, es insuficiente,
especialmente porque las instituciones entran en una lista de espera para la adjudicación de nuevo
personal que – eventualmente – pueda entrar en jornada.
La disponibilidad de apoyos adecuados básicos para estudiantes con NEE no se encuentra
asegurada en las instituciones, cada año se requiere hacer solicitud dentro de los presupuestos de
asignación en cada escuela (Rapanta, et.al., 2021). Lo anterior muestra un panorama para cada
organización educativa que representa desafíos, además de los propios del sistema educativo, y que cada
escolar también tiene. La capacidad de resolución de cada institución se relaciona con la gestión
educativa orientada en políticas y los beneficios que representa organizar recursos en pos de una
enseñanza y aprendizaje inclusivos en la primera infancia,
La gestión educativa de las instituciones orienta sobre decidir qué se quiere fortalecer para iniciar
o seguir incluyendo y cómo se hará. La primera parte del proceso no solo implica exponer el problema a
resolver sobre facilitadores y barreras de aprendizaje en la institución, sino realizar el seguimiento para
asegurar que se esté instaurando adecuadamente (Asterhan, et.al., 2020). Al respecto el Índice de
inclusión se presenta como una herramienta complementaria para la formación integral, entendida como
[“un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los
currículos y las comunidades de las escuelas”] (Matusov, et.al., 2018). De este modo, se interrelaciona
la formación inicial con las categorías de cultura, políticas y prácticas escolares para su valoración y
gestión a partir de las posibilidades y recursos propios.
En Chile, para el índice no se identifican adaptaciones como en otros países de América Latina,
el Ministerio de Educación ha orientado el uso de la versión en español (Escobar, 2022), (Según presenta
en la página web https://especial.mineduc.cl/documentacion/documento-escuela-mundo-diversidad/.
Se reconoce la iniciativa de SENADIS con el Índice de Inclusión Municipal en Discapacidad
(IMDIS) en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) y que cuenta con ocho
dimensiones, cinco factores y 203 indicadores). Con el índice las escuelas pueden responder a
cuestionamientos como ¿con qué recursos de cultura, políticas y prácticas escolares cuenta la institución
para la inclusión educativa?, ¿qué se podría mejorar para aumentar el aprendizaje y la participación de
estudiantes con NEE? y ¿cómo se podría mejorar? Así, el primer interrogante busca una autoevaluación,
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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el segundo priorizar y el tercero llevar a la práctica acciones de mejora en el marco de la gestión educativa
(Murillo, et.al., 2020).
Gestión que genera capacidades institucionales que se alinean con postulados de Educación para
Todos[as]. A la vez que con políticas públicas de educación en primera infancia para asegurar a niños y
niñas con o sin NEE el acceso, permanencia y logro escolar dentro de establecimientos educativos (Coto,
2013; Elías, 2015). Entonces, considerar las problemáticas de inclusión y la pertinencia de soluciones
situadas según las características de cada institución responde a criterios de aprendizaje y participación
interdisciplinarios y transversales encaminados al marco referencial del Índice de inclusión. Así como
en los propósitos de la educación inclusiva de construir una plataforma de acceso equitativo que rechace
cualquier tipo de exclusión educativa y que potencie la participación y el liderazgo, propendan el
desarrollo de las fortalezas y habilidades para la vida (Duran y Climent, 2017).
En cuanto a la estructura del índice, en las dimensiones cultura, políticas y prácticas, este trabajo
profundiza en las condiciones de la escuela para el desarrollo de políticas inclusivas, al considerar que la
manera en que la escuela toma decisiones de organizar procesos educativos y de responder a las
demandas políticas de orden nacional es la puerta de entrada para la inclusión. En tanto que considerar
las dimensiones de cultura y prácticas inclusivas, en conjunto con las políticas, es viable cuando la
institución se reconoce como inclusiva o en proceso de serlo. En este sentido profundizar en la dimensión
política describe condiciones iniciales de la escuela para acoger estudiantes con NEE.
El visibilizar la problemática de exclusión y la apuesta por la inclusión con la comunidad
educativa desde el primer ciclo escolar, permite ampliar el panorama de intervención y acción
institucional conduce a fortalecer las políticas inclusivas para trascender las barreras de aprendizaje,
acceso y participación (Sanchez, 2019). Es decir, que la escuela tiene recursos para dar respuesta a la
inclusión en la medida que transversalice la diversidad a todas sus políticas – decisiones – y sobre todo
en la formación inicial donde tienen lugar bases importantes para el desarrollo infantil.
En Chile niñas y niños pueden asistir al preescolar de forma gratuita e ingresan de 4 a 5 años al
primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia, según lo reglamentado en el Decreto
Nº1126 (Mineduc, 2017). La cobertura de educación parvularia, que va del nacimiento a los seis años,
cobija casi 13.000 establecimientos (incluye sala cunas y jardines infantiles) de los cuales el 11% son
privados sin financiamiento estatal (Mineduc, 2020). La educación parvularia es opcional, sin embargo,
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todos los niños deben ingresar a la escuela en el grado equivalente a sus competencias y rango de edad.
La educación primaria contempla un periodo de ocho años y la secundaria o estudio medio son cuatro
años, para un total de doce años escolares. A partir del año 1965 la educación obligatoria se consideraba
entre los 6 y los 13 años. En el año 2003 se aprobó una nueva ley que extendió la edad hasta los 18 años.
La tasa de alfabetización de Chile era del 96,4% en el 2017, siendo una de las más altas en
América Latina, aunque con una disminución con relación al 2015 de 0,5% (INE, 2019). De discapacidad
(Senadis, 2016) Para agostó de 2019 se tuvo matrícula en transición de primero y segundo de 473,761
niños y niñas. Sin embargo, la cobertura en general sólo alcanzó el 56%, es decir que de toda la población
infantil en edad de asistir a educación parvularia solo un poco más de la mitad lo hace concentrándose la
mayor parte en los grados de transición, con un porcentaje por encima del 93%. (Mineduc, 2019).
Se estima que un total de 148.029 escolares con NEE asisten a educación parvularia en Chile. De
los cuales 141.281 tienen registro por Trastorno Específico del Lenguaje, 4.891 por discapacidad
intelectual y el resto se distribuye entre discapacidad visual (95), auditiva (57), múltiple (125), autismo
(808), trastornos motores (107) y Programa de Integración Escolar (49). Se calcula que del total de la
matrícula por NEE 6.157 tienen 6 años o más. Con relación al número de establecimientos que ofrecen
atención a NEE se reconocen 1.269 Escuelas de Lenguaje con 119.465 niños y niñas; 315 Escuelas
Especiales con 10.705 y; escuelas con párvulo con 17.862 (Mineduc, 2019).
De acuerdo con lo descrito la presente investigación busca dar cuenta de ¿cuáles son los
elementos de la dimensión política del Índice de inclusión que refieren educadoras de párvulos para la
primera infancia con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de un Jardín Particular de Iquique en
Chile? De modo que pueda orientar sobre recursos de los que disponen y una posible proyección para la
inclusión educativa en la primera infancia.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Primera infancia con Necesidades Educativas Especiales y Educación Inicial.
La primera infancia se acota a los primeros ocho años de vida de todo ser humano. Se considera que al
tercer año la población infantil muestra en 2.5 veces más, un cerebro activo que los adultos. La
experiencia de aprendizaje de diversas áreas en la primera infancia hace que el número de conexiones
cerebrales de los niños se fortalezca y que la conexión de las neuronas sea mayor con la estimulación

Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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continua del entorno (Benavidez y Flores, 2019). En este sentido, el entorno de aprendizaje que desafía
y motiva a los niños es la primera preparación y se da con la educación inicial.
La experiencia social de la vida escolar a temprana edad, ayuda al desarrollo mental, emocional
y cognitivo (Crespo, et.al., 2017)). Entre las actividades que ofrece el entorno se destaca el juego del que
aprenden habilidades sociales, junto con la forma de tratar con los demás y desarrollar sus propios valores
(Piaget, 1981; Salamanca, 2012). La adquisición y desarrollo de habilidades lingüísticas también se ve
favorecida ante una educación inicial en la primera infancia que brinda vocabulario de aprendizaje, que
es la base de la alfabetización (Bouchard et. al. 2011; Guarneros y Vega, 2013).
Entonces, la educación inicial inclusiva ofrece un entorno de experiencias beneficiosas para el
crecimiento y desarrollo integral que ha comenzado desde casa, en transición a la escuela (Gallego,
2019).
Aspectos como clasificar una clase, comprender comportamientos y potenciales de cada
estudiante son constitutivos de los procesos de organización del sistema escolar inclusivo. En esto se
busca realzar la importancia del monitoreo y la evaluación sistemáticos para conocer el progreso de
todos los estudiantes, además de conocer cómo hacen para tomar medidas prácticas activas, en el aula y
más allá, para satisfacer las necesidades educativas de manera efectiva, propiciar la empatía y la
comprensión en una sociedad diversa que se recrea en la escuela , el hogar y los estudiantes siguen
siendo un tejido social estratégico para el desarrollo de una vida escolar satisfactoria.
Se estima que la inclusión debe estar basada en la igualdad de oportunidades como indicador de
desarrollo independiente de las variables demográficas, sexo, edad, origen étnico, condición física,
sensorial o cognitiva, para aprender y adquirir experiencias en todas las dimensiones de la vida. Por ende,
los docentes están llamados a instar los procesos de inclusión, sensibilizar a la comunidad académica y
desarrollar un interés perfectible en acciones de planeación, clasificación y medición (Gallego, 2019).
La inclusión se puede lograr cambiando estrategias en la escuela que reconozcan a toda la
comunidad escolar en la diversidad existente del ser humano. Considerando lo anterior, las comunidades
se vuelven inclusivas al educar colectivamente, derecho humano básico y vehículo para la inclusión
social y el cambio a otras escalas (Rodrigo, et. al., 2022). Así, la escuela es el lugar que proporciona un
entorno comunitario para niñas, niños y jóvenes de modo que desarrollen no sólo su conocimiento, sino

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que construyan relaciones sociales en diversidad. Lo que implica un sistema educativo que trabaje
continuamente en aumentar la participación y eliminar la exclusión de todos los aspectos de la educación
de una manera que haga que el estudiante no se sienta diferente de cualquier otro estudiante y que
garantice el rendimiento académico (Rodrigo, et. al., 2022).
La educación como un derecho humano, es resultado de una historicidad que dio paso a la
inclusión de forma paralela a la evolución de los sistemas sociales y psicológicos, transición evolutiva
que recoge tres etapas: segregación, integración e inclusión (Sanchez, 2019). Etapas que coexisten en el
sistema educativo chileno, considerando ésta como una conceptualización y que a la vez debe ser una
práctica constante y perfectible. Por tanto, se busca enfatizar en los derechos de los estudiantes, como
sus necesidades para una educación libre de discriminación y segregación. La educación inclusiva es una
sucesión de pasos que lleva consigo la premisa de participación, rechazando cualquier tipo de exclusión
educativa y reclama el aprendizaje en igualdad de oportunidades (Hernández, 2004).
La inclusión ha resultado tener efectos positivos para escolares con discapacidad,
[en áreas tales como alcanzar la meta del programa de educación individualizada (Hunt, Goetz y Anderson, 1986),
mejorar la comunicación y las habilidades sociales (Jenkins, Odom y Speltz, 1989), aumentar las interacciones
positivas con los compañeros (Lord y Hopkins, 1986), mayores resultados educativos (Slavin, 1990) y el ajuste
postescolar (Piuma, 1989). Los efectos positivos en los niños sin discapacidades incluyen el desarrollo de actitudes
y percepciones positivas de las personas con discapacidades (Voeltz, 1982) y la mejora del estatus social con
compañeros sin discapacidades (Sasso y Rude, 1988)]. (Bennett et. al. 1997:116. Traducción de autoras).

La tercera ventaja, es que los costos de inclusión son menores con el tiempo, en comparación con
la enseñanza segregada de estudiantes con discapacidad en la educación especial con compañeros de
características similares (Gómez, 2019).
Los nuevos procesos de enseñanza - aprendizaje que demanda la sociedad contemporánea genera
un reto para las instituciones educativas, porque involucra aspectos externos abiertos que necesitan filtros
y vigilancia, tal como, ocurre con el uso no planeado de la tecnología desde temprana edad; aspecto que
se contrapone a la dimensión política del Índice de Inclusión. Los riesgos de los dispositivos tecnológicos
influyen en las barreras de aprendizaje y participación que se generan en el sistema educativo como tal.
Asimismo, se presentan barreras en los procesos sustanciales de las instituciones educativas. Es decir, en
las políticas educativas externas a las instituciones y que rigen la manera de interpretar la inclusión y
hacer los lineamientos internos (Manso, et.al., 2019).
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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En ese sentido, los lineamientos de la gestión inclusiva en la primera infancia se presentan como
facilitadores el proceso de admisión a las escuelas de lenguaje con el Decreto Nº1300 (Mineduc, 2002)
que definió el ingreso, planes y programas para niñas y niños con Trastorno Específico de Lenguaje
(TEL). Además, la Ley de Inclusión Escolar Nº20.845 (Mineduc, 2015) supuso un fin al financiamiento
compartido, garantiza procesos de admisión no discriminatorios en los establecimientos, impulsó
programas de promoción de la convivencia y buen trato. Estos avances encuentran respaldado en cuerpos
legales que sancionan la discriminación y la violencia, y promueven la gestión de la convivencia y la
formación ciudadana en el sistema escolar.
Por su parte, el Decreto Nº83 (Mineduc, 2015) aprobó criterios y orientaciones de adecuación
curricular para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de educación parvularia y educación
básica. Con este último decreto se promueve a partir de la primera infancia la diversificación de la
enseñanza favoreciendo con ello el aprendizaje y participación, permitiendo a aquellos con discapacidad
acceder y progresar en los aprendizajes del currículo nacional en igualdad de oportunidades. Con en
mención, también se derogan los decretos que aprobaban planes de estudio por déficit (Decretos exentos
Nº 89, de 1990; Nº 637, de 1994; Nº86, de 1990; Nº87, de 1990; Nº1.398, de 2006). Ante lo cual se
propuso un cambio gradual de planes y programas para ofrecer una educación escolar pertinente y
relevante, considerando la diversidad de las necesidades educativas (incluyendo aquellas que implican
apoyos más específicos), en un constante trabajo colaborativo entre los docentes y distintos profesionales,
con las familias y la comunidad.
Índice de inclusión
El Índice de inclusión (Soto, 2018) como herramienta de apoyo en la educación inicial tiene el objeto de
ayudar a mejorar el aprendizaje y la participación, para servir de guía a través de preguntas orientadoras
que permiten caracterizar los siguientes procesos cognitivos. En primer lugar, para repensar cuáles son
los valores que mueven su acción y sobre aquellos que la ejecutan. En segundo término, para iniciar y
sostener procesos de mejora e innovación. El índice puede ser utilizado de muchas maneras distintas y
en ello reside, precisamente, su enorme riqueza y funcionalidad. Por un lado, es exhaustivo en su
escrutinio de los múltiples aspectos que configuran las culturas, las políticas y las prácticas escolares con
valores inclusivos de las dimensiones del Índice de inclusión.

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La dimensión de políticas del Índice de inclusión aborda la participación y aprendizaje en cuanto
a: desarrollar una escuela para todos y organizar apoyos para atender la diversidad. Esto tiene que ver en
que la inclusión atraviese todos los procesos de desarrollo y ocupe un lugar central en la escuela de
manera que mejore el aprendizaje y participación de todos y no con foco en la infancia con NEE, Booth
y Ainscow (2002) indican que apoyo se refiere a:
[“todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la
diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco
y se conciben desde la perspectiva de los alumnos y su desarrollo y no desde la perspectiva de la
escuela o de las estructuras administrativas”] (p.62).
Esto implica que la capacidad de aprender se encuentra orientada a la atención y la manera de
apropiar contenidos escolares con o sin discapacidad, o NEE. Por ende, la adaptación en el cuestionario
se debió al escaso tiempo administrativo que disponen los docentes de 193 a 124 preguntas en la categoría
del índice de educación infantil.
3.-MÉTODO
Investigación cualitativa etnográfica de un estudio de caso escolar (Sampieri,2018). Se tuvo en cuenta
el enfoque interpretativo que se da a través de las construcciones de conocimiento, tales como el
análisis, los procesos, los significados compartidos, las herramientas y documentos, entre otros,
dirigidos a la producción de una comprensión del contexto y el proceso por el que se influye y se ve
influido a fin de buscar mejoras concretas de manera directa en lo educativo (Clavijo, 2020). En
consonancia la etnografía educativa tiene por objeto la descripción de contextos educativos, la
interpretación de estos para llegar a su comprensión, la difusión de los hallazgos, y, en último término,
la mejora de la realidad educativa (Ochoa, 2019). Es decir, que se precisa delimitar la escuela como
contexto educativo y caracterizarlo, particularizar, como objetivo principal.
Por ende, la selección de un estudio de caso escolar como escenario de investigación permite
visibilizar, entre muchos procesos, la gestión inclusiva. El caso es especialmente útil en situaciones donde
se busca mejoras que están siendo estudiadas y son críticas a fin de lograr una solución concreta y eficaz
o simplemente un aporte investigativo para el análisis (Soto, 2018). Es decir, comprender problemas
prácticos a partir de la experiencia de los actores y el contexto de la acción es crítica. Entonces, los

Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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“estudios de caso proporcionan el vehículo principal de la investigación en la tradición interpretativa”
(Ochoa, 2019).
El estudio de caso es un jardín infantil particular subvencionado del sector sur, Iquique, Chile. El
jardín es reconocido por el Ministerio de Educación y cuenta con todos los niveles de educación
parvularia.
La fuente de datos fue primaria, incluyó informantes clave con muestra intencionada de tres
docentes mujeres, entre 28 y 45 años, auxiliares de educación parvularia y formación técnica. Al
momento de la encuesta se desempeñaban en los niveles de sala cuna menor, sala cuna mayor y transición
uno (prekínder). La técnica de recogida de datos fue la encuesta descriptiva y se tuvo como instrumento
el cuestionario de la Dimensión B Elaborar políticas inclusivas de la adaptación a educación infantil del
índice (Booth y Kingston, 2007). Index para la Inclusión: Desarrollo del juego, el aprendizaje y la
participación en Educación Infantil. Traducción y adaptación a España de González-Gil, Gómez-Vela, y
Jenaro.
El cuestionario consta de dos secciones de seis y nueve indicadores respectivamente, con un total
de 193 preguntas. En este trabajo no se retomó el primer indicador de la sección uno y el indicador nueve
de la sección dos, además se excluyeron preguntas de otros indicadores. El cuestionario fue
autoadministrado con diligenciamiento escrito individual, las docentes respondieron un total de 124
preguntas en tres secciones de trabajo de una hora cada una aproximadamente. En la siguiente Tabla 1
se muestran las preguntas excluidas por indicador y sección.
Fue necesario gestionar la participación en el estudio para el uso de tiempo asignado por el jardín
infantil a lo administrativo en la jornada laboral. Las educadoras expresaron necesitar un horario
protegido o disponible para realizar actividades extracurriculares, lo que reiteraron a lo largo de su
participación en el estudio.
El análisis para la presentación de resultados consistió en transcribir las respuestas de los tres
cuestionarios en una matriz con las preguntas y hacer una correlación de respuestas y la posterior
descripción de cada indicador a partir de las percepciones docentes. Posteriormente se hizo la
identificación de barreras y facilitadores por indicador.

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Se identificó que de las 124 preguntas sólo hubo respuesta descriptiva, entre las respuestas
consideradas no descriptivas estuvo el uso de: si, no, siempre, existe, no del todo, suficientes, podría
mejorar, por lo general, puede ser; combinaciones de estas o frases que retomaron o reelaborar la pregunta
a la que se respondía sin agregar información nueva que diera cuenta del proceso en el jardín. (Tabla 1
y 2).
Distribución para el análisis de contenido
Tabla 1.
Desarrollar una escuela para todos
Código

Descripción

B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6

Se ayuda a todo miembro nuevo del profesorado a adaptarse al centro.
La escuela intenta admitir a todo el alumnado de su localidad.
La escuela hace que sus instalaciones sean físicamente accesibles para todos.
Cuando el alumnado accede a la escuela por primera vez se le ayuda a adaptarse.
La escuela organiza los grupos de aprendizaje de forma que todo el alumnado se
sienta valorado.
Fuente: Booth y Kingston ( 2007). Nota: Elaboración propia a partir de reporte de la categoría de la
Dimensión B Elaborar políticas inclusivas
Tabla 2.
Organizar el apoyo para atender a la diversidad
Código

Descripción

B.2.1
B.2.2

Se coordinan todas las formas de apoyo.
Las actividades de desarrollo profesional del personal de la escuela les ayudan a dar
respuesta a la diversidad del alumnado.
B.2.3
Las políticas relacionadas con las “necesidades especiales” son políticas de
inclusión.
B.2.4
La evaluación de las necesidades educativas especiales y los apoyos se utilizan para
reducir las barreras al aprendizaje y la participación de todo el alumnado.
B.2.5
El apoyo a los alumnos que aprenden castellano como segunda lengua se coordina
con otros tipos de apoyo pedagógico.
B.2.6
Las políticas de apoyo psicológico se vinculan con las medidas de desarrollo del
currículum y de apoyo pedagógico.
B.2.7
Se han reducido las prácticas de expulsión por motivos de disciplina.
B.2.8
Se ha reducido el ausentismo escolar.
B.2.9
Se han reducido las conductas de intimidación o abuso de poder.
Fuente: Booth y Kingston (2007). Nota: Elaboración propia a partir de reporte de la categoría de la
Dimensión B Elaborar políticas inclusivas

De acuerdo con lo anterior el análisis se concentró en los indicadores y las respectivas preguntas
que tuvieron respuestas descriptivas, las cuales se concentraron en las docentes uno y dos, la docente tres

Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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se tuvo en cuenta para ver sí estaba en acuerdo o no con lo descrito al haber expresado la existencia o no
del proceso en el jardín.
4.-RESULTADOS
Los resultados muestran las condiciones políticas del jardín infantil a partir de la percepción de tres
docentes de párvulos, así como las barreras y facilitadores de políticas inclusivas identificadas. Los
resultados se presentan según la estructura de la Dimensión B Elaborar políticas inclusivas siguiendo las
secciones e indicadores.
Desarrollo de una escuela para todos
La primera y segunda categoría se organizan en la estructura del texto así: pregunta y transcripción de la
encuesta en el corpus para el análisis de contenido.
¿Se pregunta a los profesionales nuevos, si necesitan información adicional y sí se les proporciona?
“Si, el profesional nuevo requiere información adicional o algún aspecto sobre su trabajo que no
le quede claro, se le proporciona la información” (P16 - Encuesta - D01)
“Siempre han estado disponibles para aclarar dudas y brindar ayuda cuando así se le requiera”
(P16 - Encuesta - D02)
Las educadoras de párvulos refieren que cuentan con el apoyo de los colegas, los cuales
comparten conocimientos o experiencias. Esta actitud se considera un elemento facilitador, en cuanto al
manejo de la primera infancia.
¿Se ponen más obstáculos de acceso al centro a determinados niños, por ejemplo, los que tienen
discapacidad?
“No se pone obstáculos para el ingreso de párvulos con discapacidad, pero se debe consultar
minuciosamente su discapacidad, que limitaciones tiene en donde se pueda ver comprometida su
salud en su estadía en el jardín. Ejemplo síndrome de Down con problemas de cardiopatías” (P22
Encuesta - D01). “El jardín tiene una sola rampla [rampa], por lo tanto, podría mejorar en eso”
(P22 Encuesta - D03)
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La barrera de aprendizaje para párvulos con NEE se identifica en la encuesta las creencias sobre
la discapacidad, prima una situación clínica, para un proceso escolar con relación al aprendizaje. Se
devela la falta de accesibilidad en la estructura de la planta física.
¿Existe un proyecto para aumentar la accesibilidad física del centro?
“No, en el momento no se cuenta con ningún proyecto para hacerle modificaciones físicas al
centro” (P26 Encuesta - D01).
“Hasta el momento no se cuenta con ningún proyecto para eso” (P26 Encuesta - D01)
Se requiere la gestión para la inclusión en la educación ante la barrera para la participación, en
una posible demanda orientada a la accesibilidad en la organización, que permita el ingreso, permanencia
y egreso de la primera infancia, según la Ley de inclusión vigente en el país, la cual permitiría a los
padres y/o apoderados escoger el plan educativo para el hijo/a.
¿Se preocupan los profesionales por la accesibilidad de todos los elementos del centro: pasillos, aseos,
jardines, áreas de juego, ¿comedores y otras zonas comunes?
“Sí, el centro esta adaptados para que los niños puedan trasladarse con facilidad” (P 29 Encuesta
- D01)
La docente refiere sobre los niños con patrones y engramas del desarrollo motor, como elementos
facilitadores para la primera infancia en la movilidad dentro de la institución, es decir, en el momento se
encuentra adecuada para niños y niñas sin Necesidades Educativas Especiales.
¿Se consulta a las personas con discapacidad sobre la accesibilidad del centro?
“En el momento no hay ninguna persona trabajando con discapacidad” (P30 Encuesta - D01)
“No del todo” (P30 Encuesta - D02)
La docente refiere que no se encuentra inclusión laboral en su institución (comunidad educativa)
que se refiere a los asistentes de la educación, padres, docentes y directivos.

Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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¿Se es consciente de que los edificios inaccesibles son una barrera para muchas personas mayores?
“Sí, se es consciente que son inaccesibles” (P32 Encuesta - D01)
“[...] de todas maneras, es una barrera” (P32 Encuesta - D02)
En este ítem se aborda en el factor actitudinal en parte a la familia, en que los adultos mayores pueden
acompañar en diferentes actividades a los estudiantes dentro del establecimiento.
¿El espacio físico permite a los padres maniobrar con sillas y cochecitos de niños?
“Si, solo por algunos lugares, aunque no hay ramplas [rampas]” (P34 Encuesta - D01)
“Algunos sectores sí y en otros falta acceso ya que es una casa pequeña, y los espacios son
reducidos” (P34 Encuesta - D02)
Se encuentra como una barrera en el proceso de inclusión, dado que el centro no está adecuado
arquitectónicamente para recibir a la comunidad educativa de forma plena, en la accesibilidad que se
encuentra restringida a la entrada.
¿La política de apoyos para la inclusión es evidente para quienes visitan el centro desde servicios
externos?
“No, en realidad la escuela no cuenta con redes de apoyo para esos aspectos” (P66 Encuesta D01)
“Los profesionales trabajan con las herramientas entregadas para la mejora en la atención de los
niños” (P66 Encuesta - D02)
El centro no cuenta con redes de apoyo externas en la comunidad, en cuanto a la inclusión que propendan
hacia aprendizajes y participación. En los apoyos de la gestión educativa que se requiere para la
diversidad.

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Organización del apoyo para atender a la diversidad
En la segunda categoría organizar apoyos para la diversidad, las educadoras de párvulos indican la
necesidad de una formación continua para organizar los apoyos con respecto a la inclusión, que permitan
la formación y participación de niños con Necesidades Educativas Especiales a través de diversas
metodologías como las TICS, recopiladas en las siguientes formas.
¿Las actividades de formación continua ayudan a los profesionales a responder a la diversidad de niños?
“En estos momentos no contamos con las herramientas necesarias” (P 76 Encuesta - D01).
Se precisan en los recursos institucionales, la gestión en la inclusión para la educación, para apoyos y
desarrollo de las herramientas pedagógicas y didácticas. Lo anterior puede ser una barrera en el
aprendizaje porque no se extrapola en la planificación.
¿Los profesionales utilizan TICS de apoyo al aprendizaje, como cámaras de vídeo, grabadoras y
ordenadores?
“Si para poder lograr mayores beneficios en los párvulos” (P 84 Encuesta - D01).
“Siempre se está apoyando el aprendizaje con estas TICS” (P84 Encuesta - D02).
Las educadoras de párvulos refieren como elementos facilitadores de aprendizaje en las adecuaciones
curriculares, a través del apoyo de la tecnología como un factor importante para la primera infancia con
Necesidades Educativas Especiales.
¿Se considera que el etiquetaje de los niños como “Necesidades Educativas Especiales” puede llevar a
su devaluación y segregación?
“No al contrario se tratan de integrar a todos los niños por igual” (P90 Encuesta - D01)
“Se trabaja de igual manera que todos, pero nos enfocamos detalladamente en la manera de
desenvolverse durante la experiencia” (P90 Encuesta - D02)
Las educadoras de párvulos refieren que tener el niño en etiqueta le beneficia como un elemento
facilitador en el área del conocimiento. Para la gestión en procesos de inclusión según leyes del país el

Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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�Morales-Acosta, G., Gámez-Hoyos, S. &amp; Galleguillos-Velaverde, X.

etiquetado de estudiantes con requerimientos especiales de educación, sirven para poder acceder a los
recursos y beneficios en la educación.
¿Se considera a los niños con NEE con intereses, conocimientos y habilidades diferentes más que como
un grupo homogéneo?

“No todos los niños son iguales solo sus ritmos de aprendizaje son diferentes” (P90 Encuesta D01).
“Nos enfocamos cuidadosamente en su desarrollo, pero de igual manera se considera dentro del
grupo curso” (P90 Encuesta - D02).
Refieren como un elemento facilitador, desde el elemento actitudinal, el reconocer las diferencias en la
primera infancia en el aula para la realización de las actividades que se generan a nivel grupal.
¿Es posible proporcionar apoyos sin acudir al etiquetado?
“Si, no solo porque algunos niños y niñas necesiten trabajar con profesionales de apoyo la
sociedad debería de etiquetarlos” (P98 Encuesta - D01)
Según la declaración universal de los niños y niñas en el tercer principio indica “el derecho a un
nombre y una nacionalidad desde su nacimiento”. Por lo anterior en contextos escolares se deberían hacer
referencia por el nombre [propio] y al asignarle una etiqueta en el diagnóstico (autista, Sordo, entre otros);
como una construcción social lingüística que le otorga a la niña o niño un identificador, es decir, no se
prioriza el nombre del estudiante sino el diagnóstico como un diferenciador personal.
Lo anterior podría ser considerado como una barrera con estudiantes con NEE en las creencias,
actitudes y planificación del docente para el proceso de enseñanza aprendizaje.
¿Los servicios externos de apoyo contribuyen a la planificación de actividades para reducir las barreras
para el juego, el aprendizaje y la participación?
“No, se realiza en el establecimiento” (P105 Encuesta - D2)

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Es importante el juego para disminuir las barreras en el aprendizaje y participación en la primera infancia
con NEE, se requerirán el considerar adecuaciones propias de la región en construcción de una ciudad
accesible mediante el apoyo de ayudas técnicas.
¿Los profesionales entienden que a veces la timidez se debe a un bajo dominio del idioma mayoritario?
“Si y eso puede jugar en contra de los niños y niñas si no se refuerza” (P115 Encuesta - D01)
En el jardín infantil hay una gran variedad de etnias y consigo una gran variedad de idiomas es
por eso por lo que las educadoras de párvulos refuerzan el castellano como puente comunicativo y las
familias con la lengua de origen en bilingüismo construido.
¿Hay intérpretes de lengua de señas o de cualquier otro idioma para apoyar a aquellos que lo necesitan?
“No, ya que hasta el momento no existe ningún niño que lo necesito y/o requiera” (P120 Encuesta
- D02)
La inclusión debe de considerar que el docente maneje antes del ingreso de estudiantes con NEE,
herramientas comunicativas básicas como son: la lengua de señas chilena, el braille e instrucciones en
lengua de pueblos originarios y lenguas extranjeras.
Se precisa la consideración de elementos culturales en la inmersión lingüística, que se origina por
el manejo de una lengua (monolingüe) en transición a una segunda lengua (bilingüismo) que permita
considerar en el jardín infantil en el currículo el manejo de material didáctico de textos bilingües y
accesibles para la enseñanza aprendizaje, es decir, el aprendizaje está ligado con el lenguaje.
¿Los profesionales continúan intentando aumentar la participación en el juego, el aprendizaje y las
relaciones de un niño, aunque su conducta sea problemática?
“Se trata de buscar diferentes estrategias para poder ayudar a corregir la conducta del niños o
niña” (P127 Encuesta - D01)
“Siempre se prioriza el juego” (P127 Encuesta - D02)
Las profesoras indican la importancia del juego, como elementos facilitadores a través del juego
que permitan a los estudiantes mejorar su participación y el aprendizaje para minimizar las barreras.
Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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¿El apoyo que se ofrece a un niño para resolver conflictos implica la reflexión sobre la manera de
mejorar el juego, el aprendizaje y la participación de todos?
“Si la idea es que los párvulos se puedan adaptar a todo tipo de diversidad” (P 133 Encuesta D01)
“Si, se trata siempre de hacer maneras menos agresivas para solucionar sus conflictos” (P 133
Encuesta - D02)
Las educadoras de párvulos del jardín infantil presentan estrategias mediadas con el lenguaje para
la resolución de conflictos con los pares, en modelamiento de conductas sociales para una convivencia
pacífica.
Las anteriores categorías de mejorar el centro para todos y organizar apoyos para la diversidad,
el Índice de inclusión develó en esta investigación, que algunas estrategias sobre la gestión inclusiva en
pos de disminuir las barreras y facilitar el aprendizaje, no están ampliamente implementadas para
fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de la primera infancia con NEE.
5.-CONCLUSIONES
La diversidad, en su abordaje pleno depende de la visión del sujeto [docente] en su propio marco de
referencia y vivencias. En perspectiva de una educación inclusiva no solo es contar con la infraestructura
que demanda el Ministerio de Educación para la atención de la primera infancia para estructurar el
aprendizaje y conocimiento, si se segregan y limitan el ingreso infantes de párvulos con limitaciones en
su lenguaje, secundarios en orientaciones que definen la ley.
El Índice de inclusión alienta a la comunidad educativa a reflexionar sobre las relaciones de la
primera infancia y la NEE. Atendiendo cuidadosamente las repercusiones de los valores inclusivos para
mejorar el centro para todos [todas], como un lugar de acogida de diferentes etnias, lenguas y culturas de
las cuales docentes y párvulos pueden conocer y aprender de manera recíproca. En pos de disminuir
barreras y fomentar elementos facilitadores dentro del aula. La diversidad en las adecuaciones inclusivas
en el área curricular y didáctica a través de la gestión inclusiva, para bajar las directrices a la comunidad
educativa, se deben considerar el formar equipo de trabajo para la variedad de actividades implementadas
de manera consensuada en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Se cuenta de forma positiva desde el quehacer docente con la iniciativa y disposición para trabajar
con todos los niños y niñas para su aprendizaje. Esto significa completar proyectos y/o ejecutar tareas
cotidianas.
Contar con la organización de apoyos para la diversidad, la participación y el aprendizaje, en los
jardines infantiles se vivencian en las aulas la diversidad, las mismas que existen dentro de la sociedad,
deriva esto a la consideración de adecuaciones curriculares de las necesidades y capacidades de cada
infante, como una respuesta a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El reconocimiento de la diferencia precisa contar con profesionales de apoyo cualificados para el
ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes e incluir dentro de los presupuestos institucionales una
estrategia a ser implementada en el jardín infantil, como un apoyo de las herramientas pedagógicas y
didácticas. Es relevante consensuar acciones a seguir [capacitaciones, talleres, profesionalizaciones] para
ser perfectible sobre el manejo de la información orientada por el índice y capacitaciones entre pares de
novato/ experto que permitan transferencia de conocimiento y retroalimentación con a los actores de la
colectividad escolar.
Estas transferencias indican la necesidad de una gestión inclusiva con la comunidad escolar de
forma previa al ingreso de los estudiantes, su permanencia y posterior egreso, reconociendo el trabajo de
las educadoras de párvulos en la parte actitudinal al asignarles la labor de entregar a los niños las
herramientas pedagógicas para desenvolverse en contextos sociales diversos.
Se debe formar al equipo docente involucrado con la primera infancia con NEE, para alcanzar los
objetivos propuestos de la inclusión según las orientaciones del index en la institución, basados en el
diálogo actividades de forma equitativa y prioritaria, forma paralela considerar espacios para la reflexión
docente sobre la inclusión que abarcan soluciones que pueden ser en la adecuación de la infraestructura
o recursos digitales.
Finalmente, en la dimensión de política del Índice de inclusión, que permita en la práctica la
continuidad de los procesos en la institución con mejoras, reflejadas en acciones concretas de
capacitaciones para llevar el currículum a una didáctica inclusiva para la enseñanza – aprendizaje y la
posterior instalación en la innovación las prácticas educativas de forma escalonada en el jardín infantil.
Ese es el desafío, considerar toda la diversidad de las NEE en la primera infancia.

Una mirada a la gestión inclusiva en la primera infancia: Dimensión Política del Índice de Inclusión.

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Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en
Argentina1
Public policies for gender justice and equality in Argentina
Suyai, García-Gualda2;
RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación cualitativa-teórica en la que
se persigue como objetivo indagar en la noción de justicia de géneros y, a partir
de allí, reflexionar sobre las políticas de estado orientadas a tal fin.
Específicamente, en este escrito se analiza una política pública para la igualdad:
la creación del Cuerpo de Abogadas-os para víctimas de violencia de género. El
período de análisis abarca desde 2015, año en el que se sancionó la norma que
da origen a la política analizada, hasta 2021. A partir de un exhaustivo proceso
de relevamiento y procesamiento documental se concluye que se trata de una
experiencia que puede ser entendida como una buena práctica en el camino hacia
la igualdad y la justicia de géneros en el país. Por ello, se argumenta la necesidad
de problematizar y avanzar con esta política desde una perspectiva feminista
interseccional e intercultural capaz de atender a las múltiples desigualdades que
afectan a las mujeres y disidencias.
Palabras claves: Justicia social, política pública, violencia de género.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 01/07/2022
Fecha de revisado: 21/07/2022
Fecha de aceptado: 18/11/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The present article is the product of a qualitative-theoretical investigation in
which the objective is to investigate the notion of gender justice and, from there,
to reflect on state policies oriented to this end. Specifically, this paper analyzes
a public policy for equality: Cuerpo de Abogadas-os para victims of gender
violence. The analysis period spans from 2015, the year in which the norm that
gives rise to the analyzed policy was enacted, until 2021. From an exhaustive
process of disclosure and documental processing, it is concluded that this is an
experience that can be understood as a good practice on the way to equality and
gender justice in the country. Therefore, the need to problematize and advance
this policy is argued from an intersectional and intercultural feminist perspective
capable of addressing the multiple inequalities that affect women and dissidents.
Keywords: Gender violence, public policy, social justice.

Cómo referenciar este artículo:
García-Gualda, S. (2023). Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina. Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía, 9(17), 178-199. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-08

Este artículo es producto del proyecto “Igualdad, reconocimiento y anti-meritocracia en el socialismo contemporáneo” (PIP-CONICET), iniciado en 2021 y actualmente en curso
Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IPEHCS-CONICET/UNCo), Argentina. Doctora en Ciencias Sociales (UNCuyo),
suyaigarciagualda@conicet.gov.ar ORCID https://orcid.org/0000-0003-2856-1582
1
2

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1. - INTRODUCCIÓN
Iniciados los años dos mil en Argentina se sancionaron una serie de leyes tendientes a reparar la
desigualdad de género que padecen las mujeres y disidencias. En este contexto, el año 2015 marcó un
punto de inflexión en lo que refiere a las demandas por acceso a la justicia por parte de las mujeres y
disidencias; instalándose con vehemencia la problemática de la violencia de género no sólo en la
agenda mediática, sino también en la de gobierno. La marcha convocada el 3 de junio de 2015 a través
de redes sociales bajo la consigna #NiUnaMenos, como respuesta a una serie de femicidios, movilizó
a más de medio millón de personas a lo largo de todo el país. La masividad de esta convocatoria
permitió visibilizar los históricos reclamos por reconocimiento que sostienen las organizaciones de
mujeres, feministas y de las disidencias; y fue, sin duda, un parteaguas para que la agenda de los
feminismos adquiriera centralidad en el debate público (Serquis, Moisset et al., 2021). Sin perder de
vista que vivir una vida libre de violencias es un derecho humano, se logró instalar la consigna: el
Estado es responsable (Carola, 2018). A partir de allí, se comenzaron a requerir y gestionar acciones
concretas y comprometidas por parte de los organismos estatales en todos los niveles de jurisdicción.
En consonancia con las disposiciones de la Ley N° 26.485/2009 y con el fin de efectivizar el
ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras normas relacionadas con la problemática
de la violencia de género, en 2015 al calor de múltiples reivindicaciones feministas, en Argentina se
sancionó la Ley N° 27.210 que da origen al “Cuerpo de Abogadas y Abogados para víctimas de
violencia de género” (en adelante, el Cuerpo). Dicho Cuerpo está dedicado a brindar patrocinio jurídico
gratuito e integral a personas que atraviesan situaciones de violencia por razón de género u orientación
sexual. La finalidad de la institución de este organismo ha sido garantizar el derecho de acceso a la
justicia, la reparación y, de este modo, evitar la revictimización común en los procesos judiciales; por
esta razón, es integrado por profesionales capacitados en perspectiva de género. A su vez, esta política
contempla la posibilidad de ejecutar acciones coordinadas de manera intersectorial e interjurisdiccional, como también de desarrollar tareas de capacitación (y formación) y difusión de los
servicios de patrocino jurídico existentes en distintas jurisdicciones del país (Rodríguez Enríquez y
Pautassi, 2016, p. 27).
Es importante señalar que, desde su creación, se considera la coordinación del Cuerpo con
profesionales de salud mental y, también, se planea contar con asesoramiento socioeconómico para la

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búsqueda de propuestas alternativas que faciliten el empoderamiento y la autonomía de las personas
denunciantes. En los últimos meses del año 2021 este Cuerpo pasó de la órbita del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos a la del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y desde dicha
cartera se anunció, también, la puesta en marcha del Programa Acercar Derechos, el cual tiene como
principal finalidad fortalecer el acceso a derechos y al sistema de administración de justicia a las
mujeres y disidencias en situación de violencia, desde una perspectiva intercultural e interseccional
capaz de brindar un efectivo acompañamiento integral a lo largo de todo el país. Por todo lo dicho, a
partir de una estrategia metodológica cualitativa, en este artículo se propone un análisis teórico
feminista e interseccional de esta política, entendida como una política para la igualdad que ha
significado una valiosa experiencia a favor de la justicia de géneros.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Para comenzar es necesario realizar una serie de consideraciones teóricas, ya que hacen al argumento
general del texto y, de alguna manera, sientan el posicionamiento teórico-metodológico-epistémico y
político que se imprime en estas páginas. En este sentido, es importante aclarar que, si bien las
principales exponentes que se toman como referentes teóricos para la realización de este trabajo hacen
referencia al concepto de justicia de género en singular, se entiende como una apuesta epistemológica
y política hablar de géneros en plural. De esta forma, como ya se ha dicho en trabajos anteriores, se
logra cierto cuestionamiento y/o problematización de la mirada binaria-dicotómica del género
(consustancial a la modernidad occidental). Así, pensar en términos de géneros en plural abre el
diálogo a otras identidades que rompen con el cisgenerismo y la heteronorma.
En esta misma línea, es importante propiciar análisis críticos y geo-situados sensibles a las
diferencias e incluso capaces de hacerse eco de los numerosos debates teóricos que dicha noción ha
generado al interior de los propios feminismos. Por tanto, de acuerdo con la antropóloga mexicana
Lagarde (1996), todas las culturas elaboran sus propias cosmovisiones sobre los géneros y, por tanto,
cada grupo cultural y sociedad tienen formas particulares de entenderlos. Situarse en este punto de
partida posibilita dar un importante paso a favor de la interculturalidad e interseccionalidad y, así, en
términos de Young (1990), poner fin al imperialismo cultural que oprime a las mujeres y disidencias.
En relación a esto, en el presente escrito se entiende que la interculturalidad supone no solo el
reconocimiento de las diferencias, sino también la construcción de relaciones sociales y modos de vida

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más equitativos y justos (Walsh, 2008; Tubino, 2019). Por todo lo aquí expuesto, a lo largo del escrito
se utiliza el término justicia de géneros, en plural.
Justicia de género-s: reconocimiento, redistribución y participación
El punto inicial radica en admitir que la justicia de géneros debe ser pensada-abordada-analizada de
manera situada, es decir, con la vista puesta en el contexto político, cultural e institucional. Sin duda,
esta noción remite de manera casi directa a la de ciudadanía, temática arduamente explorada y
problematizada desde la filosofía y teoría política liberal (y occidental). Los feminismos en América
Latina han colaborado notoriamente en la ampliación y complejización de los debates en torno a la
ciudadanía, con especial atención en la realidad que atraviesan las mujeres y disidencias en territorios
que han sido, históricamente, signados por procesos de conquista, colonización y despojo. De hecho,
como admite Molyneux (2007), las organizaciones de mujeres y los feminismos de la región
latinoamericana tienen una larga trayectoria de lucha por los derechos de ciudadanía, los cuales se
remontan al s. XIX e incluso antes (Bareiro y Torres, 2010; Bareiro y Soto, 2014; Vargas Valente,
2021; etc.). Esta autora afirma que la enmarañada historia política regional ha hecho que las demandas
y reivindicaciones de las mujeres por sus derechos de ciudadanía se enmarquen en un amplio arco
ideológico-político que va desde el “igualitarismo socialista hasta el maternalismo conservador”
(Molyneux, 2007, p. 48).
En este sentido, como sostiene Fraser (2008), a partir de la crisis y, posterior, ocaso de los
llamados socialismos reales y, más aún, cuando el modelo neoliberal tomó protagonismo, emergieron
en el escenario político nuevos movimientos sociales que centraron sus reivindicaciones en cuestiones
afines al reconocimiento de las diferencias. Incluso, se puede ver cómo en este escenario algunas
renombradas feministas latinoamericanas y caribeñas lograron una significativa presencia en distintas
áreas de la política a nivel internacional e incluso nacional. En este mismo marco, comenzó a debatirse
al interior del movimiento la noción de diferencia, ya que las mujeres empobrecidas y racializadas
comenzaron a cuestionar la idea de “mujer” que se promovía desde diferentes organismos y estamentos
de gobierno. Los debates y tensiones entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia
sintetizan y anteceden, de algún modo, las discusiones que se retoman en este trabajo. El primero, se
orientaba hacia la búsqueda de la emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos y ciudadanía
entre varones y mujeres (Varela, 2019); mientras el segundo, se centraba en el cuestionamiento
profundo al androcentrismo y reivindicaba las diferencias como paradigma político.

Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.

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Durante años, esta división-confrontación se expuso de manera categórica. Por un lado, se
hallaban quienes afirmaban que la injusticia de géneros es producto del sexismo y la mala distribución;
por lo que promovían la redistribución e igual participación como mecanismo para alcanzar la equidad.
Y, por otro, aquellas que encontraban en el androcentrismo el origen primero del sexismo, por tanto,
promovían el reconocimiento y revaluación de las diferencias entre varones y mujeres (Fraser cit. en
García Gualda, 2021). A posteriori, como sostiene Cobo (cit. en Varela, 2019), comenzó un periodo
de autoanálisis y crítica del feminismo, momento en el que se comenzó a visualizar la impostergable
necesidad de atender a cómo se imbrican las cuestiones de género con las económicas, raciales,
territoriales, etcétera. En este marco, la interseccionalidad como herramienta teórica-metodológica y
política mostró su capacidad de dar cuenta de la “percepción cruzada de las relaciones de poder”
(Viveros Vigoya, 2016, p. 2) y cobró centralidad, tanto en el ámbito académico como activista. Cabe
señalar que este debate al interior de los feminismos llegó en un momento en el que las políticas de
reconocimiento y de la identidad se instalaron e incluso, como afirman algunos/as autores/as,
desplazaron a los debates sobre la distribución y redistribución económica.
Según el planteo teórico de Fraser (2015), la justicia de géneros es un concepto complejo que
debiera cumplir con un compuesto de siete principios normativos, a saber: (1) la anti-pobreza, es decir,
la asistencia social con el ánimo de prevenir y erradicar la pobreza; (2) la anti-explotación, a fin de
evitar la explotación de los sectores y sujetos no aventajados de la sociedad; (3) la igualdad de renta
entre varones y mujeres; (4) la igualdad en el tiempo de ocio, lo cual supone la distribución equitativa
de las tareas de cuidado; (5) la igualdad de respeto entre varones y mujeres, lo cual incluye el
reconocimiento del trabajo de las mujeres no remunerado y de su condición de personas; (6) la antimarginación, para garantizar la participación activa de las mujeres en la vida social y política; (7) y el
principio anti-androcentrista, que implica poner fin al androcentrismo institucionalizado. Así, para la
citada pensadora la justicia de géneros supone el cumplimiento de todos estos postulados o principios
normativos. De este modo, se observa la necesidad de articular políticas de redistribución y
reconocimiento y participación/representación, ya que la desigualdad de géneros responde a la división
sexual del trabajo y a un orden de estatus profundamente androcéntrico (García Gualda, 2021).
Es posible afirmar que si bien las mujeres y disidencias han alcanzado un importante grado de
reconocimiento; aún hoy perdura la desigual distribución de la riqueza y de las oportunidades que
obtura el ejercicio de una ciudadanía plena por parte de estas sujetas. Es decir, a pesar de los avances

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consagrados, muchas mujeres y disidencias todavía experimentan lo que la politóloga Bareiro (2010)
ha definido como ciudadanía restringida. Entendiendo a esta como la imposibilidad-dificultad en el
ejercicio de los derechos que formalmente les han sido otorgados, en tanto ciudadanas de un estado de
derecho (Bareiro, 2010, p. 24). Y, aunque, en América Latina los feminismos lograron con esfuerzo
instalar temas en agenda e impulsar reformas jurídicas a favor de las mujeres, todavía existen barreras
que obstaculizan la consolidación de sociedades con justicia de géneros. Un claro ejemplo de ello,
como advierte Molyneux (2007), han sido los avances legislativos en materia de violencia doméstica
y sexual, los cuales han logrado llamar la atención sobre la necesidad de capacitar y sensibilizar en
géneros a las fuerzas policiales y a los/as/es agentes judiciales.
Por esta razón, como propone Lister (1997), es preciso debatir la igualdad diferenciada, o sea
articular políticas capaces de reconocer las diferencias sin resignar el principio de la igualdad como
meta. Retomando la obra de Fraser (2008), se requiere una mirada trifocal de la justicia social y de
géneros capaz de articular dimensiones clave como el reconocimiento, la redistribución y la paridad
participativa. Es por ello que resulta necesario pensar a la ciudadanía de manera multidimensional
(incorporándose aspectos sociales, políticos, económicos, culturales), por lo que se debe apostar por
políticas orientadas a superar la exclusión social y económica y, también, que sean capaces de
garantizar la participación activa de las personas en la vida política y en las políticas públicas. En
palabras de Lister (2012), es menester regenerizar la ciudadanía y, para ello, se deben incorporar los
derechos individuales y la participación política, como también analizar la relación entre ambos.
En Argentina, como en otros países, el sistema de administración de justicia a diario reproduce
en su accionar numerosas formas de estigmatización y exclusión que impiden la plena ciudadanía de
las mujeres y disidencias. En general, los corpus normativos se sustentan sobre supuestos
androcéntricos que se replican en los procesos judiciales y tribunales, más aún en aquellos que atienden
situaciones de violencia por razón de género. La violencia contra las mujeres y disidencias configura
una forma de vulneración a los derechos humanos, por lo cual debe ser una prioridad para los gobiernos
que apuestan por sociedades igualitarias y justas. Por todo lo dicho, en adelante se analiza una política
de estado que ha resultado vital y positiva en este sentido.
3.-MÉTODO
En términos estrictamente metodológicos, en este artículo se presenta un análisis crítico de la política
seleccionada (el Cuerpo de Abogadas-os para víctimas de violencia de género), a partir de los aportes
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.

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teóricos de autoras feministas dedicadas a los debates en torno a la justicia social y de géneros, como
es el caso de la norteamericana Fraser (2008). Asimismo, en este documento se asume una perspectiva
interseccional atenta a las múltiples formas de desigualdad que afectan y se imprimen en las vidas y
experiencias de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y, desde dicho enfoque,
se intenta reflexionar sobre los avances-fortalezas y pendientes-debilidades de la política en cuestión.
En cuanto a las técnicas de construcción de datos, es posible decir que se ha realizado un
riguroso proceso de relevamiento y sistematización de información proveniente de diferentes
organismos públicos. El periodo de análisis ha sido 2015-2021, partiéndose del año de creación del
órgano que se analiza. Para el procesamiento de la información se tomó como referencia la matriz
propuesta por Benavente y Valdés Barrientos (2014) para el análisis de las políticas sensibles al género.
Por tanto, a continuación, se exponen y profundizan algunos de los principales ejes o puntos nodales
de dicho esquema.
4.- RESULTADOS
Violencia de género un problema público
En los últimos tiempos el abordaje de la violencia contra las mujeres y disidencias ha tenido un visible
impulso en diferentes países de América Latina, sobre todo en lo referido a medidas legislativas y
programáticas para su implementación (Rodríguez Enriquez y Pautassi, 2016). En Argentina desde el
2009 se cuenta con la Ley Nacional 26.485, norma que procura generar políticas y mecanismos para
afrontar la violencia de género contra las mujeres. Según lo establecido en esta Ley, es el Estado el
responsable de asistir, proteger y garantizar justicia a las personas en situación de violencia y, también,
le competen tareas asistenciales y de prevención y educación sobre todos los tipos y modalidades de
violencia (Mendizábal Bermúdez y Bonino, 2019, p. 10).
Lo cierto es que, como asevera Juan Méndez (2000), es en el campo de la administración de
justicia donde se define la vigencia de los derechos fundamentales, es decir, es el espacio en el que se
evidencia si las libertades, derechos y garantías enunciadas son o no aplicadas como corresponde. En
términos del mencionado autor, el sistema de administración de justicia es en última instancia el área
en el que la ciudadanía advierte de hecho si sus derechos son verdaderamente respetados y
garantizados. De esto se desprende la importancia de facilitar y propiciar, no solo el acceso a la justicia,

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sino también un acceso efectivo a la misma (Méndez, 2000, p. 3). En Argentina, pese a los avances
legislativos, todavía perdura una brecha entre la dimensión -y gravedad- de las situaciones de violencia
y las respuestas dadas por los organismos estatales, tanto en el ámbito judicial como en la esfera de las
políticas públicas (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2016).
Los datos recogidos por La Casa del Encuentro muestran que durante 2008 cada 40 horas fue
asesinada una mujer; mientras que, en 2014, cada 30 horas. De estos datos se desprende que entre 2008
y 2015 un total de 1617 menores de edad perdieron a su madre. Es más, el total de casos de violencia
contra las mujeres (de 14 años y más) informados al INDEC entre 2013 y 2018, por parte de los
organismos públicos que registran casos de violencia contra las mujeres por razones de género, fue de
576.360. A su vez, en 2015 solamente el 5% de las denuncias por violencia de género fueron elevadas
a juicio (Expte. S-2587/15, p. 6). Existen numerosas barreras que lesionan el derecho humano de
acceder y obtener justicia. En efecto el servicio de justicia debe caracterizarse, según Méndez (2000),
por la continuidad; la adaptación; la igualdad; la gratuidad y la celeridad. Justamente, estos últimos
principios son los que mayormente se ven vulnerados, es decir, los que suponen mayores dificultades
y obturan un adecuado y eficaz acceso a la justicia.
No es menor señalar, aunque sea a modo de paréntesis, que este cuadro de situación extremadamente preocupante- empeoró en tiempos de pandemia. Según datos no oficiales, extraídos
del Registro Nacional de Femicidios de Mumalá, se estiman 329 muertes violentas de mujeres en 2020,
lo que significa que aproximadamente cada 29 horas se le quitó la vida a una mujer en Argentina. Cabe
subrayar, también, que las medidas gubernamentales adoptadas con el fin de aplanar la curva de
contagios hicieron que muchas mujeres y niñas se vean confinadas con sus agresores e imposibilitadas
de pedir ayuda y, mucho más, de realizar las denuncias pertinentes. El resultado fue un crecimiento
exponencial de la violencia por razón de género durante 2020 y 2021, la cual afectó notablemente a
los sectores más desaventajados de la sociedad. Esto se sumó, y no es menor, a la caída de los ingresos
económicos y al empeoramiento generalizado de las condiciones de subsistencia.
Todo esto deja en evidencia la imperiosa necesidad de contar con servicios públicos de
patrocinio jurídico especializado en estas temáticas para fortalecer los reclamos ante la justicia y, de
este modo, exigir el pleno reconocimiento de los derechos consagrados en el corpus legal vigente. En
este sentido, el Cuerpo buscó no solo garantizar el acceso al sistema de administración de justicia, lo
cual es fundamental para afrontar la desigualdad de géneros, sino también evitar la revictimización de

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las personas denunciantes. Pues, como dice Méndez (2000, p. 3), si los/as/es agentes judiciales no se
encuentran capacitados, las instituciones jurisdiccionales no lograrán cumplir su misión. Por ello, la
creación de un Cuerpo de estas características ha sido una política tendiente a la protección integral de
las mujeres -y disidencias- capaz de atender no sólo a la falta de reconocimiento, sino también a la
desigualdad redistributiva que, en muchos casos, actúa como barrera-obstáculo para el acceso a la
justicia y a una vida libre de todo tipo de violencias.
Los antecedentes
Los antecedentes considerados en la elaboración de esta política incluyeron, en primer lugar, a la Ley
N°26.485 (2009) (y sus modificatorias); pues esta norma es el marco específico en el cual se inscribe
el Cuerpo con el fin de efectivizar el ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras
normas relacionadas a la problemática. Cabe agregar como antecedente a los organismos e
instrumentos internacionales firmados y ratificados por Argentina, entre los que se destacan: la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento
legal incorporado a la Constitución Nacional en el año 1985; y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belém do Pará (1994), ratificada a través
de la Ley N° 24.632 en el año 1996. También, importa decir que tanto la Convención Belém do Pará
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirman la obligación de los Estados de
actuar con debida diligencia y connotación especial en casos de violencia contra las mujeres
(Mendizábal Bermúdez y Bonino, 2019). Además, debe contemplarse el corpus legal, nacional e
internacional, en materia de niñez y adolescencia e identidad de género.
Se considera, también, como antecedentes de esta política a los diferentes servicios públicos
de protección, atención y litigio, entre ellos: la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, creada en 2006 con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia a las personas
que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial
vulnerabilidad; el Programa de Patrocinio de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría
General de la Nación, creada a mediados de 2007 con la misión de favorecer la implementación de
estrategias de defensa con perspectiva de género, en particular en los casos vinculados a mujeres
víctimas de violencia o en conflicto de la ley penal; los Centros Integrales de la Mujer del Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires; el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual; y, también,

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cabe mencionar a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas
que funciona desde 2014 en la órbita del Ministerio Público Fiscal.
A todo esto, se debe añadir la experiencia de las Comisarías de la Mujer y de la Niñez y
Adolescencia; las Oficinas de la Mujer y las casas de acogida o refugios para víctimas de violencia
que funcionan en las diferentes provincias argentinas y el importante rol detentado por los cuerpos de
abogadas/os de diferentes jurisdicciones. Igualmente es preciso destacar como antecedente el accionar
y los servicios de asesoramiento y patrocinio llevados adelante por diferentes organizaciones del tercer
sector, como es el caso de La Casa del Encuentro; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; la
Asociación de Prevención de la Violencia Familiar; entre muchas otras experiencias que involucran,
también, a espacios feministas dedicados al asesoramiento y acompañamiento legal para víctimas
como el servicio Socorro Violeta (Neuquén).
Alianzas y negociaciones políticas
Respecto al origen de esta política, resulta pertinente hacer referencia a los diversos y múltiples actores
sociales y políticos que se movilizaron para lograr la sanción de la norma que dio origen al Cuerpo;
entre los que se destacan los movimientos-organizaciones de mujeres y feminismos que hicieron
posible la masiva marcha #Niunamenos, hecho histórico que impulsó la creación del Cuerpo de
abogadas-os. Esta movilización fue, como ya se dijo, una marcha multitudinaria desarrollada en junio
de 2015 en diferentes ciudades de Argentina. La convocatoria iniciada en redes sociales, y replicada
en ciertos medios de comunicación masiva, tuvo como fin decir ¡Basta! a la violencia de género que
se traducía en numerosos femicidios de mujeres y niñas; el caso más emblemático en dicho contexto
fue el asesinato por razón de género de Chiara Páez, a lo que se sumó la comprobación del femicidio
de Daiana García y la conmemoración de la desaparición de Florencia Penachi (Bianco, 2021). El
objetivo central era requerir una concreta intervención del Estado para que se instrumenten los
mecanismos necesarios a fin de garantizar los derechos de todas las mujeres y disidencias a una vida
libre de todo tipo de violencia.
Si bien en Argentina se había avanzado en normativa considerada de vanguardia en materia de
género, la presencia pública de las organizaciones sociales y feministas en las calles produjo
importantes transformaciones en las estructuras gubernamentales que hasta entonces mantenían cierta
pasividad a la sombra de la Ley 26.485 (2009). Los organismos públicos encargados de promover la
igualdad de género -muchos surgidos como resultado de compromisos asumidos en diferentes
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instrumentos internacionales y de la iniciativa de organizaciones que impulsaron la creación de dichos
espacios- se vieron en la obligación de comenzar a gestionar articulaciones con los tres poderes del
Estado y otros espacios políticos comprometidos con la temática. De hecho, el proyecto de ley que dio
origen a la norma de creación del Cuerpo fue firmado por representantes de diferentes bloques
políticos, oficialistas y opositores. Esto demuestra que el contexto de ebullición social y política
favoreció el compromiso y voluntad de diferentes fuerzas partidarias.
El Expediente S-2587/15 que dio inicio al tratamiento de la Ley 27.210/15 fue ingresado por
la Cámara de Senadores de la Nación el 28 de agosto de 2015. Y, como se dijo antes, si bien lo firmaron
representantes de diferentes partidos políticos, el autor del proyecto pertenecía al bloque oficialista de
aquel entonces. El expediente fue tratado en la comisión de Presupuesto y Hacienda y, luego, en la de
Justicia y Asuntos Penales; producto del debate y tratamiento en el Senado fue aprobado -el 7 de
octubre- con modificaciones y, posteriormente, girado a la Cámara de Diputados de la Nación. En la
Cámara baja pasó por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y por la de Justicia para, finalmente,
ser tratado -sobre tablas- y sancionada el 4 de noviembre del mismo año. De este modo, el 25 de
noviembre de 2015, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fue
promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley 27.210 y publicada el 26 de noviembre en el Boletín Oficial.
La masividad de las marchas y los reclamos sociales, impulsados en buena parte por los medios
de comunicación masiva, favorecieron el cuestionamiento público de la falta de políticas estatales
dirigidas a abordar la violencia de género. Estas expresiones fueron las que dieron el puntapié para la
modificación y creación de normas específicas vinculadas a la temática, entre ellas la creación del
Cuerpo; ley de carácter federal que supuso la adhesión de las provincias, por lo tanto, requirió del
compromiso de legisladores, gobernadores y autoridades judiciales de las diferentes jurisdicciones.
Este no es un tema menor, puesto que da cuenta de la necesidad de diseñar políticas públicas con
enfoque intersectorial, interseccional e intercultural capaces de abordar las desigualdades y violencias
por razones de género de manera integral.
Importa señalar que si bien se concretaron servicios gratuitos de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal y se capacitaron a los/as/es operadores jurídicos (Curso TAg), recién en 2019 se
presentó formalmente el Cuerpo y se elaboró un Protocolo de Actuación capaz de definir sus
competencias y alcances, diferenciándolo del Centro de Asistencia a las víctimas de delitos (Ley N°
27.372, 2017). En el acto oficial de presentación del Cuerpo se anunciaron una serie de mecanismos
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de coordinación y cooperación entre el la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, el Instituto Nacional
de las Mujeres (INAM), el Poder Judicial, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa y demás
organismos y entidades de la sociedad civil, para ampliar el beneficio. A modo de acompañamiento se
hicieron eco del anuncio las integrantes de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la
Federación de Colegios de Abogados, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también funcionarios/as/es de
diferentes partidos políticos, embajadores/as y representantes de organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales (como UNICEF).
El Cuerpo se mantuvo con ciertas alteraciones debido a la pandemia COVID- 19 y con los
impactos propios de un cambio de gobierno. En ese sentido, cabe decir que durante los primeros meses
de gobierno de la actual gestión se trabajó de forma interinstitucional e integral con el Plan Nacional
de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) y la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia -SENNAF, entre otros. En el difícil contexto de ASPO - Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio y DISPO - Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, durante
2020 se realizaron numerosas reuniones para garantizar la intervención coordinada a escala nacional,
provincial y municipal, algunas de los organismos que participaron de dichos encuentros fueron: el
INADI, Línea 137, CAJs, etc. También se trabajó en conjunto con la Iniciativa Spotlight impulsada
por la Unión Europea y las Naciones Unidas. A fin de territorializar la asistencia para responder ante
la demanda de acceso efectivo a la justicia por parte de las mujeres y disidencias, en junio de 2021 se
anunciaron cambios estructurales que afectaron de manera directa al funcionamiento del Cuerpo; esto
necesariamente implica la consolidación de nuevas alianzas y acuerdos estratégicos entre diferentes
actores.
Avances y pendientes
En el Protocolo de Actuación se estableció la dedicación exclusiva del Cuerpo al asesoramiento y
patrocinio en casos de abuso sexual y violencia doméstica (en todos sus tipos: económica, física,
psicológica, sexual y simbólica); excluyéndose tipos y modalidades de violencia como la trata de
personas con fines de explotación sexual, por tratarse de un delito federal. En 2020, con motivo de la
pandemia COVID-19, se amplió el criterio de selección de casos, contemplándose: violencia
doméstica, abuso sexual de niños/as/es y adolescentes hasta 18 años y con 18 años que transiten

Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.

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embarazos forzados (situaciones en las que se prevé el acompañamiento en los casos de ILE, si así se
requiere), femicidios y transfemicidios.
En lo que hace a la estructura y a los/as/es agentes responsables de esta política, la normativa
que dio origen al Cuerpo prevé su composición de la siguiente manera: a. Director/a/e Ejecutivo con
rango y jerarquía de subsecretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo nacional; b. Comisión
Interdisciplinaria Asesora para el abordaje integral de la violencia de género, conformada por
profesionales de las áreas del derecho, la salud y las ciencias sociales. Se especifica, también, que
los/as/es integrantes del Cuerpo revisten dentro del Agrupamiento Especializado del Sistema Nacional
de Empleo Público según lo previsto en el decreto 2.098/2008 y sus modificatorios. Los/as/es
profesionales deberán ingresar a un Registro a través de concursos de antecedentes y oposición. Lo
previsto en principio en la norma sufrió algunas leves modificaciones a raíz de los cambios de gobierno
que se sucedieron en diciembre de 2015 y de 2019. Durante el 2019, tras presentarse oficialmente el
Cuerpo, se dio a conocer que la Red de Centros de Acceso a la Justicia -CAJs sería la encargada de
entrevistar a las víctimas y derivar los casos al Cuerpo.
En 2020, según el Informe final: Acuerdo UNICEF-PNUD. Cuerpo de abogadas y abogados
para víctimas de violencia de género, el Cuerpo se encontraba bajo la órbita de la Subsecretaría de
Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en cumplimiento
con las obligaciones asumidas en el marco del Acuerdo suscripto entre el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de fecha 2
de mayo de 2019 y su posterior enmienda suscripta el 16 de julio del 2020. En 2020 se contaba con un
total de 26 profesionales patrocinantes en 13 provincias. En este mismo año, se creó el Área Psicosocial
conformada por equipo de trabajo interdisciplinario con el objetivo de brindar acompañamiento a
personas en situación de violencia de género y abuso sexual contra niños/as/es y/o adolescentes.En
junio de 2021, con motivo del sexto aniversario de la primera marcha #Niunamenos, se anunció la
creación del Programa Acercar Derechos (dentro del área de la Secretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género) y el traspaso del Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de
violencia de género a la órbita del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación
(MMGyD).
En lo que hace a la relación entre el sistema político, el sistema administrativo y la sociedad
civil interesa marcar que se observaron serias dificultades en el proceso de implementación de esta
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política pública; pues se trata de una propuesta que necesariamente requiere de la voluntad política y
el compromiso sostenido en el tiempo de todas las partes intervinientes, lo cual debe trascender a las
gestiones de gobierno. Esta no es una práctica frecuente en el escenario político argentino, por lo que
muchas veces se ven obturadas las posibilidades reales de efectivizar transformaciones estructurales
tendientes a superar la desigualdad de género. La escasa información oficial que existe sobre el
funcionamiento y el desempeño del Cuerpo, desde su génesis hasta la actualidad, da cuenta de la falta
de sistematización y organización por parte de las autoridades competentes. Asimismo, el vacío
instrumental y la exigua cantidad de casos ingresados que caracterizó al período que va desde la
sanción de la Ley en 2015 hasta finales de 2019, visibiliza la poca anuencia del entonces gobierno
nacional con la igualdad de género.
El reciente traspaso de órbita de actuación del Cuerpo puede implicar una mayor
complejización de su funcionamiento y una promesa para la justicia de géneros. Al menos en anuncios
recientes las autoridades se han comprometido con la ampliación del Registro de profesionales
patrocinantes y con mayor presupuesto. A su vez, las autoridades nacionales en sus discursos y
pronunciamientos públicos comenzaron a reconocer la necesidad de incorporar enfoques
interseccionales e interculturales, aunque, se debe decir que no termina de quedar claro cuáles son las
estrategias concretas -e intersectoriales/interinstitucionales- que aplicarán para el abordaje
interdisciplinario a lo largo de todo el territorio nacional, considerándose el carácter federal de esta
política. De hecho, no son pocos los sectores y organizaciones sociales que todavía demandan que se
garantice la igualdad en el acceso a la justicia, la celeridad en los procesos judiciales y mayor
adaptación del sistema a ciertas necesidades específicas; tal es el caso de las mujeres originarias de los
distintos pueblos y naciones indígenas (distribuidos de norte a sur).
Información y difusión
En lo que refiere a la información es necesario resaltar que, dentro de las funciones del Cuerpo, según
la Ley 27.210 (2015), se contempla la difusión de los servicios de patrocinio jurídico y asesoramiento
legal y, también, el fomento de la producción y difusión de informes. En este sentido, resulta muy
dificultoso hallar información oficial correspondiente a los períodos 2015-2019 y 2019-2022. Sin
embargo, es importante indicar que durante 2018 se realizó el primer curso de capacitación para
turores/as del Curso virtual de Transformación Actitudinal en género (TAg); los/as/es tutores fueron
responsables del acompañamiento durante la primera –y segunda- cohorte de aspirantes para ser

Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.

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incorporados al Registro de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género. Esta actividad
fue difundida en algunos portales y medios de comunicación, aunque no tuvo una cobertura de
relevancia. En 2019 se anunció la puesta en funcionamiento del Cuerpo, pero no hubo una estrategia
comunicacional efectiva y capaz de llegar a todo el país, más aún a los sectores de mayor
vulnerabilidad social y, en especial, a quienes atravesaban situaciones de violencia. Falencia que
todavía se advierte en relación con todos los dispositivos orientados a la temática.
En el Informe final: Acuerdo UNICEF-PNUD (2020) se detalla la composición del Cuerpo, las
capacitaciones realizadas, la cantidad de casos ingresados, los acuerdos interinstitucionales, entre otros
datos significativos. De acuerdo con lo informado, con motivo del incremento de violencia contra las
mujeres y niñas a raíz de las medidas de aislamiento y confinamiento aplicadas con motivo del
COVID-19, el Cuerpo realizó, en conjunto con los CAJs, una serie de Protocolos en ASPO. Además,
se formuló un resumen de las Reglas para el Patrocinio Jurídico de Víctimas de Violencia de Género:
abuso sexual contra niñas/os/es y adolescentes; se otorgaron los certificados del Curso TAG de 2019;
se distribuyeron las credenciales para las abogadas y abogados del Registro; se procedió a actualizar
la información de la web Argentina.gob.ar; se estableció el Protocolo de articulación con el Área
Psicosocial; se actualizaron las Reglas de Actuación para el patrocinio de víctimas de violencia de
género: abuso sexual contra niñas/os y adolescentes; se elaboraron documentos de Mesas de expertas
(Femicidio, Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes y violencia domestica), etcétera. También,
en el marco de la Iniciativa Spotlight, se realizó una mesa de conversación titulada: “Promoviendo el
acceso a justicia: herramientas para el fortalecimiento del patrocinio jurídico de mujeres en situación
de violencia por motivos de género”.
Sostenibilidad y evaluación
En cuanto a la sostenibilidad se advierte que la Ley 27.210 (2015) no establece la cantidad de recursos
humanos que deben afectarse al Cuerpo, como tampoco el número de personal administrativo y si se
ha previsto presupuestariamente su creación. En el período 2015-2019 no hubo información suficiente
que muestre el desempeño de la política, pues las autoridades se tomaron casi cuatro años para poner
en funcionamiento al Cuerpo. De hecho, en 2019 fueron ingresados menos de 90 casos (de los cuales
alrededor del 9% fueron asignados a las abogadas contratadas con el aporte de fondos de UNICEF),
mientras que en 2020 se puedo atender más de 200 casos (de los cuales alrededor de una centena fueron
derivados a las abogadas contratadas por UNICEF para su patrocinio jurídico gratuito) y durante los
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primeros meses de 2021 ingresaron más de un centenar de casos (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 2021).
A posteriori del cambio de autoridades producido en diciembre de 2019 y el período de
transición hasta que la Subsecretaría asumiera la gestión del Cuerpo, en mayo de 2020, se
implementaron diversas acciones destinadas a fortalecer y ampliar esta política. En ese marco, en el
mes de julio se incorporó, a través de contratos PNUD, una segunda abogada en las ciudades de
Neuquén y La Plata, permitiendo que nuevos casos de violencia doméstica y abusos sexual contra
niños/as/es y/o adolescentes ingresen al patrocinio jurídico gratuito, servicio que había sido
interrumpido en los meses de noviembre y diciembre de 2019, por haber llegado al cupo de casos y
causas que les profesionales tienen por contrato (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020).
En el último período de 2021, el Cuerpo tenía más de un profesional en cada provincia en las
que interviene, a excepción de Catamarca donde sólo se contaba con una abogada contratada. Aquí
importa señalar que la selección de las regiones para comenzar la implementación del Cuerpo (NOA
y NEA) se basó en un diagnóstico de “necesidades jurídicas insatisfechas”. Es importante aclarar que
se consideró a la provincia de Neuquén debido a compromisos internacionales asumidos ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo del afamado y trágico caso de Ivana
Rosales. En cuanto a su composición, en términos estrictamente cuantitativos, se puede decir que en
2019 el Cuerpo contaba con 13 profesionales -12 abogadas y 1 abogado-5 y en 2020 el Registro
aumentó a un total de 26 profesionales patrocinantes en 13 provincias.
Por otro lado, en lo que refiere a la evaluación y el control de esta política es preciso indicar
que en 2019 se comunicó la puesta en funcionamiento de un software de gestión de casos llamado
“Sistema de Gestión Integral para Casos de Violencia de Género”, el cual tiene como finalidad el
monitoreo y seguimiento de los casos. A su vez, se creó el Observatorio de Políticas de Género en el
ámbito de la SIGEN. El principal objetivo del ente es el relevamiento y análisis de datos, como así la
generación de información vinculada al cumplimiento de políticas públicas en materia de perspectiva
e igualdad de género y oportunidades. Por último, es menester agregar que la Corte Suprema de
Justicia, a través de la Oficina de la Mujer, lleva adelante el Registro Nacional de Femicidios de la
Justicia Argentina.

Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.

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Políticas para la igualdad y justicia de géneros
La creación del Cuerpo ha significado un sustancial avance hacia la justicia e igualdad de géneros al
garantizar el derecho al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia. Pese a ello, se observan
grandes dificultades en su aplicación. En este sentido, es preciso tener presente que se trata de leyes y
políticas nacionales a las que cada provincia debe adherir e implementar de acuerdo con el sistema
federal (Anzorena, 2015). En términos generales, estas dificultades en la implementación dejan ver la
falta de articulación que todavía existe entre reconocimiento y redistribución. De hecho, la norma que
dio vida al Cuerpo contemplaba no sólo el patrocinio legal gratuito, sino el asesoramiento psicosocial
y económico -y la articulación intersectorial- para colaborar con la autonomía y empoderamiento de
las personas denunciantes. Estos aspectos fueron nulos o sub-ejecutados durante los primeros cuatro
años, desconociéndose la importancia de la reparación ante estas situaciones de extrema gravedad y
clara violación a los derechos humanos.
A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil (especialmente feministas y de mujeres)
han detentado un rol protagónico y activo al momento de la creación del Cuerpo, se les ha dado poco
espacio de participación en lo que refiere a la evaluación y el control de gestión de esta política. En
este sentido, es importante tener presente la tercera dimensión que hace a la justicia de géneros, en
términos de Fraser (2008): la representación. La participación política, social y comunitaria es
fundamental para un enfoque de derechos que tenga en consideración a los destinatarias/os/es en tanto
titulares de derechos capaces de influir y participar democráticamente en la elaboración e
implementación de las políticas de estado. Por tanto, todavía se presenta como un desafío consolidar
la transversalización de la perspectiva de género en esta política desde una mirada o abordaje
interseccional y, sobre todo, intercultural. Abordaje que supere la mera declaración de principios, la
letra muerta en planes y programas que luego no se llevan a la práctica de manera efectiva, eficaz y
eficiente.
Ha quedado en evidencia la necesidad de contar con información detallada y precisa sobre el
funcionamiento del Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia, para lo cual es
menester que los portales digitales y otros medios del MMGyD actualicen los datos y garanticen que
la información sea pública. En este sentido, se debe colaborar también con los organismos encargados
de realizar registros estadísticos sobre violencia de género y femicidios, con el ánimo de consolidar un
sistema integral capaz de mostrar la realidad de distintos sectores desaventajados; un ejemplo es la
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carencia de estadísticas oficiales sobre femicidios indígenas, ya que los datos no se hallan
desagregados por pertenencia étnica. Esto permitiría no sólo identificar las áreas sociodemográficas
que requieren mayor cobertura de servicios de patrocinio letrado, prevención y atención, sino también
facilitaría la posterior elaboración de políticas sociales, sanitarias, educativas y económicas a favor de
la igualdad y justicia de géneros.
En relación con esto, es importante mejorar los canales de difusión de los espacios en los que
se desempeña el Cuerpo en las diferentes provincias, desplegar estrategias comunicacionales que
atiendan a la realidad y necesidades específicas de la población objetivo, teniendo en consideración la
extensión geográfica del país, a fin de alcanzar no solo a los principales centros urbanos, sino también
a espacios rurales comúnmente segregados. Planificar políticas de género desde un abordaje
interseccional obliga a contemplar no sólo la dimensión del reconocimiento de derechos, sino también
el reconocimiento de las diferencias y la necesidad de velar por una justa y equitativa redistribución
de recursos y oportunidades. La información es central para que las personas en situaciones de
violencia puedan acceder de manera temprana y rápida a los servicios especializados, los cuales deben
dar respuesta con celeridad. En este sentido, es muy importante que se avance en la aplicación de la
Ley Micaela en todos los niveles del Poder Judicial, aunque, se sabe que es un tema que ha despertado
controversias y duras resistencias por parte de los/as/es funcionarios/as/es judiciales, sobre todo en
los/as/es de mayor rango. Cabe aclarar que dicha norma establece la capacitación obligatoria en género
de todos los/as/es agentes del Estado.
Por otra parte, se requiere aplicar un abordaje intercultural tanto en los servicios de patrocinio
como en el asesoramiento y acompañamiento integral de las personas en situación de violencia. En
este sentido, el Programa Acercar Derechos prevé este tipo de intervención, pero no hay certezas sobre
la capacidad de efectivizarse en el territorio. Esto pone en relieve la necesidad de pasar de los
enunciados a la acción sistematizada y coordinada intersectorialmente; y, para ello, es fundamental
considerar las necesidades y demandas específicas y diferenciales de distintos grupos de mujeres y
disidencias como el caso de mujeres rurales, migrantes e indígenas. Trabajar de manera eficaz y de
acuerdo con la normativa vigente en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas,
afrodescendientes y de la población migrante es una tarea por delante; por ejemplo, en lo que refiere
al derecho a los servicios de traducción en los procesos judiciales.

Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.

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A todo lo antes dicho, se agrega la imperiosa urgencia de dotar de mayor presupuesto al Cuerpo,
ampliar el Registro y sostener los canales de formación y capacitación continua de los profesionales
afectados a su funcionamiento. Se espera, en este sentido, que los últimos anuncios de las autoridades
nacionales se efectivicen y sean acompañados por los gobiernos y efectores judiciales de las diferentes
jurisdicciones del país. Por último, vale insistir en la importancia de crear sistemas de control (y
elaborar indicadores) de gestión que involucren a distintos actores de la sociedad civil y hagan parte a
las mujeres y disidencias como sujetos/as/es de derecho en el marco de una sociedad democrática que
se proyecta como equitativa, igualitaria y justa.
5.- CONCLUSIONES
En este trabajo se analiza una política pública originada en un momento de elevada efervescencia social
y política, de hartazgo generalizado por la impunidad y la pasividad de los organismos públicos ante
aberrantes hechos de violencia. Es sabido que a partir de #Niunamenos no solo se consolidaron nuevos
espacios de activismo, sino que se desplegaron debates en el escenario público que hasta entonces
estaban pausados (como el aborto). Todo esto expone, tal como afirma Guzmán (2001), que la
construcción de problemas públicos y la confección de las agendas son producto o consecuencia de
complejos procesos socio-políticos, cuya comprensión remite a la conformación de sujetos sociales; a
la elaboración de nuevos marcos interpretativos de la realidad; a las relaciones de poder entre distintos
actores sociales; y al establecimiento de diferentes alianzas, negociaciones y estrategias políticas.
La creación del Cuerpo en respuesta a las demandas de numerosos sectores por el cumplimiento
de la normativa vigente, ha dado cuenta de las profundas transformaciones que se han sucedido en las
últimas décadas: pasando de feminismos que negaban al Estado como interlocutor válido a
movimientos que demandan mayor intervención estatal frente a la desigualdad y violencia de género,
sobre todo después del retorno de la democracia. En este marco, los avances en relación al
reconocimiento de derechos para las mujeres han sido notables; aunque, es innegable que se
desplazaron del debate y la arena de actuación a las políticas redistributivas. Cabe agregar que, a lo
largo de décadas, ha predominado una visión estereotipada de las personas destinatarias de las políticas
para la igualdad de géneros, lo cual resulta sumamente contraproducente.
Por esto, hoy en día se requiere avanzar hacia un enfoque interseccional crítico e intercultural
que trascienda la mera declaración de principios y se traduzca en acciones concretas que atiendan a la
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desigualdad de género en toda su complejidad. Cabe decir que la interseccionalidad del género atiende
o busca atender a la percepción imbricada de las relaciones y estructuras de poder (Viveros Vigoya,
2016; Busquier y Parra, 2020; Barria Oyarzo, 2021); mientras que la interculturalidad hace foco en
posibilidad de establecer un diálogo de saberes atento (y crítico) a dichas relaciones asimétricas de
poder (Walsh, 2008; Estermann, 2015; Tubino, 2019). En la actualidad, cae cierto manto de duda sobre
los lineamientos de las políticas de gobierno que se nutren de la perspectiva interseccional; una
sospecha que se abre a partir de la masificación del término y su correspondiente vaciamiento político
(Parra, 2020). A su vez, en lo que hace a la interculturalidad, como señala Estermann (2014), se observa
un proceso de cooptación por parte del modelo hegemónico (monocultural y globalizador) en sentido
de un imperialismo cultural occidental que lo coloca a la par de los discursos multiculturales
dominantes en décadas pasadas.
Indudablemente, la violencia contra las mujeres, LGBTI+ e infancias, es un problema público
que logró instalarse en las agendas institucionales debido a la gravedad que detenta. Pese a ello, todavía
queda mucho camino por desandar. Es más, aún se observa cierta tendencia a percibir a la perspectiva
de géneros como una técnica, es decir, pensar al género como un componente o variable a tener en
cuenta, lo que se traduce en un entendimiento superficial de los/as/es agentes intervinientes. En este
sentido, la propuesta el Curso TAg ha sido una herramienta súper importante e innovadora; puesto que
no se trata de un curso de formación académica, sino de un proceso que tiene como misión la
sensibilización. En sintonía con esto, es importante insistir en la relevancia que tiene avanzar con el
cumplimiento de la Ley Micaela en todos los poderes y niveles del Estado, a fin de garantizar la
transversalidad de esta perspectiva.
Para cerrar, y con motivo del traspaso del Cuerpo a la órbita del MMGyD, surgen interrogantes
sobre si existe o no cierta tendencia a departamentalizar –y burocratizar- las problemáticas de género.
Esto reabre las históricas controversias de los feminismos acerca del rol del Estado para superar la
desigualdad y alcanzar la justicia de géneros. Por consiguiente, desde algunos espacios se cuestiona la
legitimidad y el beneficio político del ingreso de feministas a esos lugares de poder (Bonder, 1999).
Más allá de estas discusiones, y sin perder de vista las tres dimensiones claves de la justicia de géneros
que identifica Fraser (2008), reaparece en el escenario político la necesidad de generar instancias de
mayor participación al momento de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de estado, como el Cuerpo;
solo así se logrará efectivizar el acceso a derechos y avanzar hacia una sociedad democrática,
igualitaria, intercultural y justa.
Políticas públicas para la justicia de géneros e igualdad en Argentina.

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Elementos clave del socialismo con características chinas:
desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping
Key elements of socialism with Chinese characteristics: intellectual development up to Xi
Jinping’s presidency
Borja, García-Vázquez1;

RESUMEN
El socialismo con características chinas es un cuerpo doctrinal conformado por el aporte
ideológico de los dirigentes políticos de República Popular China desde Mao Zedong
hasta Xi Jinping, en un compendio intelectual flexible, que sin olvidar sus raíces ha sabido
adaptarse a las nuevas necesidades del país, combinando elementos del saber tradicional
chino, presentando una interpretación del marxismo-leninismo netamente original. Este
artículo tiene por finalidad identificar los elementos que dan sustento al modelo ideológico
promovido por el Partido Comunista de China, por medio de la revisión documental del
discurso de sus líderes, de acuerdo a lo contenido en los volúmenes publicados por la
Editorial Lenguas Extranjeras, que en conclusión muestra cómo se ha originado un
sistema teórico que es flexible y adaptable, fundado en un partido único de ideología
marxista que defiende la coexistencia con el capitalismo, la apertura económica para la
obtención de inversión extranjera, la integración de los distintos estratos sociales y la
reducción de la desigualdad entre ellos, como medio con el que vertebrar la actividad de
esta institución, que ostenta su primacía como guía del pueblo de la China continental.
Palabras claves: Partido Comunista de China, socialismo con características chinas,
socialismo del siglo XXI.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 15/06/2022
Fecha de revisado: 01/07/2022
Fecha de aceptado: 28/10/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The doctrinal body of socialism with Chinese characteristics is made up of the ideological
contribution of the political leaders of the People's Republic of China from Mao Zedong
to Xi Jinping, in a flexible intellectual compendium, which without forgetting its roots has
been able to adapt to the new needs of the country, combining elements of traditional
Chinese knowledge, presenting a completely original interpretation of MarxismLeninism. The purpose of this article is to expose and identify the elements that support
the ideological model promoted by the Communist Party of China, through the
documentary review of the speech of its leaders, according to what is contained in the
volumes published by Foreign Languages Press, that together has originated a theoretical
system that is flexible and adaptable, founded on a single party of Marxist ideology, which
defends coexistence with capitalism, economic opening to obtain foreign investment, the
integration of the different social strata and the reduction of inequality between them, as
a means with which to structure the activity of this institution, which holds its primacy as
a guide to Chinese society.
Keywords: Communist party of China, socialism of the 21st century, socialism with
Chinese characteristics.

Cómo referenciar este artículo:
García-Vázquez, B. (2023). Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 9(17), 200-223. https://doi.org/10.29105/pgc9.17-09

1

Doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Responsable Académico del Grado en Derecho en Centro de Estudios
Garrigues, España. Email: borjagarcia131@gmail.com. Orcid: Orcid.org/0000-0003-0055-6917

200 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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1. - INTRODUCCIÓN
Socialismo con Características Chinas
Con una historia aproximada de 4.500 años y una amplia variedad étnica y regional, las transformaciones
vividas en China, sus movimientos revolucionarios y las nuevas tecnologías, hacen que sea un país
complejo y múltiple (Lin, 2015, p. 15-16). Por estas razones, interpretar República Popular China -en
adelante RPCh-, el Partido Comunista de China -en lo sucesivo PCCh-, y su guía basada en el marxismo
como elementos estancos e inamovibles, constituiría un error si no se tratase de empatizar con la
mentalidad del país. Es la idea sostenida por Borón (2006: 38) quien rehúsa ver el marxismo como un
cuerpo teórico acabado, muerto y arcaico, opuesto al efecto negativo causado por la imposición doctrinal
de la inefabilidad soviética, y su descrédito desde 1991, con la disolución de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas -en lo ulterior, URSS-.
Este abrupto final permite recuperar la teoría de la sociedad oriental, por la que se estimaba que
los países de esta región alcanzarían el socialismo por vías y medios diferentes a los del resto del mundo;
contradiciendo así la doctrina general soviética, que preconizaba el socialismo como fruto de un proceso
universal y unidireccional de procesión de etapas en pos de este destino final (Brodersen, 1963: 162).
Si limitamos el marxismo a la creatividad escrita por Marx y Engels, efectivamente el sistema ha
evolucionado materialmente desde la redacción de sus trabajos, a nivel social y tecnológico; y habrían
de considerarse obsoletas estas doctrinas, y declinar cualquier posición que se denomine continuadora
de esta corriente de pensamiento. Por el contrario, si se concibe el marxismo como un sistema inspirado
en el pensamiento de Marx, pero inacabado ante el constante desarrollo de las denominadas fuerzas
productivas, y el inconcluso logro de la consumación del comunismo, evidentemente China se entendería
como un país socialista.
Junto a la comprensión del marxismo como un sistema filosófico que ofrece una concepción del
mundo, debe integrarse la visión del marxismo como una corriente política destinada a lograr la
emancipación del individuo. En opinión de Arendt (2020: 96), “su contribución más explosiva, y sin
duda la más original”, fue comprender la incompatibilidad entre pobreza y libertad, permitiendo
interpretar las revoluciones no como levantamientos destinados a satisfacer únicamente necesidades
materiales, sino como procesos consagrados a obtener la libertad.
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Así, el marxismo se configura como un plan de gobierno a través de la aplicación de su doctrina,
fundada en el método dialéctico (la oposición de tesis sobre hechos materiales, y no pensamientos
basados en el razonamiento subjetivo, cuya confrontación permite avanzar el conocimiento hacia la
verdad de los hechos, en paralelo al propio movimiento constante de la realidad) y una sociología propia
(destinada a estudiar las relaciones de la sociedad, determinadas por la relación de los individuos respecto
de los propietarios de los medios de producción), para acabar con las posibles clases sociales y cualquier
grado de explotación entre las personas.
En el pensamiento marxista, la historia obedece a una constante propiciada por la acción creadora
de los conflictos surgidos de los antagonismos, y las contradicciones dadas en toda sociedad (Borón,
2006, p.43); mientras que las relaciones internacionales no responden a una única concepción, como
consecuencia de la disparidad de perspectivas políticas (Castells Mendivil, 1977, p.93), realidad
corroborada en la Guerra Fría con las continuas fricciones entre la URSS y RPCh.
Ante la posición dogmática que sustentaron un gran número de regímenes del socialismo
realmente existente, el propio pensamiento de Mao Zedong incluyó una cláusula de revisión de todo
cuerpo doctrinal al final de su trabajo “De la práctica”, escrito en 1937, en el que exhortaba al lector a
desarrollar una constante en su vida: descubrir la verdad por medio de la práctica, y a través de ella,
comprobar y desarrollar la verdad, empleando la razón y la revolución para transformar el mundo
objetivo y subjetivo (Mao, 1937b).
El mejoramiento continuo y la búsqueda de la verdad podrían verse como el elemento que da
cabida a la especial flexibilidad del socialismo chino, cuyos cambios responderían así a la visión marxista
contenida por el PCCh. Un constante cambio apreciado en las políticas de Mao, que rechazó en 1956 el
principio estalinista de intensificar la lucha de clases en tanto que se desarrollaba la revolución, para
volver a reestablecerlo en 1957 con motivo de su campaña anti derechista (Li, 2010, p. 115).
Como defendía Poulantzas (2005, p.16-19) en las obras clásicas marxistas no se contiene una
teoría general del Estado, no por incapacidad, sino porque no es posible su existencia, ya que la ausencia
de reglas comunes sobre las transformaciones de los modos de producción, imposibilita explicar “la
transición de un Estado a otro”, del capitalismo al socialismo. Este razonamiento impediría analizar
China dentro del proceso evolutivo de los sistemas políticos del resto del mundo, no siendo posible
tampoco el empleo de términos y conceptos genuinamente occidentales, como la democracia.
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En el contexto de la lucha contra Japón, Mao Zedong, entrevistado por el periodista británico
James Bertram, definía la democracia como el gobierno centralista surgido de la alianza de campesinos,
trabajadores y pequeña burguesía, que permitiría al pueblo organizarse, entrenarse y armarse libremente
para la autodefensa (Mao, 1937c). Mao propugnaba un modelo propio de Estado, genuinamente chino,
distinto de las democracias parlamentarias de occidente, y de la dictadura del proletariado defendida por
la URSS.
Su idea sustentaba el liderazgo del PCCh sobre el proletariado como motor de la revolución
socialista (Mao, 1937a), mediante la subordinación del individuo al Partido (Mao, 1938). A su vez,
concebía la libertad de los miembros del mismo para expresar libremente sus iniciativas, fomentando la
creatividad, su puesta en práctica y la asunción de responsabilidad por sus integrantes, lo que era visto
un acto de democracia (Mao, 1938). Por ello, Mao había advertido que como consecuencia del proceso
revolucionario surgiría en China una nueva república democrática, distinta del modelo estadounidenseeuropeo y de la auspiciada por la URSS, dadas las especiales características de los países coloniales
(Mao, 1940).
Así, acabada la guerra contra Japón y finalizada la guerra civil china, Mao propuso un sistema de
“dictadura democrática popular”, que permitiría al país transitar desde su posición eminentemente
agrícola hasta convertirse en una sociedad plenamente industrializada, bajo el liderazgo de la alianza del
proletariado y el campesinado, con el que alcanzar la unidad, la democracia, la paz y una sociedad
socialista (Mao, 1948).
Estas ideas forman parte del denominado “pensamiento de Mao Tse-Tung” donde a través de la
práctica del pensamiento marxista adaptado a la realidad china, pretendía conseguir la revolución y el
triunfo del socialismo con la creación del PCCh y el Ejército Popular de Liberación (Xiaome, 2018,
p.149). Un proceso de lucha para obtener un Estado socialista, a través de “industria, agricultura, ciencia
y cultura modernas” (Mao, 1957).
Fue a partir de los últimos años de la guerra sino-japonesa, cuando comienza el movimiento
ideológico de Yan´an, a partir de dos trabajos de Mao Zedong publicados en 1942, “Rectifiquemos el
estilo de trabajo del Partido” y “Oponeros a los escritos estereotipados del Partido”, en los que a través
de la crítica al burocratismo comienza a desarrollarse un marxismo distanciado del modelo soviético, el
conocido maoísmo.

Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.

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El maoísmo representa la adecuación del marxismo a las condiciones autóctonas de China,
atendiendo a la base eminentemente agrícola de la nación, priorizando el espíritu revolucionario del
campesinado como principal fuerza de cambio; siendo las masas de agricultores el sostén que permitió
el triunfo de las fuerzas comunistas en el periodo de la Guerra civil china, y presentó un modelo guía que
fue seguido en todo el mundo por diferentes movimientos de liberación nacional.
Con posterioridad, su pensamiento fue llevado al extremo durante la Revolución Cultural, un
periodo en el que, para combatir las posibles contradicciones entre la dirección y las masas, se
implementó la política de la revolución ininterrumpida, con que sostener la crítica constante para evitar
el revisionismo, el burocratismo y las tendencias derechistas.
Tras el fallecimiento de Mao, y no obstante a los desmanes cometidos en sus últimos años de
gobierno, en el periodo de la Revolución cultural entre 1966 y 1976 su pensamiento se mantuvo como
uno de los fundamentos del cuerpo ideológico del PCCh, habiéndose enriquecido con los sucesivos
aportes de sus sucesores, constituyendo en la actualidad los elementos de guía del Partido, de acuerdo
con lo reconocido en el preámbulo de la Constitución vigente hoy en RPCh:
Nosotros, el pueblo chino de todos los grupos étnicos, continuaremos, bajo la dirección del
Partido Comunista de China y la guía del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong,
la teoría de Deng Xiaoping, la teoría de la triple representatividad, la perspectiva científica del
desarrollo, y Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con peculiaridades chinas para la
nueva era, para defender la dictadura democrática popular, mantener el camino socialista.
(Congreso Nacional Popular de República Popular China, 2019)
A fin de distinguir aquellos elementos clave que componen el socialismo con características
chinas, se exponen los principales aspectos identificados en los discursos pronunciados por los sucesores
de Mao Tse-Tung, explicando las líneas maestras del pensamiento correspondiente a cada gobierno,
desde su fallecimiento hasta el presente mandato de Xi Jinping, finalizando con el apartado de
conclusiones.

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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Deng Xiaoping, el reformador y padre del socialismo con características chinas
La década de 1970 supuso una transición entre el Estado chino revolucionario y aislado construido por
Mao Zedong -tras la supresión de sus colaboradores, la conocida como “banda de los cuatro”-, y su
paulatina moderación y aperturismo al exterior debido a las políticas reformadoras de Deng Xiaoping,
las cuales, de acuerdo con Márdero Jiménez (2017, p. 855) pueden sintetizarse en el comercio, la
recepción de inversiones extranjeras y el impulso del sector privado.
El objetivo era lograr la modernización del país con la separación de poderes entre las
instituciones del Estado y el PCCh, y establecer un mercado socialista basado en la propiedad pública
(Xiaomei, 2018, p.148). Para ello se pusieron en práctica las cuatro modernizaciones planeadas por el
primer ministro Zhou Enlai -agricultura, ciencia y tecnología, defensa, e industria-, dirigidas por los
cuatro principios planteados por Deng Xiaoping: la defensa de la dictadura del proletariado, bajo el
liderazgo del PCCh, manteniendo como elementos guía el pensamiento de Marx, Lenin y Mao, con el
objetivo último de sostener la vía socialista (Bregolat, 2008, p. 36).
El planteamiento fundamental de toda la línea de pensamiento de Deng Xiaoping, estaba dirigida
principalmente a tratar de responder qué es el socialismo y cómo se construye una sociedad acorde a este
sistema (Xiaomei, 2018, p. 150), dejando conscientemente las políticas del periodo revolucionario
previo, en favor de la modernización a semejanza de Taiwán (Mansilla, 1986, p. 376), evitando los
dogmatismos que lastraban al país.
Así lo defendió veladamente en 1977, al argumentar como era “inaceptable trasplantar lo que dijo
el camarada Mao Zedong sobre un problema determinado a otro lugar distinto y lo que dijo bajo
determinadas condiciones a otras condiciones distintas” (Deng, 1984); aunque a posteriori criticó
expresamente los errores cometidos por Mao al final de su mandato: “Lamentablemente, en la noche de
su vida, particularmente durante la Revolución Cultural, cometió errores -y no fueron menores- que
trajeron muchas desgracias a nuestro Partido, a nuestro Estado y a nuestro pueblo” (Deng, 1980).
En todo caso, pese al reconocimiento expreso a los errores cometidos por Mao, restó importancia
a los mismos, repartiendo las culpas entre sus colaboradores, explicando a continuación desde el
marxismo, cómo el socialismo es una primera etapa que abarca un largo periodo de tiempo, destinada a

Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.

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que converjan los intereses colectivos e individuales, para desarrollar la producción y transitar
posteriormente al comunismo donde los intereses respondan a las necesidades a satisfacer (Deng, 1980).
La síntesis de la visión socialista de Deng Xiaoping puede formularse a través de sus distintas
manifestaciones públicas. En su discurso “Construir una civilización socialista con unos altos estándares
materiales, culturales e ideológicos” pronunciado el 29 de abril de 1983, enmarcado en pleno proceso de
reformas, se cimentan las ideas de progreso que marcarían a China hasta la fecha: un Estado socialista,
guiado por un partido que sigue con devoción el marxismo con el propósito de lograr el desarrollo de las
fuerzas productivas para conseguir el perfeccionamiento de los niveles de vida de la población (Deng,
1985, p. 16).
La acuñación del concepto “socialismo con características chinas” se encuentra en un discurso
dado por Deng el 30 de junio de 1984, que sirvió para denominar todo el pensamiento de su era. En él,
defendía cómo el marxismo había permitido a China levantarse de las agresiones y humillaciones que
había sufrido del extranjero desde las guerras del opio (Deng, 1985, p. 35), percibiendo en el socialismo
el sistema que permitiría al país conseguir una distribución igualitaria, a la par que evitaría la polarización
de la sociedad, mientras se configuraba la capacidad productiva durante las siguientes tres décadas
(Deng, 1985, p. 37).
Por este motivo se planeaba la apertura económica a la recepción de capitales extranjeros, siendo
estos la raíz sobre los que se desarrollaría el socialismo en el país, requiriéndose a tal fin, la flexibilidad
y el aprendizaje durante su proceso de creación:
nuestra economía socialista es tan grande que puede absorber decenas de miles de millones de
fondos extranjeros sin afectar a los fundamentos de nuestra economía (…) la inversión extranjera
servirá a la construcción del socialismo en nuestro país (…) debemos acumular experiencia e
intentar nuevas soluciones a los problemas que surjan (Deng, 1985, p. 39).
Deng planteaba así la primera etapa de construcción del socialismo en China, con la finalidad de
obtener mejores condiciones educativas y materiales para la población en el año 2000, y cuadruplicar el
producto interior bruto en un plazo de 30 a 50 años (Deng, 1985, p. 60).
A su vez, en un ejercicio tendente a garantizar la juventud de los gobernantes, Deng defendió
cómo los dirigentes de mayor edad debían ir cediendo el testigo a los jóvenes, más capaces por su
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flexibilidad y cualificación que los veteranos del Partido, con la finalidad de poder darles un lugar desde
el que aportar su conocimiento (Deng, 1985, p. 63); e igualmente, con intención de acabar con los
paternalismos en el seno del PCCh, criticados por Deng al generar situaciones de vasallaje que impedían
la creación de una democracia socialista (Deng, 1984, p. 357).
Otro elemento al que prestó atención Deng Xiaoping fue la coexistencia con el capitalismo en el
mismo territorio chino, bajo la acuñación del concepto “Un país, dos sistemas” en alusión a la
problemática existente en los territorios de la ciudad de Hong Kong y la isla de Taiwán. Para él RPCh
debía mantener el socialismo, al igual que Taiwán y Hong Kong estaban obligados a continuar con el
capitalismo, para no poner en peligro el conjunto de la economía del país (Deng, 1984, p. 41).
En síntesis, atendiendo a la explicación de Lin Chun, el socialismo se construye (opuesto al
capitalismo, basado en la producción con ánimo de lucro) como el sistema que fundamenta su producción
en las necesidades (Lin, 2006, p. 84), para acabar con todo tipo de explotación, y males sociales como
son la alienación, el analfabetismo y el hambre (Deng, 1984, p. 117), donde el medio para lograrlo sería
a través de un Estado que permita alcanzar la igualdad (Deng, 1984, p. 103), el bien común de acuerdo
con la máxima “a cada cual según su trabajo” (Deng, 1984, p. 84), y en último término suprimir las clases
y la burocracia propugnando la autogestión (Deng, 1984, p. 103).
La política de Deng Xiaoping emplea el capitalismo (en una versión controlada ampliamente por
el PCCh), como método para obtener la expansión del socialismo y una vez alcanzado, conseguir la
transformación al comunismo. Considerando el pensamiento de Deng Xiaoping, centralizado en los
aspectos económicos, sus políticas de renovación podrían interpretarse en un triple sentido:
Primero, como medio de mejorar el bienestar de la sociedad china, al pensar que no es posible el
socialismo mientras exista la penosidad en el trabajo fruto de la explotación; entendiendo está en el
sentido amplio expuesto por Douglass C. North y Roger LeRoy Miller: “no recibir una paga suficiente
por lo que se vende” y “tener que pagar demasiado por lo que se compra” (North y LeRoy, 1976, p. 158).
Así, la política del PCCh tendría que estar dirigida a mitigar esta brecha, consiguiendo la paridad entre
ambas y suprimiendo finalmente la explotación.
Segundo, como forma de lucha contra su sistema antagónico, el capitalismo burgués. Este punto
coincidiría con la propuesta de Wallerstein, recogida por Lin (2006, p. 44), por la cual el único medio
posible de cambiar el sistema es sobrecargándolo, lo que llevaría a la desaparición del capitalismo.
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Tercero, como vía para mantener actualizada la religión comunista, si es que es entendida como
tal, de acuerdo con la crítica efectuada por Losurdo (2021, p. 224) “por dolorosa que sea”, de ver el
comunismo “como una religión de evasión”. Partiendo del supuesto religioso, si utilizamos el criterio de
Rudolph Bultmann sobre la necesidad de desmitologización y olvido de las cosmologías antiguas (en
referencia al Nuevo testamento, que podría hacerse extensible al marxismo) si se quiere que la religión
tenga sentido ante la evolución y los cambios sociales (Caputo, 2005, p. 105), la forma que tiene el PCCh
de mantener con vitalidad su dirección a través del marxismo-leninismo, es desacralizando sus dogmas
(relativos a una época cuyos procesos de producción han sido ya superados), y adaptándolos al devenir
de los tiempos sin incurrir en anacronismos.
Pese a su denominación comunista, los cambios económicos experimentados en las últimas
décadas hacen ver a este país como una economía capitalista. Con la apertura económica de 1979, se
produjo la decepción generalizada de la población, al presenciar que el nuevo sistema producía mayor
bienestar que durante el régimen de Mao, lo que llevó a solicitar mayor libertad para el pueblo, dando
lugar a las manifestaciones de Pekín de mayo de 1989, y a la posterior masacre ocurrida en la plaza de
Tiananmen, que desde el extranjero fueron percibidas como una contradicción a los principios del PCCh,
al defender su poder antes que atender a las demandas de la ciudadanía (Fernández Bermejo, 2010, p.
107-108), mientras que desde el interior fueron identificadas como fuerzas conspiradoras contra el país.
Los intelectuales chinos de mediados de 1980, pedían mayor libertad para el pueblo y la creación
de un Estado moderno, reposicionando sus aspiraciones en 1990 hacia la promoción del nacionalismo
(Jilin, 2018, p. 22). La búsqueda de mayor democracia por la población china se saldó con unos 1.500
muertos y 5.000 heridos en las inmediaciones de la plaza de Tiananmen, un “trauma político” que afectó
a la economía del país, sin que ello alterase el continuismo del PCCh, a diferencia de su homólogo ruso
frente a las reformas de Mijail Gorbachov (Tamames y Debasa, 2013).
La triple representatividad de Jiang Zemin
El secretario general del PCCh entre 1989 y 2002, y presidente del gobierno entre 1993 y 2003, Jiang
Zemin, constituye el representante de la etapa posterior del pensamiento oficial del régimen chino,
acuñado bajo la formulación oficial de la denominada “Triple Representatividad” (Xiaomei 2018, p.
150). Esta renovación política modificó elementos que habían sido centrales desde tiempos de Mao,
como el concepto de dictadura del proletariado o la lucha de clases (Bregolat, 2008, p. 50).
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El pensamiento de Jiang Zemin se ubica alrededor de cuál es la función que desempeña el PCCh,
considerándolo un modelo de representación del bien común, la cultura y las fuerzas productivas de la
sociedad china (Xiaomei, 2018, p. 151). En él se dejó de hablar de clases sociales, sustituyéndolo por
estratos sociales, lo que dio al régimen chino una mayor flexibilidad, permitiendo la inserción en el PCCh
de empresarios surgidos de las reformas económicas (Bregolat, 2008, p. 50-51).
Con esto hubo una ruptura con la doctrina marxista, que sostenía que el motor de la historia
siempre ha sido la lucha de clases, tal y como contemplaba el Manifest der Kommunistischen Partei, al
defender la célebre premisa grabada en las bases de esta corriente de pensamiento, por la cual “Die
Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen” (Marx, 1848).
El concepto de clases fue recogido de un borrador de Marx, quien esperaba redactar su versión
definitiva cuando se diesen los cambios sociales que él preveía, y que fue publicado póstumamente por
Engels al final del libro tercero de El Capital (Marx, 2009ª, p. 10); en el que Marx, expuso un bosquejo
de tres clases conforme al origen de su fuente de ingresos, basada en su método de producción:
asalariados, del salario adquirido de su fuerza de trabajo; capitalistas, de las ganancias obtenidas de su
capital; y terratenientes, de las rentas recabadas de la propiedad de sus tierras (Marx, 2009b, p. 11231124).
En cualquier caso, la clasificación de Marx se muestra incompleta, reconociendo el propio autor,
cómo la existencia de infinitos intereses y posiciones dentro de las clases anteriores, provoca la
interminable aparición de estas (Marx, 2009b: 1124). Frente a ellos, a través de diversos escritos
encontramos el lumpenproletariado o el proletariado andrajoso, cuyas condiciones de vida le mantienen
ajeno a la revolución (Marx, 1848) y que Marx identificaba con lo que los franceses denominaban la
bohéme, es decir:
Neben zerrütteten Roués -Wüstlingen- mit zweideutigen Subsistenzmitteln und von zweideutiger
Herkunft, neben verkommenen und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie Vagabunden,
entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner,
Gaukler,

Lazzaroni,

Bordellhalter,

Taschendiebe,

Lastträger,

Literaten,

Taschenspieler,
Orgeldreher,

Spieler,

Maquereaus

Lumpensammler,

-Zuhälter-,

Scherenschleifer,

Kesselflicker, Bettler, kurz, die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die
die Franzosen la bohème nennen. (Marx, 1852)

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Atendiendo a los grupos expuestos, se observa cómo la clasificación de las clases responde, desde
la esfera jurídica, a la propiedad que tiene el individuo sobre los medios de producción, siendo este el
elemento condicionante del resto de relaciones sociales, contrarios por la disparidad de estados que
llevarán a la lucha de los individuos por la incompatibilidad de intereses existentes (Roll, 1955, p. 266267).
La clasificación por estratos de Jiang Zemin provocó una evolución social del PCCh, y una
restitución histórica con los efectos nocivos que arrastraba el país desde la Revolución Cultural. Previo
a estos incidentes la nación se había desarrollado bajo la idea del “frente unido”, razón por la que los
miembros de la burguesía habían sido respetados, gracias a la ayuda prestada a la causa revolucionaria
(Lin, 2006, p. 112).
Por este motivo, la maniobra de Jiang Zemin buscaba retornar a esa unidad, en beneficio del
conjunto de China, teniendo por meta unificar a todos los estratos sociales del país, para lograr un país
fuerte y próspero (Bregolat, 2008, p. 53). Esta era una de las claves de su política, por la cual el PCCh
representaba a la cultura china, los intereses principales de su pueblo y sus empresarios (Rodríguez, 2006,
p. 168).
En conjunto, esta política estaba destinada a conseguir que el PCCh, “la piedra angular del
sistema” (Jiang, 2002, p. 14) se mantuviese como vanguardia social, no exclusivamente de la clase
trabajadora, sino de toda la población (Jiang, 2002, p. 7), canalizando el entusiasmo y las iniciativas de
emprendimiento (Jiang, 2002, p. 20), mientras se producía la apertura y consolidación de la economía de
mercado socialista (Jiang, 2002, p. 7).
Jiang Zemin mantenía la posición de internacionalización y desarrollo iniciado por Deng
Xiaoping, junto con un retorno al tradicionalismo marxista-leninista. Asimismo, su pensamiento
rescataba las ideas de Lenin en su obra “¿Qué hacer?”, donde no solo bastaba autodenominarse
vanguardia, sino que era necesario que se obrase como tal, para lo que era necesario exactamente una
política de vanguardia, cumpliendo con la máxima leninista por la cual no puede haber un movimiento
revolucionario sino hay teoría revolucionaria (Lenin, 2010, p. 40).
El PCCh debía ser la vanguardia del pueblo y del propio Partido (Jiang, 2002, p. 25) pero
adaptándose a los nuevos tiempos, defendiendo la posición expuesta por Deng Xiaoping al decir que:

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Si un partido, un país o una nación se apega a los dogmas, actuando por un pensamiento
anquilosado, y es superado por la superstición, no podrá nunca avanzar, morirá su esperanza de
vida, y tanto el partido como el país estarán condenados (…) solo emancipando la mente,
perseverando en la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, actuando de acuerdo a la realidad
y vinculando la teoría con la práctica, nuestro impulso de modernización socialista podrá
funcionar sin problemas, y las teorías de nuestro partido, basadas en el marxismo-leninismo y el
pensamiento de Mao, podrán desarrollarse sin problemas. (Jiang, 2002, p. 27-28)
No bastaba con que el Partido constituyese el elemento de control del Estado, sino que debía
cumplir eficazmente librándose de los dogmas que se lo impidiesen. Una dinámica continuista y agravada
hasta la actualidad.
La Concepción Científica del Desarrollo de Hu Jintao
Hi Jintao es el creador del pensamiento denominado Desarrollo Científico, generado durante su etapa
como secretario general del PCCh -2002 a 2012- y presidente del gobierno de RPCh -2003 a 2013-,
presentado como vía reflexiva con la que buscar solución a las contradicciones internas generadas en el
país debido a su éxito económico, con lo que perseguía conseguir “una sociedad moderadamente
próspera” (Xiaomei 2018, p. 151).
La política de Hu Jintao, al igual que ocurrió con Jiang Zemin, se apoyó en la labor de profesores
universitarios como Wang Huning (académico de la Universidad de Fudan) y Li Jinru (miembro de la
Academia de Ciencias Sociales de Shanghai), que acuñaron la triple representatividad y otros eslóganes
para el PCCh (Noesselt, 2016, p. 174). Tras la elección de Hu Jintao, la idea de la triple representatividad
-un concepto originalmente elitista-, comenzó a ser aplicada de forma populista al cambiar el énfasis
entorno a las fuerzas productivas sociales en favor de la expresión de los intereses generales de la
población (Duchâtel y Godement, 2009, p. 8); fundándose en la obtención del crecimiento económico,
pero no a cualquier precio. Su objetivo principal era ayudar a los desfavorecidos y lograr una sociedad
próspera y armoniosa para el año 2020 (Bregolat, 2008, p. 148-149).
Se trataba de no agrandar la brecha social existente en China para que pudiese continuar el avance
del país, deteniendo el crecimiento de las diferencias y la ineficiencia que estas podían crear. Asimismo,
Hu Jintao amplió en 2005 el concepto de “sociedad armoniosa” a “mundo armonioso”, siendo la primera
manifestación de las aspiraciones de RPCh a la gobernanza global (Gottwald, 2016, p. 128). Esta visión
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.

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encajaría con la postura que mantenía en el siglo XIX Proudhon, quien consideraba que el uso pleno de
las capacidades de una sociedad exclusivamente podía darse cuando están en equilibrio todas las fuerzas
que la componen (Roll, 1955, p. 250).
Gráfico 1.
Evolución demográfica china 1990-2015.
1600
1400

Población en millones

1200

1135

1178

1218

1253

1280

1304

1325

1338

1357

1371

26

10

2013

2015

1000
800

751
667

508

600

504
406

400

241

196

150

200
0

1990

1993

1996

1999

2002

2005

Población china en situación de pobreza

2008

2010

Población total

Fuente: Información obtenida del Banco Mundial (2022).
Desde 1990 prácticamente 800 millones de personas han abandonado la pobreza. En 2009, más de
825.000 personas disponían de media 1,5 millones de dólares, y unas 51.000 contaban con 14,7 millones
de dólares (Bloomberg News, 2009), a finales de 2011 el país tenía 7.905 multimillonarios (un 78% más
que en los cuatro años anteriores) (Burn-Murdoch, 2012) y en 2017, 55 personas se convirtieron en
archimillonarias (The New York Times, 2018).
Su población ha aumentado hasta los 1.400 millones en 2018, al igual que ha ocurrido con el PCCh, que
ha visto crecer sus filas en las últimas décadas, en la siguiente proporción:

212 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 9, Núm. 17, enero - junio 2023 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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Gráfico 2.

2500

80

1936

2000

1989

2048

2114
73.0

66.0
1512

1510

70
60

1600
58.0

1500

50

51.0

1249
46.0

1026

40

39.7

1000

30

35.0
28.0

544

Miembros del PCCh (millones de personas)

Delegados del PCCh (miles de personas)

Evolución del PCCh (1945-2007).

20

22.0

500

10

10.7
0

1.2

0

7ºCongreso 8ºCongreso 9ºCongreso 10ºCongreso 11ºCongreso 12ºCongreso 13ºCongreso 14ºCongreso 15ºCongreso 16ºCongreso 17ºCongreso
(1945)
(1956)
(1969)
(1973)
(1977)
(1982)
(1987)
(1992)
(1997)
(2002)
(2007)
Delegados

Miembros

Fuente: Información obtenida de la página web del periódico del PCCh.
El crecimiento del número de miembros del PCCh es reflejo del aumento demográfico experimentado
por China durante todo el siglo XX, que pasó de una población aproximada de 667 millones en 1960,
primer año del que hay registro en la cuantificación realizada por el Banco Mundial (2022) a algo más
de 943 millones en 1977, 1.318 millones en 2007, y 1.393 millones en 2018.
Por otra parte, se considera que el liderazgo del PCCh, tradicionalmente en poder de ingenieros, se ha
flexibilizado, descentralizado en la figura de otros profesionales, principalmente abogados,
emprendedores y aquellos que han estudiado en universidades extranjeras, como medio para ampliar la
capacidad de guía del Partido (Duchâtel y Godement, 2009, p. 7). Por ello, la concepción científica del
desarrollo estaba concentrada en el crecimiento coordinado y sostenible del bienestar de la población, a
través de la indiscutible dirección del PCCh, con la inclusión de nuevos perfiles profesionales en la
cúpula de este.
A pesar de la presencia omnímoda del PCCh, se estaba produciendo una despolitización de la ciudadanía,
fundamentalmente entre los jóvenes, que estaba llevando a un vacío ideológico, aunque sin que ello

Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.

213

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supusiese una pérdida de apoyo hacia el gobierno, temido y admirado, pese a sus imperfecciones
(Tamames y Debasa, 2013). Como resultado de esta situación, Hu Jintao proclamó en marzo de 2006,
en un acto de paternalismo estatal, la nueva moral del Partido conocida en español como “Ocho honores
y ocho deshonras”, con la finalidad de dotar de una guía ética a la sociedad por medio de las siguientes
máximas:
1. Ama el país; No hagas daño.
2. Sirve a la gente; no perjudiques.
3. Sigue a la ciencia; rechaza la ignorancia.
4. Se diligente; no indolente
5. Estemos unidos, ayudémonos unos a otros; no hagas ganancias a expensas de otros.
6. Sé honesto y confiable; No niegues la ética para obtener ganancias.
7. Sé disciplinado y respetuoso de la ley; No seas caótico y anárquico.
8. Vive con sencillez, lucha duro; no te ciegues por lujos y placeres (Xinhua, 2006).
Las peculiaridades chinas de Hu Jintao pueden resumirse a partir de su informe presentado en el
dieciocho Congreso Nacional del PCCh, donde si bien pudo reconocerse la senda teórica de sus
predecesores y la preminencia del Partido en el conjunto del país, estructuró la vía destinada a la
consecución del socialismo sobre cuatro principios fundamentales: 1) desarrollo y emancipación de las
fuerzas productivas de la sociedad; 2) construcción de una civilización ecológica socialista, una cultura
avanzada, una economía de mercado y una política democrática; y 3) promoción del desarrollo humano,
con la finalidad de conseguir la prosperidad común de toda la población china, con el propósito de crear
un país socialista armonioso, civilizado, democrático, moderno, poderoso y próspero (Hu, 2012).
El socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época de Xi Jinping
Xi Jinping, considerado como el político más poderoso que conoce RPCh desde Mao Zedong, es un
continuador de las reformas iniciadas por Deng Xiaoping (Márdero Jiménez, 2017, p. 857). El 15 de
noviembre en el marco del dieciocho Comité Central del PCCh, fue nombrado su secretario general y
presidente de la Comisión Militar Central del Partido (Wong, 2012), siendo elegido el 14 de marzo de
2013 a su vez como presidente de RPCh, durante la celebración de la doce Asamblea Popular China
(Buckley, 2013).

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El ascenso de Xi Jinping marca una nueva etapa en la política de su país, dando continuidad a la
tradición del PCCh, apoyado por su defensa a ultranza del mismo. Si bien el Partido se limita al liderazgo
ideológico, político y organizativo, es percibido como el rector de la sociedad, de acuerdo con lo
expresado durante el diecinueve Congreso del PCCh: “Partido, gobierno, militares, civiles, académicos;
este, oeste, sur, norte y centro, el partido dirige todo" (Tiezzi, 2019).
Se podría creer que trata de continuar el pensamiento de Jiang Zemin, readaptado en lo que se ha
denominado “las tres responsabilidades de la dirigencia”, es decir, el PCCh es el encargado de dirigir al
conjunto de la nación, el pueblo y el Partido, siendo a su vez responsable ante los mismos (Navarrete,
2013, p. 49); pero su origen se remonta a las ideas de influencia maoísta y soviética, de control a través
de relaciones de dominación (Trevaskes, 2019, p. 254).
Bajo esta premisa se da una ruptura del proceso de separación entre el Partido y las instituciones
de gobierno, que venía siendo alentado por los predecesores de Xi Jinping, dándose una reversión dirigida
a la reunificación (Stephan y Muscat, 2018); siendo un retorno al tradicionalismo marxista-leninista,
donde el Partido representa el centro de todo el sistema, sin que exista nada por encima del mismo.
De acuerdo con la última versión de los Estatutos del PCCh, aprobados en el diecinueve Congreso
del PCCh, celebrado en Beijing el 24 de octubre de 2017, se establece un triple campo de acción: 1) El
PCCh es vanguardia de la clase obrera y el pueblo chino; 2) Representa el núcleo dirigente de la causa
del socialismo; 3) Su propósito superior es la consecución del comunismo, que solo será posible si la
sociedad se desarrolla en su plenitud (Xinhua, 2017).
El PCCh sigue indudablemente liderando la sociedad, guardián y constructor del ideal socialista
impulsado por la economía diseñada por Deng Xiaoping, favorecido por el proceso de deslocalización
de la industria occidental de las últimas décadas, que ya había advertido Lenin ante la descarga del trabajo
agrícola e industrial de occidente en otros países, como vía a alcanzar “la emancipación económica y,
más tarde, política de las razas de color” (Lenin, 2016, p. 143), y por el apoyo a un eficaz sistema de
control de la población potenciado por los adelantos tecnológicos, sirviendo de ejemplo los dos millones
de cámaras de vigilancia instalados en la ciudad de Chongqing, donde hay una cámara por cada seis
personas (Campbell, 2019).
Ante los cambios productivos y el desarrollo social, Xi Jinping ha promovido la disciplina del
Partido, recriminando los denominados “cuatro hábitos malsanos” -burocracia, derroche, formalismo y
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.

215

�García-Vázquez, B.

hedonismo-, buscando la pureza del mismo, para ser en todo momento marxista (Xi, 2017); lo que podría
interpretarse como una actualización del movimiento contra los tres males identificados por Mao en 1952
-burocracia, corrupción y despilfarro-, contra los pequeños y grandes tigres, calificativo con que se
apodaba a los delincuentes -depredadores- del erario público, y que es empleado en la actualidad en los
discursos de Xi Jinping.
El diecinueve Congreso permitió presentar la idea del presidente Xi para la consecución del
socialismo a partir de 2020, distinguiéndose dos etapas: la primera, hasta 2035, estará centrada en
perfeccionar el pensamiento de Hu Jintao, en virtud de la creación de una sociedad que consiga ser
moderadamente próspera; la segunda, hasta 2050, más ambigua, está planeada para convertir China en
un país avanzado, próspero y democrático (Xiaomei 2018, p. 152).
Xi Jinping es consciente que el gran problema que afronta su país -y la interpretación autóctona
del socialismo- es la contradicción existente entre las exigencias de su población demandando mejores
niveles de vida ante un crecimiento desequilibrado (Xi, 2017). No puede consolidarse el proyecto chino
si no se consigue dar solución a la disparidad existente entre los multimillonarios, beneficiados por el
aperturismo económico, y las personas que se encuentran como mano de obra en condiciones de cuasi
esclavitud.
Consecuente con esta realidad, Xi Jinping proclamó “las cuatro conciencias” que ha de cumplir
el PCCh, para reforzar su capacidad de administración “sobre la política, los intereses generales, el núcleo
dirigente y el alineamiento”; y complementariamente “las cuatro integralidades”: consumar la
construcción de una sociedad modestamente acomodada; profundización de la reforma; gobernar el país
de acuerdo con la ley; y conseguir una disciplina rigurosa en el PCCh (Xi, 2017).
Para alcanzar estas metas, en el marco del XIX Congreso se expusieron “las cuatro convicciones”
-camino, teoría, sistema y cultura- que ha de mantener el PCCh en la vía socialista (Xi, 2017).
Garantizando estas líneas de pensamiento en el Partido, se pretende evitar el abandono de las doctrinas
marxistas, sin degenerar en la osificación ideológica, con el compromiso para conseguir la culminación
del socialismo chino.
Aunque la mayor parte de la población china considera el comunismo como el nombre del partido
de gobierno y no como un ideal que alcanzar (Westad, 2019: 91), si se es consecuente con el pensamiento

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sostenido por los principales líderes del PCCh, tendría que replantearse la visión internacional respecto
de la política china como verdaderamente socialista.
RPCh ha mantenido e incrementado progresivamente los lineamientos de Deng Xiaoping,
encontrándonos hoy con la política del “desarrollo pacífico”, formalizada durante el gobierno de Hu
Jintao, el 22 de diciembre de 2005 (Rocha Pino, 2006, p. 694), con el propósito de explicar el crecimiento
de China, como una oportunidad pacífica y no amenazante para la comunidad internacional, sin que ello
supusiese una renuncia a los derechos y responsabilidades del país asiático como nueva potencia mundial
(Rocha Pino, 2006, p. 706).
Su origen se remonta al Tratado de Panchsheel, firmado el 29 de abril de 1954 entre RPCh y la
República de India, en el que se establecieron los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, destinados
a garantizar la paz entre ambos países por la disputa territorial del Himalaya, por medio de la formulación
de 5 principios: (1) respeto mutuo por la soberanía e integridad territorial de cada Estado; (2) no agresión
entre países; (3) no injerencia en los asuntos internos de cada uno; (4) beneficio e igualdad mutuo, y; (5)
coexistencia pacífica.
Xi Jinping sustentó esta vía desde antes de ser presidente de China, como se pudo apreciar durante
su etapa de vicepresidente en una visita efectuada a México en 2009, en la que dio muestras de la postura
que tenía respecto de la posición que ocupa su país en el mundo:
En medio de la crisis financiera internacional, China pudo resolver el problema de alimentar a
sus 1.300 millones de personas, siendo esta nuestra mayor contribución a la humanidad (…)
algunos extranjeros, con sus estómagos llenos y sin nada mejor que hacer nos señalan con el dedo
(…) primero, China no exporta revolución; segundo, no exporta hambre y pobreza (Blanchard,
2012) ni causa dolores de cabeza (Moore, 2009); y tercero, no te hace perder el tiempo. Entonces
¿qué más se puede decir?. (Blanchard, 2012)
En el seno del PCCh se ha exhortado al empleo del marxismo como elemento de guía por el
propio Xi Jinping (Observatorio de la política china, 2013), como expresó durante el 200º aniversario del
natalicio de Karl Marx, al abogar por la necesidad de continuar aprendiendo de su pensamiento
(Observatorio de la política china, 2018); pero en la realidad social se ha originado una situación
contradictoria (aunque minoritaria) con la detención de estudiantes chinos autodenominados marxistas y

Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.

217

�García-Vázquez, B.

maoístas, que han apoyado protestas por la mejora de condiciones laborales de obreros en la ciudad de
Huizhou (Hernández, 2018).
El Partido y su dirección mantienen el ideal de culminación de una nueva sociedad, la socialista,
pero en su propia percepción, sin permitir la irrupción de cualquier doctrina que contradiga su posición.
Reconociendo la falta de experiencia de comprensión de funcionamiento de un gobierno por Marx y
Engels, la incapacidad de abordar esta cuestión por Lenin (dada su pronta defunción pocos años después
de la revolución de octubre) y los errores cometidos por la URSS, ha hecho que el PCCh, en opinión de
Xi Jinping (2014), haya acumulado una vasta experiencia (aprendiendo de los errores del pasado)
mejorando su capacidad de gobierno mediante las reformas y el aperturismo.
Como decía Mao Zedong, “las cosas se desarrollan sin cesar” refiriéndose a cómo China había
cambiado entre 1911 y 1956, agregando que “al cabo de otros 45 años, esto es, para el año 2001, a
comienzos del siglo XXI, China habrá experimentado cambios aún mayores. Será un poderoso país
industrial socialista” (Mao, 1977); como efectivamente demostró el ingreso del país a la Organización
Mundial del Comercio ese mismo año.
Ahora bien, en el caso de tomar por cierto el convencimiento actual, si China se haya hoy en la
denominada primera etapa del socialismo, teniendo en cuenta su proyección centenaria, Bregolat (2008,
p. 33) sitúa hipotéticamente el final de esta etapa en torno a 2050; y si posteriormente fuese continuada
por un ciclo intermedio y avanzado, el establecimiento del comunismo sería entre los años 2300 o 2400.
De acuerdo con esta reflexión, se trata de un plan a muy largo plazo, difícil de garantizar y de
cumplir, demasiado alejado como para considerarlo creíble, no solo por su amplitud cronológica, sino
porque China no es el único país que conforma un mundo en el que la mayoría de los actores
internacionales no comparten sus aspiraciones futuras.
3.-MÉTODO
Diseño
La investigación ha empleado una metodología cualitativa, por medio del análisis del discurso de los
dirigentes comunistas, sucesores de Mao Zedong: Deng Xiaoping, el iniciador de las reformas
económicas y el aperturismo internacional de RPCh; Jiang Zemin, un punto de transición entre la anterior
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política comunista ante la nueva era capitalista; Hu Jintao, un líder moderado; y Xi Jinping, que ha
logrado eclipsar a sus predecesores. La interpretación de sus escritos, contenidos en las obras
seleccionadas de estos mandatarios, se ha practicado con la finalidad de delimitar los aspectos centrales
que han configurado cada periodo de evolución del socialismo en las diferentes presidencias de RPCh.
Instrumentos
Para la construcción de la base de datos, se han consultado las obras seleccionadas de los principales
dirigentes chinos que sucedieron a Mao Zedong en la posición de máximo director del Estado chino, que
han sido publicadas por la editorial Lenguas Extranjeras, como exponentes de la construcción de esta
interpretación genuinamente original del socialismo adaptado a las características de RPCh, unido a la
labor de reconocidos especialistas en la materia.
Procedimiento
El sistema empleado ha respondido a la revisión documental de los cuatro lideres de RPCh posteriores a
Mao Zedong, con el propósito de identificar aquellas ideas y razonamientos expresados por los dirigentes
chinos, empleando como sustento interpretativo el aporte académico, con el objetivo de exponer los
elementos sobre los cuales se ha construido el socialismo con características chinas, como cuerpo
ideológico del PCCh.
4.-CONCLUSIONES
El pragmatismo concebido por Deng Xiaoping con su máxima destinada a primar la eficacia de cazar
ratones de un gato, antes de juzgar cuestiones banales como el color de su pelaje, ha impregnado el PCCh,
logrando una dictadura formada por un cuerpo ideológico flexible y mutable de acuerdo a las exigencias,
pero crítico con su pasado sin caer en revisionismos; con lemas que van surgiendo para explicar los
cambios de dirección política con la elección de cada nuevo dirigente, aunando la ideología derivada del
pensamiento de Marx, Lenin y Mao, sin incurrir en fundamentalismos, y sumando a ellos el diálogo con
el pensamiento tradicional chino, atendiendo a la propia naturaleza social del país, fundado en unos
valores de mérito, orden y armonía, sin que ello obstaculice el convencimiento de sus líderes por la
defensa a establecer el comunismo en China, y garantizar sus intereses nacionales en el mundo.
Los éxitos económicos alcanzados y la disminución de la pobreza, podrían hacer pensar
erróneamente que el PCCh olvidaría sus principios y perdería su objetivo final, hasta modificar su
Elementos clave del socialismo con características chinas: desarrollo intelectual hasta el mandato de Xi Jinping.

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estructura interna, con cambios políticos que le condujesen a una transición hacia la creación de una
democracia parlamentaria. Esta situación está lejos de producirse, por las contradicciones que se dan al
defender desde el Partido el estudio del marxismo, la represión de cualquier elemento discordante con
los axiomas y la interpretación oficial, y por el desinterés y despolitización de la sociedad china, salvo
por la élite en el gobierno, que vela por la misión de sus predecesores.
Jiang Zemin alteró la línea oficial, alejándose de conceptos clave del marxismo, huyendo de
cualquier posición cuya rigidez se interpretase como dogma, con la misión de favorecer la incorporación
de sectores que tradicionalmente quedaron excluidos de la vida política china, como ocurría con los
empresarios, al objeto de representar las nuevas condiciones del país asiático. Con Hu Jintao, el Partido
comenzó a ver cambios entre sus líderes, algunos de los cuales provenían del mundo del emprendimiento.
A su vez, consciente de los cambios económicos y el desarrollo que vivía la población, temía la irrupción
de notorias desigualdades en un sistema que pretendía no dejar a nadie atrás, razón por la que abogaba
por las mejoras equilibradas y sostenidas, sin permitir que todo acto destinado al crecimiento estuviese
legitimado. Xi Jinping ha mantenido una línea continuista sobre el particular, con campañas destinadas
a combatir los excesos del personal al servicio del sistema, sin olvidar nunca que la meta última del
Partido es la consecución del socialismo.
Nunca ocurrió un fin de la historia como vaticinó Fukuyama con la desaparición de la URSS.
Actualmente nos encontramos en un periodo de nueva guerra fría con características chinas, determinada
por la ambigüedad y la practicidad en su fundamentación discursiva frente a los valores promovidos por
el rival geopolítico que representa EE. UU., con unos resultados económicos visibles desde RPCh, que
presentan en conjunto una alternativa de modelo político al American Way of Life en forma de Chinese
Way of Life.
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Comunicación, crisis política y movilización social en
América Latina (2019-2021)
Communication, political crisis and social mobilization in Latin America (2019-2021)
Luis, Olivera Cárdenas1

Si hay un término que suele caracterizar nuestra América Latina en los últimos años es el de crisis. Crisis
en distintas esferas, económica, política, social frente a las que nuestros estados y sociedades han
procurado respuestas que, en el mejor de los casos, han aliviado algunos de los síntomas de las crisis,
pero que definitivamente no han atacado las causas y no se enrumban a desterrarlas.
En medio de este escenario, a inicios de 2020 llegó a nuestro continente la pandemia de la COVID
19. Crítica prueba para nuestros estados y sociedades que reveló más debilidades que fortalezas. Este
elemento ahondó y diversificó la crisis que ya arrastrábamos. Una de las dimensiones más complejas de
este contexto de crisis es el de la comunicación. Comunicación en sus diversas y complejas esferas, no
solamente lo que hacen o dejan de hacer los medios tradicionales.
La presente entrega de la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía aborda la temática
de comunicación y crisis. Los 14 artículos de este número abordan desde muy diversas perspectivas
ambas dimensiones y ubican sus análisis en muy variados contextos.
Alejandra Gabriela Jiménez-Ovando y Claudia Cadavid-Echeverri abordan el uso de las redes
sociales de siete influencers en medio de la crisis política post electoral de Bolivia en octubre de 2019
siendo uno de sus principales hallazgos la adjetivación negativa a Morales, así como que las temáticas
relacionadas con él denotan lo violento mientras lo opuesto es lo pacífico.
A partir de una profunda revisión bibliográfica dentro de los estudios de género y los estudios
políticos y de movimientos sociales, Daniel, Peña-Serret, desde el análisis de tres movimientos sociales
en México, aborda la manera de tratar estas crisis por parte del presidente y delinea lo que serían las
pistas que el gobernante emplea para manejar estas situaciones: i) desacreditar toda movilización de
disenso político e inconformidad, a partir de estigmatizar a sus protagonistas; ii) dilatar las respuestas
1

Candidato a Dr. en Ciencia Política / Relaciones Internacionales en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Magíster en Administración
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Profesor-Investigador del Departamento Académico de Comunicaciones en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Email: lolivera@pucp.edu.pe Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1554-4022
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gubernamentales efectivas para resolver los conflictos generados, ante la ineficacia para instrumentarlas;
iii) desplazar el foco de la agenda y discusión pública de los asuntos colectivos, hacia el ámbito dirigido
y controlado políticamente de los medios públicos y convertirlos en objeto de controversia entre “bandos
políticos”; y, iv) manipular la opinión pública, acosando al periodismo crítico y sirviéndose del aparato
estatal de medios públicos para promover una imagen favorable al presidente y al partido gobernante.
Roberto Macedo Gondo y Lígia De Morais Oliveira, empleando herramientas cuantitativas
desarrollan una investigación a nivel nacional en Brasil sobre las percepciones del gobierno en los años
2019 y 2020. El estudio identifica un creciente descontento hacia el gobierno federal brasileño por sus
medidas, supuestamente, orientadas a combatir la pandemia y a estimular el crecimiento económico.
Analizar la colaboración y la cooperación académica de los Cuerpos Académicos Consolidados
-CAC y en Consolidación -CAEC de la UANL es el trabajo descriptivo-explicativo elaborado por
Angélica Vences-Esparza, Irma María Flores-Alanís y María Guadalupe Rodríguez-Bulnes.
Gabriela Mata-Sánchez se plantea explorar la relación entre el consumo de alcohol y el índice de
desarrollo humano -IDH en los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y
comparar dicha tendencia con las economías desarrolladas. Aparentemente, el consumo de alcohol ha
crecido en países emergentes al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de sus habitantes, tendencia
que es distinta en los países desarrollados. Se constata la influencia del desarrollo económico en el
incremento de consumo de alcohol en países emergentes.
La investigación desarrollada por Antonio Oñate-Tenorio y Práxedes Muñoz-Sánchez como un
estudio exploratorio realizado en Cádiz sobre la relación entre la crisis de 2008 y el Estado de bienestar,
concluye que la crisis económica no fue la causa, sino la excusa para justificar la crisis del Estado de
bienestar, y enfrenta desafíos de índole político que cuestionan su razón de ser en eficacia y legitimidad.
El artículo elaborado por Carlos Franco-Castellanos busca analizar, desde una perspectiva
teórico-normativa, la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico-penal mexicano para que sean
identificadas áreas de oportunidad que tributen a su perfeccionamiento de lege data y de lege ferenda.
Se ha constado que el diseño previsto para la justicia restaurativa presenta insuficiencias normativas que
impiden su uso cotidiano como mecanismo de acceso a la justicia penal, junto al desconocimiento de sus
modelos teóricos, principios y naturaleza
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El estudio titulado “Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en
conflictos sociales” elaborado por Francisca Castro Álvarez señala que la mediación comunitaria, no es
un método que no puede llevarse como un proceso judicial convencional, ya que no existe una ley
comunitaria como tal para aplicarse en este contexto, siendo necesario que se ciudadanice la justicia a
través de la mediación comunitaria.
Con el objetivo de realizar un análisis de las amenazas que tiene el ciudadano desde la perspectiva
de los derechos civiles del ciudadano, William Alfredo Sierra Gutiérrez desarrolla una argumentación
partiendo de constatar que –en Colombia–, el rol de la policía nacional dentro de la protesta social se
desconecta del fin último de la fuerza pública, que es brindar seguridad y garantías a la población civil.
Por ello, se plantea una evolución de los derechos civiles de los ciudadanos para garantizar su derecho a
una manifestación libre y espontánea.
Ana María Venero Vásquez y Victoria Puente de la Vega Aparicio desarrollan un análisis sobre
la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco como institución universitaria socialmente
responsable y su relación con las partes interesadas, internas y externas.
El artículo de Wendy Marilú Sánchez-Casanova, describe el trueque como una práctica solidaria
que facilita el proceso de aprendizaje para convertirse en un ciudadano-consumidor, poniendo la
conciencia crítica en cada decisión sobre cómo adquirir bienes y servicios. El trueque incentiva la
sustentabilidad, ya que el cruce de bienes con vida útil resiste la obsolescencia planificada y percibida.
Luis De Moya, Luis Candanosa, Elkin Gutiérrez y Hamudy-Fabian Quintero De Moya
desarrollan en su artículo una estrategia compuesta por recursos selectivos, diseñados teniendo en cuenta
las características inherentes en los estudiantes objeto de investigación y condiciones claves para
determinar variables específicas para establecer un adecuado campo de acción en la aplicación de la
estrategia pedagógica.
El artículo “Entre lo bestial y lo sagrado: discursos esencialistas y reacción neoconservadora en
Latinoamérica” aborda las tensiones presentes en ciertos discursos provenientes de sectores
neoconservadores liberales y religiosos en nuestra región. Hernán Caneva y Fabiana Parra buscan

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mostrar, por una parte, los supuestos esencialistas de estos discursos; y por otra, mostrar los efectos
negativos que estas construcciones discursivas implican.
Hugo Sánchez-Gudiño se propone realizar un balance crítico de la Estrategia de Comunicación
Política del presidente López Obrador frente a los colectivos Encapuchados Anarcos y Feministas
Separatistas que demandaban el cese a la violencia en contra de las mujeres y un alto al feminicidio. El
artículo concluye que los colectivos mencionados y sus banderas de lucha se han convertido en un
crucigrama difícil de resolver para el gobierno.
El presente número contiene 14 colaboraciones provenientes de siete países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, España, México y Perú. Los autores nos muestran un crisol de aproximaciones a los
diversos temas de las comunicaciones en el marco de una crisis. Ponemos a su disposición y
consideración un conjunto que textos que ayudan a enriquecer nuestro entendimiento de la crisis y del
papel de la comunicación. Esperamos que los académicos que consulten esta edición puedan encontrar
información y análisis que les sea de utilidad en sus propias indagaciones y reflexiones.

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¿Politización de los influencers durante la crisis política
post electoral en Bolivia?1
Politicization of influencers during the post-electoral political crisis in Bolivia?
Alejandra Gabriela, Jiménez-Ovando2; Claudia, Cadavid-Echeverri3

RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión documental digital cuyo objetivo consistió
en describir el uso de las redes sociales de siete influencers en medio de la crisis política
post electoral de Bolivia en octubre de 2019. Los pilares teóricos para el presente son
redes sociales digitales, Democracia 2.0, campaña permanente y polarización política. En
cuanto a la metodología se aplicó el análisis de contenido como método cuantitativo.
Como uno de los principales hallazgos se encontró la adjetivación negativa a Evo Morales,
al igual que las temáticas relacionadas con el mismo denotan lo violento mientras lo
opuesto a este es lo pacífico. En este sentido, se concluyó que los influencers estudiados
al tener acceso y amplio conocimiento respecto a las redes sociales digitales amplificaron
sus discursos con contenidos políticos, como parte de una campaña permanente en contra
de Morales, bajo una lógica de polarización ideológica a través del uso de adjetivos y
diversos recursos narrativos.
Palabras claves: Bolivia, crisis política, politización, influencers, redes sociales.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 30/11/2021
Fecha de revisado: 15/12/2021
Fecha de aceptado: 14/4/2022

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This article is the product of a digital documentary review whose objective was to describe
the use of social networks of seven influencers during the post electoral crisis in Bolivia
in October 2019. The theoretical pillars for the present are digital social networks,
Democracy 2.0, permanent campaign, and political polarization. In terms of the
methodology, content analysis was applied as a quantitative method. As one of the main
findings was found the negative adjective to Evo Morales, as well as the related themes
denote the violent while the opposite to this is the peaceful. In this sense, it was concluded
that the studied influencers having access and extensive knowledge regarding digital
social networks amplified their discourses, as part of a permanent campaign against
Morales, under a logic of ideological polarization using adjective and various narrative
resources.
Keywords: Bolivia, political crisis, politicization, influencers, social networks.

Cómo referenciar este artículo:
Jiménez-Ovando., A., G. &amp; Cadavid-Echeverri., C. (2022). ¿Politización de los influencers durante la crisis política post
electoral en Bolivia? Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 1-23. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-1

Este artículo es producto del proyecto “Generación Pitita ¿Acción colectiva o política tradicional de oposición?”, financiado por FLACSO – Ecuador.
Iniciado en 2020 y finalizado en 2021.
2
Maestrante en Comunicación y Opinión Pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO. Email: alita.jovando@gmail.com.
ORCID: 0000-0002-5940-0426
3
Maestrante en Comunicación y Opinión Pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO. Email: cpatricia.cadavid@udea.edu.co.
ORCID: 0000-0003-0205-120X
1

1 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Jiménez-Ovando., A., G. &amp; Cadavid-Echeverri., C.

1.- INTRODUCCIÓN
Tras los comicios electorales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia se desató una crisis política que dejó
como consecuencias alrededor de 35 muertos, 833 heridos y 1504 arrestados (Defensoría del Pueblo,
2019) y además la renuncia del entonces presidente Evo Morales Ayma tras un mandato de 14 años.
Los resultados preliminares de las elecciones mostraban nuevamente una victoria para Morales.
Sin embargo, un comunicado posterior de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunciaba
la posibilidad de un fraude electoral, lo que dio inicio a una ola de protestas tanto por parte de quienes
aseguraban que existió dicho fraude, como por aquellos que apoyaban la victoria de Morales.
Fueron 21 días de protestas, vigilias en las calles, enfrentamientos, conferencias de prensa,
asambleas y cabildos, que mostraban que tanto la política institucional, como la política de la calle se
encontraba en medio de un proceso de convulsión. Sin embargo, en esta ocasión se contaba con una
nueva característica, el uso de las redes sociales y la “politización” de nuevos personajes, “conocidos
recientemente en la literatura académica como influencers” (Martínez &amp; González, 2018, p. 20)
Estos personajes, quienes con anterioridad a esta crisis política ya contaban con basta presencia
en redes sociales, se mostraron como “una versión actualizada del líder de opinión tradicional” (Martínez
&amp; González, 2018, p. 20) quienes además de posicionar su marca ─personal- en medio de la crisis política
mediante distintas plataformas digitales (Facebook, Twitter e Instagram) emitieron mensajes
representando el acontecer boliviano de aquellos días. En este sentido esta investigación tiene como
pregunta orientadora ¿Qué contenidos se difundieron en las redes sociales digitales por parte de los siete
influencers en el marco de la crisis pos electoral de 2019 en Bolivia?
Bajo símil parámetros de ideas, partimos de la hipótesis de que los influencers estudiados han
usado las redes sociales digitales para la difusión de contenidos políticos con una polarización ideológica
a través del uso de adjetivos y recursos narrativos como el heroísmo y la construcción de enemigo
respecto a ciertos personajes.

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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Redes sociales, influencers y política
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y en su interior, “las redes sociales digitales
han modificado la base material de la sociedad a un ritmo acelerado” (Castells, 2004, p. 1) lo que implica,
de igual manera virar el campo político y por ende la comunicación electoral. En este sentido, las redes
sociales digitales han desarrollado nuevas lógicas políticas, informativas y de comunicación para la
sociedad y de hecho también para el conflicto y la crisis. Las redes sociales configuran nuevos espacios
para el debate sobre la res pública y también han permitido la aparición de nuevos personajes que
“alcanzan así la facultad de ejercitar sin intermediarios acciones comunicativas, antes restringidas a
partidos o empresas con grandes recursos” (Haro &amp; Sampedro, 2011, p. 161).
De esta manera, estos personajes que se suscriben en la esfera digital como influencers tienen un
símil en la línea de Martínez &amp; González (2018) con una versión actualizada del líder de opinión
tradicional, es así como el influencer podría cumplir el rol de portavoz y canalizador de los mensajes de
las marcas, pero a su vez de los partidos políticos y tal vez de los medios de comunicación de masas.
Asimismo, Martínez &amp; González (2018) definen al influencer como una persona con una amplia
comunidad de seguidores que cree en la información suministrada por este con el cual, además,
comparten intereses comunes.
Por lo que respecta a su comunicación, las posibilidades resultan muy variadas: desde mensajes
puramente informativos, entre los que se incluyen las recomendaciones o consejos prácticos, al
relato de experiencias, formas de vida u opiniones (…) En definitiva, lo que se trata es de conectar
y de aportar al público lo que busca (p. 236).
En parámetros similares, Hernández - Santaolalla, Fernández, &amp; Sanz, (2018) aseguran que las
redes sociales digitales ocupan espacios y alcances muy similares a los medios de comunicación
tradicionales “por lo que los influencers pueden llegar a utilizarlas como plataforma de difusión de
contenidos políticos que pueden servir de polarizador ideológico” (p.23)
Sin embargo, existe una diferencia en los usos y acceso a las redes sociales, el cual está atravesado
por ciertas condiciones socio económicas que se relacionan con lo que varios autores han denominado

¿Politización de los influencers durante la crisis política post electoral en Bolivia?

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como “brecha digital”. Razón por la cual se puede afirmar que los llamados influencers son parte del
grupo que al tener un capital simbólico previo
(…) poseen más ventajas en las redes sociales debido a su fama o poder. Creando así fuertes dosis
de atención y acumulan un gran número de seguidores, lo que amplifica su alcance y visibilidad.
Esto establece límites, en términos de contrapoder ciudadano y la capacidad de la web 2.0, para
la influencia social. (Casero-Ripollés, 2017, p. 15)
A manera de síntesis se puede afirmar que los denominados influencers son una versión digital
del líder de opinión, que al operativizar una narración transmedia del acontecer, de su marca o de sus
opiniones amplifica sus mensajes con la ventaja de contar con una dosis de atención mayor frente a otros
usuarios las redes sociales.
Democracia 2.0 y campaña permanente
Tal como se mencionó anteriormente, con la aparición de las TIC y las redes sociales digitales el campo
político se ha visto transformado. En este sentido, los agentes del campo también han tenido que repensar
sus estrategias, desafíos y metas. Además, el campo político sumergido en las redes sociales implica
pensar en nuevas formas de movilización, liderazgo y retórica. “Por encima, podemos decir que estamos
ante una nueva forma de hacer y pensar la política, que entiende la importancia de la conversación e
interacción social” (Caldevilla, 2009, p. 35).
Posiblemente el acceso a las redes sociales digitales por algunos sectores permite cierto
incremento de mensajes con tintes políticos de manera irrestricta, entreviendo de esta manera una
campaña permanente. Tal como lo afirma Blumenthal (1980) la campaña permanente tiene como
estrategia mostrar las bondades de los políticos antes, durante y después de un proceso electoral. Es decir
“se desdibuja la línea entre los procesos de campaña y de gobierno” (p. 7). Dejando atrás la visión de los
periodos itinerantes de campaña política.
Crisis política y polarización
En ocasiones la política de la calle interviene la política institucional, generando lo que se denomina
crisis política. Rodríguez (1986) asegura que conceptualizar la crisis política resulta un tanto impreciso.
Sin embargo, asocia el concepto al tipo o forma de Estado como un factor determinante para el tipo de
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crisis que pueda presentarse, asegurando que “el concepto crisis política no puede apreciarse en abstracto,
sino sólo referido a una condición social, económica y política específica” (p.10).
En este sentido, entendiendo su vínculo con el Estado la crisis política puede entenderse como
“modificaciones sustanciales de las relaciones de fuerza de la lucha de clases, modificaciones que
determinan por sí mismas, de manera específica, los elementos propios de crisis en los aparatos de
Estado” (Rodríguez, 1986, p. 10)
Asimismo, el autor presenta varias tipologías de crisis políticas. Por ejemplo, las que están
asociadas a los cambios de gobierno “disputas por el poder político o, si se prefiere, reajustes de personas
y de grupos en la esfera estatal, tuvieron un hondo significado dada la forma de Estado y del papel de
ésta en la lucha de clase” (Rodríguez, 1986, p. 10). Este tipo de crisis políticas, son más aparentes en los
periodos electorales.
Por su parte, Torres (2018) asegura que la crisis política está ligada en primera instancia a una
crisis de confianza hacia los políticos y las instituciones de la esfera gubernamental. Es decir, la crisis de
confianza se haría “extensible tanto a las instituciones como a la elite política que está cada vez más
desprestigiada y frente a la cual la ciudadanía responde con apatía y desencanto.” (p. 243).
Sumado a esto se entiende el concepto de polarización desde la mirada de Sani &amp; Sartori (1983)
como la distancia o proximidad percibida por las élites políticas, en términos de cuan cercanos o alejados
se sienten de los demás partidos o también como la distancia que resulta de un análisis de contenido de
plataformas electorales y/o de las posiciones ideológicas de los partidos.
Del contexto: ¿Qué pasaba en Bolivia?
El domingo 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Bolivia. Hasta el fin
del horario establecido para que la población emitiera su voto, parecía una jornada imperturbable. Sin
embargo, tanto oficialistas como opositores conocían que se trataba de unos comicios electorales con una
polémica candidatura, la de Evo Morales, quien se enfrentaba a otros ocho candidatos en busca de la silla
presidencial. Se hace referencia a “polémica candidatura” debido a que Evo Morales, impulsó una
consulta ciudadana para validar su 4ª repostulación como presidente, dicha consulta se realizó mediante
un referéndum constitucional el 21 de febrero de 2016, en el cual el 51% de los votos no aceptaron la
repostulación, mientras que el "Sí" obtuvo el 49% de votos restantes. Sin embargo, meses después el

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Tribunal Supremo Electoral habilitó a Morales como candidato a los comicios electorales de 2019, hecho
que provocó rechazo por parte de un sector de la población.
Sin embargo, tras la jornada electoral del 20 de octubre de 2019 al promediar las 20:00 el Órgano
Electoral Plurinacional (OEP) anunció los primeros resultados, producto de un conteo rápido (mediante
el sistema denominado TREP). Los resultados parciales mostraban la victoria de Morales con un 45,28%
frente a un 38,16% de votos otorgados a Carlos Mesa (Historiador, periodista, ex presidente de Bolivia
e ideológicamente alineado con partidos de Centroderecha), porcentaje que conllevaría una segunda
vuelta establecida por la Constitución Política del Estado.
Cerca de las 22:35 las redes sociales se convierten en un escenario de disputa. Esto a raíz de que
la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia, publicó desde su cuenta de Twitter la siguiente
aseveración: “Misión de Observación Electoral OEA sigue dando seguimiento riguroso al proceso
electoral en Bolivia. Fundamental que el OEP explique por qué se interrumpió la transmisión de
resultados preliminares y que el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera
fluida” (Organización de los Estados Américanos, 2019).
El comunicado hacía alusión a un posible delito electoral señalado como fraude, mismo que
desató dudas al respecto. En Facebook, Twitter e Instagram, sobre todo, se acumularon una serie de
mensajes desacreditando el proceso electoral que se había realizado en Bolivia, además de posicionar a
Evo Morales y a su gobierno durante los 14 años de su mandato, como un régimen dictatorial.
Al día siguiente, se evidenciaron varios enfrentamientos en las calles, en específico algunas de
las instalaciones departamentales del OEP fueron quemadas, tal como señala uno de los matutinos de
Bolivia, “Miles de ciudadanos destrozaron edificios de entes electorales, casas de campaña del partido
de Gobierno, además, quemaron ánforas y tomaron las calles.” (Página Siete, 2019).
Para el 22 de octubre, ya existían varios pronunciamientos de nuevos y antiguos actores políticos,
organizaciones sociales, la Iglesia Católica, entre otros. Con opiniones totalmente polarizadas, de quienes
aseguraban que existió un fraude electoral y, por otro lado, quienes aseguraban que Morales había ganado
en el marco de la ley. Mientras tanto, las movilizaciones se agudizaban con amagues de enfrentamientos
de los distintos sectores que se volcaron a las calles, sobre todo de las ciudades capitales, La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.

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Sin embargo, en este episodio boliviano, existía una novedosa participación de los jóvenes en
medio de la contienda política desde las calles, pero también en las redes sociales digitales. De igual
manera, otra novedad fue la emisión de mensajes de los denominados influencers, en relación al
acontecer de 21 días que duró dicha crisis política post electoral. El denominativo de novedad respecto a
los influencers, radica en su poca o nula incursión en temas políticos, antes de estos sucesos.
Uso y acceso de las redes sociales digitales en Bolivia
Debido a que la presente investigación se circunscribe a la esfera digital, resulta fundamental señalar
datos respecto al uso y acceso de las redes sociales digitales en Bolivia. En primera instancia, el Instituto
Nacional de Estadística (INE) establece como primer parámetro el acceso a algunas Tecnologías de
Información y Comunicación, según lo establece el siguiente gráfico
Gráfico 1
Bolivia: Uso de TIC 2018-2020

79.62
70.38

69.74

59.94
47.47

44.29
29.71

29.39

27.63

2018

2019

2020

Teléfono Celular

Computadora

Internet

Fuente: Elaboración propia (2021). Nota: Población de Bolivia entre cinco años o más que utilizaron
Tecnologías de Información y Comunicación -TIC durante 2018 – 2020, expresado en porcentaje.
Al respecto, se puede señalar que la mayor cantidad de bolivianos y bolivianas al año 2019 tenían
acceso al celular con un porcentaje de 70,38%, seguido del internet con el 47,47% y el uso de una
computadora con 29,39 puntos porcentuales. Es importante precisar que son similares porcentajes los
años anteriores con el predominante acceso al celular.
¿Politización de los influencers durante la crisis política post electoral en Bolivia?

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Por otra parte, los resultados de la encuesta nacional de opinión sobre tecnologías de información
y comunicación (TIC) que estuvo dirigida a los internautas de 14 y más años de las áreas urbana y rural
de Bolivia muestra que el 96% de la población encuestada aseguró que es parte de alguna red social
digital. En este sentido, el 94% usaría Facebook, seguido del 91% que hace uso de WhatsApp y el 40%
que afirmó usar YouTube. De igual manera, frente a los perfiles de los usuarios, la mencionada encuesta
establece dos diferenciadores frente a los hábitos de uso de las redes sociales digitales por un lado el
grupo generacional y, por otro lado, el estrato socioeconómico al que pertenece el usuario.
3.- MÉTODO
Diseño
Está investigación es de tipo cuantitativo, transversal y no experimental tomando de manera literal las
publicaciones de los influencers analizados, sin ningún tipo de intervención de las investigadoras. En
este sentido, metodológicamente se ha realizado un análisis de contenido ligado a una lectura científica
de los datos que permite en línea con Berelson (1952) visualizar información expresa y latente, como
expresa se entiende aquella que el influencers publicó tácitamente y como latente aquella que cobra
sentido en un contexto determinado.
Participantes
Fueron parte del estudio siete influencers (4 mujeres y 3 hombres) con significativa presencia en las redes
sociales digitales, tal como se muestra en la tabla 1. Es importante mencionar que la selección se realizó
en base a características de popularidad y relevancia de los influencers. Sin embargo, un criterio adicional
para la selección fue el análisis de contenido de sus cuentas antes de la crisis política post electoral y la
evidencia de que ninguno de ellos se refería previamente a temas políticos o sociales.

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Tabla 1
Descripción de los Influencers Seleccionados
Nombre

Seudónimo

Anabel Angus

Anabel Angus

Simón Ruiz Paz Corrales

Simón Dice

Seguidores
en twitter

Seguidores
en Facebook

Seguidores
en Instagram

53,6 mil

1 074 719

860 000

482

337 277

43 100

Juan Gonzalo Ruiz Paz Corrales Juandy

1127

306 339

60 900

Horacio Veliz

Cardamomaso

1187

335 000

79 100

Claudia Peña

LaClauPiña

206

33 316

46 700

Melisa Ibarra

Melisa Ibarra

3089

12 461

4824

Claudia Cárdenas

Claudia Cárdenas

1953

2,112

5590

Fuente: Elaboración propia (2021).
En cuanto al corpus de análisis de las publicaciones responde a una revisión y análisis total de las
mismas en un periodo determinado (desde el 20 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2019). En este
sentido, se han recopilado 286 publicaciones de siete influencers que hicieron referencia la crisis política
post electoral.
Instrumentos
El análisis de contenido como método de investigación permite realizar un trabajo sistemático y
cuantificable. A razón se utilizó los instrumentos detallados a continuación:
En primera instancia se elaboró el manual de codificación que permitió establecer con claridad el
rumbo de la investigación, dentro del cual se fijaron variables como: red social con mayor uso, contenido
y objetivo de la publicación, connotación de la publicación, adjetivos y recursos utilizados, etc.
Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS Statistics debido a su utilidad en
investigaciones cuantitativas. Dicho instrumento permitió de manera idónea la sistematización de 47
variables de análisis a través de una categorización y filtración adecuada de los datos.

¿Politización de los influencers durante la crisis política post electoral en Bolivia?

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Procedimiento
Se inició esta investigación con la observación previa del comportamiento de los influencers en las redes
sociales digitales, misma que evidenció que no existía una difusión de contenidos políticos previos a la
crisis post electoral boliviana. De igual manera, se realizó un breve análisis cuantitativo de los seguidores
en sus redes sociales digitales con el objetivo de conocer el alcance de sus publicaciones. De manera
simultánea, se realizó la revisión teórica alrededor de los conceptos de redes sociales digitales,
democracia 2.0 y polarización.
Posteriormente se elaboró el manual de codificación y se inició con el proceso de transcripción
de datos. El corpus de análisis estuvo compuesto por el total de las publicaciones que responden a un
período determinado, desde 20 de octubre de 2019 fecha en la que se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales en Bolivia hasta el 15 de noviembre de 2019. Es importante mencionar que se analizaron
las publicaciones de los siete influencers, sin tomar en cuenta en el análisis de los comentarios, pero sí
fueron contabilizados con fines de registro.
De igual manera, resulta fundamental precisar que se analizaron las publicaciones en Facebook,
Twitter e Instagram ya que algunos de ellos usaban las 3 redes sociales con diferentes contenidos, pero
haciendo referencia al mismo tema. En este sentido, el total de publicaciones analizadas fue 286 que
corresponden a todas las publicaciones durante el periodo analizado.
Por último, se realizó la triangulación de la información que dio como resultado el vínculo analítico que
integra lo empírico y teórico, respondiendo la pregunta orientadora de la presente investigación.
4.- RESULTADOS
Generalidades
Para iniciar el análisis es importante describir con claridad cuál fue la red social que usaron los
influencers con mayor énfasis. Tal como se muestra a continuación la red social con mayor uso en el
periodo estudiado fue Twitter con el 61,54% frente a Facebook que alcanzó en 21,68% e Instagram que
fue usado al 16,78%. Dato bastante llamativo, tomando en cuenta que según resultados de la Encuesta
Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC, 2018, p. 21) tan solo

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el 17% de la población internauta de Bolivia usaría la red social Twitter, frente a un 94% que usaría
Facebook.
Gráfico 2
Red Social en la que se hace la Publicación

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Como lo muestra el Gráfico Nº 2, más de la mitad (61,54%) de influencers hacen uso de Twitter,
esto y la forma como ellos se expresan deja ver que representan a una clase social específica, que tiene
acceso y manejo de esta red. Cabe mencionar que desde la literatura académica y científica se ha
formulado la premisa que “Twitter se ha convertido en un medio consolidado en la comunicación
política” (Campos-Domínguez, 2017, p. 785) y que a nivel mundial se han conocido los alcances en
campañas electorales y contextos políticos. En este sentido, se puede cuestionar si los influencers
buscaban llegar al internauta boliviano, ser parte del campo político, generar tendencia en Twitter o
simplemente incursionar en esta red.
Ahora bien, uno de los primeros recursos utilizados por los influencers es el uso de videos,
imágenes, links entre otros recursos multimedia que son posibles en las plataformas digitales. A
continuación, se puede observar, el uso de dichos recursos.

¿Politización de los influencers durante la crisis política post electoral en Bolivia?

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Gráfico 3
Contenido de la Publicación

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Como se puede observar en el gráfico Nº3 el 37,41% de los influencers utiliza una imagen que
acompaña el texto de su publicación, apelando aparentemente a la imagen y “su poder emocional, como
la vía más efectiva para llegar a la gente e influir así en su comportamiento, entendiendo que éste toma
sus decisiones más con el corazón que con la cabeza”. En este sentido, el porcentaje respecto al uso de
la imagen con texto muestra una posible intención de parte de los influencers por afectar a la
emocionalidad de sus seguidores. Además, es importante mencionar que cerca al 21, 68% de las
publicaciones tienen una connotación respecto a un llamado de unidad contra de Evo Morales.
Por otra parte, existe un dato llamativo que responde a la cercanía porcentual con el uso solamente
de texto con un 24,13% que dista solamente por 13,28 puntos porcentuales del uso de texto con imagen.
Lo que posiblemente podría denominarse la supervivencia del texto, tal como lo denomina Pérez (2010)
asegurando que “el mundo de los medios sociales está contribuyendo a relanzar la letra impresa, ahora
sin papel” (p.55). El análisis de las publicaciones en sí evidencia que aún en la esfera digital se
prepondera el uso del texto, ya que todas las publicaciones independientemente de la red social usan el
texto como recurso permanente, con variación en el elemento multimedia que los acompaña.

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De los personajes y su adjetivación
Gráfico 4
Tipo de Relación que se establece con el actor mencionado

Fuente: Elaboración propia, (2021).
El 37,41%, es decir 107 publicaciones, del corpus hacen referencia a Evo Morales en un tono de
ataque, enfrentamiento y conflicto, frente a un 7,7% (22) de publicaciones destinadas a mostrar apoyo,
confianza y colaboración a Fernando Camacho, líder cívico cruceño que promovió la renuncia de
Morales en cabildos ciudadanos en el Oriente del país y tras la renuncia de Morales ingresó a Palacio de
Gobierno con una biblia en la mano, como un acto simbólico que insinuaba que los principios de la
iglesia católica habían regresado al Palacio de Gobierno y que según este líder eran contrarios a los
planteados por el gobierno de Morales. Así como lo reforzó la influencer Anabel Angus (2019a) quien
mediante sus redes sociales afirmó “La democracia y Dios, vuelve al Palacio”, acompañado de una
fotografía del mismo acto de Camacho, esto demuestra una connivencia entre la oposición a Morales y
los influencers investigados.

¿Politización de los influencers durante la crisis política post electoral en Bolivia?

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De igual manera, el 5,6% de las publicaciones muestra un apoyo a la Policía Nacional, dicho
porcentaje se determina sobre todo en un periodo que coincide con el motín protagonizado por las fuerzas
policiales, mismas que exigían la renuncia de Morales.
Ahora bien ¿Cómo se referían a cada personaje? En las publicaciones difundidas por los
influencers aparece el patrón de inclusión y exclusión propuesto por Leewen (1996) con el cual a través
de la forma de nominación el actor social ocupa un cierto rango o cumple una función determinada. Es
así como la adjetivación o valoración social tiene un rol fundamental, para señalar a los actores como
“como buenos o malos, amados u odiados, admirados o compadecidos. Esto es realizado por el conjunto
de sustantivos y modismos que denotan tal valoración” (Leewen, 1996, p. 58).
Gráfico 5
Personajes y su Adjetivación

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Con relación a lo anterior, el gráfico 5 evidencia que Evo Morales fue el personaje con mayor
uso de adjetivos negativos, que lo presentaban como dictador, terrorista, salvaje y violento, como es el

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caso de Melissa Ibarra (2019) “tuvimos por 14 años a un asesino. Eso es lo que eres Evo Morales, un
miserable asesino...” tal como se muestra a continuación.
Ilustración 1
Publicación de Melisa Ibarra

Fuente: Ibarra (2019).
En contraposición a la Policía Nacional, que recibió la determinación de Héroe, como ejemplo,
lo twitteado por Anabel Angus (2019b) “Resistencia en #Cochabamba esperanza en #Bolivia
#MotínPolicial la policía con su pueblo” y una imagen que agradecía por unirse al pueblo y reforzaba la
idea de esperanza. Estas formas de nominación ofrecen en un primer momento una representación de los
actores sociales, lo cual a su vez posibilita que se construya un significado frente al mismo, en este caso
hacia Morales.
Las propias características de las redes sociales permiten un diálogo sin filtros, cargado de
nominaciones y construcciones sobre el personaje mencionado en la publicación, que se encuentra
adjetivado por la subjetividad e ideología política del influencer, es así como la interacción inmediata
que permiten las redes sociales “impide que las facciones o gestos del interlocutor puedan moderar o
reprimir una frase” (Godoy, 2011), incrementando la posibilidad de que se generen conductas agresivas.

¿Politización de los influencers durante la crisis política post electoral en Bolivia?

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En este mismo orden de ideas, se puede observar que con un 95% de significatividad estadística,
el 16,7% de las publicaciones que utilizan el adjetivo de “terrorista”, recibían de 500 a 1000 reacciones.
Mientras que con una significatividad estadística de 99%, el 33,3% de las publicaciones que usaban el
adjetivo de “héroe” obtuvieron reacciones que oscilaban entre 5001 a 10000, tomando en cuenta que el
Gráfico Nº5 demuestra que la mayoría de las publicaciones que usaban este adjetivo hacían referencia a
la Policía Nacional.
De la misma forma, con el 99% de significatividad estadística, el 20,5% de las publicaciones que
tenían el adjetivo “terrorista” en el cuerpo de su texto recibieron tan solo de 1 a 500 reacciones. Es
importante mencionar de igual manera que el gráfico Nº 5 identifica a Evo Morales como el personaje
identificado bajo este adjetivo, lo que quiere decir es que existe una probabilidad de que de tan solo de 1
a 500 personas estuviesen de acuerdo con identificar a Morales como terrorista.
En este sentido se comprende la relación directa que existe entre la mención de Morales en las
publicaciones y los adjetivos negativos para denominarlo, reforzando el antagonismo entre el nosotros
(los defensores de la “democracia”) y ellos (simpatizantes del Movimiento al Socialismo –MAS-), que
se pudo ver registrado en las connotaciones de las publicaciones.
Gráfico 6
Connotación de la Imagen

Fuente: Elaboración propia, (2021).
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Gráfico 7
Connotación de la Publicación

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Por consiguiente, tal como se observa las publicaciones en sí mismas tenían mayor connotación
que los recursos multimedia. Siendo la “unidad” la mayor connotación con el 21,68% que se observó en
las publicaciones. Los influencers posicionándose como portavoces de los defensores de la
“democracia”, hacían un llamado a la unidad en contra a “ellos”, es decir quiénes eran afines al MAS y
Evo Morales. Seguida de la connotación asociada a la violencia con un 12,94% relacionada directamente
con quienes eran afines al MAS según la representación por parte de los influencers.
De los temas
De igual manera, es importante señalar que los influencers presentaron ciertos temas en los que
mostraban un uso del lenguaje que, ligado al objetivo político ideológico representaban los
acontecimientos de cierta manera. Por ejemplo, para referirse a movilizaciones de seguidores o afines a
Evo Morales, se referían a estos hechos como movilizaciones violentas. Siendo que cuando se referían a
las movilizaciones de quienes pedían la renuncia de Morales, se trataba para ellos de manifestaciones
pacíficas. En este sentido, las temáticas principales de las publicaciones fueron las siguientes:

¿Politización de los influencers durante la crisis política post electoral en Bolivia?

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Gráfico 8
Tema Principal de la Publicación

Fuente: Elaboración propia, (2021).
Lo que muestra el gráfico Nº 8 es que el 21,3% de las publicaciones realizadas por parte de los
influencers hicieron referencia a las protestas de los seguidores y afines a Morales bajo el referente del
MAS, incluyendo sus movilizaciones siempre bajo el denominativo de violentas. De igual manera, otra
temática que fue abordada por los influencers estudiados fue la renuncia de Morales, en un 11,54% del
total de las publicaciones. En tercer lugar, con el 10,84% se situaron las publicaciones que hacían alusión
a la recuperación de la democracia.
Asimismo, al realizar una segmentación por temática e influencer se pudieron evidenciar ciertos
aspectos importantes de señalar. Por ejemplo, la influencer de Santa Cruz, Anabel Angus, con un 34%
de publicaciones que usaban ciertas metáforas, hizo mayor énfasis en la recuperación de la democracia.
Anabel Angus es una conocida presentadora de televisión en Santa Cruz de la Sierra y el 4 de junio de
2020, se dio a conocer que la hermana de dicha influencer sería parte de las listas de candidatos a la
Asamblea Legislativa bajo la fórmula política de Jeanine Añez, actualmente presidenta interina.

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En igual forma, Simón Dice, en la mayoría de sus publicaciones aseguraba que existía una ola de
violencia por parte del MAS y mostraba su apoyo a las fuerzas represivas del Estado, legitimando sobre
todo el motín policial, con frases como “La policía con su pueblo” contradictoriamente, se refirió a estos
temas mediante el humor en el 26,7% de sus publicaciones. Cabe señalar que dicho influencer, posterior
a la crisis política post electoral, desempeñó funciones públicas en el Ministerio de Defensa durante en
el mandato de Añez (noviembre a diciembre de 2019).
En el caso de Juandy, el gráfico muestra que su tema principal versó respecto a la renuncia de
Morales y la pacificación de Bolivia, con un 50% de sus publicaciones que mostraban un tono de
seriedad. Por su parte, La Clau Piña influencer que denunció que personeros del Gobierno de Morales
hackearon su cuenta, mostró mayor relevancia en la temática de la recuperación de la democracia,
encontrando una similitud con Anabel Angus.
Los influencers Simón Dice, Juandy, Cardamomasos y La Clau Piña con anterioridad a la etapa
estudiada en el presente trabajo, se caracterizaban por realizar contenido humorístico. Sin embargo, en
este periodo estudiado usaron recursos narrativos como la seriedad y formalidad con mayor
preponderancia. Lo que posiblemente tenga la intención de representar cierta preocupación al tratarse de
una crisis política. Ahora bien, sin lugar a duda tuvieron una polarización entre dos visiones del
acontecer, la violencia por parte del MAS y las movilizaciones pacíficas por parte de la Generación Pitita,
entendida como los jóvenes movilizados en contra de Evo Morales asegurando que existió un fraude
electoral. La alusión de “pitita” se refiere a las cuerdas y sogas que los movilizados pusieron en las calles
para impedir el tránsito vehicular.
Las protestas pacíficas de la denominada Generación Pitita y la renuncia de Morales fueron los
ejes temáticos de la influencer Melisa Ibarra, quien además en un 57,4% de sus publicaciones evidenció
seriedad. Y, por último, el supuesto fraude electoral y la violencia por parte del MAS fueron las temáticas
abordadas en mayor medida por Claudia Cárdenas.

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Gráfico 9
Tema Principal de la Publicación, Según Influencer

Fuente: Elaboración propia, (2021).
5.- CONCLUSIONES
El propósito de la presente investigación fue describir el uso que los influencers dieron a las redes sociales
digitales en el periodo estudiado. Para ello, en primera instancia se develó que Twitter fue la red social
con la mayor cantidad de publicaciones (sobre todo por Claudia Cárdenas y Anabel Angus, ya que en el
caso de Simón Dice, incluso su cuenta recién fue creada el 12 de noviembre de 2019) en el periodo
estudiado. Sin embargo, se aprecia una contradicción frente al uso de esta red social, ya que tan solo el
17% de los bolivianos la utilizan lo que conlleva a pensar que la intención de los influencers era buscar
a nivel internacional que sus publicaciones tengan cierta repercusión.
En lo que se refiere al uso de adjetivos, existe una representación de Evo Morales como una figura
de dictador, terrorista y violento. Y todo lo que esté alrededor de él, como las movilizaciones por sus
seguidores, se enmarca bajo los mismos parámetros de violencia. En este sentido, se puede afirmar que
existió un campaña permanente (Blumenthal,1980) en contra de Morales mediante las redes sociales
digitales.
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En esta misma línea, tal como lo afirmaba Martínez &amp; González (2018), los influencers se auto
posicionaron como portavoces de la defensa de la democracia, emitiendo mensajes que coadyuvarían al
acrecentamiento de la crisis de confianza hacia Morales por parte de un sector poblacional. Sin embargo,
conocer que algunos de ellos fueron beneficiados con cargos públicos y distinciones honoríficas durante
el mandato de Jeanine Añez evidencian intereses que van más allá de la defensa de la democracia, sino
a su vez en búsqueda de beneficios personales en el ámbito laboral.
Asimismo, se dio cuenta que las redes sociales digitales son espacios que, al permitir la
interacción, visibilizan una nueva forma de hacer política e incluso nuevos actores. Es decir, los
influencers que antes solamente se referían a temas de moda, humor, etc. mediante las redes sociales
digitales se mostraron como sujetos políticos activos e incluso, partidarios. De igual manera, es
importante mencionar que las redes sociales digitales permitieron a los influencers la creación de un
contra relato al establecido por el gobierno de Evo Morales, dicho contra relato posiblemente ha sido
apropiado por un sector de la población, posibilidad que queda pendiente para futuras investigaciones.
De igual manera, se evidencia que los influencers al tener acceso a las redes sociales y tener un
conocimiento y desenvolvimiento previo en la esfera digital, amplificaron sus discursos de contenidos
políticos como parte de una campaña permanente en contra de Morales posterior a los comicios
electorales, bajo una lógica de polarización ideológica a través del uso de adjetivos y recursos narrativos.
Para finalizar, es importante mencionar que los influencers se encuentran en un sitial de autoridad
digital (Casero-Ripollés 2021) ya que han determinado mediante sus publicaciones su ideología y su
iniciativa política. El uso de las redes sociales por parte de los influencers implica buscar nuevas formas
de comprender el funcionamiento y el alcance que tienen los mismos. Además de la influencia que
pueden tener en la esfera política y en el debate que existió en el contexto de crisis política post electoral
en Bolivia.
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Un dilema democrático en México: disenso social ante la
promesa de cambio político1
A democratic dilemma in Mexico: social dissent against the promise of political change
Daniel, Peña-Serret2
RESUMEN
Aquí se exploró el problema de cómo se comporta un presidente que ostenta un cambio democratizador
cuando su actuación y proyecto son contestados por ciudadanos movilizados por causas legítimas. El estudio
tuvo un carácter exploratorio, con un enfoque cualitativo y basado en la combinación de técnicas de
observación documental de fuentes primarias para la caracterización de los tres movimientos sociales
seleccionados, comunidades indígenas en contra dela infraestructura denominada “Tren Maya”, seis
movilizaciones feministas y el Frente Nacional Anti-AMLO, desarrollados en los dos primeros años del
mandato presidencial de AMLO en México. Se recurrió al análisis de contenido a nivel semántico para
fundamentar las inferencias acerca de la estrategia que ante ellos despliega el gobierno federal en turno, con
el objetivo de identificar algún patrón de comportamiento del presidente hacia el disenso político
movilizado. Se encontró que la estrategia presidencial comporta cuatro rasgos característicos: 1)
desacreditar toda movilización de disenso político e inconformidad, a partir de estigmatizar a sus
protagonistas; 2) dilatar las respuestas gubernamentales efectivas para resolver los conflictos generados,
ante la ineficacia para instrumentarlas; 3) desplazar el foco de la agenda y discusión pública de los asuntos
colectivos, hacia el ámbito dirigido y controlado políticamente de los medios públicos y convertirlos en
objeto de controversia entre “bandos políticos”; 4) manipular la opinión pública, acosando al periodismo
crítico y sirviéndose del aparato estatal de medios públicos para promover una imagen favorable al
presidente y al partido gobernante. Se concluye que esa estrategia entraña el riesgo de instalar una especie
de “tiranía de la mayoría” sobre las minorías disidentes, con consecuencias indeseables de cara a la tarea
colectiva de afirmar una democracia socialmente equitativa e incluyente.
Palabras claves: Debate público, disenso político, gobernanza, movimientos sociales, polarización política.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 3/12/2021
Fecha de revisado: 18/12/2021
Fecha de aceptado: 17/4/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

Here it was explored the problem of how a president who displays a democratizing change when his action
and project are answered by citizens mobilized for legitimate causes. The study had an exploratory
character, with a qualitative approach and based on the combination of documentary observation techniques
from primary sources for the characterization of the three selected social movements, indigenous
communities against the “Maya Train” infrastructure, six feminist mobilizations, and the National AntiAMLO, developed in the first years of Amlo’s presidential term in Mexico. Semantic content was used to
base inferences about the strategy that the federal government deploys in turn, with the aim to identify any
patron of behavior of the president towards the mobilized political dissent. The presidential strategy was
found to have four characteristic features: 1) to discredit any mobilization of political dissent and dissent,
based on stigmatizing its protagonists; 2) to delay effective governmental responses to resolve the conflicts
generated, given the inefficiency to implement them; 3) to shift the focus of the agenda and public discussion
of collective issues, towards the politically directed and controlled sphere of the public media and turn them
into an object of controversy between “political camps” ; 4) manipulate public opinion harassing critical
journalism and using the state apparatus of public media to promote a favorable image of the president and
the ruling party. It concludes that this strategy entails the risk of installing a kind of “tyranny of the majority”
on dissident minorities, with undesirable consequences for the collective task of affirming a socially
equitable and inclusive democracy.
Keywords: Governance, political polarization, public debate, political dissent, social movements.

Cómo referenciar este artículo:
Peña-Serret., D. (2022). Un dilema democrático en México: disenso social ante la promesa de cambio político. Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 24 -48. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-2.

Artículo presentado como resultado del avance de la investigación PAPIIT IN309521: “Afectividad, mito y dimensión simbólica de la política: una
aproximación psicosociológica y comunicativa al estudio del comportamiento político en México”, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), Universidad Nacional Autónoma de México,
iniciado en 2020 y por concluir en 2022.
2
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Titular de Carrera Tiempo Completo adscrito al
Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de por la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico:
penaserret@politicas.unam.mx. Código ORCID: 0000-0003-2745-7249.
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24 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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1.- INTRODUCCIÓN
En México, a diferencia del resto de América Latina, las movilizaciones y protestas sociales más
recientes no han estado vinculadas a una inconformidad generalizada ante reformas económicas o
situación de inestabilidad política, tal como las suscitadas en Chile en torno al encarecimiento de la vida
(2019), en Perú ante las declaratorias de vacancia y eventual destitución del presidente en turno por
incapacidad moral para gobernar (2020), en Ecuador ante la eliminación de los subsidios a los
combustibles (2019), o bien en Colombia en rechazo a la implementación de un nuevo esquema tributario
(2021); aquí se sugiere en cambio que, no obstante estar focalizadas en ciertos sectores sociales y zonas
del país, han sido objeto de una estrategia sistemática que combina la desacreditación de las causas que
enarbolan y el ataque directo a su legitimidad democrática por parte del presidente de la República en su
afán de combatir cualquier disenso ante su gestión de gobierno presuntamente dirigida a la
transformación democrática de la vida pública en México, en el contexto de una gobernanza con partido
hegemónico desde el inicio de su mandato (2018). El partido del presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detenta en efecto mayoría absoluta
en la Cámara de Diputados (51.4%) y junto con sus aliados electorales, Partido Encuentro Social y
Partido del Trabajo, también en la de Senadores (54.7%), lo que le ha permitido modificar la legislación
secundaria para imponer sus decisiones prácticamente sin contrapesos y controles institucionales, y de
lo que se ha valido para ejercer presión política sobre el Poder Judicial y los órganos autónomos
constitucionales. Así, varias de las medidas emprendidas por el presidente apuntan hacia una
concentración y centralización del poder político en México.
En ese contexto, nos planteamos como problema indagar cómo se comporta un presidente que
ostenta un cambio democratizador cuando su actuación y proyecto son contestados por ciudadanos
movilizados por causas legítimas y que ponen en entredicho ese cambio, ante la carencia de una oposición
partidista que pudiera hacerlo dentro de los cauces institucionales y la exclusión, desde el poder político,
de organizaciones civiles como espacios de participación ciudadana. El objetivo es identificar algún
patrón de comportamiento del presidente hacia el disenso político movilizado en tres movimientos
sociales recientes de distinto tipo, que tienen en común basarse en el escrutinio ciudadano del desempeño
presidencial. El análisis está centrado, en consecuencia, en los rasgos característicos de la postura
gubernamental ante esos movimientos, considerando dos tipos de congruencia política: por un lado, entre
lo comprometido como proyecto de gobierno en contraste con lo que demandan, vindican o contestan los

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movimientos en términos de eficacia de los resultados y, por el otro, entre la perspectiva del gobierno y
la de los movimientos que hacen pública, respectivamente, ante los asuntos colectivos en cuestión.
2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Se recurrió a la perspectiva teórica sociocultural en el estudio de los movimientos sociales que nos parece
más apta y plausible para explicar la acción colectiva contenciosa, la diversidad de sus formas concretas
de acción y el sentido político intersubjetivo movilizados en ellos (véase Peña, 2021a, pp. 49-57), a partir
de la dimensión simbólica de la comunicación política disruptiva con que se hacen presentes y
manifiestan en la esfera pública, aspectos que no ocupan centralidad en los modelos macroestructurales
basados en las perspectiva institucionalista histórica y tampoco en aquellos basados en la teoría de la
elección racional, si bien recuperando de éstas asumir a los movimientos como “actores
multidimensionales” (Tarrow, 1997, p. 166), cuyos repertorios de acción comportan elementos de los
entornos paraelectoral y paraparlamentario (Tilly, 1995, p. 25), entendidos estos últimos como vías
establecidas por los propios actores para plantear sus vindicaciones y reivindicaciones, a partir de la
experiencia de luchas anteriores que varían de grupo a grupo, de región a región, y de periodo a periodo
(Tilly, 1993, p. 86). Así, desde la perspectiva aquí vindicada, ese carácter multidimensional y esa
centralidad en la dimensión simbólica cultural nos permite considerar en el análisis de los movimientos
tres rasgos interrelacionados que dan cuenta de su papel como agentes transformadores del orden social:
1) la identidad, es decir, la definición que el actor se da a sí mismo a partir del conflicto con otros; 2) la
oposición, que especifica los adversarios contra los cuales se disputan orientaciones generales de la vida
social, y 3) la totalidad, entendida como visión del mundo y objetivo a alcanzar (Touraine,1995).
Por lo tanto, este análisis toma en cuenta que los individuos evalúan y reconocen lo que tienen en
común y al decidir conjuntamente sus acciones movilizan los significados simbólicos que colectivamente
construyen en las interacciones comunicativas hacia dentro y hacia fuera de los movimientos que
protagonizan. A partir de tales significados se pone en juego la solidaridad, elemento constitutivo no
siempre explícito en la identidad colectiva, el cual permite a los actores reconocerse a sí mismos y como
parte de la trama de relaciones sociales. Por tanto, la acción colectiva contenciosa es también experiencia
multiplicadora de significado simbólico, no está orientada solamente por criterios de eficacia y confronta
la lógica de operación de los aparatos tecnocráticos-políticos, y puede llegar a cuestionar las bases del
poder de estos, presionarlos a justificarse y publicitar su lógica y a la vez la debilidad de sus “razones”
(Melucci, 1999, p. 105).
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Desde este punto de vista, la acción organizada de movimientos sociales y de protesta puede ser
analizada a partir de, por un lado, la concurrencia de campos fluidos, tal como desde la perspectiva de
Bourdieu de 1998 argumenta Cadena-Roa (2016), en los cuales varios “jugadores” colaboran o bien
compiten entre sí, cuyas interacciones devienen en cambios en la correlación de fuerzas entre ellos y, por
el otro, de la construcción social del agravio, que es la significación que los grupos sociales atribuyen a
las diferentes causas y a los responsables de la situación en la que se encuentran, y al mismo tiempo de
la construcción política del reconocimiento en el ámbito de la política institucionalizada, lo cual permite
referirse a quiénes son, en un momento dado, actores centrales o marginales, y cómo operan las relaciones
y mecanismos de inclusión y exclusión social (Cadena-Roa, 2016, pp. 4 y 8). De esta manera, el análisis
comprensivo de los movimientos atiende a los aspectos sociopsicológicos y culturales que
simultáneamente interactúan con la estructura de recursos y oportunidades dando forma al
comportamiento estratégico. Este enfoque permite dar cuenta de las maneras en que las condiciones
materiales constriñen la construcción de significado y, a la vez, de la influencia que éste puede ser
atribuido a la identidad y a las orientaciones de la acción colectiva (Oliver, Cadena-Roa, Strawn, 2003,
p. 227).
3.- MÉTODO
En congruencia con esta perspectiva teórica, este estudio tiene un carácter exploratorio, con un enfoque
cualitativo y basado en la combinación de técnicas de estudio de caso, observación documental de fuentes
primarias para la caracterización de los movimientos de la sociedad civil seleccionados, y de análisis de
contenido a nivel semántico para fundamentar las inferencias acerca de la estrategia que ante ellos
despliega el gobierno nacional en turno, a partir de contrastar las acciones y mensajes de unos y otros,
difundidos a través de sus respectivos blogs y páginas oficiales en Internet. Se utiliza el entrecomillado
para documentar fragmentos textuales de tales mensajes.
Para documentar las posturas políticas de los actores, a partir de las declaraciones y/o documentos
que publicaron, se recurrió al análisis de contenido manifiesto del texto. Para determinar las categorías
de agrupamiento y clasificación, así como dar validez y fiabilidad a la codificación y a las inferencias
textuales, se recurrió al modelo propuesto por Mayring (2000), que considera identidad del actor, mensaje
o texto, situación de producción y efectos buscados en el destinatario; para la reducción semántica válida
se recurrió al programa computacional (software) ProAnt, diseñado por Anthony (2013), el cual permite
trabajar con grandes corpus a partir de palabras clave y relaciones de concordancia. Los ejemplares del
corpus fueron identificados y clasificados a partir de tres categorías: actor, con la categoría de identidad
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política en contraste con identidad social; postura o punto de vista expresado o publicado, ya sea verbal
o escrita, y acción emprendida según cinco subcategorías: afirmar, aludir, interpelar, replicar; discutir,
en todos los casos delimitados por corresponder a la variable independiente, a saber, el asunto o tópico
(Ruíz e Ispizua, 1989).
Así diseñado, nuestro esquema analítico permitió, por un lado, caracterizar los movimientos
estudiados considerando como unidades de análisis: (a) el contexto de movilización (local, regional,
nacional y transnacional) y, en su caso, su conjunción en el entorno multimediático de comunicación; (b)
la identidad colectiva de los participantes, a partir de su autocategorización social y política (quiénes
dicen ser); (c) las formas de organización y, en su caso, vinculación con otros actores relevantes; (d) la
demanda, vindicación y reivindicación de los asuntos de que se ocupan (finalidades, intereses y
motivaciones); (e) su dimensión coyuntural o histórica; (f) el cauce por el que transcurre la acción
colectiva y sus formas expresivas particulares; (g) los mecanismos y recursos a través de los cuales
proceden; (h) la eficacia de sus acciones políticas y comunicativas, todas ellas vistas en la dinámica de
su interrelación y en prospectiva, según los rasgos peculiares por cada caso aquí documentado. Por otro
lado, analizar la postura y la respuesta gubernamental considerando a la vez la dimensión política y
comunicativa, centrados en la variable congruencia política, evaluada a partir de dos aspectos: aquello
comprometido como proyecto de gobierno en contraste con las demandas, vindicaciones y la
contestación que hacen los movimientos, en términos de eficacia de sus resultados y, por el otro, entre la
perspectiva del gobierno en contraste con la perspectiva de los movimientos ante los asuntos colectivos
en cuestión (orientación política o política pública) observadas en su respectiva comunicación política
en el ámbito público.
Se seleccionaron tres casos de estudio porque ilustran experiencias diferentes y contrastantes de
acción colectiva y movilización social, con identidades y vindicaciones heterogéneas entre sí, si bien
tienen en común deslindarse de los partidos políticos, organizarse por fuera del cauce institucional, estar
arraigadas en la práctica de escrutinio ciudadano (Peña 2021b) e impugnar las respuestas
gubernamentales ante la movilización que emprenden en el periodo de estudio, los primeros dos años del
mandato presidencial. Atendiendo al criterio de la escala de la acción colectiva y su alcance social, se
trata de un movimiento nacional, otro de base local y otro atípico de un grupo de presión focalizado.

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4.- RESULTADOS
Del análisis se desprenden los siguientes rasgos característicos de cada movimiento y distintivos entre
los tres considerados: el movimiento indígena en oposición a la construcción del Tren Maya surgido en
mayo del 2020, se organiza a partir de trabajo voluntario, de base local y episódico, por parte de
comunidades arraigadas al lugar de residencia y a una tradición cultural específica, sin recursos pero con
apoyo decisivo de organizaciones civiles y objetivos circunscritos, si bien teniendo como trasfondo
simbólico un conflicto histórico que implica las cuestiones de autodeterminación y de sustentabilidad
ambiental en una región estratégica para conseguir un desarrollo nacional socialmente equitativo (sureste
mexicano); en contraste, el segundo caso consiste en las movilizaciones feministas ocurridas en los dos
primeros años del mandato presidencial, que se caracterizan como olas de protesta cíclicas que devienen
en una amplia lucha extendida sobre el territorio nacional (Tarrow, 2011) en la medida en que el
activismo se basa en un agrupamiento de redes sociales, formales e informarles, con recursos propios, el
cual es capaz de diversificar las metas y su actividad disruptiva, que trasciende el reformismo político y
permite emprender nuevas campañas, adicionales a su ciclo anual emblemático (“8 de marzo”) y
reconstituirse en periodos de latencia, para orientarse hacia el cambio social, que desde la perspectiva de
sus protagonistas es de orden cultural y educativo. En el tercer caso, el Frente Nacional Anti-AMLO
(“FRENA”) es un movimiento surgido en 2020 que no responde a ninguna de las lógicas descritas,
emerge después de que se establece el mecanismo de revocación de mandato presidencial, es de corte
ideológico con una cierta tradición moral ostentada, sin causa o temática social, y moviliza cierto disenso
en torno a una única exigencia, la renuncia del presidente de la República, aunque basada en el escrutinio
ciudadanos de su proyecto de gobierno, y que deviene en un grupo de presión. Los tres movimientos
tienen en común que emprenden acciones colectivas contenciosas y se han valido de la protesta política,
sus respectivos asuntos son controvertidos y se han situado en la agenda pública, y tal como aquí se
revela han encarado una estrategia similar desde la Presidencia y el partido gobernante: han sido
confrontados y estigmatizados desde el poder político.
Análisis de Caso
Caso 1. Según el gobierno el proyecto de infraestructura ferroviaria de transporte terrestre (mil 525
kilómetros de vías) denominado “Tren Maya” es estratégico para impulsar el desarrollo económico y
turístico del país (Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024), ya que contribuirá a fortalecer el
ordenamiento territorial, potenciar la industria turística y generar empleos en territorio de 50 municipios
de cinco estados del sureste (Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quinta Roo). Para su viabilidad
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se establecieron dos vías: gestiones legales para asegurar derechos federales de vía y acuerdos para
respetar derechos de propiedad de los ocupantes del suelo, incluso la reubicación de quienes se asientan
en ellas, y conseguir la aprobación de las comunidades indígenas y los pueblos originarios mediante el
mecanismo de consulta pública. La retórica presidencial recurre a la siguiente formulación simbólica
discursiva para connotar su significación de cara a los gobernados: se trata de un “acto de justicia”, ante
el rezago del desarrollo con respecto a las regiones centro y norte , sin menoscabo de los derechos
humanos, para generar equidad social y oportunidades de progreso, basado en una concepción de
“modernidad forjada desde abajo y para todos”, cuyo sujeto sean las comunidades indígenas y pueblos
originarios (AMLO, conferencia de prensa, 16 /12/2018).
La “Consulta Libre, Previa e Informada sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya” se llevó al
cabo en 2019 en cuatro etapas: (1) preparatoria, definición de las 15 regiones indígenas en donde se
aplicó, con base en información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); (2) informativa:
mediante 15 asambleas; (3) deliberativa, las comunidades indígenas “analizaron”, con base en sus
propios “métodos”, la información proporcionada y elaboraron “propuestas” sobre el proyecto, sin
funcionarios presentes; (4) consultiva, mediante 15 asambleas entre la autoridad responsable y las
comunidades consultadas para discutir propuestas y establecer acuerdos. Cabe señalar que las actas de
asambleas regionales y el informe de resultados de la etapa deliberativa publicadas no contenían las
opiniones y propuestas que hicieron las comunidades. En ella participaron un total de 4,869 personas, de
las cuales un tercio (38.26%) fueron autoridades comunitarias, agrarias y municipales de una cuarta parte
(1,078) del total de comunidades convocadas (1,440) en 15 regiones; en la fase deliberativa asistieron
5,436 personas, de las cuales 1,639 eran autoridades (30.15%) y el resto integrantes de 985 comunidades
indígenas (68.40%) (Consulta Libre, Previa e Informada sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya,
Gobierno de México 15/12/2019).
Al carácter no vinculante de la consulta se suman otras limitaciones tales como su cobertura,
representatividad y plazo para procesar información (dos días), elaborar propuestas (14 días) y discutirlas
(dos días). Con relación a esa consulta el movimiento objetó y se inconformó ante: 1) la arbitrariedad y
opacidad de los criterios para seleccionar regiones y decidir cuándo y dónde tendrían lugar las asambleas;
2) que éstas se hayan limitado a recibir información de la autoridad y con sesgos, al enfatizar solamente
presuntos beneficios y minimizar impactos negativos (por ejemplo, para el caso de la Fase I PalenqueIzamal, se identificaron 129, de los cuales 73 fueron clasificados como moderados, según el Manifiesto

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de Impacto Ambiental); 3) la coacción ejercida por la autoridad, al ofrecer a los pobladores asistencia
social básica a cambio de su conformidad.
En el origen y desarrollo de la acción colectiva de los pobladores de la región están los reclamos
que hicieron a la autoridad y que consideran no atendidos efectivamente por ella. Del análisis de sus
actuaciones, declaraciones y mensajes, se desprende que lograron construir en el curso de su
movilización una identidad y discurso propios para interpelar a la autoridad y hacer valer sus reclamos,
estos fueron el resultado de un efectivo ejercicio de escrutinio ciudadano, el cual concitó un consenso
superior a la acción individual contenciosa ante tribunales, no obstante que ésta tuviera mayor alcance o
eficacia externa, al recibir apoyo por parte de organizaciones civiles de defensoría, para frenar la
construcción mediante múltiples amparos legales.
Diversas organizaciones civiles actuaron como agentes externos desempeñando dos roles: a)
promotores que facilitaron una discusión colectiva que transcurrió al margen del mecanismo
gubernamental de consulta, mediante una estructura organizativa en red con trabajo voluntario de alcance
regional, y cuyo epicentro temático fue poner en entredicho la justificación, ventajas y repercusiones
favorables del proyecto y b) como voceros de comunidades y colectivos indígenas y de sus narrativas de
movilización para interpelar al gobierno y confrontar la narrativa presidencial. Así, “Indignación, A. C.
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, que goza de prestigio internacional, se dirigió al
presidente de la República (AMLO) en nombre del colectivo Chuun T’aan, organización conformada
por mujeres y hombres mayas de diferentes pueblos de Yucatán y que propugna por su derecho a la libre
determinación (Indignación.org, 02/06/2020a) para negar el argumento presidencial de que se tomaba en
cuenta el parecer de las comunidades al tomar la decisión y que ésta representa el pago de una deuda
histórica con ellas, contraponiendo el argumento de que tal decisión se tomó sin su consentimiento y que
tal deuda solamente podría pagarse “cuando respeten nuestra dignidad de pueblo (…) reconociendo que
nuestro derecho es participar en todas las decisiones que otros están tomando sobre nosotros”, incluido
“el tipo de desarrollo” que a ellos conviene y quieren (Indignación.org, 25/06/2020b).
El discurso público de esta organización indígena destaca por la coherencia con que articula
escrutinio ciudadano, disenso político y contestación, sin necesariamente depender del despliegue
espectacular de acciones directas de protesta, de cara a su interpelación al presidente (AMLO),
reivindicando su identidad y rechazando la estigmatización que de ellos se hace. En su “Carta de
Indignación de los Pueblos” le exigen: a) cambiar “las leyes que hacen ver” a las comunidades y pueblos
indígenas como “solamente pobres, campesinos o desempleados”, tal como fueron nombrados por “los
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conquistadores y hacendados”; b) reconocer que los “pueblos originarios” tienen “derecho a tomar
decisiones en su territorio”; c) dejar de confundirlos mediante promesas de un progreso que esconde
racismo y colonialismo y que “ustedes siempre dicen rechazar” (Indignación.org, 01/09/2020c), porque
“dices que tú no eres igual que esos conservadores, pero hablas de ese tipo de progreso” (Indignación.org,
25/06/2020b).
Para esta organización el fondo del disenso es atender a la exigencia de “otra manera de
relacionarse con el Estado” (Indignación.org, 02/06/2020a) y su oposición responde a su incumplimiento,
el cual imputan al presidente cuando declara en medios de comunicación que existen intereses
particulares y espurios detrás de quienes han interpuesto amparos ante la autoridad judicial debido a la
construcción (“esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo
(…) no son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados. No, son organizaciones. Esto
tiene tintes políticos”) (AMLO, conferencia de prensa, 24 de junio de 2020b) y que es dudoso que sean
pueblo “Maya” y habitantes del territorio que cruzará. Un día después de esas declaraciones
presidenciales, en las que se cuestiona el origen identitario y la promoción legítima del disenso, Chuun
T’ann respondió públicamente: “(…) dices que los que vivimos en los pueblos donde no pasará el tren
no debemos de opinar (…) te contestamos que somos mayas como dices (…) y todo lo que les pasa a los
mayas no es ajeno (…) ¿En qué te basas para decir si somos o no mayas y si estás o no en territorio
maya?” (Indignación.org, 25/06/2020b).
A esta organización civil se sumó el “Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, S. C.”,
señalando que el “desarrollo con progreso y justicia” propuesto por el gobierno y la planeación del Tren
Maya corresponden a una “mirada centralista”, de un “régimen presidencialista que por sí mismo es
neocolonialista” y que, por el contrario, las comunidades indígenas tienen una propuesta alternativa de
“modelo económico”, basado en actividades agroecológicas y turismo “bicultural”. Esa narrativa de
disenso político de las comunidades movilizadas colocó el énfasis en las afectaciones ambientales,
aspecto para el cual recibieron valioso apoyo solidario civil. Así, el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CMDA) (2020) contestó al informe gubernamental de impacto ambiental e identificó riesgos
adversos: (a) fragmentación del territorio y ecosistemas y agotamiento de acuíferos ; (b) deforestación,
incremento de actividades agropecuarias y de cambios de uso de suelo; (c) pérdida de conectividad de
ecosistemas por extinción de flora y fauna; (d) aumento en la generación de residuos por flujo de turistas
y población flotante; (e) contaminación auditiva; impactos todos que requieren de adecuadas medidas de

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control y supervisión de la obra, además de aquellos derivados de factores socioeconómicos (CMDA,
08/06/2020).
Esta vertiente de inconformidad se fortaleció con los informes de los relatores de Derechos
Humanos de la ONU que destacan la inadecuación de la metodología científica técnica y de los
procedimientos de la autoridad para identificar y evaluar impactos ambientales, lo cual impedía disponer
de información suficiente y confiable acerca de generación, manejo y disposición final de residuos,
conservación de flora y fauna endémicas y en peligro de extinción; generación de agua residual y
disponibilidad de agua potable ante el aumento de personas en tránsito; flujos de migración interna,
desplazamientos y expulsiones de población, desarraigo y decrecimiento de actividades productivas
tradicionales (CMDA, 2021). Otro aspecto controvertido y contestado concernió a involucrar a la
Secretaría de Defensa y al Ejército en la gestión y usufructo del megaproyecto, al intervenir desde su
diseño, planeación y construcción de los tramos 6 y 7 hasta recibir directamente beneficios netos cuando
se ponga en operación sin que pasen por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque para el
gobierno se trata de que sea un negocio del Estado, en respuesta a una visión patrimonial nacionalista de
largo plazo.
En reuniones con el presidente y mediante cartas públicas enviadas, las organizaciones indígenas
consideraron conculcados sus derechos a ser efectivamente consultados y tomados en cuenta. El Consejo
Regional Indígena y Popular de Xpujil, S. C. argumentó violaciones a sus derechos de consulta y de
consentimiento, en congruencia con el derecho internacional, porque “el gobierno sólo realizó asambleas
sin información adecuada y cabal (…), donde muchos y muchas presentaron (…) cartas y listas de
necesidades sólo para quedarse [a dormir] el sueño de los justos”; la organización Chuun T’aan, por su
parte, le reprocharon su ejercicio simulado: “si de verdad tienes la buena voluntad de hablar de frente a
nuestro pueblo o es pura faramalla (…) porque “tú [AMLO] decidiste dónde, cuándo y a quién
preguntarle; nunca lo acordaste con nosotros los mayas (…)”, a la par que objetaron dar prioridad a
“algunos ejidatarios y alcaldes municipales (…)”, y le reclamaron que no haya respondido a cómo
participarían en “la operación, administración y el uso de las ganancias del Tren” (Indignación.org,
25/06/2020b).
El alcance del movimiento residió en emprender acciones legales contenciosas y a la vez acciones
políticas de resistencia ante los ataques de que ha sido objeto, en ambas vías con apoyo de organizaciones
de la sociedad civil, locales y nacionales; en el primer frente, algunos de los amparos promovidos
recibieron sentencias judiciales a su favor otorgando la suspensión definitiva, y en el segundo frente, han
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conseguido publicidad para su escrutinio ciudadano, vindicaciones y reclamos, precisamente porque la
estrategia del presidente de la República ha sido invalidar la legitimidad política del actor colectivo y sus
acciones, al declarar de manera pública y reiterada que quienes promueven la “lluvia de amparos” y
“sabotaje legal” reciben financiamiento de particulares (AMLO, conferencia de prensa, 08/07/2019b).
Más recientemente, el presidente ha declarado que recibió “información de todas las organizaciones
supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero,
algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya” (AMLO, conferencia de
prensa, 28/08/2020c).
A la par de ese mismo acto público en que el presidente exhibió un cuadro con nombres de
fundaciones extranjeras y cantidad de dinero aportado presuntamente a sus opositores políticos, la
sección “preguntas frecuentes” de la página web gubernamental del proyecto fue saturada con mensajes
dirigidos a invalidar todo tipo de cuestionamiento: “Muchos ‘estudios’ relacionados al Tren Maya han
sido publicados por personas que podrían parecer autoridades académicas. Sin embargo, hemos
encontrado que la gran mayoría de estos textos se basan en prejuicios, suposiciones y opiniones
infundadas (…)”. Ante tales imputaciones presidenciales para desacreditar a organizaciones civiles,
nacionales e internacionales, éstas han denunciado que padecen una “estrategia política persecutoria”,
que el “Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos” ha catalogado con la etiqueta
discursiva de “síndrome político binario y ciertamente autoritario de muchos gobernantes
latinoamericanos: o estás conmigo o estás en mi contra” , denuncia refrendada por el Consejo Regional
Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), que ante la solicitud del presidente de aclarar su situación
financiera, declaró: “(…) ¿utilizamos estos recursos para desestabilizar su proyecto (…)? (…) no, porque
no es nuestra prioridad (…) usted lo dice para desviar la atención sobre las inconsistencias, las
deficiencias, la mala planeación (…) e impedir nuestro derecho a exigir información y utilizar
mecanismos jurídicos y legales de defensa”. Esa organización exigió al presidente: 1) una disculpa
pública por “sus señalamientos sin fundamento y de mala fe”, 2) dejar de señalar y “criminalizar” a las
organizaciones de la sociedad civil, 3) detener su “campaña de hostigamiento”, 4) no promover “grupos
de choque” para dividir a las comunidades y pueblos, 5) respetar el derecho a disentir y 6) respetar al
Poder Judicial y abstenerse de presionarlo y, asimismo, exigir a Fonatur suspender toda la obra del tren.
Caso 2. Las movilizaciones feministas en el periodo de estudio tienen un carácter nacional y se
inscriben en el marco más amplio de las luchas en favor de los derechos sociales, políticos y culturales
de las mujeres a nivel mundial, que tienen como objetivo común hacer visibles e incorporar a la discusión
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pública las distintas facetas de la opresión y violencia de género, de manera notoria, entre otras, la
persistencia de sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana y la impunidad de que gozan sus
perpetradores; la complicidad por acción u omisión por parte de autoridades de seguridad e impartición
de justicia ante delitos de violencia sexual y feminicidio; el papel de medios de comunicación en la
reproducción simbólica de la violencia ejercida contra las víctimas y, en general, la incapacidad de la
autoridad para reconocer que prevalece una negligencia sistemática en la atención de las causas
estructurales que las originan, así como una falta de transversalidad de la perspectiva de género en el
diseño, implementación y evaluación de legislación, políticas públicas y acciones de gobierno en distintas
materias y ámbitos sociales.
Tales movilizaciones, desde el punto de vista de sus protagonistas, son detonadas a partir de algún
caso que vuelve prominente la problemática subyacente, y el análisis permitió identificar un patrón de
comportamiento de la respuesta gubernamental: por un lado, no reconocimiento político de la legitimidad
de la causa particular vindicada y, por otro lado, incomprensión acerca de las implicaciones de integrar
la perspectiva de género transversalmente para su atención (falta de congruencia en la perspectiva) y, en
su lugar, imponer una serie de medidas que resultan ineficaces para resolver la problemática en su origen
(falta de congruencia en la acción gubernamental). Una serie de indicadores advierten, en efecto, que las
políticas públicas y acciones de gobierno no han conseguido siquiera reducir las violencias de género, en
parte quizá debido a la renuencia de AMLO para reconocer como punto de partida que poseen causas y
consecuencias distintas a otros tipos de violencia. Para el objetivo de este análisis importa destacar que
ambos aspectos de la postura evidencian la incompatibilidad entre dos perspectivas políticas en torno a
la cuestión feminista como proyecto de cambio social y cultural, la cual se tradujo en una estrategia
presidencial en contra de la movilización feminista en tres direcciones: sustraer visibilidad a la
vindicación, minimizar su dimensión y estigmatizar a sus protagonistas para disuadir y obstruir el apoyo
que las mujeres movilizadas en protesta pudieran recibir entre la opinión pública.
Tal como sus similares en América Latina, este movimiento se ha caracterizado por conjuntar
acciones presenciales de intervención en espacios públicos y comunicativas de apropiación de aquellos
configurados en el entorno de comunicaciones digitalizadas en red. A diferencia de la acción organizada
focalizada de los colectivos indígenas en contra del Tren Maya -potenciada por la solidaridad de
organizaciones civiles especializadas en asesoría jurídica y ambiental-, las movilizaciones feministas se
han articulado a partir de dos lógicas: por un lado, de la acción conectiva habilitada
organizacionalmente, que ofrece flexibilidad para reclutar y orientar la acción de sus protagonistas en
Un dilema democrático en México: disenso social ante la promesa de cambio político.

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campañas cíclicas y establece redes no formales con otras agrupaciones y, por el otro, de la acción
conectiva habilitada por las multitudes, consistente en movilizaciones a gran escala sin núcleo
organizativo, con pocos líderes, cuyas apelaciones van dirigidas a individuos, en lugar de sus grupos de
pertenencia (Bennett y Segerberg, 2015, p. 374).
En este caso la participación política es disruptiva y estuvo conformada por prácticas
comunicativas políticas que consisten en el entrelazamiento entre acciones políticas y comunicativas a
partir de su sentido político, las cuales transcurren de manera deslocalizada, combinan acción directa o
presencial y mediática a distancia y ponen en juego la dimensión creativa de la agencia humana, si bien
sujetas al fenómeno de mediatización (Peña, 2021b). Desde la perspectiva aquí elaborada, se trató del
tipo de movimiento social que se desarrolla en olas situadas contextualmente disputando reconocimiento
público a su causa, confrontado la agenda política, a partidos y al gobierno en turno y detonadas en cada
coyuntura en respuesta a hechos que conculcan los derechos de las mujeres, cuyo patrón de
comportamiento identificado combina acciones directas radicales incluso con expresividad de violencia
en plazas públicas y, a la par, la promoción de la discusión pública en flujos multidireccionales de
comunicación política.
Primera oleada #MeToo: La primera movilización feminista durante el mandato de AMLO se
produce, en marzo de 2019, en torno al llamado multitudinario a víctimas de violencias de género, en
especial de acoso y abuso sexual, para compartir públicamente sus experiencias, señalar a sus agresores
y los motivos por los que se abstuvieron o denunciaron tardíamente, mediante comunicación digitalizada
en red a través de la etiqueta hipervinculante #MeToo que se popularizó en el 2017 a nivel mundial. El
activismo político resultante enlazó a mujeres de diferentes edades, ocupaciones, grupos sociales y
orientaciones políticas y se desplegó en dos vertientes: 1) promover la acción de denunciar legalmente y
2) inducir la toma de conciencia colectiva y la discusión pública acerca de las diversas manifestaciones
de violencia en contra de mujeres al circular opinión compartida, en conversaciones y comentarios,
predominando la idea de que las víctimas de agresión no denuncian en su momento porque perciben que
la acción legal tiene escasa eficacia externa, como vía de defensa y efectiva impartición de justicia dentro
del cauce institucional. Ante la cuestión el presidente se pronunció de modo genérico y ambiguo,
declarando que se trataba de un “tema que debe atenderse”, pero que también debía prestarse atención
“a conservar la dignidad (…) tanto del que acusa como del acusado” (AMLO, conferencia de prensa,
03/04/2019a).

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Llama la atención que siendo conocido que en el país dos de cada tres mujeres (30.7 millones)
del total que tienen 15 o más años (46.7 millones) han enfrentado algún tipo de violencia en algún
momento de su vida (INEGI, 21/11/2019), sin embargo los asuntos de violencia de género ocupan un
lugar tangencial en la planeación de la gestión gubernamental, como una más de las estrategias de
seguridad pública (“Prevención Especial de la Violencia y el Delito”, Plan Nacional de Desarrollo, 20192014), sobre todo porque desde el año 2007 se cuenta con legislación en la materia (Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF: 01/02/2007), lo cual es un indicador de la
perspectiva que se tiene respecto de la cuestión de género. Otros indicadores son que después de un año
de iniciada su gestión, el gobierno federal emprendió la “Estrategia de Sensibilización para la Prevención
de Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, cuyas acciones no reconocen la dimensión estructural de
los comportamientos asociados a las violencias de género y después de dos años implementa un programa
de atención integrada a la mujer (“Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 20202024, DOF: 22/12/2020), cuyos objetivos son potenciar su independencia económica, generar
condiciones para la redistribución de tareas domésticas, salud sin discriminación, combatir tipos y
modalidades de violencia, garantizar la participación igualitaria y contribuir a generar entornos seguros
y pacíficos.
Segunda oleada #NoMeCuidanMeViolan: En agosto de 2019 cientos de mujeres protestaron
afuera de las instalaciones de la dependencia gubernamental encargada de la seguridad pública en la
Ciudad de México (CDMX) en torno a la dilación y omisiones de las autoridades ante las denuncias
interpuestas por una joven mujer víctima de agresión sexual por parte de policías de esa dependencia,
información filtrada desde el expediente a cargo de la autoridad judicial local. Ante esta manifestación,
la jefa del gobierno de la CDMX declaró que “no se trató de una protesta sino de una provocación (…)”
para que “que el gobierno respondiera con violencia” lo cual no ocurriría, pero se procedería a investigar
a quienes generaron tal provocación. En respuesta “Las Constituyentes CDMX Feministas”, una de las
organizaciones que convocó y participó en la movilización, declararon que el pronunciamiento de tal
funcionaria era una demostración de intolerancia política e indicativo de la “criminalización de la
protesta” y de una “persecución” contra las manifestantes. Al ser interpelado ante los hechos y
actuaciones, el presidente de la República expresó su pleno acuerdo con la postura de la jefa de gobierno:
“Ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir hace falta mano dura porque así son, pero no
hay que usar la fuerza pública” (AMLO, conferencia de prensa, 19/08/2019c).

Un dilema democrático en México: disenso social ante la promesa de cambio político.

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Esta actuación gubernamental en respuesta a la movilización, por una parte, confirma el patrón
identificado, por un lado, la incongruencia entre declararse permisivo y respetar el disenso y a la vez
descalificar su manifestación pública y, por el otro, desviar el foco de responsabilidad hacia inercias
institucionales heredadas de gobiernos anteriores, de cara a cuya reversión se privilegia la persecución
legal de sus extitulares, y por otra parte revela el alineamiento entre autoridades de distinto nivel,
emanados del mismo partido político, a la estrategia presidencial.
Tercera oleada “la marea verde”: En el marco de la acción colectiva convocada por la iniciativa
del “Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”, cuyo objetivo es posicionar en la
agenda social y política el aborto como una cuestión de salud pública y justicia social hasta conseguir su
legalización y su gratuidad, la movilización de un grupo diverso de mujeres mexicanas vindicando y
defendiendo sus derechos reproductivos y sexuales fue ocasión para criticar y confrontar, en especial por
parte de la organización “Marea Verde Quinta Roo”, la postura adoptada por el presidente de la República
quien declaró que “corresponde a los ciudadanos decidir, por mayoría, acerca de la legalidad del aborto,
mediante consultas, y una vez que existan condiciones en la sociedad para emprender cualquier cambio:
“(…) en temas muy polémicos lo mejor, siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos (…)
que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria” (AMLO, conferencia de prensa, 31/12/2020e).
En cambio, en la perspectiva de este grupo de mujeres tal postura alienta la narrativa colectiva de
que los derechos humanos son negociables y pueden ser sometidos a consulta. Esta oleada de su
movimiento revela otro rasgo del patrón de la respuesta desde el poder político, la estrategia del
presidente es seleccionar la extensión, profundidad e intensidad con que se pronuncia ante el disenso y
la inconformidad, sirviéndose de mecanismos y recursos institucionales que le permiten controlar la
agenda pública (conferencia de prensa matutina transmitida diariamente por el sistema de radiodifusión
del Estado), determinar la legislativa con la mayoría de su partido e influir en la agenda mediática,
referentes todas de la activación y desarrollo de la discusión y opinión públicas de asuntos que si bien
son controvertidos las mujeres consideran prioritarios.
Cuarta oleada Ingrid Escamilla y #UnDíaSinNosotras: Una cuarta oleada de movilizaciones
muestra que, además de sostenible e irreversible, el activismo político de las mujeres escala en el alcance
de la presión ejercida, al diversificar su espectro de interpelación estratégica y contestación política,
apuntando hacia el papel de los medios de comunicación. Se despliega en febrero del 2020 mediante una
protesta de agravio colectivo en plazas públicas de varias ciudades manifestando una indignación
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compartida frente a la difusión de fotografías del cuerpo desollado de la joven Ingrid Escamilla, víctima
de feminicidio, y el reclamo para que, por un lado, se castigue a funcionarios que filtran información
sensible de delitos cometidos contra mujeres y, por el otro, exigir que en todos los medios de
comunicación y plataformas de redes socio-digitales se actúe con ética y no sea ejercida violencia
simbólica sobre víctimas de violencias de género y feminicidio, al propagar relatos estructurados para
“revictimizar” y perjudicar las acciones para conseguir justicia, “derecho al olvido” y bienestar de sus
familias. La acción colectiva emprendida aprovechó el potencial hipervinculante de las plataformas
digitales para promover la difusión de imágenes agradables asociadas al nombre de la joven. Un primer
logro de la presión social ejercida tuvo lugar un año después, al aprobarse reformas al Código Penal del
Distrito Federal (popularmente llamada “Ley Ingrid”) y adicionar con un inciso quáter el artículo 293
para establecer prisión como castigo a servidores públicos que de forma indebida difundan información
reservada acerca de hechos o evidencias vinculados a procedimientos judiciales.
A menos de un mes del feminicidio y esa protesta, el 9 de marzo de 2020 se llevó a cabo el primer
paro nacional de mujeres en México, convocado a través de redes sociodigitales por el grupo de
veracruzanas conocido como “Brujas del Mar”, para protestar de manera simbólica y pacífica
ausentándose de lugares públicos y absteniéndose de participar en actividades productivas, en un
ejercicio de tratar de “visibilizar lo invisible”. Ante esta acción colectiva vindicatoria, la postura y
respuesta del presidente de la República pudo parecer contradictoria porque declaró públicamente, por
un lado, que las mujeres eran libres y su gobierno garantiza el derecho a disentir y a manifestarse y, por
el otro, que la movilización es un acto más de “hipocresía” de quienes aparentan “ser feministas”, porque
intereses espurios están detrás de la convocatoria y algunas mujeres eran “manipuladas” por el
conservadurismo para obstruir el proyecto de cambio de su gobierno (AMLO, conferencia de prensa,
21/02/2020a). Este tipo de estrategia política y discursiva de construir aliados y enemigos a partir de su
estigmatización social sirve para poner en entredicho cualquier fuente de inconformidad, y vulnera más
a grupos sociales de ciudadanos autoorganizados y sus iniciativas para ejercer el disenso político con
independencia de partidos, sindicatos y todo tipo de corporaciones y grupos de poder (Peña Serret,
2021b).
Quinta oleada: la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): Otra
vertiente del movimiento se dirige a exigir una efectiva rendición de cuentas y a la par ejercer el escrutinio
ciudadano lo cual en conjunto amplifica el alcance y la calidad de la contestación a la acción de las
instituciones estatales, una de cuyas dimensiones es su eficacia, contrastada con sus resultados efectivos.
Un dilema democrático en México: disenso social ante la promesa de cambio político.

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Ese es el fondo que subyace a la movilización emprendida, a un año del nuevo gobierno, por parte de los
colectivos feministas “Frente Nacional Ni Una Menos México” y “Aequus, Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos” que ocuparon por la fuerza las instalaciones de la CNDH en protesta por la falta de
resoluciones a las quejas presentadas por parte de víctimas de violencias de género, feminicidio y
desaparición forzada, reclamando a ese órgano autónomo constitucional defender efectivamente el
derecho de ellas y sus familias a una justicia imparcial, expedita y con reparación del daño ante las
instituciones responsables. La fuerza del reclamo se justificaba al considerar el informe mensual de la
CNDH de diciembre del 2019 (CNDH, 2019),: del total de 16 mil 9 expedientes a esa fecha, el 30.16%
seguían pendientes de desahogo y solamente el 0.92% del total de los resueltos (69.84%,) terminó con
una “recomendación”. La respuesta de la titular de ese órgano es indicativa de su visión de la
responsabilidad pública y estrategia política ante el reclamo colectivo legítimo provocado por
negligencia: objetó públicamente las acciones de protesta porque debía revisarse caso por caso, lo que se
vería impedida de hacer debido a que “muchos de los documentos necesarios para su seguimiento se
encuentran en el lugar y no tenemos acceso a ellos ni a nuestros archivos” (CNDH, 07/09/2020), aun
cuando ratificó el compromiso de “trabajar conjuntamente en apoyo a sus peticiones”. Esa respuesta
burocrática fue interpretada por los colectivos movilizados como una forma de “revictimización”, que
pretende responsabilizar a las mujeres en protesta por el abandono y la demora en la resolución de
expedientes sin desahogo.
La CNDH publicó comunicados oficiales solicitando a las mujeres un diálogo y abstener de dañar
su edificio sede catalogado como monumento histórico, señalamiento que encontró eco en presidente de
la República quien declaró que era una forma no legítima de manifestación de la inconformidad,
desestimó la causa propugnada y pretendió desviar la atención que merecía el asunto, imputando que la
manifestación de protesta había sido exagerada por parte de los medios de comunicación y eso respondía
a una revancha política de sus adversarios: “la prensa conservadora lo magnifica para perjudicarnos…
(…) una exageración (…) que se convirtió en un asunto político abrazado por el conservadurismo”
(AMLO, conferencia de prensa, 08/09/2020d). En respuesta, el colectivo “Frente Nacional Ni Una
Menos” exigió a la CNDH que emitiera una recomendación general para que “todas y todos los titulares
de cualquier instancia de gobierno, poderes y fiscalías se abstuvieran de emitir cualquier tipo de discurso
con el que se minimice o pretenda minimizar la grave situación de violencia de género y violencia
feminicida” (Frente Nacional Ni una Menos México, 10/09/2020). La acción colectiva disruptiva mostró

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su eficacia al conseguir la aceptación de la CNDH del pliego petitorio que le fue presentado y, dos meses
después, que emitiera la recomendación prácticamente en los términos en que le fue exigida.
Sexta oleada: el muro de la vergüenza y #RompeElPacto: Una de las acciones de gobierno más
reveladoras de la postura política del presidente de la República hacia el movimiento feminista fue su
convalidación a la decisión de las autoridades de seguridad y del gobierno de la Ciudad de México para
erigir una valla metálica en los alrededores del Palacio Nacional de Gobierno, la cual aquel denominó
“muro de la paz”, justo antes de las manifestaciones públicas anunciadas por diversos colectivos
organizados de mujeres con motivo del “Día de la Mujer” llevadas a cabo el 8 de marzo del 2021, lo cual
generó el evidente clima de expectación, controversia y tensión política y social en el que se desplegaron
varias de las acciones colectivas, más emblemáticas y significativas, protagonizadas por mujeres de todas
las clases sociales y lugares del país, basadas en un efectivo ejercicio de escrutinio ciudadano respecto
de una presidencia centralista y un gobierno de partido hegemónico que propugna ostensiblemente por
un cambio político radical frente al status quo prevaleciente.
La justificación de la valla para contener a las y los manifestantes fue impugnada por ellos como
gesto de intolerancia política y cerrazón de la autoridad al diálogo, ante el cual las mujeres respondieron
vindicando el llamado a la sociedad para proponerse todos “Romper el Pacto”, noción simbólica que,
entre otras de sus complejas connotaciones, significa acabar con la complicidad del Estado en la
producción y reproducción de opresión y violencia contra las mujeres basadas en la estructura social y
cultural del patriarcado. Con esa orientación política el alcance de la movilización llegó a colocar la
cuestión como asunto toral en la agenda pública, al ser acompañada por acciones colectivas
emblemáticas, tales como denominar la valla de contención el “muro de la memoria” e inscribir en ella
los nombres de víctimas de feminicidio, junto con otras consignas entre ellas el exhorto al presidente de
la República para ser congruente y contribuir a “Romper el Pacto” en los hechos y no respaldar la
postulación de Félix Salgado Macedonio por parte de su partido (Morena) como candidato a la
gubernatura de Guerrero ante las numerosas presuntas acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él,
de las cuales se habían propagado testimonios y evidencias (#UnVioladorNoSeráGobernador), antes,
durante y después de la manifestación convocada y difundida mediante activismo en Internet
(#RomperElPacto).
La respuesta del presidente de la República a tal exhorto revela otra vez incongruencia y
ambigüedad política, por un lado, al admitir públicamente su desconocimiento del sentido colectivo de
“Romper el Pacto”, desde la plural y enriquecida perspectiva feminista en construcción, a la que
Un dilema democrático en México: disenso social ante la promesa de cambio político.

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contribuyen mujeres de todos los estratos y ámbitos sociales, algunas de cuyas aristas se ponen en escena
simbólicamente con cada ciclo del movimiento feminista y, por otro lado, al imputar que el exhorto que
se le hace es “una simulación sobre el feminismo” que responde a intereses políticos y electorales para
descalificar su gobierno y su proyecto de transformación social, que no le merece ser atendido porque,
según afirmó el presidente, él ha cumplido con romper el “pacto de guardar silencio ante la corrupción
heredada”, ser “respetuoso de todos los seres humanos” y “dejar de estar apoyando a los hombres”
(AMLO, conferencia de prensa, 25/01/2021).
Caso 3. A diferencia de los movimientos sociales antes analizados, el Frente Nacional AntiAMLO surge, en mayo de 2020, como una movilización que no vindica o reivindica reconocimiento a
alguna causa social, y tampoco establece interlocución política alguna, sino que transcurre como una
campaña de confrontación ideológica al gobierno en turno, que combina protesta y llamados a la
desobediencia civil como mecanismos para ejercer presión y conseguir el objetivo de que el presidente
de la República sea sometido a juicio político o dimita del cargo, justificado porque se le imputa
ineficacia gubernamental y atentar contra valores democráticos. Con ese objetivo plantea cinco
estrategias: 1) generar una “masa crítica” de 4 millones de personas; 2) minimizar los ingresos por
recaudación fiscal “de la dictadura” (“vacunación contra el morenavirus”); 3) “romper con el Pacto Fiscal
Federal”; 4) vincularse con “regiones militares” para “recordar” a estos que “su lealtad está con la
soberanía e integridad del pueblo mexicano” y 5) hacer pública su aprobación o desaprobación de
postulantes a candidatos a cargos públicos, haciendo valer el perfil que definan los miembros del
movimiento, organizado en comisiones de trabajo y un “consejo ciudadano” integrado por 69 de ellos
(FRENA, página web oficial, 2020).
Definido a sí mismo como “movimiento social” independiente de cualquier partido político y que
descarta convertirse en asociación civil, su discurso público deja marcas de su orientación ideológica al
proponerse como misión “rescatar” a México “de las manos del comunismo” que dicen ha impuesto el
presidente y su partido (Morena), a partir del “respeto”, “admiración” y “acogida” que dicen profesan
hacia gobiernos que califican como “socialistas” y a sus mandatorios (Castro en Cuba; Chávez y Maduro
en Venezuela; Morales en Bolivia) (FRENA, página web oficial, 2020), así como la “imitación” de
políticas dirigidas a la “unificación del poder, militarización, control de medios de comunicación y
propaganda, el culto al líder, incentivar el odio o ‘lucha de clases’, manipulación religiosa, someter al
poder legislativo y judicial bajo un solo poder y proyectos simbólicos (FRENA, página web oficial,
2021).
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De sus escasas acciones colectivas destacan las caravanas de automovilistas circulando por
avenidas de distintas ciudades, un “plantón” en la explanada del Zócalo capitalino y una concentración
multitudinaria en ese sitio denominada “mega juicio ciudadano al presidente Andrés Manuel López
Obrador”, el 21 de marzo del 2021, cuyos resultados se proponían hacer llegar a “tribunales nacionales
e internacionales”, a las legislaturas de los estados y a la Cámara de Diputados para él fuera enjuiciado
como “mandatario ilegítimo y “espurio” (FRENA, 22/03/2020). La respuesta del presidente se ha valido
de las debilidades exhibidas por el propio movimiento para minimizar su alcance (“es una minoría,
porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta”) (AMLO, conferencia de prensa,
14/07/2020f) y consistencia (“Ojalá se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero unos
cuantos días” (AMLO, conferencia de prensa, 14/07/2020f), así como denostar sus consignas “(…) en
algunas protestas, están saliendo cartulinas clasistas, racistas, de pena ajena (…) una decía: &lt;quiero vivir
en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta&gt;” (AMLO, conferencia de prensa, 14/07/2020f). El
análisis revela, por un lado, que este agrupamiento vindica para sí la identidad de ciudadanos y a la vez
ostenta en sus actos públicos su identificación con cierto credo religioso (imágenes y rituales del culto
católico exhibidos), por lo cual por encima de la legitimidad de su causa, lo inédito del número y
composición social de las personas, formas de actuación y discurso público, la ambigua identidad
construida ha sido objeto de estigmatización social, tal como muestra la cobertura informativa y de
opinión mediática en las que se les califica como “grupos sinarquistas”. Precisamente de este rasgo, por
otro lado, se ha servido el presidente de la República para confrontar públicamente al movimiento, con
fuertes dosis de burla y sarcasmo por la precariedad de su representatividad numérica y expresiones de
adhesión que concita, al atribuirle estar originado, motivado y auspiciado por sus adversarios políticos,
cuya ambigua identidad simbólica se ha encargado de construir diariamente durante dos años en sus
conferencias de prensa: todos aquellos que buscan “conservar el régimen corrupto, de injusticias y
privilegios”, a quienes reta a dirimir las diferencias que califica de “fondo”, por la vía democrática, en
ocasión de la consulta pública de revocación de mandato, aprobada para llevarse al cabo en el año 2022.
El alcance de este movimiento ha sido exhibir la intolerancia de quien gobierna, al provocar sus
manifestaciones públicas de repudio a una minoría, lo cual es inadmisible en cualquier democracia.
5.- CONCLUSIONES
A diferencia de la perspectiva (neo)institucionalista centrada en el diseño de las reglas del juego político,
los cambios pactados entre élites y sus estrategias de coalición, como determinantes de la estructura de
oportunidades y recursos de los movimientos sociales y la acción colectiva, aquí nos centramos en
Un dilema democrático en México: disenso social ante la promesa de cambio político.

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analizarlos desde una perspectiva cultural simbólica de comunicación política porque pone de relieve el
papel de la agencia humana y el sentido político intersubjetivamente compartido de la acción colectiva
contenciosa y disruptiva, desplegada continuamente entre los contextos electoral y de gobernanza,
potenciada por aquella comunicación digitalizada en redes sociales que favorece el escrutinio ciudadano
como cauce para movilizar el disenso político.
Así, el enfoque analítico aquí propuesto presupone entender los movimientos sociales a partir de
su propia perspectiva y de contrastar las maneras en que desde ella se confronta al poder político y éste
por su parte responde a sus reclamos, se comporta omiso o elude su responsabilidad, o bien los confronta
en mayor o menor medida. Por eso el análisis contrasta entre el comportamiento de respuesta de los
actores políticos definidos como responsables de los reclamos sociales y el comportamiento de las
estrategias, acciones y discurso público de quienes los encaran e interpelan, a partir de las posturas
efectivamente hechas públicas, porque de ese modo se puede revelar las experiencias de movilización
del disenso y a la par los diversos mecanismos de lucha política que repercuten en su alcance en términos
de clima de opinión e imaginario político.
Con la actual distribución del poder político institucional en México, que nulifica posibles
contrapesos a las decisiones de un gobierno federal con mando partidista hegemónico, a la par de la
precariedad de la actuación de las oposiciones partidistas se han generado oportunidades, espacios e
incentivos para la movilización ciudadana del disenso político, la inconformidad y la lucha organizada
mediante acciones colectivas contenciosas dentro y por fuera del cauce de los partidos y los mecanismos
gubernamentales de consulta pública. Los heterogéneos movimientos sociales aquí analizados ponen de
relieve que las luchas por el reconocimiento político de la diferencia y los particularismos, del pluralismo
ideológico y la inclusión de las voces minoritarias en el debate público como reclamos sociales legítimos
representan un efectivo dilema democrático, aun cuando el gobierno emanado de la transición partidista
electoral del 2018 ostente encabezar una transformación social y política de gran envergadura, y detente
una representatividad electoral y una mayoritaria evaluación favorable.
A pesar de sus diferencias en cuanto al asunto colectivo que motivó su origen, sus finalidades,
composición social, recursos, formas de organización y estrategias de acción, se encontró que los
movimientos estudiados están basados en efectivos ejercicios de escrutinio ciudadano, que movilizan
efectivamente un disenso político, autónomo de los partidos políticos y, a la par, tienen en común haber
sido confrontados por una estrategia presidencial común, cuyos rasgos característicos son: 1) desacreditar
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toda movilización de disenso político e inconformidad, a partir de estigmatizar a sus protagonistas y
presentarlos como respondiendo a intereses ilegítimos de grupos de poder y recibiendo apoyo de ellos
para oponerse a las decisiones y actos del gobierno. 2) dilatar las respuestas gubernamentales efectivas
para resolver los conflictos generados, ejerciendo desde la presidencia de la República presión hacia el
poder judicial y los órganos autónomos constitucionales para alinear tales respuestas desde el ámbito de
su competencia política y legal; 3) desplazar el foco de la agenda y discusión pública de los asuntos
vindicados por los movimientos sociales hacia el cauce de la comunicación mediática, en especial de los
medios públicos, en el cual el presidente detenta un control suficiente de agenda política, a partir de
construir la narrativa pública en torno a la polarización de dos “bandos políticos”, quienes apoyan y
defienden la gestión gubernamental y quienes la critican o se oponen a ella, propagando el argumento de
que lo hacen motivados por intereses ilegítimos y razones moralmente reprobables. 4) manipular la
opinión pública, acosando al periodismo crítico y sirviéndose del aparato estatal de medios públicos para
promover una imagen favorable al presidente y al partido gobernante.
El fondo de la disputa en estos movimientos es diferente: en el caso del feminismo es una cuestión
de perspectiva y visión política, por eso ha concitado la adhesión progresiva de ciudadanos desde
diferentes estratos socioeconómicos y posturas políticas, incluidos algunos que pueden incidir en la
agenda mediática de opinión pública. No debe pasar inadvertido una condición del contexto, la cual
repercute en la agenda y mediante el posicionamiento en ella, en la capacidad de resistencia que pueden
detentar efectivamente cada movimiento, que es el clima adverso que el asedio presidencial contra los
medios de comunicación. De ese modo, valiéndose de la visibilidad y resonancia social que le reditúa el
dispositivo de la conferencia de prensa que ofrece diariamente, el presidente ha situado y mantenido la
controversia en torno a la construcción simbólica de un adversario que persigue intereses contrarios al
interés público y que estaría detrás de quienes disienten y se oponen a su proyecto de gobierno.
Este estudio ha buscado contribuir a entender una de las encrucijadas políticas en México, aquella
que deviene de impulsar un cambio político democrático, pero valiéndose desde el poder de una estrategia
de polarización política y nulificación del disenso, para el caso de estudio de movimientos sociales de
diferente tipo. Se ha identificado un patrón de gobernanza que, al estar basado en una coalición partidista
mayoritaria y unificada bajo el mando presidencial, y ante la incapacidad de contrapesos y control
institucional por parte de las oposiciones partidistas, tiende a fragmentar y disolver las disidencias y la
inconformidad social hacia la gestión gubernamental, a partir de atribuirles ante la opinión pública que
ellas responden a intereses espurios y que son manipuladas por grupos de poder económico y político
Un dilema democrático en México: disenso social ante la promesa de cambio político.

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que han sido confrontados recurriendo al consenso popular de mayoría. Este patrón de comportamiento
del ejercicio altamente concentrado del poder político supone, entre otros, el riesgo de instalar una
especie de “tiranía de la mayoría” sobre las minorías disidentes, con consecuencias indeseables de cara
a la tarea colectiva de afirmar una democracia socialmente equitativa e incluyente como condición de un
efectivo cambio social.
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http://revpoliticas.uanl.mx/

Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo
Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil1
Political, pandemic, and social crisis: study of the Government Bolsonaro in the context
of COVID19 in Brazil
Roberto, Macedo Gondo2; Lígia, De Morais Oliveira3
RESUMEN

……………………………………
Fecha de recibido: 6/12/2021
Fecha de revisado: 21/12/2021
Fecha de aceptado: 20/4/2022

El objetivo de este artículo es presentar resultados de una investigación probabilística
cuantitativa realizada con la población brasileña en el territorio nacional para
identificar las percepciones del gobierno presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil. El
corte de investigación está dimensionado para los años 2019 y 2020, con el propósito
de alinearse con la primera parte del mandato del actual presidente y converger en
los temas más representativos que surgieron en el contexto brasileño y global, como
el enfrentamiento de la pandemia del COVID19. y las respectivas políticas públicas
orientadas al combate y control de la enfermedad, el fortalecimiento y lineamientos
de los movimientos sociales y la renovación política que han surgido en los últimos
años y la postura del gobierno bajo la conducta diplomática e internacional. De
acuerdo con los parámetros de la investigación, fue posible identificar un creciente
descontento con el gobierno federal brasileño, bajo el prisma de combatir la pandemia
y acciones para estimular el crecimiento económico. Factores que apuntan a las
dificultades que se enfrentarán en el segundo mandato, que culminará
estratégicamente en las elecciones de 2022 y posible intento de reelección del
Ejecutivo.
Palabras Claves: Democracia, Jair Bolsonaro, movimientos de renovación política,
pandemia de COVID-19, popularidad.
ABSTRACT

Esta obra está bajo una licencia de Creativa Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional
RESUMO
O objetivo do presente artigo é apresentar resultados de pesquisa quantitativa
probabilística realizada com a população brasileira em território nacional para
identificar percepções do governo presidencial de Jair Bolsonaro no Brasil. O recorte
de investigação é dimensionado para os anos de 2019 e 2020, com a finalidade de
alinhar com a primeira parte do mandato do atual presidente e convergir para as
temáticas mais representativas que emergiram no contexto brasileiro e global, tais
como o enfrentamento da pandemia da COVID19 e respectivas políticas públicas
destinadas ao combate e controle da doença, fortalecimento e pautas provenientes de
movimentos sociais e de renovação política que surgiram nos últimos anos e postura
do governo sob a égide diplomática e internacional. De acordo com os parâmetros da
pesquisa, foi possível identificar um crescente descontentamento com o governo
federal brasileiro, sob os prismas de combate da pandemia e ações para o estímulo do
crescimento econômico. Fatores que apontam para dificuldades que serão enfrentadas
no segundo momento de mandato, culminando estrategicamente para as eleições de
2022 e possível tentativa de reeleição ao poder Executivo.

The objective of this article is to present the results of a quantitative probabilistic
research carried out with the Brazilian population in the national territory to identify
the perceptions of the presidential government of Jair Bolsonaro in Brazil. The
research cut is dimensioned for the years 2019 and 2020, in order to align with the
first part of the current president’s term and converge on the mot representative issues
that emerged in the Brazilian and global context, such as dealing with the COVID19 pandemic, and the respective public policies oriented to combat and control the
disease, the strengthening and guidelines of social movements and political renewal
that have emerge in recent years and the position of the government under diplomatic
and international conduct. According to the parameters of the research, it was
possible to identify a growing discontent with the Brazilian federal government,
under the prism of fighting the pandemic and actions to stimulate economic growth.
Factors that point the difficulties that will be faced in the second term, which will
culminate strategically in the 2022 elections and possible reelection attempt of the
Executive.
Keywords: Democracy, Jair Bolsonaro, political renewal movements, COVID-19
pandemic, popularity.

Palavras-Chave: Democracia, popularidade, Jair Bolsonaro, Movimentos de
renovação política, pandemia COVID19.

Cómo referenciar este artículo:
Macedo Gondo, R. y De Morais Oliveira, L. (2022). Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 49 - 67. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-3.

1 Este

artigo é produto do projeto “Comunicação Política e Governamental na América Latina”, financiado pelo Fundo MackPesquisa da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (Brasil). Começou em 2018 e terminou em 2020. Dirigido pelo Observatório de Marketing Político e Governamental do Centro de Comunicação e Letras
– CCL Mackenzie.
2 Doutor em Comunicação Social, com Pós-Doutorado em Ciência da Comunicação, Universidade de São Paulo. Docente e Pesquisador do Centro de Comunicação e
Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Direção Eletrônica: roberto.macedo@mackenzie.br ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0456-6565
3 Pós-Graduada em Marketing Político e Comunicação Eleitoral, pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Pesquisadora associada ao
Observatório de Marketing Político e Eleitoral da Universidade Mackenzie. Direção Eletrônica:ligiamrvl@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6815-6368

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�Macedo Gondo, R. y De Morais Oliveira, L.

1.- INTRODUÇÃO
A capacidade de gestão pública foi posta publicamente nos últimos anos, de modo mais acentuado em
2019 e 2020, por ocasião da crise pandêmica que se instaurou globalmente e demandou múltiplas ações
de controle e adequação econômica e de investimento para o equilíbrio dos países. De modo
concomitante, os movimentos sociais e de renovação política surgem em todo o mundo, conquistando
adeptos e melhorando sua capacidade organizacional frente as demandas que o sistema político legal
impõe.
O olhar contemporâneo da política nacional e internacional deve ser aprimorado para identificar
potenciais problemas nas ações tomadas e instituir o planejamento estratégico como algo balizador nas
articulações e interações com a sociedade. Sob a perspectiva democrática, o Brasil apresenta histórico
recente, proveniente da redemocratização nacional a partir da década de 80. Em poucos menos de 40
anos, o país já vivenciou dois processos de impeachment e uma polarização partidária que durou mais de
duas décadas. Os níveis de corrupção em vários momentos foram intensificados nas mais diferentes
esferas do poder nacional.
Aproveitando-se de uma mudança na polarização partidária brasileira nas eleições de 2018, Jair
Bolsonaro conseguiu vitória nas urnas instituindo a polarização da esquerda versus a anti-esquerda,
denominada no Brasil como “anti-petismo”. Nesse sentido, fez-se necessária uma análise dos dois
primeiros anos de mandato governamental (2019-2020) e correlacionar as sínteses das respostas com os
principais desafios postulados atualmente: o combate a pandemia de COVID 19 e a pressão provenientes
pelos grupos sociais que articulam cada vez mais seus movimentos, cobrando o governo, seja pelos
movimentos e rua ou por movimentos de renovação política.
O artigo apresenta primeiramente o histórico recente das manifestações de rua e sociais ocorridas
desde 2013, com pressões pelo impeachment de Dilma Rousseff, como também os movimentos de
renovação que surgiram anos depois, visando promover uma visão mais propositiva da política no país.
Agregando valor ao arcabouço citado e plano de fundo exposto, é apresentado os resultados de uma
pesquisa quantitativa probabilística realizada no segundo semestre de 2020, em território brasileiro, com
a finalidade de analisar os dois anos de Governo Bolsonaro e como que a identidade política do governo
federal se relacionado com o crescimento dos movimentos de rua e de renovação política. O fator de

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enfrentamento da crise pandêmica da COVID19 também se enquadrou nos levantamentos
informacionais, visto relevância no contexto.
Tais pressupostos surgem no sentido de demonstrar que a capacidade constante de revitalização
governamental, deve andar de modo equilibrado com os desafios que surgem pelas demandas sociais e
econômicas, em um sistema geopolítico integrado e que necessita de alta capacidade diplomática e de
articulação política.
2.-FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
O clamor das ruas e os movimentos de renovação
A polarização orientada pela disputa partidária começa a tomar uma nova forma no Brasil a partir de
2013. O empuxo gerado pelas manifestações que aconteceram em todo o mundo nos dois anos anteriores
fez crescer na população brasileira um sentimento de indignação e de esperança. O primeiro, devido à
insatisfação generalizada perante a classe política e as instituições públicas representativas; o segundo,
pela perspectiva de mudança despertada pela Primavera Árabe e os levantes populares de 2011. Castells
(2013), ao avaliar as similaridades dos movimentos que ocuparam as ruas de países como Tunísia, Egito,
Espanha, Chile e Estados Unidos, destaca a crítica comum à existência de um déficit democrático
generalizado e de uma crise global de legitimidade política, concomitante à crise do capitalismo
especulativo mundial. O autor aponta sobre o espírito de época que envolveu os movimentos:
Qual seria o fio comum que unia, na mente das pessoas, suas experiências de revolta, a despeito
de contextos amplamente diversos em termos culturais, econômicos e institucionais? Em resumo,
era a sensação de empoderamento. Ela nasceu do desprezo por seus governos e pela classe
política, fossem eles ditatoriais ou, em sua visão, pseudodemocráticos. Foi estimulada pela
indignação provocada pela cumplicidade percebida entre as elites financeira e política. Foi
desencadeada pela sublevação emocional resultante de algum evento insuportável. E tornou-se
possível pela superação do medo, mediante proximidade construída nas redes do ciberespaço e
nas comunidades do espaço urbano (CASTELLS, 2013, p. 19).
Os cidadãos passaram a compartilhar um sentimento de que os governos de seus países não
representavam as vontades da maioria da população, pois colocaram à frente os interesses próprios e os
de uma elite financeira. A caracterização de uma pseudodemocracia, em que uma classe governante
Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

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concentra poderes e não trabalha orientada pelas demandas da sociedade civil, faz com que o
enfrentamento político dos movimentos se dê diretamente “com os governos, com os partidos e com a
própria estrutura de uma democracia de elite” (PINTO, 2014, p. 137).
No Brasil, é exatamente o ano de 2013 que marca o ápice da dualidade entre a política das ruas e
a política das instituições. As Jornadas de Junho foram a maior série de manifestações de rua no país
desde os protestos pelo impeachment do presidente Fernando Collor, em 1992. O alheamento dos
processos decisórios da política e o sentimento de afonia de parte da população, apesar de não serem
sentimentos novos, tomam uma nova proporção - reunindo centenas de milhares de brasileiros em
protestos por todo o território nacional. As mobilizações, que foram num primeiro momento motivadas
pelo aumento da tarifa dos transportes públicos e convocadas pelo Movimento Passe Livre (MPL),
escalonaram para um questionamento do próprio sistema político brasileiro, de seus moldes de
desenvolvimento e de suas formas de fazer política, tal qual as manifestações globais dois anos antes.
Como aponta Bucci (2016), “junho de 2013 trouxe uma agenda inédita. Seu momento zero foi o
rechaço ríspido contra a surdez do Estado. Eclodiram juntos a reprovação moral (e moralista) contra a
impunidade da corrupção generalizada e o cansaço furioso contra a péssima qualidade dos serviços
públicos” (BUCCI, 2016, p. 16). Apesar do caráter difuso dos cartazes em meio aos protestos, devido à
heterogeneidade de demandas, fica explícita a tensão dos manifestantes para com o conservadorismo do
sistema político institucional – este que, num primeiro momento, rechaça e deslegitima os movimentos
das ruas, e ainda direciona de forma extremada a força policial em repressão a eles.
Os partidos políticos, inclusive, tornam-se grandes alvos dessa massa, por encastelarem a classe
política e contribuírem para a promoção de uma ilusão democrática. Safatle (2012) já havia apontado
sobre as mobilizações populares da época que levantes assim não se deram e não se dariam mais a partir
da lógica partidária. “Podemos não saber o que vai acontecer no futuro, que tipo de nova organização
política aparecerá, mas sabemos muito bem onde acontecimentos não ocorrerão. Com certeza não nas
dinâmicas partidárias” (SAFATLE, 2012, p. 55). Numa análise multidimensional, também aponta Lima
(2013), a afronta aos poderes institucionais se estende aos partidos políticos e a outros atores do Estado
democrático, em 2013:
Esse déficit na representação política do Parlamento, acrescido do bloqueio histórico de vozes ao
debate público e a consequente corrupção da opinião pública, praticados pelos oligopólios
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empresariais da velha mídia, talvez nos ajudem a compreender, pelo menos em parte, a explosão
das ruas. Se não existem as condições para a formação de uma opinião pública democrática –
uma vez que a maioria da população permanece excluída e não representada no debate público –
, não pode haver legitimidade nos canais institucionalizados (os partidos políticos) por meio dos
quais se escolhe os representantes da população (LIMA, 2013, p. 166).
Em 2013, as manifestações de rua cresceram em força e voltaram a ganhar legitimidade enquanto
instrumento social de pressão à política institucional, de potencialização do desejo de transformação
social e de criação de uma nova cultura política pela sociedade civil, intrinsicamente participativa. “Foi
uma nova cultura política democrática que, apesar de um sistema político amorfo e blindado, se formou
na base da sociedade e irrompeu nas ruas” (NOBRE, 2013, p. 144). Neste cenário, reconfigura-se o
ativismo social no Brasil. Despontam movimentos identitários, como o movimento negro, o movimento
feminista e o movimento LGBTQIA+, em suas lutas por reconhecimento, por políticas públicas e por
representatividade política e social. Assim como surgem novos movimentos, de esquerda e de direita,
em busca do acesso direto à política institucional – grupos que, em vez de atuarem com a pressão direta
a governantes políticos, optam pela transformação interna e nuclear das instituições.
Depois de um momento inicial de heterogeneidade, “o cenário pré-eleitoral de meados de 2014
rumo à contenda presidencial acabou abrindo um novo momento de acirramento das polarizações que
absorveu boa parte dos atores sociais e políticos ao longo de 2015” (Pleyers y Bringel 2015, p. 9). Nos
anos seguintes, protestos novamente ocupariam as ruas das cidades brasileiras.
Em Março de 2015 novas manifestações de massa irrompem nas ruas do Brasil, com
características totalmente diferentes das de Junho de 2013, pelo repertório das demandas, grupos
sociais que as convocam, composição social e de faixa etária dos participantes. A questão política
entra em cena como divisor de água entre aqueles que apoiavam o governo da Presidente Dilma
Rousseff e aqueles que são contra seu governo, pelas políticas adotadas ou anunciadas por ele, ou
por convicções próprias (é bom lembrar que a Presidente Dilma foi eleita em Outubro de 2014,
após o segundo turno, com 54,5 milhões de votos e o seu opositor, Aécio Neves, teve 51 milhões.
Portanto houve uma grande divisão na sociedade) (GOHN, 2020).
Infladas pelos desdobramentos da Operação Lava Jato (investigações unificadas da Polícia
Federal sobre a prática de crimes financeiros e desvio de recursos públicos), a partir de 2015, acontecem
Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

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manifestações expressivas que expõem o descontentamento de uma parcela da população com o governo
de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), principalmente pautando a bandeira da Ética na
política.
A ausência de lideranças progressistas desvinculadas a partidos políticos, porém, permitiu que os
grupos liberais e conservadores pudessem canalizar a indignação das ruas, explorando politicamente suas
reivindicações e aproveitando a oportunidade para moldá-la de acordo com seus próprios interesses
(Ortellado y Ribeiro, 2018). Isso, também por influência dos conglomerados de mídia, como aponta Lima
(2013), que passam a atuar como grandes agentes desqualificadores de políticos e da política no Brasil,
a partir de uma visão reducionista que expõe a corrupção dos representantes políticos como a grande
responsável pelas principais crises do país. O antipetismo emerge, então, a partir de um apagamento da
dimensão estrutural da corrupção, numa metonímia que atribui a prática escusa e as mazelas do país
exclusivamente ao Partido dos Trabalhadores (PT).
A canalização da indignação dos manifestantes a uma bandeira da Ética na política ganha cada
vez mais força, e a metonímia imposta ao PT pelas novas lideranças que ocupavam as ruas, pelos partidos
de oposição e pela mídia fizeram crescer em tamanho as manifestações de 2015 e 2016, que pediam o
fim do governo petista. A polarização ganhou força nos protestos de rua e nas redes sociais digitais, tendo
como uma das suas maiores figuras representativas a imagem abaixo, em que o país se dividiu diante as
duas narrativas – a antipetista e a anti-antipetista – durante a votação do impeachment da presidente
Dilma Rousseff, em abril de 2016.
Dessa forma, resgatando o legado das Jornadas de Junho e a insatisfação demonstrada para com
as instituições tradicionais, muitos dos novos grupos focaram suas críticas nos atores e atitudes do que
se convencionou chamar de ‘velha política’ - um jargão identificado com práticas de políticos de longa
data, baseadas em conchavos escusos, na venda do Estado a grupos privados, no nepotismo, na troca de
favores privados por agentes públicos, entre outros.
A figura retórica da renovação, assim, surge em oposição a esses costumes, como resposta à
insatisfação com a classe política e suas práticas, e a partir de um desejo de atuação ética dos nossos
representantes em cargos eletivos. Isso levou, com exceção de alguns grupos (como o Movimento Brasil
Livre – MBL e o Ocupa Política, movimentos claramente identificados dentro do espectro político da
direita e da esquerda, respectivamente), com que a maioria dos movimentos buscasse fugir dos rótulos
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�Macedo Gondo, R. y De Morais Oliveira, L.

da polarização petista e peessedebista, identificando-se com uma ‘terceira via’, essencialmente
suprapartidária, em contraposição ao binômio de lógicas partidarizadas que imperavam até então.
A busca por uma construção autônoma de novos espaços de debate político, mas mais do que
isso, o desejo de transformação social do sistema democrático brasileiro fez surgir a série de grupos de
renovação e inovação da política analisadas no presente artigo. Entre esses, identificamos 14 de destaque,
em atuação até os dias de hoje: Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS, Movimento Brasil
Livre – MBL, Vote LGBT, Gabinetona, Bancada Ativista, Muitas, Movimento Agora, Frente Favela
Brasil, Me Representa, Livres, Ocupa Política, Movimento Acredito, RenovaBR e Vote Nelas.
Aqui, procurou-se fazer um mapeamento para além do que o senso comum midiático costumou
chamar de ‘movimentos de renovação’, mas sim buscamos identificar quais os grupos que surgiram a
partir do descontentamento dos cidadãos com a classe política e que entraram diretamente na disputa por
espaços no Legislativo e no Executivo, como se pode avaliar na tabela abaixo. Os grupos citados têm
abrangência nacional, são suprapartidários, não possuem fins lucrativos e têm sua sustentabilidade
financeira baseada em doações de pessoas físicas e/ou de pessoas jurídicas. A composição dessa tabela
foi feita a partir de levantamentos, quantitativos e qualitativos, acerca das declarações dadas pelos grupos
a jornais, revistas e sites, e por entrevistas realizadas com dirigentes de alguns dos grupos listados.
Tabela 1.
Grupos de qualificação e renovação da política, de acordo com seus objetivos de atuação durante o
período eleitoral.
Categoria

Perfil de atuação

Formação

Grupos que atuam com formação de candidatos, servidores
públicos, cargos comissionados e outras lideranças políticas.

Agenda

Mobilização

Movimentos que elaboram agendas de políticas públicas para
serem incorporadas por candidaturas, lideranças eleitas e em
cargos comissionados.
Movimentos que engajam e apoiam lideranças políticas
locais, de acordo com sua afinidade a uma agenda ampla de
princípios, potencializando sua entrada e permanência na
política eleitoral.

Bandeiras

Movimentos que defendem bandeiras transversais de atuação
na política.

Coletividade

Coletivos que buscam promover inovação no sistema político,
por meio da eleição de bancadas e candidaturas coletivas (ou
candidaturas compartilhadas).

Exemplos (ano de criação)
Rede de Ação Política pela
Sustentabilidade – RAPS (2012); e
RenovaBR (2017).
Movimento Agora (2016).
Movimento Brasil Livre – MBL
(2014); Ocupa Política (2016);
Livres (2016) e Movimento
Acredito (2017).
Vote LGBT (2014); Vote Nelas
(2018); Me Representa (2016);
Frente Favela Brasil (2016).
Gabinetona
(2015);
Bancada
Ativista (2016); Muitas (2016).

Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

55

�Macedo Gondo, R. y De Morais Oliveira, L.

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2021).
Os movimentos e grupos de inovação e qualificação política que surgiram na última década
buscam exatamente quebrar com esses paradigmas, disputando o espaço das instituições por meio da
incidência eleitoral e incentivando a transformação sistêmica das instituições. Como mostra a tabela, são
cinco as classificações identificadas para alcançar esses resultados, que na verdade podem ser aglutinadas
em três grandes grupos: o primeiro (1), de movimentos e grupos que buscam disputar diretamente os
cargos eletivos para o Legislativo e o Executivo, composto por lideranças regionais que têm como um
de seus maiores objetivos a eleição de integrantes (incluem-se aqui tanto os grupos que atuam com
formação, quanto os que atuam com mobilização); o segundo (2), de movimentos e grupos que buscam
qualificar o debate eleitoral, pressionando candidaturas e partidos a incorporarem determinadas agendas
e/ou bandeiras (é o caso dos grupos de agenda e dos de bandeiras); e o terceiro (3) seria de movimentos
e grupos que buscam renovar as próprias táticas de atuação da política institucional, por meio de novas
estruturas e articulações, modelando novos processos para os mandatos no limite da legislação eleitoral
(incluem-se aqui os grupos que atuam com a coletividade) (Tavares, 2017).
Nas últimas três eleições (as municipais de 2016 e 2020, e as gerais de 2018), os movimentos e
grupos de inovação e renovação política se fortaleceram enquanto novas estruturas organizativas de
ativismo social. Em 2020, por exemplo, grupos como o RenovaBR, a RAPS, o Movimento Acredito e o
Livres tiveram, respectivamente: 152, 57, 18 e 14 lideranças eleitas. Em 2018, guardadas as proporções
entre eleições gerais e eleições municipais, estes grupos tiveram eleitas, respectivamente, 17, 35, 7 e 4
lideranças. O destaque recebido pelos movimentos de renovação política, porém, tem sido inversamente
proporcional ao espaço concedido pelos partidos políticos para os integrantes dos grupos, uma vez
eleitos.
Como haviam apontado Castells (2013) e Nobre (2013), os freios institucionais, aqui
principalmente identificados na figura dos partidos, blindam o sistema democrático contra forças sociais
de transformação. O embate programático entre a agenda do movimento e a do partido resulta em um
enfraquecimento das lideranças partidárias. Dissidências levaram atores consagrados da política
tradicional a chamarem os movimentos de ‘partidos clandestinos’ e ‘partidos paralelos’, acusando-os de
incentivarem a infidelidade partidária; promoverem cortinas de fumaça para escapar da lei eleitoral,

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principalmente no que tange o financiamento das candidaturas; e de serem fachadas para a promoção da
figura pública dos candidatos.
Os movimentos de renovação e inovação política chegam a cada nova eleição com mais desafios
estruturais: desde o paradoxo anacrônico da ‘renovação’, ao embate direto com o sistema partidário e as
regras do jogo democrático, à cobrança por resultados após os mandatos estreantes, aos questionamentos
sobre a pretensa equidade racial e de gênero dos integrantes dos grupos, à dificuldade de capilarização
regional em todo o país. Mais do que isso, com a eleição de Jair Bolsonaro, a ‘terceira via’ perde força e
impõe um novo rearranjo de forças políticas no cenário dos movimentos e organizações sociais.
Jair Bolsonaro em 2018 como símbolo do “antipetismo”
Aproveitando de todo esse contexto dos movimentos de renovação, Jair Bolsonaro, até então um
parlamentar desconhecido nacionalmente, consegue fazer uso desse capital político de indignação e com
pautas conservadoras e radicais, fortalece a direita do país e consegue concluir o primeiro turno em
primeiro lugar, disputando com o candidato de esquerda Fernando Haddad. Apesar de estar em um
partido de baixa relevância, conseguiu intensificar uma “onda” de mudança, gerando expectativas de
combate a corrupção e alinhamento do crescimento do país sob a visão da conservadora direita.
De acordo com dados da Agência Brasil de 2018, Bolsonaro conseguiu 55,3% dos votos válidos,
derrotando o modelo de governo petista, presente no poder desde 2003. Todavia, consagrado Presidente
da República, Bolsonaro teve pouco tempo para articular suas propostas de governo, principalmente as
propostas de Reforma estabelecidas em campanha eleitoral. Logo no início do seu segundo ano de
mandato, os impactos da crise pandêmica corroboraram para que o clima de tensão governamental se
potencializasse.
Adotando um discurso conservador e negacionista aos impactos da pandemia, contrariando
inclusive os posicionamentos da ONU e OMS, Bolsonaro alia-se com o discurso de seu aliado em
intenções ideológicas Donald Trump, presidente dos EUA no período e que fomentou crises de imagem
decorrentes da baixa capacidade de conduzir políticas públicas eficientes para o combate da COVID19
em território americano. Fato esse que corroborou diretamente para sua derrota nas urnas no segundo
semestre de 2020, permitindo a volta dos Democratas no cenário político, por intermédio de Joe Biden e
Kamala Harris.

Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

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Diplomaticamente Bolsonaro afastou-se dos líderes globais favoráveis e medidas de isolamento
social e lockdowns. Preferiu aderir ao conceito de automedicação de medicamentos sem comprovação
reconhecida pela OMS e negando a periculosidade da evolução da contaminação. (Hermich, 2020).
Somente em 2020, no ápice da crise pandêmica, ocorreram duas trocas de Ministros da Saúde,
gerando instabilidade na comunicação governamental e demais atores sociais envolvidos no processo de
políticas públicas. Contradições informacionais ocorreram em demasia, gerando um aumento
negacionista por parte da população identificada com o atual presidente. A dificuldade de
conscientização ao uso de máscaras e distanciamento social geraram um aumento representativo das
contaminações e óbitos, deixando o Brasil entre os cinco países com mais mortos pela COVID19.
O processo de imunização também se demonstrou moroso e conflitante, no que tange negociações
para a compra de imunizantes, bem como a preparação viável e organizada do Plano Nacional de
Imunização, presente em todo o território nacional.
Vale considerar que de dois anos de mandato, 50% do tempo foi envolto a temática da COVID19
e seus desdobramentos. Por esse fator que esse vetor da pesquisa foi cuidadosamente analisado.
Primeiramente porque o processo pandêmico ainda não se encerrou até o momento do fechamento da
pesquisa e em segundo lugar, buscar identificar se essa postura divergente dos demais líderes mundiais
abalaram a credibilidade do governo para o pleito de 2022.
Movimentos que se instauraram no final de 2020 já apontam um novo ciclo de polarização que
pode ser potencializando nos próximos semestres, mas com Bolsonaro como o desafeto popular, podendo
criar um fenômeno político no Brasil do “bolsonarismo” e “anti-bolsonarismo”, que transcende do olhar
partidário, mas que se concentra no personalismo do político. Fato esse que certamente será pauta para
pesquisas futuras.
3.-METODO
Desenho
O presente artigo apresenta resultados de uma pesquisa quantitativa de monitoramento direcionada nos
pilares comunicacionais e de governo em âmbito federal, com o objetivo de coletar informações
relacionadas ao mandato do atual Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro (201958 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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2022), visando observar aspectos de popularidade do Presidente, aceitação de governabilidade frente as
principais pautas de governo no período, condução de políticas públicas de acordo com linha estabelecida
no Plano de Governo (eleições).
O trabalho está amparado em uma das linhas de atuação do Observatório de Marketing Político
e Governamental – OMPG, alinhado ao Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo, Brasil. Tal linha é direcionada ao processo reflexivo da pauta macro política
brasileira, tendo como olhar principal as atuações do Executivo político do país, situado na capital
Brasília e com impactos em todos os 27 Estados da Federação, considerando o Distrito Federal. A
segunda linha do Observatório se estrutura em análises regionais dos fenômenos políticos e sociais
provenientes de um contexto democrático e pluripartidário, na qual não foi alvo de trabalho nesse recorte
de investigação.
Vale salientar que, diante do atual contexto global pandêmico proveniente da COVID19, o
levantamento de dados foi estruturado de modo a contemplar também tal problemática, que impactou
intrinsicamente as conduções de políticas públicas e comunicacionais do governo, não somente no Brasil,
mas em todo o planeta. Diferente de versões anteriores da pesquisa, com outros atores sociais e políticos,
questões relacionadas com a condução política do Presidente na pandemia foram incluídas, alinhando
com uma das hipóteses da investigação de que a postura exercida no período pandêmico, principalmente
no ano de 2020, resulta diretamente na credibilidade de governo e está atrelada com os pilares
governamentais por ora trabalhados, como: situação econômica, empregabilidade, desenvolvimento
econômico, dívidas externas e teto de gastos públicos (interno).
O desenho da pesquisa tem por objetivo principal mensurar os níveis de crise política
estabelecidos no país e conseguir aferir por intermédio dos dados primários constituídos, o aumento ou
redução de descontentamento frente aos desafios políticos no Brasil. Vale salientar que o processo
eleitoral de 2018 foi repleto de acusações e ações dos múltiplos postulantes ao Palácio do Planalto
(Executivo), tendo como plano de fundo uma disputa que transcendeu a competitividade partidária e
ideológica, mas sim explicitou uma disputa amparada em duas candidaturas de segundo turno, na qual o
eixo principal foi a defesa ou revelia da continuidade do modelo de esquerda estabelecido pelo Partido
dos Trabalhadores quase duas décadas anteriores ao pleito. A polarização partidária brasileira foi
presente desde meados da década de 90, com a eleição do social democrata (PSDB), Fernando Henrique
Cardoso (1994-1998 e 1999-2002) e a vitória da esquerda (PT) com Luís Inácio Lula da Silva (2003Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

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2006 e 2007-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015-2016, com interrupção de mandato decorrente
do processo de impeachment ocorrido no mesmo ano).
Baseado nesse novo cenário de polarização presente em 2018, a pesquisa contemplou uma das
fases de monitoramento governamental federal do atual mandato de Jair Bolsonaro (seus dois primeiros
anos de governo). A análise completa se estruturará completamente ao final de 2022, quando os dois
momentos relacionados aos biênios de gestão estarão concluídos e poderão ser comparados de maneira
mais precisa e completa. Como no Brasil o mandato presidencial possui a duração de quatro anos, a
presente análise se conteve nos anos de 2019 e 2020, considerando que ao menos 50% do tempo de
gestão esteve envolto com demandas inerentes do combate a pandemia da COVID19, em todo o mundo.
Participantes
Com caráter qualitativo, a pesquisa foi desenvolvida visando contemplar participantes de todo o território
nacional, permitindo maior possibilidade de apresentação dos dados mensurados. O Brasil apresenta
cinco macro regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, sendo que a predominante densidade
populacional brasileira está registrada na região sudeste. Nesse sentido, uma das premissas balizadora da
pesquisa era ter a expectativa de maior participação da região mais populosa, visando equilíbrio
geográfico para análise.
A amostragem estabelecida foi probabilística, visto que a participação dos envolvidos foi por
preenchimento de formulário eletrônico encaminhado via redes sociais. Vale ressaltar que um dos meios
de estímulo eletrônico para participação dos atores da pesquisa foi no contexto da universidade, com
acionamento de alunos vigentes e egressos, solicitando colaboração para replicação da investigação em
suas redes. Visando obter enviesamento regional sudeste, local situado o campus principal da
universidade, demais instituições parceiras do Observatório presentes em demais áreas do país foram
acionadas, potencializando a capilaridade de respostas e percepções.
O questionário de investigação foi desenvolvido com 18 perguntas para contemplar três linhas de
abordagem, sendo a primeira concentrada na identificação de dados demográficos dos participantes –
região, extrato etário, de renda e escolaridade. A segunda parte foi dirigida no levantamento da percepção
do Presidente nos seus dois primeiros anos de mandato, tendo como eixo norteador as principais
bandeiras de campanha, tais como: maior facilidade para compra de armamentos, redução de ministérios,
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privatizações de estatais; aumento de empregos e reestruturação do modelo de ensino via Ministério da
Educação, considerando o perfil de direita conservadora apresentado por Jair Bolsonaro e sua base de
governo. A opinião dos entrevistados acerca da predominância de nomes do primeiro escalão de governo
provenientes das Forças Armadas também foi ponto de interesse, dado histórico recente de intervenção
militar no país, com regime autoritário e controlador da liberdade de expressão e imprensa (1964-1985).
A terceira parte de questionamentos foi concentrada no cenário estabelecido pela pandemia
COVID19, postura do governo diante da gestão da crise sanitária e em especial a postura do Presidente
da República, que desde o início das primeiras notícias acerca da COVID19, minimizou os impactos da
mesma, gerando um ambiente de desconforto de múltiplos atores envolvidos no processo, principalmente
com relação aos profissionais da saúde.
É pertinente esclarecer que esses questionamentos foram realizados principalmente pelo ambiente
polarizado que ocorreu no país frente as melhores práticas de condução da pandemia, tais como eficiência
de lockdowns nas regiões para conter a disseminação do vírus, consequentemente com o fechamento do
comércio e demais serviços, medicamentos preventivos utilizados para o combate ao vírus – não
comprovados clinicamente, o negacionismo da periculosidade pandêmica e perspectivas de retomada
para os próximos semestres, sob o ponto de vista epidemiológico e econômico.
Outro ponto que é premissa considerável para o plano de fundo da pesquisa é que até o
fechamento do respectivo artigo, o Brasil estava com a marca de mais de 200 mil mortos por COVID19
em todo o território nacional, sendo mais de 8 milhões e 200 mil contaminados. Posição está que sustenta
entre os cinco maiores números de contaminação no mundo. E quanto as vacinas e alocação dos
imunizantes ao Plano Nacional de Imunização, o Brasil ainda planejava o processo logístico e aquisições
da vacina com os laboratórios disponíveis, inclusive pauta de inúmeras tensões entre governo, poderes
(judiciário e legislativo) nacional, decorrente das decisões e morosidade das decisões, apontadas pela
oposição ao governo.
O período da pesquisa com aceite de respostas ao questionário ocorreu de 20 de outubro de 2020
até 12 de novembro do mesmo ano, contemplando 2846 participações completas de respostas. Foram
excluídas 27 respostas incompletas na base de dados do formulário, visto que poderiam apresentar
distorções decorrentes de problemas técnicos de validação.

Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

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Foram aceitos para o preenchimento da pesquisa brasileiros com título de eleitor e maiores de 16
anos, sendo que no Brasil, o voto de cidadãos de 16-18 anos é facultativo, bem como eleitores acima de
70 anos.
Instrumentos
A opção pela pesquisa quantitativa for necessária devido ao interesse em realizar um levantamento de
dados em território nacional e conseguir aferir questões que estão relacionadas com percepção do cidadão
frente aos dois primeiros anos de governo Bolsonaro. Dada ao tamanho do universo da população
brasileira, com base em 211 milhões de habitantes, o base de cálculo amostral retratou uma margem de
erro de 4 pontos percentuais, de acordo com a quantidade de respostas e a distribuição dos resultados
pela análise de território nacional. O nível de confiança estabelecido para o cálculo foi de 90%.
Como a base de distribuição da pesquisa foi decorrente de distribuição eletrônica, via formulário
de preenchimento, a consideração de erro percentual se estabeleceu mais alta do que nas abordagens
presenciais, utilizando como base as premissas apresentadas pelos dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.
A distribuição das respostas foi considerada pertinente, visto que a proporcionalidade apresentada
seguia em linha com as perspectivas demográficas no país. A região Sudeste foi responsável por 57%
das ocorrências de respostas, tendo como sequência a região Nordeste com 16%, Sul 13%, Centro-Oeste
com 8% e Norte com 6% dos entrevistados.
Etariamente também foram categorizados quatro grupo de perfis de cidadãos, de acordo com o
seu comportamento geracional e possibilidades de interpretação da realidade. O objetivo da pesquisa por
intermédio da sua abordagem metodológica era de se posicionar predominantemente entre os extratos
etários dois e três, onde se estabelecem os perfis predominantemente ativos economicamente. A
distribuição dos participantes ocorreu da seguinte forma: 16-18 anos – 4%, 19-25 anos – 41%, 26-50
anos – 36%, acima de 50 anos – 19%., convergindo para os extratos de interesse, que representarão juntos
– 77% da possibilidade de análise de suas percepções.
Procedimentos

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A partir do momento que as solicitações de respostas foram sendo distribuídas pelas redes sociais,
focadas nos públicos descrito no Desenho da investigação, os resultados foram armazenados para
posterior compilação dos dados, de acordo com o interesse da pesquisa, sob os aspectos políticos e sociais
no período de 2019-2020. Qualquer outra percepção interpretativa que fugisse desse simulacro de análise,
era reportadas para o campo de perspectivas de cenário. Os principais pontos de análise que foram
considerados como procedimento de estudo foram: a) análise da primeira parte do mandato presidencial
de Jair Bolsonaro; b) aceitação das políticas públicas adotadas no período; c) visão da identificação das
promessas de campanha com a realidade apresentada; d) visão dos entrevistados acerca dos movimentos
de renovação política explicitados nas eleições de 2018 e seus impactos para os próximos semestres e
eleições e e) percepção do entrevistado com relação aos impactos da pandemia na economia e sociedade
brasileira.
4.-RESULTADOS
Para melhor seguir as análises dos resultados e os amparos metodológicos, serão apresentados os
principais resultados provenientes das partes apresentadas na pesquisa. Na primeira parte, destinada aos
perfis demográficos observou-se uma predominância dos participantes com formação acadêmica acima
do fundamental II, representando 88% dos entrevistados. Dos que possuem curso superior, desse
universo se registra 64%. Podemos afirmar que os resultados obtidos concentraram maior formação e
alimentar hipótese que os resultados podem estar alinhados com o perfil estratificado de perfis mais
urbanos e de regiões centrais, onde o acesso a formação e rende é mais representativo, alinhando com
dados apresentados no relatório de formação e distribuição no Brasil, do Ministério da Educação 2018.
As informações descritas nos Instrumentos da pesquisa relacionadas as participações etárias e
regionais permitiram compreender que os resultados podem estar alinhados com percepções regionais e
suas interpretações com o cenário político atual. Nas indagações relacionadas com os dois primeiros anos
de Governo Bolsonaro, as avaliações alinhadas com Ótimo/Excelente transitam pelas escalas de 18-22%,
tendo como ruim/péssimo entre 14-18%. A concentração maior de participantes se encontra em
avaliações regulares do Governo, se estabelecendo em resultados proeminentes de margem
“Bom/Razoável”. Tais premissas nos permite interpretar que os índices de alta aprovação de governo
depois de 50% de mandato são limitados, no qual podem corroborar para dificuldades no processo de
articulações para a tentativa de reeleição em 2022.

Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

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Sequencialmente, quando se correlaciona as medidas estratégicas adotadas frente ao combate da
pandemia, fica evidente o descontentamento predominante das entrevistas, todavia ainda se sustenta um
percentual que afirma que a crise epidemiológica da COVID19 não pode ser considerada
responsabilidade do Presidente. Em abordagem destinada a interpretação da pandemia, escalas entre 75
e 82% dos entrevistados acreditam que a crise está relacionada com a pandemia e que as políticas públicas
não foram suficientes para melhoria. Um cenário apresentado de pessimismo no processo de Gestão do
primeiro período do atual presidente.
Quando questionados frente ao processo diplomático do governo, 84% dos entrevistados julgam
como fraca a dinâmica de trabalho do governo brasileiro em negociações com outros países. E 92%
acreditam que essa postura pode dificultar o processo de imunização da pandemia em território nacional,
deixando mais letárgica a retomada política.
Como ponto positivo ao governo nos dados apresentados, quando questionados se as ações do
Ministério da Economia capitaneado por Paulo Guedes poderão ajudar o país a sair da crise econômica,
68% acreditam ser possível. O que nos permite interpretar que apesar da imagem do governo estar sendo
considerada frágil pela amostra, existe expectativas positivas no plano econômico e financeiro.
Na última parte da pesquisa, com olhares para a visão dos entrevistados frente a imagem do
Presidente, 83% consideraram negativa a postura do presidente na pandemia e que isso poderia ter sido
diferente na condição de Presidente da República. Tal fato se reflete pelo perfil negacionista adotado
pelo Governo Federal e demais interlocutores do Planalto federal quando o assunto se relacionava com
as diretrizes da ONU e OMS para o combate da pandemia: desde comportamentos sociais de uso de
máscara, distanciamento e assepsia com álcool gel até aparições em público fomentando aglomerações
e demais interpretações equivocadas pela população brasileira do que realmente seria a gravidade da
situação pandêmica.
No bloco final de questionamentos, as interpretações frente aos movimentos de renovação política
e melhorias no sistema político atual, os resultados remetem representativo descrédito nas respostas. Tal
premissa é sustentada porque nas questões relacionadas ao eixo “percepções para os próximos
semestres”, menos de 25% dos entrevistados alocavam índices positivos e de alta expectativa (vale-se
reafirmar o uso de Escala Likert nessa parte dos questionamentos).

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Tabela 2
Percentuais base de aplicabilidade da pesquisa quantitativa e distribuição por macrorregiões
Distribuição

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

Sudeste

Amostra

Distribuição nacional

6%

16%

18%

13%

57%

2846

Distribuição etária

16-18

19-25

26-50

Acima 51

Período

4%

41%

36%

19%

20/10/20

–

12/11/20

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2021).
Em um panorama geral, foi possível levantar três considerações acerca da situação do Presidente
Jair Bolsonaro depois de dois anos e mandado. A primeira consideração é que a pandemia COVID19
afastou representativamente cidadãos que viam em Bolsonaro uma promessa de melhoria nas políticas
nacionais. Seu perfil negacionista frente ao desafio pandêmico explicitou fragilidades que facilmente
foram absorvidas nas percepções de imagem, dificultando seu fortalecimento imagético para 2022. A
segunda consideração é com relação ao crédito dado aos novos movimentos de renovação pela amostra
entrevistada, onde o descrédito por novas alternativas políticas ao país pode dificultar renovações nas
esferas de poder, principalmente no âmbito legislativo. A última consideração ocorre no sentido de
percepção das crises constantes institucionalizadas pelo governo, no que tange tratamento das mídias,
relações diplomáticas e demais embates políticos, que já são vistos como ponto de vulnerabilidade
governamental em um país tradicionalmente parcimonioso nas suas ações e planejamentos.
5.-CONCLUSÕES
Diante do exposto pelos dados da pesquisa é visível os impactos de credibilidade que o atual Presidente
recebeu pela condução nebulosa e entrópica de políticas públicas na pandemia, concomitante com os
seus dois primeiros anos de mandato. A política ríspida de relações diplomáticas e morosidade na
articulação para aquisição de insumos pandêmicos e imunizantes, deixam o Brasil em uma frágil
dependência de recursos e com falência nos atendimentos hospitalares pelo território nacional. Os
números relacionados com a COVID19 estão negativamente entre os cinco países com maior
contaminação no mundo. Aliado a esse ponto, se adiciona a dificuldade de desenvolver suas pautas de
governo, gerando descontentamento não somente na população que não identifica com sua postura, mas
também na sua base eleitoral, fundamental para o pleito de 2022.

Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

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O conceito estabelecido de negação às políticas de controle pandêmico e de incentivo ao processo
de imunização da população por intermédio de vacinas contra o coronavírus e suas variáveis permitiu
uma intensificação da polarização da população brasileira, com distintas visões acerca do processo de
combate ao vírus e formas de contenção. Consequentemente, os posicionamentos mais extremistas geram
ruídos nas decisões governamentais, fragilizando o atual governo e permitindo argumentos de
enfrentamento dos grupos políticos oposicionistas ao Governo Bolsonaro.
Manifestações de Rua são legítimas legalmente e certamente tendem a intensificar nos próximos
semestres, visto que além dos dilemas pandêmicos, também existem os dilemas de revitalização
econômica e geração de emprego e renda. Diante esse cenário, os Movimentos de Renovação conseguem
se consolidar como alternativas para o próximo pleito, apesar da instância política estar mal avaliada e
reconhecida em todo o território nacional, bem como em muitos outros países latino-americanos.
O mesmo ator político que ascende na contraposição política, pode facilmente se colocar no
contraste negativo em poucos semestres de gestão, caso suas práticas não sejam valorizadas ou
identificadas com a população, e aparentemente esse pode ser o grande desafio de Jair Bolsonaro na
condução estratégica de seu nome para a reeleição em 2022.
A eleição de outubro de 22 terá como plano de fundo o enfrentamento da pandemia e seus
resultados impactantes no contexto econômico, político e social, com sufocamento do sistema de saúde,
estagnação de crescimento econômico e uma sociedade impactada com os ambientes de contaminações,
mortes e luto as milhares de famílias atingidas pelos óbitos gerados pelas contaminações e internações
decorrentes do coronavírus e suas múltiplas variáveis.
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Crise política, pandêmica e social: estudo do Governo Bolsonaro no contexto da COVID19 no Brasil.

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Redes de Cooperación de Cuerpos Académicos de una
Universidad Pública de México1
Networks of cooperation of Academic Bodies of a Public University of Mexico
Angélica, Vences-Esparza2; Irma María, Flores-Alanís3; María Guadalupe, Rodríguez-Bulnes4
RESUMEN
El objetivo de este trabajo descriptivo-explicativo, es analizar la colaboración y la cooperación
académica de los Cuerpos Académicos Consolidados -CAC y en Consolidación -CAEC de la
UANL. Las preguntas de investigación son (1) ¿Qué tipo de relaciones académicas reportan
los CAC y CAEC?, (2) ¿Cuáles son los propósitos? y (3) ¿Qué tipo de resultados reportan? La
recolección de datos se realizó mediante el análisis del CVU de los CAC y CAEC que están
registrados en el Sistema para el llenado del Curriculum de CA del PRODEP. Bajo un análisis
cuantitativo se dio respuesta a las preguntas de investigación, encontrando colaboración con
pares de otras instituciones de educación superior-IES nacionales e internacionales. En este
proceso, se rescata la importancia de reconsiderar los factores personales, en estrecha relación
con los colectivos para el buen funcionamiento de las organizaciones. Las colaboraciones se
establecen para desarrollar proyectos de investigación conjunta y derivan en la formación de
recursos humanos, tesis, estancias y publicaciones esto es relevante pues hace evidente el
esfuerzo por avanzar, aunque sea una exigencia externa impuesta por programas federales y
resulta en beneficio de la institución, aunque incipientemente, en materia internacional.
Palabras claves: Cuerpos Académicos, educación superior, redes de cooperación.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 09/12/2021
Fechas de revisado: 28/12/2021
Fecha de aceptado: 27/4/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The objective of this descriptive-explanatory work is to analyze the collaboration and academic
cooperation and academic cooperation of the Consolidated Academic Bodies -CAC and in the
Consolidation -CAEC of the UANL. The research questions are (1) What types of academic
relationships do the CAC and CAEC report? (2) What are the purposes? and (3) What kind of
results do they report? The data collection was performed by analyzing the CVU of the CAV
and CAEC that are registered in the System for filling the Curriculum of PRODEP. Under a
quantitative analysis the research questions were answered, finding collaboration with peers
from other national and international higher education institutions. In this process, the
importance of reconsidering personal factors, in close relationship with the collectives for the
proper functioning of the organizations is rescued. The collaborations are established to
developed joint research projects and derive in the training of human resources, theses, stays
and publications this is relevant because it makes evident the effort to advance, even if it is an
external requirement imposed by federal programs and results in the benefit of the institution,
although incipiently, in international matters.
Keywords: Academic bodies, higher education, cooperation networks.

Cómo referenciar este artículo:
Vences-Esparza, A., Flores-Alanís, I., M. &amp; Rodríguez-Bulnes, M., G. (2022). Redes de Cooperación de Cuerpos Académicos
de una Universidad Pública de México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 68-86.
https://doi.org/10.29105/pgc8.16-4.

1

El trabajo forma parte de una investigación de mayor amplitud que analiza el fenómeno de la Internacionalización de la Educación Superior: los procesos
y las prácticas; incluyendo la gestión, los escenarios, los actores y las perspectivas de la internacionalización en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
2
Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, Subdirectora de Planeación Estratégica,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Correo: angelica.vencese@uanl.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4397-740x.
3
Doctora en Educación por Loyola University Chicago, Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, México. Correo: irma.floresal@uanl.edu.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4914-3091.
4
Doctora en Educación, por University Of Birmingham, Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México.Correo: guadalupe.rodriguezb@uanl.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9661-0836.

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1.- INTRODUCCIÓN
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, surge en 1996 el Programa de Mejoramiento
del Profesorado - PROMEP, como respuesta a las recomendaciones que realizó la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO, en las que se menciona que
México necesitaba crear un sistema de profesionalización docente con las capacidades de investigacióndocencia de la educación superior en el mundo (DOF, 2016, p. 14).
El objetivo inicial del programa fue sustentar una mejor formación de los estudiantes de
educación superior, universitaria y tecnológica; con docentes que contaran con una sólida formación
académica, vinculados a Cuerpos Académicos-CA, comprometidos con sus instituciones y articulados a
los medios nacionales e internacionales de generación y aplicación del conocimiento. El principio de este
planteamiento fue que al elevar la calidad del profesorado de tiempo completo y mejorar su dedicación
a las tareas fundamentales de docencia-investigación, se reforzaría la dinámica académica, la columna
vertebral de la educación superior (PROMEP, 1996).
El PROMEP, que desde diciembre de 2013 (DOF, 2013), se conoce como Programa para el
Desarrollo Profesional Docente - PRODEP, se convierte en el primer programa federal legislado y
transexenal. Este programa, lanza convocatorias para evaluar y otorgar apoyos económicos individuales
y colectivos, destacando las evaluaciones al desempeño de los Profesores de Tiempo Completo -PTC y
a los CA de las Dependencias de Educación Superior -DES reconocidas.
A través del PROMEP-PRODEP se impulsa el desarrollo y consolidación de los CA de las IES
públicas, los cuales se definen como un grupo de profesores investigadores de tiempo completo que
comparten una o varias líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento (investigación o
estudio), en temas disciplinares o multidisciplinares, y con un conjunto de objetivos y metas académicas
(Urbano, Aguilar y Rubio, 2006).
Los CA’s además de ser entendidos como la “fuerza motriz del desarrollo institucional”, deben
presentar rasgos invariantes: a) alta habilitación académica, b) compromiso institucional, c) intensa vida
colegiada, y d) integración de redes (SEP, PROMEP, 2006). Esto trae consigo una nueva forma de
concebir el desarrollo académico institucional, la generación y aplicación del conocimiento y por lo tanto,

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una nueva manera de organización del trabajo colegiado que implica, como señalan Tinajero, Pérez y
Espinoza (2008), transitar a estilos de autoridad participativos y colegiados.
El PROMEP-PRODEP propicio cambios en las dinámicas institucionales en la Educación
Superior -ES (Pérez, Rodríguez y Ramírez, 2008; Guzmán, Hernández y Guzmán, 2008; Tinajero, Pérez
y Espinoza 2008), particularmente en la vertiente individual, que se desarrolló tanto desde la
implementación del Sistema Nacional de Investigadores -SNI, como del Programa de Estímulos a la
Carrera Docente y también el de las estrategias de homologación salarial, retomado por el Programa de
reconocimiento al Perfil Ideal de los académicos (perfil PROMEP), que contempla la promoción y apoyo
al colectivo mediante los CA y la conformación de Redes.
Como resultado del trabajo académico colectivo, las IES participantes en el PROMEP formularon
el Plan de Desarrollo de los CA, realizando el registro a partir de las organizaciones ya existentes (como
departamentos, academias o grupos de investigación. Al interior de las universidades coexisten tres tipos
de agrupaciones: (1) las de corte tradicional, (2) las agrupaciones con características innovadoras y (3)
investigadores que desarrollaban sus estudios de manera individual, pero al asumir los planteamientos
de la política vigente éstos se vieron obligados a conformarse bajo nuevos esquemas, que definitivamente
rompieron con su dinámica o bien los condujo a conformar agrupaciones con relaciones colectivas
inexistentes. (Tinajero, Pérez y Espinoza, 2008).
De esta manera, este programa ha intervenido de manera directa en las IES con resultados que
han sido documentados cuantitativamente por instancias oficiales y por algunos investigadores
interesados en el tema (Castañeda, 2000; Tinajero, Pérez y Espinosa, 2008; Salas y otros, 2007; Sevilla,
Galaz, y Arcos, 2008; Pérez, Rodríguez y Ramírez, 2008; Lastra y Kepowicz, 2006; Guzmán, Hernández
y Guzmán, 2008; Gil Antón, 2006; Mijangos y Manzo, 2012), pero también ha traído consigo efectos,
no tan deseados que convierten a la gestión (operación y desarrollo) en un campo problemático que es
necesario explorar.
A partir de las preguntas de investigación: (1) ¿Qué tipo de relaciones académicas reportan los
CAC y CAEC?, (2) ¿Cuáles son los propósitos? y (3) ¿Qué tipo de resultados reportan?, lleva a cabo el
análisis cuantitativo-cualitativo de la colaboración y la cooperación académica nacional e internacional
que los CA reportan en su información curricular, identificando las contribuciones de los CA a la

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circulación internacional de los conocimientos a partir del análisis de las redes de cooperación nacional
e internacional establecidas.
Se identifican el tipo, los propósitos y los resultados del establecimiento de redes académicas para
el caso de los Cuerpos Académicos en Consolidación -CAEC y Cuerpos Académicos Consolidados CAC de una Universidad Pública Estatal del Norte de México. Esta identificación permitirá proponer
mejores estrategias para la conformación y el desarrollo, así como para convertirlos en un indiscutible
motor de la actividad académica de las IES del país.
2.-FUNDAMENTOS TEÓRICOS
De la individualidad al trabajo colaborativo
La posmodernidad plantea retos importantes al profesorado, demandas muchas veces contradictorias
entre sí. A los cambios cualitativos, entre los que se encuentra un nuevo papel de los profesores, se
añaden nuevas tareas colectivas e individuales que han conducido a una intensificación de las actividades
académicas y que distraen de las actividades meramente educativas (Hargreaves, 1999).
Los primeros análisis de CA realizados por Pérez, Rodríguez, y Ramírez (2008), permitieron
obtener datos sobre la opinión que tienen los docentes en relación con el PROMEP, sus expectativas,
metas y prácticas. Si bien, el Programa promueve la conformación de los CA para un desempeño
profesional ligado a la estimulación, con financiamiento económico, materiales y equipo de trabajo para
que continúen los trabajos de investigación, los profesores expresan un agrado en la forma en que el
PROMEP favorece el desarrollo individual-colectivo.
Ortiz del Ángel (2008), habla del trabajo individual y colectivo reconociendo que, con la
promoción del trabajo en equipo aparece la detracción del trabajo individual. No obstante, las tareas
individuales también son necesarias, y a veces el trabajo colectivo puede ser más una restricción que una
oportunidad, ya que, en lugar de evolucionar como un método válido de trabajo, se impone como un
sistema inflexible. Así pues, la capacidad para pensar y trabajar de manera independiente (y colectiva),
es esencial para innovar en los procesos académicos (Fullan, 2000).
Fullan (2000), señala también las dificultades que surgen en el trabajo colectivo, recuperando el
sentido de que los cambios al transitar hacia este tipo de trabajo son complejos:

Redes de Cooperación de Cuerpos Académicos de una Universidad Pública de México.

71

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 La balcanización o división, cuando algunos miembros forman subgrupos y luchan entre sí
para obtener reconocimiento o primacía dentro del grupo, lo que deteriora las relaciones.
 El trabajo en equipo fácil implica el intercambio rápido y superficial de ideas y estrategias en
un sentido técnico y a corto plazo que no llega al análisis, la crítica o la reflexión sobre
situaciones que requieran planificación.
 El trabajo en equipo artificial se refiere a situaciones donde persiste el control a través de
procedimientos formales como la planeación conjunta o la capacitación entre pares, con
horarios marcados y definiciones normativas de los roles.
El trabajo colaborativo que propone Ortiz del Ángel (2008) debe tomar en cuenta el
reconocimiento y la valoración de cada miembro, tanto como el desarrollo de habilidades interpersonales
y la comunicación eficaz, donde los involucrados se conozcan entre sí y establecen una relación de
confianza. Esto no quiere decir que no exista divergencia de opiniones, sino que se resuelven de manera
asertiva a través del debate reflexivo. Dicha modalidad de trabajo señala la autora, no está exenta de
problemas, uno de ellos es la colaboración, ya que en las IES se establecen relaciones no colaborativas,
verticales, y jerárquicas, en las que el peso de las actuaciones está dado por el estatus profesional y por
criterios más administrativos que académicos.
En la compilación realizada por Hargreaves del 2003, Sagor habla del “aspecto cooperador de la
investigación cooperativa para la acción [sic]” la cual define como la participación voluntaria y colectiva
de equipos de docentes de un mismo lugar en la realización de indagaciones conjuntas sobre aspectos de
interés personal/profesional. Este tipo de trabajo parte de las necesidades percibidas; la participación es
voluntaria, la estrategia requiere una mutua adaptación y cuando está implementada los participantes
reciben apoyo. Ciertamente esta conceptualización que está orientada a centrarse en aspectos críticos
para la educación es una definición cercana a la que se plantea a través del PROMEP.
Pérez, Rodríguez y Ramírez (2008) señalan que existen investigadores con trayectorias
individuales exitosas en los programas previos al PROMEP -como el caso del Programa de Estímulos
Económicos y el Sistema Nacional de Investigadores- que consolidan formas de operar (individuales),
lo que representa mayores dificultades para cambiar las prácticas al trabajo colaborativo y la
conformación de CA. Otro sector de investigadores se caracteriza por aprenderse las reglas del juego y
responder a los indicadores que se derivan, lo que converge en efectos perversos en las dinámicas y

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procesos de los CA, llevando a prácticas de simulación del trabajo colaborativo y de la conformación de
redes, señalado por Navarro y Sánchez (2007), la implementación de políticas de evaluación en las IES
mexicanas genera casos en los que se experimentan procesos evaluativos que enriquecen la estructura
académica y el funcionamiento, pero existen otros que desarrollan una capacidad de respuesta que
muestra lo que los evaluadores esperan encontrar, sin que se logre el impacto sustancial. Unos
señalamientos importantes realizan Surdez, Magaña y Sandoval (2015) sobre como PROMEP y el
CONACyT tienen enfoques heterogéneos: el PROMEP enfatiza el equilibrio entre actividades de
docencia, tutoría, investigación y gestión académica, mientras que el SNI promueve la producción
científica y tecnológica. Todo ello influye en que los docentes busquen diversificar sus labores para
cumplir con los requerimientos de los programas. Esto, incluso ha generado que el profesor universitario
mexicano haya institucionalizado una serie de conductas y acciones que ya son difíciles de erradicar, por
lo que asume ciertas funciones de investigación, docencia, gestión y tutorías que anteriormente no poseía
(Beltrán P., 2015).
Pérez, Rodríguez, y Ramírez (2008), señalan el fenómeno y lo visualizan como la acumulación
de méritos y el acceso a reconocimientos y recursos financieros que se genera desproporcionalmente
favoreciendo a un grupo de investigadores que al convertirse en “nodos” de la comunidad científica
generan el llamado “efecto mateo” (a quien mucho tiene, mucho se le dará; y al que no, lo poco que
tenga, se le quitará), en la medida en que el reconocimiento favorece la obtención de recursos, la
formación, las publicaciones y a su vez generan reconocimiento, conformándose un círculo en el que son
los mismos individuos y grupos los que tienen posibilidades de permanencia y desarrollo en las
comunidades científicas, esto hace difícil el posicionamiento de grupos emergentes. En este sentido, la
competencia y lucha por sobrevivir en un sistema dirigido a unos pocos, demeritan el sentido social de
la Universidad, y favorece la exclusión de nuevos académicos que no reúnen el perfil adecuado, y no
cumplen con los indicadores establecidos por la política vigente. Los Cuerpos Académicos deben
concebirse como:
…entidades vivas, dinámicas… se parten luego y forman otros, ya sea por la vía de la especialización o
por el camino de la transdisciplina. No son estáticos. El denominador común, con las variaciones propias
de las distintas tribus que conforman al mundo académico, es el compromiso con una confluencia
colegiada —ser colegas — y pactar trabajo convergente, no “en bola”, para potenciar la enseñanza, el
descubrimiento, la integración del saber y su divulgación. Critican sus borradores, conversan sobre los
retos de la docencia, se hacen cargo de los dilemas de sus instituciones y de la vida universitaria… La
Redes de Cooperación de Cuerpos Académicos de una Universidad Pública de México.

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vida, no el cartabón; el proceso del saber que se comparte, no el formulario a llenar anualmente, atado al
dinero. (Gil Antón, 2006).
Lastra y Kepowicz (2006), analizan el hito entre el bien ser personal y bien estar colectivo entre
PROMEP-SNI y destacan las distancias o brechas que se generan cuando las políticas externas para el
cambio se “re institucionalizan” en las IES, dado que aún sin modificaciones en sus reglamentos, la mente
del académico está dispuesta a asumir nuevas conductas, lo notable de este hecho, señalan, es la fuerza
actuante de la vigorosa autopropulsión institucional académicos-funcionarios de las nuevas reglas de
evaluación.
El orden institucional de la parcela académica, según Lastra y Kepowicz (2006), gira en torno a
revisar, institución por institución, la lógica central sobre: a) lo apropiado del estímulo económico que
fomenta el individualismo, b) el eventual impacto exógeno al CA necesitado de estrategias para satisfacer
el juego de los puntos y, c) los fundamentos para optar por el fomento a la multifuncionalidad de los
académicos.
Un aspecto importante es la participación en redes a las cuales se atribuye el propósito de
contribuir al desarrollo de las IES promoviendo proyectos y actividades interinstitucionales, fomentando
el intercambio de experiencias y estableciendo mecanismos de comunicación y gestión con
organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales (CRCO ANUIES; 2006). La
institucionalización de las redes (Arias, 2010) representa una configuración hacia estructuras abiertas,
límites cambiantes, múltiples conexiones, vías de comunicación entre nodos, alta frecuencia de contacto,
jerarquías no lineales, descentralización, flexibilidad, autonomía, para responder a los cambios globales
y facilitar la adaptación a los contextos cambiantes, pero también lo que atinadamente apunta Marúm E.
(2010), las redes académicas necesitan además de políticas de estado una estructura institucional que
sustente su dinamismo y que posibilite que éstas atiendan necesidades propias y generen sinergias que
permitan enfrentar los desafíos del mundo actual.
Queda claro que responder a los retos del nuevo sistema de educación superior implica, entre
otras cosas, superar el individualismo del profesorado y la concepción mecanicista de los centros
educativos, propiciando actitudes colaborativas y una organización flexible, esto requiere, retomando a
Armengol (2001), una reivindicación de los factores personales y colectivos en las organizaciones, y el
reconocimiento de la cultura como referentes para fomentar el cambio y la mejora.
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Investigación conjunta
En virtud de que guardan mayor tradición respecto a la naturaleza colectiva de la producción de
conocimiento se rescatan algunos planteamientos respecto a los grupos de investigación. Para Bianco y
Sutz (2005), constituye la mínima unidad espacio temporal de producción de conocimiento de carácter
colectivo.
El término grupo de investigación lleva implícito el carácter colectivo de la entidad, siendo la
interacción entre sus miembros un proceso fundamental. La vida de un grupo de investigación ocurre en
torno a un marco de referencia integrado por sus miembros, sus objetos de estudio y los abordajes teóricos
y metodológicos. A partir del proceso de interacción los grupos de investigación desarrollan diversas
vertientes identitarias. Tres de ellas, identificadas en Bianco y Sutz (2005), son: identidad temática al
ocuparse de problemáticas definidas en el marco de una disciplina o espacios interdisciplinarios;
identidad colectiva al tener una trayectoria de trabajo conjunta expresada en producción académica
común y/o en el reconocimiento del liderazgo académico de alguno de sus integrantes; auto identidad
derivada del sentido de pertenencia y de que sus miembros se reconocen como integrantes del colectivo.
Otros aspectos que hacen la identidad de un grupo de investigación son el tipo de objetivos
compartidos, la institución “madre” del grupo y el contexto institucional. Esta influencia puede darse
dentro de la universidad, debido a que los grupos de investigación pertenecientes a distintas facultades
incorporan especificidades derivadas de la adscripción. Este aspecto, estudiado por Weber, está asociado
a un sistema de autoridad instituido por el colectivo o por la institución. (Bianco &amp; Sutz, 2005).
Los grupos de investigación son entidades dinámicas cuyo desarrollo y consolidación en el
tiempo dependen de factores diversos como la organización del saber al interior de una rama de
conocimiento, las políticas de investigación, el grado de complejidad de los objetos de estudio, las
relaciones entre los investigadores, la disponibilidad de financiamiento, por nombrar algunos (Bianco &amp;
Sutz, 2005). Así mismo, se puntualiza que un grupo de investigación es una organización especializada
en la generación y aplicación creativa del conocimiento, constituyendo lo que se denominaría empresa
de conocimiento. (Cuadros, Martínez, &amp; Torres, 2008),
Las formas de generación del conocimiento se han modificado en las últimas cinco décadas en la
producción y comunicación de conocimientos los modelos interactivos y contextualizados están
reemplazando al modelo lineal. Estas formas de organización para la producción del conocimiento están
Redes de Cooperación de Cuerpos Académicos de una Universidad Pública de México.

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diseñadas con base en el concepto de red. Desde esta perspectiva, el trabajo empírico y teórico ha
demostrado la importancia que tienen las redes de colaboración e información para la generación de
conocimientos. De ahí que se considere que la noción de redes es una herramienta útil para estudiar las
nuevas relaciones de producción de conocimientos. Las características ideales de las redes, son: a) su
propósito es crear y comunicar conocimiento, b) su estructura y operación está diseñada para maximizar
la creación de conocimiento, c) debe proporcionar beneficios claros y directos para todos los
participantes, d) se organiza formalmente con una estructura, e) la presencia en el grupo es por invitación
con base en los méritos, f) tiene una estructura de comunicación bien definida, y g) la red debe trascender
las fronteras de varios sectores. (Luna, Rueda &amp; Arbesú, 2006).
Para una mayor calidad en el trabajo de investigación en la academia debe prevalecer el concepto
de comunidades epistémicas. Que tienen, entre otras, las siguientes características:
 Definen una agenda común, sus integrantes mantienen puntos coincidentes con el área de
investigación del colectivo;
 la participación es a través de redes, relaciones informales y formales establecidas entre los
actores;
 sus miembros comparten un sistema de creencias y valores que los cohesionan y hacen que
definan propósitos; se resguardan en normas y creencias sin necesidad de tener lazos
familiares o políticos;
 se distinguen por su estructura compacta, lo importante es el logro de prestigio académico y
el fortalecimiento de su habilidad para influir en el campo disciplinario;
 en su integración prevalecen las relaciones informales, lo central está constituido por las
relaciones entre miembros;
 tanto la reputación como los méritos académicos son el capital importante con que cuenta la
comunidad epistémica (López, 2010).
Una de las pautas de comunicación entre científicos es lo que tiene que ver con la dimensión
internacional, local o nacional, afectando la competencia y cooperación entre los científicos y en los
temas de investigación que se plantean. La comunicación entre científicos es esencialmente
internacional, en concordancia con el universalismo de la ciencia y en lo local y nacional por la relación
que los apoyos para I+D, deben guardar con problemas nacionales. Lo cual representa un problema pues
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se ven configuradas por sistemas nacionales de ciencia. (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman,
Scott, &amp; Trow,1997).
La explicación de redes de conocimiento implica el concepto de cooperación científica y
tecnológica; se concibe como una cultura que afecta los modos y procedimientos implicados en la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y los procesos de innovación; se fundamenta en la
necesidad de la complementación de las capacidades y se explica por los beneficios para los participantes.
Implica también, el desarrollo de actividades que suponen una asociación y colaboración para objetivos
comunes y un beneficio mutuo. Su importancia radica en que no sólo constituyen una estrategia para la
cooperación, sino que, cada vez más se usan como un modelo organizativo para el fortalecimiento
institucional (Luna-Serrano, Rueda-Beltrán &amp; Arbesú-García, 2006).
La participación en red permite la obtención de recursos, estableciendo acuerdos con
organizaciones que están en capacidad de facilitarlos. En la dinámica de conformación de redes, los
procesos de innovación y aprendizaje son factores claves para garantizar la capacidad de adaptación de
las organizaciones a las exigencias del entorno. (Trujillo, Guzmán, &amp; Becerra, 2007, p. 62).
La formación de equipos de trabajo y redes institucionales permite:
 contar con mejores condiciones para lograr una comunicación horizontal más sólida entre las
diferentes dependencias universitarias;
 disponer de mayor integración vertical entre departamentos académicos y oficinas de
conducción central de la institución;
 impulsar las unidades académicas a introducir cambios ya que las responsabilidades son
compartidas;
 reconocer que el trabajo en equipo requiere una mayor comunicación y compartir la
información, por lo que los resultados tendrán más legitimidad (López, 2010).
Finalmente, como señala Cruz Pallares (2016), las personas que se integran en una red se
caracterizan por participar en forma voluntaria y activa, tener intereses comunes en metas y objetivos,
respetar el liderazgo compartido, tener confianza en que es posible aprender de otros, utilizar las
tecnologías, escuchar y respetar las opiniones de los demás y conocer el valor de la sinergia que
proporciona el trabajo en colaboración.

Redes de Cooperación de Cuerpos Académicos de una Universidad Pública de México.

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Desde la perspectiva de Guzmán, Hernández, y Guzmán. (2008), la investigación colegiada
fomenta la capacidad institucional para generar o aplicar el conocimiento; identificar, integrar y
coordinar los recursos intelectuales de las instituciones en beneficio de los programas educativos y
articular esta actividad con las necesidades del desarrollo social, la ciencia y la tecnología en el país.
Para determinar su desarrollo en las universidades públicas estatales y afines, el PROMEP
considera:
 Que tengan metas comunes para generar conocimientos, realizar investigación aplicada o
desarrollos tecnológicos.
 La solidez y madurez de las líneas que cultivan.
 Que la generación de conocimientos, la investigación aplicada o el desarrollo tecnológico se
realice de forma colegiada a través de proyectos innovadores. La evidencia más sólida del
trabajo colegiado y complementario son: libros, capítulos de libros, patentes, prototipos,
artículos indexados, artículos arbitrados, asesorías, consultorías, informes técnicos u obras de
arte.
 Que el número de sus integrantes sea suficiente para desarrollar las líneas propuestas. Mínimo
tres integrantes y el máximo está determinado por la comunicación e interacción eficaz y
continua de sus miembros.
Así pues, el gobierno federal, a través del PROMEP-PRODEP, ha instrumentado iniciativas que
propician la formación de redes, y que expresan las tendencias internacionales en las formas de
organización del trabajo académico para producir conocimiento. De forma independiente a estas
políticas, señalan Luna-Serrano, Rueda-Beltrán y Arbesú-García (2006) es factible evidenciar la
convergencia de intereses académicos y personales que han posibilitado la conformación de grupos de
investigación y la evolución a redes.
Contextualización de los CA en la Universidad Autónoma de Nuevo León -UANL
La UANL firmó los primeros convenios de colaboración PROMEP-IES en 1997 y completó su registro
con 27 Dependencias de Educación Superior -DES. Con la firma de los convenios fluyeron recursos con
apoyo al fortalecimiento de las plantas académicas, en principio orientado a profesores (becas para
estudios, reconocimiento de perfil, apoyo a la incorporación), posteriormente hacia los CA.
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La UANL realizó el primer registro de Cuerpos Académicos - REGCA, en 2002, estos se fueron
reestructurando año con año y evolucionando paulatinamente. (Ver Gráfica 1).
Gráfica 1.
Evolución de la CA/UANL
CAC
165

147

129
108

118

107

105

97
81

85

58

65
45
25
5
-15

CAEF

146

145
125

CAEC

12
3
2002

15
5
2003

17
5
2004

26

8
2005

28

30

16

17

2006

2007

36
25
2008

61

62

55

59

42

47

36

42

43

2009

2010

2011

52

2012

70
73

79
72
75

79
78
87

2015

2016

2017

75

74

66
61
53

72
58

2013

2014

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del registro y evaluación de los cuerpos
académicos en el 2017. Nota: El total incluye 52 grupos disciplinarios. CAC: Cuerpos Académicos
Consolidados. CAEC: Cuerpos Académicos en Consolidación. CAEF: Cuerpos Académicos en
Formación.

Aún y cuando la estructuración de grupos muchas veces se realizó bajo un esquema disciplinar e
institucional, paulatinamente se han gestado otras formas de trabajo. Las diversas agrupaciones existentes
se han transformado, no sólo por las políticas impulsadas, sino por los cambios en las formas de
comunicación y producción de conocimiento desarrolladas en el mundo. El uso de las tecnologías ha
permitido el reemplazo de modelos lineales hacia otros más interactivos. Estas formas de producción del
conocimiento presentan atributos que las diferencian de las tradicionalmente desarrolladas: el imperativo
de la utilidad del conocimiento, la transdisciplinariedad, la heterogeneidad, la diversidad organizativa y
la agrupación de equipos y redes de trabajo (Luna, Rueda &amp; Arbesú, 2006).
3.-METODOLOGÍA
El trabajo es de tipo descriptivo-explicativo, para analizar la colaboración y la cooperación académica
de los CA de la UANL. Se analizó la colaboración y cooperación académica que reportan los CA de la
UANL en su información curricular, asentada en el Sistema para el llenado del Curriculum de CA del
Redes de Cooperación de Cuerpos Académicos de una Universidad Pública de México.

79

�Vences-Esparza, A., Flores-Alanís, I., M. y Rodríguez-Bulnes, M., G.

PRODEP. Bajo un análisis cuantitativo se identificaron el tipo, los propósitos y los resultados del
establecimiento de redes académicas para el caso de 79 CAEC y 75 CAC. La información de cada CA
fue vaciada en tablas recuperando datos como grado de consolidación, participación con otros grupos
(nacional o internacional), tipo de participación (colaboración, cooperación), instituciones con las que se
colabora, dependencia involucrada, tipo de colaborador externo y los países en los que encuentran las
instituciones extranjeras. Se identificaron también tipos de trabajos conjuntos.
El procedimiento implicó la construcción de una base de datos del balance de CA, la construcción
una base de datos de la colaboración-cooperación de los CA; el análisis de los datos con estadísticas
básicas y la descripción e interpretación de datos.
4.-RESULTADOS
El promedio de la producción académica es de 113 productos por CA, 22 proyectos de investigación y
30 direcciones de tesis; las reuniones de trabajo conjunto se reducen a 12; la participación con otros CA
o grupos de investigación es de nueve. En todos los casos, al analizar por grado de consolidación, el
promedio más alto se identifica en los CAC. (Ver Tabla 1).
Tabla 1.
Concentrado de resúmenes curriculares de los CA

Total CA
Consolidados
En consolidación
En formación
Total

Producción
académica

Proyectos de
investigación
conjuntos

Dirección
Individualizada

Participación
con otros
CAs o grupos

61/79
53/75
52/72
166/226

12,098
4,190
2,490
18,778

2,273
831
599
3,703

3,241
1181
522
4,944

Reuniones para
realizar trabajo
conjunto
847
439
241
1,527

1,018
577
355
1,950

Programas
educativos
de
licenciatura
83
80
63
226

Fuente: Elaboración propia a partir de REGCA-UANL, (2017).
Los datos hacen evidente el impacto que tienen los resultados del trabajo conjunto, para el avance
en el grado de consolidación, sobre todo en lo relacionado con la producción académica.
El análisis de la participación con otros CAs o grupos de investigación realizada con 59 casos (27
CAEC y 32 CAC), da cuenta de una situación interesante: en promedio reportan 12 participaciones con
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�Vences-Esparza, A., Flores-Alanís, I., M. y Rodríguez-Bulnes, M., G.

otros, 10 nacionales y 2 internacionales. Vale la pena mencionar que 21 de esos casos no reportan
colaboraciones internacionales. (Ver Tabla 2).
Tabla 2.
Participación con otros CA/grupos de los CAEC y CAC
CAC/CAEC

Participación con otros

Nacional

Internacional

Total

745

614

131

Fuente: Elaboración propia a partir de REGCA-UANL, (2017).
El tipo de participación se tipifica en la información curricular como de colaboración o de
cooperación sin que por la descripción realizada quede clara la diferencia. Para PRODEP (2016), las
redes temáticas de colaboración son instrumentos de articulación, colaboración y cooperación científica
y tecnológica, que permiten desarrollar mecanismos de actuación conjunta en los diferentes ámbitos de
las ciencias, mientras que las redes de cooperación se caracterizan por el intercambio académico: de
recursos humanos (profesores/as y estudiantes), y de infraestructura (equipos, laboratorios e
instalaciones); cada nodo atiende su proyecto e intercambian facilidades e información, lo que obtienen
es un servicio.
La colaboración con CAs en universidades nacionales se da con un gran número de IES
incluyendo CA de la propia institución. A nivel internacional, las colaboraciones son mayoritariamente
con grupos de investigación de instituciones educativas en Estados Unidos de América y España; en
menor medida con Brasil, India, Canadá, Francia, Alemania, Uruguay y Chile. Incipientemente se han
establecido vínculos con Inglaterra, Italia, Rusia, Colombia, Bulgaria, República Checa, Venezuela,
Costa Rica, Croacia, Puerto Rico, Argentina, Nicaragua y Panamá. (Ver gráfica 2).

Redes de Cooperación de Cuerpos Académicos de una Universidad Pública de México.

81

�Vences-Esparza, A., Flores-Alanís, I., M. y Rodríguez-Bulnes, M., G.

Gráfica 2.
Países de en los que hay colaboración con otros Grupos de Investigación
60
50

48

40
26

30
20
10

3

6

5

6

6
2

5

4

2

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del registro y evaluación de los cuerpos
académicos en el 2017
Al analizar los resultados de las colaboraciones aparecen con frecuencia los proyectos de investigación
conjuntos, seguido de formación de recursos humanos, tesis y publicaciones, esta colaboración deriva
en estancias de investigación y participación en eventos científicos. Un dato interesante es que aparece
la cooperación a efecto de compartir infraestructura con una frecuencia relevante. (Ver gráfica 3).
Gráfica 3.
Tipo de colaboración/cooperación

Comunidades virtuales
Profesor invitado
Infraestructura
Patentes
Intercambio académico
Estancias de investigación
Formación de recursos humanos
Tesis
Divulgación de resultados en eventos científicos nacionales e…
Artículos científicos
Desarrollo de proyectos de investigación
Asesoría y asistencia técnica
0

6
1
17
1
4
15
35
21
14
21
49
1
10

20

30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del registro y evaluación de los cuerpos
académicos en el 2017.
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5.-CONCLUSIONES
El análisis permitió identificar la contribución de los CA a la circulación internacional de los
conocimientos a partir de las redes de cooperación y colaboración nacional e internacional que han
establecido. La colaboración entre pares de otras IES nacionales e internacionales, si bien está presente,
el promedio general es de nueve colaboraciones por CA, y un número representativo reportan poca o
nula colaboración, lo que debe revisarse institucionalmente para reivindicar la colaboración nacional e
internacional. En este proceso, se rescata la importancia de superar el individualismo y la concepción
mecanicista de las estructuras institucionales, a fin de propiciar actitudes colaborativas y modalidades de
organización flexibles, lo que implica la reconsideración de factores personales, en estrecha relación con
los colectivos en el funcionamiento de las organizaciones.
El hecho de que las colaboraciones por definición se establezcan para el desarrollo de proyectos
de investigación conjunta y deriven en la formación de recursos humanos, tesis, estancias y publicaciones
es relevante; hace evidente el esfuerzo por avanzar, aunque sea una exigencia externa impuesta por
programas federales y resulta en beneficio de la institución, aunque incipiente en materia internacional.
Importa reflexionar sobre la institucionalización de las redes, ya que, como ha sido señalado,
exige cambios paradigmáticos en las estructuras de organización para transitar hacia otras más abiertas
con límites cambiantes, múltiples conexiones, vías de comunicación entre nodos, alta frecuencia de
contacto, jerarquías no lineales sino entrecruzadas, descentralización, mayor flexibilidad y autonomía,
pero también las redes académicas necesitan de políticas de estado que se retomen institucionalmente y
que configuren con una estructura que sustente su dinamismo y que haga posible la atención de
necesidades propias y la generación de sinergias para enfrentar los desafíos del mundo globalizado.
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http://revpoliticas.uanl.mx/

El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países
emergentes1
The luxury of alcohol: the opportunity of the sector in emerging countries
Gabriela, Mata-Sánchez2
RESUMEN
En las últimas décadas, las potencias emergentes no sólo han sido objeto de estudio de diversas
disciplinas académicas, sino también de deseo de empresas que buscan incrementar sus ventas
en nuevos mercados con gran poder adquisitivo. La venta de bebidas alcohólicas es un ejemplo.
El consumo de alcohol ha crecido en países emergentes al mismo tiempo que mejora la calidad
de vida de sus habitantes, tendencia que es distinta en los países desarrollados. El objetivo del
artículo es explorar la relación entre el consumo del alcohol y el índice de desarrollo humano IDH en los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y comparar dicha
tendencia con las economías desarrolladas. La metodología utilizada fue cuantitativa, basada
en la construcción de una base de datos con información del 2000 al 2015, obtenidos del Banco
Mundial, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, así como en la realización de pruebas de correlación de Pearson y regresiones
lineales. Los resultados obtenidos mostraron que existe una correlación entre estos indicadores
en ambos grupos de países, y que, al compararlos, las tendencias son inversas, comprobando la
influencia del desarrollo económico en el incremento de consumo de alcohol en países
emergentes.
Palabras claves: BRICS, consumo de alcohol, desarrollo económico, desarrollo humano, IDH.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 12/12/2021
Fecha de revisado: 27/12/2021
Fecha de aceptado: 26/4/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

In recent decades, the emerging powers have not only been the subject of study in various
academic disciplines, but also of desire of companies seeking to increase their sales in new
markets with great purchasing power. The sale of alcoholic beverages is an example. Alcohol
consumption has grown in emerging countries while improving the quality of life of its
inhabitants, a trend that is different in developed countries. The object of this article is to
explore the relationship between alcohol consumption and the human development index -HDI
in the countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) and compare this trend with
developed economies. The methodology used was quantitative, based on the construction of a
data base with information from 2000 and 2005, obtained from the World Bank, the World
Health Organization, and the United Nations Development Programme, as well as conducting
Pearson correlation test and linear regressing. The results showed that there is a correlation
between these indicators in both groups of the countries, and that, when comparing, the trends
were inverse, proving the influence of economic development on the increase in alcohol
consumption in emerging countries.
Keywords: BRICS, alcohol consumption, economic development, human development, HDI

Cómo referenciar este artículo:
Mata-Sánchez, G. (2022). El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países emergentes. Revista Política, Globalidad y
Ciudadanía, 8(16), 87 - 104. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-5.

Este artículo es producto del proyecto de tesis doctoral “Los cambios socioeconómicos y la diplomacia económica y corporativa como impulsores de las
exportaciones de tequila hacia China”, financiado por CONACYT. Iniciado en 2017 y finalizado en 2020.
2
Doctora en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Coordinadora Académica del programa de
Doctorado en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Correo: gmatas@uanl.edu.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0590-0174.
1

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�Mata-Sánchez, G.

1.- INTRODUCCIÓN
Los países emergentes son mercados gigantes que están a muy pocas décadas de convertirse en las
principales economías del mundo. Sus indicadores macroeconómicos han tenido crecimientos constantes
en los últimos años y la calidad de vida de sus poblaciones incrementa conforme tienen acceso a mejores
servicios, lo que se demuestra con el notable incremento en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de
las economías emergentes. A medida que la capacidad adquisitiva de las personas en estos países va
creciendo, se convierten en mercados atractivos para todo tipo de industria, pero el comportamiento de
los consumidores no es necesariamente el mismo que el de los mercados de los países que se consideran
como desarrollados, específicamente en el consumo de productos agroindustriales. La Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), ha identificado
tendencias específicas en los países emergentes que indican un mayor consumo de bienes
agroindustriales que se consideran de lujo, lo que abre una oportunidad para los países que exportan
bienes de este tipo con valor agregado (Henson y Cranfield, 2013).
Como ejemplo de lo anterior, el incremento en el consumo de alcohol – cerveza, vinos y bebidas
espirituosas – es también un fenómeno que sucede en este grupo de países al mismo tiempo que las
transformaciones socioeconómicas. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que dicho
incremento se debe a algunos factores determinantes, siendo el acelerado desarrollo económico el más
relevante. Sin embargo, esta tendencia se muestra contraria en los países europeos que forman parte de
las economías más grandes del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial, y que tienen los niveles de
vida más altos. En dichos países, la tendencia es que hay un decremento en el consumo del alcohol. Por
lo tanto, la relación que el incremento en el Índice de Desarrollo Humano con el consumo del alcohol en
los países emergentes no es igual que en las economías desarrolladas.
Por lo tanto, el presente artículo tiene el objetivo explorar la relación existente entre el consumo
del alcohol y el índice de desarrollo humano (IDH) en las economías más grandes de acuerdo con el
Banco Mundial y en los países que conforman el denominado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica, considerados todos como economías emergentes), y demostrar que la tendencia es contraria
en cada grupo. Al momento de la realización de este artículo, se encontraron estudios que relacionan el
consumo del alcohol con indicadores macroeconómicos, sin embargo, no se encontraron estudios que
relacionen el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los países emergentes con los patrones de consumo
de productos de alto valor agregado (como es el caso de cerveza, vinos y bebidas espirituosas).
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�Mata-Sánchez, G.

Con esta perspectiva, el estudio de estos factores (IDH y consumo de alcohol) y su relación aporta una
perspectiva para vislumbrar las diferencias entre el comportamiento de los mercados que conforman los
grupos de países estudiados y abona al conocimiento sobre las tendencias en el consumo de bebidas
alcohólicas y su relación con el incremento de la calidad de vida. La razón por la que fueron elegidos
ambos grupos de países radica en el hecho de que tanto el BRICS como las economías más grandes
(Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) concentran la mayor parte de
la población mundial y tienen una gran participación en el comercio internacional. Tan sólo el BRICS
concentra alrededor del 40% de la economía mundial y también el 40% de la población global (Instituto
de Comercio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de España [ICEX], 2018).
2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015a), el Índice de Desarrollo
Humano -IDH es una medida que resume los logros promedio en las dimensiones clave del desarrollo
humano: una vida larga y saludable, la cual se obtiene de los indicadores de la esperanza de vida al nacer,
acceso al conocimiento – medido calculando la tasa de alfabetización de adultos combinada con la tasa
total de escolarización en educación primaria, secundaria y terciaria – y un nivel de vida digno medido
por el producto interno bruto (PIB) per cápita, expresado a través de la paridad del poder adquisitivo
(PPA) en dólares. Está compuesto por tres índices. El primero es el Índice de Salud, que se mide mediante
el indicador de la esperanza de vida. El segundo de ellos, el Índice de Educación, se obtiene mediante la
escolaridad esperada y los años de escolaridad promedio para personas menores y mayores de 25 años.
El tercero es el Índice de Ingreso se mide mediante el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita y el Poder
de Paridad de Compra (PPC). Los logros de desarrollo en los países de la región se monitorean
anualmente y explican una parte de los fenómenos sociales que afectan a la población de referencia.
En vista de lo anterior, puede decirse que el desarrollo humano es un enfoque amplio que se
refiere al desarrollo de las personas a través la creación de capacidades humanas mediante la mejora de
sus vidas mediante su participación activa en los procesos que las determinan. El rango en el que se mide
es de 0 a 1. Para ello, se divide a todos los países en cuatro grupos de igual tamaño (cuartiles) y se les
asigna una categoría de desarrollo (muy alto, alto, medio y bajo) (PNUD, 2015b).
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) define el consumo de alcohol
per cápita como la cantidad total de alcohol consumido por adulto (más de 15 años) durante un año, en
litros de alcohol puro. El consumo registrado de alcohol se refiere a las estadísticas oficiales (producción,
El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países emergentes.

89

�Mata-Sánchez, G.

importación, exportación y ventas o datos impositivos), mientras que el consumo de alcohol no registrado
se refiere al alcohol que no está sujeto a impuestos y está fuera del sistema habitual de control
gubernamental.
BRICS y su inserción en el mercado global
El grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) representa el grupo de las economías
emergentes más grande. De hecho, juntos representan más de un quinto de la economía global, y
alrededor de un 30% del territorio mundial (Li y Marsh, 2016). Por ello, el grupo es atractivo para las
grandes empresas multinacionales, tanto para introducir sus productos como para realizar inversiones
directas. Asimismo, el bloque representa el 42% de la población mundial y el 20% del PIB global (Banco
para el Nuevo Desarrollo, 2019; Banco Mundial, 2019).
Originalmente, en 2001, el acrónimo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) fue utilizado por el
economista Jim O’Neill, al considerarlos como aquellos países con mayor expectativa de crecimiento.
Este término fue incorporándose en los análisis económico, financiero, comercial y académico, entre
otros. En 2011, Sudáfrica se convirtió en un estado miembro, lo que obligó a cambiar el acrónimo de
BRIC a BRICS. Este grupo de países ha permitido la intensificación de las relaciones entre los Estados
miembros a través de cumbres que se han realizado desde 2009, en las cuales tratan temas económicos,
financieros y de política internacional (Vieira de Jesús, 2014).
Asimismo, desde su formación en los años 90, el bloque ha buscado incrementar su poder en el
ámbito internacional a través de negociaciones y participaciones colectivas para defender sus intereses
frente a grandes potencias, crearon el Banco para el Nuevo Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés)
para apoyar proyectos de infraestructura y desarrollo sustentable de los países que lo conforman y de
otras economías emergentes, y la mayoría de ellos ha auspiciado grandes eventos deportivos (Olimpiadas
o Mundiales de Fútbol), con el propósito de proyectar una imagen de modernidad y de crecimiento
económico (Li y Marsh, 2016).
Tendencias del sector agroindustrial
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (2013) identifica
cuatro metatendencias en el sector agroindustrial que han influido en su desarrollo, tanto a nivel nacional
como internacional, las cuales influyen directamente en la forma en que este sector se estructura y opera
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�Mata-Sánchez, G.

en el largo plazo (Henson y Cranfield, 2013). La primera metatendencia es el cambio en los patrones de
consumo de los alimentos, el cual está directamente relacionado con el aumento de ingresos y de la
población. Dicho cambio en el consumo radica en la sustitución de las féculas por carnes, productos
lácteos, frutas y hortalizas, aceites y granos procesados. Los cambios mencionados representan una gran
oportunidad para la exportación de productos de mayor valor.
De igual manera, el aumento de la demanda de los productos agroalimentarios altamente
procesados y de mayor valor obedece también a una segunda metatendencia, que es el aumento de la
urbanización, la participación de las mujeres en el trabajo y el incremento en el uso de electrodomésticos.
La tercera metatendencia se refiere al cambio en el sistema económico internacional a finales de los 90,
el cual impulsó a las agroindustrias a funcionar en un mercado libre y a enfocarse en el sector privado,
estimulando oportunidades para la inversión privada en el sector y reduciendo costos de los flujos
transfronterizos de bienes y capital.
Por último, la cuarta metatendencia es el avance de las tecnologías, principalmente en el ámbito
de la Biotecnología, sin embargo, su aprovechamiento depende del acceso oportuno que las empresas
agroindustriales tengan a dichos avances. Esta tendencia es particularmente importante, pues los
mercados de los países industrializados están también exigiendo mayores garantías en calidad e
inocuidad de los productos del sector (Henson y Cranfield, 2013).
Debido a lo anterior, la demanda de productos agrícolas se mantendrá firme a lo largo del periodo
2014-2023, según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), aunque con una tasa de crecimiento más lenta en comparación con la década
pasada. Las economías asiáticas en rápido crecimiento serán las que representen la mayor parte del
consumo adicional; tan solo entre 1970 y 2003, el consumo de alcohol per cápita en la región asiática
aumentó un 471.4%. Mientras, las regiones de América del Norte y Europa tendrán una disminución en
sus niveles saturados de consumo de alimentos per cápita, que se relaciona con la disminución de las
tasas de crecimiento de la población (OCDE-FAO, 2014).
Así, estas mismas proyecciones confirman las metatendecias antes mencionadas, pues además de
aumentar los niveles de consumo, los ingresos crecientes y la urbanización también dan lugar a cambios
de hábitos de vida y estructura de dietas, por lo general de una dieta tradicional a base de cereales a una
diversificada más rica en proteínas. El consumo también tiende a los alimentos procesados y preparados,
El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países emergentes.

91

�Mata-Sánchez, G.

lo que amplía el diferencial entre los precios al productor y los precios minoristas de artículos
alimenticios. La expansión del sector ganadero altera la demanda de cultivos, lo que resulta en una
participación cada vez menor de los cultivos de alimentos puros en favor de cultivos como cereales
secundarios y semillas oleaginosas, con que también se alimenta al ganado. El comercio internacional y
las comunicaciones están acelerando los cambios en la demanda, lo que conlleva la convergencia de
patrones dietéticos y un creciente interés en comidas étnicas de lugares geográficos específicos.
Factores del incremento del consumo de alcohol a nivel mundial
Son múltiples los factores que se asocian a los incrementos del consumo de alcohol de los individuos, y
estos pueden ir desde los socioeconómicos hasta los personales. Factores como el desarrollo económico,
la cultura, la disponibilidad de las bebidas alcohólicas y el nivel de políticas en torno al consumo del
alcohol son factores relevantes para explicar los patrones de consumo de una sociedad (Organización
Mundial de la Salud, 2014).
Por un lado, la edad y el género se encuentran entre los factores que la OMS considera. Iniciar el
consumo del alcohol en la adolescencia conlleva a más riesgos de salud; aunque hoy está comprobado
que el consumo del alcohol en los hombres es el principal riesgo de salud para los hombres entre 15 y 59
años, existe cada vez más evidencia de que las mujeres han incrementado su consumo en los últimos
años, a la par con el desarrollo económico y con el cambio en los roles de género en el mundo.
Sin embargo, el factor más importante de vulnerabilidad social que la OMS identifica relacionado
con el consumo de alcohol es el desarrollo económico. Una mayor riqueza económica está ampliamente
asociada con niveles más altos de consumo y menores tasas de abstención. Algunos estudios etnográficos
muestran cómo el desarrollo económico transforma una economía con mucho flujo de efectivo, situación
que es aprovechada por las corporaciones de bebidas alcohólicas, pues su producto toma su lugar como
una mercancía, se comercializa, y se vuelve más disponible (Schmidt y Room, 2012). Adicionalmente,
el surgimiento de nuevas élites y clases medias conllevan mayor acceso a productos extranjeros, los
cuales son percibidos por estos nuevos grupos como un símbolo de modernidad y de identidad
cosmopolita, por lo que se convierten en sinónimos de estatus social (Schmidt y Room, 2012).
Además, en un artículo publicado por la revista Salud Mental (Salazar et. al, 2014) que compara el Índice
de Desarrollo Humano con el consumo de drogas, se encontró que existe una correlación aparente entre

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�Mata-Sánchez, G.

ambos indicadores, aunque afirman que no existen suficientes estudios a fondo. Dentro de sus
conclusiones, mencionan que a medida que los países se desarrollan y aumenta el poder económico
social, los gobiernos enfrentan nuevos desafíos sociales y de salud pública, entre ellos el consumo de
drogas. Una posible explicación para el mayor consumo de drogas en los países con IDH alto podría
estar relacionada con la percepción del acceso a las drogas, que también se ha demostrado que desempeña
un papel como un predictor de su consumo.
Por otro lado, de acuerdo con la OMS (2014), la tendencia a nivel mundial en el consumo de
alcohol entre el 2006 y el 2010 fue ascendente, con China e India como los países que la lideran, lo que
está potencialmente ligado al marketing de la industria del alcohol y al desarrollo económico de estos
países. En las regiones de África, Europa y América el consumo es estable, aunque es de notarse que
algunos países de las regiones de Europa y África han reportado descensos importantes en el consumo.
Medidas tomadas por países para reducir el consumo del alcohol
En 2010, la OMS lanzó una Estrategia Global para la reducción del consumo dañino del alcohol, en
donde se delinearon recomendaciones para que los países trabajaran en torno a políticas que atendieran
el tema desde distintos frentes. En 2012 se realizó una encuesta global respecto a dos indicadores: el
desarrollo de políticas nacionales sobre alcohol y la realización de actividades de concientización.
De acuerdo con este estudio, la OMS encontró que 66 de los Estados miembros tenían ya políticas
escritas para el control del consumo del alcohol. Alrededor del 64% de estos países pertenecían a la
región europea. Algunos ejemplos de esta región destacados en el Informe de la OMS sobre este estudio
son el Reino Unido y Bielorrusia. Se menciona también el caso de Sudáfrica, en donde en 2010 se
estableció un Comité Inter-ministerial para reducir los daños ocasionados por el consumo de alcohol.
Asimismo, dicho estudio también incluyó datos sobre cómo se percibe el nivel de implementación
de las políticas sobre el máximo de alcohol permitido en la sangre para conductores de automóviles, en
donde se muestra que es la región europea occidental la que mayores controles tiene en este sentido. De
169 países, 138 reportaron al menos una actividad de este tipo. El impacto de las políticas sobre el alcohol
está bien estudiado en varios países de altos ingresos, donde, por ejemplo, el límite de la disponibilidad
física de bebidas alcohólicas y los altos precios son herramientas bien establecidas que se utilizan para
reducir el consumo de alcohol y prevenir el daño relacionado con su consumo. Por el contrario, dicha
investigación es escasa en entornos de países en vías de desarrollo, y varios estudios centrados en los
El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países emergentes.

93

�Mata-Sánchez, G.

BRICS sugieren que estos países necesitan tomar mayores acciones políticas para abordar el consumo
de alcohol y sus consecuencias en la salud de la población. Esto también se destaca en la estrategia global
de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol donde se insta a la acción con respecto a, por ejemplo,
políticas de conducción de bebidas y contramedidas; disponibilidad de alcohol y políticas de precios
(Rabiee et. al., 2017).
De igual manera, en 2011, los BRICS lanzaron el diálogo sobre salud y su participación en el
discurso sobre la implementación de políticas de salubridad ha estado creciendo constantemente, sin
embargo, a pesar de ello, el número de compromisos concretos realizados por los líderes en sus cumbres
sigue siendo bajo. En Sanya, se comprometieron a fortalecer su diálogo y cooperación sobre salud pública
En Delhi, hicieron otro compromiso y ordenaron a sus ministros de salud que abordaran los problemas
del acceso universal a los servicios de salud, acceso a tecnologías sanitarias, medicamentos, costos
crecientes y la carga creciente de enfermedades transmisibles y no transmisibles, que describieron como
comunes desafíos. Sin embargo, estos compromisos representan menos del 2% de los compromisos
totales que han hecho, pues en general se concentran en otras áreas, como el desarrollo y la cooperación
internacional (Larinova et. al., 2014).
3.-MÉTODO
Para la realización de este estudio, se conformó una base de datos con información del Banco Mundial
(BM), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), de los años 2000 al 2015. Dicha información se procesó a través del programa SPSS, con el
objetivo de verificar la relación y nivel de significancia entre los indicadores antes mencionados,
utilizando la correlación de Pearson y la regresión lineal simple. La variable dependiente es el incremento
en el consumo del alcohol y la independiente es el Índice de Desarrollo Humano. Asimismo, se realizó
una Prueba T para dos muestras independientes, con el objetivo de determinar si existen diferencias
significativas en ambos grupos.
Para tal efecto, los países seleccionados fueron divididos en dos grandes grupos: BRICS y
economías más grandes de acuerdo con el Banco Mundial, excluyendo de estas últimas a los países que
también forman parte del primer grupo. De esta manera, dentro del grupo de economías más grandes
quedaron Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Por lo tanto, el
análisis incluye un total de 12 países. La división en los dos grupos antes mencionados permitió observar
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�Mata-Sánchez, G.

cómo han cambiado los patrones de consumo de cada uno de ellos, especialmente de BRICS, que está
conformado por las potencias emergentes.
4.-RESULTADOS
El IDH y el consumo de alcohol acumulados entre ambos grupos de países muestran marcadas
diferencias. Mientras que el promedio de IDH de las economías más grandes es considerado como muy
alto (.8864), el promedio de IDH del BRICS está en un nivel medio (.6684). Asimismo, el consumo de
alcohol per cápita por año en ambos grupos presenta una diferencia de más 3 litros; mientras que, en las
economías más grandes, la media es de 9.7042 litros, en los países del BRICS la media es de 6.4108 (Ver
Tabla 1).
La prueba T (tablas 2 y 3) realizada a ambos grupos, utilizando ambas variables, confirma que
existen diferencias significativas en las medias de los dos grupos (economías más grandes y BRICS)
tanto en el consumo de alcohol per cápita como en el IDH.
Mientras que, en el grupo de las economías más grandes, el indicador del IDH es similar para
todas (entre 8.6 y 9), hay más heterogeneidad en el grupo BRICS. Las puntuaciones de Rusia, Brasil y
China se encuentran entre el 0.7 y el 0.79, lo que los coloca en el cuartil de categoría alta, mientras que
India y Sudáfrica, cuyas puntuaciones se encuentran entre el 0.6 y 0.69, están en el cuartil de la categoría
media (Ver Tabla 4).
Por otro lado, el mayor consumo de alcohol per cápita se concentra en los países europeos, con
Francia como el primero de ellos, seguido de Alemania, Reino Unido y Rusia. El menor consumo, con
gran diferencia, se encuentra en India, seguido de China y Brasil. Es de notarse que la media de consumo
de India es menor a 2 litros de alcohol puro per cápita por año, es decir, más de 10 litros de diferencia
con las economías europeas (Ver Tabla 4).
Tabla 1
Medias de descriptivos por grupo de países
Medias
Media BRICS
Media Economías más grandes

Consumo de alcohol per cápita
6.4108
9.7042

IDH
0.6684
0.8864

Fuente: elaboración propia. Datos procesados en programa SPSS, con información de PNUD, BM y
OMS (2020).
El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países emergentes.

95

�Mata-Sánchez, G.

Tabla 2
Prueba T para igualdad de muestras en consumo de alcohol per cápita
Consumo

Descripción

Consumo
de alcohol

Se
han
asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia de
medias

Error típ. de la
diferencia

-20.43

27

0

-3.29362

0.16118

-20.57

26.62

0

-3.29362

0.16009

Fuente: elaboración propia en programa SPSS (2020).
Tabla 3
Prueba T para igualdad de muestras en IDH
IDH

Descripción

IDH

Se han asumido varianzas iguales
No se han asumido varianzas iguales

t
-24.19
-24.19

Sig.
(bilateral)
30
0
22.14
0
gl

Diferencia
de medias
-0.21813
-0.21813

Error típ. de
la diferencia
0.00902
0.00902

Fuente: elaboración propia en programa SPSS (2020).

Tabla 4
Estadísticos descriptivos del IDH y consumo de alcohol por país
Media IDH
Media Consumo de alcohol per cápita en litros
EUA
0.903563
8.576667
China
0.669938
4.182
Japón
0.87975
7.614286
Alemania
0.898938
11.628667
Reino Unido
0.891
11.13125
Francia
0.873875
12.404667
India
0.557937
1.942
Italia
0.862063
8.266667
Brasil
0.715
7.213333
Canadá
0.895688
8.078571
Rusia
0.768125
11.128
Sudáfrica
0.631
7.575625
Fuente: elaboración propia. Datos procesados en programa SPSS, con información de PNUD, BM y
OMS (2020).
Asimismo, las gráficas 1 y 2 muestran la evolución de ambos indicadores en los grupos de países,
en su conjunto. Mientras que el indicador del IDH muestra un incremento tanto en las economías más
grandes como en el grupo BRICS, el consumo de alcohol per cápita no sigue la misma tendencia en

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�Mata-Sánchez, G.

ambos grupos, es decir, que mientras en el grupo de las economías más grandes el consumo va
decayendo, en el grupo BRICS el consumo incrementa.
Con respecto a la relación de las variables del consumo de alcohol (como variable dependiente)
y el IDH (como variable independiente), al analizar los indicadores aglomerados por grupos, se encontró
que en los países denominados BRICS el incremento en el consumo de alcohol está asociado con el
incremento de su Índice de Desarrollo Humano. En el caso de la relación entre el consumo de alcohol y
el IDH, la correlación de Pearson es positiva (.913) al nivel 0,01 (ver tabla 5). Este resultado va en línea
con lo que la OMS (2014) y Villatoro Velázquez et. Al. (2014) afirman con respecto a la relación del
incremento del desarrollo económico con el consumo de alcohol y otras drogas.
Por otro lado, en el caso de los países que conforman el grupo de las economías más grandes en
este estudio, el decremento del consumo del alcohol está relacionado de manera significativa con el
incremento del IDH. Los resultados muestran una correlación de Pearson negativa y significativa (-.931)
a nivel 0,01 (tabla 5).
De igual manera, las pruebas de regresión lineal mostraron que en el caso de los países que
conforman el grupo BRICS, el consumo de alcohol tiene una fuerte relación con el incremento del IDH.
El modelo de regresión lineal incluyó las variables correspondientes al Consumo de Alcohol y el IDH de
los BRICS. La variable IDH relaciona el incremento del consumo de alcohol en este grupo de países
(β=.873 p&lt;.05) (ver tabla 5).
Mientras, en el grupo de las economías más grandes, los resultados fueron inversos a los
resultados del grupo BRICS. En este caso, la variable IDH tiene una fuerte relación con el decremento
del consumo de alcohol en este grupo de países (β=-.779 p&lt;.05).
Tabla 5
Resumen de significancias de correlación y regresiones.

Grupo de países
Economías más grandes
BRICS

Correlación de Pearson
Sig.
-.931**
.913**

El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países emergentes.

Regresión lineal simple
Beta
-0.779
0.873

Sig.
.000***
.000***

97

�Mata-Sánchez, G.

Fuente: Elaboración propia (2020). Fuente: elaboración propia. Nota: Datos procesados en programa
SPSS.

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *** Los resultados fueron

estadísticamente significativos en un nivel de confianza del p&lt;.001
Resultados por país
La tabla 6 resume los resultados por país, en donde se muestran las significancias de las pruebas
realizadas con los datos de cada uno. El único país que no mostró tener una relación significativa entre
el consumo de alcohol per cápita y el incremento del Índice de Desarrollo Humano fue Reino Unido. Las
gráficas 3 y 4 expresan la evolución del IDH y del consumo de alcohol por país del grupo de economías
más grandes, mientras que las gráficas 5 y 6 muestran la evolución de estos indicadores en el grupo
BRICS.

Tabla 6
Resumen de significancias de pruebas de correlación y regresión lineal

País
EUA
Japón
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
Canadá
Brasil
India
China
Rusia
Sudáfrica

Correlación de Pearson
Sig.
.931**
-.639*
-.970**
-0.369
-.977**
-.941**
.823**
.646*
.957**
.927**
0.97
0.266

Regresión lineal simple
Sig.
.000***
.014*
.000***
0.16
.000***
.000***
.000***
.009**
.000***
.000***
0.97
0.266

Fuente: Elaboración propia (2020). Nota: Los resultados fueron estadísticamente significativos en un
nivel de confianza del *p&lt;.05, **p&lt;.01, ***p&lt;.001. Datos procesados en programa SPSS.
Mientras que el incremento del IDH en los países del grupo de las economías más grandes es
similar, el indicador del consumo de alcohol per cápita sí muestra diferencias. Francia, Alemania e Italia
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�Mata-Sánchez, G.

son los países que más han reducido el consumo de alcohol per cápita. Con respecto al BRICS, todos los
países muestran también una evolución similar en el incremento del IDH, en el sentido de que en todos
ha incrementado de forma sostenida durante los años que cubre el estudio (gráfica 5).
Sin embargo, en el indicador del consumo de alcohol, las tendencias varían por cada país.
Mientras que en Rusia y Sudáfrica la evolución parece haberse mantenido constante en el periodo de
tiempo analizado, China e India, y Brasil en menor medida, sí muestran un importante incremento,
aunque no llegan aún al nivel de consumo que muestran los países europeos (gráfica 6).
Por otro lado, Estados Unidos es uno de los dos países del grupo de las economías más grandes
que muestra una correlación de Pearson positiva y significativa entre el consumo del alcohol y el Índice
de Desarrollo Humano. La correlación entre el consumo y el IDH es de .931, lo que significa que el
consumo del alcohol está asociado al incremento del IDH. Aunque con algunos retrocesos, en general
puede verse que el consumo de alcohol ha incrementado al igual que el IDH. Asimismo, las regresiones
lineales confirman esta tendencia.
Sin embargo, el caso de Japón es completamente opuesto al caso de Estados Unidos. De acuerdo
con los resultados, la correlación entre el consumo del alcohol y el IDH es significativa y negativa. La
correlación entre el consumo del alcohol y el IDH es de -.639. Esto significa que el incremento en el
consumo del alcohol está asociado de manera inversa al incremento de Índice de Desarrollo (es una
asociación negativa). Las regresiones lineales confirman también esta tendencia (p&lt;.05).
Por otra parte, la correlación entre el consumo de alcohol en Alemania y el IDH es fuertemente
significativa de manera negativa (-.970), lo que significa que el incremento del consumo en este país está
asociado de forma inversa al incremento del IDH. Como puede observarse, hay una clara descendencia
en el consumo de alcohol, contrario a lo que se observa en el IDH, que ha ido incrementando
notoriamente. La relación inversa de ambas variables se muestra también significativa en los resultados
de las regresiones.
De igual manera, Francia muestra una fuerte correlación negativa entre el consumo de alcohol y
el IDH (-977), lo cual significa que el crecimiento de uno está asociado de forma inversa al otro.
Igualmente, muestra una fuerte correlación significativa y negativa entre el consumo del alcohol y el
IDH. En este caso, el consumo de alcohol ha ido decreciendo gradualmente, mientras que el IDH ha ido

El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países emergentes.

99

�Mata-Sánchez, G.

incrementando en el mismo periodo. Los resultados se confirman con los resultados de la significancia
en las regresiones lineales.
El caso de Italia es similar al de Francia, existe una fuerte correlación negativa entre el consumo
de alcohol y el IDH (-.941). Esto significa que el incremento del consumo de alcohol está asociado de
forma inversa al IDH. El consumo de alcohol ha ido decreciendo en el mismo periodo en el que el IDH
ha ido incrementando.
En el caso de Canadá, se encontró una correlación significativa y positiva entre el incremento del
consumo de alcohol y el del IDH. La correlación positiva indica que el incremento en ambas variables
está asociado. Como puede observarse, el consumo del alcohol en general ha incrementado, teniendo sus
picos más altos entre 2008 y 2009, al mismo tiempo que el IDH ha ido incrementando cada año.
Del análisis por país en el caso de los BRICS, ni Rusia ni Sudáfrica presentaron correlaciones de
ningún tipo entre los indicadores. Brasil muestra una correlación significativa y positiva entre el consumo
del alcohol y el IDH, lo cual implica que el IDH y el consumo han aumentado de manera paralela. Aunque
el consumo del alcohol ha presentado diversas variaciones en el periodo seleccionado, puede observarse
que ha aumentado ligeramente. En el caso del IDH se ve un crecimiento sostenido a lo largo de los años.
Al igual que Brasil, en el caso de India se muestra una correlación significativa y positiva entre
el consumo de alcohol y el IDH. Como puede observarse, el consumo del alcohol ha tenido un incremento
considerable, en comparación con el incremento de IDH, que ha sido moderado y constante.
Por otro lado, China muestra una asociación significativa entre el consumo del alcohol y el IDH.
La correlación entre el consumo y el IDH es significativa y positiva al nivel 0,01 (.927). Estos datos
implican que el consumo del alcohol está asociado con el crecimiento del IDH. Las regresiones confirman
el resultado.
Discusión
Existe una clara diferencia entre las tendencias del consumo de alcohol en ambos grupos y en la manera
en que éstas se relacionan con el Índice de Desarrollo Humano. En el caso de las economías más grandes,
la tendencia general es que conforme ha incrementado el Índice de Desarrollo Humano en estos países,
ha ido disminuyendo el consumo del alcohol. La tendencia que se presenta en el grupo al computarse los
100 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Mata-Sánchez, G.

datos se puede explicar por las correlaciones significativas del consumo de alcohol en países como
Alemania, Francia e Italia, cuyos indicadores arrastraron al conjunto en general. El resultado de la
regresión lineal sugiere la relación significativa entre el incremento en el IDH, y la disminución en el
consumo de alcohol.
Ante lo anterior, el decremento del consumo del alcohol en los países europeos pudiera ser
explicada por los reportes de la OMS, que indican que los países de esta región han implementado
medidas en sus políticas nacionales para controlar dicho consumo. Además, es pertinente recordar que
el IDH mide también el acceso a la salud de sus habitantes. Este resultado coincide también con la
disminución de las tasas de crecimiento de población, tendencia contraria a la que se presenta en los
países que han registrado un rápido crecimiento en su economía. Canadá y Estados Unidos son los países
del grupo de economías más grandes que constituyen las marcadas excepciones con respecto a la relación
entre el incremento del IDH y el decremento en el consumo de alcohol, pues los resultados de ambas
potencias norteamericanas muestran la relación positiva entre ambas variables.
En el caso de los BRICS, al hacer el análisis de las correlaciones y regresiones en conjunto, la
tendencia es que el consumo del alcohol está fuertemente relacionado con el incremento del IDH. La
tendencia del grupo pudo haber estado marcada por China y por India, dos de los países emergentes con
mayor crecimiento económico y poblacional en las últimas décadas. Estos cambios contribuyen a que
los consumidores incrementen su interés por adquirir productos de mayor valor, como pueden ser los
vinos o las bebidas espirituosas, y se relaciona con las tendencias identificadas por la FAO en el sector
agroindustrial con respecto a los patrones de consumo de los habitantes de estos países.
5.-CONCLUSIONES
Las bebidas alcohólicas se encuentran entre los productos del sector agroindustrial cuyo consumo se
encuentra en incremento constante en las economías emergentes, tendencia contraria a los países
desarrollados, específicamente en Europa. Lo anterior representa, por supuesto, una oportunidad para los
productores de este tipo de productos a nivel internacional que deseen incursionar en dichos mercados.
Además, es evidente que la tendencia del consumo de alcohol muestra un incremento significativo
en el grupo de los BRICS (en especial en China e India), y un decremento en países como Francia,
Alemania e Italia, y que existe una relación significativa entre estas tendencias y la evolución del Índice
del Desarrollo Humano. Aunque siguen siendo los países europeos los que más alcohol consumen hoy
El lujo del alcohol: la oportunidad del sector en países emergentes.

101

�Mata-Sánchez, G.

en día, el rápido incremento del consumo del alcohol en países emergentes supera, por mucho, al de otros
países. Como lo indica la FAO, la población de los países emergentes identifica a las bebidas alcohólicas
como un producto de valor, de lujo, a lo que su poder adquisitivo les permite acceder.
Estos resultados mencionados coinciden con lo expuesto por la OMS al identificar el desarrollo
económico como el factor más importante en el incremento del consumo del alcohol, y con Schmidt y
Room (2012), que en sus estudios mostraron la relación de estas mismas variables, y agregaron que el
surgimiento de nuevas élites y clases medias conllevan mayor acceso a productos extranjeros que son
percibidos como símbolos de estatus social.
Lo anterior representa una oportunidad para todas las empresas productoras de este tipo de
productos, particularmente las productoras de productos agroindustriales, pues incluso las dietas de las
personas de estos países se han modificado, de tal manera que consumen insumos más elaborados, más
caros y más novedosos, siendo el alcohol uno de ellos.
Sin embargo, dicha oportunidad no viene sin sus respectivos problemas para los gobiernos de
dichos países. Los resultados también abonan al estudio publicado por Salazar et.al.(2014), donde se
encontró que existe una correlación aparente entre el IDH y el consumo de drogas, mencionando que
conforme los países se desarrollan y aumenta el poder económico social, los gobiernos enfrentan nuevos
desafíos sociales y de salud pública. Por otro lado, los resultados también concuerdan con lo expuesto
por la OMS (2014) sobre la tendencia a nivel mundial en el consumo de alcohol entre el 2006 y el 2010
que fue ascendente, con China e India como los países que la lideran.
Aunque el desarrollo económico ha sido señalado como el principal factor del incremento del
consumo del alcohol en los países, es necesario considerar que las diferencias en las tendencias en los
grupos analizados también pudieran explicarse con las medidas de salud implementadas en los países
europeos y la falta de estrategias en los países del BRICS, quienes han enfocado sus esfuerzos en el
desarrollo económico, energías, y otros rubros que han permitido incrementar los ingresos de su
población.
Por ello, es necesaria también mayor investigación con respecto a las causas y consecuencias o
riesgos del rápido incremento del consumo de alcohol en las economías emergentes. En este estudio se
comprueba la relación entre los indicadores utilizados, sin embargo, existen otros factores

102 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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socioeconómicos que impactan la estructura social de los países emergentes ante los fenómenos de la
globalización y del rápido crecimiento económico.
Adicionalmente, más investigación desde el punto de vista del comportamiento de los
consumidores y sus preferencias arrojaría también mayor luz para comprender las causas de la relación
entre las variables aquí estudiadas, especialmente si se realiza de manera comparativa entre consumidores
de economías desarrolladas y economías en vías en desarrollo.
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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448
http://revpoliticas.uanl.mx/

Crisis económica y Estado
exploratorio en Cádiz, España1

de

bienestar,

estudio

Economic crisis and welfare State, exploratory study in Cadiz, Spain
Antonio, Oñate-Tenorio2; Práxedes, Muñoz-Sánchez3

RESUMEN
El presente artículo es una revisión de la literatura existente y el análisis de los datos obtenidos en un
estudio piloto cuyo objetivo principal es la búsqueda de la asociación entre crisis económica y Estado
de bienestar. Se estudia el entroncamiento de la crisis en categorías como ciudadanía, resiliencia,
transformaciones sociales, movimientos y grupos sociales, y su indagación en sectores de la salud,
socio-comunitarios y en ciudadanía en general. El principal motivo de la investigación son las
consecuencias de la recesión económica de los años 2008/09, que ha pasado a la historia económica
mundial por su intensidad y por ser la primera crisis económica verdaderamente global. A partir de
la investigación teórica se precisa de una metodología cualitativa para analizar sus discursos sobre la
relación existente entre crisis económica y Estado de bienestar. La investigación concluye que la
crisis económica no fue la causa, sino la excusa para justificar la crisis del Estado de bienestar, y
enfrenta desafíos de índole político que cuestionan su razón de ser en eficacia y legitimidad.
Palabras claves: Ciudadanía, crisis económica, cualitativa, entrevista, estado de bienestar.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 13/12/2021
Fecha de revisado: 09/01/2022
Fecha de aceptado: 27/04/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is a review of the existing literature and the analysis of the data obtained in a pilot study
whose main objective was the search for the association with economic crisis and welfare state. The
connection of the crisis was studied in the categories such as citizenship, resilience, social
transformations, movements and social groups, and its investigation in health, socio-community, and
citizenship sectors in general. This article is a review of the existing literature and the analysis of the
data obtained in a pilot study whose main objective is the search for the association between economic
crisis and welfare state. We study the connection of the crisis in categories such as citizenship,
resilience, social transformations, movements and social groups, and its investigation in health, sociocommunity, and citizenship sectors in general. The main reason for the investigation is the
consequences of the economic recession of the years 2008/09, which has passed into world economic
history for its intensity and for being the first truly global economic crisis. Theoretical research
requires a qualitative methodology to analyze their discourses on the relationship between economic
crisis and the welfare state. The research concludes that the economic crisis was not the cause, but
the excuse to justify the crisis of the welfare state and faces political challenges that question its
raison d'être in effectiveness and legitimacy.
Keywords: Citizenship, economic crisis, qualitative, interview, welfare state.

Cómo referenciar este artículo:
Oñate-Tenorio, A. &amp; Muñoz-Sánchez, P. (2022). Crisis económica y Estado de bienestar, estudio exploratorio en Cádiz,
España. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 105-127. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-6.

Este artículo es producto del proyecto de Tesis Doctoral titulada: “Crisis económica del 2008 y Estado de Bienestar. El caso de la provincia de Cádiz” en
la que se ha realizado un estudio piloto previo al desarrollo de la misma, sin financiación, realizado durante los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2021.
2
Doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad Católica de Murcia, España. Correo: arcos112@hotmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-00025641-2309.
3
Doctora en Antropología. Profesora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Correo: pmunoz@ucam.edu, Orcid: https://orcid.org/00000001-5953-9244.
1

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�Oñate-Tenorio, A. &amp; Muñoz-Sánchez, P.

1.- INTRODUCCIÓN
A lo largo de este artículo se expone la asociación entre la crisis económica del 2008 y el Estado de
bienestar en relación con la recesión económica de los años 2008/09, que pasó a la historia económica
mundial por su intensidad y por ser la primera crisis económica verdaderamente global (Montalvo, 2009).
Por otro lado, los cambios sociales junto con sus transformaciones y adaptaciones y la abundante
literatura que nos encontramos sobre el tema hacen de este su justificación como fenómeno trascendental
que está siendo más frecuente en las sociedades contemporáneas y en especial en el primer cuarto del
siglo XXI. Este trabajo se enfoca en los sectores de salud, socio-comunitario y ciudadanía en general de
la provincia de Cádiz, que constituye por su emplazamiento, su devenir histórico y sus complejas
relaciones con otros espacios y civilizaciones, una realidad cultural, con identidad propia (Ruiz-deLacanal, 2004).
Las posibles soluciones nos van a venir impuestas por la orientación ideológica situadas al
servicio de las políticas, estando el caso de España marcada por los recortes en el gasto público, que se
agravan y practican en los gastos preferentes: sanidad y educación, (Novoa et al., 2014).
El decrecimiento social ha hecho que éste disminuya considerablemente en inclusión,
dependencia y asistencia entre otros, los recortes en gasto social, sufridos nos llevaron a un detrimento
en las condiciones laborales de los trabajadores y a un proceso generalizado de deterioro y calidad de los
servicios públicos y sociales (Castro-Martín et al., 2015).
La crisis económica que sufrió España desde 2008 y que derivó en un escenario de crisis social,
representación política y pérdida de calidad de democracia, obligó al gobierno de Mariano Rajoy (20112018) a diseñar políticas públicas que bajo tutela europea estuvieron dominadas por austeridad y recortes.
La crisis económica y la necesidad de devolver al país a una situación de estabilidad macroeconómica
que evitase la intervención dura de la Eurozona fue clave en el diseño de estas políticas. Variables como
el déficit o la deuda públicos evolucionaron de manera muy desfavorable en de 2008-2011 siendo
necesario establecer políticas orientadas a la vuelta a la senda de la estabilidad. Esto está justiciado desde
una perspectiva teórica, aunque, la realidad es que, aunque se evitó una intervención dura al estilo griego
la reducción de la deuda no se ha conseguido todavía (Robles, 2015).
La provincia de Cádiz, con una población de 1.244.049 habitantes, y con una tasa de paro por
encima de la media nacional, 28,49 % para el año 2009, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE,
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2021), por otro lado y en contraposición, los Técnicos del Ministerio de Hacienda a través de su sindicato
(Gestha, 2010) señalaron para el año 2009 en Cádiz una tasa de actividad económica que ascendió al
24,3% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone 5.300 millones anuales de dinero negro. Estos
datos evidencian que existen estrategias de la ciudadanía para sobrevivir, que requieren ser recogidas,
pero también la visión de la sociedad.
La finalidad de este trabajo es realizar un estudio cualitativo que complemente una revisión
teórica sobre la realidad social de la provincia de Cádiz, en relación con los efectos producidos por la
crisis económica de 2008.
Los jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes de la Organización de las Naciones
Unidas (2009) en Nueva York, del 24 al 30 de junio de 2009, comenzaron la Conferencia sobre la crisis
financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo afirmando que:
El mundo se enfrenta a la peor crisis financiera y económica que se ha registrado desde la Gran
Depresión. La crisis, que comenzó en los principales centros financieros del mundo, ha seguido
evolucionando y se ha propagado a toda la economía global, con graves repercusiones sociales,
políticas y económicas. (p. 2).
Figura 1
Tasa de crecimiento del PIB real (%), 1920-2010

Fuente: Prados de la Escosura (2003) para el periodo 1920-2010; Nota: INE, Contabilidad Nacional para
2001-2010.

Crisis económica y Estado de bienestar, estudio exploratorio en Cádiz, España.

107

�Oñate-Tenorio, A. &amp; Muñoz-Sánchez, P.

Según Prados de la Escosura (2003), en la figura n.º 1 se observa esquemáticamente la
historiografía reciente de las crisis en España en el periodo comprendido 1920-2010 y la evolución del
Producto Interior Bruto.
En palabras de Pernías (2014):
La crisis del 2008, más que de una crisis, en singular, podríamos referirnos a ella, como una
sucesión de crisis, en la que se han ido encadenando distintas situaciones en una relación causaefecto en unos casos y, en otros, como crisis paralelas que se autoalimentan en un círculo vicioso.
(p. 26)
La crisis económica se define por una fase de recesión caracterizada por un freno de las
inversiones, una disminución de la producción y un aumento del desempleo; se trata de un término que
tiene el significado genérico de un cúmulo de circunstancias desfavorables, vinculadas a menudo con la
economía (Bauman y Bordoni, 2016).
Podemos intuir cuándo se va a dar una crisis económica señalando dos rasgos: el crecimiento
(por lo general del crédito) que experimenta la economía y, en segundo lugar, otro importante factor que
suele preceder a una crisis es la especulación que suele haber en un determinado activo o grupo de activos
(Madariaga, 2017).
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Estado de bienestar
El término Estado de bienestar nos aparece por primera vez a finales de los años veinte del siglo pasado
con distintas expresiones como: New Deal en los Estados Unidos (EE. UU.), Welfare State en Suecia y
posteriormente con la misma expresión en el Reino Unido, generalizándose después de la II Guerra
Mundial en el mundo occidental, sin embargo, la respuesta de los gobiernos no fue única. Concretamente,
el Estado de bienestar europeo se clasifica en 4 tipologías, entre la que se encuentra la mediterránea y
que tiene unas características y peculiaridades hace que no sea comparables con otros modelos de Estado
de bienestar como el nórdico, continental o el anglosajón. No se trata pues, de un modelo de Estado de
bienestar único, por otra parte, analizar los orígenes del Estado de bienestar en los EE. UU. (Estado
Positivo), Reino Unido (Estado de Seguridad Social) y Suecia (Estado de Bienestar Social), como la
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forma de aproximar las políticas sociales emergentes y que tienen como objetivo proteger al trabajador
de las incertidumbres del mercado (paro, enfermedad, pobreza, ignorancia), fue tarea desarrollada por el
Estado de bienestar que aparece como una red institucional de seguridad frente al riesgo de las sociedades,
pero también como conjunto de instituciones que articulan el desarrollo capitalista y la democracia
política (Furniss y Tilton, 1977).
El Estado de bienestar es como una combinación especial de la democracia, el bienestar social y
el capitalismo (Marshall, 1981). Es interesante el concepto de Estado de bienestar que nos ofrece EspingAndersen (1987) en su obra: Ciudadanía y socialismo: desmercantilización y solidaridad en el estado
del bienestar, en el que vincula la provisión de bienestar con una amplia sucesión de procesos políticos
y económicos, resaltando que un gran número de regímenes de Estado de bienestar surgieron en los
países capitalistas en el periodo de la posguerra, siendo una particular característica o diferencia la
manera en que se tiene acceso a los derechos sociales. Para Luhann (1994) el Estado de bienestar es la
consecuencia de la evolución del sistema político en la modernidad, argumenta que el Estado de bienestar
es un proyecto que entra en crisis por un déficit de auto-reflexión del sistema político y vaticina su
desaparición como tal y la aparición de “otra cosa” que no es el Estado de bienestar tal y como lo
conocemos hoy en día. La crisis económica no fue la causa, sino la excusa para justificar la crisis del
Estado de bienestar, afirmando que el Estado de bienestar es un producto de las crisis. (Luhann, 1994;
Fuentes, 1995). Según Aguirre (2004), además de la familia, el Estado y el mercado como generadores
de bienestar, incorpora la comunidad, se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 1.
Modelos de bienestar, procesos de empobrecimiento y desigualdades de género.
Instituciones

Formas de Acceso
Participación en el mercado de
Mercado
trabajo: Ingresos Monetarios.
Producción de bienes para
Familias
autoconsumo
Estado
Acceso a la Seguridad Social.
(Pensiones,
Jubilaciones,
Políticas Sociales
Prestaciones a activos)
Comunidad y Familias Transferencias
informales,
Extensas
préstamos y trueques.

Recursos Provistos
Acceso a servicios privados
Servicios familiares de gestión y
cuidado
Acceso a servicios públicos
Ayuda mutua, cuidados
remunerados, capital social.

no

Fuente: Aguirre (2004).
Crisis económica y Estado de bienestar, estudio exploratorio en Cádiz, España.

109

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Según Navarro (2011) el Estado del bienestar se fundamenta en cuatro pilares que por su
importancia para la ciudadanía son: servicios sociales, educación, sanidad y pensiones. No podemos dejar
de señalar que los infortunios producidos en estos pilares repercuten en la salud de los ciudadanos, en
este sentido tenemos que apuntar que la crisis económica tiene efectos adversos sobre los determinantes
de la salud y desigualdades en salud (Pérez et al., 2014). El estudio de índices e indicadores y factores
sociales y de salud es un tema relevante y que ha preocupado a lo largo del tiempo a los distintos
organismos oficiales (Oñate, 2017).
Respecto al futuro del Estado de bienestar dependerá, en último término, de decisiones políticas.
El desarrollo de la crisis pone en evidencia no solo el Estado de bienestar, sino que además modifica los
derechos y deberes de la ciudadanía, es por lo que se considera de vital importancia analizar dicho
concepto y sus adaptaciones y transformaciones a lo largo de la historia, con el fin de observar fallos o
dónde se entiende como únicamente responsabilidad del Estado y obvia los significados del sistema
capitalista.
Ciudadanía
El desarrollo de la crisis pone en evidencia no solo el Estado de bienestar, sino que además modifica los
derechos y deberes de la ciudadanía, es por ello, que el concepto de ciudadanía va a estar relacionado
con las crisis económicas, en la medida, en que la aparición de crisis económicas merme los derechos de
los ciudadanos, éstas condicionaran al ciudadano. Ciudadanía es un estatus que se concede a los
miembros de pleno derecho de una comunidad (Marshal,1992). La posición relacional sostiene que la
ciudadanía es en sí misma una relación social: yo soy ciudadano con relación al sistema político de
referencia (Donatti, 1994).
Para explicar dicha relación entre el individuo y la sociedad, acudiremos al documento sobre la
Ciudadanía Europea redactado por el Consejo de Europa, (1997), en él se distinguen cuatro dimensiones
que se corresponden con aquellos subsistemas que se pueden observar en la sociedad y que son esenciales
para la existencia de las diversas nociones sobre ciudadanía que versa sobre el sentido de ciudadanía que
tiene la población y los sectores de la sociedad, en base a concepciones culturales, estructurales y sociales,
o dicho en otros términos, son el conjunto de los factores vinculados a las interrelaciones entre las
personas y a la vida en sociedad.

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En la figura n.º 2 se presenta la ciudadanía en cuatro dimensiones, política referente a los derechos
políticos, social sobre el comportamiento del ciudadano en la sociedad, cultural que tiene que ver con la
conciencia de un patrimonio cultural común a todos los ciudadanos de una misma sociedad, y por último,
económica en relación al individuo con la mano de obra y el mercado de consumo. Su interrelación
permite entender que existe una complejidad necesaria de detallar.
Figura 2.
Dimensiones de Ciudadanía

Fuente: Consejo de Europa (1997).
En la obra Ciudadanía multicultural: Una teoría liberal de los derechos de las minorías de
Kymlicka (1996) se nos plantea la coexistencia de distintos grupos culturales en una comunidad política
y desarrolla el problema de la concepción de la ciudadanía. La ciudadanía constituye un rol social real
(Dahrendorf, 1997). La ciudadanía actual, emerge como una forma de combatir la exclusión y desarrollar
estrategias sobre vivencia ante las necesidades humanas no satisfechas (Cruz y Vázquez, 1999). El
concepto de ciudadanía se define como un status: reconocimiento social y jurídico por el cual una persona
tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad (Borja, 2001).
La noción de ciudadanía social se encuentra en una situación de crisis cuya señal más evidente
es el impacto de las políticas privatizadoras iniciadas por los gobiernos neoliberales en 1980 (Freijeiro,
2008). No todos son ciudadanos, incluso dentro de un mismo Estado-nación. Se ha dicho que “algunas
personas están en la sociedad, sin ser de la sociedad”, se reafirma en la complejidad que hoy supone
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111

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definir el concepto de ciudadanía (Balibar, 2013). Dicho concepto se encuentra en constante evolución,
dependiendo a su vez del contexto histórico del cual se trate, el concepto de ciudadanía es algo “vivo” y
que admite nuevos matices (Aragón, 2016). Es fundamental redefinir el concepto de ciudadanía y, sobre
todo, su espacio de actuación, pues más que una preocupación teórica es una exigencia política, debido,
entre otros factores, al proceso de pérdida de la identidad política y de confianza en las instituciones
democráticas (González, 2020). En un mundo globalizado, el concepto de ciudadanía se ha desplazado
hacia unos derechos globalizados (Mata y González-Monfort, 2020).
Resilencia y transformaciones sociales
En tiempos de crisis económica los ciudadanos tienen la capacidad de adaptarse e incluso trasformarse
para poder sobrevivir a la nueva situación. Dicha resiliencia se sustenta en los pilares que se detallan en
el cuadro 2.
La adaptación involuntaria de la sociedad después de la crisis de 2008, y cómo se ha ido
englobando en ese “evolucionismo sociológico” (Spencer, 1864), ha hecho posible, a través del cambio
social, la supervivencia de la sociedad.
Los pilares de la resiliencia promueven las estrategias resilientes según Melillo y Suárez (2002)
es por eso preciso incluir los elementos configuradores de dichas fuentes, adaptadas a los diversos
contextos y que quedan reflejados en el cuadro 2.
La resiliencia es la capacidad de superar los eventos adversos, y ser capaz de tener un desarrollo
exitoso a pesar de circunstancias muy adversas (Iglesias, 2006). La resiliencia se enfatiza como producto
de un proceso dinámico entre factores protectores y de riesgo que puede ser construido, desarrollado y
promovido desde la familia, la escuela y la comunidad (Fiorentino, 2008). La sociedad está cada vez más
interconectada a través de múltiples tipos de redes, y la especie humana va modificando sus hábitos,
adaptándose al uso de las nuevas tecnologías, se estudia las características psico-sociales que determinan
el comportamiento de las personas a través de los canales de comunicación (Peset, Ferrer-Sapena y Baiget,
2008).

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Cuadro 2
Los pilares de la resiliencia

Autoestima
consistente

Es la base de los demás pilares y es el fruto del cuidado afectivo consecuente del
niño o adolescente por un adulto significativo, “suficientemente” bueno y capaz
de dar una respuesta sensible.

Introspección

Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. Depende de la
solidez de la autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento del otro.

Independencia

Se definió como el saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas;
la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento.

Capacidad
relacionarse

de La habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas, para balancear
la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros.

Iniciativa

El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes.

Humor

Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrarse sentimientos
negativos, aunque sea transitoriamente y soportar situaciones adversas.

Creatividad

La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden.

Moralidad

Entendida ésta como la consecuencia para extender el deseo personal de bienestar
a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse con valores.

Capacidad
pensamiento
crítico

de

Es un pilar de segundo grado, fruto de las combinaciones de todos los otros y que
permite analizar críticamente las causas y responsabilidades de la adversidad que
se sufre, cuando es la sociedad en su conjunto la adversidad que se enfrenta. Y se
propone modos de enfrentarlas y cambiarlas.

Fuente: Elaboración propia (2021). Adaptado de Melillo y Suárez (2002).
Las transformaciones sociales y económicas, la necesidad del enfoque y acciones de
responsabilidad social son necesarias y sin duda es a partir de ellas como se explica los nuevos
comportamientos que han aparecido en los últimos años en el mundo de las organizaciones. Los
profesionales tienen la obligación de aplicar estrategias que permitan conseguir transformaciones
sociales viables, favoreciendo la igualdad, equidad y justicia social (Mori, 2009). La multitud de
iniciativas comunitarias regeneradoras que tratan de responder a la crisis multidimensional, han
interiorizado el hecho de que la ciudadanía es un sujeto de primer orden para el cambio social (Azkarraga
et al., 2012). El análisis de la pertinencia teórica del binomio resiliencia y panarquía, con el objetivo
general de evaluar su eficacia para afrontar la adversidad en sistemas sociales, indica que entre adversidad
y resiliencia no hay una relación proporcional o determinística (Barboza, 2013). La resiliencia
Crisis económica y Estado de bienestar, estudio exploratorio en Cádiz, España.

113

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organizacional y comunitaria están interrelacionadas y son interdependientes (Lee, Vargo y Seville, 2013).
El incremento de las desigualdades y de la pobreza en la sociedad española, el desmantelamiento
del Estado de bienestar reduce la posibilidad de encontrar recursos e implementar políticas públicas de
reducción de estos efectos, la Sociedad Civil y la ciudadanía desarrollan prácticas resilientes orientadas
a satisfacer las necesidades de las comunidades más afectadas por el desempleo y el recorte de servicios
sociales (Alaminos, et al., 2014).
Los factores asociados a la resiliencia territorial en el medio rural andaluz han diseñado una
metodología de estudio para los períodos de tiempo 2000-2008 y 2008-2012 (Sánchez-Zamora, GallardoCobos y Delgado, 2014). La crisis económica inédita que afecta a España desde 2008 han trastornado
violentamente el entorno dentro del cual solían evolucionar los españoles (Fournet-Perot, 2015). La
humanidad ha demostrado que es capaz de levantarse una y otra vez, que las crisis, más allá de empeorar
la situación actual, no hacen más que fortalecer las generaciones futuras (Madariaga, 2017). Los
territorios resilientes ofrecen una mayor cantidad de opciones a las personas para hacer frente y adaptarse
a la crisis en términos de movilidad. Las políticas públicas deberían pensar en cómo construir sobre estos
cambios para seguir aumentando el papel de los modos activos sin que la gente perciba una disminución
de su calidad de vida (Marquet y Miralles-Guasch, 2017).
Movimientos y grupos sociales
El Estado de bienestar aparece como una red institucional de seguridad frente al riesgo de las sociedades,
cuando esta red institucional no cumple su cometido, aparecen en las sociedades movimientos y grupos
sociales, que en la mayoría de los casos son movimientos de protestas.
La movilidad social se define como el “fenómeno del desplazamiento de los individuos dentro
del espacio social”. Este “espacio social” no es un espacio geométrico, sino como un sistema de
posiciones o referencias sociales (clases). El estudio de los grupos o individuos desde la movilidad social
es clave para reconocer la estructura y funcionamiento de una sociedad (Sorokin, 1927). La expresión
"movimientos sociales" es heredera directa del concepto "movimiento obrero" y lo que se pretendió desde
el punto de vista teórico fue preservar el modelo dominante de interpretación de la sociedad y de los
fenómenos de cambio social (Verdaguer, 1993). Un movimiento social es un sistema de narraciones, al
mismo tiempo que un sistema de registros culturales, explicaciones y prescripciones de cómo

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determinados conflictos son expresados socialmente y de cómo y a través de qué medios la sociedad ha
de ser reformada (Ibarra y Tejerina, 1998). Se considera a los movimientos sociales como las acciones
colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en caso de victoria como de derrota, transforma los valores y
las instituciones de la sociedad (Castells, 1998).
Feminismo, ecologismo, liberación gay y lésbica, nacionalismo, antiglobalización, okupas, entre
otros, son tópicos presentes en la sociedad contemporánea, sujetos al debate colectivo, centro de atención
para los medios de comunicación y los estudios académicos, motores del cambio social. Estos
movimientos están compuestos por personas y por grupos que emergen, se desarrollan y funcionan en un
contexto social particular, tanto espacial como temporal, y se dirigen hacia la transformación de la
sociedad en sus ideas, valores, creencias, normas y comportamientos (Rueda, 2003). Se define a los
grupos sociales como: el conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son interdependientes,
que se reunieron para conseguir objetivos específicos (Robins, 2004).
La movilidad social es la capacidad de un individuo para mejorar significativamente su posición
socioeconómica. A pesar de la concepción positiva de este término también debe pensarse de forma
negativa, cuando un grupo o familia se ven descendiendo en la escala socioeconómica, la movilidad
también puede ser horizontal o vertical. El primer caso ocurre cuando el individuo se traslada de una
posición social a otra igual que la de origen, en tanto que la vertical comprende la transición de un estrato
social a otro, este movimiento puede ser ascendente o descendente (Díaz, 2011).
Una de la consecuencia de la crisis es la aparición de grupos sociales, detallar, analizar y estudiar
todo este grupo es una tarea ardua y extensa por lo que solo señalaremos algunos de los grupos más
relevantes para este estudio. Así, algunos dechados, la generación “ninis”, es un grupo poblacional
conformado por jóvenes que ni estudian ni trabajan, debido a las limitaciones económicas y sociales que
tienen para culminar sus estudios o conseguir un empleo (Balarezo López, 2019). La aparición y
existencia de los jóvenes “ninis” subraya las escasas perspectivas para estudiar y para trabajar, así como
las políticas de garantía social alejadas de contextos regionales (Pesquera, Muñoz y Iniesta, 2021), por
otro lado, la existencia de los profesionistas “titi” subraya doblemente la escasez de horizontes laborales
incluso para profesionistas titulados (Téllez, 2011).
Los diferentes grupos generacionales que han existido en la sociedad, de acuerdo con la fecha en
que emergen, incluyen una perspectiva resumida de las generaciones Baby Boomer, Generación X y
Generación Y o Millennials, haciendo énfasis en aspectos como actitud hacia el trabajo, los
Crisis económica y Estado de bienestar, estudio exploratorio en Cádiz, España.

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Tradicionalistas (conocidos también como Generación silenciosa o Swingers), los Baby Boomers, la
Generación X, la Generación Y o Millennials, y la IGen, Generación Z o Centennials (Díaz-Sarmiento,
López-Lambraño y Roncallo-Lafont, 2017).
Detacamos alguno como los milenials, llamados “nativos digitales”, son una generación, a la que
la tecnología, llegó de forma muy acelerada a sus vidas, modificando hábitos. Tienen un estilo de vida
diferente donde la economía, la política y el ámbito sociocultural se han desarrollado de una manera
distinta a las demás generaciones, ya que han crecido de la mano de la Revolución Tecnológica. Son una
generación de emprendedores que han innovado y cambiado el mundo tal y como lo conocíamos, gracias
al crecimiento de las tecnologías y al desarrollo de la comunicación (López Granada, 2018). Así como
un “boomerang kid” es un adulto joven que, después de haber vivido de forma independiente por un
tiempo significativo, vuelve al hogar familiar debido a problemas financieros, desempleo, costos altos
de vida, entre otros. Estas son algunas de los grupos que van surgiendo y están en relación con contextos
económicos, empleo-desempleo y bienestar social.
3.-MÉTODO
Diseño
Se realiza un estudio descriptivo, observacional y transversal de carácter exploratorio.
Participantes
La muestra cualitativa se construye por un procedimiento específico que determina su rigor, el método
de elección de las unidades que forman parte de la muestra se basa en el principio de representación
socio-estructural, cada miembro seleccionado representa un nivel diferenciado que ocupa una posición
en la estructura social que define el objeto de investigación, lo que interesa en la muestra cualitativa, que
se realiza con un número reducido de casos, es la profundidad del conocimiento del objeto de estudio y
la representatividad que se alcanza a través de la comprensión de la naturaleza del objeto social y de las
propiedades y características de las relaciones sociales estructurales relevantes para la investigación
(Mejía, 2000).
Con respecto al tamaño de la muestra utilizada, el investigador cualitativo es guiado por el grado
en que los datos que se obtienen responden adecuadamente a la pregunta de investigación y en qué
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medida aportan más información o ésta empieza a ser redundante (Ulin et al, 2006).
La selección de la muestra se ha realizado a través de un muestreo por conveniencia o intencional,
ya que los participantes en este estudio piloto tenían que cumplir el criterio de pertenecer a uno de tres
sectores bien diferenciados: sanitario, socio-comunitario y ciudadano. Se seleccionaron tres participantes:
un médico de atención primaria de salud, un trabajador y un graduado sociales/agente de seguros, cuyo
requisito es que fueran de la provincia de Cádiz, y que pertenecieran a los sectores previamente definidos,
con edades superiores a los 40 años, un participante femenino y dos masculinos.
Instrumentos
La entrevista es utilizada como estrategia de obtención de información a partir de las ideas aportadas por
los participantes en la misma. El propósito de la mayoría de los estudios cualitativos es producir datos
ricos en información a partir de una muestra escogida por su capacidad de referirse al problema estudiado
(Quinn, 1990).
La entrevista fue semiestructurada, de tal forma que se elaboró un guion flexible con 15 preguntas
a realizar a partir de los conceptos definidos previamente en el marco teórico a través de una búsqueda
bibliográfica previa. La entrevista se diseñó como instrumento para recoger las percepciones de los
habitantes de la provincia de Cádiz sobre crisis económica (enfatizando en el 2008) y Estado de bienestar.
Las preguntas que se realizan son abiertas permitiendo al informante expresar sus opiniones, creencias y
vivencias sobre el tema de estudio, se muestran a continuación en el cuadro 3.

Crisis económica y Estado de bienestar, estudio exploratorio en Cádiz, España.

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Cuadro 3.
Entrevista final
Nombre:
Edad:
Profesión actual:
1. ¿Me puede decir cuál es su profesión? ¿Dónde la ejerce o cuál es su lugar de trabajo? ¿Cuántos años lleva dedicándose a
la misma?
2. ¿Pertenece usted a alguna organización o partido político? ¿Cuál?
3. ¿Ha podido comprobar si la crisis económica 2008 ha afectado a su sector?
4. ¿y la actual crisis? ¿De qué forma y en qué aspectos ha afectado a su trabajo? ¿Y por qué? ¿Cree que la crisis ha afectado
por igual a todos los sectores?
5. ¿Piensa que la crisis económica afecta por igual a toda la población? o por el contrario ¿Piensa que hay diferencias de
género y edad? Es decir, que no afecta igual a hombres y mujeres y a los distintos grupos de edad: ¿tercera edad, adultos,
adultos jóvenes y adolescencia?
6. ¿Cree usted que la crisis económica ha influido en el cuidado de personas dependientes, mayores y niños? ¿por qué lo cree?
7. ¿Piensa o cree que las crisis alteran el Estado de bienestar de los ciudadanos? ¿Cree que el Estado de bienestar está con
relación a la crisis económica? ¿En qué sentido y como se manifiesta en la ciudadanía y en general en la sociedad?
8. ¿Me puede decir cuál es para usted el concepto de ciudadanía o qué es para usted un ciudadano?
9. ¿Cree que la crisis vivida en 2008 por la ciudadanía ha hecho que ésta cambie? y ¿la actual crisis está provocando cambios
en la ciudadanía? ¿Ha observado si las demandas o necesidades de los ciudadanos han cambiado con las crisis? Me podría
señalar esos cambios.
10. Desde su experiencia, ¿cómo cree que se adapta la sociedad a la situación de crisis económica? ¿Qué estrategias de
adaptación o actuaciones realiza la sociedad frente a la situación de crisis económica?
11. Me podría decir ¿Cuáles cree que son las transformaciones sociales que se han producidos desde su punto de vista, y
desde el punto de vista de su sector como consecuencia de la crisis económica? y ¿cómo cree que las instituciones públicas o
privadas se adaptan a esta situación?
12. ¿Cree que la crisis económica puede llegar a afectar a la salud de las personas? ¿De qué forma? ¿y en qué otros aspectos
distintos a la salud?
13. ¿Cree que ha habido algún movimiento social emergente de la crisis económica? ¿Tiene constancia de que han aparecido
nuevos grupos sociales durante la crisis económica? ¿Conoce los nuevos grupos emergentes de la crisis económica “los ninis”,
“Bomerang kids”, “mileuristas”, “profesionistas titi”, “Los Milenials (yo-yos)”, ¿“Centennials”?
14. ¿Qué factores fortuitos o no fortuitos cree usted que provocan las crisis? ¿Cree que las personas se ven alteradas por la
crisis económica? ¿Qué recursos cree que se han visto afectados en cuanto a requerimiento, consumo, demanda o posibles
recortes?
15. ¿Qué consecuencias ha observado usted en la ciudadanía en general ante la nueva crisis producida por la pandemia del
coronavirus?
16. ¿Qué o cómo debe ser una política pública social? ¿Según usted, cuáles son o deben ser las políticas de bienestar social?
¿Cuáles cree usted que son los sectores de la política social? ¿Cuál es la importancia de las políticas sociales?
17. ¿Qué relación cree que existe entre crisis económica y estado de bienestar en la provincia de Cádiz? ¿Cree que ese estado
de bienestar influye en los ciudadanos? ¿A qué niveles considera que influye?
18. Por último, decirle que la crisis es un asunto que nos preocupa, por lo que quedamos muy agradecidos por su colaboración
y le pedimos que si tiene sensibilidad especial por un tema que no hayamos tratado o quiere añadir algún inciso por favor le
rogamos que nos lo comenta a continuación.

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Procedimientos
En una primera fase y previa a la elaboración de la entrevista, se ha realizado un análisis documental
extenso de cada una de las variables y categorías que se pretenden conocer a través de la entrevista, es
por ello, que la entrevista constaba de dos bloques bien diferenciados, un primer bloque de preguntas que
explora las variables sociodemográficas de los participantes: edad, sexo, profesión, lugares de trabajo y
años de experiencia. En el segundo bloque de preguntas se indaga en una serie de cuestiones que valoran
cada uno de los apartados y temáticas, así como conceptos definidos previamente sobre las categorías
que exploran el tema de estudio y que son los siguientes:
Cuadro 4.
Categorías
CATEGORÍAS
Crisis económica
Estado de bienestar
Ciudadanía
Adaptación de la sociedad
Transformaciones sociales
Nuevos grupos sociales
Movimientos sociales
Pandemia del coronavirus
Contexto de la zona de estudio:
la provincia de Cádiz
Fuente: Elaboración propia (2021).
En una tercera fase y una vez elaboradas las preguntas de la entrevista, se mandó a expertos del
área de Antropología y Sociología para su revisión, con el objetivo de evitar preguntas incongruentes y
que pudieran contradecirse o ser poco fiables. Se diseñó la nueva entrevista que se realizó a tres
entrevistados que formaron el estudio piloto a los cuales se les facilitó una breve descripción del marco
conceptual del tema crisis y Estado de bienestar, se identificó el propósito del estudio y se describía el
objeto principal del estudio, así como el modo de proceder si aceptaban actuar como entrevistados pilotos.
En una tercera fase se llevó a cabo el análisis de contenido, con el que se pretendió acceder a las
diversas informaciones desempeñadas por los actores seleccionados y localizados en la muestra. Esto
permitió definir la entrevista final que será la que de una fiabilidad a los resultados tras las aportaciones
Crisis económica y Estado de bienestar, estudio exploratorio en Cádiz, España.

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de los participantes del estudio piloto, ya que al realizar el mismo se pone de manifiesto aspectos
relevantes en los que se precisa profundizar, de la misma forma se anulan aquellos aspectos no
fundamentales o no relevantes para los participantes del estudio, viéndose la entrevista final modificada
y enriquecida por las aportaciones, vivencias y experiencias de los participantes en el estudio piloto.
Según Calderón (2002) son cuatro criterios básicos para determinar la calidad de la investigación:
Adecuación epistemológica, relevancia, validez y reflexibilidad. Estos principios han sido cuidados en
este estudio piloto a lo que añadimos que la cercanía al área de la antropología, sociología y el sector de
la salud de quienes investigan, facilita la interpretación de los datos a obtener, así como en la comprensión
de muchos de los resultados obtenidos.
4.-RESULTADOS
La crisis económica del 2008 estudiada en este trabajo afecta a todos los sectores en los siguientes
aspectos: recortes en sueldos, cierre de empresas, disminución de ingresos y más demanda social y de
recursos, se destaca el aumento de solicitud de pagas, comedores sociales y ayuda de la tercera edad a
familiares, esto último hace que tenga como beneficio que se contraten más profesionales
sociocomunitarios. “se han contratado más trabajadores sociales que despedido” (entrevista 2). Es
interesante destacar que las investigaciones como ésta ponen en evidencia la necesidad de mediar para
facilitar el estado del bienestar (Gorjón, 2020).
Existe relación entre crisis económica del 2008 y Estado de bienestar que se manifiesta con
problemas en estado de ánimo, como consecuencia de la existencia de menos recursos y/o más demanda
de ellos: “Si por supuesto, a mayor crisis menos recursos y los que existen se reparten entre más
ciudadanos” (entrevista 1). El Estado de bienestar debe ser incentivado, es la aportación que nos realiza
este entrevistado sobre el sentido del Estado de Bienestar.
Se entiende por ciudadanía la pertenencia a una sociedad, englobando al conjunto de ciudadanos
con leyes y derechos comunes y obligaciones. También se vincula la ciudadanía a la ciudad, como espacio
geográfico: “Pertenencia a una ciudad” (entrevista 3). La ciudadanía se vincula al termino ayuda: “la
ciudadanía al fin al cabo nos hace una comunidad, una comunidad donde nos podemos ayudar unos a
otros de tal forma que los más beneficiados ayuden a los menos beneficiados, de esta forman los menos
beneficiados pueden salir adelante” (entrevista 1).

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En líneas generales la demanda social cambia con la crisis económica, se les da más importancia
a necesidades básicas, se busca seguridad económica y aumenta la patología psicológica
incrementándose los problemas en salud mental, existiendo un aumento de consumo de medicación y
aumento de suicidios.
Con la crisis económica hay un cambio en la forma de vivir, “Se le empieza a dar importancia a
las cosas realmente importantes y a las necesidades básicas” (entrevista 1). Se adaptan a reducir el gasto
solo a necesidades básicas y subsisten como pueden. En cuanto a las adaptaciones de las instituciones se
consideran insuficientes, pero a pesar de estas adaptaciones no se aprecian transformaciones sociales
consecuentes de la crisis económica.
Con la llegada de la pandemia producida por el Coronavirus se aprecian cambios de actitudes en
la población: tiene muchísimo miedo, mayor estrés, mayor exigencia, van contra el sistema considerando
que la clase política agrava aún más la crisis. “La población tiene muchísimo miedo, además está muy
desorientada, muy exigente, muy hiperdemandante y con un carácter irascible” (entrevista 1).
Los nuevos grupos sociales son poco conocidos y son considerados como demandantes de
banalidades; en temas de salud y en materia laboral buscan trabajo estable y aumento de remuneraciones,
aunque esta afirmación se pueda extrapolar a una población genérica y no sólo de los considerados
nuevos grupos sociales.
“El movimiento 15M es igualmente poco conocido (El Movimiento 15-M, es un movimiento
ciudadano, también llamado movimiento de los indignados que tuvo su origen el 15-mayo-2011, con
protestas de forma pacífica por toda España) (entrevista 3). Esto evidencia la posible utilización partidista
del movimiento, así como la discordancia en los sectores entrevistados con el movimiento, pero no
alejadas de las mareas en el área de la salud pública.
A la vez, existe disconformidad en cuanto a si la crisis económica afecta a la provincia de Cádiz,
ya que por una parte se considera que es visible, pero por otro lado se habla de una economía sumergida
que hace que ésta no sea tan evidente.

Crisis económica y Estado de bienestar, estudio exploratorio en Cádiz, España.

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5.-CONCLUSIONES
Discusión
Autores como Castro-Martín, Martín-García, Abellán, Pujol y Puga, (2015) coinciden con los resultados
obtenidos en cuanto al aumento de los recortes en gasto social sufridos que nos llevaron a un detrimento
en las condiciones laborales de los trabajadores (recortes en sueldos y derechos) y a un proceso
generalizado de deterioro y calidad de los servicios públicos y sociales. También Robles (2015) coincide
con los resultados en cuanto a que la crisis económica ha derivado en crisis social con el diseño de
políticas públicas de austeridad y recortes.
Los autores Pérez et al., (2014) coinciden con los resultados obtenidos en cuanto a que la crisis
económica tiene efectos adversos sobre los determinantes de la salud y desigualdades en salud (aumento
de los problemas de salud, especialmente en salud mental).
En cuanto al concepto de ciudadanía tanto los autores estudiados como los resultados obtenidos
quedan enmarcados en derechos civiles y políticos y deberes para con la sociedad a la que pertenecen,
sin que se haga referencia al rol o status social como lo hacen lo autores Marshal, (1992) y Dahrendorf
(1997) o a la evolución del concepto de ciudadanía, con la necesidad de redefinir el concepto de Aragón
(2016).
Las transformaciones sociales y económicas, la necesidad del enfoque y acciones de
responsabilidad social son necesarias y sin duda es a partir de ellas como se explica los nuevos
comportamientos que han aparecido en los últimos años en el mundo de las organizaciones según Mori
(2009), o la afirmación de autores como Azkarraga, Sloan, Belloy, y Loyola, (2012) en la que la
ciudadanía es un sujeto de primer orden para el cambio social, o la afirmación realizada por Laparra
(2020) en cuanto que las crisis aceleran las transformaciones sociales. Todo ello en consonancia con
nuestros resultados donde se aprecian cambio de actitudes de la población frente a la crisis económica.
Los grupos y movimientos sociales son colectivos que tienen poco peso o son desconocidos en
nuestros resultados, sin embargo, existe todo un elenco de autores como Balarezo López (2019), Téllez
(2011), Díaz-Sarmiento, López-Lambraño y Roncallo-Lafont (2017), López Granada (2018), que
identifican perfectamente el grupo o el movimiento social.

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En cuanto a la pandemia del COVID-19 es un evento crítico (Pantojas, 2020); en nuestro
resultado aparece como una actitud de miedo a una nueva crisis, sin haber salido de la 2008, algo muy
interesante de evidenciar en futuras lineas de investigación.
Conclusión
Aunque el estudio piloto se llevó a cabo con participantes de la provincia de Cádiz, este mismo estudio
se puede repetir en otras zonas geográficas e incluso se puede utilizar el mismo modelo de entrevista, por
ello queda abierta la posibilidad de ser utilizada en futuras líneas de investigación.
Se demuestran adaptaciones y cambios sociales, se empiezan a vivir de otra manera, vuelven las
costumbres más arraigadas, más antiguas, se empieza a cocinar en casa, no comer tanto fuera, se vuelve
a coser en las casas, se vuelve a lo que ha sido siempre y se deja lo que ha sido el consumo externo.
Se ve una clara relación entre crisis económica y Estado de bienestar abriéndose otras
posibilidades, como otra forma o modelos donde se mantenga el concepto de ciudadanía con sus derechos,
deberes y estatus, y se le incorpora una nueva categoría, la de ayuda; esto viene a explicarnos la
proliferación del Tercer Sector durante la crisis económica.
El Estado del bienestar se fundamenta en cuatro pilares que por su importancia para la ciudadanía
son: servicios sociales, educación, sanidad y pensiones (Navarro, 2011).
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Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y
de lege ferenda1
Restorative justice in Mexico: reflections de lege data and lege ferenda
Carlos, Franco-Castellanos2

RESUMEN
El presente artículo, titulado: “Justicia restaurativa en México: reflexiones de
lege data y de lege ferenda”, tuvo como objetivo analizar, desde una perspectiva
teórico-normativa, la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico-penal
mexicano para que sean identificadas áreas de oportunidad que tributen a su
perfeccionamiento de lege data y de lege ferenda. Se siguió el enfoque cualitativo
de tipo transversal descriptivo y propositivo, basado en el estudio, el análisis y la
crítica de la tríada doctrina-norma-jurisprudencia y las referencias bibliográficas
utilizadas se ubican en bases de datos oficiales. Se encontró que el diseño
previsto para la justicia restaurativa presenta insuficiencias normativas que
impiden su uso cotidiano como mecanismo de acceso a la justicia penal, junto al
desconocimiento de sus modelos teóricos, principios y naturaleza. Como
conclusiones, se obtuvo la necesidad de perfeccionar su actual regulación en el
ordenamiento jurídico-penal conforme a sus fundamentos teóricos.
Palabras claves: Conflicto penal, justicia penal, justicia restaurativa.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 16/12/2021
Fecha de revisado: 05/01/2022
Fecha de aceptado: 09/05/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article, entitled "Restorative justice in Mexico: reflections of lege data and
de lege ferenda", aimed to analyze, from a theoretical-normative perspective,
restorative justice in the legal system-The Mexican Penal Code provides for the
identification of areas of opportunity that will contribute to the development of
lege data and lege ferenda. A qualitative approach was followed of descriptive
and propositional cross-sectional type, based on the study, analysis and criticism
of the doctrine-norm-jurisprudence triad and the bibliographic references used
are in official databases. It was found that the design envisaged the restorative
justice presents normative inadequacies that prevent its daily use as a mechanism
of access to criminal justice, along with the ignorance of its theoretical models,
principles, and nature. As conclusions, it was necessary to improve its current
regulation in the criminal legal system according to its theoretical foundations.
Keywords: Criminal conflict, criminal justice, restorative justice.

Cómo referenciar este artículo:
Franco-Castellanos, C. (2022). Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda. Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 128-151. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-7.
1

El presente artículo deriva de la investigación doctoral encaminada hacia la defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia a través de los
métodos de solución de conflictos.
2
Doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Profesor de Metodología de
la Investigación Jurídica en Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo: cfrancoc@uanl.edu.mx. Código ORCID: https://orcid.org/0000-0001-71534868.

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1.- INTRODUCCIÓN
En la actualidad, resulta tarea harto difícil abordar el tema de la justicia restaurativa en México, sobre
todo por los múltiples enfoques y dimensiones que se le ha atribuido, a la vez que el indiscutible impacto
que ha tenido dentro del sistema penal en la medida en que comporta un cambio de paradigma para el
Derecho Penal en torno a la concepción del delito, de la sanción, de la víctima, del ofensor, de la familia
y de la comunidad. Al respecto, conviene distinguir entre la justicia penal ordinaria enfocada hacia las
personas adultas y la justicia penal especializada dirigida hacia las personas adolescentes cuyas edades
oscilan entre los 12 y los 18 años donde ambas admiten, reconocen y promueven el uso de las
metodologías y buenas prácticas restaurativas como una respuesta de avanzada frente a las consecuencias
e implicaciones del hecho delictivo y las necesidades de las víctimas, los ofensores y sus comunidades.
Desde el ámbito penal, esta nueva concepción de la justicia, que pudiera calificarse de
«humanizante y dignificante», ha propiciado arduos debates en el entorno académico y prácticoprofesional, así como disquisiciones jusfilosóficas. Ello se sustenta en el impacto que, según Gorjón
Gómez (2015), ha producido en los procesos penales, imponiendo la obligada transición de la justicia
formal y retributiva hacia una justicia alternativa y restaurativa, enfocada en las necesidades de las
víctimas, los ofensores y sus comunidades. A partir de la consideración anterior, le son atribuibles dos
fines esenciales, a saber: a) su concepción como herramienta de/para la paz y b) la promoción de la
coparticipación de la comunidad en la gestión del conflicto surgido por la comisión del delito.
Así, entre los autores que han abordado el tema de la justicia restaurativa en el ámbito penal, cabe
resaltar a Zehr (2010), de obligada referencia internacional, quien efectúa una aproximación teóricoconceptual sobre la justicia restaurativa y su distinción respecto a programas enfocados hacia el perdón
y la reconciliación, la mediación, las estrategias para la disminución de las estadísticas de reincidencia
delictiva, la atención de delitos menores o de personas comisoras de hechos delictivos que califican como
primarias. En tal sentido, resalta los retos que impone a los operadores del sistema penal la
instrumentación de este nuevo paradigma, sobre todo por la necesaria distinción y diverso sustento que
tiene en relación con la justicia tradicional.
En suelo patrio, es menester mencionar a Rodríguez Zamora (2015), quien resalta la necesidad
de conocer los beneficios de los modelos, principios y teorías que rigen las prácticas restaurativas y el
rol que les corresponde a los sujetos implicados frente a una política criminal transdisciplinaria,
Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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incluyente y sanadora. Así, apunta la reparación del daño ocasionado a la víctima por la comisión del
delito como la esencia de ese proceso comunicacional construido por las partes y tutelado por el Estado,
en tanto, garante de condiciones de equidad. Como es de apreciar la propuesta teórica que realiza la
autora se centra en el acceso a la justicia restaurativa como forma de justicia horizontal que privilegia el
diálogo entre víctima, ofensor y comunidad afectada, donde las necesidades de las partes sean satisfechas.
Por otra parte, García Barrera y Garza de la Vega (2016) abordan el tema de la justicia restaurativa
como nuevo paradigma para la determinación de la responsabilidad penal en los delitos de índole fiscal,
el análisis de sus consecuencias y repercusiones. Asimismo, destacan la especial atención que debe
prestarse a la víctima, el ofensor, la comunidad y los terceros afectados por el hecho antijurídico en aras
de garantizar la reparación integral del daño, la reintegración del infractor y la restitución del bien si
procede. Barajas Languren y Trujillo Mercado (2016) sostienen la necesidad de fomentar el
conocimiento y la cultura de su aplicación, por cuanto rompe con la tradicional concepción de una justicia
cimentada en el castigo y la represión donde víctima y ofensor no interactúan y los terceros afectados se
quedan sin voz ni voto en el asunto.
Como es de apreciar la justicia restaurativa si bien pudiera aplicarse en diversos ámbitos, resulta
de particular utilidad en la esfera penal, sobre todo porque potencia los principios de mínima intervención
estatal y de subsidiaridad. Se enfoca en las necesidades de los sujetos implicados en la relación procesal
originada por la comisión del hecho delictivo y, en esa tesitura, persigue la reparación integral del daño
junto a la reintegración social del infractor a través de su sensibilización con el hecho, las personas
afectadas y las consecuencias producidas con su actuar. Para ello, requiere el empleo de metodologías
diversas como puede ser, por ejemplo, la conciliación penal que acaece cuando se decreta la suspensión
condicional del proceso, método que —al decir de España Lozano (2016)— abordado desde un marco
transformativo, le es atribuible un efecto restaurativo.
También, Serrano Morán y Rivas Sandoval (2016) abordan el tema de la justicia restaurativa
como ideología de administración de justicia a partir de las normas constitucionales mexicanas. En tal
sentido, señalan los cambios sustanciales que deben realizarse y la necesaria adecuación del
ordenamiento jurídico para su implementación en los procesos de orden penal, aunque es limitado a las
legislaciones de los Estados de la región centro-occidente de México. Este criterio lo refuerzan López
Zúñiga y Macías Sandoval (2018) quienes, además, acentúan la deficiencia funcional del sistema
tradicional en la resolución de conflictos derivados de la comisión de un hecho delictivo, por cuanto ha
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de privilegiarse el acuerdo que tenga por objeto la atención a las necesidades individuales y colectivas
de la víctima, del ofensor, de la comunidad y de los terceros afectados. Ello se justifica porque se persigue
la reparación integral del daño y la reintegración de la víctima y del ofensor a la comunidad, aspecto
común en las diferentes investigaciones referenciadas en este artículo.
Interesante resulta el aporte teórico de Champo Sánchez (2019) quien realiza una crítica
exegético-analítica sobre la justicia restaurativa en México, concluyendo que es inexistente, ya que solo
se cuenta con un sistema de métodos de solución de conflictos cuyo fin es la economía procesal y la
descongestión del sistema judicial. Desde una perspectiva comparada, Cantizani Maillo (2020) ahonda
en los elementos de la justicia restaurativa que impactan en la existencia de la resiliencia familiar de las
personas en situación de privación de libertad, donde destaca la importancia de que se involucre no solo
a la comunidad, sino también a sus familiares en estos procesos durante la fase de ejecución penal;
cuestión limitada en la actualidad y que requiere revisión.
Conforme al estado actual de los debates en torno a la justicia restaurativa, los autores
referenciados señalan deficiencias normativas y funcionales que obstaculizan su empleo de forma
cotidiana para la gestión y la transformación de los conflictos surgidos por la comisión de un hecho
delictivo. Reforzando lo anterior, apuntan la carencia de criterios uniformes en cuanto a la metodología
que debe seguirse y los modelos de justicia restaurativa que pueden aplicarse, según se trate de una
persona adulta o adolescente comisora de un delito. Además, las disposiciones penales sustantivas y
adjetivas vigentes privilegian el principio de economía procesal por encima de la restauración de la paz
social, de ahí que se enfoquen más en los aspectos procesales y obvien los intereses individuales y
colectivos. Añádase que no se contempla uno de sus modelos esenciales, cual resulta ser las conferencias
familiares, lo que merece revisión.
Según los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (2020), es de resaltar que se concluyeron 167 142 expedientes en
materia penal, de los cuales 87 792 representativos de un 52.2% del total se finalizó sin acuerdo entre los
sujetos intervinientes (conclusión anticipada); mientras que 73 590 para un 44% culminaron en acuerdos
reparatorios y 5 760 (3.8%) responden a otra forma de conclusión del proceso penal. Como se puede
apreciar es preocupante que la causa de terminación de los asuntos penales que más haya destacado sea
la conclusión anticipada del proceso, lo cual justifica la problemática planteada y la necesidad del estudio
que se propone.

Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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En consecuencia, el presente artículo tiene como objetivo prima facie analizar, desde una
perspectiva teórico-normativa, la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico-penal mexicano para
que sean identificadas áreas de oportunidad que tributen a su perfeccionamiento de lege data y de lege
ferenda.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Justicia restaurativa: nociones doctrinales
De particular importancia es desentrañar la esencia y/o la naturaleza de la justicia restaurativa, por cuanto
se trata de una categoría en proceso de construcción. Derivado de ello, múltiples han sido las definiciones
que se han brindado, cayendo en posturas reduccionistas o simplistas, cuando no desvirtúan su verdadero
sustrato, cual resulta ser la atención de las necesidades de la víctima, del ofensor y la comunidad, a la
vez que la reparación del daño causado por la comisión del hecho delictivo. Ello es la razón por la cual,
en este apartado, se habla de «nociones», porque se busca agrupar y sintetizar las diferentes concepciones
o aproximaciones teóricas propuestas por diversos autores para entender qué implica y qué no implica el
paradigma de la justicia restaurativa.
Con base en la revisión bibliográfica efectuada, se encontró cierta tendencia a concebirla como
“un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa
particular (…)” (Zehr, 2010, p. 45) y, a su vez, posibilite “(…) identificar y atender colectivamente los
daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los
daños de la mejor manera posible” (Ídem). La propuesta que efectúa el autor se centra en la pluralidad
de sujetos que concurren al proceso —o pueden concurrir— para ofrecer una respuesta concreta a las
consecuencias e implicaciones sociales y familiares derivadas de la comisión del hecho delictivo.
Asimismo, resalta tres pilares sobre los cuales ha de sustentarse la justicia restaurativa, a saber: los daños
y las necesidades, las obligaciones y, finalmente, la participación.
Lo anterior se justifica porque, para enmendar el daño causado, debe tratarse el daño en sí, pero
primero han de atenderse sus causas. Y, es que la justicia restaurativa requiere, como mínimo, que se
atiendan las necesidades de las víctimas y los ofensores, donde estos últimos reconozcan la
responsabilidad que tienen y los efectos que su comportamiento ha producido. En tal sentido, la
intervención de la comunidad e, incluso de los familiares de las partes, contribuye con esa acción de

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reflexión-concientización que propende a la garantía de no repetición y la sanación psicoemocional de
las personas, directa e indirectamente, afectadas. Así lo refuerzan Gorjón Gómez y Sauceda Villeda
(2018) cuando la entienden como una herramienta que coadyuva en la creación de condiciones para la
participación directa de víctima, ofensor, terceros afectados y demás miembros de la comunidad en
general, con la finalidad de reparar el daño y recomponer el tejido social.
Por otra parte, Villarreal Sotelo (2018) considera que la justicia restaurativa ha de entenderse
como conjunto de acciones y mecanismos encaminados hacia la pacificación y sanación de las personas
afectadas por las consecuencias y efectos derivados de la comisión de un hecho delictivo. Ello justifica
lo expuesto por González Torres (2019) cuando señala que:
La justicia restaurativa parte de que el delito además de transgredir la norma es un conflicto
interpersonal, y que este es una oportunidad para transformar la situación en que se encuentran las partes
y evitar brotes de violencia. Lo anterior es así, porque el delito es una conducta que causa daño a la
víctima y a la sociedad... (p. 95)
Las autoras resaltan aspectos medulares dentro del paradigma de la justicia restaurativa y su
instrumentación en los procesos de orden penal o, al menos, de sus palabras se desprenden pautas que
han de tomarse en consideración para una adecuada regulación. Así, lo primero es reconocer las causas
de la comisión del hecho delictivo o, dicho de otra manera, qué ha originado ese actuar ilícito del sujeto.
Lo segundo es que el ofensor admita su responsabilidad por los hechos acaecidos, de manera que
demuestre un arrepentimiento sincero y, en su caso, pueda darse la reconciliación o el perdón si fuera
posible.
Al decir de Sánchez García (2019), “La justicia restaurativa es un proceso semiestructurado de
resolución de conflictos surgido principalmente a partir de la comisión de hechos delictivos, el cual es
asistido por un tercero imparcial desprovisto de la calidad de autoridad” (p. 30). Si bien las nociones
teóricas antes abordadas se enrumbaban hacia cuestiones de forma más que de fondo, aquí el autor
combina ambas visiones. Así, pueden extraerse algunas palabras clave como: proceso semiestructurado,
resolución de conflictos, comisión de hechos delictivos y tercero imparcial. Derivado de ello, cabe
entender que la justicia restaurativa tiene por objeto la resolución de conflictos y, para alcanzar ese
cometido, ha de reconocer y reintegrar a la víctima y al ofensor en la comunidad. De tal suerte, el ofensor
deberá transformar su comportamiento; reparar a la víctima en lo psicológico, lo físico, lo moral y lo
legal para que recupere su dignidad y, aceptar su responsabilidad por los daños ocasionados; cuestiones
Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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que rara vez logran satisfacerse a través de la vía judicial (Centro de Investigación para el Desarrollo,
2016).
El Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de Naciones Unidas del año 2006 (citado por
Gorjón Gómez y Steele Garza, 2020) concibe a la justicia restaurativa como una forma de responder a
los hechos delictivos y, bajo ese esquema, busca equilibrar las necesidades de la comunidad, las víctimas
y los ofensores. Su objetivo es que las partes en conflicto puedan adoptar acuerdos positivos que reviertan
los efectos negativos producidos por la comisión del delito y recomponga el tejido social erosionado,
mediante la reactivación del diálogo, el intercambio de la experiencia vivida y la reparación/restitución
de lo sustraído durante la ejecución del hecho antijurídico. Esta concepción de la justicia restaurativa
implica entender que el delito es un conflicto, mas no mera transgresión de la norma y, por tanto,
prevenible y con la posibilidad de ser resuelto mediante la participación de los sujetos afectados, sin
necesidad de que el Estado ejerza su función punitiva.
En síntesis, la justicia restaurativa tiene por objeto humanizar la situación de conflicto que han
vivido las personas (víctima/ofensor/comunidad), a la vez que humaniza el acto mismo de justicia, valor
supremo que queda a disposición de la ciudadanía. Ahora bien, entre las principales ventajas que
evidencia, valga resaltar la formación integral por la multiplicidad de componentes que se deben tomar
en consideración para su abordaje; destaca además la generación de oportunidades de desarrollo y
participación de las personas, incluidas aquellas menores de edad. A lo anterior, ha de añadirse que
implica reconocer la multicausalidad del delito en el que se hubiese colocado el sujeto comisor.
Asimismo, constituye un espacio propicio para ver a las personas como resilientes y capaces de ejercer
sus derechos y, es precisamente en este aspecto donde se potencia la recuperación de la dignidad del ser
humano como meta esencial del proceso.
La justicia restaurativa se estructura sobre la base de tres ejes esenciales, a saber: a) atención a
los daños y a las necesidades, b) las obligaciones y c) el compromiso o la participación. Estos elementos
guardan un estrecho vínculo con los objetivos que, de ordinario, se le han atribuido, ya se trate de la
asunción de responsabilidad del sujeto comisor por los hechos acaecidos, la reparación del daño a la
víctima o la restauración de lo afectado o ambos, ya se trate de la reintegración del ofensor a la
comunidad. Aspectos todos que requieren ser observados y ponderados dentro de los procesos
restaurativos y como parte de los resultados que deriven de su aplicación. Contrario sensu, se desvirtuaría
la naturaleza colaborativa e incluyente que ha de regir su práctica.
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Modelos teóricos de justicia restaurativa: algunos apuntes
Para que la justicia penal se humanice, para que el sujeto comisor reflexione sobre los hechos y
transforme su comportamiento, para que la concepción de la sanción como «castigo o estigma» adquiera
sentido «reeducativo, restaurativo y restitutivo», es necesario conocer de qué metodología(s) se vale en
aras de cumplir sus objetivos y observar sus principios rectores. Según el Manual sobre Programas de
Justicia Restaurativa (Organización de Naciones Unidas [ONU], 2006), se constatan diversos cauces, a
saber: “a) mediación [léase encuentro] entre víctima y ofensor; b) comunidad y conferencias de grupos
familiares; c) sentencias en círculos; d) círculos promotores de paz y, e) libertad condicional reparativa
y juntas o paneles comunitarios” (p. 14). No obstante, en este artículo, se prestará particular atención a
los cuatro modelos teóricos comúnmente utilizados —al decir de Ramos Morales (2018)— los
encuentros víctima-ofensor, los círculos restaurativos, las conferencias familiares y las juntas
restaurativas.
Conviene mencionar que cada uno de los modelos teóricos de justicia restaurativa presenta
diferencias sutiles que se centran en sus características propias, circunstancias que giran sobre el conflicto
penal y la personalidad de las partes intervinientes afectadas por el delito. A continuación, se exponen
tales aspectos:
A) Encuentro víctima-ofensor. El encuentro víctima-ofensor es un proceso restaurativo, en virtud
del cual las partes involucradas en el conflicto penal, asistidas por un tercero neutral e imparcial
denominado facilitador, buscan, construyen y proponen opciones de solución encaminadas a la
reparación del daño ocasionado, la reintegración del sujeto comisor a la comunidad y la recomposición
del tejido social erosionado por el quebranto de la ley (Rodríguez Rodríguez, 2016). Aquí, un
componente relevante es la comunicación y el diálogo que se ha de restablecer entre personas que se
encuentran vinculadas por un hecho delictivo, lo cual requiere una preparación previa e individual con
cada una de las partes. El otro aspecto que sobresale es la adopción de un acuerdo de reparación
«integral» de los daños y perjuicios causados por la comisión del delito, donde se atiendan las
necesidades materiales e inmateriales de la persona impactada por el suceso, además de las
responsabilidades individuales y colectivas.
Respecto a este proceso con enfoque restaurativo, el referenciado Manual sobre Programas de
Justicia Restaurativa (ONU, 2006, p. 18) indica que puede efectuarse bis a bis o desarrollarse a través de
sesiones privadas sin que las partes concurran en el mismo tiempo y lugar. A juicio de quienes suscriben,
Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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es cuestionable la última variante señalada toda vez que, si se pretende un efecto restaurativo en las partes
vinculadas con el conflicto penal donde experimenten una genuina respuesta emocional a lo vivido que
les permita su cierre o, si fuera el caso, se dé el perdón, entonces se requiere su presencia conjunta durante
las fases del proceso, salvo casos excepcionales. Además, los encuentros se pueden aplicar pre-sentencia,
post-sentencia y pre-post-sentencia, incluyendo siempre a la víctima y el ofensor, lo cual da flexibilidad.
Ahora bien, para su realización, a juicio de quienes suscriben deben satisfacerse unos mínimos
requerimientos, con la finalidad de que ciertamente el proceso adquiera efectos restaurativos, a saber:
a) Reconocimiento y aceptación por parte del ofensor de la responsabilidad que se le atribuye por
el hecho delictivo.
b) Respetar la voluntariedad de la víctima y del ofensor en cuanto a participar en el proceso.
c) Cerciorarse de que la intervención de las partes involucradas se dé en condiciones de seguridad
para evitar revictimización, incidentes o conductas inapropiadas y que el proceso satisfaga ese
fin restaurativo deseado.
Como se puede apreciar, este modelo teórico tiene claro sustento y apoyo en la metodología que
informa a la mediación y la conciliación en el ámbito penal. Asimismo, fíjese que su utilización persiste
con independencia del estado en que se encuentre el proceso penal, ya procesamiento, juzgamiento o
ejecución, siendo su única condicionante, entre otras, la voluntad de las partes de querer intentarlo.
B) Círculos restaurativos. Al decir de Pranis (2009), “El círculo [restaurativo] es un proceso que
reúne a personas que desean resolver un conflicto, reconstruir vínculos, sanar, brindar apoyo, tomar
decisiones o realizar otras acciones (…)” (p. 7). Para ello, se estructura sobre la base de tres ejes
fundamentales, a saber: la comunicación honesta, el desarrollo de los vínculos y el fortalecimiento
comunitario; los que justifican y sustentan los resultados esperados en la medida en que se consideran
inherentes a su realización, a su desarrollo. Similar postura es sostenida por Cabrera González (2021)
cuando considera que “(…) son una forma de ser y de relacionarse grupalmente, llevan al
empoderamiento individual y colectivo, congregan a las personas generando confianza, respeto, buena
voluntad, sentido de pertenencia, es una oportunidad de conocerse ellos mismos y su relación con la
comunidad” (p. 333), lo cual se justifica porque el hombre es un ser biopsicosocial, multicondicionado,
que no puede ser visto o analizado sin ubicársele en un contexto determinado.

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Derivado de las consideraciones anteriores, cabe entender que los círculos restaurativos son un
medio para resolver conflictos en el ámbito penal que se desarrollan con la víctima, el ofensor y sus
respectivas familias (Ramos Morales, 2018, p. 453), quienes con el apoyo de la persona facilitadora
buscan adoptar un acuerdo que permita el restablecimiento de la situación de hecho existente antes de la
comisión del delito si ello fuera posible y, determinar qué acciones concretas deberá ejecutar el ofensor
en el plazo dispuesto como medida correctiva por su inadecuado comportamiento. Así, los sujetos
intervinientes desarrollan habilidades de escucha activa y empatía, lo que recompone las relaciones
interpersonales e intergrupales para facilitar el proceso de reintegración social a la comunidad. De tal
suerte, los círculos restaurativos invitan a quienes participan a la reflexión y a la formación de conciencia
y responsabilidad mutua, con lo cual los daños ocasionados por el delito son enmendados y resarcidos
dentro de un esquema de valores y principios comunes: de ahí proviene su utilidad.
C) Conferencias familiares. Otro de los modelos teóricos que contempla la justicia restaurativa
se refiere a las conferencias familiares o de grupos familiares. Según Barba Álvarez y Guerrero Fausto
(2016), “Es un proceso de solución alternativa de conflictos en el cual intervienen la víctima, el infractor,
la familia, los amigos y los partidarios más importantes de ambos, quienes se encargan de decidir qué
sucederá con el infractor” (p. 257), de manera que se establece una relación directa entre la víctima y el
ofensor, dándole a esta última el espacio para que acepte su responsabilidad por los hechos y se
comprometa a reparar a quienes resultaron afectados, incluida la comunidad. Precisamente, ello es la
nota característica que posibilita afirmar que se está ante un proceso restaurativo.
Con ello, se forma conciencia en el ofensor respecto al delito y sus repercusiones, así como la
necesidad de que se repare el daño ocasionado en todos los ámbitos sociales (Ramos Morales, 2018). De
tal suerte, las partes involucradas, auxiliadas y supervisadas por la comunidad, contraen un compromiso
social sobre qué, cómo, cuándo y dónde se deberán satisfacer las obligaciones asumidas por el sujeto
comisor a fines de su reintegración en la sociedad. Interesa sobremanera destacar que es a través de este
proceso restaurativo que se alcanzan prima facie los fines de la justicia restaurativa, por cuanto extiende
el círculo de participantes, contribuye con la asunción de responsabilidad del ofensor y la modificación
de su actuar. Aspectos que han de tomarse en cuenta para el análisis normativo posterior al respecto.
D) Juntas restaurativas. Finalmente, otro de los modelos teóricos de justicia restaurativa que
corresponde analizar en el marco de este artículo es la junta restaurativa o, las reuniones restaurativas
como también se les denomina. En tal sentido, cabe señalar que se trata de un proceso de solución de un
conflicto derivado de la comisión de un hecho delictivo con efectos restaurativos, donde víctima, ofensor
Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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y comunidad buscan alternativas para responder a las consecuencias y las repercusiones ocasionadas por
el delito (Gorjón Gómez y Steele Garza, 2020). Igualmente, persigue los fines de atender las necesidades
y las responsabilidades individuales y colectivas de las partes involucradas, a la vez que la reintegración
del ofensor a la sociedad y la restitución del bien jurídico lacerado si fuera posible.
Del análisis de los diferentes modelos teóricos de la justicia restaurativa, pueden extraerse varias
consideraciones: a) se trata de metodologías heterogéneas o procesos restaurativos que buscan resolver
un conflicto penal originado por la comisión de un delito; b) se centran tanto en el proceso como en el
resultado, ya que no siempre es posible llegar a un acuerdo, pero el desarrollo de un adecuado proceso
puede contribuir con un cambio de actitud/aptitud en la persona ofensora; c) es menester la presencia de
la víctima y del ofensor, pudiendo requerirse a la comunidad, la familia, los grupos de apoyo, las
amistades, según el esquema de trabajo que se aplique; d) sus fines son resolver conflictos, asumir
responsabilidades y reparar el daño. Como es de apreciarse la justicia restaurativa puede realizarse de las
más variadas formas, abogando siempre por la transformación en las partes, atendiendo sus necesidades
e intereses individuales y colectivos, observando la garantía de no repetición y reparando el daño
producido desde lo económico y lo moral. Solo así se restituirá a la víctima en sus derechos como persona
y se salvaguardará su dignidad.
Justicia restaurativa en México: críticas y pautas para su perfeccionamiento
A partir de los fundamentos teóricos abordados en líneas precedentes, cabe cuestionarse: ¿Cuál es el
fundamento legal de la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico mexicano? ¿Realmente consagra
la normativa el paradigma de la justicia restaurativa y sus principios? ¿Prevalece un enfoque restaurativo
o de métodos de solución de conflictos en el ámbito penal? Tales interrogantes guiarán el análisis teóriconormativo que se presenta, cuyo propósito es identificar las principales falencias de la regulación de la
justicia restaurativa y sentar pautas para su ulterior perfeccionamiento de lege data y de lege ferenda.
En México, las disposiciones normativas que consagran los métodos de solución de conflictos en
materia penal y que serán objeto de análisis en este apartado son: la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos —en lo adelante, CPEUM— (1917); el Código Nacional de Procedimientos Penales
—en lo adelante, CNPP— (2014); la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en materia Penal —en lo adelante, LNMASCMP— (2014); la Ley Nacional de Ejecución
Penal —en lo adelante, LNEP— (2016) y, finalmente, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
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Penal para Adolescentes —en lo adelante, LNSIJPA— (2016). Conviene señalar que las normas jurídicas
in commento rigen la materia penal a nivel federal y, ciñéndose el análisis que se presenta al ámbito en
cuestión, lógico es que regulen los procesos restaurativos respetando su esencia e independencia teórica.
Desde la perspectiva constitucional, la CPEUM (1917) expresamente dispone: “Las leyes
preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su
aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión
judicial” (Artículo 17, párr. 5). Interesante resulta que pauta el empleo de los métodos de solución de
conflictos en todas las materias, entiéndase civil, familiar, de consumo, sanitaria, entre otras. Sin
embargo, en el caso del ámbito penal, distingue y ordena que deberán asegurar la reparación del daño y,
en este sentido, las leyes estatales en las diferentes entidades federativas contemplarán los supuestos en
que será necesaria la supervisión judicial en la aplicación del método en cuestión; lo que se justifica en
la salvaguarda de la legalidad.
Pero, la cuestión se torna escabrosa, sobre todo porque genera confusión en torno a qué debe
entenderse por método de solución de conflictos, ya que usualmente se le ha concebido en materia penal
como una figura procesal que hace perecer el ius puniendi estatal (Champo Sánchez, 2019). En
consecuencia, se han considerado dentro de esta categoría: a) la justicia restaurativa, b) los criterios de
oportunidad que aplica el Ministerio Público en los casos de delitos no graves; c) la suspensión
condicional del proceso penal y, d) el procedimiento abreviado. Aquí habrá que atender a la finalidad
que se les atribuye, si busca evitar la saturación del sistema de justicia o se trata de un genuino método
de solución de conflictos.
Al respecto, es menester tomar en consideración que los criterios de oportunidad (Artículo 21,
párr. 7, CPEUM, 1917) y el procedimiento abreviado (Artículo 20, apartado a), fracc. VII, CPEUM,
1917) sirven para evitar la saturación del sistema de impartición y procuración de justicia en materia
penal, en la medida en que persiguen la celeridad del proceso por tratarse de delitos no graves o por el
sujeto comisor haber reconocido la responsabilidad que tiene en los hechos delictivos cometidos. No
obstante, la suspensión condicional del proceso y la justicia restaurativa —al decir de Champo Sánchez
(2019)— sí califican como métodos de solución de conflictos en el ámbito que se investiga. Lo anterior
se debe quizá a que los enfoques de la justicia restaurativa se imbrican con los métodos de solución de
conflictos cuyos alcances se pretenden sean restaurativos, aunque tal criterio —a juicio de quienes
suscriben— no es acertado porque justicia restaurativa y métodos de solución de conflictos representan
dos paradigmas complementarios, pero diferentes en lo teórico y lo práctico.
Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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Al respecto, Gorjón Gómez y Sánchez Vázquez (citados por Villarreal Sotelo, 2018) sostienen
que:
La justicia restaurativa no es un MASC [método alternativo de solución de conflictos], es una
consecuencia de la interacción de la mediación con otras acciones y otros elementos, que en conjunto
logran restaurar el daño moral, social y económico, tanto en el plano personal (satisfacción de la víctima,
arrepentimiento del infractor, rehabilitación social del agresor) como en el material (restitución de los
daños y perjuicios producidos por la infracción). (p. 427)
Tal postura resulta acertada, ya que la justicia restaurativa se torna en eje central del sistema penal
acusatorio y oral vigente en el ordenamiento jurídico mexicano. En este sentido, se vale de los métodos
de solución de conflictos e, incluso, de sus propias metodologías para abrir nuevos cauces hacia una
mejor solución del conflicto producido por la comisión del delito, reparar el daño ocasionado y concluir
el conflicto sin la imposición de una pena por los órganos coactivos del Estado. Concepción doctrinal
que además obedece a la reforma constitucional acaecida en el año 2008 (Tesis 1a./J. 33/2017 (10a.),
2017), de ahí que sea acogida en este artículo.
A tono con lo anterior, debe entenderse que la justicia restaurativa no tiene un asidero
constitucional expreso, sino como consecuencia del reconocimiento de los métodos de solución de
conflictos y el alcance restaurativo que se les atribuye o «finalidad deseada». Es por ello que justicia
restaurativa y justicia alternativa son dos paradigmas de justicia que se complementan, pero su
fundamento teórico y práctico es diferente según se refirió, lo que merece revisión. Así, se encuentra el
primer reto a enfrentar, cual es delimitar los contornos doctrinales, legales y profesionales para el
ejercicio de la justicia restaurativa y el logro de sus fines.
Otra de las normativas que merece atención en este análisis es el CNPP (2014) que implementa
el sistema penal acusatorio y oral en México. Lo irónico es que presenta lagunas normativas y antinomias,
cuestión que supuestamente venía a subsanar a raíz de la heterogénea práctica jurídico-penal que llevaban
las diferentes entidades federativas; pero la realidad supera la ficción. Ahora bien, en lo que a este artículo
interesa, es de observar la previsión contenida en el inciso a) del artículo 184 del CNPP (2014) cuando
señala como una de las formas alternas de solución el acuerdo reparatorio. De tal suerte, no se constata
referencia normativa directa alguna a la justicia restaurativa o a los procesos restaurativos que incluye,
lo que requiere revisión.
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De la lectura y del análisis del artículo 186 del CNPP (2014) se reafirma la idea anterior, toda vez
que entiende por acuerdo reparatorio el que se celebra entre víctima y ofensor, produciendo la extinción
de la pretensión punitiva cuando se aprueba por el Ministerio Público o el Juez de Control y se cumplen
sus términos y condiciones. Como es de apreciar hay preeminencia del resultado por encima del proceso,
acentuando así la consideración imperante de que se está ante un método de solución de conflictos y no
propiamente un proceso restaurativo. Lo anterior se sustenta en que la justicia restaurativa se enfoca en
el proceso y sus resultados (Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa, 2006), aspecto que ha de
tomarse en cuenta si realmente se persigue la humanización del sistema y la conversión de lo restaurativo
en eje toral dentro del proceso penal.
Por otra parte, interesante resulta la previsión contenida en el artículo 187 del CNPP (2014) que
establece los supuestos bajo los cuales procede la adopción de un acuerdo reparatorio, destacando los
delitos que se persiguen por querella o aquellos que admiten el perdón de la víctima, los delitos culposos
y los delitos patrimoniales sin que haya existido violencia sobre las personas. Este último supuesto
fundamenta la negativa de celebrar acuerdo reparatorio en los casos de delitos de violencia familiar (párr.
2, ad finem), lo que constituye una aberración doctrinal y pone en tela de juicio cuáles fueron los
fundamentos reales de la reforma constitucional del año 2008. ¿Es la justicia restaurativa el eje toral del
sistema penal acusatorio y oral mexicano? ¿Acaso uno de los factores que incide en la comisión de un
hecho delictivo no es la reacción violenta del sujeto ante la incapacidad de gestionar el conflicto? Existen
estudios científicos que demuestran la utilidad y el efecto positivo de la justicia restaurativa en casos de
violencia de cualquier tipo (Zehr, 2010), con lo cual el legislador federal obvió consagrar esta figura y
promover sus potenciales beneficios para estos casos, lo que evidencia un área de oportunidad para
considerar en futuras propuestas de ley y refuerza la concepción que de ella prevalece hoy día como
método de solución de conflictos.
Unido a lo anterior, la disposición normativa in commento expresamente consagra la adopción
del acuerdo reparatorio hasta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso o hasta antes de que
se decrete el auto de apertura a juicio. En este último supuesto, el Juez de Control, a ruego de las partes,
procederá a suspender el proceso penal por un plazo de treinta días para que concurran ante la autoridad
competente y lleguen a un acuerdo reparatorio (Artículo 188, CNPP, 2014). Como es de apreciar si en
sus inicios se concibe la voluntariedad como principio rector para acceder a la justicia, en la medida en
que avanza el proceso penal esta facultad fenece, dado caso que una vez que ha comenzado el juicio las
partes no podrán recurrir a un proceso restaurativo ni siquiera a un método de solución de conflictos. Lo
Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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anterior merece revisión por cuanto la voluntariedad es pilar esencial de la justicia restaurativa, de manera
que si el espíritu del Constituyente fue hacer de ella la esencia del sistema penal vigente debe modificarse
esta previsión.
Cabe resaltar además que se refrenda el principio de confidencialidad cuando prevé que la
información derivada de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro
del proceso penal (Artículo 189, párr. 4, CNPP, 2014), lo cual resulta acertado. Asimismo, destaca que
su aprobación corresponde al Ministerio Público o al Juez de Control según la etapa del proceso, quienes
deberán verificar que las obligaciones sean proporcionales a los hechos y sus consecuencias, a la vez que
los sujetos intervinientes hayan arribado al acuerdo en condiciones de igualdad y por su libre y
espontánea voluntad (Artículo 190, párr. 2, CNPP, 2014). Al respecto, conviene aclarar que son las partes
del conflicto quienes arriban al acuerdo, ya que la actividad que realiza el Ministerio Público o el Juez
de Control según el caso se ciñe a controlar la legalidad o, en términos de la normativa constitucional, a
supervisar lo acordado.
Como corolario de lo anterior, cabe señalar tres consideraciones importantes, a saber: a) la
normativa penal federal adjetiva no consagra principios de justicia restaurativa, lo se debe precisamente
a la confusión o la concepción que de ella se tiene como método de solución de conflictos o salida alterna
del proceso penal; b) los acuerdos reparatorios son expresión de la voluntad y la autonomía de las partes
involucradas en el conflicto penal, no obstante, resulta acertada su supervisión para controlar la legalidad
y proteger los derechos e intereses individuales y colectivos inmiscuidos y, c) es menester incluir dentro
del catálogo de supuestos en que proceden los acuerdos reparatorios el delito de violencia familiar, por
cuanto la justicia restaurativa constituye la mejor herramienta para tratar este tipo de conflictos (Gorjón
Gómez y Sauceda Villeda, 2018), satisfaciendo su esencia restauradora, reparadora y restitutiva.
Aspectos que han de valorarse y sopesarse en futuras reformas de ley.
Una mirada a la LNMASCMP (2014) resalta que los métodos de solución de conflictos en materia
penal tienen por objeto estimular el diálogo y el entendimiento mutuo entre las partes inmersas en el
conflicto derivado de la comisión de un hecho delictivo, ya se origine por denuncia o querella. Tales
métodos son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, los que se sustentarán en los principios
de oralidad, economía procesal y confidencialidad (Artículos 1, párr. 2 y, 3, fracc. IX). En consecuencia,
la normativa incorpora el modelo de la junta restaurativa como un método de solución de conflictos, con
lo cual le concibe como herramienta para evitar el proceso penal y no como un complemento del sistema
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de justicia. Así, si bien pudiera pensarse que se está ante un proceso restaurativo en puridad, el propio
diseño normativo y su fundamento deontológico constriñen su esencia.
Similar suerte corre las previsiones contenidas en los artículos 5 y 6 de la LNMASCMP (2014)
por dos razones principalmente. La primera es que la normativa in commento remite de forma expresa a
la legislación procesal penal aplicable, de manera que habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 187
y 192 del CNPP (2014) referentes al acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso penal.
Esta última si bien se cataloga como salida alterna, bien pudiera llegar a tener efectos restaurativos en la
medida en que solo podrá decretarse si no se verifica oposición fundada de la víctima u ofendido. Al
respecto, ilustrativa es la tesis jurisprudencial dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
cuando señala que:
(…) Dicha oposición se encuentra relacionada, primordialmente, con la reparación integral del
daño, la cual incluye el aspecto material y moral, dentro del último de los cuales, está inmerso el derecho
de las víctimas a conocer la verdad (…) es fundada la oposición de la víctima a la procedencia de la
suspensión condicional, cuando el plan de la reparación del daño (…) no incluya el reconocimiento y la
aceptación de los hechos (…), con la finalidad de salvaguardar su derecho a conocer la verdad y que se
le restituya la dignidad humana que le menoscabó con la comisión del hecho con apariencia de delito.
(Tesis II.3o.P.99 P (10a.), 2021, p. 2930)
En tal sentido, cabe preguntarse: ¿es requerimiento que en el plan de reparación del daño y
condiciones a cumplir se contemple el reconocimiento y la aceptación expresa de los hechos por el
ofensor? O, ¿solo procede durante el desarrollo de las sesiones previo a decretar la suspensión
condicional? A juicio de quienes suscriben, lo lógico y conveniente sería que el ofensor aceptara la
responsabilidad por los hechos cometidos en el desarrollo de las sesiones de mediación/conciliación
penal, por ejemplo, además de contemplar este aspecto de forma expresa en la propuesta de plan de
reparación del daño y condiciones a cumplir, ya que la admisión de responsabilidad estaría protegida por
el principio de confidencialidad (Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa, 2006, p. 34). Sin
embargo, en ocasiones los jueces que atienden el asunto solicitan copia del plan para anexar al expediente
judicial (España Lozano, 2016, p. 250), lo cual no debe generar mayores dificultades por cuanto si se
retoma el proceso ante incumplimiento revocando el beneficio tal información no puede ser utilizada en
perjuicio del ofensor (Artículo 196, párr. 3, CNPP, 2014).

Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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La segunda se refiere al hecho de que las partes involucradas podrán solicitar al Ministerio
Público o al Juez de Control recurrir a los métodos de solución de conflictos que prevé la normativa in
commento desde el inicio del proceso penal y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio
(sistema acusatorio) o antes de que se formulen las conclusiones (sistema mixto inquisitivo), de manera
que establece una especie de caducidad escalonada limitando el ejercicio del derecho o, si se prefiere,
haciéndolo nulo. Lo anterior se justifica en que esta norma jurídica ha de interpretarse de conformidad
con lo establecido en los artículos 188, 192, fracc. I y 193 del CNPP (2014) ya analizados.
Por otra parte, el legislador federal contempló, como métodos de solución de controversias en la
materia penal, la mediación (Artículo 21, LNMASCMP, 2014) y la conciliación (Artículo 25,
LNMASCMP, 2014), acogiendo la distinción teórica en virtud de la cual la mediación no admite que la
persona facilitadora efectúe propuestas, sugerencias o recomendaciones, mientras que la conciliación sí
lo prevé (Artículo 26, LNMASCMP, 2014). Cuestiones que hubieran sido obviadas si se hubiera regulado
el modelo de justicia restaurativa referido al encuentro víctima-ofensor, recuérdese que su fin es propiciar
el encuentro sin reglas preestablecidas sobre cómo llevarlo a cabo, quedando a discrecionalidad de la
persona facilitadora la elección de las técnicas, las herramientas y la metodología a seguir, lo que merece
revisión.
Asimismo, valga resaltar el hecho de que contempla para la realización de las sesiones de métodos
su carácter eminentemente oral con registro del acuerdo alcanzado (Artículo 26 en relación con artículo
23, LNMASCMP, 2014). Al parecer la idea de su consagración responde a la intención del legislador
federal de reforzar el principio de confidencialidad, aunque con total desconocimiento en cuanto a la
utilización de videos, cartas o postales durante el proceso como medio para facilitar la comunicación
entre las partes involucradas; cuestión que ha de revisarse.
En lo que a este artículo interesa, la LNMASCMP (2014) refrenda la junta restaurativa cuando
enuncia que:
…es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la
comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de
solución a la controversia, con el objeto de lograr un Acuerdo que atienda las necesidades y
responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del
imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social (Artículo 27).
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Como es de apreciar se está ante un modelo genuino de justicia restaurativa que se diferencia de
las metodologías ya esbozadas con anterioridad porque admite la intervención de la comunidad afectada,
rescatando así el espíritu y la esencia de este paradigma de justicia. Con posterioridad señala los alcances
del acuerdo reparatorio, a saber:
a)

El reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima u ofendido
en un acto público o privado, de conformidad con el Acuerdo alcanzado por los intervinientes,
por virtud del cual el imputado acepta que su conducta causó un daño;

b)

El compromiso de no repetición de la conducta originadora de la controversia y el
establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse y concluir
programas o actividades de cualquier naturaleza que contribuyan a la no repetición de la
conducta o aquellos programas específicos para el tratamiento de adicciones;

c)

Un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, reparando o reemplazando
algún bien, la realización u omisión de una determinada conducta, la prestación de servicios
a la comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima u ofendido y
acordadas entre los Intervinientes en el curso de la sesión (Artículo 29).
Del análisis de esta disposición normativa, cabe concluir que presenta insuficiencias que merecen

ser revisadas. Así, es menester determinar los alcances del principio de oralidad en el contexto del
paradigma de la justicia restaurativa en aras de potenciar la comunicación entre las partes involucradas.
Además, conviene verificar la observancia del principio de voluntariedad y el derecho de acceso a la
justicia, en la medida en que la norma jurídica que se comenta limita su ejercicio y cabal realización
cuando prevé una caducidad escalonada. Y, finalmente, obvia otros modelos teóricos de particular
importancia para el desarrollo de procesos restaurativos como son: las conferencias familiares y los
círculos restaurativos, todo lo cual exige estudio.
Sobre la justicia restaurativa, conviene señalar su regulación en la LNEP (2016), normativa
encargada de establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la
ejecución de una sanción penal (Artículo 1, fracc. II). Así, dedica el Capítulo I del Título Sexto a
contemplar este paradigma de justicia que tiene por objeto identificar las necesidades y las
responsabilidades individuales y colectivas, además de coadyuvar en la reintegración de la víctima y del
ofensor a la comunidad y la recomposición del tejido social (Artículo 200). Como es de apreciar
contempla los fines de la justicia restaurativa, lo que posibilita su comprensión dentro del régimen
jurídico de ejecución penal.
Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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¿En qué delitos procede la aplicación de la justicia restaurativa? Conforme a la letra del artículo
202 de la LNEP (2016), procede para todos los delitos, sin distinción y se aplica a partir de que se dicta
sentencia condenatoria. En tales supuestos, el Tribunal de Enjuiciamiento le comunicará al sentenciado
y a la víctima acerca de los beneficios y la utilidad de efectuar un proceso restaurativo. Si el sentenciado
decide someterse al proceso en cuestión, el Juez de Ejecución lo considerará como parte complementaria
de su plan de actividades (Artículo 203), lo que se justifica en los principios de voluntariedad,
responsabilidad y reintegración que rigen la materia (Artículo 201).
Asimismo, es de resaltar que los procesos restaurativos implican la participación del sentenciado
en programas individuales o sesiones conjuntas con la víctima. No obstante, también podrán intervenir
integrantes de la comunidad afectada o autoridad, según la metodología a seguir. Ahora bien, tales
procesos constarán de dos etapas, a saber: preparación y encuentro, debiendo asegurarse como
condiciones mínimas las siguientes: a) que la persona sentenciada reconozca su responsabilidad por los
hechos y acceda a intervenir voluntariamente; b) que la víctima decida intervenir de forma voluntaria y
ostente la mayoría de edad y, finalmente, c) que la participación de la víctima y del ofensor se dé en
condiciones de seguridad para evitar revictimización, incidentes o conductas inapropiadas (Artículo 204,
LNEP, 2016). Aspectos que posibilitan el adecuado desarrollo de la intervención y han de atenderse, en
cualquier caso.
La finalidad de los procesos restaurativos recae en la adopción de un acuerdo que recoja las
acciones que el sentenciado está dispuesto a realizar para satisfacer las necesidades de las partes
involucradas y propiciar su reintegración en la sociedad. En tal sentido, especial atención debe prestarse
al artículo 198 de la LNEP (2016), en el entendido de que es imperativo reparar el daño ocasionado con
la comisión del delito para disfrutar de alguna medida de libertad condicional o anticipada, la suspensión
o la sustitución temporal de la pena, entre otros aspectos que son necesarios observar en el proceso.
Interesante es la distinción que efectúa —en buena técnica jurídica— cuando diferencia entre
mecanismos alternativos y procedimientos de justicia restaurativa, propiciando una mayor comprensión
e inteligibilidad sobre el tema.
Lo anterior se justifica porque, por primera vez, se introduce la mediación penitenciaria como
proceso de diálogo, autorresponsabilización, reconciliación y acuerdo (Artículo 206, LNEP, 2016), cuyo
propósito radica en la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión que se produce por los
conflictos diarios que la convivencia en prisión genera. Cuestión novedosa que requiere desarrollo y
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perfeccionamiento, toda vez que remite a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos en materia Penal con sus deficiencias normativas, al Protocolo correspondiente a veces
«inexistente» en lo que a mediación se refiere y a las «parcas» disposiciones de la ley que se comenta.
Con ello, pierde el sentido restaurativo que apenas recuperaba.
De novedosa puede catalogarse la LNSIJPA (2016), por cuanto establece las bases, requisitos y
condiciones de los métodos de solución de conflictos del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes (Artículo 2, fracc. IV). En lo que a justicia restaurativa se refiere, la contempla no solo
como un proceso, sino además como un principio rector que, junto al interés superior de la niñez, indica:
Una respuesta a la conducta que la ley señala como delito, que respeta la dignidad de cada
persona, que construye comprensión y promueve armonía social a través de la restauración de la
víctima u ofendido, la persona adolescente y la comunidad. Este principio puede desarrollarse de
manera individual para las personas mencionadas y sus respectivos entornos y, en la medida de
lo posible, entre ellos mismos, a fin de reparar el daño, comprender el origen del conflicto, sus
causas y consecuencias (Artículo 21).
Esta previsión se corresponde con la concepción de la justicia restaurativa como una forma
revolucionaria de responder al fenómeno conflictual a través de diversas y variadas metodologías, cuyo
fin es la reparación integral del daño, la reintegración de la persona adolescente a la comunidad previa
comprensión de las causas que motivaron los hechos y las implicaciones sociales que generaron,
ponderando así el «encuentro bis a bis». Así, la LNSIJPA (2016) prevé, como métodos aplicables en la
materia, la mediación y los procesos restaurativos (Artículo 84), siendo estos últimos objetos del estudio.
Para alcanzar un efecto restaurativo, la disposición normativa in commento establece tres modelos
a seguir: reunión víctima-persona adolescente, junta restaurativa y círculos, de modo que cualquiera que
se adopte deberá propender al acuerdo donde se atiendan las necesidades y responsabilidades
individuales y colectivas de las partes, la reintegración de la víctima y de la persona adolescente en la
comunidad en aras de reparar los daños causados y servir a la comunidad (Artículo 88, LNSIJPA, 2016).
Sin embargo, cabe mencionar que no consagra el modelo de conferencias familiares, aunque ofrece un
catálogo mucho más amplio que la LNMASCMP (2014), sobre todo porque recupera la esencia de la
justicia restaurativa.

Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

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Interesante resulta que la aplicación de los procesos restaurativos, cualquiera que sea, exige la
celebración de reuniones previas, con el propósito de preparar a los sujetos intervinientes. Asimismo,
debe valorarse la naturaleza del asunto, las necesidades de las personas y sus perspectivas, su disposición
para participar y las condiciones mínimas para su seguridad. También, se requiere la aceptación de la
responsabilidad de la persona adolescente por los hechos cometidos, particular que no se asentará de
forma expresa en el acuerdo al que se llegare (Artículo 89, LNSIJPA, 2016). Con posterioridad, define
y desarrolla la reunión víctima-persona adolescente (Artículo 90, LNSIJPA, 2016) y los círculos
(Artículo 92, LNSIJPA, 2016). En cuanto a la junta restaurativa retoma su definición de la LNMASCMP
(2014) y para su desarrollo indica que se observe lo establecido en la Ley de Mecanismos Alternativos y
la normativa de estudio, cuestión que hubiera aprovechado el legislador para uniformar criterios.
Sobre el acuerdo a que se arribe en los procesos restaurativos, se trate de acuerdos reparatorios o
propuestas de plan de reparación y sugerencias de condiciones por cumplir para la suspensión
condicional del proceso se sigue similar procedimiento al previsto en la LNMASCMP (2014), con la
salvedad de que aquí bajo ningún motivo se asentará el reconocimiento y la aceptación de los hechos.
¿Por qué esa diferencia? Al respecto, quienes suscriben estiman que, en todo caso, habrá que estarse a lo
señalado por la jurisprudencia cuando exista oposición fundada de la víctima u ofendido respecto al plan
de reparación cuando no se ha incluido el reconocimiento de la responsabilidad, previo a decretar la
suspensión condicional del proceso. Aunque queda claro que ello se justifica porque se está ante una
salida alterna que puede tener un resultado restaurativo, mas no un modelo propio de justicia restaurativa.
Cuestiones que, en definitiva, exigen estudio.
3.- MÉTODO
Diseño
El presente artículo siguió un enfoque cualitativo, cuyo propósito se ciñó a indagar sobre la actual
concepción teórico-normativa de la justicia restaurativa dentro de la República Mexicana. En este
sentido, se empleó el método exegético-analítico para la revisión de los textos legales que regulan la
figura in commento desde una perspectiva crítica tendente a formular propuestas para su ulterior
perfeccionamiento.

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Instrumentos
Para el abordaje del análisis jurídico-exegético de la justicia restaurativa en México, se consultaron un
total de cinco (5) disposiciones normativas para determinar las características del diseño instrumentado
este ordenamiento, así como un total de veinticinco (25) artículos científicos, tesis y documentos
publicados en su mayoría entre 2006 y 2021.
Procedimiento
De los documentos doctrinales y normativos, se identificaron los aspectos medulares sobre los que se
sustentó el análisis jurídico-exegético de la justicia restaurativa (concepciones teóricas, modelos teóricos
y normatividad). Con posterioridad, se procedió a integrar de forma ordenada y coherente las ideas,
exponiendo áreas de oportunidad que requieren revisión a efectos de su perfeccionamiento.
4.- CONCLUSIONES
La justicia restaurativa representa un nuevo paradigma de justicia social, por cuanto constituye una forma
revolucionaria de responder al fenómeno delictivo y sus consecuencias, principalmente en el ámbito
comunitario. Su propósito es identificar las necesidades y las responsabilidades individuales y colectivas,
así como reintegrar a la víctima y al ofensor en la comunidad. Con ello, persigue la reparación integral
del daño en lo moral y lo económico.
La justicia restaurativa utiliza diversas metodologías para alcanzar sus fines, entre ellas, los
métodos de solución de conflictos. No obstante, contiene modelos de instrumentación que le otorgan
independencia teórico-conceptual y práctica.
En México, las disposiciones jurídicas que regulan la justicia restaurativa en materia penal
presentan deficiencias normativas, ya que la conciben como un método de solución de conflictos, una
salida alterna del proceso penal en lugar de complemento del sistema de justicia. Únase a lo anterior que
ni la CPEUM (1917) ni el CNPP (2014) refrendan como tal los postulados de este paradigma de justicia.
Por otra parte, la LNMASCMP (2014) solo prevé el modelo de juntas restaurativas; mientras que la
LNEP (2016) ahonda en el objeto de la justicia restaurativa, sus procesos, principios y alcances, sin
especificación alguna. No obstante, la LNSIJPA (2016) es la norma jurídica que explica los fundamentos
teóricos y prácticos de la justicia restaurativa, aunque limitada a las personas adolescentes.

Justicia restaurativa en México: reflexiones de lege data y de lege ferenda.

149

�Franco-Castellanos, P.

Urge el perfeccionamiento de la actual regulación de la justicia restaurativa en el ordenamiento
jurídico-penal mexicano, con la finalidad no solo de reparar integralmente el daño ocasionado, sino de
restaurar la paz social que es su valor supremo.
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Mediación comunitaria como bienestar social y generadora
de paz en conflictos sociales1
Community mediation as social welfare and peacemaker in social conflicts
Francisca, Castro Alvarez2
RESUMEN
Este artículo titulado “Mediación Comunitaria como bienestar social y generadora de paz
en conflictos sociales” tuvo como objetivo el enfoque social aplicando la mediación
comunitaria y su impacto en la prevención del delito desde la transformación de los
conflictos de convivencia vecinal, se siguió el enfoque de metodología mixta, basado en
la técnica de revisión documental, en el estudio, análisis comparativo en diferentes
municipios del área metropolitana, apoyando el análisis en varios autores como García
Máynez, Lederach, Gorjón Gómez, Gutiérrez Vázquez, entre otros, también revistas
Indexadas, obtenidas vLex, Eirene, libros, libros electrónicos, conferencias, videos,
entrevistas ciudadanas, para asegurar la veracidad de la información recopilada, se
encontró que el diseño normativo para resolver los conflictos de la Mediación
comunitaria, no es un métodos que puede llevarse en un Proceso Judicial tradicional,
además no existe una ley comunitaria como tal para aplicarse en este contexto.
Concluyendo en esta investigación de que se debe ciudadanizar la justicia a través de la
mediación comunitaria, para que se difunda y se conozca la mediación hasta las
comunidades más lejanas de cada municipio del Estado de Nuevo León.
Palabras claves: Bienestar social, ciudadanizar, delito, mediación comunitaria,
prevención social.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 16/12/2021
Fecha de revisado: 05/01/2022
Fecha de aceptado: 09/05/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article named “Community Mediation as a Social Welfare and Peacemaker in social
conflicts” had as objective the social approach applying the community mediation and its
impact on the prevention of crime since the transformation of the conflicts of neighboring
coexistence, the approach was a mixed methodology, based on the technique of
documentary review, in the study, comparative analysis in different municipalities of the
metropolitan area, supporting the analysis in several authors such as García Máynez,
Lederach, Gorjón Gómez, Gutiérrez Vázquez, among others, also indexed journals,
obtained vLex, Eirene, books, electronic books, conferences, videos, citizen interview, to
ensure the veracity of the information collected, it was found that the normative design to
resolve conflicts of the community mediation, is not a method that can be used in a
traditional judicial process, and there is no community law as such to be applied in this
context. Concluding in this research that justice must be citizenship through community
mediation, so that mediation is disseminated and known to the most distant communities
of each municipality in the State of Nuevo León.
Keywords: Social welfare, citizenship, crime, community mediation, social prevention.

Cómo referenciar este artículo:
Castro A., F. (2022). Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales. Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 152-174. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-8.

Este artículo es producto de revisión, de tesis doctoral “La Medicación Comunitaria y su impacto en la Prevención Social del Delito desde la Transformación
de Conflictos Vecinales”
2
Título de Doctorado y Maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Capacitadora y Mediadora Certificada del IMASCENL y Mediadora Credencializada en el Estado de Texas. Correo Electrónico
francisca1castro@hotmail.com; Código ORCID https://orcid.org/0000-0001-6337-4139.
1

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�Castro Alvarez, F.

1.-INTRODUCCIÓN
Actualmente tomando en cuenta los conflictos que se observan en comunidad, es difícil abordar el
conflicto comunitario aplicando la Mediación comunitaria para lograr el bienestar social que ayude a las
comunidades del área metropolitana y del estado para que sea generadora de paz en conflictos sociales,
el objetivo es el enfoque social el impacto en el índice de los conflictos de convivencia vecinal y el
resultado de la forma de cómo puede utilizarse la mediación comunitaria el cómo los conflictos se
convierten en oportunidad para la transformación y motor de cambio,

debido al aumento de la

delincuencia, el ciudadano ha perdido la confianza y credibilidad en las personas con que puede convivir
en su comunidad y en las autoridades, generándose el conflicto cuando el ciudadano de una zona
habitacional determinada, se niega u opone a respetar las normas o reglamento que ha impuesto esa
comunidad para una buena convivencia vecinal.
La ética ciudadana se centra alrededor del valor del otro, y nos da la opción de discurrir como la
persona en quien me veo y me refugio, en quien me proyecto y de quien influye en mí. Es la alteridad
pasando animosa en los entornos de la comprensión, el afecto y todos los valores que deben ser restituidos
plenamente, sería importante que en la convivencia en comunidad se entienda que su derecho termina
donde empieza el del otro, esto es, respetando siempre el derecho del otro (Luther King 2004).
El título de este artículo, de Mediación Comunitaria como Bienestar Social y Generadora de Paz
en Conflictos Sociales, genera el siguiente planteamiento en este análisis ¿Cómo resolver los conflictos
que se generan por el contacto y convivencia vecinal? el abordaje de la solución de estos conflictos de
convivencia vecinal es a través de la mediación comunitaria, como herramienta para lograr el bienestar
social como intangible y generadora de paz, resolviendo y previniendo los conflictos sociales, (Gorjón
Gómez F. J., 2021) se observó que los valores que se practiquen tanto en lo individual como en la familia
y en forma colectiva, es con lo que el individuo fue educado y se refleja al momento de convivir
colectivamente repercutiendo en la buena práctica de estos valores, los limitantes para alcanzar el
objetivo de obtener la ventajas en una mediación y bienestar social se producen cuando los individuos
no han sido educados y forjado con valores, es difícil que tengan una buena práctica de ellos, esto es,
nadie puede dar lo que no tiene, por ende serán generalmente individuos que no se adaptan a convivir en
forma armónica.

153 Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

�Castro Alvarez, F.

También conviene mencionar la forma como algunos autores abordan la convivencia vecinal,
con criterios similares de la investigación científica realizada por Castro Alvarez (2019) en torno a las
dimensiones de transformación del conflicto a través del dialogo, siendo la base a valores como, la
tolerancia, honestidad, armonía, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad mutua y la cooperación que
se vive en la práctica de convivencia día a día, tanto el ejercicio de estos valores como el sentido de
pertenencia a una familia a un grupo escolar, al área laboral, a un equipo deportivo esto favorece el
sentido de pertenecer a la comunidad y ser considerado miembro de ella. Son también la base del civismo,
que lo cumple el ciudadano cuando cumple con sus deberes ciudadanos como respetar las leyes
contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad el bienestar de los demás miembros y el de
convivencia en comunidad, respetando y aceptando siempre las reglas del juego de la democracia y los
derechos fundamentales (Castro Alvarez, 2019, p.106-107).
Del mismo modo, el ejercicio de la convivencia y el civismo corresponde al conjunto de personas
que viven en una población, tal como afirmó Zygmunt Bauman citado por Valery (2000, p.28): “No
puede existir una comunidad sin un sentido y una práctica de la responsabilidad”. En su libro Bauman
Modernidad líquida. La convivencia vecinal en condominios, colonias, barrios, o en alguna comunidad
específica debe de tener un sentido y responsabilidad, ser el eje central en la sociedad para evitar
conflictos comunitarios. En consecuencia, cabe señalar que el objetivo de la Mediación Comunitaria es
buscar y lograr el bienestar social, evitando que los conflictos escalen estrepitosamente y que se
conviertan en delitos graves con los efectos jurídicos que conlleva.
El conflicto comunitario representa una gran limitante para el alcance de la armonía y bienestar
social que los individuos y grupos de cualquier comunidad. Estos conflictos comunitarios repercuten en
otras áreas como el civil, familiar, penal, laboral entre otros, ya que, al no ofrecer una convivencia
pacífica, los enfrentamientos entre las partes provocan que se sientan lastimados frente al temor, que
destruye la confianza, por la ignorancia, por el protagonismo y por la imitación, que van contra los hábitos
de obediencia ciudadana indispensables para que el gobierno cumpla con eficiencia su misión. Platón,
citado por (García Maynez, 2008), en el sentido del mal en Platón señala que la ignorancia es la causa de
todos nuestros males.
Por tanto, el presente artículo tiene como objetivo analizar, desde la perspectiva práctica,
de la aplicación las disposiciones normativas que se aplicables para la prevención y transformación de la
gama de conflictos derivados de la convivencia vecinal. tanto en la Constitución Política de los Estados
154 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Castro Alvarez, F.

Unidos Mexicanos en adelante CPEUM (CPEUM (1917), (2017); del Código Civil del Estado de Nuevo
León; en adelante (CCENL, 2019) la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias
para el Estado de Nuevo León , en adelante (LMASCENL, 2017); Ley General de la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia en adelante (LGPSVYD, 2021) esta última, está vinculada con la
participación ciudadana y comunitaria, las anteriores solo están vinculadas con la mediación en general.
Con el análisis de estos documentos normativos de estas leyes se determina que limitan su
aplicación debida que estos conflictos son para que se resuelvan a través de la mediación comunitaria y
ninguna de estas leyes precisa. Por tanto, estos conflictos que aparecen en un conflicto comunitario que
son los manifiestos, latentes, reales, irreales, de causas intangibles, Intervecinal, intergrupal,
multicultural.
Según Redorta (2021), cada conflicto es una opción que trae un cambio, lo refuerza Lederach
(2009, pp.1-83), cuando refiere que el conflicto es el motor de cambio de una sociedad. Ambos autores
coinciden en que los conflictos conllevan un beneficio para los intervinientes en su dinámica, de manera
que al final del día son motores de cambio en lo individual y lo social, que no resolvería totalmente por
lo señalado con antelación. A continuación, se describen cómo fueron detectados estos conflictos en
comunidad.
Como se percibe en la tabla 1 y que debe tomarse en cuenta. El origen del conflicto (tipo) se
puede observar desde varias perspectivas para poder visualizar no solo el conflicto que aparece, sino lo
que realmente está causándolo, la interconexión con otros conflictos y las personas que lo originan, el de
observar y estudiar factores con los que se relaciona, o de las personas y situaciones que se presentan y
de la forma que estas influyen.
Los antecedentes actuales de los estragos producidos rebasan cualquier antecedente histórico.
Debemos de tomar en cuenta que el conflicto y delito debilita la solidaridad y responsabilidad de la
sociedad, por lo tanto, la justificación al enfoque de esta investigación científica es relevante por su
aplicación y enfoque y el uso para obtener excelentes resultados del mismo.

Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

155

�Castro Alvarez, F.

Tabla 1
Tipologías del conflicto con base en la revisión de material de diferentes autores, y como están presentes
en los conflictos vecinales
Tipología del
Conflicto

concepto

Como se detecta en el Conflicto Comunitario

Manifiesto

Se da cuando las partes manifiestan la
causa que según estos han generado
como conflicto (causas claras y
manifiestas).

Se pone de manifiesto, cuando sucede un accidente
automovilístico, es manifiesto que están el automóvil
chocado y el que lo chocó.

Latente (causas
enquistadas no
han salido a la
luz).

Cuando obedece a causas no declaradas,
no expuestas, percepciones diferentes de
las partes sobre determinadas situaciones
en las que todos saben que ahí está la
discrepancia pero no lo declaran.

En la comunidad los amigos, que por años han, convivido no
se hablan ninguna de las partes externa o dialoga porque fue
conflicto por qué su actitud. El conflicto está latente y puede
explotar en cualquier momento.

Real

Se basa en las diferencias cuando existen
culturas divergentes, contrarias o en su
caso con la rivalidad.

Se da con respecto a la religión, preferencia de equipos de
futbol, siendo lo correcto respetar su preferencia, que cada
uno tenga.

Irreal

(Solo existen suposiciones). Esto se da
cuando existen los malos entendidos,
prejuicios, percepciones equivocadas,
una deficiente comunicación entre las
partes, que son elementos propios de este
tipo de conflictos.

En las convivencias vecinales, Las apreciaciones de los
conflictos erreales de las partes sobre la existencia de
problemas inexistentes están basadas en estereotipos,
rumores, comentarios, chismes mal intencionados, vivencias
pasadas, que se dan mucho en las convivencias familiares y
vecinales. etc.

De
causas
Intangibles

Son conflictos intangibles que no se
palpan, conflictos que a simple vista no
se perciben, no existen, sin embargo ahí
están.

Estos se perciben con respecto de bienes inmateriales, poder,
religión, ideología, bienestar, confianza.

Como puede apreciarse en la tabla, la
tipología del conflicto se relaciona
perfectamente con los conflictos en el
ámbito de la Mediación Comunitaria
como consecuencia de la convivencia en
comunidad,

Por ejemplo los vecinos de la calle Padre Mier del centro de
la ciudad de Monterrey, tienen 20 años de conflicto a causa
de un árbol, que según relata la afectada es porque su vecina
sembró un árbol de tipo fresno en su patio, que fue creciendo
y fue dañando su propiedad, cuarteando las paredes de su
vivienda, la negación de una de las partes y la desesperación
de la otra les ha llevado este tiempo sin resolver su conflicto;
la mediadora Daniela González comenta a la televisora local
Multimedios que los pleitos de vecinos forman parte de los
conflictos urbanos y que son bastante comunes. (Mier 2016).

Esto se da cuando las personas son de
diferentes culturas, de diferentes lugares,
costumbres,
modismos,
comportamientos, lenguaje, etc.

En México existe una amplia variedad de etnias a través de
la geografía nacional que se interrelacionan con sus leyes,
usos y costumbres. Es un hecho que en una comunidad
donde la convivencia es continua como dentro de la familia,
la escuela todos estos conflictos son el pan de cada día

Intervecinal
barrio

de

Las
partes
(multicultural –
etnias).

Fuente: Elaboración propia (2021).

156 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Castro Alvarez, F.

2.-FUNDAMENTO TÉORICO
Mediación Comunitaria y los antecedentes y los normativos en la actualidad en México y otros países
Para comenzar con respecto a la normatividad, señalaremos que es interesante observar en este estudio
que en México no existe una Ley de Mediación Comunitaria como tal, en este contexto solo son
aplicables las leyes generales para regulación de la mediación comunitaria a través del (CPEUM (1917),
en el artículo 17; (LMASCENL, 2017); y en cada Estado de la República según sea el caso, también
puede aplicarse la (LGPSVYD, 2021), señala en el artículo 3º. Fracción VIII. «Proximidad. Comprende
la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos
humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como
del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios» (2014) se refiere a la seguridad no a la
mediación, ni su proceso de mediación sus etapas, principios o aplicación. O ceñido a la sesión
informativa. A diferencia de otros países como España, Chile y Panamá que, si cuentan con una ley
específica de la mediación comunitaria y su aplicación para descongestionar el sistema administración
de justicia colapsada a finales del siglo XX, del mismo modo debe de crearse una ley específica al
respecto para la aplicación en la mediación comunitaria en el Estado de Nuevo León.
En la tabla 2 se enuncian las 5 fases del proceso del conflicto, concepto y factores por el que
surgen los conflictos y el como si, se pueden resolver a través de los Métodos Alternos para la Solución
de Conflictos (en adelante MASC).
Tomando en cuenta la tabla 2, realizamos una fórmula para la desescalada del conflicto:
Desescalada: Aplicación y cumplimiento de las normas + ejercicio de valores + escucha activa
+ comunicación (diálogo) + intereses y necesidades cubiertas de los intervinientes.
Esto se logra con la práctica de los MASC, a través de la mediación comunitaria, como
herramienta de éxito.
En suma, el vocabulario representa un recurso y una fuente del conocimiento en cualquier barrio
o comunidad como forma de comunicarse, que algunas veces es la nociva comunicación la que provoca
los conflictos, (Lederach, 2009, pp.1-86). Describe además el mismo autor al término como «red», como
el conjunto de relaciones de amistad y convivencia familiar, y social, convivencia que tiene una persona
o grupo y que algunas veces sirven de apoyo y en otras de tropiezo.
Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

157

�Castro Alvarez, F.

Tabla 2
Fases del proceso del conflicto diseñado con las faces, concepto y factores que provocan los conflictos
comunitarios
Fases del conflicto

Concepto

Factores que
comunitarios.

Surgimiento

El surgimiento, es cuando se presentan las
condiciones de discrepancias y controversias
y la falta de acuerdo y un potencial conflicto
se transforma en uno real.

Esto generalmente surge por la convivencia
continua, la falta de cumplimiento del
ejercicio de las normas vecinal para una
convivencia armoniosa, se basa en valores
como la solidaridad, tolerancia el respeto, la
responsabilidad mutua y la cooperación.

Escalada (Crisis)

En esta fase cada una de las partes intenta
prevalecer sobre la otra sometiendo a cada
una de ellas, no reconociendo su error,
argumentando que la culpa del conflicto la
tiene la otra parte, que ellas están bien. En
esta etapa encontramos que el conflicto tiende
a empeorar

En esta etapa se observa cuando después del
surgimiento del conflicto, las partes están
molestas, discuten, se alteran y entre más
hablan más se alteran, en este punto las partes
pueden llegar a la violencia física, inclusive al
homicidio.

Desescalada

En esta etapa la situación es difícil de
gestionar y en algunos casos empeora y
termina por desecharse toda posibilidad de
encontrar una solución no adversarial al
conflicto, para desescalarlo se requiere
diseñar el proceso siguiente

En este punto el dialogo entre las partes
funciona para desescalarla, el conflicto va
bajando, pero de ninguna manera quiere decir
que el conflicto se terminó, solo bajo, entonces
se tiene que realizar el proceso de mediación
comunitaria o alguno de los MASC para
resolver el conflicto.

Proceso para controlar la
crisis
del
conflicto
Utilización
de
la
mediación, negociación
conciliación, arbitraje

Método Alterno
Conflictos

Para ayudar a solucionar el conflicto a través
de un tercero neutral.

Resolución del conflicto

A través de un convenio, o terminación al
ponerse de acuerdo sobre el conflicto.

para

la

Solución de

provocan los conflictos

Donde los intervinientes resuelven su
conflicto en forma voluntaria quedando
satisfechos con la solución que ellos mismos
aportan.

Fuente: Elaboración propia con base a Josep Redorta (2021).
Con la mediación comunitaria se pretende volver a conectar las relaciones que se han fracturado
y dignificar la relación que han terminado en conflicto, la controversia, en la que recae el proceso de
mediación aplicando los principios de ética, refiere la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 en adelante (DUDH, 1948).

158 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Castro Alvarez, F.

La declaración se refiere a la «dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana»
luego afirma art. 1º. todos los seres humanos nacen libres e iguales en su dignidad y derecho respetando
la autonomía de las partes, que se obre de Buena Fe, y aplicando los principios de los MASC, como la
Voluntariedad, el Consentimiento, la Imparcialidad, Confidencialidad, Neutralidad, Honestidad,
Flesibilidad, Legalidad; proporcionando el servicio gratuito en los centros de mediación estatal y
municipal, en donde las partes en conflicto pueden acudir, ademas de los centros de mediación privado
que existen los cuales tienen un costo. (Aiello de Almeira, 2016, p.13).
Incidencias y tipologías de los conflictos comunitarios
La incidencia en la mediación comunitaria. Esta incidencia como prevención del delito se expone
potencialmente a una cantidad innumerable de discrepancias que, en algunos casos, son tan cotidianas y
que, por lo tanto, se vuelven invisibles, se ven como normales sobre todo por la parte que las provoca,
siendo para esa parte una situación normal ya que no lo detecta como conflicto. Estas discrepancias nacen
en un nivel primario de la relación del individuo con los demás (Ormachea Choque, 2016, p. 16).
También se originan como consecuencia de la convivencia vecinal en comunidad como es el caso
de lidiar con alguien que tira la basura en la calle, con el vecino ruidoso festejando el triunfo de su equipo
favorito a altas horas de la noche, el estacionamiento que se invade o la falta de respeto en la convivencia
de las áreas comunes en un condominio por el uso de la lavandería, la cancha deportiva, la suciedad
generadas por las mascotas, el taconeo de la vecina del departamento de arriba y de problemas
interculturales entre otros (Zamor Arturo, 2017), En este artículo, se pondera la mediación comunitaria
como un proceso viable de resolución de conflictos vecinales sin tomar en cuenta aún los conflictos
interculturales.
El procedimiento y la susceptibilidad de la mediación comunitaria
En México la mediación es un procedimiento autocompositivo de solución de conflictos con un tercero
imparcial que guía a las partes a conseguir restablecer una relación y comunicación constructiva,
logrando que ambos intervinientes obtengan sus intereses y necesidades de manera satisfactoria a través
de principios y normativa (Gonzalez Martin, 2013).
El procedimiento se inicia si se determina la vialidad de la medición cuando:

Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

159

�Castro Alvarez, F.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de (LMASCENL, 2017), no todos los casos en disputa
son susceptibles de mediar. Señala el mismo artículo arriba señalado, que podrán ser objeto de un
mecanismo alternativo los asuntos vecinales, comunitarios, familiares, o colectivos y en general
todas aquellas controversias en que las obligaciones derivadas de su solución puedan ser de
contenido moral o social LMASCENL (2017).
Con referencia al procedimiento, que señala la norma antes mencionada que el mediador, antes
de cualquier procedimiento de mediación en cualquier contexto, hay que realizar la logística, la estrategia
y lo reafirman los autores (Gorjón Gómez &amp; Steele Garza, 2012, p. 111), la vialidad, la estructura y el
«Check list» del Discurso de apertura de la mediación en adelante (DAM) etapa que se aplica al iniciar
una mediación, seguido de la etapa de recopilación de información, detectar intereses y necesidades,
agenda, generación y recopilación de opciones que aportan los intervinientes para resolver su conflicto.
En tal sentido, deben de cumplirse las etapas para que se lleva cabo en un proceso de mediación;
elementos que a continuación se describe.
Ventajas y conceptos de la mediación comunitaria
Con relación a las ventajas en una mediación, se tiene que son muy evidentes las ventajas con referencia
al sistema adversarial (Sanchez García, 2015). Los MASC mantienen las relaciones de convivencia
vecinal; desde su inicio se observa el principio de voluntariedad de las partes, se mantiene el orden social,
se busca una convivencia de paz entre los vecinos, se trabaja enfocado al bien común, se acorta la
duración del proceso, se incrementa la comunicación; así mismo disminuyen los costos económicos; hay
menor costo emocional; es equitativa; se previene el delito; cuenta con principios y reglas definidas; se
concluye el conflicto con el acuerdo por mutuo consentimiento y voluntad de las partes y para dar el
cumplimiento de lo acordado.
Diversos estudios han corroborado que la vía judicial tradicional debilita la relación entre las
partes; utiliza la lógica ganar/perder, teniendo un aumentando la antipatía del perdedor; queda una parte
insatisfecha; hay un excesivo desgaste emocional; mayor costo económico; el conflicto queda latente y,
por ende, la resolución tarda más tiempo; es muy probable el incumplimiento de la resolución que se
dicte, pero la mediación comunitaria a diferencia del cauce jurisdiccional tiene las siguientes ventajas:

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Tabla 2.
Ventajas de la mediación comunitaria
Ventajas

Concepto

Voluntariedad de las Partes.

La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana que
va referido a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales.
El concepto constituye actualmente un principio básico en el derecho privado, que
parte de la necesidad de que el ordenamiento jurídico capacite a los individuos para
establecer relaciones jurídicas acorde a su libre voluntad (Gorjón Gómez y Steele
Garza 2012).

Mantiene el orden social.

Es mantener la estructura social, a través de reglas de comportamiento, por sobre
los derechos particulares de cada ciudadano, con el fin de mantener el equilibrio,
la paz y la armonía en la sociedad.

Convivencia en paz entre vecinos.

Tener un trato educado con todos los vecinos cuando se tiene la necesidad de vivir
en comunidad es de vital importancia, respetar las normas y reglas de convivencia
vecinal, facilita la convivencia, ser respetuosos, amables, tolerantes.

Trabajo enfocado al bien común.

Cuando un grupo de personas trabajan enfocados en un solo objetivo que beneficie
a todos (Pérez Porto J. , 2016).

Acorta la duración del proceso.

(Gorjón Gómez y Steele Garza 2012) es la manera de simplificar el proceso,
hacerlo más corto, para beneficio de los intervinientes.

Incrementa la Comunicación.

Si los vecinos están en paz tendrán sentimientos de tranquilidad tendrá la serenidad
para comunicarse, por lo tanto el conflicto hace el efecto contrario Castro Alvarez,
( 2019).

No lesiona los ingresos económicos.

Debido a que no hay juicio y la mediación comunitaria es un proceso corto, se
evitan gastos a los intervinientes, evitando lesionar su economía.

Menor costo emocional.

Puesto que el proceso se resuelve a corto plazo y el conflicto se soluciona con el
acuerdo de ambos, el costo emocional es mínimo.

Es equitativa, es un ganar-ganar.

Es por eso que el costo emocional es mínimo ya que al llegar a un acuerdo y
resolver su conflicto los intervinientes terminan en forma equitativa, es un ganarganar para ambos.

Previene el delito.

Al aplicar la Mediación comunitaria (mediación social) se fortalece la
comunicación entre los vecinos y se empodera a los ciudadanos para que en
cualquier conflicto acudan a la mediación, evitando que un problema leve se
transforme en un delito (Márquez Algara 2013).

Fuente: Elaboración propia (2021). Nota: Datos tomados de varias fuentes (Gorjón Gómez y Steele Garza
2012); (Castro Alvarez, 2019); (Márquez Algara 2013), (UNAM, 2013)
Como se puede apreciar la información para la elaboración de esta tabla, se tomó con la finalidad de
sistematizar las diferentes posturas teóricas, para que quedaran señaladas las ventajas de lamediación
comunitaria con respecto a la vía judicial, principalmente enfocada en la mediación comunitaria, sus
ventajas y factores.

Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

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La mediación comunitaria en la prevención social del delito en México
La mediación comunitaria en México es una Luz para las comunidades violentas (Márquez Algara &amp;
Delgado Macías, 2013), sin embargo, para lograr mejores resultados fue fundamental la elaboración de
un diagnóstico que permita identificar los principales conflictos más frecuentes, riesgos y la forma de
cómo solucionarlos, en donde y cuando intervendría el tercero neutral y cuál sería su rol, para guiar a los
intervinientes para solucionar sus controversias. Es importante señalas que para realizar los diagnósticos
se determinó el tamaño de la muestra utilizando la fórmula para medir una variable en una población,
con una confianza de 95% y un error de 10%. Para ello se realizó con un método aleatorio simple,
considerando cada una de las viviendas del sector determinado, como una unidad de muestreo,
seleccionando al azar aquellas en las que se realizaría la encuesta a cualquier persona mayor de 18 años.
El porcentaje de conflictos encontrados fue de 22%. Se determinó como podía impactar en la prevención
de delitos derivados de la convivencia y relación vecinal. Señalando que en la aplicación de la
metodología mixta se obtuvo un resultado estadístico de fiabilidad del ALPHA de CRONBACH de .897
En relación con los diagnósticos de la criminalidad y la efectividad de la aplicación de la
mediación comunitaria se considera que debe ser implementada desde lo municipal a lo local y nacional.
La mediación comunitaria y su impacto en la prevención social del delito se observa en esta investigación
que es pertinente, ya que los ciudadanos desean tener una vida libre de violencia en que garantice el
orden y la paz social. En consecuencia, es necesario de acuerdo a las garantías constitucionales y la
necesidad del ser humano de vivir con dignidad y libertad, hacer valer el respeto de los derechos humanos
de las personas, así como a la seguridad que es un derecho humano básico en la sociedad urbana,
especialmente en los sectores medios y populares en donde la población se percibe con signos latentes
de violencia. (Cedeño, 2012)
Sin embargo, uno de los principios básicos que deben observarse y aplicarse es el de la ética,
tomando en cuenta que sin este principio sería un riesgo realizar no solo las mediaciones comunitarias o
mediación en cualquier materia sino en los MASC en general. Lo anterior se sustenta en que la mediación
hace referencia un conjunto de acciones constructivas, y de ser aplicada de manera inadecuada sería un
fracaso, ya que al realizar una mediación de forma incorrecta o sin observar principios éticos, se restaría
confianza al proceso mismo. Por otro lado, lo expuesto con antelación acarrea que una persona con una
mala experiencia puede difundir su insatisfacción con más prontitud, en cambio una buena experiencia
se difunde lentamente (Gorjon Gómez &amp; Pesqueira, 2015).
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En suma, partiendo de lo antes expuesto, cabe preguntar: ¿qué es la ética? En tal sentido, es de
advertir, que se trata de una obligación efectiva del ser humano que lo debe llevar a su perfeccionamiento
personal y profesional, el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre mejor persona,
refiriéndose a una decisión interna y libre que no represente una simple aceptación de lo que otros
piensan, dicen y hacen. La ética se considera una rama de la filosofía relacionada con la naturaleza del
juicio moral, que medita sobre lo que es correcto o incorrecto (lo bueno y lo malo) en nuestra sociedad
y en nuestra conducta diaria. Entonces en la mediación además de la ética y los principios, debe aplicarse
la ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias, toda vez que la disposición que pauta
la normatividad a observar con respecto al proceso, etapas, fases, derechos y obligaciones de los
intervinientes y los facilitadores (Montoya González, 2016).
De acuerdo con la información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (en
adelante INEGI), se señala que en el 64.5% de ciudadanos mayores de 18 años consideran que vivir en
las ciudades urbanas es muy peligroso. En la República Mexicana se están experimentando cambios en
el ámbito social, con demasiado estrés y violencia en diferentes contextos, lo que ha modificado la
dinámica social. (INEGI, septiembre-junio 2021). Esto se observa en las comunidades de cualquier lugar
tanto en lo comunitario, como de convivencia vecinal, rural, familiar, laboral y educativa, entre otras. El
análisis y demanda de la sociedad a una seguridad social, da lugar a dos tipos de respuestas a los
gobiernos de las ciudades, a saber: a) Las políticas preventivas apuestan por la acción positiva a los
grupos vulnerables y de riesgo y, b) Los procesos de inclusión y reinserción (Peralta Quintanilla, 2009)
Siendo parte de la idea de que en la impartición de justicia tradicional en México, los tribunales
llegaron a una crisis por la saturación de casos a procesar, el alto crecimiento de los conflictos se agravan
y se transforman en delitos, fue el momento en que surge la necesidad de buscar vías adecuadas de
resolver las controversias, que satisfagan en forma más directa a las partes en conflicto, que le quite
cargas de trabajo a los tribunales y que cubra las necesidades de resolución de controversias que emergen
de la ciudadanía. Por este motivo el Gobierno en sus diferentes instancias se dio a la tarea de crear leyes
y programas, entre los cuales merece destacar la mediación, conciliación y el arbitraje (Gorjón Gómez y
Steele Garza, 2012).
Con respecto a lo anterior, la LMASCENL, (2017) y la (LGPSVYD, 2021), recurre para cubrir
esta necesidad de resolución de conflictos vecinales a la mediación comunitaria como cauce para la
prevención de la violencia y delincuencia, como una herramienta de éxito. En tal sentido, cabe señalar

Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

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que si bien los MASC no se originaron en este país, es de gran relevancia puntualizar, que nuestros
antepasados lo aplicaban a través de los personajes con autoridad, como los sacerdotes, los ancianos, los
jefes de las tribus, los padres y abuelos, entre otros, por lo tanto, ha sido una práctica que se ha venido
experimentando, incluso en la actualidad se siguen practicando, como por ejemplo con la tribu
tarahumara en el estado de Chihuahua existen las Heras &amp; Robledo Hernández, (2017) informe
«gobernadorcillas» que son quienes ayudan a los miembros de su comunidad a resolver sus conflictos,
procurándoles la paz social en sus comunidades en donde todavía se manejan los usos y costumbres
adquiridos a través del tiempo.
Impacto y el bienestar social de la mediación comunitaria como factores y bien común de éxito para
la prevención del delito
En este apartado se hace referencia sobre la necesidad de prevenir socialmente el delito y la manera de
como la mediación comunitaria es un proceso transformador que influye positivamente en las personas
que intervienen, siendo una herramienta de éxito para prevenir los conflictos que se deriven de
convivencia vecinal. El bienestar como un valor intangible que lleve a la felicidad después de resolver
su conflicto a través de arribar o no a un convenio (Gorjón Gómez F. J., Estado y Migración, 2019), el
bienestar, es una de las ventajas que obtienen los intervinientes al concluír su conflicto.
Es necesario la identificación del papel de mediador como agente de cambio, debido que es el
tercero neutral que participara en la mediación para guiar a los intervinientes. El mediador deberá
identificar los factores que generan peligro en los conflictos que pueden poner en peligro la armonía, la
paz y el impacto de bienestar entre los vecinos, siendo los conflictos más concurrentes, los ruidos
elevados, el estacionamiento, el problema con las mascotas o el mal uso de las áreas comunes entre otros
muchos. De tal manera que para lograr una buena convivencia entre vecinos se necesita: compromiso,
buena comunicación, aplicación de las buenas costumbres, aplicación que se mencionan en párrafos
anteriores, así como la comprensión entre ellos.
El mediador como agente de cambio tiene una misión catalizadora de la participación ciudadana
para empoderar a los miembros de la ciudadanía, que acudan a solicita sus servicios de mediación
comunitaria, tal y como he se ha utilizado anteriormente en los «Community Boards», que son las

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Juntas comunitarias en Estados Unidos que tiene un Centro comunitario por cada condado. Con
su participación el mediador tiene a su alcance los conocimientos y las técnicas adecuadas aunado a su
imparcialidad para ayudar a que las partes involucradas en conflictos se concentren de la mejor manera
en sus intereses y en la forma en que ellos necesitan resolver sus diferencias buscando lograr su
satisfacción y visualizándose en un escenario pacífico y fortaleciendo los valores y la relación, el
impacto del bienestar es el de la convivencia pacífica, que conlleve a perfección de las buenas costumbres
y convivencia vecinal y familiar.
Montero Bonilla (2011) señala que el cambio viene dado desde el pensamiento y tiene
repercusión en los hechos, se trata de pensar en procesos pacíficos, de solucionar disputas y crear
expectativas sociales de construcción de paz. Con respecto a las expectativas sociales, a nadie le gusta
mantener situaciones de conflicto, tanto es así que la reacción normal es terminar rápido el problema y
seguir haciendo una vida en forma normal.
Las expectativas es siempre ir en busca de evitar la vía judicial, entonces una alternativa
disponible es la mediación comunitaria que puede ser más efectiva y eficiente para resolver las
controversias que se suscitan en comunidad. Es de importancia creer firmemente en que la disputa se
puede resolver mediante el diálogo y potenciar ésta forma de hacerlo. Ser tolerantes con el ejemplo,
respetar opiniones, empatizar con otras personas siempre buscando una convivencia en paz con la
familia, con los vecinos y en cada entorno en que se desenvuelva el individuo, apoyando en esta
alternativa, se cumpla la expectativa de evitar la vía judicial además de eficientar la mediación
comunitaria.
Un punto esencial a favor de la Mediación vecinal y los Medios alternativos de resolución de
conflictos, es que preservan las relaciones de las partes en conflicto, adquiriendo ellas el protagonismo
del proceso, contando en todo momento con un mediador profesional que se encarga de encauzar el
procedimiento, creando un espacio de diálogo donde pueden expresar sus puntos de vista libremente en
forma pacífica, ya que gran parte de los conflictos se deben a una mala comunicación.
También se pretende con la aportación de esta herramienta, cooperar profesionalizando a los
facilitadores y gestores comunitarios para que tengan un mejor desarrollo con los intervinientes para que
alcancen excelentes resultados y evitar la confrontación, y guiarlos en la autogestión de los conflictos, la
cultura de paz y reforzando las conductas interpersonales, guiándolos en el proceso transformador para
preservar la paz que provoque el bienestar social y relaciones sanas existentes, para que puedan seguir
Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

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disfrutando las ventajas de las recomendaciones jurídicas, comerciales y personales, evitando la
confrontación y la adversarialidad. (Sandoval Salazar &amp; Franco Castellanos, 2020)
Sin embargo, para obtener resultados exitosos se recurre a los organismos existentes en la
comunidad, como son en las colonias junta de mejoras, los comités de desarrollo social, jueces de barrio,
comisariados ejidales en el área rural, entre otros. Su propósito es preservar el orden social y convivencia
armoniosa, las relaciones cordiales entre los vecinos y la paz social, habiendo flexibilidad entre ellos,
intentando hacer ver que toda la comunidad en momentos determinados puede realizar pequeñas
celebraciones puntuales, escuchar la música un poco más alta o tener mascotas en su casa, etc. Tratando
de equilibrar la situación, sabiendo que la convivencia en las comunidades no es sencilla.
En relación a esto y surgen estas situaciones y ocasionan molestias, malos entendidos o
intolerancia, entre ellos, es recomendable que los afectados hagan saber su malestar a los vecinos que la
causan, intentando hacer ver que toda la comunidad en un momento determinado pueda realizar pequeñas
celebraciones puntuales, como escuchar música un poco más alta o tener mascotas en su casa, entre otras
cosas. Tratando de equilibrar la situación, sabiendo que la convivencia en la comunidad no es sencilla.
Aporte Científico
Con el presente trabajo se hace la propuesta de que los tres niveles de gobierno que ya fueron precursores
de la instalación de Centros de Mediación Certificados en el Estado, que continúen hasta que cada uno
de los municipios del Estado de Nuevo León, cuente al menos con uno, beneficiando en el bienestar
comunitario, en el impacto del bien común, en fomentar el diálogo entre las familias y fortalecer la
convivencia entre vecinos previniendo la escalada del conflicto. La visualización del conflicto como un
elemento inherente al ser humano y desde la perspectiva positiva de la visión y estudio del conflicto
derivado de la convivencia vecinal, permite que la comunidad acepte el cambio de paradigmas del
conflicto, como un factor de cambios y oportunidades. Con esto se pretende impactar y generar la cultura
de paz, como una vía para lograr en forma efectiva, la reconstrucción del tejido social, afectada
actualmente por las conductas antisociales y caóticas personales y sociales a nivel global.
De igual forma como se señaló anteriormente, que los mediadores de los centros de mediación,
estén certificado, que no sean personas improvisadas, para que el ciudadano se sienta con confianza para
acudir a resolver su conflicto, además de que el ciudadano se concientice que los malos entendidos y las

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discrepancias pueden resolverse con la ayuda de un tercero neutral llamado facilitador que ayuda y apoya
a las partes a resolver su controversia en forma adecuada. Que sea más recurrente que los ayuntamientos
apliquen LMASCENL (2017), generando políticas públicas que impacten en el bienestar social.
Además, sería favorable para los ciudadanos comunes, que se crearan centros de mecanismos
alternativos en cada uno de los municipios del Estado de acuerdo a la dimensión poblacional que se lleve
a cada comunidad de cada municipio, el centro de mediación comunitario y que se realice la
homologación de todos los centros con el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias del Estado de Nuevo León en adelante IMASCENL. Que sean los MASC los que se
difundan para que impacten en que se resuelvan en forma eficiente los conflictos derivados de la
convivencia vecinal, que se evite la polarización del conflicto y que se evite que lleguen ante las
instancias judiciales.
De igual manera fomentar la formación y capacitación de la comunidad mostrándoles todas las
ventajas, beneficios, bondades de la mediación comunitaria, al mismo tiempo inculcarles la cultura de la
paz. Que la mediación comunitaria como prevención social del delito sea llevada a todas las comunidades
para accesar a ella en forma sencilla, fácil y económica para que cualquier persona pueda abordar y acudir
a solicitar la mediación comunitaria y sirva como vía para ciudadanizar la justicia con el fin de mejorar
las condiciones de vida de la población.
3.-MÉTODO
Diseño
Para este artículo, se siguió una la metodología de carácter mixta, utilizando para este método
Cuantitativo encuestas en escala de Likert, con el objetivo de evaluar a los encuestados, para un análisis
completo del contraste y asociación de variables, el software IBM («del inglés Statistical Packge for
Social Sciences») de «Producto de Estadística y Solución de Servicio» (en adelante SPSS) que significa
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. Con su aplicación en esta investigación facilitó la captura
y análisis de datos a través de tablas, en el cual se aplicaron 27 encuestas para obtener el resultado idóneo
del SPSS. Aportando un resultado estadístico de fiabilidad del ALPHA de CRONBACH de .897 que se
mencionó en párrafo anterior (Castro Alvarez, 2019) p. 276 información de Tesis.

Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

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Tabla 4.
Estadísticas de fiabilidad: Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach α

Válido

Perdidos

0.897

27

0

N de elementos
17

Fuente: Elaboración propia (2021).
Por otra parte, con respecto al Método Cualitativo se realizaron 46 encuestas, utilizando el
software de informática MXQDA para la captura de datos y analizar toda la información recopilada de
las encuestas mediante el cual, se extrae conclusiones de datos heterogéneos que son expresados en forma
numérica. Dado que el carácter mixto y de enfoque documental de acuerdo con (Sáenz López &amp; Támez
Gónzalez, 2014) el enfoque, resulta útil para concluir, basado en evidencias documentadas de autores y
los fundamentos legales como se comentó con antelación al inicio de este artículo, apoyando la
metodología, así como la aplicación de estos instrumentos a ciudadanos y mediadores de diferentes
municipios del área metropolitana de Nuevo León.
Cumpliendo con la perspectiva de conocer el impacto de la mediación comunitaria y la forma de
cómo difundir

como ciudadanizar la justicia, que el mediador cuente con los elementos y

profesionalización, que la mediación comunitaria sea conocida y utilizada por los ciudadanos, y que el
ciudadano pueda conocer la aplicación del proceso, utilización, ventajas y beneficio, de este método
alternos para la solución de conflictos y los fundamentos legales que aplican y que son objeto de la
investigación (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2006, p.63).
Instrumento
Para la recopilación de información necesaria se abordaron para su análisis teórico y metodológico, los
instrumentos jurídicos y métodos alternativos de la mediación comunitaria en México, se realizó una
consulta total de cincuenta y dos (52) entre autores de libros, artículos científicos, tesis, revistas
indexadas, documentos y disposiciones normativas mexicanas para determinar las características del
diseño instrumentado en cada ordenamiento publicado en su mayoría entre 1991 a 2021, los instrumentos
consultados, fue en sentido adversarial no adversarial, jurídico y métodos alternativos de la mediación
comunitaria en México, para determinar las características del diseño instrumentado en cada
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ordenamiento publicados en su mayoría entre 2004 y 2021. De acuerdo a (Vázquez Gutiérrez &amp; Rivera
Hernández, 2014) p. 98 este enfoque resulta útil para concluir, basado en evidencias documentadas, una
interpretación y síntesis de los textos analizados. En este caso, se analizan las disposiciones y los
fundamentos legales de cada uno de los instrumentos, el rol fundamental es el de recolección de datos,
ver la justificación para el planteamiento de las necesidades del estudio de investigación para sustentar
este artículo científico.
Procedimiento
Tanto en el procedimiento metodológico mixto, como el procedimiento de recopilación de información
a través de los instrumentos analizados como los documentos doctrinales y normativos, y todos los
mencionados a lo largo de este artículo y a la información muestra la coincidencia y discrepancia de la
información que aportan los autores que cada uno de los instrumentos, en ellos se identificaron los
elementos enlistados en el punto de referencias todo esto da la oportunidad de enriquecer y le dan
veracidad al resultado que se está señalando en este artículo y aspectos medulares en el que se basó y
respaldó el análisis del planteamiento e investigación, y estrategia para la realización de recopilación de
datos modulares, de este artículo científico, de la mediación comunitaria para ser utilizado como
herramienta de éxito con respecto al éxito de cada una de las técnicas utilizadas, con el fin de obtener
los mejores resultado en beneficio de coadyuvar a resolver y determinar los conflictos mediables en las
materias comunitarios, escolares laborales, familiares, principios y proceso Con posterioridad, se
procedió a integrar de forma ordenada las ideas, exponiendo áreas de oportunidad que requieren
revisión a efectos de su perfeccionamiento.
4.- RESULTADOS
Del estudio de toda esta bibliografía consultada, se muestra la discusión de resultados hartamente
contrastantes de lo que señalan los autores del análisis de cada uno de los instrumentos de cómo se
identificaron los elementos principales sobre los que se respaldó el análisis el cual se comprobaron los
factores y riesgos que hace que sea necesaria la aplicación del procedimiento de la mediación
comunitaria, que se llevan a cabo los principios y proceso. Con posterioridad, se procedió en esta
investigación a integrar de forma cuidada y coherente las ideas de los autores y el lineamiento de leyes
y tratados, los resultados de la información recopilada, que nos muestra las limitaciones con respecto al
resultado del campo teórico consultado, difiere al trabajo realizado en el campo, en el que se muestra
deficiencias entre teoría y la práctica en el campo, donde hay mucha desinformación por falta de difusión

Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

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de la aplicación normativa, dando como resultados más alto en el método mixto aplicado que los
ciudadanos requieren capacitación para saber cuáles son los beneficios, ventajas y el proceso, así tener
realmente confianza en el proceso, que los mediadores y gestores comunitarios estén debidamente
capacitados para tener una real confianza y conocimiento en el proceso de mediación. Consultado de los
conflictos derivado de la convivencia vecinal o y planteándolos como oportunidades para el bienestar
social de cualquier comunidad, donde haya más de un vecino, y que cada oportunidad requieren revisión
a efectos de su perfeccionamiento.
En este punto se observa el diseño metodológico empleado para cumplir los objetivos planteados
desde el inicio del planteamiento del problema, hipótesis, recopilación de información, justificación,
aporte científico, resultados y conclusión.
Por otra parte, se exponen las limitaciones, debido a que no existe la Ley de mediación
comunitaria y la normativa ad-hoc, a esta problemática, debido a que existe la mediación comunitaria,
sus diversos conflictos que pueden detonar en delitos graves, los científicos derivado de la convivencia
vecinal, debiendo plantearlos como oportunidades para el bienestar social de cualquier comunidad, donde
haya más de un vecino, y que cada oportunidad requieren revisión a efectos de su perfeccionamiento.
En este punto se observa el diseño metodológico empleado para cumplir los objetivos planteados
desde el inicio del planteamiento del problema, hipótesis, recopilación de información, justificación,
aporte científico, resultados y conclusiones.
5.- CONCLUSIONES
Si bien es cierto que la proliferación y potencial desarrollo de la mediación en México es muy joven, no
debemos dejar de subrayar que los medios de solución de conflictos en México no son una novedad como
tampoco lo es su regulación a nivel constitucional. El estilo de la discusión es argumentativa, como se
observó con juicios y polémicas, de los resultados propios con otros autores similares de acuerdo con la
revisión bibliográfica e incluir las implicaciones teóricas y prácticas, que la mediación comunitaria se
reconoce como un proceso voluntario que permite que que los intervinientes en colaboración, terminado
el conflicto con un convenio en el cual se plasma sean guiados por un tercero neutral e imparcial, en la
cual ellos generan sus propias opciones de solución de su conflicto y propongan soluciones que satisfagan

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las necesidades e intereses en colaboración, terminando el conflicto con un convenio en el cual se
plasman los acuerdos, obtenidos en el proceso de mediación.
Debe contar con una Ley Especial en la actualidad presenta insuficiencias y limitaciones que
coartan el adecuado ejercicio del derecho de acceso a los métodos alternos, a la justicia no adversarial
tomando en cuenta que se diseñó establecido se asienta en la voluntariedad del proceso, solo en la materia
laboral se cuenta con la obligatoriedad de un método alterno que es la conciliación.
Urge el perfeccionamiento de la mediación comunitaria, del mediador y gestor comunitario para
que las personas involucradas en cualquier conflicto se puedan resolver ahí mismo en la comunidad
donde surgió el conflicto, y que evite trasladarse a una unidad o centro de mediación. Velando por su
interés y necesidad propiciando un bienestar social. Que a través del diálogo y restableciendo el dialogo
se restablezcan las relaciones entre vecinos y la práctica de la convivencia armoniosa y se inculque la
cultura de paz por medio de una «justicia cotidiana»
Finalmente tanto el objetivo planteado en este artículo y la metodología aplicada, fueron
fundamentadas con la revisión documental y argumentación de la revisión documentada a lo largo del
manuscrito, se observó que aunque en cada área de convivencia vecinal tienen características propias y
relaciones sociales diversas, en donde la autoridad puede apoyar, aplicar y difundir la mediación
comunitaria como herramienta de cultura de paz, ciudadanización de la justicia y como vía de bienestar
social como generador de la felicidad, esto como un valor intangible para generar la confianza y armonía
en zonas conflictivas. Es posible resolver sus problemas desde tu propia perspectiva de vida y de cómo
respetar los intereses de los demás, deberían como ciudadanos coincidir en una gran comunidad
respetuosa y solidaria. Así como que el facilitador tenga la capacidad de fortalecer las habilidades
cognitivas, y emocionales de los intervinientes.
También de acuerdo al resultado, se recomiendan investigaciones futuras, con respuesta a los
interrogantes y objetivos planteados además se recomienda investigación sobre:
1. «La profesionalización de los mediadores certificados y gestores municipales»
2. «Los medios idóneos para que se realice la Ley Especial de Mediación Comunitaria y su
reglamento»
3. «y del objetivo planteado y las interrogantes que surgieron de esta investigación»

Mediación comunitaria como bienestar social y generadora de paz en conflictos sociales.

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REFERENCIAS
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http://revpoliticas.uanl.mx/

Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la
protesta social visionado en las amenazas a los derechos
civiles del ciudadano1
Social protest: is it a right or a threat? Analysis of the social protest seen in the threats to
the civil rights of the citizen
William Alfredo, Sierra Gutierrez2
RESUMEN
La protesta social, parte de un derecho de la ciudadanía de poder reconocer de qué forma prevalece
el bienestar general de la población de acuerdo con el cumplimiento de las necesidades mínimas de
los individuos frente a la construcción de un sistema social, político y cultural. El presente artículo
tiene como objetivo realizar un análisis de las amenazas que tiene el ciudadano desde la perspectiva
de los derechos civiles del ciudadano. Como metodología, se utiliza un estudio documental,
cualitativo, con un diseño no experimental y de corte transversal, por lo que estudia con el uso de
bases de datos y estudios, un abordaje teórico sobre la protesta social. Se encontró que, el rol de la
policía nacional dentro de la protesta social se desconecta del fin último de la fuerza pública, que es
brindar seguridad y garantías a la población civil, que solo busca la forma de demostrar que, en el
pueblo recae el poder en forma, de mover económica y políticamente la sociedad, a su vez tratando
de eliminar la desigualdad e injusticias cometidas por alguna minoría particular, por esta razón y en
concordancia con los constantes enfrentamientos entre dos actores de la sociedad como lo son la
población civil y la policía nacional, se halla una evolución de los derechos civiles de los ciudadanos
para garantizar su derecho a una manifestación libre y espontánea.
Palabras claves: Derechos ciudadanos, manifestación, policía, protesta social.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 22/12/2021
Fecha de revisado: 06/01/2022
Fecha de aceptado: 11/05/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

Social protest, part of a right of the citizenship to recognize how the general welfare of the population
prevails in accordance with the fulfillment of the minimum needs of individuals in the face of the
construction of a social, political, and cultural system. The aim of this article is to analyze the threats
faced by citizen from the perspective of civil rights. As a methodology, a documentary study is used,
qualitative, with a nonexperimental design and cross-sectional, so it studies, so it studies with the use
of databases and studies, a theoretical approach on social protest. It was found that, the role of the
national police in social protest is disconnected from the goal of security forces, which is to provide
security and guaranties to the civilian population, which only seeks to demonstrate that, power rests
on the people in the form of moving society economically and politically, in turn trying to eliminate
inequality and injustices committed by some particular minority, for this reason and in accordance
with the constant clashes between two actors of society such as the civilian population and the
national police, the civil rights of citizen are evolving in order to guarantee their right to a free and
spontaneous manifestation.
Keywords: Citizen’s rights, manifestation, police, social protest.

Cómo referenciar este artículo:
Sierra Gutiérrez., W. A. (2022). Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las
amenazas a los derechos civiles del ciudadano. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 175-194.
https://doi.org/10.29105/pgc8.16-9.

Este artículo es producto del proyecto: Nueva Amenaza: la movilización social en perspectiva, financiado por la Escuela Superior de Guerra “General
Rafael Reyes Prieto”. Iniciado en 2022.
2
Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales por la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Profesor-Investigador en Escuela
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Email: William.sierra@esdegue.edu.co. Código Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0640-7907.
1

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1.-INTRODUCCIÓN
Hablar de la protesta social, trae consigo una dimensión que, al inicio de grandes polis, forma de
demostrar que, en el pueblo, pueden existir formas de mover la economía, la política y las diferentes
acciones que se relacionan con el desarrollo de la sociedad, por lo que, busca eliminar la desigualdad e
injusticia cometidas por alguna minoría en particular que tenga un beneficio, no obstante para Rivera,
Ríos, Bustos, Gómez y Varón (2020), describen que, el beneficio particular aprovechándose de los
demás, puede generar una manifestación que comúnmente recibe gran acogida en países de algos niveles
de desigualdad por el principio de libertad del individuo.
Para Manzon (2018), cuanto mayores restricciones hay en los derechos, mayor habrá una
oposición a esa restricción, porque la sociedad se encuentra en la búsqueda de conseguir un equilibrio y
la reducción de las inequidades sociales contrastado por la protesta.
Del mismo modo, en la actual sociedad de control la nueva economía de poder se encuentra
marcada por la ideología política del neoliberalismo desde donde se legitima la economía capitalista, que
no da respuesta a las diferentes problemáticas sociales y económicas, por el contrario, las agudiza e
incrementa, generando la protesta social como por parte de los movimientos sociales. La reproducción
del sistema de dominación ha construido la necesidad de la seguridad contra el terrorismo, y hace uso de
dispositivos de control para mantener y legitimar la dominación en la sociedad, uso de dispositivos tales
como la criminalización de la protesta social.
Del mismo modo, es natural que el sector defensa preste asistencia militar a las autoridades civiles
que ven desbordada su capacidad de control, pero mientras las dictaduras reprimen, persiguen y
criminalizan, las democracias

liberales se apegan al derecho internacional de los derechos

humanos y al derecho internacional humanitario, pero, en todo caso, viéndose obligadas a respetar la
integridad del Estado y la vida de los ciudadanos.
En consecuencia, las dictaduras logran perpetuarse en el poder mediante el terror, en tanto que
las democracias se ven sometidas a las escaladas de inestabilidad que afectan sensiblemente su desarrollo,
con lo cual, es apenas natural que requieran de ejercicios intelectuales para: (a) descifrar la nueva
amenaza; (b) estudiar escenarios distintos al suyo; y (c) hallar mecanismos de anticipación y respuesta
para atender las demandas legítimas de los ciudadanos al tiempo que sancionan a los transgresores
organizados.
176 Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano.

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Por ello es que la protesta social no solo podrá ser concebida como un derecho colectivo de la
ciudadanía y de las personas en general sino en virtud de los últimos acontecimientos, como un factor de
amenaza a la seguridad, que, si bien podría ser bajo esta figura, lo cierto es que en la mayoría de casos
se desdibuja y solo es un medio para ocultar oscuras acciones e intenciones por parte de desadaptados.
Y es que, Un Estado Social de Derecho debe apuntar a que las necesidades de sus ciudadanos sean
satisfechas por las vías institucionales, asegurando democráticamente que no exista la necesidad de la
reclamación. Sin embargo, esto dista de la realidad, con la crisis del estado de bienestar, los canales
institucionales no bastan para dar solución a las necesidades de la población, de tal modo que surgen
grupos de protesta social que no es más que la ciudadanía protestando por vías distintas a las
institucionales. que buscan un funcionamiento efectivo de las mismas para que se le resolución a
problemas sociales, Colombia no ha sido la excepción a la presencia de las protestas sociales, con una
alta presencia de la comunidad indígena y campesina en la protesta social ante las implicaciones
anteriormente mencionadas en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, grupos de protesta
social que se han expresado mediante marchas, toma de carreteras, reuniones masivas en plazas públicas,
etc.
Por lo tanto, el propósito del presente artículo será el estudio de la protesta social en su
integralidad, y que, si bien en su esencia es un derecho, no es menos cierto que hoy en día, y con los
últimos acontecimientos en Colombia, se ha tornado una amenaza para la seguridad ciudadana, como
también, en un fenómeno que afectó importantes sectores económicos, generando desabastecimiento de
alimentos para principios de este año. Para ello, enfocaremos una conceptualización inicial sobre la
protesta social.
2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El ejercicio del derecho a la protesta, entonces, se encuentra contemplado en un marco jurídico que le
permite un campo de acción en lo legal, pues un Estado Social de Derecho debe permitir el ejercicio del
derecho a la protesta ya que esta busca la reactivación del correcto funcionamiento de la institución.
Desde cierta perspectiva la protesta social se va a encontrar íntimamente relacionado con la idea de la
resistencia y la rebelión, así como de desobediencia y el delito político. Se dirá que la resistencia y la
rebelión han pasado por distintos momentos, en una parte inicial estos se reconocían como derechos, es
el caso del derecho a la rebelión, o derecho a la revolución o derecho de resistencia a la opresión, el cual
es un derecho que ha sido reconocido a los pueblos a nivel internacional, donde los pueblos pueden
rebelarse frente a los gobernantes o estados ilegítimos, dando la posibilidad de la desobediencia civil y
Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano. 177

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el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y ser reemplazados por gobiernos que gocen de legitimidad;
en un segundo momento se le ubica en el campo del tipo penal y se le asume como conductas punibles
que tienen un tratamiento especial; posterior al 11 de Septiembre del 2001 se ha ingresado a un tercer
momento imprimiendo a la geopolítica mundial el terrorismo y la doctrina norteamericana de la
seguridad, todo aquello que altere el orden debe ser perseguido y reprimido ya que representa una
amenaza para la seguridad.
Para la comprensión de la protesta social, es necesario entrar en el campo del derecho, la protesta
misma es la forma de llamar la atención pública y de las autoridades sobre el conflicto o las necesidades
cuya satisfacción se reclama. En su desarrollo orgánico la protesta social pasa por 73 varias etapas que
le dan elementos para su configuración, su intencionalidad es la generación de un impacto público que
le permita hacer visible la problemática, en ese sentido, es la articulación de varios ciudadanos, en
movimientos o grupos que bajo la reclamación muchas veces de un derecho social especifico se abocan
a la movilización, siendo de diferentes formas participe diferentes sectores de la sociedad. Su táctica
puede ser variada y puede tener una combinación de elementos desde la resistencia a la desobediencia,
según el momento que esté viviendo en la protesta.
En el caso de la continuidad Zaffaroni (2005) dirá que como posiblemente “no desaparecerán las
necesidades tan rápidamente como es deseable, el espacio de la protesta seguirá abierto y, seguramente,
se disolverán las organizaciones que no asuman la progresiva identificación con la desobediencia civil y
subsistirán las que sigan avanzando hasta completarla” (p. 23). En el marco jurídico internacional, el
tercer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos estima “esencial que los derechos
humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al
supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. La guerra opaca, como proyecto de
elevada complejidad, tan estrechamente ligada a la participación política no ortodoxa y, en todo caso,
diferente a la guerra popular prolongada o a las llamadas guerras de cuarta y quinta generación, genera
un trauma agudo sobre el funcionamiento de las democracias.
Al haber un régimen de derecho, así como lo reclama la declaración, no cabe dentro de la rebelión
contra la tiranía algo con lo que se pueda suponer un posible efecto de forma eficaz desde lo institucional
al proveer los derechos fundamentales que para El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución
2200A (XXI) del 19 de 74 diciembre de 1966, conocidos también como “derechos de segunda
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generación” se caracteriza por ser un tratado multilateral general que reconoce derechos en términos
positivos, en pro de ser garantizados desde vías institucionales como lo son los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas, los derechos laborales, el derecho a la salud, la educación y a un
nivel de vida adecuado, además de posibilitar la manifestación pública, el reclamo por medios masivos,
la petición de autoridades y acciones judiciales como mecanismos propios para la reclamación y
activación de dichas vías institucionales de no estar funcionando, ello normalmente a razón de una
omisión reiterada y continua del Estado, lo cual permite el denominado derecho a la protesta. El ejercicio
de la protesta se encuentra implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, art. 18
Declaración Universal de Derechos Humanos, en la libertad de opinión y de expresión, art. 19 DUDH y
en la libertad de reunión y asociación pacifica, art. 20 DUDH, presente en tratados, convenios y
recomendaciones que ha ratificado Colombia a nivel internacional. Expreso en la Constitución Política
Colombiana (CPC) en el derecho a la libertad de opinión, prensa e información, se encuentra en el
artículo 20 de la CPC, la no censura esta manifiesta allí. Adicionalmente, el derecho a la protesta se ve
manifiesto en el artículo 37, el cual expresa que el pueblo puede reunirse y manifestarse pública y
pacíficamente.
Haciendo excepción en el hecho de que será solamente la ley la que de manera literal pueda
limitar el ejercicio de este derecho. Así, también en el artículo 56 CPC se garantiza el derecho a la huelga.
No obstante, la reclamación de los derechos por vías no institucionales, muchas veces no están en los
límites de la legalidad, respecto a ello la Corte Constitucional ha dicho que el uso de la violencia resulta
ser inadmisible para fines políticos en el marco de un estado democrático, ya que existen 75 instrumentos
jurídicos para expresar la inconformidad en ese sentido las actitudes violencia o de resistencia a la
autoridad no tienen cabida. Para concluir diremos que el discurso de la seguridad se encuentra soportado
en la posibilidad de nuevos “ataques” y la inminente pérdida de bienestar, convirtiéndose en uno de los
eslóganes más empleados en las prácticas políticas posterior al 11 de septiembre de 2001.
Ahora bien, diremos que en la seguridad se conjugan prácticas, el uso político del miedo, la
criminalización y marginalización, que como se ha mencionado convocan a ceder los derechos de los
ciudadanos a cambio de la seguridad, incluso como dice Angarita (2012) “hay quienes afirman que la
seguridad es un prerrequisito para la existencia de los otros derechos, de lo que se derivaría como
consecuencia práctica el “conflicto de derechos” (p. 33), por ejemplo, entre el derecho a la seguridad y
el derecho a la libertad, a la intimidad, al bueno nombre, a la movilidad, a la organización, etc.. A nivel
global, las políticas y prácticas propias del neoliberalismo, reactivan el uso político del miedo, generando
Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano. 179

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adaptaciones que le permiten tener control sobre el mundo práctico que lo rodea, creando así una serie
de soluciones locales a problemas inmediatos, es decir, directamente sobre el individuo, buscando su
adaptación en la institucionalidad mediante el control y el orden social con una serie de políticas
criminales, que se ajustan al contexto, y que dejan clara una relación íntima que existe con la necesidad
de un dispositivo de control y el marco del mantenimiento de ciertas lógicas y practicas económicas.
Abordaje sobre la protesta social
Protesta social: ¿criminalizada?
La criminalización de la protesta es un dispositivo de control social mediante el cual el statu quo ejerce
el poder, buscando controlar a los sujetos a fin de crear condiciones propicias para la producción,
reproducción y acumulación del capital. Su composición es múltiple debido a que se trata de una red, de
un entramado, de una relación compuesta a su vez de múltiples dispositivos, técnicas, sistemas, procesos
económicos, sociales y técnicos, así como de distintos agentes e instituciones en un juego de relaciones
discursivas y no discursivas en la producción de subjetividades que posibilitan la dominación.
De tal modo que, la criminalización va a contar con características propias de la sociedad de
control y también de la sociedad disciplinaria. Este dispositivo va dirigido a múltiples grupos sociales o
comunidades que hagan resistencia y ejerzan la protesta social. Teniendo en cuenta lo anterior a
continuación, se presentan algunos de los elementos que componen el dispositivo de la criminalización
de la protesta. Mediante el dispositivo legislativo y sus dinámicas de sociedad de control y de seguridad,
neoliberalismo tiende a ampliar el espectro normativo de lo que se puede criminalizar, evidente ello en
la mayor creación de legislación que apunta a tipificar delitos que vayan contra el ejercicio de poder
imperante, lo que se puede caracterizar como la represión jurídica, donde la lucha contra el delito es una
lucha también contra la resistencia y es un mecanismo de exclusión de la pobreza desde la creación
normativa.
Y es precisamente en virtud de esos tres factores que las democracias liberales producen unos
mecanismos de adaptación, superación y prevención mediante los cuales absorben y disipan las
intenciones de sustitución violenta perfeccionando, al

mismo tiempo, sus conectores de autoridad

inclusiva, participación ciudadana e innovación política (UNDP, 2016). Tales ajustes, que a veces se
practican más tarde de lo esperado, comprenden una serie de prácticas comunicativas, solidarias,
productivas y, en todo caso, armoniosamente defensivas que desenmascaran a los violentos,
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empoderando al

ciudadano para que se convierta así, intersubjetivamente, en sujeto histórico activo

y autónomo (Rossi, 2020).
Se denota que, en la actualidad los delitos que tienden a tipificarse apuntan a la sanción del
colectivo, a saber que en el derecho penal moderno se habla de individuos, evidencia de ello es que el
CPC sanciona a la persona natural de forma individual, no obstante, al existir la imposibilidad de que la
calle sea bloqueada individualmente, se criminalizan las acciones cometidas por muchos ciudadanos
indignados, la protesta y la movilización en las calles ha sido criminalizada y el colectivo también, sopeso
de tratarse de un derecho legítimo. En Colombia se encarcelan individuos que representan colectivos
para sancionar al colectivo, constituyéndose y tipificándose delitos que tienen por fin encarcelar sujetos,
pero colectivamente.
Una vez tipificado el marco normativo, es decir, creado desde el legislativo un marco legal, se
genera una legalidad de la represión, aplicada para la normalización de comunidades o individuos que
no estén de acuerdo con el consenso, como se ha señalado anteriormente es propio del neoliberalismo la
cooperación entre lo judicial y lo policial, más aún esta tuvo una reconfiguración, virando hacia el
discurso de la seguridad nacional, una respuesta de corte militar para enfrentar al terrorismo.
La represión encuentra su monopolio en el Estado, y por ende contará con la legitimidad para el
ejercicio de la misma, llevará a cabo la criminalización de la protesta social desde un marco legal que
“soporta” la aplicación de la violencia física, se explaya especialmente en espacios callejeros, su
ejecución está constitucionalmente legada en instituciones como las Fuerzas Militares, la Policía
Nacional, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) o el INPEC (Instituto Penitenciario y
Carcelario). Muchos son los casos en que posterior a la represión física la protesta social es sometida a
la esfera de lo jurídico, y esta es quizás una de las constantes de la criminalización, pues en el sentido
estricto es el acto de considerar a una conducta propia de ser juzgada judicialmente por ser de índole
criminal.
La judicialización es llevada a cabo por el dispositivo judicial y será ejecutada por el monopolio
del poder. Posterior al hecho de la protesta la autoridad investigadora da forma al hecho delictivo,
normalmente se vuelve débil la relación del hecho de la protesta con el delito, pues se aísla la penalización
de la comprensión de los actos que originaron la protesta social, para posteriormente ser juzgado bajo la
estructura judicial de la jurisdicción penal ordinaria colombiana. Este elemento tiene mayor desarrollo
en el acápite de “la política criminal en Colombia como estrategia de control”
Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano. 181

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En la judicialización de la protesta social por vía jurídica, se presenta una clara violación de la
seguridad jurídica como constante en Colombia lo que se conoce coloquialmente como “falsos positivos
judiciales”, en los cuales se llevan a cabo juicios viciados por parte de los jueces, violación de garantías
jurídicas en la integración de las averiguaciones previas, detenciones ilegales, declaraciones ilegales,
manipulación de pruebas contra los detenidos, allanamientos ilegales, actos de tortura y condenas
excesivas.
Política gubernamental y contextualización
En el campo expuesto, el agente, es decir, el sujeto cobra fundamental importancia para comprender
dichas relaciones, los agentes aquí son, por un lado, los agentes del Estado, los agentes paraestatales y
finalmente los agentes miembros del movimiento social y popular y del pensamiento crítico, que son los
criminalizados. Teniendo en cuenta lo que dice el Restrepo (2001), de acuerdo con la focalización de los
agentes de represión, en donde existe una estructura paramilitar para el desarrollo de una política criminal
real, oculta y paralegal que desarrolla la pobreza y se opone al liderazgo sindical.
Por otro lado, con respecto a la focalización de los agentes para la represión: La estructura
paramilitar diseñada, Ahora bien, esto debe comprenderse en el marco neoliberal, porque desde la
perspectiva de autonomía y ordenamiento, es necesario construir una percepción dentro de los agentes y
las fuerzas del gobierno nacional. En el campo de batalla se produjo el triunfo de las fuerzas neoliberales,
a su vez, fueron revestidas de legitimidad, ya que como afirma Garland (2005) que, con el paso de los
años, el control del delito y hacer justicia, denota un margen de inseguridad que tiene la población que
se conecta con las libertades individuales, pero, se desarrolla al tener controles sociales débiles.
Se denota que necesariamente coexisten luchas, generándose confrontaciones sociales, en disputa
por los derechos humanos, la democracia, la distribución de la riqueza, razón de la marginación y
exclusión social. En la medida en que se agudiza dicha pobreza y es en este contexto que surge la
criminalización de la protesta. Para el caso colombiano, los distintos agentes de la protesta social, ya sea
en las mingas indígenas, en los paros campesinos o en la construcción académica de pensamiento crítico,
representan una lucha por capitales en lo simbólico y físico que les ha posibilitado una ganancia de fuerza
como jugadores del campo, obligando a los agentes del Estado a concebirlos como agentes validos que
también pueden llegar a incidir en la definición de la reestructuración de posiciones en el campo de lucha;
lo que necesariamente pone en peligro el estancamiento del campo social como modo de reproducción
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del principio de dominación dominante por parte de las elites en juego, al llamar y acompañar la protesta
social contra los Planes de Desarrollo Nacional y necesariamente los acuerdos internacionales con el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional; y, puntualmente con políticas económicas o
encaminadas a la economía, con gobiernos como Estados Unidos y otros.
Todo en el marco de exigencias concretas de derechos contemplados en la constitucionalidad de
Colombia, sumado a un contexto de ruralidad y conflicto permanente que da cabida a las ejecuciones de
“Planes” desde el aparato paraestatal. Estas acciones de protesta social se ven como actos de rebeldía que
alteran la “paz” ciudadana, alteran el campo, haciendo “necesaria” la seguridad, de acuerdo a lo anterior,
se crea el concepto de seguridad democrática, seguridad pública, seguridad ciudadana y conceptos como
“la limpieza social”, con las que hoy en día se encuentran denotados como llamados de control,
monitoreo, seguimiento y rastreo de datos que permitan inspeccionar y juzgar sobre la actuación de los
individuos de acuerdo a los intereses que conservan los individuos que lideran el desarrollo de un
concepto de un “ciudadano de bien” o un “buen ciudadano”
De acuerdo con lo anterior, desde la perspectiva de la libertad, el derecho, la automatización y la
creación de nuevas definiciones desde lo económico, social y político, se construye una economía de
poder que de forma inteligible criminaliza la protesta al encontrarse en la disposición de las relaciones
de poder.
La estrategia del poder dominante tiende a buscar el consenso social en el establecimiento de una
sociedad y economía neoliberal, de tal modo que para aquellos que no se dejen seducir, se les aplica
dispositivos de control que comprendan violencia física y exclusión. Como se hizo evidente en los casos,
la criminalización de la protesta como dispositivo va a estar compuesta a su vez por distintos dispositivos,
siendo esta múltiple en su composición. De tal modo que en su interior va a comprender dinámicas
propias de la inclusión, que gestionan la criminalización de la protesta como es el caso de la creación de
límites de tolerancia en la economía de poder, donde se permite la protesta social mientras que está no
ejerza fuerza, no ejerza poder para entrar en la lucha del campo en la medida de estructurarlo, una
característica muy propia de la sociedad de control que cede ciertas garantías y libertades, no obstante,
mientras no alteraren la relación o amenacen el orden imperante estas serán toleradas. Tolerancia que se
viste de respeto a algunas reivindicaciones de los ciudadanos en su libre ejercicio de asociación, libre
tránsito, libertad de expresión, entre muchos otros. Así pues, la exclusión, es decir, los procedimientos y
técnicas de tipo judicial y penal que disgregan al sujeto serán entonces aplicados hacia aquellos que no
se dejen seducir, como es el caso de la aplicación de la cárcel como dispositivo, donde para el caso
Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano. 183

�Sierra Gutiérrez., W. A.

colombiano, el encarcelamiento tiende a no cumplir con debido proceso, ser violatorio de la seguridad
jurídica y la alteración del material probatorio, se caracteriza por la injusta aplicación de justicia y ser
violatorio de los derechos humanos.
Entonces, queda claro que en Colombia, el pleno ejercicio de la democracia no es un derecho,
mucho menos el ejercicio del pensamiento crítico o la defensa de los derechos humanos, como se ha
reflejado, siendo evidente hasta el momento, que contrario a ello se expresa la criminalización de dichas
subjetividades mediante montajes judiciales como instrumentos de persecución y criminalización ya que
construyen elementos de índole jurídica, normativa, bien sean desde el aparato estatal o el paraestatal, de
lejos se ve la construcción de una política criminal o respuesta estatal a la protesta social que tenga en
cuenta un marco democrático y el reconocimiento de los derechos humanos, más allá de la obligatoriedad
del consenso. En definitiva, se dirá que la política criminal en Colombia mediante la criminalización de
la protesta como un dispositivo, tiene por objeto a los pobres que se organizan para protestar por sus
derechos y a quienes representan eventualmente, una amenaza para el Estado imperante, es decir, quienes
buscan un cambio democrático. Así pues la reacción estatal se encuentra orientada a judicializar y
criminalizar las luchas que vayan en esa vía, sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la
ejecución de la reacción Estatal no se agota solamente en el aparato judicial y las leyes de control, sino
que la política criminal asume la otra cara, la paraestatal-oculta, la que se caracteriza por su efectivo
accionar en la eliminación y desaparición del “opositor”, es decir, son objeto de persecución por parte
del Estado y los grupos paramilitares quienes animados por el establecimiento y con apoyo de la fuerza
pública, por lo que, en el combate, pueden encontrarse hostilidades y problemáticas de abuso contra los
derechos humanos por parte de manifestantes y una reacción por las fuerzas del Estado.
Por otro lado, al contextualizar a Colombia frente a la dinámica de la protesta social, la sociedad
internacional en general y el sistema político colombiano en particular se han visto inmersos en una
creciente utilización de la protesta social.
Algunos episodios han transcurrido en completa normalidad, tal como, en el caso colombiano, lo
contempla el art. 37 de la Constitución Nacional. Por el contrario, otros eventos han estado marcados
por el uso deliberado de la violencia, en el marco de lo que se estudia como participación política
contenciosa (Korotayev &amp; Sawyer 2021). Esta distorsión del derecho a la protesta ha generado una serie
de tensiones crecientes que llevan a comprender el fenómeno como un modelo que va más allá de lo
anecdótico o coyuntural. Son tres las circunstancias que podrían incrementar tales tensiones en una
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�Sierra Gutiérrez., W. A.

dimensión aún mayor que la registrada a finales del 2019, cuando, en el caso colombiano, se presentaron
acontecimientos traumáticos:
a) La transición entre las fases más agudas de la pandemia por la Covid-19 y la etapa de
vacunación masiva

que genera

una relativa sensación de inmunidad general,

motivando así a muchos colectivos a movilizarse;
b) La imposibilidad de reelección presidencial, lo que estimula a diversas fuerzas políticas a
intervenir

temprana y

agresivamente para fortalecer su posición en términos de

reclutamiento, militancia o lealtad.
c) El inicio del periodo preelectoral que, en concordancia con los puntos anteriores, impulsa
tanto a fuerzas

legales como ilegales a desarrollar dinámicas de influencia para

preponderar en la carrera por el acceso al

poder.

En otras palabras, un buen número de agrupaciones harán uso del derecho a la protesta en plena
correspondencia con los preceptos constitucionales; pero otras lo harán apelando a la violencia, es decir,
rompiendo las normas con el fin de controlar el comportamiento colectivo mediante la coerción y el uso
o la amenaza de uso de la fuerza.
La protesta social como desdibujo del derecho constitucional
El concepto de igualdad humana se encuentra relacionado con la pertenencia a una comunidad, cuando
la persona del común entiende que el ejercicio de derechos le otorga un valor para vivir en comunidad
empieza a materializar la concepción de ciudadanía. De este modo la ciudadanía puede desplegarse desde
el punto de vista civil con derechos individuales como la libertad de expresión; político, al participar el
ejercicio del poder político como miembro o elector; y social, al desarrollar su vida en un entorno sano,
digno, con bienestar económico. La redefinición de derechos que conforma cada una de estas esferas, ha
permitido delimitar su impacto en la ciudadanía, sin embargo, los derechos civiles si bien gozan de
protección legal y su defensa está respaldada por acciones tácitamente definidas, no tienen mayor
fundamentación en el desarrollo de la protesta social debido a que estos se adquieren por el hecho de
pertenecer a un Estado. Los derechos políticos y sociales, por otra parte, son objeto de constante lucha al
buscarse su ampliación y optimización, esto debido a que estos derechos implican la participación en los
asuntos del gobierno y que a pesar de que se goce de una ciudadanía formal, no se garantiza la inclusión
de los componentes de la ciudadanía sustantiva, es decir, la participación en lo social y lo político.

Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano. 185

�Sierra Gutiérrez., W. A.

Por lo anterior, se puede analizar que, aunque haya un derecho a la protesta, pero también hay
una serie de derechos, como el derecho a la libre locomoción, al trabajo y otros muchos relacionados con
el libre aprovisionamiento, que van más allá que el simple derecho a la vida, en el medio, hay una
discusión entre el derecho legítimo de reclamar por mejores condiciones de vida y el desbordamiento a
la violencia y del crimen enmascarado en la protesta pacífica.
En este sentido, debe haber claridad sobre los dos conceptos que se relacionan, pero tienen sus
diferencias. La seguridad ciudadana es “el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil
democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia
segura y pacífica” (Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, 2021, pp. 8-13). La seguridad
ciudadana está concebida como un bien público, e implica la protección de los derechos humanos
adscritos a la persona, fundamentalmente, “el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad
del domicilio y la libertad de movimiento” (PNUD, 2014, pp. 1-2). Para el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo:
Seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una
estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de
una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia
eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la
tolerancia. (PNUD, 2014, pp. 1-2)
Por otro lado, el Foro de Profesionales Latinoamericano de Seguridad, define la seguridad ciudadana
como:
La seguridad ciudadana es un tema que se mantiene en un primer lugar de las agendas
nacionales debido a que su antítesis, la inseguridad ciudadana, es el reclamo más constante
que las personas les hacen a las autoridades nacionales o municipales. (Foro de
Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, 2021, pp. 8-13)
En este sentido, “el concepto de Seguridad Ciudadana incluye la idea de la Seguridad Pública,
pero en una acepción más amplia que redimensiona el tema de los Derechos humanos en una visión y
vocación democrática” (Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, 2021). Del mismo modo,
desde la perspectiva de la seguridad pública, es necesario brindar por parte del Estado, una garantía que

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permita la prevalencia de los derechos de los ciudadanos y sus bienes (Foro de Profesionales
Latinoamericanos de Seguridad, 2021).
Lo anterior implica que, de forma armónica, los ciudadanos gozan de derechos individuales, pero,
requieren que el Estado les de las debidas garantías frente a los diferentes procesos, porque este es el
responsable de reconocer la seguridad pública a partir de sus servicios con su propia capacidad de gestión
y control. Para esto, se encuentran las Fuerzas de Seguridad como la policía, estos trabajan en conjunto
con el poder judicial, por lo que, dentro de su misión, se encuentra la aplicación de un castigo estipulado
por la ley, pueden ir desde una multa económica hasta la pena de muerte, según el país y la gravedad del
delito (UNODC, 2010)
Y, la seguridad del Estado, parte del concepto de la fuerza, con la que busca evitar que se
comentan delitos al entregar delincuentes a la justicia y encargarse de dar el debido castigo
correspondiente a la ley (UNODC, 2010, p. 4). Pero, la Seguridad Pública hace parte de la
responsabilidad del Estado, que es la que debe proteger y preservar el orden, con el propósito de
establecer las condiciones y el desarrollo de un entorno proactivo y productivo de la dinámica social.
Cuando se hace referencia a las condiciones de ejecución de la seguridad ciudadana se esta
señalando al “equilibrio que debe existir entre la aplicación de medidas de seguridad preventivas y el
respeto a los derechos y libertades ciudadanas” (fundacionhenrydunant, 2021, p. 30). Pero, se puede
lograr al generar las condiciones sociales necesarias, pero el pánico social, puede agravar la condición
de la seguridad social, porque, la lucha contra la pobreza, el desempleo, la inequidad, la discriminación
social, entre otros factores, resultan escenciales para la generación de una responsabilidad ciudadana por
parte del Estado (fundacionhenrydunant, 2021).
Por otro lado, hablar de la Policía Nacional, es una institución cuyo diseño busca mantener el
orden, entre sus funciones establecidas en la ley 144 del 1992, esta ejercerá autoridad sobre el territorio
de forma especializada de forma eficaz en el cumplimiento de sus misiones en lo prescrito por la ley.
Pero también en el Decreto 575/2021 ( Instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden
público ), o el 003/2021, es decir, el Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del
Estado y la protección del derecho a la

protesta ciudadana pacífica ( Colombia, Presidencia, 2021 ),

un estatuto ampliamente consensuado que, en vez de adentrarse en los escabrosos campos de búsqueda
de “nuevos modelos de seguridad ciudadana”, entiende perfectamente los alcances y límites de la libertad

Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano. 187

�Sierra Gutiérrez., W. A.

de expresión y, por eso mismo, preserva las resoluciones policiales 2903 y 3002, de 2017, diseñadas para
atender mítines o manifestaciones.
Desde la perspectiva de la representación de la fuerza armada del Estado y el gobierno, enviste
la autoridad y el bastión para la protección de sus intereses, y el de la seguridad de sus ciudadanos. Pero,
la naturaleza de sus funciones aborda elementos circunstanciales que pueden tener una interpretación
diferente frente el actuar con respecto al deber ser. Es decir, el abuso policial en Colombia, puede
convertirse en una dinámica que a lo largo de los años puede fortalecerse al abusar del poder en el afán
de establecer orden y seguridad, así como la Protesta social del 20 de abril al 28 de octubre que, en
Colombia pudo haber generado un paro nacional con el que, pueden visualizarse frente a la dinámica de
las problemáticas sociales, una exigibilidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las
carencias que son exigidas donde intervinieron comisiones nacionales e internacionales de Derechos
Humanos (DH), organismos de control, veeduría ciudadana, entre otros actores que también dimensionan
la dinámica del abuso policial frente a un estallido social en Colombia.
Nuevas amenazas a la seguridad
La Escuela de Policía Militar como menciona Cárdenas (2017) señala que la naturaleza de esta entidad
es de carácter preventivo y disuasivo para la defensa de zonas urbanas, identificando las diferentes
conductas punibles que atentan contra la seguridad y la defensa de la soberanía nacional, por ello ante
las nuevas dinámicas sociales y políticas se plantea un refortalecimiento de la Institución. De cualquier
forma, la naturaleza de la Policía Militar hace que sea necesario entender el carácter interno que cumple
la Policía Nacional como garante en primera instancia del orden público, ahora bien, pese a que en un
primer momento el intercambio de funciones sea inviable jurídicamente, el mismo sea posible en razón
del factor de complementariedad, por ello debe tenerse en cuenta:
Habitualmente se buscó designar como policía todo lo referente con la administración interior del
Estado, por lo cual se trató de regular normativamente una serie de actividades y materias, que prometían
tranquilidad a la ciudadanía y que posteriormente desencadenó en la consolidación de una estructura
asistemática, al servicio de gobiernos represivos, que pretendían regular todos los campos de interacción
social. (Becerra, 2010, p. 158)
De acuerdo con lo anterior, al analizar una perspectiva basada en la amenaza para la seguridad,
se puede analizar la asimetría estratégica bien manejada, por lo que Münckler (2003) analiza la forma
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�Sierra Gutiérrez., W. A.

como se derivan beneficios estratégicos mediante maniobras tácticas, los agentes de la movilización
violenta articulan su modelo balanceando

adecuadamente, y según las circunstancias, las siguientes

conductas que, a partir de un fanatismo transversal (Schuurman &amp; Taylor, 2018). Por otro lado, a partir
de la Pirámide de Leuprecht, et. al. (2020, p. 36), se pueden analizar diferentes factores como:
Figura 1.
Las conductas que conforman la movilización social violenta (MSV).

Terrorists

Radicals

Activists

Intert

Personal Moral
Obligation

Justifiers

Sympathizers

Neutral

Fuente: Leuprecht C. et. al. (2020, p. 36). Nota: Conviene agregar que el concepto que impregna
todos los niveles es el de fanatismo.
a) Neutralidad inercial de la población que, frecuentemente, permanece pasiva ante la avalancha
urbana o

rural de los

propiciadores, abstrayéndose en cierto sentido de la realidad, y

dejando solo en manos de las

autoridades el manejo de una situación que podría

transformarse positivamente mediante una contribución ciudadana más tangible.

Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano. 189

�Sierra Gutiérrez., W. A.

b) Activismo por afinidad y empatía ideológica o circunstancial, o sea, los lazos que conforman
un tejido social

de simpatías perversas motivadas por razones ideológicas, espirituales, o

meramente circunstanciales, pero,

en todo caso, suficientes para detonar iniciativas

cada vez más intensas y comprometedoras contra la democracia.
c) Radicalismo auto justificado, es decir, la acción colectiva extremista que no solo rechaza al
otro (al

exogrupo) sino que

pretende emplazarlo o perseguirlo apelando a estereotipos y

prejuicios históricos que dotan al movilizado de una especie de redentorismo iluminado para
transformar la realidad de acuerdo con

parámetros de imposición violenta, y

d) Violencia por obligación compartida, esto es, el uso calculado y consciente de la violencia no
armada como metodología

de intimidación y control social en tránsito hacia un sistema

político diferente al de la democracia liberal occidental.
En la Institución de formación reitera Cárdenas (2017) los miembros deben tener en cuenta
cuando se trata de una protesta que rompe los cánones normativos, por esto es que sea necesario que se
tenga claridad cuando la protesta pierde su carácter de legitimidad, ello es cuando la misma se torna
violenta, y pretende destruir la propiedad privada o pública, vulnerar la integridad física y los derechos
fundamentales de las personas, por lo que el accionar militar sea necesario e inminente, siempre teniendo
en cuenta los principios de proporcionalidad, necesidad, limitación y distinción con la aplicación
instintiva y directa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En este sentido,
Cruz (2015) menciona:
El conflicto armado implica distintos tipos y grados de afectación de la protesta social.
Aunque la guerra no hace que la protesta desaparezca, si fija unos límites, en la medida
en que reduce las oportunidades para la organización y la acción colectiva a deducir como
influye nocivamente el conflicto en un derecho propio y legal; la protesta (Centro de
Educación Militar, 2018, p.110)
La Policía Militar tiene la facultad de restaurar la gobernabilidad y ayudar a restablecer los
servicios básicos de la población para mejorar su calidad de vida, fin que se logra en coordinación de la
autoridad civil competente por medio de la acción y el esfuerzos unificado, enfocándote este último en
el empleo de medios no letales, en la medida que las condiciones y el ambiente operacional, lo permitan,
todo con el fin de salvar vidas, proteger la propiedad y apoyar la recuperación social del territorio.

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Conforme lo anterior se ha señalado el Consejo de Estado y las Fuerzas Militares deberán racionalizar la
fuerza cuando se dan manifestaciones sociales.
3.-MÉTODO
El presente documento tiene un enfoque de investigación cualitativo, para Neil y Cortéz (2017), se basa
en un término con el que se describen cualidades a partir del análisis de datos a partir del desarrollo de
preguntas e hipótesis para la recolección de información afín a nuevos interrogantes en el proceso de
interpretación.
El estudio es de tipo no experimental, en el que el investigador no tiene control sobre las variables
independientes, lo que conserva las características de un estudio dentro de la conformación de grupos
señalando los fenómenos que se determinan en el contexto (Hernández et al., 2014).
Por otro lado, es de diseño transversal, para Hernández et al. (2014), un estudio transversal, busca
observar las variables y recopilar información de un periodo de tiempo específico definido por una
muestra. Es decir, los datos provienen de personas con similitudes en todas sus variables, excepto por la
variable que se está estudiado, por lo que determina cambios dentro de un factor en un conjunto que
conserva características similares
El presente estudio es de tipo documental, por lo que la muestra se enfoca en el análisis de
información teórica, investigativa y parte de la información recolectada desde lo científico en bases de
datos formales e indexadas, por lo que se incluyen artículos y tesis de grado encontrados en Google
académico, SciendeDirect, Proquest, Scopus, entre otros.
Para el procedimiento del estudio, se tuvo en cuenta la teorización de los procesos sociales dentro
del marco de políticas gubernamentales, su criminalización, cómo se vincula con el derecho
constitucional y los diferentes factores que inciden en la generación de seguridad por parte de los
gobiernos.
4.-CONCLUSIONES
En el presente estudio, al analizar la protesta social de acuerdo a la teoría de la seguridad tradicional y
diferentes postulados con los que se puede analizar la actuación policial en Colombia, es preciso
determinar que, existen conductas y desafíos que requiere la sociedad civil frente a los movimientos que
Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano. 191

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implican el deterioro de la constitucionalidad, es decir, el enfrentamiento civil y militar en el escenario
del estallido social, se convierte en un factor que no puede verte como una actuación tradicional que se
politiza y de forma mediática prive de la libertad de expresión o el derecho de la protesta de los
ciudadanos.
Desde la perspectiva de La Constitución de 1991, en materia de ahondar jurídicamente en la
protesta social, el control de la represión, es un resultado que constituye abrir caminos democráticos con
los que se fortalecen procesos de libertad y de derechos. Es decir, el Estado colombiano, ahondó en
concepciones como el Estado Social de Derechos que, de forma normativa, constituye una práctica con
la que se puedan resolver los viejos problemas sociales, políticos y económicos para poder motivar a
brindar las debidas garantías a la protesta social. Pero, a pesar de los intentos de reemplazar la doctrina
militar, existe una visión de un enemigo interno con el que, el ciudadano puede convertirse, al igual que
los grupos armados, como un objetivo policial al atentar contra la seguridad ciudadana al momento de
confrontar la protesta social encontrándose el uso de la fuerza frente al desarrollo de hostilidades por
parte de la ciudadanía, particularmente en la ciudad de Bogotá.
En Colombia, también se reconocen grupos armados guerrilleros y narcotraficantes como
enemigos internos donde, desde la oficialidad de la policía, es donde en el deber ser, es necesario
establecer procesos de desmilitarización, pero también, se desarrollan comportamientos como la pérdida
de la disciplina, pérdida de importancia como fuerza armada, pérdida de poder, pérdida de la
participación en los recursos del presupuesto nacional y pérdida en la ayuda militar de los gobiernos
amigos. De acuerdo a lo anterior la Policía Nacional, ahonda en esfuerzos en combatir con cuerpos
especializados a través de una formación con la que puedan desarrollar su función tanto desde lo urbano
y lo rural, pero, esta reconoce las expresiones sociales equiparadas igualmente como enemigos internos
que, desde la doctrina moderna, por lo que el uso de la fuerza, tanto de los manifestantes, como el Estado,
generan un escenario de hostilidades, donde la agresión puede traer víctimas como menores, niños,
personas de la tercera edad, manifestantes y no manifestantes.
Se observan aspectos como el uso indebido de la fuerza y no generan un accionar que proteja a
los manifestantes como individuos de derecho para que puedan expresarse libremente, sino, que, en los
paros y marchas, se puede encontrar un desvirtúo de la misma donde los principios de uso de la Fuerza
se han desconocido, agrediendo a niños, mujeres, personas de la tercera edad, sean manifestantes y no
manifestantes.
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La violencia, no puede ser generalizada o sistémica, por lo que, es necesario prevenir las acciones
desde las diferentes dimensiones, tanto del protestante, como de las fuerzas militares, para que haya una
debida mediación en el orden público, pero para evitar la incorrecta criminalización de la protesta desde
la evolución de las políticas sociales, constitucionales y la existencia de una solución democrática y
participativa de los problemas sociales. De la misma manera, por parte de la Policía Nacional, no se
reconoce la creatividad y el simbolismo de las nuevas protestas, que parecieran contener un antídoto para
la violencia.
El Estado colombiano, desde la institucionalidad, ha traído procesos de reclamo social que no es
flexible dentro de la protesta para poder velar por los derechos de diferentes problemáticas que se pueden
estar generando en el país, así como demandas por recursos presupuestales, temas vinculados con
recursos de explotación económica, asuntos mineros, peajes en vías, concesiones, sistema financiero y
tratados de libre comercio. Por otro lado, el Estado debe negociar para cumplir con el papel de garante
de los derechos individuales.
También, después de firmado el tratado de paz, el elemento policial y la militarización, se
convierte en un límite que, desde la institucionalidad, requiere la creación de nuevas ideas con las que se
pueda establecer una visualización científica con la que se posibilite un acercamiento a la sociedad, es
decir, poder crear las bases ideológicas para poder establecer procesos de conexión con la ciudadanía a
partir de la evidencia histórica del país.
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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448
http://revpoliticas.uanl.mx/

Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco1
Stakeholders and University Social Responsibility at the National University of San
Antonio Abad in Cusco
Ana María, Venero Vásquez2; Victoria, Puente de la Vega Aparicio3
RESUMEN
El objetivo de la investigación fue identificar la percepción de los Stakeholders internos y externos
respecto a la responsabilidad social universitaria que cumple la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco (UNSAAC). Con tal propósito, se efectuó una investigación básica, cualitativa,
descriptiva y no experimental, con una muestra probabilística de 211 de Stakeholders internos y una
muestra no probabilística de 49 representantes de stakeholder externos. Se aplicaron las técnicas de
encuesta y entrevista. Los resultados evidenciaron que la mayor parte de los Stakeholders internos
perciben que la responsabilidad social universitaria de la entidad es medianamente aceptable en los
cuatro ejes de la responsabilidad social (gestión, formación, cognición y participación social), en
cambio, una parte importante de los Stakeholders externos perciben que la universidad se encuentra
desvinculada de las organizaciones de su entorno local y regional, especialmente en los aspectos de
gestión e investigación, no obstante consideran que la universidad es una organización
potencialmente aliada a sus actividades institucionales.
Palabras claves: Responsabilidad social, stakeholders, universidad.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 25/12/2021
Fecha de revisado: 09/01/2022
Fecha de aceptado: 09/05/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The objective of the research was to identify the perception of internal and external stakeholders
regarding the university social responsibility fulfilled by the National University of San Antonio
Abad in Cusco (UNSAAC). For this purpose, a qualitative, descriptive, and nonexperimental basic
research was carried out, with a probabilistic sample of 211 internal stakeholders and a nonprobabilistic sample of 49 external stakeholder representatives. Surveys and interview techniques
were applied. The results showed that the most of the internal stakeholders perceive that the university
social responsibility is moderately acceptable in the four axes of social responsibility (management,
training, cognition and social perception), on the other hand, an important part of the external
stakeholders perceive that the university is disconnected from the organizations of its local and
regional environment, especially in the aspects of management and research, nevertheless consider
that the university is an organization potentially allied to its institutional activities.
Keywords: Social responsibility, stakeholders, university.

Cómo referenciar este artículo:
Venero Vásquez., A. M. y Puente de la Vega. P., V. (2022). Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 195-222.
https://doi.org/10.29105/pgc8.16-10.

1

El presente artículo constituye un avance de la investigación que viene realizando la autora para optar al Grado Académico de Doctora en Administración
en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, denominada “Modelo de Responsabilidad Social Universitaria
desde la perspectiva de sus Stakeholders en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2019”. Las encuestas utilizadas en la investigación
fueron diseñadas y validadas por la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA).
2
Maestría en Administración por por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco, Email: ana.venero@unsaac.edu.pe; Orcid: 0000-0001-5079-5997.
3
Doctora en Administración por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco. Email: victoria.puentedelavega@unsaac.edu.pe. Orcid: 0000-0002-5800-7569.

195 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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1.-INTRODUCCIÓN
La teoría de los Stakeholders fue planteada por primera vez de manera sistemática por Edward Freeman
el año 1984, en su obra “Gestión Estratégica: un enfoque de partes interesadas”. La definición de
Stakeholder que realiza Freeman es “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la
consecución de los objetivos de la empresa”. Según esta teoría, una organización debe identificar a sus
grupos de interés internos y externos, establecer un diálogo, conocer sus requerimientos y abrir una
relación de intercambio de información, generando efectos positivos en la organización.
Hay quienes matizan el concepto de Stakeholder señalando que puede ser “cualquier individuo o
grupo de interés que, de manera explícita o implícita, voluntaria o involuntaria tenga alguna apuesta
hacha (to stake) en la marcha de la organización” y que pueden condicionar o ser condicionados de
manera directa o indirecta por la actividad de aquella (Fernandez &amp; Bajo, 2012).
Sin embargo, la teoría de los Stakeholders alcanza su mayor reconocimiento en la norma
internacional ISO 26000, cuyo numeral 4.5 señala siete principios básicos en la responsabilidad social
de las organizaciones, dentro de los cuales se encuentra el respeto a los intereses de las partes interesadas,
según el cual una organización debería: a) identificar a sus partes interesadas, b) reconocer y mostrar el
debido respeto, tanto por sus intereses, como por sus derechos legales y responder a las inquietudes que
manifiesten, c) reconocer que algunas partes interesadas pueden afectar significativamente a las
actividades de la organización; d) evaluar y tener en cuenta la habilidad relativa de las partes interesadas
para contactar, involucrarse e influir en la organización; e) tener en cuenta la relación de los intereses de
sus partes interesadas con las más amplias expectativas de la sociedad y del desarrollo sostenible; f)
considerar los puntos de vista de las partes interesadas cuyos intereses probablemente se vean afectados
por una decisión o actividad, incluso cuando no tengan un rol formal en la gobernanza de la organización,
o no sean conscientes de estos intereses.
En la teoría de los Stakeholders, la organización rinde cuentas a los grupos de interés. El
compromiso con los Stakeholders se define como “las acciones desarrolladas por la empresa para dar el
derecho a ser escuchados a sus grupos de interés tradicionalmente excluidos. Este derecho va
acompañado con el compromiso de responder a los requerimientos de los Stakeholders” (Aldeanueva,
2013, págs. 238-239). Es decir, no se trata solamente de identificarlos o escucharlos sino de atender sus
demandas e incorporarlos en el proceso de gestión empresarial.
196 Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

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Pero no es solo en el campo empresarial que el concepto de los Stakeholders ha tenido acogida,
también se ha extendido al ámbito de las organizaciones científicas, educativas y culturales, como puede
comprobarse en las declaraciones de la UNESCO, que desde la Declaración Mundial sobre la Educación
Superior en el siglo XXI realizada en 1998, señalaba que las universidades, particularmente las
universidades latinoamericanas, se han visto convocadas a desarrollar sus actividades en función de los
contextos sociales caracterizados por grandes desigualdades económicas, pobreza y extrema pobreza,
deterioro del medio ambiente, inseguridad y violencia, corrupción de organismos públicos y privados,
etc.
Es decir, la UNESCO y otras organizaciones enfatizan la necesidad de reorientar las
universidades hacia una mayor pertinencia social, lo que implica tornar la mirada hacia sus propios
entornos sociales, sean estos locales, nacionales o regionales, para darse cuenta que efectivamente, el
desenvolvimiento tradicional de las universidades tiene fuertes características endógenas, muchas veces
elitistas, con muy poca sensibilidad por la problemática económica y social de su entorno, y sobre todo,
sin ninguna forma de articulación y participación de los grupos de interés (stakeholders) en el
cumplimiento de sus funciones más destacadas como es la gestión, formación, investigación y extensión.
La ley universitaria peruana N° 30220, promulgada en julio (2014), incluye por primera vez a la
responsabilidad social universitaria como “fundamento de la vida universitaria”, otorgándole a ésta una
categoría conceptual de carácter transversal y aplicable a todas las funciones desarrolladas por la
universidad, señalando además que dicha responsabilidad social es ante todo una “gestión ética y eficaz
del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones académicas,
de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes
niveles y dimensiones” (Art. 124°).
Sin embargo, a siete años de la promulgación de la Ley Universitaria, la UNSAAC no ha realizado
aún un plan estratégico en materia de responsabilidad social universitaria. La inercia conceptual y
operativa propiciada en cierto modo por su Estatuto que la mantiene dentro del marco de una concepción
tradicional de extensión o proyección social, la falta de identificación de los ejes de desarrollo de la
responsabilidad social universitaria, así como la no identificación de sus Stakeholders externos e internos,
hace que se encuentre en desventaja frente a otras universidades públicas o privadas, que han logrado
formular sus modelos y planes estratégicos de responsabilidad social universitaria.

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En este contexto, la presente inestigación, se planteó como problema de investigación: ¿Cuáles
son las percepciones que tienen los Stakeholders internos y externos sobre la responsabilidad social
universitaria de la UNSAAC? En consecuencia, el objetivo de la investigación fue identificar las
percepciones de los stakeholders internos y externos respecto a la responsabilidad social universitaria de
la UNSAAC.
Una consideración apriorística o hipotética es que las percepciones que tienen los Stakeholders
internos y externos acerca de la gestión de la responsabilidad social universitaria en la UNSAAC son
incompatibles entre sí, es decir, que mientras los Stakeholders internos consideran como buena o
aceptable la gestión de la responsabilidad social universitaria, los Stakeholders externos la consideran
insuficiente e incluso ausente.
El conocimiento de la percepción de los stakeholders, constituye la base fundamental sobre el
cual puede erigirse las acciones de gestión, formación e investigación de la universidad si se desea
establecer una interacción con su contexto social, lo que justifica al mismo tiempo la presente
investigación.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Identificación de Stakeholders
Varios autores han tratado de identificar los grupos de interés o Stakeholders de una Universidad desde
su propia perspectiva.
Para Gaete (2015), hay tres niveles de stakeholders, un primer nivel integrado por: estudiantes,
docentes, investigadores, gobierno universitario, centros universitarios; un segundo nivel integrado por
gremios profesorales, centros de investigación, empresas, otras universidades, ministerio de educación y
ciencia, y un tercer nivel integrado por organizaciones no gubernamentales, partidos políticos,
asociaciones de vecinos, municipalidades, instituciones de educación secundaria, fundaciones, gobierno
regional y gobierno nacional.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Nuevo León (2014, pág. 21), propone solamente dos
categorías de Stakeholders, internos y externos, entre los internos se encuentran los estudiantes,
profesores, investigadores, administrativos, órganos de gobierno, consejos consultivos y directivos; entre
198 Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

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los externos se encuentran los egresados, los padres de familia, los familiares de empleados, el entorno
vecinal, las empresas, los organismos públicos, las organizaciones no gubernamentales, los proveedores,
los medios de comunicación, las instituciones de educación superior, los centros de investigacion
nacionales y extranjeros, etc.
Aldeanueva (2013), señala que, en la universidad, no es fácil identificar a los grupos de interés
debido a su carácter universal, a la gran cantidad de organizaciones que tienen una relación directa o
indirecta con ella y a un conjunto de factores que determinan la importancia de cada grupo de interés, a
los cuales se agrega el tipo o modelo académico que sigue cada universidad, que determinan el ámbito y
complejidad de sus relaciones. Sin embargo, a pesar de esta dificultad, este autor identifica grupos de
interés internos y externos: entre los primeros se encuentran: el personal administrativo y de servicios, el
personal docente e investigador y los alumnos; y entre los segundos: las empresas y la sociedad en
general.
Para la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana - URSULA (2019), los
grupos de interés externos pueden estar integrados por los proveedores, los vecinos, los familiares del
personal, los egresados, los empleadores, las comunidades marginales, los colegios profesionales, los
centros de investigación, las empresas del sector social (ONGs, comunidades locales), los organismos
internacionales de desarrollo, las universidades de referencia mundial y/o expertos internacionales, las
universidades competidoras, las comunidades locales, las organizaciones sociales, el Estado, etc. Y los
grupos de interés internos estarían conformados por los estudiantes, docentes, investigadores y
administrativos.
Expectativas de los Stakeholders
Cada grupo de interés posee su propia percepción y expectativa respeto a la universidad, dependiendo de
su posición, la naturaleza de sus actividades, su cercanía a la toma de decisiones y muchos otros factores
que condicionan tales percepciones y expectativas. Para Aldeanueva (2013) algunas de las expectativas
de los Stakeholders más cercanos a la universidad serían las siguientes (pp. 244-245):

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Tabla 1.
Expectativas de los grupos de interés según Aldeanueva (2013)
Grupos de interés

Personal de
administración
y servicios

Personal docente e
investigador

Alumnos

Empresas

Sociedad

Expectativas




























Plan de igualdad y conciliación entre la vida familiar y la laboral.
Planificación de recursos humanos a largo plazo.
Plan de carrera profesional para el personal de administración y servicios.
Mejoras en los procesos de gestión de recursos humanos (selección, promoción, evaluación,
desempeño, etc.).
Mayor reconocimiento y consideración en la toma de decisiones.
Formación.
Universidad modelo en el respeto de los derechos laborales: estabilidad, evaluación,
promoción, salarios, convenios colectivos, desarrollo profesional, clima laboral, etc.
Mejora de recursos materiales y su distribución entre áreas.
Asignación racional de recursos en la docencia y en la investigación.
Mejora del sistema de gestión medioambiental.
Mejora del reconocimiento de la labor realizada por el personal docente e investigador.
Transferencia de la investigación a la sociedad.
Formación continua en el profesorado.
Docencia de mayor calidad, más práctica y adaptada a las nuevas realidades sociales.
Orientar y facilitar el acceso al mercado laboral.
Mayor cooperación con otras universidades. Facilitar los intercambios.
Mejorar la comunicación con el alumno. Difusión de las acciones desarrolladas.
Aumento de la participación del alumnado en la vida universitaria y en la toma de decisiones.
Investigación práctica, según lo demandado por la sociedad.
Vinculación permanente con los alumnos y los egresados: formación de posgrado adaptada a
las realidades del egresado.
Formar al alumno en capacidades y competencias. Mayor empleabilidad del egresado.
Selección y contratación de proveedores siguiendo criterios de responsabilidad social.
Agilizar los procedimientos administrativos.
Mayor información y transparencia sobre los procedimientos.
Transferencia de conocimientos generado por la investigación de la universidad a la empresa.
Mayor y mejor relación de la universidad con las empresas de su entorno.
Formar al alumno en ética empresarial y en responsabilidad social.








Gestión interna de la universidad transparente, eficaz y eficiente.
Relación fluida y abierta con la sociedad civil.
Imponer a proveedores y clientes criterios de responsabilidad social.
Investigación responsable de acuerdo a las demandas sociales.
Formación del alumno para poder integrarlo en la realidad social.
Conocimientos en gestión empresarial y habilidades sociales. Creación de empresas y
autoempleo.
 Formación integral en valores: sentido ético y compromiso social.
 Cumplir el papel de agente dinamizador y promotor de cambios en la sociedad.
 Dimensión social de la universidad: acceso, equidad y atención de minorías.

Fuente: (Aldeanueva, 2013, págs. 244-245)

200 Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

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Según Jongbloed &amp; Goedegebuure (como se citó en Gaete, 2012), la universidad debe establecer
“un constante diálogo con sus grupos de interés para sobrevivir en un sistema en el que las demandas son
heterogéneas e imprevisibles».
Por su parte, Aldeanueva (2013) señala que la importancia de los grupos de interés o stakeholders
de la universidad depende del poder, la legitimidad o la urgencia de interacciones o relaciones que
establezcan con ellos.
En este mismo sentido, para Burrows (como se citó en Gaete, 2012), existe la necesidad de
establecer un proceso de interacción que puede enmarcarse en cuatro dimensiones: posición, grado de
participación, potencial para cooperación o amenaza, y su relevancia e influencia en la organización
universitaria.
Según Kehm (2012), la mayor participación de los Stakeholders en la toma de decisiones de la
universidad plantea una evolución del concepto de gobierno al de gobernanza, superando el modelo
tradicional de gobierno y fortaleciendo el modelo impulsado desde las necesidades de los stakeholders.
Además, señala que el concepto de gobernanza implica la participación de los agentes sociales en la toma
de decisiones, su inclusión en las estructuras decisionales y una mayor coordinación en los
procedimientos del mismo tipo, por lo que es necesario determinar el grado de legitimidad que cada
Stakeholder posee para participar en alguno de los procesos de toma de decisiones universitarias.
Responsabilidad social universitaria (RSU) y Stakeholders
Gomez Andrade (2011) en su investigación titulada “La Iniciativa universitaria en torno al concepto de
Responsabilidad Social” de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), expresa que es posible lograr
una coordinación y estrecha vinculación con los Stakeholder externos y los Stakeholder internos,
operativizando programas y proyectos que demandan un trabajo en red a través de alianzas con diversas
organizaciones y entidades, y comprometerse incluso con el cumplimiento de acuerdos internacionales
como el Protocolo de Kyoto, la Agenda 2030, etc.
Para Kehm (2012), la legitimidad de las universidades depende cada vez más de la eficiencia de
su gestión y su adaptación a las nuevas perspectivas socioeconómicas y a su capacidad de respuesta a las
demandas, necesidades y expectativas de la sociedad. Se considera que los servicios que ofrecen deben
contribuir a la agenda de modernización de las emergentes sociedades y economías del conocimiento.

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Por su parte, Vallaeys (2013), señala que la responsabilidad social universitaria es hacerse cargo
de los impactos que las actividades de gestión, formación, investigación y extensión generan en su
entorno interno y externo, más allá de cualquier compromiso o proyección social.
Gaete (2015) va más allá de una gestión de impactos, señala que es importante facilitar la
incorporación de los Stakeholders a los procesos de planificación y evaluación del comportamiento
socialmente responsable de la institución, a fin de evitar concentrar los esfuerzos únicamente en rendir
cuentas, o realizar actos de beneficencia que son muy efectivos en cuanto a la imagen institucional, pero
débiles en cuanto a la correcta ejecución de un modelo de responsabilidad social basado en la
participación e interacción con los Stakeholders.
Gomez, Alvarado y Pujols (2018) señalan que tanto profesores como estudiantes están dispuestos
a ir más allá de las actividades de aprendizaje tradicionales y generar una dinámica de participación en
acciones y proyectos de investigación dirigidos a la solución de problemas sociales y ambientales, en el
marco de un proceso de coordinación, debate y priorización con los propios actores, comunidades locales
o stakeholders externos. Este proceso dinámico generaría oportunidades de trabajo, nuevos enfoques
ambientales, utilización de datos o resultados producidos por otros proyectos de investigación, y
participación de estudiantes de diversas especialidades para resolver problemas y satisfacer necesidades
de grupos sociales específicos. Todo lo cual debería ser tomado en cuenta en la estructura curricular y en
los procesos de evaluación académica.
En ese mismo sentido, la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP-DARS, 2019), plantea que no es suficiente observar o gestionar
los impactos de la universidad en la sociedad, sino involucrarse activamente en la formación de una
ciudadanía democrática, procurando que el conocimiento que se produzca en dicho proceso sea
socialmente pertinente “para atender las necesidades y avanzar hacia una comunidad que se entiende y
reconoce diversa, como parte de la historia y como actor fundamental del debate público” (p. 19).
Medición de la responsabilidad social desde la perspectiva de sus stakeholders
Stakeholder internos
Para efectuar la medición de la responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de sus
Stakeholders internos, URSULA ha diseñado una herramienta estandarizada constituida por 12 metas,
202 Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

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66 indicadores y 5 niveles de logro de gestión integral y transversal de RSU en 4 ámbitos de acción:
gestión organizacional, formación, cognición y participación social. Las 12 metas son las siguientes:
Tabla 2.
Metas para efectuar la medición de la responsabilidad social universitaria (RSU)
Ámbitos de acción de RSU

Gestión organizacional

Formación

Cognición

Participación social

N°

Metas

1
2

Buen clima laboral y equidad
Campus sostenible

3
4

Ética, transparencia e inclusión
Aprendizaje servicio

5
6
7
8
9
10
11
12

Inclusión curricular de los objetivos de desarrollo sostenible
Mallas diseñadas con actores externos
Inter y transdisciplinariedad
Investigación en y con la comunidad
Producción y difusión de conocimientos útiles
Integración de la proyección social con la formación
Proyectos cocreados, duraderos y de impacto
Participación en la agenda de Desarrollo local, nacional e internacional.

Fuente: URSULA (2019:125)
Cada una de las metas presenta un conjunto de indicadores de verificación, las mismas que son
materia de valoración utilizando una escala ordinal del 1 al 5, de acuerdo con la siguiente valoración: 1
totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 parcialmente en desacuerdo, 4 parcialmente de acuerdo, 5
de acuerdo, 6 totalmente de acuerdo.
Stakeholders externos
Antes de recoger las percepciones de los Stakeholder externos URSULA recomienda que “cada
institución de educación superior, desde su propio contexto institucional y social, debe definir a los
grupos de interés externos que quiere atender prioritariamente”, para ello sugiere cumplir con tres tareas:
a) identificar los grupos de interés de la Universidad, b) implantar un canal de relación y participación
periódica que permita recopilar sus opiniones, demandas y expectativas, y c) realizar las entrevistas con
los representantes de los grupos de interés identificados. También propone la construcción de un
cuestionario de entrevista para cada uno de los grupos de interés externos seleccionados, promoviendo
el diálogo a través de preguntas abiertas, algunas de las cuales serían las siguientes: a) ¿cómo considera
las relaciones que mantiene con la Universidad? b) responde la Universidad a sus expectativas cuando

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desarrollan algún trabajo conjunto? ¿Qué opinión tiene sobre los estudiantes que egresan de la
Universidad? ¿Considera a la Universidad una organización aliada a sus actividades? ¿Qué sugerencias
quisiera formularle a la Universidad para mejorar su relación y la calidad de sus actividades?
3.- MÉTODO
Diseño
La investigación fue realizada desde un enfoque cualitativo e intersubjetivo con base en los postulados
teóricos e instrumentales propuestos por URSULA que es, posiblemente, una de las mejores propuestas
teóricas realizadas sobre responsabilidad social universitaria en el continente latinoamericano.
El diseño metodológico utilizado fue básico, descriptivo y no experimental. Es decir, se busco
conocer la percepción de los stakeholder internos y externos respecto a la responsabilidad social
universitaria desarrollada en la UNSAAC, sin establecer relaciones de causa a efecto y sin manipular
variables ni dimensiones.
Participantes
Las unidades de análisis incluyen a los stakeholders internos y externos. Entre los internos se encuentran
los docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores, y entre los externos se encuentran las
instituciones estatales o gubernamentales, empresas, universidades, instituciones educativas y colegios
profesionales.
La población de los Stakeholders internos estuvo compuesta por 5045 personas (entre docentes,
investigagadores, estudiantes y trabajadores) y la población de los Stakeholders externos fue infinita,
representada por una gran cantidad de instituciones y organizaciones del entorno social, económico,
académico y gubernamental.
El método de muestreo utilizado para los Stakeholders internos fue de carácter probabilístico y el
tamaño muestral fue calculado aplicando la fórmula para poblaciones finitas, al 95% de nivel de
confianza y un margen de error del 5%, determinándose un tamaño muestral de 211 stakeholder internos.
La selección de la muestra fue proporcionalmente estratificada y aleatoria.

204 Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

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El método de muestreo utilizado para los stakeholders externos fue no probabilístico y el tamaño
muestral fue determinado por el criterio de conveniencia, en función a la disponibilidad de las principales
instituciones del entorno social, habiéndose elegido 49 representantes de instituciones u organizaciones
locales, distribuidos entre instituciones estatales o gubernamentales, empresas, universidades,
instituciones educativas y colegios profesionales.
Los criterios de inclusión para los stakeholders internos fueron los siguientes:


Ser docente nombrado de categoría principal; estudiante con matricula regular en el momento
de efectuar el estudio; investigador reconocido como docente-investigador por la universidad;
y trabajador con responsabilidad de funcionario a cargo de alguna unidad administrativa.



Encontrarse activo, presente y en cumplimiento de funciones docentes, estudiantiles,
investigativas o administrativas al momento de efectuar el estudio.



Aceptar su participación en el estudio.

Los criterios de exclusión para los stakeholders internos fueron los siguientes:


Ser docente asociado, auxiliar o jefe de prácticas nombrado o contratado en el momento de
efectuar el estudio; ser estudiante, pero no registrar matrícula regular al momento de efectuar
el estudio; no contar con el reconocimiento de docente investigador; no ejercer cargo de
funcionario administrativo ni estar encargado de una unidad administrativa.



Encontrarse con permiso, licencia o estar cumpliendo alguna comisión de servicio fuera de la
ciudad o la institución.



No haber aceptado participar en el estudio.

La muestra de los Stakeholders externos fue elegida de manera discrecional en función a la
disponibilidad de las instituciones u organizaciones locales. Para cuyo efecto, primero, se efectúo una
lista de las principales instituciones del entorno gubernamental, académico, empresarial y gremial;
segundo, se les solicitó por escrito a cada una de ellas para establecer una entrevista personal o virtual
con el representante institucional; tercero, se recibieron las aceptaciones y consentimientos de las
instituciones respectivas; cuarto, se les visitó personalmente a cada una de los representantes para realizar
la entrevista, o en su defecto, se estableció una comunicación virtual para efectivizar la entrevista
respectiva.

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Instrumentos
Los recursos utilizados en la investigación fueron: a) humanos: un investigador principal, dos
encuestadores y un técnico estadístico; b) materiales: equipos de computación, equipos de telefonía
móvil, movilidad para el desplazamiento en la ciudad y encuestas físicas o virtuales; c) las técnicas de
recopilación de datos fueron la encuesta y la entrevista, la primera fue estandarizada por URSULA y la
segunda comprende preguntas sugeridas por la misma institución.

La encuesta aplicada a los

Stakeholders internos fue estructurada en cuatro áreas de acción, 12 metas, 66 indicadores y 175 items o
afirmaciones, con una escala de valoración ordinal del 1 al 6 (1: totalmente en desacuerdo; 2 en
desacuerdo; 3 parcialmente en desacuerdo; 4 parcialmente de acuerdo; 5 de acuerdo; 6 totalmente de
acuerdo). La entrevista aplicada a los Stakeholder externos, fue estructurada con 8 interrogantes abiertas
orientadas a recoger la percepción de los mismos respecto a la RSU de la UNSAAC.
Procedimientos
El procesamiento de los datos fue realizado con la ayuda de un técnico estadístico y unas hojas de cálculo
Excel. La interpretación de los datos fue realizada utilizando un baremo con una escala de valoración
ordinal distribuida en cinco niveles: 1 a 2 puntos, percepción de RSU muy bajo; 2.01 a 3.00 puntos,
percepción de RSU bajo; 3.01 a 4.00 puntos, percepción de RSU medio; 4.01 a 5.00 puntos, percepción
de RSU alto; 5.01 a 6.00 puntos, percepción de RSU muy alto. Los datos provenientes de la entrevista
fueron procesados utilizando matrices, no obstante, a fin de facilitar su análisis e interpretación, se
clasificaron las respuestas en una escala nominal de cuatro alternativas: a) percepciones positivas, b)
percepciones negativas, c) percepciones ambiguas o indefinidas y d) no sabe o no desea opinar. La
verificación de las hipótesis fue realizada utilizando el método estadístico descriptivo y la contrastación
de hallazgos.
4.- RESULTADOS
Percepciones de los Stakeholders internos
Los resultados de la encuesta aplicada a los stakeholders internos son presentados a continuación de
acuerdo con las dimensiones de responsabilidad social universitaria.

206 Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

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Tabla 3.
Percepciones de los Stakeholders internos
Stakeholders
internos

Dimensiones de
RSU
Gestión
organizacional

Docentes
Formación

Gestión
organizacional

Formación
Estudiantes

Participación
social

Investigadores

Cognición

Trabajadores

Gestión
organizacional

Indicadores (metas)

Puntaje
Valoración
promedio

Buen clima laboral y equidad
Campus sostenible
Ética, transparencia e inclusión
Inter y transdisciplienariedad
Investigación en y con la comunidad
Producción y difusión de conocimientos útiles
Buen clima laboral y equidad
Campus sostenible
Ética, transparencia e inclusión
Aprendizaje y servicio
Inclusión de objetivos de desarrollo sostenible
Mallas diseñadas con actores externos
Integración de la proyección social con la formación e
investigación
Proyectos cocreados
Participación en la agenda de desarrollo local, nacional e
internacional
Inter y transdisciplienariedad
Investigación en y con la comunidad
Producción y difusión de conocimientos útiles
Buen clima laboral y equidad
Campus sostenible
Ética, transparencia e inclusión

3.07
2.68
3.02
3.58
2.84
2.89
4.00
3.36
3.65
3.90
4.13
3.69

Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Medio

3.97

Medio

3.69

Medio

3.55

Medio

3.29
2.72
2.91
3.34
2.90
3.39

Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio

Puntaje promedio total en todas las dimensiones

3.36

Medio

Fuente: Elaboración propia (2021).
En general, los Stakeholder internos (docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores) tienden
a valorar la responsabilidad social universitaria como media, lo que significa que existe la percepción de
que la gestión organizacional, la formación, la cognición y la participación social que demanda la
responsabilidad social universitaria se realizan de manera aceptable pero no totalmente satisfactoria.
Destacan los niveles altos de valoración que realizan los estudiantes al “buen clima laboral y
equidad” (4.00) de la gestión organizacional y a la “inclusión de objetivos de desarrollo sostenible” (4.13)
del proceso de formación; lo que indicaría que existe un ambiente favorable para el desarrollo laboral y
el desarrollo sostenible en el proceso de formación. Sin embargo, también destacan los niveles bajos de
valoración que realizan los docentes al “campus sostenible” de la gestión organizacional (2.68), a la
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“investigación en y con la comunidad” (2.84) y a la “producción y difusión de conocimientos útiles”
(2.89) en la formación. Lo que significaría una desaprobación o crítica a las políticas de sostenibilidad,
a los niveles de participación de la comunidad en la investigación y a la utilidad de los conocimientos
difundidos por la universidad.
De igual modo, se puede apreciar también los niveles bajos de valoración que realizan los
investigadores a los mismos indicadores o metas, es decir, a la “investigación en y con la comunidad”
(2.72) y la “producción y difusión de conocimientos útiles” (2.91) en el proceso de cognición.
Finalmente, los trabajadores realizan un bajo nivel de valoración al indicador “campus sostenible”
de la gestión organizacional, lo que significa un cuestionamiento a los órganos de dirección y a su política
de sostenibilidad al interior de la universidad, coincidentes con la valoración que realizan los docentes.
En general, las percepciones de los Stakeholders internos respecto a los dimensiones e indicadores
de la responsabilidad social es poco satisfactoria, es decir, existen observaciones en las acciones
desplegadas en las áreas de formación, cognición y gestión organizacional.
Percepciones de los Stakeholders externos
Los resultados de las entrevistas aplicadas a los Stakeholders externos se presentan a continuación de
acuerdo a dos categorías: relaciones instituciones y percepciones respecto a los cuatro ejes de
responsabilidad social universitaria.
Una mayoría relativa de Stakeholders externos (39.66%) tiene una percepción negativa respecto
a la RSU de la UNSAAC, solamente un 27.97% de los entrevistados tiene una percepción positiva
respecto al despliegue de la responsabilidad social universitaria institucional. Un 18.65% tiene una
apreciación ambigua o indefinida y un 13.7% no conoce sobre el tema o no desea emitir opinión al
respecto.
No obstante, existen matices en los resultados de acuerdo al tipo de pregunta formulada. Así, por
ejemplo, en la 7ma. pregunta, el 61.2% de los entrevistados considera que no existe una participación de
la sociedad local o regional en las funciones de gestión, formación e investigación que realiza la
UNSAAC, lo que evidencia la poca vinculación de la universidad con las organizaciones de su entorno
para efectos de gestión, formación e investigación.
208 Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

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Tabla 4.
Percepciones de los Stakeholder externos

Percepciones respecto a los cuatro ejes de la
responsabilidad social universitaria

Relaciones institucionales
de la UNSAAC

N°

1

2

3

4

5

6

7

Preguntas
¿Considera
a
la
UNSAAC
una
organización aliada a sus
actividades
Institucionales?
¿Su organización o
institución
mantiene
algún tipo de relación
con la UNSAAC?
¿Responde la UNSAAC
a las expectativas de su
institución
cuando
desarrollan algún trabajo
conjunto?
¿En general qué opinión
tiene respecto a la
gestión de la UNSAAC?
¿Qué opinión tiene sobre
los estudiantes que
egresan de la UNSAAC?
¿Cree que están bien
preparados,
son
competitivos y tienen
sensibilidad social?
¿Qué referencia tiene
respecto
a
la
investigación que se
realiza en la UNSAAC?
¿Cree que responde a la
problemática
y
las
necesidades sociales y
económicas
de
la
región?
¿Considera que existe
una participación de la
sociedad local o regional
en las funciones de
gestión, formación e
investigación que realiza
la UNSAAC?
Subtotal

Percepcion
Percepciones
es positivas
negativas

Percepciones
ambiguas o
indefinidas
N°
%

N°

%

N°

%

27

55.1

18

36.7

1

18

36.7

20

40.8

11

22.4

16

8

16.3

18

No sabe no
opina

Total

N°

%

N°

%

2.04

3

6.12

49

100

8

16.3

3

6.12

49

100

32.7

7

14.3

15

30.6

49

100

26

53.1

8

16.3

7

14.3

49

100

36.7

5

10.2

25

51

1

2.04

49

100

7

14.3

21

42.9

8

16.3

13

26.5

49

100

7

14.3

30

61.2

7

14.3

5

10.2

49

100

14

27.97

19

39.66

9

18.65

7

13.7

49

100

Fuente: Elaboración propia (2021).
Esta misma crítica o percepción negativa se hace evidente en la 4ta. Pregunta, porque el 53.1%
de los entrevistados tiene en general una apreciación negativa respecto a la gestión de la universidad. Lo
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

209

�Venero Vásquez., A. M. y Puente de la Vega. P., V.

mismo ocurre, aunque en menor porcentaje en la 6ta. Pregunta, porque el 42.9% de los Stakeholder
externos perciben que la investigación no responde a la problemática ni a las necesidades sociales y
económicas de la región.
Finalmente, en la 2da. pregunta, un importante 40.8% de entrevistados señala que sus
organizaciones no mantienen ningún tipo de relación con la UNSAAC, lo que ratifica la poca vinculación
de la universidad con las organizaciones de su entorno.
No obstante, y a pesar de todo, en la 1ra. Pregunta, el 55.1% de los entrevistados mantienen una
percepción positiva respecto a la universidad en general, porque consideran que sigue siendo una
organización aliada a sus actividades institucionales y que los estudiantes que egresan de la UNSAAC
están bien preparados, son competitivos y tienen una sensibilidad social, aunque esto último esté
expresado solamente por un 36.7% (5° pregunta) de los entrevistados.
5.- CONCLUSIONES
Cualquier política institucional de responsabilidad social que asuma la universidad debe necesariamente
tomar en cuenta las inquietudes, percepciones y aspiraciones de sus grupos de interés o stakeholders tanto
internos como externos. La Universidad no es una abstracción ni una isla, actúa dentro de un contexto
social determinado y ese contexto social espera de la universidad un compromiso y una participación en
la búsqueda de la solución de los distintos problemas y necesidades sociales. Por ello, conocer que la
percepción que tienen los Stakeholder internos (docentes, estudiantes, investigadores y administrativos)
respecto a las acciones de responsabilidad social universitaria cumplida por la UNSAAC es
medianamente aceptable, indica que existe un margen de insatisfacción respecto a las acciones de
responsabilidad social universitaria desplegadas por la universidad en los cuatro ejes de responsabilidad
social (gestión, formación, cognición y participación social); pero también significa una crítica a las
políticas de sostenibilidad de la gestión organizacional, así como a baja integración de la sociedad en los
procesos de gestión, formación e investigación, así como a la poca utilidad de la producción y difusión
de conocimientos para resolver los problemas de la comunidad.
Por otro lado, la universidad no puede mirarse a sí misma, no es un claustro o comunidad cerrada,
está dentro de una sociedad a la que tiene que aportar para su desarrollo, luego entonces, es indispensable
identificar a los stakeholders o grupos de interés externos, saber qué es lo que esperan o necesitan de la
universidad. En ese sentido, la investigación ha determinado que los stakelholder externos muestran una
210 Stakeholders y responsabilidad social universitaria en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

�Venero Vásquez., A. M. y Puente de la Vega. P., V.

percepción mayoritariamente negativa respecto a la universidad, debido a su baja participación en la
solución de los problemas del contexto, y viceversa, la no participación de la sociedad en las funciones
de gestión, formación e investigación realizados por la UNSAAC.
De manera especial, los stakeholders externos consideran que la investigación que realiza la
UNSAAC no responde a la problemática ni a las necesidades sociales y económicas de la región; no
obstante, siguen considerando a la Universidad es potencialmente una organización aliada a sus
actividades institucionales, además de tener una apreciación aceptable respecto a la calidad profesional
y sensibilidad social de los egresados de la Universidad.
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Barter in the Path of a
Autoethnographic Viewpoint1

Citizen-Consumer:

An

El trueque en la trayectoria de un ciudadano-consumidor: Una vista autoetnográfica
Wendy Marilú, Sánchez-Casanova2

ABSTRACT
Barter comes from citizen-costumer, exchanging good or services for others without monetary
reference (use value that provides welfare) and its context is the social and solidarity economy. The
aim of this study was to describe barter as a supportive practice facilitating the learning process of a
citizen-consumer, who puts a critical awareness first when deciding how purchase goods and
services. Following a qualitative methodology, through auto-ethnography focused on an individual
barter experience in Mexico City (from 2012 to 2014) in three stages: 1) decision to be citizenconsumer, 2) specific barter experience and 3) how that experience ended. Barter was found to
promote sustainability, as the crossing of objects with useful life resists planned and perceived
obsolescence, constituting an innovative, community and conscious exercise based on trust and
organic interactions, inspiring actions for a broad individual and collective presence on the stage
sociopolitical. However, barter could be restricted by the lack of coincidence of needs and desires. It
is concluded that barter is a learning process that involves tries and error, building and deconstructing
individuals, societies, expectations, and practices aimed at addressing poverty and inequality caused
by the pre-eminence of the paradigm of value change.
Keywords: Consumption, social and solidary economy, exchange, use value.
RESUMEN

……………………………………
Received date: 27/12/2021
Revised date: 12/01/2022
Accepted Date: 08/05/2022

This work is licensed under a Creative
Commons
Attribution-NonCommercialNoDerivs 4.0 International license

El trueque proviene de un ciudadano-consumidor, intercambiando bienes o servicios por otros sin
referente monetario (valor de uso que provee bienestar) y su contexto es la economía social y
solidaria. El presente estudio tuvo como objetivo describir el trueque como práctica solidaria
facilitadora del proceso de aprendizaje de un ciudadano-consumidor, quien antepone una conciencia
crítica al decidir cómo adquirir bienes y servicios. Siguiendo una metodología cualitativa, a través de
la auto-etnografía centrada en una experiencia individual de trueque en Ciudad de México (de 2012
a 2014) en tres etapas: 1) decisión de ser ciudadano-consumidor, 2) experiencia específica de trueque
y 3) cómo concluyó esa experiencia. Se encontró que el trueque impulsa la sustentabilidad, pues el
cruce de objetos con vida útil resiste a la obsolescencia planificada y percibida, constituyendo un
ejercicio innovador, comunitario y consciente basado en la confianza y las interacciones orgánicas,
suscitando acciones para una amplia presencia individual y colectiva en el escenario sociopolítico.
Sin embargo, el trueque podría restringirse por la falta de coincidencia de necesidades y deseos. Se
concluye que, el trueque es un proceso de aprendizaje que implica ensayo y error, construyendo y
deconstruyendo individuos, sociedades, expectativas y prácticas destinadas a enfrentar la pobreza y
la desigualdad ocasionada por la preeminencia del paradigma del valor de cambio.
Palabras claves: Consumo, economía social y solidaria, intercambio, valor de uso.

How to reference this article:
Sánchez-Casanova., W. M. (2022). Barter in the Path of a Citizen-Consumer: An Autoethnographic Viewpoint. Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 223-241. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-11.

This article is the product of the “Barter in the Path of a Citizen-Consumer: An Autoethnographic Viewpoint” project
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Cátedrática Conacyt en la Escuela Nacional de Estudios
Superiores. Email: wsanchez@enesmorelia.unam.mx, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6611-7664
1
2

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�Sierra Gutiérrez., W. A.

1.-INTRODUCTION
The social and solidarity-based economy proposes various ways of transitioning from a simple consumer
to a citizen-consumer who questions the paradigm of exchange value (based on commodification) to give
relevance to use value (determined by providing a material, mental or emotional well-being), which
implies a continuous analysis to informed decision-making.
In line with the above, one of the proposals for such transition is bartering, whereby goods or
services are directly exchanged for other goods or services without any monetary reference, which is
often common among citizen-consumers, for whom every decision about how goods or services are
acquired must be preceded by a community awareness that considers social and natural environments,
contributing to the social and solidarity-based economy.
Bartering is a solidarity practice in which use value prevails. This absence of a monetary reference
often leads to misunderstandings. Consequently, reflection on the goods or services being sought, as well
as the specify bartering processes, requires a theoretical and methodological framework capable of
explaining them in terms of conscious and sustainable consumption.
Within this framework, the context of bartering is discussed considering the difference between
use value and exchange value as an essential condition to start a path as a citizen-consumer, in the social
and solidarity-based economy, being both learning processes with a community background.
Thus, this work is justified by the contemporary call for sustainability through alternative ways
of consumption, which are currently common in Latin America and need to be discussed under the
theoretical and methodological framework of the social and solidarity-based economy, which is also a
current and useful practice for different social groups. Hence, the broadening of the possibilities of
approach, both academic and social, is suggested.
For this approach, the prevailing method is autoethnography, which establishes the link between
the actors and a specific phenomenon, explaining their own reality through the previously constructed
theoretical framework. Along these lines, I presented myself as single research subject to describe and
analyze my own bartering experience in Mexico City (2012-2014), from the approach of the social and
solidarity-based economy, promoted by citizen-consumers.

224 Protesta social: ¿es derecho o amenaza? Análisis de la protesta social visionado en las amenazas a los derechos civiles del ciudadano.

�Sánchez-Casanova., W. M.

It should be noted that this autoethnographic viewpoint could be a limitation itself, so the
responsibility for a unique narrative is assumed.
2.-THEORETICAL FRAMEWORK
The social and solidarity-based economy constitutes a resilient path in the context of growing poverty
and inequality, existing in Latin America since the 1980’s, when “state participation in strategic sectors
was replaced by the law of supply and demand, emphasizing financial liberation, trade openness, foreign
investment, and privatization” (Sánchez &amp; Desilus, 2019, p.139).
According to García (2009, p. 71), the results on the lost decade were “national decapitalization,
the underconsumption of the majorities, unemployment and a decline of the cultural offer”, a horizon of
concern addressed by critical voices that question the predominant economic paradigm, under the
conviction that there is a multiplicity of ways acquiring both goods and services, being bartering or
exchange one of them. This is based on the idea that capitalism encourages an unconscious consumption
to elevate the solitude, dependance and waste, following up on the strategy that Wallerstein (2009, p. 11)
has described in his analysis of historical capitalism:
In the course of seeking to accumulate more and more capital, capitalists have sought to commodify
more and more of these social processes in all spheres of economic life. Since capitalism is a selfreading process, it follows that no social transaction has been intrinsically exempt from possible
inclusion. That is why we may say that the historical development of capitalism has involved the
thrust towards the commodification of everything.
The negative effects of that commercialization have led to consider the social and solidarity-based
economy as an urgent and necessary solution that forms citizen-consumers, adopting their consumption
decisions based on critical reflection. This is because the tactic that leads to exacerbated consumption is
a marked distinction of status in terms of what is acquired or what might be acquired, regardless the
mechanism whereby this is achieved (which can include credits, partial payments, mortgage, pledges,
among others). Consumers seek a primacy granted by the ability to acquire something that not everyone
can have, an aspiration created by marketing, which is that repetitive message of what one can become
when gaining access to a certain product or service.
Thus, fashion, the promise of social mobility or the prestige that a good or service can bring,
become the driving forces of consumption, contributing to inequality and social division. For this reason,
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225

�Sánchez-Casanova., W. M.

the social and solidarity-based economy, (re)emerges so that, through information, knowledge, criticism,
and collective action, the social fabric can be recovered, turning consumers into citizen-consumers.
About that, García (2009, pp. 68-69) distinguishes the requirements for the consolidation of a
citizen-consumer:
a. A vast and diversified supply of goods and representative messages of the international

variety of markets, of easily and equitable accessible for the majority,
b. Multidirectional and reliable information about product quality, with effective consumer

control and the ability to refuse the pretensions and seductions of propaganda, and
c. Democratic participation of the main sectors of civil society in the decisions of material,

symbolic, legal, and political order where consumption is organized.
In this context, bartering emerges as an alternative practice instead of buying and selling, which
also activates the circulation of goods and services, while stimulating creativity and sustainability,
recovering the self-management and solidarity, and qualitatively enriching the social and natural
environments. This is also because “the swapping process does not require monetary exchange which
makes it all the more exciting” (Matthews &amp; Hodges, 2016, p. 98).
Bartering can be included in the catalogue of solidarity practices, which are those resulting from
the awareness of community and cooperation to contribute to a better development of human
relationships, by placing use value over exchange value, under the premise that “consumption is the set
of socio-cultural processes in which the appropriation and uses of products take place” (García, 2009,
pp.58-59).
From this social, cultural, and political perspective, it can be rightly distinguished between need
and desire. On this point, Domínguez (2008, p. 34) indicates that the first “has a physiological character,
and for its satisfaction a determined good by the mind of the person is not required”. While the second
“has a psychological character and, to fulfil it, a specific kind of satisfier is considered”.
Goods and services are precisely those satisfiers required for both cases. It is necessary to clarify
that a conscious consumption is not one aims to radically suppress desires, leaving their place exclusively
to needs, but one that distinguishes perfectly between the two as the catalyst of accurate consumption
decisions, planning it outside the expectations of capitalism, responding to the real availability of

226 Barter in the Path of a Citizen-Consumer: An Autoethnographic Viewpoint.

�Sánchez-Casanova., W. M.

economic resources and to a prospective of the social-environmental impact that may be generated,
contributing to the sustainability understood as a “learning process” (Meppen &amp; Gill, 1998, p. 131), by
containing discovery, adaptation, interlocution, as well as a synergy of knowledge and practices.
3.-METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
The citizen-consumer’s learning process of the goes from the individual to the social and vice versa. This
constant feedback remits to autoethnography as one of the methodological tools for consigning these
transformations, as it is situated “in the epistemological perspective that holds that an individual life can
account for the contexts in which that person lives, as well as the historical periods that he or she goes
through in the course of his or her existence” (Blanco, 2012, pp. 54-55).
According to Montenegro (2014, p.101), autoethnography is “a rhizome that seeks the path
through the ground to make its connections in a free and non-hierarchical way”. In other words, this
method allows to explore the selected categories without the rigorousness that other techniques demand,
as it is a space for expression in the first person singular and under a free format, without losing the
academic pathway (Palomares et at, 2022, pp. 226-246).
Then, the result of autoethnography will be the precision of the link between the actor and a
specific phenomenon, explaining the own reality through the theoretical framework that promotes the
analysis, so that relevance is given to “contexts” and the fact of “learning by being a part of”
(Montenegro, 2014). That is, “when researchers do autoethnography, they write retrospectively and
selectively about epiphanies that derive from, or were made possible by, being part of a culture or having
a specific cultural identity” (Ellis, Adams &amp; Bochner, 2019, p. 22).
Therefore, after a theoretical review of contexts and proposals of the social and solidarity-based
economy encouraged by citizen-consumers, I describe and discuss my bartering experience in Mexico
City (from 2012 to 2014), depicting it in three moments: 1) the decision to become a citizen-consumer, 2)
the specific practice of bartering, and 3) how this experience ended.
This approach follows the specific objectives of this work to identify the elements to describe
bartering as a solidarity practice that facilitates the transition from a mere consumer to a citizen-consumer
within a learning process.

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227

�Sánchez-Casanova., W. M.

In this way, the following aspects are distinguished: a) the context of bartering, b) the difference
between use value and exchange value to activate a citizen-consumer path, c) how the commitment to
the social and solidarity-based economy and sustainability is, and d) how these events generate a
community environment.
It is pertinent to emphasize the ethical aspect of “autoethnography as a method [that] may promote
emotionally and intellectually powerful texts that extend beyond the page, affecting audiences and
communities. Autoethnographers, therefore, must consider the personal, social, political, and ethical
consequences when using their experiences as a source of data for primary research” (Tullis, 2019, p.
157).
In this sense, I present myself as the only participant in this autoethnographic perspective,
assuming a substantial responsibility for my own narrative, which contains an experience that contributes
to the discussion about the social and solidarity-based economy through an interpretation of specific
bartering processes, emphasizing its advantages and disadvantages with respect to the skepticism and
incomprehension that this practice implies.
4.-RESULTS
a) Am I a citizen-consumer?
I consider my experience as a citizen-consumer to be triggered by the 1994 crisis, as my family and I had
to give up several goods and services to cope with the reduction in the standard of living we had when
my father lost his job, although it should be noted that he always raised us in savings and austerity.
At that time, being thrifty and austere was not by choice, but because there was not other way.
This made me feel sad, because I did not understand many as a high school student about to enroll in a
bachelor’s degree, which I was able to pay for by selling a gold bracelet that one of my grandmothers
gave me when I was born: they were very early exercises of valuing things.
I wanted to buy, to have and to do things, often lack of money stopped. The worst thing was to
hear constant opinions about consumption from of people whit apparently no financial struggles, who
emphasized the importance of some brands over others, having a car, being able to go to trendy places
and so on.

228 Barter in the Path of a Citizen-Consumer: An Autoethnographic Viewpoint.

�Sánchez-Casanova., W. M.

However, I was appreciated for being a good student. At that moment, my priority was to finish
my degree, following the idea instilled in my generation that it would solve my life, which did not happen
and was the thing that is what led me to postgraduate studies. The master’s degree gave me the tools to
understand and analyze sustainability and many things started to make sense to me. The sadness turned
into the opposite when I realized that I was collaborating to an optimization of the world, by not
consuming in excess, recycling, reusing, thinking before buying, habits that even allowed me to have
savings, although I did not that earn much.
Thereafter, austerity and savings were by choice: a citizen-consumer had emerged, even though
I did not yet know the term, which I learnt in my PhD, reading García (2009, p. 69), who states that the
consumers can ascend to citizens when “consumption is seen not as the mere individual possession of
isolated objects, but as the collective appropriation, in relations of solidarity and distinction with others,
of goods that give biological and symbolic satisfactions”.
I pride myself of being an informed and trained citizen-consumer to be critical and in a position
to propose solutions to the problems arising from unconscious and thoughtless consumerism. Over time,
this vision has broadened regarding how we can influence and assume responsibility for social and
natural environments through creative proposals, changing conventional consumption patterns, for
individual and collective benefits.
A citizen-consumers embrace the proposal of social and solidarity-based economy for a “simple
life and learning to live modestly, as well as the relations of reciprocity, and in consequence, will
prioritize the search for meaning and life in harmony with nature” (Collin, 2012, p. 395). If for capitalism
an “exemplary consumer is the still man” (Galeano, 2007, p. 260), a citizen-consumer is the opposite;
someone with initiative to “take over reality, carry it and deal with it” (Cortina, cit. pos. Tuvilla, 1998,
p. 216).
And it was precisely during my PhD studies in Mexico City when I had the opportunity to
continue my learning process as a citizen-consumer. I made an in-depth revision of what I had brought
with me when I moved, what was I going to do with what I no longer needed? The term bartering gave
me the answer.
b) The bartering as a learning process

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229

�Sánchez-Casanova., W. M.

The barter or exchange is one of the actions that a citizen-consumer can undertake, as it is a solidarity
practice in which goods or services are exchanged directly for other goods or services without a monetary
reference, being able to replace money in times of economic crisis, at the same time as it constitutes an
alternative model that facilitates an awareness that is not only economical, but also ecological and social.
On Facebook, I found active bartering groups in Mexico City. The spirit of this communities of
practice was the conscious consumption, restricting the waste that compulsive consumption can generate.
We often buy things without thinking, and then they lie there, completely useless. It happened to me
many times, especially when my economic situation began to get better, so that I sometimes succumbed
to the flashes of certain products, the illusion and thrill of buying. This is something that often happens
to people when they suddenly start earning more money, which is an important point to address in the
citizen-consumer formation: money is a means not an end.
This unconscious consumption happened to me mostly with clothes. To tell the truth, I do not
know what I was thinking when I was trying on a garment that I would not wear even once. Then, I
would either give it away or throw it away, although it was more the latter. This made waste easy, which
requires unconscious consumption to subsist, because if the clothes are given away, at least it is known
that they had a certain destination, but by throwing them away I could not know if they were useful to
someone else; I hope that whoever took them have given the fair use.
Giving things away makes more sense, although this cannot be sustained for long, given that
world is strengthened by reciprocity and the construction of communities in which each member plays
an essential role. A friend told me that “giving and receiving is an energetic balance”, despite the fact
that in the Latin-American imagination the idea that “it is better to give than to receive” is deeply rooted,
as areligious motto that does not help much in a scheme of work and responsibility. It is not about
avoiding donations, but economies and the world cannot be based solely on them: exchanges are needed.
The habit of saving, an enthusiasm for practical sustainability and the approach to the social and
solidarity-based economy were the factors that led me to bartering. I learnt that many people do it
precisely out of savings or necessity, and by investigating I found out about the Red Global de Trueque
en Argentina (Global Barter Network in Argentina), which arose in 1995 in the context of the Efecto
Tequila (Tequila Effect), that brought with it a “lack of wage labor and the difficulty of placing
autonomously produced goods and services in formal markets as a consequence of the narrowing of the

230 Barter in the Path of a Citizen-Consumer: An Autoethnographic Viewpoint.

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market” (Hintze et al., 2003, p. 19). This national initiative has a solid organization, which is based on
credit as a unit of exchange and reciprocity among its members.
The foregoing proves that creativity and resilience are capable of moderating consumption habits
and leading them towards sustainability, because “it is the phenomenon of scarcity, of the finiteness of
the human world, which includes his own habitat, from where he satisfies his needs, that is the origin of
the modern paradox, consuming while conserving, consuming without destroying, consuming while
regulating scarcity” (Cázares, 2013, p. 28).
If the preponderant system of consumption demands a certain lifestyle to have an identity and a
presence in time and space, initiatives such as the Red Global de Trueque clarify that the challenge and
the starting point would be exactly to go against that vision, for we are not because of what we have or
can buy but because self-esteem, self-knowledge, self-management, and resilience. That is, the ability to
face every situation and not give up.
In 2012, I did a cleansing and inventory of what I did not need, initiating myself in bartering in
two specific groups: Intercambiemos, si no, regalemos (Let’s Exchange, If Not, Let’s Give Away), and
Trueque (Bartering), both operating mostly in Mexico City. In these groups, not only bartering was
practiced, but also gratiferia which means “giving away”. I have said that donations should be given
with moderation, but not completely ruled out. The difference in the specific case of the group is that it
could follow up the usefulness of the good, and well as contributing to solidarity and community in a
more certain way.
I bartered clothes, accessories, books, souvenirs, decorative objects, stationary, and other items.
In return, I asked for grocery, cleaning products, board games, other books, bags, earrings, and necklaces.
In a friendly and trusting atmosphere, I came to make exchanges more than once with certain people,
even one of them told me that I was her troquera favorita (favorite barterer).
The gathering places were the stations of public transport (Metro, Tren Ligero, Metrobús), parks,
and other public areas. This was a particularly delicate aspect, because in these groups there were cases
of home robbery, armed robbery and even one rape. The risks existed, and although there were certain
filters to be admitted, it was not possible to know exactly who was behind each profile. It must be stressed
that these unfortunate incidents were not due to bartering per se, but rather to taking advantage of the

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situation, which meant for many people completely abandoning this solidarity practice, which was
entirely understandable.
Monthly, bartering and gratiferia events were also organized in public or alternative venues. I
had the opportunity to attend a couple of them, one in Portales and the other in Santa María La Ribera
(Portales and Santa María La Ribera are neighborhoods in Mexico City). As for gratiferia, they used to
put a box in which you could leave things and take others, or just take things. I remember that at the
Portales event, I left stationary, and, in exchange, I had the joy of finding a book of José Martí’s quotes.
For me, it was a reward, as I had given away a similar book some time before. At that moment, life was
giving me back with abundance, and I thought that this was precisely the energy that should be activated
in exchanges that generate closeness and are not mediated by money. Someone thought that they did not
need that book, but for me it was the best thing to find it. The quote “the trifles of some are the treasure
of others” took on its fullest meaning: what was no longer useful to me could be of great utility or joy to
others and vice versa.
At the Santa María La Ribera event I did not barter, but I was observing how people made deals
or tried to arrange them, which was not easy at all. I realized that there were those who tried to take
advantage, or there was simply noncoincidence in needs or desires. In addition to this, there was the
difficulty to avoid valuation through monetization. This last circumstance encourages the capitalist
economy to affirm that bartering is uncertain. In view of this, it is important to highlight that this practice
can be a catalyst for a paradigm shift: utility-value (use value) instead of labor-value (exchange value).
The advocates of the utility-value school, among them Condillac and Juan Bautista Say, are
based on the logical system of considering that utility is the characteristic that things have for
satisfying needs, so that the value will be in accordance with the level of satisfaction that it
produces. The more useful a thing is, the more value it will have […] The supporters of the laborvalue school, among others, Adam Smith, Ricardo, Rodbertus and Karl Marx, give preponderance
to the labor factor to determine the degree of value of things, and calculate it according to the effort
invested in its manufacture (Domínguez, 2007, p. 46).
Bartering should be based exclusively on utility-value-, which for the free market may seem
unfair or disproportionate, but if it can grant satisfaction on both sides, conscious consumption will have
been accomplished. In this regard, García and Jiménez (2015, p. 113) remark that Condillac “pointed out
that a thing is useful when it satisfies a need, and that its value is the estimation attributed by the uses to
232 Barter in the Path of a Citizen-Consumer: An Autoethnographic Viewpoint.

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which can be put, while the price is the relative value compared to other things and depends on its relative
abundance and the concurrence of buyers and sellers.
Thus, “the utility or use value of a good is the satisfaction it provides to a person; the exchange
value is its price in money or other goods” (García &amp; Jiménez, 2015, p. 113). In use value, the importance
of a good is not determined by any inherent property or by the amount of labor required to produce it
(which would be exchange value), but by the ability to provide material, mental or emotional well-being.
The dispute between use value and exchange value can be solved by considering the former for
bartering in which most of the products are second-hand, and the latter for conventional schemes such as
buying and selling, especially new goods (in order to respect the labor-value in the first instance). In
other words, the former is applicable to the social and solidarity-based economy, and the latter to an
economy based on monetization. Of course, it is not about establishing an unbreakable polarization, but
about providing guidelines for organizing the models that make up the social and solidarity-based
economy, seeking a greater equity in the deals.
It is important that in the practice of bartering we learn the terms of use value and exchange value
to have a broad understanding of this practice and avoid situations where price differences are sought, or
an exchange value is insisted upon as the only possible reference.
That knowledge is what allowed me to have successful trades. Practically, I got everything I was
looking for, but it took a long time, about two years, and a lot of patience. Also, attitude is important: to
be humble, kind, proper, without absurd demands and without the aim of excessive or disproportionate
profit. We must always keep in mind that we are dealing with other people and start with empathy,
because in these type of deals misunderstandings and risks are commonplace.
No doubt, one of my best barters was a shoe rack for a beautiful painting, which I still have. I
must admit that, although I did not want to base it on a price, it was a very unequal exchange, as it was
an artwork compared to one plastic frame. I let the girl who was offering this exchange know, and all she
said was “I just need the shoe rack”. Based on the exchange value, this deal would have never been
closed.
Finally, I was aware of a controversial issue: the so-called chachareros, i.e. people who bought
and sold second-hand items. In bartering groups, they found the opportunity to modify their inventory,
which for many was a way to break the practice that was trying to be rooted in the group, on the
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understanding that exchanged things should not go into a conventional consumption scheme such as
buying and selling. In this respect, I never had a problem: I defended the right of people to do what they
wanted with what they had obtained; it was a fully individual decision.
c) Peak season and exhaustion
My participation in bartering groups was so determined and enthusiastic that I was proposed to be the
administrator of the group “Let’s Exchange, If Not, Let’s Give Away”, which I accepted with full
conviction.
We were only four people monitoring the activity of a group that reached more than 10,000
members. We had to accept or reject membership requests by reviewing the profile of each candidate, as
well as sending a welcoming message to those accepted, which also explained the guidelines of the group.
Posting also had to be moderated to avoid misunderstandings, especially, if somebody offered or
asked for money, or wanted to rely on it to close deals. If there was a conflict between members, the
main administrator and founder of the group took charge.
At that time, the founder of the group was involved in alternative therapies, and had a very
categorical speech on the social and solidarity-based economy, which to a large extent remained in words,
as he eventually started to sell the objects he could not exchange, organized concerts whose tickets could
not be obtained through bartering, and embarked upon a bio-construction project in which he tried to
make a profit by inviting people so sell raffle numbers for the house to be built, as well as looking for
free labor.
Shortly before this, disagreements began. The founder started to get fussy about to the terms used
in posts, and he did not intervene adequately in the case of a member of the group who had the habit of
standing others up, including me. That was the last straw; I left the administration and the group.
Almost at the same time, the “Bartering” group began to shift its objectives. From being a group
exclusively for exchange or donations, it became a laxer space, in which buying, and selling was subtly
suggested if it was better for both parties, albeit it was with “symbolic” amounts. For example, in that
group I had the experience of exchanging a relaxing massage for groceries, and we were both happy to
do so. The second time that I asked this type of exchange, the girl told me that she preferred that

234 Barter in the Path of a Citizen-Consumer: An Autoethnographic Viewpoint.

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“symbolic” amount, which led to a discussion about the different perspectives in establishing valuations
and how that could lead to a disagreement that was neither necessary nor desired. I also left that group.
In 2014, there was an attrition, which was compounded by the fact that I was about to finish my
studies, and the search for a job became a priority. I no longer bartered in Mexico City.
On the disappointment linked to practices of the social and solidarity-based economy, Collin
(2012, p. 346) expresses that:
The perspective that appeals to complementarity seems not interested in building a new society,
but in softening capitalism, through strategies of social care, which would represent the
continuation of the efforts of previous experiences, such as cooperatives and mutual societies, and
the return of the redistributive schemes of the State of Wellbeing. They place the solidarity-based
economy in a subsidiary scheme, in the double sense of being subordinate and requiring subsidies,
as well as transfers from the market sector to the social economy. This perspective is criticized for
its inability to reproduce itself autonomously, in other words, it is not an alternative, but an aspirin.
Therefore, it would not be viable to propose a consumption scheme based exclusively on
bartering, but this fact does not take away the character of a practice that has emerged with force, abruptly
changing the meaning assigned to money, which is no longer the only source of satisfaction of needs and
desires. The social and solidarity-based economy is a paradigm under construction, which must face its
own complexity.
Discussion
In this experience, bartering is discussed as a mechanism that allows for the optimization and appreciation
of resources, thus it constitutes a learning option for the citizen-consumer, and for the social and
solidarity-based economy itself, by facilitating two key aspects for sustainable consumption: reusing
products and establishment relationships of solidarity.
In terms of the reuse of products, Galeano (2007, p. 271) wrote that “the culture of consumption,
a culture of the ephemeral, condemns everything to immediate disuse. Everything changes at the
vertiginous pace of fashion, placed at the service of the need to sell. Things age in a blink of an eye to be
replaced for other things with a fleeting life”.

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Waste underpins the idea of the transitory and disposable, that is, planned and perceived
obsolescence. It is the strategy for rooting continuous consumption, which has generated a strong
ecological footprint for the massive exploitation of natural sources, in addition to the fact that the physical
environment itself is the recipient of all kinds of waste.
Moreover, this paradigm of the transitory and disposable is reproduced in human relationships,
which have gradually lost the sense of durability and tolerance because permeates “the tendency, inspired
by the dominant consumerism model of life, to treat other human beings as objects of consumption
according to the amount of pleasure they can offer, and in terms of cost-benefit” (Bauman, 2009, p.104).
However, in bartering there is a mutual exchange of objects that still have a useful life, preventing
waste, which offers a broad vision of the influence and responsibility that each one has on the natural
environment, besides that it is possible to save money. This leads to the statement that “the trifles of
some are the treasure of others”. The unconscious accumulation makes room for the revision of needs
and desires, making available to others what is no longer useful to us, giving it the opportunity for a new
story.
Searching in wardrobes, warehouses, garages, and other storage places for apparently useless
objects, the citizen consumer asks himself: What is this? When did I buy it? Why did I buy it? Why is it
no longer useful for me? Who could it be useful for? What do I need or want for the exchange? Why?
This exercise also implies a review of the consumption habits, proposing creative solutions that gradually
complete the requirements of the profile of a citizen-consumer.
In this sense, the wide range of goods and services on offer is examined through “multidirectional
and reliable information” (see García, 2009, p. 68) on their origin and characteristics. Thus, access to
information is essential in the citizen-consumer’s search for alternative ways of consumption.
For this, bartering is a sort of active citizenship that implies an intervention after a critical
evaluation on impacts of consumption in different areas: economic, ecological, and social, considering
that the sustainability of things is also the sustainability of people.
To refer to the establishment of relations of solidarity, we also start from Galeano (2008, p. 266),
who expressed that “the culture of consumption has made of solitude the most lucrative of markets”,
while Bauman (2009, p. 104) points out that “human solidarity is the first casualty of which the

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consumption market can boast”, which leads us to think of a consumerism that tends towards solitude,
without which the prevailing paradigm could not be deployed in a satisfactory way.
In solitude, the individuals seek to cover their shortcomings. In many cases, the encounter with
oneself causes such anxiety that the fear to interacting can become ingrained. Also, the solitude is made
more bearable by the merit of urgent consumption; objects replace people by providing satisfaction or
distraction.
In this way, solitude drives consumption without reflection, obstructing any solidarity and
alternative practices that may result from human interlocution. Bartering is inevitably based on trust and
involves organic interactions, which can lead to other solidarity practices and actions, which would lay
the foundations for a broader presence of individuals and groups in the socio-political scene. This is
because consumption means the deployment of socio-cultural events (see García, 2009).
Since bartering requires a coincidence of needs and desires, it is necessary to have an openness
to glimpse “the intrinsic value of others as unique and unrepeatable human beings, as well as the concern
for the care of the one’s own and others’ specificity and originality” (Bauman, 2009, p. 104). This means
that it must be emphasized that bartering takes time, patience, empathy and respect, attitudes that come
from a thorough educational and reflexive process for which unfortunately people believe there is not
time for, as Bauman (2009, p. 95) underlines:
Non-monetary ways of living must be destroyed so that those who relied on it are faced with the
decision of buying or starving to death (though no one can guarantee that once converted to
consumerism it will not happen anyway). Aspects of life not yet commodified will be shown to
entail dangers that can only be averted by buying tools or contracting services, or exposed as
inferior, repulsive, and ultimately degrading.
Bartering is now reinvented as part of a citizen-consumer consciousness, to enhance “sharing is
caring”, and the idea of transcendence of the Earth and people, rather than orienting interests to money
and objects, as this is a (conscious or unconscious) disposable propaganda. Thus, “the context of
exchange provided the opportunity to meet new people and perhaps form relationships that could extend
beyond the exchange itself” (Matthews &amp; Hodges, 2016, p. 99).
This reinvention is part of a learning required move from simple consumer to citizen-consumer,
which begins as an individual initiative that must be positioned on a social scale to impact to have an
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effective impact. It is a matter of unlearning and relearning under a peculiar style of social relations,
being tolerance an unavoidable component. Derived from the above, it is important to mention the
nuances of an experience that is still under construction, reiterating that it provides the elements to learn
more and more about conscious consumption.
Among other positive aspects, it is worth noting that each trade means the satisfaction of needs
and/or desires without spending money, so that money can be saved in a context in which people
constantly complain about not being able to do so. Further, bartering can be the beginning of friendships,
or the impetus for other recreational, educational, or civic activities, which can also be associated with
the promotion of local producers, artists, and service providers. Hence, it is undeniable that bartering
favors the development of an awareness of responsible consumption, while promoting the protection and
conservation of the environment, and the establishment of fair and respectful human relations, with
patience and cooperation prevailing.
In this way, citizen-consumers drives reciprocity and are oriented towards sustainability as the
prevailing paradigm, where social skills such as empathy and tolerance are needed to bring up the
community and recover lost human solidarity (see Bauman, 2009).
Therefore, bartering can be described as a learning process based on the understanding of the
difference between use value and exchange value, which is also the main challenge when there is
mismatch of needs and wants between people.
In this sense, the fact that needs and wants do not always coincide tests the patience of the citizenconsumer, as it is likely that one has to wait before finding what is seeking, and that the one who offers
what one needs or wants, at the same time needs or wants what is offered in exchange.
Moreover, a negative as well as a serious aspect is that the absence of money is not fully
understood, because everyday life is immersed in exchange value as a unit of reference in and it is hard,
but not impossible, to open to another approach. Precisely the differences of opinion regarding the value
of the goods or services to be exchanged can generate disrespect or lack of consideration between people
who try to participate in bartering, which undoubtedly obstructs the possibility to make a deal.

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To this end, a relevant element in the learning process of becoming a citizen-consumer is the
awareness and belief in the difference between use value and exchange value, as well as the ways in
which they are achieved.
Other pessimistic circumstances could be the case of people who do not know how to refuse a
proposal and accept it in conditions of injustice or discomfort; non-compliance with the terms on which
bartering was agreed; recidivism in missing appointments to close the trade; objects in poor conditions;
discriminatory or offensive speeches, and the uncertainty derived from the lack of confirmation of the
agreement, due to the fact that there are people who do not the practice seriously, which hinders adequate
communication. At this point, the requirement of collectivity (see García, 2009) for conscious
consumption is emphasized as a complex task to enhance bartering.
Certainly, bad experiences exalt general mistrust. In fact, just one of them is enough to deny that
bartering can be a valid consumption proposal, which makes it clear that people involved in the practice
of bartering are in a learning process, as it “provides a new way of assessing exchange, and it allows for
a broadening of the concept of consumption” (Matthews &amp; Hodges, 2016, p. 100), which also allows for
a paradigm shift, gradually and consciously, because “we cannot build a social and solidarity-based
economy without sustainability” (González, 2020).
5.-CONCLUSIONS
In this autoethnographic viewpoint it becomes evident that bartering is a formative option within the
social and solidarity-based economy approach, an inevitable premise when assuming responsibility for a
change in the predominant consumption model, in this case, through the action of the citizen-consumer,
for whom every decision regarding what and how goods or services are acquired must be preceded by an
awareness of solidarity with the social and natural environments.
In this way, it is a contribution to sustainability, expressed in the conservation and protection of
natural and social environments by exchanging objects that are valued and used again, extending their
useful life, thus fading the planned and perceived obsolescence, aroused by capitalism. Likewise,
bartering could not be completed without social interaction. People’s social skills are activated, as it is
necessary to discuss, deal and establish agreements that could activate other recreational, formative, or
civic actions. After all, there are various possibilities for a proper exercise of citizenship.

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As in all social interaction, bartering brings with it advantages and disadvantages. The main
benefit is the establishment of human relationships that defy the solitude caused by the prevailing
consumerist system. On the opposite, the main disadvantage is that there is not always coincidence of
needs and desires, which delays an adequate culmination of deals, which can end up inhibiting this
consumption alternative.
Therefore, bartering is a learning process, trial, and error, building and deconstructing individuals,
societies, expectations, and practices aimed to face the poverty and inequality generated by the
predominant economic paradigm. Even though it cannot be assured that it can replaced it, it is possible
to optimize it, so that it can be a good complement, while the awareness of the citizen-consumer
permeates the conventional dynamics of exchange, reducing the socio-environmental costs of planned
and perceived obsolescence to contribute to sustainability.
In this context, a comparative analysis of bartering with other solidarity practices, such as
cooperatives or second-hand sales is recommended as a next step. Furthermore, to broaden the
discussion, this practice could be explored under perspectives as Epistemologies of the South, or
ecofeminism, due to its community and environmental sides.
Finally, methods such as ethnography and netnography could be incorporated, considering that
bartering takes place both in cyberspace and in physical space, being possible to go back and forth
between the two.
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Estrategia pedagógica orientada a potencializar el
aprendizaje del idioma inglés en la Escuela Naval de
Suboficiales ARC “Barranquilla”1
Pedagogical strategy orientated at enhancing English language learning at the ARC Naval
School “Barranquilla”
Luis, De Moya2; Luis, Candanosa3; Elkin, Gutiérrez4; Hamudy-Fabian, Quintero-De-Moya5;
RESUMEN
Este artículo es producto de la investigación realizada para diseñar una estrategia pedagógica
orientada a potenciar el aprendizaje del idioma inglés, basada en la descripción y análisis de un
diagnóstico de las causas del bajo rendimiento académico y perdida de la asignatura de inglés en los
grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”. El propósito fue diseñar una
herramienta estratégica que lograra integrar los diferentes recursos educativos que garantizaran un
máximo rendimiento académico de los grumetes (alumnos) en el aprendizaje de una lengua extranjera
(inglés). El diseño metodológico aplicado fue un modelo de Paradigma cuantitativo experimental,
que en esencia tiene un gran desarrollo de orden pre experimental; no obstante, también utiliza
elementos no experimentales de corte transversal de tipo descriptivo y correlacional. Entre los
principales resultados esperados se destaca la visible aceptación y alta empleabilidad de una
estrategia compuesta por recursos selectivos, diseñados teniendo en cuenta las características
inherentes en los estudiantes objeto de investigación; condiciones claves para determinar esas
variables específicas necesarias para establecer, prospectivamente, un adecuado campo de acción en
la aplicación de dicha estrategia pedagógica fundamentada en referentes teóricos afines al objeto de
investigación.
Palabras claves: Bajo rendimiento, estrategia, idioma inglés, pedagogía, recursos educativos
abiertos.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 08/12/2021
Fecha de revisado: 22/12/2022
Fecha de aceptado: 24/04/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is the product of research carried out to design a pedagogical strategy aimed at enhancing
the learning of the English language, based on the description and analysis of a diagnosis of the
causes of academic underachievement and loss of the English subject in the cabin boys of the ARC
Naval School “Barranquilla”. The purpose was to design a strategic tool that would integrate the
different educational resources that would guarantee the maximum academic performance in the
cabin boys (students) in the learning of a foreign language (English). The methodological design was
an experimental quantitative model, which in essence has a great development of pre-experimental
order; however, it also uses non-experimental elements of cross-sectional descriptive and correlative
type. Among the main expected results is the visible acceptance and high employability of a strategy
composed of selective resources, designed considering the inherent characteristics of the students
under investigation; key conditions for determining these specific variable necessary to establish,
prospectively, an adequate field of action in the strategy based on theoretical references related to the
object of research.
Keywords: Underachievement, strategy, English language, pedagogy, open educational resources

Cómo referenciar este artículo:
De Moya, L., Candanosa, L., Gutiérrez, E. y Quintero-De-Moya, Hamudy-Fabian (2022). Estrategia pedagógica orientada a potencializar el aprendizaje del
idioma inglés en la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 242-262.
https://doi.org/10.29105/pgc8.16-12

Este artículo es producto del proyecto “Estrategia pedagógica orientada a potencializar el aprendizaje del idioma inglés en el programa de sanidad de la
Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla””, financiado por recursos propios de los coautores. Iniciado en 2020 y finalizado en 2021.
2
Maestrante en Educación en la Universidad Autónoma del Caribe, Colombia. Profesor programa de Sanidad de la Escuela Naval Email:
demoyaluis@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0996-5434
3
Maestrante en Educación en la Universidad Autónoma del Caribe, Colombia. Profesor programa de Sanidad de la Escuela Naval. Email:
luiscandanosa@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8525-8657
4
Maestrante en Educación en la Universidad Autónoma del Caribe, Colombia. Profesor programa de Sanidad de la Escuela Naval. Email: elkin1977@hotmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6440-6673
5
Magister en Gerencia de Recursos Humanos por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Universidad
Autónoma del Caribe, Colombia. Email: hamudyquintero@hotmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8320-9090
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1.-INTRODUCCIÓN
La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” (ENSB), ubicada en el departamento del
Atlántico-Colombia, preocupada por formar y capacitar de manera permanente a los suboficiales a través
de los procesos de alta calidad, requiere que el cumplimiento de su misión este orientado a que el personal
que se forma y capacita desde la etapa de aspirantes (etapa inicial de adaptación antes de iniciar la
formación naval-militar), puedan convertirse en futuros marinos y militares capaces de desarrollar y
aplicar sus conocimientos al operar y mantener las unidades a flote, submarinas; terrestres y aéreas que
ejercen soberanía colombiana. Sin embargo, el cumplimiento de esta tarea tan importante depende, en
gran medida, de la construcción y adaptación de un perfil académico adecuado y acorde a las exigencias
nacionales e internacionales; un perfil que permita desarrollar adecuadas competencias de la lengua
franca, especialmente cuando se trata de ejercer soberanía en un entorno fronterizo e internacional. En
este sentido, lamentablemente, un número importante del personal de alumnos navales ha presentado un
bajo rendimiento académico en la asignatura de inglés; materia que se ha convertido en un pilar
fundamental para asegurar el logro de los objetivos planteados en la alineación estratégica de la Escuela
Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” con la visión de la Armada Nacional, especialmente teniendo
en cuenta la prominente e inevitable etapa de globalización y modernización tecnológica que implica la
imperiosa necesidad del dominio del idioma ingles; lengua estándar en casi todas las relaciones
socioeconómicas de la mayoría de los países en la actualidad; un idioma que se constituye en una lengua
franca por interacción estratégica y su dominio en una habilidad de primer orden (Rodríguez Garcés, C.
2015).
Innegablemente el idioma inglés, lengua oficial en más de 60 países del orbe (Cenoz, 1998; citado
por Rodríguez Garcés, C. 2015), es una la lengua que se presenta con mayor frecuencia entre hablantes
multilingües, siendo también el principal idioma en la política internacional, las relaciones comerciales,
los trabajos científicos y los contenidos de la Internet. Del mismo modo, la mayor cantidad de recursos
e información recientemente publicada, tanto en formato digital como físico, está presentada en esta
lengua franca. Su propiedad de omnipresencia es tan marcada y tan evidente, que claramente en ninguna
circunstancia ni momento de la historia de toda la humanidad se ha hablado una misma lengua en tantos
lugares y por tantas personas (Crystal 1995, citado por Rodríguez Garcés, C. 2015).
De esta manera es imprescindible tener en cuenta que en la actualidad el dominio del idioma
inglés, como “Lengua Franca”, representa gran relevancia dentro de las políticas institucionales del
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gobierno nacional colombiano; especialmente en concordancia con las directrices emitidas por el
Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2019) del Ministerio de Educación Nacional, el cual, fue
denominado: “inglés como lengua extranjera; una estrategia para la competitividad”. Por tal razón es de
vital importancia priorizar y comprender, de manera enfática, que para poder contar con un pie de fuerza
Militar competentemente sincronizado y acorde con los estándares internacionales de formación naval,
se necesita primero alinear y perfeccionar la forma como los alumnos en las escuelas de formación,
dentro de los procesos enseñanza-aprendizaje, son entrenados y capacitados para garantizar la seguridad
nacional, la estabilidad regional; el mantenimiento de la soberanía y la paz en los escenarios nacionales
e internacionales, que por supuesto, especialmente en estos últimos, exigen el pleno desarrollo de
competencias comunicativas; un valioso escenario en donde predomina un alto flujo de formación en
inglés como idioma universal y estratégico de comunicación.
En los últimos años, en Colombia, y en la región latinoamericana en general, se sigue presentando
un promedio bajo en el dominio del idioma Ingles. El único país que destaca con un nivel medio-alto es
Argentina. El país colombiano, según el informe del Índice de Dominio de Inglés del año 2019, realizado
por la empresa de enseñanza internacional de idiomas en el extranjero Education First, es un estado que
se encuentra en el antepenúltimo lugar de todos los países latinoamericanos (19 en total) que tienen un
nivel de dominio bajo en inglés, por debajo de la media de la región (50,34) y mantiene, desde 2012, este
triste desempeño (Escobar y Montes, 2020).
Este bajo rendimiento académico, indiscutiblemente, se refleja en todas las instituciones del
sistema educativo colombiano, inclusive en las Instituciones de Educación Superior. Como ya se había
mencionado antes, la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” - ENSB no es la excepción a
la problemática del bajo rendimiento en el estudio y dominio del inglés, ya que los desalentadores
resultados académicos obtenidos por los estudiantes siguen siendo un triste panorama al que se debe y
se puede prestar más atención.
Esta problemática claramente identificada demandaba ser estudiada desde muchos campos
visuales, desde múltiples perspectivas y muy seguramente desde hace un tiempo atrás; no obstante, con
la mejor de las intenciones, se hizo necesario tener empatía de los estudiantes y maestros para intentar
determinar y comprender los posibles causales que precisan ser intervenidos para brindar una solución
efectiva. En ese mismo sentido amerita un significativo esfuerzo, no solo necesario sino más bien casi
obligatorio, para profundizar en la peculiar y particular forma en la que el binomio estudiante-profesor
de la Escuela Naval, interactúa, desarrolla y profundiza los diferentes procesos académicos en un
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contexto educativo especial, es decir, que maniobra bajo unas condiciones organizacionales diferentes a
las que normalmente se contemplan en las demás Instituciones de Educación Superior. Cabe agregar que,
las condiciones organizacionales especiales, marcan el actuar educativo que inevitablemente está
supeditado a la fusión e interdependencia del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de
Educación Colombiano. En otras palabras, los estudiantes deben complementar e integrar una formación
Naval-Militar con la respectiva formación académica; una mezcla que debe garantizar una adecuada
cualificación, sin embargo, es precisamente esta misma combinación la que genera la determinación de
factores que potencialmente y exponencialmente inciden en el bajo rendimiento académico,
especialmente en procesos cognitivos que demandan una concentración armoniosa y atractiva como lo
es el aprendizaje del idioma inglés.
Bajo la premisa anterior, determinando, analizando y dimensionado el verdadero calibre del
problema para alcanzar los niveles de dominio de la lengua franca (inglés), propuestos por el Programa
Nacional de Bilingüismo (2004-2019) del Ministerio de Educación Nacional, se ha podido conocer a
mayor profundidad y con una mirada crítica, que el sistema educativo colombiano ha realizado
importantes esfuerzos por intentar cumplir objetivos muy importantes y esenciales, trazándose metas
aparentemente fiables y coherentes, sin embargo, cuando evaluamos y analizamos los resultados
obtenidos, estos precisamente no son los esperados. Mencionados niveles propuestos para los actores del
sistema educativo en Colombia, se pueden observar claramente en la siguiente tabla:
Tabla 1.
Nivel esperado de dominio del idioma ingles
Población
Docentes que enseñan inglés en la educación básica.
Docentes que enseñan inglés en la educación básica, primaria y docentes de otras áreas.
Estudiantes de grado Once (11°).
Egresados de carreras en lenguas.
Egresados de cualquier carrera de educación superior

Nivel de Dominio del
idioma inglés
A2
A2
B1
B2-C1
B2

Fuente: Kostina (2012).
A pesar de que la intencionalidad por parte del sistema educativo colombiano, con las metas
propuestas, es buena y optimista, evidentemente no es suficiente ya que existen otros aspectos
importantes que deben alinearse y coordinarse para lograr los resultados esperados. De cierta manera,
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esta alineación y coordinación ya se ha iniciado, quizás de manera exigua y pausada, pero al menos ya
se ha despertado un interés colectivo que cada vez va sumando mayor eco en la sociedad colombiana
actual. De hecho, la prueba reina de lo anterior es que el sistema educativo colombiano se alineo con los
estándares de dominio del idioma inglés internacional; por niveles específicos; A1 (muy básico), A2
(Básico), B1 (pre-intermedio), B2 (intermedio alto), C1 (avanzado) y C2 (muy avanzado). No obstante,
a pesar de esta adecuada alineación estándar, sigue siendo todavía insuficiente; de manera generalizada
la región latinoamericana sigue presentando un promedio bajo en el dominio de este idioma. El único
país que destaca en esta región con un nivel alto es la nación del rio de la plata, Argentina. Colombia,
con un papel antagónico y triste, está en los últimos lugares de la lista, haciendo referencia a todos los
países que tienen un nivel bajo de inglés (Educación, S.,2017).
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Es entonces que, con una mirada introspectiva de reflexión y autodeterminación, teniendo en cuenta los
malos resultados y hallazgos académicos en el contexto nacional, regional y particular sobre el bajo nivel
de dominio del idioma inglés, sobre todo en los últimos años, se hizo necesario identificar y analizar la
existencia de factores asociados que, superlativamente, afectan el rendimiento académico de los
“grumetes” (alumnos militares de la ENSB) en el aprendizaje de la lengua franca; con el fin de poder
intervenirlos y tomar decisiones asertivas sobre las posibles estrategias para mejorar el rendimiento
académico. De tal modo, atendiendo a propender por la excelencia académica, las estrategias que se
pueden plantear bajo la premisa anterior, intentan garantizar métodos eficaces y eficientes para
desarrollar una mejor interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje, especialmente empleando las
bondades de las TIC´s; factores clave que permiten una formación integral, balanceada, completa y
necesaria para la consecución del dominio del idioma inglés dentro de los parámetros esperados.
De esta manera este bajo rendimiento se da por varios factores, algunos de ellos pueden ser la
falta de motivación por parte del profesor; su estado de ánimo o del mismo estudiante. En un sentido
general la definición de los motivos hace referencia en lo que impulsa a una persona para que actúe de
una determinada manera, generando un comportamiento especifico; esto puede ser provocado por
estímulos externos o internos, estos últimos generados por los procesos mentales, de manera que la
motivación se relaciona con la cognición y el ambiente que rodea al individuo. Los actos del ser humano
son guiados por las emociones y el conocimiento; actuar de cierta manera tiene que ver con la motivación
personal. Comparativamente, Según Gorjón y Quintero (2021) “un motivo es una necesidad o deseo

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específico que activa al organismo y dirige la conducta hacia una meta, los motivos son desencadenados
por algún estímulo” (p. 9).
Así mismo las emociones juegan un papel importante en todos los procesos de aprendizaje, junto
con el bienestar subjetivo que quieren todos los seres humanos, sin embargo, estos temas no serán tocados
a profundidad en este artículo, pero si es necesario entender que no son inherentes al proceso de
aprendizaje, ya que de cierto modo el hecho que los involucrados se sientan o no felices con las
actividades que realizan, o por lo menos tengan o no algún tipo de bienestar subjetivo, no es más que la
evaluación que las personas realizan a nivel afectivo y cognitivo de las mismas, y que en términos
generales no contradice si sienten satisfechos con su vida.
Entonces, reflexivamente, se puede llegar a la instancia de analizar y atribuir que posiblemente
una causa prominente del problema de bajo rendimiento, se debe, en gran medida, al lento y poco
acucioso desarrollo de competencias en esta área, especialmente aquellas de tipo comunicativas; las
cuales a su vez tienden a subyacer en el desconocimiento de factores asociados y al poco o nulo
aprovechamiento de escenarios dentro del contexto curricular; oportunidades esenciales que permiten
aplicar nuevas estrategias pedagógicas, mejores metodologías que integren la particularidad y
versatilidad de los estudiantes, quienes cursan simultáneamente una formación educativa y militar. Este
apropiado análisis permite fraguar una mejor aplicabilidad (transversalmente) de las diferentes
herramientas y recursos necesarios para mejorar el aprendizaje del idioma inglés, sobre todo cuando la
intensidad horaria y número de créditos académicos sigue siendo uno de los mayores obstáculos por no
ser los suficientes; caso específico de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.
En este sentido claro, consecuentemente, surgió el planteamiento de la pregunta problema de la
investigación objeto de presentación en el presente artículo: ¿Cómo se puede mejorar o potencializar el
rendimiento académico de la asignatura inglés, en los alumnos del programa académico de Sanidad Naval
de la ENSB?
En atención a dar respuesta a la anterior situación problema planteada, surgió también el objetivo
general de mencionada investigación; el cual fue el siguiente: “diseñar una estrategia pedagógica
orientada potencializar el aprendizaje del idioma inglés, en el programa de Sanidad del naval de la
Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” (De Moya et al., 2020).

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No obstante, cabe aclarar que el único objetivo del presente artículo es presentar una destacada y
particular estrategia para potencializar el aprendizaje del idioma inglés en un grupo de estudiantes que
se encuentran en un atípico contexto; donde desarrollan simultáneamente un rol especial que se conjuga
con una formación de carácter Naval-Militar.
De igual manera, al intentar mostrar los argumentos que ayudan a justificar la importancia de la
aplicación de una estrategia pedagógica orientada a potencializar el aprendizaje del idioma inglés, es
preponderante presentar elocuentemente las bases teóricas para que sirvieron para cimentar nuevos
conocimientos; todo el proceso investigativo inmerso, en donde se propendió desde un inicio a dar
respuestas al planteamiento del problema, demostrando y justificando las razones por las que las
estrategias Pedagógicas y el rendimiento académico son factores cada vez más influyentes en la
evolución cognitiva de los estudiantes a nivel universitario. Estas condiciones quizás reflejan las
preferencias individuales de la forma de estudiar y de procesar la información (Escobar y Ocampo, 2016).
Con base en estas consideraciones, es necesario entonces aportar y contrastar los significados de los
términos y conceptos inmersos en las variables objeto de investigación:
Estrategias Pedagógicas
De forma sencilla y práctica, este concepto se puede definir como todas las acciones realizadas por el
docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Estas estrategias
componen los escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción
del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos
y problemas propios del campo de formación” (Bravo 2008, como se citó en Mora et al., 2013). Empero,
es válido acotar que, según Escobar y Ocampo (2016), las estrategias pedagógicas y de aprendizaje se
definen particularmente como:
Capacidad de comprender, de resolver y de ser hábil en la resolución de problemas que no siempre
amerita un extenuante ejercicio memorístico que en algunos casos funciona y en otros no tanto,
se relaciona con la forma de aprender; este procedimiento secuencial que involucra la actividad
mental asociada con la identificación y acomodación individual para el procesamiento de la
información, es el modo más eficaz y flexible para aprender significativamente, lo cual está por
encima de un cumplimiento académico transitorio (p16).
Este punto de vista llama la atención sobresalientemente porque invita a la reflexión sobre el quehacer
educativo, sobre el proceso que cada individuo, en su rol de estudiante o docente, realiza en su mente
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para conseguir el logro de los objetivos académicos; lo que de alguna forma u otra esta intrínsicamente
ligado a mejorar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido, uno de los errores más
comunes es creer que las estrategias pedagógicas solo son válidas cuando se proponen en consenso y
aprobación del personal docente, sin tener en cuenta las actitudes particulares de cada individuo y la
diversidad de su contexto; entorno educativo que puede jugar un papel a favor o en contra; que puede ser
la llave que habrá nuevas puertas y caminos, o el candado que cierre, obstaculice o limite cualquier
intención educativa.
Rendimiento Académico.
Este concepto comúnmente se interpreta como una medida de las capacidades de los estudiantes, a través
de la cual se determina que tanto han aprendido dentro de un proceso de formación académica. Esta
perspectiva, dependiendo del contexto, puede llegar destacar o eclipsar la capacidad de un estudiante
para responder a los estímulos educativos. No obstante, es importante resaltar que existen otros factores
que condicionan el rendimiento académico, entre estos seguramente se pueden mencionar
intrínsecamente aspectos intelectuales: de memoria y concentración, de autodisciplina, motivación y
responsabilidad. Adicionalmente, pero de manera extrínseca también se pueden mencionar aspectos
familiares, económicos y socioculturales, entre otros.
Por otro lado, dando explicita continuidad a la presentación de la estrategia pedagógica y los
detalles de su elaboración, es válido aclarar mejor el concepto de rendimiento académico. En este sentido,
según Navarro, (2003): “en la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no
garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia” (p.2). Esta afirmación es más
coherente en el contexto educativo de los estudiantes en donde se desarrollan circunstancias llenas de
matices y contrastes; en donde se combinan preparación mental y física; calma y excitación; como lo es
el caso de la formación académica-naval-militar. Estas son cualidades inherentes en los seres humanos;
sin embargo, existen otras características muy singulares que algunos desarrollan y otros no; es como un
código genético que permite el surgimiento de algunas destrezas que pueden ser perfeccionadas con el
paso del tiempo y la interacción e influencia del entorno. En este orden de ideas, posiblemente el reto
consiste en unir las piezas esenciales para descifrar un universo de posibilidades; un escenario que
permita a los estudiantes asimilar nuevos conocimientos y a desarrollar nuevas y mejores habilidades
que ayuden a potencializar su rendimiento académico.

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Aprendizaje del Idioma Inglés
Cuando se habla del aprendizaje de cualquier idioma es indispensable no caer en el vicioso juego de la
malinterpretación de la palabra aprender. Para esto, es importante tener en cuenta una de las mayores
bondades de la conceptualización; la utilización de recursos que integran la comparación y la
diferenciación. Puesto en práctica estos recursos se puede hallar la gran diferencia entre aprender un
nuevo idioma y adquirir un nuevo idioma. Todos los estudiantes de idiomas empiezan aprendiendo el
idioma, pero no todos lo adquieren. Esto quiere decir, que la adquisición de un segundo idioma (como el
inglés) se refiere al proceso final del aprendizaje que le permite al estudiante manejar un segundo idioma
de la misma manera que lo hace con el primero (Beltrán, 2017).
El inglés como ya se ha mencionado antes, es mundialmente el idioma más aprendido como
segundo idioma. Estimaciones sugieren que millones de personas lo hablan como su primer y segundo
idioma, así como es utilizado cada vez más por hablantes no nativos. (Ortiz, 2013, como se citó en Chávez
et al., 2017).
En el orden más lógico, sin vacilar, el aprendizaje del inglés constituye una prioridad desde los
niveles básicos de enseñanza, llegando al punto máximo de la educación superior, donde su conocimiento
y cualidades en los diferentes aspectos de audición, expresión e interpretación deben ser elevados. Este
concepto demanda docentes completamente capacitados y entrenados en cuanto a la metodología
apropiada para desarrollar un correcto proceso de enseñanza aprendizaje, que tenga la capacidad de
reconocer los diferentes tipos de estudiantes, sus formas de aprendizaje, sus problemas en el aprendizaje,
etc. (Juan &amp; García, 2012, como se citó en Beltrán, M. 2017)
En consecuencia de intentar descubrir la fórmula secreta; la receta con potencializadores del
aprendizaje de una lengua extranjera como el idioma inglés, el principal referente teórico que respaldó
el trabajo de investigación objeto de presentación en el presente artículo, fue la propuesta de Howard
Gardner en 1983; que hace referencia al desarrollo de las inteligencias múltiples, al aprendizaje autónomo
a través del reconocimiento de las formas individuales de aprendizaje y a la estimulación de procesos
cognitivos que conllevan prominentemente al aprendizaje y construcción de un espacio ideal (Gardner y
Nogués, 1995). Otro referente importante tenido en cuenta, fue la teoría de David Ausubel, en la que se
plantea el importante aprendizaje significativo; aquel en donde un estudiante asocia la información nueva
con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en un proceso mental
majestuoso: en el cual recibe, asimila, descubre, crea y organiza (Avilés, 2016).

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Al mismo tiempo, como ejemplo de fusión y transformación evolutiva de los entornos y
ambientes educativos, el uso de las TIC´s (Tecnologías de la información y las Comunicaciones) juegan
un papel importante en la adecuada planificación y estructuración de estrategias pedagógicas; se
convierten en una especie de vector que permite traducir y realizar una adecuada paráfrasis, en términos
aceptables para los estudiantes; con el uso de la tecnología en formatos multimedia, hipermedia y
transmedia; en un leguaje que no solo es llamativo, sino que también es un lenguaje que hoy por hoy es
universal y totalmente transversal. Por tal razón, en la actualidad, es casi mandatorio contemplar el uso
de las TIC,s dentro de cualquier estrategia pedagógica, especialmente si se busca mejorar el aprendizaje
de una lengua extranjera (inglés).
3.-MÉTODO
Diseño
El enfoque que abordó la investigación objeto de presentación del presente artículo, desde la invaluable
perspectiva epistemológica, fue de paradigma cuantitativo experimental, que en esencia tuvo un impacto
de orden preexperimental; no obstante, selectivamente se conjugaron otros valiosos aportes, ya que se
utilizaron elementos no experimentales de corte transversal de tipo descriptivo y correlacional. Estos
elementos complementaron y dieron continuidad al proceso de análisis de la información cuantificable
necesaria para describir o tratar de explicar los fenómenos objeto de estudio, garantizando así el
cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación como tal. Además, es necesario mencionar
que el trabajo de investigación realizado, gracias a los instrumentos utilizados, permitió observar y
analizar las diferentes variables presentes en el problema; aspectos fundamentales a la hora de diseñar y
proponer una efectiva e innovadora estrategia pedagógica. Por consiguiente, es válido también resaltar
que existen elementos claves en los que se señalan diferentes combinaciones, según el carácter
exploratorio o confirmatorio, en donde se permite fusionar matices investigativos a razón de garantizar
la continuidad y majestuosa naturalidad de todos los procesos que permiten ampliar los límites del
conocimiento (Rocco et al. 2003, como se citó en Pérez, 2011). En este sentido el trabajo de investigación
realizado desarrolló un tipo de Investigación cuantitativa, que contó con elementos que permitieron
describir las relaciones entre dos o más variables; condiciones previas que secuencialmente permitieron
la conexión con un escenario apropiado para proponer y desarrollar una estrategia que ayude
potencializar el aprendizaje del idioma inglés; estrategia que se convierte en un tratamiento adecuado
para el principal diseño Pre experimental del mencionado trabajo de investigación; un diseño de pre testpost test con un solo grupo, cuyo grado de control fue mínimo para la muestra señalada.
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Participantes
La muestra de este trabajo de investigación estuvo conformada por los estudiantes de una Escuela de
formación naval – militar de carácter tecnológico, la ENSB. Las muestras fueron de tipo no probabilista
(no aleatoria) debido a los intereses de los investigadores. En la muestra no probabilística los sujetos
generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del
investigador (Montaño, 2017).
Según Peñaranda (2015), (como se citó en Clavijo, 2021), el muestreo no probabilístico consiste
en: “… un producto de un proceso de selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no probabilística
generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del
investigador” (p. 41), por lo tanto, el criterio empleado conlleva a la participación de los estudiantes del
programa de Sanidad Naval; para lo cual se obtuvo una muestra compuesta por 3 grupos de estudiantes
de los contingentes 152, 153 y 154 de la Escuela Naval de Suboficiales ubicada en la ciudad de
Barranquilla, Departamento del Atlántico. Vale la pena aclarar que un contingente es un grupo regular
de estudiantes que ingresan en un mismo periodo de formación naval militar; alumnos en común a los
que se les asigna un número secuencial que les ayuda a la plena identificación y diferenciación dentro de
la organización.
Metodológicamente hablando, la investigación que se quiere presentar se dividió en dos partes
principales: en la primera parte, en la cual convergen los elementos no experimentales de tipo
correlacional, se tomó como muestra a 12 estudiantes pertenecientes al Contingente 152, 153 y 154 que
cursaban el programa Tecnológico de Sanidad, en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.
Por cada contingente se tomaron 4 sujetos respectivamente. Estos estudiantes en su totalidad son de
género masculino, sus edades oscilan entre los 17 y 23 años y pertenecen a los estratos socioeconómicos
2 y 3, es decir, estratos bajo y medio bajo. Para la segunda parte, la muestra se tomó del mismo grupo en
general, pertenecientes a los mismos contingentes 152, 153 y 154. El total de esta segunda muestra fueron
39 grumetes (estudiantes navales) del programa de sanidad naval; distribuidos equitativamente en 3
grupos, es decir, 13 sujetos por grupo, un grupo por cada contingente.
Instrumentos
En el trabajo de investigación se utilizó un instrumento específico, contemplado para obtener y medir
información valiosa para concretar los objetivos propuestos en el proyecto. Este instrumento fue un
cuestionario de preguntas cerradas; herramienta de oro que permitió la recolección de los datos
252 Estrategia pedagógica orientada a potencializar el aprendizaje del idioma inglés en la Escuela Naval de Suboficiales…

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relacionados con la investigación; información valiosa que sirvió de materia prima para desarrollar el
proceso metodológico.
Mencionado instrumento, se elaboró contemplando la presencia de una serie de variables que
demandaban la realización de un plan explícito y organizado para clasificar y cuantificar datos
suministrados por conductas observables de los individuos y procesos involucrados. La lista de Variables,
que hacen referencia al bajo rendimiento académico en la asignatura de Ingles, es la siguiente:
Rendimiento académico, Formación académica, Hábitos y Técnicas de Estudio y Condiciones apropiadas
de estudio.
Aunque las variables que condicionan el rendimiento académico en los distintos niveles de
enseñanza son numerosas y constituyen una intrincada red en la que resulta complejo ponderar la
influencia específica de cada una, se ha generalizado la idea de que los hábitos de estudio influyen
considerablemente en los resultados escolares. Naturalmente, no se deben confundir los hábitos
(prácticas constantes de las mismas actividades) con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y
otras, empero, coadyuvan a la eficacia del estudio. También es cierto que, por un lado, el hábito de
estudiar es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje; por el otro, conviene sacar el máximo
provecho a la energía que requiere la práctica consciente e intensiva del estudio por medio de unas
técnicas adecuadas (Pérez y Barberis, 2005).
Procedimientos
Para desarrollar la investigación acerca de la estrategia pedagógica orientada a potencializar el
aprendizaje del idioma inglés en el programa de sanidad de la Escuela Naval de Suboficiales ARC
“Barranquilla”, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 1) Se desarrolló la idea de investigación y
subsecuente planteamiento del problema. 2) Se realizó una revisión bibliográfica de los conceptos
teóricos acerca de Técnicas y Estrategias de Aprendizaje del inglés y Rendimiento Académico de los
alumnos. 3) Se realizó una revisión, estudio, selección y análisis de las investigaciones a nivel
internacional, nacional y local acerca del tema de investigación. 4) Se realizó una revisión teórica y
selección del instrumento para la recolección de datos de interés para esta investigación. 5) Se desarrolló
el respectivo diseño de Investigación (Iniciando de forma no experimental). 6) se visualizó el alcance del
objeto de estudio y determinación de las variables. 7) Se realizó la construcción y validación del
instrumento para identificar y confirmar variables. 8) se aplicó el instrumento; cuestionario con preguntas
cerradas a 12 estudiantes de una Escuela de formación académica, naval y militar que pertenecen al
programa de Sanidad Naval. 9) Se revisó u analizó los resultados del Cuestionario para identificar y
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�De Moya, L., Candanosa, L., Gutiérrez, E. y Quintero-De-Moya, Hamudy-Fabian

confirmar las variables principales que permitan orientar una estrategia pedagógica. 10) Se diseñó y
construyó de la estrategia pedagógica con base a las variables identificadas (Curso Virtual en plataforma
Moodle); (tratamiento). 11) Se seleccionó la segunda muestra y se aplicó un pretest sobre el desarrollo
del curso virtual. 12) Se aplicó el tratamiento. 13) Por último, se realizó un postest a la misma muestra,
para luego analizar y revisar los resultados del pre-test y pos-test; para identificar y confirmar si hay un
punto de referencia inicial que permite observar qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes
ante el estímulo; determinado los valores positivos y/o negativos de este diseño. Mencionado diseño se
representa de la siguiente manera:
Tabla 2.
Diseño Preexperimental (Pre test-Post test)

Grupo

Asignación

Medida de
pretest

TTO

Medida
de
posttest

A

no R

O

X

O

Contingentes No aleatorios
152, 153 y 154 (Programa de
(57 Alumnos) Sanidad Naval)

Conducta de
entrada

Realización del
curso en la
Conducta
Plataforma Black- de Salida
Board

Fuente: Rojas (2013).
4.-RESULTADOS
Con la magna intención de establecer y certificar una ruta trazable y confiable que garantizara poder
mostrar evidencias en la obtención de los resultados esperados; intentar diseñar una estrategia adecuada
y viable para mejorar los procesos académicos y el rendimiento de los estudiantes, representó,
significativamente, un gran reto difícil de asumir y difícil de cumplir. No obstante, al mismo tiempo,
representó una gran oportunidad para amoldar y cambiar la forma como se dan los procesos de enseñanza
y aprendizaje en un contexto tan particular como el que se da en la ENSB. Esta oportunidad permitió de
forma predominante la organización, consolidación y conjugación de recursos y herramientas, que,
categóricamente, pueden aplicarse dentro del aula y fuera de ella; entendiendo claramente que el óptimo
conocimiento de los contextos educativos y las diferentes realidades sociales representan un recurso sin
254 Estrategia pedagógica orientada a potencializar el aprendizaje del idioma inglés en la Escuela Naval de Suboficiales…

�De Moya, L., Candanosa, L., Gutiérrez, E. y Quintero-De-Moya, Hamudy-Fabian

explotar para llegar a los estudiantes y para cerrar la brecha entre el aprendizaje que ocurre en la escuela
y el aprendizaje que ocurre en el mundo (Olivencia y Martínez, 2015).
En este estricto sentido, particularmente en la ENSB, el contexto educativo y las realidades
sociales son especiales y muy diferentes a las que se pueden observar en otras Instituciones de Educación
Superior; por lo que su valioso aprovechamiento se considera una de las bases que cimentan y guían la
construcción adecuada del producto final esperado; una estrategia que verdaderamente cumpla con el
objetivo principal para el que fue diseñado: “potencializar el aprendizaje del idioma ingles”.
Gracias a la aceptación de la proposición anterior, de manera circunspecta, a través de la
investigación realizada, se resaltó una de las características más especiales que predomina en el contexto
educativo: la diversidad cultural, dada principalmente porque que sus estudiantes provienen de todas las
regiones de Colombia; la cual, implícitamente, nos señala que existe una gran variedad de costumbres y
habilidades que los estudiantes son capaces de desarrollar, y, que, precisamente, se convierten en
atributos que ayudan a colegir los diferentes referentes teóricos que apoyan e inspiran a lograr la
consolidación bien estructurada del trabajo de investigación.
La estrategia que se intenta dar a conocer, creada por un grupo de trabajo de investigación
conformado por docentes militares de la ENSB, a modo de “tratamiento”, se denominó “curso virtual de
aprendizaje del idioma inglés, en la plataforma AVAFP – BLACKBOARD.COM”. Este curso, como
estrategia de aprendizaje, propuso un desarrollo temático planificado para llevarse a cabo en un semestre
académico del ENSB, el cual, se puede desarrollar a través de la plataforma (Black Board) del Ambiente
Virtual de Aprendizaje de la Fuerza Pública Colombiana (AVAFP). Mencionado ambiente esta soportado
sobre una plataforma LMS lo suficientemente robusta y adecuada, que le permite al sistema educativo
de la Fuerza Pública contar con las herramientas tecnológicas necesarias, suficientes y de vanguardia
para desarrollar su labor académica en cualquiera de sus modalidades (presencial y virtual), lo que a su
vez permite mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de manera continua. Este tipo de herramientas
tecnológicas son de gran importancia porque permiten establecer contacto con personas en cualquier
lugar del mundo, estudiar a distancia, ampliar los conocimientos en diversas áreas del saber,
conocimientos y saberes que cambian y se amplían a cada segundo (Mancero y Veloz, 2017).
Sobre la base de las consideraciones anteriores, continuando con la descripción de la propuesta
hecha realidad, en este curso se propusieron 4 unidades con la intención de satisfacer el logro de tres (3)
de las cuatro (4) competencias lingüísticas básicas en el idioma inglés: writing, listening and reading
(escribir, escuchar y leer). Se puede observar el contenido del curso tabla 3.
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Tabla 3.
Contenido del Curso Virtual.

English
Nombre

Curso virtual de Ingles para Niveles A-1 y A-2 (ENSB) Plataforma AVAFP
Unidad 3
Unidad 1 (Unit 1)
Unidad 2 (Unit 2)
(Unit 3)
Nice to meet you

El abecedario.
Cómo deletrear tu nombre.
Adjetivos posesivos (singular).
Presente del verbo “to be”
(afirmativo, interrogativo y
Elementos y negativo).
Números cardinales del 0 al 10.
temas del
Pronombres demostrativos
contenido
(singular).
Artículos
Saludos.
Enlaces Actividades prácticas
Evaluación

Unidad 4
(Unit 4)

Where are you from?

What are
you doing?

What´s the
matter?

Preguntas y respuestas cortas
con el verbo “to be”.
Simple present with the verb
"to be"
Practice
Nacionalidades.
Where are you from?
Practice
Preposiciones de lugar.
Diálogos: ¿Es este tu paraguas?;
¿Dónde está el control remoto?
Quiz

Presente
Continuo o
Progresivo.
el tiempo
La hora.
Diciendo la
hora
(accesorios).
Períodos de
tiempo;
Los colores
Review

Partes del
cuerpo
ejercicios
prácticos
enfermedades
o problemas de
salud
Vocabulario
COVID 19
Herramientas
de trabajo de
doctores y
enfermeros.

Final Quiz

Fuente: Elaboración propia (2021)
A manera de colofón, este curso en línea se diseñó y estructuró para incentivar el desarrollo de
habilidades básicas de inglés en un nivel A1 y A2, haciendo alusión al Marco Común Europeo de
Referencia (CEF); generando confianza en situaciones cotidianas que demandan el dominio básico de
este idioma. Como valor añadido, se introdujo en los contenidos, la posibilidad de utilizar conceptos;
acciones, eventos y vocabularios relacionados con la profesión de enfermería (Sanidad Naval), brindado
la oportunidad de que el alumno pueda familiarizarse con la práctica del idioma en inglés dentro de su
roll profesional, sobre todo teniendo en cuenta que a menudo se presentan situaciones y eventos en donde
las limitaciones del dominio de la lengua franca representan un riesgo en la atención segura, adecuada y
oportuna de los pacientes.
En este sentido, mostrando el pleno desarrollo metodológico, en el primer apartado de orden no
experimental se pueden observar los resultados de la aplicación del instrumento en la gráfica de la figura
1:

256 Estrategia pedagógica orientada a potencializar el aprendizaje del idioma inglés en la Escuela Naval de Suboficiales…

�De Moya, L., Candanosa, L., Gutiérrez, E. y Quintero-De-Moya, Hamudy-Fabian

Figura 1.
Resultados de la aplicación del instrumento

Fuente Elaboración propia (2021).
Claramente los resultados de la aplicación del instrumento utilizado en el trabajo de investigación,
plasmados en las gráficas circulares, evidencian significativamente un tipo de correlación positiva entre
dos variables específicas: el rendimiento académico y las técnicas y herramientas de estudio. No
obstante, se deja muy claro que no es el objetivo principal de este articulo desarrollar y explicar esta
correlación e interacción, y tampoco lo fue para la investigación; si no que más bien fue el inicio de un
camino que ayuda a orientar el diseño de posibles estrategias que permitan manipular las variables a
favor de generar cambios significativos en la muestra; como en este caso potencializar el aprendizaje del
idioma inglés.
Teniendo en cuenta los resultados presentados de la investigación, es preciso manifestar la
intención subsecuente que surgió del análisis de los datos; condiciones que, sumadas a criterios de
observación como la interacción, el comportamiento y las tendencias TIC, entre otros, otorgaron la
valiosa oportunidad de diseñar una verdadera estrategia académica; una herramienta que aprovecho las
bondades de la era de la información con la Web 2. 0.. Es entonces que, en este preciso momento
mencionado de la investigación, sobresalientemente cronológico, se dio paso a la aplicación del diseño
preexperimental ya mencionado (pretest – post test a un solo grupo).
En el avance de mencionado proceso investigativo, en el segundo apartado de orden preexperimental,
desde la práctica real, en la que se aplicó el test a los tres grupos iguales de la muestra (Contingente 152,
153 y 154); se muestran los momentos precisos del antes y después; de los que brotan fértilmente los
datos que se observan en las figuras 2, 3 y 4 respectivamente.
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Figura 2.
Conductas de entrada y salida del Contingente No. 152
120
100
80
60
40

20

conducta de
entrada
66
8
69
97
29

E. Descriptiva
Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar

conducta de
salida
82
2
80
80
8

0
1

2

3

4

5

6

7

8

CONDUCTA DE ENTRADA

9

10

11

12

13

CONDUCTA DE SALIDAD

Fuente: Elaboración propia (2021).
En este grupo se obtuvo los resultados esperados, ya que en la conducta de salida hubo un aumento de
las notas, con una media de “78,0", 11 puntos por encima de la media en los resultados del test de entrada
(67,0).
Figura 3.
Conductas de entrada y salida del Contingente No. 153
120
100
80
60

40

E. Descriptiva

20

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar

0
1

2

3

4

5

6

CONDUCTA DE ENTRADA

Conducta
Conducta
de Entrada de Salida
67
78
1
3
66
80
64
80
5
12

7

8

9

10

11

12

CONDUCTA DE SALIDA

Fuente: Elaboración propia (2021)

258 Estrategia pedagógica orientada a potencializar el aprendizaje del idioma inglés en la Escuela Naval de Suboficiales…

13

�De Moya, L., Candanosa, L., Gutiérrez, E. y Quintero-De-Moya, Hamudy-Fabian

En este grupo se obtuvo de cierta manera también los resultados esperados, ya que en la conducta
de salida hubo un aumento significativo con una media de “82,0", 24 puntos por encima de la media del
test de entrada (66,0). La desviación estándar en el pre test (Conducta de entrada), arrojó valores que
connotan un elevado valor, es decir, permiten evidenciar una dispersión significativa de los valores en
torno a su promedio.
Figura 4.
Conductas de entrada y salida del Contingente No. 154.
120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

conducta de entrada

7

8

9

10

conducta de salida

11

12

13

Fuente: Elaboración propia (2021).
En este grupo se obtuvo los resultados esperados, ya que en la conducta de salida hubo un aumento de
las notas, con una media de “85,0", 13 puntos por encima de la media del test de entrada (72,0).
5.-CONCLUSIONES
De cierta manera, vale la pena presentar y divulgar a viva voz que el rendimiento académico se puede
potencializar si se realiza mayor esfuerzo por reforzar las técnicas de estudio, aprovechando los recursos
TIC que facilitan tareas como: asociar y ordenar ideas; repasar y comprender de mejor forma nuevos
contenidos, especialmente en el aprendizaje del inglés; elementos contemplados en la estrategia puesta
en marcha.
También es válido presentar que, al momento de aplicar el instrumento contemplado para
identificar variables dentro de la investigación, se encontró incidentalmente que cada estudiante
desarrolla diferentes estrategias personales de aprendizaje sin ninguna discriminación entre ellas, ni un
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�De Moya, L., Candanosa, L., Gutiérrez, E. y Quintero-De-Moya, Hamudy-Fabian

conocimiento claro, ni técnico, de la manera de utilizarlas. Esto ayudo a la práctica y acuciosa
identificación de factores asociados al bajo rendimiento en los procesos enseñanza-aprendizaje de la
asignatura inglés. Estos factores fueron los siguientes: 1) Formación académica, 2) Condiciones
apropiadas de estudio, 3) Rendimiento académico y 4) Hábitos y Técnicas de Estudio; siendo estos dos
últimos las variables dependiente e independiente respectivamente.
Como resultado de la revisión bibliográfica desarrollada en la investigación, se logró incorporar
una estructura teórica sólida, compuesta por dos (2) principales referentes teóricos: David Ausubel con
su teoría del aprendizaje significativo y Howard Gardner con su teoría de las Inteligencias Múltiples;
siendo esta ultima la principal fuente para la adecuada planeación de la estrategia pedagógica. Esta
elección fue un verdadero acierto teniendo en cuenta la diversidad de habilidades que poseen los
estudiantes; las cuales, pueden ser aprovechadas e integradas gracias a las bondades de as TIC´s.
La estrategia creada y propuesta en el trabajo de investigación denominada “curso virtual de
aprendizaje del idioma inglés, en la plataforma AVAFP – BLACKBOARD.COM”, cumplió con las
expectativas de los investigadores, ya que los resultados permitieron evidenciar una mejoría en el
rendimiento académico; confirmando la importancia que tiene la integración de recursos multimedia en
un ambiente virtual que permite a los alumnos explotar de mejor manera sus capacidades y habilidades
particulares.
A pesar de los buenos resultados, es importante también identificar qué otras estrategias, tanto de
enseñanza como de aprendizaje, son más convenientes para disminuir la ansiedad de los estudiantes en
el momento de presentar pruebas estandarizadas, ya que un buen rendimiento no siempre garantiza en su
totalidad buenos resultados en las pruebas de estado.
Unas de las recomendaciones, resultantes de la investigación, y que cumplen metritos para ser
presentadas en el presente artículo, es la propuesta innovadora de abrir nuevos espacios para tutorías
especializadas; capacitar a los docentes de otras asignaturas, con el fin que puedan desarrollar y
consolidar más estrategias similares a la que se abordó en el trabajo de investigación; intentando ampliar
la cobertura transversal del aprendizaje del idioma inglés; magistral intención que propende por
aprovechar todos los espacios curriculares disponibles en la formación académica y militar de los
estudiantes de la ENSB.

260 Estrategia pedagógica orientada a potencializar el aprendizaje del idioma inglés en la Escuela Naval de Suboficiales…

�De Moya, L., Candanosa, L., Gutiérrez, E. y Quintero-De-Moya, Hamudy-Fabian

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Entre lo bestial y lo sagrado: discursos esencialistas y
reacción neoconservadora en Latinoamérica1
Between the bestial and the sacred: essentialist discourses and neoconservative reaction
in Latin America
Hernán, Caneva2; Fabiana, Parra3
RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación en curso cuyo objetivo consistió en examinar
las tensiones presentes en ciertos discursos provenientes de sectores neoconservadores liberales y
religiosos en nuestra región latinoamericana. El propósito de dicha investigación fue mostrar, por una
parte, los supuestos esencialistas de estos discursos (supuestos que sin embargo, pueden analizarse
también al interior del propio feminismo); y por otra, mostrar los efectos negativos que estas
construcciones discursivas implican. Subsidiariamente, se presentan alternativas para desarticularlos.
Para llevar a cabo los objetivos se aplicó el método cualitativo de análisis crítico- conceptual con la
técnica de revisión documental y análisis del discurso de experiencias históricas en las que tienen un
estatuto central las representaciones basadas en una supuesta esencia para legitimar prácticas de
violencia y de exclusión. Lo cual permitió mostrar las continuidades con los fenómenos ideológicos
discursivos desatados por la avanzada neoconservadora actual en Latinoamérica, específicamente en
Argentina. Finalmente, el trabajo argumenta la necesidad de ejercer la vigilancia epistémica necesaria
para que los discursos en cuestión dejen de permear todas las capas de la sociedad.
Palabras claves: Agenciamientos, discursos esencialistas, neoconservadurismo, subjetivación.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 03/12/2021
Fecha de revisado: 21/12/2022
Fecha de aceptado: 19/04/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is the product of an outgoing research whose objective was to examine the present
tensions in certain discoursed coming from liberal and religious neoconservative sectors in Latin
American region. The purpose of this research was to show, on one side, the essentialist assumptions
of the discoursed (assumptions that, however, can also be analyzed within feminism itself); and on
the other hand, show the negative effects that these discursive constructions imply. Subsidiarily,
alternatives are presented to dismantle them. To carry out the objectives, the qualitative method of
critical- conceptual analysis was applied with the technique of documentary review and analysis of
the discourse of historical experiences in which representations based on a supposed essence have a
central status to legitimize practices of violence and exclusion. This allowed to show the continuities
with the discursive ideological phenomena unleashed by the current neoconservative advance in
Latin America, specifically in Argentina. Finally, the paper argues the need to practice the necessary
epistemic vigilance so that the discourses in question cease to permeate all layers of society.
Keywords: Agency, essentialist discourses, neoconservatism, subjectivation.

Cómo referenciar este artículo:
Caneva, H. y Parra, F. (2022). Entre lo bestial y lo sagrado: discursos esencialistas y reacción neoconservadora en
Latinoamérica. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 263-286. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-13

1

Este artículo es producto de las investigaciones doctorales de les autores, financiadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) iniciadas en 2014 y finalizada en 2019 en el caso del Dr. Caneva (Dr. en Ciencias Sociales). Mientras que la investigación doctoral de Parra
(Dra. en Filosofía) se inició en 2015 y finalizó en 2020, ambas con lugar de trabajo en el Instituto de investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
(IdIHCS)- UNLP/ CONICET.
2
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Docente e investigador la Universidad Nacional de La Plata. E- mail:
hernancaneva@gmail.com Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6641-0403
3
Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Docente e investigadora en la Universidad Nacional de La Plata. E-mail:
fabianaparra00@gmail.com Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5106-3675

263 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Caneva, H. y Parra, F.

1.-INTRODUCCIÓN
En la última década a nivel global asistimos a un fenómeno ideológico discursivo (Pêcheux, 2016) por
parte de sectores neoconservadores –tanto liberales como religiosos- que por medio de ciertas estrategias
retórico-discursivas buscan combatir y desactivar todas aquellas expresiones sociales, culturales y
políticas que suponen una amenaza para el orden establecido, entre las que se destaca la detracción de
movimientos emancipatorios como el feminismo. Ubicándonos geopolíticamente en la región
latinoamericana, analizaremos -como una de las estrategias predilectas de la reacción neoconservadorala utilización de una retórica “antigénero” en la que subyace un tratamiento biologicista y esencialista
del género y de las sexualidades, con el fin de degradar socialmente a ciertos sectores, para legitimar las
violencias y exclusiones perpetradas contra estos últimos.
Pero, además, lo sintomático es que esta reacción neoconservadora –o politicidad reactiva
(Vaggione en Vigoya, 2017) coincide con un periodo de dinamización del feminismo que ha irrumpido
fuertemente en la escena pública a través de la ocupación de diferentes territorios públicos y privados,
físicos y virtuales (las calles, las plazas, las universidades, las redes sociales digitales, entre otros.) y que
ha permitido visibilizar desigualdades de género, así como promover luchas vinculadas a la ampliación
de derechos.
En Argentina y en países como Ecuador, Brasil, Perú, México y Colombia –tanto en el ámbito
académico como en el de movilización política- estas luchas estuvieron vinculadas principalmente con
la adquisición de derechos sexuales y reproductivos como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
y la Educación Sexual Integral (ESI). Lo cual involucra un amplio proceso de politización del
movimiento de mujeres y de las sexodisidencias organizado a través de la demanda explícita de derechos
sexuales y reproductivos, teniendo como bastiones centrales a luchas históricas como la legalización del
aborto (Bellucci, 2014) y el derecho a una educación sexual integral laica, obligatoria y con perspectiva
de género.
En pugna contra dichas demandas, la reacción neoconservadora mediante una retórica
“antigénero” busca neutralizar la praxis feminista y su capacidad de cuestionar los supuestos esencialistas
sobre los que el sistema capitalista patriarcal busca preservar la institución familiar, la reproducción del
capital y ocultar las desigualdades en cuanto a sexo- género, raza, clase, edad y pertenencia geopolítica,
entre otras categorías de diferenciación social.
264 Entre lo bestial y lo sagrado: discursos esencialistas y reacción neoconservadora en Latinoamérica.

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En distintas ciudades a nivel nacional, regional y global se han desarrollado manifestaciones
mediante una retórica antigénero, comprendida como una estrategia de los sectores neoconservadores
que buscan limitar las transformaciones operadas por el feminismo y el activismo sexodisidente mediante
la “re-naturalización del derecho”; el uso de un “lenguaje hiperbólico” común que representa los avances
en equidad de género y diversidad sexual como “catástrofes” para la humanidad; y el uso de símbolos
como la familia, la niñez y lo natural.
En este marco, el rechazo a lo que sectores neoconservadores denominan “ideología de género”
constituye una reacción política contra la potencia subversiva de los feminismos. Frente a lo cual los
sectores neoconservadores reaccionan, sintomáticamente, buscando anular esta politicidad por la
amenaza que representa para la legitimación y perpetuación del sistema capitalista patriarcal. Partiendo
de esta presuposición, ratificamos nuestra doble hipótesis que por un lado afirma que en el plano de la
producción de conocimientos en el ámbito académico y de activismos políticos, ha sido la masificación
acrítica del concepto de género lo que posibilitó la apropiación y subversión conceptual por parte de
sectores neoconservadores; y por el otro, que a nivel de las prácticas políticas ha sido la expansión y
dinamización de los feminismos lo que, como contracara, generó la reacción conservadora.
Siguiendo este argumento, se reconoce que la reacción neoconservadora despliega una retórica
“antigénero” en la que subyace un tratamiento biologicista y esencialista del género y de las sexualidades,
que oculta las relaciones de dominación enmarcadas en el capitalismo patriarcal colonial moderno. Es
por ello que esta embestida del neoconservadurismo –que nuclea tanto a religiosos católicos y
evangélicos, como a laicos neoliberales- arremeta contra el carácter disruptivo del género y su capacidad
de poner en cuestión el statu quo, y en última instancia, transformar el presunto carácter natural e
inamovible de los sistemas de poder. Sin embargo, no debemos soslayar que el tratamiento biologicista
del género forma parte también de algunas expresiones del feminismo –como el llamado feminismo
TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist) - con lo cual no es exclusivo de los discursos
neoconservadores de liberales y religiosos.
Esta politización reactiva se enmarca en el proceso de “derechización” de gobiernos
latinaomericanos en los últimos años donde grupos religiosos logran inmiscuirse en la sociedad civil.
Así, lo ilustra la emergencia de grupos pro-vida que desde 2018 integran el colectivo “Con mis hijos no
te metas” que, a través de multitudinarias movilizaciones ciudadanas contra la “ideología de género” en
varias ciudades del mundo, revelan que su accionar político logró replicarse en distintos países y ejercer
presión en el campo jurídico contra la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Ya sea invocada
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mediante su nombre o su núcleo conceptual, la lucha contra la ideología de género ha desempeñado en
varios países de Europa y América Latina un papel clave en los debates públicos y legislativos sobre la
despenalización del aborto, la implementación efectiva de la educación sexual integral obligatoria y laica,
como sucede en Argentina.
Entonces bien, a fines de lograr nuestro propósito organizamos el presente trabajo en tres
instancias argumentativas que se sustentan en aportes teóricos específicos: 1. el análisis de teóricas
feministas de la reproducción. Para mostrar cómo las reacciones neoconservadoras contra los feminismos
se vinculan a la potencialidad de estos últimos de desestabilizar el statu quo; 2. El análisis del discurso.
A partir del cual es posible visibilizar las estrategias discursivas de los sectores neoconservadores para
atacar lo que representan como “ideología de género”, bajo supuestos naturalistas que deberían
permanecer inamovibles para la protección y preservación de los lazos sociales; 3. El análisis filosófico
político y sociológico. A partir del cual proponemos examinar cómo se produce el vínculo entre la
dinamización de los ataques contra la “ideología de género” y el avance progresivo de gobiernos
neoliberales en términos de politización reactiva. Finalmente, proponemos una mirada reflexiva acerca
de la avanzada de los discursos neoconservadores en la región, y arribamos a conclusiones preliminares
para futuras investigaciones sobre el tema.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Análisis de teóricas feministas de la reproducción social que al enfocarse en la reproducción
conceptualizan el fenómeno “antigénero” como un intento de preservar los pilares que estructuran el
sistema capitalista patriarcal.
Desde una lectura crítica a la de Marx -que sólo examina la acumulación originaria (de ahora en más:
AO) desde el punto de vista del proletariado asalariado de sexo masculino y del desarrollo de la
producción de mercancías- El Calibán y la bruja de Silvia Federici, examina la AO desde el punto de
vista de los cambios que introduce en “la posición social de las mujeres y en la producción de la fuerza
de trabajo” (Federici, 2010: 19-20).
Para ello, la pensadora feminista incluye una serie de fenómenos que están ausentes en el análisis
de Marx: 1) el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la
función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo; 2) la construcción de un
nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a
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los hombres; 3) la mecanización del cuerpo proletario y su transformación, en el caso de las mujeres
como máquinas reproductoras de fuerza de trabajo.
Desde este marco se examina que, mientras que el trabajo productivo tiene como resultado la
producción de mercancías y de bienes de cambio, el trabajo reproductivo produce bienes de uso
destinados a garantizar las necesidades básicas que “sostienen” la vida cotidiana y permiten reproducir
la mano de obra. Por otra parte, mientras que el primero se desarrolla en el espacio público -como las
fábricas- y es remunerado mediante un salario, el segundo se desarrolla en el espacio privado de los
hogares y es gratuito.
Al investigar las condiciones sociales e históricas de la AO desde el punto de vista de las mujeres,
Federici advierte que el cuerpo se convierte en un elemento central para la acumulación de capital. Y en
el caso de los cuerpos de las mujeres, se trata de su principal terreno de explotación, así como “la fábrica
lo es para los asalariados varones” (Federici, 2010: 28). Federici afirma que en el proceso de instauración
capitalista el estatuto del cuerpo no es el del margen sino que adquiere centralidad, dado que la
representación de las mujeres como sinónimo de naturaleza e identificadas con la corporalidad (Ibíd.:
27) posibilitó las condiciones para que sean reclutadas al ámbito privado, al trabajo doméstico y a la
familia, (La familia funcional al capitalismo heteropatriarcal es la familia nuclear: matrimonio
heterosexual con hijxs (Pérez Orozco, 2014) ya que opera como organización microeconómica de este
sistema general. De manera análoga, para Federici, la familia constituye “la institucionalización de
nuestro trabajo no remunerado, de nuestra dependencia salarial de los hombres y, consecuentemente, la
institucionalización de la desigualdad división de poder que ha disciplinado tanto nuestras vidas como la
de los hombres” (Federici, 2018: 34)). En esta dirección, Federici argumenta que, en el marco de la
modernidad capitalista, el cuerpo –escindido completamente de la mente- era identificado con la
naturaleza, con la que compartiría los mismos elementos y las mismas leyes físicas; pero, además, el
cuerpo -concebido puramente como materia inerte- era descrito por analogía con el objeto- máquina. De
allí que en este escenario los intelectuales se preguntaran: “¿Puede el cuerpo pensar?”.
En la literatura de la época, por ejemplo, en el Acto I de La tempestad de Shakespeare, se hace
referencia al cuerpo como productor de la fuerza de trabajo, como la fuente principal de acumulación de
capital. Por ello –según Federici- la burguesía emergente intentó adecuar las clases subordinadas a las
necesidades de desarrollo de la economía capitalista, creando un nuevo tipo de individuo. Ha sido, según
la autora, bajo la pretensión de crear un sujeto capitalista que la burguesía entabló una batalla contra el
cuerpo que se convirtió en su impronta histórica, y en la marca del nuevo espíritu burgués que “calcula,
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clasifica, hace distinciones y degrada al cuerpo sólo para racionalizar sus facultades, lo que apunta no
sólo a intensificar su sujeción, sino a maximizar su utilidad social (Ibíd.: 224).
El cuerpo, en el periodo de instauración de la modernidad capitalista, se constituyó en parte
central de las políticas públicas porque aparecía no sólo como una “bestia inerte” ante los estímulos del
trabajo, sino como un recipiente de fuerza de trabajo, un medio de producción: la máquina de trabajo
primaria. En este marco, Federici sitúa la emergencia del reclutamiento de la mujer al trabajo doméstico
en el periodo de transición del feudalismo al capitalismo, un proceso que no fue natural sino violento, y
que requirió formas precisas de organizar y domesticar el trabajo y la vida. El trabajo doméstico producto de la nueva división sexual del trabajo- se constituye así, desde esta línea de análisis, en una
precondición para la acumulación del capital, motivo por el cual “era necesario antes desposeer a las
mujeres de su propio cuerpo y de todos los saberes propios de una sociedad ginocéntrica” (Cielo y Vega,
2015, 134).
Es este proceso de desposesión y de guerra contra las mujeres el que explora Federici en El
Calibán y la bruja…y lo hace colocando el foco en la bruja, aquella que en La tempestad de Shakespeare
tiene un lugar secundario, pero paradójicamente está en el centro de los ataques de los detentores del
capital. Federici comprende así, la cacería de brujas como un acontecimiento fundacional en el proceso
de instauración del capitalismo a comienzos de la era moderna, el que surge “mientras esta guerra contra
las mujeres está en marcha” (Federici, 2010: 23) y que sirvió para allanar el camino al desarrollo de un
régimen patriarcal más opresivo.
Bajo esta lectura crítica, la persecución de miles de brujas en el medioevo es fundamental para el
establecimiento del control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres- reproductoras de fuerza de
trabajo; y para garantizar que estas ocuparan el lugar de “sirvientas” de la fuerza de trabajo masculina.
Leer el carácter necesario de este acontecimiento histórico, permite comprender que el trabajo femenino
se convirtió en un recurso natural disponible: las mujeres se constituyeron en bienes comunes y fueron
“obligadas” a ocuparse de la reproducción de la vida.
La nueva división sexual del trabajo como constitutiva de la matriz heteropatriarcal, diferenció
no sólo las tareas que las mujeres debían realizar, sino también sus experiencias, sus proyectos de vida,
sus posibilidades y sus deseos. Para ello, los discursos naturalistas han ocupado un rol central para que
las subjetividades feminizadas ocuparan su rol de madres, de esposas, de hacedoras domésticas, de
“sostén” de la familia (el aparato ideológico de Estado fundamental) y para que estas pudieran ser
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reclutadas al trabajo doméstico y reproductivo. El discurso ideológico y el mandato de género durante el
proceso de constitución del capitalismo fueron efectivos en la medida en que lograron “sujetar” a las
mujeres a las actividades domésticas que el sistema requería por parte de ellas: constituyéndolas como
reproductoras, por un lado; y como no trabajadoras, por otro.
No sorprende entonces que el matrimonio se presentara como “la verdadera carrera para una
mujer” (Federici, 2010, 167) y que la maternidad se haya calificado como una experiencia femenina
ineludible, valorada por encima de cualquier otra. En este escenario, quienes se animaban a trabajar fuera
de sus casas eran consideradas “brujas” y “arpías” que intentaban subvertir el orden establecido. Federici
advierte que los discursos de la época demonizan y degradan a las mujeres representándolas como
“carentes de racionalidad”, “excesivamente emocionales”, “lujuriosas” e “incapaces de manejarse por sí
mismas”, además de “vanidosas”, “salvajes”, “despilfarradoras”, “regañonas”, entre otras cosas” (Ibíd.:
180). Lo sintomático es que, cuando se instaura el capitalismo, el discurso sobre estas cambia, revelando
que las mujeres pudieron ser “domesticadas” gracias a un proceso de degradación social. Si antes estas
eran consideradas como irracionales y bestiales, una vez instaurado el sistema capitalista, se las describe
como “obedientes”, “sumisas”, “capaces de apaciguar a los hombres”, “maternales por naturaleza”, etc.
Atendiendo también a la efectividad de los discursos, Davis (1981) y Davis (2005) señala que “la
literatura antiesclavista de la época perpetuaba las ideas racistas y las nociones sexistas que justificaban
la exclusión de las mujeres de la arena política donde se libraría aquella batalla” (Davis, 2005, 53). Se
construye así, según Davis, una ideología de la feminidad que comenzó a ensalzar los ideales de la esposa
y de la madre en el momento en el que la manufactura se desplazó del hogar a la fábrica, lo que de manera
simultánea convierte a las mujeres en apéndices de sus compañeros varones, “en sirvientas de sus
maridos” (Ibíd.: 54). Pero, además, destacamos el aporte de Davis a la complejidad del análisis al señalar
que esos modelos de feminidad permitieron, en relación con la esclavitud, la imposición de nuevas
divisiones de clase, género y raza.
Análisis del discurso
La avanzada de los discursos neoconservadores en Argentina y en la región latinoamericana supone un
proceso histórico complejo, dinámico y multidimensional que se encuentra en pleno desarrollo
(Stefanoni, 2021). Las perspectivas teóricas que acuñamos, plantean al discurso como una forma de
acción sobre el otro/a para conformar creencias y representaciones, orientando sus comportamientos
(Arnoux, 2019).
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Al examinar el fenómeno del avance del neoconservadurismo en la región, advertimos que los
discursos de diferentes sectores identificados con esta ideología son empleados como dispositivos de
convencimiento y persuasión en la disputa por la significación y legitimación de diferentes problemáticas
sociales, como es el caso del aborto voluntario y la educación sexual integral en las escuelas.
Ahora bien, por fuera de todo pensamiento dicotómico que escinde los aspectos materiales de los
simbólicos de la vida social, sostenemos que el análisis de los discursos neoconservadores y,
específicamente, de su aspecto “naturalista/esencialista”, supone una dimensión simbólica cuya
superficie de indagación se apoya en un conjunto de enunciados y argumentos que sostienen y pretenden
legitimar en la arena pública. Pero, asimismo, sostenemos que estas disputas simbólicas se imbrican con
una dimensión material, ya que los efectos de los discursos “naturalistas” recaen sobre las instituciones
y sus recursos, sobre los cuerpos y las vidas de las/los agentes sociales que son interpelados/as.
Es por ello que la apelación a la reproducción como finalidad central de la sexualidad humana, la
heterosexualidad como única norma sexo-identitaria posible, la maternidad como función inherente a la
mujer y la defensa de la vida del niño/a por nacer (entre otros axiomas de este discurso), requiere la
elaboración de diferentes pruebas y evidencias (Caneva, 2019). Algunas de ellas apelan a mecanismos
propios del discurso de la ciencia (datos estadísticos, investigaciones, fuentes y documentos históricos,
imágenes de diagnóstico, etc.), al discurso del Derecho (apelación a la Constitución Nacional, al Código
Penal, a organismos internacionales de Derechos Humanos, etc.) y al discurso de la religión (historias
bíblicas, imágenes sagradas, etc.).
En este marco, la argumentación podemos plantearla como una particular región del análisis de
las disputas político-ideológicas que movilizan a los sectores neoconservadores, puesto que los discursos
no sólo buscan generar adhesiones o adherentes, sino también movilizar voluntades y comportamientos,
es decir, provocar o inducir creencias sobre determinadas explicaciones y saberes considerados
verdaderos (Grize, 2009; Marafioti, 2003). Sin embargo, la argumentación no sólo se plantea como una
actividad particular en la legitimación de lo verdadero, sino que resulta fundamental como fuente de
legitimación política frente al Estado, en la resolución de los problemas públicos (Gusfield, 2014).
Cabe considerar que un elemento que se intercepta entre las creencias y los argumentos
enunciados frente los problemas públicos es el que remite a la dimensión de las emociones y afectos que
se desencadenan (Amossy, 2000; 2002). Esta dimensión “dramatúrgica” (Goffman, 1997 [1959]; 2019
[1963]) o “pathemica” del discurso resulta central para entender el potencial persuasivo de la ideología
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neoconservadora y nos permite problematizar algunos de los efectos materiales que las narrativas
naturalistas provocan las psiquis y en los cuerpos de las/los destinatarios.
En este sentido, un aspecto central a considerar es el que refiere a las emociones “negativas”
(Caneva, 2019) que se provocan en las/los destinatarios de discursos que, en defensa de la vida, sancionan
ciertas prácticas, como es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, a partir de su caracterización
como pecado, crimen, “genocidio”, “matanza de inocentes”, patología/enfermedad psíquica, entre otras.
La apelación a un presunto “síndrome post-aborto”, parte central de los argumentos anti-derecho de los
movimientos “Pro-vida”, da cuenta de la provocación de emociones negativas en distintas direcciones
(el miedo a la locura, a la enfermedad, a la sanción social y moral, a la exclusión, al suicidio, etc.).
No obstante, es de considerar que los discursos naturalistas que forman parte de la ideología
neoconservadora construyen emociones “positivas” que, en la defensa, cuidado y protección de la vida
humana, plantean una promesa de felicidad (Ahmed, 2019) que requiere de la obediencia a la
reproducción, la maternidad y el cuidado de la familia nuclear. Dicha felicidad supone, sin embargo, un
acto sacrificial que opera como una recompensa de integración social para sus adeptos, ya que quienes
prestan obediencia a las estructuras y lazos sociales tradicionales se vuelven más completamente
humanos al subordinar sus deseos bestiales para garantizar el desarrollo armónico/pacífico de su
comunidad. En esta renuncia del individuo a sus deseos “bestiales” se aloja una recompensa de heroísmo,
altruismo y pertenencia comunitaria que da cuenta de un costado “lado moral” de la ideología
neoconservadora y que la vuelve particularmente persuasiva.
Es por ello que el discurso neoconservador, además de analizarlo en su dimensión retóricoargumentativa y a partir de sus derivas emotivas y morales, debemos remitirlo a la cuestión del poder y
la ideología. Siguiendo a Angenot (1998; 2010) se puede sostener que los discursos parten de
ideologemas, es decir, de postulados o máximas que funcionan como presupuestos del discurso y que
pueden realizarse o no en la superficie. Es decir, se trata de lugares comunes que integran los sistemas
ideológicos), así como a la lucha por la hegemonía. En efecto, y tal como sucede en el caso de los
discursos neoconservadores, la referencia a lugares comunes o topoï (la familia patriarcal, la
heteronormatividad, la naturaleza como fuerza suprema, la esencia como sustrato de la existencia
humana, etc.), podemos pensarla como parte de una estrategia político-ideológica que busca sedimentar
y cristalizar imaginarios, rituales y prácticas sociales. Pero estas disputas suponen alteridades políticas
sobre las cuales se plantea la confrontación, y sobre cuyas bases podemos también examinarlas. De allí
que los discursos neoconservadores emerjan como reacciones frente al avance de movimientos sociales
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e ideologías que desafían la conservación del orden hegemónico o del status quo, como es el caso de
algunas expresiones del feminismo.
Nuestro análisis acerca de la ideología no pretende reducirla a mecanismo de manipulación o ni
definirla como la cosmovisión del mundo impuesta por un sector social/político dominante, (Sobre esta
cuestión, se sugiere la lectura de Abercrombie y otros (2003), Eagleton (1997) y Van Dijk (1996, 1998)),
como podría ser el caso de los gobiernos de ultraderecha en la región (Brown, 2020).
Antes bien, consideramos que la relación entre el discurso y la ideología está planteada en la
génesis misma de la vida social (Verón, 1987), en la gestación de los grupos, las organizaciones y las
instituciones; de sus prácticas y representaciones. Cabe señalar que, en línea con Margulis (2009) la
ideología será comprendida como huellas en la cultura (o sea, en los códigos y en las significaciones
sociales) dejadas por las luchas por la hegemonía. Aquí se toma distancia de la noción falsa conciencia,
de fantasía, irrealidad o el mero acto de manipulación, puesto que se la conceptualiza como un elemento
simbólico que define la conformación de grupos y organizaciones, sus prácticas y representaciones, y
como un componente ligado a las luchas por la conservación y transformación del orden social, al poder,
la dominación y la desigualdad).
Por lo tanto, sostenemos que no existe un discurso desafectado de su dimensión ideológica;
tampoco el discurso de la ciencia puede escapar. Al referirnos a los lugares comunes, la apelación al
discurso de la ciencia es central en las estrategias discursivas de la ideología neo-conservadora. Cabría
sostener que las disputas entre ideologías neoconservadoras e ideologías “progresistas” (el feminismo,
por ejemplo) se montan –pese a sus diferencias radicales- sobre elementos de base comunes según la
configuración de cada cultura. Pero a su vez, se cementan sobre axiomas o máximas que se asumen
verdaderas (“la vida existe desde el momento de la concepción” vs “la mujer es dueña de su propio
cuerpo”), que están fuera de toda discusión, y sobre las cuales se despliegan polémicas y controversias.
Entonces bien, se asume que la interrogación acerca de aspecto “naturalista” de las ideologías
neoconservadoras debería prevenir miradas que caractericen a estos discursos como meras
reproducciones de un “orden tradicional”. Por el contrario, se trata de analizar su capacidad de procesar
las transformaciones sociales del presente para asimilarlas, incorporarlas y reproducirlas en un orden de
dominación que aloja elementos sui generis.

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En línea con Pêcheux (2016), concebimos el avance de los discursos neoconservadores como
parte de un fenómeno ideológico discursivo que se monta sobre formaciones ideológicas (Parra, 2019).
Es decir, que los enunciados y argumentos que se emplean para convencer y persuadir a las/los
destinatarios de los discursos, lejos de toda presunta transparencia o literalidad, están asociados a
ordenamiento que habilita lo que puede y no puede ser dicho. Siguiendo esta línea, podemos sostener
que los discursos naturalistas que integran las ideologías neoconservadoras, se articulan en el marco de
un lenguaje que busca volver natural, es decir, transparente-invisible, aquello que en realidad es producto
de una relación de poder y dominación. Dicho lenguaje es resultado de una historicidad, por lo que sobre
el mismo se pueden trazar genealogías críticas que, por fuera de toda búsqueda de un “origen”, pretenden
rastrear las discontinuidades, es decir, las huellas que las disputas político-ideológicas dejan en los
sistemas de representación y significación de la realidad.
Análisis desde las intersecciones entre la filosofía, la ciencia política y la sociología: conceptualización
de la politización reactiva de sectores neoconservadores
En Argentina existe un ferviente rechazo por parte de grupos vinculados a la iglesia católica y evangélica
-esta última con un gran crecimiento político, en términos de politización reactiva- contra el proyecto
actual de reforma de la ley 26. 150 de Educación Sexual Integral (ESI) sancionada en 2006, para que esta
sea implementada en las escuelas de manera, laica, obligatoria y con perspectiva de género.
Las modificaciones propuestas a la actual ley ESI apuntan a incluir explícitamente el respeto por
la diversidad sexual y de género, el carácter científico y laico de la ESI, y a establecer que esta sea
aplicada de manera obligatoria en todo el territorio nacional, en instituciones de gestión estatal o privada,
más allá del “ideario institucional y de las convicciones de sus miembros”. Son estas modificaciones las
que han suscitado un virulento rechazo por parte de sectores conservadores que argumentan que se trata
de “ideología de género” que fomentaría el aborto, (En el caso del aborto, desde el activismo
reaccionario, se conecta su legalización con el financiamiento público (“con mis impuestos no”), la
justicia de clase, la tutela patriarcal de las jóvenes (Vega, 2019: 78)), la masturbación, la promiscuidad
y las orientaciones sexuales “anómalas”. Lo cual, tendría como efecto, la destrucción de la familia –
entendida de manera unívoca- puesto que, entre las estrategias retóricas del conservadurismo religioso,
se encuentra la sustitución de “grupo familiar” por familia (Ciriza, 2007: 16) y la destrucción de la
naturaleza –de origen divino– que emanaría dicotómicamente a varones y mujeres.

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En este marco, las sexo- disidencias, no sólo serían antinaturales, y “demoníacas” (en oposición
al carácter sagrado) sino que además serían promocionadas por esta “ideología de género”. Frente a lo
cual, sectores vinculados a la Iglesia católica y evangélica –cabe decir que la primera, durante mucho
tiempo en Argentina ejercía su influencia a través de los altos mandos del gobierno de manera más o
menos directa. En las últimas décadas, sus estrategias se han diversificado y se han fortalecido las que
ponen el foco en la sociedad civil. Se trata de una serie de ONG que han crecido y se han multiplicado
en Latinoamérica, así como grupos laicos, entre los que se destaca el Opus Dei- aseguran que deben ser
los padres y la familia los que elijan y supervisen (exclusivamente) los contenidos y el modo de educar
sexualmente. De lo contrario, argumentan, habría un Estado imponiendo contenidos morales por encima
de la posibilidad de las familias de educar de acuerdo a sus convicciones.
Se trata de una cuestión social muy compleja, ya que a pesar de que la ley ESI tuvo apoyo en el
Congreso Nacional argentino a partir de los debates sobre la legalización de la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE) -cuyo proyecto de ley obtuvo media sanción el 13 de junio de 2018 en la Cámara de
Diputados de la Nación Argentina, gracias al impulso del Frente de Educación Sexual Integral y del
Frente de Docentes por el Derechos a Decidir - y, a pesar de que es una demanda de gran parte de la
sociedad, sobre todo de jóvenes, se sigue negando el derecho “que todos los educandos tienen” a “la
educación sexual integral que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”
(fragmento del artículo 1 de la ley de ESI).
Si analizamos lo que efectivamente propone la ley a través de sus artículos y las resoluciones
43/2008 y la 340/ 2018 del Consejo Federal de Educación -encargadas de garantizar los lineamientos,
los materiales curriculares y recursos didácticos, para planificar las capacitaciones y realizar un
seguimiento de su implementación- podemos afirmar que lo que busca esta ley es: una mayor conciencia
sobre la autonomía de los cuerpos, la prevención de abusos, el reconocimiento del deseo propio, el
respeto hacia las disidencias y las identidades sexuales no binarias, la reflexión sobre los afectos, el
rechazo de todas las formas de violencia, de discriminación y de exclusión. Entonces: ¿por qué
obstaculizar su efectiva implementación, siendo que en las jurisdicciones donde se implementó se ha
probado positivamente su efectividad, expresada entre otras cuestiones, en el reconocimiento de abusos
infantiles? Lo que conduce por otra parte, a otra cuestión problemática: la palabra de lxs niñxs a menudo
es silenciada, puesta en duda y anulada.
Ha sido gracias a contenidos impartidos por la ESI como el conocimiento y el cuidado del propio
cuerpo, el reconocimiento de los deseos propios, y la distinción entre afecto y abuso; que muchos niñxs
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y adolescentes detectaron situaciones en las que se vieron violentados, en la mayoría de los casos en el
ámbito intrafamiliar. ¿Por qué entonces dejar que este tipo de educación sea justamente impartido por
los propios miembros de la familia?
La reacción de repudio de los grupos del neoconservadurismo religioso y liberal –entre los que
se destacan los grupos “pro vida” ante la posibilidad de efectivizar las modificaciones a la ley ESI- se
manifestó en marchas y campañas bajo las consignas: “Con mis hijos no te metas”, “Los hijos son de los
padres, no del Estado”; “No a la ideología de género en la escuela”. Se trata de un activismo religioso
conservador que defiende un orden sexual tradicional que lleva adelante distintas estrategias para evitar
la “cultura de la muerte” frente a lo que llaman una “cultura de la vida”, de la cual se declaran sus
guardianes. Por ello es que desde los movimientos feministas se planificó una estrategia consistente en
desplazar el eje de la “vida” hacia el de la “libertad” (que se ilustra por ejemplo en el lema “aborto legal
para no morir” por el siguiente: “aborto legal en cualquier lugar”).
La emergencia de grupos pro-vida que conforman el colectivo “Con mis hijos no te metas” es
fruto de alianzas entre religiosos y seculares a través de los cuales los grupos religiosos logran inmiscuirse
en la sociedad civil y ejercer presión en el campo jurídico contra la ampliación de derechos sexuales y
reproductivos.
Las campañas de estos grupos contra la ‘ideología de género’ ha sido desarrollada en otros países
como México, Brasil, (Rita Segato señala que la expresión “ideología de género” como categoría de
acusación, ha servido para estructurar por ejemplo en Brasil un proyecto de ley federal llamado “Ley de
la Escuela Sin Partido” que establece la prohibición en las escuelas estatales de la “aplicación de los
postulados de la ideología de género” (artículo 1); y de “cualquier práctica que pueda comprometer,
precipitar u orientar la maduración y el desarrollo en armonía con la respectiva identidad biológica de
sexo” (Segato, 2016: 17)), Colombia, Chile, Perú y Ecuador, con distintas características. Lo que revela
que el efecto multiplicador internacional y regional es muy potente. Frente a lo que cabe preguntarse:
¿cómo leer la coincidencia entre la Campaña reaccionaria Con mi hijo no te metas, con un nuevo y
potente ciclo de feminismo callejero, iniciado en 2016, cuya fuerza se irradió desde Argentina y
multiplicó expresiones en el resto del continente?
Las movilizaciones masivas de la campaña Con mi hijo no te metas tuvo como epicentro la
ofensiva contra la denominada “ideología de género”. Los movimientos conservadores, mediante una
retórica antigénero se confrontan con el feminismo en movimiento y su potencialidad de instituirse en
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políticas del Estado y avanzar en materia de derechos. Lo cual se ilustra en la articulación con el Estado,
amparándose en declaraciones de organismos internacionales como la ONU.
Desde nuestro análisis proponemos comprender que los sectores del conservadurismo religioso y
liberal reaccionan a la potencia feminista que en la última década se han revitalizado a través de un nuevo
ciclo de luchas de carácter callejero, juvenil, popular, interclasista, inclusivos (Gago, 2018) que se
organizan para frenar la cadena de abusos, agresiones y violencias, a través del “Ni una más”, “Ni una
menos” y a “Vivas nos queremos”. Pero, como hemos argumentado, tanto como el feminismo, la reacción
neoconservadora se dinamiza y masifica.
3.-MÉTODO
Tal como se señala en la introducción, la presente investigación parte de una perspectiva cualitativa
(Guber, 1991; Vasilachis, 2009) que se centra en la interpretación de los datos y la reflexividad en el
diseño de la estrategia metodológica. En esta dirección, realizamos un análisis crítico-conceptual de
fuentes documentales pertenecientes a investigaciones propias y ajenas, que recuperan experiencias
históricas que interrogan cómo los discursos esencialistas, basándose en la apelación a la naturaleza en
distintas acepciones, reproducen violencias y opresiones.
A partir del abordaje de un corpus documental constituido por bibliografía especializada y
materiales pertenecientes a investigaciones propias y de otros/as autores/as, avanzamos en el examen
sobre cómo los discursos naturalistas se articulan con el fenómeno discursivo-ideológico de la avanzada
del neoconservadurismo en la región latinoamericana, y particularmente en Argentina.
4.-RESULTADOS
Discusión/Problema
La hipótesis sostenida en este trabajo es que a la avanzada de las luchas feministas y de movimientos
sexo-disidentes reaccionan sectores afines al neoconservadurismo religioso y liberal. De allí que desde
ciertos análisis es interpretado como un fenómeno de politización reactiva frente a los crecientes
procesos de politización del feminismo, que se ha materializado en importantes luchas por la conquista
de derechos, principalmente sexuales y reproductivos.

276 Entre lo bestial y lo sagrado: discursos esencialistas y reacción neoconservadora en Latinoamérica.

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Para Juan Marco Vaggione la politización reactiva –entendida como la manera en que sectores
conservadores religiosos se articulan frente a los movimientos feministas y de minorías sexualesinvolucra además un cambio en la gramática de dichos discursos y activismos que escapa a la tradicional
oposición entre lo religioso y lo secular, en cuanto aprovecha mecanismos democráticos y argumentos
seculares para posicionar sus demandas (Vaggione en Vigoya, 2017). Y mediante la formación de
“ciudadanías religiosas” el activismo católico conservador ha movilizado organizaciones políticas,
muchas de ellas autodefinidas como laicas, con el propósito de incidir en el derecho secular. Los
discursos y declaraciones de estos grupos desbordan el campo religioso y se entrelazan con los ámbitos
jurídico, científico, y político propiamente dicho.
Desde perspectivas feministas críticas se ha señalado que ya desde la década de los ’80, el
Vaticano comenzó a enfrentarse al feminismo y su capacidad de influencia en las políticas públicas. En
ese sentido, al tiempo que frenaba a los sectores progresistas de América Latina, “facilitaba la entrada
del evangelismo integrista” (Vega, 2019: 53). Lo que se traduce en una actitud rígida y apegada a las
doctrinas. Para Vega, la apelación a los principios liberales (cada uno puede pensar lo que quiera), a la
que en ocasiones se recurre, puede encajar perfectamente con la aspiración integrista y fundamentalista
de estos sectores. La desigualdad deja de ser un problema del orden social instituido (Ibíd.: 53- 54)).
Mientras que, en la década de los ’90 el rechazo a la perspectiva de género presentada en las conferencias
de la ONU es explícito. Recordemos que el papa Juan Pablo II a través de su “Carta a las mujeres” del
29 de junio de 1995 -en ocasión de la realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo
lugar en setiembre de ese mismo año en Beijing- recurrió al discurso naturalista de la división en varón
y mujer (contemplando a esta última como copia de María “esclava del Señor”) para rechazar la
“ideología de género”.
Por su parte, el papa Benedicto XVI ha insistido públicamente en respetar los roles naturales de
mujeres y varones, frente a lo que opone la “ideología del género” como la encargada de poner en riesgo
la familia, y “la inocencia de los niños”. De manera análoga a las declaraciones del papa Francisco quien
en 2016 –un año crucial para la implementación de la ley de educación sexual integral en Argentinasostuvo: “estamos experimentando un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios (…)
Hoy en día en los colegios les están enseñando a los niños ¡A los niños! Que todos pueden elegir su
género (…)”, (Cfr. discurso en Azerbaiyán el 2 de octubre de 2016). No menos polémicas han sido las
palabras del Monseñor Quarracino en torno a los contenidos básicos de la educación sexual, quien como
el resto de la cúpula de la Iglesia Católica sustituye el uso de la palabra género, por la de sexo.
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El recurso a la ciencia por parte de grupos conservadores para justificar el rechazo al género,
incluyó la mención de las teorías evolucionistas de Darwin y Lamarck, lo que coincide con la
“clarificación de los términos ambiguos” (Ciriza, 2007, 16) que Ratzinger propone de la agenda de
género, mediante la homologación de la ciencia y de la teología, como hechos de naturaleza, que deben
ser protegidos de la contaminación ideológica.
Desde nuestra perspectiva, evaluamos que el ataque al género, pone de manifiesto que este ya no
puede ser pensado como un fenómeno meramente cultural, sino como profundamente enraizado en la
estructura económica y social. De allí que, una de las principales retóricas para atacar al género sea a
través del discurso de la heterosexualidad normativa y obligatoria, que se encuentra en la base de la
familia nuclear y del sistema capitalista patriarcal. Además, esta reacción al género revela que el concepto
tiene un efecto desestabilizador contra el que arremete el conservadurismo religioso, (Durante mucho
tiempo la Iglesia Católica en Argentina ejercía su influencia a través de los altos mandos del gobierno de
manera más o menos directa. En las últimas décadas, sus estrategias se han diversificado y se han
fortalecido las que ponen el foco en la sociedad civil. Se trata de una serie de ONG que han crecido y se
han multiplicado en Latinoamérica, así como grupos laicos, entre los que se destaca el Opus Dei.) y
liberal a través de discursos contra las reivindicaciones que los movimientos de mujeres, feministas y
LGTTBIQ han venido impulsando, principalmente en América Latina, donde las políticas neoliberales
impactan (negativamente) con mayor virulencia, y donde la violencia disciplinadora para reproducir la
lógica del capital, requiere tanto una batalla contra los cuerpos, pero también por el sentido de las
palabras. Sin embargo, evaluamos que los intentos por silenciar y deslegitimar los derechos y avances de
género, generan un efecto inverso, que se manifiesta en las calles con más luchas y movilizaciones. Para
Ciriza, la ofensiva conservadora agita el fantasma del feminismo como una amenaza del orden político
y sexual. Puesto que, “la amenaza de una política directamente edificada sobre la articulación entre
cuerpo y política es esgrimida como expresión de un poder capaz de transmutar el orden mismo de la
cultura desde sus cimientos” (Ciriza, 2007, 9).
Todos estos avatares manifiestan que la perspectiva de género y los enfoques feministas
instituyen nuevos sentidos, contrarios a los valores que los sectores neoconservadores defienden; lo que
también permite comprender los ataques contra las ciencias humanas y sociales por los efectos materiales
que sus críticas desnaturalizantes conllevan. En esta línea, cabe señalar que la Filosofía en Brasil corre
el riesgo de ser retirada de los programas curriculares por la amenaza que representa para los defensores
del proyecto histórico del capital, la crítica que desnaturaliza el orden instituido. Es el trabajo teórico que
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acompaña determinadas prácticas de emancipación, de inclusión y de ampliación de derechos el que
permitió en parte avanzar concretamente en materia de derechos humanos, de identidad de género, en la
no discriminación étnico y racial, en materia de derechos laborales, en la concreción de ciertas políticas
públicas. Por otra parte, y en relación con lo anterior, acordamos con el diagnóstico de Machado (2018)
según el cual, existe una apropiación por parte de grupos conservadores –vinculados al cristianismo y al
evangelismo- de teorizaciones feministas para volverla en su contra:
En esta contienda cultural y política, la categoría género desarrollada por académicas feministas
y adoptada como lenguaje de política pública global por las agencias internacionales; es vista por
la Iglesia Católica y segmentos pentecostales como un recurso ideológico que es pernicioso para
el orden social. Valorando la dimensión cultural, esta categoría tiene un efecto desestabilizador
en los principios naturalistas desarrollados por la ciencia moderna que ayudaron a actualizar el
discurso cristiano de la creación de la especie humana por Dios. Los intelectuales cristianos /as
que participan en la disputa simbólica en torno a la categoría de género perciben claramente que,
en esta nueva cruzada, el discurso no puede ser sólo de cuño religioso; que tiene que buscar
fundamentación en el campo científico donde se desarrolló la argumentación feminista. Y fue la
interpretación de la ideología como mistificación o falseamiento de la realidad que estos
intelectuales accionaron contra la gramática de género de las feministas (Machado, 2018, 13).
A propósito de reapropiaciones por parte del conservadurismo religioso de conceptualizaciones
del campo de los estudios de género y de la teoría feminista, se ha advertido que el papa Francisco, de
manera personal, apela a la “colonización ideológica” (Vega, 2019) de la naturaleza humana como modo
de empatizar con sectores populares desde una perspectiva latinoamericana. Es bajo esta sobrevaloración
de “lo natural” que se esencializa la diferencia sexual y se postula como destino natural, la
heterosexualidad y la maternidad. De allí la importancia del carácter subversivo del concepto de “género”
que, desnaturaliza y combate el biologicismo que clasifica dicotómicamente de acuerdo al sexo
biológico.
Sin embargo, si bien la incorporación del concepto de género en la teoría feminista permite
avanzar contra el determinismo biológico, coincidimos con Ciriza cuando advierte que se produce una
disolución del carácter político del género cuando se estabiliza y neutraliza a través de su masificación
irrestricta en el ámbito académico y de políticas públicas. Proponemos en este sentido, trazar genealogías
políticas del género, pero antes será menester hacer un recorrido en torno a la singularidad de este
concepto “viajero” (travelling concept).
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Alternativas/ Propuestas
a. Visibilizar las estrategias discursivas y mostrar las debilidades que entrañan estos discursos cuando
buscan legitimar la reproducción de relaciones de dominación que forman parte del sistema capitalista
patriarcal.
Existe una apropiación por parte de estos grupos conservadores de teorizaciones feministas para volverlas
en su contra. En este sentido, examina que el fenómeno de ataque a la “ideología de género” en Brasil
tiene como hito la publicación del libro de Jorge Scala bajo el título Ideología de Género: neo
totalitarismo y la muerte de la familia donde la interpretación de la ideología como mistificación de la
realidad es lo que justifica la retórica antigénero, puesto que “una teoría es una hipótesis comprobada
experimentalmente. Una ideología es un cuerpo cerrado de ideas, que parte de un presupuesto básico
falso -que por ello debe imponerse evitando todo análisis racional-, y entonces van surgiendo las
consecuencias lógicas de ese principio falso” (cfr. Machado, 2018: 4); pero, además, se impondría a
través del sistema educativo formal. Lo cual puede ser ilustrado con las causales de rechazo a la ESI que
apuntan contra la concepción de que las identidades de género y los roles sexuales puedan ser pensados
como no determinados de manera absoluta por la biología, lo cual la volvería no científica. Además, si
esta concepción implica desviarse de “lo natural” sería opuesta al bien moral. Frente a lo cual
contraargumentamos que atribuir a la naturaleza propiedades que la ciencia más bien refuta, como un
carácter inmutable y definitivo, es incompatible con la evolución y el dinamismo del que dan cuenta las
ciencias naturales; o la idea de que ‘lo natural’ corresponde a un modelo específico, que no da cuenta de
los matices y las complejidades presentes en la realidad.
Coincidimos en este sentido con Campos Machado en que existe una articulación entre “discursos
morales, religiosos y científicos” que buscan conservar estructuras que no dan lugar a las disidencias, y
que se suponen estáticas como la institución familiar, el lenguaje y el sexo. En este marco, la perspectiva
de género es falsa y antinatural, y sólo puede imponerse de manera totalitaria a través de diversos aparatos
de estado -como la institución escolar y los medios de comunicación- lo que tendría como consecuencia
según Scala: “la destrucción de la familia; la perversión del lenguaje para generar confusión mediante la
modificación del significado original; la ‘propagación’ del aborto, la pornografía, la hipersexualización
(todas prácticas con fines comerciales); la degeneración sexual y el corte con el binarismo sexual”; en
consecuencia: el antinaturalismo.
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Siguiendo esta línea de análisis, Viveros Vigoya (2017) señala que la “politización reactiva”
involucra además un cambio en la gramática de los discursos y activismos antigénero, que escapa a la
tradicional oposición entre lo religioso y lo secular, en cuanto aprovecha mecanismos democráticos y
argumentos seculares para posicionar sus demandas. Y mediante la formación de “ciudadanías
religiosas”, el activismo católico conservador ha movilizado organizaciones políticas, muchas de ellas
autodefinidas como laicas, con el propósito de incidir en el derecho secular (Vaggione, 2017). Así, se
pone en evidencia que sus presupuestos y declaraciones desbordan el campo religioso y se entrelazan
con los ámbitos jurídico y científico, entre otros.
b. Politizar y complejizar constantemente las perspectivas críticas como la de género para evitar su
reapropiación conceptual por parte de sectores adversos. La propuesta alternativa consiste en hacer un
tratamiento del género como parte de un entramado material complejo, que evite eludir el carácter
político que es inmanente a la crítica feminista, y que es lo que permitió visibilizar y problematizar las
desigualdades de género en articulación con la raza, la edad, la sexualidad y la clase. Para ello,
anticipamos el carácter prioritario que tiene la construcción de genealogías feministas críticas y
políticas y la reconstrucción de memorias de rebeldías.
Bajo nuestro análisis, términos como “feminismo”, “género”, “interseccionalidad” que emergen como
fruto de luchas sociales de sectores disidentes y minoritarios, se masifican y expanden al
institucionalizarse en los ámbitos académicos. Retomamos en esta dirección la crítica política que se ha
realizado al proceso de “oenegización del género” (Mendoza, 2014). En este marco se ha advertido que
si bien, la expansión conceptual del género le permitió al feminismo (hegemónico) articular con el Estado
a través de organizaciones sociales e instituciones públicas, ha tenido un efecto negativo: la pérdida
gradual de su politicidad y crítica inherente “que lo ha llevado a abandonar buena parte de sus postulados
políticos más éticos y revolucionarios” (Curiel, 2010, p. 73).
De acuerdo con esta perspectiva crítica de los procesos de institucionalización, estabilización y
neutralización de perspectivas desestabilizadoras del statu quo como la de género, las masificaciones
irrestrictas, sin rigor teórico y acríticas tienen efectos de simplificación y neutralización; y facilitan
procesos de apropiación y subversión conceptual por parte de sectores adversos.
En este marco ubicamos la apropiación de términos que emergen de movimientos sociales y
grupos minoritarios por la ampliación de derechos, que al masificarse también sufren apropiaciones por
parte de sectores reaccionarios.
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La identificación del género con la ideología de género es un ejemplo de ello. En este punto
preciso se manifiesta una apropiación y subversión conceptual por parte de los grupos neoconservadores
de conceptos que han sido acuñados por la teoría feminista. En este sentido, por ejemplo, si para el
conservadurismo religioso y liberal, la homosexualidad es antinatural y es promovida por la “ideología
de género”; para filósofas feministas contemporáneas, la orientación sexual y la identidad de género son
constructos sociales.
De esta manera argumentamos que en el fenómeno de rechazo a la “ideología de género” lo que
se manifiesta es la reacción ante aquello que representa una amenaza para el orden instituido: la potencia
política de la perspectiva de género para desencadenar luchas feministas capaces de desestabilizar los
sistemas de dominación.
El “rechazo a la ‘ideología de género’”, constituye un fenómeno ideológico discursivo que
manifiesta el núcleo político del género en dos órdenes distintos:
a) a nivel teórico- conceptual, toda vez que el concepto de género ha tendido a estabilizarse, se
producen rupturas teóricas e inflexiones que vuelven a desestabilizarlo. Como ocurre con la
definición consolidada del género como “construcción social”, o como diferencia sexual,
refiriendo a un sujeto mujer monolítico, eurocentrado, blanco, burgués y de clase media. Lo
que ha dado lugar a críticas desde el margen del feminismo hegemónico, y a la alternativa
superadora de escudriñar al género en una perspectiva interseccional e inclusiva, que atienda
a múltiples opresiones entrecruzadas e imbricadas. Con relación a la perspectiva
interseccional, la misma tiene sus raíces es las prácticas feministas de mujeres negras y
disidentes, excluidas del feminismo hegemónico en EE. UU (para ampliar, ver Parra y
Busquier, 2022).
b) a nivel práctico- político, el fenómeno ideológico discursivo de rechazo a la “ideología de
género” manifiesta en el orden práctico, el núcleo político que tiene el concepto de género,
con potencialidad para desestabilizar las estructuras que reproducen las condiciones
materiales de explotación y de opresión. Con lo cual, los ataques al “género” revelan que el
estatuto de ésta cuestión no es marginal, sino que es central en la estructura del capitalismo
patriarcal; de allí que se encuentre en el centro de la escena política.
En este marco, la construcción discursiva “ideología de género” implica 1) una apropiación y una
subversión de conceptos acuñados en la teoría feminista para volverlos en su contra; 2) por otra parte, la
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existencia subterránea de supuestos naturalistas propios de un abordaje idealista sobre los sujetos y su
identidad de género –en última instancia, “un tratamiento ideológico de la ideología” puesto que la
ideología es comprendida como mistificación de la realidad, revela que la vinculación entre los recorridos
sinuosos de los conceptos de género y de ideología es fructífera para el análisis crítico- conceptual
propuesto.
Ante el diagnóstico de despolitización y de simplificación del concepto de género proponemos
repolitizarlo y recomplejizarlo inscribiendo el concepto en perspectivas críticas que permitan
comprenderlo como parte de un entramado complejo y, por tanto, a través de los efectos que produce al
articularse y entrecruzarse con otras determinaciones como la raza, la sexualidad, la pertenencia
geopolítica, etaria y de clase (Davis, 2004). Argumentaremos en tal dirección, que tal inscripción del
género en una perspectiva interseccional implica la reconstrucción de genealogías feministas críticas
como una alternativa para eludir el reduccionismo y la estabilización de una perspectiva teórica
eminentemente crítica.
Por lo cual se torna vital escudriñarlo en perspectivas críticas que permitan comprenderlo como
parte de un entramado complejo en el que se articula con el sexo, la raza, la clase, la edad, la pertenencia
geopolítica, entre otras variables.
Concretamente: frente al reduccionismo y la neutralización de conceptos críticos como el de
género y el de interseccionalidad, proponemos recuperar tradiciones políticas y genealogías críticas que
posibiliten visibilizar el anudamiento intrínseco que existe en determinadas experiencias de resistencia
entre teoría y práctica –subvirtiendo una lógica tradicional que insiste en escindirse- al mostrar que los
orígenes del concepto están anudados a la participación política realizada desde los márgenes.
De esta manera, argumentamos la necesidad de repolitizar el concepto mediante la reconstrucción
de genealogías feministas políticas que visibilicen el potencial político del género, atendiendo a sus raíces
de luchas políticas. Así como propusimos re-complejizarlo inscribiéndolo en perspectivas materialistas
críticas, inclusivas e interseccionales, que comprendan la clase, el género, la sexualidad y la pertenencia
étnico/ racial y etaria como parte de un sistema de dominación múltiple e imbricado.

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5.-CONCLUSIONES
“Entre lo bestial y lo sagrado…” es un artículo argumentativo cuyos resultados se desprenden de la
revisión documental y bibliográfica, del análisis discursivo e histórico- crítico y conceptual con
implicaciones teóricas y prácticas.
En este apartado se concluye, como respuesta a los interrogantes y objetivos planteados, que la
ideología neoconservadora -que desde hace una década viene avanzando sobre la región- se coloca
estratégicamente entre ambas representaciones (“lo bestial” y “lo sagrado”), a partir de complejos
mecanismos que buscan volver “natural” (y por ende invisibilizar) aquello que es producto de la historia
y de la agencia humana, y por tanto, pasible de ser transformado: la sexualidad humana, las identidades
sociales y políticas, los lazos sexo-afectivos, las emociones, las creencias y los valores que reproducen
las instituciones elementales del capitalismo patriarcal (como la familia nuclear).
En tal dirección, se argumenta que la evocación a la naturaleza, bajo fundamentos religiosos,
científicos y jurídicos, opera como un mecanismo de legitimación de desigualdades y opresiones, y al
mismo tiempo, de disciplinamiento sobre aquellos cuerpos y subjetividades otras, las que escapan a la
heteronormatividad o que –dentro de ella- no se ajustan adecuadamente a los propósitos económicos,
políticos y culturales del neoliberalismo.
Algunos rasgos de la ideología neoconservadora así como de sus políticas anti-democráticas se
presentan como desafíos analíticos para futuras investigaciones; puesto que, además de buscar la fuente
de legitimación en la naturaleza para oponerse a prácticas que conspiran contra “la vida”, estos discursos
apuntan a otras estrategias persuasivas que se basan fundamentalmente en las terapias y soluciones de
auto-ayuda, en las nuevas religiosidades y espiritualidades (algunas con ciertos rasgos laicos), dando
cuenta de una alianza entre un orden tradicional y un nuevo orden basado en la liberación del deseo
individual, y en identidades laxas y móviles capaces de mutar de una posición a otra, fenómeno que aún
no ha sido examinado exhaustivamente.
En definitiva, la labor de desestabilización conceptual que proponemos, desde una perspectiva
feminista interseccional, apunta a frustrar –si vale la expresión- los propósitos de una ideología capaz de
persuadir a sectores postergados por la pérdida de ciertos privilegios de raza y de clase, a través del
resentimiento y de una cultura de la cancelación, que vuelve unxs contra otros a los sectores más
desfavorecidos y marginalizados por un modelo de acumulación cada vez más concentrado y excluyente.
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Por otra parte, esta mirada crítica permite identificar la relevancia de incorporar perspectivas
interseccionales en el desarrollo de políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos,
ya que históricamente las mismas se han mostrado deficitarias.
Por lo expuesto en este artículo, se revela que la densidad y mixtura de las cosmovisiones
neoconservadoras que actualmente circundan en nuestra región merece un análisis crítico capaz de
mostrar qué articulaciones se producen y cuáles son sus efectos reactivos y coercitivos sobre los cuerpos
y subjetividades, así como también distintos procesos de resistencia.
Finalmente, estas reflexiones, lejos de coronar una idea acabada sobre esta acuciante
problemática socio-política buscan aportar a líneas de investigación que se encuentran actualmente en
curso, como los estudios sobre las nuevas derechas y las disputas con movimientos emancipatorios.
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Encapuchados juveniles (anarcos y feministas):
crucigrama para la comunicación política de AMLO1
Hooded youths (anarchos and feminist): crossword for AMLO´s Political communication
Hugo, Sánchez-Gudiño2
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión documental cuyo objetivo consistió en: elaborar un
balance crítico de la Estrategia de Comunicación Política del Presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador(AMLO) frente a los colectivos Encapuchados autodenominados Anarcos y
Feministas Separatistas que demandaban el cese a la violencia en contra de las Mujeres y un alto al
Feminicidio. Se aplicó un planteamiento teórico –metodológico enfocado en 3 líneas de acción: la
Sociedad Red, los Movimientos Sociales y la Política Pop. El método utilizado no se circunscribió
únicamente en la revisión y análisis documental del Movimiento de Protesta Juvenil frente al
Gobierno federal, sino que además se recurrió a técnicas etnográficas como el estudio directo de las
activistas y grupos sociales, así como entrevistas personales y la observación participante con los
actores políticos centrales de la protesta en esta investigación de tipo cualitativa. Se encontró que los
Colectivos Encapuchados Anarcos y Feministas vulneraron y debilitaron las Narrativas Mediáticas
de la 4T, así como la figura presidencial con cientos de consignas en las redes sociales y en las calles
que exigían al gobierno federal igualdad y justicia para las mujeres asesinadas, desaparecidas, y todos
los casos de violencia de género que han quedado impunes.Por lo que se concluye que este
vertiginoso movimiento de las Encapuchadas y sus banderas de lucha se han convertido en un
crucigrama difícil de resolver para el gobierno que encabeza López Obrador.
Palabras claves: Anarcos, feministas, mafia, protesta.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 30/11/2021
Fecha de revisado: 19/12/2022
Fecha de aceptado: 22/04/2022

Esta obra está bajo una licencia de Creativa
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is the product of a documentary review whose objective was to: prepare a critical balance
of the Political Communication Strategy of the Mexican President Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) against the Hooded collectives calling themselves Anarchs and Separatist Feminists who
demanded the cessation of the violence against women and an end to feminicide. A theoreticalmethodological approach was applied focused on 3 lines of action: the Network Society, Social
Movements and Pop Politics. The method used was not limited only to the documentary review and
analysis of the Youth Protest Movement against the federal government, but that also resorted to
ethnographic techniques such as direct study of activists and social groups, as well as personal
interviews and participant observation with the central political actors of the protest in this qualitative
research. It was found that the Anarcho and Feminist Hooded Collectives violated and weakened the
Media Narratives of the 4T, as well as the presidential figure with hundreds of slogans on social
networks and in the streets that demanded equality and justice for the murdered, disappeared women
from the federal government. , and all the cases of gender violence that have gone unpunished, which
is why it is concluded that this vertiginous movement of the Hooded Women and their flags of
struggle have become a difficult crossword puzzle for the government headed by López Obrador to
solve.
Keywords: Anarchs, feminists, mafia, protest.

Cómo referenciar este artículo:
Sánchez-Gudiño, H. (2022). Encapuchados juveniles (anarcos y feministas): crucigrama para la comunicación política de
AMLO. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(16), 287-301. https://doi.org/10.29105/pgc8.16-14

Este artículo es producto del proyecto “UNAM: Porros, Anarcos y Feministas”, financiado por UNAM-FES-ARAGÒN. Iniciado en 2018 y finalizado en
2020.
2
Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Email: hugosgudino@yahoo.com.mx y hugosgudino@hotmail.com .
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1.-INTRODUCCIÓN
“Encapuchadas se las llevaron, Encapuchadas las vengaremos”, (consigna Colectivos Feministas
Separatistas/Septiembre-2020).
Desde el primer día de gobierno, López Obrador imprimió un estilo personal de gobernar para
distanciarse del régimen anterior desacralizando los principales símbolos del poder, creación neoliberal
bajo su óptica (Barranco, 2018). Su imagen positiva es altamente correlacionada con su nivel de
aprobación presidencial; su activismo gubernamental y protagonismo mediático forman parte de su
estrategia de comunicación política que ha acaparado la atención ciudadana; la narrativa oficial sobre el
tema del huachicol triunfó; y el tema del combate a la corrupción ha sido el más rentable (Buendía,
2019).
Al cumplir su segundo año de gobierno como Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador se ubicaba frente a un panorama complejo a causa de la Pandemia Covid-19 y de la crisis que
dejó en materia sanitaria y económica. Identificamos cuatro ejes de su soporte social: Los Militantes de
Morena cuya identidad se define por su lealtad al líder; La Mayoría Legislativa en la Cámara de
Diputados y de Senadores; la Disciplina y Obediencia del Ejército y la Marina ; y su muy sólida y
creciente popularidad.
Su estrategia de comunicación política que implicaba mayor cercanía con la ciudadanía, su plan
de austeridad y combate a la corrupción y el apoyo a más de 28 millones de personas a través de los
programas sociales son su gran estandarte. En esta lógica, tres rutas de acción la caracterizan:
1) Su Pacto Político con los Poderes Fácticos: Las contradicciones que provoca intentar un
cambio de régimen a contrapelo de las élites, lo cual supone confrontar y negociar con ellas
(incorporando a algunos de sus miembros a su equipo de gobierno). El último ejemplo de ello
fue la entrega de la Educación Pública a Televisa y Azteca para educar a distancia 30 millones
de niños, adolescentes y jóvenes.;
2) Su Comunicación Política, depende de su Propio Liderazgo: Poco viajado por el mundo, pero
un visitante asiduo del México profundo, con visiones y lenguaje que conectan y comunican
con el mundo rural y urbano marginal.
3) Su Estrategia de Comunicación Política es un Reflejo de su biografía. Días en que todos los
mexicanos están incluidos en el país que nos propone y jornadas en las que solo caben los
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pobres y los que piensan como él. Aquí se inscribe su relación con los medios a través de su
principal tribuna diaria, las Conferencias Mañaneras (148 ruedas de prensa, 2500 preguntas
y más de 170 horas de comparecencia ante los medios) desde Palacio Nacional confrontando
y neutralizando a la prensa crítica con su gobierno a la que llama Prensa Fi-Fì y el Hampa
Periodística. Sin embargo, las Mañaneras han experimentado un lento desgaste por el discurso
repetitivo y por la retórica presidencial. La escritora Elena Poniatowska (Infobae, 2021) -amiga del presidente, simpatizante de Morena y de la IV T-- así lo expresaba: “Señor
presidente, ya párele con las Mañaneras. ¿acaso no se da cuenta que hay un hartazgo
nacional?... Estoy plenamente convencida que es un exceso del presidente López Obrador con
tantas mañaneras, es un abuso del poder presidencial obligar a los periodistas que vayan todas
las madrugadas hacer preguntas a modo. Las mañaneras son innecesarias y hasta
contraproducentes. No puede haber una noticia nueva día tras día, siempre repite lo mismo se
ha llegado a un grado de hartazgo nacional y de cansancio...Es que las mañaneras se han
convertido en una comedia de equivocaciones desde el emblemático Palacio Nacional y,
además, en nada le favorecen ni al propio presidente ni mucho menos al país (El presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió en su conferencia de prensa a la
escritora Elena Poniatowska, sobre la petición que hizo de que terminara con las “mañaneras”.
“Mandarle un abrazo a Elenita, que la quiero mucho, eso es todo”, dijo el mandatario
mexicano. Por su parte Felipe Haro, hijo de Poniatowska considero que las críticas de la
escritora acerca de las conferencias matutinas del presidente son constructivas pues ella
siempre ha apoyado a AMLO).; y
4) Su Amistad, “Docilidad y Obediencia” Frente a un Donald Trump en la antesala de la derrota
electoral frente a Joe Biden: El mandatario estadounidense fue el ganador de una crisis
migratoria que se agrava cada vez más, subordinando al Gobierno de AMLO hasta convertirlo
en su “Policía Migratoria” cuya tarea central fue sellar las fronteras del norte y del sur. De
igual manera, el manejo mediático que Obrador hizo de esta crisis calificándola como un
triunfo de México, mientras acusaba a sus críticos de tratar de impedir cualquier cambio que
afectara sus intereses y privilegios.
Son múltiples los Nudos Gordianos que se formaron durante este período, y que se convirtieron
en puntos de quiebre que debilitaron la Comunicación Política del Gobierno Federal:

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I)

La Liberación de Ovidio. Todo comenzó el 17 de octubre de 2019, cuando autoridades
policiacas informaron que Ovidio Guzmán, conocido como "El Ratón" o "Ratón Nuevo",
fue puesto en libertad luego de ser detenido en Culiacán. El presidente López Obrador
reveló que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, integrante del Cártel de Sinaloa e
hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras el operativo fallido en Culiacán. “Yo ordené
que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a ese presunto delincuente”.
Justificó que estaban en riesgo de morir 200 civiles por los ataques de este grupo delictivo;

II)

De Benditas a Malditas Redes Sociales. Los AMLovers comenzaron a perder la Batalla
digital: Se multiplicó la información falsa y maliciosa circulando en las redes sociales y
en mensajes de WhatsApp, al grado que López Obrador le pidió a Twitter, Facebook y
YouTube que dieran a conocer los contratos para realizar una automatización maliciosa a
través de algoritmos, con granjas de bots que estaban generando la desinformación,
atacando a su gobierno y a su Familia, (El mejor ejemplo de lo anterior, lo constituyó el
YouTuber Chumel Torres en su polémica con la Primera Dama (junio de 2020), que
terminó en escándalo y confrontación en las Redes Sociales(dominando las opiniones
desfavorables a AMLO), luego de la cancelación del Foro Sobre Racismo y Clasismo
organizado por CONAPRED. Después del reclamo de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa
del presidente sobre las burlas en contra de su hijo menor, Chumel ironizó sobre el asunto:
“Quisiera ser mamá de un narco para que este gobierno me tratara con empatía”; un día
después Obrador daría la estocada final, pidiendo la desaparición del CONAPRED y la
renuncia de su titular. Por su parte Chumel se disculpó con sorna y dijo: “El Presidente se
enteró que existe la CONAPRED gracias a un servidor. Siento que esto es mi
Graduación…Todo el día defendiendo al CONAPRED y el presidente ni siquiera sabe
que es ja, ja, ja…El Pulso de la República educando Chairos. Como siempre. De nada” ...
Nunca imaginó que HBO cancelaría su Programa.);

III)

El “Encabronamiento” Feminista/El feminismo mexicano irrumpió en el debate nacional,
y aunque Obrador trato de evitarlo tuvo que responder a un enojo y “encabronamiento”
que aún sigue latente. Sus comentarios en las Conferencias mañaneras avivaron más el
fuego. Su obsesión en reducir las reivindicaciones a una campaña de la oposición en su
contra provocó reacciones más radicales y contundentes de los Colectivos Anarcos y
Feministas, como Brujas del Mar que Convocaron al Paro Nacional del 9 de marzo de
2020 y las posteriores protestas de las Activistas Encapuchadas y Separatistas que se
convirtieron en un crucigrama difícil de resolver (Yañez,2020); y IV) La Pandemia/ El

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Presidente aseguraba que en México las Pandemias “No Nos Van a Hacer Nada”. Más
aún, el Vocero Gubernamental de esta crisis, López Gatell dijo: “La Fuerza del presidente
es Moral, y no de Contagio”. Para agregar más adelante: “sería mejor que (el presidente)
padeciera Coronavirus (…) Se Va a Curar Espontáneamente y Va a Quedar Inmune”.
Obrador señalaba que su "Escudo Protector" contra el Coronavirus era la Honestidad
y el no permitir la Corrupción, pero también sus Amuletos Como la Oración "Detente
Enemigo, que el Corazón de Jesús Está Conmigo", un Billete de Dos Dólares y un
Trébol de Cuatro Hojas: “El Escudo Protector es la Honestidad… Miren esto es lo
que protege, esto es lo que me da la Gente. Son Mis Guardaespaldas", decía.
(Uribe,2020).
A partir de un marco teórico que tiene como soporte la Sociedad Red, los Gobiernos Mediáticos
y la Comunicación Política Pop, tenemos como Objetivo General:Elaborar un Balance Crítico de cómo
las Estrategias de Comunicación Política y las Narrativas Mediáticas del Presidente López Obrador y su
proyecto denominado Cuarta Transformación (IV T.) de México se vieron vulnerados y resquebrajados
ante la irrupción de las protestas juveniles en la plaza pública de los Colectivos Anarcos y de las
Feministas Separatistas, hasta llegar a las puertas centrales de Palacio Nacional en el zócalo capitalino,
alcanzando su clímax con el Paro Nacional de marzo de 2020, en un vertiginoso movimiento social cuyas
banderas principales de lucha se han convertido en un crucigrama difícil de resolver para el gobierno
federal: Rechazo a la Violencia contra las Mujeres y Acabar con los Feminicidios.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
En este contexto se inscribe la Política Pop, que es la política de la comunicación en serie, de la receta
publicitaria que tanto sirve para vender a un candidato como para exaltar a un presidente: Estamos
acostumbrados a que la fraseología de los pícaros y de los técnicos de la política forme parte de nuestro
entorno (Weber, 1981: p. 173).
La combinación de los ingredientes del pop global con lo popular local dio lugar a toda una
generación de políticos latinoamericanos que aparecieron casi al mismo tiempo en países diferentes
utilizando este esquema mediático (Amado, 2016). La Comunicación Política Pop usa la misma narrativa
mediática para legitimarse y conseguir un entusiasmo que otros esquemas más tradicionalistas no logran
despertar. Se trata de un estilo a la vez moderno y posmoderno, heredero de la cultura pop, del contenido
audiovisual, el entretenimiento y el culto a la celebridad. El pop de la política es el del mainstream, del
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entretenimiento de los medios de masas, de la cultura del mercado. De ahí retoma la narrativa sintética
de la publicidad, el culto a la celebridad, el melodrama como clave de la lucha política, la metáfora del
superhéroe, el ritual del consumo (Amado, 2014: p. 20).
De acuerdo con Campos (2011), el Modelo de la Comunicación Política Pop Latinoamericana
tiene las siguientes características:
El líder es el mensaje y el medio; El líder sigue siempre el sentimiento popular; El Presidente es
el pueblo, por eso habla como pueblo; Su lucha contra el eje del mal es incansable; El melodrama es el
sentido común; La mejor manera de marcar la agenda es inventarla; y La tribuna mediática es indicador
y condición de la cohesión política” (p. 150).
La política ofrece un kit de comunicación para llevarla a la pantalla en una tendencia
latinoamericana hacia tele presidentes que gestionan un “Estado Comunicador”. Como anota Rincón
(2008), “los presidentes/celebrities combinan la sentimentalidad popular con tradiciones culturales de
autoridad y tonos de religiosidad por estar cerca de los sentimientos y expectativas populares” (p. 15).
Werner (2019) menciona que para sus críticos AMLO cumple todas las reglas del populismo en
el poder: Hablar en nombre del pueblo bueno; Capturar al Estado; Someter a los otros poderes; Crear
nuevas clientelas; Contener o someter a los Medios; Contener o someter a la sociedad civil; y Hacer
nuevas constituciones. Mientras que, para sus simpatizantes, pero críticos también, “Primero los Pobres”
es la prioridad. (Almeyra, 2019, p. 12). Más adelante plantean que Lòpez Obrador introduce de manera
intrépida ponderaciones como el bienestar del alma que nos “remite a las viejas lecciones de filosofía
política y concretamente al capítulo cuatro de la República de Platón. Política del Alma y Alma de
Político en la República”. (Barranco, 2019, p. 20).
De acuerdo con Mazzoleni (2010), los políticos apegados a este perfil (gobiernos mediáticos)
trazan el siguiente patrón en su comunicación política: Se apoyan en el modelo publicitario con una gama
cromática que emula las marcas comerciales; Monopolizan lugares comunes y los convierten en valores
de partido: Patria, democracia, revolución, amor; y Apelan permanentemente al pueblo o a la gente.
3.- MÉTODO
La propuesta metodológica de la presente investigación tiene un ámbito multidisciplinario que pretende
abordar un conjunto de conceptos operativos en donde las narrativas y demandas ciudadanas asumen un
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rango de Activismo Anti-sistema. La investigación deberá fijar una postura teórico-práctica de los
conceptos operativos vinculados a los métodos de negociación política y consenso, como resultado de
los esfuerzos de mediación del gobierno federal con las organizaciones estudiantiles, y el impacto que
esto generará en el Movimiento Feminista y Anarco como, por ejemplo: la disminución de la violencia
de género, del machismo y del feminicidio en Mèxico. Para determinar los diversos conceptos operativos
de los métodos de diálogo y negociación, movilizaciones sociales y uso de redes por parte de colectivos
juveniles, deberá consultarse literatura especializada en: Movimientos Feministas Separatistas,
Movimientos Estudiantiles Anarquistas, Sociedad Red, Política Pop y Comunicación Política
Gubernamental, así como autores especializados en dicha temática, considerando de igual manera los
diversos instrumentos propagandísticos, de acción, asambleas o manifiestos vinculados, así como
algunas de las propuestas existentes para la reducción de la violencia estructural y la pacificación de
comunidades de alto riesgo para las mujeres. Utilizaremos el método analítico y empírico, teniendo como
punto de partida la experiencia de campo del autor con los Movimientos Sociales y el impacto de su
protesta que incide en las políticas públicas antiviolencia contra las mujeres.
4.- CONCLUSIONES
El Liderazgo de AMLO se encontraba en un momento crucial como no había ocurrido desde junio del
2018: La irrupción del Movimiento Feminista Separatista articulando fuerzas con los Colectivos Anarcos
(primero en la UNAM y luego se expandió a todo el país), le arrebató la Iniciativa Política y temas
relevantes de la agenda política nacional. Una semana después, el Tsunami Global denominado
Coronavirus y la Comunicación Política de la Presidencia que tuvo su segundo punto de quiebre, a través
de su Subsecretario de Salud, López Gratell con un manejo de la crisis: erróneo, en cámara lenta y con
cifras poco creíbles que erosionaron más la imagen presidencial.
De Benditas a Malditas Redes Sociales: Anarcos y Feministas ganando la batalla digital
Se multiplicó la información falsa circulando en las redes sociales y en mensajes de WhatsApp, al grado
que el gobierno de López Obrador le pidió a Twitter, Facebook y YouTube que dieran a conocer los
contratos para realizar una automatización maliciosa a través de algoritmos, con granjas de bots que
estaban generando la desinformación y atacando a su gobierno. A dos años de su mandato, se quejaba
acusando a los partidos políticos de utilizar sus presupuestos para destinar recursos a las redes con el
objetivo de desinformar y calumniar, aunque la realidad era otra: Ciber-Activistas de distintas filiaciones,
entre los que destacaban los Colectivos Anarquistas (el Bloque Negro de los Anarcos) y Feministas
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Separatistas le estaban ganando la batalla digital a los estrategas y controladores de granjas de bots del
gobierno federal.
Twitter por su parte, respondía argumentando que nadie pagaba por esos servicios, porque no
estaban a la venta, y que si quería ver los ingresos que tenía, podía revisar su reporte financiero trimestral.
López Obrador, argumentaba que como no hablaba inglés, no sabía que le había contestado Twitter, para
evadir el tema e insistir que había un proceso pandémico de desinformación. (Aristegui,2020)
El portal de tecnología y sociedad LoQueSigue.tv, difundió en mayo de 2020 los trending
topics durante la crisis sanitaria –desde el 18 de marzo-, donde de un total de 265 analizados, 54.7 por
ciento de ellos con bots, automatización y otros métodos no orgánicos, el número de hashtags contra
Obrador sumaba hasta la fecha citada 52, contra 29 de los hashtags a favor del
Presidente.(loquesigue.tv,mayo-2020):”Ahora que son apaleados, gritan que hay una conspiración contra
López Obrador y su gobierno.”(Rivapalacio, 2020).
Otro ejemplo, se observaba el 10 de Mayo, Día de las Madres, volviéndose Tendencia el
#Hasthag #LòpezMeSaludasALaTuya#, cargado de mensajes violentos, agresivos, mentadas, groserías
y ofensas, justo al cumplirse dos meses de la Marcha y Paro Nacional impulsado por las Activistas
Separatistas, Colectivos Anarcos Feministas y Mujeres en general en contra de la Violencia de Género,
quienes confrontaron el Presidente López Obrador porque en su Conferencia Mañanera en Palacio
Nacional festejaba el inicio de la venta de Cachitos para la Rifa del Avión Presidencial(el mismo Día del
Paro Nacional de Mujeres).Las Feministas Jarochas junto con los Colectivos Anarcos le dijeron
entonces: ”A cuanto el Cachito de Madre?”. Para negar más adelante que su Movimiento es "donde está
metida la derecha", como expresó AMLO, asegurando que sus declaraciones las ponían en peligro.
Sus Satánicas Majestades que hicieron célebre el slogan de campaña como las Benditas Redes
Sociales, habían pasado a ser las Malditas Redes, porque los Encapuchados Anarco-Feministas se habían
apoderado de ellas, vulnerando la Comunicación Política Gubernamental y debilitando a los AMLovers
que durante mucho tiempo fueron amos y señores de estos espacios virtuales (El Gobierno Federal de la
IV T estaba tan preocupado y desesperado por la fuerza que habían adquirido sus críticos en las Redes,
que Ricardo Monreal, legislador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
adelantó que su grupo parlamentario buscaría limitar las acciones de las compañías como Facebook y
Twitter, con la intención de que las redes sociales no regularan la libertad de expresión. “Se considera
justificado proteger la libertad de expresión en las redes sociales. El derecho humano a la libertad de
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expresión en el ciberespacio debe de ser tutelado para su ejercicio eficaz mediante principios establecidos
en las leyes; no como obstáculo, sino como herramienta para ser potencializados”, señalaba Monreal. El
morenista recordaba que las empresas utilizaban las redes públicas de telecomunicaciones para la
prestación de sus servicios y, por eso, debían ser reguladas con base en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión). (El País, 2021).
Anarcos y Feministas: el Bloque de Pasamontañas y de las Capuchas Negras…
Los Jóvenes del YoSoy132 fueron el motor de las movilizaciones de protesta contra el gobierno federal
y los monopolios mediáticos durante el segundo semestre de 2012. Sin embargo, a partir de 2013 hicieron
su aparición otros actores juveniles que se han consolidado en 2020. Organizados en pequeñas células:
Vestidos de Negro, Encapuchados y con Pasamontañas, Armados con Palos, Tubos, Bombas Molotov y
Piedras, listos para la confrontación física con las fuerzas policiales. Se autonombraron Anarquistas y en
cuestión de semanas se multiplicaron los Colectivos Estudiantiles identificados con esta corriente: Cruz
Negra Anarquista de México; Bloque Negro (Black Block); Coordinadora Estudiantil Anarquista;
Anarquía Difusión; Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional; y Federación Anarquista. De
inmediato, estos jóvenes proletarios y campesinos acapararon la atención de la opinión pública por sus
choques con policías federales y desplazaron en el mando y dirigencia de la protesta pública a sus pares.
La Batalla por la Democratización de los Medios pasó a segundo plano, ahora lo prioritario con los
Anarcos a la cabeza serían los enfrentamientos con la policía y el ataque a cadenas comerciales como
Starbucks, Mac Donald´s, Wall Mart y marcas como Coca-Cola, siempre articulando sus acciones
callejeras con las redes sociales (Emmequis, 2014).
En distintas ocasiones el presidente López Obrador criticó las acciones violentas de los Anarcos
como ocurrió en septiembre de 2019 durante una Marcha de Apoyo a Ayotzinapa: “Ayer hubo excesos,
dicen algunos, y respeto desde luego ese punto de vista, que son Anarquistas, no; el Anarquismo es un
movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, no es Anarquismo lo de ayer. Es una
variante del conservadurismo…. Decirle a los que participan en estos actos, que se portan mal, muy mal,
que no tienen respaldo de los ciudadanos, que no son de izquierda, son conservadores, que perjudican al
movimiento legítimo” (López Ponce, 2021).
Históricamente los Anarcos han caminado al lado de los Movimientos de Izquierda en nuestro
país. Denominados de distintas maneras como Radicales, Vàndalos, Ultras o Mega ultras, estos Jóvenes
Encapuchados y con Pasamontañas han sido funcionales a la Izquierda Institucional y en el poder en
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distintos momentos políticos de coyuntura. En otros momentos se han confrontado con la Izquierda
Suave o Reformista. Han sido permeables a los Grupos de Choque y a los Infiltrados del Gobierno
Federal en turno. Siempre han tenido protección política, jurídica, económica y policial. Es decir, la
Historia de México de las últimas tres décadas bien puede escribirse a través de los Saldos de la Rebeldía
Encapuchada y de sus Resortes.
Por su parte, el Feminismo Separatista (también con Pasamontaña y Capucha Negra) mexicano
irrumpió en el debate nacional: Los asesinatos de Abril Pérez, Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima
Antón, cuyo cadáver fue encontrado desnudo y torturado, así como el vídeo que se volvió viral de
Yesenia Zamudio, una madre de familia marchando e invitando a otras mujeres a que quemaran todo y
si no que no estorbaran, se convirtieron en el estandarte de la protesta, que a diferencia del movimiento
en países vecinos no solamente reclamaba el derecho a un aborto seguro, sino a lo más básico: Que No
las Mataran.
López Obrador por su parte culpaba al “régimen de corrupción, injusticias y privilegios” heredado
de gobiernos anteriores por la violencia, especialmente de género, que cada día estaba cobrando la vida
de diez mujeres. Al ser cuestionado por una periodista, el mandatario afirmaba que su Administración
estaba “atendiendo las causas” de esa violencia, pero no presentaba una estrategia clara para frenar la
alta tasa de feminicidios, crímenes que contaban con un 90% de impunidad. Mientras Obrador defendía
el actuar de su Gobierno frente a este flagelo, en las puertas centrales del Palacio Nacional, decenas de
activistas femeninas protestaban por el asesinato, violación y tortura de Fátima, la niña de 7 años, cuyo
crimen había conmocionado al país. En el mismo sentido, las protestas se habían extendido por todo el
país, cuando miles de mujeres se manifestaban por el feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años,
asesinada por su pareja en la Ciudad de México. (Reyna y Pèrez,2020).
El Gobierno de AMLO había sido cuestionado por organizaciones feministas, que consideraban
negligente su respuesta a los crímenes de odio contra las mujeres: muestra de ello era el decálogo para
hacer frente a la violencia de género, difundido por la Secretaría de Gobernación que terminó por borrarlo
tras la cantidad de críticas que tuvo en redes sociales. Tiempo después el presidente pidió a las mujeres
que sus manifestaciones no fueran violentas: “Todo nuestro respeto y garantías para manifestarse. La
única recomendación: respetuosa, que sean manifestaciones pacíficas. Entiendo que son cuestiones muy
graves. Es posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción. No se puede enfrentar la
violencia con la violencia”, decía (Urrutia y Muñoz,2020).

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La violencia de género en México es un problema de tal magnitud que necesita una estrategia
integral con carácter urgente. Un promedio de diez mujeres muertas al día y un 90% de casos impunes
eran las cifras tan espeluznantes que el Gobierno debía reaccionar de inmediato con medidas efectivas
que atajaran esta sangría. Pero López Obrador se limitaba a expresar “con toda el alma” su “deseo que,
se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres”.
El presidente se empeñaba en imponer su teoría política abstracta sobre un asunto de perfiles muy
concretos. La condescendencia con la que había respondido a las graves preguntas sobre feminicidios
formuladas por las periodistas mostraba a un mandatario que no acababa de comprender el problema. Se
molestaba cuando se le recordaba que en México no había una fiscalía especializada en machismo
criminal, que la investigación de los casos no se abordaba con perspectiva de género, que la protección
de las víctimas era insuficiente cuando no nula y que el trabajo constante de su Gobierno, ese problema
que decía atender “cada día”, no había logrado la más mínima reducción en esa sangrienta estadística.
(Animal Polìtico,2020)
La Pandemia incrementó la Violencia contra Ellas
El COVID-19 dio a muchos hombres una ventaja: ya no tenían que esforzarse, para aislar a sus
víctimas: el virus lo hizo por ellos: “El Tapabocas No Nos Calla, Vivas Nos Queremos” rezaban las
pancartas de Feministas y Colectivos Anarcos Encapuchados, aliados estratégicos y unidos q ue en
medio de la pandemia protestaban por la violencia de que eran víctimas. Noviembre del 2020 fue el
punto de inflexión al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la
Mujer, ya que miles de mujeres se manifestaron en todo el país exigiendo verdad y justicia para las
víctimas de violencia de género, feminicidios y desaparición. (La Jornada,2020).
Así, durante la Pandemia por COVID-19, la violencia familiar, los asesinatos y las llamadas de
auxilio se intensificaron, y las políticas públicas y respuestas institucionales en México fallaron. De
acuerdo con el Informe “Las dos pandemias: Violencia contra las mujeres en México en el contexto de
COVID-19” de la organización Equis: Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y la
Organización Intersecta: El total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó, en promedio, 11.2
mujeres asesinadas por día (la cifra mensual más alta registrada en lo que iba del año). Además, de marzo
a abril de 2020, los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%; mientras que los asesinatos de
hombres se redujeron un 0.2%. (Animal Político, agosto 2020)

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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Jóvenes Radicales: Entre la Incomprensión Gubernamental y el punto de quiebre de la Comunicación
Política de López Obrador.
El impulso democrático que permitió la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador estaba
encaminado a superar la delicada clasificación de México como uno de los países más peligroso para las
mujeres y defensores de derechos humanos. Pero a los asesinatos, desapariciones, amenazas y ofensivas
judiciales se suma otro agravio: los feminicidios. Desde la activación de la Alerta de Violencia contra la
Mujer en noviembre de 2019 en México, el promedio mensual de denuncias por violación, acoso sexual
y violencia familiar aumentaron. En el caso particular de los feminicidios, estos mantuvieron una
tendencia al alza. Así podemos decir que el Covid-19 y la Violencia de Género son dos Pandemias que
aquejan a las mujeres, sin embargo, la segunda es peor, porque prevalece y sobrevive al virus. Pese a la
exitosa Alianza política Estratégica que mantuvieron los Colectivos Anarcos y las Feministas en su
protesta pública, exigiendo al gobierno federal justicia para mujeres agredidas manifestándose en
prácticamente todo el país, la respuesta de López Obrador desde Palacio Nacional no fue favorable a la
causa, más aún su Comunicación Política volvió invisible el problema, minimizándolo y acusando a la
derecha y enemigos de la 4 T de ser sus principales promotores. Esta situación provocó el desgaste del
Modelo de Comunicación Política de la 4 T frente a las Manifestaciones de los Colectivos Anarcos y de
las Feministas, afectando directamente 3 de sus rutas: Las Conferencias Mañaneras; La Estrategia
Gubernamental para ahogar las críticas a través de Redes Sociales; y el conflictivo caso de la Agencia
Notimex donde se pretendió desacreditar a periodistas simpatizantes del Movimiento, como Carmen
Aristegui.
Luego de la gran manifestación femenina del 6 de marzo de 2020, el movimiento había tomado
una fuerza inusitada, un despliegue tal de hartazgo contra su situación que cimbró la vida nacional, pero
no se esperaba que un par de semanas después la propagación del virus de Covid-19 representaría una
cubetada de agua helada que por un momento apagó el creciente fuego del levantamiento femenino.
El Covid-19 pareció congelar de pronto la discusión de varios temas, pero los problemas
continuaron y como se vio posteriormente en algunos casos el confinamiento hizo aparecer otras formas
de violencia al interior del hogar o contribuyó a exacerbarlas. Así, siguen despareciendo mujeres y niñas,
a las madres solteras se les cancelan prestaciones como guarderías y a las mujeres indígenas no se les
permite vender en la calle y se les recoge su mercancía: se incrementan los feminicidios; a las que
denuncian agresión se les culpabiliza al señalarlas de provocadoras de los ataques que reciben o se
desestiman sus acusaciones y señalamientos.
298 Encapuchados juveniles (anarcos y feministas): crucigrama para la comunicación política de AMLO.

�Sánchez-Gudiño, H.

La Comisión Nacional de Búsqueda reporta que 10 entidades de la República (Jalisco, Nuevo
León, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Sonora, Morelos, Tamaulipas y
Yucatán) no son buenos lugares para ser mujer, ya que ahí se registran tres cuartas partes de las
desapariciones en todo el país. Y de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública: Guanajuato,
Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco y Michoacán concentran la mitad de los 3 mil
185 feminicidios registrados en la nación de enero a octubre de 2020.
El Presidente López Obrador mostró a lo largo de 2020 en los espacios públicos de la
Comunicación Política Gubernamental su incomprensión de lo que significan los homicidios y los
feminicidios, confirmando la distancia entre el pensamiento político del jefe de gobierno federal y la
realidad cotidiana de las mujeres mexicanas ,que sufren ataques cada vez más salvajes e impunes sin que
haya política pública verdadera de atención y prevención (aunque haya varias Oficinas de este Gobierno
Federal dedicadas supuestamente a atender los asuntos femeninos), ( “Si bueno, en lo general decirles
que toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres, pues es el fruto podrido de un
modelo económico, materialista, inhumano que se impuso durante todo el período neoliberal”: AMLO.
Citado por Hernández López Julio. “Astillero” en la Jornada.20-noviembre-2020p.14.). Cómo botón de
muestra: el aumento con la emergencia sanitaria de casos de desaparición, feminicidio, acoso, abuso y
embarazo infantil.
A lo largo del año de la Pandemia (2020) las manifestaciones de Colectivos Anarcos y Feministas
se multiplicaron por la “criminalización de su protesta social” por parte del gobierno Obradorista, ya que
el Ministerio Público local de la ciudad de México había girado citatorios a distintas activistas y
participantes en movilizaciones recientes en las que protestaban contra el feminicidio y el abuso policial,
acusándolas de diversos delitos entre los que se encontraban robo a negocio, lesiones y daño a propiedad
privada (Bravo, 2020).
López Obrador no es un político estratégico, sino táctico, audaz, improvisado y ocurrente. No le
preocupa el fondo sino la forma, porque de esa manera puede manejar las expectativas a través de su
narrativa gubernamental frente a las protestas sociales de Anarcos y Feministas. En este sentido su
gobierno debería asumir que las manifestaciones, aún las más radicales expresadas por los Jóvenes
Encapuchados (Anarcos y Feministas), tienen como sustento la incapacidad de la estructura institucional
mexicana de proveer seguridad pública, protección específica y justicia real para mujeres que viven día
a día en una situación de angustia y terror. Aunque históricamente en nuestro país, la causa de las mujeres
no es de la derecha, siempre ha sido de la izquierda.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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300 Encapuchados juveniles (anarcos y feministas): crucigrama para la comunicación política de AMLO.

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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 16, julio - diciembre 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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                <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>Garza Montemayor, Daniel, de la, Editor Responsable</text>
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                <text>Universidad Autónoma de Nuevo León</text>
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                <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.</text>
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                    <text>�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448
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Monográfico Europa Central Retos y Oportunidades para
México
Monographic Central Europe Challenges and Opportunities for Mexico
Alejandro, Negrín Muñoz1; Pablo, Lozano Lozano 2

La capacidad de adaptación de los países a las circunstancias distintas, tendrá como uno de sus ejes la
identificación de espacios geográficos que, por su dinamismo y el éxito de sus transformaciones, puedan
ser un motor de recuperación económica.
En el caso de México, los anclajes de posicionamiento internacional son claros, pero también
deben revisarse desde otra mirada. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (conocido como
T-MEC) fue una opción oportuna y afortunada cuyos beneficios ya se han percibido en momentos críticos
derivado de la pandemia del coronavirus. El Tratado de Integración Progresista de Asociación
Transpacífico (TIPAT o CPTPP) y la llamada modernización del acuerdo global entre México y la Unión
Europea definen en Asia y Europa a dos regiones en donde, bien aprovechadas, convergerán enormes
opciones futuras para México.
No obstante, tal vez se requerirá de nuevos enfoques post coronavirus que examinen y clarifiquen
esas opciones y sus desafíos. En el caso de la región Asia-Pacífico es cierto que ahí se ubican en la
actualidad algunos de los más importantes socios comerciales de México (como son los casos de China,
República de Corea, Japón, India, Malasia y Vietnam) y que uno de cada cinco dólares que comerciamos
en 2018 fue con esa región (Martínez, 2019), pero también es cierto que desde hace al menos una década
se registra un déficit enorme en nuestra balanza comercial con esas naciones y, en algunos casos,
dificultades de empresas mexicanas de algunos sectores para competir con sus pares asiáticas en un
entorno de apertura y plena competencia.
La región europea, por su parte, fue reconocida por largo tiempo como la principal opción de
diversificación para México (Ruano, 2013). Sin embargo, por un lado, no se distinguen diferencias en un
mosaico en el que caben lo mismo desde las 27 naciones de la UE hasta potencias como Rusia y Turquía

1

Embajada de México en Polonia, Polonia. Maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. Embajador de
México en Polonia, Email: anegrin@sre.gob.mx. Orcid: 0000-0002-8583-6514.
2
Embajada de México en Polonia, Polonia. Maestro en Negocios Europeos por la Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord. Jefe de Cancillería en
la Embajada de México en Polonia, Email: plozano@sre.gob.mx. Orcid: 0000-0003-4026-8557.
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ni, por otro lado, se matizan los alcances y las posibilidades en las propias subregiones que conforman
la Unión Europea. En ese contexto, uno de nuestros déficits de análisis se ubica en las naciones europeas
que, hasta la guerra fría, conformaron el antiguo bloque comunista.
Por ello, luego de más de 5 años como diplomáticos en Varsovia, recibimos con gratitud el interés
de “Política, Globalidad y Ciudadanía” de dedicar este número monográfico a las relaciones de México
con región de Europa Central -o bien de Europa del Centro/Este- y, en particular, con las naciones que
conforman el llamado Grupo Visegrado que se formó hace 30 años (en 1991) bajo la inspiración principal
de los dos grandes líderes de Europa Central en aquella época: el presidente de Polonia, Lech Walesa, y
el presidente de la entonces Checoslovaquia, Vaclav Havel. Lo integraban originalmente
Checoslovaquia, Polonia y Hungría. Luego de su nacimiento en 1993, la República Eslovaca se mantuvo
también como parte de este grupo informal.
Hoy día, resulta extendido el concepto de que el Grupo Visegrado es la expresión política más
consistente de Europa Central y prácticamente todos los documentos del Grupo Visegrado aluden
constantemente a ellos mismos como Europa Central, si bien es claro que esta subregión, en su conjunto,
es bastante más amplia y podría incluir a todo el espacio geográfico ubicado entre los mares Báltico,
Adriático y Negro.
En nuestra opinión, es de gran pertinencia entender a profundidad en lo particular y como bloque
a las naciones del grupo Visegrado. Los objetivos y grandes logros de este grupo en un primer periodo
de su existencia se asociaron a la construcción de regímenes de democracia parlamentaria y economía de
mercado; a su ingreso a la Unión Europea en el 2004; y, a su ingreso a la OTAN.
En algunos círculos en México hay una visión estática y de hace 30 años sobre la realidad de los
países de este grupo. En realidad, hoy son naciones muy prosperas, educadas, de crecimiento económico
constante y desarrollos impresionantes de infraestructura. El grupo en su conjunto tiene 65 millones de
habitantes y cerca del 15% de los legisladores del Parlamento Europeo. A partir del ingreso a la Unión
Europea de estas naciones, en el 2004, el grupo se mantuvo como un grupo de presión política al interior
de la Unión Europea y como bloque que ha desplegado un esfuerzo de integración subregional, además
de procurar vinculaciones con terceros actores y con otras regiones.

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Bajo la hipótesis de trabajo de que las relaciones de México con Polonia, República Checa,
Eslovaquia y Hungría tienen aún un enorme potencial de crecimiento, el presente número es un
heterogéneo crisol de visiones desde ambas orillas del Atlántico, con autorizadas reflexiones de
académicos expertos en Europa Central de prestigiadas instituciones como la Universidad de Varsovia;
el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales; la Universidad Jaguelónica de Cracovia; la Universidad
de Adam Mickiewicz en Poznań (todas éstas de Polonia); la Universidad Palacký de Olomou (República
Checa); la Universidad Nacional de Servicio Público; la Universidad Károli Gáspár de la Iglesia
Reformada; la Universidad Corvinus de Budapest (éstas 3 últimas de Hungría); y la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En lo que respecta a las relaciones con Polonia, Bartłomiej Znojekrevisa comenta sobre la
presencia de México en la política exterior de Polonia desde 2004, en que, como se ha dicho, se registró
la ampliación de la Unión Europea con el ingreso de Hungría, República Checa y Eslovaquia y la propia
Polonia, entre otros países bálticos y de Europa Oriental. De 2004 a la fecha, dice Znojek, México se ha
convertido en un socio latinoamericano clave para Polonia. En opinión de Znojek, “el desarrollo del
diálogo político polaco-mexicano debe servir principalmente para crear condiciones favorables para las
actividades en las esferas de comercio e inversión mutuas” Por su parte, en su texto “Distancias a vencer
y mitos a romper: el establecimiento de las relaciones diplomáticas mexicano-polacas”, Edyta
Kwiatkowska se aboca a explorar los momentos históricos clave, a partir de la Primera Guerra Mundial,
que marcaron el periodo formativo de las relaciones diplomáticas bilaterales. En el mismo contexto,
Joanna Gocłowska-Bolek analiza las economías de México y Polonia con énfasis en su
complementariedad y enorme potencial.
Lejos del Vístula y aproximándonos al Danubio, Mónika Szente-Varga -historiadora con
especialización en las relaciones entre México y Hungría- y Agustín Sánchez Andrés nos presentan una
investigación binacional en la que se explican las relaciones entre México y Hungría desde 1990 a la
fecha, destacando también, como punto de inflexión, la adhesión de Hungría a la Unión Europea en la
multicitada ampliación del 2004. Por su parte, Attila Kovács y Sándor Nagy nos presentan una interesante
visión integral de la relación mexicano húngara – desde las relaciones políticas y diplomáticas hasta los
lazos económicos y culturales- y dan cuenta de la intensificación de nuestros intercambios en las últimas
décadas

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Lukasz Czarnecki revisa el impacto del Reglamento de control de Inversiones Extranjeras
Directas de la Unión Europea en las relaciones económicas de México con los países de Europa Central
e identifica nuevas perspectivas del desarrollo, así como potenciales campos estratégicos, en los cuales
se pueden desarrollar nuevos intercambios económicos desde una perspectiva post pandémica.
Por nuestra parte, los suscritos presentamos una nota sobre Europa Central desde la perspectiva
de la creación del Grupo Visegrado, que tiene como punto de partida un diálogo que sostuvimos en la
ciudad de Gdansk con el célebre líder obrero y expresidente polaco Lech Walesa, artífice del propio
Grupo Visegrado y actor central del fin del comunismo en Europa y la transformación de Polonia.
Este número se enriqueció considerablemente con dos trabajos desde una perspectiva cultural,
sobre aspectos muy poco conocidos de los vínculos de México con esa subregión europea.
Pavel Štěpánek nos invita a un viaje imaginario por el trabajo del grabador checo-eslovaco
Koloman Sokol, quien vivió en México de 1937 a 1941 e, incluso, tuvo una exposición individual en el
Palacio de Bellas Artes en 1938. Por su parte, el gran escritor Juan Villoro generosamente contribuye
con el texto “Sergio Pitol y Polonia: la magia de la traducción”, en donde, a partir del libro Sergio Pitol:
el Bristol y Polonia (Negrín, Salazar y Pawelczik, 2020) reflexiona sobre la fecunda y perecedera relación
que ese célebre escritor mexicano tuvo con Polonia y con otras naciones centro europeas en su vida
personal y diplomática.
Se ha dicho que entre 2021 y 2030 será “el decenio de Europa Central” por su estabilidad, niveles
de crecimiento económico y fortaleza democrática (Timo, s.f.). Este número de Política, Globalidad y
Ciudadanía propone una aproximación a esa subregión que es indispensable conocer ya que cuenta con
todo el potencial para convertirse en socio estratégico de nuestro país en todos los ámbitos.
REFERENCIAS
Martínez Tagueña, D. (2019, julio). Hacia una mayor presencia de México en Asia-Pacífico (Foreign
Affairs Latinoamérica). https://revistafal.com/hacia-una-mayor-presencia-de-mexico-en-asiapacifico/
Negrín, A.; Salazar, I. y Pawelczik, N. (2020). Sergio Bitol, el Bristol y Polonia/ Sergio Pitol: Bristol y
Polska (Investigación y selección de textos). Embajada de México en Polonia.

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Ruano, L. (2013). Relacionarse con una Europa en crisis. G. González y O. Pelliccer (Eds.) La política
exterior de México, Metas y obstáculos. ITAM-Siglo XXI.
Timo,

B.

(s.f.).

La

décennie

de

l´Europe

centrale

(L´Opinion).

https://www.lopinion.fr/edition/international/2021-2030-decennie-l-europe-centrale-23

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Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una
mirada desde Hungría1
Hungarian-Mexican Relations between 1990 and 2020. A Perspective from Hungary
Mónika, Szente-Varga2; Agustín, Sánchez Andrés3

RESUMEN
El presente artículo es resultado de una investigación que tuvo por objetivo los nexos oficiales
entre Hungría y México en el período entre 1990 y 2020. El texto cuenta con una estructura
cronológica y se divide en dos épocas, siendo el punto de inflexión la adhesión de Hungría a la
Unión Europea en 2004. Se han utilizado métodos mixtos para el estudio, principalmente
cualitativo, y en menor medida cuantitativo. Se observó que, en los veinte años siguientes al
cambio de régimen en Hungría, América Latina fue relegada a la periferia de su política exterior
debido a las limitaciones presupuestarias y a la necesidad de concentrarse en el proceso de
adhesión a la Unión Europea. El número de las embajadas húngaras en la región fue reducido
de once a cuatro. La entrada de Hungría a la UE tuvo el potencial de provocar cambios
importantes, porque así el país se hizo partícipe de los acuerdos internacionales ya existentes
de la organización con México y, en general, con América Latina. Ello proporcionó a Hungría
la posibilidad de aprovechar dichos compromisos para potenciar las relaciones con México. Se
concluye que las oportunidades en las relaciones no han sido suficientemente aprovechadas por
motivos tanto internos como internacionales.
Palabras claves: Hungría, México, Unión Europea, Política exterior, Relaciones
internacionales.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 30-02-2021
Fecha de aceptado: 22-04-2021

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This article is the result of an investigation whose aim is to study the interstate relations between
Hungary and Mexico between 1990 and the present, 2020. The text has a chronological
structure and is divided into two parts, the watershed being the accession of Hungary to the
European Union in 2004. Mixed methods have been used: principally qualitative (discourse
analysis) and in a minor portion quantitative one (statistical data). It was found that in the 20
years following the change of regime in Hungary, Latin America has been relegated to the
periphery of its foreign policy, for the lack of financial resources and for concentrating on the
process of accession to the EU. The number of Hungarian embassies in the region was reduced
from eleven to four. The EU membership of Hungary had the potential of resulting in important
changes, because this way the country became part of the already existing international
agreements the organization had concluded with Mexico, and in general with Latin America.
Besides, it obtained the possibility of actively forming these links. It is concluded that the
opportunities present in the relations have not been sufficiently taken advantage of, the reasons
being both internal and international.
Keywords: Hungary, Mexico, European Union, Foreign policy, International relations.

Cómo referenciar este artículo:
Szente-Varga., M., &amp; Sánchez Andrés., A. (2022). Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría. Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(15), 1-26. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-1

1

Este artículo pertenece al proyecto de investigación Relaciones entre México y Hungría, siglos XIX-XXI, respaldado por la Universidad Nacional de
Servicio Público y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre enero de 2019 y diciembre de 2020.
2
Universidad Nacional de Servicio Público, Hungría. Doctora en Historia por la Universidad de Szeged, profesora titular en el Departamento de Relaciones
Internacionales y Diplomacia de la Universidad Nacional de Servicio Público en Budapest, Hungría. Correo electrónico: Szente-Varga.Monika@uni-nke.hu.
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7403-6960.
3
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, profesorinvestigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Correo electrónico:
asamadrid@hotmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6569-5067.

1 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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1.- INTRODUCCIÓN
El propósito de este ensayo es investigar los nexos oficiales entre Hungría y México en el período que
media entre 1990 –momento del cambio de régimen político en Hungría–, y la actualidad, 2020. El
objetivo es determinar los factores que han condicionado el bajo perfil de las relaciones entre ambos
países y analizar las directrices de la política húngara hacia México, así como su evolución durante la
etapa estudiada. Para ello, serán examinados tanto los lazos bilaterales húngaro-mexicanos como las
relaciones multilaterales que se han desarrollado a través de la Unión Europea (UE), especialmente a
partir de 2004, fecha de la adhesión húngara. No existen estudios precedentes en torno a este tema, si
exceptuamos una primera aproximación en el marco más amplio de la historia de las relaciones entre
Hungría y México desde el siglo XIX (Szente-Varga, 2017). Fuera de ello, disponemos únicamente de
referencias generales en torno a la política exterior de la Hungría democrática (Gazdag, 2014; Gazdag &amp;
Kiss, 2017) que no incluyen ni México, ni Latinoamérica, por tanto, principalmente fuentes primarias
sirven de base a nuestra investigación.
El estudio cuenta con una estructura diacrónica y se divide en dos épocas: 1990-2004 y 20042020, siendo el punto de inflexión la adhesión de Hungría a la UE. Comienza con un análisis de las
relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2004 desde un enfoque bilateral en el contexto de las
alteraciones de la presencia diplomática de Hungría en América Latina, seguido por un resumen de las
visitas bilaterales más destacadas en las relaciones entre México y Hungría. Llegando a 2004, hay un
cambio de perspectiva y se estudian los nexos entre ambos países a través de la Unión Europea en tres
subcapítulos: antecedentes, institucionalización y tratos a partir de 2004. Para terminar, volvemos al
plano bilateral para estudiar las estrategias húngaras post-2004 en cuanto a comercio y asuntos exteriores,
con especial énfasis sobre América Latina, y en particular, respecto al rol asignado a México en las
mismas.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Este escrito pertenece al campo de la historia de las relaciones internacionales, que naturalmente incluye
la historia diplomática, pero que es más amplio, ya que pretende cubrir “las interacciones de Estados,
personas y culturas” (Hogan &amp; Paterson, 2004, p. 10). Los Estados, en este caso Hungría y México,
siguen teniendo un papel clave en el análisis, pero otros actores, como las organizaciones internacionales,
deben ser también tomados en cuenta. En lugar de relaciones estrictamente interestatales y bilaterales, el
2 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Szente-Varga., M., &amp; Sánchez Andrés., A.

estudio también incluye enlaces multilaterales, que han crecido en importancia con la globalización. El
objetivo es estudiar el desarrollo de los contactos húngaro-mexicanos a través de tres décadas (19902020), y de varios niveles de enfoque. No pretendemos escribir historias nacionales, sino que por el
contrario nos centraremos en la historia de los acercamientos e interconexiones entre estas dos naciones,
es decir, en una historia interconectada.
En relación a los nexos bilaterales de carácter estatal, la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México ha publicado un considerable número de volúmenes sobre las relaciones de México con otros
países, sin embargo, faltan análisis sobre Europa Central / Oriental. Polonia podría ser una excepción por
existir un libro de referencia (Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 1989) que presenta una
cronología y 55 documentos oficiales referentes a los nexos polaco-mexicanos, pero no se trata de una
obra de análisis histórico. Por el lado europeo, el Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad
de Praga inició una serie sobre las relaciones checas con el mundo hispano, editada por Josef Opatrný,
en el marco de la cual tuvo lugar la publicación Las relaciones checo-mexicanas en 2011. En el caso de
Hungría disponemos del libro El baúl de las nomeolvides. Relaciones húngaro-mexicanas de Mónika
Szente-Varga (2017), que nos proporciona una panorámica general de dichas relaciones desde la época
del Imperio Austro-húngaro hasta la actualidad. El presente artículo pertenece a este campo de
investigaciones, y profundiza sobre los contactos entre Hungría y México durante los últimos treinta
años.
Nexos entre Hungría y México, 1990-2004
Los últimos años del siglo XX trajeron consigo el fin del mundo bipolar. Terminaron de funcionar en
1991 las organizaciones de los países socialistas, el Pacto de Varsovia –establecido en la capital polaca
en 1955 con objetivos militares– y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), creado en 1949, de
índole económica-comercial. De hecho, dejó de existir el bloque socialista en sí. El statu quo establecido
tras la Segunda Guerra Mundial quedó alterado con la reunificación de Alemania (1990), la desaparición
de la Unión Soviética (1991), la disolución de Checoslovaquia (1993), así como por las guerras
balcánicas y el ocaso de Yugoslavia (1991-1995).
Hungría se encontró en una situación nueva, con nuevos vecinos. Dejó de tener frontera con la
Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia, por el desmembramiento de estos países, y actualmente

Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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�Szente-Varga., M., &amp; Sánchez Andrés., A.

colinda con Eslovaquia en el norte, Ucrania y Rumania por el este, Serbia, Croacia y Eslovenia por el
sur y Austria por el oeste.
La retirada de las tropas soviéticas de Hungría (unos 50 mil soldados, 19 mil empleados civiles y
32 mil familiares) comenzó en abril de 1989 y terminó en junio de 1991 (Romsics, 1999, p. 574). El fin
de ese proceso, junto con los cambios arriba descritos, significó que Hungría recuperó su soberanía y se
hizo posible la formación de una nueva política exterior, mucho más autónoma. Las prioridades indicadas
por József Antall, primer ministro de Hungría entre 1990 y 1993, fueron las siguientes: 1) relaciones de
buena vecindad con los países fronterizos, 2) protección efectiva de las comunidades húngaras fuera del
país, y 3) orientación euro-atlántica (esto es, UE y OTAN). Pronto esta última meta ganó importancia,
puesto que se vio como una garantía contra una posible influencia soviética / rusa, y por tanto para la
seguridad del país y de su recién recuperada independencia. La adhesión a la Unión Europea y a la OTAN
se convirtieron en los principales objetivos de los gobiernos húngaros. Esto conllevó un enfoque
básicamente europeísta. Las regiones del mundo fuera del viejo continente en su gran mayoría fueron
relegadas a segundo plano, en parte por la nueva perspectiva, y en parte por las presiones económicas
derivadas de los problemas presupuestarios del gobierno húngaro. La combinación de dichos factores
trajo consigo el cierre de varias representaciones húngaras. Las situadas en América Latina resultaron
muy afectadas.
Contexto: América Latina y México en la política exterior húngara
A finales de 1990 Hungría contaba con 73 embajadas en el mundo, 11 de ellas en América Latina: en
Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y México
(KM, 1990, p. 396). Los países del istmo centroamericano y del Caribe estuvieron en su mayoría
cubiertos con acreditaciones paralelas, o sea en forma concurrente, desde las oficinas en la Ciudad de
México (Honduras, Jamaica), en Managua (Costa Rica y Panamá) y en Caracas (Trinidad y Tobago,
Barbados, República Dominicana y Granada). Hubo iniciativas para arreglar algunas conexiones
pendientes, y en 1990 quedaron restablecidos los lazos entre Chile y Hungría, existentes entre 1965 y
1973, hasta el golpe; y también se creó un nuevo vínculo con Guatemala.
Diez años más tarde, funcionaban 75 embajadas húngaras en el mundo, sin embargo, esto no
implicó un refuerzo de la presencia húngara en el continente americano, todo lo contrario: a finales de
2000 había solamente seis embajadas en la región, en lugar de los once originales. Hungría mantuvo
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únicamente sus sedes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México (KM, 2000, pp. 331-355).
Había cerrado sus embajadas en Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. En el último caso los
motivos políticos bien pudieron haber tenido un peso importante, puesto que las aproximaciones
húngaro-nicaragüenses se habían basado en consideraciones político-ideológicas durante la guerra fría
y, con el fin del mundo bipolar, la política exterior húngara no quiso mantener lo que antes había sido
obligatorio (Szente-Varga, 2018, pp. 78-86). La embajada fue primero trasladada de Managua a San José,
Costa Rica, la cual fue finalmente cerrada en 1993 por problemas económicos, dejando a Hungría sin
ninguna sede residente en Centroamérica. Esto trajo consigo más trabajo para la representación húngara
en la Ciudad de México, que para 2000 manejaba ya las concurrencias en Guatemala, Costa Rica y
Jamaica, y puesto que tanto Honduras como El Salvador habían estado cubiertos desde Costa Rica
mientras funcionaba allí la embajada de Hungría, era de esperarse que dichos países también quedaran
como tareas para la misma misión. El hecho de que esto siguiera aún pendiente en 2000 es una clara
señal de que la política húngara no consideraba esta cuestión como urgente, pues desde el cierre de la
embajada en San José pasaron años antes de que los asuntos relativos a ambos países quedaran integrados
a la oficina de la Ciudad de México.
Visitas bilaterales húngaro-mexicanas (1990-2004)
La frecuencia y la importancia de los encuentros se mantuvo fluctuante en los últimos 30 años, de los
cuales la primera parte vio más actividad. La época al término de la guerra fría empezó con una visita de
lujo: la del economista y reconocido investigador y profesor universitario, Béla Kádár, especialista en el
problema de la modernización tardía, en los procesos de crecimiento económico y en la cooperación
económica internacional. Kádár había dado clases en Chile en 1970 y en la Universidad de San Marcos
en Lima en 1971-72. Fue vicepresidente del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América
Latina (CEISAL) entre 1984 y 1992, y ocupó el cargo de ministro de relaciones económicas
internacionales de Hungría entre 1990 y 1994, de hecho, se podría subrayar que fue el primero en
desempeñarse como ministro de comercio de la Hungría de la posguerra fría. Fue en tal calidad que hizo
una visita oficial a México en 1991 (KM, 1991, p. 51).
El 500 aniversario del encuentro de los dos mundos, 1992, marcó un hito en los contactos
bilaterales, incluyendo el viaje en marzo a México de Géza Jeszenszky, ministro de Relaciones Exteriores
de Hungría (después pasarían más de veinte años para que se diera una visita de la misma índole). La
visita de Jeszenszky, quien fue recibido por Salinas de Gortari, sirvió para preparar la firma de diversos
Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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acuerdos que serían suscritos durante la visita del mandatario mexicano a Hungría, pocos meses más
tarde. Ello permitió al canciller húngaro declarar a su retorno el inicio de “una nueva y prometedora etapa
de las relaciones entre los dos países”, y asegurar -con un exceso de optimismo- que “México dedica
mucha atención a Hungría, no sólo como país en el umbral de acceder a la Comunidad Europea, sino
también como la puerta hacia el Oriente” (AHGE-SREM, 1992a).
Este viaje sería seguido por la visita oficial a Hungría del presidente de México, Carlos Salinas
de Gortari en julio de 1992, primera efectuada por un presidente americano a este país desde el cambio
de régimen, por lo que fue seguida con enorme interés por los medios de comunicación húngaros. Le
acompañaron Fernando Solana, secretario de Relaciones Exteriores y un buen número de empresarios.
El presidente Salinas sostuvo negociaciones con los principales líderes húngaros del período
democrático, el primer ministro, József Antall, y el presidente Árpád Göncz (KM, 1992, p. 16, 52). Su
visita serviría para dar un cierto impulso a las relaciones entre ambos países, al tiempo que permitía
relanzar la imagen de México en Hungría (AHGE-SREM, 1992b). Posteriormente, en 1997, el presidente
Göncz efectuó una visita oficial a México como parte de su gira por América Latina, que incluyó a Brasil,
Argentina y Paraguay –el presidente era entonces Juan Carlos Wasmosy, de ascendencia húngara– para
terminar en México (KM, 1997, p. 116). Se entrevistó con el presidente Ernesto Zedillo -quien facilitó
la alternancia política, poniendo fin a más de 70 años consecutivos de gobiernos del PRI-, así como con
el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Óscar Espinoza Villareal, quien a su vez fuera la última
persona designada por mandato presidencial para este cargo, ya que sus sucesores han ocupado el puesto
desde entonces mediante elección popular. La diplomacia mexicana siguió con interés la llegada de la
oposición conservadora al poder, el ingreso de Hungría en la OTAN y los posibles cambios de la política
exterior húngara tras el nombramiento de Viktor Orbán como primer ministro en junio de 1998 (AHGESREM, 1998). En este marco, tuvo lugar la visita a Hungría de la secretaria de Relaciones Exteriores de
México, Rosario Green, quien se entrevistó con su contraparte, János Martonyi, así como con el primer
ministro Orbán (KM, 1998, p. 51). En 2000, János Áder, presidente del Parlamento húngaro, estuvo de
visita en Chile, Brasil y México, llegando a este último destino antes de las elecciones presidenciales de
ese año. Fue recibido por Rosario Green y por Ernesto Zedillo.
El siglo XXI comenzó con los comicios que pusieron fin al régimen presidencialista de partido
hegemónico en México. Después de más de siete décadas se dio un cambio, y el Partido Acción Nacional
(PAN) accedió al poder. El nuevo presidente, Vicente Fox, visitó Hungría en 2004. Su llegada tuvo lugar
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en una fecha doblemente significativa. Por una parte, 2004 marcó el 30 aniversario de la reanudación de
las relaciones diplomáticas húngaro-mexicanas, y por la otra, la visita tuvo lugar del 12 al 14 de mayo,
es decir, ocurrió menos de dos semanas después de que Hungría se convirtiera en miembro de la Unión
Europea. El presidente de México sostuvo pláticas con el primer ministro Péter Medgyessy, y con el
presidente Ferenc Mádl. Ese mismo mes Medgyessy, líder político del flamante nuevo miembro de la
Unión Europea, viajó a México con el fin de presidir la III cumbre América Latina-UE, en Guadalajara
(KM, 2004, p. 59, 68). La adhesión de Hungría a la UE le abrió nuevas puertas hacia los países al sur del
Río Bravo.
Nexos en el contexto de la Unión Europea
Cuando Hungría se adhirió a la integración europea, se hizo parte de su sistema de relaciones y tratados,
que significaron oportunidades y obligaciones que Hungría ’heredó’ al convertirse en país miembro.
Desafortunadamente faltaron conocimientos profundos sobre el potencial de estas posibilidades, ya que
en la década de los 1990 y a principios del siglo XXI el liderazgo húngaro había concentrado sus
esfuerzos básicamente para cumplir con los criterios de entrada a la UE y convertirse en Estado miembro,
concentración que resultó en una carencia de interés no solamente hacia América Latina en sí, sino
paradójicamente también hacia el desarrollo de los vínculos entre esa región y la Unión Europea, la
organización dentro de la cual planeaba su futuro. Para 2004, los lazos entre la UE y los países
latinoamericanos contaban ya con una historia de varias décadas. Para efectos de este escrito, vamos a
resumir los compromisos mexicanos, para poder mostrar la red de convenios de la cual Hungría y otros
9 países, se hicieron parte desde principios del nuevo milenio.
Antecedentes: lazos entre México y la Unión Europea anteriores a 2004
Los nexos entre México y la Comunidad Económica Europea (CEE), –más tarde Comunidades Europeas
(CE) y desde 1992 Unión Europea (UE)– se ajustaron con las tendencias latinoamericanas: comenzaron
a formarse en los años sesenta poco después del nacimiento de la organización europea, pero el Acuerdo
Marco de primera generación fue firmado más tarde, en la década siguiente. Los primeros tratados de
este tipo fueron concluidos con Argentina, Brasil y Uruguay entre 1971 y 1974. Con México se hizo en
1975, el mismo año en que el gobierno mexicano firmó un acuerdo de cooperación con el CAME. No
obstante, en su totalidad, las relaciones entre México y la CEE/CE fueron muy poco intensas en las
décadas de los sesenta y setenta (Sanahuja, 2000, p. 36).
Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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Los años ochenta trajeron consigo cambios importantes en ambos lados del océano Atlántico, que
afectaron las relaciones bilaterales. A nivel regional, en América Latina hay que mencionar la crisis
económica a principios de la década, que por una parte contribuyó a la liberalización de las
importaciones, y por la otra, a la caída de varios regímenes militares, la llegada de líderes civiles al poder,
y el inicio de una transición democrática. Todo esto hizo a la región más atractiva para Europa
Occidental. Esto coincidió en tiempo con el crecimiento de la CE hacia el sur, y la incorporación de
España y Portugal en 1986. Los dos países llevaron sus prioridades de política exterior a la CE,
contribuyendo de esta manera a un incremento de la atención hacia América Latina (Szente-Varga, 2009,
pp. 1-14).
El caso particular de México es un poco diferente de las tendencias generales. Hay que recalcar
que, de manera similar a otros países latinoamericanos, también abrió sus puertas a los productos
extranjeros, pero la apertura económica no fue acompañada por cambios en el terreno político. No se
produjo una transformación democrática en el país, el PRI siguió en el poder. Más aún, hubo un fraude
electoral en 1988, a través del cual Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia. El apoyo del PRI iba
en declive desde los eventos sangrientos de 1968, la crisis económica de principios de los ochenta y el
terremoto de 1985, que dejó en ruinas a la Ciudad de México. El partido hegemónico no gozaba ya del
apoyo de la mayor parte de los votantes, pero era todavía suficientemente fuerte para no soltar las riendas
del país. La persistencia del PRI en el poder había garantizado hasta entonces la estabilidad por lo que
convenía a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos –estamos aún en tiempos de la Guerra Fría–
, y la Comunidad Europea tampoco puso peros.
La Comunidad más bien trató a México a base de consideraciones comerciales y económicas, y
sus pasos fueron actos reflejos, en el sentido de no desempeñar un rol pionero o de iniciativa, sino más
bien como reacción a fenómenos que podrían tener un efecto negativo en las relaciones bilaterales y/o
sobre las posiciones de la propia CE. La organización abrió una representación en la Ciudad de México
en 1989, inmediatamente después de las elecciones ya mencionadas. Esta presencia, y la consiguiente
intensificación de los contactos estuvo motivada por el inminente Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), al que México iba a adherirse en unos años más.
En 1991, se firmó un nuevo documento “comercial y de cooperación, [sin] ningún alcance en
materia política” (Méndez Escobar, 1996, p. 119): el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad
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Europea y México. “En su momento, este instrumento de colaboración, conocido como de tercera
generación, fue el más amplio que la CE hubiera alcanzado con cualquier país latinoamericano” (Chen
Charpentier, 1996, p. 156). El Acuerdo fue complementado con protocolos bilaterales concluidos con
España en 1990, Francia en 1992, Italia en 1994 y Alemania en 1996 (Velázquez &amp; Domínguez, 2008,
p. 4).
El TLCAN –presentado oficialmente como un paso hacia el primer mundo–, también trajo
preocupaciones en el sentido de que podría aumentar aún más la dependencia económica de México
respecto a los Estados Unidos. El gobierno mexicano intentó buscar contrapesos. Al estrechar las
conexiones bilaterales, la Comunidad Europea, por su parte, trataba de evitar una posición desventajosa
en el mercado norteamericano. En 1993, justo antes de que México firmara el TLCAN (1o de enero de
1994), Jacques Delors, a la sazón presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, hizo una
visita oficial a México. De vuelta en Europa, en la Cumbre de Copenhague (1993) propuso unos vínculos
especiales con este país (Arrieta Munguía, 1996, p. 138).
Después de la firma del TLCAN, México y la Unión Europea emitieron el comunicado
Declaración Conjunta Solemne, expresando su deseo de fortalecer sus relaciones. Para México esto
pronto se hizo aún más urgente con la llamada “crisis del tequila” que impactó al país a mediados de los
años noventa (Pólyi, c. 2004). Aparte del apoyo de los Estados Unidos, el gobierno mexicano intentó
conseguir respaldo europeo. El presidente Ernesto Zedillo viajó a Europa en 1996, visitando Italia, el
Reino Unido y España, y en 1997 estuvo en Alemania y Francia. Estos encuentros tuvieron sin duda un
importante efecto sobre la firma, en 1997, del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política
y Cooperación entre la Unión Europea y México, llamado Acuerdo Global (véase Sanahuja, 2000, pp.
35-62). Esto cubrió las siguientes áreas: diálogo político; comercio; movimientos de capital y pagos;
contratación pública, competencia, propiedad intelectual y demás disposiciones relacionadas con el
comercio y la cooperación. Con base en los artículos 45 y 46 del citado acuerdo, un Consejo Conjunto
constituido por miembros del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea, así como por
representantes del gobierno mexicano, fue establecido para supervisar la aplicación del acuerdo (Acuerdo
de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, 1997).
A pesar de los esfuerzos anteriores, “entre 1993 y 2000, la participación de la UE en las
importaciones mexicanas se redujo de 12.1% a 8.6%. Mientras la participación de Estados Unidos en el
comercio de México (exportaciones + importaciones) pasaba de 75% a 80%, la de la UE se reducía de
Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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9% a 6%” (Frontini &amp; Bonnefoy, 2012, p. 103). Para contrarrestar estas tendencias y fortalecer los
vínculos ya existentes, fue firmado un tratado de libre comercio entre las dos partes en 2000. El mismo
año entró en vigor el ya mencionado Acuerdo Global (Castro Espinoza, 2003, pp. 893-916).
La transición del milenio fue un período activo en las relaciones México - Unión Europea, y más
ampliamente, América Latina - Unión Europea. Se declaró una asociación estratégica birregional en
1999, en el primer encuentro de líderes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, en Rio de
Janeiro.
Nosotros los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina
y el Caribe, hemos decidido promover y desarrollar nuestras relaciones hacia una
asociación estratégica birregional, basada en la profunda herencia cultural que nos une
y en la riqueza y diversidad de nuestras respectivas expresiones culturales. Las mismas
nos han conferido acentuadas identidades multifacéticas, así como la voluntad de
contribuir para la creación de un ambiente internacional que nos permita elevar el
bienestar de nuestras sociedades y cumpliendo con el principio del desarrollo
sostenible, aprovechando las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más
globalizado, en un espíritu de igualdad, respeto, alianza y cooperación entre nuestras
regiones (Declaración de Río de Janeiro, 1999).
En el documento, que presenta un plan tal vez demasiado ambicioso, figuran 55 prioridades para
la acción, relacionados con los ámbitos político, económico, cultural, educativo, científico, tecnológico,
social y humano.
Institucionalización de los lazos entre la Unión Europea y América Latina en el siglo XXI
Hungría no solamente se volvió parte de los compromisos y acuerdos internacionales de la Unión
Europea, sino que, a partir de 2004, ya siendo miembro de la organización, también tuvo la posibilidad
de participar con la formulación de sus vínculos internacionales. En cuanto a los nexos entre la UE y los
países latinoamericanos, los primeros años del siglo XXI fueron bastante activos. Varios canales de
comunicación, instituciones y foros fueron establecidos y/o consolidados en dichos años, como la
Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (EuroLat) y la Fundación Unión Europea-América
Latina y el Caribe (Fundación UE-ALC).
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El establecimiento de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana fue decidido en Viena
en 2006, en la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC. En el encuentro participaron por
la parte húngara el primer ministro Ferenc Gyurcsány, el ministro de relaciones exteriores Ferenc
Somogyi y tres otros representantes (KM, 2006, p. 42). El objetivo de EuroLat es preparar las Cumbres
bianuales y promover la cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Está integrada por 150
miembros, 75 de Europa y 75 de América Latina, y está encabezada por dos vicepresidentes, uno de cada
región. Cuenta con una sesión plenaria, oficina ejecutiva y un secretariado, así como grupos de trabajo y
cuatro comisiones: 1) de asuntos políticos, seguridad y derechos humanos, 2) asuntos económicos,
financieros y comerciales, 3) asuntos sociales, jóvenes y niños, intercambios humanos, educación y
cultura y 4) desarrollo sostenible, medio ambiente, política energética, investigación, innovación y
tecnología (Parlamento Europeo, 2020).
La Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación UE-ALC) se estableció en
2010 en la Cumbre UE-ALC de Madrid con el fin de apoyar el acercamiento de las dos partes. El
representante húngaro en la reunión fue el ministro de relaciones, Péter Balázs (KM, 2010, pp. 878-79).
Comenzó a funcionar en 2011, y a partir de 2019, con la entrada en vigor del acuerdo constitutivo,
adquirió carácter de organización internacional. La sede de la organización se encuentra en Hamburgo y
cuenta con más de 60 países miembros. Hungría ratificó el acuerdo constitutivo en mayo de 2017, siendo
el tercer país europeo en hacerlo, tras Suecia y Finlandia. La ratificación por parte de México tuvo lugar
en julio de 2018. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría –renombrado en 2014 como Ministerio
de Comercio Exterior y de Asuntos Exteriores– firmó un memorándum de cooperación con la
organización en septiembre de 2017 y se comprometió a nombrar un embajador de buena voluntad para
apoyar la labor de la Fundación. El diplomático Pál Varga-Koritár, quien fue embajador de Hungría en
Argentina y en México, así como embajador itinerante en varios países sudamericanos, es el primero en
desempeñar esta función (Magyarország kormánya, 2017).
La Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Río de Janeiro en 1999, y seguida
por un encuentro en Madrid en 2002, fue institucionalizada en forma de cumbres bianuales UE-ALC. La
reunión de 2004 fue de una importancia especial tanto para México como para Hungría. México fue el
país huésped y la ciudad de Guadalajara el sitio de la reunión. Para Hungría, esta resultó ser su primera
participación, que además tuvo el honor de presidir el primer ministro húngaro. Después fueron
organizadas otras cumbres: en 2006 en Viena, en 2008 en Lima y en 2010 en Madrid. En la década de

Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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2010 las cumbres UE-ALC fueron reemplazadas por las de UE-CELAC (2013 en Santiago de Chile y
2015 en Bruselas).
La idea de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –una organización que
agrupara a todos los estados de la región, independientemente de si fueron antiguas colonias españolas,
portuguesas, inglesas, francesas, holandesas etc.– nació en México en 2010, en un periodo activo y
exitoso del regionalismo latinoamericano. Su desarrollo fue facilitado por la reducción del interés
estadounidense por Latinoamérica tras el final de la Guerra Fría y el desplazamiento del foco de atención
de Washington hacia el problema planteado por el islamismo internacional tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001, lo que dio más espacio de movimiento a las potencias regionales latinoamericanas
(Riggirozzi &amp; Tussie, 2012); pero también por un crecimiento económico regional y la llamada marea
rosa. Ambos factores favorecieron la intensificación de los esfuerzos para fortalecer la cooperación e
integración regionales. El país motor de la CELAC ha sido México, aunque también hay que mencionar
a Venezuela, puesto que la organización se fundó en Caracas en 2011. Por desgracia, para la segunda
mitad de la década, tanto la CELAC como otras organizaciones regionales latinoamericanas tuvieron que
enfrentarse con serios desafíos (Mijares &amp; Nolte, 2018, 105-112). Los problemas económicos fueron
desalentadores, mientras la crisis en Venezuela y la situación en Nicaragua desunieron a los miembros.
La cumbre UE-CELAC propuesta para 2017 en San Salvador tuvo que ser aplazada, y es cuestionable si
la cooperación puede continuar en este marco.
Paralelamente a los contactos con la región, la Unión Europea también buscó enlaces con grupos
de países y con Estados individuales. Cuando el acercamiento general se complicó, esta última alternativa
empezó a cobrar más importancia, como la relación entre la UE y México.
Lazos entre México y la Unión Europea a partir de 2004
Los cambios políticos que provocaron el final del régimen de partido hegemónico y permitieron la
alternancia política afectaron de una manera positiva a la imagen de México en el mundo y posiblemente
contribuyeron a la intensificación de los enlaces entre el país y la UE, ya incluyendo a Hungría. Otro
factor que hay que mencionar es que el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad Común fue Javier Solana entre 1999 y 2009, quien logró incorporar algunas prioridades de
la política exterior española a la UE, como la importancia de América Latina (Sánchez Andrés &amp; Pérez
Herrero, 2015, pp. 211-212). Solana visitó México en 2007. Ese mismo año la UE lanzó un documento
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estratégico para México (2007-2013) en el que figuraron los siguientes sectores prioritarios: “1) Cohesión
social; 2) Desarrollo económico sostenible y competitividad (especialmente a nivel de pequeñas y
medianas empresas -PyMEs-) y 3) Educación y cultura” (CE, 2007, p. 2). El año 2008 trajo consigo la
visita de José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, así como el comienzo de la asociación
estratégica entre la UE y México, que prometía un lugar destacado para este último en los lazos
internacionales de la entidad europea. Para efectos de fechas, la asociación se considera establecida en
octubre de 2008 (Szente-Varga, 2019, p. 176).
En la comunicación de la Comisión Europea, Hacia una Asociación Estratégica UE-México se
hace un resumen de la importancia de México desde un punto de vista europeo. Entre otras cosas, anota:
Uno de los principales activos de México en América Latina es su posición geográfica
estratégica en la frontera con los EE.UU. México es un actor político, económico y
cultural importante en América Latina y cabe esperar que su papel en la escena mundial
vaya ganando preponderancia. Su economía se halla plenamente integrada en el
TLCAN y su riqueza cultural confiere peso a su voz en toda América Latina. México
constituye un verdadero «puente» cultural, político y físico entre Norteamérica y
América Latina y, en cierta medida, también entre los países industrializados y los
emergentes. Esa característica es uno de sus principales activos en el contexto de una
comunidad internacional cada vez más multilateral y multicultural (CE, 2008, p. 3).
Este papel de vínculo es también subrayado en el análisis de Claudia Franco Hijuelos (2010, pp.
61-62). No obstante, las relaciones entre la UE y México no se desarrollaron tan espectacularmente como
se esperaba (Ruano, 2008, pp. 297-329; Ruano, 2013, pp. 619-644).
El comercio y la economía mexicana siguen dependiendo en exceso de Estados Unidos.
El tratado con Europa –región que fue superada por China como segundo socio
comercial de México– no cambió esa fuerte dependencia porque simplemente no sirvió
para diversificar los intercambios comerciales del país con esa próspera parte del
mundo, como exponían los discursos oficiales para ganar el apoyo de la opinión pública
al tratado. Tampoco generó los empleos y los impactos socioeconómicos prometidos
(Appel, 2017).

Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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Para finales de la segunda mitad de la década de 2010, la Unión Europea es el tercer socio
comercial de México, mientras que éste se ubica en decimocuarto lugar como socio comercial de la UE
(EEAS, 2016a). Las dos partes llegaron a un nuevo acuerdo comercial en abril de 2018, que formará
parte de un nuevo Acuerdo Global.
Amén de los vínculos comerciales y económicos, es menester mencionar la cooperación en áreas
como migraciones, seguridad, combate contra las drogas y cambio climático. Éstos y otros temas figuran
en el Plan ejecutivo conjunto de la Asociación Estratégica México-Unión Europea (Council of the
European Union, 2010).
En resumen, aunque mucho se ha logrado dichos vínculos tienen potencial para más. No
solamente las relaciones UE-México dan esta impresión, sino también los acuerdos bilaterales HungríaMéxico. Para terminar, vamos a analizar cómo han cambiado –a partir de la incorporación del país a la
Unión Europea (2004) – las prioridades y metas de la política exterior húngara, y cómo figuran en ella
América Latina y, en particular, México.
Nexos entre Hungría y México, 2004-2020
Estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006
La integración de Hungría a la OTAN (1999) y a la Unión Europea (2004) significó que habían sido
logradas las metas principales propuestas en tiempos de la transición política y económica a principios
de los 1990. Era hora de redefinir los objetivos del país. Una estrategia de relaciones exteriores fue
elaborada por el Ministerio en 2006. Su última modificación tuvo lugar en 2008. El documento define a
Hungría como “un país europeo de tamaño mediano, integrado fuertemente tanto global como
regionalmente, que cuenta con recursos limitados” (1012/2008. (III. 4.) Kormányhatározat, 2018, pp.
1735-1736). Especifica tres orientaciones prioritarias: 1) Hungría competitiva en la Unión Europea, 2)
hungaridad exitosa en la región, 3) Hungría responsable en el mundo. En cuanto a los húngaros,
especifica tres grupos: los que viven en Hungría, los residentes en los países vecinos, y los de la diáspora,
eso es, los emigrados por diversas razones a países más lejanos. El texto afirma que “la base de la
cohesión de los húngaros y de la responsabilidad que sienten uno por otro, está brindada por el idioma
común y la identidad cultural e histórica.” No obstante, las prioridades descritas arriba incluyeron las dos

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�Szente-Varga., M., &amp; Sánchez Andrés., A.

primeras categorías (húngaros en Hungría y en la región centroeuropea), pero no la tercera, menos
numerosa.
América Latina no aparece en el documento, ni como el hogar de grupos húngaros de la diáspora,
ni como una posible alternativa para el comercio internacional. La estrategia señala a los estados
miembros de la Unión Europea, los países vecinos, los Estados Unidos y los aliados de la OTAN como
los principales socios de Hungría, y por tanto trabaja con un espacio geográfico limitado, que se concentra
en Europa y en América del Norte, pero sin incluir a México.
Estrategia del Ministerio de Economía Nacional, 2011
El Ministerio de Economía Nacional húngaro elaboró en 2011 un documento profesional con el fin de
establecer la estrategia de comercio exterior del país para el periodo 2011-2015.
[Hungría fue descrita como] una economía pequeña y abierta, en la que la proporción
de la exportación de bienes sobrepasa el 60% del PIB. Las exportaciones están
concentradas en varios aspectos: geográficamente, en cuanto a la estructura de los
bienes y en lo referente al tamaño de las empresas exportadoras, todo lo cual significa
un serio riesgo (Nemzetgazdasági Minisztérium, 2011, p 3).
El documento ofrece detalles de la situación a fines de la primera década del siglo XXI, por
ejemplo: 78% de las exportaciones y 68% de las importaciones de Hungría se efectuaban con países de
la Unión Europea; el socio comercial más importante era Alemania; y en cuanto a los bienes
comercializados, resume que un 30% de la exportación húngara estuvo compuesta por cinco grupos de
productos: teléfonos móviles, aparatos de televisión, automóviles, repuestos de coches y medicamentos.
La citada estrategia incluye algunas referencias latinoamericanas. Se menciona a Brasil, como
miembro del grupo BRICS, así como al Mercosur. El texto vislumbra la región latinoamericana como
una oportunidad de mediano plazo para que los proveedores húngaros pudieran participar en las
crecientes exportaciones de los países europeos desarrollados hacia América Latina, Asia y los países
árabes (Nemzetgazdasági Minisztérium, 2011, p. 24).
Estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011

Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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�Szente-Varga., M., &amp; Sánchez Andrés., A.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también elaboró una estrategia en 2011, que lleva como título:
Política exterior húngara tras haber ocupado Hungría la presidencia rotativa de la Unión Europea. El
documento subraya la necesidad de armonizar valores e intereses. Indica las siguientes prioridades: 1)
política regional; 2) orientación euro-atlántica, más precisamente, gestión de los intereses nacionales en
la Unión Europea y en la OTAN, y 3) apertura global.
[Este último inciso] en sentido geográfico significa que tanto en los marcos
multilaterales como en los bilaterales deseamos buscar posibilidades de cooperación
mutuamente ventajosas con aquellos estados con los que nuestros enlaces se vieron
eclipsados en las últimas dos décadas, o nuestros lazos anteriores no habían sido
suficientemente intensos. Por otro lado, en el sentido temático, la atención global
implica nuestro interés hacia cuestiones que aparentemente no afectan de manera
directa nuestra patria, pero son problemas importantes de orden internacional (por
ejemplo, el terrorismo, la alimentación, la salud mundial, la condición ecológica de los
mares) (KM, 2011, p. 36-37).
La estrategia maneja cinco regiones en el capítulo de la apertura global, en orden: región
postsoviética; Asia; Cercano Oriente y África del Norte; África subsahariana y el Sahel, y América
Latina. Esta última está caracterizada como una región con creciente poder económico y peso político en
el mundo, “de importancia destacada para nuestro socio, los Estados Unidos”, de mucha relevancia para
la Unión Europea, así como hogar de unos 150 mil-200 mil húngaros, miembros de la diáspora.
Existen diferentes estimaciones en cuanto al número de húngaros en las Américas, dependiendo
del concepto que se use para definir a los miembros de la diáspora, y de los objetivos de los escritos. En
los 1960 y 1970 se estimó que unos 100,000-120,000 húngaros vivían en Brasil; 40,000-70,000 en
Argentina; 5,000-8,000 en Uruguay; 3,000-5,000 en México; 2,000-4,000 en Venezuela y unos 20,00025,000 en el resto de los países de la región. En total: “200,000-240,000 húngaros residían en América
Latina” (Anderle, 2010, p. 172). Puesto que la gran mayoría llegaron antes de 1950, y no hubo nuevas
llegadas, los números han ido decreciendo con el paso de los años. Una estimación reciente calcula con
125,000 húngaros en América del Sur (Miniszterelnökség, 2016, p. 30).
La estrategia afirma que la presencia diplomática se ha debilitado peligrosamente en la región
“con base en consideraciones de ahorro no siempre debidamente reflexionadas”. Añade que Hungría
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cuenta únicamente con cuatro embajadas en América Latina. “Comprobante doloroso de nuestra falta de
presencia en la región es que la proporción de todo el continente no llega al 0.5% de nuestro comercio
exterior” (KM, 2011, pp. 47-48). El ‘retiro’ de la región afectó negativamente a la diáspora húngara, sus
nexos con Hungría, y en general, los lazos húngaro-latinoamericanos, tanto políticos como económicos
y culturales.
3.- MÉTODO
Diseño
Se han utilizado métodos mixtos para el análisis, principalmente cualitativo (análisis de textos) y, en
menor medida cuantitativo (datos estadísticos). Los cambios entre enfoques bilaterales y multilaterales
permiten exponer más claramente las conexiones e interdependencias existentes entre los diferentes
niveles (nacional, regional, continental, supranacional) de dicha red de relaciones.
Instrumentos
Puesto que el estudio trata una época reciente, el acceso a materiales de archivo es limitado.
Consecuentemente, la investigación se basa principalmente en documentos relacionados con la política
exterior de Hungría (anuario del ministerio de relaciones exteriores, estrategias y noticias), comunicados
de la Unión Europea y fuentes de prensa, complementados con ensayos académicos, de ambos lados del
océano.
Procedimientos
La perspectiva desde la cual se presentan los vínculos húngaro-mexicanos es la húngara, como lo muestra
el mismo título del ensayo, que es además una alusión a uno de los libros del destacado latinoamericanista
Ádám Anderle (1943-2016), La mirada húngara, publicado hace una década.
4.- RESULTADOS
Los vínculos comerciales crecieron después de la crisis de 2009, en parte porque la mitad inicial de la
segunda década del siglo marcó un periodo de tendencias de crecimiento económico tanto para América
Latina como para Hungría. Porcentualmente el aumento fue espectacular, puesto que los valores
originales resultaron bastante bajos. En este sentido, se señala que “entre 2010 y 2013 las exportaciones
Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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latinoamericanas hacia Hungría crecieron 57%, mientras las exportaciones húngaras hacia la región
aumentaron 73%. Hay que destacar a México, dado que más de 50% de nuestro comercio con la región
(incluyendo exportaciones e importaciones) se desarrolló con este país” (Kormányportál, 2014).
México es el socio comercial número dos de Hungría en el continente americano, detrás de los
Estados Unidos, pero antecediendo a Canadá y Brasil. Las exportaciones húngaras a México en 2017
sumaron el 1.1% de todas las exportaciones de Hungría. Al mismo tiempo Hungría fue el destino de un
0.058% de las exportaciones de México (OEC, 2017). Ver tabla 1.
Tabla 1.
Comercio exterior de Hungría, 2018
% de exportaciones húngaras dirigidas a
% de importaciones húngaras provenientes de
Fuente: OEC, Hungary, country profile, (2018).

E.E.U.U. México Canadá Brasil Argentina
3.19
0.82
0.35
0.24
0.23
1.65
0.23
0.07
0.14
0.01

El comercio exterior de Hungría sigue estando muy concentrado en Europa. El 82% de las
exportaciones y 83% de las importaciones húngaras en 2017 se ubicaron en el viejo continente. Los datos
relativos a las Américas fueron muy modestos: 2.5% (América del Norte) y 0.269% (América del Sur),
en cuanto a las exportaciones, e importaciones de 5.6% y 0.96%, respectivamente.
Una nueva estrategia: apertura hacia el sur
Dadas las circunstancias arriba descritas, desde marzo de 2015, el ministro de Asuntos Exteriores y
Comercio Exterior, Péter Szijjártó, propuso al primer ministro Viktor Orbán la estrategia de la apertura
hacia el sur, un acercamiento enfocado hacia África y América Latina (MTI, 2015). Unos días después,
Szijjártó inauguró solemnemente la Casa Húngara de Comercio en la capital mexicana (SRE, 2015). Esta
visita oficial de 2015 rompió un ‘silencio’ de más de 20 años, ya que como se ha señalado, la última vez
que un ministro húngaro de Relaciones Exteriores hizo una visita oficial a México fue en 1992,
específicamente la de Géza Jeszenszky. Szijjártó tuvo reuniones con varios funcionarios mexicanos, y
también solicitó el ingreso de Hungría a la Alianza del Pacífico, en calidad de observador. Esto se
materializó en el verano de 2015. Tres años después, bajo la organización de la presidencia rotativa
húngara en el Grupo de Visegrád, tuvo lugar el 5 de junio de 2018 un primer encuentro entre la Alianza
y el Grupo (Magyarország kormánya, 2018).
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La apertura hacia el sur significó más atención hacia América Latina, hacia las organizaciones
regionales, como la Alianza del Pacífico (González Ayala, 2020), y paralelamente con esto un empeño
en aumentar la presencia diplomática en la región, o mejor dicho, en recuperarla. Para finales de 2010
solamente había embajadas húngaras en Argentina, Brasil, México y Cuba. Todas llevaban
concurrencias. Las más atareadas fueron con toda seguridad las embajadas en Buenos Aires (que llevaba
las con concurrencias en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador), y en la Ciudad de México
(que atendía también Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Jamaica). En lo referente a los
demás países del istmo, la embajada en Cuba se encargó de ellos (Nicaragua y Panamá), así como de la
República Dominicana.
El gobierno húngaro reabrió embajadas en cuatro países: Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Así,
el número de embajadas se duplicó, y actualmente (2020) son ocho (Argentina, Brasil, México, Cuba,
Colombia, Chile, Ecuador y Perú). La representación en la Ciudad de México sin embargo sigue
manejando muchas concurrencias: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
El trabajo de las embajadas es apoyado por una red de consulados honorarios que ha sido expandida en
el siglo XXI. En México en 2020 funcionan 4 consulados honorarios húngaros, en Cancún, Chihuahua,
Guadalajara y Monterrey. La persona encargada de mantener el contacto del gobierno con los cónsules
honorarios de Hungría en el mundo, es un comisario ministerial.
En los temas bilaterales húngaro-mexicanos del siglo XXI hay un énfasis sobre los contactos
comerciales, si bien eso no significa que éste sea el único campo de cooperación. En 2017 México ocupó
el decimotercer lugar en el mundo tanto entre los países exportadores como importadores, mientras
Hungría figuró en los lugares 34 y 33 respectivamente. El aumento anual del flujo de los productos fue
de entre 8 y 14%, siendo este último número un indicador del creciente sector de las importaciones
húngaras (WTO, 2018, p. 124). La inversión mexicana acumulada en Hungría se estimó en 2,015.5
millones de dólares en 2018. El comercio bilateral ascendió a 1,475.6 millones de dólares (SRE, 2019).
Gábor Kun, subdirector general de la Casa Nacional de Comercio de Hungría declaró: “Vemos excelentes
oportunidades de negocios en la industria alimenticia, en especial en los alimentos gourmet, en la
tecnología médica, en la industria farmacéutica, en las energías renovables y en la gestión del agua”
(SRE, 2015).
La política exterior húngara considera a México como “el pilar más importante de la presencia
húngara en América Latina”, que “ocupa el primer lugar en el sistema de relaciones húngaras con la
Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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región” (MTI, 2017). En 2019 el ministro Péter Szijjártó volvió a México, principalmente para abordar
cuestiones económicas. Al mismo tiempo se comprometió a que Hungría financiaría la restauración del
Ex-Convento de Tepoztlán, Morelos, sitio Unesco desde 1994, y de la Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús, en la Ciudad de México –ubicada en la Calle Roma 14, esquina con Londres–, ambos dañados por
los sismos de 2017 (SRE, 2019). Esta última tiene un lazo particular con Hungría, puesto que fue
conocida como la iglesia de la colonia húngara [en México], y está en la plaza anteriormente denominada
Hungría (Torbágyi, 2004, p. 271). La iglesia ostenta siete vitrales decorados con imágenes de santas y
santos húngaros, acompañados con breves descripciones sobre sus vidas. Figuran San Martín Caballero;
San Emerico; San Ladislao de Hungría; Santa Piroska (Irene); Santa Margarita; Santa Isabel y San
Esteban de Hungría (Szente-Varga, 2017, pp. 115-116). Estas conexiones culturales no solamente son
interesantes, sino que pueden servir como puentes, puntos de referencia y de experiencia en común,
contribuyendo a una base de confianza y de mejor entendimiento que apoyará los acercamientos actuales
en todos los campos.
5.- CONCLUSIONES
Las relaciones diplomáticas entre México y Hungría fueron reanudadas en 1974, y Hungría ha mantenido
una embajada en la Ciudad de México desde 1975. Aparentemente existió una buena oportunidad para
intensificar los nexos con el final de la Guerra Fría y del manejo de las relaciones internacionales a base
de consideraciones ideológicas. Sin embargo, los gobiernos húngaros de la época postsocialista se
enfocaron en Europa, ya que una de sus metas principales era convertirse en Estado miembro de la Unión
Europea. Esto, aunado a la crisis económica que sacudió al país, relegó a América Latina (junto con
México) a segundo –¿o tercer? – plano, contribuyendo al cierre de embajadas y a la pérdida de presencia
húngara en la región.
La adhesión de Hungría a la Unión Europea en 2004 trajo consigo cambios importantes. Por una
parte, Hungría se hizo partícipe de los acuerdos internacionales entre la UE y Latinoamérica ya existentes
anteriormente –incluyendo contar con América Latina como socio estratégico desde 1999– adquiriendo
igualmente obligaciones y oportunidades. Por otra, obtuvo la posibilidad de formar parte directamente
de dichos nexos a partir de 2004, ya como Estado miembro. Esta posibilidad no fue aprovechada
debidamente, puesto que la adhesión a la UE fue seguida por un aprendizaje interno ya en la Unión, que
podemos dar por terminado al asumir Hungría la presidencia rotativa de la UE en 2011.
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Al mismo tiempo el desarrollo de los lazos entre América Latina y la Unión Europea comenzó a
perder su ímpetu original. De hecho, el rol de la UE como socio comercial de la región ha estado
decreciendo en los últimos años. A pesar de los obvios avances, es de notar que la Unión Europea se
caracterizó a sí misma en el comunicado Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América
Latina como “el primer socio comercial de numerosos países, en particular los del Mercosur” (CE, 2005),
cuatro años más tarde como el “segundo socio comercial más importante de América Latina” (CE, 2009)
y en 2019 como “el tercer socio comercial más importante de América Latina y el Caribe” (EEAS, 2019).
La pérdida de posición de la UE es evidente: en el transcurso de una década y media pasó del primero y
segundo lugares al tercero. Su debilitamiento en la región se debe a varios factores, algunos externos
como la competencia china; otros internos, como la desaceleración del regionalismo latinoamericano, los
desafíos económicos de la región, la polarización política y los conflictos no resueltos que hacen a
América Latina menos atractiva para la inversión exterior, así como procesos de la propia UE que
disminuyeron el interés por América Latina, como por ejemplo las ampliaciones de la organización en
2004 y 2007, la crisis financiera de 2008 y la crisis europea de migración de 2015. En el documento de
la estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, titulado Una visión
común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte, América Latina es mencionada solamente dos
veces. Aparece en un solo párrafo como parte de la región del Atlántico. Es de notarse también que en lo
referente a países, figuran Cuba y Colombia, mientras los socios estratégicos, como México, quedan sin
mención (EEAS, 2016b).
No obstante, es posible volver a estrechar nexos. Funciona en este contexto la nueva estrategia
de asuntos exteriores llamada la apertura hacia el sur, lanzada por el gobierno húngaro, para recuperar y
reforzar lazos. Es verdad que en Hungría ha habido más atención e interés hacia México que viceversa.
Podemos decir que es natural debido al tamaño de la población, del territorio, etc. Es cuestión de escala.
Los gobiernos mexicanos por lo general se interesaron no en países individuales de Europa Central /
Oriental, sino en entidades más grandes. Los contactos por ejemplo fueron bastante intensos con la
Monarquía Dual Austro-húngara entre 1901, la reanudación de las relaciones, y 1914, principios de la
primera guerra mundial (Szente-Varga, 2017, pp. 23-39). Décadas más tarde, ya en la Guerra Fría, hubo
acercamientos entre México y el CAME (Lara, 1978, pp. 63-70; Cerda Dueñas, 2019, pp. 195-214).
Basándonos en las experiencias del pasado, se puede recomendar que paralelamente con los esfuerzos
bilaterales, Hungría debe buscar las oportunidades para actuar como parte de unidades más grandes y

Las relaciones húngaro-mexicanas entre 1990 y 2020. Una mirada desde Hungría.

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potentes, como la Unión Europea o bien, dentro de ella, el Grupo de Visegrád, para aproximarse a
México.
En cuanto a las investigaciones, un posible desarrollo en el futuro sería la elaboración de estudios
de caso sobre relaciones bilaterales entre países centroeuropeos y México, utilizando la misma
metodología y temática, con el fin de facilitar comparaciones. Como siguiente paso, es deseable contar
con estudios comprehensivos acerca de los nexos entre México y la región de Europa Central, con la
colaboración de varios especialistas, a efecto de traspasar las perspectivas nacionales.
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Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and
Cultural Relations1
México y Hungría: Relaciones Políticas, Diplomáticas, Económicas y Culturales
Attila Miklós, Kovács2; Sándor Gyula, Nagy3

ABSTRACT
Hungary and Mexico have mutually beneficial political, economic, and cultural
ties. The bilateral relations enriched both countries during the last two centuries
of shared history. We apply case study and quantitative analyses to explore the
evolving relations between the two countries. Political and diplomatic relations
intensified in the last decades and global trade and capital flows brought benefits
for both countries. We found that the mutually beneficial, win-win cooperation
of the two countries underpin the complex interdependence theory of
international relations. Our findings also corroborate the validity of the relative
and absolute gains theory for the Mexican-Hungarian relations.
Keywords: Case study analysis, FDI, Hungary, Mexico, Trade, Politics.

RESUMEN

……………………………………
Fecha de recibido: 03-03-2021
Fecha de aceptado: 29-04-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

Hungría y México tienen vínculos políticos, económicos y culturales
mutuamente beneficiosos. Las relaciones bilaterales enriquecieron a ambos
países durante los dos últimos siglos de historia compartida. Aplicamos estudios
de caso y análisis cuantitativos para explorar la evolución de las relaciones entre
los dos países. Las relaciones políticas y diplomáticas se intensificaron en las
últimas décadas y el comercio mundial y los flujos de capital trajeron beneficios
para ambos países. Descubrimos que la cooperación mutuamente beneficiosa
(win-win) de los dos países sustenta la compleja teoría de la interdependencia de
las relaciones internacionales. Nuestros hallazgos también corroboran la validez
de la teoría de las ganancias relativas y absolutas para las relaciones entre México
y Hungría.
Palabras claves: Análisis de estudios de caso, Comercio, Hungría, IED México,
Política.

Cómo referenciar este artículo:
Kovács, A., M., and Nagy, S., G. (2022). Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and Cultural Relations.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(15), 27-47. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-2
This article is the product of the “Latin America and Hungary” project. Started in 2017 (ongoing).
Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary. PhD at Corvinus University of Budapest, associate professor, Károli Gáspár University
of the Reformed Church, Email: kovacs.attila@kre.hu and ORCID Code 0000-0002-3133-9686.
3
Corvinus University of Budapest, Hungary. PhD at Corvinus University of Budapest, associate professor, Corvinus University of Budapest, Email:
sandorgyula.nagy@uni-corvinus.hu and ORCID Code 0000-0003-2374-702X.
1
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1. - INTRODUCTION
This article analyzes the political, economic, and cultural ties between Mexico and Hungary. Although
the two countries are geographically distant ones, there is a long history of bilateral relations between
them.
The paper gives an overview on the evolution of the diplomatic and political ties with particular
emphasis on the last decades. We take stock of the trade and capital flows between the two countries.
We also highlight the most important pillars and milestones of cultural and scientific cooperation. The
main research question of this paper is which international relations theory best describe the relationship
of Mexico and Hungary.
The structure of this article is as follows: first, we give a brief overview on the theoretical
framework of international relations, with focus on bilateral relationships. Then, we present the
methodology and the datasets. This is followed by the results of the analysis. This section includes a
historical overview on the Mexican-Hungarian relationship, as well as two subsections on the economic
and cultural-scientific ties. Finally, we conclude the theory which best explains the relations between
Mexico and Hungary is globalization.
2. THEORICAL FRAMEWORK
Theoretical frameworks are developed to examine the research problem, to define the hypotheses and
research questions, to select the appropriate dataset and methodology to be used, to carry out the
calculations, to interpret the data, and eventually to answer the research questions. There is a huge
selection of theories in the field of International Relations that can be used to examine the states’
behavior, their relationships and interrelatedness (Paulsen, 2016 and McGlinchey; Walters and
Scheinpflug 2017). Possible theories for analyzing bilateral relationship (among others) are the
securitization theory, realism, absolute gains and relative gains theory, dependency/interdependency
theory and globalization.
The securitization theory by Buzan et al. (1998) states that the way to comprehend securitization
is through observing its process, which is called the securitizing process. During this “the issue is
presented as an existential threat, requiring emergency measures and justifying actions outside the normal
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bounds of political procedure” and a successful securitization only happens when the public accepts the
securitizing move (Buzan et al., 1998, p.23). Buzan argues that securitization theory focuses on how
security threats are politically and socially constructed, rather than on what kinds of security threats
objectively exist (Floyd, 2011).
Realism (originated from Machiavelli) has been considered the dominating theory in international
relations (comprehensively theorized by Morgenthau, 1948) because of its competence in explaining the
war and the international system (Dunne and Schmidt, 2011). In response to the early critics against
realism, Waltz (1979) came up with new perspectives and approaches to realism (Lamy, 2011). He argues
that the international system is naturally in a structural manner where there is a distribution of power
among states.
The absolute gains and relative gains theory can be considered as a debate between two
contemporary theories: neo-liberal institutionalism and neo-realism. The debate is about the absolute or
relative gains, a state should achieve in a cooperation (Grieco, 1988). Powell (1991, p.1303) summarizes
the problem of absolute and relative gains as “the former assumes states focus primarily on their absolute
gains and emphasizes the prospects for cooperation. The latter supposes states are largely concerned with
relative gains and emphasizes the prospects for conflict.”
The dependency theory originates from Hans Singer (1950) and Raul Prebisch (1950). Both
academics observed that the terms of trade for underdeveloped countries relative to the developed ones
had deteriorated overtime because of the exploitative nature of the relationship between the two parties.
However Prebish’s developmentalism had a functionalist underpinning, while Singer was influential on
Neo-Marxist development theorists. The Prebisch–Singer hypothesis is the key to the dependency theory,
which states that poor states are impoverished and rich ones enriched by the way poor states are being
integrated into the world system (Prebisch, 1950; Singer, 1950).
According to the complex interdependence theory, interdependence means that changes or events
in any single part of a system will produce some reaction from, or have some significant consequence
for, other actors in a system, whether they like it or not (Russet and Starr 1992: 439). “Dependence means
a state of being determined or significantly affected by external forces. Interdependence, most simply
defined, means mutual dependence. Interdependence in world politics refers to situations characterized
by reciprocal effects among countries or among actors in different countries.” (Keohane and Nye, 1977,
p.8) However, unlike the traditional power politics, in ‘Complex Interdependence’ this may not be the
Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and Cultural Relations.

29

�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

zero-sum game. “The politics of economic and ecological interdependence involve competition even
when large net benefits can be expected from cooperation.” (Keohane and Nye, 1977:10) Keohane and
Nye (1987) are of the view that the need for interdependence could be reached in the need to achieve
everything that cannot be realized in isolation (cited by Amusan and van Wyk, 2011). They have tried
hard to establish that international relations are characterized by cooperation and interdependence with
win-win, mutually benefiting outcomes (Agubamah, 2014).
The last theory, we explain is globalization, which has a huge literature. Clark (1998) argues that
“globalization is more significant for its erosion of the internal / external divide than for its erosion of
state capacity and questions the idea of a national economy” (among other things). According to one
definition, globalization “refers broadly to the process whereby power is located in global social
formations and expressed through global networks rather than through territorially-based state and
globalization”, (Thomas, 1997). We will argue in our paper that this is the theory of International
Relations (IR), which explains best the relations between Mexico and Hungary.
3. METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
To analyze bilateral relations between two countries we need to apply a multidisciplinary approach,
which emphasizes the merits of employing case study, quantitative analysis, and formal methods in IR
research as well as the trade-offs involved in using each method. The main research question of this paper
is which international relations theory could best describe the changes of relationship of Mexico and
Hungary.
Theoretical arguments must be augmented with systematic methods of testing that help guard
against chance and selection bias. Besides formal models, it is mainly case study research that can
generate new hypotheses to advance theory building. Both case studies and quantitative methods are
often used to test propositions (Sprinz D. F. and Wolinsky-Nahmias Y., 2004).
There are three phases in the design and implementation of theory-oriented case studies. In phase
one, the objectives, design, and structure of the research are formulated. In phase two, each case study is
carried out in accordance with the design. In phase three, the researcher draws upon the findings of the
case studies and assesses their contribution to achieve the research objectives of the study. These three
phases are interdependent, and some iteration is often necessary to ensure that each phase is consistent

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and integrated with the other phases (George A. L. and Bennett A., 2005) (George A. L. and Smoke R.,
1974).
To implement our research about the bilateral relations between Mexico and Hungary, we
considered three primary data collection methods: observation, interview, and questionnaire.

1

Observation and interviews are conducted with small samples and should refer to processes or questions
that the researcher would like to have a deeper understanding of (Saunders et al.,2016). The present paper
uses primary databases (eg. trade and Foreign Direct Investment data from 2020), news from Mexican
and Hungarian national news agencies and expert interviews.
The research project Latin America and Hungary started with a deep analysis of the bilateral
relationships between Brazil and Hungary (Nagy, 2021). We applied a similar methodology in the current
paper for the Mexican-Hungarian bilateral relationships.
4. RESULTS
Historical overview of the diplomatic relationship
Early times
The first contact between the two nations dates to early years of the 19th century, when Vilmos Dupaix
(also known as Guillermo Dupaix) arrived in Mexico. Dupaix was born in Hungary to a French family.
He was admitted to the Spanish royal Court, where he received a mandate from Charles IV., the Spanish
king to explore Tehuantepec and the Yucatán Peninsula for the ancient treasures of New Spain. Dupaix,
contrary to contemporary scientific ideas, was one of the first people to suggest the existence of advanced
civilizations in New Spain. The experiences of his three years in Mexico – 1805-1807 – have been
summarized in a book published after his death, titled "Atlas of Mexican antiquities” (Torbágyi, 2007).
The Austro-Hungarian Monarchy set up its diplomatic relation with Mexico in 1842 and opened
representation in Mexico in 1864. (Austrian Embassy in Mexico City, 2020) This move was due to the
fact, that Habsburg Maximilian, the Austrian archduke started his reign of Mexico as the Emperor of the
Second Mexican Empire from 10 April 1864 (Vogel, 2010). The same year the Archduke has appointed

1

Experiment, that is rather considered to be a research strategy, is not relevant for this research.

Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and Cultural Relations.

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�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

Tomás Murphy de Alegría as Extraordinary Envoy of Mexico to the Austro-Hungarian Empire,
completing his mission on 13 October 1865.
After the successful revolution led by Benito Juárez, Maximiliano was executed on 19 June 1867,
and with this move the diplomatic relations between the Monarchy and Mexico had been abolished only
to be restored on a consular level in 1901 (Austrian Embassy in Mexico City, 2020), when both countries
have started to open consulates in each other’s capitals. After the First World War, in 1925 Mexico
accredited its representation in Rome, Italy to represent Mexico in Budapest, Hungary as well. Hungary
and Mexico established full diplomatic relations on the 13 January 1926.
Diplomatic relations were suspended in 1941 (due to the entrance of Hungary into the Second
World War at Germany’s side) - for more than 30 years - to be restored on 14 May 1974 when the
Hungarian People’s Republic opened its embassy in Mexico City. Two years after, on 30 September
1976, the Mexican Embassy was inaugurated in Budapest. The first official visit took place in November
1977 when Pál Losonczi, Head of the Presidential Council of the Republic visited Mexico (Hungarian
Embassy in Mexico City, 2020a).
After The Fall Of The Iron Curtain
In April 1990, within the framework of the first meeting between the Foreign Ministers of the Rio Group
and Eastern Europe, the Foreign Minister of Mexico Fernando Solana made an official visit to Hungary.
Equally significant were the visits to Mexico of Ferenc Somogyi Secretary of State of the Hungarian
Foreign Ministry in October 1991 and of Géza Jeszenszky the Minister of Foreign Affairs in March 1992,
as part of a series of official visits in Latin America. In July 1992, President Carlos Salinas de Gortari
made the first state visit of a Mexican president to Hungary. On 14 and 15 April 1997, Hungarian
President Árpád Göncz made an official visit to Mexico, within the framework of official visits in several
Latin American countries that included Argentina, Brazil and Paraguay. During these visits he was
accompanied by a group of important businessmen and representatives of the Hungarian media. On that
occasion, Ernesto Zedillo Ponce de León the President of Mexico and the President of Hungary reiterated
their desire to strengthen political dialogue at all levels and promote cooperation in all areas. President
Ernesto Zedillo awarded President Árpád Göncz with the Mexican Order of the Aztec Eagle and the
Hungarian President conferred on the President of Mexico the Decoration of the Grand Cross of the
Order of Merit of the Republic of Hungary. In July 1998, Rosario Green, then Secretary of Foreign
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�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

Relations in Mexico, paid an official visit to Hungary. In 2001, Prime Minister Viktor Orbán – in his first
term as Prime Minister – visited Mexico on the Meeting of the Leaders of the Christian Democratic
Parties (Mexican Embassy in Budapest, 2020).
After Hungary’s accession to the European Union (EU)
Between 12 and 14 May 2004, Vicente Fox Quesada the President of Mexico made an official visit to
Hungary. The visit took place after a historic moment when Hungary joined the European Union on 1
May 2004. Also, this visit marked the 30th anniversary of the reopening of the Mexican-Hungarian
diplomatic relations (Mexican Embassy in Budapest, 2020).
During that visit, the two governments signed a Tourism Cooperation Agreement as a closing
document of the 4th Meeting of the Mexican-Hungarian Joint Committee on Science and Technology
Cooperation. Also, the visit facilitated the full use of the Mexico-EU Global Agreement and encouraged
the active participation of Péter Medgyessy the Hungarian Prime Minister in the European Union-LatinAmerica and Caribbean (EU-LAC) Summit in Guadalajara, Jalisco.
In 2005 in Budapest Lourdes Aranda Bezauri Deputy-Minister of Foreign Affairs of Mexico and
András Bársony, Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs of Hungary co-chaired the 5th
High-level Political Meeting between Mexico and Hungary. Mr Berauri was also the co-chair of the 7th
High-level Political Meeting in 2010 (Mexican Embassy in Budapest, 2020).
High-level political visits in recent years
On the 60th anniversary of the 1956 Hungarian revolution, László Kövér the President of the National
Assembly of Hungary visited Mexico on 23 October 2017. During the visit he unveiled the statue of Pál
Kepenyes a Hungarian-born Mexican sculptor who was a victim of the 1956 revolution. (MTI, 2017)
Kövér also met Pablo Escudero Morales, President of the Senate of Mexico and Javier Bolanos, President
of the Chamber of Deputies. He participated in the kick-off meeting of the Mexican-Hungarian section
of the Chamber and gave a keynote speech at the Senate on the 100th anniversary of the adoption of the
Constitution of Mexico (Hungarian Embassy in Mexico City, 2020b).
In April 2019, Péter Szíjjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary, visited Mexico.
He met Graciela Márquez Colin, Minister of Economy and signed an agreement with Alejandra Fausto
Minister of Culture about the renovation of two catholic churches in Mexico using Hungarian
Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and Cultural Relations.

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�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

government donations of around 8 Million USD. These two churches - one of them being the Sacred
Heart of Jesus Cathedral in the State of Mexico - suffered damages during the 2017 earthquakes.
Szíjjártó’s visit was part of the “Opening to the South” policy of the Hungarian government launched in
2015, with the aim to intensify economic and political relationships with African and Latin American
countries. Apart from the fact that Mexico is the leading economic partner for Hungary in the Latin
American region, Mexico is also an important ally to Hungary in its aim to aid persecuted Christians in
the world (Hirtv, 2019).
Table 1
Key milestones of the Mexican-Hungarian diplomatic relationship
Event
Tomás Murphy de Alegría appointed as Extraordinary Envoy of Mexico to the Austro-Hungarian
Empire
Restoring diplomatic relation between Mexico and the Monarchy on a consular level
Hungary and Mexico established full diplomatic relations
Suspension of diplomatic relations (due to the Second World War)
Reopening of full diplomatic relations
Fernando Solana visits Hungary
Géza Jeszenszky visits Mexico
Árpád Göncz visits Mexico
Visa-free Agreement
Convention on Educational and Cultural Cooperation
Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the EU and
Mexico
Vicente Fox visits Hungary
Tourism Cooperation Agreement
Economic Cooperation Agreement
Agreement on double taxation
Establishment of the Mexican-Hungarian Chamber of Commerce
Scientific and Technological Agreement
Stipendium Hungaricum scholarship programme launched in Mexico
László Kövér visits Mexico
Péter Szíjjártó visits Mexico
New Trade Agreement between Mexico and the EU

Year
1864
1901
1926
1941
1974
1990
1992
1997
1997
1998
2000
2004
2004
2007
2012
2013
2014
2015
2017
2019
2020

Source: Author’s own research (2020).
In February 2020 István Nagy, Minister of Agriculture in Hungary visited Mexico and met his
Mexican counterpart Víctor Villalobos Arámbula responsible for agriculture and rural development. The
ministers signed a memorandum of understanding expressing the willingness of both countries to
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�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

cooperate in the domain of agriculture, animal husbandry, rural development, fisheries, and aquaculture.
They also agreed to promote sustainable agricultural practices in their countries to combat climate change
(Government of Hungary, 2020).
Economic relations between Mexico and Hungary
General overview
During his visit in Mexico in 2019, Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary, Péter Szíjjártó
emphasized that Mexico is Hungary’s number one trading partner in the Latin American region. The
annual value of bilateral trade in 2018 was more than 1 Billion USD, out of which the Hungarian export
to Mexico reached almost 900 million USD. Mexico has the second biggest economy in Latin America
after Brazil. Mexico imports a significant volume of spare parts in the automotive industry,
pharmaceutical products, medical equipment as well as irrigation technology. These four sectors provide
Hungarian companies with the opportunity to enter the Mexican market. To facilitate the market entry
of Hungarian companies, the Hungarian government opened a 620 Million USD credit line via the state
owned Eximbank (Nagy, 2021 and Hírtv, 2019).
Trade relations
The general legal framework and conditions of Hungarian-Mexican trade are largely determined by the
Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement (Global Agreement), which
was signed in 1997 (Szente-Varga, 2009). It contained a political cooperation component as well as a
free trade agreement. This latter one entered into force in July 2000 for industrial and agricultural
products and in March 2011 for services, intellectual property, and investments. The agreement
completely liberalized the entry of the Mexican products to the EU by 2003, while the Mexican market
opened to EU products by 2007 (Government of Mexico, 2018).
Mexico is also an important partner for the European Union geo-strategically as it is the bridge
between the North American continent’s developed countries and the emerging markets of the South.
Apart from the local potential in Mexico – more than 120 Million inhabitants in the domestic market –
Mexico provides access to the markets of other countries through free trade agreements in the broader
region, including Chile, Colombia, and Peru. (Solti, 2014)

Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and Cultural Relations.

35

�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

In April 2020, the negotiations of a new trade agreement between Mexico and the European
Union have been concluded. Under the new EU-Mexico agreement, practically all trade in goods between
the EU and Mexico will be duty-free. The agreement also now includes progressive rules on sustainable
development, such as a commitment to effectively implement the Paris Climate Agreement. It is also the
first time that the EU agrees with a Latin American country on issues concerning investment protection.
Simpler customs procedures will further help boost exports both ways. Today Mexico is the EU's number
one trade partner in Latin America with bilateral trade in goods worth €66 billion and trade in services
worth another €19 billion (2019 and 2018 data). EU goods exports exceed €39 billion a year. EU-Mexico
trade in goods has more than tripled since the entry into force of the original agreement in 2001. The
modernised trade agreement will help boost this strong historical growth even further (European
Commission, 2020).
In recent years, Mexico has been the number one trading partner of Hungary in Latin America,
becoming the 30th biggest trading partner of the country overall. Regarding the Mexican export to the
European Union, Hungary is the 10th most important partner of the Latin American country. Since 2004,
the year of Hungary’s EU accession, total trade between Mexico and Hungary has increased by more
than 600%. As for the structure of the trade, machinery, equipment, vehicles and chemicals are the main
products that are exchanged. Most of the trade is the internal flow of goods of multinational companies.
For the future, both countries are planning to encourage trade between small and medium-sized
enterprises (SMEs) (Solti, 2014).
Hungary signed an economic cooperation agreement with Mexico in 2007 and the first Joint
Economic Committee meeting took place in February 2011 in Budapest. The Mexican-Hungarian
Chamber of Commerce was established in late 2013 with the aim to boost the trade and investment
relations between the two countries. (Mexican Embassy in Budapest, 2013) The most important
objectives of the chamber are to ensure the two-way flow of information, to organize economic
conferences as well as to represent the views of the membership towards decision-makers (Solti, 2014).
The founders of the Chamber include Nemak Ltd., member of the Mexican ALFA group and
representative of other prestigious companies. The Honorary President of the Chamber is the Mexican
Ambassador to Hungary.

36 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

Graph 1.
Hungarian Export to Mexico, 2010-19
900 (million €)
800 (million €)
700 (million €)
600 (million €)
500 (million €)
400 (million €)
300 (million €)
200 (million €)
100 (million €)
0 (million €)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Machinery and equipment

Chemicals, pharmaneutical products

Vehicles, transport equipment

Hard materials and products thereof

Soft materials and products thereof

Other

2018

2019

Source: UN Comtrade, (2020).
Regarding the export-import numbers between Mexico and Hungary, we can see on Graph 1. that
the total value of the Hungarian Export to Mexico increased from around 200 million USD to 800 million
USD between 2010 and 2017. The most important export products are machinery and equipment,
followed by vehicles and transport equipment. The export value of machinery and equipment increased
from around 180 million USD in 2010 to more than 600 million USD in 2017.
Regarding the Hungarian import from Mexico, data show that machinery and equipment have the
highest share in the total value of import. There was a strong setback in the total value of import from
year 2013 to 2014, which was the result of the 600 million USD fall in mobile-phone trade caused most
likely by the closure of the Nokia factory in Komárom (Hungary), which traded spare parts with the
Nokia factory in Reynosa (Mexico) (Éltető, 2014 and interview with Ex. Medveczky). The following
graphic number 2 shows the above information in detail:

Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and Cultural Relations.

37

�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

Graph 2.
Hungarian Import from Mexico, 2010-19
900 (million €)
800 (million €)
700 (million €)
600 (million €)
500 (million €)
400 (million €)
300 (million €)
200 (million €)
100 (million €)
0 (million €)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Machinery and equipment

Chemicals, pharmaneutical products

Vehicles, transport equipment

Hard materials and products thereof

Soft materials and products thereof

Other

2018

2019

Source: UN Comtrade, (2020).
Based on Graph 1. and 2. we can conclude that until 2013, Hungary had a negative trade balance
(more import than export) with Mexico. Since then, the trade balance is positive from a Hungarian
perspective.
Foreign Direct Investment Flows
FDI flows show a very unbalanced picture between the two countries.

38 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

Graph 3.
Inward and Outward FDI with Mexico from Hungarian perspective, 2008-18
2500 (million €)

2000 (million €)

1500 (million €)

1000 (million €)

500 (million €)

0 (million €)

-500 (million €)
2008

2009

2010

2011

2012
IFDI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

OFDI

Source: National Bank of Hungary, (2020).
Graph 3. shows that the inward FDI (IFDI) from Mexico to Hungary has increased significantly
since 2008. The value of inward FDI from Mexico has stabilized at around 1.500 million US Dollar.
Hungary received significantly more FDI from Mexico since 2008 compared to the Hungarian outward
FDI, which could be considered poor.
According to the data of the Mexican Embassy to Hungary, only 33 Hungarian companies made
investments in Mexico between the period of 1999 and 2013 in the total value of 2.5 million USD. It is
important to note that in the same period, companies from the Czech Republic had ten times more
investments in Mexico. Mexican investments in Hungary include companies in the IT sector (Neoris),
catering industry (Tacos Locos), health industry, construction industry (CEMEX, which withdrew from
the Hungarian market in 2015). Nevertheless, the most important Mexican company in Hungary is
Nemak, member of ALFA Group. The company has been in Hungary for more than 20 years. The
company produces aluminium cylinder heads for cars and has more than 900 employees (Solti, 2014).

Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and Cultural Relations.

39

�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

Cultural and scientific ties between Mexico and Hungary
There have been good cultural and scientific relations between Mexico and Hungary for decades. In 1998
the two countries signed a Convention on Educational and Cultural Cooperation. Based on this
agreement, the two parties elaborate work plans to achieve its objectives. Today, approximately six
Hungarian universities have formal relationships with Mexican partner universities, including the
University of Szeged, Department of Hispanics, the University of Pécs, Ibero-American Center, Corvinus
University of Budapest, and the Technical University of Budapest. The National Research, Development
and Innovation Office in Hungary signed a scientific and technological agreement with Mexican
CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) in 2014. Regarding student exchanges, Mexico
is the second most important partner of Hungary in the Latin American region after Brazil (Solti, 2014).
Graph 4.
Number of Latin American students in Hungary (2019/20)

Guatemala
Bolivia
Salvador
Costa Rica
Uruguay
Chile
Venezuela
Peru
Argentina
Colombia
Ecuador
Mexico
Brazil

2
5
6
6
7
7
15
15
32

71
90
133
423
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Source: Higher Education Information System (FIR), cited by Nagy (2021).
Most of the Mexican students went to Hungary with the support of the Stipendium Hungaricum
program. The data show the gradual expansion of the program in Mexico and the increasing number of
Mexican students involved (TPF, 2020).

40 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

Graph 5.
Number of Stipendium Hungaricum students from Mexico to Hungary
90
83

80
72

70

60
53

50
40
30
24

20
10
0

1
2015/16 fall

1
2015/16 spring

2016/17 fall

2017/2018 spring

2018/2019 fall

2019/2020 spring

Source: TPF, (2020).
Famous Hungarians in Mexico – famous Mexicans with Hungarian origin
There are several famous Mexican people with Hungarian origin or famous Hungarians who used to live
in Mexico. In the 19th century, former soldiers of the Hungarian army emigrated to Latin America,
including Mexico. Many were mercenaries and participated in the local conflicts in Mexico, Nicaragua
or Cuba. There was a remarkable outflow of Hungarians with Habsburg Maximilian in the 1860s.
After the Second World War, most of the Hungarian emigrants were also members of the
Hungarian army under the Horthy-regime (1920-44). There was also some Hungarian artist in Mexico:
Andrés Salgó, Günther Gerzsó, José Fehér were painters, Guillermo Kahlo was a photographer, Pál
Kenyeres was a sculptor (Anderle Á., 2008). Kati Horna, born Katalin Deutsch, was a Hungarian-born
Mexican photojournalist, surrealist photographer, and teacher. She was born in Budapest and lived in
France, Berlin, Spain, and later was naturalized as Mexican. Most of her work was lost during the Spanish
Civil War. She was also one of the most influential women artists/photographers of her time.
Today’s famous Hungarians in Mexico include Louis C. K. who is an Emmy-award winner
comedian of Hungarian, Mexican and American origin. His grandfather emigrated to Mexico from
Hungary.

Mexico and Hungary: Political, Diplomatic, Economic, and Cultural Relations.

41

�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

Pál Kepenyes, a Hungarian-born Mexican sculptor emigrated to Mexico after the 1956 Hungarian
revolution. He studied in Hungary and France, but most of his artistic work has been carried out in
Mexico. He had many exhibitions not only in Mexico, but in New York, Berlin and Budapest, among
others.
Luis Mandoki is a Mexican film director of Hungarian descent, working in Mexico and
Hollywood. He studied Fine Arts in Mexico and at the San Francisco Art Institute, the London College
of Printing, and the London International Film School. While attending this last institution he directed
his first short film Silent Music which won an award at the International Amateur Film Festival of Cannes
Film Festival in 1976.
Sport
The 1968 Olympic Games in Mexico City brought 10 gold, 10 silver and 12 bronze medals for Hungary,
including a gold medal in football. With this performance, Hungary took the 4th place on the aggregate
ranking of participating countries. Nevertheless, one of the most painful losses of the Hungarian soccer
team also happened in Mexico. In 1986, during the World Cup, Hungary lost against the Soviet Union
6:0. Finally, there was also one famous Hungarian football coach in Mexico: Árpád Fekete. He played
as a center forward in Hungary, Romania, and Italy in various teams. He later became a football coach
in Mexico also managing the Mexican national team. Fekete managed four clubs from Guadalajara,
Chivas, C.D. Oro, Club Atlas and Tecos, and won Liga MX titles with Chivas and Oro.
5. CONCLUSIONS
During the case study of Mexico and Hungary we have clearly shown that the countries have accumulated
extensive connections over a long-term history of their relations. They mutually consider each other as a
potentially important partner and are searching for opportunities to strengthen their relationship. The
political ties are currently under the shadow of the very different migration policies of Hungary and
Mexico. This is mostly due to the different geographical situations, as Hungary is located on important
migration roads while Mexico is mostly an “issuing” country. In the economic terms, for Hungary,
Mexico is the biggest trading partner in Latin America with increasing importance. For Mexico Hungary
is less important even in regional comparison. However, in the case of FDI Hungary received more than
2 billion USD investment from Mexico. The cultural, scientific, and educational relations are solid with

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�Kovács, A. M. and Nagy, S. G.

increasing tendency, mostly thanks to the Stipendium Hungaricum program of the Hungarian
Government, putting Mexico second behind Brazil among the Latin American countries in the number
of Stipendium Hungaricum grants for university students. Despite extensive traditional ties, wideranging political, diplomatic, and social connections, and some emerging economic achievements, there
is still a lot of room for improvement in the relations between the two countries.
Our paper has contribution to the literature by highlighting the effect of globalization to the
economic, political and social connections between two distant countries. As we could see, Hungary and
Mexico have solid and gradually intensifying economic, political, cultural, and scientific ties. In the
context of international relations theory, we conclude as follows. The Prebisch–Singer hypothesis cannot
be interpreted in the context of the Mexican–Hungarian relationships. Although the FDI invested in
Hungary by Mexican companies is significant, we cannot say that this unbalanced structure of FDI
impoverishes Hungary and enriches Mexico. As for the interdependence theory of Keohane and Nye
(1987), we conclude that the Mexican-Hungarian relationship reinforces the view that international
relations can be characterized by cooperation and interdependence with win-win, mutually benefiting
outcomes, however the relatively low intensity of relationship is not supporting any dependency or
interdependency.. Regarding the globalization theory, we confirm that the main assumption of this theory
applies for Mexican-Hungarian relationships as changes or events are influenced by global tendencies
and global networks (like the closure of Nokia’s Hungarian factory in 2014), are less and less influenced
by national policies.
As potential further research topics we identified the case-study based, comparative analysis of
bilateral relations between the Central-Eastern European (mostly Visegrád) countries and Mexico, which
may be followed by other Latin-American countries (eg. Argentina, Chile, Colombia and due to historical
ties Cuba) fitting into the objectives of the research project “Latin America and Hungary”.
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International competitiveness of the economies of Mexico
and Poland. Comparative analysis1
Competitividad internacional de las economías de México y Polonia. Un análisis
comparativo
Joanna, Gocłowska-Bolek2
ABSTRACT
This article aims at presenting two economies in terms of competitiveness, using the
methodology developed by the World Economic Forum (WEF) basing on 40 years of
experience in the preparation of international rankings. A comparative analysis of the
economies of Mexico and Poland based on the results obtained by both countries in the
Global Competitiveness Index in 2019 has been presented. The aim of this article is to
analyse the competitive position in the international context, against the global
background and against the relevant regions, considering many factors that make up
competitiveness. The strongest and the weakest variables that make up the
competitiveness of countries have been identified, and areas where actions are required to
improve competitiveness have been indicated. It is concluded that there are many common
features of the analysed economies in terms of competitiveness factors and close
collaboration between Mexico and Poland may lead to an increase in the level of
competitiveness of both economies.
Keywords: Competitiveness, global competitiveness index, Mexico, Poland.
RESUMEN

……………………………………
Fecha de recibido: 11-03-2021
Fecha de aceptado: 04-05-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

Este artículo tiene como objetivo presentar dos economías en términos de competitividad,
utilizando la metodología desarrollada por el Foro Económico Mundial (WEF) a partir de
40 años de experiencia en la elaboración de rankings internacionales. Se ha presentado un
análisis comparativo de las economías de México y Polonia en base a los resultados
obtenidos por ambos países en el Índice de Competitividad Global en 2019. El objetivo
de este artículo es analizar la posición competitiva en el contexto internacional, en el
contexto global y en las regiones relevantes, considerando muchos factores que
configuran la competitividad. Se han identificado las variables más fuertes y débiles que
conforman la competitividad de los países y se han señalado áreas donde se requieren
acciones para mejorar la competitividad. Se concluye que existen muchas características
comunes de las economías analizadas en términos de factores de competitividad y la
estrecha colaboración entre México y Polonia puede conducir a un aumento en el nivel de
competitividad de ambas economías.
Palabras claves: Competitividad, índice de competitividad global, México, Polonia.

Cómo referenciar este artículo:
Gocłowska-Bolek., J. (2022). International competitiveness of the economies of Mexico and Poland. Comparative analysis.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(15), 48-67. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-3

The results presented in this document are part of the research project on Poland – Latin America economic and academic relations, initiated at the University
of Warsaw in 2018.
2
University of Warsaw, Poland. PhD in Economics from the University of Warsaw, Poland. Researcher at the Center for Political Analysis and Security
Studies at the University of Warsaw. Email: j.goclowska-bolek@uw.edu.pl, ORCID Code: https://orcid.org/0000-0001-7587-5416.
1

48 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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http://revpoliticas.uanl.mx/

1. - INTRODUCCIÓN
Mexico and Poland have been trading and investment partners for many decades, while the volume of
trade as well as the value of investments remain below the expectations and possibilities of both
countries. Both economies also cooperate in other fields, including in the field of scientific cooperation
and academic exchange (Łapaj-Kucharska, 2020; Oberda-Monkiewicz, 2020; 2017; Gocłowska-Bolek,
2018). Countries retain similar economic potential, although the geopolitical and geoeconomics contexts
differ and their paths of economic development keep their own specificity.
In the era of intensification of global processes and intensive technology development, it is worth
examining the competitive potential of both economies to indicate in which areas there is the greatest
convergence, and in which there is discrepancy in terms of competitiveness. The dynamics of trade is
largely dependent on international competitiveness. In most countries, shaping the international
competitiveness of the economy is one of the priority goals of the national economic policy; therefore, it
is reasonable to indicate certain internal and external factors that determine the situation in the countries
selected for analysis to the greatest extent. That is why it is worth analyzing the international competitive
position of both economies, pointing to strengths and weaknesses and identifying areas, in short, the
priority should be to increase competitiveness (Chursin, Vlasov, Makarov, 2017; Tyulin, Chursin, &amp;
Yudin, 2020). At the same time, the challenges generated by the sustainable development in the public
policy agendas are valid, with regard to the coordination, continuity and effective implementation
(Tijerina, 2017; Mota Veiga et al., 2020). Fostering competitiveness is essential for strengthening
innovation, productivity and growth, but it also generates opportunities for entrepreneurship, and it helps
to limit and reduce inequalities. Experience in many OECD countries shows that competitiveness is
essential not only for creating wealth but also for ensuring a better distribution of that wealth, and for
promoting more inclusive growth (OECD, 2018).
The aim of this article is to analyse the competitive position in the international context, against
the global background and against the relevant regions, considering many factors that make up
competitiveness (Grimm, 2019; Falahat, Yin, Ramayah &amp; Soto-Acosta, 2020). The most popular and
comprehensive indicator prepared by the World Economic Forum (WEF) was used to conduct this
analysis. The analysis was based on the most recent data available, that is, the 2019 ranking data. The
article identifies the strengths and weaknesses of Mexico and Poland that make up the overall competitive
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position and indicates what kind of policy improvements are needed public to overcome the greatest
weaknesses. The article ends with a list of factors that have a special impact on a specific competitive
position on the world map and an indication of the benefits of strengthening cooperation between the two
countries in the areas that require improvement.
As a rule, this article does not consider global competitiveness indicators prepared by other
institutions, although the position in the ranking prepared by International Institute for Management
Development (IMD) is shortly discussed.
This is due to two reasons. First, the index prepared by the WEF is the most complex in
methodological terms and includes the most variables that can be used for both comprehensive and
detailed analysis. Secondly, the competitive position indicated for Mexico and the Polish parliament is
similar in other rankings, which means that extending the analysis with other rankings will not
necessarily bring new value and would require a short treatment of WEF raking. At the same time, it
should be made a reservation that the considerations contained in this study constitute only a synthetic
fragment of knowledge.
2. - THEORICAL FRAMEWORK
The relevance of the concept of competitiveness
The concept of competitiveness is one of the most frequently used terms related to the assessment of the
state of the national economy, its development prospects, and the effectiveness of economic policy. It is
also widely used in political debate and economic analysis (both short-term and long-term).
Economic competitiveness is a multidimensional and complex category. Its internal and external
aspects as well as static and dynamic ones interfere and interpenetrate each other. The analysis of the
competitive position at the macroscale is the subject of interest of many entities (Fagerberg, 2012;
Orłowski, 2018).
The competitiveness of the economy is an extremely relevant issue today. A necessary condition
here is to define what competitiveness determines (in terms of factor and system competitiveness) and
how these strengths are assessed from the perspective of business environments and the world of science.
Confronting the strategic political vision with the interests of both domestic and international enterprises
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allows, on the one hand, to correct the adopted direction of reforms early enough, and, on the other hand,
to consolidate strengths and identify weaknesses (Agénor, Canuto, Jelenic, 2012; Köhler et al., 2019).
In most countries, shaping the international competitiveness of the economy is one of the priority
goals of the national economic policy, therefore it is reasonable to indicate certain internal and external
factors that determine the situation in the countries selected for analysis to the greatest extent. At the
same time, it should be made a reservation that the considerations contained in this study constitute only
a synthetic fragment of knowledge.
The term competitiveness has been dissected in the academic literature ever since it became a
focus of the policy debate in the late 1980s and early 1990s (Chaharbaghi &amp; Feurer, 1994; Krugman,
1994; Porter 1990; Porter, Ketels &amp; Delgado, 2008; Ketels, 2016) and evolved intensively. For the
purposes of this study, a fairly widely accepted definition has been adopted that the country's
competitiveness is understood as its ability to permanently provide a high level of income to its
inhabitants, thanks to its share in the global market and the ability to sell competitive goods on it (sold
cheaper thanks to lower production costs or bringing a higher margin of added value) (Hsieh, 2015;
Edler, Boon, 2018; Flejterski &amp; Majchrzak, 2018; Orłowski, 2018). The different views on what
competitiveness is and what value it has for economic development that emerged in the 20th century
never really became the basis for reaching a consensus among researchers (Voinescu &amp; Moisoiu, 2015;
Castro-Gonzáles, Peña-Vinces &amp; Guillen, 2016; Ketels, 2016; Deleidi, Mazzucato, 2021). Defining and
measuring competitiveness remains a subject of interest as well as debate: policy makers need to
understand how competitive their country is relative to others, and how their competitive position evolves
overtime. As such, well-known indicators of country performance have been developed over the
years. Taking into account the lack of clarity as to the definition of the concept of competitiveness, it is
worth remembering that this concept is broad and can be applied to various aspects, which also
determines the different definitions (Castro-Gonzáles, Peña-Vinces &amp; Guillen, 2016; Fagerberg &amp;
Hutschenreiter, 2020; Falciola; Jansen &amp; Rollo, 2020).
Competitiveness measurement dilemmas
Countries' competitiveness can be measured in two ways. One is to look for an ex ante competitiveness
index that will allow to forecast a more successful development of those countries that are more
competitive. The second is the search for the ex post competitiveness index, i.e. the revealed competitive
advantage that allowed for such development.
International competitiveness of the economies of Mexico and Poland. Comparative analysis.

51

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Competitiveness can be measured ex post using simple characteristics of foreign trade (such as,
for example, trade balance, share in global exports, exports per capita, terms of trade), which, however,
does not always give clear results. Numerous attempts have been made to measure with macroeconomic
variables closely related to economic growth (such as GDP per capita, productivity, real income per
capita, real exchange rate, the level of unit labor costs, the level of technological competitiveness
approximated by expenditure on R&amp;D) (Krugman, 1996; Siudek, Zawojska, 2014). However, such
measures are often criticized (Flejterski, Majchrzak, 2018; Orłowski, 2018).
An alternative to this approach is to search for measures that define ex ante competitiveness. The
most popular research direction at present is the construction of aggregate indicators describing the
country's resources, methods of managing these resources, technological advancement, and the quality
of institutions (often dependent also on the deeply hidden “soft factors” underlying development, eg.
cultural factors).
The best-known indicators of this type are: The Global Competitiveness Index published by the
World Economic Forum (WEF) and the World Competitiveness Scoreboard published by the
International Institute for Management Development (IMD). Both indicators are weighted averages from
a number of indicators, aggregated using discretionary weights, both of which are used to rank countries'
competitiveness.
There is no doubt that both indicators are calculated and are based on huge statistical material.
They are also commonly used for various types of analyzes, as well as in the public discourse. However,
it should be noted that the competitiveness measures constructed in this way are not based on a clear
theoretical model and are not subject to any verification – a change in the set of indicators or a change in
the weights used lead to a change in the value of the entire measure, without the possibility of any
verification of the sensibility of such a change.
It can also be noticed that the adoption of a different set of indicators and weights greatly
differentiates the results obtained in the construction of the WEF and IMD measures – for example,
China, classified in the rather distant 28th place in the WEF ranking, in the IMD ranking is 14th, while
6th Japan in the WEF ranking ranks 30th in the IMD ranking. However, in the case of the countries
discussed in this article, there are no fundamental differences: Mexico is ranked 43rd in the WEF ranking
and 50th in the IMD ranking, while Poland is ranked 37th (WEF) and 38th (IMD). Both measures ex
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ante, not ex post, and these are input rather than output indicators – they indicate the extent to which a
country is theoretically prepared for a competitive struggle, preparation leads to effects in the form of
better development (WEF, 2019; IMD, 2019).
There are also more and more new alternative concepts for calculating competitiveness
(Orłowski, 2018), but for the purposes of this article they will not be analyzed.
Methodological assumptions of the WEF Report on Global Competitiveness
The Global Competitiveness Index published by the World Economic Forum -WEF is the most useful
index of competitiveness in this study, which will be discussed later in this article. It enables a
comprehensive analysis of the components influencing the country's competitiveness by tracing the
subcategories that make up the overall result. Covering 141 economies, the Global Competitiveness
Index 4.0 measures national competitiveness – defined as the set of institutions, policies and factors that
determine the level of productivity.
Initially, the Global Competitiveness Report was published by the WEF and IMD (International
Institute of Management Development), but differences in definitions and how competitiveness was
measured (then it was a competitiveness index) led to individual reports being published by those
institutions. The World Economic Forum reports, published since 1979, pay particular attention to
theoretical and methodological aspects.
Building on four decades of experience in benchmarking competitiveness, the index maps the
competitiveness landscape of economies through 103 indicators distributed across 12 pillars (WEF,
2019):
Enabling environment:
I. Institutions (26 variables). The institutional environment specifies juridical and administrative
frameworks in which companies and governments can take actions to generate income and
economic wealth. When calculating this indicator, the following are taken into account:
security, social capital, public-sector performance, transparency, property rights, corporate
governance and future orientation of government. The meaning of a good institutional
environment is especially relevant during an economic crisis in the more direct role of the
economy.
International competitiveness of the economies of Mexico and Poland. Comparative analysis.

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II. Infrastructure (12 varables). A well-developed transport and utility infrastructure is necessary
for the effective functioning of the economy. Infrastructure is an important determinant when
planning the location of businesses and other kinds of operations or sectors, which can
develop on the site. A well-developed infrastructure reduces the distance effect between
regions, and it supports integrations between them.
III. ICT adoption (5 variables): It refers to the mobile-cellular telephone subscriptions, mobilebroadband subscriptions, fixed-broadband Internet subscriptions, fibre Internet subscriptions
(per 100 pop.), and Internet users (% of adult population).
IV. Macroeconomic stability (2 variables). The economy cannot develop in a balanced way if the
macroeconomic environment is not stable while the inflation is high. This issue evokes public
interest and discussions about a strategy for reducing budget expenses as well as the growth
of public debt and inflation in several countries.
Human capital:
V. Health (1 variable). Healthy life expectancy is being measured (in years).
VI. Skills (9 variables): Of growing importance for economic development are skills of current
and future workforce. The amount and quality of basic education, and school life expectancy
years are being calculated. A good basic education and vocational training increases the
efficiency of the employees. It would be complicated or impossible for poorly educated
employees to adapt to more advanced production processes and techniques. A lack of skilled
employees can be an obstacle to the growth of business cooperation, when more and more
advanced goods and services are produced. The quality of higher education has an important
meaning for economies that demand more than just simple production processes.
Markets:
VII.

Product market (7 variables): Domestic competition as well as trade openness are key

factors for an effective economy. The best opportunities for the trading of goods and services
rise when government intervention is limited. Competitiveness can be restricted by many
factors influencing operations of market structures: concessions, permissions, suboptimal
taxes, the level of customer knowledge, the extent of market dominance, trade the complexity
of tariffs and non-tariff barriers.
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VIII. Labour market (12 variables): The efficiency and flexibility of the labour market are
necessary to provide the most effective employees for the economy. Employers need the
possibility to change employees and payment level without it having social repercussions.
Labour market rigidity can be the reason for a slowdown in economic growth in many
countries.
IX. Financial system (9 variables). The recent financial crisis highlighted the main role of a solid
and well operating financial sector. The economy needs a relevant banking system which
offers loans and credit at optimal conditions for entrepreneurs, a properly regulated stock
exchange and organized access to venture capital and other financial products. The
importance of access to capital has been recently highlighted by the liquidity crisis of
experienced entrepreneurs and the public sector in both developing and well-developed
countries. The financial system should be reliable and transparent as well as supported by
proper legal regulations that protect investors and other entities in the economy.
X. Market size (2 variables). Large markets allow businesses use economies of scale. Dynamic
market trade has a positive aspect for economic growth.
Innovation ecosystem:
XI. Business dynamism (8 variables). The economic environment includes the quality of the
national network of business relationships, the quality of business operations as well their
strategies. The quality of the administrative requirements, which is measured by the cost of
starting a business, time to start a business, and insolvency issues, is important. If recipients
and suppliers of the current sector build close geographic groups, their efficiency is much
higher, as are the possibilities for innovation, while barriers to entry for new businesses are
limited.
XII.

Innovation capabilities (10 variables). Interaction and diversity workforce, international

co-inventions as well as multi-stakeholder collaboration are becoming a very important factor
in competitiveness. In the long-term perspective, the standard of living can only be improved
through technological innovation. Less-developed countries can raise their productiveness by
adopting an existing technology or by designing innovations in different branches
incrementally. For countries which develop innovation, it is no longer sufficient to simply
enhance productivity. Companies in those countries must design and develop modern
products and processes to maintain their competitive advantage. This means financial
International competitiveness of the economies of Mexico and Poland. Comparative analysis.

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investments for research and development, also provided by the private sector. High profile
research and development institutions should cooperate extensively with economic entities.
Each indicator shows how close an economy is to the ideal state or „frontier” of competitiveness.
In accordance with the WEF framework, the economic competitiveness refers to the country’s ability to
achieve high and stable GDP per capita. The holistic character of this approach allows us to compare a
wide range of competitiveness indicators between economies.
Indicators are sourced from international organizations, academic institutions and nongovernmental organizations. Forty-seven indicators, accounting for 30% of the overall GCI score, are
derived from the World Economic Forum’s Executive Opinion Survey (every year based on the opinion
of approximately 15,000 business executives).
Overall results for 2019
In 2019, with a score of 84.8 (+1.3), Singapore is the world’s most competitive economy, overtaking the
United States, which falls to second place. Hong Kong (3rd), Netherlands (4th) and Switzerland (5th)
round up the top five.
Other G20 economies in the top 10 include the United States (2nd), Japan (6th), Germany (7th)
and the United Kingdom (9th) while Argentina (83rd, down two places) is the lowest ranked among G20
countries. Asia-Pacific is the most competitive region in the world, followed closely by Europe and North
America (WEF, 2019).
The report is a reminder to apply a holistic approach and to better balance short-term
considerations against factors whose impact is felt beyond quarterly results and election cycles. For
example, the results of the index show that labour and education policies have not been keeping up with
the pace of innovation in most countries, including in some of the largest and most innovative economies.
For least developed and emerging economies, their fragile economic foundations make them
highly vulnerable to shocks. With extreme poverty reduction decelerating and nearly one-half of
humanity still struggling to meet basic needs, the report suggests the need for sustained, productivity
enhancing economic growth remaining critical for improved living standards.

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In parallel, the unfolding climate crisis requires urgent, decisive and coordinated action by
policymakers. Supporting economic growth at all costs can no longer be a sole objective.
Mexico and Poland performance against the performance of their regions in the WEF ranking 2019
In 2019, in the WEF ranking Poland ranks 37th (it was at the same position the year before), and Mexico
48th (it was 46th the year before). The position of both countries in relation to their regions is stable.
Neither Poland nor Mexico are among the most competitive countries in their regions, although they
maintain their positions and significant progress can be noted in selected areas, while there are also areas
that need improvement.
In Europe, the Netherlands (4th), Switzerland (5th), Germany (7th), Sweden (8th), the United
Kingdom (9th) and Denmark (10th) all feature in the top 10. The region’s most improved country is
Croatia (63rd).
In Latin America and the Caribbean, Chile (33rd) is the most competitive economy thanks to a
stable macroeconomic context (1st, with other 32 economies) and open markets (68.0, 10th). It is
followed by Mexico (48th), Uruguay (54th), and Colombia (57th). Brazil, despite being the most
improved economy in the region is 71st; while Venezuela (133rd, down 6 places) and Haiti (138th) close
out the region.
Contrasts are often stark even within sub-regions or between two neighbouring countries. For
instance, in the EU, Germany’s overall competitiveness score (81.8) is 20 points higher than Greece
(62.6). There are approximately 20 points between the GCI performance of Colombia (62.7) and
Venezuela (41.8) as well as between the Dominican Republic (58.3) and Haiti (36.3).
3. - METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
Design
To meet the objectives of the study, an analysis of the international competitive position of two
economies was carried out: Mexico and Poland. From among many variables, those which are most
important for the competitive position were selected. Data from the international competitiveness ranking
prepared by the WEF in 2019 were used to conduct this study comprehensive data for the Mexican and
Polish economies were used, presenting them against a wider global and regional background.
International competitiveness of the economies of Mexico and Poland. Comparative analysis.

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Participants
Two economies were considered in the analysis: Mexico and Poland.
Instruments
The competitiveness analysis uses data on 103 variables arranged in 12 categories (or pillars), with a
radar chart drawn up, showing graphically the similarities and differences between countries. A list of
the competitive strengths and weaknesses of both economies was also compiled. The use of data from
the ranking prepared by the WEF was purposeful and sufficient due to its extensive and
comprehensiveness.
Procedures
In the initial stage of the analysis, the data for both countries in the 2019 WEF ranking were identified
and a graph was drawn up to compare the achievements in the main categories. Then, a list of the best
and least developed variables was made, presented in the form of tables. Having made advantage of the
most popular reports issued by international organisations (WEF and IMD) and referring to statistical
data on the Mexican and Polish competitiveness the author identified a great deal of the most important
weaknesses and strengths of their economic systems. Finally, conclusions were drawn as to the areas
where increasing competitiveness requires a specific state policy and as to possible benefits in terms of
cooperation between Mexico and Poland.
4. - RESULTS
Mexico is improving its score performance by 0.3 points and is 48th in 2019, yet it drops two places due
to other countries improving at a faster rate (Mexico ranked 50th in 2018, and 51st in 2017). Mexico’s
competitiveness performance is mixed. On one hand it has achieved some progress on all its four lowest
ranked pillars (WEF, 2019: 18): Institutions (+0.6 points, 98th), Labour market (+1.4, 96th), Skills (+0.4,
89th) and ICT adoption (+3.7, 74th). On the other hand, these improvements have been, to some extent,
insufficient to fill the gap with other more competitive economies. For instance, in terms of skills,
education attainment is still low (8.6 years on average, 84th) and curricula are not up to date (digital
skills, 99th, critical thinking, 103rd). Similarly, improvements to institutions have been concentrated in
the public sector’s administrative efficiency (+4.5 points, 59th), while security (138th) and transparency
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(116th) are still problematic. Further, there are a few areas where performance declines. Inflation, for
example, has increased (5.5%, 111th), healthy life expectancy has fallen by 0.9 years (60th), and lack of
improvements in transport infrastructure (-1.3, 51st) require the implementation of a solid, long-term
policy in this area (WEF, 2019: 18). It is likely that competitiveness will be affected by the effects of the
Covid-19 pandemic – still difficult to quantify – which is ravaging the country extremely intensively,
including the Mexican economy.
Poland ranks 37th globally, the same position as last year despite a score improvement of 0.7
points (Poland ranked 37th in 2018, and 39th in 2017). Notably, the macroeconomic environment (1st)
has improved substantially and stays the strongest element of the country’s GCI performance. Poland’s
competitiveness performance is mixed, as well. There are numerous pillars where the score is high and
improving over years: Macroeconomic stability (1st), Health (34th), Market size (22nd), Infrastructure
(25th), and even more where improvement is still needed: Labour market (70th), Product market (50th),
Financial system (57th), Institutions (60th). Poor improvement in Innovation capability category further
efforts to advance Mexico’s competitiveness closer to the frontier and to that of the top-ranked economies
(WEF, 2019). Chart number 1 and table 1 shows below the information in detail:
Chart 1.
Mexico and Poland’s performance in the Global Competitiveness Index (2019), by pillars

Mexico

Innovation capability

Poland

Overall Score
100

Institutions

80
Business dynamism

60

Infrastructure

40
20

Market size

ICT adoption

0

Financial system

Macroeconomic stability

Labour market
Product market

Health
Skills

Source: Own compilation based on the WEF data (2019).
International competitiveness of the economies of Mexico and Poland. Comparative analysis.

59

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Table 1.
Selected contextual indicators for Mexico and Poland (2019)
Indicator

Mexico

Poland

Population (millions)

124.7

38.4

GDP (PPP) per capita (US$)

33 538

20 703

GDP US$ billions)

1 258.3

589.9

GDP (PPP) % world GDP

1.9

0.9

10-year average annual GDP growth (%)

2.6

3.1

5-year average FDI inward flow (% of GDP)

2.7

2.6

Direct investment stocks inward ($ bn)

485.8

231.8

Direct investment flows inward (% of GDP)

2.30

2.55

Current account balance (% of GDP)

-0.19

0.47

Unemployment rate (%)

3.37

3.30

Income GINI

48.3

31.8

Source: WEF (2019), the World Bank Group (2019), IMD (2019).
Reflecting the performance of Mexico and Poland in each of the competitiveness categories (i.e.
a breakdown of the scores attributed to each of the 12 competitiveness pillars according to the WEF
breakdown) in the radar chart leads to interesting conclusions (see Figure 1).
Basically, there is a great similarity between the results for both countries, and in those categories
in which Mexico performs worse, Poland also has shortcomings. There is no category in which these
results are significantly different. Poland has an overall score 4 basis points higher (69 points against 65
for Mexico). Poland achieves noticeably better results in the following categories: Skills (14 points), ICT
adoption (10 points), Infrastructure (9 points), Institutions (8 points), Innovation capability and (6 points)
and while Mexico is overtaking Poland mainly in terms of Market size (7 points) and Business dynamism
(4 points).
When analyzing the level of competitiveness, the contextual factors of both economies should
also be considered, relating to macroeconomic variables and the level of economic and social
development. These indicators are summarized in Table 1. Mexico's economy is much larger than that
of Poland in terms of population (which translates into greater labour resources and market absorption),
as well as GDP, while Poland is far ahead of Mexico in terms of GDP per capita or indicators reflecting
the level of development, especially social development.
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List of strengths and weaknesses of the competitiveness of Mexico and Poland
Below is a list of the strongest and weakest elements of the competitiveness of the Mexican and Polish
economies (Table 2 and Table 3). The strongest points were those categories in which a given economy
reached at least the 25th position on the list of world economies, while the weakest points were those
categories in which the economies were ranked below 100th (141 economies of the world were taken
into account in the ranking).
Mexico reached top categories (over 26th in the global ranking) in the case of 8 variables, while
Poland in the case of 17 variables. In the case of Mexico, 23 variables were distinguished which place
the country below the 100th position on the list of countries in the world, in the case of Poland there are
17 variables. Table 2 and 3 shows below the information in detail:
Table 2.
Strengths of the economies of Mexico and Poland in terms of competitiveness (Global rank &lt; 26)
Mexico
Credit gap (%)
Electricity access
Budget transparency
Market size
Airport connectivity
e-Participation
Road connectivity
Research institutions prominence

Poland
Macroeconomic stability
Inflation
Debt dynamics
Credit gap %
Electricity access
Mobile-broadband subscriptions per 100 pop.
Trade tariffs %
Insolvency regulatory framework
Pupil-to-teacher ratio in primary education
Research institutions prominence
Extent of market dominance
Market size
Gross domestic product PPP
Mean years of schooling
Transport infrastructure
Electricity supply quality
Scientific publications

Rank/141
1
2
6
11
15
17
22
22

Rank/141
1
1
1
1
2
3
7
9
13
18
20
22
23
24
25
25
25

Source: Own compilation based on the WEF data, 2019 (2019).
International competitiveness of the economies of Mexico and Poland. Comparative analysis.

61

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Table 3.
Weaknesses of the economies of Mexico and Poland in terms of competitiveness (Global rank &gt; 100)
Mexico
Organized crime
Reliability of police services
Security
Homicide rate
Social capital
Freedom of the press
Transparency
Labour tax rate %
Burden of government regulation
Government long term vision
Mobile-cellular telephone subscriptions per 100 pop.
Inflation %
Government's responsiveness to change
Hiring and firing practices
Terrorism incidence
Redundancy costs (weeks of salary)
Critical thinking in teaching
Skills of future workforce
Active labour market policies
Meritocracy and incentivization
Distortive effect of taxes and subsidies on competition
Cost of starting a business % of GNI per capita
Banks' regulatory capital ratio % of total risk-weighted assets

Poland
Diversity of workforce
Internal labour mobility
Time to start a business
Government ensuring policy stability
Efficiency of legal framework in challenging regulations
Juridical independence
Ease of hirinf foreign labour
Multi-stakeholders collaboration
Hiring anf firing practices
Complexity of tariffs
Burden of government regulations
Quality of vocational training
Companies embracing disruptive ideas
Labour tax rate %
Efficiency of legal framework in setting disputas
Government long-term vision
Skillset of graduates

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Source: Own compilation based on the WEF data (2019).
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Based on the lists of strengths and weaknesses of the competitiveness of Mexico and Poland,
challenges in the nearest future can be identified.
First, economic, and social policies for an accelerated recovery from the lockdown effects of the
Covid-19 pandemic should be implemented. In the case of Mexico the economy seems to be more
seriously affected by the pandemic which requires deeper reflection on how to get out of the crisis – in
Poland the GDP is expected to decline by 4.2%, while in Mexico as much as 7.5% (The World Bank
Group, 2020).
In both countries a policy aimed into improvement of the relationship with relevant economies in
the world is needed as well as stable, predictable and user-friendly legislation. In Mexico and in Poland
– although to different extent – broader and easier access to healthcare can improve competitiveness in
the category of human capital and workforce quality.
In the case of Mexico decisive action is needed to improve the sense of security and efficiency of
the judiciary and to ensure a stable business environment. Promotion of structural reforms on education
and energy can be a key element of the competitiveness performance in the future. Such conclusions are
consistent with the results obtained in their research by other researchers dealing with the directions of
development and effectiveness of public policy in Mexico (Cárdenas-Cabello, 2020).
Poland is strong in education and security categories, but still there are several improvements
needed in enhancing digital skills, vocational training and R&amp;D investments to boost employability and
productiveness. Also in this case, the conclusions and results of the study are coherent with those
presented by the European Union institutions responsible for shaping the competitiveness policy
(Europarl, 2020).
5-. CONCLUSION
Based on the results obtained by Mexico (48th) and Poland (37th) in the global ranking of competitiveness
prepared by the WEF in 2019, a comparative analysis of both countries was carried out. The conducted
analysis does not allow to draw a clearly optimistic picture regarding the economic (competitive)
potential of Mexico and Poland.
Although the overall result for the economy of Poland and Mexico is high, there are many
categories in which it is necessary to carry out economic reforms or to propose tools to improve the
International competitiveness of the economies of Mexico and Poland. Comparative analysis.

63

�Gocłowska-Bolek., J.

quality of functioning. In the case of Mexico, these imperfections are relatively numerous. It should be
emphasized that there are many common features of the analyzed economies in terms of competitiveness
factors, as shown in Chart 1.
The above observation leads to an additional conclusion: on the one hand, it would be desirable
to cooperate between Mexico and Poland in identifying and counteracting specific weaknesses in terms
of competitiveness, because both economies face similar challenges. On the other hand, it would be
helpful to cooperate in terms that differ significantly in the two countries, and especially for Mexico,
Poland's experience in developing competitiveness could be useful, as it achieves higher results in
selected categories. Particular attention should be paid, for example, to the Polish strategy in terms of
effective educational policy or stabilizing the economy.
The conclusions of the comparative analysis also allow us to propose recommendations in terms
of increasing the competitiveness of both economies. It is worth emphasizing that one of the main
challenges and necessary conditions for increasing the level of competitiveness of both economies
remains stimulating innovation. As the analysis above shows, it is the low level of innovation that is the
weak point of both economies. In this respect, one could consider designing and implementing strategies
that would help to solve this problem for the benefit of both economies.
Poland and Mexico have recently been emerging as two of the most interesting countries to watch
on the economic map of the world, inter alia due to their economic successes and systemic and decisive
approaches to the development of innovation, education and science policy. Moreover, Poland and
Mexico have unexplored potential for cooperation. Mexico, which has outperformed several Latin
American countries in economic growth for the last decade, has a highly open, emerging market with
strong links to the rest of the world, including a free trade agreement with the EU. Furthermore, the
reforms planned in the future, in particular in the energy, car parts and components, tourism and food
sectors, may result in Mexico’s many industries opening up to foreign participation. At the same time,
Poland is improving its economic and political standing in the EU and is looking for closer cooperation
with non-European economies.
However, even though there are of several constraints to the development of Polish–Mexican
cooperation some opportunities, one has to be aware of numerous opportunities. Despite striking
differences in foreign policy (Poland focuses primarily on the EU and Mexico on the U.S.), a difference
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in market scale, and international positions, bilateral relations have good foundations for further
exploration in the near future, especially as both countries plan to diversify their markets. Both countries
could also consider deepening cooperation within the framework offered by the EU strategic partnership
with Mexico which can help to improve competitiveness especially in the category of human capital and
workforce quality. The greatest challenge for the development of mutual cooperation constantly remains
the very limited knowledge that each country has of the other and a lack of sufficient incentives to boost
genuine mutual interest.
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México en la política exterior de Polonia desde el 20041
Mexico in Poland's foreign policy since 2004
Bartłomiej Znojek2
RESUMEN
El objetivo de este artículo es caracterizar la política exterior de Polonia hacia
México desde 2004 – el año de la adhesión de Polonia a la Unión Europea (UE).
Para este fin se analizó el discurso oficial y documentos de los sucesivos
gobiernos de Polonia y se presentó el desarrollo las relaciones polaco-mexicanas
en tres ámbitos: político, económico y sociocultural. América Latina no
pertenece a las principales áreas de interés internacional de Polonia y los
gobiernos polacos se concentraban más bien en las economías más grandes de la
región. El análisis en este texto muestra, que durante el período en cuestión
México se convirtió en un socio latinoamericano clave para Polonia. Este
resultado fue favorecido por un marco sólido y avanzado de las relaciones UEMéxico, así como por un creciente interés de Polonia en los mercados menos
explorados, pero prometedores, como el mexicano y de la Alianza del Pacífico
en sentido más amplio. El desafío para las relaciones polaco-mexicanas consiste
en fomentar más interés mutuo y asegurar la continuidad de varios compromisos
bilaterales acordados en los últimos años.
Palabras claves: México, política exterior, Polonia, relaciones bilaterales,
Unión Europea.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 19-03-2021
Fecha de aceptado: 14-05-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The aim of the article was to characterize the Polish foreign policy towards
Mexico since 2004—the year of Poland's accession to the European Union (EU).
For that end the official discourse and documents of successive Polish
governments on their foreign policy were analyzed and the development of the
Polish-Mexican relations in three areas: political, economic and sociocultural
was presented. Latin America has not been among the main areas of international
interest for Poland, and the Polish governments rather concentrated on the largest
region’s economies. The analysis in this text shows that in the concerned period
Mexico has become a key Latin American partner for Poland. That was favored
by a robust and an advancing framework for EU-Mexican relations, as well as an
increasing interest of Poland in the less explored, but promising markets such as
Mexico and the Pacific Alliance more broadly. The challenge for Polish-Mexican
relations is to foster mutual interest and ensure the continuity of the various
bilateral commitments agreed in recent years.
Keywords: Bilateral relations, European Union, foreign policy, Mexico, Poland.

Cómo referenciar este artículo:
Znojek., B. (2022). México en la política exterior de Polonia desde el 2004. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(15),
68-91. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-4
1

Este artículo se preparó en respuesta a la convocatoria anunciada por la Embajada de México en Polonia en cooperación con esa Revista. Iniciado en
septiembre 2020 y finalizado en octubre 2020.
2
Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM), Polonia. Licenciado en Relaciones Internacionales y en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad Jaguelónica, investigador de América Latina, Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM). Email: znojek@pism.pl ORCID: 0000-00027242-0069.

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1. - INTRODUCCIÓN
La entrada de Polonia en la Unión Europea en 2004 junto al acceso a la OTAN en 1999 eran culminación
del objetivo supremo de la reintegración con Europa definido en el proceso de la transición democrática
iniciado en el umbral de las décadas 1980 y 1990. La membresía en la UE cambiaba la perspectiva de
como conceptualizar la política exterior polaca y requería pensar más en las relaciones con socios más
distantes, pero importantes para la Unión.
México es particularmente interesante por el grado más avanzado de las relaciones con el bloque
comparando con otros países de América Latina. Fue el primer país de la región en firmar acuerdo de
asociación con la UE y recientemente de un pacto modernizado, así como también es uno de los socios
estratégicos de la Unión.
La mejora de la posición de Polonia en la UE depende de la capacidad de gobiernos polacos de
expandir relaciones con socios extrarregionales más distantes, pero importantes para la Unión, como
México. Por eso es oportuno estudiar cómo los gobiernos polacos definían y realizaban su política hacia
este país.
Una importante motivación de la selección del tema para este estudio, es también que, el problema
de la política de Polonia hacia México a partir del 2004 cuenta con interés analítico y académico muy
escasos. Hallan se principalmente en unos análisis dedicados a la política polaca hacia América Latina
en general – aquí destacan trabajos de Wojna (2006), Znojek (2018) y recientemente de Łapaj-Kucharska
(2020). En caso de las relaciones polaco-mexicanas después de la entrada de Polonia en la UE como
tema separado apenas se puede mencionar un estudio de Brudzińska (2013).
Como Polonia es una democracia parlamentar – el presidente del país es su máximo representante
– el primer ministro es jefe del gobierno. El consejo de ministros es responsable por la conducción de la
política del país. Este artículo se basa en las declaraciones y documentos de cuatro sucesivos gobiernos
del período analizado. Se analizó sobre todo declaraciones anuales del programa de la política exterior
habitualmente presentados por los ministros de asuntos exteriores en Sejm – cámara baja del parlamento
polaco – y documentos estratégicos públicos del gobierno sobre las relaciones internacionales de Polonia.
Después se revisó el desarrollo de las relaciones polaco-mexicanas en tres ámbitos: dialogo político,
cooperación económica y relaciones socioculturales, incluidas la educación, ciencia y turismo.
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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Condiciones
América Latina no pertenece a las principales áreas de la política exterior de Polonia (Sejm RP, 2004a;
Znojek, 2018) y los gobiernos polacos tradicionalmente centraron su interés en las economías más
grandes de la región. Por lo tanto, México era siempre incluido entre los principales socios
latinoamericanos de Polonia. La adhesión polaca a la Unión Europea (UE) el 1 de mayo de 2004 ha
creado nuevas condiciones para el desarrollo de contactos polaco-mexicanos.
Como miembro de la UE Polonia se convirtió estado parte y el beneficiario de los acuerdos
comerciales negociados por la Unión, como él suscrito con México en el 1997 cuyas preferencias estaban
entrando en vigor a partir del 2000 (Oberda-Monkiewicz, 2017). Además, las autoridades polacas podían
participar en el proceso de la formación de la política latinoamericana de la UE, por ejemplo, en el
establecimiento de la asociación estratégica entre la Unión y México en 2009. De todos modos, fue la
crisis financiera mundial de 2008, un impulso significante para un mayor interés de los gobiernos polacos
en avanzar la internacionalización de empresas especialmente en los mercados menos explorados.
La fundación de la Alianza del Pacífico en 2012 por México, Chile, Colombia y Perú, y luego el
progreso relativamente rápido de la iniciativa, fueron factores que llamaron la atención de las autoridades
polacas. El interés de Polonia en México se vio fomentado aún más por las negociaciones sobre la
modernización del acuerdo de la UE con México, que comenzaron en 2016 y concluyeron en 2018.
Finalmente, un momento particular de la intensificación de las relaciones polaco-mexicanas se produjo
con la histórica visita del presidente polaco Andrzej Duda a México en abril de 2017 y la suscrición de
una declaración sobre la voluntad y el interés de construir una relación estratégica entre ambas naciones.
La intensificación de los contactos políticos fue acompañada por un notable fortalecimiento de la
cooperación científica y académica, pero también por un creciente interés por México en Polonia
derivado de un bastante buen reconocimiento en la sociedad polaca de la cultura y atractividad turística
mexicanas.
En caso de la representación oficial de Polonia en México, es importante subrayar que, la
embajada polaca en algunos períodos tenía una responsabilidad territorial bastante amplia. El embajador
polaco fue acreditado también en Antigua y Barbuda (los años 2005-2007), República Dominicana

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(2003-2007) y Haití (2001-2007). Con el cierre de la embajada polaca en Costa Rica en 2008 – justificado
por el gobierno polaco con el motivo de la austeridad – la acreditación se extendió a seis países
centroamericanos – aparte de Costa Rica, también Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El
Salvador. Las autoridades insistieron entonces en el desarrollo de la red de consulados honorarios. En
México había siete representaciones de este tipo en 2008 – últimamente una menos. La situación ha
cambiado con el restablecimiento de la Embajada de Polonia en Panamá en 2019 – la representación
asumió parte de la responsabilidad territorial mantenida por la embajada en México. En 2018, se inauguró
la oficina de agregado de defensa polaco en la Ciudad de México (Sejm RP, 2008, 2018; Smolana, 2018).
Principios y objetivos
El contenido de la política de Polonia hacia México formulada desde el 2004 era función de un concepto
más amplio sobre América Latina y del contexto asociado con la membresía polaca en la UE. Sin
embargo, se mantuvo cierta continuidad independientemente de los cambios de las fuerzas políticas en
el poder. En vísperas de la adhesión de Polonia a la UE, el entonces ministro de asuntos exteriores
Włodzimierz Cimoszewicz en gobierno de izquierda del primer ministro Leszek Miller, sostuvo que la
entrada en la UE, iría a influir la posición del país en el mundo y el rumbo del desarrollo de sus relaciones
bilaterales con países no europeos, incluidos los latinoamericanos. Indicó que Polonia iría a participar en
varias plataformas del dialogo internacional de la Unión como las cumbres interregionales UE-América
Latina y el Caribe, e iría a participar en el proceso de desarrollo de contactos políticos con la región.
Cimoszewicz definió México, junto a Argentina, Brasil y Chile como socios latinoamericanos
prioritarios para Polonia (Sejm RP, 2004b).
La exposición del ministro fue elaborada en La Estrategia de la República de Polonia hacia los
países en desarrollo no europeos publicada por la cancillería polaca en noviembre de 2004 (Ministerio
de Asuntos Exteriores de Polonia, 2004). Según el documento el atractivo de América Latina, esto se
debía principalmente a las posibilidades de cooperación económica relacionada a la abundancia de
materias primas y desarrollo industrial de la región. La selección de Argentina, Brasil, Chile y México
como socios prioritarios fue explicada por la creciente presencia de estos países en los mecanismos
multilaterales de cooperación (el documento mencionaba también Colombia y Venezuela como “socios
importantes” de Polonia).
La distinción de México en el documento se debía, por ejemplo, a su pertenencia a OCDE (desde
1994), a APEC, a TLCAN y a su condición de observador en las cumbres del G8. Entre factores
México en la política exterior de Polonia desde el 2004.

71

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favorables para el fomento de las relaciones con México La Estrategia mencionaba los buenos
pronósticos económicos, el potencial de sus recursos de petróleo y gas, un sistema político y una
economía relativamente estables, y una estrecha cooperación con la UE. En el marco bilateral ayudaba
un diálogo y la cooperación regulares en los ámbitos científico y cultural. Entre las dificultades se hablaba
de la elevada deuda de México, la agravación de la seguridad pública y las cuestiones contenciosas
relativas a los procedimientos veterinarios (por ejemplo, unos controles largos y costosos de leche en
polvo).
En una década, desde la publicación de La Estrategia del 2004, las presentaciones oficiales de
programas de la política exterior en principio no salían más allá de las declaraciones generales de interés
en la cooperación con América Latina. Por ejemplo, la región fue apenas mencionada en las
presentaciones anuales de Radosław Sikorski, canciller polaco de 2007 a 2014 durante los dos mandatos
del gobierno centroderechista del primer ministro Donald Tusk. La excepción fue un discurso en 2013,
en el que Sikorski mencionó la creciente presencia de empresas polacas en mercados no europeos menos
explorados (Sejm RP, 2012).
Las palabras del canciller mencionado se produjeron un año después de la adopción de las
Prioridades de la política exterior polaca 2012-2016 por el Consejo de Ministros. En el texto se
argumentaba a favor de la necesidad de aumentar la presencia de Polonia fuera de las destinaciones
tradicionales y, con respecto a América Latina, el énfasis en las políticas climática y energética como
áreas importantes de cooperación (Brudzińska, 2013; Consejo de Ministros del Gobierno de Polonia,
2012).
El sucesor de Sikorski – Grzegorz Schetyna (el canciller de agosto de 2014 a noviembre de 2015)
argumentaba por una mayor presencia de Polonia en América Latina. Insistía en trabajar con la Alianza
del Pacífico – vista como un bloque prometedor de integración económica. Sin embargo, entre distintos
países latinoamericanos destacó Brasil como “un socio estratégico importante de Polonia” (Sejm RP,
2015).
En mayo de 2015, la cancillería polaca publicó el documento Desafíos en La Política Exterior de
la República de Polonia hacia América Latina y el Caribe 2015-2020 y después de 2020. El texto no
tenía carácter de una posición oficial del Ministerio, pero de hecho consistió el intento más significativo

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desde 2004 de la presentación de propuestas para la política latinoamericana de Polonia. Se definieron
México y Brasil como socios claves de Polonia en la región.
En caso de las relaciones polaco-mexicanas, se proponía en los Desafíos el enfoque principal en
la cooperación económica (por ejemplo, aprovechando las oportunidades derivadas de las reformas
estructurales en México) y política, por ejemplo, dentro de la ONU. En una sección separada la
publicación describía el potencial de la Alianza del Pacífico llamándola una iniciativa de integración
regional destacada por las redes de acuerdos comerciales de sus miembros y un proceso ágil de la
liberalización de comercio dentro del bloque. Según la publicación, la Alianza se debía convertir en uno
de los principales rumbos de expansión económica polaca y desarrollo del diálogo político en América
Latina. Para lograr estos objetivos se recomendaba conseguir para Polonia el estatus de observador en la
organización (Hinz, 2015).
La toma del poder en Polonia por el gobierno conservador del partido Ley y Justicia en noviembre
2015 abrió un proceso de mayor interés en América Latina. En la presentación de los objetivos de política
exterior en enero de 2016 del gobierno de Beata Szydło, el canciller Witold Waszczykowski anunciaba
planes del fortalecimiento de cooperación económica con los socios de la región y el restablecimiento de
las embajadas polacas en Panamá y Ecuador (Sejm RP, 2016). Un año más tarde, enfatizaba un
prometedor carácter de las relaciones con la Alianza del Pacífico y la intención de dar a las relaciones
con México un carácter estratégico con motivo de la planeada visita del presidente Andrzej Duda en
aquel país (Sejm RP, 2017b). En aquel momento México fue un interlocutor importante en los esfuerzos
de las autoridades polacas para conseguir apoyo a la candidatura de Polonia para ser miembro nopermanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período 2018-2019.
En noviembre de 2016, se publicó el documento Recomendaciones para el fortalecimiento de las
relaciones entre Polonia y México preparado por las cancillerías de ambos países. La iniciativa tenía sus
comienzos en 2015 durante las reuniones bilaterales de representantes de gobiernos. El texto fue
preparado a base de consultas en las administraciones estatales, pero también instituciones académicas y
de análisis internacional en Polonia y México. Según las Recomendaciones, la cooperación económica
iba a ser la más importante en las relaciones bilaterales y debía fortalecerse en el futuro gracias a la
implementación del acuerdo modernizado UE-México. Entre factores favorables para una cooperación
más estrecha se mencionaba la pertenencia de Polonia y México a la OCDE y sus experiencias como
participantes de las misiones de paz (Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 2016)

México en la política exterior de Polonia desde el 2004.

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En julio de 2017 el gobierno publicó la Estrategia Polaca de Política Exterior 2017-2021, en la
que señaló América Latina como un área para una mayor diversificación geográfica de la actividad
económica polaca en el mundo. El texto no enumeraba socios individuales, pero entre los objetivos hacia
países no europeos mencionaba esfuerzos de Polonia para reducir obstáculos en área de comercio,
incluido el apoyo para contenido favorable en los acuerdos negociados por la UE. Además, destacó su
voluntad de cooperar con países latinoamericanos en el campo de la investigación y la innovación, y de
promover el turismo a Polonia (Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, 2017).
Las líneas de la política hacia América Latina ocuparon una considerable parte de la información
del gobierno sobre el programa de política exterior polaca en 2019 presentada por el canciller Jacek
Czaputowicz. Con respecto a México el ministro subrayaba los empeños para fomentar relaciones
bilaterales conforme con las declaraciones y los compromisos de la visita del presidente Duda en México
en abril 2017. Acentuaba también la importancia del estatus de observador en la Alianza del Pacífico
concedido a Polonia en julio 2015. Denominó la Alianza como “el bloque con el desarrollo más
dinámico” de América Latina (Sejm RP, 2019b).
Cooperación política
El diálogo polaco-mexicano desde el 2004 se caracterizaba por una intensidad bastante baja de contactos
en el nivel más alto (situación semejante a las relaciones con otros mayores socios latinoamericanos de
Polonia, como Brasil). La oportunidad para reunirse entre líderes le daban cumbres de la UE con los
socios latinoamericanos o las reuniones en diversos foros internacionales, especialmente la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Desde la entrada de Polonia en la UE, hubo dos visitas oficiales de los representantes más altos.
En mayo de 2004, el presidente mexicano Vicente Fox Quesada viajó a Polonia, donde fue recibido por
el presidente Aleksander Kwaśniewski (Sejm RP, 2004a; Oficina de Presidente de Polonia, 2004). Fue
la primera visita del máximo representante de México en Polonia desde el 1963. Durante la visita las dos
partes firmaron un acuerdo de cooperación en el ámbito del turismo (un acuerdo bilateral sobre la
exención de visados estaba en vigor desde 1999). Además, se creó un grupo bilateral de expertos
denominado “think tank” y encargado de análisis y elaboración de recomendaciones sobre el desarrollo
de la cooperación en el ámbito económico (Sejm RP, 2008) Sin embargo, hubo solo dos reuniones en
este formato: en 2005 y 2010 (Brudzińska, 2013).
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En abril de 2017, tuvo lugar la primera visita del representante más alto de Polonia a México en
los casi 90 años de historia de relaciones diplomáticas bilaterales. El presidente Duda fue recibido por el
presidente Enrique Peña Nieto y tuvo oportunidad de pronunciar un discurso en el Senado (Senado de la
República, 2017; Oficina de Presidente de Polonia, 2017). Importantemente, los dos líderes firmaron la
Declaración hacia una asociación estratégica entre Polonia y México. Se aprobó también el plan de
cooperación en el campo de educación y cultura para el período 2017-2021 (“Acta final de la IV reunión
de la comisión mixta de cooperación educativa y cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Polonia”, 2017)
Durante la visita del presidente Duda representantes de varias instituciones de ambos países
firmaron memorandos y acuerdos de cooperación. Entre los documentos firmados se encontraban:
declaración sobre cooperación entre el Ministerio de Fomento de Polonia y la Secretaría de Economía de
México; memorando de cooperación entre la Agencia Polaca de Inversión y Comercio (PAIH) y
ProMéxico; memorando sobre cooperación en el ámbito de los créditos a la exportación entre el Banco
Nacional de Desarrollo polaco (BGK) y Bancomext; memorando de cooperación en el ámbito de los
créditos a la exportación entre la Corporación de Seguros de Crédito a la Exportación (KUKE) y la
Bancomext; acuerdo de cooperación técnica y científica en la exploración espacial y el uso del espacio
con fines pacíficos entre la Agencia Espacial Polaca (POLSA) y la Agencia Espacial Mexicana (AEM)
(Agencia Polaca de Inversiones y Comercio – PAIH, 2017).
Entre ejemplos de las reuniones de alto nivel en foros multilaterales merece la pena mencionar la
Cumbre UE-América Latina y el Caribe en Guadalajara en mayo de 2004 con la participación de la
delegación polaca encabezada por el presidente Kwaśniewski (Valdés-Ugalde &amp; Tigau, 2009). En mayo
de 2008 el primer ministro Donald Tusk se reunió con el presidente Felipe Calderón en Lima durante la
5ª Cumbre UE-América Latina y el Caribe. La conversación se centró en el uso del marco UE-México
para mejorar la cooperación económica bilateral y el apoyo de Polonia al establecimiento de una
asociación estratégica de la Unión con México (Sejm RP, 2013a).
Las visitas ministeriales incluían la llegada a Polonia del Ministro de Relaciones Exteriores de
México, José Antonio Meade Kuribreña en abril de 2015. Era ocasión para entregarle la solicitud oficial
de Polonia para ser concedida el estatus de observador en la Alianza del Pacífico. En 2016, representantes
del gobierno polaco remitieron una oferta de la cooperación con los Estados miembros del bloque a la

México en la política exterior de Polonia desde el 2004.

75

�Znojek., B.

presidencia chilena de la Alianza. La propuesta incluía el intercambio de experiencias en innovación, la
internacionalización de las pymes y la revitalización de áreas urbanos.
El principal mecanismo de diálogo bilateral regular con los países de América Latina son las
consultas entre las cancillerías a nivel de viceministros o directores departamentales. Son utilizadas para
supervisar y determinar los rumbos de cooperación. En caso de algunos socios latinoamericanos el
mecanismo funciona desde la década de 1990 (Wojna, 2006). En caso de México, el mecanismo se
formalizó en 1998 aunque no ha sido utilizado con regularidad (Secretaría de Relaciones Exteriores
México, 2016). En julio de 2018, la delegación mexicana con el vicecanciller Carlos A. de Icaza y el
director general para Europa Francisco del Río viajaron a Varsovia. Los representantes de México se
reunieron con el canciller Czaputowicz y se celebraron consultas intergubernamentales. Las partes
emitieron un comunicado conjunto sobre el 90º aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas polaco-mexicanas celebrado aquel año (Embajada de México en Polonia, 2018).
En diciembre de 2019, tuvo lugar la 12ª edición de las consultas. Las delegaciones fueron
encabezadas por los vicecancilleres: el polaco – Maciej Lang y el mexicano – Julián Ventura. Los
principales temas tocados incluyeron el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación económica
en el contexto de las relaciones de la UE con México y en los ámbitos de educación, cultura y ciencia
(“México y Polonia estrechan asociación estratégica tras 91 años de relación,” 2019; Ministerio de
Asuntos Exteriores de Polonia, 2019).
Entre otras reuniones intergubernamentales, cabe mencionar la visita a México entre septiembre
y octubre de 2012 de una delegación polaca encabezada por la vicecanciller Beata Stelmach y con
representantes de empresas polacas. El pretexto para la visita fueron actividades dentro de las “Jornadas
de Polonia en México” (Sejm RP, 2013b). El evento consistió en la conferencia sobre el desarrollo del
sector del petróleo y el gas de esquisto, el seminario económico bilateral "Polonia. Puerta a Europa" y la
participación de Polonia como invitado honorario del Festival Cultural Internacional Cervantino en
Guanajuato (Ministerio de Fomento de Polonia, 2017). En octubre de 2016, el secretario de estado en la
Oficina de Presidente de Polonia Krzysztof Szczerski viajó a México para preparar la visita del presidente
Duda al país (Cámara de Diputados, 2016)
Hablando de los importantes mecanismos del diálogo político cabe señalar la dimensión
parlamentaria. Se trata principalmente de las actividades de los grupos bilaterales de amistad, que tienen
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un papel particular en fomentar interés político en los contactos y las visitas mutuas. Por ejemplo, en
abril de 2004, México acogió a una delegación del Senado polaco que estaba de visita para participar en
la reunión de la Unión Interparlamentaria (Sejm RP, 2004a) En julio de 2016, una delegación de
senadores mexicanos estuvo en Polonia como parte de un viaje a varios países de la región. Durante la
visita, representantes de las comisiones de asuntos exteriores y de la UE firmaron un memorando sobre
cooperación y diálogo (Senado de la República, 2016).
Entre otras actividades parlamentarias merece mención también una iniciativa especial del Sejm
– la cámara baja del Parlamento de Polonia – de las conferencias llamadas “Día de América Latina”
organizadas en cooperación con la cancillería polaca y el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales
(PISM). Es actualmente el mayor evento oficial recurrente de este tipo que tiene como objetivo promover
temas latinoamericanos en Polonia, incluso entre los miembros del parlamento. Hasta ahora se han
celebrado dos ediciones (Sejm RP, 2017a, 2019a).
Separadamente es importante incluir reuniones con representantes de los estados mexicanos – por
ejemplo, en 2005 una misión comercial de los gobernadores de estado de Jalisco y del estado de México
(Sejm RP, 2013a). En el sistema unitario polaco, las regiones no tienen una posición tan fuerte y
autonomía en la acción exterior, pero los gobiernos locales utilizan sus competencias para fomentar
contactos internacionales. Sin embargo, el ejemplo principal han sido asociaciones entre ciudades con
tales ejemplos como: Częstochowa – Zapopan, Jelenia Góra – Tequila, Łódź – Puebla y Wrocław –
Guadalajara. Éstas no necesariamente se tradujeron en unas relaciones activas y de contactos regulares.
La dimensión del gobierno local sigue siendo un área prospectiva en las relaciones con socios
latinoamericanos, especialmente los países federales como México (Skorupska &amp; Znojek, 2017).
Por último, hubo intentos de dialogar con México desde el Grupo de Visegrado – formado por
Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría. Hasta ahora tuvo lugar una reunión en este formato en
2014.
Cooperación Económica
Entre 2004 y 2019, la proporción de comercio con países latinoamericanos en el intercambio total de
Polonia oscilaba entre el 1 y 1,24%. Durante este período, la participación de México aumentó de 0.13%
a 0.25% (0.3% siendo el número más alto registrado) lo que se tradujo en un salto de este país de 53º a
42º lugar entre los socios comerciales de Polonia – véase el Gráfico 1. Considerando sólo América Latina,
México en la política exterior de Polonia desde el 2004.

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en 2004 México fue el cuarto socio comercial de Polonia en la región, después de Brasil, Argentina y
Panamá. En 2019, lo superaba solo Brasil, pero desde 2011 y con la excepción de años 2013-2014,
México fue el principal mercado de exportación para Polonia en América Latina (Oficina Central de
Estadística de Polonia – GUS, 2020). Ver gráfico 1.
Gráfico 1.
Comercio de bienes de Polonia con México en millones de dólares (2004-2019)

Fuente: Elaboración del autor a base de datos de la Oficina Central de Estadística de Polonia (GUS),
swaid.stat.gov.pl (2020)
En 2004 casi la mitad de las mercancías importadas de México a Polonia eran teléfonos,
maquinillas de afeitar, componentes electrónicos y dispositivos informáticos. En las exportaciones
polacas, la mayoría eran piezas de automóviles (los motores solos constituían un tercio), leche en polvo,
productos de papelería y vehículos. En 2019, la posición principal en las importaciones polacas desde
México la tenían: maquinaria y equipos eléctricos, productos químicos (plásticos) y metalúrgicos. La
estructura de las exportaciones polacas era similar con las máquinas y equipos eléctricos, vehículos y sus
partes y los productos químicos. Según los datos de la Comisión Europea 1160 compañías polacas
exportaban a México – dos tercios de ellas las pymes (Comisión Europea, 2020).
En el ámbito de la inversión, la presencia mutua sigue siendo pequeña, pero se puede notar un
aumento gradual en la actividad de las empresas de ambos países en esta área. En 2019, había más de 50
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entidades con capital polaco en México, principalmente en la industria automotriz. Bury invirtió en el
estado de Tlaxcala y Sanok Rubber Company en San Luis Potosí. Entre otros inversores cabe mencionar
Inglot – una marca polaca de cosméticos – Tequila Águila en el estado de Jalisco y varias agencias
polaco-mexicanas de viajes (Embajada de Polonia en México, 2020). En 2019, por ejemplo, Flyargo se
interesó en entrar en el mercado mexicano con la intención de construir una fábrica de vehículos aéreos
especiales.
Entre las empresas mexicanas presentes en Polonia cabe destacar CEMEX que entró en el
mercado al adquirir el grupo británico RMC en 2004. Tiene dos plantas de cemento e invirtió en sectores
vinculados. En 2006, el fabricante mexicano de autopartes Nemak compró las instalaciones
manufactureras de TK Aluminium. En 2009, el holding automotriz Bienes Turgon se hizo dueño de la
planta de combustión de la empresa Delphi en Błonie cerca de Varsovia – a través de su filial Katcon
(Embajada de Polonia en México, 2020).
Las condiciones favorables para el fomento de las inversiones polaco-mexicanas se crearon con
la entrada en vigor en 2003 del acuerdo bilateral sobre la evasión de la doble imposición y la prevención
de la evasión fiscal firmado en 1998. El aumento del comercio tiene que ver con el acuerdo de la UE con
México. Sin embargo, a pesar de las preferencias comerciales existentes, los obstáculos no arancelarios
siguen siendo un problema por ejemplo para la venta de tales productos polacos como carne de cerdo y
caucho sintético a México (Sejm RP, 2018).
Las dificultades mencionadas tienen que ver – entre otras causas – con las diferencias en el campo
de las normas sanitarias y la clasificación de los productos, lo que afecta no solo Polonia sino también
otros miembros de la UE. Por ejemplo, en diciembre de 2004 México suprimió el control fronterizo del
nivel de radiación de los bienes polacos, lo que anteriormente obstaculizaba la exportación de productos
lácteos de Polonia (Embajada de la República de Polonia en México, 2020). Las condiciones para el
desarrollo de la cooperación comercial y la inversión deberán mejorarse substancialmente con la
ratificación y entrada en vigor del acuerdo modernizado de la UE con México.
A parte del contexto legal, la crisis financiera global de 2008 fue un verdadero impulso para
autoridades polacas que se hicieran más empeñadas en promover negocio polaco en los mercados menos
conocidos, pero prometedores, como el de México. En consecuencia, se nota durante la próxima década
un énfasis en la combinación de las delegaciones gubernamentales con las misiones de compañías
polacas y en la creación de instrumentos de apoyo y promoción. En 2012 el Ministerio de Economía
México en la política exterior de Polonia desde el 2004.

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polaco puso en marcha un programa de apoyo para la entrada en unos mercados definidos como
prometedores. Inicialmente solo Brasil fue seleccionado desde los países latinoamericanos. En 2013 se
incluyó a México (más tarde se dejó a Brasil fuera debido a experiencias negativas de las empresas
polacas que intentaban ingresar a su mercado). Otro programa llamado “Go to Brand” sirvió para apoyar
empresas polacas en sectores específicos. México fue incluido en los programas destinados a las
empresas de los sectores de nuevas tecnologías y el agroalimentario (Ministerio de Fomento, 2017).
En 2017, la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH) inicio el programa llamado
Puentes Tecnológicos Polacos (PMT) que incluía México y los demás países del TLCAN: Canadá y
Estados Unidos. El programa consistía en financiar proyectos de pymes interesadas en entrar en aquellos
mercados (Sejm RP, 2018). En 2018, la Agencia Polaca de Desarrollo Industrial (PARP) puso en marcha
un programa de apoyo a las actividades de promoción de las pymes en el marco del “Programa General
de Promoción para los Emprendedores – MEXICO” con la duración planeada del 1 de marzo de 2018 al
31 de diciembre de 2019 (Agencia Polaca de Desarrollo Industrial – PARP, 2019).
Cabe destacar que en la segunda mitad de la década anterior las autoridades polacas iniciaron una
substancial reforma del sistema oficial de promoción económica de Polonia. Hasta entonces, estas tareas
estaban operadas por los departamentos económicos en embajadas o departamentos de promoción del
comercio y la inversión (WPHI) con estatus diplomático y subordinados al ministerio responsable de la
economía. En 2017, se comenzó el proceso de desmantelamiento de los WPHI y la creación de las
Oficinas Exteriores de Comercio (ZBH) – entidades sin estatus diplomático y subordinadas a PAIH. La
primera entidad de este nuevo tipo en América Latina fue inaugurada en México durante la visita del
presidente Duda. Entre las recientes iniciativas para el desarrollo de la cooperación económica, cabe
mencionar la conferencia PAIH en junio de 2020 “México como una oportunidad de inversión para las
empresas polacas – Panorama pospandemia COVID-19” organizado en cooperación con las cancillerías
de Polonia y México.
Finalmente, vale la pena mencionar la actividad de las asociaciones de empresas. La Cámara
Nacional de Comercio (KIG) en Polonia se distingue aquí. En 2004, KIG firmó un acuerdo de
cooperación con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). COMCE estableció un comité
de empresarios polaco-mexicano para apoyar los contactos de compañías de ambos países. KIG también
organizó seminarios en cooperación con la cancillería polaca por ejemplo sobre las oportunidades de

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negocio con la Alianza del Pacífico y países de América Central (Cámara Nacional de Comercio – KIG,
2017).
Relaciones Socioculturales
La cooperación en el ámbito de cultura y educación está regulada por el acuerdo bilateral de 1997 (en
vigor desde 1998). Cuenta con una comisión mixta polaco-mexicana, que se reúne al menos cada cuatro
años para aprobar programas bilaterales para períodos de unos años. Dado que no existe una institución
oficial dedicada a la promoción cultural polaca en América Latina, la embajada de Polonia en México
tiene papel destacado en este campo. Entre las actividades que emprende hay exposiciones, conciertos
de música clásica y retrospectivas del cine polaco.
Entre las iniciativas importantes cabe destacar la participación de Polonia como invitado especial en el
7º Festival Cultural de Mayo en Guadalajara en mayo de 2004 (Sejm RP, 2004a). En 2006, se presentó
en la sede de los Archivos Nacionales de México una exhibición histórica "México y Polonia 1921-1945"
basada en los archivos de la legación polaca en México.
Uno de los mayores eventos en el campo de la promoción cultural de Polonia en México fue
“Jornadas de Polonia” en octubre de 2012. Polonia fue invitado honorario de la 40ª edición del Festival
Cultural Internacional Cervantino. El evento dio oportunidad a una de las mayores presentaciones de
obras de artistas polacos en América Latina.
El festival fue inaugurado con el espectáculo musical Rock Jazz Chopin con la participación de
la cantante de jazz Anna Serafińska, los pianistas Leszek Możdżer y Karol Radziwonowicz, y
coreografías interpretadas por el grupo de danza Folies Dance Company. El programa de participación
polaca en el evento también incluyó: la interpretación de Macbeth presentada por Teatr Pieśni Kozła,
una exposición de carteles de ópera de Rafał Olbiński y una presentación de películas polacas de tales
directores destacados como Jerzy Kawalerowicz, Jan Jakub Kolski e Juliusz Machulski. Además, hubo
una presentación de una antología de cuentos de escritores polacos (de Bolesław Prus a Andrzej Stasiuk)
titulada Elogio del cuento polaco y preparada por el escritor mexicano Sergio Pitol (Ministerio de
Asuntos Exteriores de Polonia, 2012). Otros ejemplos de actividades culturales incluyen una
retrospectiva de las películas de Andrzej Wajda y eventos relacionados con la celebración del 150
aniversario del nacimiento de la científica polaca Maria Skłodowska-Curie en 2018.

México en la política exterior de Polonia desde el 2004.

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En la promoción de Polonia en México merecen atención vínculos históricos comunes como la
acogida de refugiados polacos por México en la colonia de Santa Rosa en la década de 1940. En 2013,
se celebró el 70º aniversario de la llegada de los refugiados polacos que abandonaron la Unión Soviética
con el ejército del general polaco Władysław Anders. La diáspora polaca en México no es grande – según
estimaciones es alrededor de 3 mil personas de la primera generación, con algunos siendo miembros de
la élite cultural e intelectual mexicana (artistas, músicos, académicos) – y unos 15 mil descendientes de
polacos principalmente judíos (Łepkowski, 1970; Sejm RP, 2013c, 2018; Smolana, 2018).
En el marco de los contactos entre personas, un área importante es el turismo. Según los datos de
la Secretaría del Turismo de México, entre 2007 y 2018, el número de ciudadanos polacos que llegaban
a México anualmente aumentó de más de 20 mil a más de 49 mil. (Secretaría del Turismo, 2018). En
2004, la Oficina Central de Estadística de Polonia (GUS) registró 11.4 mil llegadas de ciudadanos
mexicanos a Polonia. En 2016, el número fue de 3.6 mil. En los años posteriores, los datos no están
disponibles, pero se puede asumir que seguían siendo unos pocos miles (Oficina Central de Estadística
– GUS, varios años).
En el campo de los contactos académicos, la cooperación polaco-mexicana tiene una historia bien
desarrollada (Smolana, 2018). Durante mucho tiempo en la oferta oficial de becas, el único socio
latinoamericano de Polonia fue México – ambos países ofrecían mutuamente siete becas al año. Sin
embargo, en 2004, según GUS, 71 personas de países latinoamericanos estudiaron en las universidades
polacas, la mayoría de Brasil (23), Ecuador (13) y Colombia (ocho). Según los últimos datos publicados,
en 2018 los estudiantes latinoamericanos ya eran cerca de 400 personas – los mayores grupos nacionales
siendo brasileños (106) y mexicanos (75) (Oficina Central de Estadística – GUS, 2019).
Desde 2004, han surgido numerosos acuerdos universitarios de Polonia y México. El creciente
interés por la cooperación académica con la región se puso de evidencia en el nombramiento en 2015 de
una plenipotenciaria para los contactos con América Latina bajo la presidencia de la Conferencia de
Rectores de Universidades Polacas (KRASP). Ese hecho ha creado oportunidades para buscar una
cooperación incluso más intensiva con las escuelas superiores mexicanas (Conferencia de Rectores de
Universidades Polacas – KRASP, 2017).
En enero de 2018, KRASP y la Asociación Nacional Mexicana de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES) firmaron un memorando de cooperación destinado a fomentar el
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intercambio de experiencias y de participación universitaria en iniciativas mutuas. Según los datos de
una encuesta de ANUIES sobre la movilidad estudiantil en el año académico 2015/2016, había 50
estudiantes polacos en México y más o menos 200 estudiantes mexicanos en Polonia. En 2017, había
más de 40 acuerdos de cooperación entre universidades de ambos países, de los cuales 17 con la
Universidad de Varsovia (ANUIES, 2018).
La institución polaca que gestiona programas de becas e intercambios es la Agencia Nacional de
Intercambio Académico (NAWA). La oferta incluye programas destinados a estudiantes de los países en
desarrollo – en el caso de América Latina cuatro miembros de la Alianza del Pacífico pueden participar.
Hay también un programa destinado a la diáspora polaca en el exterior lo que califica a los descendientes
de polacos en los países latinoamericanos (Agencia Nacional de Intercambio Académico – NAWA,
2020). Polonia y México también están negociando acuerdos de cooperación en el campo de la cultura
física y el deporte. Un acuerdo similar funciona, por ejemplo, con Colombia, permitiendo el intercambio
de alumnos.
En caso de la cooperación científica y técnica, la base es el Acuerdo de 1998 (en vigor desde
2000). La implementación del acuerdo se lleva a cabo por iniciativas individuales de ambos países, ya
que las partes no han establecido un órgano que defina los programas de cooperación como es el caso de
compromisos en el campo cultura y educación. En el ámbito de la ciencia, los mecanismos de la UE son
una plataforma importante de cooperación entre Polonia y México. Por ejemplo, en la 2ª Cumbre UEMéxico de Ministros de Educación y Ciencia en 2005, Polonia se unió al grupo responsable de la
realización y configuración de estos contactos (Sejm RP, 2008). La visita del presidente Duda a México
en 2017 fue oportunidad de incentivar la cooperación en temas espaciales.
3.- MÉTODO
Diseño
El presente estudio está dedicado a la evolución de la política exterior polaca hacia México desde la
entrada de Polonia en la Unión Europea en mayo 2004. La selección del tema surge de la constatación
sobre un interés analítico muy limitado en las relaciones políticas contemporáneas de Polonia con México
(y América Latina en sentido más amplio). Lo confirma la escasez de publicaciones. La estructura del
análisis usa modelo empleado en los Anuarios de Política Exterior Polaca [polaco: Rocznik Polskiej

México en la política exterior de Polonia desde el 2004.

83

�Znojek., B.

Polityki Zagranicznej] – una publicación periódica del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales
(PISM).
Siguiendo el formato del Anuario la estructura de este texto consiste en presentar las condiciones
más importantes, fundamentos y objetivos de la política del gobierno y finalmente de la presentación
como fue la realización de esa política en el período investigado. Siguiendo ese modelo, el concepto de
la política polaca hacia México se reconstruyó en la base de documentos oficiales y declaraciones de los
representantes más altos del gobierno nacional, sobre todo los cancilleres polacos. Fue entonces un
análisis del discurso público que consistió principalmente en buscar ocurrencias de las palabras claves
como México, y más amplias como Alianza de Pacífico o América Latina. En cuanto a la realización de
ese concepto se emplearon varias fuentes de instituciones estatales, medios de comunicación o centros
de investigación. Ese conjunto de informaciones sirvió para recopilar y analizar los hechos y datos sobre
las relaciones con México.
Instrumentos
En primer lugar, se revisaron extensamente las fuentes oficiales públicas – documentos del gobierno y
declaraciones de los cancilleres durante las presentaciones anuales de los objetivos de la política exterior
de Polonia en el parlamento polaco. También se revisó las audiciones en el parlamento de los candidatos
para la posición de embajador de Polonia en México. En segundo lugar, se realizó una revisión de varias
fuentes públicas para reconstruir el proceso de desarrollo de las relaciones polaco-mexicanas –
instituciones estatales, bases estadísticas, instituciones culturales y medios de comunicación.
Procedimientos
El primer paso consistió en recopilar fuentes relacionadas a las relaciones polaco-mexicanas desde el
2004. A base de todas las fuentes revisadas se formuló las condiciones más importantes que influían el
proceso de la formulación de la política exterior polaca hacia México en el período investigado. El
concepto de esa política se presentó con base de las declaraciones y documentos gubernamentales.
Después se describió el proceso de la realización de esta política y del desarrollo de las relaciones polacomexicanas usando como referencia varias fuentes relacionadas a tres áreas: diálogo político, relaciones
económicas y relaciones socioculturales. Finalmente se consideró hasta qué punto el concepto (objetivos
principalmente) en la política hacia México fue cumplido.

84 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Znojek., B.

4.- CONCLUSIONES
Dada la prioridad que Polonia concede a las relaciones con sus socios en la UE, el vecindario y – fuera
de Europa – con los Estados Unidos, es difícil esperar que los países de América Latina se vuelvan
igualmente importantes. Sin embargo, evidentemente se nota un proceso gradual de fortalecimiento de
la cooperación con los socios más grandes de la región – México en particular. La esfera económica no
sólo es la de mayor importancia aquí, sino sirve como un catalizador para fomentar el interés en el diálogo
político y otros ámbitos (cultura, educación, ciencia). El avance en las relaciones UE-México, incluida
la firma de un nuevo acuerdo negociado en 2018, hace de México uno de los socios latinoamericanos
más atractivos económica y políticamente para Polonia (Znojek, 2020).
La presencia de cuestiones mundiales en el diálogo con México es importante de punto de vista
de las ambiciones de autoridades polacas de esforzar la imagen internacional de Polonia y conseguir tales
objetivos como fue la membresía no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, hay
limitaciones aquí. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico es un rumbo prometedor, pero Polonia tiene que
competir con las ofertas de casi 60 otros países observadores en la organización. El bajo número de
reuniones de representantes más altos refleja baja prioridad mutua de Polonia y México. La visita del
Presidente Duda a México fue una excepción, pero sigue siendo un desafío para las autoridades de ambos
países implementar los compromisos y declaraciones mutuas, en particular sobre el esfuerzo para
construir una relación estratégica bilateral.
El principal factor impulsor para las relaciones bilaterales será la creciente presencia de las
empresas polacas en México. Por lo tanto, el desarrollo del diálogo político polaco-mexicano debe servir
principalmente para crear condiciones favorables para las actividades en las esferas de comercio e
inversión mutuas. Sin embargo, existe un gran potencial para el desarrollo de contactos socioculturales,
especialmente gracias a una base sólida de alto reconocimiento de México en Polonia y el interés mutuo
en los campos de la cultura, la educación y la ciencia. Una de las maneras de fortalecer de la dimensión
bilateral puede ser obtenida por el restablecimiento de las reuniones de expertos económicos en la
fórmula del llamado “think tank”. Además, se puede considerar un mecanismo de diálogo similar entre
instituciones expertas de Polonia y México.

México en la política exterior de Polonia desde el 2004.

85

�Znojek., B.

REFERENCIAS
Acta final de la IV reunión de la comisión mixta de cooperación educativa y cultural entre los Estados
Unidos

Mexicanos

y

la

República

de

Polonia.

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El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en
México y su enseñanza1
The Czech-Slovak engraver Koloman Sokol (1902–2003) in Mexico and his teaching
Pavel, Štěpánek 2
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo es describir y recordar la importancia de un artista
europeo activo en la ciudad de México entre los años 1937 y 1941. El presente artículo es
una investigación de carácter cualitativo y el enfoque es documental, donde se aplicó el
método de búsqueda de obras originales en colecciones mexicanas, sus exposiciones en
México, son producto de una revisión documental de la vida y la obra del grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003), con la técnica de investigación de la revisión
documental completa de los ecos aparecidos en la prensa diaria, revistas especializadas o
monografías existentes sobre el artista para valorar el impacto de su obra en el ambiente
mexicano. Se encontró que el artista, a pesar de su larga vida, no ha sido todavía tan
estudiado precisamente en su etapa mexicana. Se concluye que su obra deberá estudiarse
aún no solo desde el punto de vista de los datos históricos, sino también la temática
mexicana que se prolonga hasta el final de su vida, medio siglo después de abandonar
México, testimonio del impacto de las realidades del país donde enseñó las técnicas del
grabado a invitación del gobierno mexicano.
Palabras claves: Arte, enseñanza, grabador checo-eslovaco, Koloman Sokol, México.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 24-03-2021
Fecha de aceptado: 30-05-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This work aims to describe and remember the importance of a European artist active in
Mexico City between 1937 and 1941.This article is a qualitative research and the focus is
documentary, where the method of searching for works was applied originals in Mexican
collections, his exhibitions in Mexico are the product of a documentary review of the life
and work of the Czech-Slovak engraver Koloman Sokol (1902–2003), with the research
technique of a complete documentary review of the echoes that appeared in the daily press,
specialized magazines or existing monographs on the artist to assess the impact of his
work on the Mexican environment. It was found that the artist, despite his long life, has
not yet been so studied precisely in his Mexican stage. It is concluded that his work should
still be studied not only from the point of view of historical data, but also the Mexican
theme that lasts until the end of his life, half a century after leaving Mexico, testimony to
the impact of the country's realities. Where he taught engraving techniques at the
invitation of the Mexican government.

Keywords: Art, czecho-Slovak graphic artist, Koloman Sokol, Mexico,
teaching.

Cómo referenciar este artículo:
Štěpánek., P. (2022). El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza. Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, 8(15), 92-113. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-5

Este artículo es producto del proyecto “El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza” iniciado en 2020.
Universidad Palacký, República Checa. Doctor por Universidad Carolina. Profesor investigador en el Departamento de Arte e Historia de la Universidad
Palacký, Email: estepanek@tiscali.cz y https://orcid.org/0000-0001-9505-9547.
1
2

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1. - INTRODUCCIÓN
Resulta sorprendente que el grabado mexicano moderno tuvo mucho que ver, en sus momentos de
formación moderna, con el checoslovaco. Es que el artista Koloman Sokol, eslovaco de nacimiento, pero
formado con definitiva en el ambiente checo, en Praga, interviene en el momento importantísimo del
surgimiento de la famosa escuela mexicana del grabado, al margen del Taller de Gráfica Popular y cuya
base ha sido la conferencia pronunciada por el autor (Pavel Štělpánek) en la cátedra José Clemente
Orozco del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que le fue ofrecida en 1982 (Obra que aún
no ha sido publicada en México en versión breve, sí ha aparecido en Praga, en castellano) (Štěpánek,
2002).
Poco después de regresar de mi estancia en México, publiqué un brevísimo artículo en 1985
“Koloman Sokol a mexická grafika / K. Sokol y el grabado mexicano” y el artículo que ahora presento,
está totalmente reelaborado y puesto al día, finalmente trato el tema en un capítulo de mi libro
“Relaciones artísticas entre la República Checa y México”. En Checoslovaquia, la obra de Koloman
Sokol despierta interés constante, y es apreciada ya a principios de los años treinta, apenas terminados
sus estudios, es en el segundo lustro de este decenio que Sokol aparece y permanece en México.
Luego, después de la segunda guerra mundial, cuando el artista regresa a Checoslovaquia desde
su exilio en Estados Unidos, donde se refugió en plena guerra desde México, en su Eslovaquia natal es
nombrado Académico Ordinario de la Academia Eslovaca. Sin embargo, pronto, al reconocer la amenaza
que se desprendía de la toma del poder por los comunistas en 1948, vuelve a Estados Unidos desde París.
Fue un momento en el que se imponen, en suma, criterios del “realismo socialista” dogmático al estilo
soviético, pregonizado oficialmente por el sistema comunista en la época estalinista. Para sorpresa,
Sokol, como artista comprometido con los criterios de lo social en las artes plásticas, estrictamente
figurativo, además, aunque con carga expresionista, es tenido por el nuevo sistema comunista como un
“vulgar formalista burgués”.
A la medida en que el sistema, tras la muerte de Stalin en la misma época, en México se publica
un libro que describe los criminales métodos de Stalin (Orlov, 1956), en el que suaviza los criterios,
cuando se rompe la gran hostilidad del régimen para con los artistas checos residentes en el extranjero,
por lo menos en cuanto a la emigración anterior al régimen comunista, Sokol goza de gran atención en
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los años sesenta, y finalmente, en los años setenta, cuando se le organizó una magna exposición en la
Galería Nacional de Praga (Koloman, 1978). En este momento culminó su rehabilitación a nivel
checoslovaco. Más tarde, al separarse Eslovaquia, continúa su integración en la cultura nacional eslovaca.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Breve Biografía
Mediante el trazo brevemente a modo de introducción, los datos básicos del artista de quién vamos a
hablar hoy: Koloman Sokol (1978) Nació el 12 de diciembre de 1902 en la ciudad eslovaca de Liptovský
sv. Mikuláš y murió en Tucson (Arizona, Estados Unidos), el día 13 de enero de 2003, al quedar huérfano
su tío le enseña oficio de carnicero en la ciudad de Košice. Hacia 1921 sin embargo, aprende por las
noches grabado en cursos impartidos por Eugen Krón, emigrante húngaro que vivía en la misma ciudad,
dos años más tarde en 1923, tras una exposición de alumnos del taller de Krón, es recomendado para
estudiar en la Academia de Artes Plásticas de Praga, donde le aceptan en el segundo intento de ingreso
en 1925, en la escuela del profesor Jakub Obrovský. Durante el segundo y tercer año (1926–1928) estudia
en el taller de grabado del profesor Max Švabinský.
En 1927 fue su maestro Jan Rambousek, asistente del profesor Max Švabinský, y máximo
exponente del grabado social de los años veinte en Checoslovaquia, posteriormente Koloman Sokol
encontró su mejor intérprete en la historiadora Eva Šefčáková (1964), Koloman Sokol, Bratislava. La
bibliografía sobre Sokol es muy larga, me he limitado a los trabajos más logrados, renovando la
bibliografía surgida últimamente. Sokol termina sus estudios en 1931 y el mismo año, el público conoce
por primera vez sus obras en Praga cuando expone con el grupo Hollar, luego en la exposición anual de
la Academia y en octubre del mismo año en las salas de del grupo Mánes donde en la exposición del arte
eslovaco se presenta como único expositor de grabados, confirmando así que fue el primer artista de
Eslovaquia que dedicó su talento por completo al grabado.
Por iniciativa del profesor Tavík F. Šimon, Sokol pide el 16 de junio de 1932 una beca para
estudiar en el extranjero: la recibió para una estancia de tres meses en París y gracias al mismo profesor
se quedó en París hasta el final del año 1933, recibe esta beca apenas habiendo terminado la Academia y
significó para él un periodo de plena satisfacción interior.

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El año 1936, es para él un año de numerosas exposiciones: decisiva es su participación en la
exposición del Grabado checoslovaco en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, que luego
continúa en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, finalmente participa en la Exposición del
grabado internacional en Los Ángeles y otras.
La exposición en México fue organizada por la Sociedad de la Amistad Mexicano-Checoslovaca,
un miembro de la misma Francisco Díaz de León (Blaisten, 2011), director de la Escuela del Arte del
Libro, pidió mediante la embajada checoslovaca en México ayuda para el intercambio de artistas entre
los dos Estados, se requería un grabador de orientación moderna que pudiera ir a México durante un año
con fines pedagógicos.
Sokol aceptó la invitación para México, el 25 de mayo de 1937 salió de Praga, a través de
Hamburgo y Veracruz rumbo a México, donde llegó el 20 de junio de 1937, aquí se desarrolló
inmediatamente su actividad de profesor en la Escuela de las Artes del Libro, en la Ciudad de México.
La escuela estaba dirigida por Francisco Díaz de León y se enseñaba allí la tipografía, la encuadernación,
la ilustración de libros, la técnica del grabado, etc., Sokol fue encargado de la dirección de la cátedra del
grabado.
Su Obra Anterior al Viaje a México
Como la primera etapa, la de la formación del artista aparentemente no tiene nada que ver con México,
le prestaremos por lo menos un poco de atención. Situemos a nuestro artista primero en el panorama
checoslovaco: Perteneció a la generación que siguió a los fundadores del arte moderno eslovaco; salió a
la escena cultural a fines de los años veinte, cuando en Checoslovaquia culmina la corriente del arte
social. Este periodo estaba todavía lleno de entusiasmo romántico para con los motivos nacionales que
han sido revividos y han servido como estímulo a los artistas. Sin embargo, desde sus días estudiantiles
Sokol perteneció a los más escépticos intelectuales jóvenes en este sentido. El folklore no es para él una
visión idealizada o falsa del pueblo, sino que le sirve para abrir los ojos y abrírselos a otros para ver con
toda claridad la realidad social.
A Sokol se le señalaba erróneamente como el primero –y hasta los años treinta como el único–
autor que en Eslovaquia se dedicaba a temas sociales, pero el elemento de la crítica social se puede
observar prácticamente en todos los grandes exponentes del arte eslovaco. Ningún artista sensible y
responsable pudo pasar por alto la injusticia sin enfrentarla dándole forma de género popular, pero sí
El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

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puede afirmarse que antes de Sokol nadie estuvo tan dispuesto a luchar contra la injusticia, luchar tan sin
reservas y con toda su obra (como este grabador) interesado por la ciudad y su vida social ya desde el
mismo inicio de sus primeros intentos artísticos serios (Šefčáková, 1964, p. 13).
No poco, aunque indirecto, mérito en la cristalización de la actitud artística y cívica de Sokol
tienen los dos maestros suyos en la Academia de Bellas Artes de Praga – Max Švabinský y T. F. Šimon,
que ayudaban a su desarrollo independiente. Además, Sokol se encuentra directamente ligado con Jan
Rambousek, el principal artista de la escuela social, entonces asistente de Šimon, quien representó para
Sokol el vivo contacto con el grabado social checo de esta tendencia creativa tan atrayente.
Sokol se muestra interesado por los destinos difíciles y los conflictos psíquicos, que culminan en
una catarsis revolucionaria, como lo vemos en Familia y una de las primeras versiones de Revolución
(ambas realizadas en 1928), a pesar de una composición estática.
En la xilografía Rebeldes (1929) aumenta la dinámica de movimientos psicológicos que llena las
figuras nudosas de energía e ira (Šefčáková, 1964 p.17). La senda de la actividad gráfica de Sokol después
de terminar los estudios en la Academia de Praga, la definen las xilografías El Pescador y la
profundamente humana Tres reyes magos (ambas de 1933). A los trabajos más estremecedores de esa
época pertenecen xilografías para la novela de la escritora eslovaca Margita Figuli Hatillo de calor
(“Uzlík tepla”) que aparecieron en 1936; Sokol interpreta el modelo literario drástico, que es una
acusación de la época, llena de odio y desesperación, con el mismo espíritu y rudeza. Hay que aclarar
que Eslovaquia fue la parte más pobre de Checoslovaquia, prácticamente tierra de campos y montañas,
sin industria, cuando se unió al nuevo estado – Checoslovaquia – en 1918, dentro del cuál subió su nivel
intelectual y material vertiginosamente y es muy difícil traducir el título de la obra, que sugiere ternura
del hogar materno donde no hay nada más que el calor, y encubre así la significación drástica que tiene:
la de denunciar la terrible pobreza (Šefčáková, 1964 p. 20).
Sokol en México
El éxito del joven grabador (de 34 años) en la exposición del grupo Hollar en México en 1936, donde
aparece con sus arriba citados maestros, decide su futura suerte en el citado catálogo del Grupo Hollar
de 1936, cuando el gobierno mexicano invita al país a Koloman Sokol como profesor de artes gráficas,
lo formula con las siguientes palabras: “Queremos a un artista que sea de los más modernos, como Sokol,

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representado por sus obras en la exposición del grupo Hollar en México (ĽM, 1962). Lo explica a
posteriori el propio Díaz de León, de manera breve y convincente, así que vamos a transcribir sus
palabras:
“Visitando la exposición del grabado checoeslovaco que tuvimos la oportunidad de ver en 1936,
como muchos de nuestros artistas, asistí en la quietud de una tarde tarde de invierno a la
valorización técnica de las obras expuestas. Naturalmente, el valor de ellas incitaba a sorprender
“el secreto” de su realización, y una por una, fue analizada: Cyril Bouda, xilografo, acuafortista,
o burilista a voluntad; Kobliha, romántico a la manera grandiosa de Gustavo Doré, con un
dominio precioso del oficio. Carlos Vick (en realidad, Karel Vik, nota PŠ), dominando el
procedimiento del color con gran maestría; Fiala, con grave acento... pero la obra más humana,
más dolorosa, más conmovedora y al mismo tiempo, más pura, solamente la sorprendí en
Koloman Sokol. Allá, en la penumbra del salón, admiraba yo la disciplina de este grabador, que,
a fuerza de tallas ordenadas, ha sabido expresar la rebeldía y el dolor del pueblo. El grabado de
Sokol es, por su tema, universal. Por esto mismo encuentro en las mismas multitudes hambrientas,
en los rostros transfigurados por la pasión, por el odio o por el horror, al artista checoslovaco más
proximo a nuestro arte mexicano. Sus maderas – más que aguafuerte o litografía – me parecen el
mejor lenguaje del artista, y él sabe arrancar con el burril, escudriñando, hiriendo o recortando,
la entraña de la madera. Como la mayoría de los artistas de su país, Sokol domina las téncicas
gráficas y ha sabido servirse de ellas noblemente, para la estampa y la ilustración. El libro de
edición limitada de las sociedades de los bibliófilos, y también el libro proletario, han conocido
el trabajo de Sokol, y en ambos ha impreso su huella dolorosa. En México donde apreciamos el
grabado, porque estamos familiarzados con él, estimaremos calurosamente la obra de Sokol, la
de este camarada en lucha que nos trae su mensaje de rebeldía (Blaisten, 2011).
A la Escuela de las Artes del Libro acudieron numerosos alumnos de otras escuelas, incluso
artistas profesionales del país y del extranjero para perfeccionarse en las técnicas del grabado, Sokol les
enseñaba a dominar teórica y prácticamente todas las técnicas del grabado.
Por su actitud humanista y excelentes facultades pedagógicas era muy estimado en México, no
solamente por sus alumnos, a los cuales muchas veces ayudaba incluso económicamente, sino también
por los máximos exponentes de la cultura. Dejemos la palabra al profesor Francisco Díaz de León,
director de la Escuela de las Artes del Libro: “A sus conferencias acudían muchos alumnos y artistas

El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

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profesionales mexicanos y extranjeros, que querían perfeccionarse en las tecnologías de grabado, el
maestro Sokol fue ejemplar por su honradez y solidez en el trabajo pedagógico...” El propio Sokol
declara: “El secreto de mis éxitos pedagógicos en México consistió en el hecho de que yo no tenía ningún
secreto delante de mis alumnos” (Šefčáková, 1963). Según Sokol, esos cinco años pasados en México
fueron los más hermosos de su vida, en los cuales adquirió un respeto hacia sí mismo y hacia otros, y
trabó las amistades más profundas con gente cordial, apasionadamente buenas. El periodista Ruppeldt
también dice que a Sokol “le halaga el reconocimiento de México y la carta del presidente mexicano
(Šefčáková, 1963). (En realidad, se trataba de una carta – nombramiento de profesor de categoría “A”,
del día 9 de octubre de 1941 que en nombre del presidente fue firmada por el prof. Ismael Cabrera
Martínez), palabras de admiración que aparecen en este o aquel periódico después de presentarse en
alguna que otra exposición... Koloman habla con entusiasmo sobre México, platica cordialmente sobre
decenas de acontecimientos dramáticos y humanos del país que le dio conciencia de sí mismo, donde le
apreciaron y quisieron, y al cual él dio muchísimo”.
Lo confirman otros testimonios mexicanos, veamos todavía uno difundido en Checoslovaquia,
tanto más interesante cuanto que su autor Gillermo Rivas, compara a Sokol con Orozco, aunque dice que
es una “coincidencia espiritual casual de dos artistas contemporáneos, que miran la realidad desde un
punto de vista próximo y entienden su misión de manera similar...”
“Sokol vino a México como una personalidad cristalizada – continúa Rivas – tan cristalizada que
estaba al límite de un intenso individualismo. Y es interesante apuntar que antes de venir a México, ni
siquiera conocía la obra de Orozco” (Ruppeldt citado en Beňovský, 2009).”
“Desde el renacer del arte mexicano vinieron a nuestro país muchos artistas extranjeros, para
beber en nuevas fuentes y buscar (encontrar) nuevas ideas y orientaciones, pero la presencia de
Koloman Sokol se mostrará con un efecto probablemente contrario. La fuerza y el peso de su
técnica, la verdad de sus temas simplemente expresada, la verdad –que en estos días de traición
y de pompa fugaz es realmente una vuelta a la fidelidad– es casi por cierto un aporte de nueva
vitalidad, de un estímulo nuevo y fuerte para el arte mexicano contemporáneo.” (Rivas,1940).
Limitar la salida de Sokol para México meramente a su posición material, como intentaba
explicarlo la prensa checa de entonces, era por lo menos malicioso –y el propio Sokol refutó esta
interpretación en la revista Elán (Šefčáková,1963). Aunque las perspectivas de una posible creación
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artística libre, asegurada materialmente, no dejan de tener importancia, a Sokol le impulsa a México el
afán eternamente joven de conocer, documentado y no pocas veces subrayado en su correspondencia con
la familia.
Y luego, en su decisión influyen, sin duda fuertemente, relaciones familiares surgidas de la boda
con la checo-americana Lydia Kratinová. Por esta razón Sokol acoge la posibilidad de un intercambio de
trabajo por un año con alguno de los artistas mexicanos, después de esmerados preparativos para la nueva
actuación pedagógica, incluyendo el estudio del español.
Todos quienes analizan la obra de Sokol, coinciden en que Sokol no ha cambiado mucho su
actitud y que “los temas que escogió del ambiente mexicano no difieren sustancialmente de aquellos de
los que se ocupaba en su natal Checoslovaquia” (Rivas, 1940). La verdad es qué, al llegar a México,
termina en su obra el periodo de la cristalización primitiva que comienza en 1930.
Su alumno eslovaco más importante, Vincent Hložník, que también visitó México (aunque mucho
más tarde), dice: “Koloman Sokol fue la consciencia. Fue un hombre que miraba fija y
concentradamente; un hombre que se paró al final de una calle para echar una ojeada, y vio. Y lo que
vio, nos lo mostró, incluso nos lo echó ante los ojos: he aquí el Hombre. El hombre matado, destruido
por sus prójimos. (Hložník, s.f.).”
“...Incluso en México, adonde se fue, Sokol quedó tal como era. Dado su carácter, pudo haber
ocurrido de otra manera. El corazón, los ojos y la mano no cambian. (Esta frase sirve como título al
artículo de Malecová, J. (1973), “Srdce, oči a ruka sa nemenia”, Život, 12, XXIII, no. 2, 10.1 “También
en México, adonde se fue desde nuestro país, permaneció fiel a sí mismo. Aquellos que le admiraban,
decían de él: “El corazón, los ojos y la mano no cambian.” El hecho de que es justamente un grabador
eslovaco quien le muestra al mundo al indio oprimido durante siglos, en su plena desnudez, nos llena de
orgullo. El arte de Sokol desenmascara asimismo las causas de tanta miseria y pobreza del hombre. La
fuerza de la obra de Sokol abrió los ojos también a sus alumnos mexicanos.”). El ojo de Sokol vio
también en el paisaje mexicano la oscuridad de la vida. El peso y la oscuridad que pesaron sobre el pueblo
indio. También aquí camina y peregrina en busca del Hombre matado. Este se convierte para él en un
tema fatal. A mí me llena de orgullo – dice en adelante Hložník (s.f.).– que un grabador eslovaco muestra
al mundo la vida del indio en su desnudez, descubierto hasta las capas inferiores... No las nubes altas
de la planicie mexicana, sino el peso matador, la tristeza infinita y la lágrima pesada. Todo esto lo ve el
corazón comprensivo de Sokol. Otra vez es aquel Koloman Sokol que se paró al final de la calle; para
El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

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ver. De esta oscura calle de la vida trajo a la luz algo terrible: la verdad sobre el indio, matado durante
siglos. No hay alegría, solo oscuridad, la nada, y luego momentos de loca borrachera. En las hojas de
Sokol vemos piezas de ese tremendo México.”
Koloman Sokol enseñaba a ver la vida también a sus alumnos mexicanos. De este modo
terminaron por ver a sus pobres hermanos que perecen en dolencias, sufren en chabolas y peregrinan
eternamente en filas, en busca de algo más claro que lo que hay allá de donde salieron. Esta realidad,
implacable y tremenda, se converte en el único interés de Sokol... Para él fue el más precioso el
sentimiento de que había abierto los ojos a sus alumnos y les había obligado a observar lo que él mismo
tuvo que ver fatalmente.
Me convence de ello –dice Hložník– el grabado mexicano contemporáneo, el sentido de su
derrotero. En el nuevo ambiente, Sokol se encuentra impactado por el pintoresco paisaje
mexicano, enredado por leyenda y prejuicios, y por la deconfianza hacia los europeos. En tanto
que hombre sensible, recibe desde el principio una cantidad de impresiones nuevas. Influye
fuertemente sobre él la cordial acogida. Está entusiasmado por el nuevo conocimiento. Un
testimonio directo del tiempo de las primeras impresiones de Sokol son varios dibujos al
carboncillo con goma laca del año 1939. Se trata de estudios de figuras, apuntes de desnudos
femeninos o de su sensible sobrevaloración estética. La exclusividad de estos trabajos en la obra
del grabado radica en la ingenuidad despreocupada que hasta aquel momento no conocíamos
en Sokol (Hložník, s.f.).
Desde el aspecto plástico se eslabonan con los trabajos más sonrientes, próximos al dibujo
infantil, en su mayoría ilustraciones del bienio 1934–1936. Como ejemplo sirve el redondeado desnudo
dignamente gracioso titulado La Mulata, de 1938. La línea de contorno, raramente tranquila, cerrada,
determinada, en la obra de Sokol, va completada aquí con una modelación blanda, no descriptiva,
modelación tendiente a acentuar la atmósfera. En esto, la creación de Sokol registra uno de sus puntos
culminantes.
El día laboral de Sokol en la Escuela del Arte del Libro no tenía prácticamente comienzo ni fin.
El grabador se identifica tanto con el grupo de sus alumnos –muy diverso, en principio solo de siete
personas, pero que luego aumentó fuertemente–, que pasaba con ellos todo rato libre. Su jefe, colega y
colaborador Francisco Díaz de León dice: “Cómo sería posible no recordar al maestro Sokol, si éste nos
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enseñó tan abnegada y abiertamente y supo ser un sincero amigo. Se puede señalar sin exageración, que
el maestro Sokol influyó sobre toda la enseñanza del grabado en nuestro país, sobre todo en las técnicas
como son todos los tipos de aguafuerte.” (Šefčáková, 1963) Por otra parte, en todos los materiales que
ha mandado a Bratislava, Koloman Sokol se queja constantemente de Díaz de León, así que debió haber
surgido alguna desavenencia entre los dos. En breve, Sokol dice que Díaz de León querría que Sokol y
su mujer vivieran en su casa, en Coyoacán, pero Sokol prefirió la calle Rhin, pues estaba a diez minutos
de la escuela (en la esquina Colima e Insurgentes, hoy desaparecida). Y también, que querría
aprovecharse de los conocimientos de Sokol como suyos, pero Díaz se expresa siempre, en sus textos,
de manera positiva de Sokol y su obra.
Con el conocimiento más profundo del país que llega a ser su segunda patria, desaparece de la
obra de Sokol toda la despreocupación, típica en los dibujos del autor del año 1938. De la numerosa serie
de nuevos aguafuertes asoma ante nosotros un México ya por fin no romántico, el México de una
asombrosa pobreza, contrastes y analfabetismo. Este país de fantásticos contrastes llegó a ser el fondo
para describir la deseperación humana, la lucha y la muerte.
Sokol fue cautivado por la vitalidad, así como por el fatalismo y la resignación de los mexicanos
(Šefčáková, 1963). Ahora toma la palabra la compasión del autor para con los abandonados y los que
viven en condiciones de injusticia, tanto más fuerte cuanto más profundamente aprende Sokol a entender
las peculiaridades geográficas, económicas y, sobre todo, culturales de un ambiente en un comienzo tan
idílicamente visto, y de las tradiciones vitales. De acuerdo con su actuación en la escuela Sokol se
concentra en 1939 para aprovechar plenamente y dominar las técnicas de aguafuerte, y halla el eco en la
admiración y atención de los artistas mexicanos, a quienes muchas de sus experiencias técnicas
resultaban hasta entonces desconocidas e inaccesibles.
La aflicción nostálgica sobre la decadencia humana de las comunidades indias, sobre el hecho de
que la civilización de entonces murió en la pobreza, supersticiones y violencias, se hace eco en las hojas
de Sokol, como La Vuelta, El Rapto, La Marcha, El Paralítico, La única delicia (todas del año 1939).
Su efecto plástico está fundado en el aprovechamiento de la trama de dibujo, en lo compacto de los
volúmenes y en la blanda, ricamente matizada modelación de esta construcción la cual puede compararse
–a diferencia de una organización interna geométrica– con la arquitectura de piedras duras, pulimentadas
por el agua.

El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

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En varias de estas hojas gráficas suenan reminiscencias del trabajo del maestro de Sokol en Košice
–Eugen Krón– y de la construcción rigurosa interna del dibujo del círculo húngaro de esa ciudad
eslovaca, al cual Krón pertenecía (Šefčáková, 1964, p.63). El medio ambiente que ya le atraía en su país
y para el cual se preparaba con esmero, significó para Sokol una nueva fuente de temas y motivos. Se
convirtió en parte suya y casi dejó de sentirse como un extranjero que busca lo exótico. En vez de ello
percibía –guiado por su extraordinaria sensibilidad y sentido de la justicia, principalmente social–,
incluso las discrepancias naturales del ambiente, la difícil situación de los más pobres y una especial
ideología que surge de ella: una incomprensible combinación de lo trágico, la indiferencia y la sumisión
mística al destino (Šefčáková, 1964, p. 25).
La inesperada salida de Sokol de la Escuela de Artes del Libro, posiblemente en abril de 1941
sería por unos meses, pues el nombramiento presidencial está fechado el día 9 de octubre de 1941. Por
otra parte, en su ausencia le suplían tres alumnos, Vázquez, Savín y Castelar, puede ser que este recuerdo
se refiere a la etapa final de su actividad en México. El documento presidencial tenía validez por cinco
años, quizás se deba su despedida de la escuela a sus relaciones poco amicales con Díaz de León y está
relacionada sin duda alguna con el ambiente general, cuando decae la ola de actividades progresistas y
el esfuerzo por hacer accesibles generalmente los valores culturales. La pérdida del puesto (voluntaria,
pues la escuela prolongaba el acuerdo siempre con sumo gusto por un año) no significa nada para un
grabador de sus calidades y no es un problema de subsistencia, sin embargo, su actividad pedagógica la
continuó durante cinco años, como él mismo recuerda.
Pero la pérdida del contacto con la gente joven, a la que introducía con tanta pasión en todos sus
secretos, la desaparición paulatina del entorno amistoso no poco influyó en los nuevos sentimientos
vitales de Sokol, así que desde los comienzos de los años cuarenta predomina en él el aislamiento
acusador, a lo cual contribuyó también la guerra en Europa.
El año cuarenta cierra el conocimiento intenso de México por parte de Sokol, aunque la vida de
este país no deja de ser atrayente para él, surge ante él una nueva realidad, el mundo amenazador de la
guerra. A partir de este año, los motivos mexicanos disminuyen, pero de tiempo en tiempo vuelven a
aparecer y significan para él una vuelta a los destinos humanos (a las hieles de la vida) en el tiempo de
inhumanas catástofes militares.

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Su Obra Mexicana
La mayor parte de la obra conocida de Sokol de los años 1940–1941, la forman imágenes de multitudes
silenciosas o de marchas fúnebres trágicas como son Monumento (Sobre el compañero muerto, 1940) o
el Entierro (1940, título original en español). En ambos casos se trata de dibujos combinados de
carboncillo y tizas de color, realizados sobre un fondo de acuarela cubiertos por una capa de goma-laca
amarillenta, que da impresión de veladura. Este método de trabajo, que casi no se utilizaba en
Checoslovaquia, facilitaba al autor reaccionar rápidamente y sin grandes preparativos a los estímulos de
la realidad, y eso con obras acabadas, artísticamente cerradas, es decir no sólo bocetos, le facilitaba
también el máximo de posibilidades expresivas, desde un estudio más frágil lírico, hasta la expresión
violenta, tormentosa, de una acusación social y personal.
A Sokol le horroriza la sombra de la muerte, o mejor dicho, su culto siempre vivo, una de las
características etnográficas mexicanas, no sólo el europeísmo real inaccesible a la fe en el bien y en la
salvación que trae la muerte, sino también su propia vida y ligazón con la vida en Eslovaquia, marcan la
Cabeza de un desconocido (barniz de goma laca, 1940), el Indio muerto (barniz de goma laca, 1940), y
sobre todo –a diferencia de los trabajos anteriores– la viva cara de la india vieja en goma-laca titulada
Llanto, con una tristeza sin resignación y sumisión.
Aún porque en cada una de estas obras queda una huella del escepticismo poco advertido del
autor, de dudas sobre todo y burlas de sí mismo, la muerte es, en la imaginación de Sokol, un violador,
la amistad llena de confianza, con la cual la ven los mexicanos corrientes, le sigue siendo ajena. The
golden Lady (La señora de oro, barniz de goma laca, 1940) o Mujer sentada (barniz de goma laca, 1940),
–desnudos femeninos modelados con pasta dorada, que salen de un fondo de color verde oliva marrón
con un misterio y al mismo tiempo una materialidad terrestre excitante, tal como la sabían hechizar los
maestros del barroco–, son un irónico consentimiento de Sokol con la vida. Es interesante comparar este
análisis con otro, Radoslav Matušík advierte que “la propia creación gráfica está acompañada, en los
años de su estancia en México, y más tarde en los Estados Unidos, de la intensa actividad de dibujante.
Sokol trabajaba con carboncillo y con gredas de colores, combina las técnicas. Y así surge The golden
Lady (carboncillo, 1940), Un indio muerto (carboncillo, 1940). La concepción de estas obras está
relacionada con la opinión gráfica del periodo, pero es más espontánea, más temperamental y expresiva.
Principalmente después del estallido de la guerra, a los horrores de la cual Sokol, pese a la distancia de

El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

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su patria, reacciona inmediatamente con mucha sensibilidad (Una escena del campo de concentración,
1940, etc.)” (Matušík, 1963).
Lo es asimismo el tierno y melancólico dibujo La madre con el niño (1940), cuya línea es dibujada
de nuevo con vibraciones y complementada tan sólo con una modelación sobria hecha con la sanguina
marrón, la nueva ola de liberación que suena en este dibujo –que se suma a las mejores obras de Sokol –
es sintomática para el segundo periodo de su estancia mexicana, que se distingue principalmente por su
naturaleza psíquica.
En este breve periodo de dos años (desde los finales de 1940 hasta 1942), en la creación de Sokol
predomina el dibujo de gran tamaño al carbón libremente trazado, pocas veces terminado con goma laca,
y que casi no tiene colorido ablandador. El artista regresa entonces al máximo contraste del negro y
blanco para volver a demostrar que el aprovechamiento y el dominio de esta clásica premisa del grabado
es una probidad de su creación. En los dibujos de Sokol en este periodo de fuerte expresión, encontramos
la capacidad de expresar sentimientos humanos (por ejemplo, Una mujer sentada llorando, 1940, o En
el país debe reinar calma y orden, 1941), para lo drástico de estos trabajos no es casual que junto a ellos
surja una serie de grabados en linóleo que compensan el drama humano en los dibujos con la vuelta hacia
el exotismo del campo mexicano.
La mayor parte de estas hojas de Sokol sigue la suerte de la familia mexicana, y ello más bien
con una intención más etnográfica que psicológica, es excepcional la hoja de tres figuras, afinada como
una balada titulada Los indios sentados (1940). Estilísticamente diferente y probablemente el primero,
es el grabado en linóleo Revolucionarios (1940) que ofrece la posibilidad de hallar no pocos puntos de
contacto con la creación gráfica mexicana del Taller de Gráfica Popular, principalmente con la opinión
ideológica y plástica de Leopoldo Méndez, Sokol no afinó por casualidad su creación al tono común con
Méndez y algunos otros miembros del Taller de Gráfica Popular. Después de su salida de la Escuela de
las Artes del Libro y durante todo el tiempo restante de su estadía mexicana, actuaba en el Taller como
colaborador activo. Los grabados en linóleo Familia india (1941), indio sentado (1941) y, más que todos,
Rancheros (1941) vuelven a recordar los trabajos de los primeros meses de estadía del artista en México.
El linóleo utilizado en México corrientemente para fines creadores, era para Sokol un material
gráfico blando que convenía excelentemente al aprovechamiento decorativo, Sokol jamás dejó de ser
hechizado por el arte popular mexicano, con su variedad que se desprendía de la unión admirable de la
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vieja cultura india con la tradición artística agresiva y temperamental traída a México por los
colonizadores españoles. Vuelve a esforzarse por abarcar plásticamente toda la riqueza de colores y la
contradictoriedad interna de la vida en este país lleno de contrastes. El ornamento geométrico, a simple
vista sencillo y sin pretensiones, pero infinitamente rico en variantes, utilizado en la fabricación de telas,
felpudos, sombreros y objetos de cuero, es para Sokol uno de los estímulos para una visión decorativoexpresiva de los motivos mexicanos. También por primera vez utiliza el elemento geométrico ornamental
al tratar el trasfondo neutro en la hoja Rancheros (1941), pero la principal valoración plástica de estos
conocimientos la hallamos también más adelante (Šefčáková, 1964).
Sus Exposiciones Mexicanas
Se recuerda todavía sus éxitos públicos: en 1938 tuvo una exposición de grabado en el Palacio de Bellas
Artes, de México. Y naturalmente, la reproducción de la portada contenía un tema social. Tres años
después de su primera exposición en México, Borja (1941) logra exponer en otro sitio, en la Galería de
Arte Decoración, que mereció una reseña que vale la pena recordar entera (en el suplemento a este
artículo) (Borja, 2019). La exposición fue incluida entre las más importantes del año, aunque las
exposiciones con obras de un solo artista fueron numerosas. Según Fernández (2012), se destacaron “las
de Juan Soriano, joven pintor que mostró adelanto; la de Raúl Anguiano, otro joven pintor de mérito;
la del conocido pintor Carlos Orozco Romero, que presentó una serie de cuadros llenos de encanto y
elegancia y la del expresivo artista Koloman Sokol que con sus litografías, aguafuertes y grabados
expresa su dramático temperamento” (p.67). Según Benito Rivas, la exposición tuvo un amplio eco en
la crítica y en un artículo suyo surgido más tarde (Rivas , 1940), da la palabra al crítico de la revista
Romance, posiblemente el pintor y crítico español Ramón Gaya, exiliado en México, en un texto más
largo que el suyo propio. Según él:
... “Sokol pertenece a la zona artística contemporánea centroeuropea. El carácter artístico de esta
zona está mejor definido por la fuerza que por la gracia. Inquiriendo duramente el carácter de las
formas y manifestándolo con vigor seco y preciso, y con entonaciones fuertemente contrastadas.
Koloman Sokol es excelente grabador, y o sólo por su visión artística. Busca con frecuencia la
expresiónde lo patético; el drama de las formas, de las luces, y de los contrastes de claroscuro, y
el drama de la expresión, suelen ser lo que principalmente le atraen. Procedente de un lugar de
Europa, en el que la tragedia se abate desde hace un cuarto de siglo largo, su arte está penetrado

El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

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hasta la intimidad de su ser precisamente en este pathos, de ese drama político y racial y social
que agita sin descanso el centro y el oriente de Europa”.
Y continúa explicando que el vivir moderno de las grandes ciudades que según San Agustín son
Ciudades del Diablo, tiene para este artista no escaso encanto.
Las fermentaciones de la vida de las grandes ciudades, transpotadas a términos estéticos, se ven
en ocasiones en los grabados de K. Sokol”. Concluye: “El arte o manera de arte que trae Sokol,
no es tan distante del arte o manera de arte mexicano. También el arte mexicano pudiera
caracterizarse por su rudeza, por su energía, por el dramatismo y la supremacía de la fuerza sobre
la gracia. El arte mexicano hierve, como la ciudad de México, recogiendo en su seno elementos
múltiples y heterogéneos, y unificándolos a la postre en un molde complejo, que no pertenece a
ninguno de ellos. Así se explica, a nuestro entender, esa asimilación por parte de México de un
grabador como Koloman Sokol, y al mismo tiempo la impronta que México va poniendo en sus
obras”.
Pero con el tiempo Sokol iba cayendo en el olvido: el que mostró la importancia de Sokol para el
grabado mexicano del lado mexicano fue el incansable crítico Antonio Rodríguez. En una visión
retrospectiva, Barbosa (s.f.) dice sin vacilación que “el grabado mexicano está en deuda, desde hace
mucho tiempo, con el extraordinario grabador, Koloman Sokol” (p. 52). Y, da razones contundentes:
El museo de Arte Moderno, en la sala consagrada a la estampo, lo olvida, y en la exposición de
grabado que hace poco celebró la UNAM ni siquiera se menona su nombre. Se trata de una
injusticia e ingratitud ya que Sokol se integró en forma plena a nuestra vida artística hasta el punto
de realizar, entre nosotros, una obra de rasgos netamente mexicanos.
Sokol fuera de México, aún mexicano.
Sokol participó activamente en la vida artística de México y ocupó en ella una importante posición. Ya
en marzo de 1938 tuvo una exposición individual bajo los auspicios del gobierno mexicano en el Palacio
de Bellas Artes, en su mayoría de grabados traídos de Checoslovaquia. Todos los años enviaba sus obras
a las exposiciones que se celebraban en diferentes ciudades americanas y al Salón mexicano oficial y en
1941 envió, como ya se mencionó, una colección suya para una exposición independiente en Estados

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Unidos (San Francisco). En tanto que hombre y artista cobró afición sincera a México, y si no fuera por
los lazos familiares no lo hubiera abandonado en los años de guerra.
Con la salida de México, es como si todas las viviencias se reflejaran en la consciencia del
grabador, purificadas de detalles poco importantes y cristalizadas en una imagen plástica, condensada
como símbolo. Y ello porque le instruyó el simbolismo de las artes plásticas populares mexicanas. La
serie de los grabados en linóleo, relacionados entre sí, que surgieron en los Estados Unidos (1943–1945)
y luego también en Checoslovaquia en los años 1945–1946, representa el eterno regreso a los motivos
mexicanos (Šefčáková, 1964).
Temáticamente Sokol permanece fiel a las protestas contra el furor humano, contra la guerra.
Mientras que en sus cuadros y dibujos más viejos deja la fuente del mal y del peligro fuera de la masa
humana y muchas veces fuera del cuadro, después del año 1942 aparece en su obra el motivo de una
concreta batalla humana: de los desnudos furiosos, empobrecidos y huesudos que se agitan (La batalla
de las mujeres, 1946) o de los cuerpos humanos entremezclados que yacen muertos e inertes, símbolo
amenazador de la barbarie fascista (Una escena del campo de concentración, Víctimas, 1945). Tiene
como antecedentes el grabado Las mujeres, 1942.
El ciclo de grabados en linóleo que comienza con Picador y La melodía tropical (1943), continúa
en 1944 con hojas tituladas Las lavanderas, Baño, Vendedora del sarape y finaliza con Profeta (1946).
El autor evoca las escenas de género, así como el carácter del ambiente, uniendo decorativa y
simbólicamente detalles concretos y sencillos; su rica asociabilidad aprendió a utilizarla al estudiar el
arte indígena mexicano y los tesoros de la escultura negra en los museos. Para mantener en integridad la
línea narrativa que determinó con su grabado en linóleo, utiliza un sistema de composición próximo a la
perspectiva hierática de las iluminaciones medievales, colocando diferentes personas junto a los indicios
del ambiente en el cuadro, de tal manera que su grandeza está en relación directa con su importancia.
En lo que atañe a la técnica, las hojas surgidas en los Estados Unidos están menos relacionadas
con el acceso tradicional al material gráfico. El ejemplo de los grabadores mexicanos que trabajaban
muchas veces con el buril y combinaban diferentes maneras de procedimiento, incluyendo el
aprovechamiento de las estructuras decorativas, no quedó allí sin eco. Sokol, en cada una de sus hojas
señala poéticamente menudos episodios de la vida diaria de sus mexicanos, de los cuales no puede
olvidarse. En el cuadro Picador vemos una lidia con el toro; el movimiento de los combatientes y el grito
del público son, en este caso, problemas principales para el autor, aunque fuera de lo gráfico.
El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

107

�Štěpánek., P.

En la hoja Mercado o Vendedora del sarape, Sokol aprovecha la ocasión de valorar plásticamente
el detalle geométrico de las cobijas de lana de manera análoga en La melodía tropical. El sentido por la
curiosidad folklórica se une aquí con la fantasía del autor y surge una narración caleidoscópica,
dramática, decorativamente desarrollada.
Menos estilizadas son Las Lavanderas y la hoja final del ciclo Profeta que reflejan de manera
más evidente, principalmente en el último linóleo, la reminiscencia autobiográfica, concebida
baládicamente, de un país de muchas caras y la actuación de Sokol en él.
En 1945, surgen las dos variantes gráficas de la leyenda sobre el héroe nacional eslovaco Jánošík.
En los dos casos, Sokol observa concientemente el proyecto habitual en la composición de los temas de
Jánošík en la pintura popular eslovaca sobre vidrio. Las hojas siguen una continuidad de estilo con los
grabados en linóleo mexicanos. Est8a estrechamente ligadas con dibujos del mismo tema y con el ciclo
El Trópico (Šefčáková, 1964, p.26). Su próxima obra se desarrollará de manera diferente, según indica
La familia, del año 1945.
Sokol y TGP
Sokol llega a México en 1937, poco antes de que se estableciera el Taller de Gráfica Popular (1938)
bajo la dirección de Leopoldo Méndez, por eso no podemos pasar por alto, aunque fuera solo con una
mención, la relación de Sokol con este Taller, existen escasas informaciones acerca de su colaboración
en él.
Norbert Frýd se limita a señalar que “…de entre unos veinticinco huéspedes (incluyendo
mexicanos) es necesario mencionar al grabador eslovaco Koloman Sokol, quien durante la guerra
colaboraba estrechamente con el TGP” (Frýd, 1955). Esto se debe sin duda a que en los años cincuenta
se veía con mala cara a todo checoslovaco emigrado. Más tarde, Ladislav Saučin dirá:
“...A finales de su estancia mexicana trabajó asimismo en el mundialmente conocido Taller del
grabado popular, que hasta hoy es el semillero del grabado revolucionario mexicano.” (Saučin, 1962).
Es precisamente aquí donde hay lagunas para investigar: hasta qué punto se mostró la influencia
de Sokol y, al revés, como influyó la colaboración con el Taller en él, aunque la línea de su influjo está
dada sobre todo por los nombres de sus alumnos: Abelardo Ávila, Pedro Castelar, Mariano Paredes, José
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Julio Rodríguez y Francisco Vázquez, por orden alfabético, quienes asimilaron su eneseñaza. Antonio
Rodríguez lo explica de tal forma que Sokol “fusionó la técnica de la enseñanza... con la incitación al
conocimiento de la vida en México” ; da a continuación un ejemplo: Abelardo Ávila, según su opinión,
refleja “una influencia positiva, sanamente asimilada, del excelente grabador eslovaco” (Barbosa, s.f.).
Pero por suerte tenemos un testimonio claro de que hubo contacto directo de Sokol y sus alumnos
con el Taller de Gráfica Popular, el mismo año 1941 en que Sokol se presenta con su exposición
individual en la Galería de Arte Decoración, un poco más tarde, en junio del mismo año, participa en una
exposición colectiva junto con su esposa Lydia (de apellido Kratina) y de otro checoslovaco José Otáhal,
de quien sabemos poca cosa, en la misma galería. Aparte de sus alumnos y colaboradores, Abelardo
Ávila, Pedro Castelar, Francisco Díaz de León, Mariano Paredes y Francisco Vázquez, estuvieron los
siguientes miembros del TGP: Carlos Alvarado Lang, Raúl Anguiano, Angel Bracho, Leopoldo Méndez,
y Alfredo Zalce (Fernández, 2012).
Sokol en Eslovaquia
Como ya dijimos, el cambio de la situación política interna en México tuvo por consecuencia que el
matrimonio Sokol decidiese partir de México para los Estados Unidos, donde se queda hasta 1946. Es
que, en el I Congreso de intelectuales y científicos eslovacos celebrado en 1945, apenas terminada la II
Guerra Mundial, en la ciudad de Banská Bystrica, los presentes decidieron invitar a todos los intelectuales
activos que habían emigrado al extranjero para que pudiesen contribuir con su trabajo a la formación de
la cultura eslovaca después de la guerra. Entre los primeros estuvo Sokol, que retornó a Eslovaquia en
octubre de 1946. Sin embargo, los cambios ocurridos en su tierra natal durante su ausencia fueron tan
importantes que tuvo que conocerlos paso a paso. Los problemas de familia, las tareas organizativas y
pedagógicas, no le permitieron dedicarse ese año a la creación artística como en los años pasados.
En una entrevista publicada a su llegada a Eslovaquia, Smrek (1946) citando a Sokol quien dice:
“desde el comienzo he pensado en regresar, pero no era fácil pensar en la partida, ya que, en México,
como profesor de la Escuela Superior de las Artes Plásticas, encontré un vasto campo de actividad y
también preparé un considerable número de grabadores modernos –calculo el número de mis
estudiantes en más de 100 – fue toda una generación. A mí me consideraban como el renacimiento del
grabado mexicano o de América en general, tanto la del Norte como la del Sur, latina o anglosajona.
En México me esperan, por lo menos de visita, la que tuve que prometer... La verdad es que esta visita
a México no puede efectuarse tan pronto, la prometí para dentro de cinco años... Creo que desde mi
El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

109

�Štěpánek., P.

punto de vista – y no solamente desde el mío–, los países más interesantes del mundo son justamente
México y China, principalmente por su composición social: en uno los mestizos y los indios, en la otra
los “culi” chinos. Después por el rasgo especial de uno y otro país, y además la antigüedad de la cultura
o de varias culturas antiguas: en México las naciones de los Incas, los Mayas, los Aztecas, en China las
naciones antiguas desde los tiempos de Confucio...” Y Sokol agrega: “Me he traído asimismo unos 150
cuadros (subrayado de PŠ, en realidad grabados) procedentes de mis alumnos de México.”
En mi búsqueda de obras mexicanas no he encontrado ninguno; es probable que Sokol se llevase
esta colección de dibujos a Estados Unidos a su archivo (en Tucson). – A su vez, sus alumnos, cuando
se organizaron en la Sociedad de Grabadores de México, le nombraron a Sokol Socio Honorario en una
carta fechada el día 23 de febrero de 1948, es decir, dos días antes del golpe de estado comunista en
Checoslovaquia.
Ahora bien: antes de finalizar me permito no solamente sugerir sino concretamente proponer que
se estudie el papel de Koloman Sokol desde el punto de vista mexicano, a través de los testimonios
conservados que, supongo, no serán pocos. Quizás sea un poco exagerado afirmar que Sokol es “la
personalidad fundadora no solamente de las artes gráficas eslovacas modernas, sino también de las
mexicanas.” (Práce, 1978). Pero en algún aspecto esta afirmación no está muy lejos de la veradad. Que
se estudie, entonces, su influencia en los alumnos (que yo desconozco y que podrían apartar testimonios
directos) y por los reflejos de su obra. Esta será probablemente la mejor manera de contribuir a conocer
la verdadera dimensión de los destinos comunes del arte checoslovaco y mexicano.
No podemos pasar por alto lo que consideró Antonio Rodríguez como fundamental pero lo que
no se había llevado a cabo todavía: “(…) será, de justicia realizar en México una exposición homenaje
a su obra y a su labor pedagógica, a fin de situarlo entre los maestros provenientes de otros países –
Jean Charlot, Silvia Santa María, que han ejercido una influencia positiva en nuestro grabado”. En el
archivo Sokol se guarda una carta firmada el día 6 de diciembre de 1948 por Carlos Chávez,
recomendándole a Sokol que se comunique con Fernando Gamboa, a la sazón director del Museo de
Bellas Artes, “para ultimar los detalles”. El último libro eslovaco es de Jančár, I. 2007. (Barbosa, s.f.).
Suplemento Documental
Francisco Borja Bolado, “La exposición de Sokol”. Social, marzo 1941:

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En la Galería de arte Decoración que fundó y dirige con progresivo éxito Don Eduardo R.
Méndez, acaba de ser inaugurada la exposición de Koloman Sokol, destacadísmo artista checo (en
realidad debiera figurar checoslovaco, nota PŠ), cuyos trabajos al aguafuerte, grabado en madera,
acuatinta, etc., son mundialmente famosos.
Sokol ha expuesto ya en nuestro país, pero creemos que la obra que presenta en esta vez supera a
la exhibida en años pasados. No se trata, por supuesto, de nuevos rumbos, ni de otra técnica, ni del mejor
dibujo, el que ha dado ya categoría de primer plano a sus obras en las principales diudades de Europa y
Estados Unidos. Supera porque ha seleccionado ahora lo trascendental de su labor de los últimos tiempos
y ésto, se comprenda, hace que el conjunto tenga una calidad y unidad extraordinarias.
La obra de Sokol – “no apta para menores... de espíritu”, – es una de las realizaciones dramáticas
más impresionantes. Fuerte, honda, dolorosa, es interpretación y síntesis de todo lo amargo. En las
plumas y en los buriles de Sokol, andan las voces de Baudelaire y de Verlaine, y, a veces, al espíritu
atormentado de Goya. Estamos, pues, frente a obra de realidades angustiosas, que oprime y desanima,
pero que todos deben de ver, en espacial aquellos para quienes parece haberse hecho famosa la frase del
ministro de Luis XIV: “Sire, la miseria existe”.
En la exposición de Sokol que será clausurada el día 31, figuran, entre otras obras, las que aquí
reproducimos (nota de PŠ: ninguna reproducción ha sido adjunta), y que son, en su orden: “Sentados” –
tema de la dolorosa resignación; “Paralítico” – una aguatinata que tortura y enferma; “Campesinos” –
fraternidad sin tránsito de esperanza; “Moribunda” – casi una estampa bíblica, tema para la pesadilla de
los felices; y finalmente, El último goce – sueño, anticipio de muerte redentora, breve escapada de la
realidad, don que todavía no han podido quitar a los que sufren.
3.- MÉTODO
Con relación a la metodología utilizada, este trabajo tiene su origen en una investigación cualitativa con
análisis de documentación primaria. En una primera etapa el trabajo cualitativo desarrollo
exclusivamente la búsqueda documental de obras originales del grabador checoeslovaco Koloman Sokol,
basada en sus obras de colecciones mexicanas, exposiciones y su influencia en el grabado mexicano.
Posteriormente para el análisis de la información se utilizó la técnica de revisión documental mediante
el estudio de la prensa diaria, revistas especializada y monografías. Finalmente se describe de forma
detallada los elementos principales de la obra del autor y el impacto en legado mexicano.
El grabador checoeslovaco Koloman Sokol (1902–2003) en México y su enseñanza.

111

�Štěpánek., P.

4.- CONCLUSIONES
En 1931 terminó sus estudios en arte, exponiendo ese mismo año con el grupo Hollar, en Praga, donde
estudió con los mejores grabadores especilizados; estuvo ligado sobre todo con Jan Rambousek, el
principal artista de la escuela social checa de grabado. Sokol llegó a México el 20 de junio de 1937, en
virtud de un programa de intercambio cultural-pedagógico entre México y Checoslovaquia, como
resultado de una exposición en México del grupo de grabadores checos Hollar, de mucho éxito.
La petición había sido hecha por Francisco Díaz de León, director de la Escuela de Artes del
Libro en la Ciudad de México. Una vez instalado en la capital de México, Sokol fue encargado de la
dirección de la cátedra de grabado del libro. Su actividad pedagógica en México duró hasta 1941, tres
años más del compromiso inicial, puesto que la estancia era por un año. Sokol era uno de los pocos
artistas de Checoslovaquia que trataba en sus obras los temas sociales y mexicanos. Los tipos populares
fueron continua fuente de inspiración para Sokol.
Tras su salida de la Escuela del Libro y durante el tiempo restante de su estadía en el país, fue
colaborador del Taller de Gráfica Popular. Trabajó el linóleo y la madera en especial, materiales que
consideraba excelentes para el desarrollo de una obra inmediata. Los temas sociales le unieron a la
ideología de los artistas del TGP, con el cual colaboró en calidad de grabador huésped. Dado que expuso
en el Palacio de Bellas Artes, tuvo bastante aceptación en México, aunque con el estallido de la Segunda
Guerra mundial prefirió irse a los Estados Unidos, de donde era du mujer, Checa de nacimiento. Al
terminar, el matrimonio volvió a Checoslovaquia, pero como no ha sido nombrado profesor de la
Academia de Bratislava, emigró, esta vez noc con definitiva, a Estados Unidos. Pero toda la vida, Sokol
recuerda en su obra su estancia en México. Murió a sus 101 aňos en Tucson, Arizona, el día 12 de enero
de 2003. Este estudio aporta algunos datos nuevos sacados a la luz por el autor durante su estancia en
México, en 2015, invitado por la Universidad Iberoamericana de México.
En diciembre de 2002, la contribución de Sokol a las artes y la cultura fue honrada con la
designación de la Galería de la Cancillería en la Embajada de Eslovaquia en Washington, D.C. como la
Galería Koloman Sokol. En 2002, la televisión eslovaca produjo un documental titulado "Koloman
Sokol: Z labyrintu sveta do raja duse" (Del laberinto del mundo al paraíso del alma). El legado artístico
y humanístico de Sokol sigue influyendo profundamente en las generaciones venideras.

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El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un
desafío para México1
The "screening" mechanism in Central Europe. A challenge for Mexico
Lukasz, Czarnecki2
RESUMEN
El objetivo general del presente artículo es analizar las prácticas proteccionistas en lo
referente a la Inversión Extranjera Directa introducidas en los últimos años en Europa
Central, así como las implicaciones para México. Para proteger el mercado europeo de las
prácticas abusivas la Unión Europea creó el mecanismo de screening a partir del
Reglamento de la Unión Europea No. 2019/452 de 2019. Los países de la Europa Central
implementaron en sus marcos legales dichas provisiones. ¿Cuáles son las implicaciones
de esos marcos legales para la relación económica con México? Se aplicó el método
comparativo en lo referente a los marcos legales, así como el análisis de los datos
empíricos. Con la técnica de investigación de la revisión documental el tipo de
investigación es cualitativo. En la conclusión se observa que los países de la Europa
Central presentan una heterogeneidad en lo referente a la implementación de las medidas
proteccionistas de la UE. Además, se considera que la perspectiva post-pandemica de la
recuperación económica la cooperación será un desafío por las prácticas proteccionistas,
incluyendo un desafío para México para estrechar los lazos con Europa Central. Por ende,
se considera el desarrollo de campos estratégicos de mutuo beneficio en los temas de
energías renovables, transporte sustentable urbano, y proyectos conjuntos a nivel
municipal.
Palabras claves: Inversión extranjera, mecanismo screening, proteccionismo.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 29-03-2021
Fecha de aceptado: 04-06-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The general objective of this article is to analyze protectionist practices in relation to
Foreign Direct Investment introduced in recent years in Central Europe, as well as their
implications for Mexico. To protect the European market from abusive practices, the
European Union created the screening mechanism based on the European Union
Regulation No. 2019/452 of 2019. The Central European countries implemented these
provisions in their legal frameworks. What are the implications of these legal frameworks
for the economic relationship with Mexico? The comparative method was applied with
regard to legal frameworks, as well as the analysis of empirical data. With the research
technique of documentary review, the type of research is qualitative. Among the main
findings, it is considered that the post-pandemic perspective of economic recovery
cooperation will be a challenge due to protectionist practices, including a challenge for
Mexico to strengthen ties with Central Europe. Therefore, the development of strategic
fields of mutual benefit is considered in the areas of renewable energy, sustainable urban
transport, and joint projects at the municipal level.
Keywords: Foreign investment, protectionism, screening mechanis.

Cómo referenciar este artículo:
Czarnecki., L. (2022). El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un desafío para México. Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía, 8(15), 114-129. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-6
1

Este artículo se preparó en respuesta a la convocatoria anunciada por la Embajada de México en Polonia en cooperación con esa Revista. Iniciado en marzo
2021 y finalizado en octubre 2021.
2
Universidad Pedagógica de Cracovia, Polonia. Abogado por la Universidad Jagellona de Cracovia; colaborador con Centre for Antitrust and Regulatory
Studies (CARS) de la Universidad de Varsovia.Email: lukasz.czarnecki@up.krakow.pl ; Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0424-7188.

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1.- INTRODUCCIÓN
El problema central estriba en el análisis del proteccionismo europeo a partir de que la Unión Europea
adoptó en 2019 la Regulación sobre screening – Reglamento de control de Inversiones Extranjeras
Directas (IED) de la UE. La crisis del Covid-19 ha confirmado claramente que, para seguir siendo un
área abierta a la inversión, la UE debe poder controlar quién invierte en su territorio y con qué propósito,
y reaccionar cuando la inversión extranjera representa una amenaza para la seguridad y el orden público.
Eso se refiere básicamente al caso chino que reformó recientemente la ley IED (Czarnecki 2020;
Wenninges y Lohman, 2019). El Reglamento de control de IED de la UE, junto con mecanismos de
control eficientes en los Estados miembros, debería proteger a las empresas y ciudadanos de los riesgos
vinculados a la inversión extranjera, sobre todo si se trata del aumento de la inversión de China o India
(Comisión Europea, 2019; Dadush et al. 2019). Es de suma importancia subrayar que este mecanismo
aumentará en los próximos años, a medida que surjan nuevas amenazas y actores (Dorakh, 2020).
¿Cuáles son las implicaciones de los marcos legales para la relación económica con México?
Entender la dinámica de estas nuevas regulaciones proteccionistas en la Europa Central, incluyendo el
Grupo de Visegrado (Grupo de Visegrado incluye los cuatro países, a saber, Polonia, Hungría, República
Checa y Eslovaquia. Fue creado en 1991 y su principal objetivo es la coordinación y cooperación
internacional en temas económicos y culturales), Rumania y Bulgaria, es crucial para los inversionistas
mexicanos que quieren buscar la oportunidad en esta parte del mundo (Makhavikova, 2018). Una
propuesta de cambio incluye el desarrollo de los posibles mercados de inversiones. Éste sería el proyecto
de cooperación en el marco del desarrollo de energías renovables, llevando a cabo proyectos conjuntos
a nivel municipal en temas de Smart City y cambio climático.
El artículo se divide en tres partes, además de la introducción y conclusión, a saber: 1) IED de
México y Grupo de Visegrado, 2) Principios de screening, 3) La institución de screening en la Europa
Central, 4) Campos de cooperación: transporte sustentable, energías renovables y desarrollo de Smart
City.

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�Czarnecki., L.

2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
IED en México y Grupo de Visegrado
La participación del IED para la construcción del PIB nacional en México, Polonia, República Checa,
Hungría y Eslovaquia se presenta en Figura 1. México junto con el grupo países de la Europa Central
son más bien los destinos de las inversiones (Figura 1) que aquellos que invierten en el extranjero (Figura
2). Los países ataren el capital, pero el porcentaje de GDP no es significante; para el 2019 sólo 2,7% IED
inflows componen GDP en México, y 1,9% en Polonia, 3% en Republica Checa, 0,7% en Hungría y 2,3%
en Eslovaquia. En lo referente a outflows, 0,9 % para México y 0,2% para Polonia (OECD, 2020).
Figura 1.
PIB de IED inward, percentage, 2010-2019
15.0
11.4
3.0

10.0

2.7
5.0

2.6

3.9

1.0

2.0
1.8

3.0

2.2

4.6

2.5

2.2 1.8

2.6

1.7

3.0

0.7
3.8

- 0.6
3.2
2.6

2.3

5.7

4.4

5.0

0.2

3.5

2.7

- 0.5 3.0

2.9
0.1

4.4

3.0

2.8

1.9
5.3
1.8 4.2
3.0 2.5 2.8
2.7
2.3
1.6
0.9
0.7

0.0

- 5.0

- 4.3

- 10.0
- 11.7
- 15.0
2010

2011

2012

2013

2014

Mexico

Polonia

Rep. Checa

2015
Hungría

2016

2017

2018

2019

Slovakia

Fuente: OECD Investment statistics (2020).

116 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Czarnecki., L.

Figura 2.
PIB de IED outward, %, 2010-2019
15.0
- 0.1

10.0

Título del eje

5.0

1.3

1.0

1.4 0.9
0.6

9.2
- 0.1

0.2 3.4
1.1

0.6
1.2 1.9
1.9
1.4
0.9 - 0.1
0.5

0.4
3.5

0.2 3.3
3.5

0.9
2.6
0.7
2.7
1.4
1.3
1.1
0.9 0.7
0.6 0.8 0.0 0.9
0.3
0.1
0.0 0.0

0.2
2.0

0.1
0.3 0.9 0.8

0.0
- 0.3
- 5.0
- 6.5
- 10.0
- 12.9
- 15.0
2010

2011

2012
Mexico

2013
Polonia

2014
Rep. Checa

2015
Hungría

2016

2017

2018

2019

Slovakia

Fuente: OECD Investment statistics (2020).
En lo referente al caso de Polonia, según los datos del Banco Nacional de Polonia, IED de México
a Polonia (FDI inflows) presenta fluctuaciones diversas a lo largo de una década (Figura 3), pero en
términos globales, no son significantes. Además, como resultado de la crisis mundial 2008-2009 se
observó la disminución de los IED en 2010. Eran cuatro años a lo largo del periodo analizado de la
retirada del capital mexicano de Polonia, a saber 2010, 2013, 2016 y 2017. Sin embargo, lo que destaca
es el drástico y significante retirada del capital mexicano en 2016 que alcanzó 41,3 millones de dólares.
La crisis siguió en el año siguiente cuando salió la inversión por monto de 13,3 millones de dollares.

El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un desafío para México.

117

�Czarnecki., L.

Figura 3.
IED inflows de México a Polonia, millones de dólares (USD)

20
12.3
10

5.1

6
2.1

11.7
4.4

3.7

0.8

0
-4.6

-6

-10

-13.3

-20
-30
-40
-41.3
-50
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Banco Nacional de Polonia (2020). Nota: (+) significa entradas de capital a Polonia, (-) significa
la retirada de capital de Polonia, 2008-2019.
Figura 3 muestra un enorme desafío de renovar nuevos campos de cooperación entre México y
Polonia. Sin embargo, el marco institucional de la Unión Europea de screening podría tener impacto
negativo en los tiempos de post-pandemia. El 26 de junio de 2020 la Comisión Europea adoptó el White
Paper, el documento que prevé la creación de un nuevo sistema de gobernanza económica global para
desarrollar relaciones bilaterales de beneficio mutuo, protegiendo el mercado europeo de las “prácticas
abusivas” (European Commission, 2020).
Principios de screening
El mecanismo de screening se consolidó con el Reglamento de la Unión Europea No. 2019/452 de 19 de
marzo de 2019 que estableció el marco legal coherente para la adopción directa dentro de los marcos
legales nacionales. De acuerdo con la regulación de screening:

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�Czarnecki., L.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros toda
inversión extranjera directa en su territorio que esté siendo sometida a control.
Cuando la Comisión considere que una inversión extranjera directa objeto de control
puede afectar a la seguridad o al orden público en más de un Estado miembro, o tiene
información pertinente en relación con dicha inversión extranjera directa, podrá emitir un
dictamen a la atención del Estado miembro que esté efectuando el control,
Si un Estado miembro considera que una inversión extranjera directa objeto de control en
otro Estado miembro puede afectar a su seguridad u orden público, o tiene información
pertinente en relación con dicho control, podrá formular observaciones al Estado miembro
que esté efectuando el control,
Si un Estado miembro considera que una inversión extranjera directa prevista o realizada
en otro Estado miembro que no esté siendo sometida a control en dicho Estado miembro
puede afectar a su seguridad u orden público, o tiene información pertinente en relación
con dicha inversión extranjera directa, podrá formular observaciones a ese otro Estado
miembro,
Cuando la Comisión considere que una inversión extranjera directa puede afectar, por
motivos de seguridad u orden público, a proyectos o programas de interés para la Unión,
podrá emitir un dictamen a la atención del Estado miembro en que se haya previsto o
realizado dicha inversión extranjera directa
En los ámbito de: infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales, (incluidas las
infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de
comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral
o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean
claves para el uso de dichas infraestructuras; b) tecnologías críticas y productos de doble
uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) 428/2009 del
Consejo (15), incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la
ciberseguridad, las tecnologías aeroespacial, de defensa, de almacenamiento de energía,
cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías; c) el suministro de
insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como la seguridad
El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un desafío para México.

119

�Czarnecki., L.

alimentaria; d) el acceso a información sensible, en particular datos personales, o la
capacidad de control de dicha información, o e) la libertad y el pluralismo de los medios
de comunicación (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2019).
En conclusión, se observa, el establecimiento de las medidas proteccionistas que el tiempo posterior de
la pandemia serán implementadas en la Unión Europea.
La institucionalización de screening en la Europa Central
En esta parte se analiza la legislación nacional en lo referente al establecimiento del mecanismo de
screening en los piases de Grupo de Visegrado, además de Rumania y Bulgaria. Las leyes se basan en el
Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea Unión de 19 de
marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de la inversión extranjera directa en la
Unión Europea. El 25 de marzo de 2020, la Comisión Europea emitió una guía para los Estados miembros
sobre la inversión extranjera directa y la libre circulación de capitales de terceros países y la protección
de los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento. La declaración clave es que,
en este momento, se requiere vigilancia, especialmente en los sectores de la salud y las industrias
relacionadas, para garantizar que cualquier IED no tenga un impacto perjudicial sobre los activos de la
UE. Los Estados miembros deben utilizar todas las herramientas disponibles, tanto a nivel de la UE como
a nivel nacional, para evitar la pérdida de activos y tecnología cruciales, para proteger la seguridad, el
orden y la salud públicos.
La comparación muestra una diferencia sustantiva en la implementación del Reglamento
2019/452 en la región; los países del Grupo de Visegrado son más avanzados en implementación las
leyes proteccionistas, mientras Rumania y Bulgaria siguen con el marco menos proteccionista.
República Checa
La República Checa no cuenta con un mecanismo de screening de IED. En abril de 2020, el gobierno
checo aprobó un proyecto de ley sobre la selección de inversiones extranjeras.
La versión final de la Ley de IED se adoptó el 19 de enero de 2021 y entrará en vigor el 1 de
mayo de 2021 (Czech Ministry of the Interior, 2021). La autoridad competente para examinar tales
inversiones sería el Ministerio de Industria y Comercio checo.
120 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Czarnecki., L.

La propuesta checa contiene un mecanismo de selección ex ante completo para las inversiones
realizadas por entidades no pertenecientes a la UE. Su objetivo es introducir un requisito de notificación
para inversiones en sectores específicos (equipamiento militar, infraestructuras críticas, ciberseguridad,
bienes de doble uso) o cualquier otro sector si la inversión pudiera comprometer la seguridad de la
República Checa o su orden público interno. El requisito se activaría si el inversor adquiere un nivel
efectivo de control sobre el objetivo, como (i) al menos el 10% de los derechos de voto de la empresa;
(ii) influencia adecuada sobre la persona a través de la cual se desarrolla la actividad económica (los
órganos sociales de la empresa) o (iii) dispone de los derechos de propiedad a través de los cuales se
desarrolla la actividad económica.
El Ministerio checo evaluará si la inversión representa un riesgo para los intereses de seguridad
o el orden interno o público de la República Checa. La evaluación de la propuesta checa podría tardar
hasta 120 días a partir de la presentación de la solicitud. Una transacción sujeta al requisito de
autorización será nula y sin valor si se realiza sin autorización. El incumplimiento de las disposiciones
pertinentes puede exponer a los inversores a multas de hasta el 2% del volumen de negocios anual del
inversor en el período contable anterior.
Hungría
El 25 de mayo de 2020, el Gobierno de Hungría adoptó un nuevo decreto sobre el control de las
inversiones extranjeras en Hungría (Ministry of Justice Hungary, 2020). El nuevo régimen tiene como
objetivo proteger la seguridad pública, el orden y la salud durante la pandemia, e introdujo un nuevo
requisito de aprobación para las inversiones en ciertas empresas húngaras. La proyección será realizada
por el Ministro de Economía Nacional. Después se emitió el decreto sobre los campos para proteger de
las industrias especificas el 17 junio de 2020 (Hungarian Official Gazette, 2020). Como resultado, ahora
se aplican en Hungría dos mecanismos paralelos de selección de IED. El régimen de selección de IED
introducido en 2018 se limita a un ámbito mucho más estrecho de empresas y transacciones y está
supervisado por el Ministro del Interior. El nuevo instrumento de evaluación estará en vigor solo hasta
el 31 de diciembre de 2020.
En virtud del Decreto, las inversiones de inversores extranjeros que adquieran una participación
superior a (i) el 10% y un valor de 350 millones de HUF (aproximadamente 1 millón de euros), (ii) el

El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un desafío para México.

121

�Czarnecki., L.

15%, el 20% o el 50%, independientemente de su valor, o (iii) 25% si es adquirido por más de un
inversionista extranjero, requiere la aprobación del Ministro.
Un "inversor extranjero" es (a) una empresa u organización domiciliada en, o un ciudadano de,
un estado fuera de la UE, el EEE o Suiza, o (b) una empresa u organización cuyo propietario mayoritario
está domiciliado en, o un ciudadano de, un estado fuera de la UE, el EEE o Suiza. Sin embargo, ciertas
adquisiciones de participación mayoritaria requieren la aprobación del Ministro si el inversor extranjero
es una empresa u otra organización domiciliada en la UE, el EEE o Suiza. El Decreto se aplica a las
inversiones en empresas que tienen su sede en Hungría y al mismo tiempo: son sociedades de
responsabilidad limitada o sociedades anónimas privadas o públicas (cotizadas); y operan en sectores
"estratégicos" especificados como la fabricación de medicamentos, dispositivos médicos u otros
productos químicos, producción de combustible, telecomunicaciones, venta al por menor y al por mayor
(incluidos motores y automóviles), fabricación de dispositivos electrónicos, maquinaria, acero y
vehículos, industria de defensa (por ejemplo, fabricación y comercio de armas y municiones, así como
tecnologías utilizadas con fines militares), generación y distribución de energía, servicios relacionados
con el estado de emergencia, servicios financieros (incluidos seguros, corretaje y otros servicios),
procesamiento de alimentos (incluida carne, leche, cereales, tabaco, frutas y hortalizas), agricultura,
transporte y almacenamiento, construcción (incluida la producción de materiales de construcción), salud,
turismo (servicios de hostelería y cafetería), entre otros.
Las inversiones sujetas al nuevo régimen requieren la aprobación del Ministro. La solicitud de
dicha aprobación debe presentarse al Ministro dentro de los 10 días siguientes a la fecha de ejecución del
acuerdo. Para los casos de rutina, se prevé un período de revisión de 45 días, mientras que en los casos
más complejos la autoridad puede extender el período de revisión por 15 días más. El Decreto establece
una obligación de suspensión, lo que significa que los inversores extranjeros pueden registrarse como
accionistas en la lista de accionistas o en el libro de acciones con la aprobación del Ministro. La ejecución
de una inversión que requiera la aprobación del Ministro es nula y sin valor sin dicha aprobación.
Además, la propuesta prevé sanciones por incumplimiento de las disposiciones del Decreto: se puede
imponer una multa de hasta el doble del valor de la transacción a las personas que estuvieran obligadas
a solicitar la aprobación del Ministro.

122 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Czarnecki., L.

Polonia
Por motivo directo de la pandemia COVID-19, el 23 de julio de 2020 entraron en vigor cambios en la
ley de control de la inversión extranjera directa de Polonia (Ley de 19.06.2020 (Tarcza Antykryzysowej
4.0 - Ustawa z dnia 19.06.2020, Dz. U. z 2020, poz. 1086; Act of 19 June 2020 on Subsidies on Interest
on Bank Loans Granted to Entrepreneurs Affected by COVID-19 and on the Simplified Procedure for
the Approval of Arrangements in Connection with COVID-19 introduced among others changes to: Act
of 24 July 2015 on the Control of Certain Investments (Journal of Laws 2020, items 117, 284, and 1086).
Ese marco lugar será vigente por dos próximos años hasta el 2022. Estos cambios fueron implementados
dentro del existente marco legal sobre las inversiones extranjeras (Kancelaria Sejmu RP, 2015).
Nueva enmienda incluye un enfoque distinto hacia las inversiones extranjeras directas en Polonia
por parte de inversores no pertenecientes a la UE (Kancelaria Sejmu RP, 2020). El control de las
inversiones extranjeras se aplica a los sectores estratégicos de la economía polaca, tales como: energía,
medicina, software de TI, transporte, procesamiento de alimentos y todas las sociedades anónimas que
cotizan en bolsa (estas últimas independientemente de la actividad comercial). La nueva enmienda de
ley polaca de IED pone bajo control estatal todas las transacciones de fusiones y adquisiciones en las que
participan empresas que realizan actividades comerciales en los sectores considerados estratégicos por
Polonia.
Los inversores no podrán realizar una operación de M&amp;A que lleve a tomar el control de una
empresa considerada estratégica, sin el consentimiento previo de la autoridad competente. La nueva ley
polaca de IED tendrá un impacto significativo y oneroso en las transacciones de fusiones y adquisiciones
en Polonia. La nueva ley permanecerá en vigor durante dos años a partir de la fecha de su entrada en
vigor, es decir, hasta el 23 de julio de 2022. El legislador polaco amplía significativamente la categoría
de entidades y sectores de la economía protegidos.
La Nueva Ley de IED de Polonia establece un marco integral para el control de las actividades
realizadas por personas/entidades de países no pertenecientes a la UE y no OCDE, que podrían poner en
peligro la seguridad, el orden y la salud pública. La nueva ley también se interpretará como una respuesta
al empeoramiento de la situación económica, causado por la pandemia del coronavirus, ya que las
empresas polacas podrían ser un sujeto fácil y de bajo precio a la absorción por inversores extranjeros no
pertenecientes a la UE / no OCDE.
El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un desafío para México.

123

�Czarnecki., L.

La Nueva Ley Polaca de IED introducirá protección contra adquisiciones por parte de entidades
no pertenecientes a la UE y no OCDE. En principio, una adquisición se regirá por la Ley de IED polaca
si la realizan personas o entidades no residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo.
Sin embargo, no está del todo claro y la Ley puede interpretarse de manera diferente, si las subsidiarias
de entidades no pertenecientes a la UE y no pertenecientes a la OCDE que tienen una sede registrada
dentro de la UE estarán sujetas a las limitaciones establecidas por la Nueva Ley Polaca de IED. Como
regla general, la permisibilidad de las limitaciones de las adquisiciones por parte de entidades de la UE
está excluida por la ley europea debido a la libertad de movimiento de capitales.
La nueva ley polaca de IED se aplicará con respecto a la adquisición de una participación
significativa o dominio sobre la entidad controlada, en los casos de adquisición por una persona física o
entidad, siempre que se cumplan los siguientes criterios de nacionalidad: en el caso de una persona física,
dicha persona no es ciudadano de ningún Estado miembro, y en el caso de entidades distintas de las
personas físicas, dicha entidad no tendrá domicilio social en el territorio de un Estado miembro durante
al menos dos años a partir de la fecha anterior a la notificación.
Se entenderá por Estado miembro un Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Como se mencionó
anteriormente, con respecto a los criterios de nacionalidad aplicables a la entidad, surge la pregunta de
si una sede registrada dentro de la UE se mantuvo durante al menos dos años antes de la notificación
pertinente por parte de una entidad adquirente, cuyo accionista final y / o beneficiario final sea una
entidad que no tenga una sede registrada en la UE o una persona física que no sea ciudadano de la UE,
quedará bajo el escrutinio del control polaco de IED.
En conclusión, el Parlamento polaco adoptó una legislación que modifica la Ley de 24 de julio
de 2015 sobre el control de determinadas inversiones, introduciendo así un control total de las inversiones
extranjeras directas en Polonia. La nueva ley entró en vigor el 24 de julio de 2020, pero ésta no va a
restringir el flujo de capital de México, ya establece un marco legal para los países no pertenecientes a
la OCDE.

124 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Czarnecki., L.

Romania
En Rumania, a diferencia de los países del Grupo de Visegrado, no se establecieron las reglas especiales
después del Reglamento europeo de 2019. En el régimen de IED, con el fundamento de la ley de 1996,
se encuentra un papel importante a la autoridad nacional, el Consejo Rumano de Competencia (RCC).
Bajo el actual régimen de selección de IED, la RCC tiene el deber de informar al Consejo
Supremo de Defensa del Estado (SCSD) cualquier concentración económica notificada que pueda
representar un riesgo para la seguridad nacional (Consiliul Concurentei Romania, 1996). Si la SCSD
confirma la existencia de tales riesgos, recomendará al Gobierno la prohibición de la concentración
notificada, lo que efectivamente pondría fin al procedimiento de control de concentraciones administrado
por la RCC. Según las enmiendas propuestas, el RCC será designado como punto de contacto en virtud
del artículo 11 del Reglamento de selección de IED de la UE. Las competencias de selección de IED se
transferirán de la SCSD a la recién creada Comisión para la selección de inversiones extranjeras directas
(CSFDI), que incluirá representantes de diversas autoridades estatales, incluida la RCC. El RCC servirá
como secretaría del CSFDI sin tener derecho a voto en las reuniones del SCFDI. Remitirá a la SCFDI
todas las notificaciones relativas a la IED en determinados sectores siempre que el valor de la IED alcance
los 2 millones de euros.
Bulgaria
A la excepción de los demás países de la región, Bulgaria otorga trato nacional a los inversores
extranjeros y no existen límites generales a la propiedad o el control de empresas por parte de extranjeros,
ni tampoco se examinan7 ni se restringen las inversiones extranjeras en Bulgaria. A modo de excepción,
la Ley de Sociedades Extranjeras de 20148 enumera 27 actividades prohibidas para los negocios por
empresas registradas en paraísos fiscales y las entidades bajo su control, pero también establece una serie
de excepciones. También existen restricciones específicas sobre las inversiones extranjeras en la industria
del juego en virtud de la Ley de Juegos de Azar de 201210 y con respecto a la adquisición de tierras
agrícolas en virtud de la Ley de Propiedad y Uso de Tierras Agrícolas de 1991.11 Sin embargo, estas
restricciones se aplican básicamente a países que no son miembros del Espacio Económico Europeo
(EEE) o la UE. Las restricciones reglamentarias sobre las actividades comerciales, como los requisitos
de licencias, registros y permisos a veces implican el registro corporativo según las leyes de Bulgaria u

El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un desafío para México.

125

�Czarnecki., L.

otro Estado miembro de la UE o del EEE, pero esto no es en sí mismo un obstáculo para la inversión
porque los inversores extranjeros son libres de incorporarse o participar Empresas búlgaras.
Campos de cooperación: energías renovables y desarrollo de Smart City
A pesar de las regulaciones screening la nueva realidad post-pandemica abre nuevas perspectivas del
desarrollo. Por ejemplo, en el marco de energías renovables recientemente se adoptó en Polonia la ley de
17 de diciembre de 2020, sobre la promoción de la generación de electricidad en las granjas marinas de
energía eólica. Los objetivos de la ley son: 1) crear reglas y condiciones para brindar apoyo a la
electricidad generada en granjas eólicas marinas; 2) preparar los términos y condiciones para la
implementación de inversiones en la construcción de parques eólicos, y 3) crear requisitos para la
construcción, operación y desmantelamiento de granjas eólicas. A la luz de la política energética del
Acuerdo de París (2015) y de la política de la Unión Europea, Polonia implementó en forma express la
ley (Sejm, 2020) que permite que hasta 2040 se construirán granjas eólicas marinas que generen más de
10 GW de energía en la zona económica exclusiva del mar Báltico (Czarnecki, 2021).
Por otra parte, las ciudades se convierten en los centros urbanas que atraen a los habitantes; los
flujos migratorios requieren un cambio de las políticas dinámicas hacia las ciudades inteligentes de
cooperación cultural, cambio sustentable, nuevas formas de cooperación económica urbana. La
denominación Smart City abre nuevas posibilidades del desarrollo local, sobre todo en el campo de
infraestructura. Tal es la importancia de estrechar las relaciones entre municipios de México y los países
de Europa Central.
3.- MÉTODO
La propuesta metodológica de la presente investigación tiene un ámbito multidimensional, que pretende
abordar diversos elementos conceptuales operativos sobre el procedimiento de screening. Para
determinar los diversos vocablos operativos se pretende implementar el método comparativo entre
diversos instrumentos legales. Se utilizará el método analítico sintético, empírico y exegético partiendo
de la experiencia del autor en los diversos métodos y de la experiencia para la elaboración y clasificación
de los vocablos operativos en lo referente al IED.

126 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Czarnecki., L.

4.- CONCLUSIÓN
El impacto económico que tendrá México en futuros relaciones económicas dependerá del análisis no
solamente de los marcos legales pertinentes al screening, pero también de la situación de la cooperación
entre la Unión Europea y México (Comisión Europea, 2018).
Sin embargo, desde que entró en vigor en abril de 2019 el Reglamento de selección de la inversión
extranjera directa (IED) de la UE (Reglamento 2019/452) para proteger la seguridad o el orden público,
los Estados miembros han tendido cada vez más a reformar la inversión extranjera (directa) para proteger
industrias estratégicas y negocios de adquisiciones oportunistas por parte de inversionistas extranjeros.
Esa política proteccionista comenzó a desarrollarse en varios países a la par.
Si bien la pandemia de Covid-19 ha intensificado la consideración de este tema, los gobiernos
nacionales tomaron medidas para endurecer los controles de inversión extranjera antes del brote global.
En Europa Central se observa una significante diferenciación entre las medidas. Sin embargo, existen
diferencias sustanciales entre los marcos legales en la región. Los países implementan nuevas leyes más
estrictas (Checa, Hungría), cambian existentes (Polonia) o no implementan las medidas especiales
(Bulgaria, Rumania). Para México es de suma importancia entender el contexto de mayor proteccionismo
con el fin de crear un sistema de cooperación e intercambio. Como respuestas a los interrogantes y al
objetivo planteado del dicho escrito se recomienda investigaciones futuras acerca del impacto del marco
legal europeo para los sectores específicos del IED en el intercambio mutuo entre México y Europa
Central.
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El mecanismo de “screening” en Europa Central. Un desafío para México.

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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 8, Núm. 15, enero - junio 2022 | ISSN 2395-8448
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El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central.
Conversación con Lech Walesa1
The Visegrad Group: a vision of Central Europe. Conversation with Lech Walesa
Alejandro, Negrín2; Pablo, Lozano3
RESUMEN
Este trabajo busca presentar, a partir de un testimonio directo, una visión legible y
actualizada del concepto de Europa Central, como subregión diferenciada en el contexto
de la Unión Europea. Entender la construcción de una nueva Europa Central luego del fin
de la era comunista -caracterizada hoy por democracias liberales y economías de mercado
consolidadas y con gran potencial- es uno de los retos más significativos de la política
exterior de México. El concepto instrumental que orienta este trabajo es la construcción y
funcionamiento del Grupo Visegrado, formado en 1991 e integrado por Polonia,
República Checa, Eslovaquia y Hungría como la expresión política y de cooperación más
consistente y clara de Europa Central en la actualidad. La reflexión que presenta este
trabajo tiene como punto de partida un diálogo directo de los autores con uno de los
artífices del Grupo Visegrado y actor central del fin del comunismo en Europa: el célebre
líder obrero y expresidente polaco Lech Walesa. A treinta años de distancia de la creación
del Grupo Visegrado, resulta fundamental conocer su perspectiva.
Palabras claves: Europa Central, Grupo Visegrado, Lech Walesa, Vaclav Havel, Política
exterior de México.
ABSTRACT
This work seeks to present, based on a direct testimony, a readable and updated vision of
the concept of Central Europe, as a differentiated subregion in the context of the European
Union.

……………………………………
Fecha de recibido: 08-04-2021
Fecha de aceptado: 21-06-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

To understand the construction of a new Central Europe after the end of the communist
era - characterized today by liberal democracies and consolidated market economies with
great potential - is one of the most significant challenges of Mexico's foreign policy. The
instrumental concept that guides this work is the construction and functioning of the
Visegrad Group, formed in 1991 and constituted by Poland, the Czech Republic, Slovakia
and Hungary as the clearer and most consistent political and cooperation expression in
Central Europe today. The reflection presented in this work has as its starting point a direct
dialogue between the authors with one of the architects of the Visegrad Group and a
central actor in the end of communism in Europe: the famous worker leader and former
Polish president Lech Walesa. Thirty years after the creation of the Visegrad Group, it is
essential to know his perspective.
Keywords: Central Europe, Visegrad Group, Lech Walesa, Vaclav Havel, Foreign Policy
of Mexico.

Cómo referenciar este artículo:
Negrín., A. &amp; Lozano., P. (2022). El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa. Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(15), 130-151. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-7

Este artículo es producto del proyecto: “El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa”.
Embajada de México en Polonia, Polonia. Maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. Embajador
de México en Polonia, Email: anegrin@sre.gob.mx. Orcid: 0000-0002-8583-6514.
3
Embajada de México en Polonia, Polonia. Maestro en Negocios Europeos por la Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord. Jefe de Cancillería en
la Embajada de México en Polonia, Email: plozano@sre.gob.mx. Orcid: 0000-0003-4026-8557.
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1.- INTRODUCCIÓN
A pesar de la importancia y peso específico de la Unión Europea en el contexto internacional (con sólo
el 6.9% de la población mundial, su comercio con el resto del planeta representa aproximadamente el
15.6% de las importaciones y exportaciones globales y cerca del 15.5% del producto interno bruto
mundial), algunas de sus regiones -o subregiones- son prácticamente desconocidas. Ello aplica para
diversas naciones, pero también para México. Una de las regiones que representan un enorme potencial
en todos los ámbitos es la de Europa Central.
Europa Central es una subregión poco entendida por diversas razones. Una de carácter histórico,
muy significativa, es que se trata de una de las regiones en el mundo que ha registrado más
modificaciones a sus fronteras a lo largo de la historia y, en particular, en la historia contemporánea.
Mucho más que Europa occidental. Lee y Bideleux señalan que “conceptualizar y construir geografías
europeas, físicas y simbólicas, es una preocupación constante”. Si se piensa, por ejemplo, en la
geopolítica que dejó la Segunda Guerra Mundial, es claro que el rol de la Unión Soviética como factor
para la derrota de la Alemania nazi, “condujo a reconfiguraciones sustanciales de las fronteras y
composiciones étnicas de los estados europeos”, incluyendo la incorporación al bloque soviético de la
mayoría de los territorios y naciones que pertenecieron en el periodo de las entreguerras a Polonia,
Checoslovaquia, Hungría y Rumania así como la anexión a las Repúblicas Soviéticas Socialistas de
Ucrania y Belarús e, incluso, transferencia de la región de Vilnus a la República Soviética Socialista de
Lituania, entre tantas modificaciones limítrofes en la zona.
En 1954 el longevo geógrafo Karl A. Sinnhuber (Sinnhuber, K. 1954) decía que Europa Central
era una región muy difícil de entender desde fuera: “…en vista de los grandes cambios en las fronteras
políticas y el panorama cultural de Europa que han tenido lugar durante el pasado reciente, es posible
que debamos modificar nuestras ideas en cuanto a la extensión de Europa Central. Pero sólo podemos
tomar una decisión cuando hayamos reexaminado las formas en que el término se ha utilizado
anteriormente”.
Sinnhuber recordaba también a autores escépticos de la existencia misma de esa subregión
europea. Decía que “el erudito austriaco Erwin Hanslik afirmó enfáticamente durante la Primera Guerra
Mundial que Europa Central era sólo un fantasma de la imaginación y que el Este comenzó sin ninguna
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transición a lo largo de una línea desde Trieste pasando por Viena, Praga, Breslau (nota de los autores:
actual Wroclaw, Polonia) hasta Königsberg”.
Lee y Bideleux señalan, por su parte, que “Las nociones de Europa se han manifestado como
camaleónicas en muchas formas y disfraces”, ya que “no hay una definición clara e indiscutible de sus
límites” (Lee, C. &amp; Bideleux, R. 2012).
El desconocimiento sobre la región de Europa Central se extiende a la historia más reciente y, en
particular, a la era que se abrió con el fin del comunismo y la caída del muro de Berlín, así como el fin
de la Guerra Fría y del llamado Pacto de Varsovia, fenómenos, cada uno de éstos, de gran profundidad y
extensión.
Es cierto que, en los primeros años de su vida postsoviética, países como Polonia, la República
Checa, Eslovaquia y Hungría se volcaron sobre sí mismos en procesos de construcción institucional de
democracias liberales así de transformación de sus economías hacia el libre mercado y la integración
europea.
Pero también es cierto que hay fechas y momentos claramente definidos para entender los grandes
cambios económicos, políticos y geopolíticos que dan lugar al concepto vigente -si bien dinámico- de
Europa Central.
El primer momento es, en orden cronológico, la creación del llamado Grupo Visegrado en 1991
-integrado por Checoslovaquia, Hungría y Polonia y más tarde por Eslovaquia- que se asumió como
portavoz de los intereses específicos y de las transformaciones de Europa Central.
El segundo momento fue el ingreso de esas naciones a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte - OTAN: la República Checa, Hungría y Polonia en 1999 y Eslovaquia en el 2004, que dio un giro
de ciento ochenta grados a la ubicación geopolítica de esas naciones y a las nociones de seguridad
europea.
El tercer momento fue el ingreso a la Unión Europea de esas cuatro naciones en el 2004, que
impulsó cambios de gran velocidad hacia niveles insospechados de crecimiento y prosperidad y con una
voz diferenciada en el concierto europeo sobre múltiples temas.

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Desde la perspectiva de diversas naciones, no parece haber gran claridad sobre las
transformaciones de esta región que “tiene ahora un potencial de crecimiento mucho más rápido que el
resto de la Unión Europea” (Dietl, M. 2021). Incluso, cataloga la próxima década (2021-2030) como el
decenio de Europa Central con “un alto nivel de educación, un bajo desempleo y con un acceso al
mercado interior (europeo) que reduce su vulnerabilidad a las crisis y hace de esta región un espacio
atractivo para la inversión extranjera directa” (Bass, T. 2021).
Este trabajo se focaliza en una de las dimensiones más notables en la construcción de un nuevo
concepto de Europa Central: la creación del Grupo Visegrado. A treinta años de distancia, nos pareció
fundamental contar con una versión de primera mano de uno de los actores directos en la creación de ese
grupo, el premio Nobel polaco Lech Walesa.
Vaclav Havel, József Antall, Walesa eran los presidentes de sus naciones cuando se creó el grupo
Visegrado. Se trata de personajes que “revivieron la alguna vez desairada idea de Europa central, también
ridiculizada e ignorada por muchos a lo largo de la primera mitad del siglo XX" (Daniška, J. 2018).
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El personaje
Lech Walesa (n. 29 de octubre de 1943) es uno de los personajes míticos del siglo XX. Líder obrero del
gran puerto industrial de Gdansk, al norte de Polonia, pionero del fin del comunismo y de la caída de la
cortina de hierro en Europa del Este, mediante un diálogo pacífico y un proceso electoral. Premio Nobel
de la Paz, presidente y estadista polaco. No siempre comprendido. Cuestionado y criticado hoy,
especialmente en su propio país.
Relativamente popular en México, aunque en la década de los 1980s era muy difícil comprender
que un proletario luchara por terminar con la dictadura del proletariado y del socialismo realmente
existente, y que un líder obrero fuera católico y de centro-derecha.
Hoy, no cabe duda sobre su rol decisivo en ese momento histórico y, aún para cuestionarlo,
Walesa siempre está en la mente de la población de Polonia y de aquellos que hablan sobre Polonia en
cualquier parte del mundo.

El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa

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Lech Walesa se ubica en la categoría de mito con caracterizaciones diversas. Una, entrañable, es
la película Walesa: Czlowiek z nadziei (Walesa: El hombre de la esperanza), del aclamado director
Andrzej Wajda. Es una caracterización de coyuntura, a partir de una entrevista que la periodista italiana
Oriana Fallaci hizo a Walesa en 1981 y que ella misma publicó bajo elocuente título, que no dio lugar a
dudas: Walesa, el hombre que volvió loco al Kremlin.
La película de Wajda retrata al personaje, un obrero electricista, en su modesto y minúsculo
departamento, con su familia -su esposa y seis niños que corren por aquí y por allá- pero, sobre todo, es
un documento indispensable para entender la Polonia de principios de los 1980s y también el inicio del
proceso que condujo al fin del comunismo en ese país, primero, y luego en toda Europa del Este.
El periodista estadounidense Douglas Stanglin, lo definió en un artículo de 1980 para United
Press International como una persona de lenguaje “tosco” (salty-tongued), “duro, pero con sentido del
humor”, y un rasgo inconfundible: “su bigote de morsa y ropa arrugada (que) se han convertido en una
marca internacional”.
Pero, entre tantas, hay una caracterización ineludible de Walesa: la que hizo en su memorable
Crónica de la Libertad, de 1983, el Nobel mexicano Octavio Paz:
“Su figura es emblemática de las fuerzas que mueven al pueblo polaco, -escribe Paz. Lech Walesa
nació en un pueblo cercano a Varsovia. Su madre era campesina y su padre carpintero. Es electricista.
Posee dos trajes y cinco pares de calcetines: un verdadero proletario. También un verdadero polaco
tradicional: católico, nacionalista, generoso y sin mucho sentido del orden. Su mujer se llama…(Danuta):
como llamarse Lupita en México o Carmen en España. La pareja tiene seis hijos. En 1976 Walesa fue
despedido de los astilleros, estuvo varios meses sin empleo y vigilado por la policía. Fue uno de los
organizadores de los sindicatos libres del Báltico. Walesa no es un intelectual ni un teórico. Tiene pocas
ideas, mucho sentido común y un antiguo e instintivo sentido de la justicia. Es un hombre salido del
pueblo y en su persona se funden dos tradiciones: la inmemorial de los campesinos con su cultura de
siglos y la del proletariado industrial moderno” (Paz, Octavio. 1983).

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El político
El viaje de Walesa está marcado por los rasgos míticos del ascenso y la caída, el éxito y el fracaso. Y es
en la política en donde se revela este destino.
El año de 1989 fue un año clave para Polonia y para la caída del primer ladrillo de la llamada
cortina de hierro. Como parte de los de intensos eventos políticos en Polonia ese año, el sindicato
Solidaridad no sólo fue legalizado de nuevo, luego de 7 años de clandestinidad (Si bien el sindicato
Solidaridad se formó en septiembre de 1980 y fue reconocido como “sindicato legal” por las autoridades
de la Polonia Popular, fue disuelto por los líderes comunistas en octubre de 1982, lo que obligó al
movimiento a operar en la clandestinidad. Es hasta 1989 durante los llamados diálogos de la mesa
redonda que el sindicato fue reconocido legalmente de nuevo), sino que alcanzó su cénit político, cuando
Walesa lo transformó en la plataforma civil y política que abriría la puerta a la primera transición pacífica
del comunismo a la democracia.
Se trató del Komitet Obywatelski "Solidarność (Comité Ciudadano del Presidente del Sindicato
Solidaridad), que promovió candidatos a elecciones parlamentarias de ese año, luego de un ejercicio
único conocido como la Mesa Redonda: un diálogo entre el gobierno y el movimiento Solidarność.
Esas elecciones parlamentarias dieron lugar al primer gobierno no comunista en Polonia desde
el fin de la II Guerra Mundial, con lo cual se constituyó también como el primer país de la cortina de
hierro que transitó pacíficamente a la democracia.
En esas elecciones parlamentarias de 1989 se disputaron ambas cámaras. Para la Cámara de
Diputados o Sejm (de 460 miembros) el oficialista POUP (Partido Obrero Unificado de Polonia, PZPR
por sus siglas en polaco) obtuvo 173 escaños seguido muy de cerca por “Solidarność” que obtuvo 161;
el resto de la oposición se repartió los 126 asientos restantes, con el cual el oficialismo comunista perdió
la mayoría. Mientras tanto, en el Senado, el resultado fue apabullante: de 100 escaños en juego, el
movimiento de Walesa obtuvo 99 asientos y el POUP sólo 1. Aún se recuerda una imagen: los candidatos
de “Solidarność” hicieron campaña portando -todos, sin excepción- su fotografía acompañados de Lech
Walesa.
Esas elecciones parlamentarias, en que triunfó la oposición democrática, fueron el prólogo a las
elecciones presidenciales de 1990 en las que Walesa -de 47 años- obtuvo un apabullante triunfo con una
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votación con 74.25% de la votación en la segunda vuelta. Stephen Engelberg reportaría para The New
York Times: “La escena frente a la sede de Solidaridad fue de descarada celebración. Miles de residentes
de Gdansk vinieron a animar a su hijo más famoso y escuchar una banda de música. Detonaron petardos,
arrojaron vasos contra la pared del cuartel general y abrieron botellas de champaña” (Engelberg, S. 1990).
Ese fue la cúspide política de Walesa y también las únicas elecciones presidenciales en que las
obtuvo la victoria. Luego de su primer gobierno (1990-1995), buscó reelegirse sin éxito en 1995, con una
votación, todavía apreciable, de 48.3% del total en la segunda vuelta.
Cinco años más tarde, en el 2000, se presentó por tercera vez como candidato a presidente, bajo
el cobijo de un partido creado ad hoc: la Democracia cristiana de la 3ra República de Polonia. El
resultado no sólo fue decepcionante, sino que prácticamente borró a Walesa del mapa político de Polonia.
Esas elecciones presidenciales estuvieron marcadas por dos rasgos. Primero, son, hasta hoy, las
únicas elecciones presidenciales de la era democrática poscomunista en Polonia que no requirieron
segunda vuelta, ya que hubo un candidato que, desde la primera vuelta, obtuvo más del 50% en elecciones
de nutrida participación (más del 65% del padrón electoral): Aleksander Kwaniewski, de la Alianza
Izquierda Democrática, alcanzó el 54% de la votación. El segundo rasgo de esas elecciones fue,
precisamente, la caída al precipicio político de Lech Walesa que obtuvo solamente el 1% de la votación.
En el 2004 (Werkhäuser, N. 2004), Nina Werkhäuser para Deutsche Welle preguntó a Walesa:
-

Muchos de los trabajadores que alguna vez lo apoyaron ya no votaron por usted. ¿Por
qué?

Walesa contestó:
-

El precio que pagamos por un cambio de sistema fue alto y ahora vemos los efectos en la
alta tasa de desempleo, entre otras cosas. Pero deberíamos preguntar a los trabajadores:
¿De verdad quieren volver al comunismo? Soy la persona responsable de la situación
actual, encabecé la batalla para llegar hasta aquí. Yo fui quien hizo esto, no Gorbachov.
Por tanto, debo pagar el precio. Tengo una oficina, no gano tanto, pero mucha gente está
desempleada y me tiene envidia. ¿Pero eso significa que me equivoqué al hacer lo que
hice? Cuanta más gente se queje de mí hoy, más monumentos tendré mañana.

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Al parecer, con un dejo de amargura, años después Walesa comentó:
-

Alguien dijo una vez que los vencedores nunca son juzgados, pero en este país sí lo son
(Borger, J. 2011).

La reunión con Walesa y su objetivo
Decidimos acercarnos personalmente a Lech Walesa a propósito de este número de Política, Globalidad
y Ciudadanía con un propósito específico: recibir de primera mano su visión de la construcción
poscomunista de un nuevo concepto de la región de Europa Central, que contribuya a explicar por qué
es esa, en la actualidad, una región de futuro con especificidades y características que significan un
enorme potencial para la diversificación de las relaciones de México con países de la Unión Europea.
Walesa fue, junto con el presidente de la entonces Checoslovaquia, Vaclav Havel, protagonista
central en la creación de un mecanismo creado exactamente hace 30 años, que se ha asumido como
portador de los intereses específicos y de la identidad de Europa Central. Nos referimos al llamado Grupo
Visegrado, que se formó en 1991, integrado originalmente por Checoslovaquia, Polonia y Hungría; la
República Eslovaca se mantuvo también como parte de este grupo informal cuando se separó de la
República Checa en 1993. Precisamente a partir de 1993 ese grupo es conocido simplemente como el
V4.
Hoy día, se acepta que el Grupo Visegrado o V4 es la expresión política y de cooperación más
consistente y clara de Europa Central. Los objetivos y grandes logros de este grupo en el primer periodo
de su existencia se asociaron a la construcción de regímenes de democracia parlamentaria y economía de
mercado, así como a su ingreso a la Unión Europea y a la OTAN luego de que, en efecto la República
Checa, Hungría y Polonia ingresaran a la OTAN en 1999 -Eslovaquia lo haría en 2004- y que estas cuatro
naciones accedieran a la Unión Europea en la ampliación de ese bloque en 2004.
El V4 se ha mantenido, hasta ahora, con un esquema triple: como grupo de presión política al
interior de la Unión Europea; como grupo que ha desplegado un esfuerzo de integración y cooperación
subregional; y como grupo que desarrolla, de una manera no necesariamente ordenada, vinculaciones
con terceros actores y con otras regiones.

El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa

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En algunos círculos académicos y de opinión, parecería haber una visión probablemente estática
y desactualizada en torno a esos países que son hoy, en realidad, naciones muy prósperas, educadas, de
crecimiento económico constante y desarrollos impresionantes de infraestructura. El V4 en su conjunto
tiene 65 millones de habitantes y sería la quinta economía más grande de Europa y la duodécima a nivel
mundial. Cuenta también con 108 eurodiputados, es decir, poco más del 15% del parlamento europeo.
Aún más, en un contexto más amplio, no resulta claro que la política exterior mexicana haya logrado
articular un enfoque de conjunto hacia los países que alguna vez formaron parte de la esfera soviética.
Es cierto que el concepto de Europa Central no es necesariamente claro. Hace tres décadas, por
ejemplo, se debatía la existencia misma de Europa Central: “Durante casi cuarenta años después de 1945,
el término estuvo casi completamente ausente del lenguaje político de Europa” (Timothy Garton Ash.
1999), explicaba Timothy Garton Ash en 1989, al perfilarse el fin del comunismo. Decía también que
durante la Guerra Fría el continente europeo estuvo dividido simplemente entre Europa Occidental y
Europa del Este (u Oriental). Agregaba: “En la década de 1980 (el concepto de Europa Central) fue
revivido por escritores checos, húngaros y polacos como Milan Kundera, György Konrad y Czeslaw
Milosz, como una alternativa intelectual y política a la Europa del Este dominada por los soviéticos”, y
también como un terremoto a las formas de pensamiento occidental ancladas en los conceptos obsoletos
de la Guerra Fría. Milan Kundera también definía a Europa Central, en la misma época, como un
Occidente secuestrado, una región con valores y fundamentos comunes, que habría sido secuestrada bajo
la dominación soviética en la era comunista (Milan, Kundera. 1984).
También es cierto que hay intentos recientes de entender a Europa Central desde otros puntos de
vista: “por un lado como el área entre los mares Báltico, Adriático y Negro (aunque esto sea demasiado
simplista)” (Duda, A. 2021); por otro lado, como un espacio que busca nuevas formas organizativas de
influencia en el contexto europeo -además de Visegrado-, como lo ejemplificarían el llamado “Nueve de
Bucarest” (Formada en 2015, esta iniciativa polaco-rumana se inició como un foro para intercambiar
opiniones y coordinar posiciones como "una voz fuerte y unida" sobre la seguridad de los países del
flanco oriental de la OTAN: Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Eslovaquia,
República Checa y Bulgaria), y la Iniciativa croata-polaca Tres Mares (Trimarium) la cual es nacida en
2016, se trata de una iniciativa de cooperación entre los países situados alrededor del Mar Adriático, Mar
Báltico y Mar Negro: Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. La Iniciativa Tres Mares tiene como objetivo, sobre todo,
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fortalecer la integración económica de la región, así como el desarrollo de infraestructura de transporte,
de energía y conectividad digital norte-sur.
No obstante, para efectos instrumentales y de diseño de políticas, la versión más consolidada de
la subregión europea de Europa Central, al día de hoy, sigue estando constituida, como se ha dicho, por
los países del llamado Grupo Visegrado -es decir, Eslovaquia, Hungría, República Checa y Polonia. El
V4 se asume siempre en sus documentos como el grupo de “los países de región centroeuropea”. Además
de esfuerzos comunes al interior de la Unión Europea y de la búsqueda de proyectos comunes de
cooperación, el V4 constituye también una de las regiones más prometedoras en términos de crecimiento
económico, estabilidad y oportunidades para países como México.
En efecto, en la Declaración de los Primeros Ministros de la República Checa, Hungría, Polonia
y la República Eslovaca con motivo del 30 aniversario del Grupo Visegrado (Cracovia, 17 de febrero de
2021), los Jefes de Gobierno observaron que “el Grupo Visegrado ha sido reconocido en Europa y a nivel
mundial como un socio confiable y símbolo de una transformación política y económica exitosa, un pilar
importante del proyecto histórico de la reunificación de Europa, así como un ejemplo de cooperación
regional eficaz dentro de la Unión Europea, contribuyendo a su desarrollo, incluyendo, en ámbitos
concretos, y para la competitividad económica del continente” (Declaration of the Prime Ministers of the
Czech Republic. 2021).
Escenario del encuentro con Walesa
Octavio Paz dice también que “el tema central de la historia moderna de Polonia ha sido la pasión
nacional y las tradiciones culturales y religiosas del pueblo polaco” (Paz, Octavio). Para quienes conocen
Polonia, resulta claro que ese tema no es una abstracción del discurso político sino una experiencia que
se revela cotidianamente en todas partes y en la mayor parte de los encuentros con mujeres y hombres
de esa nación.
Nos encontramos con Walesa el 19 de agosto de 2020 en sus oficinas de en la ciudad portuaria
de Gdansk. Con Walesa, la atmósfera deja siempre en claro que su mitología está construida de símbolos.
Uno de ellos es, por supuesto, el Premio Nobel de la Paz, que su esposa Danuta recibió en su
representación en 1983 y a cuya entrega no acudió Walesa por temor a que, a su regreso, no se le
permitiera entrar de nuevo a su país.

El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa

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Una crónica del diario español El País (José, Comas. 1983), publicada el 11 de diciembre de
1983, un día después de la entrega del Nobel, describió:
“El líder sindical polaco y premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, siguió la ceremonia en Oslo de
la entrega del galardón a su esposa, Danuta, a través de la retransmisión de la emisora
norteamericana Radio Europa Libre, en la casa parroquial de la iglesia de Santa Brígida, situada
en la zona del astillero Lenin, en Gdansk. Poco antes, en su casa, ante una multitud de
periodistas, recordó la existencia de presos políticos que esperan proceso y advirtió contra los
riesgos de manifestaciones callejeras.
“Walesa leyó en su domicilio un mensaje: En las cárceles hay muchos presos políticos,
entre ellos 11 activistas y asesores de Solidaridad que esperan proceso. Desde hace dos
años son rehenes por todos nosotros. Que todos los que me escuchan repitan detrás de mí:
'Si me llego a olvidar de ellos, Tú, Dios, olvídate de mí'. Esto es un juramento y todas las
entrevistas conmigo se encabezarán así. Mientras hablaba con los periodistas, bajo una
pintura del papa polaco Juan Pablo II, Walesa firmaba autógrafos sobre una estampa que
decía: Acto de entrega a la Madre de Dios de Lech Walesa, con un dibujo del águila polaca
con la Virgen dentro de su cuerpo. Al dorso, la estampa reproduce las palabras de Walesa
al encomendar a la Virgen Negra de Jasna Gora (Czestochowa), el 21 de octubre de 1980,
el sindicato Solidaridad”.
El segundo símbolo es, precisamente, el lugar en que nos encontramos esa soleada tarde del
verano del 2020: el Centro Europeo de Solidaridad (CES), creado por Walesa para asegurar la vigencia
y continuidad de sus valores. Se trata de una impresionante construcción ubicada en la plaza Solidarności,
justo a la entrada del famoso astillero de la ciudad báltica de Gdansk (Astillero Lenin en la era
comunista), y donde tuvo lugar la histórica huelga de agosto de 1980 que dio lugar al nacimiento del
sindicato Solidaridad, en septiembre de ese año. El edificio, de 30 metros de altura, es una extraordinaria
representación arquitectónica de una enorme embarcación: sus paredes exteriores están revestidas con
láminas de acero de color óxido, que provocan una ilusión óptica marina, en un conjunto complementado
por el Monumento a los trabajadores de los astilleros navales caídos en las protestas contra el régimen
comunista en 1970.

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La oficina de Walesa se encuentra en el piso II del CES. Al entrar, se respira en cada rincón el
personal universo iconográfico de Walesa que encierra toda una cultura: un gran crucifijo y un cuadro
que retrata al Papa polaco, Juan Pablo II (Karol Wojtyla). En un guiño peculiar, la oficina de Walesa se
encuentra adornada también con una versión contemporánea de La última cena de Leonardo da Vinci,
que, al mismo tiempo, representa los históricos Acuerdos de la Mesa Redonda (negociados entre el 6 de
febrero y el 4 de abril de 1989), que, como se dijo anteriormente, dieron lugar a unas elecciones
parlamentarias en Polonia que, a su vez, marcaron el inicio del fin de la cortina de hierro en Europa. En
la pintura, el rostro de Walesa se sobrepone al de Jesús y los rostros de los doce apóstoles son los de
aquellos quienes lo acompañaron en la negociación de esos acuerdos, políticos e intelectuales que han
marcado la historia más reciente de Polonia: Jacek Kuroń, Andrzej Stelmachowski, Tadeusz
Mazowiecki, Jarosław Kaczyński, Andrzej Wielowieyski, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk,
Adam Michnik, Jerzy Turowicz, Arkadiusz Bratkowski, Jan Józef Szczepański y Aleksander Hall.
Después de que nos fuera medida la temperatura como disposición preventiva en medio de la
pandemia del covid-19, y todos con cubre bocas, Walesa nos recibió de buen humor.
Vestía una playera blanca con la palabra “Grundgesetz” (Constitución, en alemán) en letras rojas.
Si en 1980 se le veía desaliñado, en 2020, 40 años más tarde, no parece diferente.
A sus 77 años, viste usualmente playeras con la palabra Constitución para revindicar el valor de
la legalidad y protestar, según él, contra “violaciones” a las leyes polacas. Por ejemplo, en 2018, en el
funeral de Estado del presidente George H.W. Bush en Washington, asistió con una camiseta gris -bajo
un tweed negro- con la misma leyenda “Konstytucja”. Walesa declaró en esa ocasión que “era su gesto
personal de despedida a un líder estadounidense que luchó por la libertad, luchó por la verdad y la
honestidad” (AP, Vanessa Gera. 2018).
Walesa es ya un viejo lobo de las entrevistas y las conferencias y rompe el hielo con facilidad.
Nos dice que ha estado al menos 10 veces en México y que, por cierto, Krzysztof Smolana en su libro
“Polonia y México a lo largo de la historia: una perspectiva de la misión diplomática polaca” (SRE,
Instituto Matías Romero, 2018) recuerda, por ejemplo, la visita de Walesa - “muy estimado en México”en 1996, en la que recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Anáhuac. Smolana anota que
Walesa “visitó posteriormente México en varias ocasiones en viajes no oficiales”. Recuerda la última de
esas visitas, en septiembre del 2019, con motivo de la 17 Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la
El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa

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Paz, en Mérida, Yucatán. Nos dice con enorme deferencia: “si mi primera visita a México la hubiera
hecho de joven, probablemente me habría quedado allí. No habría participado en Solidarność porque
habría estado en México”.
Se refiere también a la coyuntura específica de la relación entre México y los Estados Unidos, y
en específico al famoso muro promovido por el entonces presidente Donald Trump. Nos dice que las
nuevas tecnologías facilitan que las sociedades se conozcan y, tajante, comenta: “cerrar fronteras no es
la solución”. Recuerda que en un encuentro que tuvo con Donald Trump (probablemente este encuentro
tuvo lugar en la visita de Trump a Varsovia los días 5 y 6 de julio de 2017), le habría dicho que “no creía
en sus muros” y había criticado su iniciativa del muro con México: “Creo que por eso le caigo mal a
Trump”, anotó.
La opinión de Walesa sobre Trump fue cambiando con el tiempo durante la presidencia de este
último. En 2016, tras la elección en la que resultara electo Donald Trump, Walesa publicaría en su cuenta
de Facebook una foto de una reunión entre ambos en 2010 en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.
En esa ocasión Walesa diría que “Si en Polonia fue posible que un trabajador derrocara el
comunismo y se convirtiera en presidente, ¿por qué un millonario no puede convertirse en presidente en
la América capitalista ...? Como pueden ver, mi historia fue una inspiración para que actuara”. En 2018,
criticaba la construcción del muro (“La pregunta es qué vas a construir. Para qué estás rompiendo si no
sabes cómo construir y es aquí en donde no estoy de acuerdo con él”) y criticaba ya las corrientes
populistas. En 2019, y con motivo de las celebraciones del 80 aniversario del comienzo de la 2da Guerra
Mundial, diría que “Estados Unidos ya no era la principal potencia mundial” y urgía a Trump a recuperar
“el liderazgo moral y político”.
Los padres fundadores de la nueva Europa Central
Felicitamos a Walesa porque muy recientemente se había anunciado que el Ministerio de Cultura de
Polonia buscaría que los astilleros de Gdansk fueran inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO por ser un “símbolo de la defensa de los ideales de libertad, simbolizado, sin importar el
tiempo, por la idea de solidaridad, que unió a millones de habitantes del antiguo Bloque Oriental en la
lucha contra el régimen comunista” (UNESCO).

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Recordamos también su muy famosa entrevista con Oriana Fallaci en 1981 en la que dijo: “No
soy diplomático, no soy maestro de ceremonias y mucho menos intelectual. Soy un hombre tosco,
trabajador”. Nos dice ahora con una sonrisa: “Oriana me cayó de sorpresa… prácticamente me obligó a
hacer la entrevista”.
Entramos directamente a nuestro tema recordando que un 15 de febrero de 1991 se creó el llamado
Grupo Visegrado en una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la entonces Checoslovaquia,
Hungría y Polonia. Anotamos que, en 2021, precisamente, se celebran los 30 años del nacimiento del V4
y que es ineludible recordar a sus padres fundadores, los entonces mandatarios de esas naciones: Václav
Havel, Joszef Antall y el propio Lech Walesa, quienes revolucionaron la microhistoria de esta región
centroeuropea.
Walesa se retrotrae al contexto de la transformación de Polonia, a la caída de la Polonia Popular
y al nacimiento de lo que define como una nueva república. “Se trata de una iniciativa que fue en parte
fruto de la idea de Solidaridad, lanzada años antes que Visegrado”.
Reflexiona que su participación en la creación del V4, como presidente de Polonia, se dio en
periodo no sólo de transformación sino de construcción de todo un nuevo sistema político, económico, y
de construcción democrática. Agrega que con Visegrado “había que romper las barreras… había que
cambiar el mundo y enfrentar el monopolio comunista”, en especial a través de la integración regional lo
cual ha sido uno de los logros más significativos del V4. Sin embargo, considera que ahora se requiere
“una nueva era, una segunda ola de nuevas soluciones, hacer todo un nuevo sistema”.
Recordamos que hace exactamente tres lustros, con motivo del 15 aniversario del V4, Walesa
escribió: “Mirando hacia atrás… podemos confirmar que el Grupo de Visegrado se fundó sobre objetivos
mutuos de política exterior, experiencias históricas similares y proximidad geográfica. Estos terrenos
comunes todavía proporcionan un punto de referencia sustancial en nuestras relaciones mutuas” (Walęsa,
Lech).
Comentamos también que el éxito del V4 es resultado de la construcción de una nueva identidad
centroeuropea por lo menos con tres elementos: profundas raíces históricas; la integración a la Unión
Europea y la democratización y establecimiento del libre mercado en esas naciones, luego del fin de la
era comunista.

El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa

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En su ensayo “Un milagro llamado Visegrado”, Martin Bútora dice que “como concepto político,
la identidad centroeuropea estaba ligada a un terreno problemático, que había sido testigo de dramas que
más de una vez llevaron a un conflicto global” y que no solamente estaba relacionado con “las
personalidades y los estadistas que habían liderado la lucha por la libertad, desde Kościuszko hasta
Kossuth y Masaryk y los luchadores modernos por la democracia como Lech Walesa, Václav Havel y
Arpád Göncz” (Publicado en el libro "The Visegrad Group: A Central European Constellation", ed. por
Andrzej Jagodziński, International Visegrad Fund, Bratislava, 2006).
El regreso a Europa
Comentamos a Walesa que, sin duda, otro de los padres fundadores y signatarios del acta fundacional
del V4 en 1991 fue Václav Havel (1936-2011), último presidente de Checoslovaquia y primer presidente
de la República Checa.
Una de las razones por las que recordamos a Havel es por su notable contraste con Walesa. El
escritor y analista político checo Jiří Pehe escribió: “Una sucesión de formas autoritarias de gobierno y
regímenes semidemocráticos obligó a los intelectuales de la región a fungir como sustitutos de los
políticos en el discurso político. Los intelectuales y figuras culturales en particular jugaron un papel
político, directa o indirectamente, que va mucho más allá de lo común en las democracias establecidas”
(Pehe, J.). Sin embargo, la misma coyuntura daría lugar a la emergencia de un líder obrero, un electricista
de humilde origen como Walesa.
Otra razón para evocar a Havel es su coincidencia de objetivos con Walesa. De visita en Polonia,
el 25 de febrero de 1990, Havel pronunció un histórico discurso en el Sejm (cámara baja del parlamento
de Polonia). Ahí anunció la formación -que se concretaría un año más tarde- del Grupo Visegrado. Havel
dijo en esa ocasión:
“Los años de destinos y luchas similares por ideales similares deben evaluarse a la luz de la
amistad genuina y del respeto mutuo; es decir, precisamente el espíritu que dominó aquellos años
durante los cuales la literatura secreta independiente era contrabandeada en mochilas a través de
nuestras cordilleras comunes (...) Esa amistad auténtica, basada en una conciencia similar del
destino impuesto a nuestros dos países, en las lecciones comunes que aprendimos, y sobre todo
en los ideales comunes que ahora nos unen, deberían conducir en última instancia a una
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coordinación adecuada de nuestras políticas, en un proceso al que ambos nos referimos y
entendemos como el regreso a Europa. También deberíamos coordinar nuestros esfuerzos lo
mejor que podamos con Hungría…y con otras naciones de esta región de Europa. No deberíamos
competir entre nosotros para ser admitidos en las distintas organizaciones europeas. Al contrario,
debemos ayudarnos unos a otros con el mismo espíritu de solidaridad con el que, en días más
oscuros, protestaron por nuestra persecución como nosotros lo hicimos contra la suya.
Es demasiado pronto para predecir qué formas institucionales adoptará nuestra coordinación en
Europa central y oriental. Europa occidental está considerablemente adelante de nosotros en sus
procesos de integración, y, si cada uno de nuestros países regresara a Europa por separado, podría
llevar mucho más tiempo y sería un proceso mucho más complejo que si procediéramos de
manera coordinada. Esa (integración) concierne no sólo a la economía: concierne a todo, incluidas
las conversaciones sobre desarme.
Muy pronto, me gustaría invitar a varios representantes del Estado y del pueblo de Polonia y
Hungría, quizás con observadores de otros países de Europa Central, a una reunión en el Castillo
de Bratislava -hoy capital de Eslovaquia- donde podríamos pasar un día hablando tranquilamente
sobre estos asuntos. Quizás esto nos haría un poco más sabios.
De cualquier forma, una cosa es segura: por primera vez en la historia, tenemos una oportunidad
real de llenar con algo realmente significativo el gran vacío político que quedó en Europa Central
después del colapso del Imperio de los Habsburgos. Tenemos la oportunidad de transformar
Europa Central de lo que fue un fenómeno principalmente histórico y espiritual a un fenómeno
político. Tenemos la oportunidad de tomar esta guirnalda de estados europeos -hasta hace poco
colonizados por la Unión Soviética y que ahora intentan construir una relación con ese país basada
en la igualdad- y convertirla en un cuerpo especial. Entonces podremos acercarnos a las naciones
más ricas de Europa occidental, no como pobres fracasados o prisioneros indefensos,
recientemente amnistiados, sino como países que pueden hacer una contribución real. Lo que
tenemos para ofrecer son impulsos espirituales y morales, iniciativas de paz valientes, un gran
potencial creativo poco explotado y un espíritu especial creado por nuestra libertad recién ganada.
Podemos ofrecer la inspiración para considerar soluciones rápidas y atrevidas” (The Visegrad
Group: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia).

El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa

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El planteamiento de Havel refiere a la resurrección de un conjunto de naciones luego de la era
comunista, no sólo como uno de los grandes hechos de la historia europea contemporánea, sino como un
tema identitario, que persiste hasta hoy, incluso en el contexto integracionista de la Unión Europea.
Se ha dicho que la creación del V4 debe entenderse como la formación de una región “que tuvo
que luchar la mayor parte del tiempo por su propia identidad, apretujada entre Oriente y Occidente” (The
Visegrad Group: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia). Aún más, que los países de
Visegrado se ven a sí mismos como la verdadera Europa: una que aprecia enormemente valores como
el estado nacional, la familia, y el cristianismo occidental frente al cristianismo ortodoxo, y los vive como
las expresiones ecos más auténticas de la tradición europea. Por ello, incluso diferencias que algunos
países del V4 han temido en tiempos recientes con las instituciones europeas de Bruselas no obedecerían
en modo alguno -según esta interpretación- a un sentimiento antieuropeo sino a una batalla sobre lo que
significa ser europeo.
Al recordar a Vaclav Havel, Walesa sonríe. Nos comenta que “nos hicimos muy buenos amigos”.
Medita un momento y comenta: “las ideas de Havel eran teóricas, muy interesantes. Havel era muy
inteligente, pero sus ideas no eran necesariamente prácticas. Nos complementábamos muy bien: yo soy
muy práctico, yo llego a la teoría a través de la práctica y no al revés. Si Havel y yo pudiéramos trabajar
juntos ahora, podríamos hacer muchas cosas… podríamos llegar a la cabeza de los teóricos”.
En el 2011, tras el fallecimiento de Havel el 18 de diciembre, la Agencia de Prensa Polaca (PAP)
recoge una entrevista de Walesa con el diario italiano La Repubblica y en la que comentaría algo similar:
“Él era un hombre valiente con la pluma mientras yo dirigía a los trabajadores. Havel era un teórico
perfecto, aunque no un gran organizador. Luchó con las palabras y la pluma y lo pagó personalmente.
Era un hombre de palabras y sus palabras empujaron a otros a organizarse” (Wałęsa: gdyby nie Havel,
Polacy zostaliby sami).
Walesa declararía en dicha ocasión también que, si no hubiera sido por la llamada Revolución de
Terciopelo en la entonces Checoslovaquia, liderada por Havel, los polacos se habrían quedado solos: “es
cierto que los checos nunca hubieran ganado si nosotros no hubiéramos ganado antes en 1989, pero hay
algo más que decir. Si la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia no hubiera ganado, y si el
comunismo sólo se hubiera derrumbado en Polonia, nosotros, los polacos, nos hubiéramos quedado solos.
Y luego nos hubieran pacificado” (Íbidem).
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Comentarios sobre Generalidades
El fin del comunismo fue un proceso aparejado por el surgimiento de liderazgos asociados a nuevas
formas de construcción de la democracia. Walesa, Havel y Gorbachov figuran entre esos líderes. Por eso,
la fundación creada por Walesa tiene como prioridad la educación sobre “las reglas de la democracia”,
que es también un tema recurrente en sus conferencia, reuniones y entrevistas.
La nuestra fue la excepción y Walesa resolvió decidió abordar, como último tema de nuestro
encuentro, ese que tanto le apasiona. Comenta que hay que “reconocer que la democracia funciona
bastante bien cuando hay división de poderes”. Sin embargo, explica que “el simple hecho de votar
significa democracia”. Destaca la importancia de la educación y del civismo y que hace falta una
reorganización de la actividad de los ciudadanos ya que en muchos países son bajos los porcentajes de
participación: ¿Si la democracia es mayoría, y, por ejemplo, solamente el 50% vota, entonces: dónde
está la democracia? Exagerando, pero para ilustrar su punto, dice: “llegaremos al momento en que
solamente los candidatos voten”.
Walesa reflexiona: “¿Cómo puede funcionar de verdad la democracia?” Nos habla de lo que él
define como la Fórmula Walesa sobre la democracia, constituida por tres elementos: el primer elemento,
“un primer 30% de la fórmula”, lo componen los derechos: la constitución, las leyes, las regulaciones.
“El segundo 30% es la percepción de la gente sobre la democracia y cómo se comporta la gente en la
democracia”, es decir si la gente participa en las elecciones, si la gente vota, si se encuentra organizada
en partidos políticos o en otras estructuras. El “tercer 30% es la chequera, el tamaño de la cuenta de banco
de la gente”. Saber si se cuenta con los recursos para “afrontar económicamente la democracia”. En
cuanto a este último factor económico-social de la democracia, Walesa anota: “sólo un porcentaje muy
bajo de la población se puede oponer a cambios antidemocráticos ya que (hay países en que un alto
porcentaje de la población) no se puede permitir luchar u oponerse si no tiene el capital para comer, para
sobrevivir, para hacer huelgas: la gente tiene miedo a perder su trabajo”.
Hacemos notar que los tres ingredientes de la democracia que nos ha comentado suman un 90%:
“el 10% faltante (de la fórmula) puede ser lo que ustedes quieran que sea”, concluye.

El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa

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3.- MÉTODO
El presente artículo es un caso de estudio contextualizado a partir de la entrevista semiestructurada de
una fuente directa y primaria, para concluir con un texto explicativo construido a partir de un método
sintético que analiza, detalla y sintetiza la información recopilada a fin de dar mayor contenido a la
conversación que tuvieron los autores con el expresidente de Polonia, Lech Walesa. Finalmente, se
detalla que se trata de una investigación cualitativa, ya que se exploraran las experiencias interpretativas
-y hasta subjetivas- del entrevistado.
Este análisis considera como participantes al expresidente de Polonia Lech Walesa, a México
como parte interesada en el desarrollo de una política exterior hacia la región de estudio, así como a los
países que conforman Europa Central, que para efectos de este estudio se considera así a los miembros
del Grupo Visegrado: Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría.
Para construir una Visión de Europa Central, se realizó una recopilación, y selección documental
de fuentes primarias provenientes de distintos gobiernos de la región de Europa Central y especialmente
la propia conversación de los autores con el expresidente de Polonia, Lech Walesa, considerando sus
experiencias como fuente directa y primaria. En el caso de fuentes secundarias, y con el propósito de
proveer contexto, se consideraron estudios académicos sobre la región centroeuropea; artículos y reportes
periodísticos históricos; así como una selección de entrevistas realizadas previamente al expresidente de
Polonia Lech Walesa con la finalidad de hacer un análisis comparativo y comprensivo de la conversación
sostenida por los autores.
4.- CONCLUSIONES
Como se ha explicado en este trabajo, el concepto de Europa Central ha evolucionado a lo largo de la
historia. Desde del fin del comunismo y hasta nuestros días, es una región que se resignificó, en especial
a partir de la agrupación de cuatro naciones (Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría) en el
llamado Grupo Visegrado en 1991 y que se asumió como representante de Europa Central.
Las profundas transformaciones de esa región, luego de la caída de la cortina de hierro, han tenido
diversos anclajes: el tránsito hacia economías de mercado y democracias liberales, y, por otro lado, su
integración a la Unión Europea y su reposicionamiento estratégico desde su membresía a la OTAN.
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Los resultados de treinta años de cambios -tan radicales como exitosos- son notables y culminan
en su salto a un nivel de desarrollo cercano a las economías más prósperas del continente europeo, patente
en ámbitos como la calidad de la educación, el desarrollo de infraestructuras y la complejidad de su
estructura productiva.
Desde el enfoque de naciones como México, entender el concepto actual de Europa Central tiene
un sentido instrumental. Por un lado, porque se trata de una subregión que ofrece grandes oportunidades
para México, a partir de sus especificidades, en el contexto de la Unión Europea. Por otro lado, porque
México ha buscado articular un marco más eficaz hacia las naciones que conformaron el antiguo bloque
comunista en Europa. Luego de un periodo en que las naciones del Grupo Visegrado estuvieron inmersas
en profundas transformaciones como parte de su integración a la Unión Europea, han emergido como
actores en internacionalización, buscando socios estratégicos más allá del continente europeo.
La entrevista que realizamos a Lech Walesa, uno de los artífices del concepto vigente de Europa
Central y de la caída de la cortina de hierro, registra matices y profundiza en una visión actualizada,
indispensable para el conocimiento de esa región.
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El Grupo Visegrado: una visión de Europa Central. Conversación con Lech Walesa

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Distancias a vencer y mitos a romper: El establecimiento
de las relaciones diplomáticas mexicano-polacas1
Distances to beat and myths to break: The establishment of Mexican-Polish diplomatic
relations
Edyta, Kwiatkowska-Faryś 2
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión documental cuyo objetivo
consistió en sistematizar la información y describir las condiciones sociopolíticas
del entablamiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre México y
Polonia. Se aplicó el método de selección y análisis de fuentes, el tipo de
investigación es cualitativa. Se encontró que la relación política de Polonia y
México partió del desconocimiento mutuo y una serie de tópicos, siendo una de
las primeras tareas de los gobiernos la de rectificar o confirmar las respectivas
imágenes de los países. Se concluye que las dos décadas iniciales de contactos
oficiales testimonian la evolución de los conceptos sociopolíticos y la
consolidación de estas imágenes estereotipadas.
Palabras claves: Diplomáticos, estereotipos, relaciones mexicano-polacas.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 08-01-2021
Fecha de aceptado: 27-06-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is the result of a documentary review whose objective consisted in
gathering information and describing the socio-political conditions of the
establishment of bilateral diplomatic relations between Mexico and Poland. The
method of selection and analysis of sources was applied, the type of research is
qualitative. It was found that the political relationship between Poland and
Mexico started from mutual ignorance and a series of topics, being one of the
first tasks of the governments to rectify or confirm the respective images of the
countries. It is concluded that the initial two decades of official contacts witness
the evolution of socio-political concepts and the consolidation of these
stereotyped images.
Keywords: Diplomats, Mexican-Polish relations, stereotypes.

Cómo referenciar este artículo:
Kwiatkowska-Faryś, E. (2022). Distancias a vencer y mitos a romper: el establecimiento de las relaciones diplomáticas
mexicano-polacas. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 8(15), 152-170. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-8

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Este artículo es producto del proyecto de la Embajada de México en Polonia, iniciado y finalizado en 2021.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia. Doctora en Humanidades por la Universidad de Poznan, profesora encargada en la
Universidad Adam Mickiewicz de Poznan. Email: edyta.kwiatkowska@amu.edu.pl. ORCID ID: 0000-0003-4765-6202.
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1.- INTRODUCCIÓN
El México contemporáneo es uno de los socios prioritarios de Polonia en América Latina. El animado
desarrollo de contactos comerciales y empresariales, las costumbres y expresiones culturales comunes,
así como las tradiciones democráticas de ambos países se consideran las principales determinantes del
fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El marco comunitario europeo es el factor adicional que
refuerza la cooperación entre Polonia y México.
Las relaciones económicas entre Polonia y México, que se entablaron en el siglo XIX y se
formalizaron gradualmente a finales de los años veinte del siglo pasado, son más antiguas que las
relaciones diplomáticas y consulares. Se han caracterizado por una dinámica débil y sólo han aumentado
notablemente en la década de 1990. Teniendo en cuenta el volumen de comercio en la última década,
México se mantiene como tercer socio comercial de Polonia en América Latina. Por su situación
geográfica, tamaño del mercado y potencial económico, sigue siendo uno de los socios económicos
polacos más importantes del hemisferio occidental.
No obstante, las centenarias relaciones políticas entre Polonia y México, en los años 20 del siglo
pasado nacían en un entorno – real e imaginario – bastante desfavorable, marcado por el mutuo
desconocimiento y desprecio. Este estudio recoge los conocimientos en la materia de los inicios de las
relaciones entre Polonia y México: bilaterales, mutuas y voluntarias entre gobiernos.
Partimos de la premisa de que igual a la cultura popular (cine, prensa, reportajes) del principio
del siglo XX, el discurso diplomático que documenta la relación política bilateral, emprendida a partir
del año 1928, contribuye a la percepción de Polonia en México y de México en Polonia, basada en tópicos
y simplificaciones. La intención es poner de manifiesto la tarea que se propusieron ambos países de
vencer la desconfianza institucional y política entre los dos Estados que se acababan de redefinir. En el
artículo nos centraremos entonces en las primeras décadas de las relaciones bilaterales, partiendo del año
1918 y poniendo como cesura natural el momento del histórico cambio geográfico e ideológico que sufrió
Polonia al finalizarse la Segunda Guerra Mundial (1945).
El intento del acercamiento oficial de Polonia y México tuvo lugar tras la reaparición de Polonia
en el mapa político del mundo, estableciéndose finalmente la relación diplomática de la II República de
Polonia y el México posrevolucionario en la segunda década del siglo XX.
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En 1921 México recibió solicitud de reconocimiento de Polonia, y otros cuatro países, según
podemos leer en el informe del presidente Álvaro Obregón ante el Congreso (Informe, 2006),
considerando esta fecha la del establecimiento de las relaciones formales (Relaciones, 1989:11). En otra
publicación se consigna que tales relaciones formales se establecieron en los primeros meses de 1928,
tras haber renovado México su propuesta de entablar las “formales relaciones diplomáticas”
(Recomendaciones, 2015:13; Smolana, 2018: 46). Independientemente de la fecha, pronto resulta que
las primeras décadas de las relaciones oficiales están marcadas por precauciones, pero también por
prejuicios por parte de los diplomáticos de ambos países.
Al analizar los documentos de la época podemos reconstruir esta imagen resultante de diferentes
experiencias políticas, sociales y culturales acerca de Polonia y polacos como nación, así como podemos
observar un conjunto de valores y experiencias contrapuestas, expresadas y conceptualizadas por la parte
polaca sobre México, reforzadas en la prensa nacional. El objetivo de la investigación es sistematizar la
información trasmitida y difundida a través de las fuentes diplomáticas, y analizar el contenido valorativo
del discurso oficial tras el establecimiento de las relaciones bilaterales mexicano-polacas.
2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Mitos: México bandolero y salvaje, Polonia en el medio de la nada
Fijémonos en primer lugar en los antecedentes. Junto a las circunstancias geopolíticas, fue la cultura
popular – y más precisamente el heteroestereotipo de México, común en toda Europa a principio del siglo
XX – el que proporcionó el fundamento para la imagen colectiva del país azteca. En cambio, para el
México revolucionario Polonia era una nación desconocida. Además, llevaba más de cien años borrada
como estado del mapa político de Europa y su territorio se encontraba repartido entre tres imperios:
Prusia, Imperio Austrohúngaro y la Rusia zarista.
Ya Tadeusz Łepkowski el historiador polaco que analiza las relaciones polaco-mexicanas,
subraya que la actitud de Polonia hacia México, que renació en 1918, estuvo en gran medida
condicionada por el estereotipo imperante en la época. México era visto en Polonia como un país de una
civilización antigua y misteriosa, cristianizada por los conquistadores españoles, pero también poco
ilustrada y políticamente inestable. Era más un "Estado bandolero" que un exótico y pacífico oasis que
disfruta de una economía desarrollada y dispone de una población trabajadora (Łepkowski, 1980:43). Se
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veía como socialmente dividido en el México criollo de los políticos y militantes, y el México indígena
pobre y salvaje. Esta debilidad socioeconómica llevó a Estados Unidos a convertir el país vecino en un
territorio de su rápida expansión. En el Viejo Continente, mantenía su vigencia la decimonónica tesis de
Michel Chevalier, expuesta en Le Mexique ancien et moderne, que con la excepción de la plata que
poseía, México era inútil para Europa (1863:67).
La distancia, el mutuo desconocimiento y un cierto desinterés aportaron pues a que la percepción
del otro país se encaminase por los estereotipos. El fin de la Primera Guerra Mundial en Europa posibilitó
la reaparición de Polonia. En el mismo año, 1918, en México terminó la Revolución, lo que trajo un
nuevo orden político en este país. El periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, tanto en Polonia,
como en México, garantizó de alguna manera la posibilidad de normalización de la situación política en
ambos países. A pesar de las mutuas miradas, en buena parte prejuiciadas, los dos países tenían algo en
común: uno, recién recuperada su independencia y el otro recién salida de una revolución, enfrentaban
el reto de reconstruir el país.
No obstante, con el paso de los años, se pusieron de manifiesto los valores e intereses
contrapuestos defendidos por cada país. Prueba de eso es en la participación de ambos Estados en la
Sociedad de Naciones: en el caso de la invasión italiana a Abisinia, en 1935, México la condenó y se
negó a reconocer la anexión de este país africano a Italia. Polonia, en cambio, mantenía buenas relaciones
con el gobierno de Mussolini. Del otro lado, en el caso de la guerra civil española, mientras México
prestó auxilio a los republicanos derrotados y exiliados, Polonia, por el contrario, reprimía a sus
ciudadanos que lucharon a favor de la República y en algunos casos hasta llegó a privarlos de la
nacionalidad polaca (Łepkowski, 1986).
También influye en el distanciamiento político el hecho de escaso flujo migratorio del territorio
polaco a México. Aunque hubo personas que inmigraron de Polonia a México, en el periodo de
entreguerras se tuvo un censo de apenas 7500 personas (Jacórzyński y Kozłowski, 2015: 24). Conviene
aclarar que muchos de estos migrantes pretendían llegar a Estados Unidos y que – aunque había
declaraciones de coordinación de la política migratoria a nivel de gobiernos (Dębicz y Smolana, 1993:
17-40) – estas no se concretaron: ni antes ni después de la introducción del sistema de cuotas
estadounidense.

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De hecho, no hubo ningún significativo vínculo previo, ni una experiencia social o cultural
compartida, para que se puedan abstraer de ellas los valores o rasgos del otro, que estuvieran de alguna
manera más fundamentados en la realidad.
Tópicos: Polonia demasiado contrarrevolucionaria, México demasiado revolucionario
Ya se ha dicho que las características que conlleva el concepto de Polonia y el concepto de México,
difundidas en las primeras décadas del siglo XX, derivan de una serie de prejuicios resultantes de un
profundo desconocimiento mutuo. Además, en Polonia se popularizó bastante la opinión estadounidense
acerca la situación política en México, según la cual el país generaba caos, desorden, crueldad,
anticlericalismo y xenofobia (Łepkowski, 1980: 55-57).
En cambio, en México no se dieron antecedentes, ya que se desconocía Polonia simplemente.
Podemos suponer que la inicial curiosidad y buenos sentimientos de los mexicanos hacia Polonia tenían
que ver con el hecho de que la veían como un estado débil que, al igual que México, había sido víctima
de vecinos poderosos.
Sin embargo, mientras que la Polonia renacida en 1918, veía a Rusia bolchevique con
desconfianza y resentimiento, el México emanado de la revolución saludaba con entusiasmo a la Unión
Soviética. La nueva situación geopolítica mundial influye en la consolidación de la valoración
desfavorable en las relaciones bilaterales.
En el año 1922, Rodolfo Nervo, encargado de negocios a. i. de México en Francia, en su largo
informe sobre su misión especial a Polonia anotó el interés de Polonia en las relaciones comerciales y
sobre la posibilidad de migración de los ciudadanos polacos para establecerse en México como
agricultores (Łepkowski, 1980: 60). Comenta también Nervo que “en lo tocante al reconocimiento de
jure del gobierno mexicano por el de Polonia”, el gobierno polaco se regía por la política estadounidense,
entonces, aunque las expresiones de interés y anhelos de formalizar las relaciones fueran reiteradas, da
la impresión de que estas intenciones no eran de todo auténticas, sobre todo en cuanto a la parte polaca
(AREM 30-29-35, 1922).
Otro obstáculo serio para el establecimiento de relaciones oficiales fue la cuestión religiosa. El
gobierno polaco condenaba la guerra cristera en México, y entre la población se difundieron los reportajes
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y noticias de prensa sobre la represión de los católicos mexicanos, entre los cuales destaca el libro del
escritor y viajero Melchior Wankowicz (1927). Con esta circunstancia está también relacionada, por
ejemplo, la sugerencia del representante de Polonia en Estados Unidos, en 1926, a que su canciller
retrasara la designación de un representante en México hasta que finalizara el conflicto (AAN 1929).
En 1928 México propuso nuevamente a Polonia establecer “formales relaciones diplomáticas”, a
través del representante mexicano, acreditado y en funciones, en la República Checoslovaca, Leopoldo
Blásquez Como resultado de esa gestión, el gobierno polaco, no sin referirse nuevamente a sus
restricciones presupuestarias, nombró cónsul general en México a Zygmunt Merdinger. México, por su
parte, nombró cónsul general a Raúl Rodríguez Duarte y abrió el consulado en Varsovia en 1929 (AREM
30-29-35).
En suma, las relaciones bilaterales en sus comienzos estaban condicionadas por las circunstancias
y el contexto político de uno y otro país. Concluyeron en formalización definitiva de las relaciones
diplomáticas, aunque no se evitaron roces. Zygmunt Merdinger tenía el rango de encargado de negocios
y, en vista de ello, Polonia en 1930 nombró a Tytus Filipowicz, diplomático de carrera, como Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. Entonces este mismo año México designó, con el mismo
rango, a Rodolfo Arturo Nervo. Sin embargo, Tytus Filipowicz era sobre todo el embajador de Polonia
ante el gobierno de Estados Unidos y residía en Washington. Esa condición y el hecho de terminar su
misión en pocos meses incomodaron al gobierno mexicano. Los polacos terminaron nombrando a
Merdinger, con un rango menor, el de encargado de negocios, como jefe de la legación, en vista de lo
cual México retiró a su ministro plenipotenciario Nervo y dejando a Antonio Castro Leal como encargado
de negocios a. i. Este nivel de las relaciones se mantuvo hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial
en 1939.
Observaciones: Polonia y México de cerca
Las observaciones diplomáticas constituyeron una especie de nueva fuente modeladora y modificadora
del concepto de uno y otro Estado y nación. La mala opinión y desinterés del lado polaco respecto a
México estaban correspondidos por la opinión de los diplomáticos mexicanos acerca de Polonia y su
desorganización financiera, laboral, educativa, problemas con las minorías y con el aseguramiento de sus
fronteras. Aunque tratamos de mantener un amplio panorama temporal, analizando los documentos de

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varias décadas, son particularmente destacables los informes de Rodolfo Nervo (enviadas en el período
entre 1921 y 1932) y de Luciano Joublanc Rivas (del período de 1933 a 1939).
En la primera etapa de las relaciones bilaterales encontramos varios oficios e informes de los
diplomáticos mexicanos a sus superiores y a la inversa, en los cuales para apelar a Polonia se repite el
término de “nación amiga”, sobre todo en las cartas de Nervo (AREM: AEMF 110.2). El mismo
representante no se abstiene de trasmitir a sus superiores las informaciones sobre los atributos negativos,
en el contexto de las relaciones formales. Apunta a la desorganización protocolar e ignorancia, aunque
lo considera “inevitable en un país que acaba de iniciarse en la vida internacional” (AREM: AEMF
79.15).
No obstante, las relaciones mexicano-polacas resultan poco fluidas y sin logros significativos
para ambos países. La actitud polaca hacia México seguía, en general, poco amistosa. México se quejaba,
por ejemplo, ya en los años 30, de la mencionada falta de reciprocidad en cuanto a las representaciones
oficiales o de violaciones de la correspondencia diplomática por parte de Polonia (AREM: 438.1-0/510/1
Doc. n°566, Varsovia, 15-10-35). Pero lo que causaba más rechazo y reforzó sin duda la imagen negativa
de Polonia por fue la larga militarización del país. Joublanc Rivas escribe sobre “una oligarquía militar
que encabeza el Mariscal José Pilsudski, héroe de la Independencia y amo de los destinos de la
Republica” (AREM: III-1321-5 1. parte, f. s/n). En su descripción, Piłsudski, héroe de la independencia,
jefe de Estado y de gobierno y finalmente dictador,
gobierna el país entre bastidores, pero con mano de hierro. Es una figura pintoresca, un hombre
decidido a todo, que no titubeó ante el crimen y el latrocinio cuando se jugaban los destinos de su patria
(ibidem).
El ministro concluye que este régimen despótico “repugna al amor natural del todo mexicano por
las libertades cívicas y las fórmulas democráticas que con tanto sacrificio y a costa de tantas vidas apenas
vamos comenzando a implantar en nuestro país” (ibidem). Asimismo, advierte, en relación con el tema
de militarismo, que:
Polonia está tan alejada de nosotros que esta desdichada situación no puede afectarnos, y lo único
que debemos hacer, si deseamos mantener relaciones cordiales con su gobierno, será abstenernos de
cualquier crítica que pudiera herir su susceptibilidad (AREM: III 1321-5 2. parte, f. s/n).
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Polonia, según el cable del servicio exterior mexicano, se encontraba “ansiosa de figurar como
gran Potencia europea y menospreciada a cada paso por las verdaderas grandes Potencias” (AREM: III1321-5 1. parte, f. s/n). Joublanc Rivas observa que Polonia ha reaccionado con un “nacionalismo agudo
que ciega a sus habitantes hasta hacerlos caer en extremos que dejan de ser respetables, por patrióticos,
para caer en la comicidad y el ridículo” (ibidem).
Cabe añadir que en su autoestereotipo Polonia, a pesar de la realidad política europea, se veía a
sí mismo como “potencia media”, con peso suficiente para intervenir en la Europa de la preguerra y que
aspiraba a ciertos territorios coloniales, por ejemplo, en África (AREM: Doc. n°175, Varsovia, 7-03-35.
Joublanc. III/ 510 (438-0) 1135-4.).
Curiosamente, la defensa del jefe de estado Józef Piłsudski se puede encontrar también en los
archivos mexicanos: en una nota del diplomático polaco Zygmunt Merdinger, de 1929, que contiene la
protesta por un artículo aparecido en el periódico El Universal, en el que se difamaba al venerado
mariscal.
Realidades: factores económicos y culturales
Una de las tareas más importantes de ambas misiones diplomáticas fue la promoción de la cooperación
económica. En el año 1927 a México llegó la delegación del comité organizador de la Cámara de
Comercio Polaco-Latinoamericana. Zygmunt Merdinger se daba cuenta de lo difícil que era organizar la
cooperación, constatando: “el mercado mexicano es para nosotros completamente virgen y los esfuerzos
de entrar en él realizados por la parte polaca, son mínimos” (AAN MSZ sygn. 11641). En el mismo
documento, el plan de la promoción económica del Consulado General de Polonia proponía “informar
prácticamente a las esferas mexicanas de comercio sobre el tipo de productos y la mercancía de
fabricación polaca” (ibidem).
En distintas ocasiones los representantes de los dos países trataron de llegar a un tratado
comercial: por ejemplo, en 1930 el embajador Rodolfo Nervo sugirió un arreglo aduanal. El mismo
diplomático informaba también del descubrimiento polaco de unos neumáticos “impicables” y de la
pretensión de Polonia, de que México invirtiera en su fabricación (AREM, informe del 1932-03-31).
Ante la negativa mexicana, por falta de recursos, el 1° de mayo de 1931 el gobierno polaco prohibió la
importación de productos mexicanos a Polonia.

Distancias a vencer y mitos a romper: el establecimiento de las relaciones diplomáticas mexicano-polacas.

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Los dos sucesores de Nervo intentaron también la concertación del tratado. Castro Leal terminó
informando que ni México ni Polonia estaban en condiciones de acordarlo, porque Polonia recién
arribada a su independencia, carecía de comunicaciones con América y que ninguno de los dos países
tenía fondos para créditos a la exportación. (933-04-04; 1933-06-07; 1933-08-28; 1933-10-11; 1936-02;
1938-03-10; 1939-05-30).
En efecto el intercambio comercial presentaba un desarrollo lento y poco satisfactorio para ambos
países.
Cuadro 1.
El valor del intercambio comercial entre México y Polonia en los años 1935-1939
Año

Exportación

de

Polonia

a Exportación

de

México

a Balance

para

México, valor en pesos

Polonia, valor en pesos

Polonia

1935

601.023

69.987

+ 531.136

1936

678.451

1.263.377

-

1937

1.800.749

984.702

+ 816.047

1938

1.993.852

923.573

+ 1.070.279

1939

984.496

710.623

+ 273.873

594.926

Fuente: Smolana (2018, p. 67).
Dados los débiles resultados del intercambio comercial en el primer período del funcionamiento
de la representación diplomática, en el año 1930 iniciaron las conversaciones sobre la firma de un tratado
comercial. A principio del año 1936 se celebró un encuentro bilateral con el fin de negociarlo. Sin dar
resultados en concreto, la parte mexicana suspendió las negociaciones en julio de 1936.
La falta de efecto de las conversaciones oficiales no imposibilitó la actividad de particulares y
sus empresas. Los inmigrantes polacos, sobre todo los judíos polacos, organizaron la importación, por lo
general no muy numerosa, de productos polacos a México. Entre el año 1934 y 1935 se formó la
Compañía Mercantil Transmarítima S.A. Sus fundadores, Herman Rubin, Marek Maus, Zygmunt
Reisbaum y Henryk Schrenzel, desarrollaron el negocio de importación-exportación entre Polonia y
México. De Polonia importaban lúpulo, malta para la fabricación de cerveza, jamones etc. (Łepkowski,
1986). En 1939 vino a México el coronel emérito Jan Skoryna, como enviado del Consejo de Comercio

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Exterior Polaco, para organizar la exportación de los productos polacos, sobre todo los productos de la
industria pesada. Iba también a investigar las posibilidades de la importación de materia prima de México
a Polonia. Parece que su misión habría sido exitosa, si no fuera por el estallido de la Segunda Guerra
Mundial.
El comercio, así como la cultura, pudieran haber elevado la calidad de la relación diplomática, y,
en consecuencia, mejorar la percepción colectiva de ambos países. Sin embargo, aunque el mismo
Merdinger admitiera en 1933 que “el intercambio entre Polonia y México reviste un carácter cada vez
más amplio” (AREM III-137-13, f, s/n), los asuntos comerciales no dieron mayores resultados. Es más,
los informes mexicanos transmiten una imagen de Polonia cada vez más desfavorable. Si bien el
memorándum mexicano del mismo año (AREM III 2318-1, f. s/n.) expresa el deseo de “grandes
proporciones del comercio en época no muy lejana”, dado que “ambos países están en pleno desarrollo”,
en el mismo documento hace la observación general de “encontrarnos en una época tan desfavorable
como la presente” (ibidem), que es una alusión a los incesantes inconvenientes que no permiten celebrar
el tratado de comercio con Polonia.
Los expedientes reportan pequeños avances en asuntos del intercambio cultural, pero también
relatan roces por la exhibición de películas y la difusión de publicaciones denigrables, como el filme
polaco La Paloma o la producción mexicana La sangre polonesa (Relaciones, 1989: 12-15). Al mismo
tiempo Joublanc Rivas expresa en el informe su estima por la literatura polaca:
Las joyas literarias de Polonia, cuyos escritores descuellan especialmente en el campo teatral,
están destinadas pues a ser conocidas en México únicamente por una pequeña élite, que podrá leerlas en
traducciones francesas. El resto del público tendrá que conformarse con Sienkiewicz y Ossendowski
(AREM: III-1321-5, 3. parte f. s/n).
En los cables se encuentran críticas entusiasmadas de los músicos y compositores
considerándolos el factor esencial de lo polaco, además libre del idioma, “uno de los más difíciles que
hay actualmente en el mundo” según Joublanc Rivas. Describe además a los polacos como la “nación
artística por excelencia” (ibidem.)
Paralelamente al contacto oficial, en Polonia se extiende el concepto de México bárbaro,
comunista y anticatólico. El reconocido escritor polaco Melchior Wańkowicz en 1927 publica en
Varsovia un libro de reportajes titulado W kościołach Meksyku [En las iglesias de México], fruto de su
Distancias a vencer y mitos a romper: el establecimiento de las relaciones diplomáticas mexicano-polacas.

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viaje y estancia de algunos meses en México. Logra acercar la temática mexicana al público polaco, pero
al mismo tiempo refuerza la imagen del país bandido y cruelmente anticatólico, enfocando la atención
de los lectores en la destrucción de la fe cristiana.
En 1933, causando roces y violentas polémicas, aparecieron en la revista Polacy w Całym Świecie
[Polacos en el Mundo Entero] varios artículos difamatorios, entre ellos el titulado: “Meksyk, żeby cię
pochłonęło piekło na ziemi [México, que desaparezcas infierno sobre la tierra]”, con una felicitación a
la revista, firmada por Tadeusz Jarocki, agregado de la legación de Polonia en México (Stankiewicz,
1933).
Figura 1.
3 imágenes del artículo difamatorio en la revista Polacy w Calym Swiecie, 1933:11-12.

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Fuente: Stankiewicz (1933).

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En la misma década, repetidamente en el periodo de 1932 a 1939, no se autorizó en Polonia el
uso de la radio, solicitado por la misión diplomática mexicana, para hablar del aniversario de la
independencia de México (Relaciones, 1989: 25-31). En 1935 Joublanc Rivas comentará disgustado, en
un cable a su cancillería, que en Polonia “se sigue el sistema de obtener el máximo de concesiones
y ventajas con un mínimo de reciprocidad o nada, si es posible.” (ibidem).
La discrepancia religiosa, que dio lugar a la Guerra Cristera en México, era otro factor que tanto
el gobierno polaco como la población, en gran parte católica, condenaban. Para los diplomáticos era
difícil “encontrar un punto de contacto que haga posible el acercamiento y la simpatía” hacia la Polonia
espiritual que notaban, en efecto, susceptible, acomplejada y fanática. Joublanc Rivas observa: “con
excepción del idioma, estimo que las tendencias políticas y el fanatismo religioso (católico), tan
característico de este país, son los mayores obstáculos para su acercamiento con el nuestro” (AREM: III1321-5 1. parte, f. s/n).
El encargado de negocios a.i. aconseja en el mismo informe, que si hay interés en un acercamiento
con Polonia:
La mejor manera de conquistar la amistad y buena voluntad del pueblo y el gobierno polaco sería
el demostrar, por todos los medios posibles, un sincero interés en su existencia como país independiente,
en primer lugar; y después, tener siempre muy presente a Polonia en cualquier acto de carácter
internacional al que sean invitadas las grandes Potencias; exteriorizar la admiración por sus grandes
hombres (…); y evitar cuidadosamente cualquier pequeña omisión o crítica a la que una gran Potencia
no concedería importancia, pero que Polonia, por sus circunstancias especiales, consideraría como
deliberada ofensa, pues difícilmente habrá en estos momentos otro país en el mundo que tenga una
susceptibilidad tan desarrollada (AREM: III 1321-5).
De hecho, en los próximos años, el tema “Polonia” se convertiría en el “problema polaco”
(AREM: III726-7, f. s/n). Polonia, a lo largo del periodo de entreguerras, perdió su imagen positiva y en
los años cuarenta, pasando a concebirse como un país, un socio con una particular “nota exótica” (AREM:
III-2413-16, f. s/n).
Sin embargo, en Polonia, en la misma década, que atrapó a este país centroeuropeo en la situación
de otra guerra mundial, el concepto polaco de México cambia radicalmente, dando paso a una imagen de
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“la tierra prometida” y “bendita tierra de paz” (AREM: III 639-10, f. s/n y AREM: III 2413-16, f. s/n.).
Esta imagen se debe en gran parte a la maniobra política multinacional de establecimiento de la colonia
Santa Rosa, Guanajuato: asunto ya estudiado y documentado en varias investigaciones, como la de
Smolana (2018) o Carreño y Zak (2001).
3.- MÉTODO
Con el fin de reunir los datos necesarios para describir y caracterizar los inicios de las centenarias
relaciones diplomáticas mexicano-polacas, empleamos un análisis documental, basándonos en la revisión
del material escrito reunido en los archivos nacionales de ambos países.
Los documentos fueron consultados tanto en forma de antologías de fuentes, como por medio de
acceso directo al acervo histórico que conserva los documentos originales. Se trata principalmente del
conjunto publicado por el Archivo Histórico Diplomático Mexicano: Relaciones México Polonia
1921/1989. Cronología y documentos (1989). Los expedientes consultados se encuentran archivados en
el Archivo Histórico Genaro Estrada en México (Archivo de Secretaría de Relaciones Exteriores –
AREM). En caso de las fuentes polacas, contamos con la extensa colección de Archiwum Akt Nowych
– AAN y el Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
La selección de fuentes generadas por ambas naciones resultó útil para diseñar tanto el tamaño
como el rango de la investigación. Esta estrategia también permitió la comparación y organización del
material para obtener las citas textuales relativas a diferentes plataformas de contacto y cooperación
bilateral.
Las fuentes que posibilitaron este análisis incluyen entonces los documentos institucionales. Se
trata sobre todo de los textos oficiales expedidos por el servicio exterior mexicano, emitidos entre el año
1921 y 1945. Es el marco temporal comprendido entre el mencionado informe presidencial de Álvaro
Obregón sobre el reconocimiento de Polonia (1921) y el cable cifrado del embajador de México en
Londres, Rosenzweig Diaz sobre la actitud del gobierno mexicano respecto el desconocimiento del
gobierno de Polonia en exilio del año 1945. Son varios formatos diplomáticos: informes, oficios, cartas,
memorándum, telegramas, boletines generados por el servicio exterior mexicano o polaco.

Distancias a vencer y mitos a romper: el establecimiento de las relaciones diplomáticas mexicano-polacas.

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Para complementar este análisis cualitativo nos nutrimos de los escasos textos periodísticos y
literarios de la época: las narraciones de viajeros o escritores, sobre todo de Melchior Wankowicz, cuya
visión no difiere mucho de lo que se puede leer en los cables.
El cuerpo de este trabajo por su naturaleza no es un conjunto completo, dado que a menudo no
era posible acceder a ciertas partes de los acervos, no todas las fuentes se consiguen en original, además
muchos expedientes siguen clasificados o discontinuos. La lectura crítica de este material textual y su
ubicación en el contexto sociopolítico de la época, nos parecieron proporcionar el mejor instrumento para
elaborar una interpretación del asunto investigado.
La investigación fue realizada en varias etapas. La selección del tema coincidió con el centenario
de la independencia de Polonia y la celebración del 90 aniversario del establecimiento oficial de las
relaciones diplomáticas mexicano-polacas.
4.- CONCLUSIONES
Los estudios e informes sobre las relaciones bilaterales entre México y Polonia, aunque no numerosos,
reflejan el interés y relevancia del intercambio entre ambos países. En las últimas décadas se observa la
intensificación de mecanismos de cooperación y áreas de relaciones, sobre todo en la economía
(Recomendaciones, 2016:10-11).
No obstante, los intercambios son limitados y no reflejan el potencial que tienen ambos países.
En 1928 comenzó un diálogo político que ha carecido de regularidad o dinámica. A lo largo de los
decenios, los contactos de alto nivel eran esporádicos (Smolana, 2017:132-135) y también se observaba
la escasez de otros mecanismos de cooperación en el ámbito comercial, científico o multilateral.
Siguiendo las conclusiones de las Recomendaciones para el fortalecimiento de las relaciones México
y Polonia (2016) podemos concluir que las estrategias de acercamiento hacia el otro país recién tomaron
impulso en el siglo XXI.
En el contexto de nuestra investigación vemos que las particularidades de los casi centenarios
contactos políticos y económicos de Polonia y México no han contribuido en el conocimiento mutuo y
la falta de fomento de información o intercambio más intenso de alguna manera ha petrificado la inicial
relación de “distancias y mitos”. En el presente estudio pretendemos testimoniar el punto de partida y la
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etapa inicial de la promoción de los respectivos países en el ámbito de las relaciones bilaterales. Al
documentar el carácter y la dinámica del inicio de contactos diplomáticos a través de la mirada crítica
del cuerpo diplomático y mundo mediático, nos enfocamos en las actitudes y conceptos que hoy en día
llamaríamos estrategias de promoción o de imagen. Como vimos en las opiniones citadas, hace un siglo,
cuando los dos países, Polonia y México, empezaban a acomodarse en el teatro político internacional,
las relaciones caían en la trampa de los mutuos estereotipos.
La falta de algún vínculo significativo o cualquier experiencia compartida aportó a que en Polonia
prevaleciera la imagen del México bandolero y salvaje, reforzada además en las primeras décadas del
siglo pasado por la cinematografía estadounidense. Las imágenes de México como un país en
desorganización total encontraron también espacio en la prensa y literatura polacas.
En la política exterior de ambos países, el entusiasmo por el reconocimiento mutuo resultó de
corta duración. Pronto los diferentes conceptos políticos dificultaron la cooperación. En el ámbito
internacional, México promovía la doctrina Estrada de no intervención en asuntos internos y la defensa
de cualquier país que sufriera agresiones externas. Polonia, en cambio, mostraba su ansia de “figurar
como gran Potencia europea” intentando participar activamente en la geopolítica de entreguerras. A pesar
de que los iniciales informes de los diplomáticos mexicanos daban cuenta del paralelismo de la vida
política de ambos países, con el tiempo se volvió evidente que la recién resucitada Polonia priorizaba sus
asuntos internos y las relaciones exteriores no se iban a intensificar. Es más, se consolidaron los tópicos,
tanto en el campo de la política y economía como de la espiritualidad y cultura.
Los documentos estudiados ponen en evidencia que, aunque los gobiernos mexicanos buscaron
contrarrestar la imagen popular desfavorable de su país, paso a paso se daban cada vez más casos del
desentendimiento. El tópico de “México: demasiado revolucionario” parece arraigarse en la opinión
publica polaca, formándose principalmente sobre la base del discurso político estadounidense, pero
también en consecuencia de la percepción de las medidas tomadas contra la Iglesia católica durante la
denominada Guerra Cristera. Para Polonia, un Estado multiétnico que a fuerza procuraba formar una
nación monolingüe y católica, las restricciones constitucionales mexicanas, como por ejemplo la
prohibición de la participación política de la Iglesia, la censura al culto público fuera de los templos o la
restricción de poseer bienes raíces, se asemejaban a la barbarie comunista del potente vecino soviético.
No faltaron pues motivos para reforzar la imagen negativa, sobre todo en las revistas católicas o sociales
y en la narrativa, sobre todo de Melchior Wańkowicz.
Distancias a vencer y mitos a romper: el establecimiento de las relaciones diplomáticas mexicano-polacas.

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�Kwiatkowska-Faryś, E.

En cambio, la imagen de “Polonia: demasiado católica” aparecía con más frecuencia en los
informes de la legación mexicana en Varsovia y se interpretaba el papel de la religión no solamente como
una característica que el Estado polaco aprovechaba para contrastar el bolchevismo soviético, sino se lo
veía claramente como una herramienta de gestión interna y una expresión del conservadurismo social.
Los expedientes estudiados hacen referencia a los asuntos internos de la gestión de minorías étnicas y
religiosas y observan la institucionalización del catolicismo polaco.
En el presente análisis no se ha incluido el tema de los judíos polacos y el papel que pudo tener
el asunto de la migración judía en cuanto a la consolidación de la imagen mutua. Es un tema muy amplio
y el aporte de la percepción de los judíos ciudadanos polacos a la formación del imaginario de México y
de Polonia en el extranjero merece un estudio detallado aparte.
Los expedientes documentan que los primeros veinte años de relaciones oficiales entre México y
Polonia no proporcionaron provechos económicos ni comerciales. Surgieron varias iniciativas, pero por
lo visto faltaron tanto los fondos como un verdadero interés económico. Además, según las fuentes
estudiadas, la ausencia de un marco legal para la cooperación (la firma de un tratado bilateral no se logró)
desanimaba a los posibles socios, mientras que las recurrentes rupturas de las negociaciones previas
causaron un distanciamiento y desconfianza de negocios.
En cuanto a las relaciones culturales, pudimos documentar tanto avances como disonancias. La
estereotipización del imaginario (social y político) de México y de Polonia en el extranjero dificultaba la
difusión cultural mutua. A pesar de los esfuerzos de los diplomáticos, el reconocimiento cultural sufría
también la influencia de los tópicos, preservados por los medios. En los expedientes oficiales, no
obstante, encontramos informes e opiniones que documentan un gran aprecio a la cultura del país amigo,
sobre todo en cuanto a las actividades artísticas en el campo de la música. Sin embargo, desde el punto
de vista de la intensidad de cooperación, de ninguna manera se puede hablar de un significativo
intercambio cultural o científico. Más bien, las relaciones culturales, a semejanza con las políticas,
sociales o económicas, estuvieron cargadas de los tópicos iniciales difícilmente superables.
Basándonos en los materiales estudiados observamos, a pesar de la carga del estereotipo, que en
las primeras décadas de las relaciones bilaterales se dio una paulatina evolución cualitativa del concepto
de Polonia y de México. En caso de este primer país, su imagen indiferente se volvió desfavorable. En
cambio, la imagen de México evolucionó de plenamente negativa a moderadamente favorable.
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Actualmente, las consecuencias de estas imágenes incómodas ya parecen vencidas en las
relaciones bilaterales, tanto las políticas como las económicas. Sin embargo, los tópicos han dejado rastro
en la cultura popular y en el lenguaje o formas de comunicación. El impacto que estos estereotipos
todavía pueden tener en diferentes áreas de cooperación y contactos bilaterales es un interrogante que
valdría la pena plantearse en futuro. En este contexto parecería recomendable un detallado análisis de la
documentación contemporánea, con el objetivo de aportar para el diseño de unas eficaces políticas de
promoción de imagen.
REFERENCIAS
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Jacórzyński, W. R. y Kozłowski, M. J. (2015). Rostros de la presencia polaca en México: un vuelo a
través de la historia. Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura, 26, 11-44.
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Łepkowski, T. (1986). Historia Meksyku. Ossolineum.
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Secretaría de Relaciones Exteriores (2015). Recomendaciones para el fortalecimiento de las relaciones
México y Polonia. Instituto Matías Romero.
Smolana, K. (2018). Polonia y México a lo largo de la historia: una perspectiva desde la misión
diplomática polaca. Instituto Matías Romero.
Stankiewicz, J. (1933). Meksyk, żeby cię pochłonęło piekło na ziemi. Polacy w Całym Świecie:
czasopismo ilustrowane poświęcone emigracji polskiej. Królewska Huta, 10-15.
Distancias a vencer y mitos a romper: el establecimiento de las relaciones diplomáticas mexicano-polacas.

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Stankiewicz, J. (1933). Meksyk, kraina wiecznej rewolucji. Polacy w Całym Świecie: czasopismo
ilustrowane poświęcone emigracji polskiej. Królewska Huta, 25-27.
Wańkowicz, M. (1927). W kościołach Meksyku. Towarzystwo Wydawnicze Rój.

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Sergio Pitol y Polonia: la magia de la traducción1
Sergio Pilot and Poland: the magic of translation
Juan, Villoro Ruiz2.

Celebro la aparición del libro “Sergio Pitol: El Bristol y Polonia”, que recoge la muy fecunda relación
que el escritor mexicano tuvo con ese país, tanto por su estancia ahí como por las traducciones que hizo
de escritores polacos y, en fin, por el vínculo en general que tuvo con esa cultura tan estimulante para
él3.
Algo que marcó la trayectoria de Sergio Pitol a lo largo de su vida fue la relación con la cultura
en países donde la política era total o relativamente autoritaria.
Él viajó desde muy joven a Venezuela, que salía de la dictadura de Pérez Jiménez, y ahí se dio
cuenta de que la cultura podía tener un papel de transformación en una sociedad que no contaba con un
sistema político satisfactorio. Luego, tuvo una larga estancia en China donde vio que los espacios de
libertad no eran posibles. Fue testigo de la Revolución Cultural y China y de cómo los profesores e
intelectuales eran vejados en público. Le resultó imposible interactuar con un sistema totalmente
autoritario y se sintió profundamente aislado. Tuvo que hacer un viaje circunstancial para renovar su
pasaporte a Polonia y allí encontró un auténtico vivero cultural que coexistía con el socialismo realmente
existente. La tensión entre la pulsión renovadora de la cultura ante una sociedad y una política que
parecerían oponérsele, marcó el signo de su diferencia.
Vivió siempre en esas circunstancias y Polonia fue la matriz de su formación intelectual decisiva.
Tradujo algunos autores fundamentales de esa lengua: Andrzejewski, Kazimierz Brandys, Bruno Schulz
y, por supuesto, Witold Gombrowicz. La relación con Polonia fue la escuela de transformación
intelectual de Sergio Pitol. Ese intercambio le brindó la oportunidad de entender que la cultura tiene su
propio ritmo y sus propias formas de circulación, muchas veces subterráneas y disidentes, y que, poco a
1

Palabras del escritor mexicano Juan Villoro en el coloquio Sergio Pitol: la magia de la traducción, organizado por el Instituto Cervantes de Varsovia
(Polonia) a propósito del libro de Alejandro Negrín, Irwin Salazar y Nata-lia Pawelczyk, Sergio Pitol, el Bristol y Polonia, Embajada de México en Polonia,
Varsovia, 2020. El coloquio se celebró para honrar al gran escritor y diplomático Sergio Pitol -en particular su faceta de traductor, y tuvo lugar el 26 de
noviembre del 2020. La intervención de Villoro se puede encontrar en: https://www.youtube.com/watch?v=qf6TcdNV3n8;
https://www.youtube.com/watch?v=ZVipm489Hn8; https://www.youtube.com/watch?v=z-WB0TCu-58
2
Escritor y Periodista, Polonia
3
Sergio Pitol vivió 6 años en la ciudad de Varsovia, en dos momentos: como becario (entre 1963 y 1966), y co-mo diplomático (entre 1972 y 1975).

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poco, las expresiones marginales pueden volverse dominantes. La cultura propone transformaciones que
todavía no están a la vista de todos, pero en las buhardillas, en los sótanos, en los lugares donde se
presenta el teatro experimental o se celebran recitales de poesía, ahí es donde se plantea la verdadera
renovación.
El libro recoge, junto con muchos otros documentos importantes -y una muy detallada
introducción del Embajador Alejandro Negrín-, el texto La lucha con el ángel, escrito muchos años
después por Sergio Pitol. En plena madurez, recupera su estancia en el Hotel Bristol y el existencial
núcleo que lo determinaría para siempre.
La tensión entre las fascinaciones de la vida y las fascinaciones del intelecto, entre la acción y la
reflexión, el deseo y el deber, se condensan en La lucha con el ángel. Pitol tiene una invitación para
asistir a una obra de teatro; nada le parece más edificante y placentero que ver una buena obra,
especialmente en Polonia, donde había puestas en escena maravillosas. Recordemos que es el país de
Grotowski, de Kantor, de Mrozek, de tantos dramaturgos y directores que renovaron la escena. Se
dispone a suspender su afanoso trabajo de traductor para ir al teatro, cuando cede a una inquietud que
recuerda el famoso dilema de Tonio Kröger, personaje de Thomas Mann, que se siente escindido entre
los placeres y los estímulos de la vida, entre el trabajo y las tentaciones mundanas.
¿Vivimos verdaderamente cuando escribimos? La persona que se dedica a representar la vida
puede sentir que el auténtico acontecer se le escapa, que se limita a especular en vez de experimentar las
cosas. Esta tensión, que Thomas Mann desarrolla en una forma que encandiló a Pitol, se convierte en su
propio dilema
La lucha con el ángel. Polonia representa para él la tentación de entregarse a las fuerzas vitalistas
que ahí conoció y, al mismo tiempo, la posibilidad entregarse a las tentaciones del intelecto que también
conoció en ese sitio.
Al final, recibe una llamada de un amigo, el bailarín Marek Keller, y resuelve abandonarlo todo
para irse a una parranda con bailarines. De alguna manera, en la Lucha con el ángel gana la pasión, el
gusto por la vida, el principio del placer, pero el resultado de eso es una obra extraordinaria, un texto

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magnífico, la condensación de las dos tentaciones que Sergio Pitol encontró en Polonia, viviendo en el
hotel Bristol.
II
Sergio Pitol fue un escritor sumamente original que encontró una voz propia y una manera única de
relacionarse con la literatura, en un momento en que el mundo latinoamericano se abismaba, por un lado,
en las experimentaciones formales y los juegos estructurales más complejos y, por otro, en el realismo
mágico y la literatura fantástica.
Pitol emprendió un camino donde las anécdotas están siempre asociadas a la reflexión. Sus
historias se discuten a sí mismas. En cada uno de los textos hay variantes que podrían convertirlos en
otros textos. Empezó describiendo atmósferas opresivas, llenas de secretos mal guardados. Su libro Los
climas le debe mucho a la influencia que William Faulkner tuvo en él y en muchos otros escritores de
América Latina. Pero luego, el contacto con Polonia y con otras literaturas, lo fue volcando hacia una
progresiva introspección y hacía una discusión de sus ideas y de distintas variantes del arte desde la
narrativa.
Su novela El tañido de una flauta fue considerado por Carlos Monsiváis como una “obra maestra
secreta” de la literatura mexicana. Se refería a que, al publicarse, no tuvo gran resonancia de público; sin
embargo, esa narración transformó silenciosamente nuestra literatura. La trama se ubica en el festival de
cine de Venecia y aborda la trayectoria de un cineasta japonés y, al mismo tiempo, de un fallido artista
mexicano que termina sus días en el Bowery, barrio bajo de Nueva York. El complejo entramado
narrativo pone en contacto distintas formas de representar la realidad. También ironiza sobre la función
de los gestores culturales mexicanos, anticipando obras posteriores de Sergio Pitol.
Su periodo de madurez está marcado por la combinación híbrida de distintos géneros literarios.
En un libro maestro como El arte de la fuga, Pitol combina la memoria, la crónica, el ensayo, la ficción,
el aforismo, distintos géneros, para crear un tapiz múltiple que le permite investigarse a sí mismo, al
tiempo que habla de los otros. Progresivamente, fue adoptando algo que ya era una característica de él
como persona: el sentido del humor y la ironía.

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Sus primeros textos son muy azotados, muy dramáticos, desgarrados y hablan fundamentalmente
del fracaso. Él mismo, en tanto narrador, se considera como una aventura trunca, pero a medida que fue
perfeccionando su oficio, comenzó a burlarse de los demás y de sí mismo hasta llegar a la famosa Trilogía
del carnaval, donde entiende la vida y la literatura como una oportunidad de reírse de todo aquello que
le incomoda.
El desfile del amor indaga la historia de México. Ahí, el narrador advierte que la mejor manera
de adentrarse en ella es precisamente la novela. El protagonista es un historiador que quiere investigar
sucesos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial en México, en un edificio donde vivían
refugiados de Europa; en el proceso, se da cuenta de la dificultad de entrar en esa vida. Entrevista a
personas que fueron testigos presenciales y cada una de ellas le cuenta una versión distinta, tal y como
ocurre en la película japonesa Rashomon, basada en el famoso cuento de Akutagawa “En el bosque”.
Pitol ofrece allí una versión múltiple de la realidad. La única manera de darle coherencia, de articularla,
es precisamente la novela. Es una visión irónica sobre la realidad mexicana y, sobre todo, sobre la forma
en que la verdad ha circulado o, más bien, no ha podido circular en nuestro medio.
A partir de El desfile del amor, Pitol cultivó la ironía y el diálogo, basado en sus lecturas de Mijaíl
Bajtín, al que había frecuentado desde su estancia en Rusia, y así creó la arquitectura carnavalesca de sus
novelas de madurez.
Sin duda alguna, fue uno de nuestros mayores escritores, una voz profundamente original que
ganó con merecimiento el Premio Cervantes.
III
Cuando empezaba a escribir, Sergio Pitol me recomendó que tradujera; Decía que la traducción era una
gran escuela para un autor: la única posibilidad de entrar verdaderamente en las tripas de otro autor, de
saber cuáles fueron las decisiones que tomó, de hacerte responsable de todas y cada una de sus palabras
en otra lengua, lo cual pone en entredicho tu propio idioma, pues obliga a mostrar reflejos que no
necesariamente sabías que tenías. Se trata, sin duda, de un adiestramiento excepcional.

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Pitol tradujo decenas de libros de cinco lenguas distintas. Curiosamente, no hablaba bien ninguna
de ellas. Verlo en Praga, por ejemplo, al dirigirse a una persona, era un espectáculo extraordinario: si
alguna lengua dominaba era el políglotez, una mezcla de todas las lenguas que le venían a la mente. Pero
él mismo decía que algunos de los mayores traductores literarios no eran precisamente buenos intérpretes
desde un punto de vista oral y que lo más importante para un traductor era dominar el lenguaje de llegada,
es decir, el lenguaje escrito, y eso Pitol lo hacía en forma extraordinaria.
El escritor argentino Ricardo Piglia ha postulado la idea de que se haga una antología literaria
de la traducción, entendiendo que la traducción es un género literario por derecho propio y que las
mejores traducciones revelan, detrás de ellas, a un gran escritor. Fue el caso de Sergio Pitol,
especialmente con las traducciones de Witold Gombrowicz, un clásico del siglo XX, que prácticamente
era desconocido en nuestra lengua. La traducción de Ferdydurke -que el propio autor inició en compañía
de amigos que conoció en Argentina, pero que no hablaban polaco-, es una traducción tentativa.
Luego vinieron Cosmos, Transatlántico, El Diario argentino, del mismo Gombrowicz, y también
traducidas por Pitol, que dieron a conocer a uno de los principales renovadores literarios del siglo XX,
que había vivido prácticamente en el anonimato durante décadas en Buenos Aires, quejándose (con
razón, porque así lo demostró la historia) que en Argentina solamente podía triunfar algo que viniera
prestigiado desde Francia; como él simplemente vivía ahí, no se atrevían a conocerlo.
Sergio Pitol dio a conocer a numerosos autores polacos en su famosa Antología del cuento polaco,
lo mismo que a muchos otros autores de distintas lenguas.
De manera indirecta, México le debe también algunos grandes montajes teatrales, porque tradujo
a decisivos dramaturgos polacos.
Cuando tuve la suerte de ser jurado del Premio Cervantes, otorgado a Sergio Pitol, fue muy
importante considerar su labor como traductor. Los otros miembros del jurado, que eran básicamente
españoles, apreciaron mucho que la gran industria editorial española, y especialmente la catalana, se
hubiera beneficiado de un traductor como Pitol, que les dio a conocer un repertorio amplísimo de autores
que no estaban en su radar y que sólo gracias a él entraron a nuestra lengua y, además, lo hicieron con
un lenguaje formidable.

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A través de la traducción, Pitol impartió una lección cultural y me parece que también una lección
de ética intelectual. Con excesiva frecuencia, vemos traducciones, especialmente las hechas en España,
que abundan en localismos porque el traductor español, al hablar una lengua que es una lengua que juzga
dominante y cuyo origen es la meseta castellana, considera que, si él ha escuchado en el bar determinada
expresión, eso resulta válido en todo el campo del idioma. Abundan las traducciones españolas que están
lastradas por localismos y donde aparecen términos taurinos dichos por personajes australianos o polacos.
Sergio Pitol siempre tuvo una concepción semejante a la de Jorge Luis Borges. En su opinión, el
campo del idioma rebasa el país de proveniencia del traductor. A no ser que se trate de una búsqueda
deliberadamente coloquial, los regionalismos introducidos por capricho del traductor dificultan la lectura
de quienes no pertenecen a su comunidad lingüística.
Las traducciones de Sergio Pitol fueron concebidas para entrar en contacto con cualquier lector
de la lengua castellana. Me parece que en eso refleja no solamente la generosidad natural de todo
traductor, que desea poner en contacto a un gran autor con un lector, sino también una generosidad para
entender que hay una lengua común que a todos nos atañe. Umberto Eco dijo que la lengua común de
Europa es la traducción. Sergio Pitol puso en práctica esta convicción en el campo hispanoamericano.

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                  <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                    <text>�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448
http://revpoliticas.uanl.mx/

Crisis constitucional vs. crisis sanitaria: Estado, gobierno y
derechos humanos durante la pandemia por COVID-19 en
América Latina
Constitutional crisis vs. health crisis: State, government and human rights during the
COVID-19 pandemic in Latin America
Irene, Spigno1; Fernando Gustavo, Ruz Dueñas2

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 los gobiernos de todo el mundo implementaron
medidas institucionales para contener la propagación del virus, atender a las personas enfermas y, al
mismo tiempo, salvaguardar el sistema económico y garantizar la seguridad pública. Las acciones que
se llevaron a cabo en Latinoamérica para solucionar las problemáticas derivadas de la contingencia
sanitaria pueden analizarse a través de tres perspectivas distintas; a saber: aquella que tiene que ver con
las cuestiones y mecanismos constitucionales existentes para enfrentar una situación de emergencia y su
aplicación; aquella que tiene que ver con las acciones de los gobiernos en turno y que atienden a
cuestiones administrativas o políticas; y aquellas que, relacionadas con los dos aspectos anteriores,
engloban de manera general afectaciones a los derechos humanos.
En el presente número de la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, revista
científica editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León se presentan once artículos que abordan la problemática derivada de la
contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 desde una perspectiva de Estado, de Gobierno o de
Derechos Humanos; y otros temas relevantes, y de actualidad, como lo son los delitos electorales, el
derecho a la ciudad, los derechos de las mujeres, entre otros. Los textos expuestos en este número son el
resultado de investigaciones rigurosas que aportan ideas importantes para la profundización del debate
académico de cada uno de los temas. Con esto, la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía,
continúa posicionándose como una referencia importante para la comunidad académica y científica,
nacional e internacional, en aras de generar conocimiento útil para la comunidad universitaria.
Conforme a todo lo anterior, Luis Fernando Vélez Gutiérrez, de la Universidad Sergio Arboleda
(Colombia), presenta un trabajo que analiza el impacto de la pandemia causada por el COVID-19 en los
1

Academia Interamericana de Derechos Humanos - Universidad Autónoma de Coahuila, México. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1319-760X.
Academia Interamericana de Derechos Humanos - Universidad Autónoma de Coahuila, México. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2024-3926.

2

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derechos de las víctimas y de los familiares de las personas desaparecidas, específicamente, en materia
de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por su parte, Víctor Manuel Vera García y
Francisco Duarte Tello, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad
Autónoma de Coahuila y del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (México),
respectivamente, examinan la forma en que las personas que profesan la religión católica hicieron frente
a las restricciones de movilidad y de reunión implementadas por la pandemia ocasionada por el COVID19 para continuar practicando su religión. En el mismo sentido, María Gabriela Zapata Morán, Jorge
Hipólito Berlanga Ramírez y Hugo Salazar Mata, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México),
colaboran con un artículo que recopila diferentes estrategias para llevar a cabo acciones paradiplomáticas
en las universidades y el impacto que éstas tienen en la atracción de estudiantes extranjeros que ingresan
a un posgrado, específicamente, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El estudio se realizó antes
y durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, lo que impacto en los resultados de este.
En lo que hace a los textos sobre temas no necesariamente relacionados con la pandemia
ocasionada por el COVID-19, pero de igual trascendencia y relevancia para los tiempos actuales, tenemos
la participación de Sandy Elizabeth Martínez Lara, Gerardo Tamez González, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (México), y Francisco Anibal Ganga Contreras de la Universidad de Tarapacá
(Chile), quienes analizan la relación entre el contexto cultural y las características de la “institución”
como variables del proceso de aculturación y adaptación cultural en los estudiantes de educación superior
que realizan una movilidad académica en el extranjero. Además, Yudith Caicedo Domínguez, Rocío
Yépez, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (Colombia), Guadalupe Hoyos Garcés,
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Colombia), y Diana Karen Sandoval-Pinedo, de la
Universidad de Guadalajara (México), presentan las experiencias más significativas relacionadas con los
usos agroindustriales lícitos de la hoja de coca que las comunidades indígenas del departamento del
Cauca, Colombia, han adoptado en el marco del postconflicto.
Sobre temas sociales relacionados con el ejercicio de derechos, Cristian Rivas Castillo, de la
Universidad Politécnica de Nicaragua (Nicaragua), presenta un texto que estudia la configuración del
Derecho Electoral nicaragüense, su delimitación conceptual, y la clasificación de los delitos electorales
reconocidos por la legislación electoral. Asimismo, Claudia Guadalupe De la Fuente Morales y Fernando
Méndez Sánchez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) y la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (México), respectivamente, proponen un estudio de la Ciudad de Puebla,
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analizando su fundación, y la manera en que la población ha sufrido una planificación territorial
específica, de la que se desprenden, en términos de los autores, muchos de los problemas de violencia y
conflictos sociales que se viven al interior de la Ciudad. Claudia y Fernando destacan, además, la
necesidad de aplicar un protocolo para coadyuvar con el desarrollo del Derecho a la Ciudad en Puebla,
que abarque tres aspectos: comunidad, delincuencia y ambiente.
En cuanto a los derechos de las mujeres, Deniss Karina González Lozano y Yahaira Berenice
Martínez-Pérez de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), presentan una investigación que
analiza estos derechos en el Estado mexicano, desde una perspectiva que incluye los derechos humanos
y la igualdad de género. Este estudio realiza un análisis reflexivo de la norma jurídica desde un abordaje
crítico-jurídico. Una de las conclusiones de las autoras es que es necesario generar mecanismos de
atención, con perspectiva de derechos humanos, para salvaguardar los derechos de las mujeres. Sobre la
democracia y la ciudadanía, Ricardo Escutia Miranda y René Torres Ruiz, de la Universidad
Iberoamericana (México), contribuyen con una investigación que contrasta el debate teórico de la
democracia y la ciudadanía con la realidad del Estado mexicano. Los autores realizan un recorrido
conceptual del debate teórico de la democracia y su relación con la ciudadanía con la finalidad de
contraponer el discurso teórico con la realidad.
Por último, pero no por eso menos importante, Roberto Treviño Ramos, Gustavo Daniel Ortiz
Téllez, y Héctor Hugo Maldonado Salinas, todos de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(México), presentan un artículo resultado de una investigación cuyo objetivo en establecer las
características del nuevo modelo de gestión judicial en Latinoamérica; y Borja García Vázquez, también
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), presenta un texto que se desprende una
investigación que tiene como objetivo negar la originalidad del precariado como nueva clase social
emergente, por medio de la exposición del concepto, confrontándolo a la noción de clase expuesta desde
el marxismo, y las condiciones sociales existentes en la actualidad en la República Popular China.
De todo lo dicho es posible concluir que esta edición de la Revista Científica Política, Globalidad
y Ciudadanía es una publicación relevante para quien desee ahondar en cada uno de los temas tratados
por las y los autores que formaron parte de esta. Esta edición concentro el trabajo de veintitrés autores
que forman parte de once instituciones distintas de cuatro países diferentes; a saber: Chile, Colombia,

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Nicaragua y México. Con esto, se cumple una vez más, con el objetivo que persigue la Revista de difundir
trabajos de investigación relevantes para la comunidad internacional que, además, versan sobre temas
actuales. Para concluir, no queda más que agradecer a quienes hicieron posible, una vez más, la
publicación de este número, que esperamos sirva para difundir el conocimiento, provocar nuevas
investigaciones, y generar nuevos debates en torno a las ciencias sociales.

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Contexto cultural y características de la institución como
estrategias de aculturación1
Cultural context and characteristics of the institution as acculturation strategies
Sandy Elizabeth, Martínez-Lara2; Gerardo, Tamez-González3; Francisco Anibal, Ganga-Contreras4

RESUMEN
Este artículo tiene por objetivo determinar la relación entre el contexto cultural y las
características de la institución como variables del proceso de aculturación y adaptación
cultural en los estudiantes de Educación Superior que realizan una movilidad académica
en el extranjero. A través de una metodología mixta con estudios cualitativos y
cuantitativos, mediante el uso de entrevistas semiestructuradas a profundidad aplicadas a
expertos en temas de internacionalización de la Educación Superior; asimismo fueron
aplicadas un total de 43 encuestas a estudiantes que realizaron una movilidad académica
durante los años 2016-2017. Los principales resultados arrogaron relaciones importantes
entre las variables debido a que el contexto cultural obtuvo un a=0.741, mientras que
características de la institución a=0.813. Por otra parte, los expertos indican que los
estudiantes deben de tener el mayor conocimiento previo posible sobre la cultura e
institución del país receptor. Es así como se concluye que el contexto cultural y las
características de la institución son factores estratégicos dentro del proceso de
aculturación en estudiantes.
Palabras claves: Aculturación, características de la institución, contexto cultural.

……………………………………
Fecha de recibido: 20-09-2020
Fecha de aceptado: 02-12-2020

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4.0
Internacional

ABSTRACT
This article aims to determine the relationship between the cultural context and the
characteristics of the institution as variables in the process of acculturation and cultural
adaptarion in Higher Education students did an academic mobility abroad. Through a
mixed methodology with qualitative and quantitative studies, through the use of semistructured interviews applied to experts on issues of internationalization of Higher
Education; likewise, a total of 43 surveys were applied to students who do an academic
exchange during the years 2016-2017. The main results showed important relationships
between the variables because the cultural context obtained a = .741, while characteristics
of the institution a = .813. On the other hand, experts indicate that students should have
as much previous knowledge about the culture and institution of the host country. This is
how it is concluded that the cultural contex t and the characteristics of the institution are
strategic factors within the acculturation process in students.
Keywords: Acculturation, characteristics of the institution, cultural context.

Cómo referenciar este artículo:
Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. &amp; Ganga-Contreras., F. A. (2021). Contexto cultural y características de la institución como
estrategias de aculturación. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 1-21. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-1

Este artículo es producto del proyecto “Factores del proceso de aculturación que facilita el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Superior
de la Universidad Autónoma de Nuevo León durante su intercambio académico en el extranjero”. Iniciado en 2016 y finalizado en 2019.
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Doctora en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia, Univesidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México profesor investigador,
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Email: sandy.martinezlr@uanl.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0294-9629
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Doctor en Gerencia y Política Educativa Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México profesor titular de tiempo completo, Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Email: gerardo.tamezg@uanl.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2361-0691
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Doctor en Administración, Universidad de Tarapacá, Chile profesor investigador, Email: ganga.francisco@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/00000001-9325-6459
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1 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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1.- INTRODUCCIÓN
Actualmente, para el sector académico la globalización brinda un mayor acceso en los diferentes métodos
y formas de estudio entre personas de diferentes naciones, dando como resultado el reto de la
internacionalización. Ante esto, la movilidad académica se traduce como aquella actividad de
cooperación e intercambio que realiza un estudiante para realizar o continuar sus estudios en una
universidad en el extranjero. Asimismo, busca que los estudiantes conozcan y convivan con personas de
diferente cultura, cuenten con procesos de enseñanza diferentes y tengan diversas técnicas de aprendizaje,
con la finalidad, de que los estudiantes conozcan las costumbres y tradiciones de personas de una cultura
distinta a la de ellos; es así como el proceso del intercambio académico brinda múltiples beneficios a los
estudiantes.
De acuerdo con, Ward, Bochner y Furnam (2001) afirma que el contacto entre individuos de
diversas culturas resulta cada vez más común y frecuente. Tanto que las personas nacidas en una cultura
a menudo buscan visitar sociedades diferentes a las suyas con el fin de trabajar, estudiar o ejercer algún
tipo de influencia en el país extranjero. Asimismo, Church (2010) establece que debido al contacto
cultural las locales muestra intereses de comunicación y socialización con los inmigrantes y estudiantes
extranjeros. Al mismo tiempo, el autor evidencia que los estudiantes al llegar a una nueva sociedad
manifiestan sentimientos de optimismo y entusiasmo. Sin embargo, estos son sustituidos por estrés y
ansiedad; en gran parte a causa de los problemas que enfrentan los estudiantes día a día, entre ellos la
ubicación, el traslado, el dinero y un ambiente poco familiar. No obstante, una que vez que los estudiantes
superan estos problemas, alcanzan nuevamente los sentimientos de seguridad y bienestar en el entorno
que se están desenvolviendo.
Hechas las consideraciones anteriores, esta investigación tiene por objetivo determinar la relación
entre el contexto cultural y las características de la institución como variables del proceso de aculturación
y adaptación cultural en los estudiantes de Educación Superior que realizan una movilidad académica en
el extranjero. A través de una metodología mixta con estudios cualitativos y cuantitativos, mediante el
uso de entrevistas semiestructuradas a profundidad aplicadas a expertos en temas de internacionalización
de la Educación Superior y con la aplicación de encuestas a estudiantes que realizan una movilidad
académica al extranjero durante los años 2016-2017.

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Finalmente, los resultados indicaron una relación directa entre el contexto de la cultura y las
características de la institución lo cual sirve como apoyo para las Instituciones de Educación Superior
para el desarrollo de habilidades de adaptación y facilitar su estancia en el país extranjero.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El contexto cultural como estrategia de aculturación
De acuerdo con, Kroeber y Kluckhohon (2014) indican que definir el contexto cultural es tratar de dar
una definición que tenga múltiples significados. Sin embargo, propone una definición que puede ser
utilizada sin importar la localidad. Por lo tanto, contexto cultural es un modo y estilo de vida que tiene
un pueblo en, es decir, la manera de pensar, sentir y crear de un grupo de personas en específico. De la
misma manera, Geerts (2017) afirma que el contexto cultural puede abarcar dos principales enfoques, el
primero desde una realidad mental, mientras que, el segundo, desde un contexto.
Por otro lado, Garay y Fredy (2011) proponen al contexto cultural como un elemento imaginario
que delimita una cosa. Dicho de otra manera, un lugar donde todos los individuos de una región
comparten la misma cultura, celebran y practican las mismas costumbres y tradiciones, y cuentan con
una forma de comunicación común. Asimismo, Forquín (2003) plantea una definición en particular, para
el autor contexto cultura es una relación directa entre cultura y conocimiento. En donde, la cultura asume
la elaboración de contenidos culturales que a su vez son transmitidos de generación en generación,
mientras que, por otra parte, presenta el conflicto de interpretación en relación con la enseñanza y
comunicación.
En este mismo orden de ideas, Arango y Buelvas (2016) aseguran que el contexto cultural es todo
el entorno físico, donde abarca los ámbitos políticos, históricos y culturales, con la finalidad de establecer
un modo común de actuar entre la población. Sin embargo, Unamuno contrasta e incluye un nuevo
término, es decir, el contexto cultural forma parte de la diversidad sociocultural y tiene una relación
directa con la lingüística. Como sustento a lo anterior, Austin (2019) comenta que el contexto cultural
tiene un lazo con lo sociológico, es el total de los conocimientos de una sociedad en que desarrollan,
practican y guardan sus conocimientos, por esta razón, García, Hernández y Molina (2014) compone una
definición que abarca estas observaciones, donde afirma que el contexto cultural este compuesto por
diferentes entornos de los cuales abarca los aspectos sociales, humanos, lenguaje, conducta, política,
religión y una forma de convivir en común.
Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación

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De acuerdo con Oses (2014) el contexto de la cultura está conformado por cinco aspectos
principales, los cuales son: el comportamiento de las relaciones que existen dentro de una cultura; los
estilos de comunicación que se implementan más comúnmente; la percepción del espacio personal; las
actitudes que se tienen frente al tiempo; y la manera de aprender dentro del mismo contexto cultural. Por
tal motivo, el comportamiento dentro del país o zona receptora de cada uno de estos elementos determina
el tipo de contexto en el que se desenvolverá el individuo. En relación con lo anterior, existen dos
perspectivas que logran encasillar cada zona, país o región refiriéndose al aspecto cultural, mediante un
contexto bajo y un contexto alto.
Asimismo, Guzman y Burke (2003) establecieron una taxonomía con ocho factores que brindan
herramientas para el desarrollo del proceso de adaptación cultural de acuerdo con el país receptor, es
decir, estrategias que ayudan a los estudiantes a poder comprender el funcionamiento de la entidad local.
Estos factores abarcan diversas dimensiones que forman parte del proceso de aculturación.
Dicho lo anterior, esto factores son: el interés por temas académicos y no académicos; la
importancia de comunicarse con personas de la cultura local, la manera de escribir y uso de la lengua
local; la iniciativa para cooperar con otros estudiantes extranjeros; el interés por demostrar esfuerzo en
el área académica; mantener la disciplina dentro y fura de la institución; la capacidad para hacer
relaciones sociales y personales con personas locales y la capacidad del estudiante por ajustarse a las
condiciones generales para vivir en el extranjero. En general, estos factores resultan oportunos debido a
la importancia del conocimiento cultural del país receptor que los estudiantes deben de tener previo a
realizar una movilidad académica en el extranjero.
Por otra parte, Schweitzer, Buckley y Rossi (2002) presentan una serie de factores premigratorios
que presentan los estudiantes internacionales. Dichos factores están relacionados con experiencias
traumáticas de acuerdo con situaciones que presentaron las primeras semanas de estancia al país receptor.
Es decir, los estudiantes presentan sentimientos de ansiedad, depresión, abuso de sustancias psicoactivas,
separación, estrés postraumático y abandono. Igualmente, dichos sentimientos son superados una vez
logran adaptarse a la nueva cultura y estilo de vida que tendrán durante su intercambio académico en el
extranjero.
Ante esto, para lograr un buen proceso de adaptación cultural en un nuevo país es necesario que
los individuos modifiquen sus pensamientos y estén abiertos a tener contacto con una nueva cultura. Es
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decir, que desarrollen diversas habilidades, como escuchar y hablar en un segundo idioma. Asimismo,
los individuos deben de presentar un proceso de acuerdo con las necesidades de los inmigrantes, dicho
de otra forma, los estudiantes necesitan estar abiertos a las nuevas necesidades que presenten los
individuos visitantes. Tales necesidades van relacionadas con el ocio, seguridad física, ámbito laboral y
las relaciones interpersonales. Como resultado de estos cambios, se tendría un mejor aprovechamiento y
adaptación entre las personas de una cultura diferente, así como con las personas de la cultura de acogida
(Ferrer et al., 2014).
Del mismo modo, los estudiantes pueden llegar a presentar otros factores cuando no tienen un
buen proceso de adaptación; esto debido a que los estudiantes carecen de la capacidad de afrontar
situaciones y problemas. Dicho de otro modo, algunos estudiantes no cuentan con las habilidades y
conocimientos para enfrentar diversas situaciones. Los estudiantes necesitan desarrollar estás habilidades
previamente a la movilidad o, en el mejor de los casos, durante las primeras semanas de su estancia. Sin
embargo, existen casos en que los estudiantes no sabían que contaban con estas habilidades, sobre todo
cuando tienen que enfrentarse a costumbres, contextos sociales y ambientes diferentes a los que está
acostumbrado a vivir.
En este mismo sentido, Lazarus, Valdés y Folkamn (2016) exponen a la capacidad de
afrontamiento como otro factor de una mala adaptación. En tal sentido, la capacidad de afrontamiento es
un proceso psicológico que es desarrollado cuando el individuo percibe alguna amenaza. En
consecuencia, el afrontamiento corresponde a aquellos esfuerzos conductuales que son desarrollados por
el individuo para evitar o reducir situaciones de amenaza o desafío que puedan perjudicar su bienestar.
Cabe decir que las diferencias individuales y de personalidad, juegan un rol importante para el desarrollo
en el medio social que se desenvolverán y en el país de acogida.
En relación con este último aspecto, Benatuil y Laurita (2010) afirman que la adaptación cultural
implica tres aspectos fundamentales, los cuales son enlistados a continuación:
1. Adaptación psicológica: es el nivel de satisfacción y aceptación que el individuo tiene ante el
medio cultural nuevo.
2. Aprendizaje cultural: es el desarrollo de habilidades sociales para adaptarse a una cultura. Dicho
de otra forma, las competencias que el individuo adquiere al estar en contacto con una cultura
diferente a la suya.

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3. Aprendizaje de las conductas adecuadas: principalmente incluye la forma de comportamiento y
cumplir con el código de conducta del país anfitrión.
Por tal motivo, los estudiantes que realizan una movilidad académica deberán de contar con
conocimientos previos sobre los aspectos culturales, sociales y políticos del país donde realizarán su
movilidad académica; esto con la finalidad de poder desarrollar habilidades de interpretación y
comunicación con la comunidad local y poder así tener un buen desempeño social y académico.
La importancia de las Instituciones de Educación Superior en el extranjero.
La internacionalización ha evolucionado hacia una estrategia integral (Hudzik, 2008), menciona
que las Instituciones de Educación Superior deben de definir claramente sus enfoques y estrategias de
internacionalización para sus programas o para su organización y servicio, es por eso importante que se
apliquen estrategias dirigidas hacia una nueva generación, a largo plazo, multifuncional que considere
las recomendadas por los organismos internacionales y los expertos para que las Instituciones de
Educación Superior puedan cumplir con su misión y visión de su razón de ser.
Para entender mejor los términos de internacionalización y globalización de la Instituciones de
Educación Superior, se citaron el Marco teórico las opiniones de algunos expertos y de organismos
nacionales einternacionales, los cuales exponen sus puntos de vista y sus recomendaciones sobre el tema
en particular.
La internacionalidad de Educación Superior es uno de los temas sobresalientes en los últimos
años. De acuerdo con, Wit (2011) el tipo de universidad y el modo de operación de la universidad
determinará el grado de internacionalidad de la institución. Es así como, el contexto educativo se vuelve
un modelo importante de cooperación entre las universidades. Al mismo tiempo, los programas
educativos de las múltiples universidades que existen en el mundo determinan a calidad de estudiantes
que egresan de las mismas.
Ante esto, las estrategias de internacionalización pueden varían entre una y otra, sin embargo,
todos tienen un objetivo en común lograr la internacionalización. Asimismo, es importante mencionar
que las realidad y prioridad de las instituciones cambian constantemente; esto debido a diversos factores
entre los que destacan: el sistema de gobierno, el crecimiento económico del país, las tecnologías de
información, la comunicación entre las diversas autoridades, por mencionar algunas.
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Es así como, Knight (2008) afirma que existen diversos niveles de internacionalidad de acuerdo
con las necesidades de cada institución. Por tal motivo, los niveles cambian si lo que se busca es
transformar a una institución para que sea más global, más intercultural, y sobre todo con nuevo y mejores
métodos de enseñanza. Asimismo, existen otros niveles de internacionalización, como ejemplo cuando
se busca que los alumnos que no realizan una movilidad logren obtener un grado internacional. Esto
gracias a las acciones por parte de la escuela para ofrecer cursos, talleres o profesores internacionales,
también conocido como internacionalización en casa. Por otra parte, la técnica es la más utilizada y son
los intercambios académicos al extranjero, los cuales tienen la finalidad de brindar al estudiante la
oportunidad de continuar sus estudios en el extranjero, al mismo tiempo, brinda nuevas técnicas de
enseñanza y conocimiento de nuevas personas e intercambio de ideas entre alumnos y profesores de
diferentes países.
Modelos académicos relacionados con la movilidad estudiantil
De acuerdo con, Arteaga y Cruz (2016) indican que las universidades tienen como finalidad la creación
de nuevo conocimiento, nuevas ideas y nuevos métodos de aprendizaje. De igual manera, las
instituciones de Educación Superior demuestran un gran interés por crear redes de conocimiento entre
los ámbitos de investigación, docencia y estudio. Por otra parte, Casanova (2016) menciona que una
institución de Educación Superior tiene por objetivo la creación y producción del conocimiento. Es decir,
realizar difusión del conocimiento y la cultura. Sin embargo, Almarcha (2001) ve a las instituciones de
Educación Superior como un factor directo del desarrollo económico y social. Es decir, un país que
cuenta con universidades de prestigio tiende a tener una población preparada y dispuesta aprovechar los
recursos para mejorar las condiciones y calidad de vida.
Ante esto, Van der Molen (1999) menciona que, debido al desarrollo de múltiples modelos a lo
largo de la historia, las instituciones de Educación Superior adoptan experiencias que sirven como guía
entre las universidades. Dicho de otra manera, las instituciones de Educación Superior crean modelos
que pueden servir como base para otras instituciones en diferentes países. Como resultado de esto, los
modelos educativos son aplicados en diferentes partes del mundo adaptándose a las necesidades de cada
uno. Por tal motivo, una de las siguientes demandas en las universidades es proporcionar una educación
de calidad. Por consecuencia, la educación superior tiene por objetivo la formación de personas con
competencias de aprendizaje autónomo y a su vez de conocimiento que le permita al estudiante
desarrollarse en los ámbitos laboral, personal y académico.

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En tal sentido, Cruz y Cruz (2008) analizan a la Educación Superior como una promotora de
desarrollo, democracia y convivencia. Así como también, la Educación Superior debe ser flexible y
diversificada en los diferentes programas educativos con los que cuenta. Al mismo tiempo, la Educación
Superior ofrece posibilidades de crecimiento en los ámbitos, laborales, personales y sociales. Dicho de
otra forma, la Educación Superior ofrece el desarrollo de capacidades para laborar dentro y fuera de la
institución y aptitudes sociales que ayuden a tener una mejor convivencia con los demás.
Asimismo, las instituciones de Educación superior otorgan una formación de calidad académica.
A través de diferentes métodos de enseñanza, los cuales son factores fundamentales para el éxito o
fracaso de esta. Es decir, una universidad que cuenta con un modelo educativo de calidad tiene con
finalidad de que sus estudiantes serán personas preparadas y capaces de desarrollarse en el mundo laboral
internacional. Esto, debido al aprendizaje y conocimiento adquirido durante su formación.
Finalmente, las características de la institución para esta investigación son todos aquellos
programas de calidad con las que cuentan las instituciones de Educación Superior. Es decir, los
programas académicos, vinculación internacional, calidad de los profesores, oportunidades de servicio y
prácticas profesionales. En suma, una educación brinda a los estudiantes oportunidades de aprendizaje
académico, social y cultural que brinda una universidad en específico.
3.-MÉTODO
Diseño
De acuerdo con, Creswell y Miller (2000) una investigación cualitativa tiene como finalidad investigar
las experiencias vividas de un grupo de individuos, a través, de la recopilación de datos no estructurados
obtenidos de realizar entrevistas a profundidad. Como resultado, el investigador puede comprender e
interpretar el significado de la información recopilada donde el grado de confiabilidad y autenticidad de
los datos es considerablemente alto.
Asimismo, Cadena et al (2017) indican que los métodos cuantitativos tienen una precisión para
los procedimientos de medición a través de la selección subjetiva de indicadores. Es decir, utiliza la
selección de conceptos también llamadas variables de medición. Las variables son aquellos conceptos
que cumplen con ciertas características y cuenten con dos o más atributos de un evento en especial
(Herrera et al, 2016).
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En consecuencia, las variables cuentan con diferentes formas de medición, dicho de otra manera,
la forma en que un valor o una categoría le es asignado a una variable es conocido como medición. De
acuerdo con, World Bank (2003) la investigación cuantitativa brinda datos de calidad que ayudan a la
formulación de hipótesis, refuerza el diseño del cuestionario y amplía las conclusiones de la
investigación. En este sentido, la hipótesis representa una posibilidad de comprobar lo planteado, es
decir, la posibilidad de afirmar la existencia o la inexistencia de un fenómeno. Asimismo, la hipótesis
mantiene una relación directa con el objetivo del estudio de la investigación (Inche et al, 2003). Ante
esto, se plantea las siguientes hipótesis de investigación:
H1: El contexto cultural se relaciona de una manera positiva con el proceso de aculturación.
H2: Las características de la institución se relacionan de una manera positiva con el proceso de
aculturación.
Participantes
En primera instancia, se procedió con las entrevistas a profundidad a expertos en material de
internacionalización de la Educación Superior, en donde fueron contactados seis expertos de diversas
universidades. En primer lugar, fue seleccionado un experto de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL). En segundo lugar, fueron elegidos dos expertos procedentes la Universidad de Monterrey
(UDEM). En tercer lugar, fueron seleccionados a tres expertos extranjeros procedentes de la Universidad
de Santo Tomás en Chile, la Universidad de la Guajira en Colombia y la Universidad Autónoma de
Barcelona en España.
Posteriormente, las encuestas fueron aplicadas a 43 estudiantes de la Universidad Autónoma de
Nuevo León que realizaron un intercambio académico durante el periodo de 2016-2017. La tabla 1
muestra el perfil del encuestado.

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Tabla 1: Perfil del encuestado.
Variables

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

17

40%

Femenino

26

60%

20 a 23 años

34

79%

24 a 27 años

05

12%

28 a 31 años

04

09%

España

18

42%

Francia

07

16%

Chile

06

14%

Colombia

03

07%

Otros

09

21%

Género

Edad

País

Fuente: Elaboración propia (2021).
Instrumentos
El instrumento de medición para la metodología cualitativa fue realizado a través de una búsqueda de
literatura en aquellas investigaciones en las que el tema principal fueran los siguientes temas: migración,
movilidad académica, proceso de aculturación, modelos de aculturación, teorías sobre adaptación
cultural, de los cuales destacan Austin (2019), Avendaño (2016), Benatuil et al (2016), Cruz et al (2008),
Enríquez (2007), Fiocchi (2015), Granada (2003). Por su parte, los estudios encontrados mostraron una
relación con diversos conceptos que son utilizados para la aculturación. Es decir, en su mayoría la
aculturación cuenta con vínculo directo con la cultura, la institución, el contexto cultura y las aptitudes
y capacidad con los que cuentan los estudiantes para realizar un intercambio al extranjero. Dicho lo
anterior, se creó un guion de la entrevista conformado por un total 31 preguntas divididas por las
dimensiones de estudio que son contexto cultural y características institucionales.
Ahora bien, para el instrumento cuantitativo la encuesta quedó estructurada por 30 preguntas
divididas de la siguiente manera: 4 ítems para los datos generales, 9 ítems para la variable contexto
cultural y 17 ítems para la variable de características de la institución, información que fue recolectada
de las investigaciones de Díaz et al (2013), Gaxiola et al (2011), Peralta et al (2006), Peña (2009), Salgado
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et al, (2012), por mencionar algunos. Asimismo, la encuesta utilizó una escala de medición tipo Likert
en donde 1 es “nada importante” y 5 “muy importante”.
Procedimiento
En relación con lo que se ha presentado durante esta investigación, se presenta un marco referencial en
apoyo a los procesos de aculturación y estrategias de aculturación que facilidad la adaptación cultural a
las personas que motivos académicos o laborales cambian su lugar de residencia por un tiempo
determinado. Ante esto, y para fines de esta investigación las variables establecidas son contexto cultural
y características de la institución, mismas que sirvieron de referencia para la elaboración de los
instrumentos de medición.
Por su parte, las entrevistas a profundidad fueron aplicadas durante los meses de septiembre a
octubre del 2020, mientras que las encuestas a estudiantes se aplicaron durante los meses de septiembre
a noviembre 2020; ambos instrumentos fueron aplicados de manera electrónica a través de un formulario
en Google Forms.
Posteriormente, el análisis de resultados fue realizado mediante el uso de diversos softwares como
lo es NVivo para los datos cualitativos, con el uso de la categorización e presentación de la información,
mientras que, los datos cuantitativos fueron analizados en IBM SPSS con los cálculos estadísticos de
Alfa de Cronbach, media, desviación estándar y correlaciones.
4.- RESULTADOS
De acuerdo con, Serrano (2013) menciona que la codificación es una técnica para analizar los datos que
han sido recolectados para su respectivo análisis. Para, Strauss y Corbin (2008) la codificación son los
nombres que el investigador establece a los conceptos derivados de la codificación. Sin embargo, Monge
(2015) afirma que la codificación es un proceso de análisis y conceptualización el cual requiere de un
talento especial.
Ante esto, los datos obtenidos en las entrevistas a profundidad fueron codificados para conocer
su categorización y palabra asociada en el marco de las variables de investigación. La tabla 2 muestra la
codificación del estudio.

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Tabla 2: Codificación del estudio.
Clave

Factor

Categoría

Palabra asociada

CA

Características

Situación personal

Apego familiar, estado civil, apoyo general, fácil

alumno

psicológico, ingresos personales, edad, género,
continuidad, emociones.
Aptitudes

Sociable,

dedicado,

responsable,

dependencia,

administración de necesidades, honestidad, alegría,
respeto, empático,
Estilo

Vestimenta, aventurero, estatus social, emociones,
redes

sociales,

edad,

compañía,

arriesgado,

historial,

educación,

responsable, seguridad
ID

Idioma

Conocimiento

Dominio.

Uso

Practica

e

interacción,

aprendizaje
AC

Características de la persona

Introvertida, observación.

Tipología de adaptación

Separación, adaptación, integración, combinación

Estrategias

Convivencia, contacto, comunicación y amistad

Conocimientos previos

comunicación, referencias, conocimiento, código de
conducta

Aculturación

Mecanismos

Favorables

de
aculturación

Aprendizaje intercultural, enriquecimiento, entorno,
independencia, comunicación, tradiciones, ayuda.

Limitantes

Continuidades contextuales

Religión, limitador, competencias, etnocéntrica.
Características, aspectos generales, vital, similitud y
diferencias.

IS

Institución

Recursos

Infraestructura, tecnología, recursos (financiero),
cafetería, maestros.

DPA

Desarrollo
personal

y

Condiciones internas

Maestros, programas educativos, acceso, ambiente.

Tiempo

Duración del curso.

Competencias adquiridas

Trabajo en equipo, tolerancia e independencia.

Beneficios

Prestigio, internacionalización

Efecto

Aislamiento.

Sentimientos

Estrés, incertidumbre y retorno anticipado

académico
CCA

Choque

cultural

académico

Fuente: Elaboración propia (2021).

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Posteriormente, los resultados obtenidos fueron agrupados por factor y redactados con las
respuestas obtenidas por parte de los expertos. A continuación, son mostrados los resultados obtenidos
de las entrevistas a profundidad.
Factor x1 Contexto de la otra cultura: en general todos los entrevistados, por un lado, señalan que
es recomendable que los estudiantes conozcan y entiendan las características culturales del país al que
van a ir, mientras que, por otro lado, señalan que no debería de existir similitud entre la cultura receptora
y la cultura de origen. Puesto que, el intercambio brinda la experiencia de reconocer las diferencias
culturales. Es decir, el estudiante logra obtener una visión global y empieza a entender a aquel que es
diferente a él. Dando como resultado que la experiencia del intercambio resulte ser mas enriquecedora.
Factor x2 Características de la institución: para los expertos el tema fundamental es que los
estudiantes deben de empezar a familiarizarse con la institución, mediante un curso de inducción. Dicho
de otra manera, la institución debe de realizar un curso para aquellos estudiantes extranjeros donde se les
enseñe un mapa de la universidad, área de salones, biblioteca, laboratorios, comedor, administración para
lograr así que los estudiantes se empiecen a familiarizar. Vale destacar, que los seis expertos coinciden
en que la comunicación profesor alumno es importante para su orientación y tutoría. Sin embargo,
mencionan que esto únicamente se presenta en aquellas culturas con son similares a las de México. Ahora
bien, los estudiantes deben de tener el conocimiento de cuál es el plan de estudio que maneja la
universidad en la que realizarán la movilidad. Asimismo, la selección de las asignaturas que llevará a lo
largo del curso para poder así presentar un buen aprovechamiento académico. Otro punto es, los días
feriados ayudan al estudiante para aprender más acerca de la cultura, inclusive para realizar algún viaje
a alguna ciudad cercana. Así como también, el tiempo de duración del curso dependerá del proceso de
adaptación. Los expertos a quienes se les hicieron la entrevista consideran que para que exista un proceso
de adaptación necesita el curso ser mayor a los cuatro meses de estadía.
Factor x3 Estrategias de aculturación: la información obtenida por parte de los expertos es que
para los estudiantes es conveniente conservar las costumbres de su país de origen. Sin embargo, necesitan
estar abiertos a aprender de las costumbres que ofrece el país. Es decir, los estudiantes tienen que estar
dispuestos a querer adaptar su comportamiento de acuerdo con la situación cultural que se le esté
presentando sin atentar contra sus propios conceptos o marcos de referencia. Ahora bien, los expertos
realizan una lista de problemáticas que enfrenta un estudiante durante su movilidad las cuales son:
organización de tiempo, adaptación al sistema educativo, adaptación a costumbres y tradiciones,

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problemas académicos, problemas de seguridad, organización del presupuesto mensual, problemas de
transporte o traslados, revalidación de créditos. Como resultado a esto, existen ciertos estudiantes que
presentan una actitud de aislamiento. Por tal motivo, los expertos señalan que esto se debe principalmente
a que el estudiante no estaba preparado para realizar la movilidad. Es por esa razón que, los estudiantes
necesitan una preparación previa donde puedan escuchar recomendaciones que les sirvan al momento de
encontrarse de movilidad.
Factor x4 Aculturación: los expertos señalan ciertos factores que les puede ayudar a los
estudiantes a presentar un buen proceso de adaptación. Dichos factores son: preparación previa, actitud
del estudiante, actitud de apertura, actitud de la universidad de acogida, buena actitud por parte de los
alumnos receptores, contar con un tutor, tener asesoría por parte de las universidades tanto receptora
como de origen y finalmente que el alumno vaya convencido de querer realizar un intercambio.
Asimismo, los expertos describen un perfil ideal de un estudiante que realice un intercambio el cual es:
una persona con interés y curiosidad por aprender cosas nuevas, aquella persona que es capaz de observar
lo que pasa a su alrededor, una persona que muestre empatía, tolerancia y respeto por aquel que es
diferente, una persona que sea autónoma e independiente, responsable y que cuente con los requisitos
académicos solicitados por parte de la institución.
Posteriormente, los datos cuantitativos fueron procesados bajo las pruebas estadísticas Alfa de
Cronbach y estadísticos descriptivos. De acuerdo con, Cortina (1993) menciona que la descripción del
alfa es la función de la medida en que los elementos o ítems de una prueba tienen comunalidades elevadas
y, por lo tanto, unicidad baja. Es decir, un alfa alta no significa unidimensionalidad. Sin embargo, cada
vez que los ítems tengan comunalidades altas el alfa será alta, específicamente cuando el factor cuenta
con un gran número de elementos o ítems.
Asimismo, Cozby (2005) ha demostrado que un alfa mayor a 0.9 puede considerarse sospechosos
debido a que los resultados tienden a mostrar bajas intercorrelaciones. Por tal motivo, los autores
proponen que los valores aceptados no deberán ser menores de 0.50 y 0.60 para demostrar que los ítems
tienen confiabilidad.
En relación con lo anterior, el análisis fue realizado, en donde las variable contexto de la cultura
mostró un resultado significativo para la investigación al obtener un a =.789, mientras que la variable
características de la institución las pruebas arrojaron un a=.813; lo que significa que ambas variables
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juegan un papel importante dentro del proceso de aculturación, es decir, aquellos estudiantes que realicen
un intercambio académico deben prestar atención en aspectos relacionados con los mismo. Por su parte,
la tabla 3 muestra los resultados del alfa.
Tabla 3: Alfa de Cronbach de las variables de investigación
Constructo

Estadística de fiabilidad Elementos

Confiabilidad

Alfa de Cronbach
Contexto de la cultura

.789

10

Aceptada

Características de la institución

.813

16

Aceptada

Fuente: Elaboración propia. Datos: Datos obtenidos IBM SPSS.
Posteriormente, fueron realizados el análisis de estadísticos descriptivos para cada una de las
variables de investigación. Para la variable contexto de la cultura se incluyeron ítems que midieran la
similitud entre las estructuras familiares, la religión como un factor que influye para realizar una
movilidad, la manera de comunicación de la cultura receptora, la calidad y uso del servicio del transporte
público, así como también, el grado de dificultad para comprender a la cultura receptora, e inclusive que
el estudiante busque adaptar hábitos de la cultura como propios.
Como resultado del análisis de los estadísticos descriptivos, los datos arrojaron que la calidad y
uso del servicio del transporte público de la ciudad es el indicador con mayor importancia (M = 4.61, DE
= .859). Por su parte, que el estudiante se sienta cómodo con la cultura receptora presentó niveles altos
por arriba de la media teórica (M = 4.49, DE = .669). En lo que se refiere al indicador si la cultura
receptora tiende a ser sociable los resultados indicaron niveles altos (M = 3.84, DE = .954). Por otro lado,
el indicador que el estudiante adapte hábitos de la cultura receptora como propios presentó de igual
manera niveles altos (M = 3.72, DE = .966). Asimismo, el indicador que mide la similitud entre las
estructuras familiares mostró niveles altos por arriba de la media teórica (M = 2.88, DE = 1.090). En lo
que se refiere al indicador sobre la religión como factor que influye para realizar una movilidad, los
resultados arrojaron exactamente la media teórica (M = 2.50, DE = 1.195), lo que significa que los
estudiantes toman en cuenta el tipo de transporte que van a utilizar durante su movilidad debido a que
pueden presentar sentimientos de angustia, así como lo que menos toman en cuenta es la relación con la
estructura familiar, debido a que el estudiante busca conocer y experimentar cosas nuevas.
Finalmente, los indicadores del tipo/estilo de vestimenta de la cultura receptora y el grado de
dificultad para comprender a la cultura receptora mostraron resultados por debajo de la media teórica (M
Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación

15

�Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. &amp; Ganga-Contreras., F. A.

= 2.44, DE = 2.37), respectivamente. Esto resulta llamativo debido a que para el estudiante es importante
que la ciudad donde realizará su movilidad cuenta con servicio de calidad para utilizar el transporte
público. Por su parte, la tabla 4 muestra el resultado del análisis de los estadísticos descriptivos de la
variable contexto de la cultura.
Tabla 4: Estadísticos descriptivos variable contexto de la cultura
ítems

Mín. Máx.

M

DE

%

Estilos de aprendizaje que brinda la institución receptora

1

5

4.48 0.728

60.2

Calidad de los profesores

2

5

4.7

0.564

74.4

Facilidad para realizar los trámites académicos en la institución receptora

1

5

4.69 0.629

76.3

Actividades de bienvenida a los estudiantes extranjeros

1

5

4.03 1.097

44

Apoyo brindado por parte de la institución hacia los estudiantes extranjeros

2

5

4.73 0.571

78.2

Instalaciones de la universidad receptora

1

5

4.14 0.877

40.6

Duración del curso

1

5

4.26 0.945

51.9

Estándares de admisión

1

5

4.21 0.882

45.9

Proceso de revalidación de las materias

1

5

4.73 0.622

80.1

Fuente: Elaboración propia (2021). Datos: Datos obtenidos de SPSS. N = 266. Media teórica = 3.
Es así como, la variable contexto de la cultura explica las características que los estudiantes
buscan y deben conocer del país en donde realizarán la movilidad. Así mismo, los estudiantes aseguran
que el uso del transporte público de la ciudad es una característica fundamental para lograr un buen
proceso de adaptación. Por lo contrario, el tema de la religión que se practica en el país receptor resulta
ser una característica que los estudiantes no toman con mucha importancia al momento de realizar una
movilidad académica.
Por su parte, la variable característica de la institución (ver tabla 5) busca conocer cuáles son las
características que debe de tener la institución receptora para poder realizar su movilidad académica.
Ante esto los resultados mostraron niveles por arriba de la media teórica. Se puede observar
características significativas como lo son el proceso de revalidación (M = 4.73, DE = .622), el apoyo
brindado por parte de la institución hacia los estudiantes extranjeros (M = 4.73, DE = .571), la calidad de
los profesores (M = 4.70, DE = .564), la facilidad para realizar los trámites académicos en la institución
receptora (M = 4.69, DE = .629), los estilos de aprendizaje que brinda la institución receptora (M = 4.48,
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�Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. &amp; Ganga-Contreras., F. A.

DE = .728), la duración del curso (M = 4.26, DE = .945), los estándares de admisión (M = 4.21, DE =
.882), las instalaciones de la universidad receptora (M = 4.14, DE = .877) y las actividades de bienvenida
a los estudiantes extranjeros (M = 4.03, DE = 1.097), lo que significa que los estudiantes buscan que el
proceso de revalidación sea claro y lo más directo posible para evitar así algún inconveniente con sus
trámites administrativos y que estos puedan perjudicar su desempeño académico durante su movilidad.
Tabla 5: Estadísticos descriptivos variable características de la institución
ítems
Estilos de aprendizaje que brinda la institución receptora

Mín. Máx. M
DE
%
1
5
4.48 0.728 60.2

Calidad de los profesores

2

5

4.7

0.564 74.4

Facilidad para realizar los trámites académicos en la institución receptora

1

5

4.69 0.629 76.3

Actividades de bienvenida a los estudiantes extranjeros

1

5

4.03 1.097

Apoyo brindado por parte de la institución hacia los estudiantes extranjeros

2

5

4.73 0.571 78.2

Instalaciones de la universidad receptora

1

5

4.14 0.877 40.6

Duración del curso

1

5

4.26 0.945 51.9

Estándares de admisión

1

5

4.21 0.882 45.9

Proceso de revalidación de las materias

1

5

4.73 0.622 80.1

44

Fuente: Elaboración propia (2021). Datos: Datos obtenidos de SPSS. N= 266. Media teórica = 3
Por lo tanto, la variable característica de la institución afirma que los estudiantes buscan que
durante el proceso de revalidación de materias cuenten con el apoyo por parte de la universidad, con la
finalidad de no presentar problemas durante el proceso y puedan continuar con sus estudiantes. Sin
embargo, los estudiantes no prestan mayor importancia a las instalaciones de la universidad debido a que
buscan conocer y desarrollarse en un ambiente nuevo.
Con lo anterior expuesto, se Comprueba la hipótesis formulada para esta investigación, en donde
se encuentra una relación positiva entre el contexto cultural con el proceso de aculturación, esto debido
a que los estudiantes buscan una relación relativa entre la cultura de origen y la receptora, así como tener
lo mayores conocimientos previos posibles, con la finalidad de lograr una integración y comprensión del
estilo de vida de la ciudad donde se realizará la movilidad.
H1: El contexto cultural se relaciona de una manera positiva con el proceso de aculturación.

Contexto cultural y características de la institución como estrategias de aculturación

17

�Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. &amp; Ganga-Contreras., F. A.

Posteriormente, la hipótesis dos se comprueba esto debido a que se muestra una relación positiva
entre las características de la institución y el proceso de aculturación, lo que significa que los estudiantes
al momento de llegar a la institución extranjera buscan tener los conocimientos necesarios para realizar
su movilidad, tales como: procesos administrativos, ubicación, recorrido por las instalaciones,
profesores, oferta educativa, programas, actividades extracurriculares.
H2: Las características de la institución se relacionan de una manera positiva con el proceso
5.- CONCLUSIONES
La movilidad académica resulta un factor importante para que los estudiantes, profesores e investigadores
obtengan un intercambio de ideas y conocimiento con personas de otras culturas, con la finalidad, de
conocer y aprender diferentes técnicas de aprendizaje. Es así como, esta investigación presentó un
análisis sobre la relación entre el contexto cultural y las características de la institución como estrategias
de aculturación, específicamente, en los estudiantes de Educación Superior de la Universidad Autónoma
de Nuevo León que realizaron un intercambio académico al extranjero, debido a que se busca contribuir
en la creación de modelos de aculturación que sean de libre uso tanto para estudiantes como para las
Instituciones de Educación Superior en apoyo a fomentar la movilidad entre sus estudiantes y profesores.
Con respecto al contexto cultural, se concluye que es recomendable que los estudiantes conozcan
y entiendan las características culturales del país receptor, así como motivar a los estudiantes a buscar
instituciones educativas donde no exista una similitud cultural y educativa, esto con la finalidad de
ampliar sus conocimientos y poder así poner en práctica las técnicas interculturales y de aculturación de
los estudiantes.
Por otra parte, las características de la institución juegan un papel fundamental para el desempeño
académico el estudiante, en donde la inducción es importante para los estudiantes extranjeros, así como
brindar el conocimiento académico y la ubicación de las instalaciones de esta; es decir, conocer sobre los
planes de estudio, la oferta de unidades de aprendizaje y la duración de ciclo académico.
Ante esto, es importante realizar propuestas de modelos que ayuden a establecer las estrategias
de aculturación útiles para los estudiantes que realicen una movilidad, así como poder brindar
información de calidad acerca de las diversas problemáticas que los estudiantes pueden al momento de
llegar al país receptor.
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�Martínez-Lara., S. E., Tamez-González., G. &amp; Ganga-Contreras., F. A.

Asimismo, como futuras investigación se propone realizar estudios en donde se tome en cuenta
el país receptor y poder así establecer un perfil de aculturación de acuerdo con la región geografía donde
el estudiante realice su movilidad académica, esto con la finalidad de poder ayudar a los estudiantes y
las Instituciones de Educación Superior a incrementar su movilidad académica.
Finalmente, se contesta de una manera positiva la interrogante de investigación en donde el
contexto cultural y las características de la institución se relacionan positivamente con el proceso de
aculturación en estudiantes.
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Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y
tecnología1
Covid-19, rights of the relatives of the disappeared and technology
Luis Fernando, Vélez-Gutiérrez2

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo general analizar el impacto de la pandemia
causada por el Covid-19 en los derechos de las víctimas y de los familiares de las personas
desaparecidas, en materia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El
autor hace un estudio descriptivo con el fin de entender la problemática planteada por la
pandemia, teniendo en cuenta el contexto histórico y social de las víctimas, y el manejo
político e institucional por parte del Estado. Para lo cual y por tratarse de una situación
inesperada y reciente, acude a información de medios de comunicación, documentos
oficiales, observación empírica de lo que está ocurriendo al respecto, y refuerza el
contenido con literatura académica. El escrito se enfoca en los efectos de la pandemia en
Colombia, que bien puede ser los mismos de México y otros países de Latinoamérica. El
artículo permite visualizar las deficiencias institucionales y violaciones a los derechos de
las víctimas, durante la pandemia, pero también concluye en la necesidad de mejorar y
aprovechar el uso de la tecnología para la brusquedad e identificación de los
desaparecidos.
Palabras claves: Derechos humanos, desparecidos, pandemia, tecnología y transición.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 13-08-2020
Fecha de aceptado: 04-01-2021

Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional

The general aim of this article is to analyze the impact of the pandemic caused by Covid19 on the rights of the victims and relatives of the disappeared, in terms of truth, justice,
reparation and the guarantee of non-repetition. The author makes a descriptive study to
understand the problems posed by the pandemic, considering the historical and social
context of the victims, and the political and institutional management by the Government.
For which and because it is an unexpected and recent situation, he goes to information
from the media, official documents, empirical observation of what is happening in this
regard, and reinforces the content with academic literature. The writing focuses on the
effects of the pandemic in Colombia, which may well be the same in Mexico and other
Latin American countries. The article makes it possible to visualize the institutional
deficiencies and violations of the rights of the victims during the pandemic, but it also
concludes on the need to improve and take advantage of the use of technology for the
search and identification of the disappeared.
Keywords: Human rights, missing persons, pandemic, technology, transition.

Cómo referenciar este artículo:
Vélez-Gutiérrez., L., F. (2021). Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología. Revista Politica Globalidad y
Ciudadanía, 7(14), 22-43. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-2

Este artículo es producto de la participación del autor, en junio del 2020, en el cicle de seminarios en línea AIDH “Los derechos humanos en los tiempos
de la pandemia Covid-19”. VII Jornada. La protección de los derechos de las víctimas.
2
Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Maestría en Ciencia Penal y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Delitos y
Justicia Internacional por John Jay College of Criminal Justice. Profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Email: luis.velez2@correo.usa.edu.co. Codigo
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5250-0179
1

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1.- INTRODUCCIÓN
En tiempos del Covid-19, la nueva normalidad nos exige una visión más cercana y amigable sobre el
papel y los avances de los derechos humanos, en particular, frente al fortalecimiento y la visualización
de la lucha de los derechos de las familias de las personas desaparecidas. Tarea que implica trabajar
articuladamente en distintos ámbitos que permitan identificar los asuntos urgentes para atender en medio
del confinamiento; definir los mecanismos institucionales y legales que deben garantizar la defensa a las
víctimas de este delito aún en estas circunstancias; conocer las medidas que deben implementar los
organismos del Estado para asegurar la debida protección de sus derechos durante la contingencia
sanitaria y saber de las estrategias que se deben utilizar para reducir las posibles afectaciones a sus
derechos fundamentales, por acción u omisión, durante y después de la pandemia, de parte del Estado y
los particulares.
Este escrito presenta un análisis juicioso, fácil y asequible a los familiares de las personas
desaparecidas, sin importar su formación académica, jurídica o política sobre los pilares que deben
mantenerse en pie en medio de la pandemia y posterior a ella, para continuar fortaleciendo la búsqueda
de los seres queridos y lograr identificar a los responsables. Sobre todo, el uso de la virtualidad y la
tecnología digital como herramienta que debe ser bien aprovechada y que llega para quedarse. En este
sentido, la investigación comparte con el lector la experiencia colombiana que le permite una visión
análoga o comparada, no solo con México, sino con otros países de Latinoamérica.
Es un hecho que la pandemia a la que nos enfrentamos obligó a la población mundial a un
confinamiento que exige, en lo posible, quedarse en los lugares de residencia; limita el derecho de
locomoción, el derecho al trabajo, el entretenimiento, las reuniones. Incluso, limita el derecho a la
búsqueda de los desaparecidos, el derecho a despedir a los cuerpos o restos óseos entregados con los ritos
y las ceremonias que se acostumbra a hacer como parte del proceso de duelo. Todo ello, para evitar la
propagación del Cobid-19 que, luego de un poco más de un año de aparecer ya había cobrado la vida de
más de dos millones de personas en el mundo, según informe de la Universidad Johns Hopkinks
(Coronavirus Resource Center, febrero 2021).
Uno de los aspectos que más ha afectado a los familiares de las víctimas de desaparición forzada
en medio de esta pandemia es el confinamiento que, se ha dado de diferentes maneras: obligatorio,
inteligente, sectorizado y voluntario. Pero independientemente de su modelo, ha sido una estrategia
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�Vélez-Gutiérrez., L., F.

mediante la cual los gobiernos han ejercido un control que incomoda a una parte de la población – sobre
todo a la más vulnerable-, generando desconfianza institucional y despertado sentimientos encontrados.
El hecho que el gobierno asuma la facultad de autorizar quien puede o no salir a la calle, ir a trabajar o
abrir sus negocios, afecta gravemente el desarrollo económico, el equilibrio emocional y la tranquilidad
ciudadana. También, molesta que sean los gobernantes de turno quienes definan que parte de la economía
favorecen más que otra. Y que decir de la afectación que todas estas medidas implican en la agenda de
búsqueda de los familiares de los desaparecidos, no solo en cuanto a la búsqueda en el territorio sino las
reuniones entre los colectivos y las autoridades del Estado responsable de garantizarles el derecho la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
La pandemia generó un conflicto de intereses entre la necesidad de proteger la salud pública y el
derecho a la igualdad y libre determinación. En este sentido, la Constitución Política de Colombia señala
en el artículo 49 que, el Estado deberá garantizar la salud pública como un derecho fundamental, por lo
tanto, le corresponde organizar, dirigir y reglamentar los temas de bienestar físico y mental de sus
habitantes, quienes a su vez deberán procurar su propio cuidado y el de los demás. De otro lado, el
Estado tiene la obligación de promover las condiciones reales y efectivas para garantizar la igualdad y la
libre determinación de cada uno de los miembros de la sociedad, adoptado medidas en favor de los grupos
más vulnerables, según los artículos 13 y 16 de la Ley Superior. Con esta orientación filosófica y social,
la aplicación del uso alternativo del derecho a través una visión holística de la norma por parte de los
operadores de justicia es importante para salir de la estrecha interpretación de la dogmática positiva y
abrir espacios que permitan conocer y tener en cuenta la realidad (Vélez-Gutiérrez, L. 1996) que viven
los familiares de las personas desaparecidas.
El hecho es que, además, la pandemia no solamente ha limitado los derechos individuales de las
personas, sino que “paralizó” al mundo en materia económica y social, y al mismo tiempo, permitió
visibilizar las falencias en derechos humanos y las condiciones de desarrollo de los sectores más
vulnerables de la sociedad, entre ellos, los derechos de los familiares de los desaparecidos que, en
Colombia, mayoritariamente, corresponden a campesinos, sindicalistas, estudiantes y miembros de la
población de sectores más marginalizados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).
Con el Covid-19 y dentro de un contexto universal, sabemos que más de 7.700 millones de
personas en el mundo (Organización de Naciones Unidas, 2020, diciembre) nos encontramos
amenazados por una enfermedad infecciosa respiratoria que, ha demostrado su capacidad de daño a la
24 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Vélez-Gutiérrez., L., F.

humanidad. Convirtiéndose esta pandemia en una “guerra” en la que su enemigo para vencer no es el
hombre mismo, pero que nos exige solidaridad universal y nos lleva a una reflexión para avanzar en el
progreso y verdadero sentido de la humanidad.
Este acontecimiento sobre la salud y supervivencia de la población mundial ha permitido un
ejercicio de introspección en cuanto a sus prioridades, la fragilidad del ser y la necesidad de trabajar en
una nueva normalidad basada en un acuerdo sobre lo fundamental que, se sostiene en la dignidad humana.
Pareciera que el coronavirus nos lleva a la renovación de un nuevo contrato social para “encontrar una
formar de asociación capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona…” (Rousseau,
Edición 2003).
La parálisis que experimenta la población plantea otro dilema: proteger la salud pública y
mantener la economía. El Covid-19, además de ser un enemigo de vida o muerte, es un enemigo en el
ámbito económico. Adicionalmente, la pandemia, también es vista como una amenaza política utilizada
para controlar la población y definir nuevas agendas públicas, según el grado de compromiso e interés
de los gobernantes.
La pregunta es si el confinamiento o distanciamiento social como parte de la estrategia para
enfrenar la propagación del virus, se pueda convertir en una oportunidad para la violación de los derechos
humanos de los familiares de las personas desaparecidas, en materia de justicia, verdad, reparación y no
repetición.
Parte de la política pública de los gobiernos durante la pandemia es vista como pluri ofensivas,
principalmente en países en vía de desarrollo, pues han dejado a millones de personas sin trabajo o
ingresos económicos; han llevado al cierre o quiebra de negocios; han limitado el derecho a la recreación;
han incrementado las tensiones sociales y puesto en riesgo el bienestar de la población más vulnerable,
entre ellas, los familiares de las víctimas de las personas desaparecidas. ¿Qué hacer, entonces?
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La base de este estudio se encuentra en el seguimiento cuidadoso de fuentes oficiales del gobierno,
organización nacionales e internacionales, colectivos de familiares de los desaparecidos y medios de
comunicación en relación con el impacto del Covid-19 en los derechos, la búsqueda e identificación de
los desaparecidos. En el escrito se contrasta el desempeño de las autoridades frente a los reclamos de los
familiares de los desaparecidos en materia de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología.

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La “pandemia” del delito de desaparición forzada
La antropóloga colombiana, Helka Alejandra Quevedo Hidalgo, afirma que: “La desaparición forzada
arrebata a la víctima de la protección estatal y la deja a ella y su familia, inermes frente a un complejo
conjunto de delitos como la privación ilegal de la libertad, la tortura, y la violencia sexual. Este tipo de
desaparición provoca efectos nefastos en el tejido social” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).
Esta otra “pandemia” del delito de desaparición forzada, históricamente, empezó en Alemania,
en la Segunda Guerra Mundial con la Orden “nacht und nebel” - noche y niebla- emitida por el Mariscal
de Campo WILHELM KEITEL, Jefe Supremo del Comando Central del Ejército alemán, en 1942, en la
que pregonaba “Sed como la noche y la niebla, esfumados y desapareced”, por lo cual, los prisioneros
deberían ser trasladados secretamente y desvanecieran sin dejar rastro, de manera que produzca un efecto
intimidatorio y no se podrirá darse información sobre su paradero o su suerte (Botero, 1996).
Conducta criminal que fue copiada por los gobiernos de los países latinoamericanos durante la
época de la Guerra Fría, con fundamento en la doctrina de Seguridad Nacional, la necesidad de luchar en
contra de los movimientos de izquierda y apelar a los sentimientos nacionalistas, como estrategias de
“guerra sucia” en gobiernos democráticos y dictaduras. Al fin y al cabo, la práctica de la desaparición
forzada se convirtió en una forma de criminalidad política que, tiene como ventajas no mostrar el cuerpo
del delito, negar información e invisibiliza a las víctimas directas.
Luego, con el paso del tiempo, esta forma de guerra fue adoptada por grupos al margen de la ley
para intimidar y garantizar impunidad. Las cifras de desaparición forzada varían al interior de cada país,
pues depende de la fuente, algunas veces es del Estado y otras vienen de organizaciones de la sociedad
civil o los colectivos de las familiares de las víctimas. En Colombia, por ejemplo, se habla de cifras que
superan los 80.000 desaparecidos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018) o en México, que
suman más de 73.000 (Ordaz-Díaz, A. 2020, 13 de julio), citando la Secretaria de Gobernación. Lo cierto
es que desde que esta pandemia criminal apareció en Latinoamérica, el número de los desaparecidos
supera los 200.000 – un poco más de dos veces el número de espectadores que caben en el Estadio Azteca
de México.
Lo cierto, es que en Colombia el problema de la desaparición de personas sigue latente aún
después de la firma del Acuerdo de Paz del 2016. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal

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y Ciencias Forenses (INMLyCF), en medio de la pandemia en el 2020 se reportaron 4.680 personas
desaparecidas, de las cuales 1.579 eran menores de edad, aparecieron 811 vivos y 10 muertos, quedando
758 sin saber su paradero. En conclusión, uno de cada tres desaparecidos es menor de edad y cada día se
reporta la desaparición de cuatro menor. Lo más grave es que, dentro de las causas más frecuentes de
desaparición está el reclutamiento forzado de los grupos armados al margen de la ley, tanto en zonas
urbanas como rurales, y el rapto relacionado con la trata de personas (Alvarado, A. &amp; Ávila, C. (2021,
23 febrero).
Hasta el momento en Colombia hay una deuda política, social, histórica y académica en la
materia. En este sentido, vale la pena destacar el trabajo que han venido realizando los mexicanos,
particularmente, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de
Coahuila, México, no solamente por el número de publicaciones, conferencia y foros nacionales e
internacionales, sino que es la primera y única universidad en el mundo que tiene un programa de
posgrado - especialización - sobre los derechos y garantías de las víctimas de desaparición, en el que se
incluye historia de la desaparición de personas, normatividad nacional e internacional, protocolos de
búsqueda e identificación, e investigación de delito de desaparición forzada, entre otros temas. El punto
para destacar del programa es que cuenta con estudiantes de colectivos o familiares de víctimas de
desaparición y funcionarios de la Fiscalía de Personas Desparecidas y de la Comisión Estatal de Atención
a Víctimas, entre otros.
Urgencia y atención inmediata para las familias de los desaparecidos
Uno de los primeros puntos para tener en cuenta por las familias de las personas desaparecidas en medio
de la pandemia, es mantener la búsqueda con nuevas estrategias, pese a los riesgos de la salud. Es
necesario exigir acciones urgentes por parte de los Estados, en favor de las familiares y organizaciones
de la sociedad civil para evitar un retroceso en los avances y la defensa de sus derechos humanos. No
se puede, bajo ningún pretexto, bajar la guardia en la búsqueda y en las investigaciones de los
responsables de los delitos de desaparición forzada. El Estado deberá garantizar las medidas de
bioseguridad y, junto con los familiares de las víctimas, aprovechar la virtualidad como una herramienta
para empoderar y visibilizar con mayor fuerza la lucha por el derecho a la verdad, la justicia, la reparación
y la garantía de repetición.
El Covid-19 generó para los Estado el reto de garantizar la conectividad del mayor número
posible de la población. Más aún cuando se sabe que la mayoría de las familias que buscan a sus seres
Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología.

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queridos hacen parte de los sectores menos favorecidos dentro de la sociedad. En Colombia, solo el 53%
de los hogares tienen conexión a Internet y las más afectadas son las familias de las zonas rurales;
afortunadamente, como parte de las acciones de emergencia tomadas durante la pandemia, el Gobierno
colombiano firmó el Decreto 825 del 8 de junio de 2020, con el fin de impulsar mejor infraestructura
para brindar cobertura de servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales más alejadas del país
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020).
En tiempos de pandemia, el derecho al acceso al internet (conectividad) no solamente es una
herramienta que impulsa la economía, sino que es un medio a través del cual se garantizan otros derechos
humanos como la educación, el acceso a la justicia y a la verdad (Fuentes-Contreras E. 2020, abril 14).
No tener acceso a internet agrava la falta de información sobre el paradero o identificación de los seres
queridos, elemento que hace parte de la descripción del delito de desaparición forzada. En consecuencia,
la ausencia de conectividad de la población más vulnerable y de la que hacen parte los familiares de los
desaparecidos, es la primera violación a sus derechos fundamentales, en medio de la pandemia.
El Estado está obligado a fortalecer la herramienta digital y garantizar las ayudas de bioseguridad
de las familias, apoyando, principalmente, a las madres de los desaparecidos quienes están en la primera
línea de búsqueda. En este contexto aplica muy bien el contenido del artículo 13 de la Constitución
Nacional en el sentido que, el Estado tiene la obligación de promover las condiciones reales y efectivas
para garantizar la igualdad de derechos, principalmente, de las personas menos favorecidas.
De otro lado, la conectividad en medio de la pandemia facilita el apoyo psicológico y social de
los miembros de las familias de los desaparecidos. Es importante que el gobierno provea a través del uso
del internet programas de rehabilitación con procesos psicoterapéuticos para los familiares de los
desaparecidos. Como lo señala el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Arturo
Gómez Pavajeau, la meditación, sería uno de ellos, puesto que juega un papel fundamental en la
reparación de los derechos vulnerados de las víctimas, y más cuando existe un duelo sin sanar por la
ausencia y desconocimiento del paradero de los seres queridos. Informar e impulsar este tipo de
alternativas, como parte de la aplicación de la ciencia contemplativa en la reparación de las víctimas, es
una acción innovadora que debería estar en la agenda de una política pública, dentro de la concepción
del Estado social de derecho que se encuentra vinculado a un concepto altruista, respeto a los derechos
humanos y a la dignidad humana (Gómez-Pavajeau, C. 2019).

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Con la conectividad, la pandemia produce menos efectos negativos. La pandemia no puede ser
óbice para continuar con la búsqueda, y mucho menos, con las investigaciones penales que permitan
identificar a los responsables de las desapariciones forzadas. Las redes sociales y el manejo de la
información digital son poderosas herramientas para materializar el derecho a la justicia, la verdad, la
reparación y la garantía de no repetición. Es obligación del Estado mantener informada a las familias
de los desaparecidos sobre las acciones o avances de las investigaciones. En Colombia, este compromiso
está consagrado en el literal e), artículo 11, del Código de Procedimiento Penal que les permite a las
víctimas, desde el primer contacto con las autoridades, recibir información pertinente para la protección
de sus derechos. Pero junto con esta obligacion, es necesario adaptar la legislación al uso de los
mecanismos o plataformas digitales dentro de las instituciones oficiales, en particular, judiciales. El uso
de plataformas se traduce en prácticas de buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas y
acercamiento a la sociedad civil. Contrario a lo que sucede con el mal gobierno que se caracteriza por la
falta de responsabilidad en sus compromisos frente a la defensa del interés de la comunidad, el poco
control político y administrativo de los funcionarios, el ocultamiento de información, y la debilidad
institucional que no hace real y efectiva la aplicación de la ley en el Estado de Derecho (AguileraIzaguirre, G. 2021).
Mecanismos institucionales y legales para las familias de los desaparecidos en Colombia
Por muchos años, Colombia tuvo una Constitución Nacional centenaria (1886) que no respondía a la
realidad y los cambios políticos, sociales y culturales. Hablar de la Constitución de 1886, es reconocer
que esta Ley Superior carecía de los mecanismos institucionales y legales para proteger los derechos
humanos. Se trataba de una Constitución excluyente y sin mecanismos de participación política, selectiva
en la protección de los bienes jurídicos y que, de alguna manera, facilitó construir y mantener una
subcultura de violencia marcada por graves problemas sociales, como la desigualdad. La Constitución
de 1886 tuvo carácter conservador, rígido y poco innovador que, no permitió dar solución a los problemas
del país, más allá de los de su época.
Las graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzada que en Colombia se
empieza a documentar en 1977; la política de Seguridad Nacional con algunos agentes del Estado
dispuestos a actuar al margen de la ley; el auge y crecimiento de los grupos guerrilleros; la aparición del
paramilitarismo o autodefensas, la llegada del narcotráfico y la delincuencia común permitieron crear
una “tormenta perfecta” para mostrarle al mundo un catálogo único en materia de criminalidad y
organizaciones al margen de la ley. Colombia se mantuvo en un Estado de Derecho con una discapacidad
Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología.

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institucional y una sociedad con poca conciencia colectiva sobre la violencia a la que se acostumbró.
Entre 1970 y 2015, ocurrió el mayor número de delitos de desaparición forzada, cometidos por miembros
de grupos paramilitares, seguidos por la guerrilla, grupos armados no identificados y agentes del Estado,
según el Observatorio de Memoria y Conflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).
Fue tal el nivel de violencia en Colombia que a finales de la segunda mitad del siglo XX empieza
un proceso de conciliación y política institucional de lucha contra las graves violaciones de derechos
fundamentales. Este proceso se inicia con la Constitución Política de 1991, producto de la Asamblea
Nacional Constituyente que abrió espacios políticos, institucionales y sociales para la defensa de los
derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario. Una nueva Constitución Política
que nace en medio de un conflicto armando con raíces políticas y sociales que, en la década de 1980 y
por culpa del narcotráfico se tiñó de más violencia y corrupción.
La Constitución de 1991 permitió a los colombianos trabajar más allá del Estado de Derecho y
empezar la construcción de un Estado Social de Derecho basado en una democracia participativa y
pluralista, respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de las diferencias, el fortalecimiento de la
sociedad civil y la prevalencia del interés general. Es así, como se creó a través de la figura de la tutela
un mecanismo procesal que permite reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos hayan sido vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Además, introdujo el derecho de
petición para que toda persona pueda presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y tener una pronta respuesta. También, incluyó el bloque de
constitucionalidad que permitió incorporar dentro de la Constitución a los tratados internacionales sobre
derechos humanos firmados por Colombia
Junto a los anteriores mecanismos, la nueva Constitución abrió nuevos espacios institucionales
para fortalecer la lucha por los derechos de las víctimas y los familiares de los desaparecidos, a través de
organizaciones como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.
Es necesario que en medio de la pandemia estos nuevos espacios se mantengan visibles y bien
definirlos para empoderar el trabajo de las víctimas en el logro efectivo del derecho a la verdad, la justicia,
la reparación y la garantía de no repetición. Para ello, es importante impulsar campañas de capacitación

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en el manejo de las herramientas digitales para las víctimas de delitos de lesa humanidad, como lo es la
desaparición forzada de personas.
Para resumirle al lector, los siguientes son los principales mecanismos institucionales y legales
que requieren mayor visibilización, en medio de la pandemia, para la defensa de los derechos de las
víctimas y familiares de los desaparecidos en Colombia (Cifuentes y Higuera 2014):
Mecanismos Institucionales
1. La Fiscalía General de la Nación que tiene la facultad para investigar y acusar a los presuntos
responsables de los delitos de desaparición forzada ante los jueces. Además, tiene como órgano
adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que presta el apoyo científico-forense en
la identificación de personas desaparecidas.
2. La Procuraduría General de la Nación que, junto con la Defensoría del Pueblo y las Personerías,
conforman el Ministerio Público encargado de la defensa, promoción, protección y divulgación de
los derechos humanos. Para los familiares de las personas desaparecidas, la Procuraduría General de
la Nación cumple una función importante, toda vez que es la representante de la sociedad en los
procesos penales; vela por la defensa del orden jurídico y garantía de los derechos fundamentales;
procura el acceso a la justicia y la verdad; intervienen en los procesos y solicita pruebas; vigila las
actuaciones de los miembros de la policía judicial, interviene en favor de los derechos de las víctimas
y testigos, y ayuda en la gestión para la reparación.
3. La Defensoría del Pueblo que vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos
humanos; asiste y orienta legalmente, en forma gratuita, a los familiares de las personas desaparecidas
para la defensa de sus derechos. Trabaja de cerca con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en la educación y desarrollo de procesos de promoción, difusión y divulgación de los derechos
humanos a fin de sensibilizar y visibilizar la problemática sobre el fenómeno de la desaparición
forzada. En medio de la pandemia, la educación debe extenderse a las victimas para el manejo y
utilización de las herramientas digitales.
4. Las Personerías Distritales y Municipales que son organismos de control y vigilancia que por su
presencia territorial les corresponde recibir de primera mano las denuncias por graves violaciones de
derecho humanos; intervienen en los procesos penales que se adelantan por el delito de desaparición
forzada y procuran la efectiva aplicación de la justicia ante los jueces, quienes como autoridades
judiciales les corresponde condenar a los responsables de los delitos de desaparición forzada y
verificar el cumplimiento de las penas impuestas.
Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología.

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5. La Corte Constitucional es como una “hija mayor” de la Constitución Política de 1991, comoquiera
que tiene como tarea velar por la integridad y supremacía de la Carta Política, como parte del
desarrollo del Estado Social de Derecho y la defensa de los derechos humanos de las víctimas y los
familiares de los desaparecidos.
6. En este sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en favor de los derechos de los familiares
de las víctimas del delito de desaparición forzada. Con sus fallos ha contribuido en la integración a
la legislación colombiana y los principios internacionales relacionados con el derecho a la verdad, la
justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en favor de las víctimas y la lucha en contra de
la desaparición forzada, tal como lo ha señalado en la Sentencia C-317/02. (2002, 02 de mayo), en la
que reconoce los tratados internacionales de derechos humanos como parámetros mínimos de
protección en esta materia.
Mecanismos Legales
1.

La acción de tutela es una facultad que tienen los familiares de los desaparecidos de reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando están siendo vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. Por ejemplo, cuando se
revictimizan y no se le permite intervenir a los familiares en la investigación o búsqueda de sus
seres queridos. Los fallos de los jueces que resuelven las acciones de tutela son de inmediato
cumplimiento, según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

2.

El derecho de petición está relacionado con la facultad que tienen los familiares de las personas
desaparecidas para solicitar, respetuosamente, información a las autoridades sobre temas de
interés general o particular, como es el caso de la documentación sobre la investigación, búsqueda
e identificación de los desaparecidos, en ejercicio al derecho a la verdad. El derecho de petición
está contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, reglamentado en la Ley 1755 de
2015.

3.

La acción de cumplimento se refiere a la garantía constitucional que pueden ejercer los familiares
de las personas desparecidas ante las autoridades judiciales competentes para que se ordene el
cumplimiento de una norma o un acto administrativo. En este caso, podría ser por el
incumplimiento a una orden de apoyo psicosocial, en materia de rehabilitación, en favor de los
familiares de los desaparecidos. La acción de cumplimiento está consagrada en el artículo 87 de
la Constitución Política y reglamentada por la Ley 393 de 1997.

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4.

El Hábeas Corpus hace referencia al derecho fundamental de la libre locomoción de las personas
cuando son privadas de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o su
detención se prolongue ilegalmente. Este es un derecho que apunta a evitar que la persona salga
del ámbito de protección del Estado, como uno de los elementos en la definición del delito de
desaparición forzada. Este mecanismo busca evitar el ocultamiento o la negación de información
sobre el paradero de las personas detenidas por agentes del Estado. El Habeas Corpus se anticipa
a la práctica o intento de desaparición forzada de una persona en poder de las autoridades. Es del
caso recordar que en Colombia este delito se encuentra tipificado en el artículo 165 del Código
Penal y reza:
El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a
privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa
a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de
la ley, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses, multa
de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1333.33) a cuatro mil quinientos (4500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas
de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.
A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la
determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior.

La justicia transicional y el acuerdo de paz de 2016 en medio del covid-19
Colombia es uno de los países más desiguales del planeta, lo cual hace que sea, particularmente, difícil
para un buen número de su población, con profundos problemas sociales de injusticias que afectan el
desarrollo individual y colectivo, tal como lo sostiene la profesora Helena Pérez Niño, de la Universidad
de Cambridge (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2019). En Latinoamérica, es el país que
cuenta con las mayores brechas internas de desarrollo entre sus regiones, en temas que incluye género,
salud, educación, seguridad, medio ambiente, actividad económica y bienestar, entre otras variantes,
según el informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam) que, mide el
desarrollo a nivel territorial desde una perspectiva multidimensiona (Índice de Desarrollo Regional para
Latinoamérica, 2020). En el campo, el 30% de los campesinos está afectada por el desplazamiento
forzado y despojo de tierras, y el 64% se encuentra en condiciones de pobreza (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2015).
Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología.

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En un análisis de contexto, en materia de desplazamiento forzado, el Centro de Vigilancia del
Desplazamiento Interno de la ONU, reveló que, en el 2019, cerca de 80.000.000 millones personas fueron
víctimas de desplazamiento involuntario, debido a la guerra, violencia, persecución y otras emergencias,
es decir, que afecta 1 de cada 97 habitantes del planeta (Organización de Naciones Unidas, 2020, 18 de
junio). Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, con el número de desplazados internos más grande
del mundo - solo en la primera mitad del 2020 tuvo más de 19.000 nuevos desplazamientos forzados
(Internal Displacement Monitoring Center, 2020). El país entró en un proceso de paz marcado por la
aplicación de una justicia transicional sin antecedentes, con el fin de reducir la violencia y buscar la paz
a través de mecanismos extraordinarios y alternativos (Vélez-Gutiérrez, L. 2015) que sientan las bases y
preparar a la sociedad en la elaboración de herramientas políticas, jurídicas y sociales para proteger el
derecho a la justicia, verdad, reparación y la garantía de no repetición, no solamente de las víctimas y
familiares de los desaparecidos, sino también de la sociedad misma que se beneficia con el orden, la paz
y la tranquilidad pública.
Colombia se convirtió en el primer país en el mundo en aplicar justicia transicional durante el
conflicto, no después del conflicto, y cuenta con una de las legislaciones internas más completas y
desarrolladas en materia de derechos para las víctimas. Además, es actualmente un referente y laboratorio
social y político para la comunidad internacional en materia de resolución de conflicto interno armado,
verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Ninguna de las generaciones de la población colombiana ha vivido en un país en paz. La falta se
estrategias culturales, académicas y políticas en la resolución de conflictos, las diferencias y la
intolerancia han construido una subcultura de violencia que, en palabras de Viktor E. Frankl, pareciera
que la población colombiana se acostumbró a “cargar” el número 119.104, del autor del libro “El
Hombre en Busca de Sentido” durante el tiempo que pasó en los campos de concentración e hizo de la
violencia, el horror y las graves violaciones de derechos humanos, parte de la “normalidad” (Frankl, V.
1946). En consecuencia, los colombianos nos mantenemos en una fase de apatía, adormecimiento de las
emociones y valores morales, en donde perdimos la sensibilidad por el sufrimiento de los familiares de
las personas desaparecidas, comoquiera que, esa y otras graves violaciones de derecho humanos, se
convirtieron en “parte del paisaje” de la Colombia violenta.
Con la llegada del narcotráfico en la década de 1980, perdimos aún más la confianza para salir
de esa subcultura de violencia y las graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en medio de
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este panorama, luego de la Constitución Política de 1991, la llegada de las redes sociales y la información
digital nació una nueva generación más consciente y comprometida con la construcción de una sociedad
diferente, participativa, armónica, tolerante y pacífica.
Luego de la nueva Constitución Política de 1991 que, abrió espacios democráticos y de
participación social, ocurren tres eventos políticos y legales muy importantes en la construcción de es
nuevo país y la búsqueda de la paz: 1) la expedición de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de
Justicia y Paz; 2) Ley 1448 de 2011, llamada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; y 3) el Acuerdo
de Paz de 2016, este último con rango constitucional, firmado entre el Gobierno nacional y la Guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
La Ley 975 de 2005 fue el primer antecedente de justicia transicional integral aplicada en
Colombia (Vélez-Gutiérrez, L. 2015), con el ánimo de reincorporar a los llamados grupos paramilitares
o autodefensas. El objetivo de esta ley fue garantizar el inicio de un proceso de paz y la reincorporación
individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, particularmente,
a los paramilitares, siempre y cuando garanticen a los familiares de las personas desparecidas el derecho
a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Esta ley creó la Jurisdicción de Justicia y Paz, en la que se investigaron y sancionaron con penas
alternativas de entre cinco (5) a ocho (8) años de cárcel a quienes entregaban las armas, se desmovilizaban
y se sometieran a la justicia, con la condición de contribuir con la verdad, la reparación y la garantía de
no repetición.
Es importante tener en cuenta que, a este proceso de desmovilización y desarme de las
autodefensas le antecedieron otros acuerdos de paz alcanzados por el Gobierno colombiano con la
guerrilla

M-19,

en 1990; la guerrilla

Autodefensas Indígenas

MAQL,

EPL,

en 1991; Milicias Campesinas del Monte de María, 1991;

en 1991; Milicias Urbanas de Medellín, en 1994 (Centro Nacional de

Memoria Historia, 2015).
El otro evento trascendental para el actual proceso de paz en Colombia se dio con la aprobación
de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierra que, creó un conjunto
de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas con el fin de
proveer atención, asistencia y reparación integral a los familiares de las personas desaparecidas en el
marco del conflicto armado interno. Ley que ha servido de base de acciones legislativas en países como
Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología.

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México, para el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas por graves violaciones de
derechos humanos.
Dentro de los mecanismos creados por la Ley 1448 de 2011 están la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de liderar acciones del Estado y la sociedad para atender y
reparar a las víctimas, y contribuir a la inclusión social y la construcción de la Paz; el Registro Único de
Víctimas que para principios del 2021 superaba las 9.000.000 de víctimas en el país; y la creación del
Centro Nacional de Menoría Histórica (CNMH), como establecimiento público del orden nacional que
busca recuperar, conservar, compilar y analizar el material documental, testimonial y demás fuentes de
información sobre las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, y contribuir en
identificar, esclarecer, conocer y entender las causas del conflicto y contribuir en evitar su repetición.
El tercer evento político importante en la edificación de una esperanza para el país ocurrió en el
2016, con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), luego de un proceso de negociación que duró cuatro (4)
años y que se realizó en la Habana, Cuba, con participación de países garantes como Noruega y Cuba, y
facilitadores como Venezuela y Chile.
El Acuerdo de Paz está compuesto por los siguientes seis (6) puntos:
Punto uno:

Reforma rural integral

Punto dos:

Participación política

Punto tres:

Fin del conflicto

Punto cuatro: Solución al problema de las drogas Ilícitas
Punto cinco: Víctimas.
Punto seis:

Implementación, verificación y refrendación

Para las víctimas y los familiares de las personas desaparecidas durante el conflicto armado
interno, en el marco de la justicia transicional lo más importante es el punto quinto del Acuerdo de Paz,
en el que se obliga constitucionalmente al Estado a la protección de sus derechos fundamentales.
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Con la aplicación de la justicia transicional en Colombia, se creó el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), con un componente de carácter judicial llamada la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, tiene como función conocer de los delitos cometidos en el
marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016, y satisfacer los
derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Por su
carácter transitorio, la JEP no podrá ser superior a 20 años. Adicionalmente, se crearon dos componentes
más, pero estos de naturaleza no judicial: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y
Reconciliación (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
La JEP, como componente judicial del sistema, cuenta con la Unidad de Investigación y Acusación
que trabaja en la caracterización del fenómeno de desaparición forzada dentro del contexto del conflicto
armado colombiano. Y hace parte de las reuniones para definir acciones con la Mesa de Trabajo sobre
Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, representantes de las mesas
de víctimas del nivel nacional, departamental y municipal y la delegación de víctimas en el exterior con
familiares desaparecidos.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) es
un mecanismo extrajudicial del SIVJRNR, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del
conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el
mismo y ofrecer una explicación sobre el fenómeno del delito de desaparición forzada, además de otras
graves violaciones de derechos humanos. La CEV trabaja en forma articulada con la JEP, la UBPD,
muy de cerca con los familiares de las personas desaparecidas, los testigos y los perpetradores que
suministran información relacionada con la ubicación de las personas desaparecidas y posible
cómplices o responsables del delito.
Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), tercer
componente del SIVJRNR, tiene como misión la búsqueda humanitaria y extrajudicialmente de las
personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado a fin de aliviar el sufrimiento de
los que los buscan, y contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y la reparación, como
aporte a la construcción de paz. Por su carácter extrajudicial, quienes contribuyan a la UBPD con
información sobre la ubicación de los desaparecidos, no podrá ser judicializados, toda vez que se
considera como un acto de carácter humanitario que queda por fuera de la acción punitiva del Estado,
tal como lo señala la Corte Constitucional (Sentencia C-067/17. 2017, 20 de junio).

Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología.

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�Vélez-Gutiérrez., L., F.

La UBPD trabaja, coordinadamente, con la JEP en temas relacionados con los sub-registros de
los desaparecidos, la obtención, el cuidado de información y la protección de los lugares relacionados
con la búsqueda e identificación de los restos óseos en cementerios y fosas comunes. Para ello, se
pueden ordenar medidas cautelares a fin de asegurar la protección, el cuidado y la preservación de
cuerpos sin identificar que podrían ser víctimas de desaparición forzada y que esperan ser entregados
dignamente a sus familiares.
Según el Ministerio del Interior en Colombia hay cerca de 26.400 cuerpos sin nombre o sin
identificar, en 426 cementerios de los 1122 municipios del país (Canal Capital, 2020, 15 de mayo). En
algunos lugares, los cuerpos fallecidos por coronavirus han sido mezclados con cuerpos sin nombre que
podrían ser personas desaparecidas durante el conflicto armado o han sido movidos de sus osarios,
bóvedas, morgues o fosas para dar espacio a los cuerpos víctimas del Covid-19. Situación que puso en
evidencia la falta de infraestructura y el hacinamiento en los cementerios; el inadecuado manejo de los
cuerpos sin identificar o identificados sin reclama; y los vacíos en el sistema de información y registro
de los cuerpos sin identificar.
Lo anterior, representa una grave violación al derecho a la verdad y satisfacían de los familiares
de las personas desaparecidas. Por esa razón, el Gobierno tomó medidas para regular el manejo, traslado
y disposición final de cadáveres por Covid-19 (Ministerio de Salud y Protección Social 2020).
La JEP debe trabajar articuladamente con la UBPD en temas relacionados con los subregistros de
los desaparecidos, la obtención, el cuidado de información y la protección de los lugares relacionados
con la búsqueda e identificación de los restos óseos en cementerios y fosas comunes. Para ello, puede
acudir a las medidas cautelares para asegurar la protección, el cuidado y la preservación de cuerpos sin
identificar que podrían ser víctimas de desaparición forzada y que esperan ser entregados dignamente a
sus familiares. En este sentido, el Covid-19 agudizó el problema de los cementerios y fosas comunes en
Colombia.

Evitar violaciones a los derechos humanos en tiempos del covid-19
Podríamos pensar que, ante la pandemia, es una consecuencia lógica la vulneración de los derechos
humanos de las familias de las personas desaparecidas. Sin embargo, aunque para algunos es cierto y
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�Vélez-Gutiérrez., L., F.

para otros la pandemia es una oportunidad para fortalecer nuevas estrategias y herramientas de trabajo
en la búsqueda e identificación de las víctimas de este delito de lesa humanidad.
Es necesario tener en cuenta que la búsqueda de los desaparecidos no solamente se debe
concentrar en el terreno. La desaparición de los seres queridos también se da en los expedientes judiciales
compuestos por testimonios, informes de investigación y estudios forenses (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2018). Los desaparecidos están en los archivos de la Policía Nacional, en las inspecciones de
policía de veredas y municipios lejanos, en los órganos de investigación, en las oficinas de registro de
identidad, en las bases de datos de los hospitales, centros carcelarios, y cementerios, entre otros. Es decir,
que una buena cantidad de información de desaparecidos se encuentra traspapelada, extraviada o perdida
en los anaqueles de las oficinas oficiales, como parte de la incompetencia y falta de compromiso de los
servidores públicos, incluso, el olvido e indiferencia colectiva de la sociedad (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2018).
Ante este panorama, la pandemia sirve para reinventar las estrategias de búsqueda y evitar que
los procesos de identificación se retrasen o paralicen. En medio de la pandemia, es necesario fortalecer
el conocimiento y la utilización las herramientas digitales. Los siguientes son algunos de los beneficios
del incremento en el uso de la tecnología para la lucha de los familiares de las personas desparecidas:
Exige al Estado que facilite la virtualidad, fortalezca las plataformas, bases de datos, redes
sociales y los expedientes digitales; alimente y articule las bases de datos institucionales con información
sobre la búsqueda, identificación e investigación; amplié la comunican con los familiares, y promueva la
capacitación virtual de sus funcionarios sobre el delito y la investigación de desaparición forzada.
Además, es necesario tener en cuenta que el incremento en el uso de la tecnología rompe con la
burocracia en las entidades oficiales porque permite más transparencia y rendición de cuentas, con
respeto a los derechos humanos de los familiares.
Herramientas o plataformas como Skype, Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting, Google Meet o
WhatsApp permite mayor acceso a la justicia y la verdad, ya que facilitan reuniones virtuales entre los
colectivos de las familias de los desaparecidos, las autoridades del Gobierno, entrevistas con testigos,
potenciales colaboradores o informantes.
Con la tecnología, el distanciamiento social, los toques de queda y las cuarentenas no impiden a
las autoridades concentrarse en mejorar las bases de datos institucionales sobre las personas
Covid-19, derechos de las familiares de los desaparecidos y tecnología.

39

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desaparecidas. La digitalización y la sistematización de la información en medio de la pandemia permite
que se canalicen más esfuerzos para nutrir, intercambiar, articular, organizar y analizar la información
de las bases de datos sobre los desparecidos.
En tiempo de pandemia es importante que los familiares de los desaparecidos incrementen las
actividades en las redes sociales - Facebook, Instagram, Twitter, WhtasApp, Tiktok y otras - para
visualizar la búsqueda, sensibilizar y llamar la atención de la sociedad frente a este grave fenómeno de
la desaparición forzada, a través de mensajes y eventos sociales, académicos, artísticos, culturales o
institucionales. Finalmente, permite ampliar la agenda de capacitación sobre derechos humanos a nivel
local, nacional e internacional.
El aprovechamiento de la tecnología en medio de la pandemia ayuda a los familiares de las
personas desaparecidas a ampliar sus relaciones con medios de comunicación, organizaciones nacionales
e internacionales de derechos humanos. Además, que abre los canales de participación ciudadanía para
presentar quejas o denunciar actos de corrupción o negligencia de los entes ejecutivos o judiciales que
atienden temas relacionados con el fenómeno de desaparición forzada.
3.- MÉTODO
La metodología utilizada en esta investigación corresponde a una revisión cualitativa que describe y
busca entender los efectos del Covid-19 en el ejercicio de los derechos de las familias de los
desaparecidos, el papel de las víctimas, el Estado y la sociedad en medio de la pandemia, y la importancia
de fortalecer el uso de la tecnología de la información en la búsqueda e identificación de los
desaparecidos, en momentos de distanciamiento social y límites a la libertad de movimiento y de reunión.
Este trabajo investigativo se apoyó en un proceso inductivo-deductivo que incorpora experiencias del
Gobierno y de los familiares de personas desaparecidas durante la pandemia, Además, de la recolección
y el análisis de información obtenida durante el 2020, cuando empezó la pandemia, hasta los primeros
meses del 2021, y se base en literatura procedente de libros, revistas, medios de comunicación,
documentos oficiales, documentales de centros académicos y organizaciones no gubernamentales.
Por lo tanto, esta es una propuesta de investigación metodológica multidimensional, abordada
desde un enfoque analítico, sintético, crítico y empírico partiendo de la experiencia del autor que, no
solamente evidencia la problemática desatada por el Covid-19, frente a los derechos de los familiares de

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las víctima de la desaparición forzada, sino que plantea soluciones alternativas fundas en un cambio de
actitud y el uso de las herramientas tecnológicas que, se presentan ante la situación de pandemia como
una oportunidad.
5.- CONCLUSIONES
Este trabajo de investigación evidencia las dificultades a las que se han visto sometidas las familias de
los desaparecidos en medio de la pandemia a causa del Covid-19, en materia de derechos humanos,
particularmente, sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Pero
también, plantea la necesidad del Estado de reinventar y fortalecer las estrategias en la manera de
búsqueda, identificación y lucha contra la impunidad por el delito desaparición forzada que, atenta contra
la dignidad universal del ser humano.
La pandemia se convirtió en un reto, no solamente para el Estado de naturaleza social y de
derecho, sino en un desafío para las familias de los desaparecidos, en la medida en que las amenaza del
Covid-19, el distanciamiento social y las restricciones de movilidad y de reunión podrían reduciré los
esfuerzo para la localización de sus seres queridos.
Sin embargo, las instituciones del Estado y los familiares de las personas desaparecidas deben
aprovechar la época de pandemia para lanzar campañas de capacitación y ampliar el uso de las
herramientas digitales. Es momento de explorar y fortalecer nuevas estrategias y herramientas en la
búsqueda de los desaparecidos, y despertar la conciencia y mayor participación de la sociedad civil frente
al fenómeno de la desaparición forzada, con el uso de las redes sociales.
Tanto en Colombia, México y otros países latinoamericanos que sufren el flagelo de la
desaparición forzada tiene una deuda política, social, histórica y académica con los familiares de los
desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos, y el derecho a satisfacer la verdad, la justicia, le
reparación y la garantía de no repetición.
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Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades
indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante
el postconflicto1
Agro-industrial uses of the coca leaf in indigenous communities of Cauca, Colombia in
the post-conflict framework
Yudith, Caicedo-Domínguez2; Guadalupe, Hoyos-Garcés3; Rocío, Yépez4; Diana Karen, Sandoval-Pinedo5;
RESUMEN
La investigación que se presenta a continuación tuvo el objetivo de plantear las experiencias más
significativas relacionadas con los usos agroindustriales lícitos de la hoja de coca, que las
comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia han adoptado en el marco del
posconflicto. Se dieron a conocer casos exitosos como el generado a raíz de las actividades
productivas que se establecieron a través de un proyecto desarrollado por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) y la Open Society Foundations, específicamente en la comunidad de Lerma,
también el exitoso caso de Coca Nasa. En cuanto a la metodología de la investigación, está se realizó
con enfoque cualitativo y exploratorio, como resultado, se encontró que en los últimos cinco años el
departamento del Cauca Colombia ha presentado un crecimiento significativo del cultivo de coca,
especialmente en los sectores habitados por comunidades indígenas y campesinas quienes han
preservado el significado ancestral, alimenticio, medicinal y cultural de la coca. Por último, se
concluyó que la agroindustria proveniente de la hoja de coca es viable en este territorio. Sin embargo,
las comunidades se enfrentan a múltiples impedimentos para generar esta opción de desarrollo
económico y productivo en la región, desde el contexto político y legal.
Palabras claves: Agroindustrial, Cauca Colombia, comunidades indígenas, hoja de coca,
postconflicto.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 22-09-2020
Fecha de aceptado: 16-12-2020

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The research presented below had the objective of presenting the most significant experiences related
to the licit agroindustrial uses of the coca leaf, which the indigenous communities of the department
of Cauca Colombia have adopted in the post-conflict framework. Successful cases such as the one
generated as a result of the productive activities that were established through a project developed by
the National Learning Service (SENA) and de Open Society Foundations, specifically in the
community of Lerma, were also revealed of Coca Nasa. Regarding the research methodology, it was
carried out with a qualitative and exploratory approach, as a result, it was found that in the last five
years the department of Cauca Colombia has presented a significant growth of coca cultivation,
especially in the sectors inhabited by indigenous and peasant communities who have preserved the
ancestral, nutritional, medicinal, and cultural meaning of coca. Finally, it was concluded that the
agro-industry from the coca leaf is viable in this territory. However, the communities face multiple
impediments to generate this option for economic and productive development in the region, from
the political and legal context.
Keywords: Agroindustry, Cauca Colombia, coca leaf, communities indigenous, post-conflict.

Cómo referenciar este artículo:
Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K. (2021). Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades
indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 44-62.
https://doi.org/10.29105/pgc7.14-3
Este artículo es producto del proyecto de investigación “Usos agroindustriales de la hoja de coca como actividad productiva para las comunidades indígenas
del departamento del Cauca Colombia en el marco del postconflicto”, financiado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Iniciado en 2017
y finalizado en 2019.
2
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Colombia. Magister en Administración de Organizaciones por la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD, Profesora Investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Email: yudithcaicedo6@hotmail.com. Orcid:
https://orcid.org/0000-0003-1061-5167
3
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Colombia. Especialista en Gerencia de Mercadeo por la Fundación Universitaria de Popayán, líder programa
SER SENA regional Cauca Colombia, Email: lupehoyos55@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3255-0643.
4
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Colombia. Magister en educación superior por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Florida, Profesora Investigadora de Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Email: rocio.yepez@unad.edu.co, Orcid: https://orcid.org/00000002-2602-0590.
5
Universidad de Guadalajara, México. Estudiante de licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Email: karens_17@outlook.com, Orcid:
https://orcid.org/0000-0001-9601-7453.
1

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1.- INTRODUCCIÓN
El departamento del Cauca Colombia está situado en el suroeste de Colombia, siendo uno de los
departamentos más golpeados por el conflicto armado en el país, por lo que el postconflicto se presenta
como un escenario coyuntural con oportunidades para el desarrollo productivo, y consecuentemente
económico, a través de unidades de producción que han de permitir a las comunidades, aprovechar las
riquezas agrícolas del departamento mediante la agroindustria netamente lícita. Es por lo anterior, y
debido a las características climáticas, culturales y de suelos presentes en el Departamento del Cauca
Colombia; que esta investigación se enfoca en el cultivo legal de la hoja de coca en este territorio, ya que
todos estos factores hacen propicia su siembra, cultivo, crecimiento y posterior comercialización. En ese
sentido y con el objetivo de identificar los usos agroindustriales de la coca como materia prima de
diversos proyectos productivos alternativos, esta investigación plantea dar continuidad a la realizada por
Avendaño, Galvis y Velasco (2017) desde el grupo de investigación Prometeo “Retos y desafíos de las
actividades productivas en las comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia en el marco
del postconflicto” en la cual, mediante el uso de herramientas prospectivas como el método DELPHI,
se construyeron posibles escenarios a los que se enfrentarían las actividades productivas de las
comunidades objeto de estudio, formulando también un plan estratégico y un plan de acción en el que se
tuvieron en cuenta las estrategias, metas, objetivos, actores y un plan de seguimiento que sirviera a dicha
población. Lo anterior, con el fin de hacer frente a los retos y desafíos que traería la firma de la paz y el
fin del conflicto armado en Colombia, así como su contribución a las actividades productivas de las
comunidades indígenas del departamento del Cauca Colombia. Se identificaron 8 programas estratégicos
entre los cuales se encuentra los usos alternativos de la hoja de coca, programa que, a pesar de ser
considerado un reto, conlleva a un escenario prometedor en pro del desarrollo y mejoramiento de la
calidad de vida de estas comunidades.
2.

FUNDAMENTO TEÓRICO

De acuerdo con Rojas (2002):
La coca está vinculada al género erythroxilum dentro el orden vegetal, la hoja de coca es
cultivada originariamente en Perú, Colombia y Bolivia, aunque sus antecedentes milenarios
permiten suponer que en algún momento fue conocida en casi todas las regiones de la América
india. Se estima que existen aproximadamente alrededor de 250 variedades de coca. (p.35)
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Así mismo, la coca como la describe Ecu Red (2017):
Es un arbusto de la familia de las Eritroxilàceas, originaria de las escarpadas estrabaciones
de los Andes amazonicos, propia de Amèrica del Sur, con nutrientes medicinales y alimenticios.
Sus cuatro variedames màs notables son “Lambram”, “Mollecoca”, “Fusiforme”, “ovoide” con
hojas alternas a ovadas, enteras de estìpulas axiliares y de flores blanquecinas. Este arbusto se
cultiva en las praderas de montañas o en terrazas de altiplanos, en clima tropical y subtropical
(párr.3)
La estructura biológica de la hoja de coca está compuesta de 14 principios activos, de uno de esos
sale la cocaína. Los otros trece tienen otras posibilidades, tales como usos medicinales, alimenticios,
aromáticos o para el trato de la tierra. Sin embargo, la alta rentabilidad en la comercialización de la
cocaína ha generado una explotación desmedida de la hoja de coca y condenó de paso a toda la planta a
estar en el listado de narcóticos. Este concepto erróneo castró las exploraciones de los componentes
benéficos de la hoja de coca, pero existen innumerables investigaciones alrededor del mundo que dan
cuenta de sus características benéficas y capacidades agroindustriales, incluso, el fundador de la medicina
peruana, Hipólito Unanue ha escrito al respecto. De alguna manera, la prohibición y la persecución de la
cocaína ha entorpecido el desarrollo de proyectos productivos que logren extraer todo el potencial de esta
planta. (Molano, 2013).
Respecto a las comunidades indígenas, la Universidad del Rosario (s.f.) menciona que:
“son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural
en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han
conservado y dinamizado a lo largo de la historia” (párr.1)
Adicionalmente, es importante mencionar que de acuerdo con los datos suministrados por el
Sistema Nacional de Informaciòn Cultural [SINIC], en el Cauca Colombia se encuentran 8 etnias
indìgenas: los yanaconas, los ingas, los kokonukos, los totoroes, los paéces, los guambiano, los eperara
y los siapidara. Siendo los indìgenas paéces el grupo étnico més numeroso del departamento (SINIC,
2017).
En cuanto al posconflicto, resulta complejo dar una definición exacta; sin embargo, según San
Pedro (2006) se puede describir como: “el periodo de tiempo en el cual las hostilidades del pasado se
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�Caicedo-Domínguez., Y.; Hoyos-Garcés., G.; Yépez., R.; Sandoval-Pinedo., D., K.

han reducido al nivel necesario para que las actividades de reintegración y rehabilitación se puedan
iniciar” (citado en Vargas, 2018, p.19). En ese sentido, se requiere principalmente el cese de violencia
en el marco de un acuerdo de paz, en el que la sociedad logre superar el daño físico y mental, aprendiendo
a olvidar, perdonar y sanar las heridas del pasado, en la práctica de acciones no solo políticas, sino
sociales y académicas.
El departamento del Cauca Colombia no ha sido ajeno al flagelo del conflicto armado,
especialmente, se observan los efectos generados por la violencia en la población campesina,
afrodescendiente y en las comunidades indígenas, quienes siguen solicitando medidas de protección
especial, ya que históricamente se han encontrado en medio del fuego cruzado, en constantes abusos y
violación a sus derechos humanos, convirtiéndolos en sociedades migrantes.
Tal como lo manifiesta Ávila (2009):
“En el Cauca Colombia han ejercido presencia, además, otros grupos guerrilleros ha habido una
presencia histórica de diversos actores armados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación
(EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime
Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) y el Comando Pedro León Arboleda” (p.7).
Adicionalmente, según Rangel (2008), desde el año 2005 se vienen presentando acciones de
grupos emergentes y rearmados en el departamento del Cauca Colombia, grupos como los Rastrojos y
las Águilas Negras se ubican en la zona. Además, este mismo estudio manifiesta que, la Organización
Nueva Generación [ONG], otro grupo armado emergente, tiene también incidencia en la zona del Alto
Patía en los municipios de Argelia, El Bordo, El Tambo y que, a su vez, los Rastrojos inciden en los
municipios costeros de Guapi, Timbiquí y López de Micay, y se relacionan con la presencia del
narcotráfico (p.8).
Sumado a lo anterior, el conflicto armado se convirtió en una nube que por décadas escondió
otros problemas medulares del departamento del Cauca Colombia y de Colombia, como la concentración
de la propiedad rural en manos de hacendados e industriales, las concesiones mineras, la minería ilegal,
los conflictos entre indígenas, afros y campesinos por la tierra, y los errores que cometió el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural [INCODER] a la hora de comprar y titular predios.
Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto.

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Con este panorama, a los campesinos, afrodescendientes e indígenas que trabajan habitan y
laboran en el campo no solo les preocupa que las tierras más fértiles estén en pocas manos, sino que hasta
las zonas hacia donde fueron desplazados, como los páramos y las montañas, han llegado los mineros
legales e ilegales a contaminarles los ríos y arrebatarles la poca fertilidad a los suelos.
En consecuencia, todo este contexto desencadenado no solo por el conflicto armado ha provocado
que el desarrollo de las actividades productivas de las comunidades indígenas del departamento del
Cauca Colombia se haya visto entorpecido, incluso después de firmar el acuerdo de paz con las FARC.
Estado del arte
Como lo relata De la Peña Begue (1971), en cuanto a la antigüedad del uso de la coca, una idea
aproximada es dada por varios autores, al afirmar que en Perú se hallaron bolsas de coca en tumbas a las
que, cuando menos se les atribuyen diez siglos. Afirmando tambien, que durante la Colonia el comercio
de la coca fue uno de los negocios más lucrativos. Los españoles vieron en su cultivo una de las entradas
más ricas del reino y lo aumentaron considerablemente. Pero en aquella época se desconocian sus efectos
tóxitos. Este uso de la coca hace referencia al mambeo, a los rituales, usos medicinales y demás
constumbres y tradiciones de las comunidades indigenas, de lo cual existe bibliografía abundante; ya que
el tema ha sido de mucho interés para las ciencias humanas, como se puede analizar en A.G.I. (1573),
Arboleda (1948), Fernandez de Piedrahita (1942) y en Pineda (1986), quienes coinciden en el papel
fundamental de la hoja de coca en dichas comunidades.
En cuanto a la temática especifica de usos agroindustriales de la hoja de coca, la bibliografía es
escasa, esto tiene mucho que ver con el énfasis que históricamente se ha puesto en la producción, uso y
distribución de la cocaína; temática de la cual se encuentra abundante bibliografía, entre ellos: estudios
científicos, políticas públicas y memorias de eventos como los escritos por: Saignes (1988), Tovar
(1999), Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC] (2015), entre otros.
Pese a lo anterior, los productos de la hoja de coca diferentes a la cocaína son presentados en
congresos, encuentros, eventos de emprendimiento, artículos de periódico, revistas y publicaciones
electrónicas; Sin embargo, es un tema muy poco tratado en bibliografía científica. La publicación
colombiana más relacionada con la temática y con reconocimiento académico es la realizada por Troyano

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y Restrepo (2018), en la cual se presentan los horizontes de la industrialización de la hoja de coca con
experiencias legales en Perú, Bolivia y algunas experiencias Colombianas.
3. MÉTODO
Diseño
La investigación realizada fue de carácter cualitativo, ya que como lo determina Hernández, Fernández
y Baptista (2006), el enfoque cualitativo permite descubrir o afinar preguntas de investigación en el
proceso de interpretación, esto se requirió al realizar el estado del arte, el marco legal y estratégico
mediante un proceso inductivo; así mismo, en el desarrollo del tercer objetivo, pues se realizó un
acercamiento a las comunidades en el que se requirió analizar cada caso, dato por dato, hasta llegar a una
perspectiva general. Siguiendo la misma línea teórica, el tipo de investigación fue un estudio
exploratorio, ya que se trata de un tema o problema de investigación poco conocido, incluyendo la
identificación de posibles variables a estudiar en un futuro.
Participantes
De las 8 etnias indígenas identificadas por el Sistema Nacional de Informaciòn Cultural [SINIC] (2017)
que se encuentran en el Departamento del Cauca Colombia, se eligieron las comunidades Páez y
Yanaconas, debido a su arraigo cultural a la hoja de coca.
Instrumentos
Se utilizó la entrevista a líderes de las diferentes comunidades indígenas del departamento del Cauca
Colombia para determinar sus apreciaciones y experiencias respecto a la temática y para la
sistematización de experiencias que se están presentando actualmente respecto a los usos agroindustriales
de la hoja de coca. La entrevista se realizó personalmente y fue semiestructurada.
Procedimientos
En el departamento del Cauca Colombia se encontraron experiencias significativas de productos
derivados de la hoja de coca, como son; la empresa Coca Nasa, con 25 años de historia; el caso - Lerma,
la experiencia en el Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] y otras pequeñas unidades productivas.
Estás experiencias se sistematizaron mediante fuentes primarias y fuentes secundarías.

Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto.

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4. RESULTADOS
Coca Nasa
La empresa Coca Nasa constituye la experiencia más significativa y exitosa en producción y
comercialización de productos alternativos agroindustriales de la hoja de coca del departamento del
Cauca Colombia y del país, su lucha por permanecer en el mercado y por la defensa de sus productos y
costumbres ancestrales lleva 25 años. Coca Nasa es una empresa creada por Fabiola Piñacue y el
resguardo indígena de Calderas en Tierradentro Cauca Colombia, nace con el objetivo de cambiar la
perspectiva negativa asociada a la hoja de coca y preservar la cultura, tradición étnica y uso de la planta
como alimento, medicina, cosmovisión, rito y economía sostenible (Coca Nasa, 2019).
Hasta el momento la empresa ha tenido que sortear grandes obstáculos, entre ellos las
regulaciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA], la Dirección
Nacional de Estupefacientes, entidades internacionales e incluso un litigio con la transnacional CocaCola Company por la bebida gaseosa Coca Sek, la empresa reclamaba los derechos de propiedad sobre
la palabra Coca, situación que lograron resolver satisfactoriamente puesto que la palabra Coca está
arraigada a las culturas indígenas desde hace miles de años (Coca Nasa, 2019).
Actualmente Coca Nasa es la primera y única empresa de alimentos a base de hoja de coca en
Colombia que cuenta con permiso para usar esta planta y registro sanitario de sus productos. (Coca Nasa,
2019)
Tabla 1.
Productos elaborados con hoja de coca
Alimentos

Bebidas

Harina de Coca 250 gramos y
120 gramos

Aguardiente de Coca

Aceite de Coca

Galletas de
chocolate

Vino de Coca

Gel de Coca 60 ml y
Aromática Coca y Manzanilla
120 ml

Ron de Coca

Pomada de Coca

Aromática Coca y Menta

Coca Sek (energética)

Biogotas

Aromática Ecoca (línea económica)

Coca

con

Hoja de Coca entera

Coca medicinal

Aromáticas
Aromática de Coca por 20 y por 60
sobres

Coca Libre (coctel)

Fuente: Coca Nasa (2019).
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Caso SENA
En 2017, el SENA obtuvo el primer permiso en la historia de Colombia para realizar investigación
científica con la hoja de coca, otorgado por el Fondo Nacional de Estupefacientes, permiso que da lugar
a la compra local de hoja de coca por el SENA a comunidades autorizadas, que son las que la cultivan
para usos tradicionales y al uso exclusivo de la planta para fines de investigación (Troyano y Restrepo,
2018).
En el marco del programa del sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
[SENNOVA] del SENA, las investigadoras Dora Lucila Troyano y María del Socorro Anaya
desarrollaron un proyecto de investigación cuyo resultado fue la producción tecnificada de abonos
orgánicos sólidos y líquidos, a partir de la hoja de coca, para fertilización de cultivos transitorios. Las
investigadoras desarrollaron un procedimiento para elaborar estos abonos, el cual fue sistematizado en
una cartilla (Anaya y Troyano, 2017). Esta cartilla, es compartida como apoyo a la capacitación de los
campesinos de los diferentes municipios del departamento del Cauca Colombia, con el fin de lograr que
el material vegetal disponible en las zonas cocaleras sea aprovechado por las comunidades como materia
prima para la elaboración de abonos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la fórmula es más fácil y
económica que las opciones de abonos químicos que se encuentran en el mercado y que su
implementación garantizaría lograr una producción orgánica de los cultivos.
La Ruta de la Coca en Lerma
Lerma está ubicado al sur del departamento del Cauca Colombia y pertenece al municipio de Bolívar, se
trata de un corregimiento muy golpeado por las nefastas consecuencias de la bonanza cocalera, de lo que
dan fe algunos líderes entrevistados para esta investigación. En el año de 1983 el corregimiento se
encontraba con los más altos niveles de homicidio y muertes violentas, correspondiente al 25% de una
población que no superaba los 500 habitantes. Gracias a procesos comunitarios fuertes y continuos se
generó un cambio y se logró la declaración por la asamblea departamental del municipio como Territorio
de Convivencia y Paz (Corregimiento de Lerma, 2019). Entre los líderes que lograron estos procesos se
encuentra Erney Ruiz, líder de la Escuela Agroambiental Arraigo y quien lidera los procesos de productos
alternativos con hoja de coca, como la ruta de la coca, en alianza con el SENA, el apoyo de la
investigadora Dora Troyano y la Open Society Foundations.

Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto.

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Actualmente, este proyecto cuenta con un grupo de alrededor de 20 campesinos, quienes venden
la coca producida de manera orgánica a la Escuela Agroambiental Arraigo, para que sea transformada en
los siguientes productos:
o Galletas
o Harina
o Caucharina (pasaboca dulce en polvo)
o Pomada
o Tortas
o Hojas secas
Además, se creó una unidad productiva para implementar “la ruta de la coca”, se trata de una
opción turística que se brinda a los visitantes en la cual se realizan caminatas ecológicas por charcos,
cerros y un recorrido por la historia de la hoja de la coca, sus usos medicinales, nutricionales y sus
características ancestrales y espirituales (El nuevo liberal, 2019).
Por su parte, Erney Ruiz considera que la producción y comercialización de productos de hoja de
coca trae múltiples ventajas, como ser amigable con el medio ambiente y generar una economía estable
que permite unidad entre la ruralidad y lo urbano. Esto les ha permitido la resistencia en el territorio y
autonomía “desde hace 15 años dejamos de ser jornaleros de otros, ahora no dependemos y damos
trabajo, participación social con recursos propios”.
Para Erney Ruiz, el camino correcto es seguir con el proyecto hasta convertirla en una empresa
productora y comercializadora de productos agroindustriales basados en la hoja de coca, pero en la
legalidad. Cabe resaltar, que este proyecto no cuenta hasta el momento con los permisos y el
reconocimiento legal para la producción y comercialización de estos productos.
En el departamento existen otras experiencias que generan productos de hoja de coca, pero
realmente no son muy significativas. En la vereda Segovia de Inzá, se entrevistó a la señora Cilia Narváez
quien, en compañía de su esposo, produce vino artesanal de coca usado principalmente para eventos
especiales en la comunidad. Para la señora Cilia, esta pequeña unidad productiva le ha permitido generar
ingresos para el estudio de sus hijos; sin embargo, ella manifestó que le gustaría tener una planta de
producción y el registro del cabildo indígena para poder comercializar su producto libremente.

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Durante la investigación se realizaron entrevistas a líderes en comunidades indígenas en el
municipio de Inza, Corinto y Toribio con el fin de identificar otras experiencias significativas de
producción alternativa basada en hoja de coca, pero, sobre todo, para conocer el interés de estas
comunidades en crear unidades productivas. El resultado encontrado fue, que el interés de las
comunidades por este tipo de productos es muy bajo, debido a que siguen manteniendo un arraigo cultural
a la coca enfocada en rituales y procesos medicinales, pero no como una opción productiva. Una de las
razones encontradas, son los problemas a los que se tuvieron que enfrentar durante muchos años las
comunidades, por mantener este tipo de cultivos. Otra razón importante es la adherencia a programas de
sustitución.
Contexto Jurídico
Con el análisis propio de la legislación colombiana, el cultivo del arbusto de coca es prohibido, sin
embargo, existen dos formas de trabajar la coca de una manera legal:
1.

En la declaración segunda de la Ley 67 (1993) se dispone que:
“el tratamiento que la Convención da al cultivo de la hoja de coca como infracción penal
debe armonizarse con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de
las comunidades indígenas involucradas y la protección del medio ambiente…”

En la anterior declaración, se encuentra una notable desigualdad en cuanto al cultivo de coca,
pues se especifica que solo las comunidades indígenas pueden realizar dicha actividad, dejando por fuera
a personas mestizas que en muchos casos también realizan este tipo de cultivos con el fin de generar
opciones lícitas que contribuyen al crecimiento y enriquecimiento de la cultura, el empleo y la aplicación
de nuevas actividades en la sociedad.

2.

Por otra parte, la Convención Única Sobre Estupefacientes (1961), señala en su artículo 27 que:
“Es autorizado el uso de hojas de coca para la preparación de un agente saporífero
(que da sabor) que no contenga ningún alcaloide y, en la medida necesaria para dicho uso,
autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dichas
hojas” (p.33)

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Adicionalmente, de acuerdo con Naciones Unidas (s.f.):
“Las Partes suministrarán por separado previsiones e información estadística
respecto de las hojas de coca para la preparación del agente saporífero, excepto en la
medida en que las mismas hojas de coca se utilicen para la extracción de alcaloides y del
agente saporífero y así se explique en la información estadística y en las previsiones”
(p.35)
Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el artículo 3ro de la Convención de las Naciones
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (1988), se hace mención al
catálogo de conductas que pueden ser tipificadas como delitos penales, entre ellas “el cultivo del arbusto
de coca […] con objeto de producir estupefacientes…” (p.3). En lo manifestado anteriormente, se plasma
de forma implícita que mientras se cultive el arbusto de la hoja de coca con fines agroindustriales no se
está incurriendo en ningún delito por no producir estupefacientes con ésta.
Por los puntos expuestos anteriormente, es evidente que existe la normatividad que regula la
siembra y cultivo de la coca para fines lícitos; de la misma forma, se puede observar que la divulgación
de dichos preceptos no es la adecuada, pues aún persiste desinformación y temor en las comunidades
respecto a la licitud con la que se puede trabajar esta planta.
Adicionalmente, es alarmante que las autoridades desatiendan un tema tan importante como lo es
el cultivo de la hoja de coca, teniendo en cuenta que hace parte de la flora nativa de Colombia, de las
tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos del país, y finalmente, por sus múltiples
utilidades alternativas, desde lo artesanal, económico e incluso gastronómico.
En una de las declaraciones que el Gobierno presentó, mediante la Corte Constitucional
Colombiana y el Control Previo de los Tratados Internacionales 1192 – 2012, al Congreso de la
República, plasmó que:
“Colombia entiende que el tratamiento que la Convención da al cultivo de la hoja de coca
como infracción penal debe armonizarse con una política de desarrollo alternativo, tomando en
cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas y la protección del medio
ambiente. En el mismo sentido Colombia entiende que el trato discriminatorio, inequitativo y
restrictivo que se les da en los mercados internacionales a sus productos agrícolas de exportación,
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en nada contribuye al control de los cultivos ilícitos pues, por el contrario, es causa del deterioro
social y ecológico en las zonas afectadas.” (Citado en Ceron y Arevalo, 2014, p.54)
En ese orden de ideas, la solución al conflicto es la creación de sociedades mercantiles apegadas
a las leyes que las regulan, para que una vez formadas (legalmente) puedan trabajar como empresa con
los indígenas (como agentes productores de materia prima) y de esta forma, los beneficios serían tanto
para la sociedad en general como para las comunidades. Lo anterior, debido a que se pone en evidencia
la necesidad del trabajo en equipo de cada uno de los actores.
Por lo anterior, Colombia, como Estado social de derecho y garante de los mismos, en su
Constitución Política (1991) , manifiesta que: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad” (art. 38)
Adicionalmente, entre los antecedentes que se pueden encontrar en el marco jurídico colombiano,
respecto a la hoja de coca, se presenta en la siguiente línea del tiempo el resultado del trabajo de Troyano
(2018), entrevistada para esta investigación
Figura/Ilustración 1
Línea de tiempo
Libre siembra de arbusto de
coca, con ciertas restricciones.

Represión
al
cultivo
conservación de coca.

Ley 11 de 1920

1920

1936

Código Penal de 1936

No penalizaba el cultivo de
coca, ni el consumo de
alcaloides

y

Ley 45 de 1946

1946

Establece un espacio de
legalidad a los cultivos de coca
en comunidades indígenas.

Convención de la ONU
de Viena 1988

1947

Decreto 0896 de 1947

Prohibió la utilización de la hoja
de coca como moneda.

1988

1991

Convenio 169 de la OIT

Establece protección a la cultura
(costumbres y tradiciones) de
los indígenas.

Consumo de la hoja de coca
como parte del patrimonio
cultural inmaterial de los
indígenas.
Ley 397 de 1997

1997

2000

Código Penal de 2000

Establece
sanciones
para
plantaciones del arbusto de coca
(art. 375)

Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto.

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En la zona de Tierra dentro, se otorga permiso para
utilizar la hoja de coca para aromáticas.

Se informa: “Productos base de la coca, elaborados
y comercializados por indígenas, no se podrán
comercializar más en territorio nacional.”

Resolución 001 de la Asociación de
Cabildos Juan Tama. Inzá, Cauca
Colombia.

2002

2006

Resolución 1478 del Ministerio de
Protección Social

En la lista de sustancias objeto de monopolio del
Estado, se incluye la hoja de coca y derivados.

Circular INVIMA V.C.M-601-0294-07

2007

2010

Derecho al Uso Ancestral de la hoja de coca.

Corte Constitucional C-882

2011

NVIMA Alerta Sanitaria 001

Advierten a la población de no consumir ni
comercializar productos que contengan coca.

2015

Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo

Se decreta acción de nulidad frente a la alerta
sanitaria 001 de 2010.

Fuente: Troyano (2018).
Además, un hecho importante a nivel internacional es el ocurrido hacia el año 2011,
cuando Bolivia se retiró de la Convención de Viena, de la que fuera parte por más de cincuenta
años y en el mismo año solicitó su readmisión, pero esta vez con la condición de que el
acullicu (bola de hojas de coca que se mastica para extraer el jugo de las mismas) estuviera
despenalizado, con dicha readmisión, señaló el Jefe de Estado Plurinacional, que se tiene
como ventaja la “permisibilidad de cultivar la hoja de coca para usos tradicionales”.
Al respecto, Contreras-Baspineiro (2013) señaló que: “Casi 50 años, la coca estuvo
penalizada por decisiones políticas de los países desarrollados que son los que controlan las
decisiones en el mundo, hoy Bolivia, tuvo la capacidad de escribir una digna página de
dignidad, soberanía y justicia” (p.16). Lo que propone es un tema muy interesante, con lo cual
se llegó a la interrogante de ¿quiénes son las personas que hacen mal uso de la coca y a quiénes
no les conviene que se cultive?
Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2015), señala que
actualmente Bolivia produce 27.200 hectáreas de coca, siendo que la Ley 1008 (2006), reconoce 12 mil
hectáreas de coca como lícitas, por lo que se pone en cuestión si en verdad el doble de lo permitido es
necesario para cubrir los usos meramente tradicionales o medicinales. Y aunado a esto, Bolivia aún no
cuenta con un estudio que determine la cantidad de cultivos de coca para usos tradicionales y alternativos,
como si lo ha hecho Colombia.

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Discusión
El departamento del Cauca Colombia es un departamento agrario, llamado “la despensa agraria de
Colombia”, sin embargo, no es evidente la rentabilidad de esta actividad económica para las comunidades
del departamento. Tanto así, que se pueden encontrar comunidades que viven la violencia exacerbada en
el último año, campesinos pobres, y permanente descontento de las comunidades indígenas, al punto de
cerrar las vías de acceso al departamento como última medida para solicitar al gobierno el cumplimiento
de derechos ganados y de acuerdos realizados previamente. Otro aspecto evidente durante la
investigación es la falta de agroindustria y de empresas productivas, pues es claro que se requiere la
transformación de la riqueza agraria en productos que generen verdadero valor agregado, desarrollo
empresarial y las tan anheladas fuentes de empleo. Además, se pone en evidencia el latente el abandono
del estado, palpable en las vías de acceso y la baja rentabilidad en el cultivo de productos agrarios que
contribuyen a la alta producción de la hoja de coca para fines ilícitos.
El estudio motiva a fomentar y apoyar una agroindustria limpia, para que de una materia prima
tan rica como la hoja de coca sea posible darle paso a la producción y comercialización de productos
agroindustriales alternativos, que la legislación actual no permite y que tampoco están contemplados
dentro de lo establecido en las políticas de postconflicto.
Es lamentable que solamente las comunidades indígenas por su legislación especial y por el caso
de Coca Nasa pueden pensar en la posibilidad de reivindicar a la hoja de coca a través de la gran cantidad
de productos alimenticios y medicinales que se podrían desarrollar y es aún más preocupante que, según
los resultados del estudio, se observa que las comunidades no están interesadas en producirlos, pues para
ellos implica luchar contra los dueños del negocio de la cocaína, contra el paradigma social que aún no
entiende la diferencia entre hoja de coca y la cocaína, y además contra el estado actual que prefiere la
erradicación con glifosato por ser el camino más fácil, aunque sea también el más dañino para la
comunidad.
Las comunidades indígenas no están dispuestas a poner más muertos y tampoco a seguir sufriendo
la discriminación y abandono estatal, pero lo que si es cierto es que no se van a desarraigar de la base de
sus ritos, de su espiritualidad, del legado de sus ancestros y de los beneficios medicinales y nutricionales
de esta planta, seguirán teniéndola solo para ellos, sin poderla compartir en el resto del territorio nacional
y menos internacionalmente.

Usos agroindustriales de la hoja de coca en comunidades indígenas del departamento del Cauca, Colombia durante el postconflicto.

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5.

CONCLUSIONES

El trabajo investigo permite encontrar el arraigo histórico de la coca en las comunidades indígenas, su
uso alimenticio, medicinal y cultural, así como el empleo de los principios activos de la coca y los
productos derivados, con ello se identifican los usos agroindustriales de la hoja de Coca.
Los casos expuestos demuestran la viabilidad de la agroindustria proveniente de la hoja de coca,
teniendo en cuenta las características del cultivo, las condiciones para el proceso de producción, la
diversidad en los productos y los estudios que avalan las riquezas de sus componentes.
Si bien existen leyes que regulan el cultivo ilícito, tanto el gobierno nacional como diferentes
países apoyan tanto las políticas como los programas de postconflicto, estos deberían ser tendientes a
incentivar el uso medicinal y de productos de la coca, por parte de las comunidades que han sido afectadas
por el conflicto armado en Colombia. Pero contrario a lo anterior, el principal impedimento para generar
esta opción de desarrollo económico y productivo de la región es el contexto político y legal, que no
solamente juega con intereses del país sino con una gran presión internacional, factores que impiden
contemplar esta alternativa en las políticas y programas del postconflicto.
El trabajo investigativo que se ha realizado sobre la hoja de coca es altamente relevante, se
encuentran estudios fundamentados y de gran rigurosidad metodológica que han logrado un proceso de
reivindicación con esta planta tan arraigada a la cultura y costumbres de las comunidades indígenas de
Colombia, Perú y Bolivia. Además, se ha logrado desviar la mirada del pequeño productor a la gran
organización ilegal de la cocaína que es realmente donde está la causa del flagelo de violencia y
degradación social de la que injustamente se culpó por mucho tiempo a “la mata que mata”.
Con este cambio de paradigma se abren múltiples posibilidades, que pueden llevar al país a
convertir lo que por años fue causa de desgracia, en una fuente de desarrollo rural, económico y
productivo, pero sobre todo ayudará a favorecer a las comunidades indígenas que se encuentran
actualmente en condiciones de vulnerabilidad.
Casos exitosos como la empresa Coca Nasa en producción y comercialización de productos
alternativos agroindustriales de la hoja de coca, permiten vislumbrar que con el apoyo en el plan de
negocios y asesoría técnica y administrativa se puede mejorar tanto la comercialización como la
expansión de la empresa. (recomendación)
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El estudio desarrollado cumple con los objetivos planteados y permite a futuro apoyar en la parte
comercial y administrativa en el surgimiento de empresas agroindustriales con productos derivados de la
coca, así como la conservación de la cultura indígena de las regiones del departamento del Cauca
Colombia.
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partir de la hoja de coca para fertilización de cultivos transitorios. Servicio Nacional de
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Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla1
Perspectives of the Right to the City in Puebla
Claudia Guadalupe, De la Fuente Morales2; Fernando, Méndez Sánchez3

RESUMEN
El denominado Derecho a la Ciudad, parte de la premisa de que la población pueda
recuperar los espacios urbanos que originalmente les corresponden y hacerlos nuevamente
parte de su propia cultura, independientemente de los intereses del capitalismo salvaje.
Desde el punto de vista de este derecho, se propuso un estudio de la Ciudad de Puebla,
analizando su fundación, y la manera en que la población ha sufrido una planificación
territorial muy específica, de la cual se desprenden ahora muchos de los problemas de
violencia y conflictos sociales que se viven al interior de esta. Se utilizaron los métodos
inductivo, histórico y analítico, recurriendo a instrumentos nacionales e internacionales,
con especial énfasis en estos últimos. Dentro de las principales conclusiones que se
obtuvieron se debe destacar la necesidad de aplicar un protocolo para coadyuvar con el
desarrollo del Derecho a la Ciudad en Puebla, que abarque tres aspectos: comunidad,
delincuencia y ambiente.
Palabras claves: Derecho a la Ciudad, derechos económicos-sociales y culturales, Puebla
de los Ángeles.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 16-12-2020
Fecha de aceptado: 21-02-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The so-called Right to the City, starts from the premise that the population can recover
the urban spaces that originally corresponded to them and make them part of their own
culture again, independently of the interests of savage capitalism. From the point of view
of this right, a study of the City of Puebla is proposed, showing how since its foundation,
it has been part of an elite plan in which the population has been directed to a very specific
territorial planning, of the which now give rise to many of the problems of violence and
social conflicts that are experienced within it. Inductive, historical, and analytical methods
were used, using national and international instruments, with special emphasis on the
latter. Among the main conclusions reached, we should highlight the need to apply a
protocol that contributes to the development of the Right to the City in Puebla, covering
three aspects: community, crime and environment.
Keywords: Economic-Social and Cultural Rights, Puebla de los Ángeles, right to the city.

Cómo referenciar este artículo:
De la Fuente., M., C., &amp; Méndez., S., F. (2021). Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 84-102.
https://doi.org/10.29105/pgc7.14-5

1

Este artículo es producto del proyecto de investigación Derecho a la Ciudad financiado por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla y
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Iniciado en 2019 y finalizado en 2020.
2
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Doctora en Economía Política del Desarrollo, Profesora-investigadora de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Email: clausita_16@hotmail.com, Orcid: http://orcid.org/0000-0001-8254-4359.
3
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Doctor en Derecho, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, Email: fms291077@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9819-9593

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1.- INTRODUCCIÓN
El Derecho a la Ciudad, por su parte, establece en términos generales la prerrogativa de los habitantes de
toda urbe sobre decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio común en el que todos tengan acceso
a bienes y servicios, decidiendo por ellos y el beneficio colectivo, en lugar de intereses individuales que
puedan verse más fácilmente reflejados por el peso del capital.
La Ciudad de Puebla de los Ángeles, o Puebla de Zaragoza en la actualidad, presenta severos
problemas que se ven agraviados por la falta de acceso de diversos sectores de la población, a una correcta
distribución de servicios y atención de dichos problemas. Dos de ellos, típicos de todo núcleo urbano,
pero particularmente acentuados en la Angelópolis, son probables derivaciones de no atender lo que hoy
en día se conoce como Derecho a la Ciudad. Los contrastes son severos, especialmente en el acceso de
áreas verdes que se encuentran localizados en zonas específicas de la urbe, que hacen que gran parte de
la población que vive en zonas de notorio hacinamiento, tenga que trasladarse varios kilómetros para
gozar de un poco de espacio libre y aire limpio. El problema de la delincuencia, por otra parte, no respeta
ya zonas, además de que vecinos de diversas zonas y calles de la ciudad, opten por cerrar las mismas,
impidiendo el derecho básico de tránsito, en un interés legítimo, pero no legalmente aplicado, de
protegerse de la delincuencia. Por lo anteriormente señalado, cabe establecer la siguiente pregunta
rectora: ¿Cómo puede establecerse un Derecho a la Ciudad en Puebla?
Para responder a la pregunta rectora planteada, es necesario establecer como objetivo del presente
estudio, el fundamentar mediante propuestas teóricas referentes al Derecho a la ciudad, la validez de
implementar instrumentos sociales que mitiguen los problemas que afectan a la ciudad.
Cabe señalar que el presente trabajo es solamente una primera aproximación teórica, siendo esta
la primera parte de un proyecto a implementarse más adelante en convenio con instituciones de educación
superior.
Concepto y generalidades del Derecho a la Ciudad
Henri Lefebvre define el Derecho a la ciudad como el “derecho de los habitantes urbanos a construir,
decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista” (Molano, 2016,
4). En este sentido, es necesario señalar que su constructo ideológico fue inmediatamente de la mano con

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los Derechos Económicos y Sociales, ya que su propuesta se centró en los grupos vulnerables y su
capacidad de crear y recuperar la ciudad. Algunos autores incluso señalan su propuesta como un nuevo
humanismo; sin embargo, su teoría fue meramente “anticapitalista” que, si bien fue adecuada para los
movimientos que observó en la Francia de su tiempo, ha sido ya superada por postulados de la corriente
crítica, en la que lo económico es uno de muchos factores sociales que intervienen en la conducta y las
relaciones entre los grupos que conforman a la sociedad. Ejemplo de las nuevas propuestas teóricas es
el postulado de Laurence Costes (2014, 4) quien considera que la institucionalización del derecho a la
ciudad es una oportunidad abierta para las luchas urbanas de retomar la protección de los derechos civiles
y humanos, que se habían quedado exclusivamente en el discurso político.
David Harvey, como otro teórico que aportó a la teoría del Derecho a la Ciudad, señaló que se
debía basar en lo que denominó prácticas ciudadanas emergentes (Molano, 2016, 8). Edward Soja superó
el proyecto teórico de Lefebvre, incluyendo nuevas dimensiones que no se mantienen en lo puramente
urbano, sino en la manera en la que la clase, el género, la etnicidad y la cultura, provocan una diversidad
de formas de experimentar la ciudad adicionando a la teoría del Derecho a la Ciudad una mirada
“ecléctica” (Molano, 2016, 11). Por su parte, Patrice Mele señaló que los conflictos urbanos pueden ser
calificados de luchas por la tierra y los servicios urbanos en oposición a proyectos públicos o a la
autorización de ciertos usos urbanos.
Al igual que en su momento Soja, Patrice Mele (2016, 128) acusó que la presencia de
movimientos sociales como marchas o plantones, en la que los vecinos movilizados constituyen redes de
militancia, son en realidad la expresión de reivindicar abusos sociales, ambientales y de acceso a servicios
públicos que debía considerarse para preservan la calidad de vida.
Pero pese a lo anterior, un elemento que se ha presentado como elusivo a los principales teóricos
del Derecho a la Ciudad y que ha sido tratado de manera superficial, cuando en realidad es un factor
preponderante y en el que también se conjugan los Derechos Sociales y Culturales, es el que se vincula
con el Derecho a la Salud.
En correspondencia con la salud, se encuentra un vínculo poco abordado desde la teoría, y aún
más desde la práctica, que es la relación entre el incremento en la violencia y el decrecimiento de áreas
verdes que se atenderá más adelante.

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En el ámbito internacional, es esencial señalar el fundamento normativo del Derecho a la Ciudad
desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que abarca la creación de la
Organización de las Naciones Unidas, con la respectiva Declaración Universal de los Derechos humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, finalizando con la denominada
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.
Breve bosquejo de la evolución histórica del Derecho a la Ciudad
El término de “Derecho a la Ciudad” apareció en 1968, cuando el francés Henri Lefebvre escribió el libro
del mismo nombre tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de
economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los
intereses de la acumulación del capital. Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye una
propuesta política que parte de la ciudad para reivindicar la posibilidad que la gente volviera a ser dueña
del espacio en el que habitaba, oponiéndose a los efectos del neoliberalismo, entre los que se podían
señalar la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la predominancia de
industrias y espacios comerciales, así como zonas residenciales con determinadas preferencias para gozar
de servicios públicos de mejor calidad.
El Derecho a la Ciudad propone una nueva perspectiva política, considerando que la urbe,
particularmente en el siglo XX, dejó de pertenecer a la gente. Lefebvre aboga entonces por “rescatar el
hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido”. El derecho a
la ciudad es entonces restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos,
y hacer de la ciudad “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva” (Mathivet,
2009). Su propuesta tenía una poderosa influencia de corte socialista, recurriendo a autores tales como
Engels y Marx, y recurriendo a instrumentos teóricos relativos a la acumulación del capital y los
monopolios, pero aún más importante, partió de los mismo para el neologismo de las isotopías como
tendencia a la uniformización y control capitalista del espacio que se opone conceptualmente a las
heterotopías, es decir, las diversas maneras de ocupar el espacio en resistencia al capital (Molano, 2016).
El siguiente paso en la maduración del concepto del Derecho a la Ciudad, lo dio David Harvey
(2008), presionando los límites de las conceptualizaciones marxistas con su reivindicación de las
prácticas ciudadanas insurgentes, que son resultado de la supresión de ideales de identidad urbana y
pertenencia, en los que incluso la idea de que la ciudad pueda funcionar como cuerpo político colectivo,
es poco probable. Derivado de ello, Harvey denuncia la existencia de movimientos sociales urbanos que
Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla.

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intentan superar el aislamiento y remodelar la ciudad con una imagen diferente de la promovida por los
intereses neoliberales. Harvey considera que la expansión geográfica y la reorganización espacial de los
intereses neoliberales, es la que crea nuevas instalaciones de capital fijo, como puertos, aeropuertos,
carreteras e hidroeléctricas; y a medida que se expande geográficamente, el capital incrementa las
dinámicas de construcción y destrucción espacial, lo que explica el incremento de la violencia y el
despojo de personas de áreas urbanas y semiurbanas.
Así, Harvey aspira a que las prácticas insurgentes de los sujetos sociales urbanos puedan permitir
la creación de entornos no controlados por el capital, sino por el bien común, es decir, aquellas que
ejemplifican la vida ya existente en plazas y jardines, basadas en la colaboración y que preceden a las
teorías o paradigmas de ciudad tales como teatros comunitarios, huertos urbanos colectivos, mercados
populares que se convierten en “metáforas vivas del concepto práctica ciudadana" (Gutiérrez, 2016).
“Harvey plantea el derecho a la ciudad como una estación de paso […] en perspectiva de un orden
socioespacial no capitalista” (Molano, 2016).
Sería labor del geógrafo Edward Soja, el empujar el Derecho a la ciudad más allá de las
conceptualizaciones puramente marxistas, incluyendo a las clases socioeconómicas, al género, a la
etnicidad y las expresiones culturas, como factores que afectan la manera en la que se experimenta la
ciudad; incluyó elementos y estudios de género, partiendo inicialmente del feminismo y propuso además,
pasar de la teoría a la práctica a través de las universidades y servicios educativos (Soja, 2014, 211-215).
Soja señala cómo el mundo está compuesto de “capas de organización macroespacial” resultado de lo
económico, administrativo, cultural y político, en las que la dominación y el control social, han derivado
en divisiones globales tales como las de primer y tercer mundo, que inciden en las actividades diarias de
los individuos y colectividades, y que tarde o temprano pueden derivar en explosivos levantamientos
sociales tales como los que se dieron en Los Ángeles en 1992 o en París en 2005; dichos disturbios, acusa
Soja, surgen cuando la privación y las injusticias, enterradas bajo geografías irrumpen a la superficie,
exponiendo estructuras de privilegios basados en la raza, la clase, el género y otras formas de
discriminación y opresión social (Soja, 2014, 68-69).
En este sentido, Molano (2016) señala sobre Soja que su teoría del Derecho a la Ciudad se basa
en tres pilares: la construcción social del espacio, la ciudad entendida como posmetrópolis y las luchas
por la justicia espacial y la democracia regional, en los que la difusión de una mayor sensibilidad hacia

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las cuestiones interculturales, de etnia y de género son el punto de partida para lograr una
democratización del espacio urbano.
Un paso fundamental en la construcción del Derecho a la Ciudad ha sido la elaboración de la
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad articulada por Habitat International Coalition (HIC). Un
conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales,
foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por
ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, construyeron una Carta Mundial por el Derecho
a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil,
los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las
personas vivan con dignidad en las ciudades (Mathivet, 2009). La Carta establece desde su primer
artículo cinco puntos principales del Derecho a la Ciudad (UCLG, 2014):
1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones, preservando su
memoria e identidad cultural.
2. La urbe es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos
sus habitantes.
3. Las ciudades y las autoridades deben buscar de manera progresiva la plena efectividad de
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, utilizando instrumentos
legislativos.
4. Se considera urbe a "toda villa, aldea, capital, localidad, suburbio, ayuntamiento o pueblo
que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter
Municipal o Metropolitano, tanto sea urbano, semirural o rural".
5. Se estima como ciudadanos y ciudadanas a "todas las personas que habiten en forma
permanente o transitoria en las ciudades".
2.- FUNDAMENTO NORMATIVO
La relación del Derecho a la Ciudad con los Derechos económicos, Sociales y Culturales (DESC)
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) están considerados como la segunda
generación de Derechos Humanos que se ha ido incorporando en la normatividad a finales del siglo XX,
su función principal es garantizar condiciones de vida dignas para todos, por lo que el valor principal que
defiende es la igualdad. Los DESC son derechos relativos a las condiciones económicas y sociales que
Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla.

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buscan cubrir las necesidades básicas de las personas como son trabajo, educación, vivienda, seguridad
social, salud, alimentación, medio ambiente sano, entre otros.
En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se encuentran tres
normatividades base que proporcionan un marco común y que establecen obligaciones para el Estado, a
saber, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC). Estos marcos ofrecen una herramienta esencial para la promoción y respeto de los Derechos
Humanos (DDHH), que permitirán la conducción hacia la justicia, el bienestar social y la igualdad.
Se debe destacar que el principio de progresividad es esencial para el goce de los DESC, todos
los Estados deben utilizar sus recursos, medidas para lograr el respeto y la efectividad de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales.
Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción
de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights -OHCHR), 1966).
Es inaceptable que, bajo esta premisa en lugar de avanzar se tenga un retroceso en la plena
efectividad de los DESC y se observen personas sin empleos, sin seguridad social, viviendo en zonas de
riesgo en un ambiente que no es sano, por lo que es “obligación de las autoridades para cumplir con los
mínimos indispensables de estos derechos es ineludible” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), 2019).
En este sentido la relación entre los DESC y el Derecho a la Ciudad se da en torno a la vida
colectiva, es buscar el pleno goce de derechos desde una visión integradora, para poder vivir dignamente,
“el derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente,
reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de
recursos: trabajo, de salud, de educación, de vivienda, recursos simbólicos: participación, acceso a la
información, etc.” (Mathivet, 2009).

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El Derecho a la Ciudad es considerado un derecho humano emergente, esto quiere decir que son
derechos humanos nuevos o son reivindicaciones de los ya existentes; estos surgen en respuesta a las
intensas transformaciones y la evolución de las sociedades, donde se observan nuevas necesidades
humanas u otras necesidades que se han perdido de vista ante la indiferencia de los gobiernos y que es
necesario se retomen. Incluso, se debe recordar que en la misma Carta Mundial del Derecho a la Ciudad,
en su artículo 1, inciso 2, se establece “El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en
los tratados internacionales de derechos humanos” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004);
así, el Derecho a la Ciudad al ser relativamente reciente, sienta sus bases en los Derechos económicos,
sociales y culturales, además incorpora la participación ciudadana y espacio público con una visión
integral de los DDHH como factores preponderantes para alcanzar el bienestar y la justicia social. Así
pues, la creación del Derecho a la ciudad se basa en el goce de los DESC.
El PIDESC abarca el derecho a un trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias (artículo 6
y 7), derecho a la seguridad social (artículo 9) que incluye el derecho al seguro social, derecho a la
protección y asistencia de la familia en especial a los niños (artículo 10), derecho a un nivel de vida
adecuado, alimentación, vestido, vivienda adecuados (artículo 11), derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental (artículo 12), derecho a la educación (artículo 13), derecho a participar
de la vida cultural y derecho a beneficiarse del progreso científico (artículo 15). Es en estos donde radica
gran parte de la propuesta realizada por autores como Lefebvre o Soja, quienes establecen como necesaria
esa participación cultural, para consolidar la salud y la vivienda adecuada de los habitantes de la urbe.
Dentro de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se encuentran prácticamente los mismos
derechos que en el PIDESC, aunque es más especifica en ciertos aspectos, por ejemplo, el derecho al
“[…] agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales […] “(Carta Mundial
por el Derecho a la Ciudad, 2004). Con lo anterior se quiere destacar que el Derecho a la ciudad es el
derecho a que se gocen de todos los demás derechos humanos, considerando la mejora continua en las
condiciones de vida de las personas; personas que a través del tiempo han ido conquistando el
cumplimiento de sus derechos.
No obstante, el Derecho a la Ciudad abarca otros asuntos esenciales para el mejoramiento de la
calidad de vida, por ejemplo, el derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales, el
derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción colectiva), el derecho a
Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla.

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vivir dignamente en la ciudad, el derecho a la convivencia, el derecho al gobierno de la ciudad (Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004).
Aunado a lo anterior y como se comentó en líneas anteriores, dentro del Derecho a la Ciudad se
debe realizar un ejercicio pleno de la ciudadanía que significa que todas las personas tienen derecho a
“las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica,
asumiendo el deber de la solidaridad” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004), tienen derecho
a participar en la elaboración y puesta en práctica de las políticas publicas con la finalidad de que estas
sean transparentes y exista eficacia en su implementación, en pocas palabras, que sean políticas que de
verdad mejoren el nivel de vida de las personas por medio de la disminución de las necesidades más
apremiantes y de la utilización adecuada de espacios públicos. Son 3 ejes los principales que se manejan
como base en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad:
El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir el ejercicio de todos los derechos humanos que
aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y gestión social del hábitat;
la gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de forma
directa y participativa, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las
administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones sociales; la función
social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común sobre el derecho
individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente
sustentable del espacio urbano (Mathivet, 2009).
Los Derechos económicos, sociales y culturales y el Derecho a la Ciudad son simbióticos, es
urgente el respeto y goce de todos los derechos que abarcan; siendo necesaria la gestión de prácticas de
prevención utilizando todos los recursos disponibles (principio de progresividad).
Asimismo, se deben atender distintas problemáticas y obstáculos como son… llevar a cabo
una adecuada armonización legislativa; la adopción de instrumentos internacionales que
favorezcan el ejercicio de estos derechos […] es necesario se garantice que las instalaciones,
bienes y servicios públicos se encuentren disponibles y sean accesibles (económicamente),
adaptables (deben considerar las diferencias culturales, las barreras lingüísticas, las
necesidades específicas e incluso prestar una asistencia adaptada), asequibles (algunos

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pueden ser incluso de acceso gratuito) y de buena calidad. Y se garantice que quienes viven
en pobreza puedan acceder a ellos. (CNDH, 2019).
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) explicó que
hablar de los DESCA impone pensar en la situación de pobreza en la que viven más de 50 millones de
personas en México. Distintos órganos internacionales de supervisión como el Comité DESC y el Grupo
de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, ambos del sistema de la Organización de las Naciones
Unidas, han manifestado inquietudes sobre las condiciones laborales, la educación, las necesidades de
vivienda, las tasas de mortalidad materna, el acceso a la seguridad social, la pobreza y el medio ambiente
en México, subrayando los altos índices de población que no gozan de servicios de buena calidad en sus
viviendas, que carecen de servicios de protección a la salud o bien que se encuentran en situación de
pobreza (CNDH, 2019).
La pobreza en México tiene como factores la insuficiencia del salario mínimo para proporcionar
condiciones de vida digna, la alta proporción de trabajo informal, la discriminación en la contratación
para personas jóvenes, personas con discapacidad, migrantes, entre otros (CNDH, 2019). Además, la
pobreza como fenómeno multidimensional, reproduce patrones de exclusión social y discriminación que
transgreden la dignidad de las personas, lo cual se ve reflejado también en las ciudades, en las que el
acceso incluso a determinadas zonas y áreas verdes, requieren de un pago.
Articulo II. Fracción 2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de
los(as) ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y
ambiental. Todos los(as) ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la propiedad del
territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones
ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las políticas urbanas se
debe promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el
suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros (Carta Mundial por
el Derecho a la Ciudad, 2004).
Es importante señalar que hasta el momento la relación de áreas verdes como parte del Derecho
a la Salud ha sido poco abordado en relación con su relevancia. Ciertamente han existido algunos
estudios que han tenido poco impacto en la mayor parte de las ciudades, especialmente de países en vías
de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio realizado por diversos expertos
en materia de higiene y de urbanización, señalaba la importancia de que la vivienda al interior de los
Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla.

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espacios urbanos no fuera considerada de manera exclusiva la construcción, ni labor exclusiva de
arquitectos e ingenieros, sino de un conjunto más amplio de especialistas que hagan hincapié en las
necesidades físicas y psicológicas de los individuos (OMS, 1965, 49).
La OMS señala en relación con las colectividades urbanizadas: “la impresión de soledad (y tal
vez monotonía) que se experimenta en ese medio puede dar lugar a estados de tensión nerviosa que
conducen a la pasividad o a la delincuencia, a las neurosis o a las enfermedades psicosomáticas” (OMS,
1965, 51), remarcando entre sus principales beneficios la protección contra ruidos, polvo, humo, viento,
frío y calor excesivos, entre otros, así como el desarrollo de actividades recreativas. Por tanto, el problema
de que la misma colectividad no reclame sus espacios con las respectivas áreas verdes, puede ser un
factor determinante en el incremento de la inseguridad. Cabe resaltar que la propuesta de la OMS se
desarrolla en el mismo momento histórico que la propuesta de Lefebvre.
La OMS, ha recomendado una extensión de entre doce a dieciséis metros cuadrados de áreas
verdes por habitante en las ciudades, con la finalidad de evitar alteraciones de la salud. Por áreas verdes
puede entenderse los espacios en donde predomina la vegetación y elementos naturales como lagunas,
esteros y senderos no pavimentados (Ministerio de Medio Ambiente de Chile, 2014).
Varios estudios, han avalado en los últimos años que el estrés y las enfermedades mentales tienen
una importante relación con la falta de las denominadas áreas verdes, considerando que la depresión y
los desórdenes en la salud mental pueden ascender al 15 % de la carga global de enfermedades después
del año 2020. Otra problemática es el de la violencia: la tasa de homicidios, por ejemplo, es casi tres
veces mayor que el promedio mundial por cada mil habitantes en urbes donde los espacios verdes son
escasos (Martínez-Soto, 2016). Otros estudios, apuntan de manera fehaciente a que el establecimiento de
mayor número de áreas verdes es un factor preponderante en la baja de actividades criminales y violencia
en barrios y colonias, en los que, además, la presencia de árboles promueve una mayor interacción entre
vecinos brindando una mayor sensación de comunidad (González).
El Derecho a la Ciudad en el contexto poblano mexicano
Para hacer referencia del Derecho a la Ciudad en el contexto de Puebla, es menester hacer una breve
reflexión sobre el desarrollo histórico de dicha urbe, a fin de contextualizar los retos a los que se enfrenta
un Derecho a la Ciudad en este particular punto del globo.

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Puebla de los Ángeles se asentó en el siglo XVI en un valle que originalmente llevaba por nombre
Cuetlaxcoapan, que quiere decir “lugar dónde cambian de piel las víboras”. El valle se encontraba en ese
momento despoblado, factor que fue ideal para los misioneros castellanos de la Orden de San Francisco,
ya que era a su vez tabula rasa para una ciudad conforme al pensamiento milenarista de dichos religiosos;
sin embargo, es muy importante subrayar que la fundación de Puebla y su elevación a la calidad de ciudad
obedecieron a una tendencia jurídica, política y social de la época que fue la relativa a dividir los grupos
indígenas de los castellanos (Salazar, 2019,51). Si dicha división y separación se realizó con base a una
protección para los naturales, establecida desde la Segunda Audiencia con base en el resultado de la Junta
de Burgos o si bien obedeció a cierta tendencia discriminatoria, es hasta hoy punto de controversia entre
historiadores indianos.
Puebla fue entonces, fundada como una República de españoles, es decir, solamente los
castellanos, mestizos y negros, así como otros grupos mal denominados castas que no pertenecían a los
indígenas podían vivir y asentarse en su interior. Por su parte, los indígenas se fueron estableciendo
alrededor de la capital angelopolitana desde 1543, a fin de trabajar para los grupos de europeos que vivían
dentro de la ciudad y ayudar en la construcción y edificación de la urbe, surgiendo así lo que
posteriormente pasarían a ser Barrios como el Alto, en donde se asentaban tlaxcaltecas, Santiago para
los cholultecas, San Pablo donde llegaron mexicas, y así otros tantos como Analco y San Baltazar entre
otros habitados por indígenas. Cada uno de estos asentamientos podían elegir a sus propias autoridades
y alcaldes indios que para el siglo XVI, llegaron a conformar un Cabildo Indígena que era presidido por
el Alcalde Mayor de Puebla (Salazar, 2015, 27-28).
Lo anterior fue un factor que contribuyó de manera importante a la estratificación social
novohispana conforme a un criterio racial y de nobleza. Cabe señalar que tanto para los europeos como
para los indígenas dicha estratificación no era algo extraño, ya que en ambos grupos se había practicado
de manera previa a su encuentro durante siglos. Von Humboldt (1966) notó dicha estratificación en el
capítulo VI de su obra Ensayo Político sobre el Reyno de la Nueva España.
Ya en la época independiente, se buscó una mayor unanimidad cultural por parte de los líderes
del movimiento insurgente, la cual no se obtuvo debido a las diversas corrientes de pensamiento que se
conjugaron en el establecimiento de la República Mexicana. Puebla, se caracterizó por un apoyo muy
marcado al conservadurismo, y con ello a una consideración muy marcada de las clases sociales. En
cuanto a su contexto urbanístico, la Angelópolis se mantuvo durante los siglos XVI al XVII como una
importante sede de comercio, sufriendo una decaída importante durante el gobierno de los Borbones. No
Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla.

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obstante, para los albores del siglo XX, Puebla era ya nuevamente una importante sede industrial gracias
a las aportaciones del ferrocarril.
Tras el periodo revolucionario, que dejó secuelas económicas de relevancia, la influencia de los
hermanos Ávila Camacho impulsó a diversos empresarios, mientras eliminó sistemáticamente a líderes
sindicales. Es justamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se pueden apreciar con mayor
claridad los matices que afectaron lo que en un futuro Lefebvre criticaría al consolidar su concepto del
Derecho a la Ciudad. Los gobernadores poblanos comenzaron una serie de reformas en materia urbana
reubicando a grupos sociales diversos ya fuera de manera directa o indirecta; ésta última al crear espacios
modernos en los que el acceso a aguas y tuberías era posible, dejando antiguas construcciones y
edificaciones sin dichos servicios a ser ocupados mediante renta a personas de escasos recursos. Los
conflictos resultantes de una serie de desequilibrios económicos y de acceso a servicios, a la manera
descrita por Soja, culminaron en explosiones sociales, particularmente en Puebla de grupo de estudiantes,
en donde la sangre corrió de manera considerable en aulas y calles (Salazar, 2015).
El establecimiento de empresas tales como Volkswagen e Hylsa derivaron en la creación de
fuentes de trabajo, pero también en una innegable dependencia de dichas empresas, alrededor de las
cuales se ancló gran parte del desarrollo urbano de Puebla. Situación peculiar fue un incremento en la
demografía de la urbe tras el terremoto de 1985, por el cual varias personas se mudaron de la Ciudad de
México hacia Puebla. Dos años después la ciudad es declarada patrimonio cultural de la humanidad por
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Salazar
2015), lo que incrementó su popularidad como destino turístico, pero promovió que ciertos inmuebles
donde habitaban personas de escasos recursos, no pudieran arreglarse a menos que se realizara por
arquitectos expertos en preservar el patrimonio histórico, lo cual, por el costo de las reparaciones
inmuebles provocó que muchos de ellos quedaran abandonados, o que se siga viviendo en los mismos en
condiciones de poca salubridad e incluso peligrosas ante los embates de la naturaleza.
No es sino hasta la segunda década del siglo XXI que Puebla considera el Derecho a la Ciudad,
el cual comenzó a discutirse de manera un poco tardía en el año 2018, ya que en la Ciudad de México el
proyecto se había discutido desde el año 2007, siendo presentado en el 2010 (Carta 2010). En Puebla se
presentó finalmente el 30 de octubre de 2019 en medio de un entorno político cuestionable entre la
administración estatal y la municipal (Puebla capital 2019). Cabe resaltar que, en ambos casos, las cartas

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de las que se habla siguen siendo un proyecto todavía por terminar de definirse y que ha quedado un poco
más en el discurso.
En relación con las áreas verdes como parte del Derecho a la Salud, según el Instituto Nacional
de Geografía e Informática (INEGI, 2010) México ha ocupado el onceavo lugar a nivel mundial en
número de habitantes, con un total de 112,336,538 personas que se contaron en el año 2010, de las cuales
5,779,829 se encontrarían localizados en el Estado de Puebla, siendo una estadística llamativa que por
cada uno que fallece otros cuatro habitantes ocupan su lugar, con un promedio de vida de entre setenta a
ochenta años de edad. El Estado de Puebla, cuenta con un total de 34, 251 kilómetros cuadrados de
superficie de los cuales solo 1,658 kilómetros pertenecen a áreas urbanas; sin embargo, el mismo INEGI
(2010) señala que para el año 2011, el Municipio de Puebla registraba una tasa nula de árboles plantados
y de reforestación al interior de la Ciudad.
De igual manera al interior de la Ciudad de Puebla se identifican sólo cuarenta y dos áreas verdes
variables que van desde unos cuantos metros cuadrados hasta algunas hectáreas, siendo parches de
vegetación aislados, sin corredores verdes y con un alineado de árboles muy escaso, por lo cual no se
cumple con la función ambiental, por lo que se requiere del establecimiento de un sistema de gestión de
las áreas verdes en Puebla que permita mejorar las condiciones de manejo del arbolado (Santacruz, 2014).
En resumen, existen menos de cuatro metros cuadrados de áreas verdes por habitante, porcentaje muy
por debajo de los nueve metros cuadrados señalados por la Organización Mundial de la Salud,
provocando deterioro en la calidad del aire y de vida de los ciudadanos (Alfaro, 2012).
La planeación urbana en México se basa en los postulados del arquitecto y diseñador urbano
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, mejor conocido como Le Corbusier, en los cuales se remarca la
separación entre usos habitacionales, productivos, de servicios y recreativos y la circulación como
principal función urbana, provocando una enorme fragmentación urbana, y que las áreas verdes, fueran
fragmentadas, sin escala, forma y siempre implementadas de manera posterior

al del desarrollo

inmobiliario, es decir primero se construían casas, fábricas y comercios y hasta el final quedaban las
áreas verdes incluso de manera accidental. Esto es una nueva ejemplificación de los señalamientos
realizados por los diversos teóricos del Derecho a la Ciudad. Iniciando por Lefebvre, adquieren una
contextualización real. Primero en las ciudades se ha tendido a conformar el espacio “útil” al necesario
para la sociedad en conjunto independientemente del capital, la participación económica, el género, la
raza, entre otros.

Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla.

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Los recientes acontecimientos en la capital angelopolitana, entre los que se cuentan las marchas de
estudiantes en reclamo a mayor seguridad y resultado de las altas tasas delictivas que imperan no tan sólo
en la Ciudad de Puebla, sino en prácticamente toda la entidad, son prueba plausible de que la mayor
problemática que se vive actualmente al interior de la sociedad poblana es el de la inseguridad, de la cual
se derivan otra gran cantidad de problemáticas y violaciones a los derechos humanos de todas y cada
una de las generaciones hasta ahora teóricamente aceptadas. Situaciones como una doble o triple
victimización de aquellos que han sufrido un acto delictivo, en especial de grupos vulnerables como son
mujeres, niños, indígenas y migrantes en situación irregular, dan fe de los terribles acontecimientos que,
en materia de seguridad se vive en Puebla.
Del informe de enero 2020 del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz, perteneciente al
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJEP), se puede determinar que
entre homicidios, violaciones, feminicidios y robos con violencia, la Angelópolis es uno de los
municipios con más alto índice delictivo de todo el país, lo que a su vez se refleja en abandono de la
misma ciudad como espacio público por el temor a ser víctima de un delito y la desconfianza en las
mismas autoridades, que deriva también en un círculo vicioso en el que la falta de denuncia incrementa
la impunidad (CCSJEP, 2020).
De todo lo anterior, y considerando la siempre interdependencia entre los Derechos Humanos, es
necesario señalar que la inseguridad coarta a su vez la libertad física de la persona, además de que, a
niveles institucionales, se observa a veces un preocupante decremento de la libertad de expresión,
especialmente cuando se busca que no se sepan los verdaderos números que de la incidencia delictiva
existen, derivando en informes contradictorios sobre el tamaño del problema.
A nivel estatal, los principales problemas se encuentran en los municipios de Tehuacán,
Huauchinango, San Martín Texmelucan y la misma ciudad capital (Proyecto Social Ciudadano, 2020).
Cabe señalar que los principales grupos vulnerables son las mujeres, con altas tasas de violaciones y
feminicidios de los cuáles el verdadero porcentaje es desconocido, ya que se sabe que en muchas
ocasiones no se aplica el Protocolo de Investigación con perspectiva de Género, aplicando a las mujeres
y niñas una violencia institucional con ello. Nada más al interior de la capital, los principales focos de
alerta se ubican en Barrio de Santiago, Centro Histórico, San Manuel, Guadalupe Hidalgo, La Paz,
Buenavista, Santa María, Bosques de San Sebastián, San Pablo Xochimehuacan y La Libertad, puntos

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urbanos que desgraciadamente en las últimas semanas han centrado la atención pública (Secretaría de
seguridad Pública y Tránsito Municipal, 2020).
Es necesario la aplicación de un protocolo que coadyuve en desarrollar un verdadero Derecho a
la Ciudad en Puebla, para su realización es esencial dividir en dos etapas el desarrollo, la primera de
indagación, evaluación y análisis, seguida de la instrumentación de actividades que permitan reconocer
y aplicar un derecho a la ciudad conforme a las verdaderas necesidades de la población. En la etapa de
indagación e investigación se debe recurrir a un método dialéctico, en el que se plantee como tesis la
actual situación de la ciudad bajo tres aspectos principales:
Comunidad. Con especial énfasis en Juntas auxiliares, barrios y finalmente colonias; historia
desarrollo, tendencias a la unidad como grupo particular serán relevantes. Se deben buscar conectores de
dichas comunidades con acciones de responsabilidad cívica, verificando denuncia y acciones de
protección conjunta, así como el éxito de estos últimos y el grado en que dichas acciones violentan el
marco normativo existente o los derechos de terceros. Un factor para considerar de manera secundaria es
la injerencia de programas por parte de Empresas Socialmente responsables.
Delincuencia. Se debe solicitar el apoyo de Organismos de participación ciudadana como el
CCSJEP y en vinculación con Universidades realizar un análisis científico de la realidad de los delitos
de trata de personas, secuestro y feminicidio, alejado de intereses políticos o posiciones partidistas.
Factores ambientales. Con especial énfasis en el desarrollo de áreas verdes y espacios con
posibilidad de ser recuperados por la comunidad para el esparcimiento. De igual manera es muy
importante verificar el acceso al agua y relacionar todo lo anterior con grupos de edades y la
identificación de estos con los espacios.
En la segunda etapa, la instrumentación debe consistir en plantear la antítesis de los problemas
ubicados en la etapa previa, mediante el reforzamiento mediante talleres a las comunidades de tres
aspectos: la recuperación de espacios públicos y el incremento de áreas verdes, la protección comunitaria
ante la delincuencia y la responsabilidad cívica en el que se fomente la cultura de la denuncia haciendo
uso de los muchos instrumentos a distancia que actualmente existen pero que se desconocen.

Perspectivas del Derecho a la Ciudad en Puebla.

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3.- MÉTODO
Tal como se señaló en la introducción, el presente estudio utilizó una metodología, inductiva, histórica y
sistémica, con base en un iuspositivismo. La técnica desarrollada fue exclusivamente documental. El
presente trabajo es una primera aproximación teórica al problema, cuyas aplicaciones prácticas se
analizarán en un momento posterior.
4.- CONCLUSIONES
En la actualidad no es posible señalar todavía una ciencia analítica de la ciudad; sin embargo, para formar
la misma se requiere de la práctica social reflejada en los esfuerzos de la colectividad. Para Lefebvre, la
ciencia de la ciudad toma prestados sus métodos, enfoques y conceptos de las ciencias a las que denomina
“fragmentarias”, es decir, las ciencias sociales que analizan de manera separada la realidad social y
humana, pero señalando que debe realizarse mediante una sistematización y programación estratégica
que considere a la ciudad como una realidad todavía no consumada y que ya ha superado a la “ciudad
histórica”. Para ello es necesario analizarla, dividirla en sus partes y volver armarla, estudiando la misma
más allá de un “objeto de consumo cultural” en el que lo “urbano” permanece en un estado de constante
actualización y mutación (Kofman, Lebas y Lefebvre, 1996). Pero Lefebvre también advierte un grave
problema en la cotidianeidad de la ciudad, y es que desde el siglo pasado la ausencia del humanismo
clásico se encuentra más presente, abrazando un nihilismo en el que la cruel frase de que “Dios ha
muerto”, pareciera tomar el alma de los miembros de la sociedad. Por tal motivo, el autor en comento
remarca la necesidad de reforzar el humanismo.
Es en las aportaciones de Soja y Mele donde se puede ubicar el elemento diferenciador de la
propuesta puramente humanista (y anticapitalista) de Lefebvre, al señalar dos elementos básicos para
instrumentar un derecho a la ciudad: La educación y las pequeñas comunidades. Es en este punto donde
las grandes urbes han perdido la sensación de comunidad que otrora se tenían. El reforzamiento de dichos
lazos a través de fomentarlos en los barrios y colonias puede coadyuvar, pero para ello es necesario
programas en los cuales las mismas comunidades reclamen las áreas verdes, las cuiden y la protejan en
conjunto. Pero para ello es necesario que las universidades, por ejemplo, realicen programas de
orientación a vecinos de las áreas, partiendo que los mismos estudiantes se tornen parte de los medios
sociales y urbanos con los que conviven y aportando algo más desde la perspectiva de cada disciplina en
la que se forman.
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Con esto en mente, se podrá reforzar la militancia urbana que atienden los teóricos del Derecho
a la Ciudad, incrementando una idea de civismo y de responsabilidad para con el entorno. De ahí, se
podrá incluso establecer con ese sentido de comunidad, teatros, mercados y hortalizas urbanas que sean
el sustento de una mejora en la calidad de vida, al menos en los ambientes donde se vive, disminuyendo
la delincuencia y la violencia y permitiendo una mejor calidad de vida en ambientes mucho más limpios
y agradables.
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Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos
Humanos1
Women's rights in the Mexican state, from a human rights perspective for gender equality
Deniss Karina, González-Lozano2; Yahaira Berenice, Martínez-Pérez3

RESUMEN
El presente trabajo es un producto de revisión documental que tuvo por objetivo analizar
los derechos de las mujeres en el Estado mexicano desde una perspectiva de los derechos
humanos para la igualdad de género. El estudio enfoca un análisis reflexivo a la norma
jurídica desde un abordaje crítico jurídico. Se aplicó una metodología cualitativa desde el
método exegético y dogmático partiendo del análisis documental. En el estudio se observa
el marco teórico-jurídico de los derechos de las mujeres, así como la igualdad de género
en el Estado Mexicano. En el estudio se observó que uno de los grupos que ha sufrido las
graves consecuencias de la discriminación y de los cuales se han vulnerado sus derechos
de manera arrasadora son las mujeres. Se concluye la necesidad de generar mecanismos
de atención en perspectiva de derechos humanos para salvaguardar los derechos de las
mujeres.
Palabras claves: Derechos de las mujeres, derechos humanos, violencia contra la mujer,
igualdad de género.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 19-12-2020
Fecha de aceptado: 28-02-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This work is a product of a documentary review that aimed to analyze the rights of women
in the Mexican State from a human rights perspective for gender equality. The study
focuses a reflective analysis of the legal norm from a critical legal approach. A qualitative
methodology was applied from the exegetical and dogmatic method starting from the
documentary analysis. The study observes the theoretical-legal framework of women's
rights, as well as gender equality in the Mexican State. The study observed that one of the
groups that have suffered the serious consequences of discrimination and whose rights
have been violated in a devastating way are women. The need to generate attention
mechanisms from a human rights perspective to safeguard women's rights is concluded.
Keywords: Gender equality, human rights, violence against women, women's rights.

Cómo referenciar este artículo:
González-Lozano., D., K., &amp; Martínez-Pérez., Y., B. (2021). Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos. Revista Politica Globalidad
y Ciudadanía, 7(14), 103-125. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-6

Este artículo es derivado del proyecto de investigación “Proceso de atención restaurativo en casos de violencia contra la mujer”, cuenta con financiamiento
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Doctora en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Docente de postgrado en Universidad
Autónoma de Nuevo León. Email: dgonzalezlz@uanl.edu.mx; deniss_karina_g@hotmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3630-8501
3
Doctora en Métodos Alternos y Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Profesor investigador de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. E-mail: yahairamtz@hotmail.com; ymartinezp@uanl.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4047-7298
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1.- INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se establece un análisis de los derechos de la mujer en el estado mexicano desde
la perspectiva de los derechos humanos para la igualdad de género. En este sentido, se plantea la
necesidad de describir los derechos de las mujeres desde el enfoque garantista de los estándares
internacionales y locales, a través de la metodología cualitativa desde la observación descriptiva y el
método exegético. Por consiguiente, se advierte el corpus iuris en igualdad de género.
Las garantías de las que todos los seres humanos gozamos son conocidas con el nombre de
Derechos Humanos. Estos son inherentes desde nuestro nacimiento, sin importar raza, edad, posición
económica o religión; son universales y deben ser respetados por todos los seres humanos.
Estos derechos del hombre y las mujeres también reciben esta denominación por corresponder a
los seres humanos por su propia naturaleza y se consideran fundamentales e innatos (De Pina Vara,
2004), esto quiere decir, que nadie puede ser arrebatados de ninguno de ellos, pero si pueden padecer la
violación de ellos en el trascurso de su vida.
La importancia de conocer el surgimiento y desarrollo de los Derechos Humanos a lo largo de la
historia nos permite ubicar el esfuerzo que como humanidad hemos aplicado en para que hoy en día se
puedan disfrutar, y a su vez seguir en la lucha para hacer valer todos y cada uno de nuestros derechos.
Las Naciones Unidas, a través de diversos instrumentos internacionales han reconocido a la mujer
como vulnerable en las sociedades; dicho organismo destaca la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer conocida por sus siglas CEDAW y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres denominada
Convención de Belém Do Pará, entre algunas por mencionar.
Si bien las leyes adjetivas sustentan la salvaguarda de los derechos de las mujeres, existen datos
que demuestran la constante violación a los derechos humanos que esta comunidad minoritaria padece
(CNDI, 2018). Por lo tanto, se establece la necesidad de generar mecanismos de atención en perspectiva
de derechos humanos para salvaguardar los derechos de las mujeres.

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2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Una visión general sobre derechos humanos.
La importancia de los derechos humanos ha sido palpada por la sociedad y los organismos internacionales
desde tiempos remotos, es por ello por lo que al hablar del origen de los derechos humanos se deben
mencionar algunos de sus antecedentes con la finalidad de comprender su concepto en la actualidad.
Cabe referir los primeros antecedentes en sistemas jurídicos, éstos se remontan desde el Derecho Romano
y el Derecho Canónico, mismos que se posicionaron en Europa Continental y América Latina a partir
del siglo XIII (Daza Gómez, Torres, &amp; Barritia, 2006).
Como ante sala, los Derechos Humanos marcan sus orígenes en el año 539 a. de C. cuando Ciro
el Grande, con la conquista de Babilonia, liberó a los esclavos, declarando que toda persona era libre de
escoger su religión sin ser perseguidos y estableció la igualdad racial. Estos decretos fueron grabados en
un cilindro de barro cocido, conocido como Cilindro de Ciro, documento que se reconoce como el primer
escrito de los derechos humanos del mundo (ONU, Organización de las Naciones Unidas, 2012).
Por su parte la escuela estoica basándose en estos decretos ampliaron el concepto al hablar de una
ley natural universal a la que se adhería todo hombre por el uso de su razón, partiendo de una concepción
del cosmos como un todo ordenado, el humano ante su capacidad de raciocinio se ubica en un lugar único
por su facultad de comprender la estructura, la unidad del todo y conocer así su papel dentro de ella.
Destacando que al obrar con el todo gracias a la razón, el ser humano encuentra la felicidad y con ello el
valor de la justicia (Guerrero Reyes, 2017).
Si bien la filosofía estoica abre la puerta con la idea de la razón universal, por su parte, el
cristianismo bajo su concepción espiritual sobre la idea de fraternidad humana amplia la idea de lo que
es ¨justo¨ cómo orden objetivo ante su concepción de la búsqueda de justicia (López Moreno &amp; López
Arellano, 2015), otorgando al ser humano un valor superior, promulgando la igualdad por ser todos hijos
de Dios logrando con ello el rechazo a todo acto de esclavitud para dar paso al establecimiento de valores
morales tanto a nivel colectivo como del individuo mismo.
Bajo esta perspectiva moral se destaca las contribuciones de Santo Tomás de Aquino al asentar
que de existir un conflicto entre lo social y lo individual en relación con lo material, era necesario y justo
que prevaleciera el bien común. Así, al mantener una buena conducta por medio de los hábitos

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beneficiosos para la persona y para los que lo rodean, se logra mantener la armonía del mundo, es decir,
se logra así una virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo
que le es debido y justo, sobre poniendo así el derecho humano (Yon B., 2005).
Con el avance de la sociedad hace su aparición otro punto clave en la historia de los Derechos
Humanos, el Rey de Inglaterra en el año de 1215 firma el primer documento que reconoce los derechos
de las personas, declarando en él, que nadie podría invalidarlos logrando con ello que los derechos de las
personas fueron reconocidos y protegidos de los que estaban en el poder. Dicho documento es conocido
como La Carta Magna, considerada como uno de los documentos legales más importantes por compilar
de forma escrita, el conjunto de normas y principios que garantizaba el efectivo cumplimiento de los
derechos humanos dentro de toda sociedad y convirtiéndolo el documento que marca el inicio de la
democracia moderna (Unidos por los Derechos Humanos, 2019).
A partir del acontecimiento antes mencionado una oleada de importantes momentos se destacan
cuando se habla del desarrollo de los Derechos Humanos como: La Petición de los Derechos en 1628
como la Declaración de Libertades Civiles, La Declaración de la Independencia de Estados Unidos en
1776 que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, La Declaración de
los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 en la época de la Revolución Francesa en el cual este
documento de Francia establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos estos eventos
enfocados con un solo fin, el reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos.
Ante todos los movimientos que se suscitaban tanto en Estados Unidos como en Europa, en 1864
se lleva a cabo la primera Convención de Ginebra para promover el cuidado de los heridos de guerra, en
donde dieciséis países europeos y varios países de América se congregaron con el propósito de adoptar
un convenio para el tratamiento de los soldados heridos en combate, en donde se obligaba a proveer
atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo y de respetar el trasponte y el
equipo del personal médico con el signo distintivo de la cruz roja sobre fondo blanco (Herrero de la
Fuente, 2014).
Es así como la historia permite ver que estos acuerdos marcaron la ruptura radical con las formas
de poder que se tenía sobre los pueblos, comenzando por establecerse la igualdad de derechos
considerados ineludibles a la naturaleza del hombre, y dando como resultado las primeras Constituciones
modernas estableciendo el modelo de democracia representativa, el gobierno de las leyes, la posibilidad
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de la alternancia en el poder y la administración de justicia en base a principios establecidos legalmente
en el parlamento. Sin duda daba comienzo una nueva era de la sociedad occidental que con sus cambios
permearía de manera profunda al mundo entero.
La gran cantidad de afectados a consecuencia de los conflictos armados y la devastación que
dejaba a su paso el término de la Segunda Guerra Mundial impulsa a los Estados alrededor del mundo a
fundar en 1945 lo que hoy en día se conoce como la Organización de las Naciones Unidas –ONU-. Tras
los estragos ocasionados por dicho acontecimiento y la preocupación de todas las naciones participantes
generó en la comunidad internacional una inminente necesidad por plasmar en blanco y negro una carta
de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo, así nace la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamados por la ONU en 1948.
En este documento (DUDH) que al paso de los años se ha ratificado, que se reconoce y es
aceptado internacionalmente se presentan al mundo los 30 artículos que declaran los derechos inherentes
a todos los seres humanos con la finalidad de promover, proteger y conseguir: libertad, justicia y paz
para todos por igual.
Lo antes mencionado se deja asentado con el artículo 1 de dicha declaración que a la letra dice
(ONU, 2019): ¨ Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¨ dejando claro
la intención de prevalencia de los valores humanos como la bondad, la empatía, generosidad,
responsabilidad, entre algunos por mencionar.
Para reforzar lo antes mencionado dicha Declaración dentro de su articulado va de derechos más
generales a más específicos y se acogen otros derechos personales y sociales más concretos, que se
relacionan con la interacción de los individuos que conviven y trabajan en sociedad como ejemplo el
Artículo 12 el cual menciona ¨Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¨
Bajo esta misma Declaración de Derechos, la lista se extiende con la finalidad de abarcar aspectos
relacionados a los derechos de pensamiento, conciencia, religión o libertad política, como ejemplo el
artículo 18 de dicha Declaración que dice: ¨Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como
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la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, […]¨. o bien el artículo
21 que manifiesta que: ¨1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Es así como se puede apreciar la
intención de cuidar todos los aspectos de la vida de los individuos buscando con ello una convivencia
pacífica y armoniosa entre las personas y extenderlo hasta las naciones del mundo.
Los últimos artículos de la Declaración de Derechos Humanos se enfocan en derechos que
abarcan derechos relacionados con las condiciones de vida, educación, la cultura, ciencia y la protección
de las personas ante cualquier discriminación ante dicho documento. Si bien es verdad que los derechos
humanos establecidos dentro de la DUDH son universales e inherentes a las personas, es de reconocer
que no siempre se alcanzan a completar a lo largo del mundo entero, y que las naciones siguen
esforzándose por alcanzar o preservar al menos los más esenciales, dejando una tarea continua para los
dirigentes de los países en la búsqueda de una vida más justa e igualitaria para todos los habitantes del
planeta.
A partir de este acontecimiento, se destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, organizaciones como la
Organización de Estados Americanos –OEA, tratados y convenciones enfocadas a trabajar en favor de
los grupos más vulnerables resaltando la Convención para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
entre otros.
Ahora bien, al hablar de Derechos Humanos no solo es importante destacar los momentos claves
que han marcado su curso durante la evolución humana, es necesario a su vez establecer la
conceptualización cuando se habla de ellos. El buen entendimiento sobre el concepto de los Derechos
Humanos permite establecer un marco de referencia ante un concepto que, si bien se considera universal,
deja una tarea importante para todos aquellos que se dedican al estudio de estos, ya que es difícil
encontrar una unanimidad en cuando a su definición.
Una de las definiciones básicas cuando se habla de los Derechos Humanos es la proporcionada
por la Organización de las Naciones Unidas la cual expresa que los Derechos Humanos (…) Son derechos
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico,
lengua, religión o cualquier otra condición (…) (ONU, 2012), es decir, corresponden a todas las
personas, sin discriminación alguna.
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Bajo este orden de ideas y ante el amplio cúmulo de definiciones del término, Peces-Barba citado
por (González Valencia, 2006) hace su aportación definiendo a los derechos humanos como:
La facultad que la norma atribuye de protección de la persona, en lo referente a la vida, a su
libertad, a su participación política y social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su
desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás
hombres, de los grupos sociales y del Estado en caso de infracción.
Otros autores como Castán Tobeñas señala que los Derechos Humanos se pueden definir como:
Aquellos derechos fundamentales de la persona humana –considerada en su aspecto individual
como comunitario- que corresponde a éste por razón de su propia naturaleza (de esencia, a un mismo
tiempo, corpórea, espiritual y social), y que deben ser reconocidos y respetados por todo poder y
autoridad, y toda noma jurídica positiva, cediendo, no obstante, en su ejercicio ante las exigencias del
bien común (Castán Tobeñas, 1976).
En esta misma perspectiva hace sus aportaciones Burgoa al afirmar que ¨los derechos se traducen
en imperativos éticos emanados de la naturaleza del hombre que se traduce en el respeto a su vida,
dignidad y libertad, en su dimensión de persona” (Burgoa Orihuela, 1995).
Es así como se destaca en ellos un mismo fin al momento de definir y conceptualizar los Derechos
Humanos recalcando que su esencia es la protección y respeto de los aspectos fundamentales que
permitan el desarrollo integral de una persona, emanando de su condición de su naturaleza humana.
Sin embargo para autores como Pérez Luño (1984) pone énfasis en la necesidad de hacer una
división entre los derechos humanos como: “Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada
momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales
deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”
refiriéndose a que estos son los que posee una persona y que por ende el Estado debe respetar sin
distinción ni discriminación alguna, y los derechos fundamentales como: “Aquellos derechos humanos
garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa
constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada” dándole el énfasis a que estos son aquellas
facultades que posee una persona y que son reconocidos a través de un ordenamiento jurídico vigente, es
decir, son reconocidos legalmente y protegidos a través de garantías procesales.

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Siguiendo este mismo orden de ideas, ONU Mujeres ha manifestado su interés de la participación
de las mujeres para dirimir conflictos a través de procesos de negociación y conciliación, en busca de
sensibilizar el desarrollo en los procesos de mediación con enfoque de género, bajo este mismo contexto,
algunos autores reconocen la aplicación de los programas de justicia restaurativa con enfoque a las
garantías internacionales de los derechos humanos (Sauceda Villeda &amp; Martínez Pérez, 2018).
Si bien no se puede decir que existe una decisión unánime ante una definición universal de los
Derechos Humanos, se puede destacar que los autores concuerdan en que los Derechos Humanos revisten
características que los singularizan y que son necesarios para comprender su importancia.
En este mismo orden de ideas, según Carpizo (2011) las características de los Derechos Humanos
son:
Universalidad: significa que todo ser humano posee una serie de derechos con independencia del
país en que haya nacido o habite.
Historicidad: se refiere a tres aspectos diversos: a) La evolución de la civilización; b) Nuevos
problemas, necesidades y retos, y c) El contexto social y cultural de cada país.
Progresividad: implica que su concepción y protección nacional, regional e internacional se va
ampliando irreversiblemente, tanto en lo que se refiere al número y contenido de ellos como a la eficacia
de su control.
Aspecto protector: se ampara a toda persona humana, incluso se ha llegado a sostener que los
derechos humanos no deben proteger sólo a la persona, sino también a la comunidad nacional.
Indivisibilidad: implica que todos los derechos forman una unidad.
Eficacia directa: significa que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales ratificados por un país, vinculan obligatoriamente a todos los poderes
públicos —Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos constitucionales autónomos—, así como a
autoridades, grupos y personas, y para ello, no es necesario que una ley desarrolle los alcances de ese
derecho humano, aún en el supuesto de que la Constitución señale la existencia de esa ley.
Por su parte, el multicitado organismo internacional reconoce los derechos humanos como
universales e inalienables, es decir, son universales por el simple hecho de ser persona, pues todos los
ciudadanos gozamos de ellos. Son inalienables ya que no pueden renunciarse o cederse. Menciona que
los derechos humanos son indivisibles e interdependientes por lo que se encuentran estrechamente
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relacionados, pero ninguno de ellos es más importante que otro y a su vez, ningún derecho tiene prioridad
sobre el otro.
Ahora bien, equitativo y no discriminativo, al referirse que todas las personas al nacer gozamos
del derecho de igualdad y de la dignidad de los derechos, así como la no discriminación, misma que se
contempla mediante la resolución 2106-A, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujeres (Naciones Unidas, 1965). Por lo tanto, se advierte que los derechos de
las mujeres son iguales ante las normas jurídicas por lo que reconoce salvaguardar el respeto a la dignidad
de todas las personas refiriéndonos a los que se integran en poblaciones minoritarias (Martínez Pérez,
Sauceda Villeda, &amp; Moreno Rodríguez, 2020).
Contexto jurídico internacional y nacional de los derechos de las mujeres.
Uno de los temas que hoy en día toma los escaparates tanto de organizaciones, gobiernos y sociedad son
aquellos que están relacionados con las mujeres. Y como no ha de ser así, si es visiblemente la desventaja
que existe hacia ellas en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Se advierte la diferencia que se da
entre hombres y mujeres actualmente alrededor del mundo, que son constantes los esfuerzos por buscar
la manera de estrechar los privilegios que preexisten entre ellos.
Estos esfuerzos se ven reflejados en el ámbito de los Derechos Humanos, ya que la igualdad entre
las mujeres y los hombres, así como lograr la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer forma parte de los derechos humanos fundamentales y sobre todo del interés del máximo
organismo enfocado en mantener la paz, la seguridad del mundo y defender los derechos humanos: las
Naciones Unidas.
Como se ha venido mencionado en párrafos anteriores, desde la fundación de las Naciones
Unidas, se ha buscado hacer hincapié en promulgar, proteger y promover la igualdad tanto de hombres
como mujeres. Esto se puede ver reflejado en La Carta de las Naciones Unidas en 1945 que establece
dentro de sus objetivos el interés por “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” (Naciones
Unidas, 2019).

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Así mismo, en el ordinal primero se reafirma dicho propósito al manifestar como principio” (…)
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión (…)” (Naciones Unidas, 2019). Po lo que se ha de destacar que
durante la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 se dio un arduo debate
acerca del uso del término “todos los hombres” por el uso de un término más neutro en cuanto al género,
y fue así como se incorporó en su redacción el término “todos los seres humanos” y ¨todas las personas¨
dejando con ello en claro que dicho documento hace referencia tanto a hombres como mujeres por igual.
(Naciones Unidas, 2014).
En este parámetro cabe destacar diversos instrumentos internacionales de especial relevancia en
la violencia contra la mujer, como la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer (1953), la
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957), la Convención sobre el consentimiento
para el matrimonio (1962), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujeres (1965), El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto de
San José de Costa Rica (1969), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW) (1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (1994), las Estrategias y Medidas Prácticas
Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el ámbito de la Prevención
del Delito y la Justicia Penal (2014), sin dejar de mencionar, La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948).
Aún y en el entendido de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, generaliza los
sexos, cabe mencionar que destaca su universalidad e inclusión para todos los seres humanos, por lo que
permite su validación como instrumento para los derechos humanos de las mujeres. El reconocimiento
frente una necesidad de proteger a las mujeres como grupo vulnerable y víctimas de una sociedad que
daba el privilegio a los hombres, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicita a la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer la elaboración de una Declaración sobre la eliminación de la
discriminación contra la mujer, la cual fue aprobada en 1967.
Ante una realidad mundial sobre estrategias que favorecieran el hacer valer y promover los
derechos universales de las mujeres, en 1979, nace el instrumento más importante sobre los derechos de
las mujeres jurídicamente vinculante, nos referimos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las
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Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW- el cual con el paso de los años en 1981 entra en
vigor como tratado internacional.
Dicha Convención forma el parteaguas de la defensa de los Derechos de las Mujeres en el mundo,
ya que es el instrumento más completo y sólido que promueve sus derechos y recoge toda la normativa
precedente respecto a los derechos de las mujeres en sus diversos ámbitos como legales, culturales,
reproductivos y económicos, por mencionar algunos.
En una breve descripción, la CEDAW consta de un preámbulo y 30 artículos. La fuerza que dicho
instrumento representa para los derechos de las mujeres se aprecia desde su inicio, en donde en su primera
parte da una definición clara y concisa sobre lo que significa “la discriminación contra la mujer”, y que
a la letra dice en su artículo 1 (CEDAW, 1979):
…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
El articulado que se extiende dentro de dicha Convención en esta primera parte compromete a los
Estados Partes a adoptar políticas y medidas legislativas para eliminar todas las formas de discriminación
y con ello asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer.
En su artículo 5, Los Estados Partes se comprometen a tomar medidas apropiadas para la
modificación de los patrones socioculturales de conductas que contribuyan y perpetúen la idea de
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y así mismo garantizar la educación familiar bajo
la comprensión de la maternidad como función social y dándole reconocimiento a la responsabilidad
compartida de los hijos a ambos padres.
En su segunda parte, la Convención se enfoca en su articulado del 7 al 9 en tomar todas las
medidas apropiadas para la eliminación de la discriminación contra la mujer en cuanto a sus derechos
civiles y políticos, dejando una referencia clara en cuanto a las condiciones de igualdad ante el voto,
ocupación de cargo públicos, participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales, la
oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y todo lo relacionado con la
adquisición, cambio o conservación de su nacionalidad.

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La tercera parte de dicha Convención hacer referencia en sus artículos del 10 al 14, a los derechos
de las mujeres en el campo socioeconómico, educación y formación, al trabajo y maternidad, a la salud,
al crédito y a las condiciones de las mujeres en las zonas rurales. La parte final que va desde su artículo
15 al 30 hace referencia a los mecanismos de aplicación por parte de la Convención para examinar y
asegurar el completo ejercicio de lo acordado dentro de ella.
Uno de los mecanismos adoptados para velar por la eficiencia y eficacia de dicha Convención,
fue el establecimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano
encargado de vigilar su aplicación, hacer el estudio de los informes proporcionados por los Estados
Miembros y devolverle a cada Estado Parte el resultado de su análisis con las recomendaciones
inmediatas a ejecutar para enriquecer las medidas encaminadas a erradicar la discriminación en la vida
de las mujeres.
Dicho comité establece directrices en la presentación de informes específicos que en su conjunto
constituyen estándares armonizados para la presentación de informes de conformidad con la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Naciones Unidas, 2009). De
esta manera, en el año 2018 México rindió su noveno informe ante la CEDAW manifestando los avances
en las reformas legislativas y los progresos para erradicar la violencia de género que se ha vivido en
nuestro país ante los feminicidios, con ello salvaguardar los derechos de las mujeres (Naciones Unidas,
2018). Sin embargo, plantea la carencia de mecanismos eficaces en la promoción de la igualdad de
género, así como las constantes vulneraciones a los actos discriminatorios por motivos de sexo que viven
las mujeres.
Ahora bien, bajo esta misma idea acerca del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el
mundo, se deben resaltar acontecimientos que contribuyeron para que hoy en día se continué la lucha
sobre los derechos universales de las mujeres. Con la finalidad de impulsar la importancia de las mujeres
en el mundo, en 1975 se declara el Año Internacional de la Mujer, con la finalidad de llamar la atención
sobre la igualdad entre mujeres y hombres y destacar su contribución al desarrollo y la paz del mundo.
Ese mismo año se celebra en la Ciudad de México, la Primera Conferencia Mundial sobre la
Mujer y años más tarde se da lugar a conferencias mundiales como la de Copenhague en 1980 y la de
Nairobi en 1985. Sin embargo, no fue hasta 1993 cuando se logra elevar las cuestiones de género a la

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categoría de temas trasversales y se dejó de ver las problemáticas de las mujeres en el mundo como
asuntos independientes de los países.
A partir de aquí se da un giro a la visión de la defensa de los derechos de la mujer, dejando
plasmada su importancia en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, al ser
reconocida la violencia como una problemática social grave, logrando la compresión internacional de
que esta problemática constituye una violación de sus derechos humanos y a su vez una forma de
discriminación.
Por último pero no menos importante otra de las plataformas que destaca en importancia al
proteger los derechos universales de las mujeres a nivel internacional es la Organización de los Estados
Americanos –OEA- la cual negoció la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres conocida como la Convención de Belém Do Pará (1994) en la cual se
recalca el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado.
Dicha Convención deja plasmados aquellos derechos que han de ser protegidos para todas las
mujeres, los cuales se manifiestan en su artículo 4 que a la letra dice:
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

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j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Bajo esta visión, se demuestra la preocupación universal de reconocer los derechos de las mujeres
a la luz de los derechos humanos en perspectiva de género con la finalidad de poder dar un trato justo
ante un mundo diseñado y que es manejado bajo la tutela de los hombres, pero que sin duda con el paso
de los años ha logrado tener poco a poco una apertura hacia los grupos más vulnerables, en donde se
ubica a las mujeres.
En atención al marco internacional, el estado mexicano ha externado su compromiso para
erradicar la violencia contra la mujer y alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres, por lo que
integra un corpus iuris para salvaguardar los derechos de las mujeres, entre los cuales se destacan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes expedida en el año 2000, Ley General para la Igualdad entre mujeres y
hombres (2006), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), el
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008), La Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), La Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión (2014), el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que
involucren a niñas, niños y adolescentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014), la Ley
General de Víctimas (2017), La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (2017), el Reglamento para el funcionamiento del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2020),
el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (2020).
En este mismo orden de ideas, nuestro sistema jurídico Constitucional contempla el imperio de
Derecho en la legalidad de ajustar la aplicación en la norma jurídica mediante el artículo 133 bajo la
siguiente tesitura:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las

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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades
federativas”.
Por lo que, en el año 2011, se genera un paradigma de justicia con enfoque a los derechos
humanos fortaleciendo los artículos 1º, 15, 18, entre algunos otros por mencionar. Por su parte el artículo
primero reconoce a todas las personas como inherentes a los derechos humanos, garantizando los
principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Hace especial énfasis en el párrafo quinto a la no discriminación e igualdad de género de la
siguiente manera:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Por su parte el ordinal 15 reconoce la no vulneración a los derechos humanos y a los instrumentos
internacionales al referir que “No se autoriza la celebración de convenios o tratados en virtud de los que
se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte”. Ahora bien, el párrafo sexto del artículo 18 reconoce la igualdad
de condición de los derechos humanos en justicia para adolescentes, refiriéndose como tal a niños, niñas
y jóvenes hombres y mujeres.
De esta manera, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las
personas gozarán de los derechos humanos que están reconocidos en la referida Carta Magna y los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dejando sustentado con esto que los
derechos humanos de las mujeres se encuentran garantizados de manera universal en todo el territorio
nacional (ONU Mujeres, 2018).
Queda manifiesto que, el respeto a los Derechos humanos no es de orden pasivo, toda vez que es
obligación del Estado brindar a su población seguridad, paz y orden, así como implementar políticas
públicas de enfoque de género que erradiquen, prevengan y mitiguen la violencia contra la mujer.

Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos.

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�González-Lozano., D., K. &amp; Martínez-Pérez., Y., B.

Aportaciones en la igualdad de género. Caso México.
Una de las problemáticas más graves por ser considerada una forma de discriminación y violación a los
derechos humanos de las mujeres versa en la violencia ejercida hacia la mujer tanto en el ámbito público
como en lo privado, lo que la convierte en la piedra angular no solo a nivel mundial, sino también para
cada país (González Lozano &amp; Sáenz López, 2018), que hace frente a ella, en donde México no es la
excepción.
La violencia contra la mujer es una problemática social que no reconoce estrato social, religión,
educación o etnia, misma que causa consecuencias no solo a la mujeres que la padecen sino a sus hijos e
hijas, generando con ello que las afectaciones permeen y dejen secuelas para todos, visualizando desde
la violencia en el noviazgo (García Hidalgo &amp; López Valdés, 2014; ONU, 2016; Navarro Góngora &amp;
Pereira Miragaia, 2000), (Miranda-Medina, Martínez Pérez, &amp; Otros, 2019), (Sáenz López &amp; González
Lozano, 2016)
Las organizaciones internacionales con el apoyo de sus diversas comisiones permiten apoyar a
los Estados Partes a tener un aliado para el análisis y elaboración de sugerencias ante aquellas necesidades
de mejora que cada uno como país debe realizar para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, dando
a su vez el tiempo y la soberanía para que se ejerzan los avances de acuerdo a las normas y leyes
nacionales en vigor de cada pueblo.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), y
la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM, 2006) son herramientas que utiliza la
Nación con la finalidad de evidenciar la violencia contra la mujer y cuantificarla para así poder tomar las
medidas necesarias para la instrumentación de mecanismos que permitan prevenir, sancionar y erradicar
el problema en todo el país.
Por su parte la ENDIREH 2016, deja como resultado que en México de las mujeres de 15 años y
más, 66.1% han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez
en su vida, 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o
novio, a lo largo de su relación, y en relación a los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres
han experimentado algún tipo de violencia sexual, datos que de manera general son alarmantes.

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La ENVIM 2006 deja de manifiesto que en cuanto a la violencia contra la mujer el 33.3% de las
mujeres encuestadas señalan que han vivido violencia en el último año de relación, 35% de las mujeres
señalaron que han tenido más de una relación violenta y 60% de las mujeres encuestadas señalan que han
tenido toda su vida.
Ambas encuestas ponen de manifiesto que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno
aislado, sino que afecta a un importante número de mujeres, promoviendo con sus análisis de datos la
importancia como problemática de carácter público y así formar parte de las prioridades del gobierno
como parte de su plan de seguridad nacional y dar sustento a desarrollo de las políticas públicas para la
prevención y atención del tema.
Es importante hacer mención que aunado a los señalamientos recibidos por parte de organismos
internacionales, esta problemática toma mayor importancia ya que casos particulares han llegado a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- y ha sentenciado al Estado Mexicano en
referencia a violaciones a los derechos humanos de las mujeres en los casos de: González y otras (Campo
Algodonero), caso Fernández Ortega y por último caso Rosendo Cantú (Gobierno de la República, 2014).
El riesgo que vive la mujer en México es alarmante en la actualidad ya que el cuidado de su
seguridad ha dejado mucho que desear, situación que se confirma al encontrar los siguientes dato: 28 de
sus 32 entidades federativas, que equivalen al 56% del territorio nacional, se encuentra formalmente en
Alerta de Violencia de Género contra la Mujer, destacando dentro de los estados de mayor preocupación
Veracruz, Guerrero, Jalisco, Morelos y el Estado de México (Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, 2019).
En este sentido, ante la prevalencia de la impunidad y la agudización de la violencia contra las
mujeres en México, el OCNF hace un llamado al Gobierno Federal para:
El fortalecimiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (CONAVIM) con los recursos humanos y materiales idóneos para cumplir de manera efectiva
la encomienda de su creación.
El desarrollo de mecanismos institucionales rectores a nivel federal que, de forma permanente y
sistemática, realicen un verdadero ejercicio de planeación estratégica, monitoreo y evaluación de todas
las AVG, y demás acciones que emprendan para garantizar y proteger los derechos de las mujeres en
México.
Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos.

119

�González-Lozano., D., K. &amp; Martínez-Pérez., Y., B.

Actuar de manera integral, desde una perspectiva nacional, que también recupere las realidades
estatales y municipales, para que se implementen acciones dirigidas a las particularidades de dichas
problemáticas.
Las instancias federales -particularmente la CONAVIM- se involucren y corresponsabilicen en
cinco ejes estratégicos: Planear, Supervisar (monitorear y evaluar), Apoyar, Proponer y Coordinar las
AVGM.
Los datos anteriores dejan de manifiesto como el Derecho a la No Violencia contra la mujer se
ve poco protegido hoy en México y que la garantía de sus derechos no ha sido una prioridad de Estado,
poniendo en peligro la integridad de niñas y mujeres a lo largo y ancho de todo el país, dejando a la luz
la falta de atención a la causa raíz de la violencia contra las mujeres en toda la nación, la carencia de
implementación de mecanismos que vayan dirigidos a dar seguimiento a las medidas aplicadas y por
consecuencia colocar a la violencia contra las mujeres como prioridad para las medidas de Seguridad
Nacional de México.
De lo anteriormente mencionado, se puede demostrar que el mismo estado mexicano ha sido
señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de violencia de género, cobra
especial relevancia la sentencia conocida como González y otras “Campo Algodonero” (2019) y la
sentencia emitida bajo el nombre “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco” (2018).
Respecto al caso Campo Algodonero se manifiesta la responsabilidad el Estado por la
desaparición y ulterior muerte de tres jóvenes mujeres (González, Herrera y Ramos), se señala al estado
mexicano responsable ante la carencia de medidas de protección y prevención en crímenes de mujeres,
así como la existencia de patrón en violencia de género dejando en evidencia centenares de muertes en
Cd. Juárez ante la indebida diligencia en las investigaciones; de manera colateral el Caso Mujeres
Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México en perjuicio de Dios dada, Jiménez, Romero, Selvas,
Rosales, Velasco, Cuevas, Méndez, Sánchez, Torres y Hernández Martínez ha determinado que las once
mujeres detenidas fueron víctimas de actos de tortura, violencia física, sexual y psicológica, así como el
incumplimiento característico del ius poenale del Estado ante estos hechos.
Tras estas reflexiones, México ha señalado su preocupación ante las problemáticas a las que se
enfrentan las mujeres en lo referente al enfoque de género y la violación de sus derechos humanos, ya
que impacta diferentes esferas de su vida, tanto en lo laboral, familiar, social, personal e institucional.
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Mediante informe ante la CEDAW (2018), plantea la persistencia de los patrones naturalizados en
violencia de género, materializados en violencia física, sexual, económica y patrimonial; los estereotipos
discriminatorios para definir responsabilidades entre mujeres y hombres; la escasa participación de la
mujer en el ámbito público y privado; las constantes desapariciones forzadas que afectan a las mujeres,
la falta de sensibilización por el Estado con las víctimas indirectas así como las obstaculizaciones en la
aplicación a los mecanismos de alerta de género.
En este contexto, nos encontramos ante el desafío de fomentar la participación de las mujeres en
la vida pública, de implementar estrategias para coadyuvar en la igualdad sustantiva y con ello superar
los estereotipos discriminatorios que sufren las mujeres en familia y sociedad.
3.-MÉTODO
Diseño.
En este trabajo de investigación se planteó un método descriptivo de enfoque cualitativo (Hernandez
Sampieri, Fernández Collado, &amp; Baptista Lucio, 2014), donde a través del método exegético se
interpretan compilaciones legislativas locales, nacionales e internacionales en las siguientes categorías:
1) los derechos de las mujeres, 2) los derechos humanos y 3) la igualdad de género.
Instrumentos.
El instrumento parte desde el análisis documental de estándares internacionales y legislación mexicana,
también se consultaron diversos textos bibliográficos y casos de sentencia en violencia contra la mujer.
Bajo este contexto, se analizó una reflexión crítica jurídica de carácter argumentativo con la finalidad de
indagar los derechos de las mujeres a la luz de los derechos humanos para la igualdad de género.
Posteriormente se plantean resultados y conclusiones.
Procedimiento.
En este trabajo de investigación se utiliza un diseño de investigación cualitativa, mediante la cual se lleva
a cabo la revisión de textos y normas desde un análisis documental, partiendo desde la reflexión en la
interpretación de la norma jurídica. Ésta se argumenta con el diseño metodológico del marco teórico,
mediante el estudio de los estándares nacionales e internacionales, característica fundamental de la

Mujeres, Violencia e Igualdad: Una cuestión de Derechos Humanos.

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�González-Lozano., D., K. &amp; Martínez-Pérez., Y., B.

exégesis, sin dejar de mencionar diversas teorías relativas al fenómeno de estudio. Posteriormente se
analizan los resultados y conclusiones.
4.-RESULTADOS
De primera instancia, cabe referir que los derechos de las mujeres se encuentran sustentados desde el
máximo órgano internacional y nacional, bajo este rubro la Carta Magna refiere los derechos de las
mujeres en igualdad a los derechos humanos, es decir enmarca universales e inalienables, indivisibles e
interdependientes equitativo y no discriminativo, por lo que se asume el derecho a la igualdad entre el
hombre y la mujer.
Se demostró que la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, ratificaron a la
CEDAW como un referente para definir los derechos humanos de las mujeres a nivel mundial, por lo
que deja en evidencia que el instrumento más representativo para erradicar las formas de discriminación
contra la mujer es la CEDAW, en él se promueve la igualdad de género mediante el acceso igualitario en
los diferentes ámbitos políticos, sociales, culturales y económicos, señalando que los roles de cultura, así
como los estereotipos influyen de manera negativa en actos discriminatorios y de violencia.
Asimismo, en la compilación legislativa encontramos la igualdad sustantiva, al exigir marco
jurídico aplicable en el respeto y salvaguarda de los derechos de las mujeres para la igualdad de género,
sin embargo, en las sentencias de Caso Campo Algodonero y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual
en Atenco Vs. México se aduce la desigualdad de género en los ámbitos público y privado. De esta manera
pone en acento la respuesta política por lo que se requiere implementar políticas públicas que integren
mecanismos de atención con criterios de valoración en la igualdad y equidad entre las mujeres y hombres.
5.-CONCLUSIONES
El surgimiento de los Derechos Humanos garantiza los derechos fundamentales y las libertades que
gozan todos los seres humanos, incluidas las mujeres. Se concluye que estos derechos deben estar
protegidos por las leyes y la sociedad sin distinción de sexo, raza, estatus social, cultural o religión.
Sin embargo, hoy en día, las mujeres siguen sufriendo de discriminación y violencia tanto en el
ámbito público y privado con cifras alarmantes al grado de ser una problemática de alto impacto para la
sociedad expandida por toda la nación.
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Se identificó que el estado de emergencia que impera en México sobre la violencia de la que son
víctimas las mujeres muestra la necesidad de dirigir el esfuerzo para generar instrumentos que permitan
a los dirigentes del País el acertado desarrollo de políticas públicas enfocadas a garantizar la seguridad
de las mujeres y a su vez profundizar en el conocimiento sobre el vínculo entre violencia contra las
mujeres y la consecuencias de un pobre desarrollo humano derivado de la violación y discriminación de
las que son víctimas.
Si bien, es de reconocer que en México se ha logrado un avance en la normatividad que regula y
garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, también es necesario destacar que
continúa palpable la necesidad inmediata de armonizar las leyes estatales con los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, así como mejorar la calidad del servicio
de atención por parte de las autoridades para garantizar la protección de las víctimas de violencia.
De manera específica en México, la situación que viven las mujeres recalca la vulneración de los
derechos humanos en igualdad de género por lo que debemos considerar que poner fin a la violencia
contra las mujeres es pieza clave para el logro de la igualdad de género y su empoderamiento, y que
como resultado permitiría un país genuinamente camino al desarrollo.
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Poliarquía y ciudadanía en el estado de México1
Polyarchy and citizenship in state of Mexico
Ricardo, Escutia-Miranda2; René, Torres-Ruiz3

RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación cualitativa, donde a través del
process tracing y el análisis documental, se contrasta el debate teórico de la democracia y
la ciudadanía, en contraposición a la realidad del estado de México y la forma en que
operan dichas acepciones; el objetivo es identificar cómo se entienden y llevan a la
práctica dichas variables. Para esto, se realiza un recorrido sobre el debate teórico de la
democracia y su relación con la ciudadana, posteriormente se describe cómo se establecen
y observan las categorías en la constitución política de la entidad, así como los derechos
y obligaciones mexiquenses, con la finalidad de contraponer el discurso teórico con la
realidad. Los resultados apuntan a la operacionalización de una democracia procesal con
tendencia a lo que Robert Dahl denomina poliarquía, un gobierno de élites en
competencia, que permite la representatividad, ciertos niveles de participación, oposición
y alternancia, al tiempo que se desincentiva la participación política fuera de los procesos
electorales.
Palabras claves: Ciudadanía, poliarquía, élites políticas, estado de México, democracia
subnacional.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 27-12-2020
Fecha de aceptado: 04-02-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is the product of a qualitative research, where through process tracing and
documentary analysis, the theoretical debate of democracy and citizenship is contrasted
to the reality of the state of Mexico and the way in which these meanings operate, the
objective is to identify how these categories are understood and put into practice. For this,
a tour is made on the theoretical debate of democracy and its relationship with the citizen,
later, it is described how the categories are established and observed in the political
constitution of the entity, as well as the rights and obligations of Mexico, with the purpose
to contrast the theoretical discourse with reality. The results point to the operationalization
of a procedural democracy with a tendency to what Robert Dahl calls polyarchy, a
government of competing elites, which allows representativeness, certain levels of
participation, opposition and alternation, while discouraging political participation
outside electoral processes.
Keywords: Citizenship, polyarchy, political elites, state of Mexico, subnational
democracy.

Cómo referenciar este artículo:
Escutia-Miranda., R., &amp; Torres-Ruiz., R. (2021). Poliarquía y ciudadanía en el estado de México. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 126-151.
https://doi.org/10.29105/pgc7.14-7

El artículo es producto de la investigación doctoral en curso “El cambio político en el estado de México, 1996-2018” iniciada en 2019.
Universidad Iberoamericana, México. Doctorante en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Correo:
desmun_rem@hotmail.com. Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2766-9017.
3
Universidad Iberoamericana, México. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor-investigador de tiempo completo
en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Correo: rene.torres@ibero.mx. Código ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-7488-0149.
1
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1.- INTRODUCCIÓN
Desde 1925, el estado de México se ha caracterizado por ser una entidad gobernada por distintas élites
políticas, que con sus dinámicas y formas de gobernar han permeado en lo institucional y en la
ciudadanía, consolidando formas de hacer política que denotan la operacionalización de la democracia
mediante ciertos derechos y responsabilidades, tanto de los agentes del Estado como de los ciudadanos.
El presente trabajo se ubica en ese ámbito de interacción entre derechos y ciudadanía, con la intención
de identificar la conceptualización y puesta en práctica de la democracia y la ciudadanía en la entidad
mexiquense.
Como tal, se realiza un recorrido por el debate teórico de la democracia y la ciudadanía, seguido,
se consideran los lineamientos constitucionales sobre la democracia y la ciudadanía en el estado de
México -gobierno subnacional-, con la intención de entender la forma en que se plantean desde lo legal
en la entidad, y contraponer las posturas de la academia y de los lineamientos constitucionales, posterior
a esto, se realiza una descripción contextual de la entidad, mismo que se contrapone a modo de análisis
entre el debate teórico, la constitución y la realidad, para finalizar se plantean las conclusiones.
Con la intención de cumplir estos propósitos, se responde a lo siguiente ¿cómo se definen la
democracia y la ciudadanía en el estado de México? ¿En qué formas operan la democracia y la ciudadanía
en la entidad?
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Democracia y ciudadanía
Etimológicamente, la democracia proviene del griego demos “pueblo” y Kratos “poder o gobierno”, que
apuntan al gobierno del pueblo, a la regla de la mayoría o al consenso colectivo entre ciudadanos, que
implican relaciones entre la ciudadanía y la democracia.
Para Charles Tilly (2010) y John Dunn (2014) los orígenes de la democracia se remontan a la
organización política y de gobierno de la Politeia ateniense, misma que exigía por cuestión moral, la
participación de los ciudadanos en el ágora para resolver los conflictos comunes, mediante el uso y
derecho a la palabra (isegoría), la deliberación de acciones mediante el voto por mayoría; y la igualdad
de derechos políticos entre los ciudadanos (isonomía), conformando una estructura social y política para
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la vida cotidiana que sobresalía más allá del gobierno e influía tanto en la vida pública como privada,
posibilitando que todos los considerados ciudadanos participaran en la asamblea y en los tribunales.
Esta forma de participación política quedaba restringida a cuatro prerrequisitos sociales de
nacimiento:
1. Consanguinidad o derecho de sangre: conocido como ius sanguinis otorga una nacionalidad
y derechos a una persona, considerando una legislación con base en el origen de la patria
familiar -por la sangre-. En este sentido, las personas mantenían una ciudadanía y los derechos
según el lugar de origen de los padres, especialmente por la línea paterna.
2. Territorialidad o derecho de suelo: denominado ius soli La nacionalidad y los derechos de la
persona se rigen por la legislación territorial del lugar de nacimiento, es decir, la ciudadanía,
los deberes y libertades no se trasladaban territorialmente, creando variaciones entre los
ciudadanos de uno u otro lugar, trastocando responsabilidades, libertades y derechos.
3. Riqueza y propiedades: el sujeto debía ser poseedor de bienes inmuebles, inmuebles,
servidumbre y esclavos, contar con un reconocimiento social y estatus económico.
4. Libertad: el ciudadano, debía ser un apersona sin deudas, en pleno ejercicio de derechos y sin
esclavitud.
Estas condiciones se vinculan directamente a los hombres, excluyendo a quienes no cumplieran
dichas consideraciones, agrupando a artesanos, comerciantes, campesinos, militares y políticos en la
pertenencia condicionada al grupo, y a la participación del sujeto en el consejo, donde los más
desfavorecidos social y económicamente quedaban excluidos y fuera de la toma de decisiones (Cruz,
1988; Dunn, 2014). Tampoco eran consideradas como ciudadanas y ciudadanos las mujeres y los metecos
(extranjeros). Este régimen político inventado por los atenienses, llamado, en efecto, democracia
(dēmokratía), se administraba “teniendo en mente el interés de los muchos —y no de los pocos—” (Dunn,
2014, pág. 42).
Para el 322 a.C., la Politeia ateniense fue sustituida por regímenes monárquicos, republicanos o
parlamentarios (Tilly, 2010), que imperaron en todas las naciones durante largo tiempo. Fue hasta finales
del siglo XVIII —más de dos mil años después—, y como consecuencia de las reformas en el pensamiento
y de libertades civiles ganadas a partir de la independencia de los Estados Unidos de América y la
Revolución Francesa; que se estableció como condición primaria de ciudadanía en los primeros
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gobiernos democráticos de la modernidad occidental, que la mayoría de las personas tuvieran acceso a
los mismos derechos y obligaciones (Przeworski, 1998); entre estos, la vida, la libertad y la riqueza, pero
también el acceso al voto.
La ideología política de la época difundió que todas las personas eran creadas en igualdad, y con
la capacidad innata para tomar decisiones racionales e independientes, en todos los aspectos de la vida
(moral, religioso, político, social y económico), sin importar condición económica, intelectual, social o
de residencia (Tilly, 2010; Dunn, 2014).
La autonomía de los sujetos para organizarse y su capacidad para autogobernarse instituyó un
nuevo régimen político, donde todas las clases sociales podían elegir —sin recurrir a la violencia— a sus
gobernantes, quienes debían fungir como representantes de los intereses sociales a través de los cargos
de elección popular. Esta forma de entender y hacer política se concibió como democracia representativa,
que, en el devenir histórico, según Marshall (1985) y Tilly (2010), desde su adopción como forma
complementaria de gobernar, ha dotado a los sujetos de distintos derechos, entre estos:
1. Civiles: se instituyen a lo largo del siglo XVIII, buscando garantizar la libertad de las personas,
limitando la intervención del Estado en la vida privada, y posibilitando la participación de
todos en los asuntos públicos mediante el voto activo —ser votado para un puesto de
elección— o pasivo —votar por un representante—. Entre estos derechos destacan el derecho
a la vida, a la libertad, a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión y organización,
a la propiedad, al trabajo (Marshall, 1985).
2. Políticos: se consolidan durante el siglo XIX, dotando de igualdad política y legal a todos los
sujetos. Sobresalen el derecho al voto, a la huelga, a la asociación (Marshall, 1985).
3. Sociales: se fundan entre el siglo XX y el XXI, fomentando la igualdad y solidaridad entre las
personas, y ofreciendo las mismas oportunidades para el logro de una vida digna, al impulsar
la acción del Estado en la garantía de dichas condiciones. Resaltan el derecho a la educación,
a la salud, el trabajo, a una vivienda digna, a la paz, y a un ambiente limpio (Marshall, 1985).
En este orden de ideas, expone Rubio (2007) la lucha constante por la igualdad de oportunidades,
el reconocimiento de derechos y libertades, así como la búsqueda de la justicia social, especialmente de
las clases menos favorecidas, han modificado paulatinamente la visión de la ciudadanía y su rol ante el
Estado. Sin embargo, a pesar de brindar estas libertades o derechos, el resultado se tradujo en el repliegue
del ciudadano de la vida política, en la tecnificación de la política y el disfrute del sujeto en lo privado.
Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

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Por otro lado, las distintas oportunidades y derechos no llegan al mismo tiempo, ni en igualdad de
condiciones a las sociedades que se dicen democráticas; incluso en la actualidad, con sociedades
regularmente homogéneas, no todos los ciudadanos acceden a los mismos derechos (o libertades) y
responsabilidades.
Por su parte, Marshall (1985) considera que la ciudadanía se compone a partir de las obligaciones
de los sujetos ante el Estado, mismos que instituyen un estilo de vida que se cultiva en las personas a
partir de la educación. A su vez, Cañete (2018) expone que el deber de los agentes gubernamentales y el
papel de la democracia es eliminar las desigualdades, los sistemas de explotación, la captación de
recursos, la exclusión y el acaparamiento de oportunidades, instituyendo un Estado ético, que conceda al
ciudadano libertades y responsabilidades, permitiéndole así el desarrollo de una vida digna y la
participación política.
Las distintas democracias actuales, agrupan un sistema económico y político, mediante los cuales
se regulan las relaciones entre ciudadanos, el Estado y el mercado, con la intención de brindar las
condiciones de vida digna, que, debido a su abstracción y aplicación, se entienden y aplican con
particularidades.
Ahora bien, Sartori define a la democracia como un sistema ético-político, en el que la autonomía
de la mayoría confiere el poder a minorías en constante competencia mediante el mecanismo electoral
(Sartori, 1988). En cambio, Robert Dahl (1999) la distingue en forma empírica, como una forma de
gobierno ideal, a alcanzar mediante una administración pública llamada Poliarquía, donde el gobierno,
compuesto por élites políticas (concepto que se aclara más adelante), representa a diversos grupos dentro
de la comunidad, permitiendo la participación concurrida, la oposición partidista, la alternancia en el
poder, el imperio de la libertad y de derechos, mediante un Estado normativo, con procesos electorales e
instituciones que controlan y garantizan la reproducción de dicho sistema.
En esta forma de gobierno, la representatividad es un elemento fundamental para facilitar la toma
de decisiones a través de agentes del Estado que representan a los diferentes grupos poblacionales, e
imponen políticas en un régimen donde el pueblo no gobierna, pero elige a quienes lo gobiernan (Pitkin,
1967). Sin embargo, Przeworski (1998) nos dice que la representatividad debe ser la manera en que los
gobernantes actúan buscando el interés para la mayor parte de los ciudadanos, aunque en la práctica esta

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forma de gobierno acumula el control en manos de unos pocos, quienes imponen decisiones e intereses
de los gobernantes o grupos de interés sobre la población.
La Poliarquía (que es una visión minimalista como forma democrática) tiende a sectorizar
grupos, para conformar coaliciones que suelen descartar a minorías, sean débiles, rechazadas u odiadas,
por lo que también se le concibe como el gobierno de las élites, formalizando la exclusión desde la
legalidad y el Estado, con base en jerarquías económicas y políticas, así como con limites religiosos,
étnicos, de sexo, de edad, ciudadanía o condición social (económica, cultural, espacial, intelectual) o
estatus, que limitan la participación e inclusión de los sujetos (ciudadanos y no ciudadanos) tanto en
programas sociales, apoyos gubernamentales, como en acciones políticas y actos de gobierno (Cañete,
2018).
Para Przeworski (1998) otra forma de observar la democracia es interpretarla como un sistema de
reglas que permiten elegir a los gobernantes a través de elecciones competitivas, donde los ciudadanos
pueden deshacerse de los gobernantes en turno, sin el derramamiento de sangre, la democracia desde esta
perspectiva implica una estrecha relación entre Estado y ciudadanía, a través del fortalecimiento de los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones; pero también con el funcionamiento adecuado de las
instituciones, ya que son estas las que reflejan la capacidad de la sociedad para autogobernarse.
Si bien, las perspectivas mencionadas —cada una con sus características, libertades, derechos y
obligaciones atribuibles a ciudadanos y al Estado— destacan el proceso electoral, la representatividad
gubernamental y el voto como elemento central de la democracia, empero, expone Tilly (2010),
constituyen una forma acotada y minimalista de la vida política, que permite la proliferación de las élites
en espacios clave para la administración pública, así como la segregación y exclusión de minorías.
En contrapunto, la visión sustantiva o maximizada de la democracia centra su atención en la
ampliación de libertades y derechos. En este sentido, Cossío (2012) propone una democracia sustantiva
que desde la práctica se sostiene en lo constitucional, presentando las siguientes peculiaridades: 1)
Control del Estado y sus decisiones; 2) subordinación de los militares frente a la autoridad civil; 3) control
del ejecutivo y la normatividad constitucional por otras instituciones de gobierno; 4) incertidumbre en
los resultados electorales; 5) oposición política significativa; 6) posibilidad de alternancia partidista; 7)
participación de grupos minoritarios —con independencia de intereses— en la toma de decisiones; 8)
existencia de canales de participación política alternos a los partidos políticos; 9) amplio acceso a fuentes
de información por los ciudadanos; 10) garantías de libertad de creencia, opinión, discusión, expresión,
Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

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publicación, reunión y petición; 11) igualdad de los ciudadanos ante la ley; 12) protección efectiva de las
libertades individuales y de grupo por la ley y las instituciones, 13) protección de ciudadanos en contra
del exilio, detención arbitraria, tortura, intromisiones del Estado o fuerzas no estatales organizadas; y 14)
garantía de no discriminación por condición social, económica, étnica o de preferencias.
Dichos elementos, como características de la democracia, no son excluyentes, además coinciden
con las mediciones de libertades y derechos que proponen Freedom House (mismo que se puede
consultar en el Informe de la Libertad en el Mundo 2020), The Economist Intelligence Unit, o
Latinobarómetro, que muestran a la democracia como uno de los mejores sistemas de gobierno, no el
más eficiente o satisfactorio, lo que implica un progresivo deterioro de las democracias, por ejemplo,
Bauman (2011) expone que las diferentes expresiones de violencia, desigualdad, vulnerabilidad, pobreza,
y coacción de libertades que se presentan en las sociedades democráticas, son daños colaterales
consecuencia de la inadecuada administración gubernamental.
Por su parte Jacques Rancière (2012) explica que en lo que va del siglo XXI, la democracia se
percibe como una forma oligárquica de gobierno a cargo de élites políticas y económicas, que en su
separación con la sociedad, han creado un descontento generalizado y un odio a la democracia, debido
a la poca estabilidad económica, la carencia del Estado de bienestar y el poco desarrollo del potencial
individual al que acceden las personas, limitando no sólo la calidad de vida y las libertades al consumo,
también la participación política a los procesos electorales.
En este orden de ideas, Carlo Galli (2013), sostiene que existe un malestar en contra las
instituciones políticas y la realidad social, el desencanto por la democracia es, por un lado, un malestar
subjetivo del ciudadano con las promesas incumplidas del sistema, que llevan al sujeto y a la sociedad a
la indiferencia política, a la desafección; y, por otro lado, un malestar objetivo estructural, que nace de
la ineficiencia de las instituciones para mantener sus funciones, promesas y objetivos humanos, de
libertad y dignidad igual para todos.
Las ideas previas, no implican el desconocimiento de la democracia y el hecho de que ha dotado
de libertades, derechos y responsabilidades a la población, que le permiten el desarrollo de una vida digna
(Escutia-Miranda, 2020), al tiempo que imputa al Estado obligaciones que constituyen las libertades
ciudadanas, la reproducción del sistema y sus instituciones, así como la circulación de actores o agentes
en diferentes puestos de elección popular.
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Por otro lado, Cossío (2012) argumenta que la democracia sólo funciona a plenitud cuando se
fomenta y se practica en forma mixta (democracia minimalista y sustantiva). Contemplar formas
elementales o minimalistas de entender y medir la democracia amplía el abanico de países que encajan
en esta categoría, sin que éstos garanticen derechos o libertades; mientras que ese mismo abanico se
reduce si la concepción es sólo sustantiva.
Aunado a esto, todo gobierno, sea democrático o no, requiere de aparatos administrativos y
humanos como conditio sine qua non para su desenvolvimiento. El aparato administrativo tiene la
función de organizar, vigilar y hacer cumplir la normatividad, regular la convivencia social y las
interacciones entre los sujetos, mediante el Estado y sus reglas; entendido éste como la organización que
controla los principales (recursos y) medios coercitivos de un territorio, al ejercer prioridad y obtener
reconocimiento sobre otras organizaciones (y sujetos) que pertenecen al mismo territorio (Tilly, 2010).
En una democracia el aparato administrativo se compone por los agentes del Estado —clase
política, servidores públicos—, los partidos políticos, las instituciones gubernamentales, las normativas
y los sistemas electorales. Valdés (2016) explica que un sistema electoral es el conjunto de medios a
través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de
representación política. Las múltiples voluntades que en un momento determinado se expresan mediante
la simple marca de cada elector en una boleta forman parte de un complejo proceso político regulado
jurídicamente y que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la contienda, para
conformar los poderes políticos de una nación, por estas cualidades, son los encargados de mediar las
elecciones, hacer valer el voto y dar legalidad y legitimidad al gobierno en turno.
El voto como elemento de la democracia, determina la voluntad colectiva concediendo a un
candidato, partido o proyecto políticos, el poder de administrar sobre la mayoría, lo que repercute en la
calidad de vida; al tiempo que dota de legalidad, legitimidad y certidumbre a la administración entrante.
En este sentido, el voto es la herramienta por la cual se construye la democracia, constituyendo en sí un
mecanismo por el cual compiten los partidos políticos y detentan cuotas de poder gubernamental.
Ahora bien, refiriéndonos específicamente al sistema de partidos y su funcionamiento, podemos
decir que el sistema de partido único y el sistema hegemónico (sistema que México adoptó durante largo
tiempo) configuran regímenes no competitivos que pueden contener enclaves democráticos en la
aplicación de políticas, derechos y responsabilidades, privilegiando libertades (Sartori, 2004).

Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

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No obstante, a pesar de la existencia de normas, la oposición es limitada, sancionada o excluida
en la competencia por el voto y los cargos públicos. Los otros sistemas de partidos —predominante,
bipartidismo, pluralismo, atomización— corresponden a gobiernos donde el juego político permite la
entrada de actores diferentes, mayor apertura a los partidos y la competencia por el voto, sin embargo,
aunque presentan mayor apertura, pueden contener enclaves autoritarios, menguando los derechos de sus
ciudadanos o con políticas discriminatorias.
Ya nos referimos al aparato administrativo de un gobierno, ahora abordemos el aparato humano.
Éste, en una democracia, reconoce y legitima las normatividades y las ejecuta en lo cotidiano, para
Przeworski (1998) esto se logra a través de los derechos y obligaciones que el Estado otorga a los sujetos,
mismos que deben ser válidos para toda la comunidad política —siempre y cuando sean capaces de
ejercer esos derechos y obligaciones políticas—, configurando una condición de ciudadanía, que para
ser efectiva requiere, por un lado, que el Estado aplique criterios universales en la normatividad;
suministre la protección de los derechos y la provisión de condiciones sociales y económicas que
garanticen la vida digna (educación, salud, seguridad material y personal, acceso a un ingreso suficiente,
vivienda, alimentación, recreación, ocio y cultura).
Por otro lado, del ciudadano se requiere que cumpla con prerrequisitos sociales, entre estos: un
mínimo de edad, el reconocimiento de ciudadanía y nacionalidad, la participación en el cumplimiento de
responsabilidades, el ejercicio de derechos —y su exigencia cuando no se implementan—, el voto activo
o pasivo, así como el involucramiento formal en la toma de decisiones públicas (Przeworski, 1998).
O´Donnell (1989), por su parte, plantea que sólo una ciudadanía integral, es decir, aquella que
brinda un acceso pleno a los derechos civiles, políticos y sociales, puede garantizar la existencia de una
verdadera democracia, y mientras el acceso o disfrute de los derechos sea parcial o no exista para sectores
amplios de la población, la democracia será precaria y manipulable.
Este complemento activo y reciproco entre ciudadanos y Estado, es categorizado por Guevara y
Vincenzi (2017) como ciudadanía política, que considera el ejercicio efectivo de derechos, la inclusión
de todos los sectores sociales sin discriminación, la intervención de los ciudadanos en las decisiones y
procesos políticos, económicos, de desarrollo y la creación de espacios que amplíen los mecanismos de
intervención del ciudadano, eliminando barreras sociales, culturales y económicas que impidan el pleno
ejercicio de los derechos políticos, entre ellos, el voto activo y pasivo, el plebiscito y referéndum; el
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acceso a desempeñar cualquier empleo, cargo o función en la administración pública; la asociación; la
afiliación; demandar los servicios públicos, mismos que tienen cabida en los lineamientos
constitucionales.
Con estas atribuciones la democracia como forma de gobierno ha contribuido a mejorar ciertas
condiciones de vida, pero también, bajo contextos específicos en agudizar las desigualdades
socioeconómicas y la pobreza, esto debido a la configuración del sistema institucional, las propuestas
legislativas, la forma de participación de las élites, el modelo económico neoliberal y la acumulación del
poder en grupos o agentes. Cuando la democracia se limita a los procesos electorales (como suele
ocurrir), se trastoca, permitiendo el privilegio de grupos, el establecimiento de proyectos políticos con
enclaves autoritarios, mismos que favorecen la creación, el acomodo y la circulación de élites políticas.
La idea implica que la vía a la democracia no existe en forma plena, los regímenes políticos suelen
pasar de proyectos políticos autoritarios, dictatoriales o totalitarios, hacia gobiernos más o menos plurales
y poliárquicos (o en sentido contrario), donde la sectorización en grupos de poder, suelen mitigar la
seguridad personal, los derechos de propiedad, las libertades y la privacidad, al sobreponer el bien de las
élites o de grupos políticos específicos sobre las libertades y los derechos de los gobernados (Cañete,
2018).
La democracia y ciudadanía en el estado de México
Para el estado de México, las interacciones entre el gobierno y los ciudadanos se plasman en los diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, misma que se ajusta a las
disposiciones de la Constitución Política Federal, a la evolución de las materias originalmente reguladas
por ella y a las circunstancias y exigencias de la dinámica social.
Respecto a las obligaciones y derechos que esta otorga a los ciudadanos, así como las formas de
interacción, estas se concentran en nueve títulos que aglomeran 150 artículos constitucionales, que
podríamos resumir de la siguiente manera. El estado de México adopta la forma de un gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, residiendo su soberanía en el pueblo, quien la
ejerce en su territorio mediante los poderes del estado, los ayuntamientos, la constitución federal y estatal.
Del mismo modo, sostiene que las formas de interacción entre ciudadanos y Estado serán, entre
otras, la igualdad de derechos, las libertades y las garantías constitucionales —federal y local— y los

Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

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tratados internacionales de los cuales la entidad sea parte, así como las leyes locales que se establecen.
La Carta Magna mexiquense prohíbe la discriminación y reconoce el derecho a la educación (en todos
los niveles y modalidades), acceso a la ciencia y tecnología, libre manifestación de ideas, acceso a la
información, alimentación adecuada, cuidado a la salud, y el derecho a la vida y la propiedad, entre otros
aspectos relevantes.
También se habla, por supuesto, del respeto al sufragio —como expresión de la soberanía
popular— y cuidado de los procesos electorales, conforme a principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales recae en el Instituto Electoral del Estado de México ( IEEM), con la participación de partidos
políticos, agentes del estado y ciudadanos. Igualmente, se considera el referéndum total o parcial en
relación con las reformas constitucionales.
Al mismo tiempo, se considera la participación de asociaciones civiles en actividades sociales,
cívicas, económicas y culturales y la protección de los derechos humanos. Por lo demás, la constitución
mexiquense reconoce la composición pluricultural y pluriétnica del estado sustentada en los pueblos
indígenas —favorecidos con la educación básica bilingüe—. Finalmente, otro aspecto importante que la
norma constitucional establece es la procuración del desarrollo integral con enfoque sustentable, sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras.
Asimismo, la constitución estatal fija la división de poderes y se instituyen sus funciones,
facultades y obligaciones de cada uno. De igual forma, se reconoce al municipio de Toluca como cede
de dichos poderes y capital de la entidad.
3.-MÉTODO
La investigación parte de una perspectiva cualitativa, cuyo método fue el process tracing, el cual, busca
obtener información de diferentes medios, sea a través del análisis documental en sus diferentes
vertientes, triangulando con la información de fuentes primarias y secundarias -según lo requiera el
estudio- para explorar procesos causales, como para analizar la toma de decisiones complejas, el
desarrollo y comprobación de teorías, la demostración de hipótesis y la conjetura con base en pruebas
(Molina, 2016).

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El fin es determinar los elementos, mecanismos y acciones que intervienen o intervinieron en la
formación de la realidad o coyuntura de estudio (Beach y Pedersen, 2013; Molina, 2016), como método
de las Ciencias Sociales, es de gran valía cuando interesa ir más allá de una adecuada comprensión de
las implicaciones de un fenómeno -caso(s) de estudio(s)- al poner atención en el por qué y no en el qué
de las cosas (Vennesson, 2013; Bril-Mascarenhas et al. 2017).
Este método se divide en tres tipos, perspectivas o entradas -distinciones cuyo origen radica en el
enfoque deductivo-inductivo, teoría-práctica y cualitativos-cuantitativos-: 1) Evaluación de teoría theory testing-, 2) Creación de teorías -theory building-, y 3) Explicación amplia de resultados explaning outcome-.
El tercer enfoque fue el requerido para la investigación, la finalidad de esta variante es explicar
un resultado específico, por lo que su enfoque es de carácter netamente cualitativo, cuya explicación
parte de momentos deductivos o inductivos, posibilitando el proceso de investigación, y la explicación
del caso de estudio, su preocupación es identificar los mecanismos que enlazan causas a efectos, por lo
anterior se puede aplicar a partir de entradas inductivas o deductivas.
Para la investigación se utilizó el tipo explicación amplia de resultados -explaning outcome - con
entrada inductiva, lo cual se resume en el cuadro 1.
Cuadro 1.
Entrada inductiva de Process Tracing de explaning outcome
Momento inductivo 1
Recolección
exploratoria de
evidencia
Identificación de
hitos y elementos
causales
Trabajo de campo

Narrativa
causal
preliminar

Momento deductivo

Momento inductivo 2

Identificación de
hipótesis del
Trabajo de campo
investigador, y alternas
Implicancias y
Evaluación -reafirmación- de
manifestaciones
hipótesis y mecanismos causales en
observables
concordancia a la observación y la
Diseño de
evidencia empírica
investigación

Explicación del
resultado

Interacción entre
elementos y el
mecanismo causal

Fuente: Elaboración propia (2021). Nota: con base en Beach y Pedersen (2013), Molina (2016),
Aguirre (2017), Bril-Mascarenhas et al (2017).
El enfoque inductivo-deductivo del process tracing busca indagar sobre las causas y efectos del
fenómeno de estudio, identificando sus interacciones como elementos individuales (Bril-Mascarenhas,
et al. 2017), motivo por el cual se plantea pertinente para entender qué es la democracia y la ciudadanía
en el debate teórico, qué son la democracia y la ciudadanía en la entidad y cómo se ponen en praxis.
Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

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Por lo anterior, siguiendo la intención del estudio, el método se plantea en el cuadro 2.

Cuadro 2.
Entrada inductiva de explaning outcome PT, democracia y ciudadanía en el estado de México
Momento inductivo 1

Momento deductivo

Debate teórico de la
democracia y la
ciudadanía
Conceptualización de la
democracia y la
ciudadanía en el estado
de México

Narrativa
causal
preliminar
Debate
teórico

Análisis documental

Momento inductivo 2

Implicancias y
manifestaciones
observables de la
democracia y la
ciudadanía en la entidad
Diagnóstico de eficiencia
gubernamental e
institucional
Análisis documental sobre
la entidad y las relaciones
entre
ciudadanos
y
gobierno

Explicación del
resultado

Triangulación de la
información

Contraste entre el
debate teórico, en
concordancia a la
observación y la
evidencia empírica

Narrativa del
resultado, explicación
de la interacción entre
elementos y el
mecanismo causal

Fuente: Elaboración propia (2021). Nota: con base en Beach y Pedersen (2013), Molina (2016),
Aguirre (2017), Bril-Mascarenhas, et al. (2017).
Con la información contenida en los cuadros, el momento inductivo 1 se obtiene con el debate
teórico respecto a la democracia y la ciudadanía, así como la conceptualización de las mismas en la
entidad. El momento deductivo se obtuvo con datos descriptivos y estadísticos de relevancia, que
permiten entender las dinámicas sociales, políticas y económicas mexiquenses, mismos que se abordan
en el apartado "El estado de México: escenario de democratización".
El momento inductivo 2 plantea lo encontrado al contraponer el debate teórico (momento
inductivo 1) con la realidad mexiquense (momento deductivo).
4.-RESULTADOS
El estado de México: escenario de democratización
La etapa de la Revolución (1910-1917) y en especial la posrevolución (1917-1944) ocasionaron que los
partidos políticos fueran instrumentos de los caudillos, quienes amparados en el discurso revolucionario
desplegaron estrategias locales, profundizando el personalismo de la política y el deterioro de las
organizaciones partidistas en la entidad, lo cual tuvo como consecuencia su limitada consolidación
(Reveles y Sánchez, 2012).
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Los clubes y partidos políticos contendían en las elecciones, pero los principios básicos de
competencia y la libertad para elegir candidatos frecuentemente eran violados por los caudillos y líderes
políticos, cumpliendo sólo con la formalidad de la elección, sin condiciones efectivas de democracia —
aspiración de la Constitución local de 1917—, con un sufragio no generalizado y con el descarte de las
masas en la vida interna de las instituciones políticas (Muñoz, 2018).
Los partidos políticos tuvieron muchas restricciones para asentarse en la nueva institucionalidad
con propósitos supuestamente democráticos, ya que se restringían las preferencias de los votantes, y se
buscaba cuidar de los privilegios del aparato político en formación, lo que dejó un antecedente para la
presencia del partido hegemónico.
El predominio político en la entidad y la lucha de las élites políticas inició con el Partido Socialista
de los Trabajadores (PST), que se empató con la representación ciudadana, las causas revolucionarias, la
libertad y la igualdad, buscando hacer compromisos y dar certidumbre a la población mediante un
programa de gobierno estable, coherente y que diera resultados; pero también bajo la búsqueda del
control político, sin contemplar la lucha electoral o la competencia entre partidos (Maldonado, 2000).
En 1921 Abundio Gómez Díaz se convierte en gobernador de la entidad para el período 19211925 mismo que con el apoyo de su hermano Filiberto, conformarían en 1925 un grupo político que
respondería a la razón de los hermanos Gómez Díaz a través del PST.
No fue hasta 1942, cuando por intervención presidencial (léase la presidencia del ejecutivo
federal) se decide desplazar el control político de la entidad a actores políticos distintos, con la intención
de crear un estado con certidumbre y estabilidad, tanto social, como política y económica, dando origen
a una élite gobernante que mediante la circulación de sus miembros y su adaptación a la coyuntura han
mantenido el control del ejecutivo estatal (Muñoz, 2018; Maldonado, 2000), tanto en miembros de dicha
élite como en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En la actualidad, esta entidad se compone por 125 municipios que se dividen en 45 distritos
electorales, constituyéndose en la entidad con mayor influencia política y electoral del país (INE, 2018).
En el estado de México se concentran 11,404,743 personas con derecho a votar, conformando el padrón
electoral más grande del país (IEEM, 2018). Tan sólo los municipios de Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Toluca de Lerdo, concentran el 31.72% del
total (INEGI, 2015a; IEEM, 2018).
Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

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Aunado a esto, la entidad cuenta con municipios y localidades de alto y muy bajo desarrollo,
mostrando grandes diferencias socioeconómicas y urbanas, entre las que sobresalen dos de las zonas
metropolitanas más relevantes del país, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y la Zona
Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT). En conjunto estas dos zonas aportan el 9% al

PIB

nacional,

convirtiéndose en la segunda economía más grande del país, sólo después de la Ciudad de México. A
pesar de esto, se estima que el 53% de su población se encuentra en condiciones de pobreza,
concentrándose ésta en zonas rurales.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2015b y 2017), y la
Asociación Civil Semáforo Delictivo (2017), coinciden en que el estado de México se ubica en el décimo
lugar (de 32) de las entidades con mayor presencia de corrupción en el servicio público, en el último
lugar respecto a eficiencia gubernamental y atención a las necesidades poblacionales, en el espacio 22/32
en crecimiento económico; en el 7° conforme al avance y cobertura educativa, así como en el 13vo lugar
respecto a las entidades más inseguras.
Con esto, la democracia y su desarrollo en la entidad se observa en la siguiente forma, cuadro 3:
Cuadro 3.
Índice de Desarrollo Democrático IDD-Méx 2014-2018 México
Estado de
México
IDD-Méx 2014
Valor
Posición
IDD-Méx 2015
Valor
Posición
IDD-Méx 2017
Valor
Posición
IDD-Méx 2018
Valor
Posición

Respeto de los
derechos
políticos y
libertades civiles

Calidad
institucional y
eficiencia política

Capacidad para
generar políticas
que aseguren
bienestar

Capacidad para
generar políticas
que aseguren
eficiencia
económica

IDD-Méx

4,275
26/32

3,356
18/32

-0,299
20/32

0,285
10/32

4,128
24°

5,005
26/32

3,774
15/32

-0,928
30/32

0,562
9/32

4,694
24°

4,903
23/32

2,025
27/32

-1,049
26/32

1,175
4/32

2,322
22°

5,015
16/32

2,306
25/32

-0,603
26/32

0,562
3/32

5,015
15°

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en el IDD-Méx. Nota: Respecto al 2016, se omite información
debido a que no se publicaron resultados.

Respecto a las tendencias político-electorales, “desde la década de los 90, los municipios
conurbados al Distrito Federal (ahora Ciudad de México) han mantenido una orientación básicamente
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opositora al PRI (hecho que no implica falta de alternancia)” (Padilla, 2007, pág. 80), creando el Corredor
Azul (compuesto por los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla,
Naucalpan, Huixquilucan, Zumpango), donde ha predominado el Partido Acción Nacional (PAN); y el
Cinturón Amarillo donde prevalece el Partido de la Revolución Democrática (PRD) (Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Tultitlán e Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cocotitlán, Tultepec, Tlatlaya, Amatepec,
Zacazonapan).
Por otro lado, tanto los municipios agrarios ubicados al sur del estado, en conjunto con los
municipios de población indígena (norponiente del estado), se han orientado hacia gobiernos priistas
(Cedillo, 2008; Reveles et al. 2012), la mayoría con alternancia. Asimismo, la participación electoral ha
oscilado según el tipo de elección, entre el 40% y 54%, de 1987 a 2017, por un lado, debido al incremento
poblacional, pero también, por un creciente interés de la sociedad en lo político, ver cuadros 4 y 5.
Cuadro 4.
Elecciones a la gubernatura del estado de México 2011 – 2017
Elección a gobernador del estado de México, 2011.
CANDIDATO

Elección a gobernador del estado de México, 2017.

PARTIDO

VOTOS

% VOTO

3,018,588

61.97

1

1,020,857

20.96

3

PRI
PVEM
PANAL
PRD
PT
CONVERGEN
CIA
PAN

598,045

4

SIN PARTIDO

11,100

1
2

LISTA
NOMINAL
NULOS

PARTIDO

VOTOS
1,955,347

33.56

2

PRI PVEM PES
NA
MORENA

1,871,542

30.78

12.28

3

PRD

1,084,571

17.84

0.22

4

PAN

682,520

11.27

5

INDEPENDIE
NTE
PT

130,100

2.15

65,471

1.08

10,555,669
178,813

PART.
CIUDADANA

CANDIDATO

6
46.15

LISTA
NOMINAL
NULOS

% VOTO

11,312,917

PART.
CIUDADANA

181,624
53.74%

Fuente: Elaboración propia (2021) con base IEEM (2018). Nota: Se ordenan de acuerdo con el ganador
de la elección y en orden descendente.
La sociedad mexiquense actual responde a lógicas y valores distintos a los prevalecientes durante
los años del presidencialismo y el sistema de partido hegemónico. La oferta política se difundía mediante
los medios de comunicación (totalmente bajo la dominación estatal), la población tenía menor
preparación profesional y la participación política se restringía al voto. Ahora, la composición de la
ciudadanía y del electorado son mucho más diversos (Pérez de los Reyes, 2001).

Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

141

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Cuadro 5.
Elecciones municipales mexiquenses 1990-2018
Alcaldías ganadas
por el PRI
%
Municipios con
alternancia
PAN
PRD
PVEM
PT
MORENA
Otros partidos
Total, de
municipios

1990
117

1993
110

1996
72

2000
69

2003
68*

2006
55*

2009
97*

2012
93*

2015
85*

2018
20*

97
4

91
11

58
50

57
53

53
58

44
70

78
29

74
32

68
40

16
105

2
2
121

5
3
3
121

22
26
1
1
122

30
21
1
1
122

24
23
4
5
124

28
23
2
17
125

12
6
2
8
125

16
3
3
10
125

17
16
3
1
3
125

33
2
5
1
56
8
125

Fuente: Elaboración propia (2021). Nota: con base en Padilla Macayo (2007); Revelez Vázquez et al. (2012);
IEEM (2018). * Años en que el PRI conforma coaliciones electorales para las elecciones municipales.

De inicio, la ciudadanía siente poca atracción por los partidos políticos, ya que la polarización de
estos y su actuar como oposición leal, sólo benefició a las élites políticas asegurándoles ingresos y
puestos políticos que ni merecían ni desempeñaban con eficiencia.
En cuanto al concepto oposición leal, se entiende como el compromiso de los partidos por llegar
al poder únicamente por medio de elecciones, rechazando clara e incondicionalmente el uso de la
violencia para obtener y retener el poder, pero manteniéndose al margen del partido dominante, es decir,
adoptan las reglas del juego democrático representativo y las respetan (véase Linz, 1996, págs. 70-72).
Por su parte, la perspectiva negativa que vive hoy en día el sistema de sistema de partidos
mexiquense, lo sitúa en una crisis de credibilidad, derivada de la carencia de respuestas a las ingentes
necesidades sociales y debido a las promesas incumplidas por parte de los gobernantes, al tiempo que
aumentó la participación política por otros medios, como la movilización social, las protestas, la
organización colectiva, alternativas donde los ciudadanos encuentran mejores respuestas (o por lo menos
nuevas alternativas) a sus necesidades y exigencias.
En la actualidad, los jóvenes se informan de lo político a través de redes sociales, y cada vez
menos mediante la televisión o la radio. Esto es resultado de una fuerte crisis de credibilidad de los
medios tradicionales. En su gran mayoría, la juventud mexiquense se mantuvo al margen del partido
dominante o fuera de la esfera de influencia de los partidos políticos, buscando nuevas alternativas de

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participación. Además, los jóvenes cuentan por lo general con mayor escolaridad y son más críticos
frente a la realidad política y social de la entidad (Pérez de los Reyes, 2001).
Lo anterior abre una brecha generacional cada vez más marcada entre las nuevas y viejas
generaciones. Las primeras ya no se identifican en su formación cívica ni ética con una ideología política
dominante (Pérez de los Reyes, 2001). A su vez, la población con mayor preparación se orienta
básicamente hacia partidos opositores, mientras que los grupos de mayor edad son más críticos al
momento de votar.
Por las características antes mencionadas, el estado de México resulta de interés ya que esta
entidad es considerada por analistas, expertos y medios de comunicación como el bastión político del
PRI, cuya dominación político-electoral viene desde, por lo menos, 1942. Pero también, la joya de la
corona gubernamental, aspecto que debe considerarse cuando se analiza al estado de México (y que lo
hace muy relevante como caso de estudio), es que existen especialistas e intérpretes de la realidad política
nacional, que consideran las elecciones de la entidad como un escenario donde puede apreciarse el
panorama general de los resultados electorales a nivel federal, es decir, como un preludio de lo que puede
acontecer en los comicios federales, o bien, es reflejo —en alguna medida— de la situación política
nacional.
Al tiempo, y de manera un tanto contradictoria, los procesos e instituciones electorales de la
entidad permiten que ningún actor político tenga certidumbre sobre los resultados, debido a la alta
competencia, el respeto al voto ciudadano, la existencia de un marco legal que protege las instituciones,
la inclusión de nuevos actores a la arena política, la imparcialidad y búsqueda de transparencia de los
comicios (Arzuaga-Magnoli et al. 2007; Méndez, 2007; Corona, 2012). Sin embargo, durante la jornada
electoral, sean comicios para elegir alcaldes, diputados locales, gobernador, o para cargos federales,
suelen denunciarse compra de votos, condicionamiento de programas sociales, intimidación para votar
en un sentido u otro, manipulación de resultados, opacidad económica y carencia de legalidad en las
campañas electorales. Son estas fuertes contradicciones en la entidad. Una democracia que no acaba de
llegar y un sistema autoritario (y prácticas antidemocráticas) que no terminan por irse.

Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

143

�Escutia-Miranda., R., &amp; Torres-Ruiz., R.

Teoría y praxis mexiquense
Los datos expuestos sobre la entidad permiten tener un panorama general sobre la apreciación de la
democracia y la consolidación de la ciudadanía, en específico, se observa que son formas recientes en la
política mexiquense —como nacional—, considerando que, en la entidad, 1942 marca el inicio de una
relativa estabilidad política, social y económica.
La implementación del régimen democrático, con sus implicaciones —interacciones entre Estado
y ciudadanos, exclusión de no ciudadanos—, es relativamente temprana, implica un proceso de
construcción, sujeto a la reconfiguración mediante el reconocimiento jurídico y social, lo que permite el
reacomodo de élites políticas, el ajuste de derechos, la incorporación de nuevas libertades y obligaciones
en la constitución local, la participación política a través de los partidos políticos, la consolidación de
instituciones sólidas con apego a la legalidad, un sistema electoral a prueba y error, así como la inclusión
de actores y medios alternativos de participación como las movilizaciones colectivas.
Debido a esto, las variables de estudio —democracia y ciudadanía— están sujetas a las
negociaciones y confrontaciones que entre los distintos actores, sean de la élite o la clase política, de los
agentes del Estado, de los medios de difusión, de los ciudadanos, de organismos civiles organizados o
del mercado, en la lucha y búsqueda de la justicia social; entendiendo esta última como la redistribución
hacia los que menos tienen, función primaria del Estado de acuerdo con Marshall (1985), Przeworski
(1998) y Rubio (2007). Sin embargo, dicha construcción, está sujeta a los valores e intereses colectivos.
Respecto a la ciudadanía, el estado de México dota de libertades, derechos y responsabilidades
—mediante la constitución política de la entidad— en igualdad de condiciones y cantidad a todos los
sujetos residentes en su territorio, sin embargo, al estar sujeta a la constitución federal, los derechos y
obligaciones se convierten en deberes ya que el artículo 4 de la constitución federal establece que es
obligación de todos los ciudadanos preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios
otorgados por la constitución.
En cuanto a los derechos que otorgan el disfrute de la vida digna en lo privado, se agrupan en el
titulo segundo, que abarca del artículo 5 al 20: igualdad entre ciudadanos; prohibición de la
discriminación; la educación —de calidad, laica, gratuita— atendiendo todos los tipos, modalidades y
niveles educativos; acceso a la ciencia y tecnología; manifestación de ideas —salvaguardando los
derechos de terceros—; acceso a la información —protegiendo la intimidad de la vida privada y la imagen
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de las personas—; alimentación adecuada; cuidado de la salud; promoción de la actividad física y
deportiva; respeto al honor; crédito y prestigio de los ciudadanos; derecho a la vida y la propiedad;
respeto al sufragio —como expresión de la soberanía popular—; protección de los derechos humanos;
procuración del desarrollo integral con enfoque sustentable, sin comprometer la satisfacción de las
necesidades de generaciones futuras, entre otros. Además de que se otorgan en lo intrínseco derechos,
libertades y garantías constitucionales establecidas en lo federal.
Como se observa, este reconocimiento de derechos y obligaciones es resultado de la construcción
paulatina de la ciudadanía, y su lucha por la igualdad, la justicia y la libertad, que han consolidado los
derechos civiles, los derechos políticos y los sociales, tal como nos lo comenta Marshall (1985).
En cuanto a la democracia, debido a la evidencia teórica y a los datos de la entidad, se infiere que
prima una democracia procedimental, consolidada desde el reconocimiento constitucional, y con su
ejercicio mediante un gobierno poliárquico, el cual según Dahl, está sujeto a la dirigencia de una élite
política que permite la representatividad, la participación concurrida, la oposición partidista, la
alternancia en el poder, el imperio de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, empero, reduce la
participación política a los procesos electorales y al voto; ya que es a través de las élites que se
desincentiva —en cierta medida— el involucramiento ciudadano en lo político, minimizando la creación
de alternativas políticas eficientes que resuelvan sus necesidades.
Coincidimos con Baras (1991) cuando afirma que con la existencia de una elitización de la
democracia o en una democracia de élites, hay un grado mínimo de participación política real, con
frecuencia reducida al voto y limitada al proceso electoral; pero también, existe una insuficiente
institucionalización y, sobre todo, una escasa organización del Estado, por lo cual su desempeño es
ineficiente al tratarse de la atención al ciudadano y en la resolución de sus problemas y necesidades.
De acuerdo con Arzuaga-Magnoni (et al. 2007) la permanencia de un grupo político en el poder
implica que un sector en particular imponga sus resultados y neutralice a los demás, utilizando las
instituciones en su favor, beneficiando al grupo dominante, y con la posibilidad de que todos salgan
ganando mediante algún recurso extraordinario. En este sentido, la competencia electoral y el voto no
eliminan el margen de acción de las élites, más bien, se vuelven más funcionales, en la medida en que
reclaman para sí un espacio de dominio y un control sobre las instituciones políticas.

Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

145

�Escutia-Miranda., R., &amp; Torres-Ruiz., R.

Para González-Ulloa (2017), a pesar de tener un panorama favorable en la entidad, los procesos
normativos, las condiciones socioeconómicas y las instituciones estatales, son insuficientes y no
impactan favorablemente en la democracia, por lo que debe propiciarse un alto grado de desarrollo
socioeconómico en toda la entidad, para crear un electorado más dinámico en sus preferencias, elecciones
más competitivas, con alternativas políticas reales, donde todos los sujetos tengan acceso a oportunidades
de vida digna y con calidad.
Dicho panorama queda en evidencia con los resultados de eficiencia que muestra INEGI (2017) y
Semáforo Delictivo respecto a la entidad, los cuales son bajos en relación con la eficiencia gubernamental
y la resolución de las necesidades de la población. Por su parte, la alternancia y las preferencias políticas
en la entidad, como el corredor azul o el cinturón amarillo, denotan la búsqueda de alternativas políticas,
ya que cuando las élites políticas y los partidos tradicionales en el poder son desplazados, los nuevos
actores políticos implementan procesos de innovación gubernamental, mejoras en la aplicación de
programas redistributivos y, la creación de políticas que resuelven las necesidades reales de la población.
El devenir histórico muestra que los cargos de representación popular a los que acceden las
distintas opciones partidistas son cada vez mayores, configurando un tránsito de un sistema de partido
hegemónico hacia un sistema de pluralismo extremo, donde existen partidos con distintas ideologías
políticas (centro, derecha, izquierda) como la posibilidad de candidatos independientes de partidos
políticos, lo que incrementa la posibilidad de alternancia e incentiva el juego democrático.
5.-CONCLUSIONES
La democracia mexiquense se ha consolidado como una democracia poliárquica con base en lo electoral,
la representatividad y el gobierno de élites que recirculan en los distintos cargos de elección popular, esto
ha consolidado formas clientelares de hacer política, que reducen la participación política al proceso
electoral, pero también, dota al ciudadano de derechos y obligaciones específicas que procuran la
estabilidad social y la reproducción del sistema, sin la garantía del cumplimiento de dichos derechos,
libertades y obligaciones.
Un fenómeno multicausal, por un lado, debido a la insuficiencia institucional actual que no
garantiza el estado de derecho, ni el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo, por otro lado, a la
escasa representatividad y limitada solución de las necesidades sociales por parte de los partidos

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políticos, pero también por el repliegue de la sociedad a lo privado, el desconocimiento de lo legal, así
como de formas alternas de participación política.
Al tiempo, derivada de exigencias sociales, intereses colectivos, negociaciones políticas y a
espacios de conciliación del gobierno con la sociedad, que dotaron a la constitución de 1995 de dichos
enclaves democráticos, entre derechos, libertades y obligaciones para el ciudadano como del Estado.
Llama la atención que la palabra democracia se menciona una ocasión en el párrafo 13 del artículo
11 de la constitución local, como tarea fundamental del instituto electoral del Estado de México, de igual
forma, la palabra democratización aparece una ocasión en alusión al sistema estatal de planeación
democrática, en el párrafo primero del artículo 139, en cambio el concepto democrática(o) se repite solo
en seis ocasiones, en el artículo tercero y 18 como forma de gobierno, en el artículo 5 como base de los
derechos y de la participación ciudadana, en el artículo 12 como forma de gobierno a través de la
representatividad de los partidos y las instituciones electorales y en el artículo 139 tanto en el primer
como segundo párrafo, en alusión al sistema de planeación democrática con base en planes y programas
que fomenten el desarrollo.
Por su parte, la palabra ciudadana(o), ciudadanía se repite a lo largo de los 150 artículos en alusión
de los pobladores del estado, sus derechos, obligaciones y formas de interacción con los órganos de
gobierno.
Con lo anterior, a pesar de contemplar la democracia y la ciudadanía como formas elementales
para la vida cotidiana, el gobierno y el desarrollo, no se precisan, ni se plantea postura o tipología alguna,
contemplándose de forma ambigua en los lineamientos normativos de la entidad.
Debido a esto y a los mecanismos en que opera la representatividad en la entidad, es posible
identificar una democracia electoral con tintes poliárquicos, hecho derivado del proceso histórico de
democratización nacional y local, que estuvo sujeto al presidencialismo, sin olvidar que los individuos
de la élite y la clase política local fueron los más cercanos a dicho régimen gubernamental, insertándose
en el gabinete oficial como en mandos medios del gobierno federal.
Al consolidarse una democracia de élites mediante lo electoral, se favorece la aparición de grupos
o facciones políticas que suelen imponer su beneficio, aún a costa de la población, acto contrario al
principio democrático de la regla de la mayoría. Para evitar esto, tanto la clase política y los agentes del

Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

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�Escutia-Miranda., R., &amp; Torres-Ruiz., R.

Estado deben constituirse como sujetos provenientes de distintas clases sociales, bajo un equilibrio social,
donde se garantice la participación de todas las facciones sociales, y se evite la concentración del poder
gubernamental en unos pocos -contrapesos y elementos de remoción de mandato-.
Para consolidar una democracia más robusta en la entidad, se debe especificar en la constitución
local el tipo de democracia y ciudadanía que se infieren a lo largo de sus diez títulos, al tiempo, las
oportunidades de vida digna y de participación en lo político deben pasar de lo escrito a la realidad; con
instituciones sólidas con autonomía, transversalidad y que no estén al margen del poder.
Si bien la constitución local dota de diversos derechos y obligaciones, estos pierden efectividad
en la práctica, dado que las instituciones son insuficientes, los marcos normativos están rebasados por la
realidad y los agentes del estado limitados en sus funciones en el mejor caso, y en el otro, bajo
desinformación de sus tareas.
Tanto en la administración pública como en la ciudadanía, se deben inculcar las virtudes públicas,
es decir, “la integridad, el patriotismo, la defensa de la libertad, la austeridad, la laboriosidad y la
honestidad” (Rubio Carracedo, 2007, pág. 89). Si esto se lleva a cabo se podrán reducir los vicios
públicos como la corrupción, la captura institucional y el acaparamiento de oportunidades y recursos,
que consolidan los privilegios de unos pocos a costa de la mayoría.
De igual manera, se deben incluir en la constitución política local, mecanismos de revocación de
mandato, y contrapesos que permitan a la sociedad ejercer su soberanía en forma directa y activa.
Por otro lado, aunque el ejecutivo estatal continúa bajo el partido clásico en el poder, las
dinámicas sociales actuales evidencian apertura a la democratización local a través del gobierno dividido,
la alternancia, el cambio de preferencias partidistas, una mayor información por medios alternativos,
derivados de cambios institucionales tanto en la constitución como en las formas clásicas de hacer y
entender la política en la entidad, así como de las exigencias sociales.
Lo anterior implica un acercamiento de la sociedad hacia lo político y deja entrever el
fortalecimiento de una incipiente ciudadanía activa, con mayor participación en la movilización
colectiva, y en la exigencia de sus derechos, áreas para futuras investigaciones.

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El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a
las restricciones de movimiento y reunión a raíz del
COVID-191
The right of freedom to profess the Catholic faith in the face of restrictions of movement
and assembly in the wake of COVID-19
Víctor M., Vera-García2; Francisco, Duarte-Tello3

RESUMEN
El presente artículo es fruto de una investigación que se enfocó en analizar la forma en
que los creyentes católicos comenzaron a vivir y continúan viviendo su fe a raíz de la
pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Tiene por objetivo pues, desentrañar si
las medidas de restricción de movilidad y reunión dictadas por distintos gobiernos
tuvieron en cuenta las expresiones religiosas y describir cómo los feligreses y autoridades
católicas se adaptaron a dichas circunstancias. La técnica de investigación del trabajo es
hermenéutica y el tipo de investigación cualitativo. Los hallazgos de la investigación
muestran un cambio en la forma en que los fieles profesan la fe, acentuado por la pandemia
y las restricciones de esta. Se han adaptado para el culto religioso las diversas herramientas
que aportan medios audiovisuales, digitales y las redes sociales.
Palabras claves: Derecho a la salud pública, derecho de libertad de culto, medidas de
restricción, movilidad y reuniones, religión católica.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 28-11-2020
Fecha de aceptado: 19-02-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is the result of research focused on analyzing the way in which Catholic
believers began to live and continue to live their faith in the wake of the SARS-CoV-2
pandemic. It aims to unravel whether the mobility and assembly restriction measures
dictated by different governments took into account religious expressions and to describe
how Catholic parishioners and authorities adapted to such circumstances. The research
technique of the work is hermeneutic, and the type of research is qualitative. The research
findings show a change in the way worshippers profess their faith, accentuated by the
pandemic and its restrictions. The various tools provided by audiovisual, digital and social
media have been adapted for religious worship.
Keywords: Catholic religion, mobility and assembly, restriction measures, right to
profess faith, right to public health.

Cómo referenciar este artículo:
Vera-García., V., &amp; Duarte-Tello., F. (2021). El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del
COVID-19. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 152-180. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-8

1

Este artículo es producto de un proyecto de investigación desarrollado por el interés particular de los autores, sin un financiamiento especifico, iniciado en
2020 y finalizado en 2021.
2
Academia Interamericana de Derechos Humanos, México. Especialista en Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos
Humanos, de la Universidad Autónoma de Coahuila, auxiliar de investigación, Academia Interamericana de Derechos Humanos, Email:
victorveragarcia90@gmail.com, Código ORCID: 0000-0002-9360-3067.
3
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, México. Especialista en Derechos Políticos por Perspectiva Internacional y Comparada,
Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Coahuila, subdirector de indicadores y calidad, Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Email: francisco.duarte@icai.org.mx, Código ORCID: 0000-0003-4772-2599.

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1.- INTRODUCCIÓN
La problemática planteada en el presente trabajo es el cuestionamiento de si los distintos gobiernos en el
mundo tomaron en consideración las prácticas religiosas dentro de los distintos decretos de restricción
de movilidad y reunión. Así mismo se plantea la interrogante de cómo los feligreses y autoridades
religiosas respondieron a dichas restricciones. Por tanto, el objetivo que nos fijamos en el presente trabajo
tiene un carácter descriptivo, el cual consiste en mostrar las distintas regulaciones para hacer frente a la
pandemia, sus consideraciones en cuanto a las actividades religiosas y por último presentar un panorama
sobre cómo se adaptaron las citadas actividades por parte de la población religiosa.
Cabe señalar que el alcance de la presente investigación se limita a las situaciones observadas en
relación con la religión católica, dejando si acaso como comentario las situaciones enfrentadas por otras
denominaciones religiosas. Así mismo los países que se tomaron como referencia son aquellos que
consideramos cuentan con una tradición católica importante, enfocándonos en países tanto
latinoamericanos como europeos. La razón de que la investigación haya abarcado este tipo de países se
debe en primer lugar a que buscábamos no sólo una tradición católica, sino una tradición que fuera similar
en cuanto a vivencias y prácticas, cuestión que se cumple con el grupo de países estudiados debido a su
relación histórica colonial con los países europeos (Ramírez Calzadilla, 2002, p. 215). Así mismo
buscamos países cuyos sistemas constitucionales y jurídicos fueran de derecho continental, cuestión que
también se cumple en los países de los cuales se habla en el presente artículo.
A lo largo de la investigación nos topamos con distintas limitaciones como las barreras del
lenguaje en ciertos países, como fue el caso de Alemania o Italia o la falta de dominio de las
particularidades de cada sistema constitucional y jurídico pese a las similitudes que guardan de forma
general. Sin embargo, la limitante que más pesó en el trabajo fue la falta de publicidad y difusión de las
medidas tomadas por los países en torno a la situación del ejercicio de los derechos religiosos, pues estas
cuestiones sólo se hacen evidentes si se realizan las búsquedas en lugares muy específicos o si se tiene
conocimiento de ellas a través de otros trabajos doctrinales.
Ahora bien, la razón para realizar la presente investigación es debido a que mucho se ha discutido
sobre los distintos derechos que se han visto afectados a raíz de la pandemia provocada por el COVID19. Sin embargo, el derecho de culto es uno de los poco estudiados, siendo que en general el derecho a

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la libertad de religión es poco estudiado y cuando se analiza, dichos análisis se enfocan más en la libertad
de creencias y no tanto en la implicación del derecho sobre la realización de actividades religiosas.
Antes de terminar con esta parte de la introducción cabe mencionar que a lo largo del texto se
estarán utilizando de manera indistinta las siguientes expresiones: profesión de culto, profesión de fe,
libertad religiosa y derecho de culto. Todas estas expresiones hacen referencia a un aspecto del derecho
de libertad religiosa, el cual es poder participar en las actividades de culto. En el caso de la religión
católica la actividad más común y recurrente es el de la celebración eucarística, mejor conocida como la
misa. No obstante, se debe recordar que existen otro tipo de actividades de la fe católica como son el
rezo de rosarios u otros rezos comunitarios, la realización de retiros espirituales y las celebraciones
propias de fiestas específicas como la Cuaresma, la Pascua, el Adviento o la Navidad; celebraciones que
tienen intrínsecamente un carácter comunitario.
Una vez señalado lo anterior procedemos a hablar de los antecedentes en la introducción para
posteriormente llegar al apartado del fundamento teórico.
La libertad es uno de los mayores anhelos humanos, pues es una de las necesidades fundamentales
de las personas y las sociedades que construyen. Por tanto, es uno de los primeros derechos consagrados
en los ordenamientos jurídicos de los Estados nacientes y se ha mantenido como tal a lo largo de los
distintos instrumentos de derechos fundamentales y humanos a lo largo del tiempo. Una de las vertientes
del derecho de libertad, es el de la libertad de culto que ha adoptado distintas formas y ha sido respetado
poco, nada o mucho en las distintas culturas humanas. El culto se ha dado a distintas fuerzas
sobrenaturales o seres superiores que han variado conforme a espacios geográficos, la cultura de los
creyentes, tradiciones y demás cualidades de cada seno social. Las religiones que nacen de las creencias
y los cultos de dichas entidades son uno de los pilares fundamentales de la humanidad. Estas religiones
han ayudado a justificar los desarrollos y sistemas de valores, así mismo han servido para justificar las
limitaciones de la propia conducta humana. Dejar de lado a las religiones en la historia de la humanidad
sería omitir un ámbito importante de nuestra evolución, debido a que las creencias religiosas han
contribuido a dar forma a estructuras sociales desde la antigüedad. Si bien, muchos actos atroces de la
humanidad se han generado por las mismas, no podemos negar que parte del desarrollo de nuestra
conciencia se debe en gran medida a las creencias, que inclusive lograron formar un sistema jurídico que
no sólo las protege, sino que establece las pautas y criterios para que, a pesar de la pluralidad cultural,
exista un equilibrio dentro de la convivencia social.
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Ahora bien, la religión como cualquier derecho debe observar ciertas condiciones de respeto de
otros individuos, que puedan o no tener estas mismas prácticas. El desarrollo de espacios donde se puedan
ejercitar las distintas prácticas de los creyentes ha sido una de las tareas fundamentales de cada gobierno.
La sana convivencia y el sentido de comunidad al momento de practicar los distintos cultos sirven a las
personas como parte fundamental de su libertad por lo que reprimirlas sería frenar el libre desarrollo de
la personalidad de cada uno. El actual panorama de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19
ha creado una situación problemática, pues debido a las limitaciones impuestas por los Estados a la libre
circulación y la realización de actividades de carácter social, ha evitado que miles de devotos puedan
acudir a sus templos o lugares de culto a fin de llevar a cabo sus ceremonias religiosas de forma ordinaria.
Esto ha provocado que las personas e instituciones religiosas se planteen nuevas alternativas para
practicar la profesión de la fe.
Así pues, el propósito del presente ensayo es presentar una perspectiva general de las nuevas
vivencias dentro del catolicismo generadas precisamente por la pandemia del COVID-19. En este
documento se analizará primero cómo se ha vivido a lo largo de los años esta religión y después se
presentará un panorama contemporáneo anterior a la situación del coronavirus. Posteriormente se hablará
de la relación que existe entre el derecho de libertad de culto y las restricciones para salvaguardar otros
derechos fundamentales como la salud pública. A continuación de eso se presentará un breve panorama
comparado de las restricciones en algunos países europeos y latinoamericanos, y la relación de dichas
restricciones con la libertad de culto. El ensayo continúa presentando las respuestas dadas a la situación
de restricción de movilidad y reunión, tanto por parte de la Iglesia católica, como por parte de los fieles
y autoridades dentro de distintos países. Para terminar, se presentan las reflexiones conclusivas de ambos
autores.
La vivencia de la religión en el tiempo: Un recuento general
La religión católica es una de las confesiones de fe humanas más antiguas, y tiene una importancia tal
que pudiéramos afirmar que es repaso obligatorio para cualquier análisis sociológico, histórico y jurídico
de la sociedad occidental. Esta incluso ha moldeado el pensamiento jurídico en grandes etapas de la
historia. En Latinoamérica y Europa esta fue el fundamento de gran parte de la conciencia de la
población, logrando crear una cultura que por muchos años guío el diseño jurídico de diversos países.
La Iglesia católica durante muchos siglos se constituyó como el poder más grande dentro de
Europa. Así pues, durante los siglos V y XV la religión definió parte fundamental de las actividades de
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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la población, gran parte de la población se componía de candidatos seleccionados al bautismo y estos
eran preparados para dar un paso a ser evangelizados o convertidos a la fe. Durante la primera etapa de
la Edad Media el bautismo de los niños se generalizó y por tanto las conversiones se realizaban en masa
hacia los pueblos. Esto tuvo como consecuencia que la voluntad de los jefes de cada esfera social fuera
la norma máxima y la inclusión de pastores laicos no eran los suficientes para corregir diversos errores
que ocasionaban estos últimos. El analfabetismo era una característica principal de la población cristiana
y de estos saldrían muchos de los sacerdotes que componían gran parte de las figuras de autoridad en la
sociedad (De Pablo Maroto, 1997, pp. 121-185).
Es importante señalar que la población, al desarrollarse con una influencia religiosa, trae como
consecuencia un diseño social basado en ella. La Edad Media pese a todas sus aportaciones, constituyó
uno de los episodios más atroces de la humanidad, sin embargo, autores cómo De Pablo señalan que,
para otros, representó una forma de mirar la evolución humana. Esto debido a que precisamente el cambio
de paradigmas establecidos antiguamente forjó un nuevo dogma que se incrustaba en la base primordial
del Estado (De Pablo Maroto, 1997, 121-185). La religión católica inclusive forjó una de las etapas de la
soberanía del Estado, en donde la figura de esta, representaba la máxima potestad, la cual posteriormente
sería sobrepasada por la figura del rey que haría una contundente auto asignación al definirse a sí mismo
como El Estado debido a su triunfo sobre la gran autoridad de la Iglesia y de los señores feudales que
durante esta etapa constituían las voluntades máximas, minimizando la figura del rey y pasando
significativamente por encima de ella (Tena Ramírez, 1978, pp. 39-43).
Posteriormente dentro del siglo XIX la colonización de los países europeos en América generaría
pequeñas sociedades que mezclarían parte de sus tradiciones culturales con la imposición del catolicismo.
Esto produciría una nueva etapa de la humanidad en donde la imposición tanto del castellano, costumbres
y religión, formarían un nuevo modelo social que no era completamente puro a comparación de los países
católicos de Europa, pero que logró dar una nueva visión a la práctica de la religión. Examinar la historia
principalmente de los países latinoamericanos es ver un reflejo del inicio del proceso evolutivo de la
experiencia europea. Las colonias poco a poco lograrían realizar sus revoluciones y modificarían la
potestad generada por sus colonos para lograr crear nuevos diseños de Estado (con bastantes fallas).
Dichos Estados querían desapegarse de lo que sus antiguos conquistadores diseñaron, pero que al final
solamente lograron ser un nuevo reflejo con diversas mutaciones de lo que ya había sucedido en el viejo
continente. El arte, la cultura, las prácticas sociales, costumbres, política, economía, todo en América se
basaba en la experiencia del catolicismo como pilar fundamental. Por muchos años el constitucionalismo
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en América, estableció como religión única y oficial la católica. Incluso en la Constitución de 1824 de
México se establecía en el artículo 3 a la religión católica, apostólica y romana como la religión de la
nación mexicana. Además, el preámbulo de la constitución definía la creencia de que Dios era el
“Supremo legislador” de la sociedad (Hernández Gaona 1993: 391).
Con el paso del tiempo, a pesar de que la religión católica se convirtió en la fe predominante de
América Latina, las distintas creencias se han vuelto más permitidas. La sociedad multi-religiosa
provocada por la inmigración y misiones realizadas por la propia iglesia, trajo consigo el problema de
reconocer la libre religión tanto en el aspecto individual como en el colectivo. El arraigo a las tradiciones
y dogmas generó polémica en la transición del Estado plenamente católico al laico, las leyes poco a poco
se fueron adaptando hasta cambiar aquellas costumbres legislativas y argumentativas que se centraban
en la ideología generada por el catolicismo. La prohibición de preferencias sexuales distintas a la
heterosexualidad, el rol de la mujer, inclusive el rol del propio hombre, estaban influenciados de manera
constante por las ideas religiosas y ortodoxas heredadas por generaciones, sin embargo, las nuevas
realidades, problemáticas y la nueva forma de ver al Estado generaron una conciencia más tolerante hacia
estos (Osuchowska, 2014, 64-86).
Gran parte de los Estados reconocieron el respeto de otras religiones y adecuaron su sistema al
principio de laicidad, con la finalidad de no influir en la conciencia tanto individual como colectiva de la
población y así permitir el libre desarrollo de la personalidad de cada una de las personas. En la actualidad
el papel de la religiosidad representa parte de la evolución dentro de la modernización, haciendo que la
concepción tradicional haya cambiado en gran parte de los países que se concebían como católicos. Esto
permitió a la libertad de culto darles a los países una visión más integral y menos discriminatoria, creando
así, una mayor convivencia y respeto hacia los demás.
2.- MÉTODO
Diseño
Para cumplir el objetivo del presente trabajo se empleó un diseño metodológico consistente en la
recabación de documentos para su lectura y estudio. Este fue el único diseño metodológico seguido que
corresponde con una técnica de investigación hermenéutica. Por tanto, las herramientas que los presentes
empleamos fueron diversos documentos entre los cuales se encuentran libros de doctrina jurídica,
artículos de divulgación científica y notas periodísticas que tuvieran relación con los temas propios de la
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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investigación que son las medidas de restricción de movilidad y reunión, el derecho de libertad de culto
y las respuestas de autoridades católicas y feligreses ante dichas medidas. De igual manera se consultaron
sentencias emitidas por tribunales y decretos ejecutivos y legislativos de los países estudiados que
tuvieran relación con los temas citados.
Como ya se adelantaba en la introducción, los criterios de inclusión o exclusión fueron la
búsqueda de países con una tradición religiosa católica. De igual forma nos enfocamos en países europeos
y latinoamericanos debido a sus similitudes en cuanto a sus sistemas jurídicos, basados en el derecho
continental.
Instrumentos
Para la presente investigación se utilizó un método de investigación hermenéutico únicamente. No se
realizó un trabajo que implicara la realización de un método de investigación cuantitativo. Pese a que en
el documento se mencionan algunas estadísticas, estas fueron incluidas con la intención de mostrar un
panorama sistémico de la situación creada por la pandemia en los países estudiados. La razón de esto es
debido a que la intención del trabajo es puramente descriptiva.
Por otro lado, no se utilizó instrumento alguno más que la toma de notas para dividir las consultas
realizadas por área temática y por países, agrupando sus similitudes y señalando sus diferencias. La
confiabilidad de dicho instrumento es meramente aquel que puede atribuirse a la falibilidad humana,
pues si bien se tuvo especial cuidado de no dejar de lado algún dato relevante o de desechar aquellos que
pudieran ser innecesarios, la realidad es que los errores pueden estar ahí presentes. Además, en general
el análisis de documentos puede caer en la subjetividad, pero se buscó de igual manera no dejarse llevar
por prejuicios o ideales preconcebidos de los autores.
Procedimientos
Las fases de la investigación fueron sencillas. Primero se inició con la observación de la situación a través
de noticias y posteriormente se procedió a la reunión de información por medio de artículos y libros; así
mismo se consultaron diversos decretos ejecutivos y legales de los distintos países que han implementado
medidas restrictivas de movilidad y reunión para hacer frente a la pandemia. Posteriormente se observó
nuevamente a través de noticias y algún que otro documento oficial de las autoridades católicas la
respuesta tanto de estas como de los feligreses respecto de las medidas de restricción.
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3.- DESARROLLO DEL TRABAJO
La vivencia de la Fe católica en el siglo XXI antes del COVID-19.
La religión católica si bien ya no es obligatoria dentro de los Estados, sigue teniendo una dominación
considerable dentro de la población (El Annuarium Statisticum Ecclesiae, es un documento estadístico
publicado por la Iglesia católica y en su versión del año 2017 estableció que en una población mundial
de 7,408 millones, los católicos bautizados son 1,313 millones, lo que equivale al 17.7% de la población
y distribuidos por continente estos son los porcentajes: 48.5% en América, 21.8% en Europa, 17.8% en
África, 11.1% % en Asia y 0.8% en Oceanía.), principalmente en América siendo esta la mitad del total.
Antes de la pandemia las rutinas en el ejercicio de la religión católica se organizaban conforme a un
calendario semanal, distribuyendo las misas y otro tipo de actividades de los días, a donde acudían miles
de creyentes. De igual forma, las tendencias de las prácticas religiosas en nuestro siglo variaron
notablemente, los procesos religiosos al igual que costumbres sociales no se mantienen de la misma
forma, por lo que los antiguos sacrificios realizados, en nuestros tiempos representan más una alegoría
que un requisito real para practicar el catolicismo. El ejercicio de estas prácticas tuvieron que adecuarse
al fenómeno de la globalización que logró no solamente darle una nueva visión a la institución de la
religión, sino que también permitió que esta no se ahogara en un marco de tradiciones, ritos y costumbres
antiguas que no se ajustaran a la realidad actual, así pues, el catolicismo obligatorio y recalcitrante que
se metía en el desarrollo de la personalidad del individuo mutó, de tal forma que se volvió un componente
en donde las personas por medio de su voluntad practican la religión.
En el siglo XXI ciertas ceremonias siguen presentando de forma inconsciente una influencia del
catolicismo que durante muchos años perduró. Los bautizos, las bodas, misas en honor a los difuntos,
reuniones de carácter más social, retiros espirituales, son solo algunas pocas de las muchas de las
actividades que los fieles realizan en su propia libertad y que llevan a cabo cotidianamente haciéndola
parte elemental de su vida. Sin embargo, el catolicismo en el siglo XXI presenta un declive dentro de su
ejercicio, la resistencia a la actualización de los preceptos católicos y el seguimiento de la escuela
ortodoxa ha traído consigo la pérdida del interés que antaño atraía a miles de seguidores. En la Europa
occidental el catolicismo se muestra desvitalizado y reemplazado por varios grupos carismáticos de
carácter protestante. Por tanto, la iglesia al momento de la elección del titular de la “Santa Sede” prefirió
con Francisco rejuvenecer los ideales del catolicismo a fin de ajustarse a las necesidades actuales y
realidades de la sociedad (Moran, 2016, pp. 1-40).

El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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Esta necesidad de revitalizarse constituyó uno de los cambios más significativos por parte de la
Iglesia católica, y cambió en gran parte el desarrollo de actividades de los creyentes. Así la religión
Católica se convertiría en el siglo XXI tanto para los antiguos y nuevos fieles, en un escape a las diversas
realidades que cada uno experimenta en su vida, es decir, la religión si la analizamos desde cierta
perspectiva, sirve para fortalecer la estabilidad mental de las personas. Es así como este rejuvenecimiento
que experimenta el catolicismo es de vital importancia pues deja atrás el relativismo moral de Benedicto
XVI y da paso a una nueva cultura y prácticas impulsadas por el nuevo pontífice para atender a la
concepción de la iglesia de los pobres, una especie de democracia que se centraría en el amor,
simplicidad, intelectualidad, el perdón y dejar a un lado los señalamientos hacia grupos vulnerables que
tenían un protagonismo nulo dentro del ejercicio de esta religión.
Así la iglesia, se presenta como una especie de recinto reformador que puede atender a miles de
personas, y por tanto ellas, pueden desenvolverse adecuadamente como si se tratara de una especie de
terapia psicológica ante las adversidades de la vida cotidiana, de nueva cuenta, recordemos que la
humanidad vive sumida en un campo rutinario que cada vez se deshumaniza más, las intensas jornadas
de trabajo cansan la mente de cada uno de los y las trabajadoras tomando el control completo de sus días,
por lo que las actividades en materia de culto, constituyen una salida y nueva esperanza para ellos
(Moran, 2016, pp. 1-40).
El derecho a profesar la fe y el derecho a la salud pública.
La actual contingencia sanitaria ha traído consigo diversas problemáticas que, en su momento no se
planteaban en la consciencia ni de la población ni de los titulares de los diversos poderes del Estado.
Estas han quitado la venda de los ojos a miles de juristas que alrededor del mundo establecían su modelo
como uno complejo y que se aterrizaba a las necesidades sociales, lo que claramente era más un espejismo
que realidad. El derecho de profesar la fe es uno de los derechos fundamentales que ha colisionado con
el derecho a la salud pública, y que ha dejado diversas interrogantes sobre cómo debe de actuar la
comunidad creyente ante esta situación.
Profesar la fe de forma libre, ha sido un proceso evolutivo que ha pasado por diferentes etapas.
Si bien, las personas realizaban actos tendientes a expresar su religión, esta era condicionada, debido a
que eran los propios gobernantes los que establecían que religión se tenía que seguir. La Paz de
Augsburgo firmada el 25 de septiembre del año de 1555 durante la mitad del siglo XVI, trataría de
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propulsar la libre religión, este acuerdo realizado entre católicos y confesionalitas, tendría como finalidad
el poder alcanzar un grado mayor de paz religiosa, al reconocer el pluralismo religioso en aquel contexto
histórico (Vera Urbano, 1983, 509-514).
Si bien, este pluralismo se encontraba un tanto delimitado por la voluntad del señor feudal hacía
sus súbditos, la intención era crear un ambiente de calma ante las constantes luchas por motivos de
religión. Así pues, por medio de este tratado, los Estados se obligaban no sólo a respetar la religión de
las personas a su cargo, sino que, además reconocían la existencia de otra cosmovisión religiosa diferente
a la suya. Con lo anterior igual evitaban influir en ella, y crear cierto grado de diplomacia ante algún
conflicto. En este sentido, el contexto es de vital importancia para delimitar una posible solución, en el
presente supuesto, hablamos de una época, donde evidentemente la noción de libertad era más un ideal,
sin embargo, este antecedente fue de vital importancia, puesto que como recordamos, la religión era uno
de los mayores motivos de desplazamiento al igual que el comercio, por lo que la concurrencia de devotos
en un mismo lugar era muy común, pues el ejercicio de profesión de la fe es en mayoría, un acto de
índole colectiva, que si bien parte de una espiritualidad interna, se expresa en gran medida en conjunto
con otras personas afines a ella. En el contexto de esta colisión de derechos, podemos tomar de referencia
ciertos artículos y casos en los que esto se ha visto contrapuesto y como la argumentación en la
interpretación de estos derechos recae mucho en el contexto del que se trate. En primer lugar, tendríamos
la problemática que nace de analizar ciertas posturas en relación con la religión y la salud. En este sentido,
algunas corrientes religiosas en Latinoamérica dan significado a los malestares percibidos hacia la
persona desde esta perspectiva de la noción del espíritu, persona, estado de la psique y otros más. Por lo
que la cura, según esta visión viene del espíritu, la psicología y el cuerpo. Por tanto, el someter enfermos
a profesionales de la salud debe de ir en conjunto con un grupo de médicos y psiquiatras además de
reintegrarlo a la comunidad religiosa (Giménez Béliveau et al. 2018, pp. 153-159).
Dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio EDH) en el artículo 9 se
establece la libertad de pensamiento, conciencia y religión y este establece los límites de su alcance, así
como las restricciones. El artículo establece la prohibición de restringir este derecho por motivos que no
sean óptimos para preservar principios fundamentales en la democracia del respectivo país, por lo que sí
es permisible establecer restricciones que tengan como objetivo la protección de los principios de estas
sociedades, y uno de estos principios es la salud pública. Por tanto, es válido según el Convenio establecer
restricciones en este sentido, pues la legitimidad radica en entender que son necesarias las suspensiones
de ciertos eventos de índole religiosa con motivo de preservar la salud pública. Considerando lo anterior,
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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es factible que los Estados establezcan limitaciones, pero también lo es, fundamentar la decisión en un
contexto adecuado, por tanto, la situación de emergencia actual y que ha cobrado miles de víctimas puede
ser tomada como legítima ante el riesgo que conlleva permitir la realización de estos eventos en la salud
de las personas. Como sabemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en conjunto con el Convenio
EDH ha desarrollado el concepto de margen de apreciación amplio en cuanto a las limitaciones de ciertos
derechos y los mantiene sujetos a tres fines distintos. El primero de ellos es que se encuentre previsto en
una ley, el segundo que siga una finalidad legítima y el tercero que sea necesario en una sociedad
democrática (Legg, 2012, 186).
Teniendo estos tres supuestos, lo que queda es desarrollar la argumentación con base al contexto
actual de la emergencia sanitaria, por tanto, el primer punto al hablar de la previsión en una ley sería
válido puesto que casi todos los Estados en Europa dentro de sus finalidades primordiales es la protección
al derecho de salud y más si se trata de una pandemia que afecta no solamente a la legalidad de una
norma, sino que va más allá de ella al poner en peligro de contagio a miles de personas. En segundo
lugar, la finalidad legítima, se ha ido estableciendo por el Tribunal el justificar dichas limitaciones en el
sentido que de reconocer algún acto derivado de una comunidad o convicción religiosa que ponga en
peligro la seguridad pública está plenamente justificada. Al final, entonces tendríamos la necesidad de la
restricción o limitación en una sociedad democrática la cual se argumenta a favor de la libre religión al
preservar el pluralismo, sin embargo, al tratarse de un riesgo potencial el practicar estas actividades pone
seriamente en una situación vulnerable a las personas que convivan cerca de estas comunidades.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala dentro de su artículo 12
la libertad de conciencia y de religión, y en el mismo sentido que el Convenio EDH señala la prohibición
de limitar este derecho excepto cuando se trate de una cuestión necesaria para proteger la seguridad, el
orden y la salud. Por tanto, la legitimidad de dichas restricciones es válida al limitar el ejercicio de este
derecho a fin de preservar la salud pública. En este sentido, el establecer el derecho a la salud como un
límite a la libertad de religión sería completamente válido debido a las posiciones anteriormente descritas.
Cabe señalar que estas restricciones van de la mano con las consideraciones de los Estados a fin de
preservar la salud como lo puede ser el suspender ciertos eventos sociales, públicos y tomar la vía de
dispositivos online como forma de llevarlas a cabo por lo que una restricción al acceso a estos medios
no estaría justificada, debido a que el peligro potencial de contagios es por medio de vías presenciales y
no de conexión remota.

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Queda entonces la discusión más bien, de si los Estados deben de aportar medidas que
contribuyan al ejercicio no presencial de estas comunidades y personas, debido a que como se dijo antes,
este tipo de actividades conforman parte del libre desarrollo de la personalidad y determinación de cada
una de las personas, sin contar el hecho de lo que esta fe representa para muchas otras, al ser un escape
y medio terapéutico para sobrepasar las desgracias y conflictos del diario o bien, disfrutar de la esperanza
que se deposita en ellos.
Las medidas de restricción de movilidad y el derecho de profesar la fe: Breve panorama comparado.
Ya se han presentado algunas consideraciones sobre lo que implica el derecho a profesar la fe y su
relación con el derecho a la salud pública. Así pues, se concluyó que es completamente justificable limitar
el derecho de culto en ciertos momentos de necesidad como el presentado por la pandemia. Ahora
hablaremos sobre el impacto que han tenido las medidas de restricción de movilidad en el derecho que
tienen las personas a profesar una religión. Como ya se anticipó en la introducción, profesar una religión
no significa únicamente ser libre de tener una creencia determinada, sino que implica el derecho a
practicar los ritos de culto y mostrar dichas creencias frente a terceros, como lo ha establecido el Tribunal
Constitucional español (Trib. Const., sentencia núm. 177/199, 11 noviembre 2020: Fj 9).
Ante el escenario de pandemia que se ha venido viviendo a nivel mundial, por lo menos desde el
mes de febrero de 2020, casi todos los países del mundo han establecido medidas de restricción de
movilidad y de reuniones grupales. La libertad de profesar una religión no sólo se vive en la intimidad,
sino que es un acontecimiento social y público. Por tanto, las mencionadas restricciones han afectado
también el citado derecho. De los decretos o acuerdos que se han emitido, algunos de ellos hablan
expresamente de las prácticas religiosas y otros sólo lo dejan implícito al mencionar la prohibición de
reuniones de manera general. Cabe señalar que, aunque el presente trabajo se enfoca en la vivencia de la
fe católica, las restricciones corresponden a todas las denominaciones religiosas en general. A
continuación, se señalan de forma breve las situaciones que algunos países europeos y latinoamericanos
han enfrentado con el inicio de la pandemia, como cada uno respondió a la misma y cómo estas respuestas
afectan el derecho de libertad de profesar la religión.
Alemania
En el país de Europa Central el primer caso de coronavirus se registró el 27 de enero del año 2020 en el
estado federado de Baviera, en donde se ha registrado la mayor concentración de casos del virus. En
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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Alemania al 13 de mayo del año en mención se habían registrado 7,634 muertes, de las cuales 2,209
fueron en Baviera. Todavía a marzo de 2021 los casos de coronavirus siguen siendo constantes e incluso
van en aumento de unas semanas a otras, siendo, por ejemplo, que al 5 de marzo se habían registrado en
el país 10,580 nuevos casos a comparación de los 9,997 de la semana pasada (The Local, 2021). Ahora
bien, Alemania se encuentra en una situación intermedia entre la separación de la Iglesia y el Estado y lo
que se denomina un Estado Eclesiástico. Esto se puede apreciar en el hecho de que en el país las
denominaciones religiosas con mayor presencia e incluso aquellas que no tienen tanta, pero cuentan con
una importancia tienen el estatus de corporaciones de derecho público (Berkman, 2020, p. 180).
En Alemania se cuenta con la Ley de Prevención y Control de las Enfermedades Infecciosas en
los Seres Humanos (Infektionsschutzgesetz - IfSG). Esta ley en su artículo 28 establece que la autoridad
competente puede restringir o prohibir eventos públicos u otras reuniones de personas bajo ciertas
condiciones. Ahora bien, esta ley federal debe ser implementada por cada Land alemán y así el 16 de
marzo de 2020 el Gobierno Federal y los primeros ministros de los Länder promulgaron un acuerdo
denominado Directrices para Frenar la Propagación del Coronavirus (The Federal Goverment, 2021). En
la directriz número III de este acuerdo se nos dice específicamente, que además de otras reuniones de
carácter recreativo o educativo, las reuniones en iglesias, mezquitas o sinagogas, así como las reuniones
de otras comunidades religiosas, deben ser prohibidas.
Las restricciones para poder acudir a los centros de culto trajeron consigo diversas demandas y
acciones judiciales. Sin embargo, de todos los casos que fueron presentados a la Corte Constitucional
Federal alemana, sólo uno de dichos casos prosperó. Este fue el de una asociación de mezquitas islámicas
de Baja Sajonia, que se decidió en la sentencia 1 BvQ 44/20. En dicho asunto un feligrés musulmán
solicitaba el poder acudir a su mezquita local los viernes durante el mes del Ramadán para poder realizar
sus oraciones. A criterio del tribunal, el reglamento que impedía el acudir a los templos era inválida
puesto que las autoridades deben de dar la posibilidad de revisar el caso concreto y determinar si en
efecto se pueden llevar a cabo ciertas actividades con las medidas pertinentes. Por lo tanto, no es válido
que la prohibición sea absoluta, como en el caso del reglamento reclamado, sino que estos documentos
de restricciones deben tener la posibilidad de que en circunstancias particulares se pueda acudir a los
templos (Tribunal Constitucional Federal, 1 BvQ 44/20, 29 abril 2020: párr. 16).
Otros asuntos presentados en tribunales locales no llegaron a un estudio del fondo, pues se
relacionaban con cuestiones de medidas provisionales. Diversos cuestionamientos se han presentado
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sobre las restricciones, como el hecho de si valía o no la pena pronunciarse sobre la validez o no de las
medidas si las organizaciones religiosas ya habían cancelado los servicios de culto. Al final, en cada una
de las decisiones de los tribunales el consenso parece estar en salvaguardar el derecho a la salud limitando
en la medida de lo posible las manifestaciones públicas religiosas (Berkman, 2020, pp. 185 y 186).
España
En España el primer caso registrado de COVID-19 se dio a conocer el 31 de enero de 2020 en la isla de
La Gomera, nueve días después se dio a conocer otro caso en Palma y fue el 24 de febrero cuando se
detectaron los primeros casos en la península en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad
Valenciana (Arroyo, 2020a). Con el paso de los días los contagios sólo fueron aumentando hasta superar
los 4200 casos positivos de entre los cuales 120 personas fallecieron de acuerdo con el Ministerio de
Sanidad (Arroyo, 2020b); fue entonces que el gobierno decidió tomar medidas. El gobierno español
promulgó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, “por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Con este estado de alarma se
decretaba por quince días la restricción de casi todas las libertades de movimiento y producción
económica, entre las restricciones se encontraban también prohibidas las reuniones públicas (Fernández
Riquelme, 2020, p. 15).
A la anterior declaración le siguieron otras que modificaban o prorrogaban la misma, a saber, y
como lista más bien ejemplificativa antes que extensiva podemos mencionar: el Real Decreto 465/2020,
de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020; el Real Decreto 487/2020, de 10 de
abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020; el Real Decreto
514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020; el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado
por el Real Decreto 463/2020; y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
En lo que se refiere a cuestiones de culto el Real Decreto contempló las mismas en su artículo 11.
Este artículo hablaba no sólo de las ceremonias religiosas, sino también las civiles y a diferencia de lo
que se pueda pensar el mismo no prohibía dichas celebraciones, sólo las condiciona a las medidas de
sanidad decretadas y que los asistentes respeten la sana distancia de al menos un metro. Así mismo, en
el anexo de lugar que deberán permanecer cerrados no se citan templos religiosos, por los cuales estos
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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en teoría podrían seguir siendo visitados, sin embargo, se debe entender que, de acuerdo con las otras
estipulaciones del Real Decreto, las concurrencias a dichos lugares deberían ser menores. Cabe destacar
que a pesar de que con posterioridad el gobierno español continuó emitiendo modificaciones a sus
decretos para ajustarse a las situaciones ocasionadas por la pandemia hasta el momento la resolución
inicial respecto a las ceremonias civiles, de culto y religiosas no ha cambiado, se deben seguir adoptando
las medidas pertinentes al momento de realizar dichas ceremonias.
Otros documentos destacados en relación con las restricciones de movimiento y la libertad
religiosa son la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones
sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de
prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos
afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en su artículo 5 autoriza nuevamente
los velatorios y entierros con límite de personas que participen en dichas actividades. Por su parte en el
artículo 6 se permite la asistencia a lugares de culto siempre y cuando no se supere un tercio del aforo
del recinto y se sigan las medidas de higiene. A esta orden sigue la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,
que en su artículo 9 establece reglas para cuando el aforo de un recinto de culto no estuviere claramente
determinado. Por último, tenemos la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que en su artículo 9 amplía
la capacidad de asistencia al 50 por ciento del aforo del recinto de culto.
Italia
Italia fue el primer país europeo en confirmar un caso de COVID-19 en la ciudad de Codogno, Lombardía
el día 21 de febrero de 2020. Con este primer caso confirmado se da por iniciada oficialmente la pandemia
en Europa y así Italia se convirtió en uno de los países más golpeados por el nuevo tipo de coronavirus.
A un año del inicio de la pandemia las autoridades han reportado que se tienen registrados al menos unos
2,800 millones de contagios y más de 95,000 fallecimientos. A febrero de 2021 se estima que la tasa de
contagio diaria es de 636 casos por cada 100,000 habitantes. En el país se empezaron a tomar medidas
para hacer frente a la pandemia desde el cinco de marzo cerrando centros educativos, el 8 de marzo se

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decretó a toda la región de Lombardía y otras catorce provincias más como zonas rojas y finalmente el 9
de marzo Italia se convirtió en el primer país del mundo en confinar todo su territorio (Tori, 2021).
El documento que puso a todo el país europeo en cuarentena fue el Decreto del Presidente del
Consejo de Ministros, de 9 marzo 2020, que estipulaba en su artículo 1.2 que estaban prohibidas en todo
el territorio nacional cualquier reunión de personas en lugares públicos o lugares abiertos al público.
Ahora bien, dicho decreto sólo hace extensiva la restricción a toda la nación, pues es una ampliación de
las disposiciones del Decreto-ley núm. 6, de 23 febrero 2020 y del Decreto del Consejo de Ministros de
8 marzo 2020.
Es en este último decreto donde se establecen todas las medidas que restringen la movilidad y las
reuniones. Los eventos de carácter religioso también están contemplados específicamente en el artículo
1.1.g), donde se decreta su suspensión, junto con otras actividades de la vida cotidiana de las personas.
Por otro lado, el decreto citado señala también lo conducente en cuanto a la apertura de lugares de culto.
En el artículo 1.1.i) se nos dice que dicha apertura estará condicionada a la adopción de medidas de
seguridad como el evitar aglomeraciones de personas y respetar la sana distancia establecida de 1 metro.
Finalmente, en dicho artículo se nos dice también que quedan suspendidas las ceremonias civiles y
religiosas, incluidas las funerarias.
Brasil
En Latinoamérica Brasil es el país que más ha sido golpeado por la pandemia, esto debido a la falta de
una respuesta eficaz del gobierno para hacer frente a la situación desde que se confirmaron los primeros
casos, según diversas opiniones (Gilbert, 2021; Royo Gual, 2021). De hecho, el país sudamericano es a
marzo de 2021 el segundo país con más muertes registradas a causa del COVID-19, con una suma de
270,656 defunciones, sólo después de Estados Unidos. Se estima que el 21 por ciento de todas las muertes
ocurridas en el mundo por la pandemia se encuentran registradas en este país (Redacción BBC News
Mundo, 2021).
En dicho país se decretó el 6 de febrero de 2020 la Ley 13,979, que establecía medidas preventivas
para hacer frente a la emergencia de salud pública derivada de la pandemia que se empezaba a vivir.
Dicha ley en su artículo 3 estableció cuales eran las posibles medidas que debían implementarse por parte
de las autoridades en la esfera de sus competencias. Entre estas se encontraban el aislamiento, la
cuarentena y la realización de exámenes médicos o cualquier otro procedimiento de naturaleza clínica
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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para determinar o salvaguardar la salud de las personas. En la primera versión de esta ley no existía una
disposición específica que hablara de las actividades religiosas, sin embargo, a la misma se le fueron
adicionando nuevos artículos y disposiciones entre las cuales se hace referencia cuestiones religiosas.
La Ley 14,019 de 2 julio 2020 modificó la primera a la que se hace referencia y adicionó el
artículo 3-A, que decreta la obligatoriedad de usar cubrebocas para circular en espacios públicos y
privados con vías de acceso públicas, así como en el transporte público. Además, en la fracción III de
dicho artículo se establece el uso obligatorio del cubrebocas entre otros lugares, los templos religiosos.
Por otro lado, la Ley 14,023 de 8 julio 2020 añade medidas para asegurar la salud de los profesionales
considerados esenciales en el control de enfermedades y mantenimiento del orden público. Entre ellos se
lista en el § 1, fracción XX a aquellos trabajadores de los servicios funerarios y autopsias, actividades
que se encuentran relacionadas con el ámbito religioso.
En las leyes anteriormente citadas no se habla específicamente de un confinamiento o restricción
de reuniones obligatorios, sólo se enuncian las medidas que se pueden tomar para evitar la propagación
de la pandemia, por tanto, se entiende que, al menos formalmente las actividades religiosas sólo están
condicionadas al seguimiento de las medidas sanitarias de prevención.
Colombia
Muchos países latinoamericanos han sido golpeados por la pandemia de forma similar, Colombia es un
país que debido a esta situación ha tenido que enfrentar una crisis política, económica, social y de salud
sin precedentes. El primer caso se confirmó en una rueda de prensa el 6 de marzo de 2020, siendo la
primera paciente una mujer joven que provenía de Europa. Sin embargo, mientras se anunciaba esto ya
se conocía de otros casos de coronavirus en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena y Huila. A
marzo de 2021, en Colombia se tiene un registro de 2,314,154 personas contagiadas, una cifra muy
similar a la de otros países latinoamericanos como México y Argentina. La cifra de personas fallecidas
varía, pues en Colombia los decesos 61,498, han sido menos que los de México y un poco mayores que
los de Argentina, por ejemplo (Semana, 2021).
Para hacer frente a la pandemia en Colombia, se expidió el Decreto 457/2020, de 22 marzo 2020,
por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, el cual regula las medidas de aislamiento
del país durante la cuarentena decretada. En dicho decreto el artículo 1 estipula los horarios desde que
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comienza el confinamiento hasta la tentativa fecha y hora en que finalizaría el mismo. Por su parte, el
documento también señala en su artículo 3 que, para garantizar el derecho a la vida, las autoridades
gubernamentales deberán permitir la circulación de las personas para realizar determinadas actividades.
Entre dichas actividades destacan las señaladas por el apartado 9, que menciona las actividades
funerarias, entierros y servicios fúnebres, así como el apartado 29 del mismo artículo que señala las
actividades humanitarias y de ayuda espiritual.
Como se señaló, en Colombia no se restringió la asistencia a los templos o recintos de culto, sin
embargo, sí se decretaron medidas de sanidad que en realidad son recomendaciones. Estas se estipularon
en un documento denominado Recomendaciones para la prevención y contención del coronavirus
(Covid-19), en el sector religioso, emitido por la Mesa Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio
del Interior. En el citado documento se detallan las medidas que se deben de llevar a cabo durante las
ceremonias religiosas, como evitar el tocamiento de manos entre personas, el uso del gel antibacterial, la
desinfección de los instrumentos para los ritos o la evacuación rápida del recinto una vez finalizada la
ceremonia. Cabe señalar que este documento, aunque es de carácter general tiene una inclinación
implícita hacia las denominaciones cristianas.
México
En México, el primer caso positivo de COVID-19 se registró el 27 de febrero, por su parte el primer
fallecimiento se registró el 18 de marzo, tres semanas después (Animal Político, 2020). Para dar respuesta
al creciente número de contagios y de fallecimientos se publicó primero en el Diario Oficial de la
Federación el “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria,
así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia” y el mismo día,
de conformidad con dicho acuerdo la Secretaría de Salud decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia,
que se extendería hasta el 30 de mayo. Además de lo anterior cabe señalar que la Secretaría de
Gobernación mediante el comunicado núm. 034/2020, de 31 marzo 2020 exhortaba a los centros de culto
a suspender sus actividades (Gobierno de México, 2021).
Tras el periodo establecido se dio inicio a lo que se denominó nueva normalidad, acompañada de
un método de medición de riesgo en forma de semáforo epidemiológico, el cual maneja cuatro colores:
rojo, naranja, amarillo y verde. Dicho semáforo empezó con todas las entidades del país en rojo, para
posteriormente el 12 de junio señalar doce estados en color naranja. Dicho semáforo ha traído consigo
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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críticas por parte de cierto sector poblacional y algunas autoridades de las entidades federativas. En un
video publicado por el portal de noticias Animal Político se declaró que, de acuerdo con las estimaciones,
en las próximas semanas a su publicación (20 de agosto) en México se rebasaría el número de muertes
en 60 mil. Lo anterior tras sólo seis meses de pandemia (Animal Político, 2020).
La Jornada Nacional de Sana Distancia no tuvo la fuerza que se buscaba para hacer frente a la
pandemia por lo que algunas autoridades de las entidades federativas decidieron promulgar sus propios
decretos de restricción de movilidad para hacer frente a la pandemia, como por ejemplo el estado de
Veracruz que publicó un decreto de fecha 7 de mayo de 2020, denominado “Decreto por el que se
determinan medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad
inusual derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) en el
territorio del Estado de Veracruz”. Otro ejemplo es el de Coahuila con el “decreto por el que se emiten
las disposiciones relativas a la movilidad de las personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza durante
la contingencia COVID-19” del 22 de abril.
Ahora bien, dentro de los múltiples folletos e información dada por parte de la Secretaría de Salud
y del gobierno no se mencionó alguna medida relativa a ceremonias religiosas o de culto. En este sentido
las medidas se limitaron a informar que se suspendían las actividades no esenciales que involucraran la
congregación o movilidad de personas y que se sustituirán por actividades que promuevan la sana
distancia (Secretaría de Salud, 2020). En este caso se puede entender que los ritos religiosos, incluidos
los católicos son actividades no esenciales, así lo entendieron las autoridades que decretaron el cierre de
los templos (Corpus Flores, 2020, p. 41).
Las respuestas de los fieles: Entre acomodo y peticiones.
Una vez visto cómo distintos Estados han respondido ante la pandemia del COVID-19 y la repercusión
que las medidas tomadas han tenido sobre la libertad de culto, pasaremos a hablar sobre cómo se han
vivido las restricciones por parte de las autoridades eclesiásticas y los feligreses. Primero que nada,
hablaremos de la renovada religiosidad y las nuevas formas en que se está viviendo esta y posteriormente
se hablará de casos en particular. Estos casos en particular son muestras tanto de la aceptación de las
medidas restrictivas como de la disconformidad y desobediencia a las mismas.
La religión es uno de los aspectos de la vida al que más recurren las personas cuando se enfrentan
a experiencias dramáticas como el enfrentar peligros que amenazan la vida misma. La pandemia
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provocada por el COVID-19 resulta ser una de esas experiencias dramáticas, por lo tanto, no resulta
extraño corroborar que desde empezada la pandemia gran parte de la población haya acudido al consuelo
que ofrecen las religiones, como la católica. Desde los primeros meses de la pandemia se ha detectado
un incremento en la religiosidad en diversos países en el mundo. En una escala global se ha detectado un
incremento del 50% de búsquedas en Google relacionadas con rezos a comparación de los días anteriores
a la llegada del COVID-19. En una escala menor, un cuarto de la población adulta en Estados Unidos ha
afirmado que su fe se ha incrementado debido a la pandemia de acuerdo con una encuesta del Pew
Research Center. La situación cambia de acuerdo con los países pues mientras que en Italia se ha
encontrado un incremento en la oración, en Países Bajos la cantidad de esta parece no haberse visto
afectada (Molteni et al., 2021, p. 705).
Por su parte, debido a la cancelación de las celebraciones eucarísticas o fiestas religiosas como
las de la Pascua la vivencia personal de los fieles se modificó rotundamente. En este sentido la tecnología
resultó ser un importante aliado pues fue a través de las transmisiones en facebook o en otras plataformas
digitales, los fieles podían unirse a las oraciones del rosario o sintonizar la misa dominical desde sus
casas. Por otro lado, grupos pastorales o diocesanos, sacerdotes y obispos crearon grupos de WhatsApp
para vivir y compartir la fe (Rodríguez Olivera, 2020, 82).
Cabe destacarse que, además, los tiempos que se dedican al culto se flexibilizaron; en segundo
lugar, la incertidumbre provocada por la pandemia y todas sus repercusiones hacen más necesaria la
comunicación con el ser divino; en tercero podemos señalar que los medios digitales ayudan a acercar al
feligrés a figuras de liderazgo y así mismo, aunque parezca paradójico traen consigo la menor necesidad
de intermediarios (Corpus Flores, 2020, pp. 44). Además, a través de entrevistas que se han realizado
con personas practicantes de la fe católica se observa que muchas de ellas se han adaptado e incluso han
encontrado mayor fuerza y unión familiar debido a la renovada religiosidad que se ha vivido a nivel
mundial. También se han hecho más comunes las actividades de ayuda a los más necesitados (Rodríguez
Olivera, 2020, pp. 88 y ss.).
Ahora bien, la respuesta de las autoridades eclesiásticas fue en general acorde con las
disposiciones que decretaron los gobiernos. De hecho, en Italia, el Papa Francisco anunció que las
ceremonias relacionadas con la Pascua católica se realizarían en la Basílica de San Pablo como es
acostumbrado, pero sin asistencia por parte de los fieles y que serían transmitidas a través de los medios
digitales (San Martín, 2020). En el mismo país otros párrocos como Don Andrea Vena, sacerdote de la

El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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ciudad de Venecia han recurrido a prácticas creativas como subir a una camioneta y comenzar a bendecir
a la población a través de un megáfono (Roberts y Stamouli, 2020).
En Colombia por ejemplo la Conferencia Episcopal emitió un comunicado manifestando su apoyo
a las medidas interpuestas por el gobierno. Pidiendo así a la comunidad que mantuviera la calma y a
aquellos feligreses que presentaran síntomas se les conmino a que no asistieran a misa. Sacerdotes de
Colombia señalaron que las medias son consideradas por la Iglesia como sabias y prudentes, así mismo
han reiterado la importancia que tienen para los sacerdotes la dignidad y el cuidado de las personas
(Redacción Vida, 2020). En Paraguay sucedió algo similar, pues hasta el 8 de 2020 los fieles católicos
podían continuar acudiendo a las celebraciones eucarísticas, para lo cual la Conferencia Episcopal
Paraguaya emitió un protocolo que contenía medidas de seguridad e higiene durante las celebraciones
religiosas. Sin embargo, cuando en el país aumentaron los contagios y las restricciones de movilidad por
parte del gobierno fueron más severas, la misma Iglesia hizo un llamado a los feligreses con el slogan
“quédate en casa”, avocándose al uso de las redes sociales para continuar con su labor (Rodríguez
Olivera, 2020, p. 83).
En México hubo también un ambiente de cooperación de las autoridades religiosas con las
disposiciones gubernamentales. La Conferencia del Episcopado Mexicano, por ejemplo, publicó el
Comunicado COVID-19 Emergencia Sanitaria, de 16 marzo 2020 (Conferencia del Episcopado
Mexicano, 2021), en donde se ordenaba a los obispos del país suspender encuentros de grupos numerosos
y las celebraciones de las misas. Por otro lado, pide que se facilite en la medida de lo posible la
transmisión de las misas a través de plataformas digitales y medios de comunicación públicos y privados.
La labor de las autoridades eclesiásticas no sólo es de guía espiritual, sino que, debido a su fuerte
influencia en las convicciones de sus feligreses, también tienen una labor de guías en lo que las personas
deberían o no hacer. Las opiniones de los sacerdotes son muy importantes para muchos, por eso destaca
en momentos más recientes de la pandemia la labor que se lleva a cabo en Filipinas para que la población
acepte ser vacunada en contra del virus.
No es extraño observar que muchas personas en el mundo tienen un recelo en contra de las
vacunas. Se puede destacar, por ejemplo, el caso de Filipinas en donde aún se recuerda la controversia
de la vacuna contra el dengue de 2018. En aquel momento se argumentó que la citada vacuna condujo a
la muerte de más de cien personas. Es por eso por lo que, en el caso de las vacunas que se están
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suministrando contra el COVID-19, la Iglesia católica ha decidido realizar una iniciativa de vacunación
de sus miembros. Poniendo así el ejemplo y siguiendo ellos mismos el ejemplo del Papa Francisco que
recibió la vacuna en enero de 2021, para incentivar la confianza de la población en las vacunas. Así pues,
se considera que la colaboración entre los gobiernos y la Iglesia ayudará mucho no sólo en Filipinas, sino
en otras partes del mundo a promover la necesidad de la vacunación, sobre todo en países con una
influencia católica importante (Gopez, 2021, p. 1).
Ahora bien, respecto a las manifestaciones de disconformidad o desobediencia de las medidas
podemos mencionar algunos ejemplos. En Italia, en la parroquia de Santa María Mater Ecclesiae de via
Solangai, en el barrio de Torrino, al sur de Roma, el sacerdote ha seguido celebrando misa. Lo que podría
ser un problema de esta situación es que, en muchas de las celebraciones, aunque las personas mantienen
las sanas distancias, al momento de la eucaristía, esto es la parte de la misa donde los fieles reciben el
“cuerpo de Cristo”, el sacerdote no usa guantes o cubrebocas (Algañaraz, 2020). Si bien vemos que en
algunos lugares la prohibición de las celebraciones religiosas no está del todo prohibida, este si deben de
cumplir las medidas de seguridad decretadas. También ha habido situaciones interesantes en ciertos
Estados que apelan a una fe colectiva para ser protegidos ante el coronavirus. Tal es el caso de Bolivia,
cuya presidenta interina Jeanine Áñez solicitó la ayuda de Dios a través de un comunicado por la
televisión y convocó al ayuno y oración por un día entero como forma de enfrentar la pandemia (El
Economista, 2020).
En algunos países tanto europeos como latinoamericanos se empezó a dar un pequeño
movimiento de parte de reducidos grupos religiosos que exigían a las autoridades católicas, no al
gobierno, la reapertura de los templos y la posibilidad de celebrar la misa. Destaca el movimiento en
Europa de grupos de jóvenes austriacos, españoles, franceses y alemanes que a través de videos
publicados en internet solicitaron a los obispos que les “devuelvan la Misa” (LifeSite News, 2020).
Incluso algunos grupos políticos en España apoyaban las solicitudes de reapertura de templos (Rubin,
2020; Redacción Hispanidad, 2020). En Argentina, tres obispos opinaron sobre las solicitudes y las
desestimaron como poco razonables, recordando a los feligreses que lo más importante en el momento
era la procuración y cuidado de la salud de la población, en especial de la de riesgo (Religión
Confidencial, 2020).
Un suceso interesante se dio en abril y al parecer tuvo una especie de efecto dominó. Lo que
aconteció fue que a través de redes sociales circuló un video donde se alegaba supuestamente la
persecución policíaca por parte de la Guardia Civil en España, en contra de personas fuera de una iglesia.
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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Aparentemente lo único que exigían las personas era poder acudir al templo y celebrar la misa. Este video
fue utilizado por parte de grupos católicos concretos, tal vez en contra del gobierno, para señalar por una
parte la intransigencia de las autoridades y por otra lo importante que es para ellos la celebración de la
misa. Este video resultó al final ser sacado de contexto pues fue publicado el 14 octubre de 2019 cuando
un grupo de personas quería entrar a la Basílica del Valle de los Caídos, donde estaban enterrados los
restos del general Francisco Franco, algunos meses antes de que se diera en el mundo siquiera el primer
caso de COVID-19 (Redacción Animal Político, 2020). No obstante, el video no tiene nada que ver con
el acontecimiento de la pandemia, que parece que dio algunos frutos. Pese a que no viene a cuenta del
presente ensayo resulta interesante y no está de más recordar lo importante que es la verificación de fake
news en un contexto como el que nos encontramos para evitar situaciones alarmistas.
Cabe decir que las anteriores situaciones son muy aisladas y los movimientos de rebeldía o de
protesta en contra de las medidas de restricción, al menos en materia de profesión de fe y ceremonias
religiosas, no tuvieron mucha convocatoria. La realidad mayoritaria fue, al contrario. Gracias a la
comunicación eficiente entre autoridades y feligreses y sus representantes se pudo llevar a cabo la
tradicional celebración de la Pasión en Iztapalapa en México, por ejemplo. Otra práctica que se modificó
ante la situación fue la de las celebraciones, ya que muchos sacerdotes católicos han decidido celebrar
misas a través de plataformas digitales (Corpus Flores, 2020, pp. 41 y 43). Tal es el caso, por mencionar
un ejemplo, del papa Francisco que realizó diversas ceremonias durante la Pascua en el mes de abril y
que aún sigue transmitiendo por medios digitales la celebración de la misa (Domènech, 2020; Vatican
News, 2020).
Por último, debido a la pandemia y las restricciones de movimiento y reunión que la misma trajo,
se presentaron otros fenómenos sociales. Entre ellos se encuentra un nuevo concepto social denominado
Hogar-Mundo. Este concepto ha tomado fuerza entre los nuevos puritanismos ligados a la religiosidad.
En pocas palabras se refiere a una noción de que el ambiente hogareño, lo privado prima sobre lo público.
Ya no se habla de llevar los valores familiares hacia afuera sino, una especie de hermetismo contra una
“contaminación” del exterior (Gaytán Alcalá y Bernal, 2021). Por otro lado, la vivencia de la religiosidad
entre las comunidades indígenas también representa un fenómeno digno de estudiarse aparte. Esto debido
a las particularidades que para los pueblos indígenas representa su conexión con lo espiritual (Morayta
Mendoza, 2021).

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4.- CONCLUSIONES
A lo largo del presente artículo se observó como diversos gobiernos tomaron en consideración las
prácticas y actividades religiosas al momento de determinar las actividades que se podían continuar
realizando y cuáles actividades no eran indispensables. Algunos gobiernos se enfocaron de forma
consciente a regular las reuniones y actividades religiosas, mientras que otros sólo enunciaron las
restricciones sin mayores detalles. Algunos países incluso tomaron una postura de decreto de medidas
que, aunque en apariencia neutras, se enfocan bastante en regular las prácticas desde un punto de vista
cristiano católico, como en el caso colombiano. Estas regulaciones fueron recibidas por algunos
académicos con cuestionamientos y se preguntaron si no había otra forma de tomar medidas menos
restrictivas para el desarrollo de actividades religiosas y la profesión del culto.
Por otro lado, las autoridades católicas recibieron con buen agrado las medidas y se adecuaron a
ellas emitiendo sus propios comunicados y recomendaciones. Estas guías de actuación que coincidieron
muchas veces con lo estipulado por los gobiernos fueron implementadas tanto por la máxima figura de
autoridad católica, el Papa, hasta por las autoridades eclesiásticas de cada país. Por su parte la respuesta
de los fieles también fue de aceptación y adaptación, puesto que, al no poder salir de sus domicilios,
muchos recurrieron a otras alternativas para poder realizar sus prácticas religiosas.
En cuanto a la adaptación y búsqueda de alternativas cabe señalar la importancia que tuvieron y
siguen teniendo las tecnologías actuales. Como son las redes sociales y las transmisiones en vivo
(streamings), así como las conferencias o reuniones virtuales a través de plataformas como Zoom
(Gutiérrez y de la Torre, 2020). Ya antes de la pandemia se utilizaban este tipo de herramientas. Incluso
las transmisiones televisivas y radiofónicas eran ya una realidad que la misma Iglesia incorporó en su
actividad durante el Concilio Vaticano II en el año de 1959 (Navarrete Canales, 2005, pp. 321-ss.). Sin
embargo, internet ha demostrado tener un impacto más inmediato e interactivo, por lo cual no es de
extrañarse que se hayan fortalecido las plataformas que ya vienen cobrando fuerza en la vida secular de
las personas.
Ahora bien, también se observó en este trabajo que algunas figuras católicas decidieron no
respetar las medidas y tomaron una actitud desafiante y de rebelión. Así mismo algunos feligreses
decidieron protestar y exigieron que se les “regresara la misa”. Sin embargo, se debe reconocer que este
tipo de manifestaciones son más anecdóticas que comunes y han sido pocas las personas o grupos que se
han opuesto a las medidas. Se debe recordar que incluso hubo situaciones en donde circularon supuestas
El derecho a la libertad de profesar la fe católica frente a las restricciones de movimiento y reunión a raíz del COVID-19.

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evidencias de manifestaciones reprimidas, las cuales terminaron siendo noticias falsas, como en el caso
español.
Por todo lo anterior consideramos que la problemática planteada con anterioridad fue resuelta y
el objetivo del presente trabajo se cumplió. Esto es así debido a que se pudo apreciar el carácter adaptativo
de la religión católica. Pues con el paso de los siglos y los años ha ido ajustándose a las necesidades de
sus fieles sin comprometer o entender de forma distinta los principios sobre los cuales se ha fundado. Así
mismo, lo estudiado nos demuestra que una parte significativa de la sociedad tiene un deseo importante
de vivir y expresar su fe y que han sabido acomodar dicho deseo con la transformación de la sociedad
empleando las herramientas que la modernidad trae consigo. Así pues, se nos muestra una idea de cómo
podría evolucionar la vivencia de la religiosidad en los siguientes años. Ya que, tanto las personas como
las autoridades han caído en la cuenta de que incluso a la distancia se pueden fortalecer los lazos de
comunidad y en este caso de comunidad religiosa.
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�Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448
http://revpoliticas.uanl.mx/

Las características determinantes de la administración de
la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión
judicial latinoamericano1
The determinant characteristics of the administration of the oral commercial justice under
the new model of Latin-American judicial management
Roberto, Treviño Ramos2; Gustavo Daniel, Ortiz Téllez3; Héctor Hugo, Maldonado Salinas4

RESUMEN
Los países latinoamericanos poco a poco han comenzado a dejar atrás el sistema
tradicional de justicia mercantil escrito, adoptando ahora el modelo oral similar a los
aplicados en los países angloamericanos, que tienen como referente el derecho anglosajón
con el fin de incrementar la seguridad y certidumbre a sus ciudadanos y usuarios entre los
que se encuentran inversionistas extranjeros. El presente artículo es producto de una
revisión documental cuyo objetivo consistió en establecer las características del nuevo
modelo de gestión judicial en Latinoamérica. Se aplicó el método deductivo utilizando la
técnica de investigación de revisión documental, el tipo de investigación es cualitativa,
Como resultado de la investigación se consolida un marco literario-teórico científico,
estableciendo ocho variables determinantes, las cuales fueron: eficacia, capacitación,
tecnologías de información y comunicación, transparencia, especialización, unificación
de criterios y la expedites.
Palabras claves: Administración Pública, Comercio, Gestión Judicial, Inversión
extranjera, Latinoamérica.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 11-11-2020
Fecha de aceptado: 29-02-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

Latin American countries have gradually begun to leave behind the traditional written
commercial justice system, adopting an oral model similar to those used in AngloAmerican countries, which have the common law as a reference in order to increase
security and certainty to its citizens and users, including foreign investors. The following
paper is a product of a documentary review, whose objective seeks to establish the
characteristics of the new model of judicial management in Latin America. The deductive
method was applied using the documentary review research technique, the type of
research is qualitative, as a result of the research, a scientific literary-theoretical
framework is consolidated, establishing eight determining variables which were: efficacy,
training, information and communication technologies, transparency, specialization,
unification of criteria and expedites.
Keywords: Commerce, Foreign investment, Judicial Management, Latin America, Public
Administration

Cómo referenciar este artículo:
Treviño., R., R., Ortiz., T., G., &amp; Maldonado., S., H. (2021). Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo
modelo de gestión judicial latinoamericano. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 181-205. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-9
Este artículo es producto del proyecto “Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión
judicial para los negocios y la inversión en Nuevo León” Iniciado en 2016 y finalizado en 2020.
2
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Doctor en filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia
por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor titular de la Facultad de Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Correo: roberto_tr2003@yahoo.com.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8763-8557.
3
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. México. Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Correo: gustavo.ortiz.tellez@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4340-2232.
4
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctorante
en filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo:
hector.mldo@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0386-4253.
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181 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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1.- INTRODUCCIÓN
El presente estudio comprende un análisis de las características del nuevo método de administración de
los juzgados orales mercantiles latinoamericanos denominado “Gestión Judicial”, el cual se enfoca en
identificar los principales factores que permiten una mejora en los servicios y características que orbitan
el desempeño de los casos judiciales.
Un factor de suma importancia que es considerado en la inversión económica a nivel micro y
macro es la eficacia en el desarrollo de los procesos judiciales del lugar donde se pretenda desarrollar el
proyecto de inversión. Independientemente que los países y/o estados realicen políticas orientadas a
atraer inversionistas a la entidad, en la mayoría de los casos estas políticas se ven opacadas en la medida
de la eficiencia que su sistema judicial posee, alejando con ello a posibles inversores en la entidad. Así
pues, el motivo de este análisis fue determinar las características esenciales que debe poseer este el nuevo
modelo de trabajo para la justicia mercantil, para que este provea beneficios o ventajas que favorezcan o
contribuyan a aumentar la realización de operaciones comerciales sometidos a la competencia de los
juzgados orales mercantiles latinoamericanos, y mejorar la percepción del inversionista o de quien
busque realizar negocios en Latinoamérica.
Además de los factores generalmente considerados por los inversionistas son: el tamaño de
mercado, los riesgos (políticos y económicos), la apertura comercial (a las importaciones y
exportaciones), la estabilidad económica (volatilidad del tipo de cambio, inflación), las políticas
comerciales (nivel de protecciones arancelarias, tasa de impuestos), y otras ventajas comparativas
(disponibilidad de recursos naturales, mano de obra calificada, etc.)
Según el Banco Mundial (2020) otro factor de suma importancia al desarrollar una inversión es
la eficacia en el desarrollo de los procesos judiciales del lugar donde se pretenda realizar.
Independientemente que los países y/o estados realicen políticas orientadas a atraer inversionistas, en la
mayoría de los casos estas se ven limitadas en la medida de la eficiencia que su sistema judicial posee,
alejando o atrayendo con ello a posibles inversores. Así pues, el motivo de este análisis es determinar las
características esenciales de que debe esta investido el nuevo modelo de trabajo para la justicia mercantil
oral, para que este provea los beneficios o ventajas que favorezcan o contribuyan a aumentar la
realización de operaciones comerciales sometidos a la competencia de los juzgados mercantiles orales

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latinoamericanos, y mejorar la percepción del inversionista o de quien busque realizar negocios en
Latinoamérica.
Actualmente, en América latina no existen herramientas que midan la eficiencia operativa de las
nuevas reglas de oralidad aplicadas a los asuntos de carácter comercial, esta investigación encuentra
relevancia en ello, además la necesidad de este proyecto se justifica en razón de aglutinar evidencia
teórica de los resultados prácticos de estos estructuras operativos, y describe a los posibles inversionistas
las bondades de la solución de conflictos comerciales desahogados mediante modelos que operan bajo
“gestión judicial” de aquellas inversiones que desafortunadamente caigan en incumplimiento de
obligaciones, y justificar un elemento más para determinar la zona más ideal para realizar un inversión.
La pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las características relevantes de los modelos de
gestión judicial que permiten mejorar la justicia mercantil para motivar las inversiones en Latinoamérica?
Y como objetivo general: Identificar las características del nuevo modelo de gestión judicial en
Latinoamérica.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
El desarrollo de la investigación inició con una búsqueda de documentos de investigación relacionados
con el tema en bases de datos. Debido a que este modelo de Gestión Judicial es reciente, la literatura
científica es escasa aún. Como resultado se encontró como antecedentes los trabajos de Linares (2008),
Riego (2003) y Opazo (2014). Dichos trabajos si bien investigaban la gestión judicial, sus resultados
estaban enfocados en diversos aspectos particulares.
El trabajo de Linares (2008) estudió el panorama en el cual se ha desenvuelto América Latina en
cuanto a las políticas públicas existentes y que poco a poco se han ido reformando para mejorar la eficacia
del sistema de gestión judicial en general. Sin mencionar algún entorno o juzgado en específico, nos
habla sobre la necesidad de todos los países de América Latina de reformar sus políticas, ya que el
problema reside en que según su conclusión no existe un adecuado control ciudadano y parlamentario
sobre la administración de las políticas públicas de justicia, en donde la falta de rendición de cuentas del
Poder Judicial sobre el Legislativo trae como resultado una acumulación de poder en una sola persona,
que en este caso sería el juez. Para Linares, la cuestión de la eficiencia y la rendición democrática de
cuentas sigue siendo una cuenta pendiente en la gestión judicial.

Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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El trabajo de Riego (2003) fue un estudio comparativo entre los distintos juzgados en materia
procesal penal entre los diversos países de América Latina antes y después de sus reformas en oralidad
penal y el surgimiento de la gestión judicial de esa materia. En el estudio menciona sobre cómo la eficacia
en los tribunales en materia procesal penal ha tenido frutos después de que al juez migrara del llamado
principio inquisitivo, (en el cual el juez es el que lleva gran parte de la carga administrativa, así como la
de investigación del caso al diverso modelo acusatorio. Lo anterior, según su dicho, traía como resultado
una enorme carga de trabajo para el juez del modelo inquisitivo y propiciaba que se presentaran casos de
anomalías debido a que los secretarios del juez, al no ser seleccionados por un organismo autónomo, sino
por este mismo, permitían que se dieran con más frecuencia posibles actos de mala fe.
Por último, el trabajo de Opazo (2014) fue una investigación que buscó evaluar el sistema judicial
chileno en cuanto a la implementación de herramientas que le permita desenvolver sus funciones con
eficiencia, esto debido a que en Chile se han implementado en los últimos años reformas para una mejoría
en la gestión judicial en el país. En esta investigación el autor se dedica a estudiar las variables que han
permitido un mejor funcionamiento en el Poder Judicial chileno, así como su mejoría con el paso de los
años, además de utilizar literatura científica de otros países relacionados con el tema para respaldar todos
los puntos que se tocan en su estudio.
Características determinantes del nuevo modelo de gestión judicial latinoamericano
La revisión de literatura que aborda las características determinantes del nuevo modelo de gestión
judicial, dando como resultado siete características más destacables, y arrojaron resultados positivos
siendo estas las variables asociadas a la eficacia, la capacitación, el uso de las tecnologías de la
investigación (TIC), la transparencia, la especialización, la unificación de criterios y la expedites;
variables que fueron las sobresalientes en artículos y tesis realizadas en Chile, El Perú, Colombia,
Argentina, Washington D.C. y México, en donde se buscaron y analizaron las características bajo
diferentes modelos, tanto en el procesal como el civil y el mercantil.
Eficacia
Los elementos que componen la variable de eficacia son: La experiencia de los jueces en la organización;
la participación de la sociedad civil en los procesos de selección de los jueces; la transparencia en los
procesos de selección de los jueces; cuántas causas terminan por cada causa que ingresa en los tribunales;
la separación de poderes, el management (introducción de técnicas de dirección para las empresas); la
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apertura a los nuevos instrumentos traídos gracias a la globalización; y los avances lentos debido juristas
reacios al cambio.
La variable de Eficacia ha sido estudiada por las investigaciones de Linares (2008), Opazo (2014),
Castro y García (2006), Riego (2003), Salazar (2014), Consentino (2009), Gregorio (2006), Vargas
(2003), García (2012), Biebesheimer y Payne (2001), Binder (2000), Buscaglia (1997) y Baytelman y
Duce (2003).
Linares (2008) examinó la variable de la Eficacia realizando un estudio acerca del mal estado en
el que se encontraban las instituciones en la República de Argentina. En el estudio analiza la forma en
que todos los actos judiciales de cualquier materia (mercantil, civil o procesal) no podían seguir el debido
proceso ni llegar a una resolución debido al mal manejo que tenían los jueces sobre la organización de
sus tribunales. Esto, sumado a una incapacidad por parte del personal que ahí labora, daba como resultado
una ineficacia sobre los procesos judiciales. Concluye que después de las reformas implementadas en
2001, las cuales introdujeron la participación de la sociedad civil en los procesos de selección de los
jueces de dicho tribunal, alentaron la adopción de prácticas institucionales que mejoraron la transparencia
del funcionamiento de la Corte Suprema y de todas las instituciones que dependían de la misma. Esto
generó un precedente de lo que se terminó llamando “Gestión Judicial”, en la cual —en este caso— la
sociedad civil, conformada por personas capacitadas, organizaba y dictaminaba la conformación de los
jueces en los tribunales. Cabe destacar que estas reformas en un inicio modificaron la Corte Suprema,
pero los resultados llevaron a transformar todo el sistema judicial con el paso de los años.
El estudio de Opazo (2014) habla sobre las reformas llevadas a cabo en la gestión judicial del
sistema chileno, en el cual aporta y habla sobre la importancia que tiene la eficacia en todos los casos
judiciales. Este trabajo, además aportó un indicador para medir el volumen de eficiencia que tienen los
diferentes juzgados sin importar la materia en la que se enfoquen, es así que para el investigador, la forma
de medir qué tan eficiente son los juzgados es medir la cantidad de causas que llegan a término en los
tribunales que las tramitan (como los de Familia y Letras del Trabajo), la cantidad de providencias y
audiencias en los tribunales que sólo satisfacen requerimientos de parte (Juzgados de Garantía y
Cobranza Laboral y Previsional), y la cantidad de audiencias de juicio en los Tribunales de Juicio Oral
en lo Penal. El mismo indicador, pero ponderado en relación con el ingreso, dará lugar a la tasa de término
(cuántas causas terminan por cada causa que ingresa). Una tasa de término igual a 1 indica equilibrio de
ingresos y términos y, en consecuencia, estabilidad en el stock de causas o requerimientos pendientes;

Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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una tasa mayor a 1 indica disminución del stock; y menor que 1, un aumento del stock, es decir, mide las
entradas y las salidas.
El nivel de términos (casos concluidos) también se puede ponderar por dotación a efectos de
medir la cantidad de términos por juez y/o por funcionario. Por último, los términos por juez se pueden
confrontar con los ingresos por juez, y así obtener una tasa de término por juez. En el estudio de Castro
y García (2006) utilizaron los indicadores anteriormente mencionados para poder medir los resultados
de la reforma procesal civil en Chile, llegando a la conclusión de que aún faltaba mucho por hacer en
cuanto a este ámbito, esto debido a que los resultados fueron desfavorables aún y con la reforma
implementada en el país.
El estudio de Salazar (2014) se enfocó en las reformas planteadas en el sistema judicial del Perú,
en el cual llega a la conclusión de que la justicia peruana comenzó a tener eficiencia a partir de las
reformas que trajeron como resultado la separación definitiva del Poder Judicial de los demás poderes
del Estado peruano. El autor argumenta que sólo de esta manera cualquier país podría conseguir poseer
eficacia y llegar a la justicia mediante el poder independiente, y que es de esta manera como la gestión
judicial en el Perú ha podido sobresalir por encima de los países que no poseen este modo de operar. Esto
también coincide con el estudio de García (2012), en la cual examinó las reformas llevadas a cabo en los
juzgados chilenos para la materia familia, y una vez que se llevaron a cabo las reformas relacionadas con
aspectos administrativos, aumentaron la eficacia en la gestión judicial.
El estudio de Consentino (2009) consistió principalmente en proporcionar las herramientas con
las cuales se podría llevar a cabo las reformas para conseguir una mejor gestión judicial en los sistemas
de impartición de justicia que aún seguían con el modelo considerado por algunos autores como obsoleto.
Entre las sugerencias que el autor propone usar están: el uso las tecnologías de la administración y el
management de las organizaciones, y de la información y las comunicaciones; propone que a través del
uso de estas herramientas, los países conseguirán una mejor gestión judicial.
El estudio de Gregorio (2006), por su parte, realizó un análisis general de las reformas judiciales
que han ocurrido en América Latina, dando a conocer además los resultados que obtuvieron los países
que las implementaron. En él llegó a la conclusión que todos los avances en la gestión judicial se lograron
gracias al proceso de la globalización, el cual trajo consigo numerosos tipos de tecnologías que facilitaron
a los jueces llevar a cabo la gestión judicial, y que gracias a la implementación de estas tecnologías de la
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información, el propio sistema se vio obligado a implementar nuevos instrumentos, lo cual consiguió una
total reforma del sistema judicial en muchos países de América Latina; todos estos cambios lograron una
mayor eficacia en los casos en cualquier tipo de materia.
El estudio de Vargas (2003) realizó un análisis de varios países de América Latina, que durante
los años noventa implementaron reformas hacía la gestión judicial. En el estudio argumenta que estos
cambios, a pesar de ser positivos, sí poseen una fuerte resistencia para algunas personas que denomina
“de la vieja guardia”, las cuales son personas reacias al cambio, y por ende, ralentizan los efectos y los
beneficios de las reformas judiciales, por lo cual, la estrategia de cambio de estructura no logra ser lo
suficientemente amplia ni comprensiva, lo cual anula sus efectos a gran escala. Pero a pesar de lo anterior,
si encuentra otras consecuencias que él denomina como positivas, como el hecho de que hoy en día
gracias a esa transparencia y eficacia en los procesos es posible tratar con los jueces y ministros de cortes
sobre temas que antes era imposible tocarlos, de tal manera que apoyándose de las conclusiones negativas
y positivas de los estudios de Baytelman y Duce (2003) que analizó estos cambios en Chile, y los estudios
de Biebesheimer y Payne (2001), Binder (2000) y Buscaglia (1997), cuyos estudios realizados con la
intención de analizar la situación de las reformas en América Latina.
Capacitación
Los elementos que componen la variable capacitación son: La integración de organizaciones civiles en
el sistema judicial; la integración de expertos; la restructuración de la organización judicial con los
modelos actuales de la administración; la enseñanza a los jóvenes juristas sobre los principios básicos de
la administración; la sensibilización de las personas; la existencia de canales de comunicación en la
organización; el sistema de educación; la formación y desarrollo de recursos humanos en la formación
de los juristas; el entrenamiento en otras ciencias; y las técnicas útiles para el mejoramiento de la
Administración de Justicias.
La variable de Capacitación ha sido estudiado principalmente en las investigaciones de: Salazar
(2014), Consentino (2009), Palma (2017), Hernández (2017), Bielsa y Brenna (1996), Palma (2007),
Duce (2004), Garavano y Luis (2002), Acuña y Gabriela (2001) y López (2005).
Como se había mencionado anteriormente, el estudio de Salazar (2014) llegó a la conclusión de
que el éxito del sistema judicial peruano fue por las reformas implementadas. Esta separación de poderes
trajo consigo que el sistema judicial peruano integrará organizaciones civiles y expertos en la materia
Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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�Treviño., R., R., Ortiz., T., G., &amp; Maldonado., S., H.

que pudieran servir como consultores y capacitadores de todos los individuos que, de alguna manera u
otra, eran partícipes de la gestión judicial, esto para que siempre contaran con los principios básicos de
lo que era la gestión judicial y cómo lograr la mayor eficacia posible en todos los casos en los que
estuvieran involucrados estos individuos.
En el estudio de Consentino (2009), como parte del cambio que la sociedad reclama y que espera
de la gestión del poder judicial, este llega a la conclusión que se deben reformar tres piezas importantes
dentro del aparato de gestión judicial; estos son: la organización, los integrantes y operadores de justicia,
y la gestión, teniendo como factor en común que para que estas tres piezas funcionen perfectamente, es
necesaria la capacitación de las personas que lo llevan a cabo para una eficacia en la gestión judicial.
El estudio de Palma (2017) argumenta que la capacitación es criticada por los juristas, ya que
ellos no están acostumbrados a recibir esta orientación al momento de organizarse, razón por la cual, la
solución para no lidiar con este problema es que, desde principios de siglo, las escuelas juristas han
comenzado a introducir estas ideas en los jóvenes estudiantes para revertir ese déficit carente de
capacitación en la gestión judicial para lograr ese cambio cultural en la disciplina del derecho,
coincidiendo con el estudio de Acuña y Gabriela (2001), el cual se dedicó a analizar como la capacitación
impactó en América Latina, dando resultados favorables en países como Argentina, Brasil y Chile.
El estudio Hernández (2017) argumenta que es necesario la sensibilización de las personas y las
instituciones involucradas en los organismos jurisdiccionales, si no, no se podrá desarrollar de manera
acertada el proceso de comunicación, información y capacitación en la población judicial. Esta podría
ser una limitación en la eficiencia en la gestión del poder judicial.
En el estudio de Bielsa y Brenna (1996) se evalúa la manera en la que está organizado el poder
judicial. En el estudio argumentan que existen muchos indicadores que demuestran el poco aprecio de
los representantes electos por el servicio de Justicia; entre estos indicadores tenemos la insuficiencia de
las retribuciones y el acceso restringido, cuando no nulo, a la tecnología. Entre una gama muy amplia de
desatenciones, las autoras concluyen que es necesario la apertura en la carrera que incluya ejes como
sistemas de educación, formación y desarrollo de recursos humanos; de capacitación, formación
complementaria y perfeccionamiento de los conocimientos jurídicos; de especialización y dominio de
las técnicas judiciales; y de aprendizaje y entrenamiento en otras ciencias y técnicas útiles para el
mejoramiento de la administración de justicia.
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Para el estudio de Palma (2007), la capacitación es el componente insustituible de todo proceso
de reforma judicial al que se aspire a dar eficiencia; resultados exitosos sólo podrán producirse a partir
de su óptima utilización por actores del sistema adecuadamente capacitados.
El estudio de Duce (2004) analiza la antigua gestión de los tribunales en Chile y llega a la
conclusión de que la estructura se caracterizaba por el hecho de que cada tribunal era una unidad de
trabajo a cargo de un juez que contaba con el apoyo de un secretario abogado y de varios empleados
administrativos de baja capacitación. Llegó a la conclusión de que una vez que se realizaron las reformas
en la gestión del poder judicial, se logró un aumento en la eficacia gracias a que el personal comenzó a
ser capacitado, algo en lo que antes carecía la mayoría de los administrativos.
El estudio de Garavano y Luis (2002) analizó las necesidades que Argentina necesitaba para
mejorar su gestión judicial. Concluyeron por medio de encuestas que la escasa capacitación era una de
las grandes deficiencias con las que contaban los tribunales, razón por la cual era necesario reformar el
sistema en este rubro, así como seguir aplicando encuestas a los usuarios para valorar la eficiencia y
seguir mejorando con el tiempo la gestión judicial.
El caso de México es muy particular como cuenta el estudio de López (2005). El problema de
México fue que durante las décadas de los ochenta y noventa este no pudo reformar su sistema de recursos
humanos en sus diferentes áreas debido a que otros problemas de índole económica y de corrupción se
presentaron, razón por la cual México llegó tarde a las reformas de gestión en el poder judicial.
Uso de las Tecnologías de información y comunicación
Los elementos que componen la variable de las tecnologías de información y comunicación son: La
implementación de las TIC en los trámites tanto para los inversionistas, como para los jueces y sus
allegados; la complejidad del uso de las nuevas tecnologías; la resistencia al cambio de las personas
formadas en la antigua gestión judicial; la formación tradicional de los abogados y de los jueces ajenos
a las TIC; el nulo conocimiento de conceptos de informática, administración y toma de decisiones; las
presiones y los aspectos comerciales que rodean la informatización; los aspectos comercialices
electrónicos; el temor de compartir información electrónica de los juzgados a través de la red; la creación
de las escuelas juristas virtuales para introducir las TIC en los jóvenes juristas en formación; y la
importancia de la modernización los sistemas de los propios tribunales.

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La variable de uso de Tecnologías de Información y la Comunicación fue una variable destacada
en los estudios de Salazar (2014), Consentino (2009), Gregorio (2006), Rodríguez (2013), Londoño
(2010), Alonso (2009), Pineda (2007), Jiménez (2005), Bielsa y Brenna (1996), Dory (2009), Garavano
y Palma (2002), Contini y Velicogna (2012) y Castells (1998).
Desde la década de los ochenta comenzó el furor de introducir la tecnología en las organizaciones
empresariales. “El ambiente en que se desenvolvían los gerentes sufrió cambios drásticos: la actividad
empresarial cobró un carácter más global, se modificó dramáticamente la composición de la fuerza de
trabajo, las nuevas tecnologías promovieron sus propios cambios y funcionaron como un acelerador del
ritmo general de las transformaciones” según se menciona en el estudio de Bielsa y Brenna (1996). El
estudio de Castells (1998) expone que la globalización obligará, a la larga, a que todas las naciones en
sus tres poderes (si se trata de democracia) adoptarán las TIC en sus procedimientos, ya que es parte del
crecimiento económico de los países.
Continuando, el progreso de la tecnología con el tiempo se ha comenzado a integrar en todos los
ámbitos del poder judicial. Según el estudio de Dory (2009), existe un eterno debate entre la no
comprensión de los jueces y poderes judiciales en el uso de las TIC, mientras que el otro punto de vista
es el hecho de que los tribunales procesan la información de diferente manera que en los demás ámbitos
de la sociedad, por eso ha sido lenta la adaptación de las TIC´s en la administración judicial y en todo el
poder judicial en sí.
El estudio de Salazar (2014) analizó el sistema judicial del Estado del Perú, tomando como
conclusión que las reformas implantadas habían tenido resultados positivos para el país. Además, otro
punto de los que destaca es que la era de la globalización trajo consigo la implementación de las
tecnologías en diversos rubros, tanto en el sector privado como el público, de esta manera, las TIC´s,
también fueron utilizadas en la gestión judicial del Perú, y esto facilitó los trámites tanto para los
inversionistas, como para los jueces y sus allegados.
El estudio de Consentino (2009) se enfocó principalmente en dar ciertas sugerencias para que los
países restantes que aún no habían reformado su sistema judicial lo hicieran bajo estas reglas, y de esta
manera, ofrece una serie de recomendaciones entre las cuales destaca el uso de las TIC´s, que según su
investigación, los países que las implementaron en sus modelos de gestión judicial facilitaron las
operaciones para todos aquellos involucrados en esta temática.
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El estudio de Gregorio (2006) aborda los cambios que tienen los sistemas judiciales en América
Latina en su gestión judicial, concluyendo en su estudio sobre algunos problemas a los que se han
enfrentado los abogados y jueces debido a este cambio. Como puntos destacados tenemos: la complejidad
de las nuevas tecnologías; su propia jerga; la resistencia al cambio; la formación tradicional de los
abogados y de los jueces, que no incluye conocimientos de otras ciencias, en particular conceptos de
información, administración, toma de decisiones, las presiones y los aspectos comerciales que rodean la
informatización, algo en lo que también coincide el estudio de Rodríguez (2013), en el cual también
argumenta que los juristas se resisten al cambio en cualquiera de sus ámbitos en los que estos laboren;
esto supone la imposibilidad, en las condiciones actuales, de dar un marco jurídico apropiado al
procedimiento electrónico que permita, por ejemplo, el desarrollo adecuado del expediente judicial, y de
la desconfianza que esto provoca en las personas en el exterior como dentro de la administración al
momento de utilizarlos.
Por último, el estudio de Jiménez (2005) sigue esta línea argumental, el cual expone que es un
hecho que el retraso tecnológico ha sido una constante en la administración de justicia en las últimas
décadas por toda América Latina, todo esto por la desconfianza que los juristas creen que puede ocasionar
involucrar a las tecnologías de la información en su administración judicial.
Como parte de querer hacer evolucionar el ambiente en el cual se desenvuelven los juristas,
ciertos países han emprendido acciones para acabar con la resistencia que comúnmente encuentran las
tecnologías con los juristas, como por ejemplo, el estudio de Garavano y Palma (2002) se enfocó
principalmente en analizar la escuela jurídica virtual en Argentina, la cual tiene por objetivo introducir
desde el inicio de las carreras de los jóvenes juristas, las tecnologías de la información.
En el estudio de Londoño (2010) se reconoce esta resistencia de los juristas en la introducción de
las TIC´s en los ámbitos jurisdiccionales; sin embargo, no todo es negativo para el autor, ya que las TIC´s
también están sirviendo de puente para entablar una gran cantidad de relaciones jurídicas que ignoran las
distancias y desafían los parámetros tradicionales, lo cual está dando orientación a las instituciones del
ámbito jurídico a tener que adaptarlas en su organización.
En el estudio de Alonso (2009) se analiza cuáles son las demandas que exige la sociedad española
ante la organización judicial, y uno de los puntos que destaca es la demanda de introducir las tecnologías
de información como un instrumento facilitador que pueda agilizar los trámites y, de esta manera,

Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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resolver los problemas de la sociedad española, lo anterior puede influir en latinoamericana en relación
a los lazos culturales e históricos existentes.
El estudio de Pineda (2007) habla sobre cómo las tecnologías de información han penetrado en
la ciencia del derecho, en particular en la administración y procuración de la justicia, lo que ocasiona una
profunda modernización en sus sistemas, tanto de control social, fiscalización, recaudación y en los
propios tribunales. Los beneficios que trae esta introducción de las tecnologías es que la actividad
gubernamental, y de impartición de justicia, sea más eficiente, más pronta y expedita.
El estudio de Contini y Velicogna (2012), por otro lado, hace un análisis de cómo las tecnologías
de la información han estado implementándose en Europa en los últimos diez años, en los cuales ha
tenido resultados positivos; sin embargo, concluye que el desarrollo de e-services en procedimientos
judiciales tiene que enfrentar un nivel muy alto de complejidad en las áreas de regulación, organización,
gobernanza y desarrollo. El entrelazamiento de tales factores lleva a un orden de complejidad que tiene
muchos rasgos que son sustancialmente diferentes de ellos, de las otras innovaciones del sector judicial.
Razón por la cual, el proceso de incorporación de las TIC en América Latina también debe de tener cierta
paciencia para que puedan cumplirse en su totalidad las intenciones de la incorporación de las TIC.
Transparencia
Los elementos que componen la variable de transparencia son: La confianza en los individuos; la
posibilidad de examinar el estado del caso; el seguimiento en los trámites; el sentimiento de cercanía con
los jueces; el combate a la corrupción; la buena reputación; la atracción del país como posible foco de
inversión; y el libre acceso a la información por parte de la sociedad civil, conocer el criterio jurídico que
aplican los jueces para resolver los casos. El acercamiento de los estudiantes a la solución que los jueces
dan a los temas trascendentes de la sociedad.
La variable de transparencia ha sido principalmente estudiada en las investigaciones de Binder
(2008), Salazar (2014), Vallejo (2013), Franco (2017), Buergentha (2017), Castillo (2013), Toledo
(2014), Orme (2017), Ackerman (2001), y Mejía (2001).
En su estudio, Binder (2008) habla sobre los cambios positivos que ha traído la transparencia al
implementarla dentro de los cambios de la gestión judicial. La transparencia en su estudio provoca en la
sociedad en general poder examinar el estado de un caso, darle seguimiento al mismo tiempo, y es así
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como los individuos poseen más confianza en todos sus casos judiciales, ya que hay más certidumbre
sobre el desarrollo de los juicios.
El estudio de Salazar (2014), dedicado a examinar las consecuencias en los países que reformaron
su gestión del sistema judicial, arroja como una de sus conclusiones que la transparencia trae consigo
confianza en los individuos involucrados en los casos y, al igual que Vargas (2003), está de acuerdo con
que esta transparencia provoca que las personas puedan hablar con los jueces y ministros de temas que
antes no se atrevían debido a la falta de transparencia previamente inexistente en estas instituciones.
Además, coincide con los estudios de Ackerman (2001) y Mejía (2001), en los cuales, ambos estudios
exponían sobre las graves fallas que tenía el sistema judicial peruano debido a la falta de transparencia y
por la corrupción existente en todas las áreas de la administración judicial.
El estudio de Vallejo (2013) habla sobre la carencia de transparencia en la gestión judicial
mexicana, debido a que la mayoría de los estados de la República Mexicana siguen sin reformar las
gestiones judiciales estatales; y, a pesar de que promueven la eficacia y la transparencia, esta no es posible
de alcanzar debido a que no se tienen las herramientas adecuadas para ponerlas en práctica. Concluye
que, si contamos con los instrumentos para ponerlas en práctica, será asimismo un mecanismo más para
combatir la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación.
El estudio de Franco (2017) tiene como eje principal que la transparencia es un principio y un fin
para la función jurisdiccional. Sin la transparencia nunca existirá una buena gestión judicial, razón por
la cual para los Estados es sumamente necesario incluir la transparencia en las reformas judiciales que
implementan para conseguir la buena reputación y que su país sea atractivo para invertir.
Por otro lado, el estudio de Buergentha (2017) realizó una comparación entre los diversos
sistemas jurídicos y su forma de organización entre algunos de los países de América Latina, de esta
manera, comparando países que han implementado el Nuevo Sistema de Gestión Judicial (Argentina,
Chile y Perú y Panamá) con otros que aún no reforman en su totalidad su sistema de gestión judicial
(Ecuador y México). El autor concluye que el nuevo Sistema de Gestión Judicial trajo consigo
transparencia en los países, lo que provocó que estos fueran un país más atractivo para los inversionistas,
lo cual favoreció a los países que optaron por reformar su sistema de gestión judicial.
El estudio de Castillo (2013) es un análisis más centrado en un sólo país; en este caso realizó un
análisis de las reformas llevadas acabó en la República de Panamá, la cual trajo como resultado la
Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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independencia del Poder Judicial sobre los otros dos poderes; desde ese momento en adelante, la sociedad
civil participó más, activamente, dentro de la gestión judicial, y lo que benefició al Poder Judicial fue el
hecho de que se volvieron más transparentes con todos los casos que comenzaron a llevar a cabo bajo
esta nueva gestión.
El estudio de Toledo (2014) es una investigación realizada en Paraguay, en el cual se emitió un
informe acerca de los problemas de corrupción por los cuales pasa el país. El estudio argumenta que a
pesar de tener instituciones que luchan en contra de la expansión de la corrupción en los sistemas del
país, es necesario la independencia del Poder Judicial, así como la realización de una reforma para
cambiar el sistema de gestión judicial de Uruguay, siguiendo de esta manera el ejemplo de los demás
países de América Latina, la cual parece tener resultados positivos por el momento.
Desde una perspectiva más amplia, el estudio de Orme (2017) es un estudio que trata sobre la
transparencia, en general, de los tres poderes. El autor da un repaso sobre la necesidad que tiene América
Latina de reformarse en su totalidad para garantizar el libre acceso, y con ello, la transparencia en toda
clase de instituciones.
Especialización
Los elementos que componen la variable de especialización son: La implementación de nuevos modelos
basados en la separación de las actividades jurisdiccionales y administrativas; el entorno democrático
garantizado; la abstinencia política de los jueces, el sistema jurídico modernizado; la calidad profesional;
la disponibilidad social de conocimientos para la rápida dictaminación de la sentencia.
La especialización es una variable estudiada principalmente por Palma (2017), Vergara (2015),
Ubertone (2006), Ledesma (2017), Torres (2014), Mora (2005), Vargas, Peña y Correa (2001) y Lisa
(2014).
El estudio de Palma (2017) analiza desde un enfoque sistémico la modernización judicial en los
países de la región latinoamericana, de esta manera es como el autor identifica dos corrientes: una basada
en la capacitación en gestión para mejorar los modelos existentes, y la segunda es centrada en la
implementación de nuevos modelos basados en la separación de las actividades jurisdiccionales y
administrativas. El autor concluye que la segunda corriente es la recomendable para los países
latinoamericanos ya que entre más independencia haya, se consigue que los individuos (administrativos)
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involucrados en la gestión judicial se especialicen; gracias a la especialización y gestión profesional de
las tareas administrativas, se consigue una mayor eficacia, razón por la cual es recomendable que esta
medida se lleve a cabo al reformarse el sistema de gestión judicial.
El estudio de Vergara (2015) habla sobre la necesidad de que todos los modelos de justicia en
América Latina deben ser democráticos y, sobre todo, modernos. Esta modernización se conseguirá a
base de la especialización y por la tendencia a dictar sentencias de acuerdo a principios; y democrático,
tanto por la abstinencia política de sus jueces como por la observancia de las genuinas fuentes de derecho
al dictar sus sentencias, ya que como dice el estudio de Lisa (2014), argumenta que cuando la estructura
institucional y la ideología de un poder judicial se anclan en el ideal del apoliticismo, produce jueces
capacitados y poco dispuestos a defender los derechos fundamentales y un estado de derecho, razón por
la cual la democracia es fundamental para tener una eficiente organización judicial.
El estudio de Vargas, Peña, y Correa (2001) apoya la especialización, mencionando que gracias
a usar este instrumento, a través de grupos pequeños, se ha conseguido un ahorro económico enorme, y
sugiere su implementación en todas las áreas del poder judicial.
Por otro lado, el estudio de Ubertone (2006) habla sobre la importancia que tienen tanto los jueces
como los administrativos que en la era de la globalización, los individuos encargados de este ámbito
estén especializados en sus tareas ya que para el autor la sociedad demanda que es necesario esta
especialización para la mejora constante de la calidad profesional de quienes desempeñan funciones
judiciales.
En el estudio de Ledesma (2017) se aborda la problemática consistente en el que año con año son
miles los casos que se deben de abordar por los jueces y sus secretarios, razón por la cual la gestión
judicial se ve en la necesidad de responder con prontitud, creciente especialización y disponibilidad social
de conocimientos sobre cómo llevar adelante organizaciones y su administración, y de esta manera, que
los casos no se vean estancados por mucho tiempo.
Por otro lado, el estudio de Torres (2014) aborda el tema de las reformas judiciales llevadas a
cabo en Brasil, específicamente sobre los jueces, ministros y sus secretarios para una eficiente gestión
judicial sobre los procesos que han llevado a cabo, llegando a la conclusión respecto que la
especialización de los secretarios en los juzgados ayudó a agilizar los casos que se iban presentando
durante el año, dando como resultado una eficaz gestión judicial.
Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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Unificación de criterios
Los elementos que componen la variable de la unificación de criterios son: La agilidad en los procesos:
la reducción de tiempos en los procesos; el aumento de la confianza en el sistema; la atenuación de la
intervención de elementos extrajurídicos en las resoluciones judiciales; el ahorro económico tanto para
los tribunales como para las personas que hace uso de los mismos; la disminución de barreras
burocráticas; la prevención del daño antijurídico estatal; la eficaz defensa de los intereses estatales desde
un ámbito técnico, organizacional y funcional de las instituciones encargadas de la defensa legal; la
implementación de mecanismos alternos que solucionarán los conflictos entre la parte demandante y el
Estado.
La unificación de criterios es una variable principalmente estudiada por Mora (2018), Delgado y
Díaz (2011), Salazar (2014), Jiménez (2006), Rodríguez (2013), Estrada y Gleidy (2015), Manjónm
(2008) y Alvarez (1993).
El estudio de Mora (2018) buscó proponer reformas para las juntas de los letrados de la
administración de justicia. Entre las propuestas de las reformas que el autor sugiere, destaca la de desear
la unificación de criterios en las juntas para una mejor agilidad en el ámbito procesal, y que esto se pueda
expandir en los demás ámbitos del poder judicial, ya que esto reduce los tiempos de espera en los
procesos que lleva día a día el poder judicial.
El estudio de Delgado y Díaz (2011) buscó señalar cuáles son los beneficios destacables de la
unificación de criterios en el ámbito judicial, concluyendo que son más los beneficios que pérdidas el
hecho de tratar de unificar las diferentes labores que él mismo realiza. Señala que entre las utilidades
prácticas positivas se tiene el aumento en la confianza en el sistema y la atenuación de la intervención de
elementos extrajurídicos en las resoluciones judiciales, además de destacar los méritos de carácter
económicos que benefician tanto a los tribunales como a las personas que hacen uso de estos
instrumentos.
El estudio de Salazar (2014) analiza la unificación de criterios del Estado peruano, en el cual ya
fue implementada esta acción, sin embargo, en la investigación, recalca que los esfuerzos por unificar
los criterios jurisdiccionales no han tenido los resultados deseados debido más que nada, por la burocracia
que no permite que se realicen correctamente estas acciones, razón por la cual, a pesar de haber adoptado

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estos importantes acuerdos, no se pueden observar aún en la práctica judicial peruana, dejando en claro
lo descuidado que está el poder judicial en Perú por la manera en que es abordada esa actividad.
El estudio de Jiménez (2006) es más práctico que los anteriores estudios, ya que en este se analiza
la unificación de criterios que realizó la administración judicial española en el municipio de Pamplona.
En dicho municipio, se optó por unificar las solicitudes de documentación clínica que se recibían en todo
el territorio; anteriormente, eran seis los centros que recibían esa documentación, los cuales unos eran
más eficientes que otros, pero algunos destacaban más en otros ámbitos, debido a que cada uno contaba
con diferentes personas especializadas hasta cierto nivel, de tal manera que, una vez que se unificaron
los criterios y sólo un centro se dedica a recibirlos, los resultados fueron más eficientes debido a que
todas las personas estaban capacitadas y especializadas en cierta tarea, lo que suma un punto importante
a lo positivo que es la unificación de criterios y lo que podría ser si se aplica esto a toda la gestión judicial.
En el estudio de Rodríguez (2013) se recalca que la unificación de criterios es algo que debe de
realizarse en todas las administraciones judiciales de todos los países, esto debido a que la era de la
digitalización permite una efectiva comunicación en la cual ya no es necesario que exista una
diversificación de tareas, ya que la comunicación es más fácil y rápida, permitiendo que ciertas personas
se ocupen sólo de ciertas tareas. Además, también recalca la necesaria unificación de algunos códigos
como el civil y comercial, ya que con el paso del tiempo esto ha hecho que sean parecidos en algunos
aspectos.
En el estudio de Estrada y Gleidy (2015), ambos autores analizaron cuáles fueron los factores que
tuvo que implementar el Estado colombiano en medio de la crisis judicial por la que atravesó el país en
la década de los 2000. El Estado colombiano creó la Agencia Nacional Jurídica del Estado, y esta se
encargó, primero, de buscar las causas por las cuales se había originado la crisis; tales causas fueron, en
primer lugar, la insuficiencia de recursos financieros, logísticos y de personal para implementar y
fortalecer medidas de prevención del daño antijurídico estatal, la ineficaz defensa de los intereses
estatales, desde un ámbito técnico, organizacional y funcional, de las instituciones encargadas de la
defensa legal, la no implementación de mecanismos alternos que solucionaran los conflictos entre la
parte demandante y el Estado; y la no unificación de criterios jurídicos para defensa Estatal. Una vez
que se comenzó a tratar de mejorar todos los aspectos mencionados anteriormente, el Poder Judicial logró
conseguir una base sólida para su actuación en todos los procesos que le correspondía actuar.

Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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Otro ejemplo es el del estudio de Álvarez (1993), en la cual se analizó la experiencia de los
juzgados de Buenos Aires, en los cuales el autor argumenta dos puntos muy importantes, el primero era
que el número de casos generados por accidentes de tránsito era ampliamente mayoritario; y, como
segundo punto, observó que los montos indemnizatorios otorgados en estos casos diferían
significativamente de un juzgado a otro, aun cuando los casos eran parecidos. La solución a esto fue crear
una sola base de datos otorgada por la Cámara de Apelaciones, que permite recuperar casos con sentencia
firme por medio de los datos de la víctima o de los reclamantes. Además, se descubrió que el sistema
desarrollado resultaba muy útil para apoyar el proceso de mediación. Este es uno de los casos más
antiguos que existen de la unificación de criterios; es un precedente de las reformas judiciales que se
aplicaron en los siguientes años.
El estudio de Manjónm (2008) realizó una reflexión acerca de los diversos acuerdos y sugerencias
en los cuales los magistrados celebran juntas en las que discuten y reflexionan sobre diversas sugerencias
que podría plantear el Poder Judicial para obtener una mayor eficacia en todo su aparato judicial. Entre
las diversas sugerencias que se hacen, la que más destaca es la de impulsar la unificación de criterios en
todos los ámbitos del sistema judicial.
Expedites
Los elementos que componen la variable expedites son: Los mecanismos jurídicos a los que pueda acudir
el individuo; la legitimidad democrática de los juzgadores, la reducción de cargas de trabajo; la
modificación de la estructura orgánica; y las competencias de los tribunales.
La variable Expedites fue una variable que se destacó en las investigaciones de Peñaranda (2010),
Nieto (2007), Amunátegui (2011), Ruiz (2010), Vivianco (2008), Cipoletta (2009), Raynaud (2009) y
Pineda (2007).
Entendemos como expedito a algo “que carece de obstáculos, estorbos o inconvenientes”
(William Collins Sons &amp; Co, 2005). El estudio de Peñaranda (2010) analizó los principios procesales del
amparo constitucional. Lo que destaca en su estudio es que, para él, el amparo es un claro ejemplo de
cómo obtener una justicia en forma expedita, lo que es fundamental para todo el poder judicial, ya que
la justicia en forma es algo que se incluye en la Carta Magna de la mayoría de las naciones.

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El estudio de Nieto (2007) argumenta, como pilar fundamental, que la justicia y la confianza
pública en ella son fundamentales para construir una sociedad más equitativa, es por eso que, a lo largo
de su estudio, analiza diferentes artículos para establecer cuáles son los temas que deben ser reformados
en México, en los cuales tuvo como conclusión que los que más destacan en los debates de los juristas
para reformar la administración judicial son: la legitimidad democrática de los juzgadores; la expedites
en la impartición de justicia; la reducción de cargas de trabajo; la modificación de la estructura orgánica;
y las competencias de los tribunales; entre otros.
Como había mencionado anteriormente el estudio de Pineda (2007), la introducción de las
tecnologías ha traído como beneficio, que, con el uso de esta, la actividad gubernamental y la de
impartición de justicia puede ser expedita.
El estudio de Amunátegui (2011) fue dedicado a analizar la historia del poder judicial en Chile
durante el periodo comprendido de 1965 a 1973, dicho período está dividido en etapas: la primera es
comprendida antes del socialismo y, la segunda, es una vez ya se había establecido el gobierno socialista
de Salvador Allende. El autor destaca que, durante la etapa previa a Allende, la justicia chilena estaba
desorganizada; fue hasta una vez que Chile iba camino al socialismo cuando el nuevo partido político en
el poder decidió reformar toda una organización judicial, siendo más expedita, es decir, sin obstáculos a
la hora de que pusiera en acción sus atribuciones. Todo esto decayó con la dictadura de Pinochet, después
de la década de los setenta. Sin embargo, en la actualidad, el Poder Judicial actúa como un mecanismo
muy importante después de los turbulentos cambios que le tocó vivir en el siglo XX. El estudio de
Vivianco (2008) continúa analizando el caso chileno, argumentando que la justicia chilena en la
actualidad ha demostrado ser más expedita que en el pasado, ya que después de la dictadura se retomaron
estos enfoques, y, además, se incorporó fácilmente a la era digital, logrando que Chile sea un ejemplo
exitoso en la reforma de la administración judicial.
Por último, el estudio de Ruiz (2010) realizó un análisis de la administración de justicia enfocada
en materia laboral y de seguridad social. El autor, en su estudio hace una crítica en el sentido que la
investigación arrojó que México tiene enormes retrasos en reformar la administración de justicia, en
especial enfocada en asuntos de carácter de seguridad social básica. Esto es un fenómeno común en toda
América Latina, ya que los estudios de
Cipoletta (2009) en Argentina, y Raynaud (2009) en Nicaragua, llegaron a las mismas
conclusiones en sus respectivos países, lo que da resultado una administración de justicia poco expedita.
Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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3.-MÉTODO
En base a lo explicado por Creswell (1994), el propósito de este estudio secuencial es la elaboración de
un marco teórico literario que permita identificar las principales características para la correcta y eficiente
gestión judicial bajo el nuevo modelo de justicia oral.
La investigación consistió en explorar teóricamente los diversos conceptos involucrados
relacionados con la problemática, y subsiguientemente fue necesario respaldar las características
determinantes necesarias para garantizar lo que es la gestión judicial ideal.
La presente investigación es cualitativa no experimental, exploratoria y documental, el modelo
de investigación propuesto estriba en la investigación exploratoria y descriptiva de las variables
determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial,
así como el estudio de los resultados alcanzados a la luz de cada uno.
4.-RESULTADOS
En el contexto de la revisión de la literatura fueron identificados las siguientes características: eficacia,
capacitación, uso de tecnologías de la información y comunicación, transparencia, especialización,
unificación de criterios, y expedites (ver tabla 1) con el objetivo explorar las características determinantes
en el nuevo modelo de gestión judicial oral en materia mercantil.
Como se puede observar en la tabla anterior, se presenta de manera visual las características que
determinan el Nuevo Modelo de Gestión Judicial, así como las investigaciones en las que dichas variables
han sido abordadas en los respectivos países latinoamericanos, creando un marco literario/científico del
cual se pueda identificar de manera inmediata dichas características.

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Tabla 1.
Los factores determinantes de la nueva gestión judicial
Característica
Eficacia

Autor

Lugar

Linares (2008) Opazo, (2014) Riego (2003) Salazar (2014)

Chile, Perú, Colombia, México,

Consentino (2009) Gregorio, (2006) Vargas (2003) Castro

Argentina, Washington D.C

y García (2006) García (2012) Biebesheimer y Payne
(2001) Binder (2000) Buscaglia (1997) Baytelman y Duce
(2003)
Capacitación

Salazar (2014)

Consentino (2009) Palma (2017)

Hernandez (2017), Bielsa y Brenna (1996) Palma (2007)

Chile, Perú, Colombia, México,
Washington D.C, Argentina, Brasil

Duce (2004) Garavano y Luis (2002) Acuña y Gabriela
(2001) López (2005)
Uso de TIC

Consentino (2009) Gregorio (2006) Rodríguez (2013)

Argentina,

Londoño (2010) Alonso (2009) Pineda (2007) Jiménez

México, Europa.

Colombia,

España,

(2005) Bielsa y Brenna (1996) Dory (2009) Contini y
Velicogna (2012) Dory (2009) Garavano y Luis (2002)
Castells (1998)
Transparencia

Binder (2008) Salazar (2014) Vallejo (2013) Franco

Chile, Perú, Colombia, México,

(2017) Buergentha (2017) Castillo (2013) Toledo (2014)

Panamá, Uruguay

Azoulay (2017) Ackerman, (2001) y Mejía (2001)
Especialización

Palma (2017) Vergara (2015) Ubertone (2006) Ledesma

Chile, Perú, Colombia, México,

(2017) Torres (2014) Mora (2005) Vargas, Peña, y Correa

Argentina, Paraguay, España, Brasil

(2001) Lisa (2014)
Unificación

de

criterios

Mora (2018) Delgado y Díaz (2011) Salazar (2014)

España, Chile, Perú, Argentina,

Jiménez,

Colombia

(2006) Rodriguez, (2013) Estrada y Gleidy

(2015) Manjónm (2008) Álvarez (1993)
Expedites

Peñaranda (2010), Nieto, (2007) Amunátegui (2011), Ruiz

España, México, Chile, Argentina,

(2010) Vivianco (2008) Cipoletta (2009)

Nicaragua

Raynaud

(2009) Pineda (2007)

Fuente: Elaboración propia (2021).

5.-CONCLUSIÓN
El propósito de esta investigación consistió en identificar y analizar las características que determinan el
nuevo modelo de gestión judicial en la administración de justicia mercantil para los negocios y la
inversión en Latinoamérica. Primeramente, se realizó un análisis de los principales conceptos y el
funcionamiento de todo lo que conlleva este ámbito en particular.
De la comprobación cualitativa

Las características determinantes de la administración de la justicia mercantil oral bajo el nuevo modelo de gestión judicial…

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Una vez contextualizada la situación, se dio paso al desarrollo de la investigación en la identificación de
las principales características a través de la literatura científica. Se consolidó un marco conceptual de
distintas variables en las cuales dentro del mismo se agruparon los diferentes estudios que identificaron
características en común. Todo esto presentado en el capítulo “Características determinantes del nuevo
modelo de gestión judicial”.
De las limitaciones del estudio
Para concluir esta investigación, es necesario puntualizar las limitaciones que se presentaron durante este
estudio. La primera limitante fue la falta de información existente sobre este tema, razón por la cual se
tuvo que investigar esta problemática en otros países tomando como referencia datos bibliográficos
europeos.
De las recomendaciones
Esta investigación exhorta a interesados en el análisis de las características, ventajas y bondades de este
tipo de modelos de impartición de justicia para que aporten nuevos estudios con datos cuantitativos de
los diversos participantes para respaldar la fiabilidad de las características recolectadas en la literatura
científica.
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Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China1
Redefining the precariat from the Chinese perspective
Borja, García Vázquez2

RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión documental cuyo objetivo
consistió en negar la originalidad del precariado como nueva clase social
emergente, por medio de la exposición del concepto, confrontándolo a la noción
de clase expuesta desde el marxismo, y las condiciones sociales existentes en la
actualidad en República Popular China. Para ello se aplicó el método cualitativo
de revisión documental de los trabajos del autor que acuñó el concepto de
precariado, Guy Standing, oponiéndolo a escritos de Antonio Gramsci, Karl
Marx, Louis Althusser, Mao Tse-Tung, y Slavoj Žižek, como representantes del
marxismo; encontrándose que el empeoramiento de la situación de los
trabajadores ha originado un fenómeno de precarización de sus condiciones de
vida, concluyéndose que el precariado no es una nueva clase, sino la
pauperización del proletariado.
Palabras claves: Clase trabajadora, crisis económica, ecologismo, marxismo,
precariado.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 05-01-2021
Fecha de aceptado: 04-03-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is the product of a documentary review whose objective was to deny
the originality of the precariat as a new emerging social class, by exposing the
concept, confronting it with the notion of class exposed from Marxism, and the
existing social conditions in the currently in the People's Republic of China. For
this, the qualitative method of documentary review of the works of the author
who coined the concept of precariat, Guy Standing, was applied, opposing it to
the writings of Antonio Gramsci, Karl Marx, Louis Althusser, Mao Tse-Tung,
and Slavoj Žižek, as representatives of the Marxism; finding that the worsening
of the workers' situation has originated a phenomenon of precarious living
conditions, concluding that the precariat is not a new class, but rather the
impoverishment of the proletariat.
Keywords: Economic crisis, environmentalism, Marxism, precariat, working
class

Cómo referenciar este artículo:
García., V., B. (2021). Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía,
7(14), 206-232. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-10

1

Artículo derivado del proyecto de investigación, la evolución del pensamiento socialdemócrata en Iberoamérica.
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Profesor de Derecho Internacional público en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email:
borjagarcia131@gmail.com. Orcid: 0000-0003-0055-6917.
2

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1.- INTRODUCCIÓN
Guy Standing ha desarrollado en su trabajo académico el planteamiento del precariado, como una nueva
clase social aún en vías de formación. Un supuesto que no merece tal posición si se contraponen sus
fundamentos desde argumentos marxistas, y confrontando su hipótesis con las condiciones dadas en
China (país heredero de esta tradición, hecho que motivó su elección como objeto de estudio al ser el
principal Estado sucesor de esta escuela de pensamiento), desde las coordenadas del neoliberalismo,
entendiendo como tal: un modelo doctrinal globalizante, destinado a lograr la construcción de un sistema
organizativo, cuyo fin es garantizar la hegemonía de la democracia en lo político, el libre mercado en lo
económico, y los Derechos Humanos en lo social.
Para ello, el neoliberalismo se sirve de la difusión y adhesión a estos pilares (con independencia
de las contradicciones que puedan darse entre ellos), ya sea por procedimientos voluntarios (mediante el
fomento ofrecido desde las distintas instituciones y fondos internacionales) o por la fuerza (en los
procesos de reconstrucción, tras contiendas bélicas o luchas intestinas). Todo ello lleva al progresivo
debilitamiento de las estructuras estatales/públicas en favor de operadores privados (tendentes al
monopolio), y a la homogeneización y aculturación de las personas a escala planetaria, a efectos de
delimitar su acción por sus hábitos de consumo.
Con el propósito de reformular la interpretación propuesta por Standing, se expone qué se
entiende por precariado, el medio en que se desarrolla esta hipotética clase incipiente, cómo el
neoliberalismo y la globalización han incidido en China, comprobando si pueden deducirse las
condiciones del precariado en este país, explicando a continuación los argumentos que deben ser
utilizados por la precarización de los trabajadores, como frentes de unión hacia la cuestión
medioambiental y sanitaria, para concluir con las reflexiones finales.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La clase social en Marx
Guy Standing, artífice del neologismo precariado (como fusión del adjetivo precario y el nombre
proletario) alude bajo esta denominación a una doble conceptualización, como grupo socio-económico,

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justificando su empleo ante las nuevas relaciones de clase motivadas por la economía de mercado
(Standing, 2011: 7).
Debe indicarse que por clase social se comprende a:
“grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras por el lugar que ocupan en un
sistema de producción social históricamente determinado, por su relación (en la mayoría de los
casos fijada y formulada en la ley) con los medios de producción, por su papel en la organización
social del trabajo y, en consecuencia, por la magnitud de la parte de riqueza social de que
disponen y el modo en que la obtienen” (Harnecker, 2020: 222-223).
Marx no llegó a ofrecer una definición exacta del concepto de clase, dejando inconcluso con su
muerte el capítulo destinado a resolver dicha incógnita, el cual ocupa el último apartado del volumen III
de su obra culmen, El Capital. Su máxima descripción consistió en diferenciar grupos humanos conforme
a la posición que ocupaban en el modo capitalista de producción, de acuerdo con la propiedad y forma
de obtención de concretos réditos: asalariados (propietarios de fuerza de trabajo que obtienen un salario
por su trabajo); capitalistas (propietarios de capital, que sustraen una ganancia de aquel); y terratenientes
(propietarios de la tierra, que sustraen de ella una renta) (Marx, 2009:1123).
Los asalariados, también denominados proletariado, supondrían el escalón inferior dentro del
esquema de clases en las relaciones de producción. Al margen de esta división, se encontraría por debajo
del proletariado el lumpenproletario, un estrato carente de conciencia de clase. Empleado para explicar
históricamente la posición intermedia entre el hombre libre romano (plebeyo) y el esclavo (Marx, 1846),
en su contexto social el lumpen representaba el “producto pasivo de la putrefacción de las capas más
bajas” (Marx, 2018: 136), “una masa bien deslindada del proletariado industrial (…) rateros y
delincuentes de todas clases, que viven de los despojos de la sociedad, gentes sin profesión fija,
vagabundos, gens sans feu et sans aveu” (Marx, 1850), conformado por:
“arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos
degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados
de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros,
jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros,
traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda es masa informe, difusa y

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errante que los franceses llaman la bohème (…) hez, desecho y escoria de todas las clases”
(Marx, 1852).
Teniendo en cuenta los principios de que partía Marx para identificar una clase, conforme a su
posición y conciencia de la misma, llevaron a Harnecker (2020) a exponer que:
“Las clases sociales son grupos sociales antagónicos, en que uno se apropia del trabajo
del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica de un modo de
producción determinado, lugar que está determinado fundamentalmente por la forma
específica en que se relaciona con los medios de producción” (222-223).
El precariado y su mundo
El precariado (embrión de una supuesta nueva clase social) conformado por aproximadamente una cuarta
parte de la población adulta (Standing, 2011:24), sin que existan intereses comunes ni unidad material
entre sus miembros (Standing, 2014a:12), se caracteriza por experimentar cuatro estados anímicos: ira,
por el malogramiento de las opciones de movilidad social ascendente; anomia, causada por la impotencia
de cambio de la realidad por sus integrantes; ansiedad, respondiendo a las circunstancias de continua
inseguridad socio-laboral; y finalmente alienación, no en el sentido clásico del proletariado, de
cumplimiento de las funciones para un propósito ajeno, sino adicionando un sentimiento de engaño, fruto
de la constante exposición a la exhortación del pensamiento positivo por su trabajo realizado (Standing,
2011:19-21), el conocido mindfulness, empleado en la reducción de estrés para tratar la depresión en
adolescentes y adultos jóvenes, con efectos moderados (Chi, Ai, Tingting, Peichao, Chi, 2018).
Desde los parámetros descritos por Standing pueden distinguirse tres grupos, como componentes
de esta supuesta nueva clase social en formación, que impiden su constitución como clase por sí misma:
Primero, los excluidos del proletariado, hijos de trabajadores, con escasa formación educativa y
privados de los servicios a que tenían acceso sus ascendientes (Standing, 2014b:11), convirtiéndose en
el caldo de cultivo idóneo al populismo nacionalista (Standing, 2014a:13), es decir, los herederos
repudiados por el Estado de bienestar postfordista, que ven amenazadas sus posibilidades de prosperidad
social en los dirigentes políticos y en el exterior de sus países;
Segundo, las minorías étnicas y los inmigrantes (denominados por el autor como nostálgicos,
aunque nos oponemos a este apelativo en la medida que comparten ese sentimiento con los hijos de los
Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

209

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antiguos proletarios), poco visibles en el apartado político (Standing, 2014a:14), deducimos por su falta
de integración, en la cual cabrían incorporar los descendientes de esos expatriados, que añoran un mundo
idílico que nunca conocieron, y al que se aferran para construir sus relatos de oposición al sistema (como
se ha visto con el fenómeno del yihadismo en Europa);
Por último, una generación de profesionales surgidos de la academia, con alta cualificación, y con
preparación suficiente para lograr prosperar frente a las frustraciones y privaciones a que son sometidos
(Standing, 2014ª:13-14), con aspiraciones a mejorar la sociedad sobre los valores progresistas de la
igualdad, la libertad y la sostenibilidad ecológica (Standing, 2014b:11), con opciones de convertirse en
los portadores de la antorcha de la tradicional intelligentsia.
A ellos podrían sumarse: los jóvenes frustrados en sus expectativas de vida (con tasas de
desempleo superiores en hombres que en mujeres desde la crisis de 2008); adultos mayores que son
despedidos de sus empleos a causa de la edad, viéndose forzados a encontrar trabajos temporales para no
caer en la pobreza; demandantes de asistencia sociales del Estado; personas con necesidades especiales
que no reciben dichas ayudas; y la población reclusa (que en países como China e India son empleados
como mano de obra barata) (Standing, 2012: 596-597).
En estas personas se aprecia que sus relaciones de trabajo se basan en situaciones laborales
fluctuantes, convertidas en una constante nebulosa de incertidumbre temporal y volatilidad física del
empleo, sin estar amparadas por condiciones garantes de las necesidades de reproducción, generando
trabajo forzado y alienamiento a los que no puede oponerse el individuo (en un persistente
desapoderamiento sobre sus aptitudes y gestión del tiempo material); originando una imposibilidad de
satisfacer las expectativas de vida de las personas que se encuentran en esta situación de sometimiento,
pese a disponer de una especialización educativa superior a las posibilidades de su hipotética acción
productiva, aunque necesaria, en tanto opera como filtro de acceso a las opciones de empleo vacantes
(Standing, 2014ª:8), en sintonía con la finalidad de conseguir trabajadores genéricos o “todo terreno”,
que puedan ser desechados, sin conllevar dificultades a sus patronos (Bauman, 2012:22).
Asimismo, la vida del precariado discurre en la búsqueda de obtención de trabajo, al cual debe
destinar medios y tiempo equivalentes a los de una actividad laboral, tal y como formula Standing en la
máxima “trabajo para buscar trabajo”, quedando excluido del mercado formal, y por extensión, del
acceso a la cobertura adicional ofrecida desde las diversas regulaciones (Standing, 2014a:9). Uniéndose
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a este grupo otras características como son la negación de derechos culturales, sociales y políticos, por
carecer de residencia legal a causa de la concatenación de empleos flotantes (Standing, 2012: 591).
El escenario en que transcurre el precariado, se delimita entre las coordenadas del agotamiento
de la ilustración y sus propuestas quiméricas (Contreras Natera, 2015: 132). Un tiempo en el que la
mutabilidad de las circunstancias impide la cristalización de nuevos elementos de guía para la toma de
decisiones sociales, impidiendo planteamientos más allá del corto plazo; con la quiebra del poder del
Estado-nación, frente al avance de fuerzas transnacionales y la incapacidad de las instituciones para
intervenir a nivel global, llevando a un paulatino abandono de la acción interna de atención de su
población, en favor de la acción externa (encuadrada en la competitividad internacional), que apareja un
creciente proceso de vaciamiento de los organismos (a través de la externalización de servicios) y
descrédito institucional, por el desamparo e inoperatividad que ofrece (Bauman, 2008:7-9); a la par, que
aumenta la uniformidad global, en el proceso generador de desarraigo común “en nombre del desarrollo
y del progreso” (Contreras Natera, 2015: 129).
El precariado no es contrario a la política, pero se encuentra desconectado de ella por cuanto esta
no es capaz de entender sus aspiraciones y necesidades (Standing, 2014b:12), lo que explica el
crecimiento de la desafección ciudadana hacia los medios representativos tradicionales, y la
procrastinación ante un mundo irreal, de aparente libertad ofrecida por el mercado, con infinitas
posibilidades de consumo, pero solo para aquellos que gozan del Capital para intervenir en él;
constituyendo una ficción alimentada por los aparatos ideológicos de esta sociedad consumista de
productos, que no están al alcance del precariado, al no disponer ni de la capacidad de reproducir sus
propias condiciones de producción, siendo así personas desechables por el sistema, en un retorno a la
servidumbre.
Los aspectos para alcanzar la consolidación de esta clase, son identificados por Standing en el
reconocimiento público, la obtención de representación institucional, y una redistribución de los medios
existentes para materializar las condiciones personales y laborales que permitan una sociedad sustentable,
a través de la seguridad económica, el control sobre el tiempo, espacios de calidad, educación liberadora,
conocimiento financiero y Capital (Standing, 2014b:12); pero en suma, todo ello no es sino un error, en
la medida en que tales fines no conforman la identificación de las personas en precario como una nueva
clase social, sino las condiciones para lograr que los parias laborales puedan ser reintegrados y
autoidentificados en la clase trabajadora.

Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

211

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Neoliberalismo y globalización
Althusser defendía dos tesis conjuntamente “1. No hay práctica sino por y bajo una ideología. 2. No hay
ideología sino por el sujeto y para los sujetos” (Althusser, 2018:59). En el marco de la globalización,
entendida tanto en el ámbito de interacción alcanzado por los países tras la disolución de la Unión
Soviética (URSS), como por el desarrollo de las comunicaciones, que ha incrementado entre todos los
Estados la interrelación en el plano ambiental y económico mundial (Kwan Chan, Peng, 2011:423), se
ha consolidado una ideología hegemónica, el neoliberalismo.
Marx ya explicaba como “mientras la burguesía de cada nación seguía manteniendo sus
intereses nacionales aparte, la gran industria creaba una clase que en todas las naciones se movía por
el mismo interés y en la que quedaba ya destruida toda nacionalidad” (Marx, 2017:93). Un grupo sin
identificar, cosmopolita, trascendente a las fronteras, que no conoce más límites que los que le impone
su Capital, y que es capaz de configurar las relaciones descendientes hacia su clase.
El neoliberalismo ha tratado de formar un sistema cuyos postulados consisten en garantizar la
libertad del individuo a su más alta expresión, mercados sin intervención gubernamental ni políticas
discrecionales, así como reformas estructurales que permitan la máxima desregulación de los mismos
(Hirai, 2015:9), hecho que ha demostrado como el mercado global daña a los débiles, y solo asegura
movilidad a los altamente cualificados (Birdsall, 2006:433) o posicionados socialmente; aunque desde
el plano formativo, las instituciones de educación superior mantienen vínculos de dependencia financiera
y legitimadora de los Estados en cuyo territorio actúan, por ser mayormente pertenecientes al sector
público (Marginson, Van Der Wende, 2009: 25).
Igualmente, en el plano internacional, no es probable el desarrollo de un modelo análogo a la
regulación y fiscalización de los mercados por los gobiernos nacionales (que ayudaría a conseguir la
igualdad de oportunidades) (Birdsall, 2006:434); por lo que el componente formativo y de alta movilidad
laboral, queda determinado por el factor nacional, y su restricción solo es evadida por aquellos
pertenecientes a la clase hegemónica (los estertores de la élite industrial, y sus sucesores en este nuevo
periodo postindustrial), perpetuándose en el marco de la globalización las rivalidades entre los
trabajadores de distintas nacionalidades.
El 25 de diciembre de 1991, fecha de desaparición de la URSS, constituye la derrota histórica del
primer y único intento de creación de un modelo global y alternativo al capitalismo, conllevando el
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retraimiento (cuando no la disolución) de pensamientos divergentes al neoliberalismo; el cual se alzó
como sistema victorioso, sin más oposición ni límites que los de su propia capacidad de producción, y
sin que su heredero ideológico, la República Popular China, haya ofrecido un sostén de pensamiento (y
carezca de intención de hacerlo). Los Estados Unidos, en su convencimiento de superioridad de ideario,
predicando su victoria de la guerra fría, ejercieron una política de libre comercio con China, en la certeza
de que el crecimiento que llevaría aparejado, traería consigo una mejora de sus instituciones y la
democracia al país (cosa que no ha sucedido) (Acemoglu, Robinson, 2012: 517).
China, como apunta Žižek:
“constituye hoy en día el Estado capitalista ideal: libertad para el capital, con el Estado llevando
a cabo el trabajo sucio de controlar a los trabajadores”, en lo que resulta ser “una nueva clase de
capitalismo: indiferencia hacia las consecuencias ecológicas, represión de los derechos laborales,
todo subordinado al implacable impulso al desarrollo y a la conversión en la nueva
superpotencia” (Žižek, 2013a:30).
Su expansión económica es evidente, siendo el mayor exportador y tenedor de divisas del mundo
(Ohashi, 2015:234), al ser en 2018 más del 15% del Producto Interior Bruto mundial (The World Bank,
2021a), y con el 18,34% de la población del planeta, sus hogares tienen un crecimiento anual de consumo
de un 9,5% (The World Bank, 2021b), en un contexto de globalización, un proceso geoespacial de mayor
convergencia e interdependencia de las esferas de acción mundiales y/o regionales (Marginson, Van Der
Wende, 2009:19). Esto causa un aumento de la conectividad multinivel, donde no solo las empresas, sino
especialmente los individuos, asisten a un constante flujo de (des)información, reduciendo las
sensaciones de distanciamiento geográfico (aunque sean ficticias).
El problema en torno a la globalización reside en quién dirige la economía global y fija sus
intereses, resaltando la importancia que representa el elemento político y de poder (Birdsall, 2006:429)
en la respuesta a esta controversia. Una problemática en la que se encuentra China, por su expansión
comercial y el aumento de su presencia en todos los mercados.
Desde que en 1978 Deng Xiaoping puso fin a las políticas aislacionistas (época en que el país
representaba el 1% del comercio mundial) permitió entre otras cuestiones, las inversiones extranjeras,
que se han incrementado exponencialmente en estas décadas a través del descenso arancelario, desde el
45% que fijaban en 1992, a menos del 7% en 2001, fecha la que el país ingresó en la Organización
Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

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Mundial del Comercio (logrando aumentar su presencia internacional), y en 2013 representar el 11% del
comercio mundial (Irwin, 2015:202) consiguiendo que más de 500 millones de personas escapasen de la
pobreza (Ohashi, 2015:239); pero con un aumento de la desigualdad, como constata la evolución del
índice de Gini, del 32,2 en 1990 al 43,7 en 2010 (Banco Mundial, 2021). Todo ello sin olvidar la represión
sistemática, cuyo punto álgido se alcanzó en el contexto de las manifestaciones de la plaza de Tiananmen
en 1989, con alrededor de 5.000 heridos y 1.500 muertos (Tamames, Debasa, 2013), y más recientemente
en las protestas de Hong Kong de 2019, que sin alcanzar las cotas del pasado siguen mostrando las
demandas de mayor libertad de la población china.
El país se ha organizado históricamente en torno al danwei, un término empleado para designar
la integración espacial, del trabajo, la residencia y la vida social de la ciudadanía, efectuada por el Partido
Comunista chino (Bjorklund, 1986:21), que sigue siendo la principal unidad de organización territorial
y laboral de la población urbana (Xie, Wu, 2008:561-562), y que en opinión de Standing (2012: 594) al
ser subvencionado por China, ha motivado el incremento de la oferta laboral mundial, el aumento en la
desigualdad de ingresos, y una pérdida en la capacidad de negociación de los trabajadores de todo el
mundo.
Las reformas de Deng Xiaoping, conocidas como “las cuatro reformas” y “la apertura de
puertas”, implementadas desde finales de la década de 1970, supuso el desmantelamiento de las políticas
soviéticas y maoístas, y el comienzo de la economía de mercado en China (Ng, Warner, 2002:10),
estableciendo el fin del conocido “tazón de arroz de hierro”, expresión con que se aludía al sistema
garantizado por el Estado, de alimentación, pensiones, vivienda, atención sanitaria, educación, transporte
y ocio, para los trabajadores y sus familias (Hughes, 1998:71). En este escenario habría que entender el
precariado como la progenie no reconocida del neoliberalismo, fruto de un constante abaratamiento de
la vida humana, que les dirige al desamparo, incumpliendo las reglas básicas de reproducción, pero sin
que constituya una nueva clase, tratándose exclusivamente de trabajadores excluidos de las necesarias
garantías sociales.
En palabras de Marx, “El nivel mínimo de salario, y el único necesario, es lo requerido para
mantener al obrero durante el trabajo. Y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la raza
de los obreros” (Marx, 1844); pero el precariado es la devaluación del conjunto de mínimos vitales hasta
el máximo posible (antes de producirse su supresión), cuya razón de ser responde al enfrentamiento
internacional, entendible desde la dialéctica de Estados.
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Esta afirmación es comprendida desde la exposición de Xin Meng, al sostener que:
“sí China quiere convertirse en una superpotencia económica, su estructura industrial debe estar
dominada por una industria de capital intensivo, de alta tecnología” de forma que “el crecimiento
económico futuro se base en la innovación y la sofisticación tecnológica, y no en la mano de obra
barata”, dejando de ser “la fábrica del mundo”, para convertirse en “el laboratorio del mundo”
(Meng, 2014:380).
Irónicamente, el país ya ha sido objeto de uno de los mayores experimentos sociales de la historia
(si excluimos el sistema de casta que durante siglos rigió la India) a través de la política del hijo único.
Esta campaña, que será recordada “como una de las lecciones más costosas de la formulación errónea
de políticas públicas” (Feng, Gu, Cai, 2016:84), fue establecida en 1980 con la finalidad de reducir las
altas tasas de natalidad del país y controlar el crecimiento demográfico, con el propósito de que no
interfiriese en el desarrollo económico del país (Neuman, Schmitz, 2018); constatándose, durante el
periodo que estuvo en vigor esta política, un descenso de nacimientos por cada 1.000 personas, de 33,4
que se registraban en 1979, a 4,95 en 2012 (Song, 2014:113), causando efectos en la sociedad.
No obstante, a que el experimento finalizó en 2015, perdura la mentalidad de los padres a focalizar
sus esfuerzos en tener solo un descendiente, para “que pueda ascender en la escala social o que al menos
no decaiga en ella” (Fifield, 2019). Igualmente debe destacarse la realidad de los shidu, término chino
que alude a los padres que han perdido a su único hijo, estimándose en 2010 que se encontraban en esta
situación 2.412.600 familias (Song, 2014:113).
Dichas personas deberán afrontar una vejez en soledad conviviendo con el sentimiento de pérdida,
que les conduce al aislamiento y al progresivo deterioro de sus facultades mentales, detectándose
frecuentemente la aparición de patrones autistas (Li, 2013: 551), sin omitir la discriminación laboral a la
que se enfrentan los individuos con mayor edad, agudizado en China, que cuenta con una edad oficial de
jubilación a partir de los 45 años en las mujeres, y de los 55 en el caso de los hombres, edad que es
adelantada en las familias shidu (Song, 2014:114).
En 2013 la nación tenía 770 millones de trabajadores, de los cuales el 72% provenía del ámbito
rural (Meng, 2014:383), con un desempleo del 4,6%, idéntico al que mantenía en 2003, y superior al
2,7% que registraba en 1993 (The World Bank, 2021c) de una población total de 1.178 millones de

Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

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habitantes, frente a los 1.357 millones de 2013 (The World Bank, 2021d), lo que equivale a 62 millones
de personas sin empleo en China.
Además el país cuenta con una migración interna, que en 2014 era de 270 millones de desplazados
del campo a la ciudad (Zhao, 2019), de los cuales un 60% se desempeña en trabajos precarios,
desarrollando sus actividades en el plano de la economía informal, sin estar amparados por las
regulaciones laborales, desempeñándose en sectores como la construcción, los servicios, el trabajo
doméstico, cuidado de menores y el reciclaje (Swider, 2015:5), reflejándose la situación de millones de
personas que migran aspirando a obtener un futuro.
Se trata de los nacidos a partir de 1980, una generación rupturista con las condiciones de vida de
sus padres, con educación secundaria en el 67,2% de sus integrantes, pertenecientes a familias pequeñas
como consecuencia de la política del hijo único, a quienes no agradan el estado del empleo en las fábricas,
junto a los bajos salarios, en comparación con el aumento de los costes de vida (Béja, 2011:3), generando
malestar en la población, tal como acreditó en 2008 la universidad de Fudan, al realizar una encuesta a
30.000 migrantes de las principales ciudades del país, donde se obtuvo que solo el 7,6% estaba satisfecho
con su vida en la ciudad (Milcent, 2010:35).
Del mismo modo, no puede obviarse a los ciudadanos que se han ido del país en una diáspora,
que en la década de 1980 era superior a 25 millones de personas, y a comienzos del siglo XXI, rondaba
los 40 millones (Fleischer, 2012:72), llevando a algunos de sus integrantes, hijos de inmigrantes que no
hablan el idioma chino al no haberlo aprendido, a reflexionar sobre lo “precaria, inestable y
problemática formación de su identidad, su complejidad social y las repercusiones culturales” (Ang,
2013:18); y en otros casos siendo criticada la falta de profundidad de análisis, al tratar a la población
china como un único grupo étnico, en detrimento de las minorías que lo conforman (como tibetanos e
uigures) con fines de explotación política y de clase (Lo, 2013:173).
La visión defendida por Antonio Gramsci, de implementación del utilitarismo en el mundo
laboral, para conseguir el máximo rendimiento productivo a través de la organización de la vida
individual y colectiva, permitiendo resolver las contradicciones “que no pueden dejar de existir”, a partir
de la creación de “un nuevo conformismo desde abajo”, idea que asociaba a la autodisciplina como
libertad individual (Gramsci, 2009:226-227), puede entenderse como el logro condicionado de la libertad
del sujeto, en tanto este cumpla con el cometido que el sistema espera de sí mismo. Estas ideas parecen
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haber sido recogidas por el neoliberalismo, pero en una vuelta del revés perversa que no espera del sujeto
un sacrificio consciente en favor de la comunidad, sino inmolarse silenciosamente. Sirva de ejemplo que
entre enero y agosto de 2010, en la fábrica Foxconn de Shenzhen donde se fabricaban teléfonos iPhone,
se suicidaron 17 trabajadores cuyo salario en las líneas de montaje era de 1.000 yuanes al mes (Béja,
2011:3) (aproximadamente 140 dólares).
Debido a la presión a que se ven sometidos los individuos en el país asiático, han proliferado las
protestas laborales desde las 87.000 convocadas en 2005 (Lansdowne &amp; Wu , 2009: 10), a 500
movilizaciones diarias (O´Brien &amp; Deng, 2017: 180), lo que supone más de 182.000 protestas al año. De
ellas destaca lo ocurrido en 2014 en la fábrica textil de Yue Yuen, donde aconteció la mayor huelga de
la historia de China, tras hacerse público el impago del seguro social a los trabajadores (Estlund, 2017:
13) muchos de los cuales se desempeñaban en la empresa en condiciones de temporalidad por razón del
seguro (Tapia, Elfström, &amp; Roca-Servat, 2018: 194).
Ya Marx defendía como “La demanda de hombres regula necesariamente la producción de
hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, una
parte de los obreros se hunde en la mendicidad o muere por inanición” (Marx, 1844).
Esta es la realidad a que se asiste en buena parte del mundo, y es la causa del aumento del
precariado, la progresiva pérdida de oportunidades y el fracaso de expectativas (laborales y sociales),
hasta sumir al individuo en una muerte en vida (cuando no a su supresión real), por la reducción de la
humanidad a una concatenación de meros ajustes contables, de acuerdo a las conveniencias del sistema.
Idea que era defendida por Gramsci al explicar la tarea educativa del Estado, como elemento capaz de
adaptar los lineamientos morales de la masa popular a los requerimientos económicos de la producción,
surgiendo así “los nuevos tipos de humanidad” (Gramsci, 1984:100); lo que explica la aparición del
precariado no como una nueva clase, sino como la involución del proletariado (de acuerdo a las
exigencias del sistema), a un estado de esclavitud invisible en el que el trabajador vive en un mundo
panóptico.
Una ruptura con el hombre-masa existente desde antes de la revolución industrial, y que en la
actividad fabril surgía “sobre la base de la posición ocupada por la colectividad en el mundo de la
producción”, correlativa a la existencia del “hombre representativo”, cuya función de liderazgo ha ido
retrocediendo (Gramsci, 2009:225), hasta extinguirse en el estado del precariado. Una actividad, la del
intelectual, que ha sido clave en el desarrollo de cualquier movimiento, pues como reconocía Mao TseRedefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

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Tung en 1957, “la gigantesca y ardua causa de la construcción socialista de China requiere que la
mayor cantidad posible de intelectuales se ponga a su servicio”, en un periodo en que se había
“debilitado la labor ideológica y política entre los intelectuales y jóvenes estudiantes” (Tse-Tung,
2013:214), equivalente a la experimentada por el precariado, un proletariado desmemoriado tras haber
sido deglutido y fagocitado por el sistema ideológico burgués, que ha neutralizado cualquier identidad
de clase.
Gramsci exponía como la burguesía es “capaz de absorber a toda la sociedad, asimilándola a su
nivel cultural y económico”, llevándole a declarar que siendo así “hasta el punto de concebir el fin del
Estado y del derecho por haber llegado a ser inútiles y haber agotado su tarea y haber sido absorbidos
por la sociedad civil” (Gramsci, 2009:211).
Por su parte Žižek define la postura de la clase media como un antagonismo puro, en la medida
en que se autopercibe desde unas coordenadas de trabajo y moral, opuestas a “las grandes corporaciones,
sin patria ni raíces, de un lado, y los excluidos y empobrecidos inmigrantes y habitantes de los guetos,
por otro”, pero que enmascara el engaño de su supuesta imparcialidad social, desdibujando las líneas de
clase (Žižek, 2008:22-23); hechos que explican la existencia del precariado, trabajadores sin garantías de
protección ni unidad, cuyas mermadas condiciones materiales les recluyen en el conformismo y el
individualismo, por causa de la acción constante del neoliberalismo y de la flaqueza de la intelectualidad
y las fuerzas representativas. Una situación expuesta por Marx al decir que “la competencia aísla a los
individuos, no sólo a los burgueses, sino aún más a los proletarios, enfrentándolos los unos con los otros,
a pesar de que los aglutine” (Marx, 2017:94), lo que aclara la falta de disposición del precariado.
La revolución que puede llegar: la cuestión medioambiental y sanitaria como elementos catalizadores
de la lucha:
“Los viejos dirigentes intelectuales y morales de la sociedad sienten que se les hunde el
terreno bajo los pies, se dan cuenta que sus prédicas se han convertido (…) en algo ajeno
a la realidad, en pura forma sin contenido (…) de aquí su desesperación y sus tendencias
reaccionarias y conservadoras (…) piden al Estado que adopte medidas represivas, y se
constituyen en grupo de resistencia apartado del proceso histórico real, aumentando de
este modo la duración de la crisis, porque el ocaso de un modo de vivir y de pensar no
puede producirse sin crisis. Por otro lado, los representantes del nuevo orden en gestación,
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por odio racionalístico contra lo viejo, difunden utopías y planes descabellados” (Gramsci,
2009:226).
En palabras de Standing “El precariado es una nueva clase social peligrosa en parte porque rechaza
todas las viejas ideologías políticas predominantes y porque es intuitivamente transformador”
(Standing, 2014a:15), pero cabría negar esta afirmación en tanto que el cambio no es concebible desde
los parámetros de la desunión, y sin proyecto de futuro que pueda contraponerse a las circunstancias que
se quieren modificar, como defendió (y demostró) Lenin desde su exposición en ¿Qué hacer? Al decir:
“Sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario”.
La educación marxista es parte del currículo académico de los estudiantes escolares y
universitarios del país, a fin de obtener personas cualificadas para la construcción del socialismo con
características chinas (Australian Marxist Review, 2014), y la formación de líderes para el PCCh (Taber,
2018), logrando así el fomento de aplicaciones prácticas a dicha educación, como manifiesta su ministro
en esta área (Qiuyan, 2017). La promoción gubernamental del acervo ideológico por medio de la
enseñanza regulada, ha generado una contradicción interna propiciada por los propios estudiantes
marxistas. Este hecho ha quedado visiblemente patente, por el arresto de aquellos universitarios que han
fomentado huelgas y protestas en favor de las condiciones de trabajo de sus compatriotas (Yang, 2019).
La ideología no es sino la representación de la relación presente de las personas con sus
condiciones de existencia materiales (Althusser, 2018:52-53), y sin ideología, lo único que encontramos
es un individuo al que le han despojado de su humanidad. En opinión de Althusser “los hombres que no
tiene el conocimiento de las realidades políticas, económicas y sociales en las que deben cumplir las
tareas que les asigna la división del trabajo, no pueden vivir sin guiarse por una cierta representación
de su mundo y sus relaciones con él” (Althusser, 2018:120). Por lo que necesariamente el rechazo de las
viejas ideologías a las que alude Standing, debería dar lugar a la cristalización de una genuina ideología
originada en las especiales condiciones materiales de esta clase emergente. Cosa que no es concluyente
por la propia divergencia de sus miembros, y tampoco se demuestra de acuerdo a lo ocurrido en China,
donde se produce una contradicción entre el estudio y ánimo de puesta en práctica de la ideología por el
gobierno, y el acallamiento de sus practicantes por las autoridades.
Como defiende Žižek:

Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

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“mientras persista esta esencial despolitización de la esfera económica” y “cualquier discurso
sobre la participación activa de los ciudadanos” quede “reducido a una cuestión cultural en torno
a diferencias religiosas, sexuales, étnicas o de estilos de vida alternativos (…) no se podrá incidir
en las decisiones de largo alcance que nos afectan a todos” (Žižek, 2008:110).
Así, incumplida la máxima de Marx por la cual “Los diferentes individuos sólo forman una clase
en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase” (Marx, 2017:95), no puede
concebirse el precariado como una clase original, sino los trabajadores pauperizados y desempleados
como consecuencia de la liberación de los mercados y su globalización, que lleva a una competición
aislacionista entre los individuos, y deshumanizadora entre los países, por ver quien consigue ofrecer
más por menos. Una condición explicada por Standing (2008: 29), surgida de la flexibilización del
mercado laboral en el plano de la generación de competitividad nacional, que provoca una facilitación
de los despidos y la disminución de incentivos a la contratación, favoreciendo la generación de trabajo
informal.
Existe una relación “entre la aparición de movimientos sociales con las insuficiencias del orden
institucional existente”, por lo que en un ámbito planetario “la decadencia de un orden político
nacional/internacional y el surgimiento de un movimiento social mundial tiene relación de causa-efecto”
(Iglesias, 2006:56), de forma que la identificación del precariado con una clase social, implicaría
necesariamente una idea de proyecto común al cual no se adhiere; por el contrario, sus carencias
materiales representadas por su propia situación de inseguridad, imposibilitan cualquier reacción
coordinada, dejando a los trabajadores que se encuentran en estas condiciones a merced del sistema, ya
sea por su explotación o por su supresión involuntaria como fuerza de trabajo.
Este planteamiento se explica desde la posición defendida por Santiago Armesilla, a partir de la
lectura crítica del texto “La dominación británica de la India”, escrito por Karl Marx en 1853,
argumentando como el declive de la economía india no se debió exclusivamente por la instauración del
capitalismo británico, sino por su tecnología de vapor y mecánica, ante las cuales eran incapaces de
competir las técnicas tradicionales, provocando con ello “que muchos trabajadores y artesanos
tradicionales emigraran de sus tradicionales lugares de residencia, o que murieran abocados a la
mendicidad al haberse quedado sin trabajo” (Armesilla, 2017:115).

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Más de siglo y medio después, para paliar estos efectos se alienta la responsabilidad social
corporativa, un término sobre el que no existe consenso respecto a su descripción, al que se incorporan
aspectos sociales en los que incide la mala actuación empresarial (como son los abusos de los derechos
humanos y la degradación ambiental), pero sin que representen un resultado final en su negocio (por lo
que podría interpretarse como planes de caridad o filantrópicos), buscando una mejora de las relaciones
de la empresa con la sociedad (Adeyeye, 2012:7-8); mientras que en la realidad el hecho de que el
mercado funcione correctamente, se debe precisamente a la posibilidad de dejar desatendidos a los
débiles y pobres (Bridsall, 2006:432). Condición que como alerta Standing (2008:16), ante una situación
de inseguridad económica personal, no debe esperarse un comportamiento socialmente responsable, por
lo que las personas que se encuentren en estas circunstancias pueden reaccionar de formas adversas.
Es lo ocurrido con los movimientos de protesta espontáneos, inadecuados para la obtención de
cambios en el sistema, en tanto no converjan en “algo parecido a un partido”, un elemento de guía que
permita la identificación y satisfacción de lo que realmente se quiere cambiar (Žižek, 2013b:189). En una
sociedad como la china, que carece de una garantía legal para la libertad de expresión, la propensión a la
protesta muestra el nivel de aceptación a admitirla como una forma legítima de actividad social (Su,
Feng, 2013:47). A pesar de la ausencia de movimientos organizados, con unidad de discurso en la escena
sociopolítica, es habitual que los movimientos de protesta empleen Internet como medio para dar
publicidad a los abusos cometidos por el sistema, atrayendo así la atención de abogados, medios de
comunicación y profesores universitarios (Béja, 2011:7).
Con ello, el grado de éxito dependerá, en opinión de Yang Su y Shizheng Feng, de si en la protesta
intervienen personas con vínculos con las autoridades, que les consienta escapar de la persecución estatal
(Su, Feng, 2013:61), no habiéndose alcanzado avances por la actuación del gobierno, quien ha impedido
la unidad y la creación de alianzas entre las protestas, cuyo único punto débil se presenta en el aumento
de la desigualdad, aspecto que podría llegar a desbordar la capacidad de paralización de cualquier
actuación reivindicativa (Su, Feng, 2013:62); en cuyo caso vendría a confirmar que la dinámica de
cambio procedería del conjunto de la clase trabajadora pauperizada, o del liderazgo ofrecido por
elementos dirigentes del propio sistema, por lo que al no producirse una ruptura en la dirección, solo se
lograrían nuevas refundaciones del mismo.
La propuesta de Standing al considerar a los jóvenes con altos estudios como la fuerza con
capacidad de cambio (Standing, 2014b:11), coincidiría con el análisis efectuado por Žižek, al describir
la figura de Bill Gates y su percepción por el público mayoritario “como un antiguo hacker que ha
Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

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triunfado, entendiendo por hacker al subversivo/marginal/anti-elitista que altera el funcionamiento
normal de los grandes imperios burocráticos” subyaciendo el mensaje de conversión del “gamberro
marginal y subversivo que se adueñó del poder y se presenta ahora como un respetable empresario”
(Žižek, 2008:87); que podríamos hacer extensible a otras figuras como Jeff Bezos y Steve Jobs,
fundadores de Amazon y Apple, respectivamente. Desde la perspectiva de la hegemonía de Gramsci:
“en el sistema hegemónico existe democracia entre el grupo dirigente y los grupos
dirigidos en la medida en que el desarrollo de la economía y por consiguiente de la
legislación, que expresa tal desarrollo, favorece el pasaje (molecular) de los grupos
dirigidos al grupo dirigente” (Gramsci, 1984:193).
Podríamos encontrar un diálogo entre el planteamiento gramsciano y el definido por Laclau,
atendiendo a la explicación de Žižek, a partir de la cual la sociedad se encuentra suspendida entre dos
posiciones coincidentes, “una visión corporativa pura (…) donde cada parte ocupa su lugar
correspondiente y la visión revolucionaria radical de antagonismo entre la sociedad y las fuerzas
antisociales” (Žižek, 2004:98).
Al identificar la deducible reacción adversa ante privaciones sociales, con los estallidos
espontáneos multitudinarios, si las demandas de indignación no son capaces de condensarse en una
estructura de partido (por las circunstancias a que nos somete el mercado), la concepción de la alta
cualificación como contrafuerza de alteración del orden establecido, no es sino una reinterpretación del
american way of life (vida, libertad y búsqueda de la felicidad), desde una perspectiva globalizada y
neoliberal. Se entiende que todo es posible en el sistema mundial, y que el individuo capaz tiene la fuerza
para cambiar las cosas, siendo él el modelo de revolucionario que produce el neoliberalismo, cuyas
habilidades de transformación responden a las formas de producción postindustriales, que superan la
tradicional estructura Estado-nación y la dinámica partido-sindicato.
Es la ilusión de aparente cambio que se ofrece desde el ecologismo, descrito por Martha E.
Gimenez, como “un término genérico y multifacético que se aplica a una serie de ideologías
heterogéneas, cuyas perspectivas políticas, teóricas y prácticas, se trazan en la relación de las
poblaciones humanas con la naturaleza” (Gimenez, 2000:292). Las protestas hoy, identificables desde
los lineamientos de la lucha por la protección ambiental y contra el calentamiento global, crea

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movimientos que encubren un aparente cambio para que todo siga igual, en una perversión del
gatopardismo.
En China es reconocida la importancia que desempeña en su economía la aparición y crecimiento
de la clase media, por su capacidad de consumo y por sus implicaciones ecológicas ante el incremento
de hogares que quieren aumentar su gasto (Hefele, Dittirch, 2011:58); por lo que confrontando este
fenómeno al precariado, se extrae que no es sino una confusión de clase, donde la capacidad económica
excluye la condición social, es decir, la precarización del trabajo genera unas condiciones de vida de
clase baja, pero los mensajes dictados por el mercado y la obtención de un mayor consumo, implica una
expansión de la mentalidad de clase media/burguesa e individualista, sin proyecto común.
Para que se den posibilidades de un cambio real, debe generarse conciencia de la existencia mísera
a que es sometido el individuo, empatizando con las idénticas circunstancias que deben experimentar sus
congéneres. Pensemos en los problemas medioambientales, que de acuerdo con Sacristán, además de ser
“problemas políticos, no ideológicos”, son a su vez “globales, internacionales”, sin que su solución sea
posible desde posiciones nacionalistas (Sacristán, 2009:182); una situación que evidencia como el
mercado no muestra los verdaderos costes sociales de la contaminación, puesto que las empresas no
internalizan los efectos provocados en las comunidades polucionadas, como tampoco lo hacen los países
respecto de sus emisiones territoriales de gases de efecto invernadero, que repercuten negativamente a
escala mundial (Birdsall, 2006:431).
Sacristán exponía que “un rasgo común a todos los marxismos es la crítica de esta sociedad y el
intento de identificar racionalmente los factores y los agentes de una posible sociedad justa y
emancipada”, espacio en que se enmarca la inquietud ante los problemas medioambientales (Sacristán,
2009:169), junto a los que deben ir asociados los sanitarios, por su intrínseca relación a la degradación
de la vida. La importancia de la naturaleza radica en que sus límites materiales lo son también de la
organización de las fuerzas y relaciones sociales, y productivas humanas (Gimenez, 2000:301).
Si bien la acumulación de Capital (que requiere de una constante expansión de la división de la
naturaleza y el trabajo), rompe con el ciclo natural, los monopolios agrícolas a gran escala se han vuelto
hegemónicos por su promoción de la riqueza privada, a expensas de la pública, causando una ruptura en
la fisiología de la expansión (Clark, Bellamy Foster, 2010:152-153).

Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

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Esta coyuntura debe abordarse desde el daño medioambiental provocado por la contaminación.
En China a escala nacional, 5 millones y medio de hectáreas de suelo están contaminadas por acción de
antiguas industrias pesadas (Li, Jiao, Xiao, Chen, Chang, 2015), denunciándose en 2011 la
contaminación con metales pesados de 12 millones de toneladas de arroz (Mahr, 2011), alimento básico
del pueblo, que tenía en 2017 un consumo anual de 126 kg por persona (Helgi Analytics, 2019).
Se ha confirmado en China que el vertido de aguas residuales en áreas densamente pobladas ha
contribuido al aumento de la tasa de cáncer, siendo la principal causa de muerte en el país (Ebenstein,
2012:200), habiéndose demostrado que el crecimiento económico de la nación, siempre va aparejado a
la producción y a los cambios en la polución industrial urbana (Zheng, 2015:29), sin tener en cuenta el
debido cuidado medioambiental y sanitario de la población.
La apertura de China al libre mercado llevó a una precarización de la sanidad, como consecuencia
de su privatización, ilustrando la situación el hecho de que en 2002, el 45% de la población urbana y el
79% de la población rural no tenían seguro médico, caso evidenciado durante el brote de la enfermedad
SARS de 2003, que llegó a ser comparado en la comunidad internacional con el accidente de Chernobyl
en la URSS (Li, Chen, Powers, 2012:630-631); y si bien hoy el seguro es obligatorio para los trabajadores
de las áreas urbanas (en 2014 había 283 millones asegurados) no así queda cubierto el de sus familiares,
siendo opcional para los residentes en las zonas urbanas (dando servicio a 314 millones de trabajadores
autónomos, niños, estudiantes y personas de la tercera edad) (Fang, 2016), quedando excluidos de él los
migrantes rurales (Milcent, 2010:45).
Desde el sistema actual los problemas medioambientales son planteados con una óptica
mercantilizadora, que trata de tasar los recursos naturales como capital natural, y el clima como un
mercado de emisiones (Clark, Bellamy Foster, 2010:153), al igual que ocurre con la salud humana, de
tal modo que la protección del medioambiente y la sanidad deben centralizarse como elementos
catalizadores de la lucha, por el cambio total de las condiciones materiales del precariado.
La máxima ofrecida por Manuel Sacristán, al decir que “los grupos revolucionarios tienen que
ser ecologistas, y los ecologistas tienen que ser socialmente revolucionarios”, en tanto que “una práctica
ecologista choca inmediatamente con el presente modo de producción” (Sacristán, 2009:171), demuestra
por qué la teoría y práctica ambientalista debe confrontar los problemas generados por las condiciones
materiales existentes en la sociedad, y no al margen de esta para alcanzar el cambio.
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Sirva de ejemplo la explicación de Žižek sobre la unificación de fuerzas antagónicas polacas
contra el comunismo soviético, en una alianza forjada desde planteamientos prepolíticos, basado en la
mera condición de solidaridad entre seres humanos (Žižek, 2001:191), que retoma a partir de la pandemia
mundial de 2020, de la enfermedad infecciosa COVID-19, donde ante una tragedia global que sobrepasa
la perspectiva nacional, surge una solidaridad de igual magnitud para encontrar una solución, que lleva
a reflexionar sobre las condiciones de nuestro sistema vigente en la búsqueda de un cambio radical, a
través de la confianza mutua en las personas y la ciencia (Žižek, 2020).
En opinión de Sacristán, “no hay antagonismo entre tecnología y ecologismo, sino entre
tecnologías destructoras de las condiciones de vida de nuestra especie y tecnologías favorables a largo
plazo a ésta”, pues “no se trata de adorar ignorantemente una naturaleza supuestamente inmutable y
pura, buena en sí, sino de evitar que se vuelva invivible para nuestra especie” (Sacristán, 2009:176), por
lo que al no existir contradicción, si se logra conjugar las ideas ambientalistas con la praxis tecnológica,
puede conseguirse una refundación de los aparatos productores y reproductores, en la medida en que el
precariado sea consciente de su existencia y abandone su estado de ignorancia, en una transición a su
consolidación como clase madura y definida.
Las condiciones que existen para el precariado, permiten sobrepasar las dificultades a las que
aludía Sacristán, cuando consideraba que los movimientos ecologistas debían “hacer ver a la izquierda
obrera que, por causa de los problemas ecológicos, algunos de sus intereses a corto plazo están entrando
en conflicto con sus intereses a plazo medio y largo” (Sacristán, 2009:173), hechos a los que habría de
sumarse la cuestión sanitaria, en la medida en que la acción de movilización del proletariado ha sido
desmantelada y recluida a la defensa de los derechos que aún mantiene, mientras que el precariado, al
nacer apartado del Estado de bienestar (y consumo), no cuenta con los limitantes a corto plazo, pues sus
metas se encuentran en el medio y largo plazo en forma de alteración de la naturaleza, a fin de obtener
las condiciones garantes de dignidad personal y sostenibilidad de su salud, y del medio ambiente.
3.-MÉTODO
Diseño
La presente investigación responde a una metodología cualitativa, por medio del análisis de los
postulados del precariado expuestos por Standing, contrapuestos a autores marxistas que desarrollaron y
defendieron la clase social del proletariado, a través de la interpretación de obras seleccionadas, con el
Redefiniendo el precariado desde la perspectiva China.

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objetivo de negar la existencia del precariado como una nueva clase social emergente distinta de la clase
trabajadora, lo que realmente es, pero pauperizada por las condiciones exigidas.
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la negación del precariado como nueva clase social
emergente, se consultó el libro en que Standing definió qué es el precariado, cuatro (4) artículos de su
autoría en los que desarrolla su trabajo, confrontándolo a los textos de Antonio Gramsci, Karl Marx,
Louis Althusser, y Mao Tse-Tung, como exponentes del marxismo clásico, y Slavoj Žižek, por
representar una fuente contemporánea de esta escuela de pensamiento.
Procedimiento
El sistema empleado ha consistido en la identificación de razonamientos e ideas, procedentes de Antonio
Gramsci, Karl Marx, Louis Althusser, Mao Tse-Tung, y Slavoj Žižek, con el objetivo de interpretarlas y
contraponerlas a la visión defendida por Standing, desde una posición crítica y justificada, argumentando
por medio de publicaciones contemporáneas, en las que se manifiesta la contradicción de las condiciones
materiales existentes actualmente en China.
4.- CONCLUSIONES
Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del precariado. Este espectro no es nuevo, como tampoco lo
es su constitución como clase original, al carecer de conciencia de su propia existencia ni identificación
entre los sujetos a ser considerados sus integrantes, sin que dispongan de un plan de acción común ni
unos objetivos delimitados. Es el cúmulo de circunstancias superpuestas por el empeoramiento de las
condiciones laborales y la desprotección de los trabajadores, el desarraigo provocado por las migraciones
forzosas, y el conformismo ante unas circunstancias que sobrepasan las capacidades de un individuo
desorganizado e indefenso ante los efectos de la globalización y la incapacidad de las instituciones
nacionales.
Es momento de asumir el fracaso en los planteamientos de defensa de los trabajadores, y dejar de
buscar la salvación entre las cenizas de lo que pudo ser y no fue; pero sin negar la importancia que tiene
la representación de la masa en el logro de objetivos, y la necesidad de recuperar la fuerza conjunta de
partidos y sindicatos como elementos de liderazgo en la promoción del cambio de las circunstancias
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materiales, por la mejora de las condiciones socio-laborales. Una situación que no oculta la estafa
piramidal del sistema, residiendo el engaño sobre la explotación de los ejércitos de reserva, compuestos
por la fuerza de trabajo escasamente remunerada o sencillamente sin remuneración, a cambio de una
supuesta satisfacción personal por mor al trabajo, la auto realización y el pensamiento positivo, que no
es sino el retorno de la servidumbre cuando no de la esclavitud, alimentada por el espejismo de la
obtención futura de seguridad económica.
El precariado es el sometimiento de la clase trabajadora, por su inducción al error de auto
identificarse con las condiciones de vida burguesas, que los llevan a vivir en unas condiciones que no
responden a sus necesidades materiales y que solo insuflan ánimo de obtención de complacencia por
medios artificiosos. No obstante a su condición actual, el precariado, el estado a que se dirige el conjunto
de la clase trabajadora en el presente, es la columna vertebral de la revolución postindustrial en ciernes,
ya que este grupo no es sino el proletariado despojado de su identidad, incapaz de reconocerse como tal,
falsamente auto convencido de adocenamiento, desubicado por la falta de refundación de un proyecto
común y viable al que asirse, y por la carencia de medios con que afrontar el efecto narcótico de la
fantasía consumista; que debe encontrar los medios en su falta de unidad, para lograr revertir la situación,
por el shock que afronta con la catástrofe medioambiental, sanitaria, y económica, puesta de manifiesto
en 2020 (con la pandemia de COVID-19), y converger a un frente común cuya resultante sea cambiar el
sistema.
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La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de
las universidades ante el COVID 191
University paradiplomacy, the transformations of universities in the face of COVID 19
María Gabriela, Zapata-Morán2; Jorge Hipólito, Berlanga-Ramírez3, Hugo, Salazar-Mata4

RESUMEN
El modelo de universidad pública y privada en México ha venido a transformarse con la
llegada de la pandemia por el COVID-19. Las nuevas estrategias de la paradiplomacia
universitaria crean un nuevo sistema universitario capaz de integrar estrategias digitales y
relaciones interinstitucionales a distancia. El objetivo de este artículo es recopilar las
diferentes estrategias que se implementan para llevar a cabo acciones paradiplomáticas en
las universidades y el impacto que éstas tienen en la atracción de estudiantes extranjeros
que ingresan a un Posgrado a la UANL. En un estudio realizado antes y durante la
pandemia se realizó un instrumento cuantitativo para la recolección de datos a través de
encuestas aplicadas a estudiantes extranjeros. El presente artículo es producto de una
revisión documental y literaria en donde se encontró que el contraste de resultados indicó
una transformación en la empresa universitaria y su internacionalización durante la
pandemia. Los nuevos modelos universitarios traen consigo nuevas estrategias de
paradiplomacia que permitan comprender la dimensión internacional de las universidades
como actores locales.
Palabras claves: COVID-19, Internacionalización de la educación superior,
Paradiplomacia universitaria.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 20-12-2020
Fecha de aceptado: 03-03-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

The public and private university model in Mexico has been transformed with the arrival
of the COVID-19 pandemic. The new strategies of university paradiplomacy create a new
university system capable of integrating digital strategies and inter-institutional relations
at a distance. The objective of this article is to compile the different strategies that are
implemented to carry out paradiplomatic actions in universities and the impact they have
on attracting foreign students who enter a Postgraduate degree at UANL. In a study carried
out before and during the pandemic, a quantitative instrument was used to collect data
through surveys applied to foreign students. This article is the product of a documentary
and literary review where it was found that the contrast of results indicated a
transformation in the university company and its internationalization during the pandemic.
The new university models bring with them new paradiplomacy strategies that allow us
to understand the international dimension of universities as local actors.
Keywords: COVID-19,
paradiplomacy.

Internationalization

of

higher

education,

University

Cómo referenciar este artículo:
Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H. (2021). La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante
el COVID 19. Revista Política Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 233-253. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-11

Este artículo es producto del proyecto “Las estrategias de Paradiplomacia Universitaria en la atracción de estudiantes extranjeros de Posgrado de la UANL”,
financiado por el CONACYT. Iniciado en 2018 y finalizado en 2021.
2
Doctora en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Email: gabrielazapmor15@gmail.com. Orcid:
https://orcid.org/0000-0002-4386-084X.
3
Doctor en gerencia pública y política social por la Universidad de Baja California, Profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Email: polo_rmz@hotmail.com Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4509-6830.
4
Doctor en Filosofía con orientación a la Gobernabilidad, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Profesora en la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Email: hugosalazarm@gmail.com. Orcid:
https://orcid.org/0000-0002-6254-3436.
1

233 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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1.- INTRODUCCIÓN
En un primer aparatado se explica a través de las palabras de Zeraoui que la Paradiplomacia, a diferencia
de la diplomacia, que es exclusiva del poder político federal y no de entidades privadas, la paradiplomacia
es una actividad reservada a los gobiernos intermedios, provincias o municipalidades y no a las
instituciones privadas. La primera vez que apareció el termino fue en la década de los 80`s y los pioneros
fueron Duchaceck y Soldatos desde entonces ha evolucionado a través del tiempo en diferentes
concepciones. Además de incluir nuevos actores que no son necesariamente gobiernos locales o subnacionales si no que se integran nuevos participantes en el sistema internacional como las universidades
o las escuelas de posgrado.
Es por eso por lo que en los últimos años el mundo ha visto una creciente participación de los
gobiernos regionales en el ámbito internacional, un fenómeno a veces conocido como paradiplomacia.
Las razones radican tanto en cambios a nivel del sistema estatal e internacional, y en el plano político,
así como el desarrollo económico dentro de las propias regiones (Farías, 2014).
En el estudio realizado por Velázquez (2007) menciona que el incremento de las actividades
paradiplomáticas se debe a que existe una mayor interdependencia económica y una creciente
globalización. En este sentido, la participación de los actores no centrales en los asuntos internacionales
se debe a la globalización que ha limitado paulatinamente la capacidad de los Estados centrales de
satisfacer las necesidades de las regiones.
En cuanto al porqué de la paradiplomacia universitaria y su concepción para el estudio de Ruiz
Gutiérrez se define más bien la participación de diferentes actores y no solo limitados a los gobiernos
no centrales, abarcando todos los actores que la ejecutan (empresas, universidades, organismos
internacionales, etc.), busca responder a los cambios y necesidades globales y, dependiendo del rubro de
cada actor, estos trabajan para ese fin común de integración y desarrollo; desarrollo del sector económico
en el caso de las empresas, sector académico y cultural si hablamos de actores educativos y estos en
conjunto a nivel macro trabajan por un desarrollo regional (Ruiz-Gutiérrez, 2017).
Las universidades han recibido el impacto de la globalización, su participación en el escenario
internacional depende en gran medida de sus estrategias, motivaciones y capacidades. Estas acciones

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�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

tienen un papel importante en el cambio institucional al interior de las universidades; sin embargo,
también impactan en la región en donde se desarrollan.
Los estudiantes de Posgrado internacionales buscan cada vez más la movilidad como referencia
de calidad en sus estudios, una respuesta a la tendencia de la globalización. Las universidades tendrán
que adaptarse a los cambios de este fenómeno internacional.
La paradiplomacia universitaria
En la paradiplomacia se toma entonces el sentido vital a través de la internacionalización de las
universidades, puesto que estas relaciones internacionales paralelas del profesor, investigador y de la
propia universidad fortalecen sus capacidades para el futuro. El papel que ejercen las universidades que
se comportan como actores no tradicionales, es clave para fomentar el desarrollo socioeconómico de las
regiones a las que pertenecen.
Por otro lado, la Paradiplomacia ejerce un rol fundamental en la atracción de estudiantes
extranjeros, pues sus estrategias de acción son usualmente dirigidas hacia ciudadanos globales. De
acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas(ONU) la ciudadanía global se entiende como un tipo
de ciudadano que trasciende el espacio de lo nacional, se sustrae de un ámbito identitario o territorial
específico, y se integra a una ética global en constante desarrollo (ONU, 2016).
Tabla 1.
Total, de estudiantes extranjeros matriculados.
Institución/periodo
Total,
de Total,

de

Total,

de

Total,

de

alumnos

alumnos

alumnos

alumnos extranjeros

extranjeros

extranjeros

extranjeros

matriculados

matriculados

matriculados

matriculados

2018-2019

2014-2015

2015-2016

2016-2017

UANL

1097

901

789

388

ITESM

5107

2381

5060

5137

UDEM

2338

1694

1853

523

Fuente: Tomado de Zapata-Morán con datos de las ANUIES, 2019.
En este sentido los Posgrados como especialización y ampliación del conocimiento tienen un
papel importante en la formación de los ciudadanos globales; aunque por un lado se presenta un
La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19.

235

�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

fenómeno sin precedentes en cuanto a la cantidad de estudiantes que deciden continuar sus estudios de
Posgrado en el Estado de Nuevo León, también es un hecho que no son los suficientes para la
infraestructura y capacidad de la misma. En el estudio realizado por Zapata Morán (2021), se hace una
relación entre la cantidad de estudiantes extranjeros que estudian en universidades del área metropolitana
de Nuevo León y la cantidad de estudiantes de movilidad nacional que estudian en el extranjero.
A través de esta investigación se pretende estudiar el máximo potencial a explotar de los
posgrados, como receptores de estudiantes extranjeros, para fomentar la movilidad estudiantil y la
cooperación internacional. Diversos estudios realizados por Sebastián (2005), Melissen (2005),
Abdolalizadeh (2014), Albatch &amp; De wit (2020) se han enfocado en analizar la relación existente entre
la estructura de los sistemas educativos y los estudiantes. Algunos concluyeron que los sistemas escolares
menos integrales, que dividieron a los estudiantes ósea que no promovían la multiculturalidad, son
causantes de agrandar las desigualdades individuales entre los estudiantes y maestros.
Es importante evaluar las estrategias llevadas a cabo por las Universidades estatales y este caso
las llevadas a cabo por las escuelas de posgrado pues los estudiantes de este nivel buscan con más
esfuerzo crear redes de colaboración con sus pares en el extranjero. Por lo que resulta importante
analizarlo, pero no solo desde la perspectiva de los expertos, sino también de los estudiantes saber cuáles
son las necesidades y los retos que los universitarios que se integran a un contexto internacional enfrentan
y como atendiendo esas necesidades, las universidades encuentran áreas de oportunidad.
La medición de la calidad en los servicios de movilidad prestados en las universidades, en este
caso la Universidad Autónoma de Nuevo León, requiere de una búsqueda de más definiciones y
categorías, pues para llegar a la estandarización internacional hay temas que están estrechamente
vinculados a la Paradiplomacia universitaria.
En la era de la globalización las universidades han demostrado a través de su estabilidad
institucional, ser agentes de larga duración parecida incluso a la de los estados nacionales. Esto en gran
medida por el papel que tienen en la formación de clases dirigentes y de técnicos y profesionales,
convirtiéndolas en instituciones de larga duración.
En este sentido se entiende que la hegemonía en la producción de conocimiento, así como la
formación y educación de las elites dirigentes, lo que ubicó a las universidades en un contexto de acciones
diplomáticas hacia el exterior en una posición destacada dentro del sistema de instituciones. Por lo tanto,
236 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

esta participación constante de las universidades las ubica como un nuevo actor en el sistema
internacional capaz de ejercer diplomacia paralela a través de ciertas acciones como la
internacionalización de la educación entre otras (Harispe, Herrero, &amp; Araya, 2014).
El posicionamiento a nivel local permite a las universidades mayor acceso a relaciones con otras,
la cooperación internacional entre los centros universitarios no es un tema nuevo, desde la aparición de
las tecnologías de la comunicación y las redes sociales.
Los actores subnacionales también se encuentran entre aquellos actores que buscan la
internacionalización, entonces la definición de paradiplomacia abarca tanto a los municipios que forman
parte del gobierno de un Estado-nacional, como también a otras instituciones, de significativo peso
cultural y académico-científico. (Harispe, Herrero, &amp; Araya, 2014).
En los últimos años el mundo ha visto una creciente participación de los gobiernos regionales en
el ámbito internacional, un fenómeno a veces conocido como paradiplomacia. Las razones radican tanto
en cambios a nivel del sistema estatal e internacional, y en el plano político, así como el desarrollo
económico dentro de las propias regiones.
El ciudadano como protagonista de la paradiplomacia: Los programas de intercambio
El término paradiplomacia universitaria resulta relevante en un contexto actual centralizado, entre
reducción de presupuestos y la corrupción que impera en las instituciones, la relevancia del término recae
en la estructura pura de la paradiplomacia entendida como las acciones diplomáticas llevadas a cabo por
organismos no centrales en las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos ad
hoc con entidades privadas o públicas del extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y
culturales, así como cualquier otra dimensión externa de sus competencias constitucionales (Cornago,
2000).
El papel del ciudadano en la paradiplomacia es primordial para aquellos que les preocupa su
agenda de internacionalización pues el capital humano es esencial para que el proceso de
internacionalización se lleve cabo exitosamente, de ahí la justificación del estudio de los estudiantes
extranjeros de posgrado. En este sentido, Greogory menciona que su participación requiere una estrategia
en donde estén involucrados ya sean actores estatales, sub-estatales o no estatales para formar una
comprensión de las culturas, actitudes y comportamientos propios de una región o país, pues esto

La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19.

237

�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

conlleva a la construcción y gestión relaciones, para contribuir en el pensamiento de las audiencias y
fomentar acciones que permitan favorecer sus intereses y valores (Greogory, 2011).
En este sentido los programas de intercambio capturan el interés de las élites académicas y crean
conexiones de alto valor emocional, se le consideran estrellas de la paradiplomacia, pues permiten
capturar la esencia de la sociedad civil a través del alumnado y sus docentes y experiencias en ambientes
multiculturales, rodeados de libertad de pensamiento y conocimiento.
Cada alumno tiene la oportunidad de elegir el programa, la universidad o el destino. Se pretende
que la experiencia sea única, aun cuando se enmarque en las acciones destinadas a colectivos académicos,
periodísticos o de otra naturaleza (Manheim, 1994). Existen varios ejemplos de integración regional a
través de las universidades, uno de ellos ha sido el programa Erasmus establecido por medio de la Unión
Europea, que ha dado becas y financiamiento a jóvenes europeos que pretenden convertirse en
ciudadanos globales y además contribuir con relaciones públicas a sus universidades.
Sin embargo, se encuentran algunas limitaciones para la medición de su desempeño pues son
programas académicos de formación en el sentido amplio, pero también le consideran acciones que
cuestan mucho en términos monetarios y de recurso humano y cuyo rendimiento es difícil de valorar.
El término paradiplomacia universitaria resulta relevante en un contexto actual centralizado, entre
reducción de presupuestos y la corrupción que impera en las instituciones, la relevancia del término recae
en la estructura pura de la paradiplomacia entendida como las acciones diplomáticas llevadas a cabo por
organismos no centrales en las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos ad
hoc con entidades privadas o públicas del extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y
culturales, así como cualquier otra dimensión externa de sus competencias constitucionales (Cornago,
2000).
Durante la crisis del COVID 19 se vislumbró que la situación de las instituciones de educación
superior en cuanto su internacionalización sufriría una crisis sin precedentes, se tiene una oportunidad
sin precedentes, ¿Qué se va a hacer con la internacionalización de la educación superior? ¿Cuáles serán
las estrategias de paradiplomacia que impacten en el desarrollo institucional de las universidades?

238 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

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El impacto del COVID-19 en la internacionalización de la universidad
Recientemente, la internacionalización de la educación superior se ha visto profundamente afectada por
las fuerzas gemelas de la pandemia de COVID -19 la política internacional. Si bien el resurgimiento del
nacionalismo y la xenofobia en todo el mundo ya había arrojado dudas sobre la importancia de un sistema
globalizado de educación superior, la pandemia solo se ha sumado al enigma al imponer restricciones al
movimiento normal de personas dentro y entre las universidades del mundo.
A corto plazo, está claro que la pandemia ha afectado cambios masivos en los patrones que hemos
llegado a observar en la educación superior internacional. El enorme experimento de la educación en
línea nos dejará a todos permanentemente cambiados. Estaríamos mucho más dispuestos a participar en
proyectos educativos a distancia. El trabajo que hemos estado haciendo en esta área durante los últimos
años se consideraría preparatorio para un giro más generalizado hacia la enseñanza, la educación y la
transferencia de conocimientos en línea. Las universidades se involucrarán más en este dominio que antes
(Harvard, 2020, pp. 1).
Según el profesor Elliott (2020), podría ocurrir un posible aumento en el número de asociaciones
entre universidades, y después del COVID-19, más personas en puestos administrativos podrán ver el
valor de cultivar relaciones a nivel institucional. En este sentido, los acontecimientos del año 2020 han
establecido la prioridad de invertir en salud, seguridad y la protección en el desarrollo, implementación
y gestión de programas de intercambio internacional para la movilidad de estudiante y profesores.
Los líderes de la educación internacional comparten las lecciones aprendidas y ofrecen consejos
prácticos sobre evaluaciones de riesgos, planes de emergencia y protocolos. ¿Cómo se pueden integrar
las necesidades de salud, seguridad y protección de los programas de educación internacional en las
relaciones con los socios y los planes estratégicos institucionales para garantizar un regreso seguro al
estudiar en el extranjero?
Estrategias de Paradiplomacia Universitaria
En cuanto a la UANL es parte de 45 organizaciones mundiales con la intención de fortalecer el proceso
de internacionalización y cuenta con tres oficinas en el extranjero para fomentar la paradiplomacia, sin
embargo la importancia de la paradiplomacia y la cooperación entre actores a nivel internacional no se
ha incorporado de manera definitiva en las agendas gubernamentales ni tampoco en las políticas
educativas de los gobiernos estatales de México, debido a la carencia de diversos elementos tales como
La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19.

239

�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

recursos económicos, interés gubernamental, visión internacional y estrategia de vinculación
internacional en materia de educación superior y en algunas ocasiones por la falta de compromiso de los
lideres universitarios con la internacionalización, la poca información científica que se tiene al respecto,
y modelos obsoletos de atención a estudiantes y profesores extranjeros (Waldman et al, 2018).
Existen estrategias que integran a la paradiplomacia, como lo son: La internacionalización de la
planta docente, el financiamiento, los servicios de atención a estudiantes extranjeros, la proyección
internacional, y los procesos de internacionalización que lleva cabo la universidad.
En este apartado se revisará el impacto que estas estrategias tienen en el ciudadano que interactúa
con ellas de manera constante, en este caso el estudiante extranjero de posgrado de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Las universidades en México han estado en una búsqueda constante de estrategias que les permita
formar parte del sistema internacional. Esto se puede observar en la cantidad de estudiantes o profesores
extranjeros, y la cantidad de publicaciones con autores de otros países, los convenios vigentes, las redes
científicas y académicas, asociaciones, entre otros.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, se ha planteado estrategias y metas de
internacionalización a través de sus planes de desarrollo institucional, en este sentido, En el año 2012,
597 estudiantes de la Universidad realizaron intercambio con otras instituciones: 27 con nacionales y 570
con internacionales, cifras que se vieron incrementadas para el 2018 con 853 estudiantes realizando
intercambio hacia otras instituciones de educación superior: 69 nacionales y 784 internacionales.
Mientras tanto, en el año 2012 la Universidad recibió a 301 estudiantes: 110 nacionales y 191 extranjeros,
cantidad que también se vio incrementada en el 2018 con 700 estudiantes: 315 nacionales y 385 de otras
partes del mundo (UANL, 2019).
Cuando se habla de movilidad de estudiantes, se entiende como aquellos que están estudiando
fuera del lugar de origen. En un panorama internacional, el uso regular de los términos como estudiantes
en el extranjero y académicos internacionales y flujos de estudiantes internacionales se han traducido a
todos los idiomas e incluso han sido usados como sinónimos cuando son referidos (Altbach P., 1991).
De acuerdo con Gacel (2003) es necesario diseñar políticas de internacionalización que puedan
contribuir a mejorar la calidad de la educación superior de manera que se puedan implementar cambios
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que transformen el sistema educativo que pueda enfrentar los nuevos retos de la globalización; sin
embargo, el panorama para México no es del todo favorable pues la polaridad en la distribución de
riquezas, la corrupción y la falta de inversión en la educación, necesitan la evaluación constante de la
academia y diseñar estrategias de manera que los beneficios de la internacionalización a través de la
cooperación puedan ser un beneficio que llegue a todos como una vía para mejorar los índices de
competitividad en México (Imco, 2011).
Ahora bien, la internacionalización de la planta docente, la docencia son una parte fundamental
de la paradiplomacia universitaria porque son parte de la movilidad académica y en otro porque son parte
también de la calidad institucional en la internacionalización de la universidad a la que pertenecen. Los
docentes y la educación de los docentes ocupan un lugar de privilegio en las agendas de las iniciativas
internacionales, en los esfuerzos de la cooperación internacional y de los diseñadores de políticas
nacionales. En muchos proyectos y programas dedicados a la reforma y el desarrollo educativos, las
políticas o los estándares internacionales son producto de transferencias (Acedo, 2012).
El incremento de la movilidad de estudiantes y docentes, a nivel de grado y posgrado, es una meta
deseable para los sistemas universitarios. Esta movilidad se constituye en un notable transmisor de la
cooperación interinstitucional, sin embargo, debe de ir acompañado de mecanismos de redes académicas
que se den a sí mismas resultados y objetivos de manera estructurada (Larrea &amp; Astur, 2017).
Las estrategias de financiamiento que lleve a cabo la universidad se consideran importantes para
su proceso de internacionalización, por ejemplo, El tema de la globalización y la interculturalidad ha
dado parte al análisis de distintos elementos, de los cuales, uno ha sido como es el contacto del estudiante
extranjero con su universidad receptora. Por lo que hace algunos años las universidades receptoras como
es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y la UANL tuvieron que reorganizar su
administración y establecer una oficina de administración de estudiantes extranjeros para satisfacer las
necesidades únicas de los estudiantes extranjeros.
Los costos ejercen una influencia significativa en la elección de los estudiantes de una institución
de educación superior. Soo y Elliot (2010) también estudiaron la influencia del costo financiero de asistir
a una universidad por parte de estudiantes internacionales; sin embargo, sus estudios mostraron una
relación no significativa entre las tarifas cobradas por una institución y la opción de inscribirse en la
institución. La investigación también ha demostrado que la elección de las universidades por parte de los
estudiantes está influenciada por los atributos de la universidad.
La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19.

241

�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

La reputación de una institución también es una consideración en la elección universitaria de un
estudiante. Ming (2010) admite que la reputación de una institución es una poderosa influencia en los
estudiantes potenciales. Dado el creciente número de instituciones de educación superior, los estudiantes
son cada vez más críticos y analíticos en su selección de instituciones educativas.
Por otra parte, la globalización y la internacionalización de la educación superior han aumentado
significativamente la competitividad en las universidades. La competencia entre universidades se observa
de manera visible en los rankings universitarios. Estos rankings inevitables y probablemente necesarios
clasifican a las mejores universidades según su calidad y prestigio (Carrillo &amp; Blanco, 2015).
La comunicación de la proyección internacional se debe de fundamentar en los mismos
parámetros de gestión que la comunicación de la proyección internacional. Por otro lado, la
comunicación online o en páginas web debe ofrecer a los públicos extranjeros la promesa que la
universidad ofrece, reforzándola y aumentándola en distintos idiomas con los recursos que tenga a su
alcance (Carrillo &amp; Blanco, 2015).
La gestión de la proyección internacional de las universidades, las acerca a los públicos
extranjeros, pues es una manera de recibir la atención necesaria que les ayude a satisfacer sus
necesidades. Implica la implementación de información web y la traducción de sus contenidos. Se
requiere una participación mucho más activa para reforzar las actividades de las universidades.
Por otra parte, los servicios de atención de la escuela son una parte esencial de la calidad
institucional que proyecte la universidad. La calidad institucional se entiende como el fortalecimiento de
la capacidad de poner en práctica un sistema de calidad integral, efectivo y participativo para la
ampliación de la oferta académica, los servicios administrativos y la planificación y la gestión (Miranda,
2004). Estudios anteriores demostraron el vínculo entre la calidad del servicio, la satisfacción de los
estudiantes y la lealtad de los estudiantes, modelando las dinámicas existentes entre ellos (Teas &amp;
Agarwal, 2000) y (Agarwal &amp; Teas, 2001). Dicho esto, la satisfacción de los estudiantes está doblemente
vinculada a la calidad del servicio. En este contexto, las instituciones educativas deben monitorear
activamente la calidad de los servicios que ofrecen y comprometerse con las mejoras continuas.
En este sentido Dorweiler y Yakhou citados por Petruzzellis (2010) mencionan que los
estudiantes se han vuelto más discriminatorios en su selección y más exigentes con las universidades que

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eligen. Es importante, entonces, que las instituciones entiendan lo que los estudiantes desean y esperan
de la institución que eligieron.
El servicio de atención que los estudiantes experimentan, su burocracia y su nivel de complejidad
afectan en gran medida la primera impresión del servicio y la decisión inicial de solicitar un curso, así
como el nivel de satisfacción del estudiante.
Un ejemplo de esto es, que casi dos tercios de los estudiantes de doctorado de los Estados Unidos
aspiran a un puesto en un colegio o universidad. Aunque los estudiantes extranjeros esperan trabajar en
un entorno académico, también aspiran a obtener relaciones duraderas con la universidad que los recibe
a través de convenios con sus universidades de origen o redes académicas y de investigación
internacionales (Altbach &amp; Knight, 2006)
3.-MÉTODO
Diseño
El enfoque cuantitativo de la investigación pretende confirmar la relación de las variables propuestas en
la primera fase del estudio cualitativo a través de la generación de una encuesta compuesta de 43 reactivos
en el cual se buscó investigar las orientaciones cognoscitivas, afectivas y evaluativas de los estudiantes
que se tenga como muestra, con el objetivo de medir las percepciones y sentimientos que tienen los
estudiantes hacia las acciones paradiplomáticas de su universidad receptora, en este caso la UANL.
Participantes
De 88 estudiantes de posgrado que se encuentran actualmente inscritos en la Universidad Autónoma de
Nuevo León, se seleccionó una muestra de 72 estudiantes extranjeros, los cuales se segmentarán por zona
a la que pertenece su país (América del Norte, Sudamérica, Europa, África y Asia) y por la rama del
conocimiento al que pertenece su programa (Físico-matemáticas y ciencias de la tierra, Biología y
química, Medicina y salud Humanidades, Sociales y Económicas, Biotecnología y agropecuarias e
Ingeniería).
Instrumentos
Se operacionalizaron las variables, las dimensiones y los ítems, se establecieron los valores de la escala
tipo Likert del 1 como Poco importante y 5 Muy importante. Después de revisarlo detenidamente, el
La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19.

243

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instrumento se aplicó a una muestra no probabilística de 15 estudiantes provenientes de Sudamérica,
Europa y África que se inscribieron a programas de posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo
León, en el periodo abril a mayo del año 2019. El instrumento está compuesto de 43 reactivos, los cuales
fueron respondidos a través de correo electrónico y personalmente. Se realizó una prueba de fiabilidad,
con la cual se trataba de comprobar que el instrumento es confiable, la confiabilidad demostrada en los
resultados indica que el instrumento es aceptable y puede ser utilizado para recopilación de datos. Se
procedió a aplicar la encuesta a la muestra correspondiente en el periodo de febrero a octubre del año
2020.
Procedimientos
En una primera fase del estudio se realizó una recopilación de documentos y literatura que proporcionara
una visión integral de las variables de estudio, después se realizo el instrumento cuantitativo de encuesta
que se aplicó a 72 estudiantes provenientes de otro país que estudian un posgrado de la UANL. Se hizo
un análisis de fiabilidad para proceder a la interpretación de estadísticos descriptivos proporcionados por
el software SPSS, con los cuales se pretende comprender el orden de importancia de los ítems del
instrumento. Finalmente se redactaron resultados y conclusiones.
4.-RESULTADOS
Análisis de fiabilidad
El tiempo y el costo de postularse a la escuela de posgrado es alto, por lo que los posibles solicitantes y
afiliados deben limitar sus opciones. Además, se están comprometiendo un mínimo de un año por lo que
se invierte ese tiempo, fondos y esfuerzo sustancial, una vez que se comprometen a un solo programa de
posgrado. Por lo tanto, la elección de a cuál asistir debe ser considerada cuidadosamente y las opciones
sopesadas (Joseph, 2010).
El factor de interés en la investigación actual, en las escuelas de posgrado y para la universidad
por igual, es comprender mejor cómo los estudiantes de posgrado llegan a su institución final de elección.
Se compila y examina una lista de criterios de selección para programas de posgrado. En este sentido se
encontró que la mayoría de los estudiantes, independientemente de su ciudadanía, tenían un objetivo a
largo plazo de enseñar o un puesto de investigación en un entorno académico.

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Se elaboró el instrumento de medición, se optó por la elaboración de una encuesta con escala tipo
Likert, que de acuerdo Bertram (2008) las escalas llamadas Likert son una escala de respuesta
psicométrica utilizada principalmente en los cuestionarios para obtener preferencias o grado de acuerdo
con una declaración o conjunto de declaraciones. Las escalas de Likert son una técnica de escala no
comparativa y son unidimensionales (solo miden un único rasgo) en naturaleza. Se les pide a los
encuestados que indiquen su nivel de acuerdo con una declaración dada a través de una escala ordinal.
“Únicamente, este tipo de instrumentos consten en una colección de ítems, la mitad
manifestándose en una posición de acuerdo con la actitud a medir y la otra mitad en contra.
Cada ítem está relacionado en una escala de valoración ordinal. Esta misma escala incorpora
el punto medio neutral, así como los puntos a izquierda y derecha, originalmente de desacuerdo
y de acuerdo, con opciones de respuesta numérica de 1 a 5. Esta escala de variables aparecía en
horizontal, uniformemente espaciadas, al lado del ítem e incluía las etiquetas numéricas” (Matas,
2016, pp. 40).
Tabla 2.
Estrategias que impactan en la atracción de estudiantes extranjeros de la UANL
Variable
Media
DE.

Alfa de
Cronbach

Planta docente

3.02

1.22

.793

Oferta de Internacionalización

3.07

1.36

.909

Financiamiento

2.03

1.24

.762

Proyección internacional

3.67

.990

.902

Servicios de atención a estudiantes extranjeros

3.53

1.10

.809

Fuente: Elaboración propia, (2019).
Consecuentemente se procedió a realizar el análisis descriptivo de la muestra para la
determinación del grado de relevancia de las variables y sus ítems. La desviación estándar es la forma
de dispersión más común, que señala que tan diversos están los datos en relación con la media. Mientras
mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. A continuación, se muestra el
análisis por variable y el orden de relevancia para los entrevistados, lo que determinara el grado de
importancia de cada uno de los ítems.

La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19.

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En primera instancia en la variable de planta docente los estudiantes extranjeros de posgrado
determinaron que el ítem con mayor relevancia es el conocimiento multicultural de los profesores
(ME=4.37, DE=1,018), después

impacto internacional de la producción académica de los

profesores(ME=4.37, DE=.914), posteriormente en cuanto a relevancia la variable de participación de
los profesores en redes académicas internacionales(DE=4.32 ME=.938) resultó ser importante, mientras
que las variables accesibilidad de los profesores(DE=4.25 ME= 1.118) y Profesores especializados con
algún título extranjero(ME=4.07, DE= 1.113) fueron las de menor importancia .
Importancia Oferta de internacionalización
En cuanto a la variable de oferta de internacionalización fueron generados indicadores que permitieran
al estudiante medir en la toma de decisión la importancia de las estrategias de internacionalización de su
escuela. En este sentido el ítem con mayor relevancia para los encuestados fue el de reconocimiento de
la calidad educativa (ME=4.79, DE= .558). También se observa que las alianzas internacionales de la
universidad (ME=4.59, DE= .599) resultó importante en el momento de tomar la decisión de asistir a una
universidad; posteriormente el ítem reconocimiento de la universidad por evaluaciones internacionales
(ME=4.56, DE=.712). Sitio web de la universidad (ME=4.49, DE= .791).
Tabla 3.
Descriptivos. Importancias de las variables oferta de internacionalización
N.
Mín.
Máx.
OI 1. Reconocimiento de la calidad educativa
OI 2. Oportunidades de colaborar en
investigaciones internacionales
OI 3. Reconocimiento de la universidad por
evaluaciones internacionales
OI 4. Las alianzas internacionales de la
universidad
OI 5. Los convenios de cooperación de la
universidad con organismos internacionales
OI 6. Oferta de redes de investigación
internacionales
OI 7. La posibilidad de tener acceso a oficinas en
el extranjero de la universidad
OI 8. Sitio web de la universidad
OI 9. Posibilidad de llevar cursos o actividades en
plataforma digital
OI 10. Disponibilidad de solicitud en línea
N válido (según lista)

Media.

DE.

71

2

5

4,79

,558

71

2

5

4,46

,842

71

2

5

4,56

,712

71

3

5

4,59

,599

71

2

5

4,48

,753

71

2

5

4,35

,864

71

1

5

4,04

1,114

71

2

5

4,49

,791

71

1

5

3,85

1,359

71
71

1

5

4,28

1,003

246 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

Fuente: Elaboración propia. (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala
tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).
Los convenios de cooperación de la universidad con organismos internacionales (ME=4.48, DE=
.753); en grado de importancia sigue el ítem de oportunidades de colaborar en investigaciones
internacionales (ME=4.46, DE= .842); seguido de oferta de redes de investigación internacionales
(ME=4.35, DE=.864). Después el ítem disponibilidad de solicitud en línea (ME=4.28, DE= 1.003), y al
final los ítems de la posibilidad de tener acceso a oficinas en el extranjero de la universidad (ME=4.04,
DE= 1.114), posibilidad de llevar cursos o actividades en plataforma digital (ME=3.85, DE=1.359) que
siguen estando por arriba de la media teórica.
Respecto a la variable de financiamiento el ítem de mayor importancia para los estudiantes
extranjeros de posgrado fue el de asistencia financiera (ME=4.75, DE=.691); seguido por el costo de
colegiatura (ME=4.63, DE=.882). Por otro lado, los ítems costo de la renta de vivienda (ME= 4.39, DE=
1.049) y costo del transporte (ME= 4.17, DE= 1.207), también resultaron de importancia para los
encuestados. El siguiente ítem medido en grado de importancia fue la disponibilidad de alojamiento
seguro (ME= 4.11, DE= 1.337), seguido por oportunidades de trabajar durante el curso (ME= 3.52, DE=
1. 611), y en menor grado de importancia fue la disponibilidad de beca en país de origen (ME= 3.39,
DE= 1.816).
Tabla 4.
Estadísticos descriptivos. Importancia de la variable Financiamiento
N. Mín.

Máx.

Media.

DE.

FN 1. Asistencia financiera (becas) país receptor (México)

71

1

5

4,75

,691

FN 2. Costo de colegiatura

71

1

5

4,63

,882

FN 3. Oportunidad de trabajar durante el curso.

71

1

5

3,52

1,611

FN 4. Disponibilidad de alojamiento seguro

71

1

5

4,11

1,337

FN 5. Costo de la renta de vivienda.

71

1

5

4,39

1,049

FN 6. Costo del transporte

71

1

5

4,17

1,207

FN 7. Disponibilidad de beca / ayuda fina

71

1

5

3,39

1,816

N válido (según lista)

71

Fuente: Elaboración propia. (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala
tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).

La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19.

247

�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

La variable proyección internacional indicó que el ítem con mayor relevancia para los estudiantes
extranjeros era la reputación de la escuela o facultad a nivel internacional (ME= 4.55 DE= .628),seguido
por la reputación de la universidad a nivel internacional( ME= 4,51, DE= .734), señalando que es
importante la promoción de escuelas o facultades incluso en un mismo grado de importancia que el
nombre de la universidad; después le sigue, promoción en congresos internacionales( ME= 4,39 DE=
.819), participación en ferias internacionales (ME= 4.31, DE= .838) como factor de importancia en la
selección de los estudiantes extranjeros de posgrado. Le siguen en importancia los ítems la página web
de la universidad (ME=4.15, DE= 1. 051), promoción en redes sociales (ME= 3.86, DE= 1.175), Los
ítems de menor importancia para los entrevistados fueron acceso a las páginas web en diferentes idiomas
(ME= 3.79, DE= 1.182), y marketing de los programas en páginas web (ME= 3.73, DE= 1.133).
Tabla 5.
Estadísticos descriptivos. Importancia Variable Proyección Internacional
N.
Mín.
Máx.
PI 1. Reputación de la Universidad/Facultad a nivel

Media.

DE.

71

2

5

4,51

,734

71

3

5

4,55

,628

PI. 3 participación en ferias internacionales

71

2

5

4,31

,838

PI 4. Promoción en congresos internacionales

71

2

5

4,39

,819

PI 5. Promoción en redes sociales

71

1

5

3,86

1,175

PI 6. La página web de la universidad

71

1

5

4,15

1,051

PI 7. Marketing de los programas en páginas web

71

1

5

3,73

1,133

PI 8. Acceso a las páginas web en diferentes idiomas

71

1

5

3,79

1,182

N válido (según lista)

71

internacional
PI 2. Reputación de la escuela o facultad a nivel
internacional

Fuente: Elaboración propia. (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala
tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).
Uno de los servicios que les pareció más relevante fue la recepción de estudiantes a nivel
internacional (ME= 4.69, DE= .689), la amabilidad de los servicios escolares de admisión (ME=4.55,
DE=.842) y el Tiempo de respuesta de servicios escolares (ME= 4.35, DE= 1,016); por otro lado, son
importantes también las oportunidades de gestionar o colaborar en proyectos internacionales (ME= 4.35,
DE= .927), y un proceso de admisión simple (ME=4.30, DE= 1.006). En último lugar de importancia

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resultan programas impartidos en idioma extranjero (ME= 3.76, DE= 1.292), esto se podría deber a que
la gran mayoría de los encuestados son de países de habla hispana.
Tabla 6.
Estadísticos descriptivos. Importancia Variable Servicios de Atención
N.
Mín.

Máx.

Media

DE.

SE 1. Un proceso de admisión simple

71

1

5

4,30

1,006

SE 2. Tiempo de respuesta de Servicios escolares de admisión
SE 3. Amabilidad de los servicios escolares de admisión
SE 4. Oportunidades de gestionar o colaborar en proyectos
internacionales
SE 5. Recepción de estudiantes a nivel internacional
SE 6. Programas impartidos en idioma extranjero
N válido (según lista)

71
71

1
1

5
5

4,35
4,55

1,016
,842

71

1

5

4,35

,927

71
71
71

2
1

5
5

4,69
3,76

,689
1,292

Fuente: Elaboración propia. (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala tipo
Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).
Por último, en cuanto a la variable dependiente de intención de compra (intención de asistir a la
UANL), el ítem de mayor relevancia fue: Yo planifiqué conscientemente asistir a mi universidad destino
(M=4.41, DE= .855) y las probabilidades de que yo eligiera mi universidad destino eran altas (M= 4.27,
DE= 1.203) indicando la importancia de la intención de tomar la decisión de asistir a una universidad
(destino). En menor grado de importancia se encuentran los ítems, mi primera opción de destino fue la
UANL (M= 4.20, DE= 1.203) y mi primera opción de universidad destino fue la universidad donde me
encuentro actualmente (M= 4.14, DE= 1.175) indicando las distintas opciones que tienen los estudiantes
en variedad de universidades con financiamiento.
Tabla 7
Estadísticos descriptivos. Importancia Variable Intención de Asistir a la UANL
N. Mín.

Máx.

Media

DE.

AS 1. Yo planifiqué conscientemente asistir a mi universidad destino
AS 2. Mi primera opción de universidad destino fue la universidad donde me
encuentro actualmente.
AS 3. Las probabilidades de que yo eligiera mi universidad destino eran altas

71

1

5

4,41

,855

71

1

5

4,14

1,175

71

1

5

4,27

1,014

AS 4. Mi primera opción de destino fue la UANL
N válido (según lista)

71
71

1

5

4,20

1,203

Fuente: Elaboración propia, (2020). Nota: Todas las variables independientes se midieron con escala
tipo Likert con un rango teórico de variación de 1 (nada importante) a 5 (muy importante).
5.- CONCLUSIONES
La paradiplomacia universitaria, las transformaciones de las universidades ante el COVID 19.

249

�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

Todo esto se debe a la separación que se ha tenido de los gobiernos, el sector productivo y las
universidades, además de la reducción de presupuestos a la ciencia, la cultura y la tecnología; si bien el
CONACYT como parte angular de la internacionalización de las universidades , ha tenido algunas
reestructuras durante los últimos años, fue palpable el limitado presupuesto para la ciencia, la educación
y la tecnología en los últimos años comenzando desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y
más reciente y notorio durante la pandemia, donde se veían casos de retrasos en pagos y paros de
múltiples facultades, como es el caso de la UNAM que mantiene uno de los estándares más altos de
relaciones y convenios con otras universidades o centros educativos y de investigación, así como redes
de maestros y estudiantes globales.
Otro ítem relevante en el estudio “como supieron por primera vez de la universidad”, un 54, 5%
contesto que fue a través de familiares o amigos, un 34.5% por Internet, 9.1% otro y 1.8% por redes
sociales. Por lo que resulta de importancia la calidad del trato al estudiantes pues la comunicación de voz
en voz de las experiencias vividas por los estudiantes (Word-of-Mouth Marketing) en el caso de la UANL
es la principal forma de enterarse de la universidad. Seguido por el uso de internet por lo que se sugiere
implementar uso de Big data, CRM, redes sociales más atractivas y páginas web más amigables para los
estudiantes para una mayor interacción.
En la variable proyección internacional, el ítem con mayor relevancia para los estudiantes
extranjeros fue la reputación de la escuela o facultad a nivel internacional, seguido por la reputación de
la universidad a nivel internacional, en el aspecto en que se debe trabajar más en la defensa constitucional
de la universidad pública mexicana para poder acceder a una universidad multicultural y con
intercambios académicos más significativos, así como el acceso de las facultades a más convenios macros
y ferias universitarias internacionales, pues en cuanto a los encuestados se refiere es de mayor
importancia la imagen de la facultad como es el caso de escuelas.
Las estrategias de paradiplomacia medidas se sustentan en el que hacer institucional de la
universidad, y las competencias que le permiten generarlas, en cuanto al impacto del COVID 19 se pudo
encontrar un contraste en cuanto a la impartición de clases en línea y programas en idioma extranjero
pues el instrumento se aplicó antes y durante la pandemia, permitiendo una medición de datos que resulta
relevante en temporalidad.

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�Zapata-Morán., M., G., Berlanga-Ramírez, J., H., &amp; Salazar-Mata, H.

Al comienzo de la crisis, estuvo en el supuesto que las realidades en la educación superior
internacional de antes de la crisis probablemente se mantendrían, y que la educación superior volvería
rápidamente a las rutinas normales, pero tal vez con menos estabilidad financiera que antes. En muchos
países e instituciones. Con la crisis en evolución y más países y personas afectadas, esa opinión ya no
puede sostenerse.
En este contexto, se destaca la importancia de que los líderes de las escuelas de educación superior
integren estrategias que permitan a las universidades contar con evaluaciones de riesgos, planes de
emergencias y protocolos. En este sentido, las universidades podrían adaptar sus programas de educación
internacional con estrategias paradiplomáticas con sus pares en el extranjero.
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Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto:
Caso Carmen de Bolívar, Colombia1
Measurement of resilience in adult victims of the conflict: Case of Carmen de Bolívar,
Colombia
Alberto Enrique, Candanoza-Henríquez2; Marco Antonio, Rojo-Gutiérrez3

RESUMEN
El presente artículo es resultado de una investigación que tuvo por objetivo medir la
resiliencia en adultos víctimas del conflicto en el Carmen de Bolívar, Colombia. Para ello,
se aplicó un cuestionario estructurado de breve duración, de 32 reactivos donde se evalúan
las variables factores protectores internos, factores protectores externos y Empatía.
Participaron 231 personas adultas del área geográfica estudiada. Entre los resultados se
encontró que entre los factores protectores interno destaca la confianza en si mismos,
consideran que la educación es muy importante entre los factores protectores externos y
con respecto a la empatía confían en un mejor mañana. Se concluyó que, si bien es limitada
la definición y medición de la resiliencia por la naturaleza dinámica y los múltiples
factores de influencia del constructo, la población civil encuestada evidencia elementos
característicos de la conducta resiliente posterior a haber sido afectados por el conflicto
armado en su región.
Palabras claves: Adultos, conflicto armado, resiliencia, Carmen de Bolívar.
ABSTRACT

……………………………………
Fecha de recibido: 15-12-2020
Fecha de aceptado: 29-02-2021

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional

This article is the result of an investigation that aimed to measure the resilience of adult
victims of the conflict in Carmen de Bolívar, Colombia. For this, a short, structured
questionnaire of 32 items was applied where the variables internal protective factors,
external protective factors and Empathy were evaluated. 156 adults from the geographical
area studied participated. Among the results, it was found that among the internal
protective factors, self-confidence stands out, they consider that education is very
important among the external protective factors and with respect to empathy they trust in
a better tomorrow. It was concluded that, although the definition and measurement of
resilience is limited due to the dynamic nature and the multiple factors of influence of the
construct, the civil population surveyed shows characteristic elements of resilient
behavior after having been affected by the armed conflict in its region.
Keywords: Adults, armed conflict, Carmen de Bolívar, resilience.

Cómo referenciar este artículo:
Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A. (2021). Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar,
Colombia. Revista Política Globalidad y Ciudadanía, 7(14), 254-280. https://doi.org/10.29105/pgc7.14-12

Este artículo es producto del proyecto de investigación: “El Conflicto Armado En el Municipio El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar, Colombia:
una propuesta de medición de la resiliencia”. Iniciado en 2019 y finalizado en 2021.
2
Institución Universitaria ITSA, Colombia. Magister en Gerencia de sistemas de Gestión Integral por la Universidad Internacional Iberoamericana,
Docente Catedrático en la Institución Universitaria ITSA. Email: albertoe.candanoza@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6555-0797.
3
Universidad Internacional Iberoamericana, México. Doctor en Estudios Sociales mención Economía Social por Universidad Metropolitana de México.
Profesor Investigador en Universidad Internacional Iberoamericana. Email: marco.rojo@unini.edu.mx. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4862-8780
1

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�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

1.- INTRODUCCIÓN
Ante los episodios de violencia ocurridos en Colombia, frente al tema del conflicto armado, el proceso
de paz con la guerrilla de las Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) y otros actores del
conflicto, en la población del Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Resulta de especial
interés realizar una medición de la resiliencia, para abordar el fenómeno desde sus diferentes
dimensiones, facilitando la identificación de aquellos elementos que permiten desarrollar la capacidad
de adaptación y afrontamiento ante situaciones violentas normalizadas en la cotidianidad. A partir de ahí,
adoptar medidas que permitan contribuir al mejoramiento de la salud mental de los individuos, que son
susceptibles al maltrato, la incapacidad de enfrentar y superar eventos traumáticos.
El presente estudio surge de la necesidad de medir la resiliencia de la población sometida a
diferentes sucesos traumáticos, ocasionados por las acciones violentas de los grupos armados al margen
de la ley, con el fin de identificar la capacidad que tienen las personas afectadas para convivir con sus
victimarios en esta época de post acuerdo. Es así, que la investigación permitirá direccionar la mirada
hacia el foco de violencia en Colombia, especialmente en la región del Carmen de Bolívar, de la misma
forma se pondrá en evidencia como esta sociedad se ha sobrepuesto a los muchos momentos de
adversidad, terror, miedo y pánico generados por estos grupos armados.
Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional sobre el fenómeno de la
resiliencia, sus estrategias de prevención y actuación con respecto a los acontecimientos causados por el
conflicto armado en esa región. El presente trabajo es conveniente desarrollar, para afianzar un mayor
conocimiento sobre la ocurrencia de cada tipo de situaciones ante el afrontamiento de esos eventos
traumáticos, sus características y las necesidades de intervención. Por otra parte, permite ampliar los
datos sobre la resiliencia en estos tipos de sucesos traumáticos, para contrastarlos con otros estudios
similares y analizar las posibles variables según el género, nivel socioeconómico, la gestión de las
entidades gubernamentales y el contexto.
Así mismo, al ser la propuesta de la resiliencia una mirada que cambia los esfuerzos de los
investigadores por analizar la realidad en la medida que centraliza su atención en la población sana a
pesar de estar en un medio insano, para lo cual se hace necesario utilizar las herramientas teóricas de las
ciencias humanas, tales como: la psicología, las ciencias sociales, la medicina y la política, entre otras.

Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

255

�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

En la búsqueda y esclarecimiento de la capacidad que tiene un pueblo de superar la presión de la
violencia, para volver a su estado inicial de paz tranquilidad y bienestar humano fortalecido. En este
sentido, en la actualidad la resiliencia se reconoce como valiosa, por sus posibles aplicaciones en el área
de la salud, la prevención y educación.
Desde la política, por ejemplo: la resiliencia es un tema foco para potencializar a las poblaciones
que muestran la fortaleza necesaria para afrontar infortunios que van desde desastres naturales, hasta
desastres producidos por actividad antropogénica del hombre como las guerras, así como lo manifiestan
algunos autores que han trabajado en resiliencia comunitaria, incrementando el apoyo humano y
económico a programas destinados a este objetivo, con estrategias políticas encaminadas a mejorar la
calidad de vida de dicha región. Esto implica, que la resiliencia aplicada a las comunidades sea diseñada
como una forma de ofrecer afecto y apoyo, para ese grupo de personas que han sido violentadas por los
grupos armados al margen de la ley, para que tengan la capacidad de desenvolverse, relacionarse y lo
más importante que puedan crear vínculos más cercanos con los demás. Alguien resiliente se caracteriza
por ser introspectivo, independiente y por mantener cierta distancia emocional para afrontar las
dificultades (Suárez, 2002).
La investigación aporta a las ciencias sociales en general, la percepción de los factores que
caracterizan la población en situación de desplazamiento generado por la violencia y los eventos
postraumáticos que dejó el conflicto armado en esta región. Un punto de partida en el que se puedan
profundizar la comprensión de la resiliencia desde su propia mirada. En la actualidad se viven momentos
de crisis complejas, una dinámica de cambios constante por lo cual se debe aprender a convivir con él.
Por eso la reconstrucción de resiliencia es uno de los objetivos clave para las iniciativas de transición
hacia otros movimientos sociales. Medir la resiliencia permite examinar las capacidades de recuperación
ante las fatalidades, conocer las estrategias llevadas a cabo por los individuos para afrontar los riesgos,
indagar sobre los factores causantes que explican su desarrollo saludable y finalmente formular
estrategias más adecuadas de intervención para el fortalecimiento de las comunidades.
El estudio aporta una unidad metodológica, para que en un futuro se realicen investigaciones que
utilicen metodologías compatibles de manera que se posibilitaran análisis conjunto, comparaciones entre
períodos temporales concretos y evaluaciones de las intervenciones que se realicen o se estuvieran
llevando a cabo para la prevención y tratamiento de la resiliencia, la investigación es viable pues se
dispone con los recursos para llevarlo a cabo en la Identificación de los niveles de resiliencia de la
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�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

población estudiada. Es dar un paso en la comprensión de su capacidad de recuperación, luego de los
eventos desfavorables a los que han sido expuestos.
El territorio colombiano se ha visto afectado por un conflicto armado interno de más de 60 años,
producto de las desigualdades sociales y económicas, según la Unidad para la Atención y la Reparación
Integral a las Víctimas (2021), al 01 de enero de 2020 se tienen en el Registro Único de Víctimas -RUV
8.553.416 personas afectadas por algún tipo de violencia en el marco de este conflicto. En el
departamento de Bolívar, cuya capital es la ciudad de Cartagena de indias, se registraron hasta la fecha
650.360 personas que suponen la población total del departamento, teniendo un referente de 24 % de
personas afectadas en esta región, haciéndose necesario el estudio de diferentes alternativas que permitan
a las víctimas superar las situaciones de violencia en el marco de la construcción de paz desde y para los
territorios, (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2021).
Abordar la resiliencia en al marco del conflicto armado en Colombia, representa crear aportes
prácticos que accedan adelantar en el diseño de estrategias que beneficien a las victimas desde un
compromiso que retome sus características individuales y sociales, hacia la potenciación de esa
participación activa entre el ser y el actuar, donde la pertenencia, la identidad, la motivación, la
flexibilidad, la sociabilidad entro otros, crean eco en la reconstrucción individual y social de la resiliencia.
Es un esfuerzo más, para crear nuevas incógnitas a la psicología, en particular a la psicología social, a la
psicología social comunitaria y a la psicología del desarrollo, de allí su coyuntura disciplinaria.
El beneficio innovador de conocimiento de la presente investigación se halla en el estudio del
fenómeno de la violencia desde una perspectiva distinta como es la resiliencia, la cual se centra en
descubrir los factores que median el impacto de los factores de riesgos en la salud mental. Y por último
esta investigación permitió explorar resultados iniciales, que se convierten en la base para adelantar en
el diseño de estrategias de promoción que ayuden a esta población adquirir instrumentos para afrontar
situaciones y experiencias dolorosas vividas.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
No hay una precisión clara de los inicios sobre el tema de la resiliencia, diferentes autores plantean varios
conceptos, pero no hay una exactitud al respeto, pero lo más aportante y es algo que hay que tener en
cuenta el aporte de la resiliencia en el campo de la psicología. A la formación del concepto pretendiendo
dar a conocer su campo de acción en la psicología, es decir, formas de pensamiento y actuación que lo
Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

257

�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

elevan al estatus de constructo en una disciplina. Hoy en día se sabe que la gran importancia que tiene la
medición de la resiliencia en casi todos los campos del medio de las ciencias humanas, quien se encarga
de analizar el comportamiento del ser en diferentes circunstancias y su forma de reaccionar antes
situaciones adversas. La medición de la resiliencia es de gran importancia para el análisis del
comportamiento, desde que se estableció este concepto a la psicología se puede decir que existe
determinada probabilidad de que algo será o que se practicarán determinadas conductas del individuo
ante eventos adversos e implementar estrategias para enfrentarlas (Theis, 2007, p. 78).
Una revisión histórica al concepto de Resiliencia
Según Ardila (2008) El papel de la psicología para evitar que el círculo vicioso de la violencia continúe
(y que vuelvan a aparecer los conflictos, al no haberse solucionado sus causas) puede ser decisivo. La
psicología tiene importantes instrumentos conceptuales y prácticos para lograr que los grupos
marginados se integren a la sociedad, que se desarrolle un sentido de pertenencia al país, que los
colombianos crean en sí mismos y en su futuro. Implica dar empoderamiento a grupos marginados,
desarrollar oportunidades laborales, educativas y de ascenso social, autoeficacia, perspectiva de futuro,
motivación de logro y de afiliación, etc. (p. 194).
Historialmente el término resiliencia constituye un amplio constructo teórico que tiene lugar en
los inicios de los años cuarenta. Desde entonces, es posible vislumbrar un concepto basto y complejo que
suscita hoy un gran interés, en quienes trabajan en el campo médico, social, psicológico y educativo. El
cual ocasionó un cambio primordial de la perspectiva respecto a la posición pasiva, o solamente receptiva
del paciente propio de la década de los 60: “en vez de estudiar las debilidades, las carencias y los medios
de compensarlas, se empezó a investigar las fuerzas y cómo usarlas” (Theis, 2007, p. 78). El término
comenzó a usarse desde los años cuarenta, pero tuvo su desarrollo y aplicaciones importantes en los años
sesenta en el campo educativo, social, médico y psicológico, jugando un papel preponderante en el
análisis activo y pasivo de los pacientes utilizando métodos aplicables en cada caso específico
Así mismo Theis (2007), comenta que es importante resaltar la importancia que tiene identificar
qué elementos ayudan a superar los problemas y situaciones adversas, esto ¿cómo nos convierte en
personas resilientes?, es decir, individuos con capacidad para desenvolverse de manera positiva ante las
adversidades. En un principio se pensó que se nacía siendo resiliente, pero después se observó que hay
personas que ostentan estas capacidades, y otras no. Entonces, se detectó que se pueden aprender ciertas
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�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

actitudes que lleven a enfrentar positivamente circunstancias adversas. Por lo tanto, el análisis y la
identificación de la resiliencia, permite descubrir diferentes elementos para implementar estrategias con
el fin de ayudar a los pacientes a enfrentar efectivamente los diferentes episodios traumáticos. Puesto a
que, se pensaba que las personas según su genética serian resilientes, pero se llegó a la conclusión que
cada individuo reacciona diferentes en cada situación específica y que cada persona puede aprender según
sus actitudes a enfrentarlas.
Según Bascon (2012), la resiliencia se refiere a la “capacidad de los sujetos para sobreponerse a
periodos de dolor emocional, Sé que un sujeto o grupo de personas manifiestan una resiliencia adecuada
cuando pueden sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecidos por los mismos” (p. 91).
La resistencia o la invulnerabilidad tiene que ver con la capacidad física que tiene una persona
para sobrellevar durante un tiempo una determinada fuerza causada por algunos factores o elementos
externos. Si se relaciona con el momento actual, si la fuerza ejercida de este fenómeno pandémico
prevalece la capacidad de aguante de los seres humanos, pueden terminar rompiéndose, estableciendo su
grado de nivel de la resistencia máxima (Bascon, 2012).
Un aspecto importante del ser humano en el afrontamiento de situaciones críticas para el proceso
de recuperación es la resiliencia, que se define como la capacidad que tienen las personas para hacer
frente al dolor, a experiencias difíciles o traumáticas (Wilches, 2010). En estas circunstancias, sería la
resiliencia la que daría la capacidad a este mismo ser humano de acoplarse y despuntar esta situación del
fenómeno pandémico que está sufriendo, y que puede estar en su nivel máximo de resistencia. Esto quiere
decir que, el ser resistentes es lo que hace resistir con relación a este medio; una nueva forma de vivir sin
llegar a dañarse; y la resiliencia es la capacidad de recuperación cuando ha llegado a romper.
La percepción de estrés elevada se asocia con los niveles de resiliencia, a mayor resiliencia menor
nivel de estrés. Las personas que utilizan estrategias de afrontamiento centradas en la tarea manejan
mejor el estrés, disminuyendo sus efectos negativos y aumentando el nivel de resiliencia. (Arrogante,
Pérez y Aparicio, 2015; García, Salguero, Molinero, De la Vega Ruiz y Márquez, 2015; González y
Artuch, 2015; Terzi, 2013).
Según estudios de Mukashema y Mullet (2012), la expresión espontánea y genuina de los
sentimientos (tanto de los agresores como de los agraviados) y el conocimiento de los hechos violentos,
promueven los sentimientos de perdón y reconciliación en la persona que ha sido víctima. La violencia
Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

259

�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

prolongada durante más de 50 años y su progresiva degradación han generado impactos y daños
devastadores tanto para las víctimas, familiares, comunidades y organizaciones e instituciones públicas,
como para el conjunto de la sociedad colombiana. Generando diversas realidades sociales, donde las
víctimas han sentido un abandono por parte del estado.
Como se mostró previamente la resiliencia implementada en el medio del conflicto y la violencia,
permite reconocer la capacidad que tienen las víctimas del conflicto armado para superar las dificultades
a las cuales han sido sometidas ya sea por grupos al margen de la ley o por acciones gubernamentales.
Gracias a esta capacidad, las víctimas logran reconocer los riesgos de su condición (estigmatización,
abandono, dependencia) para así adaptarse, recuperarse y reconstruirse gracias a su propia experiencia
(Mukashema y Mullet, 2012).
En una denominada segunda generación de estudios, el concepto de resiliencia es ampliado en
dos líneas principales a saber: la resiliencia como proceso, y la resiliencia aplicada a programas de
intervención social (García y Domínguez, 2013). Este énfasis, nace de la mano con las teorías ecológicas,
permitiendo ver el proceso resiliente, como el producto de la interacción entre el micro, meso, exo y
macrosistemas (Bronfenbrenner, 1981). Resaltando la importancia del entorno en el que el sujeto está
inmerso, y las dinámicas que están en juego, desde el ambiente familiar, hasta la problemática económica
del país.
Teniendo en cuenta el apartado anterior, se puede decir que se deben promover acciones para
contribuir a la inclusión social de la resiliencia, para que se fructifique la vitalidad, la capacidad y la
energía para avanzar prontamente en el presente y construir con el apoyo de un proyecto de vida, se tiene
que considerar y tomar acciones y características que promuevan la resiliencia y que este tema debiese
ser prioritario no solo para los profesionales de la salud sino para todas aquellas personas que necesiten
un seguimiento terapéutico (Bronfenbrenner, 1981; García y Domínguez, 2013).
El dolor emocional y la tristeza son comunes en los individuos que han sufrido grandes fatalidades
o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la resiliencia seguramente está lleno de impedimentos
que pueden afectar nuestro estado emocional. La resiliencia no es una particularidad que la gente tiene o
no tiene. Ella incluye conductas, pensamientos y acciones que logran ser aprendidas y desarrolladas por
cualquier persona en el transcurso de su vida y en el entorno en que se desenvuelve. La resiliencia, por
tanto, se construyó partiendo de las problemáticas de guerra, y de pobreza extrema, que curiosamente
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son las condiciones que prevalecen en el contexto actual de Latinoamérica. Esta revisión del nacimiento
del constructo permite avanzar hacia una reflexión más profunda, en la cual se pueda ver de dónde parten
las maneras de delimitar la resiliencia (Rodríguez, 2018).
En Latinoamérica debido a las brechas económicas, el contexto para gran parte de los infantes es
bastante crítico, generando un alto riesgo estadístico de incidir en la delincuencia, drogadicción, violencia
y demás. Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla (1997) en su revisión del estado del arte, señalan la
importancia que tuvo el cambio de enfoque desde la mirada patológica, que promovía métodos
asistencialistas a un enfoque basado en las condiciones que posibilitan un desarrollo más sano del
sujeto, y que por lo tanto re-enrutaría la forma en la que se realizaban las intervenciones sociales, que
permitan actuar preventivamente contra los efectos nocivos de la pobreza, la violencia, y demás factores
de riesgo. Vale la pena aplicar la Resiliencia en la solución de problemas sociales, sobre todo en nuestra
región Latinoamericana, la cual no está exenta de tantas dificultades de tipo social político y económico,
que han heredado de los primeros colonizadores europeos, es parte de nuestras dificultades, inequidades,
desigualdades, la falta de oportunidades, violación de los derechos humanos y tantas vicisitudes.
Es importante de recalcar que, al aplicar la resiliencia en el análisis y solución de problemas
sociales, destacar que para cada situación se presentan diferentes situaciones difícilmente repetibles, que
acontecen en un momento y contexto específico. Y, por tanto, no se puede generalizar en otros contextos
los resultados de una experiencia, dadas las características de cada caso. Así mismo, cada cultura
desarrolla sus propias capacidades para enfrentar los problemas y la visión que tiene de ellos,
considerando así, que no siempre una misma situación desencadena fatalmente un resultado negativo,
sin excluir que una condición difícil aumenta el riesgo de que surja un problema determinado.
(Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla 1992).
En Colombia el Programa de Resiliencia de FAO, en el período 2017-2020, se inserta en este
marco poniendo énfasis en los aspectos de construcción de resiliencia como concepto vertebrador
fundamental en los escenarios de pos-acuerdo y de recurrencia de desastres naturales. Así mismo,
recomienda que en el país ha sufrido los embates de la violencia de los grupos ilegales, los cuales se han
especializado en la extracción de recursos minero-energéticos como oro, carbón, petróleo y ferroníquel,
generando un gran impacto ambiental y estas actividades en un contexto de debilidad estatal, han
originado conflictos de diferentes dimensiones. Teniendo en cuenta su aproximación conceptual, la
resiliencia se convierte en un tema relevante en el trabajo con personas que han sido víctimas del conflicto

Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

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armado, pues permitirá entre otros reconocer las diferentes formas como las poblaciones que han sido
expuestas a situaciones de violencia y conflicto. Lo cual, asumen sus nuevas condiciones de vida, de
reconocer su potencialidad de reparación, perdón y reconciliación.
Los impactos del conflicto armado interno son complejos, de diverso orden, magnitud y
naturaleza. Estos dependen de las características de los eventos violentos sufridos, el tipo de victimario,
las modalidades de violencia, las particularidades y los perfiles de las víctimas, su edad, género, etnia,
condición de discapacidad, experiencia organizativa, adscripciones políticas y religiosas, el tipo de apoyo
recibido, las respuestas sociales frente a los hechos, las víctimas y las acciones u omisiones del Estado.
La población civil de las regiones de los Montes de María específicamente de la población del Carmen
de Bolívar, fueron afectadas por los enfrentamientos armados producida por grupos armados al margen
de la ley, nuestro país aún se sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques
directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven la necesidad de huir y renunciar
a sus pertenencias. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; Taylor, 2011).
Las acciones que rememoran y enaltecen la memoria de las víctimas y concientizan a la sociedad
civil sobre los sucesos ocurridos por el conflicto armado en el país. Asimismo, estas acciones hacen parte
de las recopilaciones emprendidas por grupos y organizaciones de personas víctimas de la violencia,
líderes, activistas, organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, y comunidades indígenas
y negras seleccionaron una multiplicidad valiosa de información referente a lo sucedido, para que la
opinión pública tenga memoria y recuerde los hechos, que sucedieron en medio del conflicto (Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2013; Taylor, 2011).
En este campo de estudio, hay que considerar que las personas generan estrategias de
afrontamiento ante situaciones de amenaza, abordadas desde el campo de la salud mental y de la
psicopatología en relación con el estrés, las emociones y la solución de problemas. Las estrategias de
afrontamiento se definen como el conjunto de recursos y esfuerzos comportamentales y cognitivos
orientados a resolver la situación amenazante o adversa, a reducir la respuesta emocional o a modificar
la evaluación que se hace de dicha situación (Lazarus y Folkman, 1986).
Según Lazarus y Folkman (1986), la violencia en Colombia ha sido constante y parece
interminable, en este periodo de posconflicto prevalecen los enfrentamientos de los actores de conflicto,
la violencia continua está entendida como una condición inherente a las relaciones humanas, también se
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concibe como un problema de salud pública que afecta significativamente la salud mental de las personas
implicadas. Algunas de las cifras exponen que hasta un 30% de las personas expuestas a violencia
padecen síndrome de estrés postraumático y depresión, incluso se ha reportado un 100% en poblaciones
con una afectación muy significativa (Larizgoitia et al., 2011).
Resiliencia social
En este análisis lo que se pretende expresar que algunas características representan un estado ideal de
resiliencia– en otras palabras, una comunidad que exhibe todas las singularidades en todos los ejes (temas
y componentes) habría alcanzado el nivel de seguridad más alto posible. sin embargo, como el estado
ideal de resiliencia siempre estará fuera de nuestro alcance, las organizaciones necesitarán escoger
aquellas características que les sean más relevantes a las comunidades, este punto permitirá ampliar dicha
medición que se está proponiendo en este trabajo. Por otro lado, se hace necesario tener claro que la
resiliencia no solo sirve para resolver cualquier tipo de problema y mejorar las condiciones de bienestar,
sino un amplio espectro con respecto a la Vida. Según, la Real Academia Española (2021), este término,
proviene del latín y se deriva del verbo resilio, el cual puede interpretarse como volver de un salto o
volver atrás. Este vocablo ha conseguido adaptarse con gran contundencia en el mundo de las ciencias
sociales y es hoy en día bastante utilizado dentro de la psicología.
Analizando un poco la resultante de las concepciones de resiliencia, es incuestionable la cualidad
de ser una capacidad, potencial o pericia. Es una forma de inteligencia a la que se puede llamar, en el
marco de este análisis, como inteligencia resiliente. Ésta, es una expresión de la inteligencia total en el
ser, que faculta al organismo vivo o persona humana para ubicarse, moverse y trascender los problemas
que le traza la existencia, dentro de los escurridos términos vitales que le brinda el contexto, en un
momento explícito de su historia vital; esto, gracias a una transformación de conciencia de una forma
inferior en dificultades a otra de más alto orden y capacidad para subsistir y trascender. Las
investigaciones con enfoque de resiliencia tienen sus orígenes desde los años setenta aproximadamente,
inicialmente desde algunos países europeos. Posteriormente en algunos países de américa latina se ha
“empezado a gestar la utilización del término en problemáticas endémicas de cada país (Vásquez, 2011).
Existen en Colombia organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado, que son las encargadas
de la reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado, sea por acción y omisión en acciones
perpetradas por miembros de la fuerza pública, paramilitares u organizaciones al margen de la Ley. Así
mismo, propenden por el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes y sus comunidades;
Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

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desempeñan un papel importante a estas comunidades afectadas por este flagelo. Estas organizaciones se
congregan de manera estratégica y apoyan a las víctimas con recursos orientados al tratamiento
psicológico, para la reconstrucción de su proyecto de vida. A estas instituciones pueden concurrir todas
las víctimas en busca de auxilios del Estado y en donde pueden denunciar los hechos por los cuales
fueron víctimas de cualquier tipo de conflicto armado en Colombia; en estas, encuentran apoyo
emocional y un espacio para expresar su dolor sin caer en la discriminación o la indiferencia.
En Colombia, con base en lo expresado por Vásquez (2011) el Instituto de Bienestar Familiar
ICBF, es una entidad pública de carácter descentralizado, es la encargada de proteger los derechos de
todos los niños; así mismo trabaja por la prevención y defensa integral de la primera infancia, la niñez,
la adolescencia y el bienestar de las familias, a través de la atención integral a niños vulnerables en
condiciones de amenaza. Esta entidad cumple la función de restablecer los derechos de los niños y
adolescentes, víctimas del conflicto armado que se presenta en la Región de los Montes de María. En las
indagaciones que se han realizado sobre trabajos e investigaciones en el tema de resiliencia, existe una
gran cantidad de material importante sobre desplazamiento forzado, la violencia generalizada, maltrato,
las situaciones de exclusión y precariedad de la población joven en contexto escolar, son temas propios
de las problemáticas más frecuentemente exploradas a nivel social y político.
Así mismo, la Real Academia de la Lengua (2016), afirma que resiliencia es: “la capacidad para
recuperarse de una adversidad, superar situaciones de dolor y continuar la correspondiente proyección
de cara al futuro” (párr. 2); este término se ha convertido en sí mismo en un área de mucho valor e interés,
es un paradigma para la investigación y la intervención social, económica, política y psicológica de la
región del Carmen de Bolívar. Los seres humanos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, todo
de pendiente del factor carácter y personalidad individual y el entorno en que se desarrollan, es por eso
por lo que el análisis de la resiliencia y sus resultados en estas circunstancias permitirán abordar la
situación para posteriormente realizar las intervenciones correspondientes (RAE 2019).
El conflicto armado interno en Colombia es un conflicto violento en el que se confirma una
profunda diferencia cuantitativa y cualitativa entre los recursos militares, políticos y mediáticos de los
combatientes comprometidos, y que por lo tanto exige a los bandos a utilizar formas atípicas, que rebasan
el manido marco de la tradición militar recurrente. Entre estos medios se cuenta la guerra de guerrillas,
la resistencia, toda clase de terrorismo, la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, la guerra sucia o la
civil. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2010), manifiesta que: el Índice
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de Riesgos de Victimización- IRV, asumirá el riesgo de victimización como la posibilidad de ocurrencia
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, en los
municipios de Colombia.
El ÍRV es una herramienta importante para el estudio de los diferentes escenarios de victimización
en el marco del conflicto armado en Colombia, constituida para monitorear las diferentes causas y
efectos, así como para contribuir en la definición de lineamientos de política inclinados a la prevención,
protección y garantías de no repetición de tales actos. En la actualidad, algunos países se encuentran
afectados por la guerra, esto probablemente se debe a diferentes elementos presentados en esos países;
pero, son los civiles, quiénes son la parte más perturbada por estos inconvenientes. Así mismo, Ramírez,
Hernández, Romero y Porras (2017), afirman que en el mundo existen 2.7 millones de víctimas, siendo
la población adulta la gran mayoría de desplazados por los conflictos armados, debido a los intereses
políticos internos de esos países.
La peor parte de las situaciones adversas y traumáticas en los conflictos armados es la población
civil quienes directa e indirectamente quedan en medio de los enfrentamientos bélicos, en su mayoría
enfrentamientos políticos. A nivel mundial existe una taza de 2.7 millones, en su generalidad personas
de la tercera edad (Ramírez et al, 2017). Es importante resaltar que la Organización Panamericana de la
Salud (2002), define la violencia como: el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado
de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otro sujeto, un grupo o comunidad, que cause o tenga mucha
probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. La
violencia es a y sido siempre uno de nuestros mayores problemas que claramente atraviesa como sociedad
reproduciéndose en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, manifestándose en todas sus formas.
Todo este tipo de situaciones han venido ocurriendo en nuestro país y no cesaran mientras el
estado no haga presencia territorial en regiones apartadas, sin siquiera suplir las necesidades de los
pobladores en esos lugares, que la violencia trae consigo, donde imperan otros poderes llamados grupos
armados al margen de la ley. Tales como; guerrillas ELN, paramilitares, bandas criminales - BACRIN,
narcotraficantes, a esto se suman los disidentes de la FARC, quienes, a pesar de tener un proceso de paz
vigente, aun hacen presencia conflictiva.
En Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, (2013), citado por Ramírez et al.
(2016), el conflicto armado interno inició en la década de los cincuenta (50) y sigue presente en muchas
Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

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zonas del país, el cual se evidencia en los incesantes enfrentamientos militares de tropas legales e ilegales
que ocurren a lo largo de nuestro territorio, el cual ha permitido afectaciones de todo tipo de habitantes.
Así, en Colombia existen las dos (2) organizaciones al margen de la ley más longevas de América Latina,
como son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN). Las dos tradicionales guerrillas más antiguas de América Latina, como son las FARC y el ELN,
a lo largo de estos tiempos se han sumado como actores del conflicto otro considerable número de grupos
armados tales como paramilitares, cárteles de la droga, guerrillas urbanas o de reivindicación indígena,
además de bandas criminales las cuales crean pánico y masacres afectando en su gran mayora a la
población civil.
Estos conflictos según Ramírez et al (2017), se vienen dando durante este período se han sumado
grupos armados como los carteles de narcotraficantes, bandas de criminales, paramilitares, disidentes de
la FARC (desertores que no se acogieron a los acuerdos de Paz) organizaciones urbanas al margen de la
ley o de reivindicación indígena, las cuales el gobierno ha tratado de erradicar con políticas de dialogo y
acciones militares, con el fin de apaciguar muchos episodios violentos. Estas estructuras operan en
pequeños grupos dedicados a labores de inteligencia, extorsión, tráfico de armas, propaganda, apoyo a
guerrilleros heridos, reclutamiento, ampliación de la organización y diversificación de las fuentes de
ingreso el cual es una nueva estrategia urbana del grupo hoy político FARC. La presencia de milicianos
infiltrados en las universidades públicas, a sus integrantes se les rotula con la palabra “milicianos” Son
hombres y mujeres dedicados a la instrucción política de las comunidades.
Con la frase de Guedán y Ramírez (2005), “Colombia ha sido y es un país abocado a la violencia
endémica”. Expresan que el conflicto armado en Colombia trasciende desde su inicio independentista,
los grandes líderes o también llamados próceres de la independencia entraron en disputas derivadas en
los avances de la colonización, reyertas territoriales y la contraposición de sus ideales políticos, la
complejidad de los antagonismos partidistas, los conflictos relacionados con la propiedad de las tierras,
así el trasfondo de todas estas es prácticamente la debilidad del estado y su incapacidad para dotarse de
medios suficientes para ejercer presencia y autoridad en buena parte del territorio nacional. A pesar de
que se ha avanzado en ese propósito aún falta mucho por recorrer y la violencia continúa.
Esta enfermedad de la violencia que padece el pueblo colombiano es de vieja data, heredada de
la generación criolla, que tomó las riendas de nuestro país desde la independencia, las violaciones de los
derechos humanos, la imposibilidad del estado de hacer presencia en lugares inhóspitos, territorios hoy
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ocupados por las organizaciones al margen de la ley que crean violencia para ejercer su poder criminal
(Guedán y Ramírez, 2005). La violencia en Colombia es muy compleja y contradictoria en algunos casos
incomprensibles, pero de igual forma vislumbran nuevos desafíos y horizontes en materia de seguridad,
pero por ahora mientras llegue a su fin esta violencia ha dejado más de 220.000 víctimas mortales, de las
cuales 176.000 eran civiles. Aun cuando el estado ha tenido avances con respecto a la seguridad y al
fortalecimiento de este, falta mucho por hacer, pasaran años para que en su totalidad se disminuyan los
brotes de violencia, esto es un reto, por ahora el aumento de las víctimas por el posconflicto prevalecen
(Ramos, 2017).
Con relación al tema de las víctimas, según el Congreso de la República (2011), en su Ley 1448
de 2011, se consideran víctimas: Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. De este modo, ha sido esta
misma guerra la que ha arruinado los sueños de miles de personas, que entre las balas, se pierden sus
ilusiones, sus sueños y sus expectativas de vida se disuelven y esfuman, como el humo originado por un
arma de fuego en una noche violenta de algún campo colombiano, azotado por las balas, la muerte y lo
peor, “la incapacidad e impotencia del Estado” que se evidencia en la cada vez más creciente población
en situación de desplazamiento forzoso que en ciudades capitales de nuestro país.
A su vez, se podría afirmar que las vicisitudes a los que han sido sometido las víctimas en
Colombia, con base en lo expresado por el Congreso de la República (2013), en su Ley 1448 de 2011,
están los homicidios realizados contra algunas comunidades para generar los desalojos y la perdida de
sus tierras, a través de tortura, tratos crueles, brutales, indignos, sanguinarios, por medio de diferentes
tipos de secuestros y extorsiones; también la desaparición forzosa, las tomas armadas de otras
poblaciones, las matanzas indiscriminadas de civiles, el retiro obligado masivo de familias, los motines
, las masacres y muertes, delitos contra la libertad, la integridad sexual y la violencia de género, las minas
antipersonales, el reclutamiento de forzado de menores, y el despojo de sus tierras.
Estos hechos victimizantes según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) citado por
Ramírez et al. (2017), “se clasifican como delitos contra la vida, la libertad y la integridad, lo que ha
conllevado a la crisis humanitaria y de derechos humanos, en varias regiones del país” (p.3). Por otra
parte, los resultados del conflicto armado interno en Colombia son muy complicados, y de diversa

Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

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�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

naturaleza. Estos resultados dependen de las peculiaridades de los sucesos violentos generados, tales
como: el tipo de victimario, las características de violencia, las peculiaridades y los aspectos de las
víctimas, tales como: edad, género, etnia, situación de discapacidad, organización, posición política y
religiosa, si ha recibido apoyo del gobierno, y del Estado (Ramírez, 2016).
Medición de la Resiliencia
Resulta prioritario identificar las posibles formas de medición y evaluación de este constructo, con la
finalidad de medir el impacto y la eficacia de los programas de intervención. En tal sentido, en la
actualidad, se disponen de varios métodos para lograrlo. Al respecto Luthar y Cushing (1999) definen la
Resiliencia como "un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de
gran adversidad" (p.543). Esta definición enmarca tres mecanismos fundamentales que deben estar
presentes en el concepto de Resiliencia: 1. La noción de adversidad o amenaza al desarrollo humano, 2.
La adaptación positiva de la adversidad, y 3. El proceso que considera la dinámica entre mecanismos
emocionales, cognitivos y socioculturales. En resumen, las distintas definiciones de Resiliencia subrayan
en características de los sujetos tales como: habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, enfrentamiento
efectivo, capacidad, competencia, resistencia a la destrucción, conductas vitales positivas, temperamento
especial y habilidades cognitivas, todas desarrolladas frente a circunstancias estresantes que les permiten
superarlas.
Aplicada en el entorno del conflicto y la violencia, la resiliencia se puede explicar, como la
capacidad que tienen las comunidades para vencer las dificultades a las cuales han sido doblegados ya
sea por grupos al margen de la ley o por acciones gubernamentales. Es importante resaltar el efecto que
produce las situaciones adversas en los seres humanos, la resiliencia es una herramienta que todos los
seres vivos tienen a su disposición, aunque de formas diferentes. Cada persona por razones netamente
fisiológicas e individuales manifiesta formas diferentes de adaptación y de enfrentar situaciones
conflictivas (Luthar y Cushing 1999).
Según Del Solar (2020), nunca se debe dejar de intentar en la resiliencia, porque hay innumerables
casos de éxito. No obstante, cabe resaltar que en situaciones extremas se genera una energía única y
especial, que, canalizada correctamente, puede ser de gran ayuda para adaptarse y superar de manera
eficiente situaciones similares. Esto permite discernir en la importancia que se asume analizar la
resiliencia en el contexto cultural, otro motivo importante de análisis que como punto de investigación
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se podría considerar más adelante en este estudio, es el aspecto cultural como base de los procesos de
resiliencia.
También se destaca que la Resiliencia se desarrolla en función de procesos sociales e
intrapsíquicos; Generalmente se refiere al conflicto surgido entre dos tendencias opuestas dentro de uno
mismo. Está en función de los procesos interaccionales entre las personas y estos, a su vez, contribuyen
a la construcción del sistema intrapsíquico del ser humano. han realizado una descripción de ellos, los
cuales se detallan a continuación:
Medición de adversidad
A través de este tipo de medición es posible diferenciar tres formas diferentes de medir la adversidad o
el riesgo:
Medición de riesgo a través de múltiples factores
Este tipo de medición se caracteriza por medir diferentes factores en un solo instrumento. Generalmente
el instrumento es una escala de eventos de vida negativos donde el individuo debe especificar aquellos
eventos que han estado presentes, como, por ejemplo: Separación de los padres, enfermedad mental de
los padres, experiencia de guerra, entre otros.
Situaciones de vida específica. La naturaleza del riesgo está determinada por aquello que la sociedad,
los individuos o los investigadores han considerado una situación de vida estresante. Por ejemplo, la
experiencia de un desastre natural o la muerte de un familiar. Ambas situaciones han demostrado afectar
al individuo haciéndole más vulnerable al estrés, por lo tanto, más vulnerable a otros factores de riesgo.
La dificultad de considerar situaciones de vida como eventos estresantes para medir resiliencia,
consiste en discriminar aquellos factores que tienen directa relación con el riesgo (factores proximales)
versus aquellos factores que pueden estar mediando entre el riesgo y el resultado esperado (factores
distales).
Constelación de múltiples riesgos. Refleja las complejidades del mundo real ya que considera la
interacción entre los factores provenientes de los niveles: Social, comunitario, familiar e individual
simultáneamente y cómo esta interacción influencia el desarrollo humano y la superación de la

Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

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adversidad. La constelación de múltiples riesgos es un mapeo de las fuentes de adversidad a las cuales
se les asigna un puntaje determinado.
Medición de adaptación positiva
En este tipo de medición, las estrategias son similares a las utilizadas para medir la adversidad, lo que
cambia es la forma en que se operacionaliza el constructo.
Adaptación según factores múltiples. Este método mide la adaptación en base al logro de metas de
acuerdo con la etapa del desarrollo de la persona. Se dice que son factores múltiples ya que se les pregunta
a los profesores, padres y amigos, además de una prueba específica para medir la conducta que va a
determinar la adaptación positiva. En cada comunidad el foco de lo que se definirá como adaptación
positiva varía, pero lo importante es que está relacionado con la definición de riesgo.
Ausencia de desajuste. Este tipo de medición se utiliza en investigaciones de resiliencia en personas con
serios riesgos de psicopatología. Los instrumentos utilizados son generalmente cuestionarios clínicos
para identificar desórdenes psiquiátricos. Aun cuando generalmente la resiliencia es asociada con la
presencia de competencia a pesar de la adversidad, en este caso, el énfasis está en la superación de la
adversidad y el no presentar sintomatología. Esta forma de medición es restringida a aquellos casos de
extremo riesgo y generalmente en el área clínica.
Constelación de adaptación:
Es otra metodología de medición de la adaptación positiva que está basada en diferentes conductas o
tipos de adaptación. Los índices elegidos tienen directa relación con el modelo teórico, que generalmente
se basan en teorías del desarrollo. Este método incorpora puntajes de pruebas y escalas, más opiniones
de otras personas. Por ejemplo, una adaptación positiva en la escuela se mide en función de la obtención
de buenas calificaciones y adecuada disciplina en la clase, además de entrevistas a compañeros y padres.
Medición del proceso de resiliencia
En este caso se refiere a la unión crítica entre adversidad y adaptación positiva. Los dos modelos que
intentan evaluar el proceso son:

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Modelos basados en variables. Parte de un análisis estadístico que indaga las conexiones entre variables
de riesgo o adversidad, resultados esperados y factores protectores que pueden compensar o proteger los
efectos de riesgo. Este modelo permite replicar aquellos patrones o interacciones que demostraron ser
exitosos en la adaptación resiliente.
Modelo basado en individuos. Esta forma de medición compara individuos a lo largo del tiempo. Se
pregunta que diferencia a niños resilientes de niños no resilientes a lo largo de su vida o en alguna área
en particular. Este enfoque pretende capturar interacciones entre factores que ocurren en forma natural y
plantear hipótesis respecto a qué fue lo que causó la diferencia en el resultado de la adaptación.
Después de haber examinado los diferentes métodos para medir la resiliencia, es necesario revisar
algunos de los instrumentos disponibles que existen en la comunidad científica.
Resiliencia y Vulnerabilidad: medición de la vulnerabilidad.
Es importante afirmar que se entra en controversia cuando se cuestiona la relación entre resiliencia y
vulnerabilidad como sujeto a la medición la vulnerabilidad pone el acento en la sensibilidad a las
perturbaciones, mientras que la resiliencia se ocupa de las diversas maneras en que un sujeto dado se
prepara y responde a los escenarios de crisis y factores de estrés que amenazan su calidad de vida. (Adger,
2006; Folke, 2006).
El hombre es vulnerable a las armas de fuego o a la potencia de un tsunami. A los desastres
naturales, a los actos violentos, Sin embargo, al utilizar la dimensión “vulnerabilidad-invulnerabilidad”
se convierte en una característica gradual. Todos los seres humanos son vulnerables ante un virus, pero
las personas que tienen menos defensas en su organismo tienen más vulnerabilidad ante la infección. Se
trata siempre de la relación entre un organismo y otro elemento, entre el sujeto y una situación. Los
sujetos hipersensibles van a percibir las estimulaciones excesivas de su entorno como agresiones
dolorosas. Esa vulnerabilidad se aplica también a la sensación de miedo o fobias cada persona tiene
deferentes formas de percibir el miedo ante todo hay predisposiciones de eventos ocurridos en el pasado
el cual queda fijado en el inconsciente. (Adger, 2006; Folke, 2006).

Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

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3.-MÉTODO
Diseño
Esta investigación responde a un diseño de tipo no experimental, ya que no se pretende manipular
deliberadamente las variables independientes; es decir, se realiza una observación de situaciones ya
existentes. En este caso, la variable violencia, situación que ya ha ocurrido y no es posible manipularla.
El diseño no experimental observa fenómenos tal y como se dan en su contexto natural; no hay estímulos
a los cuales se exponga a los sujetos de estudio, dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus
efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 2017; Candanoza y Lechuga, 2015).
Según la recolección de los datos de la presente investigación, el diseño adecuado para este
estudio es transaccional- correlacional con el fin de describir relaciones entre las variables. En esta
investigación, como se dijo, la relación será la capacidad de resiliencia que tiene la población para
afrontar eventos catastróficos relacionados con el conflicto armado en Colombia específicamente el
municipio del Carmen, departamento de Bolívar. La base epistemológica de la investigación es el
enfoque empírico analítico que se basa en la percepción directa del objeto de investigación y del problema
(Hernández et al., 2017).
La investigación que en estos momentos está en curso se considera de corte mixto, porque sus
fundamentos están enfocados en analizar la resiliencia de la sociedad colombiana ante el conflicto
armado de las FARC y la firma de acuerdos de paz: el estudio de caso del municipio el Carmen,
departamento de Bolívar, las investigaciones de tipo mixto se constituyen, día a día, en una excelente
alternativa para abordar temáticas de investigación en el campo educativo (Hernández et al., 2017).
Instrumentos
El cuestionario de resiliencia para adolescentes y adultos (González y Valdez, 2010) es un instrumento
de autoinforme que consta de 32 reactivos o preguntas, de opciones de respuesta tipo Likert, dividida en
tres dimensiones: factores protectores internos (14 reactivos), factores protectores externos (11 reactivos)
y factores de empatía (7 reactivos). La aplicación del instrumento se realizó de forma individual, con un
límite de tiempo aproximado de 20 a 30 minutos. La instrucción consistió en colocar solo una X como
respuesta por cada afirmación de acuerdo con lo que considere de sí mismo. El cuestionario fue calificado
a partir de los siguientes valores que cada una de las opciones de respuesta tiene:
272 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

El valor de la opción Siempre es cinco (5), el valor de la opción, la mayoría de las veces es cuatro
(4), el valor de la opción Indeciso es tres (3), el valor de la opción Algunas veces es (2), y el valor de la
opción Nunca es (1).
Los Factores protectores internos se identifican en los ítems: 17, 18, 20, 21, 24, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31 y 32. Total reactivos = 14. Los Factores protectores externos se identifican en los ítems:
1,4,5, 6, 10,11,12,13,14,15 y16. Total, reactivos = 11.
Los Factores de Empatía se identifican en los ítems: 2, 3, 7, 8, 9, 19 y 22. Total reactivos = 7.
Para obtener el valor para cada factor, se suma el valor de cada reactivo; el resultado de la suma total de
los valores en cada factor se analiza en acuerdo de los siguientes niveles. Para conocer el nivel de
resiliencia del individuo.
Puntuación total para establecer el nivel resiliencia: mínima 32, máxima 160. De los cuales
corresponde por indicación estricta del instrumento los siguientes niveles: resiliencia baja de 32 a 74
puntos, resiliencia moderada de 75 a 117 puntos y resiliencia alta de 118 a 160 puntos. En el análisis de
los resultados se presentan los niveles obtenidos para cada factor.
Participantes
Se aplicó el cuestionario a 231 individuos del municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar
en Colombia, contactándose con ellos por vía telefónica, y redes sociales teniendo en cuenta el
cuestionario de resiliencia para adolescentes y adultos (González y Valdez, 2010). Los datos fueron
registrados y procesados a través del software SurveyMonkey.
Tabla 6.
Ficha técnica de la investigación
Universo

Adultos habitantes de El Carmen de Bolívar

Ámbito

Regional (El Carmen de Bolívar, Colombia)

Método de recogida de información
Unidad muestral

Adulto afectado por el conflicto armado residente del Carmen de Bolívar

Tamaño de la muestra

231

Muestreo

No probabilístico de conveniencia

Trabajo de campo

abril de 2021

Número de encuestas realizadas

231

Respuestas válidas

231

Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

273

�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

Fuente: Elaboración propia (2021).
4.- RESULTADOS
Factores protectores internos
El 82.53% de las respuestas dadas por los encuestados fue positiva, el 6.19% fueron neutras y el 11.27%
fueron negativas. Como se muestra en el grafico el 46.63% de los encuestados en este factor están
siempre presto a brindar lo mejor de sí ante las situaciones que se le presentan en el camino. Según
Patterson (1988), los factores protectores pueden considerarse como los recursos que tiene una familia
para enfrentar su desarrollo y eventos vitales. Son características, rasgos, habilidades, competencias,
medios, tanto de los individuos de una familia, de la familia como unidad y de su comunidad. En este
caso se analizaron los indicadores factores protectores internos los cuales permiten analizar o hacen
refieren a atributos de la propia persona: estima, seguridad y confianza de sí mismo, facilidad para
comunicarse.
Ilustración 1.
Factores protectores internos

Fuente: Elaboración propia (2021).

Factores protectores externos
274 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

El 85.96% de las respuestas dadas por los encuestados fueron positivas, el 5.26% fueron neutras y el
8.76% fueron negativos. En este factor se muestra que apresar que las personas están siempre con la
oportunidad de dar lo mejor de sí mismo, también es de mucha relevancia que en un porcentaje alto la
respuesta la mayoría de las veces aumentó en comparación a los factores protectores internos. Los
factores externos se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños:
familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o integración social y laboral.
Ilustración 2.
Factores protectores externos

Fuente: Elaboración propia, (2020).
Empatía
El 86.67% de las respuestas dadas por los encuestados fueron positivas, el 5.92% fueron neutras y el
7.51% fueron negativas. Se puede afirmar que las personas en su gran mayoría en un 75% tienen mejores
expectativas al futuro y tienen la confianza de que habrá un mejor mañana.

Ilustración 3.
Empatía

Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

275

�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

Fuente: Elaboración propia, (2020).
5.- CONCLUSIONES
En los apartados anteriores se ha podido comprender la resiliencia en adultos víctimas del conflicto en el
Carmen de Bolívar, Colombia. En definitiva, sobre la base de los resultados obtenidos con la realización
de las encuestas, se pueden enumerar algunas conclusiones generales:
Las victimas que padecieron violencia sociopolítica tienen mayor probabilidad de sufrir
trastornos, por tanto, el impacto de la violencia es significativo y requiere de un acompañamiento
psicosocial para el restablecimiento de sus derechos humanos.
En Colombia, el uso de la violencia y la lucha por el poder, inicialmente justificadas por a desigual
repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política, han marcado las dinámicas
sociales y políticas, atenuadas por narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores
políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria.
En este sentido, la población habitante del Carmen de Bolivar, se convirtió con el paso del tiempo
en un grupo humano vulnerable por el conflicto armado en la región, entendiendo la vulnerabilidad como
el estado de susceptibilidad al daño por exposición a tensiones asociadas con el cambio ambiental y social
y por la ausencia de capacidad de adaptación.

276 Revista Política, Globalidad y Ciudadanía | Vol. 7, Núm. 14, junio - diciembre 2021 | ISSN 2395-8448 | http://revpoliticas.uanl.mx/

�Candanoza-Henríquez., A., E., &amp; Rojo-Gutiérrez., M., A.

Así, las víctimas del conflicto armado requieren de un proceso de perdón y reconciliación que
implica reemplazar las emociones negativas hacia un agresor por emociones positivas y olvidar el
agravio. Allí aparece el constructor de la resiliencia, como un proceso en el que, a pesar de todos los
pronósticos negativos, hay una reinvención del sujeto que se erige por encima de las extraordinarias
circunstancias, el fenómeno rebasa la capacidad predictiva de las ciencias exactas y por tanto se requiere
de una comprensión del constructo desde una mirada crítica y compleja, que aborde al
sujeto desde una mirada trans e interdisciplinar.
Finalmente, se puede afirmar que la presente investigación sirve como paso previo para futuras
líneas de investigación, que incluyan una investigación empírica encaminada a profundizar en el
conocimiento de otros factores protectores que influyen en la resiliencia. Siendo consciente de ello se
considera oportuno dar continuidad a este estudio planteando como futuras líneas de trabajo el desarrollo
de una investigación empírica sobre otras mediciones de la resiliencia, evaluación de la resiliencia en
otras regiones geográficas y evaluación de la resiliencia en otros grupos etarios (Lechuga, 2019).
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Medición de la resiliencia en adultos víctimas del conflicto: Caso Carmen de Bolívar, Colombia.

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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>Garza Montemayor, Daniel, de la, Editor Responsable</text>
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                <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.</text>
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                    <text>�Editorial
Jorge Isaac Lechuga-Cardozo
Editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0002-0999-5468
Como referenciar la editorial:
Lechuga-Cardozo D. J. (2021). Editorial 7 (13). Revista Política, Globalidad
y Ciudadania, 12-15. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/183
En la actualidad, Latinoamérica experimenta una crisis sanitaria provocada por el
COVID-19; crisis políticas en algunos de sus países derivada de movilizaciones
populares e indígenas en contra de medidas económicas de corte neoliberal y de
no sentirse representados por sus gobiernos; crisis económica provocada por la
contracción de la demanda global y las cadenas de suministro; asimismo una crisis humanitaria por el movimiento masivo de las personas migrantes y refugiadas
en búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida. Por lo que los gobiernos
tienen grandes desafíos para dar respuestas a medidas de salud, sociales, fiscales
y monetarias.
En el presente número de la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, el lector tendrá acceso a diez artículos que ahondan sobre temáticas que son
indispensables para la sociedad principalmente en lo que concierne a los ejes de
gobierno, comunicación política, comercio exterior, métodos alternos de solución
de conflictos, migración, emprendimiento y derecho. Corresponden a investigaciones que se han realizado de manera rigurosa y con una revisión exhaustiva que
facilita el debate académico. De modo que la Revista Científica Política, Globalidad y Ciudadanía, revista científica editada por la Facultad de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consiente de la necesidad del estudio y reflexión de las ciencias sociales, presenta a la
comunidad académica-científica, nacional e internacional un nuevo número, en la
que se pueden consultar investigaciones relacionadas con gobierno, comunicación
política, comercio exterior, métodos alternos de solución de conflictos, migración
y derecho. Como es el caso de la investigación desarrollada por Gustavo Aguil-

�era Izaguirre, cuyo objetivo consistió en general analizar el pleno ejercicio de los
derechos humanos, en el contexto del desarrollo de un buen gobierno en México.
El artículo presenta la gestión de los asuntos públicos es el proceso a través del
cual las instituciones públicas dirigen los asuntos de interés general, administran
los recursos públicos y garantizan la realización de los derechos humanos.
Por su parte, Francisco Enríquez-Chávez y Marco Antonio Santana-Campas, presenta un artículo producto de una revisión bibliográfica con el objetivo de describir las afectaciones a los trabajadores por demora en los juicios laborales y
la no aplicación de manera eficaz de los medios de solución de conflictos en trabajadores del Sur de Jalisco. Chávez y Santana concluyen que los estudiosos del
derecho deben utilizar el conocimiento en otras ciencias para advertir qué esconden los conflictos y solucionarlos empoderando a las partes para que éstos logren
mediante el diálogo y empatía, sin necesidad de los formalismos del procedimiento judicial que dificulten el acceso a la justicia.
Con respecto a Comunicación Política, Metzli Sofía Jiménez Tovar, presenta un
artículo de investigación cualitativa cuyo objetivo fue proponer el uso del análisis
de discurso y sus resultados, como una forma de demostrar el efecto que tienen los
discursos sobre los medios de comunicación, y por ende sus consecuencias en la
sociedad, así como el impacto de los líderes de opinión. Jiménez concluyó que la
cobertura mediática fue variable, y que la interpretación de los discursos sí puede
brindar un panorama contextual de la realidad y los cambios que se generaron
con el tiempo; que los discursos al final cumplen con su objetivo, que es generar
acción y obtener una mayor cobertura mediática al convertir el cambio climático
en un tema de interés público. Al mismo tiempo, Aleida Núñez García y Jorge
Isaac Lechuga-Cardozo, en su artículo cuyo objetivo fue mostrar evidencia de la
aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias como la salvaguardia para
la defensa comercial de la industria del acero en México, aunado a la importancia
de la correcta clasificación arancelaria de los productos sensibles como el acero.
Núñez y Lechuga concluyen que concluye que la correcta clasificación arancelaria de las mercancías en materia de acero permitirá cumplir las regulaciones y
restricciones no arancelarias, el pago de contribuciones al comercio exterior, las
diversas a estas, y el pago de cuotas compensatorias, en el caso que éstas últimas
apliquen, lo que evitará consecuencias jurídicas y administrativas significativas

�por la autoridad aduanera.
Por otro lado, Araceli Castillo Caraveo en su artículo de revisión que tuvo por
objetivo analizar el desarrollo de la mediación dirigida a las entidades federativas
y su impulso en la mediación familiar. Castrillo propone indagar respecto a cómo
se encuentra la justicia alternativa en la actualidad y de qué manera la contemplan
actualmente, desde sus legislaciones especializadas hasta los números de asuntos que han resuelto en el último año, de modo que, se analizará conforme a las
estadísticas y las legislaciones, aquellos avances que han tenido en la mediación
familiar.
Así pues, Carlos Franco Castellanos y Rubinia Teresa Sandoval Salazar, cuyo
objetivo fue analizar las disposiciones normativas vinculadas con la mediación
familiar en la Provincia del Chaco, Argentina y el Estado de Nuevo León, México. Franco y Sandoval concluyeron que la necesidad de incorporar cuestiones
jurídicas y buenas prácticas en el ejercicio de la mediación familiar dentro del ordenamiento jurídico mexicano, sobre todo la concepción de la mediación prejudicial obligatoria en conflictos familiares con intervención de personas menores de
edad. Al mismo tiempo, Yessica Elizabeth Llanes García y Tuur Ghys, presentan
un artículo de investigación cualitativa cuyo objetivo fue evidenciar el acceso a la
atención médica para los cientos de miles de migrantes que transitan por México
para llegar a los Estados Unidos, que en teoría bajo el antiguo sistema estaba cubierto a través del Seguro Popular. Llanes y Ghys concluyeron sugiriendo mejorar
el alcance (de información) a los migrantes.
Igualmente, Javier Urbano Reyes, en su articulo cuyo objetivo fue identificar
aquellos procesos que convergen como raíces comunes en la interacción y el fortalecimiento del narcotráfico y la movilidad migratoria. Realizó un análisis cualitativo bajo la premisa de que la atención de un asunto debe correr paralelamente
con la gestión del otro, como fenómenos sinérgicos y no disociados.
En cuanto al emprendimiento, María Angélica Cervantes Muñoz y María Erika
Narváez Ferrín, cuyo artículo tuvo por objetivo identificar las cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD,
en un estudio cuantitativo a una muestra de quinientos diecinueve graduados encontraron que las cualidades emprendedoras deben incorporarse en los micro

�currículos de los programas que ofertan aquellos cursos que fomenten la cultura
emprendedora en toda la comunidad unadista. También, Karla Ninoska Pineda
Gadea, en su artículo que tuvo por objetivo analizar las garantías de control de
constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua, para lograrlo se adopta
el método analítico-sintético. Pineda encontró que Nicaragua no cuenta con un
mecanismo que brinde acceso a la justicia constitucional en materia laboral y por
ello las partes en los procesos laborales han iniciado una mala praxis del recurso
de amparo, pretendiendo usarlo como una tercera instancia.
Para finalizar, María de Otuzar, en su artículo que tuvo por objetivo analizar análisis las razones que llevaron a esta diferencia de trato en políticas de emergencia
en Argentina. En primer lugar, se investigó sobre el uso del criterio restrictivo de
ciudadanía moderna supuesto en políticas sociales “universalistas”. Otuzar concluyó que existe la necesidad de repensar modelos de pertenencia no circunscriptos a la nacionalidad e igualitarios, reconociendo los derechos de todo habitante
y residente, y avanzando hacia nuevas concepciones post nacionales inclusivas
y pluriculturales que permitan revertir la histórica vulneración de derechos humanos de migrantes.
Por último, la edición cuenta con contribuciones internacionales de Argentina,
Colombia, México y Nicaragua sobre temas actuales, en ellos se encuentra reflejado el compromiso de la Revista Científica Política Globalidad y Ciudadanía de
difundir resultados de investigación de temas actualidad internacional. Es importante resaltar, que el presente número comprende el análisis y reflexiones de diversos asuntos de las ciencias sociales con el ánimo de contribuir a un debate con
pares de diferentes instituciones y cooperar al desarrollo de nuevos conocimientos
que generen aportación social. Por lo tanto, esperamos que los académicos que
consulten esta edición puedan encontrar información que les sea de utilidad en sus
propias investigaciones.

�20

Buen gobierno y derechos humanos en México1
Good governance and human rights in Mexico
Gustavo, Aguilera-Izaguirre2
Universidad Autónoma del Estado de México, México
https://orcid.org/0000-0002-9817-6746
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-1
___________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo general analizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, en el contexto
del desarrollo de un buen gobierno en México El presente artículo es una investigación de tipo cualitativo, parte de
un diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico trasversal. Del análisis documental se observó
que la gestión de los asuntos públicos es el proceso a través del cual las instituciones públicas dirigen los asuntos
de interés general, administran los recursos públicos y garantizan la realización de los derechos humanos. La
pregunta es: ¿a través del buen gobierno logran las instituciones encargadas de la gestión de los asuntos públicos
garantizar eficazmente derechos humanos? Se concluye que la buena gestión de los asuntos públicos logra este
resultado esencialmente mediante la eliminación de los abusos y la corrupción, y prestando la debida atención al
Estado de derecho. El verdadero criterio que determina si la gestión de los asuntos públicos es “buena” consiste en
el grado en que hace realidad las promesas de los derechos humanos: los derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales.
Palabras claves: Buen Gobierno, Derechos Humanos, Estado de Derecho
ABSTRACT
The general objective of this work is to analyze the full exercise of human rights, in the context of the development of good governance in Mexico This article is qualitative research, part of a non-experimental design, under a
transverse documentary-bibliographic level. From the documentary analysis it was noted that the management of
public affairs is the process through which public institutions direct matters of general interest, administer public
resources and ensure the realization of human rights. The question is: Do the institutions responsible for the management of public affairs effectively guarantee human rights through good governance? It is concluded that good
management of public affairs achieves this result essentially by eliminating abuses and corruption, and paying due
attention to the rule of law. The real criterion that determines whether the management of public affairs is “good”
is the degree to which the promises of human rights come true: civil, cultural, economic, political and social rights.
Keywords: Good governance, human rights, rule of law.
Recibido: 13 de Julio 2020 - Aceptado: 09 de Septiembre 2020
Cómo referenciar este artículo:
Aguilera-Izaguirre, G. (2021). Buen gobierno y derechos humanos en México. Revista Politica Globalidad y
Ciudadanía, 20-40. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166. https://
doi.org/10.29105/pgc7.13-1

1 Este artículo es producto del proyecto “Calidad y Buen gobierno”, financiado por PROMEP.
2 Doctor por la Universidad de Salamanca, España, Profesor Investigador en la Universidad Autónoma del Estado de México, Correo: gaguilerai@uaemex.mx.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

�Buen gobierno y derechos humanos en México.

21

1.- INTRODUCCION
La gestión de los asuntos públicos es el proceso a través del cual las instituciones
públicas dirigen los asuntos de interés general, administran los recursos públicos
y garantizan la realización de los derechos humanos. La buena gestión de los
asuntos públicos logra este resultado esencialmente mediante la eliminación de
los abusos y la corrupción, y prestando la debida atención al Estado de derecho. El
verdadero criterio que determina si la gestión de los asuntos públicos es “buena”
consiste en el grado en que hace realidad las promesas de los derechos humanos:
los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La pregunta esencial es la siguiente: ¿logran las instituciones encargadas de la gestión de los
asuntos públicos garantizar eficazmente el derecho a la salud, a la vivienda adecuada, a la alimentación suficiente, a la educación de buena calidad, a la buena administración de justicia y a la seguridad personal? (ONU, 2006). El servicio a los
intereses generales define la esencia de la administración Pública y determina totalmente su estructura y su actividad. Como organización, la administración debe
construirse de la manera más adecuada para alcanzar su fin. Además, los intereses
perseguidos por la administración Pública no son, ni particulares, ni privados,
solo de carácter general; y además la función de servicio ha de realizarse con objetividad, es decir, sin acepción de personas ni interferencias partidistas, sin favoritismos no discriminaciones (Sánchez, 2008). De lo anterior surge el calificativo
que se le asigna a la administración pública en sus efectos que repercuten sobre
los ciudadanos, al valorarla como buena o mala administración de acuerdo, a los
efectos derivados de su función.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Buen Gobierno
El concepto de buen gobierno (good governance) se ha difundido ampliamente en
la literatura sobre estudios del desarrollo desde principios de los años 90 a raíz de
un estudio realizado por el Banco Mundial (World Bank, 1992) sobre la crisis y el
crecimiento sostenido en el África Subsahariana [sic] y la importancia del menRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166

�Aguilera-Izaguirre, G.

22

cionado buen gobierno en el desarrollo económico. Según el estudio, el fracaso
en muchos países africanos de las políticas de ajuste estructural se habría debido
precisamente a la ausencia de aquél, esto es, al mal gobierno (poor governance)
reinante, que habría dificultado las necesarias inversiones extranjeras. Este mal
gobierno se caracteriza por problemas como: a) la falta de responsabilidad y de
una rendición de cuentas de los poderes públicos; b) la falta de transparencia; c) la
escasa capacidad de previsión de los políticos y funcionarios; y d) la ausencia del
Estado de derecho (Alberdi, 2006 citado por Pérez de Armiño, 2005: s/p).
Esto quiere decir, según Villoria (2011: 37), que debe existir un buen sistema nacional de integridad, cuyos pilares deben ser la voluntad política en el ejecutivo de
prevenir y combatir la corrupción; un sector público competente, objetivo e imparcial, con adecuados sistemas de contratación y distribución de subvenciones;
la existencia de un Parlamento activo en la promoción de buena gobernanza y en
el combate a la corrupción; un eficaz sistema de auditoría y control contable y
financiero; partidos políticos comprometidos con la lucha anticorrupción y que
se financian limpiamente; un poder judicial independiente e imparcial, además
de competente en la lucha anticorrupción; una defensoría del pueblo y/o [sic]
varios sistemas de defensa del ciudadano frente a abusos y mal funcionamiento
del servicio público; un organismo central en la detección e investigación de la
corrupción, así como en la promoción de medidas de prevención de la misma; [...]
y una sociedad civil bien informada e implicada en la lucha contra los abusos de
los poderes públicos y privados.
Las anteriores son acciones que han venido a reforzar la estrategia conducente a
establecer un orden en la funcionalidad de los gobiernos y sus administraciones,
como la actuación correcta de los funcionarios y los servidores públicos, la consolidación de la existencia de ciertos valores como el respeto al interés general y
la honestidad, así como lograr la consolidación de los sistemas democráticos, en
función del ciudadano.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 20-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/166

�Buen gobierno y derechos humanos en México.

23

Diferentes Nociones acerca del Buen Gobierno, por parte de Organismos Internacionales.
Diferentes organismos internacionales han procedido a llevar a cabo diversos programas a favor del buen gobierno en los países en desarrollo. Ahora bien, tal vez
por su contenido netamente político, la noción de buen gobierno presenta significados no plenamente coincidentes para diferentes instancias, como, por ejemplo:
Las instituciones ubicadas en el llamado Consenso de Washington (gobierno de
los EE.UU., FMI (Fondo Monetario Internacional) y Banco Mundial), aunque
con algunas diferencias, proponen agendas de buen gobierno centradas no tanto
en el tipo de régimen político, sino más bien en determinadas características del
proceso de gobernabilidad, como son la rendición de cuentas, la transparencia y el
estado de derecho. Ahora bien, mientras el gobierno norteamericano suele hacer
más hincapié en temas relacionados con la democracia y los derechos civiles, el
FMI se ha centrado en la reducción de los gastos militares, en tanto que el Banco
Mundial ha manejado una agenda más amplia y menos definida.
Por su parte, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) lo contempla con claves más ambiciosas, que guardan coherencia con su concepto del
desarrollo humano. El PNUD interpreta el gobierno (governance) de un país como
el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para manejar los
asuntos de un país en todos los niveles a fin de que el Estado promueva la cohesión
social, la integración y el bienestar de su población. Por tanto, el buen gobierno
requiere la participación pública, para asegurar que las prioridades políticas, sociales y económicas estén basadas en un amplio consenso social, así como que las
poblaciones más pobres y vulnerables puedan incidir directamente en el proceso
político de toma de decisiones.
El PNUD dispone de un programa de buen gobierno que se centra en las instituciones de gobierno, la gestión de los sectores públicos y privados, la descentralización, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de países en transición a la economía de mercado. En definitiva, la concepción del buen gobierno
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del PNUD es más amplia que otras, teniendo en cuenta elementos como los factores culturales, las particularidades nacionales, los liderazgos y la responsabilidad
política, los procesos de participación social, así como la construcción de capacidades. El Programa de las Naciones Unidas para su Desarrollo propuso una serie
de principios para definir las características de la buena gobernanza desde el punto
de vista de las relaciones entre Estado y sociedad. Esos principios o características
son: Estado de Derecho (imparcialidad), legitimidad y voz (participación y orientación para el consenso), transparencia y rendición de cuentas, rendimiento (capacidad de respuesta, eficacia, eficiencia), dirección (visión estratégica) y equidad
(acceso universal, incluidas las minorías, a oportunidades de mantener y mejorar
el bienestar propio).
Por último, diferentes sectores y autores critican la noción de buen gobierno por
la subjetividad que encierra la definición de qué países lo cumplen y cuáles no; así
como, sobre todo, por entender que éste y otros criterios de condicionalidad política de la ayuda representan una violación de la soberanía de los países receptores.
En otras palabras, lo ven como un mecanismo encubierto de los países occidentales para perpetuar su control político sobre los países pobres. Algunos autores
añaden que la condicionalidad del buen gobierno se emplea como un argumento
más para justificar los recortes de la ayuda internacional. En general, estos críticos
defienden que el buen gobierno debería interpretarse más bien como la práctica de
aquellos gobiernos que trata de maximizar los beneficios sociales de sus políticas
(Alberdi, 2006 citado por Pérez de Armiño, 2005: s/p).
En conclusión, la mayoría de los organismos internacionales, donantes de cooperación al desarrollo han insistido en la necesidad del buen gobierno en los países
receptores; el cual se ha convertido en uno de los principales criterios políticos
de condicionalidad para la concesión de aquélla. al considerarlo como un tipo de
ejercicio del poder que garantiza el crecimiento económico, la democracia pluripartidista, la economía de mercado, el respeto a los derechos humanos, la reducción del gasto militar y, en algunos casos, la equidad socioeconómica.
La Declaración del Milenio, del 13 de septiembre de 2000, señala en el punto 24
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“No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el
imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo”; mientras que en el punto 25 Decidimos, por tanto, respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esforzarnos por lograr
la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de todas las personas en todos nuestros países (ONU, 2000:
s/p).
Otros de los aspectos señalados son:
Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los principios y las
prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos los
derechos de las minorías.
Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias.
Eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas
sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia en todas las sociedades.
Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable
función y el derecho del público a la información (ONU, 2000: s/p).
Es así que la Declaración del Milenio presenta para el siglo XXI una visión de un
mundo pacífico, próspero y justo, que reafirma los propósitos y los principios de la
Carta de las Naciones Unidas; refleja el compromiso de los Estados Miembros de
lograr la paz, la seguridad y el desarme; promover el desarrollo y la erradicación
de la pobreza; proteger nuestro entorno común; defender los derechos humanos,
la democracia y el buen gobierno; entre otras cosas (ONU, 2002: 1).
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Al analizar el papel del buen gobierno en la aplicación de la Declaración, es necesario prestar particular atención a los elementos básicos de la capacidad para
gobernar, a saber, [sic] la capacidad institucional, la capacidad de formulación de
políticas, la capacidad administrativa o de gestión, el perfeccionamiento de los recursos humanos y la suficiencia tecnológica. Una de las conclusiones principales
que pueden extrapolarse de la Declaración y sus objetivos es que la capacidad
del Estado en las esferas mencionadas es el factor primordial para su aplicación
satisfactoria. Un gobierno democrático eficaz y una administración pública [sic]
eficiente se cuentan, sin duda alguna, entre los elementos más importantes de la
promoción del programa de desarrollo nacional de un país (ONU, 2002: 1 y 3).
En marzo de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió la resolución A/RES/60/34, en la cual se le pidió a la comunidad internacional que “preste más apoyo a las iniciativas nacionales en materia de Administración Pública, en particular las de los países en desarrollo […], y a las alianzas
entre el sector público y el privado, a fin de proporcionar […] apoyo educacional,
material y técnico y cooperación” (ONU, 2006: 2). Además, se le solicitó a los
Estados Miembros que “respeten los principios de debida gestión de los asuntos y
los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley y la necesidad
de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de transparencia, rendición
de cuentas y rechazo de la corrupción en todos los niveles y en todas sus formas,
de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”
(ONU, 2006: 2).3 Ahora bien, Villoria (2016) refiere que los componentes axiológicos del buen gobierno son la efectividad, la profesionalidad y la imparcialidad, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Para los efectos
de este artículo, se analizarán algunos de éstos:
a) La efectividad es entendida como la capacidad de producir objetivos deseados
en la esfera social y económica a través de las actuaciones y los instrumentos gubernamentales centrados en la eficiencia y la economía. b) La profesionalidad se
refiere a la forma en la que la burocracia debe desempeñar sus funciones con rigor
técnico y jurídico y con estabilidad para servir objetivamente al interés general.
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c) La imparcialidad es una forma de actuación que no es alterada por cierto tipo
de consideraciones, como las relaciones privilegiadas o las preferencias personales. d) La transparencia se define como el flujo incremental de la información
oportuna y confiable de carácter económico, social y político, accesible a todos
los actores relevantes. e) La rendición de cuentas se define como un proceso a
través del cual los gobernantes, los representantes y los servidores públicos informan, responden, justifican sus actos, sus decisiones y sus planes de acción a
los gobernados y se sujetan a las sanciones y las recompensas procedentes. f) La
participación es un proceso social en el que intervienen de manera permanente los
derechos y las responsabilidades, porque intenta dar a cada individuo un encargo
en la medida que pueda comprometerse, donde en cada nivel habrá un interés y
una capacidad para asumirlo de forma total o compartida. La participación debe
ser vista como un medio para lograr una gestión eficiente, ya que crea una relación
de mayor compromiso e integración al grupo (Burin, Istvan y Levin, 1998, citados
por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2017: 2). La participación tiene un papel fundamental en las democracias, prueba de ello es que desde
la teoría democrática tradicional se observa que los ciudadanos se interesan por la
política y participan en ella, conocen los procesos de gobierno y las alternativas
de solución que se proponen para enfrentar problemas públicos y votan con base
en valores y principios (Conway, 1986 citada por el Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública, 2017: 3). Desde esta óptica, construir un derecho humano a la
buena Administración Pública sólo requiere un cambio de paradigma interpretativo: una Administración Pública al servicio del ser humano. El derecho a la buena
administración también se relaciona con lo que concierne a la ética y los buenos
modales en el servicio público.
Se ha observado que, además de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, en la cual figura la proclamación específica del derecho a una buena administración; también se han elaborado, por parte de organismos y Estados,
códigos, cartas o instrumentos destinados a mejorar la conducta de quienes tienen
la responsabilidad de prestar los servicios públicos. En Europa, por ejemplo, se
expidió el llamado Código de Buena Conducta Administrativa para el Personal
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de la Comisión Europea en sus Relaciones con el Público, con éste: la Comisión
dio un importante paso concreto con vistas a la aplicación de dichos principios al
adoptar, el 13 de septiembre de 2000, un código de buena conducta administrativa. Dicho código representa una valiosa guía para los funcionarios de la Comisión
en sus relaciones con el público4 [...] El objetivo de este código consiste, por lo
tanto, en reforzar los esfuerzos ya desplegados en este sentido, garantizando en
toda circunstancia un servicio de calidad e informando al público de las normas de
conducta que tiene derecho a esperar en sus relaciones con la Comisión. A estos
efectos, el Código define los principios en [sic] que deben basarse las relaciones
entre la Comisión y el público: legalidad, no discriminación, proporcionalidad
de las medidas con los objetivos perseguidos y coherencia en el comportamiento
administrativo (Kinnock, en la Comisión Europea, s/f: 1).
Otro de los instrumentos en esta materia es el Código Iberoamericano de Buen
Gobierno, del 23 de junio de 2006, (CLAD,2006) el cual se aplicó a los presidentes de república, los vicepresidentes, los presidentes del gobierno o del Consejo de Ministros, los primeros ministros, los jefes del gabinete de ministros, los
ministros, los secretarios de Estado o equivalentes y, en general, a todos los altos
cargos del Poder Ejecutivo, tales como viceministros, subsecretarios, directores
de entes públicos o directores generales. En éste, se establecieron, además de los
principios y los valores, los principios básicos que guiarán la acción del buen gobierno: a. El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana. b. La
búsqueda permanente del interés general. c. La aceptación explícita del gobierno
del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos. d. El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social. Los
valores que guiarán la acción del buen gobierno son, especialmente: Objetividad,
tolerancia, integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al
servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, igualdad
de género y protección de la diversidad étnica y cultural, así como del medio ambiente (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2006: 3).
En ellos se regirá, la definición de un buen gobierno, como “aquél que busca y
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promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión
social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los
valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho”, así como “los
tres tipos de reglas de conducta las vinculadas a: la naturaleza democrática del gobierno, a la ética gubernamental y a la gestión pública” (Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo, 2006: 3 y 4).
Otra de las definiciones de buen gobierno y que se vincula con la definición anterior es la señalada por (Castro, 2014: 248) en la que el buen gobierno es el adecuado y responsable ejercicio del poder y del cumplimiento de los deberes de función
estatal, garantizando la realización de los derechos humanos y la protección del
interés público, proveyendo marcos institucionales transparentes y participativos
para el eficaz funcionamiento del aparato estatal en el marco de un Estado Social
y Democrático de Derecho, como medio para asegurar el desarrollo de todos los
miembros de la sociedad en condiciones dignas y de igualdad.
Derechos Humanos
Los derechos humanos son el conjunto de derechos por los cuales se afirma la
dignidad de la persona frente al Estado, es decir, son derechos públicos subjetivos
que tienen la correlativa obligación las limitaciones, obligaciones o prestaciones
que ha de servir el estado en favor del individuo. En su aspecto positivo son
aquellos derechos reconocidos por el sistema jurídico de que se trate, en el caso
de México serían los que se establecen en la constitución política de los Estados
Unidos mexicanos, además de lo que se recogen en los pactos convenciones y
tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano. (Orozco,
20002).
Los conceptos de derechos humanos, derechos fundamentales y garantías invaluables no son equivalentes, ni tampoco se pueden utilizar indistintamente. (Pérez
Luño, 200I: 48) señala al respecto que: los derechos humanos son un conjunto de
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconoRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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cidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional; y los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados
por el ordenamiento jurídico positivo, en mayor parte de los casos en su normatividad constitucional y que suelen gozar de una tutela reforzada. En cuanto a la
garantía decimos que es el medio. En sentido moderno una garantía constitucional
tiene por objeto reparar las violaciones que se hayan producido a los principios,
valores o disposiciones fundamentales. Al respecto existe jurisprudencia en la que
se señala que las garantías individuales no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional para salvaguardar éstos, es decir, constituye
el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del
país para salvaguardar tales derechos. (Semanario Oficial de la Federación, 1996)
Cuando hablamos de garantías jurídicas nos referimos a las disposiciones jurídicas que tienden hacer efectivas y tutelar la vigencia del derecho. Pero cuando nos
referimos a las garantías de los derechos humanos, no solo nos referimos a los
mecanismos jurídicos creados en la norma jurídica para su protección y defensa,
sino a los aspectos económicos, sociales y culturales necesarios para lograr su
eficacia. (Hernández, 2015)
En este sentido, cuando abordamos lo relacionado a los derechos económicos,
sociales y culturales como aquellos que están vinculados a la satisfacción de las
necesidades básicas de las peronistas en ámbitos como el trabajo, la alimentación,
la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el agua y el
medio ambiente. Hubo un momento en el que se generó la idea equivocada de
que cada categoría de derechos tenía una naturaleza jurídica distinta y enorme
aun que mientras los derechos civiles y políticos si eran derechos humanos vinculantes y de realización inmediata por parte de los estados, los DESC eran derechos programáticos cuya realización no podía exigirse directamente a los estados
y se encontraba condicionada a factores tales como la disposición de recursos
económicos. Hoy en día esta distinción entre ambas categorías ha sido superada
y se reconoce ampliamente la indivisibilidad y la interdependencia e interrelacionarse de todos los derechos humanos. (ACNUDH, 2010:)
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Se debe entender que todos los derechos humanos implican para los estados las
mismas obligaciones, que son de tres tipos: la obligación de respetar, que consiste
en abstenerse de impedir u obstaculizar la realización de los derechos de las personas; la obligación de proteger, que consiste en adoptar las medidas para evitar
que las terceras personas puedan restringir o anular los derechos humanos de otras
personas y la obligación de realizar, la cual conste en adoptar las medidas positivas para garantizar que las personas puedan acceder al ejercicio de sus derechos
humanos, aun y cuando no puedan hacerlo por sus propios medios y recursos.
En general, las normas que establecen derechos humanos de carácter colectivo,
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tienen el carácter de
normas programáticas. Las normas programáticas son de existencia reciente en
los diversos sistemas jurídicos y generalmente pretenden atender a la dinámica y a
las necesidades sociales que el Estado debe cubrir como un de sus fines. Verificar
la eficacia de estas normas y garantizar su cumplimiento de sus objetivos es hoy
en día una de las tareas pendientes de mayor relevancia en el campo de los derechos humanos (Hernández, 2015).
Los derechos humanos y el buen gobierno en México
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no recoge de forma explícita en su texto nor¬mativo el derecho a la buena administración o buen
gobierno. Sin embargo, si se observan los principios constitucionales relativos a
la actuación de los poderes públicos, se rastrean algunos de los rasgos esenciales
de esta noción. En este sen¬tido, se puede corroborar cómo existe un paralelismo
entre los objetivos que se proponen para el principio de la buena administración
y aquellos compromisos constitucionales que tratan de materializar el modelo de
Estado social y demo¬crático de derecho en México. Así, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el derecho a la buena administración abarca principios como:
participación, trasparencia, rendición de cuentas o accountability, eficacia y coherencia, las anteriores tienen su existencia normativa en nuestra Carta Magna.
(Aguilera, 2018)
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En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales que México ha ratificado y en las leyes de procedimiento administrativo, se encuentran contenidos los principios que sirven de garantía para el
administrado dentro del procedimiento administrativo. Las normas jurídicas constitucionales y supranacionales, que son de jerarquía superior a cualquier otra norma del sistema jurídico, consagran principios jurídicos que a lo largo de la historia
han ido tomando un protagonismo importante dentro del procedimiento administrativo, y que, en la actualidad, desconocerlos, resulta casi imposible. La finalidad
del procedimiento administrativo consiste en el dictado de un acto administrativo
y para llevar a cabo dicha finalidad, se deben respetar ciertos principios que tienen
por objetivo que, dentro del menor tiempo posible y reuniendo la mayor cantidad
de información, se pueda declararla voluntad de la administración pública.
Incluso se puede afirmar que en el derecho mexicano existen algunos principios
del derecho a la buena administración en otros derechos humanos fundamentales
ya establecidos en nuestra constitución. Podemos deducir que el derecho a la buena administración forma parte integrante del resto de los derechos. Los artículos
6º de reciente reforma establece ya el derecho de acceso a la información; el art. 8º
que encierra el derecho de petición (Instituto Federal del Acceso a la Información,
2004); el art.14º que consagra el principio de legalidad; el art. 16º el cual protege
la libertad personal y la seguridad por medio de la legalidad, de la motivación y
fundamento que se requiere para los actos de autoridad que causen molestia a los
individuos en su persona, papeles y posesiones, de nuestra constitución, son un
claro ejemplo de derecho que se encuentran establecidos de lo que conocemos ya
como el derecho a la buena administración pública. (Aguilera,2018)
En líneas anteriores mencionábamos que una característica distintiva de los derechos humanos es su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos de la más
alta jerarquía normativa de los Estados, esto es, en los Textos Fundamentales. El
10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la
reforma que logró la incorporación formal de los derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Junto con otras dos
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reformas, representan un conjunto muy relevante de reformas que tienen gran
impacto en el sistema jurídico mexicano. Las reformas inciden sustancialmente
en las instituciones sociales y estatales, y tocan aspectos jurídicos torales relacionados con la promoción, el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos
de toda persona ubicada en territorio nacional. La reforma acompaña a la ocurrida
en materia penal (DOF del 18 de junio de 2008) y en materia de amparo (DOF del
6 de junio de 2011).
En México, el párrafo tercero de la Constitución obliga a todas las autoridades, en
el ámbito de sus respectivas competencias, a observar las siguientes garantías…
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.
Por tal motivo el buen gobierno y los derechos humanos se vinculan y refuerzan
entre sí, ya que, sin la existencia de un buen gobierno, los derechos humanos no
pueden ser respetados y protegidos de manera sostenible. Para el ejercicio de los
derechos humanos entonces, se requiere que exista un entorno propicio en el cual
existan instituciones y marcos jurídicos apropiados, así como también, una administración responsable de satisfacer las necesidades de la población.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2008) llevo a cabo un estudio de prácticas de buen gobierno,
y en él señaló que los vínculos entre el buen gobierno y los derechos humanos se
dan en cuatro esferas: instituciones democráticas, prestación de servicios del Estado, Estado de derecho y medidas contra la corrupción. Se exponen distintas formas en que diversos agentes sociales e institucionales, desde grupos de mujeres o
de minorías hasta los medios de información, la sociedad civil o los organismos
del Estado, han llevado a cabo reformas en esos cuatro ámbitos.
Cuando están orientadas por los valores de los derechos humanos, las reformas
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de las instituciones democráticas con arreglo al buen gobierno crean vías para la
participación de los ciudadanos en la formulación de políticas, sea por conducto
de las instituciones estructuradas o mediante mecanismos informales de consulta.
También establecen mecanismos para la inclusión de múltiples grupos sociales en
los procesos de adopción de decisiones, especialmente a nivel local. Por último,
pueden alentar a la sociedad civil y a las comunidades locales a formular y expresar sus posiciones sobre cuestiones importantes para ellas.
En el ámbito de la prestación de servicios del Estado a la población, las reformas
de la gobernanza promueven los derechos humanos cuando mejoran la capacidad del Estado para cumplir su responsabilidad de ofrecer bienes públicos indispensables para la protección de cierto número de derechos humanos, como el
derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Las iniciativas de reforma
pueden incluir mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, herramientas
de política atentas a los aspectos culturales para garantizar que los servicios sean
accesibles y aceptables para todos, y vías de participación ciudadana en la adopción de decisiones.
En lo que se refiere al Estado de derecho, las iniciativas de gobernanza que tienen
en cuenta los derechos humanos reforman la legislación y ayudan a las instituciones, desde los sistemas penales hasta los tribunales y los parlamentos, aplicar
mejor esa legislación. Las iniciativas de gobernanza pueden incluir la promoción
de reformas legales, la sensibilización del público sobre el marco jurídico nacional e internacional, y el aumento de la capacidad o la reforma de instituciones.
Por último, las medidas contra la corrupción también forman parte del marco de la
buena gobernanza. Aunque aún no se han estudiado en profundidad los vínculos
entre la corrupción, las medidas anticorrupción y los derechos humanos, el movimiento contra la corrupción está acudiendo al ámbito de los derechos humanos
para impulsar sus esfuerzos. Para combatir la corrupción, los esfuerzos de buen
gobierno se apoyan en principios como la rendición de cuentas, la transparencia
y la participación para dar forma a las medidas de lucha. Las iniciativas pueden
incluir el establecimiento de instituciones como comisiones anticorrupción, la
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creación de mecanismos de intercambio de información y la vigilancia del uso de
fondos públicos, y la aplicación de políticas por parte de los gobiernos.
3.- MÉTODO
Diseño
Esta investigación es de tipo cualitativo, no experimental, al ser utilizada como
procedimiento metodológico que utiliza textos, discursos, para construir un conocimiento de la realidad social, llevando a cabo un proceso de construcción y
comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. La investigación cualitativa busca una aproximación a la realidad
social a partir de la obtención de datos no cuantitativos. Para la realización del
presente trabajo se empleó la técnica documental.
Instrumentos
Para la composición del marco teórico, se empleó la técnica de investigación documental, a través de una exhaustiva revisión de la bibliografía en relación con
derechos humanos y al buen gobierno, en México y en otros países, así como también de organismos internacionales, motivo por el cual se analizaron fuentes internacionales y en virtud de ello se empleó el método comparativo, por medio del
ejercicio de la lectura comprensiva en donde se analizaron con un enfoque crítico
Procedimientos
Se realizó una revisión y análisis compresivo, crítico y comparativo de las fuentes
que están íntimamente relacionadas con el objeto de estudio, la cual es suficiente
en materia de derechos humanos no así en cuanto al buen gobierno en México,
motivo por el cual se analizaron fuentes internacionales y en virtud de ello un
análisis comparativo. Posterior a ello se realizaron conclusiones.
4.- CONCLUSIONES
Al principio de este documento señalábamos que el verdadero criterio que deterRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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mina si la gestión de los asuntos públicos es “buena” consiste en el grado en que
hace realidad las promesas de los derechos humanos: los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. ¿La pregunta esencial que nos hacíamos era
si el Estado ha logrado garantizar eficazmente los derechos humanos?
A lo largo del presente trabajo establecimos que tanto el buen gobierno y de derechos humanos se fortalecen mutuamente y tienen en común, principios fundamentales, como lo son, la participación, rendición de cuentas, transparencia y
responsabilidad. De hecho, los derechos humanos requieren de un entorno favorable y propicio, en particular reglamentos, instituciones y procesos adecuados
que encuadraran las medidas adoptadas por el Estado. Los derechos humanos
proporcionan un conjunto de normas de desempeño con respecto a las cuales poda
exigirse responsabilidad a los gobiernos y otros agentes. Al mismo tiempo, las
políticas de buen gobierno deben hacer posible que las personas vivan con dignidad y libertad. Para que los derechos humanos, puedan respetarse y protegerse
de manera sostenible requieren de la existencia de un buen gobierno en el Estado
Mexicano. Se concluye que la buena gestión de los asuntos públicos logra este
resultado esencialmente mediante la eliminación de los abusos y la corrupción,
y prestando la debida atención al Estado de derecho. El verdadero criterio que
determina si la gestión de los asuntos públicos es “buena” consiste en el grado
en que hace realidad las promesas de los derechos humanos: los derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales.
En la actualidad se siguen llevando a cabo acciones políticas, económicas, sociales, pero sobre todo jurídicas, a fin de que los derechos humanos sean realmente
eficaces y garantizar por todas las vías posibles el cumplimiento de sus objetivos.
En este sentido, en nuestro país México, como ya lo habíamos señalado en líneas
anteriores y acorde a nuestra Ley Suprema “todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” luego entonces, los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberán de llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de
dar cumplimiento a los establecido en nuestra Constitución; por un lado el Poder
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Ejecutivo deberá planear e implementar políticas públicas eficaces; el Poder Legislativo deberá de crear normas que establezcan procedimientos, competencias
y responsabilidades y el Poder Judicial deberá fallar los casos que resuelve interpretando la norma de la forma que mejor potencié dichos derechos. Respecto
de la autoridad administrativa (gobierno), destaca además la directriz contenida
en el párrafo segundo del apartado A del artículo 26 constitucional, que ordena:
“los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación”.
REFERENCIAS
ACNUDH (2008). Prácticas de buen gobierno para la protección de los derechos
humanos. México: Oficina En México del alto comisionado de naciones
unidas para los derechos humanos (ONU-DH México).
ACNUDH (2010). Los derechos económicos, sociales y culturales: exigibles y
justiciables preguntas y respuestas sobre los desc y el protocolo facultativo del
pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. México.
Espacio de coordinación de organizaciones civiles sobre derechos económicos,
sociales y culturales (espacio desc. México: plataforma interamericana de
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Medios de solución de conflictos, herramienta para la construcción del
acceso a la justicia1
Means of conflict resolution, tool for building access to justice
Francisco, Enríquez-Chávez2
https://orcid.org/0000-0002-0291-1903
Universidad de Guadalajara, México
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-2

Marco Antonio, Santana-Campas3
https://orcid.org/0000-0002-6750-2713
Universidad de Guadalajara, México

___________________________________________________________________________
RESUMEN
Los medios de solución de conflictos son una realidad desde hace años en México, pero no se ha logrado llegar
a todos los sectores de la población obstaculizando el acceso a la justicia y por ende no se logra en totalidad la
participación ciudadana para una construcción de la cultura de la paz. Objetivo: Describir las afectaciones a los
trabajadores por demora en los juicios laborales y la no aplicación de manera eficaz de los medios de solución de
conflictos en trabajadores del Sur de Jalisco. Método: investigación cualitativa, participantes: 30 personas que se
encontraban dando seguimiento asuntos laborales ante la procuraduría del trabajo con sede en Zapotlán El Grande,
Jalisco, México. Técnica de recolección de datos: entrevista semiestructurada exprofeso. Se encontraron principalmente afectaciones económicas, familiares y laborales principalmente. Los estudiosos del derecho deben utilizar
el conocimiento en otras ciencias para advertir qué esconden los conflictos y solucionarlos empoderando a las
partes para que éstos lo logren mediante el diálogo y empatía, sin necesidad de los formalismos del procedimiento
judicial que dificulten el acceso a la justicia.
Palabras claves: Acceso a la justicia, derecho laboral, medios de solución de conflictos.
ABSTRACT
The means of conflict resolution have been a reality for years in Mexico, but it has not been possible to reach all
sectors of the population by hindering access to justice and therefore citizen participation for a construction of the
culture of peace is not fully achieved. Objective: To describe the affectations on workers by delay in labor trials and
the effective non-implementation of the means of conflict resolution in workers in South Jalisco. Method: qualitative research, participants: 30 people who were following up labor issues before the labor attorney’s office based
in Zapotlán El Grande, Jalisco, Mexico. Data collection technique: ex profeso semi-structured interview. Mainly
economic, family and labour impacts were found mainly. Law scholars should use knowledge in other sciences
to warn what conflicts are hiding and to resolve them by empowering the parties to do so through dialogue and
empathy, without the need for formalities in the judicial procedure that hinder access to justice.
Keywords: Access to justice, labor law, means of conflict resolution.
Recibido: 19 de Julio 2020 - Aceptado: 21 de Septiembre 2020
Cómo referenciar este artículo:
Enríquez-Chávez, F. &amp; Santana-Campas, M. A. (2021). Medios de solución de conflictos, herramienta para la
construcción del acceso a la justicia. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 41-65. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/168. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-2

1 Este artículo es producto del proyecto “Curso de Verano 2019 de la Maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur”, financiado por los
autores a través de la beca CONACYT, siendo el posgrado parte del Programa de Posgrados de Calidad. Iniciado en 2018 y finalizado en 2019.
2 Maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Email: francisco_ech@hotmail.com
3 Doctor en Psicología por la Universidad de Guadalajara, profesor de la Universidad Jesuita de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. Email: mascampas@gmail.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

�Medios de solución de conflictos...

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1.- INTRODUCCION
La paz no solo es la ausencia de guerra, es ser justo, hacer las cosas con orden,
es tranquilidad, para Ruiz (2014), “la perturbación, la alteración del orden, que
puede ser a través de la violencia entendida en su más amplia expresión, se constituyen enemigos de la paz” (p. 220)
Desde hace más de dos décadas, en México están reconocidos los métodos de
solución de controversias, sin embargo, fue hasta la reforma constitucional de
2008 que empezaron a tomar más fuerza, empoderando a las partes para ellos
mismos solucionar su problema mediante el diálogo, la empatía y la voluntad de
resolverlo, al respecto, el criterio jurisprudencial menciona que:
Los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la
idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por
tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que
pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso
es una más (Tesis Aislada, 2013, registro 2004630).
Los conflictos siempre van a existir mientras existan las sociedades y más allá de
verlo como la parte que se debe erradicar en las civilizaciones, se debe ver como
la fuente de los acuerdos. El derecho nace justamente de los conflictos, de movimientos, de revoluciones. Actualmente las partes en conflicto no deben entenderse
como dos entes que se obstruyen y se van a enfrentar y así evidentemente uno
colisionar ante el derecho del otro. Además de ello, existen distintos obstáculos
para acceder a la justicia, entre la demora de estos, la corrupción, la falta de recursos económicos para ostentar un juicio y malas asesorías judiciales.
Sin embargo, uno de los graves problemas de México en cuestión de justicia, es
la corrupción o cultura de corrupción que hemos creado los ciudadanos; en el
mundo del litigio, los abogados mantienen un esquema donde buscan justificar
con la premisa errónea de apoyar a los servidores públicos que laboran para Poder
Judicial, el pagar a los actuarios, a los auxiliares, secretarios o jueces para que las
notificaciones se realicen con más rapidez, para que el oficio que necesitan esté
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primero que los demás, para que su expediente sea el de hasta arriba y los escritos
que presenten sean los primeros en pasar y tengan una respuesta. Acciones que ya
se ven como cotidianas, normalizadas e incluso como parte de la descripción de lo
que es ser “buen litigante”, se han convertido en un requisito obligatorio para que
los servidores de los juzgados hagan su trabajo, ya que, de lo contrario, los juicios
avanzarán a un paso más lento de lo que ya son por la carga laboral existente en
los juzgados (Jasso, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018).
Por lo que, apoyándose de la excesiva carga laboral en los juzgados o centros de
impartición de justicia, los servidores públicos aprovechan para solicitar a los
litigantes que, a cambio de dinero, sus asuntos serán los primeros en atenderse
(Jasso, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018). Es por esto que los
Métodos Alternos de Solución de Conflictos deben tener un más impacto e importancia en la impartición de justicia en México, ya que con ellos, la posibilidad de
terminar con los conflictos es un tiempo mínimo confrontado con el que se lleva
en un procedimiento tradicional; además cuenta con otras ventajas como el empoderar a las partes en conflicto para que construyan la solución y con ello generar
la sensación de satisfacción con el resultado, y haciendo a un lado la frustración
de encontrarse con una sentencia donde uno gana y otro pierde.
En el derecho laboral, los trabajadores que prestan su servicios físicos o intelectuales han generado el derecho a una prestación y que se les niega su pago, pueden
acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde reciben asesoría sobre
los derechos que se han ganado, y que previo a que iniciar un juicio, se debe
primero concluir la etapa de conciliación, misma que será presidida por la misma
Procuraduría como prestador de ese servicio; para lo cual se citará al patrón y al
trabajador para asistir y procurar una solución (Agraz, comunicación personal, 18
de octubre de 2018)
Para evidenciar lo anterior, se realizó una entrevista a un funcionario de la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el mismo refirió que “los trabajadores son
los que económicamente ostentan un juicio, por ejemplo, a sacar copias, trasladarse a Ciudad Guzmán si vive fuera, estar al pendiente del expediente, trasladar
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a testigos, pago de abogado si es particular” (Villalvazo, comunicación personal,
18 de octubre de 2018). De esta manera, cuando el trabajador acude a las oficinas de la Procuraduría, presenta su problema al Procurador, el cual tomando en
consideración las particularidades del caso, puede enviar con entrega personal
del mismo trabajador, un citatorio a su empleador para que ambos comparezcan
a una cita conciliatoria, que debido a la carga de trabajo de esta dependencia, las
conciliaciones se agendan entre una y dos semanas posteriores al de la emisión
del citatorio, creando con esto un menoscabo al acceso y celeridad de la justicia.
2.- MARCO TEÓRICO
Marco Jurídico
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es clara al
enunciar que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma y que se tiene
derecho a la administración de justicia por Tribunales creados para ello, de igual
manera dispone que se preverán mecanismos alternos de solución de controversias (CPEUM, 1917, artículo 17). Dejando a un lado la idea de que únicamente
se puede obtener justicia mediante la intervención de un Juez que decida por las
partes y a través de un procedimiento prestablecido y riguroso.
Las autoridades jurisdiccionales fueron creadas para impartir justicia de conformidad a lo que establezca la ley. Justicia que de acuerdo con lo señalado en nuestra Carta Magna debe ser gratuita, pronta, imparcial y se debe resolver en los plazos que la ley señale para tal efecto y en los Tribunales previamente establecidos,
es decir, la Constitución debe asegurar a los ciudadanos el acceso a la justicia y el
Estado tiene la obligación de aminorar o eliminar los obstáculos que aseguren ese
acceso a la justicia en los términos establecidos y con la mayor prontitud posible.
Si bien es cierto que, en los asuntos del orden civil, ya se encuentra establecido en
el artículo 282 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, la conciliación, ésta no deja de ser parte dentro del procedimiento judicial, es
entonces que antes de pensar en juzgados o tribunales, tanto los abogados como
las personas deben considerar someter su conflicto a los medios de solución que
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no son judiciales.
Procedimiento alterno
Si lo que una persona está reclamando son alimentos a su pareja para su o sus
hijos, habrá de acudir a un abogado para que realice este trámite ante el juzgado
correspondiente y a cambio de los honorarios respectivos. Tendrá que pasar por
las etapas procesales necesarias y el tiempo que tarde la autoridad en decretar una
resolución, por lo que las partes estando conscientes de sus derechos, sus obligaciones y a través de los métodos de solución de conflictos, podrán llegar a un
acuerdo y en pocas semanas haber resuelto la controversia.
En el caso laboral, si un empleado es separado de su fuente de trabajo, se estará
despojando de su medio de subsistencia, para pagar alimentación, salud, vestido,
educación, etcétera, para él y sus dependientes económicos, por lo que alargarlos,
provoca un estado de indefensión al trabajador por no contar con lo indispensable
para su subsistencia
Al respecto Castillo dice:
El Estado debe contar con una normatividad que incorpore disposiciones
sustantivas y procedimentales que establezcan pautas y principios justos y en
condiciones de igualdad. Así mismo, debe procurar para que los despachos
judiciales sean suficientes para atender la demanda de conflictividad, que
los procedimientos no sigan siendo cadenas tortuosas, demoradas y costosas
para las partes, de manera que surja como regla general confianza en la
norma y en la administración de justicia (Castillo, 2018, p. 6).
El acceso a la justicia no exclusivamente significa que un Juez solucione un conflicto o controversia entre dos o más personas mediante un procedimiento preestablecido y emitiendo una sentencia, el término justicia, también se refiere a
aquello que permite salvaguardar un derecho y lograr una solución sin necesidad
de acudir a tribunales. Así pues, los medios alternos de solución de conflictos
deberían tomar mayor partida en la justicia de nuestro país. En el derecho laboral
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que es desde hace varias décadas quien ha solucionado conflictos con medios alternos a través de la conciliación (Natividad, 2015).
Hernández, (2010) describe los pasos o las formas para desarrollar una audiencia
conciliatoria, donde las partes se someten al procedimiento ante un tercero llamado conciliador; el conciliador debe ser un profesional que cuente con las herramientas y especializaciones necesarias para propiciar el diálogo entre las partes,
fomentando comunicación asertiva y lograr que se expresen el sentir, generando
empatía para que las partes entiendan las necesidades del otro, donde ellos mismos aporten las ideas que lleven a encontrar la solución del conflicto con ayuda
del conciliador, quien habiendo escuchado el problema visto desde ambas partes,
propone la forma en que termine la controversia, plasmando todo lo anterior en
un convenio y que este tenga la calidad de sentencia ejecutoriada o en el caso de
la materia laboral, la de laudo.
De acuerdo con el artículo 530 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, dentro de sus funciones propondrá a
las partes soluciones para solucionar las controversias, autorizando en actas estos arreglos, es decir, la Procuraduría está facultada para hacer uso de los métodos alternos de solución de conflictos, a través de la conciliación para evitar los
juicios laborales (Ley Federal del Trabajo, 1970, artículo, 530). En estos casos,
el Procurador auxiliar fungirá como prestador del servicio, es decir, será el conciliador, sin embargo, el servicio está limitado a quienes son trabajadores, si una
persona acude con el carácter de patrón, no podrá solicitar cita para una audiencia
conciliatoria, si bien este patrón puede asesorarse con el representante patronal de
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se limita a justamente eso, la explicación
de los derechos del trabajador y las obligaciones del patrón con su empleado, sin
la posibilidad de solicitar la celebración de la sesión de conciliación.
Además de lo anterior, el prestador de servicio debe ser imparcial y las reuniones,
a pesar de ello, el Procurador, por su misma naturaleza y como su propio nombre
lo dice “Defensa del Trabajo”, tiene una inclinación por defender al trabajador,
tan es así que, si no se llega a una solución conciliatoria, el Procurador podrá parRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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ticipar en el juicio laboral como defensor de oficio del trabajador.
Procedimiento conciliatorio Procuraduría de la Defensa del Trabajo
En el Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (2014) en
su capítulo séptimo describe los procedimientos ante las Procuradurías, el cual es
de la siguiente manera:
I)
El trabajador deberá acudir a las oficinas de la Procuraduría que le
corresponda, donde se asesorará sobre el conflicto laboral que exponga,
y en caso de ser procedente, el Procurador podrá girar citatorio tanto al
trabajador como a la parte patronal para asistir a la audiencia conciliatoria.
II)
El trabajador y el patrón asisten a la cita: se informa el motivo de la
misma y se propondrá soluciones para así evitar un juicio. Si se llega a ese
arreglo, se redactan las actas correspondientes y el problema finaliza.
III) El trabajador no acude a la cita: se redacta un acta de incomparecencia
del trabajador y al ser el interesado, se considera que no tiene interés legal
por el asunto.
IV) El patrón no acude a la cita: se redacta un acta de incomparecencia
de la fuente de trabajo y si no hay riesgo respecto de la prescripción de la
acción, manda un segundo y último citatorio, el cual tiene que hacer llegar
el trabajador (de igual forma que el primero).
V)
Las partes se presentan a la cita (primera o segunda): no llegan a un
arreglo, se redacta el acta donde se plasma que asistieron ambas partes,
pero no fue posible conseguir el arreglo.
El Procurador propone al trabajador iniciar el juicio en contra del patrón.
El trabajador podrá demandar contratando el abogado de su elección, sin embargo,
deberá pagar honorarios y otros gastos como el de traslado del abogado si así
fuera el caso.
Derivado de lo anterior, La Rosa (2008) comenta
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El asunto a tratar radica en si en condiciones de desigualdad real, el
ciudadano común y corriente tiene la posibilidad de acceder a alguno de
los mecanismos existentes permitiendo legítimamente determinar derechos
y resolver su conflicto, con resultados que tengan validez ante terceros. Lo
cual debiera significar que no solamente importen las vías judiciales sino
aquellas otras formas que la Constitución Política y la legislación ordinaria
reconoce (p. 105).
De lo anterior la importancia que se debe dar a los medios de solución de conflictos y no tenerlos únicamente como alternativa, sino que sea la primera vía para
resolver conflictos, otorgando el poder a las mismas partes de decidir cómo va a
terminar el conflicto y teniendo la certeza de que su decisión tendrá la fuerza para
hacerla valer en caso de incumplimiento. Al respecto, Bonilla menciona que:
Entre los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a los tribunales, sin
duda está el de su fallida ubicación o delimitación geográfica. Un tribunal
mal ubicado o que ejerce jurisdicción sobre un territorio no correctamente
delimitado, ocasiona que los justiciables eroguen más gastos en la tramitación
de sus asuntos, que los procesos sean más largos, que sus cargas de trabajo
no sean proporcionales respecto a las de otros tribunales, que la comunidad
se inconforme y que, incluso, los individuos opten por no acudir a él para
resolver las controversias jurídicas. (Bonilla, 2017, p. 266)
Así pues, que la garantía de tutela judicial deberá prever los obstáculos en cada
territorio para que los ciudadanos accedan a la justicia, como lo menciona Bonilla,
que:
Puede sostenerse, en términos jurídicos, la existencia del principio de que
los tribunales deben estar ubicados en los sitios de más fácil acceso para
los justiciables, conforme al texto de los artículos 1o., 13, 14 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos preceptos
hay directrices sobre la creación de tribunales y sobre la asignación de
competencia territorial (Bonilla, 2017, p. 263).
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En el caso de las Juntas de Conciliación, el actuario no tiene presupuesto para
trasladarse y realizar los emplazamientos y la fuente de trabajo que está en un
municipio lejano (más de 50 kilómetros de donde se encuentra la autoridad laboral), el trabajador será quien solvente esos gastos, que al incluyen la gasolina del
actuario, sus alimentos o en algunos casos las propinas que éstos exigen. Además
de lo anterior, y considerando que
El procedimiento para interponer una queja como trabajador consta de
seis pasos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo: presentación de la
demanda, notificación al patrón de que es demandando, celebración de
audiencia de conciliación, desahogo de pruebas, formulación y aprobación
de la demanda y resolución. Este proceso debe llevar entre dos o tres meses
(Guzmán, comunicado personal 18 de marzo de 2017).
En este sentido, Ovalle (1996), refiere que más allá de las etapas y tiempos, se
debe hacer una interpretación más amplia del proceso y acceso a la justicia a los
trabajadores, y argumenta que:
El derecho de acceso a la justicia no se limita a consignar la posibilidad
meramente formal de acudir ante los tribunales para formular pretensiones
o defenderse de ellas; sino que implica, además, el deber del Estado de
remover todos aquellos obstáculos materiales que impidan o dificulten el
acceso efectivo de las personas a los tribunales (Ovalle, 1996, p. 290).
Además, pueden existir más obstáculos que prolongan los juicios y el acceso a la
justicia, “en la realidad es muy distinto, puesto que los encargados de notificar en
ocasiones no encuentran los domicilios o los patrones modifican su razón social.
Estos son los motivos que suelen alargar la realización de las audiencias y como
consecuencia la resolución de los conflictos” (Material transmitido por el Servicio
Sindicado el pasado 18 de marzo de 2017). La notificación es difícil porque en
algunos casos es complicado encontrar a las personas que ha de emplazarse; o por
otro lado el buscarlos para la ejecución de las sentencias, cuando se busca para
embargar, no se encuentra a la persona o ya no hay bienes en el domicilio.
Cuando un trabajador ha conseguido que se termine el juicio, donde fue debidaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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mente notificado y se desahogaron todas las audiencias, se dictó laudo, y aunque
sea favorable para el trabajador, se tiene que ejecutar, pudiendo también llevar
mucho tiempo para que se efectúe, “el problema es ejecutar la resolución, ya sea
obtener la reinstalación o el pago de salarios caídos. El tiempo que pueden tardar
los patrones en atender esas resoluciones puede aumentar el proceso a más del
doble” (Material transmitido por el Servicio Sindicado el pasado 18 de marzo,
2017).
De lo anterior se desprende y se coincide que las instituciones de conciliación y
mediadoras pueden y deben ser instrumentos para la construcción de paz social
y promotoras de la participación ciudadana, considerando que al llegar a un acuerdo mediante la mediación la expectativa de cumplimiento de los acuerdos es
alta puesto que se realiza en acuerdo de partes, además se tiene el veneficio de
no judicializar los procesos y por ende la celeridad de los procesos y acceso a la
justicia (De villa, 2012; García, 2007).
Esto toma especial relevancia ante las transformaciones sociales en las últimas
décadas y en especial en el mundo del trabajo, donde debe garantizarse el acceso a
la justicia sin restricciones en igual de condiciones sin importar el nivel, cultural,
económico, escolar, etcétera, es decir, a toda persona por igual se le debe garantizar un proceso y sentencias apegadas a derecho y en condiciones de igualdad
(Maraniello, 2008; Padrón 2018). Siendo esto uno de los fines de la mediación y
conciliación.
Reforma laboral
De conformidad con el artículo 590-E de la nueva reforma laboral (Oficio D.G.P.L.
64-II-7-685, 2019), “corresponde a los Centros de Mediación realizar la función
conciliadora”, el cual concatenado con el artículo 684-B de la Ley Reformada
(Oficio D.G.P.L. 64-II-7-685, 2019), establece que “los trabajadores y patrones
deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio
del procedimiento de conciliación” siendo que con la Ley actual, el patrón no
puede solicitar esta audiencia y solo el trabajador la consigue solicitarla mediRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, dejando en posibilidad del patrón
el solucionar el problema antes de que llegue a juicio. Además, la función del
Procurador de la Defensa del Trabajo ya no será la de conciliar sino únicamente
la de velar por los derechos del trabajador, pudiendo asistirlo en la audiencia conciliatoria.
Una vez solicitada y notificada la audiencia conciliatoria previa al juicio y en
caso de que solo en solicitante comparezca a la misma, el Centro de Conciliación
levantará constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, artículo 684-E fracción X (Oficio D.G.P.L. 64-II-7-685, 2019), a diferencia
del procedimiento actual, donde la Procuraduría manda citar a la parte patronal
mediante documento que el mismo trabajador por sus propios medios debe entregar y en el supuesto de inasistencia de la parte patronal, podrá enviar un segundo
citatorio para llevar a cabo la audiencia, alargando más el proceso y saturando
más la agenda de la misma Procuraduría.
En el nuevo sistema laboral (Oficio D.G.P.L. 64-II-7-685, 2019), en el artículo
684-G, toma mayor seriedad a los métodos alternos al desvincular esta función
dentro del procedimiento, estableciendo los requisitos y la forma en que se elegirán las personas que realicen esa labor, fomentando su adecuada aplicación y
por lo tanto obteniendo mejores resultados, y de esta manera permitiendo que el
tribunal laboral se enfoque únicamente en la función jurisdiccional. Dado lo anterior es que en esta investigación se planteó como objetivo principal: Describir
las afectaciones a los trabajadores por demora en los juicios laborales y la no aplicación de manera eficaz de los medios de solución de conflictos en trabajadores
del Sur de Jalisco.
3.- MÉTODO
El artículo “Medios de solución de conflictos, herramienta para la construcción
del acceso a la justicia”. Nace de las actividades de verano de la Maestría en
Derecho del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, que
se encuentra dentro de los Posgrados de Calidad del CONACYT. Buscó proyectar
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datos acerca del acceso a la justicia y el papel que los métodos alternos de solución de conflictos juegan en este. Dado que se buscó describir las afectaciones
económicas, familiares y laborales desde la perspectiva de los trabajadores es que
se tomó la decisión de optar por la metodología cualitativa.
Diseño
En esta investigación no existió manipulación de variables, estas fueron observadas en su contexto natural, es por esto por lo que es una investigación no experimental, de tipo cualitativa descriptiva y transversal.
Participantes
Está se tomó de los trabajadores que acudieron durante el mes de abril a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Zapotlán el Grande, Jalisco a fin de recibir
asesoría o estaban llevando un juicio, por tanto, la selección de la muestra fue no
probabilística y por conveniencia, es decir, el investigador principal, durante el
periodo antes mencionado acudía a las oficinas de la Procuraduría para entrevistar a las personas. La muestra final fue de 30 trabajadores que aceptaron realizar
la entrevista. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo con sede en Zapotlán el
Grande, Jalisco, atiende a 28 municipios de la Zona sur de Jalisco y representa
una superficie total aproximada de 5,650.60 km2
Instrumentos
Una vez que se estableció el objetivo y tipo de investigación, se eligió la técnica
de recolección de datos la entrevista semiestructurada, está se diseñó exprofeso
para identificar las variables sociodemográficas, percepción de la autoridad, motivo por el acude al servicio y estado procesal en caso de haber iniciado juicio.
Este consistió en 28 reactivos, el cual contuvo preguntas abiertas y cerradas con
el objetivo de conocer la percepción desde los trabajadores sobre las variables de
estudio.
Al tratarse de una investigación cualitativa y de percepción de una población y
contexto específicos, que no se busca generalizar los datos, sino que estos fueran
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el detonador de reflexiones en torno a la mediación y solución de conflictos, no
resultó necesario realizar las pruebas métricas del cuestionario.
Procedimientos
Una vez que se diseñó la investigación se solicitó el aval de la Junta Académica
de la Maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur de la Universidad
de Guadalajara, posterior se solicitó el permiso y apoyo del responsable de la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Zapotlán el Grande, Jalisco, una vez
que se obtuvieron los permisos necesarios el investigador principal acudió a las
instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Ciudad Guzmán,
Jalisco, México, el periodo de aplicación fue del 16 al 23 de abril de 2019.
Durante el periodo antes mencionado y en las instalaciones de la Procuraduría, se
realizó contacto con los trabajadores que acudieron a servicio a dicha institución,
al abordarlos se les explicó el objetivo de la investigación y se les invitaba a participar, a los que aceptaron se les dio a firmar el consentimiento informado y se
procedía con la encuesta.
Las encuestas se realizaron en un espacio donde garantizaba la confidencialidad
de esta, asimismo, se realizó cara a cara y fue audio grabada, la muestra final fue
de 30 trabajadores. Una vez que su tuvieron las 30 entrevistas, las respuestas a
preguntas abiertas fueron transcritas a procesador de texto para realizar análisis
de contenido, y las respuestas a las preguntas cerradas se capturaron en una base
de datos para realizar análisis estadísticos descriptivos.
Ética: Esta investigación se sometió a evaluación a la Junta Académica de la Maestría en Derecho, órgano colegiado encargado de vigilar la calidad de la investigación, el respeto a los derechos humanos en la investigación y garantía que las
investigaciones respeten y garanticen los principios de la Declaración de Helsinki
y las Recomendaciones para la Ciencia y los Investigadores científicos La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura
(UNESCO).
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4.- CONCLUSIONES
El objetivo principal de esta investigación fue el describir las afectaciones a los
trabajadores por demora en los juicios laborales y la no aplicación de manera eficaz de los medios de solución de conflictos en trabajadores del Sur de Jalisco. Y
como ya se mencionó en el apartado correspondiente, participaron 30 trabajadores
que acudieron a las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en
Ciudad Guzmán, Jalisco, México, a solicitar asesoría legal respecto a su situación
laboral, de los cuales, tenían una edad de entre los 18 a los 65 años, 73 % de los
encuestados fueron hombres y 27 % mujeres, del asunto por el que acudieron, 4
participantes tuvieron un accidente de trabajo, 7 renunciaron a su empleo y se les
negó el finiquito y 19 fueron despedidos; el 57 % de los encuestados vivían en
pareja (casados o unión libre), 37 % solteros y 6 % eran viudos o divorciados.
De los trabajadores encuestados, el 53.3% refirió era el principal sustento de la
familia y el 47% reporto que no era el principal sustento económico familiar. En
cuanto a los ingresos mensuales, los encuestados reportaron que el 97 % percibía
un salario entre $1,000 y $10,000 pesos mensuales; y solo 3.3% contaba con un
salario entre $10,001 y $15,000. En la Tabla 1 se presentan los resultados sobre
las afectaciones percibidas por los trabajadores al estar llevando un proceso en la
instancia correspondiente.
Tabla 1: Afectaciones principales durante el proceso
Si

No

Económico

n
14

%
47

n
0

%
0

Familiar
Perdida de empelo
No ha detectado
No contesto

1
4
5
6

3
13
17
20

0
0
0
0

0
0
0
0

n se refiere al número de muestra y % al porcentaje absoluto
Fuente: Elaboración propia, (2020).
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La percepción de las consecuencias que los encuestados al estar en el proceso
son: 17 % no ha detectado consecuencias, 20 % no fue su deseo responder, 47 %
tuvieron daño económico, 3 % descuidó asuntos familiares y 13 % se encontraron
con la pérdida de empleo al solicitar constantes permisos para asistir a audiencias.
En la tabla 2 se describen las respuestas a la pregunta de ¿Cuántas veces ha acudido a la procuraduría del trabajo?
Tabla 2: ¿Cuántas veces ha acudido a la procuraduría del trabajo?
Primera vez

n
16

%
53

Segunda vez
Tercera vez
Cuarta vez

5
6
3

17
20
10

n se refiere al número de muestra y % al porcentaje absoluto
Fuente: Elaboración propia, (2020).
De los participantes, el 47 % de ellos habían viajado en dos o más ocasiones a la
autoridad sin que en ninguno de los casos se haya solucionado el problema por
el que acudieron. Asimismo, refirieron que los gastos económicos invertidos en
traslados, asesorías y viáticos son recursos económicos que hubieras sido invertidos en alimentación de la familia, pago de deudas, reta de casa entre otros. Anudo
a lo anterior, el 60% de los encuestados refirieron que tenían de 2 a 4 dependientes
económicos y el 66.6% aun no encontraba un nuevo empleo por lo que en ocasiones se han visto en la necesidad de pedir préstamo para poder costear los gastos
de los traslados a la procuraduría del trabajo.
De los resultados anteriores se puede inferir que el perder el empleo no solo se
ve afectado su ingreso familiar, sino que, además el llevar un proceso para hacer
valer sus derechos también les genera un costo económico y familiar, cuando el
acceso a la justicia es un derecho humano que se debe garantizar como medio para
alcázar la paz y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
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Discusión
Se tienen muchas ventajas al no judicializar las controversias y ventilar los problemas en juicio, además de la rapidez y la economía es de gran importancia la
finalidad, que se solucione el conflicto, De Villa menciona
Una de las grandes ventajas de la mediación es que, en caso de llegar a un acuerdo, éste es totalmente construido por los mediados, por lo que el grado de cumplimiento voluntario de los convenios es muy alto. Y en caso de incumplimiento,
que se da en la minoría de las veces, se puede solicitar la ejecución ante un juez
(De Villa, 2012, p.22).
Los medios alternos conjugan conocimientos de distintas profesiones, mediante
una buena comunicación, orientando a las partes a construir la solución, entendiendo las conductas y conociendo los alcances jurídicos de las decisiones para
que los acuerdos sean idóneos y legales, así como desarrollando habilidades de
negociación. Es por ello por lo que Velásquez (2004) define “La conciliación ha
sido definida como un mecanismo ágil de solución de conflictos a través del cual
dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con
ayuda de un tercero neutral y calificado” (p.108). Así pues, que es necesario que
exista una verdadera y profunda capacitación para que el prestador realmente esté
calificado y no solo encuentre un negocio en la conciliación.
Además de contar con reglas bien establecidas para llevar a cabo los medios de
solución de conflictos, de la excelente preparación que deban tener los prestadores, la mediación también promueve que las personas se acerquen y decidan sobre
sus conflictos, al respecto García (2007) dice
La institución mediadora, conceptuándola como un instrumento de paz social en
apoyo a la familia y de los intereses superiores de los niños, con capacidad de
promover la participación ciudadana en la administración de justicia, pero con un
importante reconocimiento como servicio social especializado (pp.89-90).
La paz se genera mediante el diálogo, la empatía, comprendiendo al prójimo y
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siendo solidario; estas mismas características se necesitan para lograr resolver
un conflicto sin judicializarlo. Un profesionista bien capacitado para lograr la
comunicación entre las personas en conflicto podrá propiciar la solución al conflicto con la sensación de certeza que genera paz en las personas al saberse con el
problema resuelto y sin que el derecho de alguno de ellos haya sido aplastado por
el del otro.
Dado lo anterior, se infiere que, en la población de estudio para esta investigación,
tiene dificultades para acceder a la justifica laboral, entre las dificultades se encontró la distancia entre su domicilio y la sede la procuraduría del trabajo, no contar
con los recursos suficientes para traslados, viáticos, entre otros para acudir a las
audiencias. Al respecto Maraniello (2008) considera que “no puede existir ningún
tipo de restricciones al acceso a la justicia, ni sociales, ni culturales, ni económicas, donde todas las personas puedan obtener una sentencia en condiciones de
igualdad. Todo ello como política económica del Estado” (p. 115). En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que se
respeten los derechos fundamentales de las personas, donde uno de ellos es el de
que se la justicia sea accesible, gratuita, pronta e imparcial; es por ello por lo que
el Estado está obligado a ofrecer justicia a sus gobernados mediante tribunales,
y se debe asegurar de reducir los obstáculos que entorpezcan el alcance de este
derecho fundamental.
Los órganos encargados de la impartición de justicia se distribuyen por el Poder
Judicial o en el caso de las Juntas de Conciliación y arbitraje, por el Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El acceso que
pueda dar el Estado a los gobernados a la justicia va relacionado con los medios
de que disponga y las posibilidades físicas, por lo cual se deben tomar las medidas
necesarias para erradicar en lo posible, los obstáculos que evitan que los ciudadanos hagan valer sus derechos, en este sentido, la distancia entre los domicilios
de los trabajares y centralización de las procuradurías es uno de los principales
obstáculos para acceder a la justicia de la muestra estudiada en esta investigación.
Hace falta mucho qué trabajar para poder tener condiciones justas para los traRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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bajadores y las condiciones laborales para formar una vida digna, para Padrón
(2018) “una de las consecuencias más evidentes y profundas de las transformaciones desde las últimas décadas del siglo XX, que definen al mundo del trabajo,
es el aumento inusitado y sostenido de la desigualdad social” (p. 9).
Casal (2008) precisa en un sentido amplio que:
...el acceso a la justicia es un derecho consistente en la disponibilidad real de
instrumentos judiciales o de otra índole previstos por el ordenamiento jurídico
que permitan la protección de derechos o intereses o la resolución de conflictos,
lo cual implica la posibilidad cierta de acudir a ante las instancias facultadas para
cumplir esta función y de hallar en éstas, mediante el procedimiento debido, una
solución jurídica a la situación planteada (p.133).
En el caso derecho del trabajo, se han establecido lugares determinados donde se
encuentran las Juntas de Conciliación y Arbitraje donde se asesora y accionan los
derechos por: renuncias, despidos justificados e injustificados, etcétera, se manejen en salida alterna o se ventilan las demandas. Esta autoridad ejerce su jurisdicción en veintiocho municipios para el caso del Sur de Jalisco, mismo en el que las
condiciones de distancia del domicilio del trabajador, deja como resultado que los
trabajadores opten por no asesorarse o no iniciar el juicio puesto que el adeudo
generado por sus derechos laborales no baste para mantener el juicio. Márquez
(2008) considera que la conciliación:
La conciliación no tiene en estricto sentido el carácter de actividad judicial ni da
lugar a un proceso jurisdiccional, porque el conciliador, autoridad administrativa
o judicial o particular, no intervienen para imponer a las partes la solución del
conflicto en virtud de una decisión autónoma e innovadora. (Márquez, 2008, p.
67).
En derecho laboral mexicano, tiene años utilizando los medios de solución de
controversias a través de la conciliación, previo y durante los juicios. Hace falta
trabajar más en ellos y el acercar la justicia a los trabajadores, trabajando en erradicar los obstáculos que impiden que los trabajadores reclamen sus derechos,
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sin embargo, no hay que dejar de lado que, durante este tiempo, ha demostrado
que la conciliación es efectiva para terminar con los conflictos entre empleado y
empleador. De aquí que debemos trabajar para que todos los conflictos susceptibles de solucionar con conciliación, mediación, negociación o arbitraje se hagan
con estos métodos y como primera instancia, quedando no como salida alterna,
que es como se manejan dentro del mundo jurídico.
Para Márquez y de Villa (2013), los medios Alternos:
El tiempo ha demostrado que la mediación ha ido consolidándose, en proyectos
sin duda exitosos, porque el equipo de promotores de la paz sigue creciendo a lo
largo y ancho del país, con la convicción de que la mediación es una nueva profesión basada en la vocación de servicio hacia el prójimo y de que es un instrumento de paz (p.1591).
Es así como se pueda contar con una alternativa para la solución de los conflictos
laborales generados por la negativa del pago de liquidación o finiquito al finalizar
la relación laboral, en los municipios que abarca la competencia de la Procuraduría y sin que el trabajador salga de su lugar de residencia, evitando el gasto y el
tiempo que implica un juicio.
Para los asuntos del orden civil, familiar, mercantil o penal, será de gran importancia también no solo enseñar a los profesionistas interesados en materia de
medios de solución de controversias, sino también a los mentores que los guíen,
porque de nada servirá tener excelentes prestadores del servicio de mediación
cuando el mismo profesionista que lo instruyó, por cuestiones de ego, se resista a
una solución no judicial para demostrar que sabe más o que puede más que el que
fue su pupilo. Parra (2014) comenta que
El aula es el espacio de aprendizaje que le brinda la oportunidad a cada estudiante
de incorporar nuevos conocimientos y experiencias. Además, es un escenario de
interacción para la función socializadora. El alumno aprende en la medida que el
docente de aula, en su rol de mediador, promueve el aprendizaje significativo, a
partir de experiencias de reflexión y aplicación de estrategias que le permitan la
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construcción del aprendizaje (p.178).
La paz se logrará dialogando y alcanzando la justicia por voluntad y mérito propio,
resolviendo los conflictos personales con acuerdos basados en el bienestar propio
y el de la otra parte. Llevar a la práctica esta construcción de paz sin llegar a
los juzgados será fundamental desde la enseñanza profesional. En la carrera de
abogado, enseñan a ganar juicios, a empaparte de leyes, de pruebas y de todo
lo necesario para contender y ganar, es desde las aulas que debemos enseñar a
resolver problemas en vez de sembrar la idea de competir y ganar, ya que en muchas ocasiones lo que las personas necesitan no es una sentencia o dinero, sino un
“perdón” de su contraparte. La adición de materias enfocadas en la sociología y
psicología serán vitales para un abogado que va a tener formación como mediador o conciliador, logrando entender desde el lenguaje corporal, actitudes o emociones de las personas (programación neurolingüística), cuáles serán las técnicas
para dar a cada uno lo que busca. Así, el abogado que memoriza leyes, procesos,
formalismos, el que pondera derechos, dejará ser solamente un técnico jurídico y
comprenderá las razones y por ende las soluciones a los problemas.
Arboleda considera sobre la importancia de transmitir una formación inclinada
por las soluciones no judiciales y con un sentido que inhiba la contienda
“Hay que señalar la poca difusión de estos en las facultades de Derecho del país.
Encontrando incluso que en algunas Universidades se estiman estos temas como
asignaturas electivas o de segunda importancia, otorgándole preferencia a la formación tradicional y/o con una inclinación a la formación litigiosa, memorizando
códigos y leyes” (Arboleda, 2017, p.83).
De los resultados de las encuestas aplicadas se encontró que los principales asuntos fueron despidos, negativa de pago de finiquito y accidente de trabajo, asuntos
que en principio no deberían llegar a las procuradurías atendiendo al principio
de cultura de paz y cultura de legalidad por los actores (trabajador y empleador),
además, una vez que los asuntos llegan a la Procuraduría y el trabajador se encuentra con la opacidad en las asesorías, procesos y diligencias, demora y tardanza en
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entre citatorios, audiencias, resoluciones, etcétera, entonces, con esto se violan los
principios constitucionales de acceso a la justicia sin ninguna restricción.
5.- CONCLUSIONES
Mientras exista una sociedad, existirá el conflicto, por lo que lejos de considerarlos como la pieza que se debe borrar en los grupos sociales, deben considerarse
como la fuente donde se generan acuerdos. El derecho nace precisamente de los
conflictos. Las partes en desacuerdo no han de verse como dos personas que se
estorban y que por tanto deban enfrentarse y para que finalmente uno de ellos ceda
frente el derecho del otro.
Deberá analizarse si la aplicación de los medios alternos de solución de conflictos
es la adecuada en los órganos jurisdiccionales y si la misma autoridad que la realiza, sea la misma la que lleve el procedimiento que finalice en sentencia, no solo
porque conocería de forma distinta la manera en que las partes ven el problema
y podría generarse empatía por alguna de ellas, lo que haría caer a la autoridad
en caer en distracción de su función. En los juzgados civiles de Ciudad Guzmán,
Jalisco, es el mismo secretario de acuerdos quien previo a continuar con el procedimiento, lleva a cabo la cita conciliatoria de las partes, donde si bien es cierto
la finalidad es la correcta, el que se realice la audiencia en su oficina, donde se
encuentra su auxiliar, donde no se tiene la infraestructura adecuada y hay más expedientes sobre la mesa del trabajo pendiente, trabajando a puerta abierta para que
otros abogados ingresan a revisar los libros, a hacer preguntas, contraviene lo que
la doctrina establece para que pueda ser eficiente un procedimiento alternativo.
Los Métodos de Solución de Conflictos han dado resultado, deben considerarse
no como alternativa para terminar juicios, sino como la primera instancia para resolverlos sin necesidad de iniciar aquél. Sin embargo, hay que pulir no solo a las
instituciones sino también a quienes participan en él, con la finalidad de armonizar todos los elementos para que funcionen de una mejor manera. Se puede tener a
un excelente mediador dentro de los Juzgados, pero si la sesión se lleva a cabo en
un escritorio lleno de expedientes, sillas viejas que no están estables y el entrar y
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salir de abogados y otros servidores públicos, afectará completamente el resultado
esperado. Por otro lado, se debe enfatizar en la preparación de los prestadores, en
la neutralidad e imparcialidad que promueve este tipo de soluciones a conflictos,
para que en conjunto con todo lo que significa realizar una buena mediación o
conciliación, se logre solucionar los conflictos en el menor tiempo, con la menor
molestia de los participantes y por lo tanto con menos consecuencias negativas en
su vida cotidiana o su economía.
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El discurso y su influencia en los medios. Análisis de resultados del discurso
ambientalista1
The discourse and its influence in the media. Analysis of environmental
discourse results
Metzli Sofía, Jiménez Tovar2
Universidad La Salle, México
https://orcid.org/0000-0001-9640-6221
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-3

___________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación que tuvo por objetivo proponer el uso del análisis
de discurso y sus resultados, como una forma de demostrar el efecto que tienen los discursos sobre los
medios de comunicación, y por ende sus consecuencias en la sociedad, así como el impacto de los líderes de opinión. Se aplicó el método hermenéutico, con las técnicas de investigación análisis de discurso
y monitoreo de medios, el tipo de investigación es mixta. Se concluyó que la cobertura mediática fue
variable, y que la interpretación de los discursos sí puede brindar un panorama contextual de la realidad
y los cambios que se generaron con el tiempo; que los discursos al final cumplen con su objetivo, que
es generar acción y obtener una mayor cobertura mediática al convertir el cambio climático en un tema
de interés público.
Palabras claves: Análisis de discurso, análisis de resultados, cambio climático, prensa
ABSTRACT
This article is the product of research aimed at proposing the use of speech analysis and its results, as
a way of demonstrating the effect of speeches on the media, and thus their consequences on society,
as well as the impact of opinion leaders. The hermeneutic method was applied, with the techniques of
discourse analysis research and media monitoring, the type of research is mixed. It was concluded that
media coverage was variable, and that the interpretation of speeches can provide a contextual picture of
reality and the changes that were generated over time; that speeches in the end meet their goal, which is
to generate action and gain greater media coverage by turning climate change into a public interest issue.
Keywords: Climate change, discourse analysis, newspapers results analysis.
Recibido: 11 de Abril 2020 - Aceptado: 15 de Junio 2020
Cómo referenciar este artículo:
Jiménez Tovar, M. S. (2021). El discurso y su influencia en los medios. Análisis de resultados del
discurso ambientalista. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 66-92. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-3

1 Este artículo es producto del proyecto terminal “El poder de la palabra. Análisis de resultados con base en la hermenéutica del discurso
medioambiental”. Iniciado en 2019 y finalizado en 2020.
2 Licenciada en Ciencias de la comunicación por la Universidad de la Salle. Email: mj@lasallistas.org.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

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1.- INTRODUCCION
El cambio climático es un problema que ha tomado relevancia en los últimos años
en diferentes ámbitos, requiriendo con mayor urgencia soluciones que contrarresten las letales consecuencias que atentan contra cualquier forma de vida en el
planeta. Por ende, al examinar información disponible sobre el tema, en específico de las múltiples dependencias de la ONU enfocadas en el medio ambiente, la
premisa principal que permea es la “acción inmediata”. Una propuesta para lograr
este objetivo es por medio del discurso, debido a su carácter generador de acción
(Van Djik, 2012) porque “la palabra, aunque no sirve para representar ni para
transmitir la realidad, es útil para persuadir a los hombres” (Hernández y García,
1994). Al unir una manera de comunicación de gran alcance como es el discurso,
y la prensa, alias periódico, que es el medio de comunicación más longevo con un
alcance igual de amplio y con trascendencia efectista, se podrían obtener resultados de gran impacto.
Por ello el objetivo principal de este trabajo es conocer el alcance que tienen los
discursos medioambientales enfocados en el cambio climático sobre los contenidos que se publican en diversos periódicos en el continente americano, respondiendo a la pregunta de investigación ¿se logró una mayor cobertura mediática
acerca del cambio climático en el periodo entre el discurso de José Mujíca en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 y el
discurso viral emitido por Greta Thunberg en el Parlamento Europeo en 2019?
Con base en ello se determinó la influencia que los discursos, y en consecuencia
los líderes de opinión tienen sobre la prensa; así como proponer un enfoque distinto de la metodología mixta que se empleará con el análisis de discurso y el mapeo
de medios, los cuales aporten la información necesaria para realizar un análisis
de resultados respecto a soluciones comunicativas que funjan como respuesta a
problemáticas sociales.
Una limitante es el carácter diacrónico de la investigación, ya que el período que
se contempló para la recolección de notas informativas fue de 7 años, por lo que
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la información disponible puede tener variables importantes que permeen los resultados debido al número impreciso de noticias que se han publicado a lo largo
de ese plazo. Otra variable a considerar es el mapeo de medios, por su carácter
cuantitativo omite aspectos cualitativos en el contenido de las notas informativas
como la ideología del periódico y del periodista, las cuales llegan a transmitir
diversas posturas sobre el tema, por ende no se genera una opinión unificada en
la población; al igual este análisis despoja de individualidad a los emisores relegando su libre albedrío ya que “cada individuo o grupo social concibe de manera
diferenciada el problema, esto en función de sus experiencias, información, conocimiento y contexto” (Arias y Rosales, 2019, p. 248).
El interés principal de este trabajo es estudiar la creciente y compleja exposición
de medios de comunicación a la que estamos sometidos los seres humanos como
lo muestra IAB México (2017) en su estudio de consumo de medios. Los medios son constructores de la realidad, por ello, la información que se publica en el
medio cobra relevancia en la vida de las personas, si se logra medir la cantidad de
información transmitida se puede tener una aproximación de la posición que ocupan ciertos temas en la sociedad, esto se puede lograr examinando los siguientes
factores: la proporción de noticias sobre la problemática; desde que temas o perspectivas se aborda: el lugar geográfico del periódico y el nombre del periódico
en que se publican; los líderes de opinión o personalidades que se vinculen con
el tema; el tipo de documento periodístico; y el idioma en que está presentado;
estas variables fueron definidas por las categorías de información encontradas en
la base de datos ProQuest, que fungió como instrumento del mapeo de medios. De
acuerdo con Van Djik (2012) se puede medir la evolución de un acontecimiento
social conforme el lenguaje empleado en los discursos, esta premisa fungió de
base para el análisis de resultados.
En general, los artículos o estudios disponibles respecto al análisis de discurso
tienen como objetivo entender y ampliar el conocimiento respecto a la problemática social abordada, algunos estudios han intentado emplearlo como un análisis de
resultados social, sin embargo, no se encuentran caracterizados como tal. Por ello
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el alcance de este análisis es global, debido a diversos factores; el primero es la
elección de los líderes, ya que apelan a diversas realidades, contextos y culturas,
por un lado, se encuentra el exmandatario José Mujíca de Uruguay, y por otro está
Greta Thunberg la joven activista sueca; y el segundo factor que amplia su alcance es el mapeo de medios, que abarca desde prensa con un efecto mundial hasta
prensa de localidades específicas.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Para poder entender y explicar el efecto del cambio climático, así como sus causas, se deben exponer ciertos conceptos básicos. De acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en el módulo 1 de su diplomado “Introducción a
la Ciencia del Cambio Climático”, (ONU, s.f.) se muestra que hay una diferencia
entre clima y tiempo, los dos fenómenos ocurren en la atmósfera pero, si se suscita en un momento determinado es “tiempo”, este varía en un espacio temporal
corto: en días, semanas, etc. que incluye la temperatura, la velocidad del viento, la
humedad, la presión barométrica, entre otros componentes; por otro lado el “clima” es el promedio del estado del tiempo, que son períodos prolongados.
La ONU (s.f.) expone que el clima es el estado del sistema climático que se
compone por: la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra; la
hidrósfera, parte de la Tierra que involucra las aguas en estado líquido tanto las
superficiales como las subterráneas como los océanos, ríos, lagos, etc.; la criósfera, que es la capa que conforma el agua en estado sólido; superficie terrestre, es
la capa más externa de la superficie sólida de la Tierra y de los océanos, que es
donde se produce la actividad volcánica e influye en el clima; y la biósfera, que
comprende a todos los organismos vivos así como los ecosistemas de la superficie
terrestre y océanos. Todos estos elementos determinan e influyen en el estado y la
dinámica del clima terrestre. Uno de los mecanismos más importantes del sistema
climático es el efecto invernadero, este se genera a partir del desequilibrio entre la
energía que recibe la Tierra por parte del Sol y la energía que se libera al espacio
exterior, ya que es cada vez menor la cantidad de energía calórica que logra irradiarse al espacio por lo que se queda en la atmósfera a causa de los Gases de Efecto
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Invernadero (GEI), los cuales se producen por un exceso de dióxido de carbono
(CO2), esto aumenta la temperatura de la Tierra causando estragos irreversibles
hacia cualquier forma de vida en el Planeta.
El calentamiento global es un cambio climático que se ha investigado desde inicios del siglo XX por ser un variación en el clima sin influencias naturales, que ha
ocurrido a una velocidad nunca antes vista en otro fenómeno climático registrado.
Ya que su principal causa es el aumento de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estos se han producido desde la Revolución Industrial
a finales del siglo XVIII, por estos componentes que absorben y emiten radiación
térmica, se tiene una mayor cantidad de calor en la atmósfera que incrementa la
temperatura global, las repercusiones que tiene este efecto se le denomina “Cambio Climático Antropogénico” que son las acciones provocadas por el hombre.
(Oceana, s.f.)
De acuerdo con Velázquez de Castro (Agosto 2012) son cuatros rasgos los que
caracterizan la crisis ambiental: la globalidad de problemas ambientales que afectan a toda la Tierra sin haber sido generados por el planeta, sino por una pequeña
parte de la población; rapidez o exponencialidad, a lo largo de la historia humana
han existido múltiples cambios climáticos sin embargo ningún ha sido tan fulminante; el aumento de problemas ambientales que al final solo permite la acumulación de sustancias en los organismos; y la persistencia, los prolongados efectos
secundarios de los impactos generados, ya que algunos pueden permanecer más
de un siglo en el planeta.
Por ello se requieren realizar acciones que ayuden a contrarrestar estos efectos,
que informen la situación, y el discurso es uno de los elementos que puede aportar a esta causa porque como lo expone el lingüista Van Djik (1978) “a través del
control de la mente se pueden controlar los actos, se tiene un poder increíble sobre
la sociedad porque la gente va a hacer o no hacer lo que uno quiere que haga”.
Los discursos realizan el “arte de persuadir por medio de la palabra” (Dahdah-Antar, 2019, p. 112) se busca impulsar un cambio, para ello es importante conocer
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el funcionamiento y estructura de los discursos argumentativos. El filósofo Paul
Ricoeur (1995) expone que el discurso es una expresión del lenguaje conformada
por palabras, las cuales separadas entre sí no conforman nada, no tiene intención
alguna, es la oración la que llega a significar algo. La oración es un conjunto de
palabras, por ello, el discurso necesita un verbo y un nombre, según el autor, las
cuales cuentan con una conexión que trasciende las palabras. Esta definición dota
al receptor o interprete con una responsabilidad, y un poder, de darle un significado a las palabras, adaptarlas a su realidad, por lo que al momento de generar un
análisis se debe tomar en cuenta no solo el lenguaje si no el contexto y la cultura
en la que se elaboró el texto del discurso, así como el contexto en el que se emite.
Pensamiento que respalda el lingüista Van Djik (2012) al exponer que las situaciones sociales, políticas y culturales influyen en la interpretación subjetiva, y
afirmando que las situaciones sociales son constructos sociales que pueden influir
en toda la conducta humana.
Otro de los grandes exponentes del análisis de discurso es Foucault (1987), quien
muestra y propone normas que rigen los discursos: el qué se dice, cómo y en qué
circunstancia, que responden a tres motivos el poder, el peligro y la reducción de
incertidumbre.
Al entender los aspectos que definen y engloban al discurso la pregunta que surge
es ¿con base en qué aspectos se puede generar un análisis del discurso? Por lo que
Philips y Hardy (2002) presentan un esquema que expone las diversas vertientes
a las que se puede dirigir un análisis de discurso:
Categoriza las opciones de acuerdo con dos dimensiones clave: el nivel en el
que se encuentra el enfoque del discurso ya sea en textos individuales o en el
contexto que los rodea; el otro nivel es en el que se enfoca la investigación, si es
en poder o ideología al contrario de la construcción social. De acuerdo con las 4
propuestas de análisis: análisis lingüístico social; estructuralismo interpretativo;
análisis crítico del discurso; y análisis lingüístico del discurso. La mayoría tiene
un interés sobre las relaciones de poder en los discursos, por ello la categoría que
se adecua mejor al enfoque de la investigación es el análisis lingüístico social.
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Este tipo de análisis es constructivo y se basa en los textos. Los investigadores se
enfocan en textos individuales relacionándolos marginalmente al contexto distante en el que se generaron o se exploran las dinámicas de poder en las que están
implicados. Los estudios de este tipo se enfocan en los aspectos constructivos del
texto, ayudan a entender no solo las micro dinámicas del discurso de decisiones
individuales, sino que también ayuda en la comprensión de los fundamentos de la
realidad social del discurso en la que se encuentran las relaciones.
Al identificar el objetivo y enfoque del análisis de discurso, la aportación de la
hermenéutica es con base en su carácter epistémico, el cual se entiende como “el
estudio de la naturaleza del conocimiento y la justificación, en específico el estudio de sus características definitorias, sus condiciones sustantivas; y los limites
del conocimiento y la justificación” (Audi, 2004)
Al final el objetivo del epistemólogo es el de proveer de componentes definitorios del conocimiento, que favorezcan al análisis del conocimiento. El análisis
estándar se compone por tres elementos: la justificación, la verdad, y la opinión
o creencia. La justificación epistémica se limita a la aportación de evidencias, a
aumentar la verdad y reducir la falsedad.
Al entender las aportaciones y relevancia de las metodologías, se complementa con una teoría social, que refuerza la importancia de encausar los contenidos
hacia un bien común por el poder mediático efectista. Esto por medio de una
teoría que, para muchos pensadores, puede ser obsoleta sin embargo al observar
nuestro entorno nos podemos dar cuenta que sigue en vigor, la Teoría de la Comunicación en dos pasos, para Paul Lazarsfeld et al. (1944), sociólogo austríaco,
fundador del análisis sociológico norteamericano quien basó sus estudios en los
efectos que causan los medios de comunicación los cuales en ocasiones alienan
a la población, por medio de la teoría de la Comunicación de masas (Lazarsfeld,
2012), y una ramificación de esta teoría son los líderes de opinión creados por los
medios, y deben tener características determinadas para que los receptores logren
empatizar con los ideales o ideas que venden. El flujo de la comunicación en la
teoría de dos pasos es que la información primero llega a los líderes de opinión
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quienes influyen y la transmiten a las personas con las que se encuentran en contacto mediático. Los medios no cambian la forma de pensar sólo la refuerzan, esto
lo hacen a través de líderes de opinión que son personas que se localizan en diferentes estratos sociales y ocupaciones, deben fungir como un modelo para otros e
influenciar (Lazarsfeld, 2012, p. 142). Sin embargo, en este trabajo, se realiza una
nueva propuesta de enfoque a la teoría, se plantea que ya no son los medios la única fuente de la información, al contrario, la iniciativa es que los hechos noticiosos
ahora son dictaminados por los líderes de opinión, ellos son quienes manejan los
contenidos, establecen qué, quién, cuándo y de qué se hablará. Con base en esto
se seleccionó a las figuras públicas que sirvieron como objeto de estudio, Greta
Thunberg y José Mujíca.
Dentro de las diversas alternativas de medios de comunicación, se seleccionó la
prensa por la estrecha relación que desde su nacimiento ha tenido con el poder,
en 1850 el periodista F. Knight Hunt nombró su libro “El Cuarto Estado” dotando
al periódico de un nuevo objetivo y término, el cual surgió a partir de la división
de tres poderes gobernantes: ejecutivo, legislativo y judicial; siendo la prensa la
que funja como un órgano fiscalizador del gobierno, ya que en general la prensa
se encuentra privatizada, lo cual otorga cierta autonomía y desapego del Estado,
independencia que le permite ser crítica de los gobernantes o acontecimientos que
lo ameriten.
La relevancia de este medio radica en el poder que tiene para expandir el conocimiento, en los primeros años posteriores a su concepción los empresarios lo
percibieron como una ventana de oportunidad como publicidad o propaganda,
siendo en la actualidad uno de sus principales ingresos. De igual forma al comienzo comentaban que los periódicos estimulaban en los lectores el escepticismo, ya
que propició a que los lectores se empezarán a cuestionar la información porque
les brindaba diferentes perspectivas de los acontecimientos, sin embargo, el aporte
más grande que se le atribuye fue crear la opinión pública.

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3.- METODO
Diseño
El discurso es un indicio de la realidad social, de los pensamientos, no es un espejo o reflejo de la realidad, por lo que se seleccionó el análisis de discurso como
metodología puesto que su relevancia recae en el poder de analizar el discurso
como una forma de acción social, encausando el análisis en el contenido de las
notas informativas para poder conocer el aporte que han tenido los discursos en el
medio tradicional, la prensa.
En primera instancia, se realizó la selección de los líderes de opinión y de los
discursos con base en el aporte, popularidad, contexto y relevancia para, de esta
manera, poder contrastar aquellos aspectos que coincidan, así como entender las
diferencias particulares.
En el análisis de discurso se empleo como base el modelo empleado en el artículo del sociólogo Alejandro Rico (2004) el cual realizó una caracterización de
los elementos del discurso como: unidades temáticas, estructuras argumentativas, tópicas y marco teórico. Basándose en el estudio de la estructura interna del
discurso. Para este trabajo se preseleccionaron unidades discursivas de análisis
las cuales surgieron de los conceptos que involucran una problemática social y
cambio climático, a su vez se agregaron conceptos puntuales de cada uno de los
líderes seleccionados antes mencionados.
Las unidades que se emplearon se dividieron en categorías y subcategorías, las
categorías que de acuerdo con el análisis realizado permearon el discurso de Mujíca fueron: Economía, ecología, humanidad y tiempo. Por su parte las categorías
de la joven activista Thunberg fueron: Política, medio ambiente y sociedad.
Las subcategorías las conforman conceptos que deriven o se vinculen con las categorías principales tales como: desarrollo, sociedad, mercado, recursos naturales,
entre otros.
Para el monitoreo de medios se basó la metodología en un modelo empleado por
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la Doctora en Sociología Maricarmen Cárdenas (2010) quien realizó un estudio
sobre el calentamiento global y su tratamiento en los medios, en el cual el seguimiento de medios se realizó por medio de la base mediática diaria de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual dictaminó las
categorías de noticias, y la clasificación general. Con ello está investigación versó
sobre la base de datos ProQuest, quien a su vez dictaminó las categorías y clasificaciones de análisis.
Con bases en las unidades de análisis que se encontraron en el discurso, estas se
emplearán para dos análisis, el primero será un análisis comparativo entre los
dos discursos puesto que por medio de las unidades se medirá la evolución del
problema y se pueden analizar los cambios que se hayan suscitado durante los 7
años entre la emisión del discurso de José Mujíca y el discurso de Greta Thunberg. Y en segundo lugar, conforme a un análisis cuantitativo sincrónico de notas
informativas se analizará el número de notas generadas y encontradas en la base
de datos ProQuest que contengan la palabra “cambio climático” al ser el tema
principal de este trabajo, el límite temporal del análisis de medios fue dictaminado por los discursos, en específico por el momento de su comunicación. Con el
fin de obtener una contextualización más precisa y oportuna se elaboró una sub
selección sincrónica de estas publicaciones noticiosas donde se analizarán a partir
del día de la emisión de cada discurso diez meses antes y diez meses después, para
tener un panorama lato sensu. La elección de 10 meses fue condicionada por la
temporalidad del discurso emitido por Greta, a causa de ser contemporáneo a la
investigación no concede llegar a una evaluación de 12 meses.
Por consiguiente, se realizaron tres categorizaciones de las publicaciones en
periódicos, la primera abarcó el número de publicaciones que tuvieran la palabra
cambio climático y fue desde el 1 de septiembre de 2011 al 20 de junio de 2012
(día que se presentó el discurso de Mujíca) y del 20 de junio de 2012 al 20 de marzo de 2013. El mismo periodo se empleo para el discurso de Greta, diez meses,
que corrieron del 1 de julio de 2018 al 17 de abril de 2019, día que se emitió el discurso, y del 17 de abril de 2019 al 31 de enero de 2020 que son 10 meses después.
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Participantes
Se decidió abrir con el análisis del discurso del ex mandatario José Mujíca por
el cargo de poder que logró al provenir de una infancia con bajos recursos y por
la ideología que permeó su carrera política, y sigue permeando, en pro del medio
ambiente, las personas de escasos recursos y el bienestar común, como lo muestra el diario El País (2018). La elección del discurso se debe a la relevancia que
tuvo en la época que se emitió ya que funge como un hito porque no solo expuso
la problemática medioambiental, sino que lo hizo por medio de una fuerte crítica
al sistema económico y gobernante. Otro aspecto importante de resaltar para el
análisis es la Conferencia en la que se propagó el discurso, la cual se dio a conocer
con el acrónimo “Río+20”. En esta conferencia se creó el documento “El futuro
que queremos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012), acuerdo
que firmaron todos los países participantes, y sirvió como base para la creación
de la Agenda 2030 y los reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
publicados en 2015 por la ONU.
La inclusión de Greta Thunberg en el análisis es a causa de la apresurada fama e
impacto mediático que logró la activista de acuerdo con el medio The Guardian
(Belam, 2019), y el aporte que puede brindar al ser un individuo completamente
ajeno a José Mujíca como en el nivel de estudio, el entorno social, el nivel de involucramiento que tienen con la política, la edad, etc. y de esta forma contrastar
los aportes de cada uno. La selección del discurso, es por razón de que pese a no
ser su primera aparición pública ni la más evocada, si fue la ponencia donde se le
procedió a percibir con la relevancia y categoría de una líder de opinión, en ese
momento se reconoció que no sería un personaje de una sola aparición, si no que
se convertiría en una figura recurrente en eventos de gran magnitud efectista.
Instrumentos
Para el análisis de discurso se empleó el software Atlas.ti por su eficiencia en las
investigaciones cualitativas. Dentro del programa se emplearon los recursos: contador de palabras, creación de unidades de investigación y nube de palabras. Estos
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recursos facilitaron la comparación y análisis de los objetos de estudio.
Para el mapeo de medios, se utilizó la base de datos ProQuest por la amplia cobertura de información dentro del World Wide Web, porque su funcionamiento
radica en colaboraciones con múltiples organismos, asociaciones, instituciones,
entre otros. De igual forma resultó el instrumento idóneo por la facilidad de categorización y filtración dentro de la plataforma, así como el respaldo académico
internacional que dispone.
Procedimientos
Para empezar, se hizo la transcripción de los discursos, en el caso del discurso
de Greta al ser emitido en el idioma inglés requirió adicionalmente una correcta
traducción. Con base en las transcripciones se obtuvo un conteo general de palabras, después se realizó la concordancia para conocer las unidades básicas que
se encontraron en el discurso, y en consecuencia se obtuvo una nube de palabras
que ejemplifica las unidades con mayor recurrencia.
Al tener el análisis de los dos discursos, en específico las nubes de palabras y
conteo de unidades básicas, se tomó como base las unidades del discurso de José
Mujíca y se hizo una comparación con las unidades básicas en el discurso de Greta, se observaron las unidades que se repetían y el número de ocasiones que se
encontraron, con ello se refutó la hipótesis de si existía o no una evolución en la
problemática social.
Después se empleo el mapeo de medios, que mostró el número de documentos
producidos que contienen la palabra “cambio climático” en el periodo seleccionado de cada líder de opinión, y en el periodo entre cada discurso. En el ciclo individual, primero se analizaron los datos del mes en el que se emitió el discurso, se
ocupó ese número como base y se vio el crecimiento o decrecimiento de cobertura
mediática de los meses delimitados. Por su parte, del periodo intermedio entre
cada discurso a parte del análisis de datos de producción y cobertura mediática,
también se realizó un análisis con el apoyo de las unidades básicas, ya que con
el mapeo de medios existe una división que arrojó las temáticas con respecto al
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cambio climático que se localizaron en los documentos, por lo que al tener los
conceptos y sus respectivos datos de repetición, se contrastó con las unidades
básicas y se obtuvo la medición de la influencia directa de los discursos sobre el
contenido del medio.
4.- RESULTADOS
En el análisis comparativo de los discursos con base en las unidades de análisis
(Figura 1) podemos observar que las unidades de mayor relevancia en el discurso de José Mujíca son: gobierno, sociedad y vida; ya que son las 3 unidades con
mayor número de menciones siendo la cantidad máxima 8. En el caso de Greta
la unidad con mayor mención fue “destrucción” siendo 18 el número máximo,
seguida de “actuar” con 14 repeticiones y “casa” con 12. Las unidades que se repitieron en los dos discursos son:
- Acuerdo 		

- Economía 		

- Negación 		

-Sociedad

- Civilización

- Futuro 		

- Pasado 		

- Tiempo

- Contaminación

- Globalización

- Planeta

- Destrucción

- Medio ambiente - Política/políticos

Puesto que el total de códigos en los discursos es de 50 en el caso de Mujíca y 49
en el caso de Greta, el promedio sería 49.5 siendo este nuestro universo, el número de conceptos que intersectan es 14 por lo que el porcentaje es de 28.28% de
conceptos compartidos.
En la Figura 1 podemos observar que las categorías están diferenciadas por color
para una mejor identificación, conforme el número de subcategorías que conforman las categorías, podemos observar que la categoría, por consiguiente, el tema,
con mayor peso es: “economía” en el discurso de José Mujíca y con Greta Thunberg “medio ambiente”.
Con base en estos resultados se puede responder al objetivo específico de verificar
si hubo una evolución o mejora, demostrando que no existió una mejora porque
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el tema medioambiental pasó de un tercer a un primer plano; otros datos que respaldan esta conclusión son las unidades con mayor número de mención a causa
de que en el 2012 con Mujíca los temas más relevantes estaban relacionados a las
sociedades, mientras que las unidades en el 2019 con Greta develan el deterioro
puesto que la unidad encontrada más veces fue “destrucción” seguida de “actuar”,
haciendo alusión a la urgencia de realizar un cambio.
Respecto al mapeo de medios, realizado con base en la información disponible en
la base de datos ProQuest, de los 3 filtros temporales aplicados son:
Filtro 1, los 20 meses del discurso de José Mujíca se dividieron en dos:
• 10 meses anteriores al discurso (Filtro 1.1)
• 10 meses posteriores, empezando el 21 de junio de 2012 (Filtro 1.2);
Filtro 2, 20 meses del discurso de Greta Thunberg divididos en dos:
• 10 meses anteriores al discurso empezando el 1 de julio de 2018 al 17 de abril
de 2019 (Filtro 2.1)
• los 10 meses posteriores, empezando el 18 de abril de 2019. (Filtro 2.2)
Filtro 3, el periodo de latencia que abarca del 21 de junio de 2012 hasta el 17 de
abril de 2019
El total de publicaciones en periódicos que se obtuvieron del Filtro 1.1 (Gráfico
1) fue de 1,290 publicaciones, siendo junio el mes con menor número de publicaciones 90, mes que se emitió el discurso y se llevo a cabo la Conferencia Río+20,
y el mes que mostró la cantidad máxima fue diciembre de 2011 con 161. Respecto
al Filtro 1.2, el total de notas publicadas en el periodo fue un total de 1,083, siendo
el mes de junio el que presentó el menos número, como se muestra en el Gráfico 2,
con 53 publicaciones, es importante recalcar que a comparación del Filtro 1.1, las
53 publicaciones respectan a los últimos 10 días del mes por lo que se presentó un
incremento del 17.7% en la producción y publicación de documentos de ese mes,
de acuerdo con la gráfica en los meses a posteriori hubo un incremento gradual
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de noticias. Sin embargo, al comparar el total se muestra que la producción fue
superior antes del discurso que después.
Los resultados del Filtro 2.1 (Gráfico 3) arrojan que el número de publicaciones
en ese periodo fue de 827 notas publicadas siendo los primeros 17 días de abril el
número más bajo de publicaciones con una cantidad de 48, y febrero el más alto
con 112. En el Gráfico 4 (Filtro 2.2) el total de publicaciones fue de 1,152, siendo
los 13 días restantes de abril el mes con una menor cantidad, 41; y junio mostró
el número máximo con 155 documentos. De acuerdo con los resultados, posterior
al discurso, durante el mes de abril hubo un incremento del 11% de notas publicadas respecto al cambio climático. Y como se puede observar en los Gráficos 3 y
4 si existe una mayor producción de documentos a posteriori a la propagación del
discurso ya que la cantidad a priori es de 827 menos a la cantidad a posteriori de
1,152, lo cual se refleja en un incremento de casi 40%.
De acuerdo con el Filtro 3 (Gráfico 5) se puede observar un aumento gradual en
la publicación de documentos, siendo el 2015 el año con mayor producción, sin
embargo, de la misma manera la gráfica tendió a decrecer los años posteriores,
hasta el 2019. Al completar la información de la Gráfica 5 con las Gráficas 1 y 4,
decantando los datos a solo los años en los que se propagaron los discursos que
son 2012 y 2019, en la primera mitad del 2012 (del 1 de enero al 20 de junio) el
número de notas publicadas fue de 739 y la última mitad (del 21 de junio al 31
de diciembre) de 637, lo cual muestra que no hubo un incremento de producción
de noticias con contenido del cambio climático, puesto que fue de 0.44%. En el
caso de Greta Thunberg las notas publicadas del 1 de enero al 17 de abril de 2019
fueron 325, y los meses restantes desde el 18 de abril de 2019 al 31 de diciembre
de 2012 fueron 1,006, lo cual demostró un crecimiento de apenas 0.26%, menor al
porcentaje de José Mujíca. Sin embargo, al aumentar el periodo de análisis hasta
el 31 de enero se muestra un incremento en 11%.
Estos resultados confirman parcialmente la hipótesis, a causa de que, si existió
un incremento durante los primeros 4 años posteriores al discurso de Mujíca, sin
embargo, decreció gradualmente por que el efecto que tuvieron los discursos en
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los medios fue limitado y condicionado, puesto que no fueron los únicos líderes
de opinión o figuras públicas que abordaron el tema.
El último análisis combina las unidades básicas de investigación (Figura 1) con
los temas encontrados en las notas periodísticas del período 21 de junio de 2012
a 17 de abril de 2019 (Tabla 1), se ocupan solo las unidades con mayor número
de repetición del discurso de José Mujíca, debido a que la periodicidad del filtro
de los temas no incluye tiempo posterior al discurso de Greta, en los cuales se
encontró que uno de los temas más encontrados es presidentes, similar a la unidad del discurso “gobierno” y “autoridades”. En temas se encontraron conceptos
con un amplio número de repeticiones: partidos políticos, crecimiento económico, producto interno bruto (PIB) e impuestos, los cuales hacen referencia a la
categoría con mayor relevancia de Mujíca la “economía” por lo que si existió un
porcentaje de influencia en los periódicos.
Figura 1: Unidades básicas obtenidas del análisis de discurso

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Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020). Nota: Con base en las unidades se
realizó el análisis comparativo de los discursos, así como las nubes de palabras.
En el costado derecho muestra el número de veces encontradas en el discurso.
Figura 2: Nube de palabras del discurso de José Mujíca

Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020).
En esta figura se ilustran las unidades de análisis encontradas en el discurso, siendo las palabras con mayor jerarquía visual aquellas que cuentan con una mayor
recurrencia, definidas por la saturación de color y el tamaño de letra.
Figura 3: Nube de palabras del discurso de Greta Thunberg.

Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020).
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Se muestran ilustradas las unidades de análisis encontradas en el discurso, siendo
las palabras con mayor jerarquía visual aquellas con mayor recurrencia, definidas
por la saturación de color y el tamaño de letra.
Gráfico 1: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de José Mujíca

Fuente: Elaboración propia (2020).
El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontrados en ProQuest de acuerdo al filtro 1.1 de las categorizaciones temporales del análisis de
resultados, siendo los 10 meses anteriores al discurso de José Mujica, esto permite
observar el comportamiento de las publicaciones y percibir las transformaciones
posteriores.
Gráfico 2: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” posteriores al discurso de José Mujíca.

Fuente: Elaboración propia (2020).
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El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 1.2 de las categorizaciones temporales del análisis de
resultados, siendo los 10 meses posteriores al discurso de José Mujica, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones y el efecto sobre la prensa
a causa del discurso.
Gráfico 3: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de Greta Thunberg.

Fuente: Elaboración propia (2020).
El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 2.1 de las categorizaciones temporales del análisis de
resultados, siendo los 10 meses anteriores al discurso de Greta Thunberg, esto
permite observar el comportamiento de las publicaciones antes del discurso y
mostrar la viscitud.
Gráfico 4: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de Greta Thunberg.

Fuente: Elaboración propia (2020).
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El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontrados en ProQuest de acuerdo al filtro 2.2 de las categorizaciones temporales del análisis de
resultados, siendo los 10 meses posteriores al discurso de Greta Thunberg, esto
permite observar el comportamiento de las publicaciones, la evolución y comparar con la gráfica anterior.
Gráfico 5: Filtro 3. Cantidad de publicaciones anuales con la palabra “cambio
climático” entre la emisión discursos.

Fuente: Elaboración propia (2020).
El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 3 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, observando de manera general el comportamiento de las publicaciones,
y la frecuencia de las mismas.

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Tabla 1: Conceptos encontrados en las publicaciones, adicionales a “cambio
climático”.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tema
Cambio climático
Emisiones
presidentes
calentamiento global
protección del medio ambiente
carbono
campañas políticas
estudios
gas natural
política de energía
plan industrial de emisiones
elecciones presidenciales
políticas
industria petrolera
políticas medioambientales
industria energética
partidos políticos
cuentas
efecto invernadero
nominaciones
combustibles fósiles
investigadores
candidatos
liderazgo
primer ministro
fuentes de energía alternativa
industria automotriz
carbón
centrales eléctricas de carbón
tuberías
nivel del mar
gases de efecto invernadero
escuelas &amp; universidades
sequía

Cuenta
2,136
663
631
533
528
492
446
445
285
284
273
250
249
231
228
219
219
213
202
195
187
177
170
167
159
142
140
135
132
130
128
127
121
120

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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

acuerdos
dióxido de carobono
recesión
ciudades
crecimiento económico
libros
relaciones internacionales
inversiones
producto interno bruto (PIB)
investigación
editoriales
leyes y regulaciones de armas de fuego
redes sociales
impuestos del medioambiente
inundaciones
ciencia
primaries &amp; asambleas
hielo
gobernadores
especies en peligro de extinción y extintas
acuerdo de París
lluvia
servicios públicos eléctricos
litigación
científicos
políticas extranjeras
clima
legisladores
tecnología limpia
servicios diplomáticos y consulares
tasas de impuestos
presupuestos
comida
incendios forestales y de maleza
contaminación del aire
financiación
seguridad nacional
utilidades del gas natural

119
119
117
113
113
111
109
104
102
102
99
98
97
96
96
95
94
92
89
87
87
87
86
86
86
85
85
84
83
83
80
81
81
81
80
79
79
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77
78
79
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

emisiones estandares
cumbre de conferencias económicas
infraestructura
lider político
agricultura
tierra
inmigración
regulación
precios
vehículos eléctricos
coperación
comercio de emisiones
decisiones de la corte federal
industria de carbón
eficiencia energética
estudiantes
subsidios
intereses
política de inmigración
aliens
ecosistemas
bancos centrales
costos
hurracanes
legislación
abogados generales
medioambientalistas

78
77
76
76
74
74
74
74
73
71
69
69
69
68
68
68
67
66
65
64
64
63
63
62
62
61
61

Fuente: Elaboración propia (2020).
En esta tabla podemos observar los temas más localizados y recurrentes, de manera jerarquica, en las publicaciones encontradas de ProQuest en el periodo comprendido entre los dos discursos (7 años) del Filtro temporal 3, lo cual muestra
la relación que tienen con “cambio climático”, esto favorece la comprensión del
problema de forma general, y en el contraste con las unidades de análisis del discurso de José Mujíca, ya que por la temporalidad solo permite su contemplación,
porque no abarca un periódo posterior al discurso de Greta Thunberg que permita
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el análisis completo.
5.- CONCLUSIONES
Una cantidad indefinida de factores intervienen en los procesos de investigación
y análisis, por lo que proponer una respuesta única e incuestionable en el ámbito
social no es factible. Por ejemplo, la base de datos muestra un sesgo hacia los
medios estadounidenses por que la misma base proviene de Estados Unidos de
América, condicionante que se debe tomar en cuenta. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que ciertos discursos sí tienen un impacto relevante en la creación de notas informativas, lo que sí se puede concluir es que los
discursos no son hechos aislados, tal vez los eventos seleccionados no tuvieron
una gran repercusión en los medios, no obstante, si lograron posicionar la problemática medio ambiental en el interés público, preparando a la audiencia, y a los
medios, para los discursos posteriores, que la información o acciones futuras enfocadas en la resolución del cambio climático sí logren el alcance que se requiere
para generar un cambio.
Demostrando de esta forma que los discursos se convierten en hechos noticiosos
porque los medios producen el contenido que la gente consume por ello es importante entender que el aumento de notas informativas no fue iniciativa exclusiva de
los medios, al contrario, el interés de la población aumento en paralelo y con ello
se han incorporado adeptos y activistas en el tema. Con esto se puede decir que los
discursos realmente cumplieron su objetivo, ya no son figuras publicas aisladas
las que piden un cambio y toma de acciones, si no un grupo que aumenta día con
día, de personas preocupadas y ocupadas por un mejor futuro.
Demostrando de igual forma cómo la teoría de comunicación en dos pasos de Paul
Lazarsfeld sigue estando vigente porque, al final, gracias a las noticias publicadas
en los medios, en específico el periódico, surgirán más adeptos al tema, y más
personas se interesarán en resolver la problemática. Esto a nivel profesional puede
tener mayor impacto sobre las personas enfocadas en crear contenidos que sobre
los mismos activistas medioambientales, ya que la repercusión puede aumentar al
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mostrar información en un medio masivo a comparación del público segmentado
de un activista, demostrando el poder tan valioso con el que cuentan los medios
al tener un impacto global.
En el caso del análisis de resultados, el lenguaje demuestra ser un reflejo de la
realidad, al menos en el discurso, puesto que se pudo posicionar a partir del análisis comparativo y a partir de la comprensión del contexto del que provienen, la
situación que se vive en los distintos momentos temporales en los que se crearon
los discursos.
El estudio y análisis de resultados que se generó al final, fungió como radiografía
general de la situación, porque de este punto pueden surgir múltiples investigaciones que tengan un objeto de análisis más específico y delimitado, a causa de
que existen diversos aspectos a considerar dentro de este artículo, como por ejemplo el matiz de las notas publicadas, porque el hecho de que contenga el concepto
cambio climático no implica que sea una postura a favor, sino todo lo contrario;
otro ejemplo sería el análisis por región; pero sobre todo una mayor detención en
el contenido de las notas, fragmentar y analizar por completo la postura de los
periódicos o medios más importantes y a partir de ello proponer cambios y soluciones.
Sin embargo, la conclusión más importante que surge es la complejidad del problema medioambiental, que a pesar de lo que múltiples especialistas demuestren,
no solo los científicos y políticos pueden generar un cambio, todos los ámbitos
pueden y deben crear acciones al respecto, demostrando con este estudio la importancia del rol de la comunicación y las ventanas de oportunidad que se deben
trabajar porque al final, el cambio está en todos.
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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(Revista Crítica). http://www.revista-critica.com/la-revista/monografico/
analisis/283-la-crisis-ambiental-y-la-deuda-ecologica

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El discurso y su influencia en los medios. Análisis de resultados del discurso
ambientalista1
The discourse and its influence in the media. Analysis of environmental
discourse results
Metzli Sofía, Jiménez Tovar2
Universidad La Salle, México
https://orcid.org/0000-0001-9640-6221
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-3

___________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación que tuvo por objetivo proponer el uso del análisis
de discurso y sus resultados, como una forma de demostrar el efecto que tienen los discursos sobre los
medios de comunicación, y por ende sus consecuencias en la sociedad, así como el impacto de los líderes de opinión. Se aplicó el método hermenéutico, con las técnicas de investigación análisis de discurso
y monitoreo de medios, el tipo de investigación es mixta. Se concluyó que la cobertura mediática fue
variable, y que la interpretación de los discursos sí puede brindar un panorama contextual de la realidad
y los cambios que se generaron con el tiempo; que los discursos al final cumplen con su objetivo, que
es generar acción y obtener una mayor cobertura mediática al convertir el cambio climático en un tema
de interés público.
Palabras claves: Análisis de discurso, análisis de resultados, cambio climático, prensa
ABSTRACT
This article is the product of research aimed at proposing the use of speech analysis and its results, as
a way of demonstrating the effect of speeches on the media, and thus their consequences on society,
as well as the impact of opinion leaders. The hermeneutic method was applied, with the techniques of
discourse analysis research and media monitoring, the type of research is mixed. It was concluded that
media coverage was variable, and that the interpretation of speeches can provide a contextual picture of
reality and the changes that were generated over time; that speeches in the end meet their goal, which is
to generate action and gain greater media coverage by turning climate change into a public interest issue.
Keywords: Climate change, discourse analysis, newspapers results analysis.
Recibido: 11 de Abril 2020 - Aceptado: 15 de Junio 2020
Cómo referenciar este artículo:
Jiménez Tovar, M. S. (2021). El discurso y su influencia en los medios. Análisis de resultados del
discurso ambientalista. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 66-92. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/167. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-3

1 Este artículo es producto del proyecto terminal “El poder de la palabra. Análisis de resultados con base en la hermenéutica del discurso
medioambiental”. Iniciado en 2019 y finalizado en 2020.
2 Licenciada en Ciencias de la comunicación por la Universidad de la Salle. Email: mj@lasallistas.org.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

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1.- INTRODUCCION
El cambio climático es un problema que ha tomado relevancia en los últimos años
en diferentes ámbitos, requiriendo con mayor urgencia soluciones que contrarresten las letales consecuencias que atentan contra cualquier forma de vida en el
planeta. Por ende, al examinar información disponible sobre el tema, en específico de las múltiples dependencias de la ONU enfocadas en el medio ambiente, la
premisa principal que permea es la “acción inmediata”. Una propuesta para lograr
este objetivo es por medio del discurso, debido a su carácter generador de acción
(Van Djik, 2012) porque “la palabra, aunque no sirve para representar ni para
transmitir la realidad, es útil para persuadir a los hombres” (Hernández y García,
1994). Al unir una manera de comunicación de gran alcance como es el discurso,
y la prensa, alias periódico, que es el medio de comunicación más longevo con un
alcance igual de amplio y con trascendencia efectista, se podrían obtener resultados de gran impacto.
Por ello el objetivo principal de este trabajo es conocer el alcance que tienen los
discursos medioambientales enfocados en el cambio climático sobre los contenidos que se publican en diversos periódicos en el continente americano, respondiendo a la pregunta de investigación ¿se logró una mayor cobertura mediática
acerca del cambio climático en el periodo entre el discurso de José Mujíca en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 y el
discurso viral emitido por Greta Thunberg en el Parlamento Europeo en 2019?
Con base en ello se determinó la influencia que los discursos, y en consecuencia
los líderes de opinión tienen sobre la prensa; así como proponer un enfoque distinto de la metodología mixta que se empleará con el análisis de discurso y el mapeo
de medios, los cuales aporten la información necesaria para realizar un análisis
de resultados respecto a soluciones comunicativas que funjan como respuesta a
problemáticas sociales.
Una limitante es el carácter diacrónico de la investigación, ya que el período que
se contempló para la recolección de notas informativas fue de 7 años, por lo que
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la información disponible puede tener variables importantes que permeen los resultados debido al número impreciso de noticias que se han publicado a lo largo
de ese plazo. Otra variable a considerar es el mapeo de medios, por su carácter
cuantitativo omite aspectos cualitativos en el contenido de las notas informativas
como la ideología del periódico y del periodista, las cuales llegan a transmitir
diversas posturas sobre el tema, por ende no se genera una opinión unificada en
la población; al igual este análisis despoja de individualidad a los emisores relegando su libre albedrío ya que “cada individuo o grupo social concibe de manera
diferenciada el problema, esto en función de sus experiencias, información, conocimiento y contexto” (Arias y Rosales, 2019, p. 248).
El interés principal de este trabajo es estudiar la creciente y compleja exposición
de medios de comunicación a la que estamos sometidos los seres humanos como
lo muestra IAB México (2017) en su estudio de consumo de medios. Los medios son constructores de la realidad, por ello, la información que se publica en el
medio cobra relevancia en la vida de las personas, si se logra medir la cantidad de
información transmitida se puede tener una aproximación de la posición que ocupan ciertos temas en la sociedad, esto se puede lograr examinando los siguientes
factores: la proporción de noticias sobre la problemática; desde que temas o perspectivas se aborda: el lugar geográfico del periódico y el nombre del periódico
en que se publican; los líderes de opinión o personalidades que se vinculen con
el tema; el tipo de documento periodístico; y el idioma en que está presentado;
estas variables fueron definidas por las categorías de información encontradas en
la base de datos ProQuest, que fungió como instrumento del mapeo de medios. De
acuerdo con Van Djik (2012) se puede medir la evolución de un acontecimiento
social conforme el lenguaje empleado en los discursos, esta premisa fungió de
base para el análisis de resultados.
En general, los artículos o estudios disponibles respecto al análisis de discurso
tienen como objetivo entender y ampliar el conocimiento respecto a la problemática social abordada, algunos estudios han intentado emplearlo como un análisis de
resultados social, sin embargo, no se encuentran caracterizados como tal. Por ello
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el alcance de este análisis es global, debido a diversos factores; el primero es la
elección de los líderes, ya que apelan a diversas realidades, contextos y culturas,
por un lado, se encuentra el exmandatario José Mujíca de Uruguay, y por otro está
Greta Thunberg la joven activista sueca; y el segundo factor que amplia su alcance es el mapeo de medios, que abarca desde prensa con un efecto mundial hasta
prensa de localidades específicas.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Para poder entender y explicar el efecto del cambio climático, así como sus causas, se deben exponer ciertos conceptos básicos. De acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en el módulo 1 de su diplomado “Introducción a
la Ciencia del Cambio Climático”, (ONU, s.f.) se muestra que hay una diferencia
entre clima y tiempo, los dos fenómenos ocurren en la atmósfera pero, si se suscita en un momento determinado es “tiempo”, este varía en un espacio temporal
corto: en días, semanas, etc. que incluye la temperatura, la velocidad del viento, la
humedad, la presión barométrica, entre otros componentes; por otro lado el “clima” es el promedio del estado del tiempo, que son períodos prolongados.
La ONU (s.f.) expone que el clima es el estado del sistema climático que se
compone por: la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra; la
hidrósfera, parte de la Tierra que involucra las aguas en estado líquido tanto las
superficiales como las subterráneas como los océanos, ríos, lagos, etc.; la criósfera, que es la capa que conforma el agua en estado sólido; superficie terrestre, es
la capa más externa de la superficie sólida de la Tierra y de los océanos, que es
donde se produce la actividad volcánica e influye en el clima; y la biósfera, que
comprende a todos los organismos vivos así como los ecosistemas de la superficie
terrestre y océanos. Todos estos elementos determinan e influyen en el estado y la
dinámica del clima terrestre. Uno de los mecanismos más importantes del sistema
climático es el efecto invernadero, este se genera a partir del desequilibrio entre la
energía que recibe la Tierra por parte del Sol y la energía que se libera al espacio
exterior, ya que es cada vez menor la cantidad de energía calórica que logra irradiarse al espacio por lo que se queda en la atmósfera a causa de los Gases de Efecto
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Invernadero (GEI), los cuales se producen por un exceso de dióxido de carbono
(CO2), esto aumenta la temperatura de la Tierra causando estragos irreversibles
hacia cualquier forma de vida en el Planeta.
El calentamiento global es un cambio climático que se ha investigado desde inicios del siglo XX por ser un variación en el clima sin influencias naturales, que ha
ocurrido a una velocidad nunca antes vista en otro fenómeno climático registrado.
Ya que su principal causa es el aumento de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estos se han producido desde la Revolución Industrial
a finales del siglo XVIII, por estos componentes que absorben y emiten radiación
térmica, se tiene una mayor cantidad de calor en la atmósfera que incrementa la
temperatura global, las repercusiones que tiene este efecto se le denomina “Cambio Climático Antropogénico” que son las acciones provocadas por el hombre.
(Oceana, s.f.)
De acuerdo con Velázquez de Castro (Agosto 2012) son cuatros rasgos los que
caracterizan la crisis ambiental: la globalidad de problemas ambientales que afectan a toda la Tierra sin haber sido generados por el planeta, sino por una pequeña
parte de la población; rapidez o exponencialidad, a lo largo de la historia humana
han existido múltiples cambios climáticos sin embargo ningún ha sido tan fulminante; el aumento de problemas ambientales que al final solo permite la acumulación de sustancias en los organismos; y la persistencia, los prolongados efectos
secundarios de los impactos generados, ya que algunos pueden permanecer más
de un siglo en el planeta.
Por ello se requieren realizar acciones que ayuden a contrarrestar estos efectos,
que informen la situación, y el discurso es uno de los elementos que puede aportar a esta causa porque como lo expone el lingüista Van Djik (1978) “a través del
control de la mente se pueden controlar los actos, se tiene un poder increíble sobre
la sociedad porque la gente va a hacer o no hacer lo que uno quiere que haga”.
Los discursos realizan el “arte de persuadir por medio de la palabra” (Dahdah-Antar, 2019, p. 112) se busca impulsar un cambio, para ello es importante conocer
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el funcionamiento y estructura de los discursos argumentativos. El filósofo Paul
Ricoeur (1995) expone que el discurso es una expresión del lenguaje conformada
por palabras, las cuales separadas entre sí no conforman nada, no tiene intención
alguna, es la oración la que llega a significar algo. La oración es un conjunto de
palabras, por ello, el discurso necesita un verbo y un nombre, según el autor, las
cuales cuentan con una conexión que trasciende las palabras. Esta definición dota
al receptor o interprete con una responsabilidad, y un poder, de darle un significado a las palabras, adaptarlas a su realidad, por lo que al momento de generar un
análisis se debe tomar en cuenta no solo el lenguaje si no el contexto y la cultura
en la que se elaboró el texto del discurso, así como el contexto en el que se emite.
Pensamiento que respalda el lingüista Van Djik (2012) al exponer que las situaciones sociales, políticas y culturales influyen en la interpretación subjetiva, y
afirmando que las situaciones sociales son constructos sociales que pueden influir
en toda la conducta humana.
Otro de los grandes exponentes del análisis de discurso es Foucault (1987), quien
muestra y propone normas que rigen los discursos: el qué se dice, cómo y en qué
circunstancia, que responden a tres motivos el poder, el peligro y la reducción de
incertidumbre.
Al entender los aspectos que definen y engloban al discurso la pregunta que surge
es ¿con base en qué aspectos se puede generar un análisis del discurso? Por lo que
Philips y Hardy (2002) presentan un esquema que expone las diversas vertientes
a las que se puede dirigir un análisis de discurso:
Categoriza las opciones de acuerdo con dos dimensiones clave: el nivel en el
que se encuentra el enfoque del discurso ya sea en textos individuales o en el
contexto que los rodea; el otro nivel es en el que se enfoca la investigación, si es
en poder o ideología al contrario de la construcción social. De acuerdo con las 4
propuestas de análisis: análisis lingüístico social; estructuralismo interpretativo;
análisis crítico del discurso; y análisis lingüístico del discurso. La mayoría tiene
un interés sobre las relaciones de poder en los discursos, por ello la categoría que
se adecua mejor al enfoque de la investigación es el análisis lingüístico social.
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Este tipo de análisis es constructivo y se basa en los textos. Los investigadores se
enfocan en textos individuales relacionándolos marginalmente al contexto distante en el que se generaron o se exploran las dinámicas de poder en las que están
implicados. Los estudios de este tipo se enfocan en los aspectos constructivos del
texto, ayudan a entender no solo las micro dinámicas del discurso de decisiones
individuales, sino que también ayuda en la comprensión de los fundamentos de la
realidad social del discurso en la que se encuentran las relaciones.
Al identificar el objetivo y enfoque del análisis de discurso, la aportación de la
hermenéutica es con base en su carácter epistémico, el cual se entiende como “el
estudio de la naturaleza del conocimiento y la justificación, en específico el estudio de sus características definitorias, sus condiciones sustantivas; y los limites
del conocimiento y la justificación” (Audi, 2004)
Al final el objetivo del epistemólogo es el de proveer de componentes definitorios del conocimiento, que favorezcan al análisis del conocimiento. El análisis
estándar se compone por tres elementos: la justificación, la verdad, y la opinión
o creencia. La justificación epistémica se limita a la aportación de evidencias, a
aumentar la verdad y reducir la falsedad.
Al entender las aportaciones y relevancia de las metodologías, se complementa con una teoría social, que refuerza la importancia de encausar los contenidos
hacia un bien común por el poder mediático efectista. Esto por medio de una
teoría que, para muchos pensadores, puede ser obsoleta sin embargo al observar
nuestro entorno nos podemos dar cuenta que sigue en vigor, la Teoría de la Comunicación en dos pasos, para Paul Lazarsfeld et al. (1944), sociólogo austríaco,
fundador del análisis sociológico norteamericano quien basó sus estudios en los
efectos que causan los medios de comunicación los cuales en ocasiones alienan
a la población, por medio de la teoría de la Comunicación de masas (Lazarsfeld,
2012), y una ramificación de esta teoría son los líderes de opinión creados por los
medios, y deben tener características determinadas para que los receptores logren
empatizar con los ideales o ideas que venden. El flujo de la comunicación en la
teoría de dos pasos es que la información primero llega a los líderes de opinión
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quienes influyen y la transmiten a las personas con las que se encuentran en contacto mediático. Los medios no cambian la forma de pensar sólo la refuerzan, esto
lo hacen a través de líderes de opinión que son personas que se localizan en diferentes estratos sociales y ocupaciones, deben fungir como un modelo para otros e
influenciar (Lazarsfeld, 2012, p. 142). Sin embargo, en este trabajo, se realiza una
nueva propuesta de enfoque a la teoría, se plantea que ya no son los medios la única fuente de la información, al contrario, la iniciativa es que los hechos noticiosos
ahora son dictaminados por los líderes de opinión, ellos son quienes manejan los
contenidos, establecen qué, quién, cuándo y de qué se hablará. Con base en esto
se seleccionó a las figuras públicas que sirvieron como objeto de estudio, Greta
Thunberg y José Mujíca.
Dentro de las diversas alternativas de medios de comunicación, se seleccionó la
prensa por la estrecha relación que desde su nacimiento ha tenido con el poder,
en 1850 el periodista F. Knight Hunt nombró su libro “El Cuarto Estado” dotando
al periódico de un nuevo objetivo y término, el cual surgió a partir de la división
de tres poderes gobernantes: ejecutivo, legislativo y judicial; siendo la prensa la
que funja como un órgano fiscalizador del gobierno, ya que en general la prensa
se encuentra privatizada, lo cual otorga cierta autonomía y desapego del Estado,
independencia que le permite ser crítica de los gobernantes o acontecimientos que
lo ameriten.
La relevancia de este medio radica en el poder que tiene para expandir el conocimiento, en los primeros años posteriores a su concepción los empresarios lo
percibieron como una ventana de oportunidad como publicidad o propaganda,
siendo en la actualidad uno de sus principales ingresos. De igual forma al comienzo comentaban que los periódicos estimulaban en los lectores el escepticismo, ya
que propició a que los lectores se empezarán a cuestionar la información porque
les brindaba diferentes perspectivas de los acontecimientos, sin embargo, el aporte
más grande que se le atribuye fue crear la opinión pública.

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3.- METODO
Diseño
El discurso es un indicio de la realidad social, de los pensamientos, no es un espejo o reflejo de la realidad, por lo que se seleccionó el análisis de discurso como
metodología puesto que su relevancia recae en el poder de analizar el discurso
como una forma de acción social, encausando el análisis en el contenido de las
notas informativas para poder conocer el aporte que han tenido los discursos en el
medio tradicional, la prensa.
En primera instancia, se realizó la selección de los líderes de opinión y de los
discursos con base en el aporte, popularidad, contexto y relevancia para, de esta
manera, poder contrastar aquellos aspectos que coincidan, así como entender las
diferencias particulares.
En el análisis de discurso se empleo como base el modelo empleado en el artículo del sociólogo Alejandro Rico (2004) el cual realizó una caracterización de
los elementos del discurso como: unidades temáticas, estructuras argumentativas, tópicas y marco teórico. Basándose en el estudio de la estructura interna del
discurso. Para este trabajo se preseleccionaron unidades discursivas de análisis
las cuales surgieron de los conceptos que involucran una problemática social y
cambio climático, a su vez se agregaron conceptos puntuales de cada uno de los
líderes seleccionados antes mencionados.
Las unidades que se emplearon se dividieron en categorías y subcategorías, las
categorías que de acuerdo con el análisis realizado permearon el discurso de Mujíca fueron: Economía, ecología, humanidad y tiempo. Por su parte las categorías
de la joven activista Thunberg fueron: Política, medio ambiente y sociedad.
Las subcategorías las conforman conceptos que deriven o se vinculen con las categorías principales tales como: desarrollo, sociedad, mercado, recursos naturales,
entre otros.
Para el monitoreo de medios se basó la metodología en un modelo empleado por
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la Doctora en Sociología Maricarmen Cárdenas (2010) quien realizó un estudio
sobre el calentamiento global y su tratamiento en los medios, en el cual el seguimiento de medios se realizó por medio de la base mediática diaria de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual dictaminó las
categorías de noticias, y la clasificación general. Con ello está investigación versó
sobre la base de datos ProQuest, quien a su vez dictaminó las categorías y clasificaciones de análisis.
Con bases en las unidades de análisis que se encontraron en el discurso, estas se
emplearán para dos análisis, el primero será un análisis comparativo entre los
dos discursos puesto que por medio de las unidades se medirá la evolución del
problema y se pueden analizar los cambios que se hayan suscitado durante los 7
años entre la emisión del discurso de José Mujíca y el discurso de Greta Thunberg. Y en segundo lugar, conforme a un análisis cuantitativo sincrónico de notas
informativas se analizará el número de notas generadas y encontradas en la base
de datos ProQuest que contengan la palabra “cambio climático” al ser el tema
principal de este trabajo, el límite temporal del análisis de medios fue dictaminado por los discursos, en específico por el momento de su comunicación. Con el
fin de obtener una contextualización más precisa y oportuna se elaboró una sub
selección sincrónica de estas publicaciones noticiosas donde se analizarán a partir
del día de la emisión de cada discurso diez meses antes y diez meses después, para
tener un panorama lato sensu. La elección de 10 meses fue condicionada por la
temporalidad del discurso emitido por Greta, a causa de ser contemporáneo a la
investigación no concede llegar a una evaluación de 12 meses.
Por consiguiente, se realizaron tres categorizaciones de las publicaciones en
periódicos, la primera abarcó el número de publicaciones que tuvieran la palabra
cambio climático y fue desde el 1 de septiembre de 2011 al 20 de junio de 2012
(día que se presentó el discurso de Mujíca) y del 20 de junio de 2012 al 20 de marzo de 2013. El mismo periodo se empleo para el discurso de Greta, diez meses,
que corrieron del 1 de julio de 2018 al 17 de abril de 2019, día que se emitió el discurso, y del 17 de abril de 2019 al 31 de enero de 2020 que son 10 meses después.
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Participantes
Se decidió abrir con el análisis del discurso del ex mandatario José Mujíca por
el cargo de poder que logró al provenir de una infancia con bajos recursos y por
la ideología que permeó su carrera política, y sigue permeando, en pro del medio
ambiente, las personas de escasos recursos y el bienestar común, como lo muestra el diario El País (2018). La elección del discurso se debe a la relevancia que
tuvo en la época que se emitió ya que funge como un hito porque no solo expuso
la problemática medioambiental, sino que lo hizo por medio de una fuerte crítica
al sistema económico y gobernante. Otro aspecto importante de resaltar para el
análisis es la Conferencia en la que se propagó el discurso, la cual se dio a conocer
con el acrónimo “Río+20”. En esta conferencia se creó el documento “El futuro
que queremos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012), acuerdo
que firmaron todos los países participantes, y sirvió como base para la creación
de la Agenda 2030 y los reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
publicados en 2015 por la ONU.
La inclusión de Greta Thunberg en el análisis es a causa de la apresurada fama e
impacto mediático que logró la activista de acuerdo con el medio The Guardian
(Belam, 2019), y el aporte que puede brindar al ser un individuo completamente
ajeno a José Mujíca como en el nivel de estudio, el entorno social, el nivel de involucramiento que tienen con la política, la edad, etc. y de esta forma contrastar
los aportes de cada uno. La selección del discurso, es por razón de que pese a no
ser su primera aparición pública ni la más evocada, si fue la ponencia donde se le
procedió a percibir con la relevancia y categoría de una líder de opinión, en ese
momento se reconoció que no sería un personaje de una sola aparición, si no que
se convertiría en una figura recurrente en eventos de gran magnitud efectista.
Instrumentos
Para el análisis de discurso se empleó el software Atlas.ti por su eficiencia en las
investigaciones cualitativas. Dentro del programa se emplearon los recursos: contador de palabras, creación de unidades de investigación y nube de palabras. Estos
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recursos facilitaron la comparación y análisis de los objetos de estudio.
Para el mapeo de medios, se utilizó la base de datos ProQuest por la amplia cobertura de información dentro del World Wide Web, porque su funcionamiento
radica en colaboraciones con múltiples organismos, asociaciones, instituciones,
entre otros. De igual forma resultó el instrumento idóneo por la facilidad de categorización y filtración dentro de la plataforma, así como el respaldo académico
internacional que dispone.
Procedimientos
Para empezar, se hizo la transcripción de los discursos, en el caso del discurso
de Greta al ser emitido en el idioma inglés requirió adicionalmente una correcta
traducción. Con base en las transcripciones se obtuvo un conteo general de palabras, después se realizó la concordancia para conocer las unidades básicas que
se encontraron en el discurso, y en consecuencia se obtuvo una nube de palabras
que ejemplifica las unidades con mayor recurrencia.
Al tener el análisis de los dos discursos, en específico las nubes de palabras y
conteo de unidades básicas, se tomó como base las unidades del discurso de José
Mujíca y se hizo una comparación con las unidades básicas en el discurso de Greta, se observaron las unidades que se repetían y el número de ocasiones que se
encontraron, con ello se refutó la hipótesis de si existía o no una evolución en la
problemática social.
Después se empleo el mapeo de medios, que mostró el número de documentos
producidos que contienen la palabra “cambio climático” en el periodo seleccionado de cada líder de opinión, y en el periodo entre cada discurso. En el ciclo individual, primero se analizaron los datos del mes en el que se emitió el discurso, se
ocupó ese número como base y se vio el crecimiento o decrecimiento de cobertura
mediática de los meses delimitados. Por su parte, del periodo intermedio entre
cada discurso a parte del análisis de datos de producción y cobertura mediática,
también se realizó un análisis con el apoyo de las unidades básicas, ya que con
el mapeo de medios existe una división que arrojó las temáticas con respecto al
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cambio climático que se localizaron en los documentos, por lo que al tener los
conceptos y sus respectivos datos de repetición, se contrastó con las unidades
básicas y se obtuvo la medición de la influencia directa de los discursos sobre el
contenido del medio.
4.- RESULTADOS
En el análisis comparativo de los discursos con base en las unidades de análisis
(Figura 1) podemos observar que las unidades de mayor relevancia en el discurso de José Mujíca son: gobierno, sociedad y vida; ya que son las 3 unidades con
mayor número de menciones siendo la cantidad máxima 8. En el caso de Greta
la unidad con mayor mención fue “destrucción” siendo 18 el número máximo,
seguida de “actuar” con 14 repeticiones y “casa” con 12. Las unidades que se repitieron en los dos discursos son:
- Acuerdo 		

- Economía 		

- Negación 		

-Sociedad

- Civilización

- Futuro 		

- Pasado 		

- Tiempo

- Contaminación

- Globalización

- Planeta

- Destrucción

- Medio ambiente - Política/políticos

Puesto que el total de códigos en los discursos es de 50 en el caso de Mujíca y 49
en el caso de Greta, el promedio sería 49.5 siendo este nuestro universo, el número de conceptos que intersectan es 14 por lo que el porcentaje es de 28.28% de
conceptos compartidos.
En la Figura 1 podemos observar que las categorías están diferenciadas por color
para una mejor identificación, conforme el número de subcategorías que conforman las categorías, podemos observar que la categoría, por consiguiente, el tema,
con mayor peso es: “economía” en el discurso de José Mujíca y con Greta Thunberg “medio ambiente”.
Con base en estos resultados se puede responder al objetivo específico de verificar
si hubo una evolución o mejora, demostrando que no existió una mejora porque
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el tema medioambiental pasó de un tercer a un primer plano; otros datos que respaldan esta conclusión son las unidades con mayor número de mención a causa
de que en el 2012 con Mujíca los temas más relevantes estaban relacionados a las
sociedades, mientras que las unidades en el 2019 con Greta develan el deterioro
puesto que la unidad encontrada más veces fue “destrucción” seguida de “actuar”,
haciendo alusión a la urgencia de realizar un cambio.
Respecto al mapeo de medios, realizado con base en la información disponible en
la base de datos ProQuest, de los 3 filtros temporales aplicados son:
Filtro 1, los 20 meses del discurso de José Mujíca se dividieron en dos:
• 10 meses anteriores al discurso (Filtro 1.1)
• 10 meses posteriores, empezando el 21 de junio de 2012 (Filtro 1.2);
Filtro 2, 20 meses del discurso de Greta Thunberg divididos en dos:
• 10 meses anteriores al discurso empezando el 1 de julio de 2018 al 17 de abril
de 2019 (Filtro 2.1)
• los 10 meses posteriores, empezando el 18 de abril de 2019. (Filtro 2.2)
Filtro 3, el periodo de latencia que abarca del 21 de junio de 2012 hasta el 17 de
abril de 2019
El total de publicaciones en periódicos que se obtuvieron del Filtro 1.1 (Gráfico
1) fue de 1,290 publicaciones, siendo junio el mes con menor número de publicaciones 90, mes que se emitió el discurso y se llevo a cabo la Conferencia Río+20,
y el mes que mostró la cantidad máxima fue diciembre de 2011 con 161. Respecto
al Filtro 1.2, el total de notas publicadas en el periodo fue un total de 1,083, siendo
el mes de junio el que presentó el menos número, como se muestra en el Gráfico 2,
con 53 publicaciones, es importante recalcar que a comparación del Filtro 1.1, las
53 publicaciones respectan a los últimos 10 días del mes por lo que se presentó un
incremento del 17.7% en la producción y publicación de documentos de ese mes,
de acuerdo con la gráfica en los meses a posteriori hubo un incremento gradual
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de noticias. Sin embargo, al comparar el total se muestra que la producción fue
superior antes del discurso que después.
Los resultados del Filtro 2.1 (Gráfico 3) arrojan que el número de publicaciones
en ese periodo fue de 827 notas publicadas siendo los primeros 17 días de abril el
número más bajo de publicaciones con una cantidad de 48, y febrero el más alto
con 112. En el Gráfico 4 (Filtro 2.2) el total de publicaciones fue de 1,152, siendo
los 13 días restantes de abril el mes con una menor cantidad, 41; y junio mostró
el número máximo con 155 documentos. De acuerdo con los resultados, posterior
al discurso, durante el mes de abril hubo un incremento del 11% de notas publicadas respecto al cambio climático. Y como se puede observar en los Gráficos 3 y
4 si existe una mayor producción de documentos a posteriori a la propagación del
discurso ya que la cantidad a priori es de 827 menos a la cantidad a posteriori de
1,152, lo cual se refleja en un incremento de casi 40%.
De acuerdo con el Filtro 3 (Gráfico 5) se puede observar un aumento gradual en
la publicación de documentos, siendo el 2015 el año con mayor producción, sin
embargo, de la misma manera la gráfica tendió a decrecer los años posteriores,
hasta el 2019. Al completar la información de la Gráfica 5 con las Gráficas 1 y 4,
decantando los datos a solo los años en los que se propagaron los discursos que
son 2012 y 2019, en la primera mitad del 2012 (del 1 de enero al 20 de junio) el
número de notas publicadas fue de 739 y la última mitad (del 21 de junio al 31
de diciembre) de 637, lo cual muestra que no hubo un incremento de producción
de noticias con contenido del cambio climático, puesto que fue de 0.44%. En el
caso de Greta Thunberg las notas publicadas del 1 de enero al 17 de abril de 2019
fueron 325, y los meses restantes desde el 18 de abril de 2019 al 31 de diciembre
de 2012 fueron 1,006, lo cual demostró un crecimiento de apenas 0.26%, menor al
porcentaje de José Mujíca. Sin embargo, al aumentar el periodo de análisis hasta
el 31 de enero se muestra un incremento en 11%.
Estos resultados confirman parcialmente la hipótesis, a causa de que, si existió
un incremento durante los primeros 4 años posteriores al discurso de Mujíca, sin
embargo, decreció gradualmente por que el efecto que tuvieron los discursos en
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los medios fue limitado y condicionado, puesto que no fueron los únicos líderes
de opinión o figuras públicas que abordaron el tema.
El último análisis combina las unidades básicas de investigación (Figura 1) con
los temas encontrados en las notas periodísticas del período 21 de junio de 2012
a 17 de abril de 2019 (Tabla 1), se ocupan solo las unidades con mayor número
de repetición del discurso de José Mujíca, debido a que la periodicidad del filtro
de los temas no incluye tiempo posterior al discurso de Greta, en los cuales se
encontró que uno de los temas más encontrados es presidentes, similar a la unidad del discurso “gobierno” y “autoridades”. En temas se encontraron conceptos
con un amplio número de repeticiones: partidos políticos, crecimiento económico, producto interno bruto (PIB) e impuestos, los cuales hacen referencia a la
categoría con mayor relevancia de Mujíca la “economía” por lo que si existió un
porcentaje de influencia en los periódicos.
Figura 1: Unidades básicas obtenidas del análisis de discurso

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Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020). Nota: Con base en las unidades se
realizó el análisis comparativo de los discursos, así como las nubes de palabras.
En el costado derecho muestra el número de veces encontradas en el discurso.
Figura 2: Nube de palabras del discurso de José Mujíca

Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020).
En esta figura se ilustran las unidades de análisis encontradas en el discurso, siendo las palabras con mayor jerarquía visual aquellas que cuentan con una mayor
recurrencia, definidas por la saturación de color y el tamaño de letra.
Figura 3: Nube de palabras del discurso de Greta Thunberg.

Fuente: Elaboración propia en Atlas.ti (2020).
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Se muestran ilustradas las unidades de análisis encontradas en el discurso, siendo
las palabras con mayor jerarquía visual aquellas con mayor recurrencia, definidas
por la saturación de color y el tamaño de letra.
Gráfico 1: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de José Mujíca

Fuente: Elaboración propia (2020).
El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontrados en ProQuest de acuerdo al filtro 1.1 de las categorizaciones temporales del análisis de
resultados, siendo los 10 meses anteriores al discurso de José Mujica, esto permite
observar el comportamiento de las publicaciones y percibir las transformaciones
posteriores.
Gráfico 2: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” posteriores al discurso de José Mujíca.

Fuente: Elaboración propia (2020).
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El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 1.2 de las categorizaciones temporales del análisis de
resultados, siendo los 10 meses posteriores al discurso de José Mujica, esto permite observar el comportamiento de las publicaciones y el efecto sobre la prensa
a causa del discurso.
Gráfico 3: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de Greta Thunberg.

Fuente: Elaboración propia (2020).
El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 2.1 de las categorizaciones temporales del análisis de
resultados, siendo los 10 meses anteriores al discurso de Greta Thunberg, esto
permite observar el comportamiento de las publicaciones antes del discurso y
mostrar la viscitud.
Gráfico 4: Cantidad de publicaciones mensuales con la palabra “cambio climático” anteriores al discurso de Greta Thunberg.

Fuente: Elaboración propia (2020).
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El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontrados en ProQuest de acuerdo al filtro 2.2 de las categorizaciones temporales del análisis de
resultados, siendo los 10 meses posteriores al discurso de Greta Thunberg, esto
permite observar el comportamiento de las publicaciones, la evolución y comparar con la gráfica anterior.
Gráfico 5: Filtro 3. Cantidad de publicaciones anuales con la palabra “cambio
climático” entre la emisión discursos.

Fuente: Elaboración propia (2020).
El gráfico muestra el número de publicaciones mensuales encontradas en ProQuest de acuerdo al filtro 3 de las categorizaciones temporales del análisis de resultados, observando de manera general el comportamiento de las publicaciones,
y la frecuencia de las mismas.

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Tabla 1: Conceptos encontrados en las publicaciones, adicionales a “cambio
climático”.
No.
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4
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6
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10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tema
Cambio climático
Emisiones
presidentes
calentamiento global
protección del medio ambiente
carbono
campañas políticas
estudios
gas natural
política de energía
plan industrial de emisiones
elecciones presidenciales
políticas
industria petrolera
políticas medioambientales
industria energética
partidos políticos
cuentas
efecto invernadero
nominaciones
combustibles fósiles
investigadores
candidatos
liderazgo
primer ministro
fuentes de energía alternativa
industria automotriz
carbón
centrales eléctricas de carbón
tuberías
nivel del mar
gases de efecto invernadero
escuelas &amp; universidades
sequía

Cuenta
2,136
663
631
533
528
492
446
445
285
284
273
250
249
231
228
219
219
213
202
195
187
177
170
167
159
142
140
135
132
130
128
127
121
120

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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

acuerdos
dióxido de carobono
recesión
ciudades
crecimiento económico
libros
relaciones internacionales
inversiones
producto interno bruto (PIB)
investigación
editoriales
leyes y regulaciones de armas de fuego
redes sociales
impuestos del medioambiente
inundaciones
ciencia
primaries &amp; asambleas
hielo
gobernadores
especies en peligro de extinción y extintas
acuerdo de París
lluvia
servicios públicos eléctricos
litigación
científicos
políticas extranjeras
clima
legisladores
tecnología limpia
servicios diplomáticos y consulares
tasas de impuestos
presupuestos
comida
incendios forestales y de maleza
contaminación del aire
financiación
seguridad nacional
utilidades del gas natural

119
119
117
113
113
111
109
104
102
102
99
98
97
96
96
95
94
92
89
87
87
87
86
86
86
85
85
84
83
83
80
81
81
81
80
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85
86
87
88
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

emisiones estandares
cumbre de conferencias económicas
infraestructura
lider político
agricultura
tierra
inmigración
regulación
precios
vehículos eléctricos
coperación
comercio de emisiones
decisiones de la corte federal
industria de carbón
eficiencia energética
estudiantes
subsidios
intereses
política de inmigración
aliens
ecosistemas
bancos centrales
costos
hurracanes
legislación
abogados generales
medioambientalistas

78
77
76
76
74
74
74
74
73
71
69
69
69
68
68
68
67
66
65
64
64
63
63
62
62
61
61

Fuente: Elaboración propia (2020).
En esta tabla podemos observar los temas más localizados y recurrentes, de manera jerarquica, en las publicaciones encontradas de ProQuest en el periodo comprendido entre los dos discursos (7 años) del Filtro temporal 3, lo cual muestra
la relación que tienen con “cambio climático”, esto favorece la comprensión del
problema de forma general, y en el contraste con las unidades de análisis del discurso de José Mujíca, ya que por la temporalidad solo permite su contemplación,
porque no abarca un periódo posterior al discurso de Greta Thunberg que permita
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el análisis completo.
5.- CONCLUSIONES
Una cantidad indefinida de factores intervienen en los procesos de investigación
y análisis, por lo que proponer una respuesta única e incuestionable en el ámbito
social no es factible. Por ejemplo, la base de datos muestra un sesgo hacia los
medios estadounidenses por que la misma base proviene de Estados Unidos de
América, condicionante que se debe tomar en cuenta. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que ciertos discursos sí tienen un impacto relevante en la creación de notas informativas, lo que sí se puede concluir es que los
discursos no son hechos aislados, tal vez los eventos seleccionados no tuvieron
una gran repercusión en los medios, no obstante, si lograron posicionar la problemática medio ambiental en el interés público, preparando a la audiencia, y a los
medios, para los discursos posteriores, que la información o acciones futuras enfocadas en la resolución del cambio climático sí logren el alcance que se requiere
para generar un cambio.
Demostrando de esta forma que los discursos se convierten en hechos noticiosos
porque los medios producen el contenido que la gente consume por ello es importante entender que el aumento de notas informativas no fue iniciativa exclusiva de
los medios, al contrario, el interés de la población aumento en paralelo y con ello
se han incorporado adeptos y activistas en el tema. Con esto se puede decir que los
discursos realmente cumplieron su objetivo, ya no son figuras publicas aisladas
las que piden un cambio y toma de acciones, si no un grupo que aumenta día con
día, de personas preocupadas y ocupadas por un mejor futuro.
Demostrando de igual forma cómo la teoría de comunicación en dos pasos de Paul
Lazarsfeld sigue estando vigente porque, al final, gracias a las noticias publicadas
en los medios, en específico el periódico, surgirán más adeptos al tema, y más
personas se interesarán en resolver la problemática. Esto a nivel profesional puede
tener mayor impacto sobre las personas enfocadas en crear contenidos que sobre
los mismos activistas medioambientales, ya que la repercusión puede aumentar al
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mostrar información en un medio masivo a comparación del público segmentado
de un activista, demostrando el poder tan valioso con el que cuentan los medios
al tener un impacto global.
En el caso del análisis de resultados, el lenguaje demuestra ser un reflejo de la
realidad, al menos en el discurso, puesto que se pudo posicionar a partir del análisis comparativo y a partir de la comprensión del contexto del que provienen, la
situación que se vive en los distintos momentos temporales en los que se crearon
los discursos.
El estudio y análisis de resultados que se generó al final, fungió como radiografía
general de la situación, porque de este punto pueden surgir múltiples investigaciones que tengan un objeto de análisis más específico y delimitado, a causa de
que existen diversos aspectos a considerar dentro de este artículo, como por ejemplo el matiz de las notas publicadas, porque el hecho de que contenga el concepto
cambio climático no implica que sea una postura a favor, sino todo lo contrario;
otro ejemplo sería el análisis por región; pero sobre todo una mayor detención en
el contenido de las notas, fragmentar y analizar por completo la postura de los
periódicos o medios más importantes y a partir de ello proponer cambios y soluciones.
Sin embargo, la conclusión más importante que surge es la complejidad del problema medioambiental, que a pesar de lo que múltiples especialistas demuestren,
no solo los científicos y políticos pueden generar un cambio, todos los ámbitos
pueden y deben crear acciones al respecto, demostrando con este estudio la importancia del rol de la comunicación y las ventanas de oportunidad que se deben
trabajar porque al final, el cambio está en todos.
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Climático. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 24 (80), 247-269.

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La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México1
Safeguarding: The Case of the Steel Industry in Mexico
Aleida, Núñez-García2

Jorge Isaac, Lechuga-Cardozo3
https://orcid.org/0000-0002-2992-2688
https://orcid.org/0000-0002-0999-5468
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-4

___________________________________________________________________________
RESUMEN
El objetivo de este artículo es mostrar evidencia de la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias como la
salvaguardia para la defensa comercial de la industria del acero en México, aunado a la importancia de la correcta
clasificación arancelaria de los productos sensibles como el acero. Se definió un estudio cuantitativo, no experimental, de tipo explicativo, se utilizó como técnica de investigación la minería de datos. Los resultados de dicho
estudio indican que existe una caída en las importaciones de acero probablemente por la publicación que realizó
la Secretaría de Economía sobre Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación para las mercancías originarias de América del Norte, en función de la salvaguardia del acero
en México. Se concluye que la correcta clasificación arancelaria de las mercancías en materia de acero permitirá
cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pago de contribuciones al comercio exterior, las diversas a estas, y el pago de cuotas compensatorias, en el caso que éstas últimas apliquen, lo que evitará consecuencias
jurídicas y administrativas significativas por la autoridad aduanera.
Palabras claves: Acero, aduana, importaciones, procedimiento administrativo en materia aduanera, salvaguardia.
ABSTRACT
The objective of this Article is to show evidence of the application of tariffand non-tariff measures such as the safeguard for the trade defence of the steel industry in Mexico, coupled with the importance of the correct tariff classification of sensitive products such as steel. A quantitative, non-experimental, explanatory study was defined and
data mining was used as a research technique. The results of this study indicate that there is a drop in steel imports
probably due to the publication by the Secretariat of the Economy on Changes to the Tariff of the General Import
and Export Taxes Act for goods originating in North America, depending on the safeguarding of steel in Mexico. It
is concluded that the correct tariff classification of steel goods will enable non-tariff regulations and restrictions to
be met, the payment of foreign trade contributions, the various to them, and the payment of countervailing fees, if
they apply, which will avoid significant legal and administrative consequences by the customs authority.
Keywords: Customs, imports, safeguard, steel.
Recibido: 21 de Abril 2020 - Aceptado: 23 de Julio 2020
Cómo referenciar este artículo:
Núñez-García, A. &amp; Lechuga-Cardozo, J., I. (2021). La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México.
Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 93-118. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/169. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-4

1 Artículo de investigación derivado del proyecto: “Factores que determinan la fiscalización aduanera de las importaciones de acero mexicanas”, financiado por la Universidad Autónoma de Nuevo León e iniciado el 22 de enero de 2019.
2 Doctorando en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. Profesor Titular, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: aleida.nunezgr@uanl.edu.mx
3 Doctorando en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad
Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: jorge.lechugacrd@uanl.edu.mx.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

�La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México

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1.- INTRODUCCION
En México, la correcta clasificación arancelaria de las mercancías en el comercio
internacional representa un importante aporte a la industria, debido a que por un
lado es el resultado de un arancel que posteriormente se pagará al estado por su
causación, y por otro lado servirá para controles estadísticos en los procesos de
importación o de exportación de las mercancías (Martínez, Lopez y Ortíz, 2014,
p.74).
Ahora bien, con la apertura económica y, por ende, la internacionalización de
la economía mexicana entre la década de los ochenta y noventa se establece un
cambio de modelo económico, pasando de un modelo proteccionista a uno de libre mercado. En este sentido, en 1986 México ingresa formar parte del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o GATT (Gómez, 2013).
Como bien apuntan Martínez, Lopez y Ortíz (2014) por las dificultades de idiomas y la diversidad del lenguaje técnico en el mundo, surgió la necesidad de crear
un lenguaje y código unificado en el ámbito internacional sobre el tratamiento de
las mercancías de comercio internacional para su regulación.
De tal manera, el principal instrumento utilizado para la clasificación de mercancías es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
(SA), el cual se ha venido usando desde 1988 en los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Aduanas
(OMA); en éste se basan la mayoría de las tarifas arancelarías de los países miembros de estos organismos incluyendo México.
El organismo encargado de estudiar mercancías, desarrollar técnicas aduaneras
y otros asuntos arancelarios, además de su actualización constante es la Organización Mundial de Aduanas OMA. El SA posee un grado de complejidad que no
es fácil aplicarlo ni interpretarlo, incluso por aquellos profesionistas de la materia.
Los estudiantes, también se encuentran en esta problemática, dificultando su entendimiento y aplicación del marco regulatorio en el movimiento de mercancías.
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En el presente artículo se revisa un caso de cómo en México se está clasificando arancelariamente el acero. Dichos aportes teóricos facilitan la explicación del
fenómeno de la clasificación arancelaria con base en la interpretación y aplicación
del SA y de su marco regulatorio.
En este estudio se identifica como problema una debilidad en el comercio internacional de acero en México generada por la incorrecta clasificación arancelaria de
las mercancías que incide en el levantamiento del Procedimiento Administrativo
en Materia Aduanera PAMA a los actores del comercio exterior por la autoridad
aduanera el Sistema de Administración Tributaria - SAT
En este sentido, se plantea como pregunta problema: ¿Cómo debe ser la clasificación arancelaria del acero en México? De este modo, el objetivo del artículo
es mostrar evidencia de la importancia de la correcta clasificación del acero en
México con la finalidad de tomar conciencia para evitar el levantamiento de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA.
Así, se realiza un estudio uni-variado en el que se identifican como variables la
clasificación arancelaria, las importaciones de acero en México y el levantamiento de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA a las importaciones de acero en México. A partir de una investigación de enfoque cualitativo
utilizando la técnica minería de datos, corresponde a un diseño no experimental,
de corte trasversal o seccional, y alcanza un nivel analítico en el espacio geográfico de México.
Antecedentes
Postula Quiroga (2014) la primera importación en México fue en 1833, se trató de
una maquina importada de ingeniería británica, ensamblada en Filadelfia, Estados
Unidos para la fábrica de hilados de Esteban Anduño originario de Veracruz., no
obstante, por problemas en su logística de transporte hasta 1835 fue hasta que la
fábrica comenzó a hilar.
Cabe anotar que en Nuevo León la primera textilera se fundó en 1854 con el
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nombre de La Fama, inicio la rama textil en la ciudad. Seguido se instalaron en
la región, industria incluso de acero tales como: Compañía Minera, Fundidora
y Afinadora de Monterrey S.A. en 1980, Gran Fundición Nacional Mexicana en
1890, Compañía Fundidora y Afinadora de Monterrey en 1900 (Quiroga, 2014,).
Ahora bien, en 1962 las exportaciones tenían una mayor base industrial que incluía tubería de cobre y acero, lo que demuestra la capacidad de México como
país exportador de artículos industriales, que le ha permitido hasta nuestros días
competir en los mercados internacionales.
En este sentido en 1960, el 19% del Producto interno bruto industrial de Nuevo
León correspondía a metálicas básicas, con otras siete industrias le permitió al
Estado desarrollar capacidad productiva suficiente para satisfacer la demanda nacional y exportar sus excedentes a otros mercados.
La fundición, productos de acero y aluminio se encuentran entre las importantes
industrias desarrolladas con capital nacional y extranjero. No obstante, fue hasta
1994 que se abandonó el modelo de sustitución de importaciones, de defensa a
la producción nacional a través de desincentivar las importaciones con aranceles,
precios oficiales, cupos y permisos, por el modelo de globalización económica y
apertura comercial.
Así la infraestructura de instalación de nuevas plantas industriales se complementó por empresas que se instalaron desde finales del siglo XIX y las que se
multiplicaron en el período de desarrollo industrial más prolífico de la historia de
México.
Adicionalmente, factores como la segunda guerra mundial aunado a la vecindad
con Estados Unidos, nación beligerante aliada, favoreció el surgimiento de la industria pesada en México y sobre todo en la región noreste.
Cabe destacar, que, a partir de la apertura económica en México en 1986, a través
de los tratados internacionales este país ha adquirido diversos compromisos en
materia comercial en el marco multilateral, de modo que el país se ha visto en
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la necesidad de adecuar su infraestructura, formas de operación e instrumentos
jurídicos para dar cumplimiento a los compromisos internacionales siguiendo
principios de seguridad y previsibilidad para los sujetos del comercio exterior
(Cancino y Ascar, 2017, p. 4).
Finalmente, es importante desatacar que las investigaciones de prácticas desleales
en México se remontan a 1994 con relación a una cuota compensatoria aplicada a
la varilla corrugada proveniente de Brasil (Canacero, 2020). Investigaciones posteriores incluyen países como Rusia, Kazajstán, Bulgaria, Ucrania, Japón, China,
Rumania, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, India, España, Portugal, Italia, Taipei chino y Corea del Sur incluyendo productos que la gama del
acero que van desde placas de rollo hasta torres de viento.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
A continuación, se definen las variables la clasificación arancelaria, las importaciones de acero en México y el levantamiento de Procedimiento Administrativo
en Materia Aduanera PAMA a las importaciones de acero en México a partir de la
revisión de los principales autores en el tema.
La clasificación Arancelaria de mercancías en México
La Dirección Nacional de Aduanas (2020) entiende por clasificación arancelaria:
La clasificación arancelaria es el sistema por el cual, todas las mercaderías son
objeto de una clasificación en la Nomenclatura Arancelaria correspondiente,
con base en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías, de modo tal que, todas y cada una de ellas pueden ser clasificadas en
alguna partida arancelaria, con su correspondiente arancel de importación y
exportación (Dirección Nacional de Aduanas, 2020).
En este sentido comenta el Consultorio de Comercio Exterior de la Universidad
Icesi (2009) es indispensable conocer las características que son relevantes para
clasificar las mercancías en las nomenclaturas combinadas, especificando que la
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clasificación de los productos naturales se ajusta a los reinos de la naturaleza y
a su grado de elaboración, que la clasificación de los demás productos se hace
atendiendo a la materia constitutiva o composición, su función, uso o destino para
aquellas otras en que la supeditación a la materia desaparece (artículos complejos).
Ahora bien, Mora (2016) apunta que a nivel internacional el recaudo de tributos
a la importación puede plantear problemas para el pago del arancel, por lo que se
da origen a un sistema internacional de valoración para las mercancías en Aduana,
a lo que se denomina valor en aduanas de las mercancías, basada en una nomenclatura establecida por la Organización Mundial de Aduanas en 1934, esta clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado
por todos los países participantes.
Aquí es preciso resaltar, que, en materia de clasificación del acero, un producto es
sensible debido a su tendencia a la subvaluación, que los importadores mexicanos,
destaca Chaverra (2016) deben conocer la capacidad, idoneidad y experiencia de
sus agentes aduanales para importar perfiles de acero, cuyo conocimiento, investigación, tecnología, y comunicaciones les permita prestar un servicio de óptima
calidad. Pues su actualización en materia normativa debe ser constante que les
permita entender, ahondar y promover sus beneficios arancelarios.
Cabe resaltar en este punto, que la función de recaudo de la aduana reviste de importancia en la medida, en que los aranceles como instrumentos de política comercial que gravan los diferentes productos que transitan en el territorio aduanero
nacional, contribuyen a la generación de dinero y patrimonio estatal que permiten
proteger la rama industrial nacional, evitando que los productos importados afecten en los precios y costos de comercialización de los bienes nacionales.
Por otro lado, el fin último de la aduana no será el recaudo de los aranceles, pues
de existir un acuerdo comercial sobre las mercancías importadas, el arancel no es
aplicable y por tanto pierde relevancia la función. En todo caso, si procede hacer
una verificación de la clasificación arancelaria presentada por el importador y
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determinar si la declaración es pertinente y coincide con el producto que se está
importando, para evitar cualquier acto de dolo o mala fe, se declare otro producto
con menor gravamen pagando menos por un producto de mayor gravamen. Será
entonces obligación de la autoridad la reglamentación de los aranceles para la
clasificación, reconocimiento, aforo y valoración de mercancías objeto de importación.
Finalmente, como explica Bascones (2008) el gran reto de la aduana en la actualidad es generar mecanismo de control adecuados y eficaces contra la lucha del
comercio ilegal no alterando la dinámica del comercio legal internacional. Por
ende, el rol de la aduana debe ser de facilitador del comercio exterior, en función
de ello los instrumentos y medidas para el control aduanero deberán estar orientados a servir a los fines de simplificación aduanera (p.166).
Las importaciones de acero en México
La Secretaría de Economía (2012) destaca que la política arancelaria para el sector siderúrgico en México está orientada hacia las mercancías que se describen
en los capítulos 72 Fundición, hierro y acero, y 73 Manufacturas de fundición,
hierro y acero, de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y Exportación. (p. 19)
Es necesario destacar que México es el 14 productor de acero en el mundo, la
intensidad de emisiones del acero en México está en un 29.5% por debajo del
promedio mundial, asimismo, la producción anual de 2018 es de 20.2 millones
de toneladas de acero líquido y, por último, el acero producido vía reciclaje de
chatarra representa el 38% de la producción nacional (Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero, 2018)
Según Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (2019) en México los actores de la industria del acero se encuentran agrupados en: alto horno, horno eléctrico, laminadores, fabricantes de tubos, productores de materias
prima y fundidores, comercializadores y servicios relacionados. Las principales
entidades federativas productoras de acero líquido son Coahuila, Nuevo León
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y Michoacán. Las principales aduanas de importación de materias primas son
Piedras Negras, Ciudad Juárez y Altamira mientras que de productos terminados
Ensenada, Manzanillo y Tampico. Los principales productores de acero nacional
son ArcelorMittal México, AHMSA y Deacero. En relación al comercio exterior
los principales países proveedores de productos terminados de acero son Estados
Unidos (34%), Corea del Sur (20%) y Japón (17%). Las exportaciones mexicanas
de acero tienen como principales destino Estados Unidos (67%), Colombia (12%)
y Canadá (5%). Con un consumo per cápita de 227 kg por año, una generación de
empleos directos e indirectos de alrededor de 672 mil y aporta el 2.1% del PIB de
México (Canacero, 2019).
No obstante, en México a 2019 se renovó una salvaguardia las importaciones de
acero, imponiendo un arancel de 15% a 186 clasificaciones de productos (fracciones arancelarias), la cual estará vigente a partir del 26 de marzo de 2019 y con
una vigencia de 189 días naturales (Morales, 2019, a).
Esta salvaguardia se explica al persistir la ausencia de condiciones para una
competencia libre de distorsiones entre las industrias siderúrgicas de diferentes
países, aunado a una caída en los precios y una desviación del comercio por el
aumento de la oferta mundial del acero, resulta urgente y necesario establecer
un aumento del impuesto general de importación para 186 fracciones arancelarias. (Diario Oficial de la Federación, 2019).
Asimismo, se modificó el decreto por el que se establecen diversos programas de
promoción sectorial, con el fin de incorporar, por la misma temporalidad, diversas
fracciones arancelarias para evitar que el impuesto general de importación impacte a las cadenas productivas y se mantenga la competitividad en los sectores
industriales más sensibles como lo son el eléctrico, el electrónico, el automotriz y
el de autopartes (Morales, 2019, a).
Seguido el 20 de septiembre de 2019, la Secretaría de Economía, anuncia terminar la salvaguardia que a la fecha opera con un 15% de arancel a la importación
de 228 subpartidas de productos de acero. En el Diario Oficial de la Federación
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(2019, septiembre 20) se expone una eliminación gradual para 198 subpartidas
que iniciaran el 22 de septiembre del 2021 y concluirán 22 de agosto del 2024.
Adicionalmente, para las restantes 30 fracciones, se aplicará sólo una reducción
arancelaria gradual, de modo que las tasas de impuestos a la importación se establecerán en forma permanentemente en 5% para 26 fracciones, en 7% para otras
tres fracciones y en 3% para una fracción más (Morales, 2019, b).
Agrega Morales (2019, b) una primera salvaguardia comenzó en octubre del 2015
y terminó en octubre del 2017, abarcando 97 fracciones de productos siderúrgicos
(Diario Oficial de la Federación, 2015). Dicha salvaguardia fue originada por la
crisis el mercado internacional del sector acerero, provocada por la reducción en
el crecimiento de la demanda y la sobrecapacidad mundial. Posteriormente, entre
junio del 2018 y marzo del 2019, se modificó la salvaguarda, por un periodo más
de 180 días la última de ellas y cubriendo 186 fracciones de productos siderúrgicos (Diario Oficial de la Federación, 2018).
Explica Morales (2019, b) todo ello fundamentado en que la Secretaría de Economía
entre 2015-2019 realizo investigaciones por prácticas desleales de comercio exterior a diversos países y empresas, en la que se impusieron cuotas compensatorias
a 76 fracciones arancelarias, por lo que se requiere implementar un esquema en el
que se reestablezcan aranceles precedentes a 228 fracciones arancelarias como se
hizo en el Diario Oficial de la Federación (2019, septiembre 20).
Así en el plano internacional, en la reunión del Comité de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio el 18 de noviembre de 2019, países miembros
como Japón, Corea, Suiza, Australia, los Estados Unidos y China manifestaron su
preocupación por el aumento 45 notificaciones de medidas de salvaguardia adoptadas por los Miembros de la OMC, a lo que la OMC se refiere como un número sin
precedentes, en particular en el sector del acero. Dichos miembros, manifestaron
la necesidad de asegurar que esas medidas estén en conformidad con el Acuerdo
sobre Salvaguardias de la OMC (Organización Mundial del Comercio, 2019).
Por otro lado, el 7 de marzo de 2002 las Comunidades Europeas solicitaron la
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celebración de consultas con los Estados Unidos con respecto a las medidas de
salvaguardia definitivas que los Estados Unidos habían impuesto, con efecto a
partir del 20 de marzo de 2002, en forma de un aumento de los derechos aplicados
a las importaciones de determinadas láminas de acero, barras laminadas en caliente, barras acabadas en frío, barras de refuerzo, determinados tubos soldados de
acero, accesorios al carbono y aleados, barras de acero inoxidable, varillas de acero inoxidable, productos de acero fundidos con estaño y alambre de acero inoxidable, y en forma de un contingente arancelario a las importaciones de desbastes.
Las Comunidades Europeas consideraron que las medidas estadounidenses antes
mencionadas infringían las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de las
disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias y del GATT. No obstante, fue hasta 4 de diciembre de 2004 que los Estados Unidos informaron a los Miembros de
la OMC de que, que el presidente de los Estados Unidos había hecho pública una
proclamación por la que se ponía fin a todas las medidas de salvaguardia objeto de
la presente diferencia, de conformidad con el artículo 204 de la Ley de Comercio
de 1974 (Organización Mundial del Comercio, 2003).
En este sentido, se evidencia un malestar de la rama nacional de la industria del
acero representada en la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
-Canacero por imponer salvaguardas y aumentar la cobertura a productos como
viga, barras, perfiles, tubería y varillas, como medida de protección frente a la
liberalización de las importaciones de acero (Morales, 2019, a). Que en 2010
inicio una solicitud de investigación por salvaguardias sobre las importaciones de
tubería de acero con soldadura helicoidal ante la Secretaría de Economía cuyos
implicados fueron India, China, Japón, Rusia, Iraq y Corea del Norte, no obstante,
en marzo de 2012 la investigación concluye sin medidas de salvaguardia (DOF,
2010; DOF, 2012).
En septiembre de 2019, se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota
compensatoria impuesta a las importaciones de placa de acero en hoja originarias
de la República Popular China (DOF, 2019). En noviembre de este mismo año
la Secretaría de Economía emite un preliminar de la investigación antidumping
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sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable originarias de la
República Popular China y del Taipéi Chino (DOF, 2019, noviembre 21). Sumado
a esto en diciembre, la Secretaría de Economía da inicio del examen de vigencia
de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de cables de acero originarias de la República Popular China (DOF, 2019, diciembre 2). Acto seguido
unos días después, Secretaría de Economía inicio del examen de vigencia de la
cuota compensatoria impuesta a las importaciones de tubería de acero al carbono
con costura longitudinal recta originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte (DOF, 2019, diciembre 10). A lo que se suma la misma investigación para Estados Unidos (DOF, y otra de discos de aluminio a la República
popular de China (DOF,2020, marzo 27).
Finalmente, el 13 de diciembre de 2019, luego de haber realizado la investigación
antidumping, resuelve imponer a la República Popular China, cuota compensatoria a sus importaciones de tubería de acero sin costura por la suma de $1,568.92
dólares por tonelada métrica a partir del 8 de enero de 2019 (DOF, 2019, diciembre 13).
La salvaguardia como instrumento de defensa comercial
Al negociar acuerdos comerciales se establecen procedimientos para aplicar medidas para defender a los productores nacionales en caso de verse afectados por
subsidios, dumping o mayor competitividad.
Los instrumentos de defensa comercial son de carácter temporal y rigen de conformidad al acuerdo donde se interponen es decir ante organismos de integración
económica como la OMC, TMEC o TLCUE, en este sentido existen formas para
limitar el ingreso de mercancías que amenazan con dañar una rama productiva
nacional, estos son: medidas antidumping, derechos compensatorios, y medidas
de salvaguardias que son las de interés de este estudio (Lombana et al, 2013, 103).
Las medidas de salvaguardia se toman para proteger a la rama nacional de un
incremento repentino en las importaciones, el cual no podría ser anticipado por
los históricos de importaciones del producto en cuestión. Al incrementar los
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volúmenes de importaciones los precios nacionales tienden a disminuir colocando
en riesgo a la rama de producción nacional (Lombana et al, 2013, 104).
Así, la salvaguardia consiste en elevar aranceles a uno o más productos, siempre
que una industria se vea afectada negativamente por aumento repentino, importante e imprevisible de las importaciones en este caso de acero, con el fin de
conceder un alivio temporal al reducir las importaciones y realizar los cambios
necesarios (Opportimnes, 2019).
El levantamiento del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA
a las importaciones de acero en México
Señala Mora (2016) la aduana es una entidad administrativa del estado encarda
de las funciones propias del control de tráfico internacional de mercancías en las
fronteras de México. Las funciones de recaudo de tributos, ejercicio de prohibiciones y restricciones y control de entrada y salida de mercancías de las fronteras
permiten la puesta en práctica de la regulación local en el comercio internacional,
de modo que se da un trato especifico a los bienes que son objeto del comercio,
como el cobro de derechos llamados aranceles, medidas sanitarias, fitosanitarias,
zoosanitarias según sea el caso (p.2).
Por mandato de ley el SAT, en México ejerce control para la reducción del comercio ilícito y alcanzar estándares internacionales en buenas prácticas de comercio
exterior. Por ello en coordinación con las administraciones tributarias y aduaneras
intercambia información a fin de mitigar el fraude comercial, el contrabando, el
narcotráfico y el lavado de dinero.
Agrega Mejía et al (2017) en México a pesar de los planes de modernización de
aduanas que implican estrategias orientadas a balancear la facilitación comercial y
el control aduanero, este debe adaptarse al cambio constante ya que precisamente
los infractores ajustan las formas de cometer ilícitos. No obstante, se observan
cambios en el sistema de administración del riesgo que incide en el bienestar del
funcionario de aduana como la del país.
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El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA consiste en un conjunto de actos previstos en la ley de aduanas mexicana que tienen por objeto determinar las contribuciones de comercio exterior omitidas e imponer las acciones
según sea el caso. El acto preparatorio de mayor importancia en dicho procedimiento es el embargo precautorio de la mercancía, en el que queda a disposición
de la autoridad aduanera en un recinto fiscalizado para su manejo, guarda y custodia, por tratarse de una mercancía irregular o con precios subvaluados. Dicho embargo puede ser sustituido con un depósito en cuenta aduanera de garantía que se
tramita ante entidades bancarias o casas de bolsa (Opportimes, 2019, septiembre).
Es definido por Apta CE (s.f., p.2) como:
Conjunto de actos previstos en la Ley, ligados en forma sucesiva y que tiene
la finalidad de emitir una resolución condenatoria o absolutoria, derivada de
las incidencias detectadas por la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de comprobación en operaciones de comercio exterior, respetando la
garantía de audiencia del particular al valorar las pruebas y analizar las argumentaciones que pretendan acreditar la legal introducción, posesión, tenencia
o estancia de mercancía de procedencia extranjera en territorio nacional o la
salida de éste de mercancía nacional.
Ahora bien, señala Vallejo (2015) que el embargo precautorio de la mercancía es
un procedimiento que agrede los derechos del particular, quien además de verse
privado de su posesión, sufre perjuicios económicos, que se agravan con el transcurso del tiempo. Si bien el procedimiento está regulado por un suficiente marco
jurídico que incluyen la ley de aduanas, reglamentos, el código fiscal de la federación y normas del manual de operación aduanera. Su trámite sigue siendo deficiente, confuso, disperso, contradictorio y omiso, que termina por obstaculizar la
defensa del ciudadano. Aunado a ello la diversidad de jerarquía en las normas,
pluralidad de criterios para su interpretación, instrucciones no uniformes para su
aplicación y consecuente inseguridad jurídica del importador hacen de esta actividad un espacio para la arbitrariedad.
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Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos
Por disposición de la autoridad aduanera, en México se aplica el Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos (AAIPS) al importar productos de
146 fracciones arancelarias de los capítulos 72 y 73 de la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación - TIGIE para importaciones definitivas. Entre estos productos se encuentran tubos con y sin costura,
placas en rollo, láminas roladas en frío y en caliente, planchón, barras de acero,
alambrón, perfiles, entre otros.
Así la presentación de aviso de importación y el certificado de molino de forma
anexa, se realiza conforme a las directrices de la Ley de Comercio Exterior y su
reglamento, y el acuerdo del 5 de diciembre de 2013 por el que se emiten reglas
y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, así como por sus
reformas en fechas del 11 de agosto de 2014, el 29 de septiembre de 2015 y el
13 de abril de 2016 por Secretaría de Economía (Secretaría de Economía, 2020).
Cabe resaltar que este aviso se hace de forma electrónica a través de la ventanilla
única de comercio exterior – VUCE (Secretaría de Economía, 2016).
En el certificado deberá incluir información como descripción detallada de la mercancía, en español, descripción, tipo de acero, tipo de recubrimiento, tipo de acabado, clave de identificación, trascripción total de los elementos químicos, tipo
de presentación, accesorios y dimensiones del producto (Secretaría de Economía,
2016).
3.- MÉTODO
Diseño
La investigación en la que se origina este artículo se realizó desde un enfoque
cuantitativo, con una metodología cuantitativa de tipo analítica y un diseño no
experimental. Las variables trabajadas (la clasificación arancelaria, las importaciones de acero en México y el levantamiento de Procedimiento Administrativo
en Materia Aduanera PAMA a las importaciones de acero en México) se analizaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169

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ron a través de minería de datos en bases de datos como Trademap de la Cámara
de Comercio Internacional y datos abiertos del Sistema de Administración Tributaria SAT.
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, pues de acuerdo con
Mariñelarena, Errecalde y Castro (2017) la técnica de minería de textos hace
posible la medición o evaluación de distintos constructos, a diferencia de la utilización de los tradicionales cuestionarios o encuestas (p. 73).
El alcance establecido es el analítico o interpretativo, pretende encontrar pautas
de relación internas en un evento para llegar a un conocimiento más profundo
de este, que la mera descripción. Para ello se vale de las matrices de análisis,
que proporcionan los criterios que permiten identificar esas pautas de relación.
La investigación analítica intenta desentrañar lo que está más allá de lo evidente
(Hurtado, 2010, p. 133).
El diseño de investigación escogido es el transversal, porque el estudio que se
busca hacer no tendrá un seguimiento en el tiempo y se efectuará en un periodo
determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154).
Instrumentos
Se realiza minería de datos a través de la información de fuentes secundarias
como Trademap de la Cámara de Comercio Internacional y datos abiertos del
Sistema de Administración Tributaria SAT entre el período 2010-2019.
Procedimiento
En relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentEn relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen
las variables: la clasificación arancelaria, las importaciones de acero en México y
el levantamiento de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA
a las importaciones de acero en México. Asimismo, se analizan los conceptos
básicos y su aplicación en el comercio exterior. Una vez recopilada y analizada
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la información se construye el documento objeto de este trabajo. Por último, se
realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados
(Lechuga, Leyva y Núñez, 2019; Lechuga, Núñez y Leyva, 2019).
4.- RESULTADOS
Las importaciones de acero en México
En la ilustración 1 se observa un comportamiento incremental de la partida 7225
con caídas en 2013 y 2016, junto con las subpartidas 7210 y 7212 representan las
de mayor importación en el renglón del acero en México, no obstante, estas dos
últimas entre 2016-2019 experimentan un desplome al igual que el resto de sus
subpartidas seguidoras.
Ilustración 1: Importaciones Mexicanas 2010-209 de Fracciones Arancelarias
Modificadas en DOF 25/03/2019

Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Trademap4 (2010-2019) importaciones
en miles de dólares americanos subpartidas modificadas en el Diario Oficial de la
Federación - DOF: 25/03/2019.
Los principales proveedores en México de la partida 72 Fundición, hierro y acero
son Estados Unidos siendo el líder y Japón su seguidor, entre 2016-2019 se observa un decrecimiento en algunos proveedores como China, Taipéi, Corea, Países
Bajos y Canadá.
4 Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas por la Cámara de Comercio Internacional.
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Ilustración 2: Importaciones mexicanas 2010-2019 de Partida 72 Fundición, hierro y acero por origen

Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Trademap (2010-2019) importaciones
en miles de dólares americanos Partida 72 Fundición, hierro y acero por diez principales exportadores.
Con respecto a las importaciones de manufacturas de fundición, acero y hierro la
ilustración 3 muestra que Estados Unidos y China son los principales proveedores
para México en este renglón, seguidos de Japón que en 2017 experimentó un
repunte de sus exportaciones hacia México.
Ilustración 3: Importaciones mexicanas 2010-2019 de Partida 73 Manufacturas de
fundición, hierro y acero por origen

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Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Trademap (2010-2019) importaciones
en miles de dólares americanos Partida 72 Fundición, hierro y acero por diez principales exportadores.
Se puede observar que el número de casos en el primer trimestre del 2019 fue
superior al del 2020, uno de los factores que pudo incidir es el ajuste en la legislación aduanera emitida por la Secretaría de Economía en función de la salvaguardia del acero en México.
El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera PAMA en importaciones
de acero en México
Ilustración 4: Número de Casos Procedimiento Administrativo en materia aduanera

Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Servicio de Administración Tributaria
(2020).
Las cifras dejan ver un descenso en el valor de las importaciones entre 2019-2020,
probablemente motivado por el ajuste en la legislación aduanera emitida por la
Secretaría de Economía en función de la salvaguardia del acero en México.
Ilustración 5: Acumulado del valor de la mercancía embargada en millones de
pesos mexicanos

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Fuente: Elaboración propia (2020), Nota: Servicio de Administración Tributaria
(2020).
5.- CONCLUSIONES
En los apartados anteriores se ha podido comprender el caso de salvaguardia en la
industria del acero en México durante la última década aunado a la importancia de
la correcta clasificación arancelaria de las mercancías en México. En definitiva,
sobre la base de los resultados obtenidos con la realización de la minería de datos,
se pueden enumerar algunas conclusiones generales:
1. El sistema aduanero mexicano ante la firma de mayor cantidad de acuerdos
comerciales derivados de la apertura económica que vive México, requiere de
una renovación en la fiscalización de las mercancías importadas, con especial
importancia en actos de terrorismo, contrabando y narcotráfico en lo que es
imprescindible la aplicación de la ley de aduanas.
2. En los últimos años se observa en México una actualización en materia legal
de los procesos de importación, exportación, almacenaje y otros de comercio
exterior con el objetivo de la facilitación del comercio, en el que procedimientos documentales han pasado a ser totalmente electrónicos que redundan en
mayores niveles de eficiencia en el despacho aduanal (Tamez et al, 2017)
3. Es función del Sistema de Administración Tributaria SAT tener un comercio
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de acero en México leal, donde se procure erradicar prácticas desleales que
dañen a los productores nacionales. El comercio internacional requiere que
los exportadores declaren precios de exportación reales, no subvaluados o artificiales porque de esta manera causan daño a ramas nacionales como la del
acero, en estas situaciones es deber de la autoridad aduanera defender la planta productiva nacional de dichas prácticas de comercio desleal (Tamez et al,
2017).
4. Es de suma importancia acatar de manera correcta las disposiciones legales
en materia aduanera, con especial acentuación en la clasificación arancelaria,
pues la inobservancia de la norma puede repercutir en las finanzas de empresas o ramas productoras como la del acero. Por tanto, es importante destacar
el rol del sujeto operativo como del supervisor de comercio exterior en aplicar
medidas preventivas que eviten sanciones de la autoridad como son los procedimientos administrativos en materia aduanera (Tamez et al, 2017, 301).
Finalmente, podemos afirmar que la presente investigación sirve como paso previo para futuras líneas de investigación, que incluyan una investigación empírica
encaminada a profundizar en el conocimiento las medidas arancelarias de defensa
comercial en México. Siendo consciente de ello se considera oportuno dar continuidad a este estudio planteando como futuras líneas de trabajo el desarrollo de
una investigación empírica sobre la incidencia de la clasificación arancelaria en
las importaciones de acero en México que pueda facilitar datos cuantitativos y
estadísticamente relevantes.
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se declara el inicio del procedimiento administrativo del examen de vigencia
de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de tubería de acero
al carbono con costura longitudinal recta originarias de los Estados Unidos
de América, independientemente del país de procedencia. http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5592544&amp;fecha=30/04/2020
Diario Oficial de la Federación México (2020, marzo 27). Resolución Preliminar
del procedimiento de investigación antidumping sobre las importaciones
de discos de aluminio originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia. https://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5590598&amp;fecha=27/03/2020
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�La salvaguardia: El caso de la industria del acero en México

114

Diario Oficial de la Federación México (2019, diciembre 13). Resolución final del
examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones
de tubería de acero sin costura originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581851&amp;fecha=13/12/2019
Diario Oficial de la Federación México (2019, diciembre 10). Resolución por
la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria
impuesta a las importaciones de tubería de acero al carbono con costura
longitudinal recta originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, independientemente del país de procedencia. https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5581386&amp;fecha=10/12/2019
Diario Oficial de la Federación México (2019, diciembre 2). RESOLUCIÓN por
la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria
impuesta a las importaciones de cables de acero originarias de la República
Popular China, independientemente del país de procedencia. https://dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5580547&amp;fecha=02/12/2019
Diario Oficial de la Federación México (2019, 27 de septiembre). Resolución por
la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria
impuesta a las importaciones de placa de acero en hoja originarias de la
República Popular China, independientemente del país de procedencia. http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573754&amp;fecha=27/09/2019
Diario Oficial de la Federación México (2019, noviembre 21). RESOLUCIÓN
Preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de
productos planos de acero inoxidable originarias de la República Popular
China y del Taipéi Chino, independientemente del país de procedencia. https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579454&amp;fecha=21/11/2019

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 93-118. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/169

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Diario Oficial de la Federación México (2019, 20 de septiembre). Decreto por el
que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto general de
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por
el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y el Decreto
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573163&amp;fecha=20/09/2019
Diario Oficial de la Federación México (2019, 25 de marzo). Decreto por
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Diario Oficial de la Federación México (2018, 20 de junio). Decreto por el que
se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante
2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias
de América del Norte y el Decreto por el que se establecen diversos Programas
de Promoción Sectorial.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525036&amp;fecha=05/06/2018
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php?codigo=5410812&amp;fecha=07/10/2015

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Diario Oficial de la Federación México (2012, 28 de marzo). Resolución
final de la investigación por salvaguardias sobre las importaciones de
tubería de acero con soldadura helicoidal. Esta mercancía se clasifica en
la fracción arancelaria 7305.19.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.
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Diario Oficial de la Federación México (2010, 2 de julio). Resolución por la que se
acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
por salvaguardias sobre las importaciones de tubería de acero con soldadura
helicoidal. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7305.19.01 de
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Mediación Familiar en México. Avances en Justicia alternativa para
conflictos familiares1
Family Mediation in Mexico. Advances in alternative justice for family conflicts
Araceli, Castillo Caraveo2
https://orcid.org/0000-0003-0826-0723
Universidad Autónoma de Guadalajara, México
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-5

___________________________________________________________________________
RESUMEN

El presente artículo es resultado de una revisión que tuvo por objetivo analizar el desarrollo de la mediación dirigida a las entidades federativas y su impulso en la mediación familiar, así como los avances
que estas han tenido respecto a los desarrollos de este proceso de justicia alternativa a nivel nacional,
por lo que para hacer propuestas en la materia, se necesita indagar respecto a cómo se encuentra este
proceso alternativo en la actualidad y de qué manera la contemplan actualmente, desde sus legislaciones
especializadas hasta los números de asuntos que han resuelto en el último año, de modo que, se analizará
conforme a las estadísticas y las legislaciones, aquellos avances que han tenido en la mediación familia.
Palabras claves: Conflicto familiar, familia, mediación, mediador, principios.
ABSTRACT
This article is the result of a review that aimed to analyze the development of mediation aimed at federal
entities and their momentum in family mediation, as well as the progress they have made with regard
to the developments of this alternative justice process at the national level, so to make proposals in this
area, it is necessary to look into how this alternative process is currently and how it is currently contemplated, from its specialized laws to the numbers of issues that have been resolved in the last year, so
that, it will be analyzed in accordance with the statistics and legislations, those advances that have had
in family mediation.
Keywords: Family, family conflict, mediation, mediator, principles.
Recibido: 04 de Mayo 2020 - Aceptado: 29 de Julio 2020
Cómo referenciar este artículo:
Castillo, C., A. (2021). Mediación Familiar en México. Avances en Justicia alternativa para conflictos
familiares. Revista Politica Globalidad y Ciudadanía, 119-149. Recuperado de http://revpoliticas.
uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/170. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-5

1 Este artículo es producto del proyecto Mediaciòn familiar, financiado por la especialidad en derecho civil en la Universidad Autònoma de
Guadalajara. Iniciado en Septiembre de 2020 y finalizado en Diciembre de 2020.
2 Maestrante en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco, Código Orcid: 0000-00030826-0723. Email: araceli.cast86@gmail.com.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

�Mediación Familiar en México...

120

1.- INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como objetivo llevar a cabo estudio cualitativo sobre los
avances que ha tenido la mediación familiar en México, dado que este mecanismo alterno de solución de controversias es un método especializado que ayuda a
solucionar los conflictos familiares de diversa índole y fue uno de los primeros
en impulsar la resolución de las controversias sobre esta materia en México sin
necesidad de llegar a las instancias judiciales. En ese sentido, se llevará a cabo
un estudio partiendo de lo que son los conflictos familiares y como se clasifican,
así como las opiniones de diversos doctrinarios especialistas en la materia, lo
que dará un panorama claro de que son las controversias y la manera en cómo se
pueden resolver.
Seguidamente, se estudiarán los conceptos de mediación familiar, así como los
principios que rigen estos procedimientos, tal como la confidencialidad, la igualdad, la imparcialidad, entre otras directrices clásicas de la mediación. Posteriormente, se podrá estudiarán los avances que la mediación familiar ha tenido a nivel
nacional, así como la investigación que se haga de acuerdo con las estadísticas
que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha hecho respecto al tema.
Actualmente, en México, hay estados que no contemplan en sus legislaciones
expresamente el mecanismo alterno de solución de conflictos con especialización
en materia familiar, o bien hay entidades federativas que todavía no cuentan con
mediadores especializados en la especialidad, o bien, órganos encargados específicamente de resolver conflictos alternos relacionados con familia, por lo tanto
el objetivo principal de este trabajo es saber que estados lo contemplan y de qué
manera lo expresan en sus legislaciones asimismo como se ha avanzado en la
resolución de conflictos familiares a nivel nacional y cuantos son los asuntos que
han terminado en convenio a través de una mediación.
Sin embargo, cabe señalar la siguiente pregunta ¿cuáles son los avances que se
ha hecho respecto a la mediación familiar a nivel nacional? En ese sentido, la
mediación familiar empezó como un mecanismo alterno de solución de controRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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versias iniciado en entidades federativas como en el Distrito Federal (hoy Ciudad
de México), de modo que, se necesita saber cuál es la situación de las entidades
federativas respecto a la implementación de estos mecanismos.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
Los conflictos familiares
Los conflictos o controversias han existido desde tiempos de antaño, ya que en las
guerras hasta en los conflictos más comunes entre las personas, han sido la fuente
de diferentes problemas que traen aparejado desastrosas consecuencias en el entorno social, económico y en diferentes aristas de la convivencia, sin embargo, al
originarse un conflicto, también se necesitan herramientas que ayuden a resolverlo, por lo que estos instrumentos deben ser utilizados de forma correcta y tener los
conocimientos necesarios que ayuden a ejecutarlos en los términos que establecen
las reglas o principios que rigen estas modalidades de solución de controversias.
En ese sentido, el conflicto ha sido definido dentro de la doctrina especializada
de diferentes maneras, así, un concepto comúnmente aceptado desde el latín, es
la palabra conflictus que significa chocar, afligir o infligir, ya que tal como María
Elina Funquen Alvarado (2003) señala el conflicto también significa desgracia,
mala suerte, lo que puede también considerarse como algo aberrante o patológico,
violencia, disfunción en general, o bien como una situación no animada para las
personas que se encuentran inmiscuidas en él.
La acepción original del conflicto da una idea de un choque, de una disfunción
en algún entorno, lo que puede suscitarse dentro de diferentes entornos sociales,
esa mala desgracia o mala suerte que hace referencia la autora, puede ser una
situación que se genera a partir del desacuerdo que se suscita entre una o varias
personas, o bien puede ser una consecuencia para algunas personas inmersas en
el conflicto.
Por lo tanto, dentro del entorno social se pueden originar estas situaciones anímicas que ocasionan molestias e incluso llegan a extremos como la violencia física
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u otros tipos de violencia. De igual manera, es evidente que, si las controversias
se originan en la sociedad, estas también se introducen hasta su base que es la familia. Así tal como, Martínez (2019) menciona, la familia es el origen de todas las
relaciones sociales, definido como un grupo, un núcleo o célula de la sociedad que
se compone por distintos individuos de forma indisoluble, en ese tenor, se puede
considerar a la familia como una unidad social, plural y compleja y no solo como
una simple unidad o individualidad.
Cabe señalar que el origen de la familia es indisolublemente la base de la sociedad, es la que siembra las semillas para que las relaciones sociales se vayan forman y originando, formando una unidad plural y compleja como señala la autora,
ya sea en una determinada situación geográfica, en un estado, en un país, o en un
pueblo o villa pequeña, de modo que cuando estas conviven e interactúan entre
ellos, se empiezan a crear las relaciones sociales,
Por lo tanto, dentro de la familia hay un número incierto de individuos que forman una unidad y están unidos no solo por vínculos de afinidad, o consanguíneos,
además, se encuentran los de tipo afectivo o emocional, y estos nexos son los
que más unen a estos grupos, no obstante, se pueden presentar ocasiones en que
a pesar de las relaciones entre ellos, empiezan a verse deterioradas por diversas
causas, que van desde los desacuerdos en una herencia, un conflicto por divorcio,
o hasta el extremo de llegar a una violencia intrafamiliar, de modo que esto genera
un caos en la estabilidad del núcleo social y puede traer desastrosas consecuencias
desconfigurando las estabilidades de otros núcleos sociales.
En ese sentido, cuando se habla del tema sobre conflictos familiares, la doctrina
especializada ha elaborado la tipología de estos, así, Iglesias (2018) menciona que
los conflictos familiares se clasifican de la siguiente forma: Conflictos de Convivencia: este tipo de controversias se originan en la interacción de los diferentes
miembros del círculo familiar, de modo que, dentro de este tipo se pueden subclasificar en conflictos intergeneracionales que se da entre padres e hijos causada por
diferencias entre los valores y características de cada generación. Asimismo, se
puede hablar de conflictos que surgen por la convivencia de personas que integran
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el componente familiar, tales como comunicación, respeto, reparto de tareas.
Cabe señalar que los conflictos de convivencias y los conflictos de personas que
integran el componente familiar se dan entre tíos, sobrinos, primos, es decir puede
variar los roles de los participantes en la familia, de forma que, los participantes
pueden ser en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o más grados, siempre
las controversias de este tipo se pueden originar entre familias lejanas o cercanas.
Por otro lado, se encuentran los conflictos económicos familiares, que tratan del
reparto de bienes o sostenimiento del hogar por parte de los miembros de la unidad familiar, este tipo de controversias abarcan la distribución de funciones y
actividades, así como el reconocimiento y el valor que se otorga a cada integrante
de la familia para el sustento del hogar (Iglesias, 2018, p.86).
En ese orden de ideas, los conflictos económicos familiares tienen una peculiaridad muy importante, dado que la controversia está en el valor pecuniario, por lo
tanto, pueden suscitarse casos en los cuales un miembro de la familia no aporte a
los gastos del hogar donde el caso más común se presenta hipotéticamente cuando
la madre o el padre no aportan a los gastos para los hijos o el sostenimiento para
los gastos de la casa. Sin embargo, los casos de esta clasificación se reflejan en
padres separados o excónyuges, donde alguno no quiere aportar a los gastos de
los hijos cuando se trata de pensiones alimenticias o pensiones compensatorias, lo
que sin duda alguna trae consigo conflictos que se pueden ir agravando conforme
al tiempo.
Por otro parte, se encuentran los conflictos de las familias reconstituidas, que son
los que se crean a partir de la aparición de otros cónyuges, y otras aportaciones
familiares como hijos de la nueva pareja, familia extensa, etcétera. De modo que,
este tipo de conflictos se origina en las relaciones de nuevas parejas o bien entre
los hijos de la primera pareja con la segunda cónyuge, empero, los conflictos
pueden tener detrás de ellos diversos intereses o necesidades, uno de ellos puede
ser que haya una molestia o no haya simpatía entre los mismas parejas, o bien,
los hijos de la expareja con los de la segunda no tengan una buena relación, por lo
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tanto va a depender del ambiente que reina y los antecedentes que se encuentren
en ese tipo de relaciones.
Por último, se encuentran los conflictos entre las familias acogedora y biológica, las cuales tienen contacto y convivencia, así, estos hechos producen nuevas
necesidades y situaciones complejas que precisan mecanismos positivos, pacíficos e inclusivos para favorecer la resolución eficaz. (Iglesias, 2018, p.86)
Por ende, dentro de la vida diaria se pueden originar conflictos familiares en sus
diferentes modalidades, por lo que se debe contar con herramientas especializadas que ayuden a resolverlos sin la necesidad de llegar a instancias que agraven
las relaciones familiares y los afectos que entre ellos existen. En ese sentido, los
desacuerdos representan una serie de obstáculos que impiden la convivencia entre
ese grupo, de manera que es necesario aprender a controlarlos y transformarlos a
través de la mediación familiar.
En ese orden de ideas como Ponce (2017) menciona la crisis familiar es parte del
proceso conflictivo-evolutivo que se vive como seres humanos y grupos sociales,
sin embargo, lo que verdaderamente importa es rescatar de esta etapa de crisis,
la experiencia, resaltar lo positivo, y el replanteamiento de cada vida personal ó
social sin desviarse de la plenitud y la paz.
En efecto, lo que el autor ha mencionado como crisis familiar, es verdaderamente
un proceso conflictivo evolutivo, donde de las experiencias familiares pueden ser
reflejo para que aprendan a convivir. Por lo tanto, para vivir esas experiencias y
conocer cómo se originan este tipo de conflictos, es necesario adentrarse en las
técnicas y herramientas que ofrecen los mecanismos alternos de solución de controversias, en especial, en su vertiente familiar.
La Mediación Familiar
Tal Como Rodríguez (2010) menciona, la mediación familiar se configura dentro
de un nuevo paradigma para la resolución de conflictos familiares, o bien, como
una alternativa al sistema judicial adversarial o contradictorio ya que estos últiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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mos lejos de resolver los conflictos, contribuyen a agravarlos de forma cuantitativa y cualitativa aquellos procesos de crisis y ruptura familiar (p.103). De manera
que, como Pérez (2008) señala la mediación es:
Una estrategia de intervención que tiene como fin conseguir una salida pacífica a los conflictos generados en la convivencia familiar. En este proceso, las
partes en disputa pretenden resolver sus diferencias negociando con la ayuda
de una tercera persona, el mediador, quien facilita la búsqueda de soluciones,
permaneciendo neutral y sin ejercer ningún tipo de poder en las decisiones que
se adoptan. (p.940)
En efecto, la mediación es un mecanismo alterno de solución de controversias
donde participan dos o más partes y un mediador, quien es experto en usar técnicas y herramientas para transformar su conflicto familiar, por lo que estas de forma
voluntaria someten su conflicto ante un experto, quien puede estar especializado y
tener experiencia en el trabajo de diferentes conflictos familiares, como el caso de
los cónyuges separados o bien, un grupo familiar que acuda de manera voluntaria
a las sesiones que se brindan y puedan llegar a un acuerdo.
En ese sentido, más específico es el concepto de Perrone (1999) quien define a
la mediación familiar como una forma de ayudar en la gestión de conflictos y no
precisamente en su resolución, en el que las partes son los padres que se separan
y son orientados por terceros no implicados en el proceso conflictivo, asimismo
colaborarán con las partes en la manera de buscar soluciones para los hijos, garantizando las responsabilidades parentales hasta finalizar el proceso ya sea con un
acuerdo escrito el cual que debe ser homologado por el juez.
No obstante, debe de tomarse en consideración, que la mediación no solo es un
mecanismo que ayuda a llegar a un acuerdo, dado que más allá de esto, su objetivo
principal es mejorar las relaciones rígidas que se originaron a partir del enfrentamiento que hubo entre las partes, de manera que, con las técnicas como el rapport,
la escucha activa entre otras se ayuda a que estas puedan encontrar una mejor
manera de resolver sus diferencias y volver a tener una buena convivencia.
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Así Valdivia (2019) menciona que la mediación familiar propicia el diálogo, la
comprensión de las situaciones problemáticas, la madurez para anteponer los intereses colectivos sobre los intereses individuales asimismo genera un ambiente
propicio para compartir y debatir ideas, así como propuestas que brinden confianza y que de igual forma permitan avanzar en la construcción de acuerdos y
consensos.
Por lo tanto, el rol del mediador se centra en las necesidades del sistema familiar,
en cuanto promueve el ejercicio de los nuevos roles paterno-filiales, enfocando su
interés en las necesidades de los padres e hijos, así, la mediación familiar representa una nueva visión de resolver los conflictos conyugales, y sus diferencias de
una manera más humana en donde se revisará que el acuerdo celebrado por los
mediados tenga el objetivo de ser factible para cumplimiento y duradero en el tiempo debido al factor temporal de la familia y su esencia. (González, 2020, p.77)
No obstante, como Iglesias (2018) comenta el método habitual de los conflictos
familiares es el sistema judicial, pero este sistema es un elemento que no está
preparado para hacer resolución frente a determinados conflictos familiares, es
decir:
La discrepancia entre el conflicto surgido en el seno familiar y el instrumento
que se utiliza para su gestión, mayoritariamente y como hemos visto anteriormente el Sistema Judicial, se presenta de muy diversas formas, siendo las más
significativas una agudización del conflicto interpersonal de los adultos, un deterioro o ruptura de las relaciones parentales y una serie de incumplimientos de
las medidas determinadas en la sentencia judicial. (p.82)
Además, el sistema judicial no ha traído beneficios para la mejor convivencia de
las familias, ya que en la práctica por ejemplo se puede notar como los padres de
un hijo después de una separación no llevan una buena convivencia, asimismo
los procedimientos jurisdiccionales traen aparejados gastos exorbitantes como los
honorarios de los abogados, los gastos en gestión, entre otros.
Sin embargo, la mediación familiar puede presentar diversas modalidades, ya que
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por un lado en la mayoría de las entidades federativas se encuentran establecidas dentro de los poderes judiciales locales o bien, se encuentran instituciones
privadas consideradas como especialistas en este tipo de conflictos (mediadores
privados), o bien bufetes legales donde los abogados empiezan a especializarse
en esta materia.
En ese sentido, Gorjón y Vázquez (2015) mencionan que la mediación permite el
mejoramiento de las instancias judiciales y surge como un nuevo paradigma para
contrarrestar los aspectos, ya que en la última década han influido para lo que se
ha denominado una crisis de justicia. Este mismo autor menciona un listado de las
deficiencias en la resolución de los conflictos en el sistema judicial y la necesidad
de la mediación debido a: a) las instancias judiciales no se dan abasto; b) difícil
acceso a la justicia; c) ignorancia y escaso conocimiento de los MASC; d) desconocimiento del rol de los abogados en la mediación; e) perspectiva de los demás
profesionales.
Cabe destacar que Gorjón se refiere a un elemento que considera como uno de
los principales obstáculos para que no se desarrolle como el desconocimiento de
los MASC y el desconocimiento del rol de los abogados en la mediación, a decir
verdad muchos abogados vienen de la práctica del litigio donde sus casos los resuelven a través de juicios que se les presentan, de igual manera, los estudiantes
pertenecientes a las facultades de leyes se integran en la práctica de lo que es el
litigio, y los MASC los dejan como un procedimiento secundario, sin darle la
debida importancia que tienen hoy en día.
Sin embargo, debe considerarse que poco a poco los mecanismos alternos han
venido integrándose de una manera paulatina en diversas ramas del derecho, aunque en algunas materias no se encuentre integrada en la ley de la materia, como
es el caso del derecho administrativo, de modo que a través de los talleres o conferencias que se imparten han tenido repercusión muy importante en la práctica
jurídica, hasta el punto de despertar ese interés en los abogados y los estudiantes
de derecho.
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En ese orden de ideas, debe considerarse que este no es solo un procedimiento
dirigido a todo aquel que tenga una formación jurídica, ya que de igual manera
los psicólogos o trabajadores sociales son los perfiles que se necesitan para ocupar
puestos en la mediación, dado que en un momento estos pueden tener un mejor
talento que los abogados para poder desarrollar la justicia alternativa en cualquier
materia, o bien pueden tener más experiencia dentro de la praxis para métodos de
solución de conflictos.
Por lo tanto, la mediación familiar a partir de lo que se comentó anteriormente,
puede dividirse en judicial e intrajudicial, ya que, -de acuerdo con la doctrina-, la
de tipo intrajudicial es aquella que tiene lugar en el marco de un proceso judicial
a requerimiento de ambas partes, de una de ellas, o bien, por indicación del juez.
Por su parte, la mediación extrajudicial es impulsada antes de iniciar el proceso
de jurisdicción.
Si bien es cierto, los mecanismos alternos no solamente pueden darse en los órganos que se encuentran adscritos a los Tribunales Superiores de Justicia de las
entidades federativas, de manera que, hoy en día existen despachos o buffettes legales que ya cuentan con una preparación o certificación para poder llevar a cabo
lo que se conoce como una mediación privada, teniendo sus respectivos costos,
y especialización en conciliación o mediación familiar. Por lo tanto, una de las
ventajas es que muchos abogados prefieren resolver sus conflictos a través de los
mecanismos alternos, debido a la rápida solución que se le da a los asuntos, y no
se debe dejar de la lado el nacimiento de una buena relación que puede generar
entre las partes al resolverse.
Por un lado, Ortuño (2000) considera que la mediación intrajudicial es aquella
que se desenvuelve dentro del ámbito de gestión de litigio en los tribunales, en
cambio la de carácter extrajudicial es la que tiene lugar fuera del ámbito del proceso y sin alguna interferencia en el mismo, ya sea a la interposición de la demanda,
o con posterioridad a la misma.
Como se refleja, la mediación puede ser solicitada en cualquier momento por las
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partes ya sea durante el procedimiento o bien, antes de instaurarlo, de manera que,
en la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas se encuentran las
condiciones por las cuales pueden someterse a los procedimientos de mecanismos
alternos. Actualmente, en la mayoría de los poderes judiciales del fuero común,
se les hace saber a las partes en los primeros acuerdos de admisión de demanda
el hecho de que en todo momento tienen el derecho de acceder a los mecanismos
alternos de solución de controversias, por lo que sí es su deseo el juez o secretario
judicial los puede canalizar al área de conciliación o mediación en el momento en
el cual lo requieran.
Los principios en la mediación
En todos los mecanismos alternos de solución de controversias hay principios
que se deben garantizar para el buen desarrollo de estos procedimientos, así al
salvaguardarse y respetarse estas directrices, la mediación o conciliación van encaminadas a tener éxito en la transformación de la controversia, por lo tanto, para
saber cómo se desarrollan, es sumamente importante mencionar cada uno.
Por un lado, se encuentra el principio de voluntariedad, que como Conforti (2018)
señala, las personas físicas o jurídicas que participen en un proceso de mediación lo
harán de manera voluntaria, tanto al inicio, como en la continuidad, y finalización
del proceso el cual va a depender exclusivamente de la voluntad de las partes. En
efecto, las partes al acudir a estos mecanismos tienen que considerar que lo están
haciendo de manera voluntaria, por lo tanto, el acuerdo debe ser mutuo para poder
someter su conflicto y transformarlo con la ayuda de un profesional.
El profesional de la mediación o cualquier servidor público de alguna institución
debe considerar que las partes siempre tienen la opción de poder acudir a algunos
de los mecanismos alternos que oferta la ley, no obstante, para que esto suceda
los funcionarios y los servidores públicos de algún órgano e institución deben
estar preparados o capacitados para explicarles a las partes en qué consisten los
mecanismos alternos de solución de controversias, y que de manera voluntaria
pueden acudir a ellos, sin la necesidad de caer en lo que Gorjón menciona como
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un desconocimiento de los MASC.
Cabe señalar que no necesariamente los mediadores o los conciliadores son los
únicos que tienen que hacerle saber a las partes lo que es el mecanismo, ya que de
igual manera este conocimiento lo deben tener todos los servidores públicos, con
la finalidad de hacerle saber a las partes que de manera voluntaria pueden acudir a
un profesional que los ayude a resolver su disputa sin necesidad de llegar a otras
instancias que lamentablemente van a agravando la situación en un futuro.
Asimismo, se encuentra el principio de neutralidad, ya que tal como Conforti (2018) menciona, todos los actos dentro de la mediación se desarrollarán de
manera que permitan a las partes por sí mismas lograr un acuerdo.
En ese orden de ideas, el experto en mediación facilitará la comunicación entre
las partes y garantizará la disposición de la información y el asesoramiento suficiente. Sin embargo, debe considerarse que cuando ocurran hechos que afecten la
imparcialidad del mediador, este no podrá iniciar o bien, deberá abandonar la mediación en cualquier momento. De modo que, esas circunstancias pueden ser: a)
todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con alguna de las partes,
b) intereses directos o indirectos en el resultado de la mediación; c) el mediador o
miembro de una empresa u organización que hayan actuado anteriormente a favor
de una de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación.
Por lo tanto, en una mediación o conciliación, el mediador no debe tener intereses
ya que se rompen los objetivos de los mecanismos, además, la ética de este profesional se ve corrompida y puede llevar al fracaso del acuerdo entre las partes. Sin
embargo, dentro de la selección de candidatos que aspiran a ocupar estos cargos
dentro de las instituciones oficiales o en el poder judicial, tienen que pasar por
una evaluación donde se les detecta que tan capaces son para el cargo, asimismo
deben acreditar el control de confianza para medir si el candidato es un sujeto imparcial, entre otro tipo de evaluaciones que se aplican en estos exámenes.
Por otro lado, se encuentra el principio de confidencialidad, que como Conforti
(2018) comenta, este se extiende hasta el mediador, es decir, está protegido por
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el secreto profesional, abarcando a las instituciones de mediación y las partes intervinientes quienes no podrán revelar la información que obtengan derivada del
procedimiento. Por lo tanto, la confidencialidad establece que los mediadores o
las partes que participen en el procedimiento están obligados a declarar o aportar
documentación en un procedimiento judicial, acerca de la información y documentación que deriva de un procedimiento alternativo de justicia.
En ese sentido, la confidencialidad trae consigo muchas consecuencias, ya que al
revelarse la información que las partes hacen saber al mediador, este puede incurrir en una responsabilidad administrativa hasta suspenderlo de su cargo y quitarle
la respectiva licencia o certificación que lo legitima como un profesional en la
mediación. Por lo tanto, debe considerarse el documento que firman las partes al
signarlo, con la precaución de que no se revele por ningún motivo, lo que se toca
dentro de la mediación, ya que así se cuenta con la seguridad de poner penalizarlo
en caso de que la información que se revele sea objeto de una sanción.
Sin embargo, hay excepciones cuando se debe dejar de lado la reserva en estos
procedimientos, así Conforti (2018) advierte que cuando las partes han expresado
su consentimiento de que el procedimiento no sea confidencial, o bien, cuando por
resolución judicial los jueces de la jurisdicción penal lo soliciten.
Por tal motivo, se pueden presentar ocasiones en que las partes implicadas hayan
sido sujetos del delito de mayor gravedad de los que - en el caso de la mediación
penal- la mediación en su respectiva la ley no tenga contemplados para poder
resolverse a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. De
igual manera, se puede presentar el caso en el que los sujetos que fueron o son
partes de la mediación o bien, están bajo la investigación o procesamiento de un
delito, por lo que el juez de la jurisdicción correspondiente solicitará a los órganos
de mediación, rendir los informes de lo que sucede con una o todas las partes que
están implicadas en la mediación.
No obstante, Gorjón (2017) menciona los rasgos característicos de confidencialidad en una mediación, así para el mencionado autor las características son las
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siguientes: a) preservar la imagen de las partes dado que esto les proporciona una
libertad y repele el efecto de la estigmatización en determinados conflictos, b) se
garantiza la legal protección de la información, ya que este es un deber de custodia
de los mediadores y de las partes en el proceso; c) genera reciprocidad ya que es
una obligación para ambas partes, donde el incumplimiento daría un efecto negativo en el acuerdo que pretenden hacer; d) asimismo, es un procedimiento abreviado que garantiza el acceso a un número determinado de personas, protegiendo
la información; e) es un procedimiento discreto, que evita los efectos sociales o
económicos respecto de una empresa o de una persona, donde determinado número de personas puede tener acceso a la información; d) el proceso garantiza quien
o quienes pueden tener acceso a determinada información; e) la obligación legal alcanza a determinadas profesiones con sus clientes como son los médicos o
abogados, asimismo, el secreto profesional no debe usarse con fines personales;
f) se origina una buena comunicación y apertura de las partes, en virtud de que
la medición de calidad, otorga la seguridad para que las partes puedan mostrar
sus verdaderos intereses: g) implica compromiso de reserva sobre determinadas
circunstancias, h) se le considera como un puente de confianza entre el mediador
para lograr la solución del conflicto.
Por un lado, Gorjón enfatiza bien lo que es la estigmatización, es interesante saber que un proceso de mediación, las partes pueden tener la seguridad de que
su información revelada no será dada a conocer por ningún motivo, ya que esta
puede traer consigo información comprometedora o vergonzosa, lo que caería en
un estigma o prejuicios por parte de la sociedad. Es muy común que los medios
de comunicación tengan acceso a juicios de personalidades públicas, o bien el
número de juicios que por ley deben estar publicados en sus respectivas páginas
de Internet, lo que trae consigo también el nombre de las partes – a excepción de
la información sobre menores de edad- así como los tipos de juicios en que las
personas están implicadas. Por lo tanto, al estar información en sus manos, son
expuestas a la opinión pública, lo que puede traer estigmatizaciones por parte de
los mismos.
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Sin embargo, la mediación permite tener un círculo cerrado donde solo las partes
pueden estar implicadas, la ley es protectora en este sentido, no tiene la obligación
de rendir cuentas en los mecanismos alternos de solución de controversias al público, lo que si pasa con los juicios en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, de manera que, -en virtud del principio de confidencialidad-, las partes tienen la seguridad de que su caso no será expuesto a la opinión
pública por ningún servidor público.
En ese sentido, la mediación trae consigo uno de los principios más interesantes
que es la confidencialidad, dado que se establece la finalidad de preservar la información delicada que se trata en los procesos de justicia alternativa, asimismo,
las partes tienen intereses que no pueden ser revelados fuera de este proceso, dado
que se pondrían en riesgo los procesos que se tienen en desarrollo y la confianza
que las partes brindan a estos mecanismos alternos de solución de controversias y
al profesional en mediación.
Por otro lado, un principio muy conocido es la legalidad, el cual, ya que de acuerdo a Gorjón (2017), la mediación o conciliación se tienen que apegar a lo que
dispone la ley, dado que, si un conflicto no se puede mediar, entonces se estaría
transgrediendo el orden jurídico, así, para el mencionado autor, este principio
da otra idea de los conflictos mediables en el momento de su gestión o transformación, de ahí, la importancia en que se elabore una tipología que establecen las
normatividades correspondientes en la materia, variando de tiempo y espacio, así
este autor menciona:
Es por ello especialmente importante verificar la lex fori del lugar de la instrumentalización del procedimiento de gestión y trasformación del conflicto,
así como del lugar en donde se pretenda ejecutar el acuerdo de mediación o
conciliación o el laudo arbitral. (Gorjón, 2017, p.58.)
Asimismo, hay que considerar que en ocasiones los profesionales de la mediación
puede ser diversos profesionistas, desde abogados, psicólogos, trabajadores sociales, no obstante, debido a la formación de estos -que no forman parte del gremio
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jurídico en algunos casos-, se puede suscitar el problema del desconocimiento de
la ley, lo que sin duda atraería consecuencias para el desarrollo del procedimiento.
De manera que, los abogados tienen una amplia ventaja para conocer cómo se clasifican los conflictos, así como la normatividad vigente en el entorno en el cual se
encuentran, sin embargo, si un psicólogo o un trabajador social pretenden aspirar
a ser un facilitador, tienen la obligación de estudiar la ley que rige la materia, tal es
el ejemplo de algunos casos en violencia familiar donde hay estados que prohíben
expresamente que un conflicto no se puede someter a una mediación familiar.
Finalmente, se considera otro principio importante de la mediación, que es el principio de equidad, el cual trata de procurar el equilibrio en el momento de tomar
las decisiones, por lo que esta directriz es un principio de interpretación según
los intereses de las partes (Gorjón, 2017), Así, de acuerdo a De la Rosa (2010), la
equidad pretende garantizar la información para que las partes tengan su derecho
de seguir o abandonar el procedimiento en cualquier momento y puedan recurrir
al sistema judicial o extrajudicial, ya sea cuando estas no estén satisfechas con el
resultado o el desarrollo del mismo, y de igual manera se salvaguardan sus derechos, de modo que podrán disponer de un tiempo para decidir si aceptan o no la
solución del caso que se proponen para resolver el conflicto.
Este principio que se presenta es sumamente interesante en el momento de la
práctica de la mediación, ya que algunas de las partes en un momento no pueden
estar de acuerdo con la propuesta que les hace ver el experto, en virtud de que los
intereses pueden verse afectados por este tipo de acuerdos. Sin embargo, lo interesante de estos mecanismos alternos es que ofrecen una modalidad de ganar-ganar,
es decir, la mediación no pretende que una parte pierda menos que otra, o bien,
que una sea más vencedora que la otra, de manera que, con las técnicas y métodos
que utilice el experto, se podrá descubrir los intereses o necesidades de las partes,
y en base a ellos, podrá darle forma a un acuerdo donde todos ganen, y todos vean
satisfechas sus intereses y necesidades, y de igual manera, que mejore la relación
entre los mismos.

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La mediación familiar a nivel nacional
En primer lugar, la mediación en México ha sido un paradigma sumamente novedoso en la forma de solucionar conflictos desde diferentes ámbitos, así en materia
penal ha sido un recurso muy efectivo para resolver controversias en las diferentes
etapas del sistema de Justicia Penal, así como en la justicia para adolescentes. Sin
embargo, la mediación también ha alcanzado otras áreas, pero en el caso de la
mediación familiar es uno de los métodos que más demanda tienen en la forma de
solucionar conflictos.
Por un lado, en opinión de Gorjón y Steele (2012) mencionan que la mediación
familiar siempre ha estado presente en los códigos civiles a través de las audiencias o reuniones de avenencias, donde el juez en turno o el secretario exhortan a
que las partes lleguen a un arreglo, de igual manera, pasa con los hijos, en el caso
de los alimentos, etcétera, de modo que las partes se ponen de acuerdo y el juez
sanciona.
En efecto, es común que en la práctica, aún antes de que se conociera la mediación
familiar como un mecanismo alterno, los secretarios judiciales siempre tuvieran
esa facultad junto con el juez de proponer un arreglo para las partes, sin embargo,
hoy en día existe lo que es el divorcio incausado, donde ya con más facilidad un
cónyuge puede solicitar el divorcio sin necesidad del consentimiento de la otra
parte, sin embargo aunque la ley permite evitar el conflicto por un lado, hay casos
donde están de por medio los hijos, o bien los bienes, de manera que el conflicto
se hace presente, y es ahí donde pueden entrar las habilidades del secretario para
poder canalizarlos al área correspondiente y llegar a un convenio a través de la
mediación.
Antes los jueces o secretarios podían hacerles saber a las partes en la audiencia si
les apetecía llegar a un arreglo enfocado en los hijos o bienes, lo que, aunque no se
conocía explícitamente como una técnica especializada en mecanismos alternos
de solución de controversias, ayudaba a que las partes evitaran todo un procedimiento costoso y tedioso como son los juicios de carácter familiar.
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Consecuentemente, por primera vez en México, la mediación familiar es introducida en 1986, a través de lo que se conoce como audiencia previa y de conciliación, pero posteriormente, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una serie
de acuerdos tal como el 16-26/2003, donde se aprobó la ejecución de etapas de
un proyecto de justicia alternativa, que posteriormente a través del acuerdo 1947/2003 creó el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, así como el programa de Soluciones alternativas de controversias y las reglas de operación.
Así, este Centro de Justicia Alternativa en la Ciudad de México, como menciona
Gómez (2012) no contaba con una ley orgánica, pero posteriormente se emitieron
leyes para regular la materia como la ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual se publicó en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 20 de diciembre de 2007, entrando en Vigor el 8 de marzo de
2008. De manera que, los medios alternativos ya empezaban a hacer eco de su
efectividad hasta elevarse a rango constitucional en el artículo 17 constitucional a
través de la reforma de 2008. Por un lado, Gómez Frode (2012) menciona que los
primeros asuntos en resolverse sobre conflictos familiares en el Distrito Federal
(hoy Ciudad de México), fueron de la siguiente manera:
Figura 1. Gráfica del tipo de asuntos familiares radicados del 1o. de septiembre
de 2003 al 15 de diciembre de 2004

Fuente: Gómez Frode (2012).
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De tal manera, se puede ver como los comienzos de la mediación familiar en
México empezaban paulatinamente a dar resultados, sin embargo, a pesar de los
bajos porcentajes que presentaban, se reflejaron grandes cambios en la manera de
manejar los conflictos en esta materia.
En ese sentido, en septiembre de 2003 -en lo que hoy es la ciudad de México-, se
establecieron órganos como el Centro de Justicia Alternativa, el cual se encuentra
bajo la dependencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, órgano
que no contaba con una ley orgánica en ese entonces, sin embargo, de manera
provisional se elaboró un acuerdo donde se estableció la normatividad para su
operatividad. Por consiguiente, empezaron a transcurrir varios años para que se
diera origen a la Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal, publicada en la
gaceta oficial del Distrito Federal de 2007, entrando en vigor hasta el 2008.
En ese tiempo, esto era una novedad de que estos mecanismos se empezaran implementar antes de acudir hasta las instancias judiciales, cabe señalar la recepción
positiva que tuvieron estos estos métodos alternativos por parte de la población
capitalina, dándose testimonios del personal que había trabajado en el Centro de
Justicia Alternativa quienes comentaron que se había dado soluciones negociadas
a sus conflictos, de igual mencionaron los cambios personales y las relaciones
personales en ellos mismos. (Díaz, p.730)
Si bien, los mecanismos alternos de solución de controversias te dan otro panorama de lo que son y de qué manera pueden resolverse los conflictos por una vía alternativa, sin necesidad de llegar a las instancias judiciales que suelen ser tediosas
y agravan más las relaciones entre las personas. Las ventajas que traen consigo
la implementación de estos mecanismos es efecto, que se mejoren las relaciones
que hay entre las personas, lo que en el caso de la mediación familiar, hace que
los mismos profesionales de la mediación, mejoren sus conductas conforme a la
práctica de estos mecanismos.
¿Por qué mencionan que se empezaron a ver los cambios personales y las relaciones personales entre ellos mismos? Si bien es cierto el profesional de la mediRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Abril 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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ación tiene que ser una persona capacitada para poder resolver el conflicto entre
las personas así como imparcial, no obstante, al utilizar herramientas como la
escucha activa, y otros ejercicios de mediación, desarrollan la empatía y otros
valores, dándose un cambio personal y mejorando las relaciones con las personas
que se rodean.
Por consiguiente, otro de los estados que se dieron a la tarea de ponerse a la vanguardia con los mecanismos alternos de solución de controversias, fue el estado
de Jalisco en el cual gestionó la tarea de implementar diversos foros de consulta
ciudadana en diversos puntos de la entidad para el año 2004, participando en estos, la procuraduría general de justicia, la barra de abogados, juristas, académicos
de universidades, con la finalidad de discutir la creación de una ley en la materia, además de que se le diera solución a los conflictos en materia civil, familiar,
y algunos en materia penal, que posteriormente presentaron la iniciativa de un
proyecto de Ley de Justicia Alternativa (Hernández y Casillas, 2015, p.123)
Posteriormente, en Jalisco se fueron actualizando respecto a la justicia alternativa,
ya que con los trabajos a las reformas del artículo 56 de la Constitución Política
de su estado, se dieron avances en crear un órgano especializado en la impartición
de justicia alternativa. En ese sentido, se crean las primeras sesiones en las cuales
asignaron como directores a los Licenciados Jorge García Domínguez y Oscar
Magallanes de la Rosa, en las direcciones de métodos alternativos y validación,
así como director de acreditación, certificación, y evaluación.
De manera que, Jalisco se puede considerar un estado avanzado en la materia que
cuenta con la debida acreditación, certificación y evaluación para todo aquel candidato que aspire a obtener una vacante en el ejercicio de la mediación.
Por otro lado, los avances que presenta la mediación familiar en sus primeros
inicios se puede ver en el caso de Aguascalientes. Durante el periodo de 2007 a
2011 se reflejan la serie de convenios terminados a través de estos mecanismos,
así el Centro de Mediación y Conciliación del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Aguascalientes, se empezaron a resolver asuntos familiares a partir del
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año 2007 acrecentándose de la siguiente manera: en 2007 en el Centro de Mediación y Conciliación atendieron 225% más asuntos que en 2006, y se signaron
780 convenios de mediación de los cuales 61 eran familiares, por consiguiente en
2008 de los 35666 juicios nuevos, 7950 fueron familiares, no obstante el número
de convenios que se elaboraron fueron 1253 en esta materia.
Posteriormente, en 2009 fueron aumentando los juicios que resultaban en un total
de 38,344, de los 7894 eran familiares, lográndose 2856 acuerdos de los cuales
1398 acuerdos eran en materia familiar. En 2010 hubo 3779 asuntos sometidos a
mediación familiar, de los cuales se logró 1396 acuerdos en el mismo campo.
Es importante mencionar que desde la reforma al artículo 17 constitucional en
junio de 2008, la mayoría de los estados se empezaron a actualizar en materia
familiar, de manera que las entidades federativas así como Aguascalientes, fueron
incrementando de manera paulatina sus asuntos familiares por año, esto quiere
decir que la población empezó a considerar los mecanismos alternos de solución
de controversias como una salida alterna con un procedimiento eficaz y sencillo,
a pesar de que fueron incrementándose los juicios, de igual manera empezaron a
aumentar los asuntos en esta especialidad así como el número de convenios.
Por un lado, otros estados de la república ya se habían adelantado respecto a la
implementación de estos mecanismos como es el caso de Colima desde 2003, Coahuila 2005, Guanajuato desde 2003, Nuevo León en 2005 y Oaxaca desde 2004
entre otros.
En el caso de Nuevo León, ya se contemplaba desde enero de 2005, mencionándose los elementos más importantes de la mediación como la obligatoriedad en
materia civil y familiar, el uso de la cláusula compromisoria y el acuerdo compromisorio, las causales de nulidad de convenio entre otras. Cabe señalar que la
ley se reformó el 28 de Junio de 2017, donde es claro que en los procesos contenciosos familiares, la mediación se debe agotar con la finalidad de garantizar los
derechos de los menores, incapacitados y los derechos inherentes que provienen
del matrimonio (art.43)
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De manera que, el Estado de Nuevo León se ha puesto a la vanguardia, dado que
ha establecido una obligación de poder agotar los mecanismos alternos de solución controversias en materia familiar antes de entrar en un juicio de ese carácter.
De modo que, esta Entidad Federativa tiene más experiencia en la implementación
de la justicia alternativa, lo que se puede reflejar en su reforma, estableciendo un
deber de los servidores públicos y del juez en el auto de radicación, de considerar
previamente los mecanismos.
Sin embargo, en la actualidad, González (2020) elabora una lista sobre los estados
que contemplan o no expresamente en cada una de sus leyes, la mediación familiar:
Tabla 1.Entidades federativas que expresan la mediación familiar en sus legislaciones

Fuente: González Martin (2020).
Por un lado, se puede ver que tan solo tres estados hasta la actualidad contemRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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plan la negativa de procedencia para la mediación en casos de violencia familiar,
aunque hay autores quienes consideran la posibilidad de llevar a cabo este tipo de
mecanismos alternos contemplando bases especializadas para la reconstrucción
de este problema.
La posibilidad de una mediación familiar aunque no se encuentre expresamente
en los estados de la república, siempre es posible, dado que los órganos ya se encuentran instaurados, o bien existen legislaciones que tácitamente abren la posibilidad de acudir a lo que se conoce como justicia alternativa. Sin embargo, aunque
esto no se encuentre contemplado dentro de las legislaciones, el derecho a los mecanismos alternos ya se considera un derecho humano universal de lo cual se infiere que toda persona tiene el derecho de solicitarlos en las instancias judiciales.
Ahora bien, es interesante adentrarse como en la actualidad, el desarrollo de la
mediación familiar se ha venido enfocando durante los últimos 4 años, lo que
veremos a partir de las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) ha elaborado en sus informes respecto a los avances en los
Censos de Impartición de Justicia Estatal por año.
En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) indica que durante el año 2015 se recibieron 164 244 solicitudes de acceso a través
de los mecanismos alternos de solución de conflictos, donde 150, 475 fueron
procedentes, mientras que 13 769 fueron desechadas. Asimismo, el 84.2 % de las
solicitudes fue a través de la mediación y el 8% fueron de conciliación, de manera
que en los expedientes abiertos el 39.5 % fueron en materia familiar (54515) 30
% en materia civil, 11.7% en materia mercantil (16 110) y 9.4% en penal (13 034),
sin embargo, el resto de las materias forman 9.4 por ciento (13 027).
Seguidamente, durante el año 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI, 2017) en su Censo Nacional de Impartición de Justicia 2017, menciono
que ingresaron 156 899 asuntos en los centros de justicia alternativa de los cuales
se presenta a continuación:

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Figura 2. Número de asuntos que entraron a través de Justicia alternativa durante
2016

Fuente: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal - INEGI (2017).
Por otro lado, durante el año 2017, entraron un total de 158 120 asuntos de conflictos familiares a los centros de justicia alternativa o justicia especializada, por
lo que se puede notar el crecimiento en los asuntos que se canalizan en las diferentes áreas, así el número de casos donde incremento fue nuevamente el área de
mediación familiar a nivel nacional. Por lo tanto, se muestra del total de 158 120
asuntos, el porcentaje de casos por materia que entraron a los centros de justicia
alternativa
Figura 3. Asuntos ingresados por Materia a los centros de justicia especializado
representados por porcentaje

Fuente: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal - INEGI (2018).
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Por otro lado, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 (INEGI)
informó que durante el año 2018, los poderes judiciales de cada entidad federativa
arrojaron un total de 176,682 expedientes que ingresaron a los órganos de justicia
alternativa quedando distribuidos por materia de la siguiente manera:
Figura 4.Asuntos por materia en los centros de justicia alternativa

Fuente: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal - INEGI (2017).
De igual manera, se puede ver que cada año los casos de mediación familiar a nivel nacional han venido creciendo, lo que arroja resultados positivos en el número
de crecimiento de este modelo de justicia que se ofrece en la modalidad extrajudicial e intrajudicial que se analizó en epígrafes anteriores.
Los resultados positivos en relación a la consolidación de la mediación familiar
como mecanismo alterno de solución de controversias, también se puede notar
en el número de expedientes concluidos dentro del último censo de impartición
de justicia estatal del INEGI 2019 analizado anteriormente, estableciendo que
en ese año de los 176,682 expedientes ingresados a los centros de justicia alternativa en general, se concluyeron 158, 748 solucionándose a través de acuerdos
reparatorios -en el caso de la materia penal- asimismo, se terminaron de forma
anticipada sin lograr un acuerdo, y de igual manera se dieron como concluidos por
cualquier otra causa (INEGI 2019) lo que sin duda alguna es un gran avance en la
conclusión de los conflictos sometidos a través de este modelo de impartición de
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justicia, incluyéndose la mediación familiar.
De tal manera, la mediación familiar en México ha llegado a tener un gran avance
respecto a la forma de desarrollo y el número de casos abiertos y concluidos por
lo que es un gran indicador de que los mecanismos alternos de solución de controversias son la mejor opción para resolver sus conflictos familiares, sin la necesidad de llegar a la parte jurisdiccional.
Por un lado, lo que se debe anticipar es que en materia familiar todavía falta
mucho por hacer, eso se debe principalmente al número de asuntos que ingresan a
las salas de mediación, si bien es cierto, no todos los asuntos logran resolverse, se
debe recordar que aunque las estadísticas arrojen un gran volumen de asuntos en
los centros de justicia alternativa, los acuerdos que se logran siguen siendo muy
bajos, las razones por las que sucede esto, se debe a causa de muchos factores,
como por ejemplo la falta de aptitud o desconocimiento del desarrollo de los mecanismos alternos por parte de mediadores, o bien, un incorrecto desarrollo de la
mediación por parte del profesional.
3.-MÉTODO
En el presente trabajo se hizo un diseño no experimental, donde se elaboró una
revisión bibliográfica de la literatura especializada en mecanismos alternos de
solución de controversias en materia familiar, por lo que también se hizo una
exploración a las páginas especializadas en estadísticas como el Censo Nacional
de Impartición de Justicia Estatal donde se analizan las estadísticas de la justicia
alternativa en conflictos familiares. Asimismo, este estudio aborda un método de
carácter cualitativo donde se estudian cada una de las estadísticas mencionadas
relativas a los avances que se han tenido a nivel nacional en mediación familiar,
por lo que también se analiza cada uno de los gráficos que se ilustran.
La muestra o población que se consideró en el presente trabajo, se enfocó en
las entidades federativas que regulan -en sus respectivos poderes judiciales-, la
mediación en materia familiar, por lo que se hizo una revisión de sus respectivas
leyes, así como sus casos familiares que se encuentran sometidos en los órganos
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especializados en justicia alternativa.
Por un lado, la presente investigación inicia con análisis pormenorizado de los
conflictos familiares, después sobre los conceptos de mediación familiar, los principios en la justicia alternativa, y finalmente el análisis de las leyes y las estadísticas.
Para poder analizar cómo se estructura la mediación familiar es necesario adentrarse dentro de la literatura especializada que se han encargado de construir conceptos específicos sobre este mecanismo, así como los principios la rigen.
4.-CONCLUSIONES
En el presente trabajo se manejaron conceptos relativos a los conflictos familiares
y la mediación familiar, los principios que rigen los conflictos familiares, un ejemplo de este último es el de confidencialidad, donde se considera como delicada la
información que se vierte dentro de la mediación, dado que es de sumo cuidado
para la partes que se encuentran inmiscuidos dentro de los procedimientos, de tal
manera se considera el más importante para el desarrollo de los principios.
Asimismo, aunque no se haya llegado a un concepto unánime en conflictos familiares, los mayoría de los autores están de acuerdo que dentro de este tipo de controversias se encuentran implicados casos de herencia, relaciones conyugales, patria
potestad, alimentos, por lo que a nuestra consideración se necesita de expertos en
la materia familiar para que puedan entender a las partes, asimismo se requiere la
especialización de mediadores en esta área, para entender las necesidades e intereses de las personas que se someten a este tipo de procedimientos.
Por otro lado, la mediación familiar ha tenido muchos avances respecto a la forma
de darle impulso en la solución de los conflictos, sin embargo, cada vez son más
el volumen de casos que se resuelven en las entidades federativas hasta la actualidad a través de la justicia alternativa en diferentes materias. Se reitera que aunque
haya un gran cúmulo de asuntos dentro de los órganos especializados de mediación, los convenios que se hacen, siguen siendo bajos, se debe ver las razones
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por las que sucede este fenómeno, enfocándose en el personal que se encuentran
dentro de estas áreas.
Sin embargo, se debe considerar que para este tipo de solución alterna de conflictos crezca, la capacitación es necesaria y no solo a los que aspiran a cargo de
mediadores, se necesita que todo el personal de un juzgado familiar, desde los
oficiales administrativos, hasta los jueces del fuero común se capaciten respecto a
la mediación, de manera que, con la debida formación en justicia alternativa harán
que en las primeras audiencias los jueces o el personal informen a las partes de
que tratan estos procedimientos.
Si bien es cierto, en los acuerdo de inicio se les hace saber a las partes la posibilidad de acudir a los mecanismos alternos de solución de controversias, pero no se
les hace de su conocimiento de manera profunda de que tratan, como se desarrollan, que conflictos pueden ser sometidos ante los mecanismos alternos de solución
de controversias, en que tiempo pueden resolverse, las falta de conocimiento por
parte del personal produce que los mecanismos no se le den la debida importancia que tienen dentro del procedimiento judicial, así como antes de instaurarlo.
Asimismo, al darle la información debida a las partes, en las audiencias podrán
conocer este proceso y el número de juicios decrecerá, con las posibilidades de
éxito en el desarrollo de estos procesos de justicia alternativa.
A raíz de la reforma de 2008 al artículo 17 constitucional, todas las entidades federativas ya contemplan a la mediación como una opción para resolver los conflictos de carácter familiar, son pocos los estados que la contemplan expresamente,
otros la hacen obligatoria de manera previa a los juicios, o bien otros la establecen
expresamente en sus legislaciones. Sin embargo, los estados deben realizar estudios en entidades que conserven más experiencia en el medio de la justicia alternativa familiar, dado que en el caso de Nuevo León ya se lleva un adelanto en esta
materia, o en ciudad de México, de modo que, son modelos a seguir para que se
puedan considerar políticas públicas o reformas a sus legislaciones.

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Mediación Familiar en clave comparada: Argentina y México1
Family Mediation in comparative key: Argentina and Mexico
Carlos, Franco-Castellanos2
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://orcid.org/0000-0001-7153-4868

Rubinia Teresa, Sandoval-Salazar3
Universidad de Monterrey, México
https://orcid.org/0000-0001-8970-6103

https://doi.org/10.29105/pgc7.13-6
___________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo, titulado: “Mediación Familiar en clave comparada: Argentina y México”, tuvo como objetivo
analizar las disposiciones normativas vinculadas con la mediación familiar en la Provincia del Chaco, Argentina
y el Estado de Nuevo León, México. Se siguió el enfoque cualitativo, basado en el estudio, análisis, crítica y
comparación entre las legislaciones de ambos Estados y fuentes doctrinales obtenidas de vLex, Dialnet y Scopus
para asegurar la veracidad de la información proporcionada. Se encontró que el diseño normativo previsto para la
mediación familiar imposibilita que sea concebida como método para acceder a la justicia cotidiana, así como que
carece de una regulación específica. Del estudio comparado, se concluyó la necesidad de incorporar cuestiones
jurídicas y buenas prácticas en el ejercicio de la mediación familiar dentro del ordenamiento jurídico mexicano,
sobre todo la concepción de la mediación prejudicial obligatoria en conflictos familiares con intervención de personas menores de edad.
Palabras claves: conflicto, familia, mediación, niñez.
ABSTRACT
The following article, entitled: “Family Mediation in comparative key: Argentina and Mexico”, analyzed the juridical norms related to family mediation in the Chaco Province, Argentina and Nuevo Leon State, Mexico. It was
used the qualitative approach, based on the study, analysis, critical view, and comparison between the legislations
of both States and theoretical scientific investigations indexed in vLex, Dialnet and Scopus to ensure the accuracy
of the information. It was found that the juridical design established for family mediation not only obstructs its
conception as a method to access to daily justice, but also the lack of specific regulations makes difficult to work
with. From the comparative study, it was concluded the necessity of introducing juridical proceedings and good
practice in the familiar mediation professional activity in the Mexican juridical system, especially the conception
of the mandatory prejudicial mediation in family conflicts with children involved.
Keywords: childhood, conflict, family, mediation.
Recibido: 09 de Mayo 2020 - Aceptado: 30 de Julio 2020
Cómo referenciar este artículo:
Franco-Castellanos, C. &amp; Sandoval-Salazar, R. T. (2021). Mediación Familiar en clave comparada: Argentina y
México. Politica Globalidad y Ciudadanía, 150-181. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/171. https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc7.13-6

1 Artículo de revisión derivado del Proyecto de Investigación Doctoral en Métodos Alternos de Solución de Conflictos: “El interés superior de
la niñez y la adolescencia en los casos de separación y/o divorcio: defensa de derechos a través de la mediación familiar”.
2 Máster Universitario en Bioética por la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. Doctorando en Métodos Alternos de Solución
de Conflictos por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: cfrancoc@uanl.
edu.mx
3 Doctora en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesora de Derecho Familiar en la
Universidad de Monterrey. Correo electrónico: ruby_rd@hotmail.com.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

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1.- INTRODUCCION
En la actualidad, resulta tarea harto difícil abordar el tema de la mediación familiar, tomando en consideración el especial carácter de las relaciones jurídico-familiares y el contexto cambiante de las familias (Ramírez Huaroto, 2018). Así, en
pleno siglo XXI, la familia tradicional ha cedido frente a otros modelos de familias. Adviértase además el impacto derivado de estudios científicos provenientes
de la Bioética que han trastocado las vetustas estructuras familiares y jurídico-estatales ante el reconocimiento y la admisión de prácticas médicas que privilegian
la voluntad procreacional frente al viejo principio romano «mater semper certa
est». De tal suerte, la familia o, si se prefiere, las familias han cambiado, lo que
deriva de su especial naturaleza como institución socio-jurídica básica o agente
primario de socialización y, con ellas, ha evolucionado también el Derecho de
Familia hacia el afianzamiento del principio de autonomía de la voluntad.
Así, emerge la mediación familiar como cauce novedoso —si bien no nuevo—
para la gestión constructiva de los conflictos surgidos en el seno de las familias, a
la vez que la figura del mediador como un tercero neutral e imparcial que ayuda
y guía a las partes conflictuadas en la búsqueda, la construcción y la proposición
de opciones de solución a la controversia. En consecuencia, se va abandonando
la otrora concepción occidental que evidencia a la vía judicial tradicional como
el único cauce válido e idóneo para hacer valer los derechos subjetivos reconocidos o cumplir con las garantías jurídicas establecidas y se comienza a asumir
el paradigma de «resolver nosotros mismos nuestros propios conflictos» a través
de la mediación con base en los principios de unidad familiar y autonomía de la
voluntad.
Sobre la mediación familiar, múltiples han sido los estudios científicos que se han
realizado y las perspectivas teóricas desde las cuales se ha abordado. Así, cabe
destacar, entre otros, los trabajos de Rodríguez-Domínguez y Roustan (2015),
Romero Ramírez (2016) y Merino Martín (2018), por cuanto vinculan interés superior de la niñez y la adolescencia con la mediación familiar, donde esta última
se concibe como cauce para concretar/objetivar el primero. A partir del análisis
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crítico de los procesos de mediación familiar en diferentes países, esbozan un
modelo que potencia la participación directa de niñas, niños y adolescentes, enfatizando en los beneficios exponenciales que ello acarrea para alcanzar acuerdos
viables y estables en los casos de separación y/o divorcio. Tales aportes tienen
particular importancia en cuanto al derecho a un adecuado acceso a la justicia se
refiere, sobre todo desde su perspectiva incluyente.
También, conviene mencionar las investigaciones de Siller Hernández (2016) y
Sandoval Salazar (2019) quienes abordan la mediación familiar desde perspectivas diversas. Así, Siller Hernández (2016) propone el empleo de este método de
solución de conflictos (en lo adelante, MSC) como vía para reforzar la parentalidad tras un proceso de separación y/o divorcio, teniendo en cuenta su principal
función: promover la cultura del diálogo. Por otra parte, Sandoval Salazar (2019)
explaya un análisis crítico sobre la situación de este método en el Estado de Nuevo
León y la necesidad de perfeccionamiento de la derivación judicial a mediación
en los casos de divorcio, con el objetivo de resguardar los derechos subjetivos de
los/las justiciables. En consecuencia, se ha concebido la mediación familiar como
método adecuado para resolver conflictos derivados de la separación y/o del divorcio principalmente.
Como es de apreciar, si bien existen estudios teóricos previos sobre el tema de la
mediación familiar, al momento de la elaboración de este artículo y de la exhaustiva revisión bibliográfica efectuada, no se constataron investigaciones anteriores
que analizaran, desde la perspectiva comparada, las disposiciones normativas argentina y mexicana y esbozaran propuestas tendentes a su perfeccionamiento. De
tal suerte, ahí radica la novedad del artículo que se somete a valoración, análisis
y crítica.
Conforme al estado actual de los debates en torno a la mediación familiar, los
autores consultados apuntan limitaciones e insuficiencias que coartan el adecuado
ejercicio del derecho de acceso a la justicia alternativa. Si bien este MSC ha ido
evolucionando de forma paulatina, aún se constata la reticencia de la ciudadanía a
su empleo como recurso cotidiano para acceder a la justicia, decantándose mayorRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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mente por recurrir a la vía judicial tradicional, a la vez que la escasa cuando no
nula participación que se les reserva a las personas menores de edad. Unido a lo
anterior, existe poca aceptación y bajo porcentaje de derivaciones por parte de los
órganos jurisdiccionales para iniciar un proceso de mediación en materia familiar.
También, señalan la carencia de un procedimiento definido por Ley sobre cómo
procede la designación de facilitador en supuestos de recusación y qué efectos
tiene la excusación en el asunto en trámite. Además, cuestionan el valor jurídico
que debe dárseles a los acuerdos, máxime cuando la justicia tradicional y la justicia alternativa gozan de igual dignidad y reconocimiento.
Derivado de ello, téngase en cuenta que, durante el año 2018, los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas reportaron un total 176 682 expedientes ingresados a los órganos o centros de Justicia Alternativa a su cargo, siendo el 39.5%
del total representativo de la materia familiar, según datos del Censo Nacional
de Impartición de Justicia Estatal (2019). Ello indica que el 60.5% de los asuntos familiares fueron resueltos en vía judicial, ya sea por convenio (transacción
aprobada en el orden jurisdiccional), ya sea por sentencia. De tal suerte, para revertir la situación actual es necesario indagar en otros ordenamientos jurídicos, a
fin de adoptar políticas públicas y soluciones jurídicas que impulsen la cultura de
paz como una opción para erradicar la violencia y los conflictos en México (Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, 2019), sobre todo en el orden de las familias.
Por tanto, el presente artículo tiene como objetivo analizar, desde la perspectiva
jurídico-comparada, las disposiciones normativas vinculadas con la mediación
familiar en la Provincia del Chaco, Argentina y el Estado de Nuevo León, México,
para que sean formuladas propuestas tendentes al perfeccionamiento de este MSC
dentro del ordenamiento jurídico mexicano.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Mediación familiar en la Provincia del Chaco, Argentina: antecedentes y actual
concepción normativa
En Argentina, la Ley 24.573, “Mediación y Conciliación” (1995), y su Decreto
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Reglamentario 91/1998 (1998) regularon —por primera vez— el sistema de mediación prejudicial obligatoria como requisito previo para incoar un proceso judicial y ceñido a la sesión informativa. Al respecto, cabe señalar que fue el primer
país latinoamericano en establecer con carácter imperativo la mediación previa a
todo juicio (Colerio &amp; Rojas, 2005) como vía para descongestionar el sistema de
administración de justicia colapsado a finales del siglo XX. Además, refrendó, entre sus fines, facilitar la comunicación directa de las partes en conflicto y propiciar
su capacidad de consenso.
Interesante resulta la provisional obligatoriedad de la mediación prevista en el
artículo 30 de la Ley 24.573, “Mediación y Conciliación” (1995), ya que tal fórmula regiría por un período de cinco años contados a partir de su promulgación.
Sin embargo, las causas negativas que entorpecían el adecuado acceso a la justicia y que motivaron su regulación fueron mitigadas de forma considerable y,
lo que en sus inicios tuvo detractores, comenzó a legitimarse y aceptarse por los
satisfactorios resultados obtenidos. El impacto fue tal que, con posterioridad,
tales disposiciones normativas fueron derogadas por la Ley 26.589, “Mediación y
Conciliación” (2010) y su Decreto Reglamentario 1467/2011 (2011) actualmente
vigentes, siendo este último modificado por Decreto 2536/2015 (2015) que introdujo la cuestión referente a los honorarios de los servicios de mediación. Es menester señalar que las regulaciones in commento constituyen el marco normativo
de la mediación en el país y, en lo esencial, mantuvieron el sistema de mediación
prejudicial obligatoria nacido en el año 1995.
Es de resaltar los resultados satisfactorios del sistema de mediación prejudicial
obligatoria instaurado desde el año 1995 hasta hoy día. Muestra de ello es que,
desde enero de 2019 hasta septiembre de 2020, la vía judicial ha conocido un total de 150 323 asuntos familiares para un 32.4%, lo que permite concluir que el
67.6% del resto fue tramitado y resuelto a través de mediación familiar (Portal de
Datos Abiertos de la Justicia Argentina, 2020). De ahí que sea necesario su estudio minucioso a partir de la alta efectividad de la mediación familiar y baja tasa
de conflictos familiares encauzados en el orden jurisdiccional.
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Si bien el presente artículo no desconoce las legislaciones que rigen la materia
a nivel nacional, se centra en las pautas legales establecidas para la mediación
familiar prejudicial obligatoria en la Provincia del Chaco, Argentina. Al respecto,
es de destacar la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009),
que confiere a la Ley 1601-M, “Mediación” (2007) un carácter supletorio como
norma marco. Interesa sobremanera el análisis de las previsiones jurídicas atinentes a las materias transigibles, los principios procesales/de actuación, así como
el desarrollo del proceso de mediación y la situación de las personas menores de
edad; aspectos que a continuación se estudian.
¿En qué asuntos familiares se puede acudir a la mediación?
La determinación de la mediabilidad de un asunto pasa por el tamiz de los límites
fijados para el proceso de mediación. Al respecto, conviene considerar, según Pelayo Lavín (2011, págs. 192-193), que se trate de derechos disponibles y que la
materia tenga trascendencia jurídica para evitar confundir mediación familiar con
terapia de familias. De tal suerte, es presupuesto para que el conflicto sea mediable que no contravenga el orden público (Artículo 2, segundo párrafo, Ley 1782C “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009 en relación con Artículo 12,
Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”, 2014) ni se vulnere una
norma imperativa (Sánchez García, 2019, pág. 39).
De particular trascendencia son las previsiones contenidas en los artículos 1 y 2
de la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009), en cuanto al
ámbito de aplicación y las materias susceptibles de someterse a mediación por dos
razones. La primera de ellas se refiere a que instituye la obligatoriedad de la mediación familiar prejudicial en toda la jurisdicción de la Provincia del Chaco, de
manera que previo a incoar proceso judicial las partes deberán acudir a mediación
para resolver su disputa (Suáres, 2016). Unido a lo anterior, la segunda alude a los
asuntos familiares que podrán ser gestionados a través de un proceso de mediación
(Artículo 2, apartado 5), Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y
Familia de la Provincia del Chaco”, 2018), bajo el sistema de numerus apertus al
contemplar el carácter meramente enunciativo de tales conflictos, quedando a disRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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crecionalidad de las partes la inclusión de cualquier otro conforme a sus intereses.
Así, una de las materias susceptibles de ser gestionadas a través del proceso de
mediación familiar se refiere a las cuestiones patrimoniales derivadas del estado
de familia y la patria potestad. Al respecto, no resulta ocioso destacar, conforme
prevé el artículo 4 de la Ley 1601-M, “Mediación” (2007) que rige con carácter
supletorio, que las acciones de estado de familia, separación, divorcio, nulidad
de matrimonio, filiación y patria potestad solo pueden ser resueltas en vía judicial. Sin embargo, deja a salvo los derechos vinculados con aquellas cuestiones
patrimoniales derivadas de tales acciones, siempre que sean disponibles para las
partes.
Otra de las materias que contempla es la referida a los alimentos o las compensaciones económicas entre cónyuges, convivientes o parientes, entiéndanse incluidas todas las familias con independencia de su estructura y/o composición
(Artículo 35, Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994, 1994). Asimismo, recuérdese que tal obligación incluye manutención, educación, vestimenta,
esparcimiento, habitación, asistencias, gastos por enfermedad y para adquirir una
profesión u oficio (Artículo 659, Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la
Nación”, 2014). Es importante resaltar que, en el proceso de mediación familiar,
no se determina si el acreedor alimentario tiene o no tal cualidad y, por tanto, se le
reconoce el derecho a recibir los alimentos; sino que se enrumba hacia los términos y condiciones bajo los cuales el deudor alimentario ejecutará la obligación
legal impuesta a favor de aquel, según las pautas para su fijación reguladas en los
artículos 433, 442 y 525 del Código Civil y Comercial de la Nación (2014).
También, se contempla dentro del catálogo de materias mediables el régimen de
visitas y tenencia de las personas menores de edad, aunque siendo consecuentes
con la concepción que les estima como personas-sujetos de derecho, lo correcto
sería hablar de «cuidado personal» (Peluffo, 2015). Esta categoría hace referencia
a los deberes y facultades de los/las progenitores/as en la educación y la crianza
de las personas menores de edad, pudiendo ser unilateral o compartido —ya sea
alternado, ya sea indistinto— (Artículos 648 al 653, Ley 26.994, “Código Civil y
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Comercial de la Nación”, 2014). La modalidad alterna posibilita que la persona
menor de edad pase períodos de tiempo con cada uno de los progenitores; mientras que la indistinta persigue que ambos progenitores compartan las decisiones
y distribuyan de modo equitativo a través del plan de parentalidad las labores
de cuidado hacia el/la hijo/a menor de edad. De tal suerte, deberá estimularse la
asunción del cuidado personal compartido e indistinto entre las partes en conflicto
a través del proceso de mediación familiar en función del cumplimiento del interés superior de la niñez y la adolescencia, siempre que proceda.
Como último supuesto, la normativa in commento señala la atribución de la vivienda conyugal. Así, una vez declarado disuelto el matrimonio o la unión convivencial según sea el caso, uno de los miembros de la pareja puede solicitar para sí la
atribución de la vivienda familiar, se trate de un bien propio o ganancial (Artículos
443 y 526, Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”, 2014). En el
ámbito de la mediación familiar, las partes de común acuerdo deberán decidir la
procedencia de la solicitud, el plazo de duración y efectos del derecho (Artículos
444-445 y 526, Ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación”, 2014), sobre la base del principio de autonomía de la voluntad que rige la materia.
Con base en una interpretación sistémica y atendiendo al listado no exhaustivo
que ofrece la normativa in commento, bien pudieran incluirse además las controversias que versen sobre la administración y enajenación de bienes sin divorcio
ante desacuerdo, así como la separación personal o separación de bienes sin divorcio en los supuestos del artículo 477 del Código Civil y Comercial de la Nación
(2014). También, pudiera someterse cualquier conflicto vinculado con daños y
perjuicios derivados de las relaciones de familia. Tales supuestos se sustentan en
la concepción que de la mediación prima como proceso no adversarial, donde el
tercero neutral facilita que las partes arriben a acuerdos que satisfagan sus necesidades e intereses (Artículo 1, segundo párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007)
y, al no afectarse orden público ni violarse norma imperativa alguna, no existe
óbice para que los mencionados asuntos sean resueltos a través del proceso de
mediación familiar previsto.
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De novedosa puede catalogarse la previsión contenida en el último párrafo del
artículo 2 de la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009), por
cuanto excluye del proceso de mediación asuntos en los que, con carácter previo
o de forma simúltanea, alguna de las partes haya sido sujeto de violencia familiar.
Al respecto, existe un debate teórico sobre la admisión o no del empleo de este
método en tales supuestos. Sin embargo, es de señalar que, frente a estos casos, no
se media la situación de violencia, sino las circunstancias que le rodean (Munuera
Gómez &amp; Blanco Larrieux, 2011, pág. 37) para lo cual la justicia restaurativa de
familia resulta ser la vía de intervención adecuada (Ortuño Muñoz, 2018, págs.
115-116). Asimismo, se eximen a las partes de agotar el proceso de mediación
regulado en esta normativa cuando arribaron a acuerdos sin intervención de un
tercero, en cuyo supuesto solo requerirán su homologación judicial, previo cumplimiento de los requisitos de ley; solución acertada tomando en consideración
que este método se sustenta en la autonomía de la voluntad.
Principios procesales/de actuación
Del análisis sistémico de las normas jurídicas contenidas en la Ley 1601-M,
“Mediación” (2007) y la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”
(2009), la mediación familiar prejudicial obligatoria en la Provincia del Chaco se
rige por los siguientes principios:
1. Voluntariedad: se refiere a que los participantes son libres de permanecer o retirarse del proceso de mediación familiar cuando lo crean oportuno, sin prever
ningún tipo de sanción para ello. Asimismo, con fundamento en este principio, deciden si arriban o no a acuerdos, de manera que el hecho de someter su
conflicto al método en examen no les obliga a agotar el proceso y, mucho menos, culminar con un acuerdo (Artículo 14, Ley 1782-C, “Ley de Mediación
Familiar Obligatoria”, 2009 en relación con Artículos 1 y 26, tercer párrafo,
Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). Es importante resaltar además que, dada
la naturaleza personalísima de los asuntos familiares, las partes deberán concurrir personalmente a cada una de las sesiones, haciéndose acompañar por
asistencia letrada, de lo contrario se les tendrá por no comparecidas, salvo que
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acuerden nueva fecha para subsanar la falta (Artículos 8, segundo párrafo, 18,
cuarto párrafo, 21, segundo párrafo, y 23, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007
en relación con Artículo 19, Ley 26.589, “Mediación y Conciliación”, 2010).
Además, interesa lo referente a la intervención de terceros que, tratándose de la
materia familiar, pudieran verse afectados por la decisión que eventualmente
tomen las partes involucradas. Bajo esta cualidad, pudieran intervenir, entre
otras, las personas menores de edad, cuya participación podrá darse de oficio
o a solicitud de cualquiera de las partes, aunque siempre con previo consentimiento de los progenitores (Cobas Cobiella, 2020). Es en este punto donde el
principio de voluntariedad se entronca con el interés superior de la niñez y la
adolescencia en el contexto de la mediación familiar.
2. Confidencialidad: ordena que la información que sea brindada por los participantes en conflicto durante el desarrollo de las sesiones conjuntas o privadas
no podrá ser divulgada a terceras personas o utilizada para fines distintos a los
que se siguen con la mediación familiar (Artículos 3, 4 y 5, Anexo a la Ley
1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007 en relación con Artículo
8, párrafos primero y tercero, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). Interesante
resulta el deber de confidencialidad cuando la normativa lo hace extensivo a
mediadores, partes involucradas, asistencia letrada, terceros y el personal del
propio Centro de Mediación, sea durante o después de culminado el proceso
de mediación familiar (Artículo 6, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética
de los Mediadores”, 2007). Es de resaltar que la confidencialidad no requiere
acuerdo expreso de las partes (Artículo 8, Ley 26.589, “Mediación y Conciliación”, 2010). Si bien las disposiciones vinculadas con la mediación familiar
de la Provincia del Chaco no prevén las circunstancias bajo las cuales podrá
darse el cese del deber de confidencialidad, en este sentido deberá observarse lo establecido por la Ley 26.589, “Mediación y Conciliación” (2010) que
rige con carácter general, específicamente en su artículo 9, cuando ordena que
podrá tener lugar por dispensa expresa de todas las partes intervinientes o, se
tenga conocimiento de la comisión o posible ejecución de un delito (Artículo
26, cuarto párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007).
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3. Consideración especial de los intereses de las personas menores de edad, mayores dependientes o con discapacidad: si bien se trata de una obligación que
las partes en conflicto deben satisfacer durante el proceso de mediación familiar, también se hace extensiva al mediador que lo conduce (Artículo 13,
Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). Lo
anterior, se sustenta en el hecho de que el mediador deberá estimular que las
partes en conflicto antepongan el interés superior de la niñez o de las personas
en especial situación de vulnerabilidad frente al interés personal de cada uno
de los sujetos intervinientes. Luego, cabe preguntarse: ¿cómo ha de proceder
el mediador si las partes no respetan los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad dentro del núcleo familiar? Si bien la normativa sobre
mediación familiar de la Provincia del Chaco no se pronuncia al respecto,
puede manejarse el criterio de que deberá operar la terminación anticipada del
proceso, por cuanto se estaría vulnerando una norma de orden público y ello
obstaculizaría su continuidad.
4. Neutralidad: está referido a que el mediador deberá evitar emitir juicios u opiniones que puedan influir en las consideraciones a que las partes arriben (Artículo 7, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007).
Esto se sustenta en que el mediador no propone, no sugiere ni recomienda (Ortuño Muñoz, 2018), solo sirve de puente de comunicación entre las partes que
son quienes, en definitiva, están llamadas a resolver por sí mismas el conflicto,
bajo la asistencia de un tercero neutral.
5. Imparcialidad: se concreta en que la actuación del mediador debe evidenciar
el mismo trato para las partes involucradas quienes deben percibir que se trata
de una persona libre de prejuicios o favoritismos, ya sea en apariencia, palabra
o acción (Artículos 7 y 8, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los
Mediadores”, 2007). Además, deberá evitar cualquier situación que le genere
dependencia con alguna de las partes, afectando el ejercicio de sus funciones
en la gestión del conflicto (Artículos 9 y 11, Anexo a la Ley 1601-M, “Código
de Ética de los Mediadores”, 2007). En caso contrario, vendría obligado a excusarse del asunto concreto.
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6. Independencia: se refiere a la obligación que se le impone al mediador de poner
en conocimiento de las partes cualquier circunstancia o hecho que pueda afectar o poner en dudas su independencia (Artículo 10, Anexo a la Ley 1601-M,
“Código de Ética de los Mediadores”, 2007). En este sentido, siempre que el
mediador efectúe las declaraciones que sean procedentes sin contener reserva
alguna o que, conteniéndola, las partes no lo hayan objetado, se entiende que
será confirmado en su encargo.
7. Honestidad: está referida a la obligación del mediador de excusarse de conducir un proceso de mediación familiar por falta de aptitudes suficientes o poca
preparación técnica, según el contenido de la disputa y la naturaleza del proceso (Artículos 17 y 18, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). En tal caso, se ha previsto que el mediador se excuse de efectuar
la labor de acercamiento de las partes, bajo el fundamento del artículo 9, inciso
j), del Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores” (2007),
alegando motivos de decoro o delicadeza.
8. Equidad: está encaminada hacia el cabal entendimiento y comprensión de los
contenidos y los alcances de los acuerdos a que arriben las partes dentro del
proceso de mediación familiar, así como de las consecuencias jurídicas en que
incurrirían si incumplieran lo convenido (Artículo 12, Anexo a la Ley 1601-M,
“Código de Ética de los Mediadores”, 2007). De tal suerte, cuando el mediador
perciba desequilibrios de poder entre las partes en conflicto, procurará a través
de sus intervenciones equilibrar las relaciones y balancear el proceso (Artículo
7, inciso c), Ley 26.589, “Mediación y Conciliación”, 2010).
9. Legalidad: se sustenta en que durante el desarrollo del proceso de mediación
familiar se garantice un adecuado acceso a la justicia y el debido proceso, así
como que los acuerdos a que se arriben, si fuera el caso, respeten el orden
público y las normas imperativas (Artículo 12, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). Para ello, se ha previsto además que
este convenio sea homologado ante el Juez cuando incluye la intervención de
personas menores de edad, dando previa vista a los Ministerios Públicos que
correspondan (Artículo 11, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar ObligaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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toria”, 2009).
10. Flexibilidad: viene encaminada hacia la facultad que se les reconoce a las partes y al propio mediador de decidir la forma en que se llevará a cabo el proceso
de mediación familiar, la celeridad del procedimiento en función del avance
de las negociaciones y el cumplimiento del plazo fijado, si así fue acordado
(Artículos 14 y 15, Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores”, 2007). De lo contrario, deberá estarse al plazo de hasta sesenta días
contados a partir de la última notificación al requerido o al tercero en su caso
para realizar el proceso en examen (Artículo 25, Ley 1601-M, “Mediación”,
2007 en relación con Artículo 14, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar
Obligatoria”, 2009).
Desarrollo del proceso de mediación familiar
De novedoso puede calificarse el proceso de mediación familiar prejudicial obligatorio en Argentina, principalmente por el cúmulo de opciones que ofrece al/a la
justiciable para ejercer un adecuado derecho de acceso a la justicia, dando preeminencia a la resolución consensuada de los conflictos en la materia que se examina
(Suáres, 2016; Artículo 2, apartado 5), Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018). En este sentido, cabe
resaltar la obligatoriedad de la etapa prejudicial que, conforme al artículo 58 de la
normativa procesal vigente —Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia
(2018)—, podrá ser cumplida bien ante la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes cuando involucre sus intereses o comprometa sus derechos fundamentales,
bien ante Centro Público o Privado de Mediación.
¿Cómo es el trámite ante la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes? Es válido
resaltar que se trata de un proceso que goza de celeridad, toda vez que presentada
la solicitud ante la Mesa de Entradas de este Ministerio Público, se citará a las
partes y demás interesados a una audiencia que se verificará dentro de los diez
días siguientes a la fecha en que se presentó el trámite (Artículo 60, Ley 2950-M,
“Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”,
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2018). Al respecto, es importante mencionar que en esta audiencia podrá participar la niña, el niño o adolescente en calidad de tercero que pueda verse afectado
eventualmente por el acuerdo a que arriben las partes (Artículo 40, Ley 2950-M,
“Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”,
2018), aunque en virtud de los principios de imparcialidad y neutralidad viene
obligado el asesor a resguardar los intereses de las personas en situación de vulnerabilidad (Artículo 59, apartado 4), Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018).
Durante esta audiencia, el asesor escuchará a las partes y, luego a la niña, al niño o
adolescente según su edad y grado de madurez para conocer su percepción sobre
el conflicto, cómo lo ha vivido, cómo se ha sentido, cuál es su opinión al respecto
y cómo se imagina a su familia de cara al futuro (Artículos 24, apartados 1) y 4),
Ley 2950-M, “Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia
del Chaco”, 2018). Tal práctica resulta de vital trascendencia, sobre todo si se
persigue la resolución consensuada del conflicto. No debe olvidarse que la participación de las personas menores de edad dentro del proceso de mediación familiar lejos de entorpecer la solución facilita la cultura del diálogo entre las partes y
estimula la capacidad de consenso de los sujetos involucrados (Cobas Cobiella,
2020), teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto y la personalidad de quienes
intervienen.
Por otra parte, merece apuntar que si alguna de las partes no comparece ni acredita justa causa, se levanta acta contemplando tal circunstancia, dejando expedita
la vía judicial. Es de señalar que la incomparecencia injustificada debe ser especialmente valorada en el proceso, aunque la normativa no dispone consecuencias
jurídicas para quien cometió la falta, lo que exige revisión. No obstante, quienes
suscriben, estiman que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
26.589, “Mediación y Conciliación” (2010) y, por tanto, la parte incompareciente
deberá abonar multa con monto equivalente al cinco porciento (5%) del sueldo
básico de un juez de primera instancia si se ejercitara la acción ante órgano jurisdiccional. Caso contrario que justifique su incomparecencia, el asesor podrá
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fijar fecha para nueva audiencia (Artículo 61, Ley 2950-M, “Código Procesal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018).
En cuanto al acuerdo «total» se refiere, la normativa procesal que se comenta dispone que podrá ser homologado ante el juez. Sin embargo, dado el caso de que la
etapa prejudicial se lleve a cabo ante la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes,
no se requerirá el trámite de vista previa, con lo cual el acuerdo a que arriben las
partes nace con un voto de legitimidad a partir de las funciones que tiene asignadas este Ministerio Público como garante del principio del interés superior de
la niñez y la adolescencia (Artículos 22 y 24, apartado 2), Ley 2950-M, “Código
Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco”, 2018).
Del análisis de esta institución, es válido referir que la normativa no contempla
qué efectos tendrá el convenio labrado en tal caso. Sin embargo, haciendo una
interpretación sistémica, pudiera inducirse que se está en el supuesto previsto en
el artículo 496, apartado 1), del Código Procesal Civil y Comercial (2017), referido a que los acuerdos homologados gozan de la autoridad de cosa juzgada y, por
tanto, siguen los trámites establecidos para la ejecución de sentencias.
Por otra parte, la Ley 1601-M, “Mediación” (2007), supletoria de la Ley 1782-C,
“Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009), en su artículo 2, distingue la
mediación familiar y la forma en que se desarrolla, según sea extrajudicial o judicial, lo que tiene trascendencia en cuanto a las pautas a seguir y la elección del
mediador. Ahora bien, con independencia de la modalidad que se siga, el primer
paso se centra en la presentación de una solicitud de mediación ante la Mesa
de Entradas y Salidas del Juzgado del Menor de Edad y Familia que, por turno,
corresponda (Artículo 3, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”,
2009).
En el caso de la mediación familiar extrajudicial, entendida como aquella que
tiene lugar sin que se haya promovido demanda ante órgano jurisdiccional, se
rige por las siguientes pautas: a) mediador inscripto en el Registro de Mediadores
Familiares a cargo del Superior Tribunal de Justicia y en posesión de título universitario (Artículo 2, segundo párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007); b) asisRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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tencia letrada opcional, salvo que el acuerdo deba ser homologado judicialmente
como ocurre en los casos en que hay personas menores de edad involucradas
(Artículo 3, segundo párrafo, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007) y, c) la retribución del mediador será la que convengan las partes en conflicto. De tal suerte, no
contiene presupuestos especiales, sino que se está ante requerimientos mínimos
para satisfacer una demanda de justicia.
Unido a lo anterior, otro aspecto interesante es el que se refiere a la designación
del mediador que puede ser efectuada, bien por la parte solicitante, bien por la
parte invitada. La única condición que deberá cumplirse es que se encuentre matriculado en el Registro de Mediadores Familiares. En términos generales, el procedimiento de designación del mediador familiar podrá efectuarse por acuerdo
expreso de las partes (Artículos 39 y 40, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007 en
relación con Artículo 14, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”,
2009), o sea, ambas partes de consuno eligen al mediador que atenderá su conflicto a través de convenio escrito, lo que refuerza la autonomía de la voluntad como
presupuesto del proceso.
Otra variante se refiere a la designación por sorteo cuando existe desacuerdo entre
las partes respecto a la figura del mediador o aquel designado se haya excusado o
haya sido recusado, el que se formaliza ante la Mesa Única Informatizada, previa
notificación de la naturaleza del conflicto y los datos de las partes intervinientes.
Así, será sorteado un mediador titular y un suplente (Artículo 21 en relación con
Artículo 17, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). También, procede en virtud de
propuesta del requirente al requerido, el que deberá seleccionar al mediador de un
listado elaborado a tales efectos. Aspectos todos que merecen valoración.
En lo que a la mediación familiar judicial se refiere, valga resaltar que es aquella
que tiene lugar dentro de un proceso en trámite ante el órgano jurisdiccional. De
tal suerte, cualquiera de las partes o el Asesor de Niñas, Niños y Adolescentes
puede solicitar que el asunto sea derivado a mediación antes de que recaiga sentencia firme, salvo que lo disponga el juez por resolución fundada durante la sustanciación del proceso y por considerarlo conveniente para los intereses de las
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partes (Artículo 322, Ley 2.559, “Código Procesal Civil y Comercial”, 2017). Tal
solicitud será notificada a la otra parte para que la apruebe o rechace, dado caso
que la derivación procede solo si las partes prestan su consentimiento expreso o
tácito de someterse a mediación, entendiéndose en este sentido el silencio como
aceptación (Artículo 20, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007 en relación con Artículo 8, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009). Lo anterior,
precisamente se sustenta en la voluntariedad que debe primar en la mediación
familiar.
Una vez dispuesta la derivación judicial a mediación familiar y aceptada por las
partes en conflicto, se les citará a audiencia a la que deberán concurrir personalmente. De lo contrario, se tendrá por fracasada, salvo causa justificada y seguirá
el proceso judicial por sus trámites ordinarios. Aquí las partes propondrán al mediador o a los mediadores que serán designados para el asunto en cuestión, a partir
de la lista acompañada al escrito de notificación de audiencia (Artículos 20 y 21,
Ley 1601-M, “Mediación”, 2007). En caso de desacuerdo entre las partes, se procederá a la designación por sorteo ya explicada. Ahora bien, es de destacar que
las mediaciones familiares en procesos judiciales serán realizadas por mediador
registrado que sea abogado de formación, sin perjuicio de que se auxilie de otro
mediador registrado de formación distinta (Artículo 2, párrafo tercero, Ley 1601M, “Mediación”, 2007). Al respecto, cabe cuestionarse cuál es el fundamento del
legislador para adoptar tal previsión si, en definitiva, los acuerdos en ambas modalidades de intervención (extrajudicial y judicial) requieren homologación por
parte del juez actuante cuando están inmiscuidos derechos de personas menores
de edad y los mediadores matriculados en el Registro de Mediadores Familiares.
Con ello, tal distinción carece de lógica.
Para el caso en que se hubiere incoado proceso judicial en materia familiar de
forma directa, el juez previo a la radicación del asunto someterá a las partes a mediación prejudicial (Artículo 3, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009), dado su carácter obligatorio y preferente. Sobre los plazos de prescripción y caducidad, quedan suspendidos a partir de la fecha de notificación al
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requerido o parte invitada cuando media acuerdo de las partes o a propuesta del
requirente o parte solicitante en torno a la designación del mediador. Cuando se
designa mediador por sorteo, la suspensión se produce en el momento en que la
autoridad judicial formaliza la designación (Artículo 9, Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009). Con ello, el legislador quiso dejar a salvo
las posibles acciones y derechos que el/la justiciable quisiera hacer valer en la vía
pertinente en caso de que la mediación familiar resulte infructuosa, dotándole de
seguridad jurídica y garantizando un debido proceso (Agüero, 2020).
Otro aspecto medular es la admisión de la co-mediación, prevista en el artículo
6 de la Ley 1782-C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria” (2009). Esta previsión posibilita la intervención de expertos o consultores en el tema específico
objeto de conflicto, ofreciendo un abanico de alternativas al momento de generar
y evaluar las posibles opciones de solución a la controversia de las partes (Veracierto, 2015). Para su designación, se seguirá el procedimiento establecido para la
designación de mediadores y, como requisito esencial, deberán estar matriculados
en el Registro de Mediadores Familiares, por tratarse de materia especializada; lo
que resulta acertado.
Interesante resulta la regulación de las causales de excusación y recusación, así
como el procedimiento a seguir en tales casos, distinguiendo según se trate de
mediación familiar extrajudicial o judicial. En el primer supuesto, al mediador le
serían de aplicación las causales generales de excusación previstas en el artículo 9
del Anexo a la Ley 1601-M, “Código de Ética de los Mediadores” (2007), limitándose a señalar el carácter subsistente de la declaración que pudiera efectuarse por
quien gestiona el conflicto y el proceso continuaría por los cauces establecidos en
los artículos 17 y 18, de la Ley 1601-M, “Mediación” (2007) referentes a citación
a audiencia, notificación y designación de mediador. Por lo contrario, en el segundo supuesto, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 30 de la normativa
que se comenta sobre las causales de excusación donde el mediador designado
deberá excusarse atendiendo a los casos regulados para los jueces en el artículo
29 y siguientes, de la Ley 2.559, “Código Procesal Civil y Comercial” (2017),
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pudiendo además se recusados con o sin expresión de causa. De estar en desacuerdo el mediador, será el juez que derivó el asunto quien resuelva lo que proceda.
Solución jurídica que se evidencia acertada a partir de la propia sistemática que
sigue la normativa.
Finalmente, en cuanto al acuerdo «total o parcial» de mediación familiar se refiere, tanto en la modalidad extrajudicial como en la variante judicial se deberá dar
previa vista al Asesor de Niñas, Niños y Adolescentes para la homologación judicial si se afectan derechos de personas menores de edad (Artículo 9, Ley 1782C, “Ley de Mediación Familiar Obligatoria”, 2009 en relación con Artículo 27,
párrafo cuarto, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007), siendo ejecutable por vía de
ejecución de sentencia ante incumplimiento donde el juez podrá aplicar multa a
favor de la otra parte. En los casos en que no requiere homologación, se configura
como título ejecutivo que goza de presunción de legitimidad y, por tanto, se ejecuta mediante procedimiento de juicio ejecutivo (Artículo 520, apartado 2), Ley
2.559, “Código Procesal Civil y Comercial”, 2017 en relación con Artículo 27,
párrafo tercero, Ley 1601-M, “Mediación”, 2007), lo que resulta acertado.
Mediación familiar en el Estado de Nuevo León, México: algunas reflexiones desde la academia y la práctica profesional
En el Estado de Nuevo Léon, México, la mediación familiar ha seguido iguales
cauces que los previstos para otros MSC, a pesar de la autonomía del Derecho de
Familia (Pérez Fuentes, 2018) y la necesaria especificidad que exige el ejercicio
de este método en el ámbito de las relaciones familiares. Lo anterior, se sustenta
en que las partes no solo aparecen vinculadas por el conflicto en sí, sino también
por complejos lazos de parentesco (Gorjón Gómez &amp; Vázquez Gutiérrez, 2015).
A continuación, se analizará esta figura a la luz de las diferentes disposiciones
normativas que la regulan en la actualidad, con la finalidad de dectectar las principales falencias de que adolece el ordenamiento jurídico y efectuar propuestas
tendentes a su perfeccionamiento.
Al respecto, es de señalar que actualmente los MSC, entiéndase incluida la meRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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diación familiar objeto de estudio, se rigen por lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos —en lo adelante, CPEUM— (1917),
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León —en lo adelante, CPELSNL— (1917), la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución
de Controversias para el Estado de Nuevo León —en lo adelante, LMASCNL—
(2016) y su Reglamento —en lo adelante, RLMASCNL— (2017), así como el
Código Civil para el Estado de Nuevo León —en lo adelante, CCNL— (1935) y
el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León —en lo adelante,
CPCNL— (1973). Estas dos últimas disposiciones normativas se aplican respecto
a los asuntos de orden familiar y ejecución de sentencias, según sea pertinente.
Del análisis de las vigentes normativas que integran el ordenamiento jurídico
mexicano vinculadas con la mediación familiar, se extraña la promulgación de
una Ley que rija la materia a nivel federal o estatal o, inclusive, siendo de carácter
general contemple aspectos específicos en el ámbito de las familias. Una revisión
detallada de las normas jurídicas contenidas en las legislaciones referenciadas en
este epígrafe revela la insuficencia normativa existente de cara al ejercicio de la
mediación familiar hoy día, muchas veces por las «innecesarias» exigencias burocráticas, otras por la presencia de supuestos que la ley no prevé o la «aparente
dependencia» de la mediación familiar a la mediación o los MSC, cuando no la
desconfianza ante lo nuevo o lo desconocido. Sin embargo, quienes ejercen en lo
cotidiano la mediación familiar desempeñan una loable labor que merece ser destacada toda vez que, dentro de los múltiples ámbitos de aplicación de los MSC,
representa el más complejo y resulta ser el más efectivo desde lo práctico.
Ahora bien, conviene mencionar que la mediación familiar goza de reconocimiento constitucional no solo a nivel federal (Artículo 17, CPEUM, ref. 15-09-2017,
1917), sino también estatal (Artículo 16, párrafo tercero, CPELSNL, ref. 27-112020, 1917). Si bien son las propias partes quienes legitiman el método en examen y el procedimiento que se sigue cuando deciden someter de forma voluntaria
su conflicto a mediación, es indiscutible que su consagración en el magno texto y
la reafirmación del derecho de acceso a la justicia alternativa constituyen un valor
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añadido en pos de la culturización de los MSC en la sociedad, aunque ello no es
suficiente.
Particular consideración merece prima facie la cuestión atinente a que la
LMASCNL (2016) no establece un catálogo de los conflictos familiares que pudieran ser sometidos a mediación. En este sentido, solo se limita a disponer que el
asunto podrá ventilarse a través de este método, siempre que no altere el orden público, no contravenga disposición legal expresa o derechos de terceros. Así, en su
artículo 4 (LMASCNL, 2016), plantea que los derechos y obligaciones pecuniarios de las personas menores de edad, así como los asuntos familiares en ejecución
de sentencia podrán ser resueltos a través de la mediación familiar, siguiendo lo
dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. De tal suerte, sería
conveniente identificar los conflictos familiares que pueden someterse a este proceso, así como las excepciones que pudieran existir.
Si se realiza una interpretación sistémica del ordenamiento jurídico que rige los
MSC, inmediatamente se constata lo ordenado en el artículo 962 del CPCNL
(1973) que establece los asuntos exceptuados de someterse a arbitraje. Sin embargo, quienes suscriben consideran que mutatis mutandi es de aplicación a la
mediación familiar. Así, enuncia los conflictos que no podrán atenderse a través
de la justicia alternativa, a saber: 1) el derecho de recibir alimentos, 2) los divorcios, salvo la separación de bienes y las cuestiones patrimoniales derivadas, 3) la
nulidad del matrimonio, 4) las acciones referidas al estado civil de las personas
y 5) los demás que prohíba expresamente la ley. En consecuencia, parte de una
formulación negativa que exige una labor interpretativa en orden a determinar la
mediabilidad del conflicto según su naturaleza bajo el sistema de numerus apertus, o sea, el listado que ofrece tiene carácter enunciativo y la posible inclusión
de cualquier otro tipo de conflicto requiere valorarse caso a caso, lo que merece
revisión.
Unido a lo anterior, surge la interrogante respecto a si es posible mediar en casos
de violencia familiar o, planteada de otro modo, en un conflicto familiar que ha
adquirido cotas de violencia es procedente mediar. Al respecto, la doctrina no
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tiene un criterio unánime y la LMASCNL (2016) no se pronuncia en este sentido,
aunque en su artículo 4, remite a otros ordenamientos que pudieran ser de aplicación. En consecuencia, el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Víctimas
del Estado de Nuevo León (2013) establece que no podrá optarse por la mediación, salvo que se acredite que la víctima está en condiciones de tomar decisiones.
Con ello, lejos de limitar el acceso a la justicia como pudiera alegarse se persigue
garantizar la igualdad y autodeterminación de las partes dentro del proceso que es,
en definitiva, el pilar sobre el que se sustenta.
Otro aspecto importante en el análisis que se realiza es el referente a los principios
sobre los cuales se estructura la mediación familiar. De la interpretación sistémica de lo dispuesto en el artículo 5 de la LMASCNL (2016) y el artículo 32 de su
Reglamento (2017), se establecen como mandatos de optimización del proceso
los siguientes: confidencialidad, equidad, flexibilidad, honestidad, independencia,
imparcialidad, neutralidad, voluntariedad, legalidad, consentimiento informado,
oralidad y transparencia; los cuales en su mayoría fueron analizados con anterioridad. Sin embargo, es de señalar que, tratándose de una normativa que prevé la
mediación en diferentes ámbitos, incluido el familiar, no contempla el interés superior de la niñez como parámetro de obligada observancia en la materia aunque,
del artículo 4 de la CPEUM (1917), se extiende a todos los órdenes jurídicos. Por
otra parte, si bien ordena quiénes deben resguardar el deber de confidencialidad
del asunto durante el desarrollo de la mediación, no hace referencia sobre qué
ocurrirá una vez culminado el proceso; lo que merece revisión.
Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el proceso de mediación familiar? A diferencia
de la legislación procesal familiar argentina, no se prevé una etapa prejudicial
obligatoria, lo que representa la principal falencia del proceso y acentúa la concepción «alterna» que prima de la mediación familiar y los MSC (Gorjón-Gómez,
2020), amén de que la justicia tradicional y la justicia alternativa gozan de igual
dignidad y reconocimiento (Tesis: III.2o.C.6 K (10a.), 2013). Así, conforme al
artículo 13 de la LMASCML (2016) y al artículo 33 del RLMASCNL (2017), se
puede dar inicio al proceso a partir de la derivación judicial o administrativa, soRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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licitud de una o ambas partes o de tercero ajeno a la controversia y, por existencia
de cláusula compromisoria o acuerdo de mecanismo alternativo. Sin embargo,
tales previsiones resultan insuficientes, ya que el desconocimiento y la desconfianza hacia el sistema se hacen patentes cuando las partes recurren en lo cotidiano
a la vía judicial.
En cuanto a la derivación judicial prevista en el segundo párrafo del artículo 43 de
la LMASCNL (2016), instituye la obligación del juez de darles vista a las partes
en conflicto en el auto de radicación del asunto, acompañando la lista de los Centros Públicos o Privados de Mediación y de los facilitadores privados certificados
vigentes. Interesante es la dualidad procesal familiar generada en los artículos
987 y 1052 del CPCNL (1973), según se trate de un juicio familiar ordinario u
oral, lo que trasciende a la forma en que se realiza la invitación a los MSC, en
particular la mediación familiar. Así, el engranaje establecido es poco enérgico,
causal, ya que los jueces se limitan a enunciar el derecho que tienen las partes de
acudir a mediación familiar para gestionar su conflicto y preguntar si es su voluntad participar en el proceso de mediación vía escrita o en la audiencia preliminar
a partir de la naturaleza del juicio incoado (Sandoval Salazar, 2019). La realidad
y la experiencia comparada demuestran que es necesaria una preparación mínima
en el tema de los MSC para brindar una información suficiente y pertinente al/a
la justiciable (Ortuño Muñoz, 2018), con lo cual se estimularía en lo cotidiano el
acceso a la justicia alternativa.
En cuanto a la designación del facilitador familiar así denominado por la LMASCNL
(2016), se prevé el procedimiento a seguir en sus artículos 16 y 17, donde será
elegido por el Instituto o las partes y, en caso de desacuerdo de las partes, lo designará el Instituto. Pero ello se ha establecido para los supuestos en que el trámite
lo solicitan directamente las partes en conflicto, nada se dispone respecto a la designación de co-facilitador o cuando ha operado una derivación judicial, aunque
en este último caso según el segundo párrafo ad finem del artículo 43 de la propia
Ley pudieran ser de aplicación directa tales normas jurídicas. Vinculado con lo
anterior, destaca la excusación regulada en los artículos 7, 37, apartado VI, y 38,
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ISSN 2395-8448. 150-181. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/171

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así como la recusación en el artículo 21, apartado IV, de la LMASCNL (2016). Sin
embargo, no señala efectos de la excusación y la recusación ni quién resuelve ante
inconformidad del facilitador respecto a la recusación, lo que merece revisión.
Del análisis del artículo 43 en relación con el artículo 15, párrafo segundo, de la
LMASCNL (2016), resalta la importancia de que se garanticen los derechos de
las personas menores de edad en el proceso de mediación familiar. No obstante,
ordena que comparecerán por medio de quien ejerza la patria potestad o la tutela,
dejando su intervención personal a juicio del facilitador si ello fuera útil. Grosso
modo, tal previsión establece la representación como regla general y, la inclusión
como excepción, cuando debiera ser lo contrario. En este sentido, cabe preguntarse si es recomendable en un proceso de mediación familiar donde se deciden
cuestiones que involucran derechos de niñas, niños y adolescentes que sean los
progenitores en conflicto quienes representen sus intereses, a pesar de tener derecho a ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta. Sin embargo, no
prevé la normativa en qué etapa podrán intervenir si llegaran a ser invitados ni
bajo qué condiciones se producirá la intervención.
Al igual que la legislación argentina, se admite la co-mediación (Artículo 2.VII,
LMASCNL, 2016), con la salvedad de que no señala el procedimiento a seguir en
la designación de co-facilitador ni estipula en qué etapa del proceso de mediación
familiar intervendrá si fuera el caso, aspectos que merecen revisión. Es de resaltar
que la solicitud de proceso de mediación tiene trascendencia, por cuanto suspende
los plazos de prescripción y caducidad (Artículos 25 y 43, LMASCNL, 2016),
lo que salvaguarda las acciones o los derechos de las partes en caso de que no se
arribe a acuerdo o este sea parcial.
En cuanto a los acuerdos, requerirán homologación por el juez o sanción por el
Director del Instituto para surtir efectos de cosa juzgada o sentencia ejecutoriada, según deriven de un proceso jurisdiccional o se haya interesado mediación
previo a incoar demanda (Artículos 27 y 28, LMASCNL, 2016), aunque siempre
que se trate de menores o incapaces habrá que darle vista al Ministerio Público
(Artículo 30, párrafo segundo, LMASCNL, 2016). En caso de incumplimiento,
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procederá la ejecución forzosa de lo pactado por la vía de apremio, aunque no se
prevé sanción alguna para quien viene obligado como acontece en la legislación
argentina, lo que merece revisión.
Propuestas de perfeccionamiento de la mediación familiar de lege data y de lege
ferenda
Con base en la problemática planteada y el análisis jurídico-comparado, se efectúan
las siguientes propuestas para el perfeccionamiento de la mediación familiar y su
ejercicio en Nuevo León desde la academia y la práctica profesional:
- Al amparo de lo previsto en el artículo 43, párrafo primero, en relación con el
artículo 10.I de la LMASCNL (2016), pudiera establecerse la mediación prejudicial obligatoria por la especial naturaleza de los conflictos familiares que se
dirimen y los intereses en juego. En este sentido, además sería conveniente establecer un catálogo de conflictos familiares susceptibles de gestionarse a través
de la mediación familiar, así como sus respectivas excepciones bajo el sistema de
numerus apertus. También, se torna imperioso que los facilitadores y co-facilitadores se especialicen en mediación familiar a partir de las peculiaridades propias
de este ámbito de actuación, lo que deberá ser requisito para su ejercicio. Sería
necesario fijar legalmente un plazo de duración del proceso de mediación, salvo
que las partes convengan lo contrario.
- En cuanto a los principios que rigen la mediación familiar, sería necesario reflexionar sobre los alcances del deber de confidencialidad, puesto que deberá resguardarse durante y después del proceso a diferencia de la actual previsión contenida en el artículo 5.I de la LMASCNL (2016). Por otro lado, sería procedente
incorporar de forma expresa y congruente el interés superior de la niñez. Así,
deberá estimularse como regla general la participación directa de las personas
menores de edad en el proceso de mediación familiar, siempre que se aborden
cuestiones que les atañen y; la representación de sus intereses por los progenitores
en conflicto solo operará como excepción: contrario a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 15 de la LMASCNL (2016). Con ello, se potencia su auRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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tonomía progresiva y se les reafirma como sujetos de derecho. Unido a lo anterior,
en caso de conflictos que versen sobre derechos de personas menores de edad, las
partes deberán acudir a la mediación con asistencia letrada, so pena de tenerse
por no comparecidas. Promuévase el ejercicio de la co-mediación, auxiliándose
de un co-facilitador especializado en mediación familiar y formado en psicología
infantil para atender lenguaje.
- En los casos de derivación judicial, sería conveniente citar a las partes a una audiencia previa radicación del asunto donde se les explique qué es la mediación familiar, sus características, utilidad y si es su voluntad resolver su conflicto a través
de este método. Con la diligencia de notificación de audiencia, se acompañará
lista actualizada de Centros de Mediación y facilitadores privados certificados
vigentes para que efectúen su designación en el acto, si a ello accedieran.
- Para la designación del facilitador y/o el co-facilitador familiar, son las partes
quienes siempre deberán elegirlo(s) y, solo en su defecto y por desacuerdo, lo
hará el juez o el Instituto, ya sea mediación judicial o extrajudicial. Con ello, se
preserva la voluntariedad y la transparencia del proceso. En su caso, se dispondrá
que el co-facilitador familiar intervenga desde el inicio del proceso. Vinculado
con lo anterior, sería preciso que se presenten como efectos de la excusación y la
recusación: la designación de nuevo facilitador familiar. Y, para el caso de que el
facilitador no esté de acuerdo con la recusación planteada por alguna de las partes,
resolverá el juez o el director del Centro Privado o del Instituto, según el asunto
haya sido derivado judicialmente o no.
- Como regla general, el acuerdo de mediación pudiera concebirse como título
ejecutivo y, solo requerirá homologación judicial si involucrara derechos de personas menores de edad previa vista al Ministerio Público que corresponda. En el
primer caso, regirían las reglas previstas para el proceso ejecutivo (Artículos 646.
III y siguientes, CPCNL, 1973), mientras que en el segundo supuesto, transcurriría por los cauces establecidos para la ejecución de sentencias (Artículo 461,
bis, bis I, CPCNL, 1973). Ante su incumplimiento o inejecución voluntaria, el
obligado será multado por el juez actuante que conozca del asunto en la cuantía
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que a tal efecto se disponga.
3.- MÉTODO
Diseño
El presente artículo siguió un enfoque cualitativo, cuyo propósito se ciñó a indagar sobre la mediación familiar en los ordenamientos jurídicos de la Provincia
del Chaco, Argentina y el Estado de Nuevo León, México. En este sentido, se
empleó el método exegético-analítico para la revisión de los textos legales que
regulan la figura in commento desde una perspectiva comparada.
Instrumentos
Para el abordaje del análisis jurídico-comparado de la mediación familiar en Argentina y México, se consultaron un total de diecinueve (19) disposiciones normativas para determinar las características del diseño instrumentado en cada ordenamiento, así como un total de veintitrés (23) artículos científicos, tesis y documentos publicados en su mayoría entre 2015 y 2020.
Procedimiento
De los documentos doctrinales y normativos, se identificaron los aspectos medulares sobre los que se sustentó el análisis comparado de la mediación familiar
(conflictos familiares mediables, principios y proceso). Con posterioridad, se procedió a integrar de forma ordenada y coherente las ideas, exponiendo áreas de
oportunidad que requieren revisión a efectos de su perfeccionamiento.
4.- CONCLUSIONES
En Argentina y México, se reconoce que la mediación familiar es un proceso voluntario que permite que las partes, guiadas por un tercero neutral e imparcial, autogestionen su conflicto y propongan soluciones que satisfagan las necesidades y
los intereses de los miembros de la familia, en particular se ponderen los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
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En la Provincia del Chaco, Argentina, el diseño de la mediación familiar previsto
instituye su obligatoriedad antes de incoar proceso judicial en materia familiar,
además de contar con una ley especial que contempla, entre otros, un catálogo de
conflictos mediables, principios a observar, procedimiento de designación de mediadores y co-mediadores, procedimiento y efectos de la excusación y recusación,
que permite darle mayor operatividad y accesibilidad a la mediación familiar en
el ámbito pre-jurídico y jurídico.
En Nuevo León, México, la mediación familiar presenta insuficiencias y limitaciones que coartan el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la justicia para lo
cotidiano, sobre todo porque el diseño establecido se asienta en la voluntariedad
del proceso, siendo el primer obstáculo para un efectivo acceso a la justicia, por
lo cual es importante romper la barrera de la voluntariedad, obligando a las partes
a informarse sobre los MSC y, así cumplir con el mandato constitucional de privilegiar a la justicia de los MSC dentro del entorno jurídico mexicano.
Urge el perfeccionamiento de la mediación familiar, instituyéndose su obligatoriedad para los conflictos surgidos en el seno de las familias, así como promulgar
una normativa adjetiva que permita materializar y desarrollar un protocolo de
actuación sobre la co-mediación familiar que posibilite la participación directa
de las personas menores de edad, siempre que sea posible, velando por su interés
superior y propiciando el diálogo y el entendimiento familiar en búsqueda de una
nueva unidad familiar por medio de una «justicia cotidiana».
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Barriers to access healthcare for Middle American Migrants during transit
in Mexico1
Barreras de acceso a atención médica para Migrantes Centroamericanos
durante su tránsito por México
Yessica Elizabet, Llanes-García2
https://orcid.org/0000-0003-1750-8057

Tuur, Ghys3
https://orcid.org/0000-0003-4582-5578

Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc7.13-7

________________________________________________________________
ABSTRACT
This paper draws attention to a little discussed aspect of access to healthcare for the hundreds of thousands of
migrants that transit through Mexico to reach the United States, which in theory under the old system was covered
via Seguro Popular. To inform future debates on the right to health of migrants, this paper analyses semi structured
interviews of thirty-one transit migrants in Monterrey to understand the different barriers to healthcare that migrants faced under the former system. The results cover access to information, economic access, physical access,
and discrimination. The paper concludes that these barriers are significant, with access to information standing out
as the largest challenge. Our policy recommendations mainly center around improving the (information) outreach
to migrants.
Keywords: accessibility, healthcare, migration, Seguro Popular, transit.
RESUMEN
Este documento dirige la atención a un aspecto poco discutido del acceso a la atención médica para los cientos
de miles de migrantes que transitan por México para llegar a los Estados Unidos, que en teoría bajo el antiguo
sistema estaba cubierto a través del Seguro Popular. Para informar debates futuros sobre el derecho a la salud de
los migrantes, este documento analiza entrevistas semiestructuradas de 31 migrantes en tránsito en Monterrey para
comprender las diferentes barreras a la atención médica que enfrentaron los migrantes bajo el sistema anterior.
Los resultados abarcan el acceso a la información, el acceso económico, el acceso físico y la discriminación. El
documento concluye que estas barreras son importantes, destacando el acceso a la información como el mayor
desafío. Nuestras recomendaciones de política se centran en mejorar el alcance (de información) a los migrantes.
Palabras claves: accesibilidad, atención médica, migración, Seguro Popular, tránsito.
Recibido: 22 de Mayo 2020 - Aceptado: 16 de Julio 2020
Cómo referenciar este artículo:
Llanes-García, Y., L. &amp; Ghys, T. (2021). Barriers to access healthcare for Middle American Migrants during
transit in Mexico. Politica Globalidad y Ciudadanía, 182-204. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/
index.php/RPGyC/article/view/172. https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc7.13-7

1 The results presented in this document are part of the research project on Accessibility to Seguro Popular of Centro American transmigrants
in the metropolitan area of Monterrey, initiated at the Universidad Autónoma de Nuevo León in Mexico.
2 Maestrante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Email: yessica.llanesga@uanl.edu.mx.
3 Doctor en Sociología por Universiteit Antwerpen, Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: tuur.ghys@uanl.edu.mx

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

�Barriers to access healthcare for Middle American Migrants...

183

1.- INTRODUCCION
The so called ‘Fourth Transformation’ of Mexican public life that started December 2018 came with a questioning of practically every public institution by
either civil society, the opposition or the government itself. One highly debated
change was in the field of healthcare for the most vulnerable, with the change
from the Seguro Popular coverage program to the more encompassing Instituto
de Salud para el Bienestar (INSABI). In this paper we draw attention to the little
discussed aspect of access to healthcare for the hundreds of thousands of migrants
that transit through Mexico to reach the United States, which in theory under the
old system was covered via Seguro Popular. To inform future debates on the right
to health of migrants, this paper analyses interviews of transmigrants in Monterrey to understand the different barriers to healthcare that migrants faced under the
former system. Our results show that these barriers are significant, with access to
information standing out as the largest challenge.
In the next section we will discuss the relevance of the right to health in the Mexican context of transmigration, followed by a brief description of the policy context. Next, we outline our analytical framework and methodology. Next the empirical data is laid out in the results section, followed by a concluding discussion.
2.- THEORICAL FRAMEWORK
Middle American migration context in Mexico
The relevance of studying the interplay of access to healthcare and migration
in Mexico becomes clear when we consider both the volume of migration and
the vulnerability of migrants. In the last decade the historically high number of
emigrates from Mexico to the U.S. has decreased, while the number of people
from the ‘Northern Triangle’ of Middle America (Honduras, Guatemala and El
Salvador) that migrate through Mexico surged (Dominguez, Rietig, 2015; International crisis group, 2016). From the total of migrants presented to migration
authorities between January and December 2020, more than the 90% were from
the Northern Triangle (Secretaría De Gobernación, Subsecretaría De Derechos
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172

�Llanes-García, Y., L. &amp; Ghys, T.

184

Humanos, Población Y Migración, Unidad De Política Migratoria, Registro E
Identidad De Personas, 2020). Of these, 44.9% were from Honduras, 36.2% from
Guatemala and 10.2% from El Salvador. While this varies per year, and currently
decreased due to Covid19 and changes in enforcement (Puiz, 2020), during its
peak an estimated 500.000 irregular migrants tried to cross Mexico annually (Médecins Sans Frontières, 2017). These so-called transit migrants will “likely spend
months crossing Mexico before they reach the Northern border. This journey is
not always unidirectional or continuous” (Frank-Vitale, 2020, p. 59). Although
the destination of most of these Central American migrants is the United States,
many remain in Mexico because they do not have sufficient resources to cross the
northern border, or due to the impossibility of returning to their countries of origin
(Cohn et al., cited by Universidad Iberoamericana, 2020). Additionally, during
Covid19 period the United States and Guatemala reinforced their borders and
migrants were stuck and unable to move north or south (Arriola Vega &amp; Coraza
de los Santos, 2020). According to information from the Instituto Nacional de
Migración, (2020) on April 2020, more than 21,000 migrants were stranded in
Mexico as a result of the measures taken against Covid19. This implies migrants
remain more time in Mexico and make its transit longer than they expected.
This volume of migrants has its own profile, for example, a major part of migrants
who transit through Mexico are men, but the number of female migrants has been
constantly rising. The number of female migrants apprehended by authorities rose
from 13 % in fiscal year 2012 to 25 % in 2017, most of them from the Northern
Triangle (Enrique Gómez Ramírez, 2018, p. 114). In relation with age, a report
of Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (2019)
indicates that age group with most migrants is from 18 to 60 years old; ages considered productive in workspaces. In the last decades, the number of children
who migrate has also increased, on the report, from the total of 26,382 surveyed
migrants, 3975 were children and teenagers. Those characteristics come with specific health necessities which should be considered on the access to healthcare.
The healthcare needs of middle American Migrants in transit in Mexico
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The process of (irregular) migration exposes people to various health risks, and
even under the best of conditions, the process “involves a series of events that can
be highly traumatizing and that can place migrants at risk” (Carballo, Nerurkar,
2001, p.557). These optimal conditions are not present in Mexico, which on the
contrary has been described as a ‘death zone’ (Kron, 2016) for migrants. Migrants
in transit are exposed to a broad spectrum of extreme health threats, including
rape, assault, kidnapping, robbery, police abuse, torture, amongst others (Quiroz,
2014; Redodem, 2018; International Crisis group, 2016; Slack, 2019). To this we
must add the various environmental factors (dehydration, animals, injury during
transport) that come with the journey. Besides the dangers of the journey, the fact
that they are (irregular) migrants creates additional vulnerability. For example in
some cases they do not seek help when it is needed out of fear of detention (Médecins Sans Frontières, 2019) or because they do not know how to access healthcare. The migrant’s health vulnerability includes factors such as the unawareness
of, deficit or absence of rights; the process of migratory grief; the lack of social
and/or family support; difficulty accessing preventive resources and ignorance of
the local health system (Ros Collado, Ollé Rodríguez, 2016). Based on studies in
shelters in Guadalajara (Dignidad y Justicia en el Camino, A.C., 2016), San Luis
Potosi and Coahuila (Leyva-Flores, et all., 2015), one could estimate that while
there is local variance around half the migrants experience some type of health
problem during transit. Given both volume and the vulnerability of this population, it is pertinent to study how their access to healthcare is institutionalized in
Mexico.
Mexican policy context of the right to health for migrants
In this section we briefly review some of the legal obligations of Mexico under
international and national law towards migrants regarding health, before discussing how this is institutionalized. To start, article 25 of the Universal Declaration of
Human Rights states that “Everyone has the right to a standard of living adequate
for the health and well-being” (United Nations, 1948). This was specified in binding international law under the International Covenant on Economic, Social and
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Cultural Rights in article 12, which states “the right of everyone to the enjoyment
of the highest attainable standard of physical and mental health” (United Nations,
1966). These principles have been repeating in a large number of reports, pacts,
interpretations and other ‘soft law’ documents of international organizations recognized by Mexico. The latest of these is the Global Compact for Safe, Orderly
and Regular Migration (United Nations, 2018), which has among its objectives to
provide access to basic services for migrants, including healthcare.
Mexico historically suffered from an inconsistency with international obligations
because its internal laws allowed for migrants to be neglected in their right to
healthcare. While migrants could buy healthcare services, they were not incorporated in any health system. An opening was made with the constitutional reform
in 2011, which states that the constitutional human rights would apply to all persons, not just nationals (Collí Ek, 2012). Around the same time, the new Ley de
Migración (2011) explicitly stated that migrants have the right to receive medical
care.
The rights were only institutionalized in 2014 when migrants gained access to the
public health insurance Seguro Popular (Leyva et al, 2015). The original objective of Seguro Popular was to offer financial protection to the population without
social security protection (Flamand, 2014). It was designed in 2003 to finance
health services divided into a set of basic interventions of first and second level
(ambulatory attention and hospitals) and a high cost set for third level attention
which is covered by the Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Marie
Knaul et al., 2013). With this incorporation, migrants could regardless of their legal status access health coverage for ninety days, which at the end of its existence
covered 294 actions of attention, 633 medicament codes and 37 specific supplies
(Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 2019).
3.- METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
Mexico is notorious for its gab between the formal recognition and the actual
enjoyment of human rights (Ghys, 2019). Health is no exception to this, as SánRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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chez-Torres (2017) remarks there is a difference between offering a service and
people being able to use this. Therefore, this research aims to study the accessibility to healthcare, Seguro Popular, by analyzing the perspective of transit migrants
in the metropolitan area of Monterrey. Before outlining the methodology, we will
briefly discuss the analytical framework on accessibility.
We will conceptualize accessibility to healthcare in line with the human rightsbased approach of the World Health Organization, which divides it into four overlapping dimensions: Information accessibility, physical accessibility, economic
accessibility (affordability) and non-discrimination (World Health Organization,
2017).
Information accessibility “includes the right to seek, receive and impart information and ideas concerning health issues” (Office of the High Commissioner
for Human Rights, 2000, p.4). It is not only necessary that the Mexican state extents Seguro Popular to migrants, but it must also promote the right by offering
migrants all the information they need to enjoy it. The Reglamento De La Ley
General De Salud En Materia De Protección Social En Salud (Estados Unidos
Mexicanos, 2014) establishes that the individual states will be responsible for performing promotional actions for the incorporation and affiliation of beneficiaries,
as well as for informing beneficiaries about their rights and obligations.
Physical accessibility is understood as “the availability of good health services
within reasonable reach of those who need them (…) and other aspects of service
organization and delivery that allow people to obtain the services when they need
them” (Evans, Hsua, &amp; Boermaa, 2013, p.1). In relation with Seguro Popular, it
refers to the physical accessibility of the affiliation process as well as the medical attention from health providers, medicines or auxiliary services. Legally, this
responsibility also falls on the state regime, either directly through the “Servicios Estatales de Salud”, or indirectly through the establishments for the medical
care of others federative entities or institutions of the National Health System. In
Nuevo León, outreach campaigns aside, one can approach Seguro Popular via 14
affiliation centers, 24 affiliation ‘totems’ that work via video call, or by redirection
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via civil organization or municipal services (personal communication with head
of affiliation Seguro Popular N.L., 2019).
Economic accessibility refers to the ability to pay for services without financial
hardship, considering not only the price of the health services but also indirect and
opportunity costs (Evans, Hsua, &amp; Boermaa, 2013). The mechanism for guaranteeing this is the Sistema de Protección en Salud, by which the states grants access
to medical-surgical services, pharmacists and hospital without disbursement at
the time of use (Catálogo Universal de Servicios de Salud, 2019). Even if Seguro
Popular technically does not have costs to affiliate or acquire certain medical services, there could be undirected costs migrants face as barriers to access, such as
for example transport.
Finally, non-discrimination indicates that “health facilities, goods and services
must be accessible to all, especially the most vulnerable or marginalized sections
of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds” (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2000, p.4).
Legally healthcare is a right for everyone without distinctions, but in fact this experience can vary. Since this is a ‘social’ barrier, it is necessary to study the actual
interaction of migrants with the healthcare system rather than the legal structure.
Our empirical study is based on interviews with transit migrants encountered in
Monterrey, Nuevo León. The Northern city of Monterrey is one of the last big
stops on the eastern migration route where migrants can pause and possibly work
before moving into border territory. Approaching migrants late in their journey
has two advantages for data collection: first, it allows us to still talk to migrants
in transit, whom are able to express their experiences better than after arriving
(Frank-Vitale, 2020). Second, they have had sufficient time to experience both
health risks and medical services.
All interviews took place between March and June 2019 in Monterrey. They were
conducted in the street, in places which migrants frequent such as avenues where
they sell things or ask for money, or around places they go for assistance like
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streets near churches or shelters. We did not do them in an institutional surrounding (like a shelter), since this would give us a broader sample of migrants (still
including, but not limited to shelter visitors), as those inside the shelter system
might be above average informed regarding their rights. Additionally, it allowed
for more privacy on the migrants end to conduct the interview without authority
figures around.
In total 31 interviews were done, 29 of them to men and 2 to women. The discrepancy between sexes can only be partly explained by the demographical composition of the population (in 2017 men outnumbered woman 1 to 4, see Gómez,
2018). It also resulted from the lack of disposition women showed for interviews
(all conducted by a woman) when they are part of groups or among their own
family, often preferring to let the men talk. This thus accounts for a slight bias in
our results to under covering female health risks. The profile of the interviewees
is further explained in the results section. Approximately a third part of the interviewed migrants were in groups or with their family at the moment of the interview, the rest was alone.
The interviews were semi-structured (Rubin &amp; Rubin, 2005), allowing the researcher to cover lists of themes, but it also allows participants to discuss those
in a way that suits them, and they may discuss themes or issues not initially identified by the researcher (Dew, 2007). In this way, an inductive approach can be
used to learn about the barrier’s transmigrants face through the description of their
perception of accessibility and in relation to the health problems they face. The
anonymous interviews started by asking for personal information about country
of origin, age, and medical necessities they have had. From there onwards, questions relate to the four overlapping dimensions of accessibility established earlier.
Quotes in this text are all translations from Spanish by the authors. It is important
to indicate that even if the research was intended to focus on Seguro Popular, the
interview was designed in a flexible way for migrants who did not have experience with the program. This was done by asking about the four overlapping dimensions of accessibility in relation with their experience to healthcare in general,
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only turning to Seguro Popular in case they encountered it. This turned out to be
crucial, as the results in the next section indicate that most migrants did not have
any contact or in many cases even knowledge of the program. In what follows
both summaries and quotations from these interviews will be used to explain the
results.
4.- RESULTS
The results will be shared in three parts: the first part will discuss the profile and
health needs of migrants; the second part discusses the accessibility to healthcare
in general and the third part shares results on Seguro Popular. To contextualize
the following results, we must share one conclusion up front: the migrants of our
sample overwhelmingly did not use Seguro Popular, matter of fact only one out
of thirty-one interviewees used it.
Profile and medical needs
Graph 1. Country of origin of interviewed migrants

Source: Own elaboration, (2019).
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Amongst the 29 men and 2 women interviewed, the average age was 33, with a
minimum of 19 years and a maximum of 64 years old. All interviewed migrants
were from the Northern Triangle’ of Central America, the majority was from Honduras (26), and the rest was from El Salvador (4) y Guatemala (1). Considering
a slight underrepresentation of Guatemalan migrants, it is common across studies
and government data to find Hondurans to be the largest group, followed by either El Salvadorians or Guatemalans, depending on the study and year (compare
Hernandez, Mora, 2018; ECLAC, 2018; Instituto Nacional de Migración, 2019).
Eighty-seven percent of the interviewed has experienced medical necessities on

the road. More than a half mentioned to have general discomfort, which includes
common ailments such as flu, fever and pain. The second most recurrent health
problem was “road accidents”, with falling from trains as the most mentioned road
accident (many Migrants ride on cargo trains). And the third one was related to pre
and postnatal care, with two births on the road and a case of a transmigrant pregnant woman. Other health problems included gastrointestinal disorders, allergies,
laboral accidents, asthma and injuries caused by violence.
From the total of people (n27) who declared they had a medical necessity at least
once on the trip, 25.9% did not receive any kind of medical attention (see graph
1). Migrants who declared to have received medical attention, most frequently
indicated shelters as their health care provider. Note that while shelters might
in some cases have (visiting) medical staff, they are not technically healthcare
services. Private hospitals were the second most mentioned health care provider,
followed by public hospitals. Other health care providers mentioned were: Cruz
Verde/ Roja, IMSS, Grupo Beta, inside Churches, Seguridad Civil, Caritas, DIF
(family services), Centro de Salud (Seguro Popular) and Brigada Estadio (a temporal medical brigade in a stadium). Noteworthy is that the majority (63%) of
medical help experiences was with non-governmental actors, either private hospitals or civil organizations and charities.

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Graph 2. Migrants who declared has had a medical necessity.

Source: Own elaboration, (2019).
Accessibility of general healthcare
We start with the information dimension of accessibility, since the first step in using ones right to health is knowing or even believing one actually has it (see Ros,
Ollé, 2016). Various interviewed migrants declared uncertainty related to their
right to health, as many believe it is their right (morally), but do not really know if
within Mexico it legally is. For example: “I think everyone has right to healthcare,
regardless the country, but I do not know how it works here” (Interview, migrant).
Some feel more certain that they have no right to health because of their irregular
migratory condition, attributing the help they received to the benevolence: “No,
we are usurping a country, it (healthcare) is not a right. We would had the right if
we were residents, in that case, it would be a right, but now God just touches their
hearth and they help us, even if we do not have the right” (Interview, migrant).
Less than one fifth of the interviewed migrants are aware of their right to health,
regardless of if their practical experiences affirmed or contradicted this. Consider
the following experiences:
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“I have gone to see the doctors and they tell me I have the right; they do not
ask me for money because they tell me it is my right, I can see the doctor at
any time” (Interview, migrant).
“Yes, I know I have the right, but it is not in that way, they do not give you attention if you are
not Mexican” (interview, migrant).

We conclude that most migrants do not consider themselves as right-holders that
both know and believe they could enter the health system, instead seeing the (free)
help they receive as charity.
Lack of information on how to access healthcare showed up as a common barrier
in the interviews. Migrants often declared they had medical necessities and did
not receive health attentions because they do not know where to go. Consider the
following experience: “I have partners from Honduras who are sick, they are in
Sendero and have children but there is nobody who gives them medical attention,
they do not know where to go” (Interview, migrant).
Regarding sources of information on healthcare, the two most mentioned sources
of (mis)information were shelters and asking Mexican people on the street, some
examples:
“I knew about them (medical centers) because I went to a shelter for migrants” (Interview, migrant).
“I asked mexican people where I could receive medical attention. They told
me ´go to hospital #6, maybe there they could help you´ and I went to the
hospital but there was no result” (Interview, migrant).
The direct providers of healthcare were also mentioned as an information source,
for example the one migrant that has had access to Seguro Popular declared that
a ‘Centro de Salud’ (which forms part of the same state health network) gave her
information about the program. The least common sources were media and miRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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gration authorities. One migrant in our sample declared that migration authorities
gave him maps and information about his rights in Mexico when he entered via
the frontier. In many cases, migrants did not recognize (or trust) official sources
of healthcare information, as in this example: “Not really, for security, we look
for police or someone from a shelter, but for health, no” (interview migrant). In
general, we conclude that there is a clear lack of information, as well as much
disinformation among migrants.
Our results suggest that physical accessibility is partly linked to information,
as various migrants didn’t know where medical facilities are in the places they
passed through. A different problem is that they take dangerous migratory routes
that are far away from population centers (thus healthcare) to avoid persecution
by police forces. Consider the trouble of the following migrant that tried to avoid
migration police by traveling through desolate land: “I fell in Querétaro, in the
desert, on the mountain, I could stay there injured (if it had been more serious),
because there was nobody to help me (...) In that place there was no one, we were
passing thought Hidalgo, and that place is desertic” (interview, migrant).
Experiences of lack of physical access to healthcare in migratory routes makes
that migrants take their own precautions, bringing medicines with them from their
origin countries. It is important to remark that migratory routes are not just dangerous for being abandoned, but also because they expose migrants to violence.
While elaborating on this topic would stray too far from the objective of this paper, our data contains many testimonies regarding the wide spectrum of dangers
discussed in the theory section, including multiple accounts of violence by police
forces.
In terms of economic accessibility, it is important to point out that migrants can
still access healthcare by paying for it (unless they get discriminated, see next
section) even if they have no health coverage. Consider the following example:
“Someone can buy medicine, a medical consult can be paid in any place, it does
not matter if someone is not from here (...) there are pharmacies like Farmacias
Benavides” (Interview, migrant). However, it is at least equally frequent that miRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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grants have difficulties to afford medical attention; one example: “Sometimes,
we do not have money to go to a public hospital” (interview, migrant). Some
organizations, like the Cruz Roja or Cruz Verde make exceptions and give medical attention to people without money, although our data contains contradictory
experiences of this actually being true in practice.
While Seguro Popular is the official institution that should mediate these economical barriers, other intermediate actors (such as shelters) also play a role in providing access, as the following quotes indicates: “Sometimes I arrived at shelters and
they gave me pills because I did not have money, I have not entered to a hospital
in Mexico because I do not have money” (Interview, migrant). But those shelters
which some migrants consider as a support for healthcare access, other migrants
see as risk places. Consider the following conversation:
“I do not like to enter to migrant shelters (...) because sometimes there are
people who are ´mareros´ and I do not trust them. - Do you consider that a
pharmacy is a safer place for healthcare? Yes, do you have the economic
resources or the facility to access to this service? A little bit. Could it be
difficult? Yes, it could be a little difficult, but I think it would be safer” (Interview, migrant, interviewer in italics).
We conclude that economical barriers do exist for most (but not all) migrants, underlying their vulnerability when not covered by healthcare mediators like Seguro
Popular or INSABI.
Even if migrants can find and afford help, this does not mean they will receive it.
Our interviewees frequently recounted being denied medical care because of their
immigration status or being treated differently because of their appearance. Two
of the many examples:
“Sometimes it is difficult if they attend us, sometimes it is fast, it depends of the
people’s hearth, there are many racist people, some of them do not like to see
us, they see us badly, other people are not like that, maybe we arrive earlier than
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others to a place but they give preferences to their co-nationals, people from
here” (interview, migrant).
“When you go to the pharmacy, they do not want to attend you, even if you
have money, sometimes the doctors do not want (...) In Saltillo, Coahuila (...)
Farmacias Similares, how they call them, one of these pharmacies (...) They ask
me about my documents, where I came from, it is obvious I am not from here,
I do not have Mexican documents” (interview, migrant).
Besides not receiving medical attention, some migrants felt mistreated because of
their vulnerable position:
“In Tabasco, a doctor treated me badly, he said that he would make a call, he
would take me to Migration authorities. He lowered my pants, he told me ‘Do
you know what? You can get out here, it is easy to take my phone and call migration’ (...) Yes, it was for a consult (that he lowered her pants), I was not good
of health. I got out crying. (...) I was pregnant with a girl and he told me ‘Go
back to your country, you come even pregnant’, he said ‘your daughter could
have Down syndrome’, he said my daughter could have a big head and I went
like crazy. I said we do not have anything to do here, my daughter was born
healthy, thanks God (...) in Honduras” (interview, migrant).
Interviewed migrants declared to suffer discrimination in private as well as public
facilities, as there are a wide range of actors who discriminate. This lead some
of our interviewees to avoid seeking professional medical attention and instead
attempt self-medication. Fear and distrust were frequented on interviews as barriers to healthcare access, sometimes because of previous experiences of discrimination and sometimes because of what migrants hear about the risks in Mexico
from others. For example, this is a response from a migrant to the question if they
sought medical attention: “No, because I am afraid of the major part of people
(...) they have told me how Mexico is, being kidnapped, tortured, that is why I am
afraid of everyone” (interview, migrant). Although some (including the migrant
quoted above) mistrust shelters, they are still most named as mediators that arRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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range medical appointments and fair treatment for migrants.
Access to Seguro Popular
All interviewees were asked about Seguro Popular if they know it and if they have
had access to it. Out of our 31 cases, just one person has had access to Seguro Popular. This concerned a 27-year-old woman from Honduras and her family, who
happened to have walked into a health facility (‘centro de salud’) of the Seguro
Popular network and signed up to the program there. Her experience in terms of
treatment and economic accessibility was overall positive.
Out of the total interviewed migrants, nineteen had never heard about Seguro
Popular (64%), indicating a sizeable information barrier to accessing a program.
The migrants that did declare to know Seguro Popular did not necessarily have
correct and complete information about the program. There are various examples
of cases in which they know what Seguro Popular is, but they do not know they
have the right to access under their irregular status:
“Yes, I have heard about it. (...) They said it benefits people who do not have
resources. (...) I really do not know how to get access” (Interview, migrant).
“Yes, I have heard (...) they do not attend you if you do not have documents
(...) having a baby in this country, they can help you, if not, they do not help
you, it is the only way in which they help you” (Interview, migrant).
“I have heard (about Seguro Popular), but just a little bit, I have not paid
attention because I do not have opportunity (...) I have heard they can help
you if you become a citizen from here” (interview, migrant).
In total only three people (including the woman that accessed it) had correct information about how the program worked. In general migrants that knew of the
existence of the program obtained their (mis)information from listening to others,
with only one migrant indicating they learned via media. The predominance of
unofficial over official information might indicate migrants look less for official
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sources, as some indicate mistrusting the government.
5.- CONCLUSIONS
Our general conclusion is that the migrants in our sample did not have information about their right to access to healthcare, and to Seguro Popular. Even if migrants have received healthcare, they see it as charitable actions and not as their
right. This turns migrants into passive recipients instead of active participants in
their own care. We will first elaborate on this conclusion, before making policy
recommendations and addressing current evolutions and future research.
The consequences for evaluating the role of programs like Seguro Popular or their
successors are double. On the one hand, it is hard to make a case that they succeed in guaranteeing the enjoyment of human rights of migrants in Mexico. It is
an obligation of the authorities to promote the right to health and the mechanisms
migrants can use to make it effective, in this case, the right migrants to access to
Seguro Popular. Still, our results show that authorities are not a frequent source
of information for migrants, instead, migrants obtain information from what they
hear on the streets or from shelters.
On the other hand, our limited sample contained frequent testimonies of discrimination and problems with economical accessibility when migrants try to access
to healthcare services, even if it is their recognized right to have medical attention
from private, social or public providers. Seguro Popular (and now INSABI) is a
mechanism the Mexican state has to guarantee migrants the access to healthcare
without distinctions because of their migratory situation, race, origin country or
any other reason. Programs like these can make an important difference, but it
is essential to ensure Seguro Popular personal is trained to attend migrant cases
considering their situation of vulnerability.
In order to improve the future accessibility of healthcare beyond the now defunct
Seguro Popular, of which the successor still offers a comparable ninety day access
to migrants, we offer three general policy recommendations.
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ISSN 2395-8448. 182-204. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/172

�Barriers to access healthcare for Middle American Migrants...

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A) Extent the network. While governments tolerate shelters and frequently
have informal agreements with them, in the case of Nuevo León there was no
formal relation with shelters of the region. However, our empirical evidence
indicated that these are one of the main sources of information as well as mediation between migrants and healthcare services. Establishing and reinforcing
the relation between shelters and affiliation departments of systems like INSABI, could improve the access to correct and opportune information about programs and rights. The cooperation between government and civil organizations
in health concerns has been remarked before by the “Comisión Nacional de los
Derechos Humanos” (2019), when it established the importance of civil organization participation in topics like the prevention of HIV.
B) Make information campaigns in key points. Our research indicates that
fear, distrust and the fact migrants do not know the surroundings impede their
approach to public institutions or social organizations. This agrees with a report done by Doctors of the World (2016) in which it is said that restricting
movement constitutes a barrier in seeking access to healthcare and it could be
caused by the fear of being arrested. For that reason, it is important to maintain
programs like “Seguro en tu camino” and bring information to migrants in key
points they frequent. Even if the overall government policy became slightly
more outreach based over the past year (Puiz, 2020), more must be done to
bring information to migrants as early as possible. In conjunction with the previous point, this can be done in collaboration with actors that are (more) trusted.
C) Training courses regarding transit migrants in public health facilities. In order
to avoid cases of discrimination, it is necessary that the staff of both healthcare
systems like INSABI and (public) hospitals is made aware of both the rights
and needs of the hundreds of thousands of people who migrate across Mexico.
This starts with staff on all levels being aware of the right to accessibility migrants have via the program. Yet it would be useful to also spread awareness
of the situation of vulnerability and the particular health risks migrants face.
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This recommendation agrees with the World Health Organizations suggestion
to “conduct sensitization/awareness trainings, with health care providers and
other government officials, about the health needs of migrants and the services
available for appropriate referral, considering intercultural differences” (Pan
American Health Organization &amp; World Health Organization, 2019, p. 12).
In terms of further research, our study highlights the role of information in organizing orderly and safe migration. While some have questioned the effectiveness of
information campaigns (for example Hiskey et al., 2016), they usually do so from
the perspective of deterrence. Yet once on the road information becomes key,
not just about generalized conditions, but about routes, preventive measures, and
sources of (medical) aid. Future research on the accessibility of the new health
system should consider the role information about rights plays with both migrants
and service providers.
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Movilidad migratoria y tráfico de drogas. Exclusión y pobreza como
espacios de convergencia1
Migratory mobility and drug trafficking. Exclusion and poverty as spaces of
convergence
Javier, Urbano Reyes2
Universidad Iberoamericana, México
https://orcid.org/0000-0001-9833-767X
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-8

___________________________________________________________________________
RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo identificar aquellos procesos que convergen como raíces comunes en la
interacción y el fortalecimiento del narcotráfico y la movilidad migratoria. Estos dos asuntos no nacen en épocas
contemporáneas, pero sí adquieren las características y el impacto socioeconómico en el sistema de naciones a la
par de la reafirmación de las consecuencias del modelo económico vigente. Se pretende, por boca de sus afectados
directos, reconocer el impacto de estos dos fenómenos en el debilitamiento del tejido social a la par de la consolidación de actores paralelos al Estado, quienes en buena medida se constituyen en competidores sociales de la
política pública estatal, de ahí la necesidad de proponer estrategias de gestión de estas dos problemáticas desde una
perspectiva integral, bajo la premisa de que la atención de un asunto debe correr paralelamente con la gestión del
otro, como fenómenos sinérgicos y no disociados. A tales efectos, se ha partido de un análisis cualitativo basado
en la búsqueda de fuentes documentaleCs y estadísticas sobre movilidad migratoria y pobreza entre otros, a la par
de la organización y sistematización de testimonios de vida, que dan sustento y un papel relevante a la experiencia
de los actores.
Palabras claves: Exclusión, migración, narcotráfico, pobreza, política pública
ABSTRACT
The purpose of this article is to identify those processes that converge as common roots in the interaction and
strengthening of drug trafficking and migratory mobility. These two issues were not born in contemporary times,
but they do acquire the characteristics and socioeconomic impact on the system of nations at the same time as the
reaffirmation of the consequences of the current economic model. The aim is to recognize, through those directly
affected, the impact of these two phenomena on the weakening of the social fabric at the same time as the consolidation of actors parallel to the State, who to a large extent become social competitors of State public policy, hence
the need to propose strategies for managing these two problems from an integral perspective, under the premise
that attention to one issue must run parallel to the management of the other, as synergistic and not dissociated phenomena. To this end, a qualitative analysis based on the search for documentary sources and statistics on migratory
mobility and poverty, among others, has been used as a starting point, along with the organization and systematization of life testimonies, which give support and a relevant role to the experience of the actors.
Keywords: Drug trafficking, exclusion, migration, poverty, public policy.
Recibido: 01 de Junio 2020 - Aceptado: 03 de Agosto 2020
Cómo referenciar este artículo:
Urbano Reyes, J. (2021). Movilidad migratoria y tráfico de drogas. Exclusión y pobreza como espacios de
convergencia. Politica Globalidad y Ciudadanía, 205-229. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.
php/RPGyC/article/view/178. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-8

1 Este artículo nace de las investigaciones realizadas en el contexto de la línea de investigación “Migración en tránsito, comunidades de origen
e integración”, de la Maestría en Estudios sobre Migración, adscrita al Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad
Iberoamericana (UIA), Campus Ciudad de México.
2 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México,
profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Correo electrónico: javier.urbano@
ibero.mx

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

�Movilidad migratoria y tráfico de drogas

206
1.- INTRODUCCION

Existen severas confusiones con relación a dos fenómenos sociales de nuestro
tiempo: la movilidad migratoria y el tráfico de drogas. Se trata de dos asuntos en
apariencia distintos en su origen, inconexos en sus dinámicas, con objetivos y
medios de reproducción en principio ajenos, pero que en realidad interactúan y se
refuerzan mutuamente.
En el caso de la migración, los diversos equívocos sobre este fenómeno son variados. Para comenzar, no hay un consenso sobre su definición conceptual y apenas
hay algunos intentos por definir sus variables (Urbano, 2015). Por citar ejemplo,
en la expresión de ilegal, que ha dado pie a la construcción de una idea del migrante como un sujeto no elegible para la protección de las normas jurídicas, pues
para muchos actores sociales la condición de ilegalidad se asume no como un tipo
jurídico que delimita los derechos que corresponden a la persona no nacional, sino
como una expresión no jurídica que tolera e incluso auspicia el diseño de acciones
de exclusión social (Crepeau, Nakache, 2009). Appadurai (2001) explica que
[…] las migraciones en masa (ya sean voluntarias o forzadas) no son un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Pero cuando las yuxtaponemos
con la velocidad del flujo de imágenes, guiones y sensaciones vehiculizados
por los medios de comunicación masiva, tenemos como resultado un nuevo
orden de inestabilidad en la producción de las subjetividades modernas (pp.
19-20).
Y, por supuesto, la asociación de la migración con la delincuencia, la inseguridad,
la inestabilidad económica e incluso la instrumentalización de tales equívocos
(Carrino, 2009) como recurso político-electoral que ha permitido la emergencia
de movimientos extremistas que están en auge gracias a la explotación de una
imagen que dota al extranjero (especialmente el no regular) del papel de enemigo
de una nación imaginada, pues, como menciona Appadurai (2006):
Ninguna nación moderna, por más benigno que sea su sistema político, por más
elocuentes que sean sus voces públicas respecto a las virtudes de la tolerancia,
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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�Urbano Reyes, J.

207

el multiculturalismo y la inclusión, está libre de la idea de que su soberanía nacional se halla construida sobre una suerte de genio étnico (p. 16).
En otras palabras, la migración no pertenece al espacio natural del diseño de la
política pública. Es un proceso (el flujo migratorio) que se interpreta desde las
élites políticas como ajeno a la responsabilidad interna y el actor (el migrante) se
pretende identificar como inconexo a las políticas de atención, protección e integración.
La migración pertenece a los ciclos económicos y a las dinámicas sociales desde
el principio de los tiempos de la humanidad. Cada economía, de renta alta, media
o baja, tiene en su devenir la presencia de los inmigrantes, ya sea en su carácter
de naciones de origen, tránsito o recepción. No hay una sola nación que ayer u
hoy pueda negar un papel relevante a las poblaciones en movimiento. Poblar o
perecer, postulaban algunos países como estrategia de sobrevivencia; atraer inmigrantes para sostener el aparato de guerra en la primera y la segunda guerras mundiales (Geronimi, 2004); vincularse a los migrantes, pues de ellos dependen cifras
millonarias en dólares de remesas que sostienen economías enteras, pues los datos
más conservadores ubican montos por encima de los 600,000 millones de dólares
anuales, la mayor de los cuales se transfieren de las naciones ricas a las naciones
pobres, en dirección opuesta a la movilidad migratoria (Migration and Remittances, 2018); la inmigración como recurso para diferir el envejecimiento de naciones
que sufren para mantener un equilibrio demográfico endógeno o la captación de
talento (Bailey y Mulder, 2017) que no se formó en el país de recepción, pero que
sí es explotado a partir de esquemas flexibles en los países huéspedes en detrimento de las naciones que los capacitaron.
Ahora bien, la inmigración que invoca la mayor preocupación en el sistema global
es aquella que se desplaza en condiciones de graves desventajas sociales: comunidades perseguidas por las guerras, por la inestabilidad política, por sus posiciones
ideológicas o por su pertenencia a ciertos grupos, es la inmigración expulsada por
la exclusión y la pobreza y que transita, a su pesar, en contra de las normas regulares y sujeta a toda clase de vejaciones y peligros.
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�Movilidad migratoria y tráfico de drogas

208

En el caso del tráfico de drogas, las confusiones son incluso más preocupantes.
Asumido como un problema ajeno, se le vincula con la violencia, la inestabilidad, la corrupción o la impunidad (Bergman, 2016). Un equívoco frecuente se
relaciona con las confusiones que trae su enunciación. En el caso de México, uno
de los referentes de análisis más importantes a nivel global, la política pública en
la materia se instrumentaliza desde una lectura securitaria pues diseña acciones
de represión contra el crimen organizado transnacional que produce, transporta y
distribuye drogas ilegales, y al mismo tiempo reduce a una mínima expresión los
medios para prevenir el uso de drogas y atender la farmacodependencia. Son dos
procesos diferenciados que en la política pública son definidos como asuntos de
competencia de una estrategia única, de ahí la criminalización no sólo del tráfico,
sino del consumo:
“El narcotráfico es un problema típico de crimen organizado, vinculado con corrupción del Estado y sus instituciones. Las drogas son un problema de salud pública, de marginación social, de exclusión y de desigualdad de ingresos. Mientras el
narcotráfico cuestiona al Estado, las drogas cuestionan a la sociedad” (Emmerich,
2015).
El narcotráfico como delito transnacional tiene características básicas: no tiene
metas políticas; tiene una estructura jerárquica y una membresía limitada; es una
actividad continuada; usa la violencia, la amenaza de la violencia y el soborno;
tiene una división clara de trabajo; es monopólico y está regido por reglas específicas, además de que ha alcanzado una dimensión transnacional que le permite tener la capacidad de penetrar al Estado (Chabat, 2005). Estas características
juegan un papel relevante en las localidades depauperadas, ya que reconfiguran
roles y prácticas sociales que fortalecen la capacidad de los narcotraficantes, pues
éstos dominan dos espacios clave: un territorio y un espacio comunitario. Por
ello, estas “conquistas” dotan al narcotráfico de la capacidad de constituirse en un
competidor social del Estado.
El tráfico de drogas es anterior al inicio del proceso de globalización. Sin embargo, en sus dimensiones actuales es —al igual que la movilidad migratoria— un
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�Urbano Reyes, J.

209

fenómeno hijo de la modernización de los procesos productivos, de la apertura de
fronteras, de los avances técnicos, científicos e incluso de las guerras. Hasta aquí
una primera conexión entre traslado de drogas y migración.
La apertura de fronteras tuvo entre sus diversos impactos el tráfico legal e ilegal
en masa del opio, que allanó el camino a la movilidad de la heroína, la cocaína, la
morfina y la cafeína, dinámica que se consolidó con la irrupción de una industria
farmacéutica que se apropió de una buena parte del proceso productivo que antes
estaba en manos de la industria artesanal (Cardinale, 2018).
Una segunda conexión entre estos dos fenómenos se identifica en el diseño de
las políticas públicas. Por ejemplo, en la operación de las estrategias de orden restrictivo en los Estados Unidos, la llamada Ley Harrison postulaba tres premisas
básicas que buscaban argumentar contra el consumo de drogas. La primera, de
orden puritano, estima las drogas como riesgo a los valores familiares; la segunda,
defendía la necesidad de velar por la salud pública y la tercera, define las drogas
como una amenaza (Castles, 2010) originada fuera de las fronteras nacionales
(Castles, 2014), de ahí que son los extranjeros los portadores de tal riesgo: “Los
actores clandestinos transnacionales han sido redefinidos como nuevas amenazas
de naturaleza estratégica, justificando con ello un incremento de los controles de
frontera y de los poderes de policía vinculados a ellos” (Campesi, 2012).
En cierta medida, la correlación entre la migración y las drogas es difusa en las
primeras décadas del siglo XIX en que se busca armonizar un estándar a nivel
nacional, especialmente por la preocupación derivada de la falsificación de las
medicinas (US Pharmacopeia en 1820); la Food and Drugs Act hacia 1907 que
sostenía la necesaria colaboración de los responsable de estas áreas; las modificaciones en la regulación de la calidad de alimentos y manufactura de drogas
(Federal Food, Drug and Cosmetic Act de 1938 o la Dangerous Drugs Act de
1920 (Seddon, 2010). La Primera y Segunda Guerras Mundiales darán un cambio
sustancial a la regulación de las drogas, especialmente por su uso evidente entre
los militares en estos estos conflictos (Kamiensky, 2016). En realidad, el vínculo
entre la migración y el tráfico de drogas parece consolidarse con el inicio del siglo
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�Movilidad migratoria y tráfico de drogas

210

XXI, especialmente con el fortalecimiento de las estrategias de contención fronteriza y la narrativa de la securitización, en los años posteriores al evento terrorista
de las Torres Gemelas de Nueva York.
La tercera correlación viene de la democratización de la producción y el consumo
de las drogas. La compañía Merck comercializa hacia el primer tercio del siglo
XIX la morfina, que, junto a la invención de la jeringa y la aguja hipodérmica,
permitieron su uso masivo por parte de miles de soldados durante la Guerra de
Secesión en los Estados Unidos. La producción de la heroína (diseñada por la
empresa Bayer), era mucho más potente que la morfina y fue libremente adquirida
hasta la primera década del siglo XX, tiempo durante el cual generó decenas de
miles de farmacodependientes. La legislación posterior en la Unión Americana
trató de restringir, desde el prohibicionismo, un mercado consolidado, sólido y
una demanda consistente, que fue satisfecha por dos procesos: por un lado, la
internacionalización de la producción de drogas (Luna-Fabritius, 2014), en este
sentido se entiende la internacionalización al proceso en el cual se diversifica la
producción, innovación y diseño de nuevas sustancias. Por ejemplo, entre fines
del siglo XIX y principios del XX en Alemania se crearon diversos centros de investigación que literalmente diseñaron drogas, más allá de las que se encontraban
en la naturaleza y la consolidación de Estados Unidos como el primer productor
global de drogas químicas (61% del total global), seguido muy por detrás por
Suiza (8%), Alemania (6%); 5% del Reino Unido o el 3.5% de Francia (Courtwright, 2001).
Por otro lado, la creación de un mercado clandestino operado, entre otros, por
ciertas comunidades de inmigrantes italianos que aprovecharon la situación para
convertirse en importantes proveedores de la droga ilegal. Aquí la inmigración de
grupos específicos es uno de los dinamizadores de la producción, distribución y
consumo.
Una cuarta correlación viene de la propia naturaleza del tráfico de drogas. La
estructura de intercambio, traslado, producción y consumo se origina regularmente desde un territorio específico, caracterizado por cierta identidad nacional/
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regional/local. Las mafias se identifican en el mundo por su nacionalidad y por
su ubicación regional (Cártel de Cali, Cártel de Sinaloa, etc.) y esa estructura
criminal interactúa con otras de características similares estableciéndose en su
vínculo una relación entre nacionalidades, las cuales operarán sus negocios en
diferentes partes del mundo desde una identidad local/regional/nacional, por lo
que la migración —todo fenómeno social tiene efectos negativos— es el proceso
que da sentido operativo a la movilidad de drogas. Por supuesto, las diásporas, los
enclaves productivos de los inmigrados y las propias redes migratorias juegan un
papel decisivo.
Sin embargo, y a pesar de estas comunidades, la migración y el tráfico de drogas
se ponderan como fenómenos externos a una política territorializada y endogámica. Al ser problemas o amenazas exógenas, en amplios grupos sociales, políticos y
de otra índole, existe una percepción de que no existe responsabilidad o compromiso moral (Bauman, 2016) en su atención. Y ahí radica precisamente el problema, falla o intencionalidad de la acción estatal: presentar estas dos agendas como
asuntos que no caben en un supuesto de diseño integral e integrado de política
pública, lo que a su vez habilitará a ésta para dotarle de características securitarias
al migrante y al narco, con las consecuencias ya conocidas.
Un acercamiento a la realidad de la migración y el narcotráfico. Una visión desde el ser humano
Más allá de sus interacciones —que no de sus motivaciones u objetivos— la migración y el tráfico de drogas parecen convivir como fenómenos que convergen,
pero quizá la representación más evidente de su conexión sea el costo humano
que supone su propia dinámica. En estos espacios convergen seres humanos expulsados del bienestar (Sassen, 2015). No son excluidos, esto es, personas que el
sistema ignora en la distribución de bienes. Ellos son expulsados, personas que
en algún momento pertenecieron a una dinámica en la distribución de bienes y
cuya expulsión fue el resultado del agotamiento de sus medios para sostener su
pertenencia a dicho espacio de bienestar.
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Nótese el proceso en la siguiente crónica registrada en trabajo de campo en el
estado de Tabasco en 2015. Se trata de un joven no mayor de 16 años; él debería
estar en la escuela, viviendo los dilemas emocionales de un joven promedio, procesando las decepciones amorosas de la juventud, afirmando sus lealtades con los
hermanos, los padres, los amigos del aula o de la calle. Pero su realidad es otra:
es un halcón, un vigía de narcotraficantes que tiene bajo su responsabilidad la
vigilancia de los operativos de seguridad; este halcón avisa a los jefes de plaza de
la llegada, salida o tránsito de las fuerzas del Estado. En otro testimonio recabado en 2017 en un camino hacia la zona purépecha en el estado de Michoacán se
recabaron datos que dan cuenta de la gravedad de este fenómeno: de 3000 a 5000
pesos por semana recibe otro joven por este empleo (250 dólares); por supuesto
ya abandonó la escuela, y todo indica que su perspectiva de vida será no mayor a
cinco años a partir de su ingreso al crimen organizado.
En un testimonio recabado en junio de 2019 en una zona agrícola en el estado
de Michoacán se oye decir a un joven de la localidad: “Prefiero vivir cinco años
chingón (muy bien) que 20 o 30 años en la mierda” es una expresión común entre
los jóvenes de esta comunidad, la mayor parte de ellos surgidos de familias disfuncionales en las cuales prima la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales,
la semiesclavitud o, simple y llanamente, de donde hay ausencia de incentivos
para salir adelante que eviten que este joven termine desvinculado o separado de
la red familiar, situación idónea para que la otra familia (el crimen organizado) lo
integre a su dinámica.
Posiblemente las razones de su deserción o expulsión sean más simples y, por ello,
más dramáticas. En este sentido, el rompimiento del tejido familiar es un proceso
lógico derivado de la falta de opciones de progreso. Algunas de las dinámicas
descritas a continuación corresponden a trabajos de campo realizados en Oaxaca,
Puebla y Veracruz en 2017 y 2018 y que muestran una misma lógica. El padre
no tiene trabajo, la madre es un ama de casa que nunca ha pertenecido al mundo
laboral; viven en una comunidad alejada de los centros de desarrollo, ignorada
por décadas por los políticos y por las políticas de la caridad. La falta de fertiliRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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zantes y los efectos del cambio climático tienen efectos devastadores en el sector
agrícola de subsistencia, aunque esto no es privativo del campo; esta situación les
deja una cantidad ínfima de la cosecha, que regularmente es para autoconsumo.
Sus perspectivas de vida son casi nulas a menos de que opten por dos salidas igualmente riesgosas: migrar hacia los Estados Unidos buscando que la suerte les
permita pasar a trabajar y con ello salvar a la familia del hambre, o integrarse al
único empleo seguro que se oferta en el pueblo: transportista de droga, halcón,
sicario, enganche de mujeres para la prostitución o una amplia variedad de labores
que ofrece el único proveedor de bienes en el pueblo: el crimen organizado.
Signo y síntoma de los problemas del Estado y de la política pública: el crimen
organizado se constituye en un competidor social de la política pública de desarrollo. El narco provee de libretas, mochilas, arregla espacios educativos, celebra
fiestas infantiles en las cuales los infantes del pueblo ven por primera vez un
juguete nuevo que les pertenece; y en retribución la comunidad le dota al narco
de legitimidad, de cobijo, de protección, por eso se vuelve complicado para las
fuerzas de seguridad (aquellas que sí quieren atrapar al delincuente) dar con estas
personas: ellos, los señores del narco, son posiblemente la única alternativa de
movilidad social (Emmerich, 2011), de protección, de seguridad, de pertenencia
e incluso de poder.
Esta situación se asienta y florece sobre la base de un negocio boyante, en plenitud y con un poder corruptor proporcional a sus dimensiones globales. El informe
Mundial de Drogas 2018 indica que en el año 2016 se incautaron 87 toneladas de
opiáceos farmacéuticos, responsables de 76% de las muertes vinculadas al consumo de drogas psicoactivas; la producción mundial de cocaína alcanzó en ese
mismo año la escalofriante cifra de 1,410 toneladas; de opiáceos la cifra alcanzada entre 2016 y 2017 fue de 10,500 toneladas, además de que se tiene registro de
consumidores de marihuana por arriba de los 192 millones que afirmaron haber
consumido esta droga al menos una vez en el año 2016, ello sin contar con una cifra global en aumento: 275 millones de personas (5.6% de la población mundial)
que afirma haber consumido drogas por lo menos una vez al año.
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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Ponderación de las dimensiones y los impactos de la droga en el mundo.
La vulnerabilidad o riesgo de caer en el consumo de drogas es muy alto en las
edades tempranas de los jóvenes, especialmente entre los 12 y 14 años; de los 15
a los 17 y de los 18 a los 25 según las Naciones Unidas en su informe global sobre
lucha contra las drogas. Estas edades se corresponden casi a la perfección en lo
que se refiere a los riesgos de establecer un vínculo “laboral” entre los jóvenes y el
crimen organizado. Exactamente la misma edad en que los potenciales migrantes
deciden acometer la experiencia de la movilidad.
El otro mundo, el de los migrantes, tiene exactamente el mismo origen: la exclusión, la expulsión o la desestructuración de las redes familiares y comunitarias,
de su espacio vital. En los migrantes se distingue el fenómeno más injusto que
pueda ocurrir a un ser humano: la generación de un proceso de triple exclusión
(Urbano, 2015), que se puede resumir de la siguiente forma: en su nación de origen la exclusión nace de la violencia, la pobreza, la mala gestión de los cambios
generados por el cambio climático; la segunda exclusión se verifica en su tránsito,
en el cual padece la desprotección del Estado y la agresión del crimen organizado, entre otros. La tercera exclusión se identifica en el país de acogida, donde el
inmigrado inicia la lucha por su integración. Mientras eso sucede, padecerá las
consecuencias de su indocumentalidad: explotación, desprecio, semiesclavitud,
racismo, xenofobia (Zapata-Barrero, 2009).
Desde esta perspectiva, el migrante internacional sufre una triple exclusión, una
triple expulsión, y se le integra en un mundo paralelo, un mundo en el cual la transición entre la figura de ilegal y la de ciudadano de plenos derechos se pospone indefinidamente y este espacio temporal convoca a los interesados en la explotación
del inmigrado (Ruiz López, 2001) para aprovechar, valga el juego de palabras, las
ventajas de su desventaja social.
Pero esta explotación no es sólo responsabilidad ni autoría del Estado. De hecho,
es posiblemente la ciudadanía la que someta a las mayores agresiones a estos
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seres humanos. Pensemos en la apacible señora que, sentada en los últimos días
de agosto de 2019 a las afueras de su comercio, ubicado en la zona de tránsito en
Tierra Blanca, Veracruz, mira pasar cotidianamente a cientos de migrantes, especialmente de Tegucigalpa, San Pedro Sula o Comayagua en Honduras. Muchos
pasan a este comercio a comprar agua, a proveerse de alimentos o medicinas.
Durante los trabajos de campo que se realizaron a bordo de la bestia en 2017 en la
ruta migratoria de Tenosique, Tabasco a Coatzacoalcos, Veracruz, se pudieron detectar situaciones de explotación hormiga. Una persona, que normalmente cobra
a los ciudadanos nacionales 10 a 15 pesos (50-60 centavos de dólar) por agua, a
los migrantes se las cobra a 60 (2.5 a 3 dólares); o el taxista que traslada a personas nacionales por una ruta de 30 kilómetros al precio de 20 pesos (90 centavos
de dólar) y que al migrante le cobra 200 pesos (8-9 dólares). Todos y cada uno de
ellos establecen una relación de subordinación en perjuicio del migrante, lo que
supone que tal persona estará sujeta al oportunismo de una ciudadanía que, en
sus acciones, reproduce la exclusión que el Estado instrumentaliza en sus estrategias de contención y represión (Márquez Covarrubias, 2012). El migrante es un
mercado, es una fuente de plusvalía, y estos beneficios sólo son posibles bajo la
condición de que transiten en la irregularidad. Dicho de otra forma, la clandestinización de su viaje es requisito ineludible para su explotación.
Signo y síntoma. La estilización del desprecio por la vida. En los dos casos, tanto
en el caso del narcotráfico como en el caso de la movilidad migratoria internacional, opera una valoración de las más graves consecuencias para las poblaciones
migrantes y aquellas vinculadas al narcotráfico: la estética de la violencia o la
estética de la explotación:
La violencia empieza en las cosas y se prolonga a las personas, en una realidad social en la que todo se transmuta en objetos y estos en potenciales
mercancías. No están desvinculadas las formas de consumos conspicuos que
generan islas de desechos y las formas de la violencia que producen fosas
comunes (en las que yacen cuerpos desprovistos de nombre y biografía) (Inclán, 2018).
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El narco ha establecido una estrategia de dominio de las rutas de movilidad migratoria. El acecho de las fuerzas de seguridad le ha obligado a diversificar el negocio para diversificar riesgos. La ruta migratoria es un espacio idóneo para lograr
este objetivo. Cobrar el derecho de paso de los traficantes de personas, establecer
estrategias conjuntas para aumentar el negocio; secuestrar a migrantes para pedir
dinero a cambio de su libertad o de su vida tienen, si cabe, un agravante: la estética determina el grado de utilidad del propio migrante. Valga un ejemplo: para
un narcotraficante vinculado a la trata (CNDH, 2019), una mujer de baja estatura,
morena, con sobrepeso, es una persona que sólo puede ser usada para labores de
limpieza o trabajos de ese perfil; para el mismo narcotraficante, una mujer con un
cuerpo estético, sin sobrepeso, de cierta nacionalidad, supone la posibilidad de
una explotación más diversificada: trata, explotación sexual, etc. Para una y para
otra se establece un costo, un tabulador diferenciado y una temporalidad de explotación y plusvalía distinto. La estética en este caso determina el destino de cada
una de las mujeres captadas. Su cuerpo es valorado de tal forma que se establece
algo que podemos denominar un itinerario de uso y un tiempo de rentabilidad.
Para el hombre migrante, con sus diferentes modalidades, la estética de la violencia opera de la misma forma, pero con una diversificación menos “atractiva”
para su explotación. Frecuentemente su “uso” se refiere al reclutamiento para
formar parte del crimen organizado, como una especie de salida laboral, dadas
las dificultades crecientes para cruzar la frontera del país de destino. Otra salida
es su integración en la logística del transporte de la droga en zonas fronterizas,
esto es, obligarlos a pasar la droga por zonas no vigiladas a cambio de un paso
relativamente seguro. Algunos de estos jóvenes migrantes refieren la necesidad de
ponerse la alfombra: colocarse, literalmente, partes de una alfombra en la suela
de los zapatos a fin de no dejar huella en la zona desértica y pasar la droga sin
interferencias.
El migrante no es un narcotraficante, el narcotraficante no coincide con la lógica
ni con los objetivos de los y las migrantes. Sin embargo, se cruzan en sus caminos,
en la ruta de desplazamiento; son ajenos en sus motivaciones, pero coinciden en
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la instrumentalización de sus cuerpos, en la rentabilización de sus frustraciones y
en el aprovechamiento de su clandestinidad: “La exclusión de la diferencia constituye la negación de lo humano y, por ende, la deshumanización de la vida sobre
las consignas del odio y el repudio” (Arcila y Vargas, 2017).
Evidencia de la convergencia de caminos entre el narcotráfico y la movilidad
migratoria
El testimonio se documentó en el año 2017 y corresponde a una persona inmigrada en México reconocida como refugiada. Se trata de una mujer en El Salvador,
madre soltera, abandonada por la pareja luego del segundo embarazo. Ella —casi
analfabeta, trabajadora del hogar y con dos hijos de nueve y 13 años— es abordada en su hogar por miembros de una de las maras que extorsionan, secuestran y
trafican con drogas en el país y que dominan literalmente esta comunidad salvadoreña. Se le invita a integrar a su hijo mayor a la clica, la familia de las maras.
Es el tiempo del joven de 13 años. La madre se niega a entregar a su hijo y como
respuesta recibe una amenaza: “mañana regresamos por él, si no lo entregas lo
matamos”, reza el aviso.
Se cumple el día y los mareros regresan al hogar de la madre. Ella sigue insistiendo en no entregar a su hijo. Frente a ella el adolescente es ejecutado. Nuevo aviso
a la madre: “mañana venimos por el niño. Si no lo entregas los matamos a los
dos…” frente a este escenario de terror, la madre opta por una opción apenas
diferente a la de la violencia ejercida por los mareros: enviar a su hijo solo o con
alguien apenas conocido a la frontera con México para que trate de salvar su vida
mientras ella se esconde en algún lugar alejado de su casa, pues debe cuidar las
pocas pertenencias de su patrimonio. El jovencito de nueve años es enviado en el
autobús con apenas el equivalente a 20 dólares y sin ninguna red de protección. La
exposición a los traficantes, secuestradores o tratantes es alta. En esta correlación
perversa entre el narcotráfico y la migración, el crimen organizado es el responsable del agravamiento del fenómeno de los niños no acompañados. Sólo entre
enero y abril de 2019, Unicef identificó a 15,500 niños no acompañados, muchos
de ellos desplazados por los mismos motivos que los de la familia descrita anteRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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riormente.
El otro lado del proceso. Una celebración en uno de los muchos pueblos de la
sierra de Michoacán. Hay más de 1,000 personas congregadas en la plaza cívica;
la mayor parte son niños menores de 12 años; hay más mujeres que hombres,
quienes se encuentran en las labores agrícolas. No falta nada: comida, juguetes,
despensas para las amas de casa, todo ello cortesía del patrón. A la par de los juguetes, mochilas, libretas, lápices, loncheras. El patrón pensó en todo aquello que
fortalece la lealtad de los pobladores, que toca su itinerario de vida: comida, salud,
educación, diversión.
La crónica y el testimonio de vida que se presenta corresponden al diálogo con
dos jóvenes de la purépecha michoacana entre 2014 y 2015. Los más jóvenes han
migrado, los más viejos están en el campo, las mujeres y los niños son lo único
que queda del tejido social que sostenía a las familias tradicionales. Todo ese
entramado social ha sido sustituido por una lealtad condicionada a la prebenda o
la amenaza; las prácticas sociales están definitivamente asociadas a la migración,
producción y distribución de la droga y a la transferencia de remesas: “cuando sea
grande quiero ser narco”, “cuando termine la primaria me voy para el norte”. La
migración o la pertenencia al crimen organizado son las únicas dos alternativas
de movilidad social en los jóvenes de primaria. El Estado y su política pública no
aparecen, salvo en las épocas en las que se requiere su voto para preservar en el
poder al partido en turno.

Disociar la correlación entre migración y tráfico de drogas, dotarle de adjetivos
y valores cuya idea general es definir a estos asuntos como externos y ajenos al
supuesto del diseño de política de desarrollo, eximir a la sociedad y a la política
pública de la responsabilidad por su atención para colocar estos temas en la agenda securitaria es el terreno propicio que permite el ejercicio de diferentes tipos
de violencia, entre ellas las del crimen organizado. Ahí la intencionalidad estatal.
Por supuesto, un camino alternativo vendría de la construcción de una valoración
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integral y no disociada en el diseño de las políticas de desarrollo en ambos casos:
Atender a las normas y estándares internacionales, especialmente los que se originan de la Agenda 2030 sobre desarrollo sustentable e integrarlos a la política de
desarrollo local. El gobierno de este país ha aceptado los términos de la Agenda
sobre Desarrollo Sustentable y por ello las organizaciones de la sociedad civil y
los gobiernos locales tienen herramientas para negociar con el centro una posible
ampliación de medios para dar seguimiento a la operatividad de tales compromisos.
En materia de política educativa se requiere un retorno a las materias de formación cívica en un contexto global, que integren la materia migratoria (tolerancia, diversidad) y de tráfico de drogas (salud, integración) para que los niños y
los jóvenes del futuro sean formados en el reconocimiento de la migración como
un asunto natural de la evolución de la sociedad y consideren el problema de las
drogas como un asunto de responsabilidad compartida. Por esto, una primera estrategia corresponde a iniciativas de orden legislativo que rediseñen el itinerario
formativo de los alumnos.
Se trata de estrategias de largo plazo. El narcotráfico está tan imbricado en el
funcionamiento del sistema de naciones que ya no se entiende su funcionamiento
sin la aquiescencia, falla o intencionalidad de los actores directamente asociados,
entre ellos obviamente el Estado. De la misma forma la migración, cuya dinámica
contemporánea no se puede analizar sin la modulación que le ha impreso la política migratoria estatal desde hace por lo menos un siglo. Ambos fenómenos requieren dos estrategias en apariencia discordantes, pero profundamente complementarios: que el Estado retome la iniciativa en la restauración del tejido social desde
la premisa de la recuperación del territorio, es decir, volver a la localidad. Algunas
de las acciones más urgentes pasan por un nuevo pacto fiscal que reconozca la
vulnerabilidad diferenciada ente estados ante estos retos; el fortalecimiento de los
criterios de políticas de desarrollo anclados al índice de movilidad migratoria; la
recuperación de las iniciativas educativas en aquellas zonas azotadas por el narco;
la renovación de los acuerdos bilaterales de movilidad migratoria (Guatemala y
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Canadá) para ampliar su cobertura; por el otro lado, que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia que permitan verificar el cumplimiento de la integración
de tales asuntos en la agenda de desarrollo social (Agenda 2030), es decir, internacionalizar las herramientas de vigilancia de las políticas locales de desarrollo.
En otras palabras, desecuritizar la migración y el tráfico de drogas.
3.- DISEÑO
La presente investigación parte de una estrategia de orden comparativa. Se define
la comunidad y la sincronía de los procesos que intervienen en el desarrollo y evolución de los fenómenos de referencia; su utilizan dos herramientas esenciales: el
acervo documental (estadísticas, análisis, informes) y se busca darle coherencia y
sincronía a partir de la presentación de experiencias de vida. No hay criterios de
exclusión ni de inclusión pues la investigación no tiene poblaciones focales.
Diseño
En la presente investigación hay trabajo de campo en el marco de proyectos de
organización social y emprendimiento. Su solidez se origina en proyectos sustentados en un marco lógico y en organización participativa. Derivado de estas
herramientas de intervención y gestoría, se logran acumular experiencias de vida
de los actores locales. A tal efecto, debe resaltarse que tales testimonios no son ex
profeso para la investigación, sino son resultado de otras iniciativas sociales que
han sido usadas para fortalecer el proyecto presente. Las entrevistas fueron realizadas en la comunidad de La Patrona, en el estado de Veracruz, durante labores
de apoyo en la estancia gestionada por el colectivo Las Patronas; en el Albergue
La 72, en Tenosique, estado de Tabasco; en el albergue Casa Tochán en la Ciudad
de México, además de testimonios recabados durante el viaje en el tren de carga
llamado La bestia, realizado por el autor. Todos estos eventos se realizaron en
diversos años, que van desde 2004 y hasta 2019.
Instrumentos
La técnica es esencialmente documental, no hay entrevistas sino testimonios pues
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la investigación no pretende la elaboración de estudios basados en entrevistas; el
trabajo de campo es sólo complementario y derivado de otras experiencias; se ha
usado para dar sentido y coherencia desde una perspectiva social y local, a dos
fenómenos inicialmente interpretados como ajenos en sus dinámicas.
Procedimientos
Las fases de trabajo en la presenta investigación son básicas: a) organización y
diseño del proyecto; b) estructuración; c) búsqueda y organización de la documentación; d) sistematización de la información acopiada; e) análisis y redacción;
f) organización de resultados. Se reitera que los testimonios de vida son resultado de proyectos precedentes pero que han sido utilizados para complementar los
análisis.
4.- CONCLUSIONES
La movilidad migratoria y el tráfico de drogas son fenómenos inconexos, vista
la intencionalidad de los actores centrales (migrantes y narcos), pero a la vez se
construyen sólidos vínculos y sincronías, que se consolidan sobre la base de los
resultados de una política de gestión estatal que clandestiniza a la movilidad migratoria, lo que dota a este fenómeno de la condición de riesgo o amenaza. Esta
misma dinámica opera para la política de lucha contra el narcotráfico y es precisamente en este proceso en que convergen tales fenómenos: la ilegalidad como
expresión de rechazo desde una lectura punitiva (narcotráfico) y de ilegalización
como expresión que justifica la restricción de derechos y el rechazo social (migración). México como una de las naciones más afectadas por ambos fenómenos,
sufre de esta asincronía en el diseño de la política pública en ambas materias.
Tanto la política de prevención, atención y reducción de la farmacodependencia,
como la política de gestión de fronteras, acompañamiento, protección y desarrollo asociado a la migración se manifiestan en tiempos y objetivos profundamente
diferenciados.
En segundo lugar, la localidad es el espacio en que se verifica en su sentido instrumental esta correlación. La pobreza, la exclusión, el racismo y la violencia entre
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otros marcan una dinámica en que emergen los incentivos a la movilidad humana,
a la vez que dicha situación se vuelve terreno fértil para la aparición del narcotráfico como un competidor social de la política pública. La vulnerabilidad social
provee materia al narcotraficante (personas desempleadas, violentadas, excluidas)
para fortalecer su presencia en la localidad. El migrante potencial o el que ha
emprendido el proyecto de movilidad, se constituyen en dos pilares básicos para
su fortalecimiento. Algunos estados en esta situación son aquellos que se ubican
en el circuito de movilidad migratoria en el Golfo de México como Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, entre otros. Por este circuito transitan poblaciones
migrantes cuyo perfil es en términos generales: de origen campesino, jóvenes en
plena edad productiva e integrados recientemente a una red migratoria entre algunas de las características más importantes.
Ciertamente en este proceso de sincronía en que el migrante aparece como objeto de explotación se identifica claramente la idea de adiaforización (Bauman,
2016) en que la sociedad y la política pública se eximen de responsabilidad por el
bienestar y la vida de los y las migrantes, dejando espacio abierto para que otros
actores hagan uso de su vulnerabilidad, ejerciendo sobre ellos la violencia sobre
sus cuerpos, fuente de alta rentabilidad para el narcotráfico.
Acometer una nueva gestión sobre estos dos fenómenos sociales equivale a darles un sentido de eventos sincrónicos, correlacionados, cuya primera acción sería
la recuperación del territorio, en que la localidad sea recuperada como espacio
de fortalecimiento de las políticas de desarrollo, dando énfasis al criterio de alta
intensidad migratoria. Las políticas de incentivo fiscal, de descentralización, capacitación y certificación serían instrumentos pertinentes a la situación, especialmente porque en el México existen estados cuya migración es apenas marginal, en
tanto que en otras hay una verdadera sangría de poblaciones. Por ejemplo, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero o Puebla se resaltan por ser los
primeros expulsores de migrantes, estados para los cuales se requieren políticas
de atención prioritaria. Del lado opuesto, entidades como Baja California, Quintana Roo o Baja California Sur, tienen índices residuales de movilidad migratoria,
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para las cuales no se requiere una política migratoria amplia En muchas de ellas
convergen la alta migración con la presencia del narcotráfico.
Otra vertiente de atención a estas problemáticas descansa en la sincronía entre la
política de desarrollo local, la migración y los criterios planteados por las convenciones internacionales en materia de migración. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable ha marcado una ruta de trabajo en que el migrante ha sido
reconocido como actor relevante en los procesos de desarrollo global. Aterrizar
dicha agenda en las políticas de desarrollo local es estratégico por dos razones:
por un lado, que se trabaja desde estándares internacionales y, en segundo lugar,
que se diseña una política de desarrollo local sujeta de revisión internacional.
Adicionalmente, es necesario que futuras investigaciones acometan el diseño de
criterios de intervención en las localidades invadidas por el narcotráfico y que a
su vez tienen altas tasas de movilidad migratoria. Los niveles de tensión identificados en estos espacios obligan a una presencia más sólida y consistente del
Estado, pero dando menos peso a las acciones de securitización y confrontación,
y más a las políticas de desarrollo. De la misma forma, será de la mayor relevancia el estudio sobre un itinerario de retorno, es decir, las acciones que permitirían
que los jóvenes, la población más afectada por el reclutamiento del narcotráfico,
retornaran a una vida social digna. Las becas o la transferencia monetaria son ineficientes si antes no se mejoran las condiciones socioeconómicas de la localidad,
además de quitar el papel de competidor social al crimen organizado, proceso que
ciertamente debe medirse por décadas y no por sexenios.
En el comienzo de la segunda década del siglo XXI, el sistema de naciones ha
visto aparecer la expresión pandemia en un sentido global. Durante décadas asociada a las regiones pobres y valorada como síntoma de los problemas propios
del subdesarrollo, la pandemia del Covid-19 ha venido a democratizar aunque
sea momentáneamente, la incertidumbre, el miedo y la inestabilidad en naciones
ricas y pobres por igual. Es cierto que después esa igualdad ha dado paso a la
ratificación de las diferencias de capacidad a través de las estrategias de acaparamiento de vacunas y del fortalecimiento del papel de las empresas transnacionales
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dedicadas a la investigación contra el virus en las naciones hegemónicas, en tanto
las regiones atrasadas quedan a la espera de un reparto de las vacunas que desde
un principio se establece como profundamente inequitativo, propio de la asimetría
de poderes entre estados.
En este escenario de pandemia global se abre paso, como en otros momentos
históricos, la construcción de una necesidad de cierre de fronteras. Razones, pretextos o coyunturas, la política de restricción es un patrón de comportamiento de
los países de tránsito o recepción que nada extraña, salvo que ahora el objeto de
la paranoia sea el Covid-19 como en otros momentos lo ha sido el terrorismo, las
crisis económicas, los conflictos fronterizos o la inestabilidad interna de los estados de origen, entre otros muchos.
Por ello, debemos ser cautos a fin de no apresurar resultados sobre un presunto
agravamiento de los problemas de la movilidad migratoria. En todo caso debemos cuestionarnos sobre el Covid-19 como parte de los factores que han venido
a legitimar ante la opinión pública de los países receptores, las acciones de rechazo a los y las inmigrantes. Además, no debemos olvidar que hacia el exterior
las herramientas de protección como el refugio ya estaban en crisis antes de la
pandemia, además de que las muertes se habían elevado exponencialmente en
el Mediterráneo desde la crisis de Libia y Siria, años antes del Covid-19. En realidad, la pandemia, más que agravar la situación de los flujos migratorios, ha
venido a ratificar las políticas de retracción de fronteras y de una baja de los movimientos migratorios, situación que va a cambiar a partir del cambio de narrativa
en política migratoria de parte de la administración Biden, además de la pérdida
de poder de fuerzas de extrema derecha en países referentes que en su momento
han liderado las políticas de criminalización de las poblaciones inmigradas. Los
y las migrantes viven cotidianamente en graves problema de exclusión, violencia
y explotación; en todo caso lo que ha cambiado es la razón de su rechazo, no las
graves condiciones estructurales que propician su movilidad misma.

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Lo mismo sucede con el narcotráfico. Como todo negocio organizado, con seguridad estará buscando diversificar sus riesgos, tratando de identificar fuentes
alternas de ingresos, pero entre tanto, el tráfico y la trata son mercados prósperos
que aumentan sus ingresos paralelamente al cierre de las fronteras, es decir, la
retracción derivada del Covid tiene efectos en el aumento del costo de traficar
migrantes. El virus al parecer le concede nuevas ventanas de oportunidad a uno
de los negocios más boyantes del crimen transnacional. Hemos de ratificar: gestionar a la movilidad migratorias sin enfrentar adecuadamente al tráfico de drogas
desde la dimensión de la salud, la prevención, y por supuesto la seguridad, es el
escenario ideal para el mantenimiento de la prosperidad de ambos mercados, en
detrimento de la integridad de los y las migrantes internacionales.
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Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, Colombia1
Entrepreneurial qualities of the graduate from the Universidad Nacional Abierta
y a Distancia, Colombia
María Angélica, Cervantes Muñoz2
Universidad de Cundinamarca
https://orcid.org/0000-0002-2843-7779

María Erika, Narváez-Ferrín3
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
http://orcid.org/0000-0002-8931-5775
Colombia
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-9

________________________________________________________________

RESUMEN
El presente artículo busca identificar las cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, con lo cual se podrán crear los cursos que promuevan el desarrollo integral y las capacidades de las personas
orientándolos hacia un mundo productivo que dé cuenta de la aplicación de la Ley 1014 de 2006 para fortalecer el emprendimiento en el país. A partir de un estudio con alcance exploratorio, descriptivo y correlacional con enfoque cuantitativo, luego
de establecer las cinco (05) variables clave: Iniciativa, Creatividad, Tolerancia al riesgo, Perseverancia y Planeación. Se diseña
un instrumento tipo cuestionario de 15 preguntas y cuatro (4) criterios de evaluación cada una. Se aplica a una muestra de 519
graduados de las 5 escuelas durante el año 2014 al 2018. Al finalizar el estudio queda de manifiesto que estas deben incorporar
en los microcurrículos de los programas que ofertan aquellos cursos que fomenten la cultura emprendedora en toda la comunidad unadista. Lo anterior, teniendo en cuenta que la universidad expresa en el marco teológico que se debe contribuir a la
educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia mediante el desarrollo del espíritu emprendedor en el marco
de una sociedad global y de conocimiento.
Palabras claves: Emprendedor, Espíritu emprendedor, Formación, Perfil.
ABSTRACT
This article seeks to identify the entrepreneurial qualities of the graduate of the National Open and Distance University UNAD, with which it will be possible to create courses that promote the integral development and capacities of people,
orienting them towards a productive world that accounts for the application of Law 1014 of 2006 to strengthen entrepreneurship in the country. From a study with an exploratory, descriptive and correlational scope with a quantitative approach, after
establishing the five (05) key variables: Initiative, Creativity, Risk Tolerance, Perseverance and Planning. A questionnaire-type
instrument is designed with 15 questions and four (4) evaluation criteria each. Which is applied to a sample of 519 graduates
of the 5 schools during the year 2014 to 2018. At the end of the study it is clear that these should incorporate in the micro-curricula of the programs that offer those courses that promote the entrepreneurial culture in the entire Unadista community The
above, taking into account that the university expresses in the theological framework that it must contribute to education for all
through the open and distance modality through the development of the entrepreneurial spirit within the framework of a global
and knowledgeable society.
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial spirit, Professional training
Recibido: 07 de Junio 2020 - Aceptado: 02 de Agosto 2020
Cómo referenciar este artículo:
Cervantes Muñoz, M. A. &amp; Narváez-Ferrrin, M. E. (2021). Cualidades emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, Colombia. Politica Globalidad y Ciudadanía, 230-257. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/
index.php/RPGyC/article/view/179. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-9

1 Este artículo es producto del proyecto: Identificación de las características personales emprendedoras de los estudiantes y egresados de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, financiado por Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD. Iniciado en 2014 y
finalizado en 2018.
2 Magister en Administración, Universidad Nacional de Colombia, coordinadora de posgrados, Universidad de Cundinamarca, Email: mcervantes@ucundinamarca.edu.co
3 Magister en Administración de Organizaciones, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Docente ocasional, Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, Email: maría.narvaez@unad.edu.co

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

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1.- INTRODUCCION
Colombia es un territorio dotado con una extraordinaria belleza natural y una
amplia diversidad biológica y cultural, sin embargo, los avances logrados en el
campo económico, en los sistemas políticos y jurídicos, como la mayoría de los
países en vía de desarrollo tiene que enfrentar un escollo social expresado en el
desempleo principal obstáculo de la economía y motor de la pobreza, la desigualdad, la marginalidad, la exclusión social y la pérdida de valores humanos fundamentales.
Con una población de 48 millones 258 mil 494 habitantes millones de habitantes,
el desempleo en Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (2019) tuvo niveles preocupantes en los últimos 5 años, lo que ha
sumado al subempleo, la informalidad y la escasez de empresas, la alta oferta de
mano de obra e incapaz de absober la totalidad de la fuerza laboral que se genera
cada año. Ver la tabla 1.
Tabla 1: Nivel de desempleo en Colombia

Nota: Elaborado a partir de datos obtenidos del DANE (2019)
Teniendo en cuenta que el Estado, no tienen la capacidad de subsidiar el desempleo
como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la única alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos necesarios para su sustento, es tratar
de convertir al asalariado en empresario pasando de empleado a empleador, generador de un ingreso decente que le permita mejorar su calidad de vida.
Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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to así, que han iniciado programas de apoyo a los emprendedores mediante la
promulgación de diferentes leyes y decretos dedicadas exclusivamente a promover
la creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento
específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio, ayudarles en
su propósito de crear su propia unidad productiva. La aplicación de la Ley 1014
de 2006 tiene por objeto el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras en
el país, de allí que los centros de estudio juegan un papel fundamental en ello y
una de las mejores formas de contribuir a estas metas es identificar las cualidades
emprendedoras del graduado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –
UNAD y a partir de esto impulsar la creación de ramos académicos para potenciar
las cualidades productivas de sus graduados, siendo este el objetivo principal del
estudio.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Espíritu Empresarial
Varela (2001) define que el proceso de formación de empresas, pieza básica del
desarrollo socioeconómico de una comunidad, tiene como uno de los pilares fundamentales al hombre o la mujer con espíritu empresarial, conocidos tradicionalmente como empresarios.
El espíritu empresarial desempeña un papel fundamental en todo proceso de desarrollo humano y social, este espíritu emprendedor ha sido el responsable de
sacar al ser humano de su estado primitivo, proporcionándole fuego y herramientas para hacer su trabajo más fácil. Además, ha sido responsable de la creación
de las grandes culturas que han existido a lo largo de la historia y de todo el desarrollo que se ha heredado de ellas. Ha sido responsable también de los grandes
movimientos religiosos, artísticos y científicos, venciendo así sistemas políticos
que trataron por años de acabar este espíritu empresarial existente en los seres
humanos.
Entonces, este elemento es un reto para el desarrollo de cada persona que busca
por naturaleza la independencia, es un proceso puramente humano que se hace
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más fuerte dependiendo del grado en que cada persona decida asimilarlo, convirtiéndolo en un estilo de vida para cumplir logros.
Este espíritu empresarial, tiene su importancia como se ha dicho anteriormente,
desde mucho tiempo atrás debido a que las actividades de una población y los
valores de una sociedad han sido modelados básicamente por la capacidad de esta
para crear empleo. En el caso de América Latina, éste fenómeno se dio con una
mayor intensidad desde la década de los años 40, en la cual la mayoría de estos
países iniciaron el proceso de industrialización creando así demandas por empleo.
Estas demandas crearon dificultades que han sido permanentes a lo largo de la
historia. Los gobiernos latinoamericanos adoptaron no solo el papel de medir los
índices de desempleo, sino en muchos casos el papel de solucionadores del problema, y crearon empleos burocráticos que originaron déficit fiscal, endeudamiento, inflación, recesión, y todos sus derivados, y desempleo. Solo a finales del siglo
XX, los países en vía de desarrollo entendieron que no es posible que los estados
solos asuman la responsabilidad de generar pleno empleo por lo cual se hizo necesario la privatización de las empresas.
Los Estados y sus sociedades han llegado al convencimiento de que deben estimular cada día más las iniciativas privadas por medio de programas de apoyo y
que todos aquellos que tengan capacidad de defenderse por sí mismos deben ser
entusiasmados y apoyados para que lo hagan implantando medios educacionales
y reformas administrativas. Para el gobierno es mucho más fácil encontrar diferentes soluciones para disminuir el desempleo, a medida que se vayan creando más
empresas privadas, que contribuyan a la generación de empleo en el país, pues
está demostrando que los procesos de creación de empleo están más asociados a
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Según Koontz y Weihrich, (2007), con frecuencia se piensa que el espíritu emprendedor se limita solo a la administración de empresas pequeñas, pero algunos
autores coinciden que se extiende a todo tamaño de empresas, y que son los empresarios los encargados de iniciar cambios para aprovechar oportunidades tratando siempre de mejorar la situación.
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En conclusión, el espíritu empresarial brinda unas pautas para que las personas
cuenten con los valores principales, que les permitan desarrollar sus capacidades y
puedan innovar en cuanto a la realización de propuestas, llevando a cabo proyectos empresariales, creando así oportunidades de desarrollo social y logrando expandir sus metas.
Emprendimiento
El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la humanidad,
puesto que ésta en toda su historia ha luchado por superarse, por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de vida. El emprendimiento
es algo innato en la humanidad, algo que siempre ha estado presente en el hombre, aunque claro está que el emprendimiento no se ha desarrollado en todos los
hombres.
Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de
la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas este concepto se ha
vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos de las distintas sociedades.
Es tan popular y necesario el emprendimiento que ya se habla de la cultura del
emprendimiento como lo expresa la Ley 1014 de 2006 como una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento
de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado cuyo resultado es la creación de valor que
beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad.
Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas,
que comparte un grupo de personas hacia el emprendimiento, que surgen en la
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos
y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro
grupo.
En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud que genera un impulso
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hacia el mejoramiento personal a través de la planeación y ejecución de proyectos
con impacto económico y social; es el deseo por avanzar y/o evolucionar de un
estado actual a uno mejor a través de la sumatoria de logros.
Características del emprendedor exitoso
Son muchos los estudios que analizan las características del emprendedor notable,
pero todas al final establecen similitudes que permiten comprender las razones
que repercuten en el éxito o fracaso de las iniciativas que adelanten, a continuación, se presenta un resumen elaborado a partir de los autores más sobresalientes,
así mismo se establece el referente unadista. Ver tabla 2.
Tabla 2: Característica del emprendedor exitoso

Nota: Elaboración propia (2019).
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Políticas públicas para el fomento a la cultura del emprendimiento
El gobierno colombiano ha desarrollado leyes y reglamentaciones para el fomento de la cultura del emprendimiento, el desarrollo del espíritu emprendedor y el
fortalecimiento empresarial, siendo las más representativas las que se muestran a
continuación en la tabla 3:
Tabla 3: Reglamentaciones para el fomento del emprendimiento en Colombia

Nota: Elaboración propia (2019)
La formación para el emprendimiento se instaura oficialmente en Colombia con
la promulgación de la Ley 1014 de 2006, la cual estableció que en todos los estamentos educativos del país en niveles de educación preescolar, educación básica,
educación básica primaria, educación básica secundaria y la educación media,
se dé una catedra de emprendimiento obligatoria, la cual debe desarrollar en los
estudiantes del sistema formal y no formal, competencias básicas, competencias
laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales en articulación
con el sector productivo. Así mismo la citada Ley menciona que en esta formación
para el emprendimiento se debe de propender por el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas para incorporar teoría, práctica, ciencia y tecnología, a fin
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de que los estudiantes puedas crear su propia empresa o puedan llegar a ser intraemprendedores desde sus puestos de trabajo.
Formación para el emprendimiento en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
La “formación para el emprendimiento” en la UNAD es un planteamiento más
complejo que el convencional adoptado en diferentes instituciones de educación
superior que se preocupan por “formar en emprendimiento”, en este sentido el
propósito de formación debe ser abordado de manera holística, sistémica e interrelacional. Ver figura 1.
Figura 1: Esquema formación para el emprendimiento unadista

Fuente: Elaboración propia (2019)
De la conjunción del saber, el entorno y el ser humano, se determinan los pensamientos, creencias y expectativas del sujeto; con los cuales éste determina la
selección de una trayectoria de vida, donde el ser humano se evalúa desde tres
aspectos (ibid):
La autoeficacia. Se define como los juicios de los individuos sobre su capacidad
para organizar y tomar trayectorias de acción. Fundamentada en aspectos aptitudinales para realizar determinada actividad donde también esta influenciada por
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patrones comportamentales como la persistencia y las características del entorno.
Expectativas de resultados. Se define con relación a los resultados esperados por
el ser humano, y los cuales puede ser representados por el mismo de tres formas,
en la expectativa de resultados tangibles, sociales y de autosatisfacción (Osorio F
&amp; Pereira F, 2011), en este aspecto serían: interrelaciones, características individuales y del entorno.
Los objetivos. Son la representación simbólica de resultados esperados y la reacción valorativa de acuerdo a sus estándares internos, los cuales son de carácter
conductual y surgen de su interacción con el entrono y las características propias
del ser humano.
La universidad debe educar para el “emprendimiento empresarial”, esto significa
no sólo enseñar a formar empresas – elemento fundamental sin duda – sino que
debe ser entendido y trabajado desde un sentido amplio, actitudinal, de desarrollo
de competencias, habilidades y destrezas que permitan una mayor generación y
aprovechamiento de las oportunidades que brinda el mercado. Este nuevo enfoque requiere de una gran voluntad de las autoridades universitarias y de tener una
amplia visión del nuevo entorno en el que se mueven los centros de formación
superior, ya que a la fecha no ha sido explotada como una excelente estrategia de
diferenciación. López, G., Carreño, F., Alarcón, F. &amp; Reinoso, V. (2017).
Caracterización Universidad Nacional Abierta y a Distancia
La institución que hoy se conoce como Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), tiene antecedentes históricos y legitimidad social en el contexto
universitario colombiano, fue creada mediante la Ley 52 del 7 de julio de
1981 por el Congreso de la República como la Unidad Universitaria del Sur
de Bogotá (UNISUR) con el carácter de establecimiento público adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de orientar todos sus esfuerzos
para responder a las necesidades, intereses y problemas reales del país, especialmente de aquellos que afectan a los sectores populares, marginados de la
ciencia, la técnica y la cultura, lo cual constituye un principio de realidad.
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La modalidad abierta y a distancia, para la época, significó la promoción y organización de las comunidades regionales una innovación educativa y a la vez,
el cambio de paradigma en algunas instituciones de educación superior, con
relación a la orientación de sus esfuerzos hacia la producción de mediaciones pedagógicas y la formación de mediadores, para acompañar el aprendizaje significativo, autodirigido, autónomo y colaborativo de los estudiantes
en la nueva modalidad.
Mediante el Decreto 2770 de agosto 16 de 2006, se le otorgó a la UNAD
la condición de Universidad como ente Universitario Autónomo del orden
nacional, con régimen especial en los términos de la Ley 30 de 1992,
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera; patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de
Educación Nacional (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2014).
Actualmente cuenta con una amplia oferta de bachillerato, educación continuada, programas de pregrado y posgrado, lo que sumando a más de 60 centros de
atención le permite hacer presencia a nivel nacional vinculando a más 130 mil
estudiantes.
3.- MÉTODO
Diseño
El estudio tuvo un alcance exploratorio, ya que hasta el momento no existen documentados estudios realizados sobre la problemática abordada, así mismo descriptivo y correlacional al encontrar la relación de causalidad entre las variables clave
del modelo de éxito de un emprendedor. El enfoque cuantitativo
Participantes
Se emplea el método de muestreo probabilístico aleatorio simple, porque se basa
en el principio de equiprobabilidad, es decir, que todos los elementos del universo registrados en la oficina de registro y control de la UNAD en el año 2018 de
la UNAD, tendrán la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la
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muestra, la cual se extrae a partir del universo a partir de una formula estadística
resumido en la tabla 4:
Tabla 4: Graduados graduados por escuelas periodo 2018

Nota: Elaborado a partir de informe de Registro y Control (2019).
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística
y que se resume en la tabla 5.
Tabla 5: Tamaño de la muestra graduados por escuelas

Nota: Elaboración propia (2019).
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Instrumentos y procedimiento
Se aplicó el instrumento tipo encuesta que consta de consta de una sección de
datos básicos y 15 preguntas con 4 ítems (Nunca, casi nunca, Casi siempre y
Siempre) donde se indaga sobre la prevalencia de las 5 variables como factores
de éxito más relevantes en el emprendedor, las cuales fueron seleccionadas como
concordantes o repitentes entre los autores Filión (1996), Alfaro &amp; Gomez (1999)
y las planteadas por la UNAD (2019) que son: Iniciativa, Creatividad, Tolerancia
al riesgo, Perseverancia y Planeación. El cuestionario se envía a través de correo
electrónico y una vez obtenidas las respuestas, se analizaron y se procesaron en
el paquete estadístico “Statistic Program for Social Sciences” SPSS versión 22.
4.- RESULTADOS
Se realizó el procesamiento de la información encontrándose los siguientes resultados:
De las 519 personas encuestadas, el 57,4 % eran mujeres y el 42,6% eran hombres, de los cuales el 44,6% pertenece al estrato tres, el 35,6% al estrato dos y el
8,8 % al estrato uno. Ver figura 2.
Figura 2: Sexo y estrato socioeconómico

Fuente: Elaboración propia (2019).
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En el procesamiento de las variables escuela-edad se obtiene que en las escuelas
el 29,5% de los encuestados se encuentran en el rango de los 35 a los 42 años,
seguido por el 27,9% que se encuentra en el rango de los 26 a los 34 años y por el
22,3% que se encuentra en el rango de los 42 a los 49 años. Ver figura 3.
Figura 3: Rango edad

Fuente: Elaboración propia (2019)
Abordando las cinco (05) características objeto de estudio se tienen los siguientes
resultados, las cuales fueron seleccionadas por las opiniones de los expertos en las
sesiones de grupo para validar los instrumentos de recolección de información y
la revisión de las diferentes fuentes de información donde se destacan por ser muy
recurrentes en diferentes estudios relacionados con el tema:
Iniciativa
Se interrogó a los participantes: ¿Desde niño me ha gustado participar en actividades que me permitan obtener algún beneficio económico?, encontrándose que
los graduados de ECACEN tiene los mejores resultados, el 12,6 % respondieron
la mejor opción que es siempre, seguido por la ECSAH y ECBTI con un 9,1 % y
8,1% respectivamente. Ver figura 4.
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Figura 4 : Respuesta encuestados sobre actividades con beneficio económico

Fuente: Elaboración propia (2019)
Figura 5: Retos que generan riesgo

Fuente: Elaboración propia (2019).

Cuando se consultó a los encuestados: ¿Me siento conforme con lo que tengo
porque considero que los retos generan riesgos innecesarios?, encontrándose
que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 17,3 % de los graduados
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optaron por la mejor opción de respuesta que es nunca, seguido por la ECSAH
con un 15,5 % y por ECBTI con un 9,8%. Ver figura 5.
El tercer interrogante en esta categoría fue ¿He querido alguna vez generar mis
propios ingresos y ser independiente?, encontrándose que al igual que en la anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 18,8% de los
graduados selecciono la mejor opción que es siempre, seguido por la ECSAH con
un 16,3 % y por ECBTI con un 12,6. Ver figura 6.
Figura 6: Actividad como independiente

Fuente: Elaboración propia (2019).
Se puede concluir que los graduados de ECACEN son lo que tienen la característica iniciativa más desarrollada, seguido por ECSAH y por ECBTI.
Creatividad
Se preguntó a los graduados: ¿Me incomoda cuando me piden realizar las cosas
de otra manera?, encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados
donde el 13,9% de los graduados seleccionaron la mejor opción de respuesta que
es nunca, seguido por la ECSAH con un 11,5 % y por la ECBTI con un 7,0 %.
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Ver figura 7.
Figura 7: Incomodidad para realizar actividades de otra manera

Fuente: Elaboración propia (2019).
El segundo interrogante formulado esta categoría fue ¿Cuándo se me presenta un
problema construyo soluciones poco comunes?, encontrándose que la ECSAH
tiene los mejores resultados donde el 4,4 % de los graduados optaron por la mejor
opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECBTI con un 4,3% y por la
ECACEN con un 3,8%. Ver figura 8.
El segundo interrogante formulado esta categoría fue ¿Cuándo se me presenta un
problema construyo soluciones poco comunes?, encontrándose que la ECSAH
tiene los mejores resultados donde el 4,4 % de los graduados optaron por la mejor
opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECBTI con un 4,3% y por la
ECACEN con un 3,8%. Ver figura 8.

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Figura 8: Construccón de soluciones poco comunes

Fuente: Elaboración propia (2019).
Se formuló una pregunta más: ¿Se me ocurren muchas ideas para realizar una tarea o labor encomendada?, encontrándose que al igual que en la anterior pregunta
la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 12,8% de los graduados selecciono la mejor opción que es siempre, seguido por la ECSAH con un 12,4% y por
la ECBTI con un 9,2%. Ver figura 9.
Figura 9: Varias ideas para realizar las tareas

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Fuente: Elaboración propia (2019).
Se puede concluir que los graduados de la ECACEN son lo que tienen la característica creatividad más desarrollada, seguido por la ECSAH y la ECBTI.
Tolerancia al riesgo
El interrogante formulado fue: ¿Me gustaría practicar un deporte extremo?, encontrándose que la ECSAH tiene los mejores resultados donde el 4,7% de los
graduados seleccionaron la mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por
la ECACEN con un 4,5% y por la ECBTI con un 4,0%. Ver figura 10.
Figura 10: Práctica de deporte extremo

Fuente: Elaboración propia (2019).
También se pregunta: ¿He emprendido retos que me han dado satisfacciones personales importantes?, encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados
donde el 17,6% de los graduados optaron por la mejor opción de respuesta que es
siempre, seguido por la ECSAH con un 16,6% y por la ECBTI con un 8,8%. Ver
figura 11.

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Figura 11: Satisfacción por los retos emprendidos

Fuente: Elaboración propia (2019).
Los encuestados responden al interrogante: ¿Cuando alguien me pide prestado
dinero, prefiero no hacerlo así me ofrezca pagarme intereses?, encontrándose
que al igual que en la anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados
donde el 6,9% de los graduados selecciono la mejor opción que es nunca, seguido
por la ECSAH con un 5,4% y por la ECBTI con un 3,0%.. Ver figura 12.
Figura 12: Prestamo de dinero

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Fuente: Elaboración propia (2019).
Se puede concluir que los graduados de la ECACEN son lo que tienen la característica tolerancia al riesgo más desarrollada, seguido por la ECSAH y la ECBTI.
Perseverancia
El interrogante formulado fue: ¿Cuándo emprendo una actividad y se presentan
demasiadas dificultades tiendo a abandonarla? encontrándose que la ECACEN
tiene los mejores resultados donde el 13,6% de los graduados seleccionaron la
mejor opción de respuesta que es nunca, seguido por la ECSAH con un 13,0% y
por la ECBTI con un 7,4%. Ver figura 13.
Figura 13: Respuesta ante dificultades

Fuente: Elaboración propia (2019).
El segundo interrogante formulado: ¿Cuándo tomo una decisión la defiendo con
firmeza, si de ella depende alcanzar mis propósitos?, encontrándose que la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 16,3% de los graduados optaron por la
mejor opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECSAH con un 12,2%
y por la ECBTI con un 8,2%. Ver figura 14.
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Figura 14: Incomodidad para realizar actividades de otra manera

Fuente: Elaboración propia (2019).
La tercera pregunta fue: ¿Me empeño en lograr mis objetivos sin importarme si
con ellos obtengo reconocimiento de otros? encontrándose que al igual que en la
anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 14,8% de los
graduados selecciono la mejor opción que es siempre, seguido por la ECSAH con
un 12,2% y por la ECBTI con un 9,1%. Ver figura 15.
Figura 15: Logro de objetivos

Fuente: Elaboración propia (2019).
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Se puede concluir que los graduados de la ECACEN son lo que tienen la característica perseverancia más desarrollada, seguido por la ECSAH y la ECBTI.
Planeación
El interrogante formulado fue ¿En mi trabajo hago una lista de tareas y realizo
primero las más importantes? encontrándose que la ECACEN tiene los mejores
resultados donde el 17,2% de los graduados seleccionaron la mejor opción de
respuesta que es siempre, seguido por la ECSAH con un 13,0% y por la ECBTI
con un 9,5%. Ver figura 16.
Figura 16: Planificación del trabajo

Fuente: Elaboración propia (2019).
El segundo interrogante formulado esta categoría fue ¿En mi vida personal me
propongo metas a corto, mediano y largo plazo?, encontrándose que la ECACEN
tiene los mejores resultados donde el 18,5% de los graduados optaron por la mejor
opción de respuesta que es siempre, seguido por la ECSAH con un 18,0% y por la
ECBTI con un 12,2%. Ver figura 17.
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Figura 17: Metas personales

Fuente: Elaboración propia (2019).
El tercer interrogante en esta categoría fue ¿Considero que hacer un análisis detallado de los problemas es una pérdida de tiempo?, encontrándose que al igual que
en la anterior pregunta la ECACEN tiene los mejores resultados donde el 22,4%
de los graduados selecciono la mejor opción que es nunca, seguido por la ECSAH
con un 21,0% y por la ECBTI con un 13,0%. Ver figura 18.
Figura 18: Análisis de los problemas

Fuente: Elaboración propia (2019).
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Se puede concluir que los graduados de la ECACEN son lo que tienen la característica planeación más desarrollada, seguido por la ECSAH y la ECBTI.
5.-CONCLUSIONES
Los resultados muestran diferencias significativas entre los graduados de cada una
de las escuelas o estamentos frente al desarrollo competencia y la manifestación
de las características emprendedoras en el cual sobresalen quienes proceden
de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios-ECACEN, seguidos por Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
y Escuela de Ciencias Básicas-ECSAH, Tecnologías e Ingenieras-ECBTI, por lo
cual es necesario incorporar en los microcurrículos temáticas relacionadas con las
5 variables más relevantes del perfil emprendedor exitoso, enmarcados en la ley
1014 del 2006 y el PAPS como hoja de ruta de la UNAD, que dé cuenta de una
formación integral y fortalezca el ecosistema emprendedor colombiano como
política pública.
Si bien es cierto que en Colombia existe una normatividad en temas de emprendimiento, se evidencia que los lineamientos para la generación de una cultura emprendedora desde el Ministerio de Educación Nacional Colombiano solo se tienen
para los niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, En lo que respecta a las
Instituciones de Educación Superior la formación en emprendimiento se maneja
de manera autónoma acorde con los requisitos de cada programa de pregrado y
posgrado establecido por sus propias disciplinas, llegando a desarrollar cursos
que ya se han visto por los estudiantes en niveles anteriores. De ello que para el
caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- existan diferencias en el perfil emprendedor de sus graduados.
La formación de emprendedores y nuevas empresas es una prioridad cuando se
trata de promover el desarrollo económico y social de los países, por ello es necesario determinar cuál es su contribución a estos objetivos (Zamora-Boza, 2017).
El emprendimiento significa mucho más que comenzar con un nuevo negocio,
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es la oportunidad de convertir a las personas en entes más creativos, proactivos
e innovadores, cualidades que todos deberíamos tener en el ADN, independientemente de la elección de su profesión (Iturbide, 2019) y que como lo expresa
Ramos (2018) se requiere de otras competencias que son necesarias para formar
un perfil de egreso adecuado como lo es el empren¬dimiento, manejo de estadísticas financieras, capacidad de negociación y diplomacia, solución de conflic¬tos,
responsabilidad social, reglas de operación de programas, innovación y liderazgo.
Ahora bien, existen limitaciones en el contexto para el desarrollo a plenitud de
las características emprendedoras, las cuales son significativamente influenciada
por los recursos relacionados a capital financiero, humano, social y conocimiento, tal como lo reseña Lechuga (2018), pues es allí también debe apuntar la implementación de la norma para que tenga impacto positivo en el largo plazo y
como lo expresa Ramos (2018) algunas otras competencias que son necesarias
para formar un perfil de egreso adecuado como lo es el emprendimiento, manejo
de estadísticas financieras, capacidad de negociación y diplomacia, solución de
conflictos, responsabilidad social, reglas de operación de programas, innovación
y liderazgo.
Para autores como Patiño, Ruiz &amp; Pitre-Redondo (2017) el caracterizar las cualidades de emprendimiento en las personas, se debe considerar que esto varía de
un individuo a otro, no obstante, estas destrezas pueden aprenderse y para tal fin,
es necesario involucrar diversos actores lo que permitirá incorporar no solo un
concepto sino todos los necesarios para adherir el perfil emprendedor que como
lo expresa Ramos (2018 Algunas otras competencias que son necesarias para formar un perfil de egreso adecuado son el empren¬dimiento, manejo de estadísticas
financieras, capacidad de negociación y diplomacia, solución de conflic¬tos, responsabilidad social, reglas de operación de programas, innovación y liderazgo..
A nivel global, el emprendimiento ha sido analizado y estudiado porque es innegable el impacto de este en la sociedad y su desarrollo. Orientar de forma adecuada
esta dinámica productiva, no solo beneficia aspectos como la formación académica y la generación de empleo, adicionalmente, beneficia todos los aspectos asoRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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ciados a las dinámicas dispuestas para impulsar el desarrollo global en tiempos de
competitividad
De igual forma el Global Entrepreneurship Monitor (2019) que miden la dinámica
de la actividad empresarial en Colombia, las condiciones estructurales de desarrollo de la actividad empresarial no han mejorado sustantivamente en los últimos
años, por lo que es importante que se asigne recursos que permitan la formación
en educación empresarial de maestros y profesores, se estimule una mayor oferta
de educación empresarial en todos los niveles, se dé más valoración a la cultura
empresarial dentro de las instituciones educativas, se desarrolle las competencias
empresariales como la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial de las
personas en todos los niveles del sistema educativo e impulsar las iniciativas empresariales de los jóvenes estudiantes, desde temprana edad, a través de concursos, ferias, visitas a empresas y visitas de empresarios.
Finalmente es necesario mencionar el congreso de Colombia (2020) promulga la
Ley 2069 arraigada a la realidad regional con el propósito de fortalecer el emprendimiento sostenible que propicie el bienestar y la equidad en las comunidades.
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 230-257. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/179

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Garantía de control de constitucionalidad en los juicios laborales en
Nicaragua1
Guarantee of constitutional control in labor trials in Nicaragua
Karla Ninoska, Pineda-Gadea2
Universidad Politécnica de Nicaragua, Nicaragua
https://orcid.org/0000-0001-6046-1886
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-10

________________________________________________________________

RESUMEN
El presente artículo es parte de una investigación con el mismo título que tuvo como objetivo analizar las garantías
de control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua, para lograrlo se adopta el método analítico-sintético. se dilucidó la norma jurídica, doctrina e instituciones en materia de amparo laboral, que parten de
lo general a lo particular en un orden histórico-evolutivo. De igual manera, se consideró ineludible el método de
análisis de casos; ambos métodos se complementan y permiten el enriquecimiento de la investigación, en la que
se encontró que Nicaragua no cuenta con un mecanismo que brinde acceso a la justicia constitucional en materia
laboral y por ello las partes en los procesos laborales han iniciado una mala praxis del recurso de amparo, pretendiendo usarlo como una tercera instancia. La principal recomendación que se efectúa es la elaboración de criterios
que guíen a la sala constitucional y a los tribunales de apelaciones a poner límites y definir criterios claros sobre
los cuales los litigantes puedan alegar las violaciones constitucionales.
Palabras claves: Acceso a la justicia, derecho laboral, justicia constitucional, tutela de derechos.
ABSTRACT
This article is part of an investigation with the same title that aimed to analyze the guarantees of constitutionality
control in labor trials in Nicaragua, to achieve this the analytical-synthetic method is adopted. the legal norm,
doctrine and institutions on labour protection were diluted, which generally start from the particular in a historical-evolutive order. Similarly, the method of case analysis was considered inescapable; some methods complement
and allow the enrichment of the investigation, in which Nicaragua was found not to have a mechanism that provides access to constitutional justice in labor matters and therefore the parties to the labor processes have initiated
malpractice of the amparo appeal, seeking to use it as a third instance. The main recommendation is the development of criteria that guide the constitutional chamber and appeals courts to set limits and define clear criteria on
which litigants can allege constitutional violations.
Keywords: Access to justice, constitutional justice, labor law, protection of rights.
Recibido: 17 de Junio 2020 - Aceptado: 22 de Agosto 2020
Cómo referenciar este artículo:
Pineda-Gadea, K., N. (2021). CGarantía de control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua.
Politica Globalidad y Ciudadanía, 258-286. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/
article/view/181. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-10

1 Este artículo es producto de la tesis realizada para obtener el grado de doctor en el programa de doctorado nuevas tendencias del siglo XXI
de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Iniciado en 2018 y finalizado en 2020
2 Doctora en Derecho por la Universidad Politécnica de Nicaragua, Docente de grado y posgrado en la Universidad Politécnica de Nicaragua.
Email: Kpinedag@hotmail.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

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1.- INTRODUCCION
Colombia eLa justicia constitucional es un elemento esencial de todo Estado de
Derecho, por lo cual, el acceso a los mecanismos que aseguren un control constitucional de las peticiones que los ciudadanos pongan en conocimiento de los jueces y magistrados es una conditio sinequanon para el correcto desenvolvimiento
de las relaciones tanto entre los ciudadanos como las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos.
El derecho laboral, es una rama del derecho de corte social, por lo cual debemos
de tener en cuenta su extrema sensibilidad, pues regula una de las partes más importantes de las relaciones de una sociedad, por ello es por lo que nos planteamos
la siguiente cuestión ¿Cuáles son las garantías de control de constitucionalidad en
los juicios laborales en Nicaragua?
En este estudio a través del análisis realizado a la materia, desde la teoría, doctrina
y normativa jurídica, se encontró que en Nicaragua existe un evidente vacío legal
que limita el control constitucional en los procesos en materia laboral al no existir
una tercera instancia como en los demás procesos judiciales.
Para este trabajo se ha planteado como objetivo general analizar las garantías de
control de constitucionalidad en los juicios laborales en Nicaragua y como objetivos específicos entre otros. los siguientes:
a. Identificar el actual ordenamiento jurídico de Nicaragua y los tratados internaciones sobre los recursos y las garantías constitucionales en materia laboral.
b. Examinar cómo funciona el Recurso de Amparo en materia laboral en Nicaragua, a través del análisis de casos en Sentencias de Amparo interpuestas en
contra del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones.
c. Describir el desarrollo teórico y doctrinal de las garantías del control constitucional.

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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Control Constitucional.
Como tal el control constitucional según Castillo Guido (2012), “es el mecanismo jurídico por el cual para asegurar el cumplimiento de las normas más constitucionales se invalidan las normas de rango inferior que no se hayan dictado de
conformidad con aquellas” (p. 179). El control constitucional es, además, aquel
que realiza el Poder Judicial del ejercicio del Poder del Estado, sus autoridades y
funcionarios. De la misma manera Castillo Guido (2012), continúa ahondando en
cuanto:
El control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional, esto es que la Constitución de un país es la norma de mayor
jerarquía a la cual deben sujetarse las de valor inferior, entendiéndose. por tales
a las leyes dictadas por el parlamento, los decretos y demás resoluciones dados
por el poder Ejecutivo o por Entidades autárquicas y las sentencias y demás
resoluciones de los jueces (Castillo Guido, 2012).
El control constitucionalidad, es necesario para evitar que normas u actos puedan
entrar en conflicto con la norma máxima y como forma de fiscalización de las
actuaciones de los jueces y magistrados en la aplicación de las leyes ordinarias.
Tipos de Controles Constitucionales.
La mera existencia de una justicia constitucional nos hace inferir que deben existir
formas o manifestaciones, de cómo esta justicia constitucional se vuelve una realidad material y es por medio de determinados mecanismos que se crean.
En palabras del maestro Brewer-Carías (2011):
A los efectos de asegurarse que, en el Estado Constitucional de Derecho, los
órganos superiores de justicia puedan asumir el rol esencial de interpretar la
Constitución y de ejercer el control de la constitucionalidad de los actos estatales, en el mundo contemporáneo y de acuerdo a las peculiaridades de cada
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país y de cada sistema constitucional, se ha venido estableciendo una variedad
de sistemas de justicia constitucional, los cuales siempre se pueden clasificar
tomando en cuenta lo que se haya dispuesto en relación con el o los órganos
judiciales o de otra índole constitucional llamados a ejercer tal control de la
constitucionalidad (p. 304).
Es decir, sea cual fuere el sistema de justicia constitucional, cuando la potestad
de ejercer el control de la constitucionalidad se atribuye a los órganos judiciales,
éstos pueden ser o todos los jueces que integran el Poder Judicial o un solo órgano
de este u otro órgano separado del Poder Judicial al cual se atribuyen la Jurisdicción Constitucional. De allí la clásica distinción de los sistemas de justicia constitucional según el método de control que se ejerce; en general existen tres tipos de
controles constitucionales, Concentrado, difuso y Mixto.
El Sistema Concentrado se le denomina también sistema austríaco, europeo o
kelseniano. Según García de Enterría (1984) y Castillo Guido (2012):
En este modelo se confiere en forma exclusiva el control de constitucionalidad
de las normas a un organismo judicial especializado, denominado Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional o Sala Constitucional, que tiene el monopolio de esa jurisdicción, lo que los convierte en un “Legislador Negativo”
(p. 182).
De la misma manera para Cevallo (2002) “el sistema de control constitucional
concentrado es aquel en que existe un solo órgano especializado, el Tribunal Constitucional, el que tiene la competencia para decidir en última y definitiva instancia los asuntos de constitucionalidad, de forma autónoma e imparcial” (p.24).
En América Latina generalmente le ha correspondido a la Corte Suprema de Justicia la jurisdicción constitucional en el control normativo tanto abstracto, como
de los casos concretos, cuando decimos abstracto es porque los casos a resolver a
todos los jueces no suponen una controversia jurídica entre las partes, en este caso
el operador de la justicia se limita a declarar los efectos generales, cuando la ley se
contrapone a la ley fundamental, previo a estudio de la cuestión o acción de inconRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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stitucionalidad. En el modelo converge el control abstracto o directo de inconstitucionalidad y el control incidental, indirecto o concreto de inconstitucionalidad.
Sistema Difuso: En el sistema difuso o americano, la justicia constitucional afirma
Highton (s.f) es aquella que:
Se confía al conjunto del aparato jurisdiccional y no se distingue de la justicia
ordinaria, en la medida que todos los litigios, cualquiera que sea su naturaleza, los juzgan los mismos jueces o tribunales de manera general en idénticas
condiciones; es decir que los asuntos constitucionales pueden hallarse presente
en todos los casos o litis que les ocupa y no precisan de un tratamiento específico, debido a que en este sistema no existe un contencioso constitucional, ya
que no se distingue entre los casos presentado ante un mismo juez (p. 109).
En resumidas cuentas, lo aborda Pérez Tremps (1999) arguyendo que “el principio de supremacía constitucional lleva a que cualquier órgano judicial puede
inaplicar una norma con fuerza de ley si se opone a la Constitución”.
El modelo mixto de control de constitucionalidad de las normas es el resultado de
la aplicación combinada de las dos instituciones, es decir, del modelo concentrado
y del modelo difuso, en la constitucionalidad de las normas que se contrapongan a
la Constitución Política, para garantizar el principio de supremacía constitucional,
configurado por el sistema político jurídico en la Constitución, por medio de instrumentos de control que permitan la aplicación del modelo, al respecto tenemos
a García Belaunde (1999) quien nos expone que:
En el sistema mixto los órganos de la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional, comparten las funciones de control de constitucionalidad y las acciones de tutela; en otras palabras, un sistema será mixto cuando se produce
una mezcla de elementos constitutivos de los dos modelos clásicos, que dan
lugar a un tercero, que no es lo que son los dos anteriores, pero tampoco algo
enteramente autóctono y original.
En rigor, por ser de notorio conocimiento, se tendría que señalar que la mayoría
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de los países latinoamericanos tienen un sistema mixto de supervigilancia constitucional, salvo excepciones como Uruguay, Paraguay y Cuba, pues actualmente
los países combinan los elementos de un sistema con los del otro, encomendando
en tribunales constitucionales esta labor desde la premisa erga omnes, pero a su
vez en la justicia ordinaria como garantes en casos concretos.
La aplicación de este sistema es el que impera en América Latina, y es el cual se
encuentra asentado en Nicaragua, por disposición constitucional en los artículos
187, 188, 189 y 190 inclusive de la carta magna (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2014).
El modelo de control constitucional en Nicaragua.
Para Pérez Tremps (1999) el vigente sistema de control constitucional nicaragüense, modificado por la reforma de 1995 al crear la Sala de lo Constitucional
en el seno de la Corte Suprema (artículo 163)
Posee una naturaleza mixta por cuanto combina elementos de distintos modelos. Por una parte, la inexistencia de una jurisdicción constitucional ad hoc se
combina con la atribución, parcial, de competencias en la materia a un órgano
específico en el seno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional; y esa atribución es parcial por cuanto el Pleno de la Corte Suprema mantiene la competencia de enjuiciar la constitucionalidad de las normas con fuerza
de ley (artículo 163, p. 11)
Pero, por otra parte, todos los órganos judiciales tienen la posibilidad de apreciar la inconstitucionalidad de normas que deben aplicar (artículos. 20 y ss. de la
Ley de Amparo (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008) [en lo sucesivo LA] y
artículo. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1998) [en lo sucesivo LOPJ]). Debe destacarse, asimismo, que
la reforma de 1995 ha reforzado las competencias de la Corte Suprema ya que,
además de mantener su competencia para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y amparo, le ha otorgado nuevas competencias típicamente ejercidas
por los tribunales constitucionales; es el caso de su potestad para resolver, en
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Pleno, los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado (artículo 163 de la Constitución Política de Nicaragua), y, a través de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, los conflictos de constitucionalidad entre el
Gobierno central y los gobiernos municipales y de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe (artículo 164 numeral 13 de la Constitución Política de Nicaragua).
El modelo tradicional, que en algún sentido podría verse como cercano al mexicano, se ha visto modificado con la creación de una Sala al modo costarricense y
con el reforzamiento de competencias. No obstante, y frente a lo que sucede en
el caso de Costa Rica, el Pleno ha mantenido la competencia de control de constitucionalidad de normas y de conflictos entre poderes, lo que, en cierto sentido,
puede suponer una mejora técnica respecto del citado modelo costarricense. En
conclusión, el modelo de control constitucional nicaragüense puede calificarse
como mixto entre el sistema difuso y el concentrado, aunque con tendencia a reforzar los elementos propios de este último.
Ahora bien, continúa exponiendo, Pérez Tremps (1999) “el principio de supremacía constitucional lleva a que cualquier órgano judicial puede inaplicar una norma con fuerza de ley si se opone a la Constitución” (p. 15). Así se ha entendido
tradicionalmente en Nicaragua, aunque estadísticamente son muy pocos los casos
en los que los órganos judiciales han hecho uso de esta facultad/obligación. Por
otra parte, LOPJ, como ya se dijo, prevé expresamente esta técnica de control difuso de constitucionalidad al disponer su art. 5.1:
Cuando en un caso sometido a su conocimiento, la Autoridad Judicial considere
en su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a
la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto.
En caso de que una de las partes haya alegado la inconstitucionalidad de una
norma, la autoridad judicial deberá pronunciarse necesariamente sobre el punto,
acogiendo o rechazando la pretensión.
No existe, límite alguno a esta facultad de los órganos judiciales, de manera que la
puede ejercitar cualquiera de ellos y en cualquier tipo de proceso, y tanto de oficio
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como a instancia de parte, exigiéndose exclusivamente la relevancia de la norma
para la resolución del asunto. En principio, los efectos son los típicos del control
incidental: inaplicación de la norma contraria a la Constitución con efectos Inter
partes. Ahora bien, la Ley de Amparo y la LOPJ abren vías para el control de las
decisiones así adoptadas e, incluso, para extender los efectos del caso concreto
erga omnes.
La forma de llevar a cabo esa revisión extensiva es el control casacional al que las
decisiones judiciales pueden verse sometidas; la cuestión será objeto, entonces,
de análisis de la Corte Suprema, que, si confirma el juicio de inconstitucionalidad, declarará, a partir de la fecha de la sentencia, la inaplicabilidad de la norma
no sólo en el caso concreto, sino con efectos generales (art. 22 en relación con
los artículos. 21 y 18 de la Ley de Amparo [Asamblea Nacional de Nicaragua,
2008]). Esta previsión se completa aún con otra que permite revisar las decisiones
judiciales de inaplicación de una norma con fuerza de ley por inconstitucional incluso cuando no existe posibilidad de interponer el recurso de casación. En estos
supuestos, según el artículo 21 de la Ley de Amparo (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008) y 5.2 de la LOPJ, el órgano judicial que haya estimado que una ley es
inconstitucional debe remitir a la Corte Suprema de Justicia su decisión para que
ésta la ratifique o no en ese punto concreto y con los efectos generales previstos
en el artículo 19 de la Ley de Amparo (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008).
Y en este sentido finaliza Pérez Tremps (1999) afirmando que:
En nuestro caso país, Nicaragua, la Ley de Amparo no sólo prevé la posibilidad de control incidental por parte de cualquier juez o tribunal, sino que ocupa
un precepto, el artículo 20, en regular el control incidental por la propia Corte
Suprema.
En efecto, el citado precepto establece que “la parte recurrente de un recurso
de casación o de amparo podrá alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto
o reglamento que se le haya aplicado”. Ello, contra lo que pudiera parecer, no
supone la apertura de la legitimación procesal para impugnar leyes a cualquier
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persona física o jurídica ya que, como se verá, dicha legitimación existe ya en el
recurso de inconstitucionalidad; esta previsión del artículo 20 de la LA, más que
un instrumento de ampliación de la legitimación, es una institución coherente con
la posibilidad de que cualquier órgano judicial controle ad casum la constitucionalidad de las leyes; lo que hace es referirse a ese control incidental por parte de
la Corte Suprema, de forma similar al que puede realizar cualquier órgano jurisdiccional.
La única diferencia es que, al mismo tiempo, asegura la revisión del juicio de
constitucionalidad realizado por el juez a-quo que dictó la sentencia impugnada
y que dio lugar al recurso del que conoce la Corte Suprema (Poder Judicial de
Nicaragua. Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia
13/1997). Los efectos de las decisiones de la Corte en este supuesto son los generales previstos en el artículo 18 de la propia LA, además de los que produzca para
el caso concreto, entre otros, la casación anulación de la sentencia dictada en la
vía previa judicial.
Castro y Calderón (2010) nos ilustra que:
La justicia constitucional nicaragüense al fin y al cabo; se caracteriza por estar compuesta de una serie de instrumentos de protección jurisdiccional de la
Constitución, dispersos en diversas normas (Constitución, Ley de Amparo,
Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de la Regulación de la Jurisdicción de
lo Contencioso–Administrativo) y en la que intervienen distintos órganos del
Poder Judicial tanto de forma individual como colegiada (por ejemplo, jueces, magistrados de los Tribunales de Apelaciones y magistrados de la Corte
Suprema de Justicia). Dicha situación permite reflexionar en relación con la
necesidad de agrupar todos los instrumentos de protección jurisdiccional de la
Constitución en un solo cuerpo normativo y en un único órgano especializado
de control de constitucionalidad. (p. 483 y 484)
Estos son los argumentos que han de tomarse en cuenta y por los cuales se han
planteado reformas a la LA, pero sobre todo en 2018 la derogación de esta y la
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promulgación de la Ley de Justicia Constitucional que, a su vez de actualizar
según las nuevas tendencias y experiencias comparadas de esta materia, la nueva
ley viene a crear un nuevo escenario el cual planteamos en el apartado que continua.
La nueva ley de Justicia Constitucional
En la Gaceta, Diario Oficial, Número 247 del jueves 20 del mes de diciembre del
año 2018, se aprobó la novísima Ley de Justicia Constitucional (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2018), misma que contempla el recurso de amparo el capítulo
IV de los artículos 43 al 60 y le regula.
Al respecto, la ley establece que el amparo tiene por objeto la protección de los
derechos y garantías contenidos en la Constitución Política y que procede en contra de toda disposición, acto o resolución, y en general, en contra de toda acción
u omisión de cualquier funcionario o funcionaria, autoridad o agente de estos que
viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución
Política; esta definición es la misma que ya contemplaba la Ley de Amparo.
Según Arríen Somarriba y López Hurtado (2017) “lo nuevo que trae esta Ley, es
una nueva jurisdicción, la contencioso-administrativa y explica que tiene competencia cuando se trate de actos que violen o puedan violar derechos contenidos
en leyes que violentan el principio de legalidad”. De esta manera por primera vez
en la historia jurídica nicaragüense, una Ley Constitucional hace una división
entre la Justicia Constitucional que vela por el principio de constitucionalidad y
los derechos y garantías en ella contemplados y la Justicia Contenciosa-Administrativa que vela por los derechos establecidos en la legislación secundaria y el
principio de legalidad.
Sobre el objeto se observa que el amparo cumple una doble función tutelar, que
protege objetivamente el texto de la Constitución, es decir, la supremacía constitucional, esto se expuso en la parte general, ya que todos los instrumentos de control constitucional juegan este rol y acá se reconoce que protege subjetivamente
los derechos y garantías constitucionales; se interpreta a su vez todos los derechos
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y garantías, individuales y colectivos, derechos de todas las generaciones y grupos humanos reconocidos en la Carta Magna.
Es decir que esta dualidad proteccionista del amparo es la que define la Constitución Política de Nicaragua, los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos, la doctrina mayoritaria a nivel internacional y nacional, así como la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En este punto cabe
mencionar que Nicaragua recepciona el Derecho Internacional, que incluye el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por medio de un bloque que
constitucionalidad conformada por lo que esgrime la carta magna en los artículos
5 y 46, que reconocen la vigencia y aplicación de los tratados de Derechos Humanos y sobre todo les da rango constitucional.
Cumple además el amparo su papel de proteger los derechos de forma reactiva,
es decir, cuando han ocurrido las violaciones y de forma preventiva, procurando
evitar que se den actos o resoluciones que lesionen derechos.
La Ley de Justicia Constitucional, visto desde su parte objetiva, al igual que la
Ley de Amparo y la Constitución no establecen ninguna restricción o límite al
amparo repitiéndose lo mismo que dice la Constitución. Luego en la parte de las
improcedencias, si se establecen límites, pareciera ser que se sigue conservando
una aparente contradicción en el texto de la Ley, en donde por un lado tiene una
misión amplia de protección del amparo y en otra tiene una misión restrictiva
cuando se habla de las improcedencias.
Sobre este punto es que nos detendremos a efectuar un análisis más intensivo, ya
que se vincula tajantemente sobre el contenido que hemos venido desarrollando;
y es que, la nueva Ley de Justicia Constitucional, lejos de superar los vacíos de la
Ley de Amparo, ya que anteriormente se establecía la improcedencia del Amparo
contra las resoluciones de las autoridades judiciales en asuntos de su competencia,
situación contraproducente teniendo en cuenta que en el génesis de esta institución jurídica del amparo como afirma Burgoa Orihuela (1943): “que el recurso
de amparo en su nacimiento histórico procedía contra los actos de las autoridades
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judiciales”.
Si bien existe tan limitación en la legislación en la práctica jurídica nicaragüense,
se obra en el sentido que argumentar los recursos de amparo desde la óptica de
las violaciones procesales o al debido proceso por las actuaciones por fuera del
ámbito de las competencias o en abuso de estas, procurando que en la misma se
toquen cuestiones de fondo del asunto, esto es avalado por la jurisprudencia de la
Sala de lo Constitucional cuando afirman:
El Recurso de Amparo en contra de resoluciones judiciales no es una regla
general en la institución del amparo, sino que se admite como una excepción
por ministerio de ley (ope legis), según el artículo 51 numeral 1) de la Ley de
Amparo, limitada única y exclusivamente para aquellos asuntos en donde el judicial ha obrado con absoluta displicencia en contra de las normas que regulan
la competencia. (Poder Judicial de Nicaragua, Sala de lo Constitucional de la
Corte suprema de Justicia. Sentencia No. 253/2008).
En cuanto a los límites actuales, la situación que nos crea la nueva Ley de Justicia Constitucional (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2018), en su artículo 52
establece las improcedencias de este recurso siendo la primera que se enuncia
“1. Contra las resoluciones judiciales, salvo si presentaren evidente violación de
derechos constitucionales”, vemos que la redacción de la Ley no es coherente con
la Constitución y consigo misma, ya que, en el objeto del recurso, en el artículo
43, nos dice “tiene por objeto la protección de los derechos y garantías contenidos
en la Constitución Política”, entonces prima facie entendemos que no podemos
ampararnos en contra de las resoluciones judiciales, igual que ocurría con la ley
de amparo, pero la diferencia es que se elimina lo que probablemente sea un criterio que si bien es cerrado, como es, limitar el amparo en materia judicial a cuestiones de competencia pero que deja la apertura para el acceso en materia laboral
a esta justicia especializada.
Es decir se nos entrega un paradigma más abierto pero que al carecer la ley de la
definición y alcance de lo que significa una “evidente violación de Derechos conRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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stitucionales”, deja el recurso a merced de una discrecionalidad excesiva, la cual
es nociva para el Estado de Derecho, esta situación puede ser tajantemente más
notoria en materia laboral respecto a otras materias del derecho, y es que producto
de esta discrecionalidad la justicia constitucional puede ser usada para favorecer
los intereses de alguna de las partes, teniendo situaciones en las que un caso particular fue considerado como amparable por esa evidente violación a los derechos,
y otro similar no lo fue, siendo la única diferencia el recurrente.
Esta situación ya se daba con la ley de Amparo y la reforma, con la aprobación
de la Ley de Justicia Constitucional vino a coadyuvar a que al derecho laboral se
le deje en un ambiente donde la norma se aplica de forma subjetiva, lo que puede
acarrear precedentes judiciales que en lugar de hacer progresar el derecho lo estanquen, ya que las demás materias gozan de otro recurso que le permite alcanzar
estas instancias como es la casación, que por ley no existe en materia laboral.
Por otro lado, hay que considerar que se debería de agregar en el objeto del recurso
de amparo, el proteger los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que ha suscrito y ratificado el Estado de Nicaragua
o al menos los señalados en los artículos 46, 60 y 71 de la Constitución Política
(Asamblea Nacional de Nicaragua, 2014).
Juicio de Amparo en Materia Laboral.
El juicio de Amparo en materia laboral en la legislación nicaragüense, procedimentalmente se rige conforme a los lineamientos generales del juicio de amparo,
aunque doctrinariamente, en el ejercicio práctico y en su espíritu, es una tendencia moderna, que surge a partir de una interpretación del artículo 51 de la ley de
amparo(Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008), la cual prohíbe el Amparo sobre
cuestiones relativas al ámbito de competencia judicial, esta tendencia radica en
que la Ley de Amparo, a fin de garantizar elementales Principios Constitucionales, como son los de Seguridad Jurídica (artículo 25 numeral 2 de la Constitución
Política de Nicaragua [en lo sucesivo Cn] [Asamblea Nacional de Nicaragua,
2014]). y la Cosa Juzgada (artículo 34 numeral 10) Cn (Asamblea Nacional de
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Nicaragua, 2014)., coherente con ellos, su artículo 51 numeral 1 establezca que:
“No procede el Recurso de Amparo: 1) Contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia”.
Esto no implica que no puedan ser recurribles por la vía del Recurso de Amparo
aquellas resoluciones judiciales que están fuera de la competencia del Judicial;
por cuanto esta no es una regla general en la institución del amparo, sino que se
admite como una excepción por ministerio de ley (ope legis), según el artículo 51
numeral 1) de la Ley de Amparo (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2008), limitada única y exclusivamente para aquellos asuntos en donde el judicial ha obrado
con absoluta displicencia en contra de las normas que regulan la competencia
como en el caso de autos, en donde es clara y evidente la violación de dicha figura
procesal y con ello uno de los más elementales derechos constitucionales como es
el Debido Proceso, por lo que hace al Principio de Exclusividad de Juez Legal, o
de Juez Natural contenido en el artículo 34 Cn (Asamblea Nacional de Nicaragua,
2014); que dice:
Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: 2) A ser juzgado sin dilaciones por Tribunal Competente establecido en la Ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede sustraerse de su juez
competente, ni llevado a jurisdicción de excepción.
Disposición que a su vez es recogida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (Asamblea Nacional de Nicaragua, 1998), que dice: “Los Juzgados y Tribunales ejercen su competencia exclusivamente en los casos que le sea
atribuida por esta u otra Ley”, garantías constitucionales que deben tutelarse en
favor del recurrente”.
Este apartado se centró en el análisis particular de los precedentes judiciales en
los que se hizo uso del recurso de amparo contra resoluciones judiciales, específicamente aquellas sentencias de Amparo en contra de las sentencias del Tribunal
Nacional Laboral de Apelaciones.
Para el análisis de cada caso en concreto se ha optado por usar el modelo de análiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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sis empleado por el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas en su obra Análisis
de casos electorales relevantes siglo XXI, utilizando la siguiente estructura:1.Problemática Jurídica; 2.- Introducción; 3.- Litis y 4.- Argumentación Jurídica.
Para efectos de este trabajo se analizaron las sentencias dictadas por la Sala de
Lo Constitucional en los siguientes casos de recursos de amparo, interpuestos en
contra de sentencias dictadas por el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (en
lo sucesivo TNLA), en el texto de la tesis se expusieron 18 sentencias de recursos
de amparo, que para efectos de este articulo nos limitamos a tres las cuales son:
Caso Hernández Export y compañía Limitada.
a.- Problemática Jurídica: La presente causa gira en torno a la discusión sobre
la existencia o no de una relación laboral -mismo que fue declarado así por las
autoridades laborales que conocieron tanto en primera como segunda instancia-,
ya que alega el recurrente se trataba la misma de un vínculo de carácter mercantil
y que al declarar lo contrario las autoridades laborales sobrepasaron la esfera de
sus competencias y atentaron conta los principios de legalidad, seguridad jurídica,
tutela judicial efectiva, igualdad ante la ley y debido proceso.
El caso se resolvió mediante sentencia No. 359 del veinte del mes de noviembre
del año dos mil diecinueve de las una de la tarde. Misma en la que la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el recurso de
amparo interpuesto, en consecuencia, se revoca la citada sentencia No 302-2019 y
en su lugar se declara la inexistencia de relación laboral entre entidad denominada
Hernández, Hernández, Export y Compañía Limitada y El Señor Armando José
Gutiérrez Herrera.
b.- Introducción: Por sentencia No. 59-2018 del veintidós del mes de agosto del
año dos mil dieciocho de las nueve y cuarenta minutos de la mañana, la jueza de
distrito del trabajo y de la seguridad social, circunscripción norte, declaró con
lugar parcialmente la demanda presentada por el señor Armando José Gutiérrez
Herrera en contra de la empresa Hernández Hernández, Export y Compañía limitada; empresa a la que se le obligo a pagar una suma de dinero en concepto de
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prestaciones sociales.
Ambas partes recurrieron de apelación la sentencia de primera instancia, los Honorables Magistrados del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones mediante sentencia No. 302-2019 del tres de mayo del año dos mil diecinueve de las nueve y
treinta minutos, declararon con lugar parcialmente el recurso interpuesto por la
parte actora y adicionaron una cantidad de dinero a la ya mandada a pagar por la
juez de primera instancia.
c.- Litis: La parte recurrente alegó violentado los artículos 5 párrafo primero, 25
numeral 2, 27, 34 numerales 4 y 8, 130, 160, 182 y 183 CN.
Caso Bernard Vogel
a.- Problemática Jurídica: Del contenido de fondo desarrollado en la sentencia,
se desprende que el principal tópico, consistía en la pertinencia del recurso de
amparo en contra de las sentencias judiciales, y sobre si el recurrente se había
personado en tiempo y forma ante la sala constitucional de la Corte Suprema
de Justicia.
El presente caso se resolvió mediante sentencia del día dos del mes de julio
del año dos mil dieciocho de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana,
donde se declara sin lugar el recurso de Amparo interpuesto en contra de los
Magistrados del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y del Juez Tercero
de Distrito del Trabajo y la Seguridad Social.
b.- Introducción: Que el Juzgado Tercero de Distrito del Trabajo y la Seguridad
Social de la Circunscripción Managua, mediante sentencia definitiva No. 175
de las ocho y diecisiete minutos de la mañana del veintidós del mes de julio del
año dos mil dieciséis, en la cual declaró con lugar la demanda interpuesta por
el recurrente en contra de la empresa Ecoplanet Bamboo Nicaragua Sociedad
Anónima, dicha sentencia fue recurrida de Apelación ante el Tribunal Nacional
Laboral de Apelaciones, órgano que dictó sentencia No. 721/2017 dictada a las
doce y cincuenta y cinco minutos de la tarde del veintisiete del mes de junio del
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año dos mil diecisiete, donde se declaraba sin lugar dicho recurso de apelación
y en consecuencia se confirmaba la sentencia recurrida, no habiendo quedado
conforme el ahora recurrente, presentó a las once y cuatro minutos de la mañana del veintiocho del mes de julio del año dos mil diecisiete interpuso recurso
de amparo el licenciado Donald Alemán Mena quien es apoderado especial del
Señor Bernardt Joe Vogel Machado; mediante auto de la una y un minutos de la
tarde del nueve de agosto del año dos mil diecisiete, la Sala Civil Número Dos
del Tribunal de Apelaciones resolvió darle tramite al recurso de amparo interpuesto y en ese sentido ordenó a los funcionarios recurridos rendir informe del
caso y a su vez se le previno al recurrente que debía personarse ante la Sala de
lo Constitucional de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia dentro de tres
días hábiles a partir de la notificación.
c.- Litis: la Litis de este caso tiene dos partes la expresada con anterioridad que
es la que versa en el contenido de la sentencia y es la pertinencia del recurso de
amparo en contra de las sentencias judiciales y si el recurrente se personó ante
la sala de lo constitucional en tiempo y forma; luego de ello lo alegado por el
recurrente lo cual no fue desarrollado en el fondo de la sentencia por lo cual la
sala no entra a conocer dichos alegatos, a tal punto que ni los expresa solamente
se hace mención que el recurrente alega que le fueron violentados los artículos
5, 182, y 183 de la Constitución Política, es decir, alegó que las resoluciones de
las cuales se ha estado haciendo referencia tanto del Tribunal Nacional Laboral
de Apelaciones y del Juzgado Tercero de Distrito del Trabajo y de la Seguridad,
violenta los principios de la nación nicaragüense (artículo 5 CN), principio de
supremacía constitucional (artículo 182 CN), principio de legalidad (artículo
183 CN).Caso DISNORTE-DISSUR
a.- Problemática Jurídica: El caso sub judice nos pone en frente el debate de la
legalidad de las actuaciones tanto del juez de primera instancia como del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en el sentido que si su fundamentación
y camino lógico jurídico fue el acertado para que ambos órganos ordenaran el
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reintegro de dos trabajadores, la empresa siendo la recurrente alega que este
hecho fue una extralimitación de las funciones de ambos órganos jurisdiccionales y que su fundamentación carecía de validez-. El caso se resolvió mediante sentencia 138/2016 del dos de marzo del año dos mil dieciséis. Las diez y
cuarenta y seis minutos de la mañana.
b.- Introducción: Los señores Jacqueline Ivette Chavarría y Hollman Amílcar
Castro Soza, fueron empleados de la empresa recurrente, quienes laboraban en
el sector norte de la zona de concesión de las Distribuidoras de Energía. Que en
el año dos mil once, se planteó la necesidad de externalizar algunos procesos
de trabajo y lugares en donde las distribuidoras tienen presencia, por lo que se
requirió entre otros lugares, externalizar el área de órdenes de servicio, lectura y cobro de Jinotega y Matiguás, por lo que se hizo necesaria la cesantía de
aquellos trabajadores que laboraban en dichas áreas, resultando afectados los
señores Jacqueline Ivette Chavarría y Hollman Amílcar Castro Soza; para lo
cual se les ofreció un plan de retiro adicional al establecido en la ley; sin embargo, ellos no aceptaron.
Ante este hecho, en base a las Cláusulas 74 y 75 del Convenio Colectivo, se
convocó a Comisión Laboral de primera instancia y al no haber acuerdo entre
las partes, se procedió a convocar a Comisión Laboral de segunda instancia, en
donde tampoco se llegó a acuerdo, debido a que los dirigentes sindicales alegaron que los señores Jacqueline Ivette Chavarría y Hollman Amílcar Castro
Soza, gozaban de fuero sindical y que no podían ser despedidos sin justa causa.
El veinticuatro de junio de dos mil once las empresas DISNORTE-DISSUR
procedieron a cancelar los contratos de trabajo de ambos trabajadores, en base
al artículo 45 del Código del Trabajo.
No estando conforme los señores Jacqueline Ivette Chavarría y Hollman Amílcar Castro Soza, a través de su representante legal, Licenciada Claudia del
Socorro Espinoza Jarquín, el quince de julio de dos mil once, procedieron a
interponer Demanda Laboral con Acción de Reintegro, argumentando que de
conformidad con la Cláusula 77 del Convenio Colectivo, el despido había sido
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ilegal en virtud de gozar de fuero sindical; y piden el reintegro laboral así como
el pago de los salarios ordinarios dejados de percibir hasta su efectivo reintegro
y beneficios sociales económicos, etc.
Mediante auto de las doce y cincuenta y nueve minutos de la tarde del cuatro de
agosto de dos mil once, se admite la demanda, se concede el término legal para
contestarla y se cita a las partes a trámite conciliatorio. Al respecto, el recurrente en su contestación alegó que nunca se comprobó que los señores Jacqueline Ivette Chavarria y Hollman Amilcar Castro Soza gozaran de fuero sindical pues el artículo 234 del Código del Trabajo de la República de Nicaragua,
dispone que el Fuero Sindical lo podrán poseer un máximo de trece miembros
del Sindicato. el Juzgado Séptimo de Distrito del Trabajo y de la Seguridad
Social de Managua, cuyo titular sobre este caso dictó la Sentencia No. 53 de
las diez y cuarenta minutos de la mañana del uno de octubre de dos mil catorce,
notificada el día catorce del mismo mes y año, en la que resolvió ha Lugar a la
demanda laboral con acción de reintegro y pago de salarios dejados de percibir
interpuesta desde el momento de su despido hasta su efectivo reintegro.
Por no serle satisfactoria dicha resolución judicial, DISNORTE–DISSUR a
través de su representante legal, el veintidós de octubre de dos mil catorce,
interpuso Recurso de Apelación, mismo que fue admitido a trámite en ambos
efectos y remite las diligencias al Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones de
Managua, quien dictó la Sentencia No. 811/2015 de las doce y diez minutos de
la tarde del cinco de noviembre de dos mil quince, notificada a la una y cuarenta
minutos de la tarde del catorce de diciembre del mismo año, la cual resolvió No
Ha Lugar al Recurso de Apelación y ratifica la Sentencia No. 53 antes referida.En este sentido, el Apoderado Especial de DISNORTE-DISSUR, en cuanto al
fondo del asunto argumenta que los artículos 231, 232, 233 y 234 del Código del Trabajo de la República de Nicaragua, si bien es cierto establecen que
el Fuero Sindical es el derecho de que gozan los miembros de las directivas
sindicales a no ser sancionados ni despedidos sin mediar causa justa, y que el
máximo número de personas protegidas por el fuero sindical será de trece (13)
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miembros; nueve de las juntas directivas sindicales y cuatro de los seccionales
o comités sindicales; no obstante, la Constancia emitida el veinte de junio de
dos mil once, por el Director de Asociaciones Sindicales del Ministerio del
Trabajo, expresa que los señores Jacqueline Ivette Chavarria y Hollman Amilcar Castro Soza, eran miembros del Sindicato de Trabajadores de la Energía
de Matagalga y Jinotega, pero no demostraron gozar de fuero sindical, razón
por la cual la empresa Distribuidora de Electricidad los despidió aplicándoles
lo que mandata el artículo 45 del Código del Trabajo, como un derecho potestativos de todo empleador. Por su parte la parte trabajadora alega una cláusula
del convenio colectivo donde afirman que la empresa reconoce fuero sindical a
todos los miembros de la junta directiva del sindicato.
c.- Litis: Alega se le han infringido los derechos constitucionales contenidos
en los artículos 25, 34 numeral 2) y 8); 130, 160, 166 y 183 de la Constitución
Política de Nicaragua.
Comentarios generales a las sentencias analizadas
Habiendo finalizado el análisis de cada una de las sentencias que se expusieron,
se han observado algunas cuestiones puntuales que son de especial atención para
este estudio. Es de destacar que en efecto existe una dualidad de criterios en las
sentencias principalmente para la extralimitación de funciones por parte de las
autoridades recurridas; en este punto hemos de notar que en ocasiones la sala alega que si la autoridad resuelve conforme a derecho y a las pruebas aportadas un
asunto que por su competencia le está atribuido a conocer y pronunciarse (Caso
Bernardt Vogel), pero en otro caso (Hernandez Export y compañía Limitada) podemos observar que aun cuando lo que entra a conocer la sala es competencia
exclusiva de los órganos judiciales recurridos, como es o no la declaratoria de la
existencia o no de la relación laboral. Estos fallos constituyen un precedente muy
riesgoso, pues la sala que los emitió es especializada en derecho constitucional
no en laboral, y está decidiendo cuestiones de fondo, lo que atenta contra la autonomía del derecho del trabajo, la especialización e inclusive contra los derechos
tanto de los empleadores como de los trabajadores. Lo antes dicho podemos
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apreciarlo en el Caso Disnorte – Dissur, en el que la sala constitucional desconoce todo lo relativo al derecho a la negociación colectiva, sus efectos y alcances
contradiciendo todo lo que establecen el artículo 88 de la constitución política de
Nicaragua, el principio fundamental III, articulo 17 literal o y r, 208 literal b, y el
capítulo II del Título IX que corresponde de los artículos 235 al 242, inclusive,
que trata sobre la convención colectiva y lo que establece el Convenio 98 sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949, toda vez que consiente un despido de trabajadores donde hay un convenio colectivo que concede
fuero sindical ampliado, siendo los trabajadores despedidos efectivamente cubiertos por el fuero.
3.- MÉTODO
Diseño
Por el tipo de naturaleza de la investigación, el presente estudio adopta el método analítico-sintético, que para Rodríguez y Pérez (2017), mencionan que el
análisis y la síntesis se complementan en el proceso de investigación. El análisis
consiste en la descomposición de todo el conocimiento existente, con la finalidad
de reconstruir y sintetizar los componentes analizados. Por otra parte, el método
analítico-sintético, reúne los elementos de la investigación deductiva y la histórica jurídica, con el objeto de responder a la consumación de la propuesta estudiada.
De esta forma se puede establecer que el trabajo realizado cumple con la propuesta metodológica de Rodríguez y Pérez (2017), ya que se dilucidó la norma jurídica, doctrina e instituciones en materia de amparo laboral, que parten de lo general
a lo particular en un orden histórico-evolutivo. De igual manera, se consideró
ineludible el método de análisis de casos que propone Covarrubias (2013), en su
libro “Análisis de Casos Electorales Relevantes Siglo XXI”. Ambos métodos se
complementan y consienten el enriquecimiento de la investigación.
Instrumentos
Se ha determinado que la técnica de investigación es el medio para cumplir el
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método de la investigación. Sin duda, la técnica idónea del presente estudio corresponde a la investigación documental. Que para Rizo (2015) la investigación
documental es caracterizada por el acopio de información mediante la selección,
lectura, anotación y crítica de los materiales que describimos al referirnos a las
colecciones de las bibliotecas, libros, series de publicaciones, documentos en sentido estricto, microformas y materiales similares.
Se ha optado por esta técnica e instrumento, ya que es la que nos facilita el análisis
sistémico de toda la doctrina recopilada pero también la que nos permitió poder
analizar los casos judiciales, en la cual usamos la matriz de análisis que usa el
doctor Covarrubias.
Procedimientos
Se estimó el uso de 3 auxiliares clásicos de la técnica de investigación documental
que plantea Galbán (2006), y estos son: La bibliográfica que comprende de libros
o epistolarios; la hemerográfica que comprende de diarios, periódicos, revistas y
demás publicaciones periódicas; y el audio gráfico que comprende en grabaciones,
cintas o discos. Se consideró la clasificación de documentos en los entornos virtuales que sintetiza Galbán (2006) y tipifica como: textuales, hipertextuales, multimediales, e hipermediales. Tuvimos tres momentos, la recopilación propiamente
dicha de la información, la discriminación y síntesis de la información y por último el esbozo del análisis de lo encontrado.
4.- CONCLUSIONES
Después de haber analizado toda la teoría del amparo, la evolución de la misma en
Nicaragua, el criterio al respecto de los organismos de la comunidad internacional
y las legislaciones de otros países, encontramos que en materia laboral existe un
evidente vacío, puesto que en Nicaragua todos los procesos excepto la materia
laboral tienen una tercera instancia llamada casación, por medio de la cual los
procesos llegan a conocimiento de la corte suprema de justicia, al no existir esta
tercera vía en materia laboral, las partes en un proceso pierden esa posibilidad del
control de constitucionalidad concentrado quedando a sus disposición únicamente
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el control constitucional difuso que ejercen los jueces y magistrados de lo laboral,
siendo este el principal problema.
Aunado a ello partimos de premisas estadísticas como las proporcionadas por el
TNLA, donde vemos el incremento de los casos recurridos por casación en contra de las sentencias del TNLA, siendo una de las principales repercusiones el
tiempo de demora, que afecta al trabajador para poder recibir lo que en derecho
le corresponde lo cual es preocupante dado el alza en la cantidad da causas recurridas de amparo, exponiendo al trabajador al ejercicio de un recurso que en estos
momentos no es ni adecuado ni efectivo; por ello es que pretendemos esbozar las
siguientes conclusiones:
1. Que existe dualidad de criterios al momento de la aplicación de la jurisprudencia.
2. Que esta dualidad, en su mayor parte existe, producto de la falta de caracterización de lo que debe considerarse una violación constitucional per se.
3. Que la falta de criterios de aplicación se presta a la subjetividad de apreciación
por parte de la sala de lo constitucional, quienes, para dos casos de la misma
naturaleza con alegatos del mismo tipo, en el estudio realizado se ha encontrado contradictorios entre sí.
4. Que desde la ley de amparo se acarrea dicha omisión, misma que no se subsanó en la nueva Ley de justicia constitucional, a pesar de que si establece la
posibilidad de recurrir de amparo las sentencias judiciales cuando violentan
derechos fundamentales no se establece los criterios para determinar cuáles
son esas violaciones, lo que en la realidad jurídica nicaragüense se han prestado a malas prácticas.
5. La Subjetividad con la que se ha venido aplicando la jurisprudencia, tiene un
peligroso componente ya que se puede prestar a cometer arbitrariedades para
favorecer en determinadas circunstancias a uno de los litigantes.
6. Que se transgrede el principio de seguridad jurídica, la sala de lo constitucioRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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nal al tocar el fondo del asunto entra en el razonamiento, por ejemplo, que si
existe o no relación laboral en el caso que se presenta, lo que evidentemente
es competencia exclusiva de los Juzgados laborales y del Tribunal Laboral de
Apelaciones.
7. La regulación del acceso a la justicia constitucional en contra de las sentencias
del TNLA, es una necesidad que surge en virtud de las obligaciones internacionales que el Estado de Nicaragua ha contraído con la comunidad internacional,
especialmente con la comunidad americana, basado especialmente en lo que
establecen los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en lo sucesivo CADH), en cuanto al respeto de los derechos humanos,
en este caso de la parte trabajadora, y de adoptar acciones de legislación interna a fin de garantizar los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de
la misma convención internacional, a saber una tutela judicial efectiva y un
recurso eficaz. Por lo cual es indispensable que se regule claramente el amparo
o se cree la casación laboral.
Recomendaciones.
En virtud de los hallazgos que se han reflejado en las conclusiones, se hace una
propuesta para realizarse en dos momentos, es decir, una de manera inmediata y
otra a mediano plazo, que se debería implementar después de un plazo prudencial
de valoración de la aplicación de la ley de justicia constitucional, que ha sido
recientemente aprobada, en conjunto con la propuesta que a corto plazo se proponen. De acuerdo con los momentos de aplicación antes referidos, se formulan
las siguientes:
Corto plazo:
1. Creación de una comisión especial de la CSJ integrada por especialistas en
materia de derecho del trabajo, para crear los criterios que determinen en qué
casos se podría alegar que existen violaciones constitucionales en materia laboral.
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2. Estos criterios pueden incorporarse a la norma, de forma directa a través de
una reforma a la ley de justicia constitucional, o bien por medio de reforma
al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Ley Orgánica
del Poder Judicial, creando y permitiendo el recurso de casación en material
laboral y que los criterios referidos puedan plasmarse en las reformas como
causales para recurrir en esta vía casacional.
3. En el caso que se decida por la incorporación de estos criterios a la Ley de
Justicia Constitucional; una vez que la comisión establezca los criterios de determinación y aplicación del amparo en contra de las sentencias dictadas por el
tribunal nacional laboral de apelaciones (pensando que dichos criterios pueden
ser aplicables al amparo en general), deberá capacitar a los magistrados de
las salas civiles de los tribunales de apelaciones de las diferentes circunscripciones territoriales, ya que de acuerdo con la ley ellos son los encargados de
efectuar el control del cumplimiento de los requisitos
4. La sala de lo constitucional deberá tener un asesor experto en materia laboral,
porque las sentencias dictadas por la sala en su gran mayoría se contradicen
con los criterios ya establecidos por el tribunal y que son los que se manejan a
nivel internacional.
5. Que los funcionarios públicos se empoderen más de las facultades del control
difuso de constitucionalidad, establecido en el artículo 190 numeral 3, y apliquen en todo caso el control constitucional.
6. En caso de que se decida reformar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Ley Orgánica del Poder Judicial, creado la casación laboral,
los criterios de determinación deberían ser las causales para poder acceder a
esta vía. Por ende, crear una sala de lo laboral en la Corte Suprema de Justicia.
7. La creación/unificación de los criterios de apreciación en cuanto al dictamen
de lo que debe considerarse como violación constitucional, el cual se sugiere
aborde los siguientes puntos:
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a. Cuando se trate de alegaciones efectuadas dentro del proceso especial de
tutela de la libertad sindical y otros derechos fundamentales.
b. Cuando se trate de violaciones al debido proceso legal y al derecho a la
defensa, siempre y cuando los hechos que se aleguen como constitutivos de
la violación sean por mala práctica del judicial en el desarrollo del proceso,
ejemplo,
i. Omisión en la celebración de etapas en el proceso,
ii. Omisión en la tramitación y resolución de recursos o remedios de impugnación, alegados oportunamente por la parte perjudicada.
c. Cuando se alegue extralimitación de funciones por parte de los funcionarios
públicos, por ejemplo, que la autoridad laboral declare la existencia de una
deuda civil o retenciones alimentarias en sus fallos.
8. En caso de aceptarse el establecimiento de un recurso de casación, deben
definirse criterios de fondo y de forma. Dentro de los criterios de forma proponemos, entre otros los siguientes:
i. Al agotamiento del recurso de apelación ante el TNLA.
ii. Que el proceso sea de cuantía indeterminada (tutela de los derechos fundamentales o pretensiones colectivas) y en caso de cuantías determinadas
debería establecer la Corte el monto mínimo para poder acceder a dicha vía,
como forma de poder establecer un filtro y que los casos que por cuantía
puedan determinar un verdadero daño a la estabilidad socioeconómica sean
los que conozca la sala en casación y no se sature de procesos de cualquier índole (en cuanto a la forma). Como consideración se sugiere que esta
cuantía no sea inferior a los diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en córdobas.
iii.
En cuanto a las causales de fondo se estiman como tales las esgrimidas en el numeral 7 de estas recomendaciones.
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Mediano plazo:
1. Reforma a la ley de justicia constitucional, en el sentido de anexar al capítulo
de amparo la categorización de lo que debe entenderse como una violación
constitucional, a fin de que los órganos judiciales que tienen incidencia en la
tramitación y resolución del amparo tengan un asidero legal aumentando por la
doctrina y criterios jurisprudenciales bien establecidos que delimiten que tipo
de escenarios pueden considerarse violaciones susceptibles de ser evacuadas
bajo este recurso.
2. Reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a fin de crear la casación laboral.
3. Reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a fin de estandarizar el criterio sobre determinadas instituciones de derecho que tienen grises dentro de la jurisprudencia
nacional del TNLA, a fin de que pueda ser una medida paliativa al mal uso de
los recursos ordinarios, pero sobre todo de los extraordinarios.
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Ciudadanía y derechos humanos de migrantes latinoamericanos en el
contexto de emergencia sanitaria por COVID 19 en Argentina1
Citizenship and human rights of Latin American migrants in the context of
health care emergency for COVID 19 in Argentina
María Graciela, De Ortúzar2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina
https://orcid.org/0000-0002-4566-4535
https://doi.org/10.29105/pgc7.13-11

________________________________________________________________

RESUMEN
En el contexto de emergencia por COVID 19 en Argentina, los migrantes latinoamericanos han sido excluidos, en su mayoría,
del Ingreso Familiar de Emergencia brindado por el Estado ante el cierre de fronteras y el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio. El objetivo del presente trabajo consistió en el análisis crítico de las razones que llevaron a esta diferencia de
trato en políticas de emergencia en Argentina. En primer lugar, se (I) investigó sobre el uso del criterio restrictivo de ciudadanía
moderna supuesto en políticas sociales “universalistas”, analizando la concepción de igualdad subyace a las mismas. En segundo lugar, se (II) profundizó el estudio de cómo los cambios recientes en políticas de migraciones, a partir del DNU 70/2017,
llevaron a la precarización e irregularidad de situación en la que se encontraban los migrantes previamente a la emergencia
por COVID 19. Aplicando una metodología multidimensional, se abordaron elementos conceptuales-filosóficos, normativos
y empíricos. A modo de conclusión general, se planteó la necesidad de repensar modelos de pertenencia no circunscriptos a la
nacionalidad e igualitarios, reconociendo los derechos de todo habitante y residente, y avanzando hacia nuevas concepciones
post nacionales inclusivas y pluriculturales que permitan revertir la histórica vulneración de derechos humanos de migrantes.
Palabras claves: ciudadanía, derechos humanos, discriminación, migración, políticas sociales.
ABSTRACT
In the context of the emergency caused by COVID 19 in Argentina, Latin American migrants have, for the most part, been
excluded from the State’s Emergency Family Income in the face of the closing of borders and Preventive and Compulsory
Social Isolation. The objective of this paper was the critical analysis of the reasons that led to this difference in treatment in
emergency policies in Argentina. First, (I) it was studied the use of the supposed restrictive criterion of modern citizenship in
“universalist” social policies, and also the conception of equality underlies them. In the second place, (II) it was deepened how
the recent changes in migration policies, from the DNU 70/2017, led to the precariousness and irregularity of the situation in
which the migrants were previously in the emergency by COVID 19 was deepened. Applying a multidimensional methodology, conceptual-philosophical, normative and empirical elements were addressed. By way of general conclusion, the need was
raised to rethink models of belonging not limited to nationality and egalitarian, recognizing the rights of every inhabitant and
resident, and moving towards new inclusive and multicultural post-national conceptions that can reverse the historical violation
of migrants’ human rights.
Keywords: citizenship, discrimination, human rights, migrants, social policies.
Recibido: 20 de Julio 2020 - Aceptado: 14 de Septiembre 2020
Cómo referenciar este artículo:
De Ortúzar, M. G. (2021). Ciudadanía y derechos humanos de migrantes latinoamericanos en el contexto de emergencia
sanitaria por COVID 19 en Argentina. Politica Globalidad y Ciudadanía, 287-313. Recuperado de http://revpoliticas.
uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/182. https://doi.org/10.29105/pgc7.13-11

1 Este trabajo fue realizado en el marco de los siguientes proyectos: 1. PIP “El derecho humano a la salud de migrantes regionales en Argentina”, 2019-2020, en carácter de Investigadora Independiente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas –CONICET-,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata -UNLP y 2. PIP Tetra-anual SECYT H866, “Bioética
y Derecho a la salud.”, 2018-2021, UNLP, en carácter de directora.
2 Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata; Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina. Email: mariagracieladeortuzar@gmail.com.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

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1.- INTRODUCCION
ColoLos migrantes, aquellas personas que han debido dejar su país de origen y
residen en un país diferente, son considerados por la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- como personas particularmente “vulnerables”
(iom.int). En este grupo se incluye a los indocumentados que se desplazan de
manera irregular, los menores, las mujeres embarazadas, las personas enfermas,
las víctimas de violencia y las víctimas de tráfico de personas. Al respecto, la
Organización Mundial de la Salud señala la importancia de garantizar a todos
los migrantes el acceso a sus derechos humanos, resaltando especialmente que
la misma situación de migración constituye un determinante social global de la
salud (OMS, 2007, pp. 6-10).
En Argentina, a nivel nacional, la Ley de Migraciones Nro. 25.871 (2003) reconoce al migrante como sujeto de derecho (artic.4) cito: “el derecho a la migración
es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre
la base de los principios de igualdad y universalidad (el subrayado es nuestro)”.
Entre los derechos sociales de migrantes reconocidos por la citada ley, se destacan
el derecho igualitario a servicios sociales, plasmado en el art. 6, cito:
“se asegura el acceso igualitario a las personas inmigrantes y sus familias en
las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los
nacionales, en particular a lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud,
educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. De esta manera, el Estado
es garante del acceso de quienes migran a sus derechos fundamentales” (el subrayado es nuestro).
Bajo dicho marco, el tema general que nos ocupa en el presente trabajo es la protección de los derechos humanos de migrantes latinoamericanos en Argentina.
Específicamente, proponemos analizar aquí si existió discriminación en el caso
particular de Ingreso Familiar de Emergencia -IFE- hacia los migrantes durante la
pandemia por COVID 19; analizando cuáles fueron los mecanismos que operaron
en la profundización de las múltiples desigualdades que sufren los migrantes y
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explicitando las razones que llevaron al retroceso de la atención de sus derechos
fundamentales en políticas públicas.
La encuesta de migrantes mostró que alrededor del 80% de este grupo de personas
no accedieron al IFE, siendo mayormente perjudicados los migrantes con menor
tiempo de residencia en el país y, por lo tanto, sin redes de apoyo consolidadas.
En consecuencia, “el 77 % de los migrantes se encontró en una situación precaria
de abandono: el 58% dejó de percibir un salario o ingreso debido a las condiciones
informales de trabajo en las cuáles se encontraban (26,5% trabajo informal, 28.3%
esporádico, 17,2 % no trabajaba). (Véase Encuesta ENMA; CONICET, 2020).
Ante estos hechos, esto es ante la clara ausencia de políticas inclusivas hacia
migrantes en el contexto de emergencia, nos interesa poner en cuestión los requisitos restrictivos de las políticas sociales en Argentina: ¿constituye el criterio
restrictivo de ciudadanía, subyacente en la distribución de subsidios sociales en
emergencia, una política acorde al marco inclusivo migratorio?; ¿cuál es entonces el criterio de igualdad implícito en las políticas distributivas igualitarias y universales?; ¿responde su marginación a una cuestión preexistente de dispositivos
y políticas de control que modificaron nuestra ley de migraciones, produciendo el
viraje de políticas de derechos humanos hacia políticas de seguridad?, ¿continúan
vigentes estos dispositivos de control?, ¿qué políticas se proponen para la protección de migrantes en nuestro país?.
Analizar las razones que llevaron a la citada marginación de los migrantes en Argentina, nos conduce, en primer lugar (I), a estudiar críticamente la concepción
moderna de ciudadanía en la cual se basó la restricción del acceso igualitario a
los beneficios/servicios sociales de los migrantes (IFE); investigando qué concepción de igualdad subyace al uso de éste criterio restrictivo en políticas sociales
y sanitarias “universalistas e igualitarias”.
En segundo lugar (II), se indagará cómo los cambios recientes en políticas de migraciones, a partir del DNU 70/2017, llevaron a la precarización e irregularidad
de situación en la que se encontraban los migrantes previamente a la emergencia
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por COVID 19.
En términos generales, la pandemia ha permitido visibilizar los graves problemas
estructurales de inclusión de migrantes, especialmente afrodescendientes y latinoamericanos, al igual que poblaciones originarias. Existen razones históricas y
estructurales, evidenciadas desde el inicio de la creación del Estado argentino: inclusivo con los migrantes blancos europeos; genocida y discriminador con las comunidades indígenas y migrantes latinoamericanos (Plan Nacional contra la discriminación, 2014). De acuerdo con Jelin y Grimson (2016), el análisis histórico
de las políticas emanadas desde el Estado argentino y el análisis histórico de las
mismas leyes de migraciones, evidencian contradicciones entre políticas de regulación y seguridad y políticas de derechos humanos.
Al respecto, nuestro aporte se centra en desenmascarar los mecanismos discriminatorios que impiden el acceso a derechos humanos de migrantes, esclareciendo
criterios y mostrando las citadas tensiones, conflictos y/o retrocesos de sus derechos en el contexto de pandemia en Argentina. En otras palabras, consideramos
que el presente análisis crítico sobre los modelos de pertenencia nos permitirá
revisar los criterios distributivos para no circunscribir políticas sociales a la nacionalidad y reconocer los derechos de todo habitante y residente, de acuerdo al
espíritu de nuestra Constitución Nacional Argentina y nuestra ley de migraciones
25.871/2003.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La creciente globalización e interdependencia entre las Naciones del mundo
cuestionó el mismo concepto de Estado-Nación (Habermas, 1999; Offe, 1990),
exigiéndose la ampliación de su significado y la inclusión de nuevos derechos.
Considerar los avances históricos de los esquemas de integración latinoamericana, y las problemáticas comunes de migraciones limítrofes que aqueja a todos
los Estados, conlleva cuestionar el concepto de ciudadanía nacional a partir de las
transformaciones que sufrieron las mismas fronteras nacionales, pensadas como
fijas e inmutables, y a partir de los procesos de descolonización en los países del
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Tercer Mundo; el flujo creciente de migraciones; el reconocimiento de la diversidad cultural; y el surgimiento de los mismos modelos de integración, como
la Comunidad Económica Europea –CEE-; el Mercado Común del Sur –MERCOSUR-, el Pacto Andino, entre otros. Al respecto, Habermas (1996) resalta que
dichos esquemas de integración supranacionales (por ejemplo la CEE), como así
también las mismas empresas supraestatales o multinacionales, dejan de lado el
papel del Estado Nación, en tanto éste no puede resolver los problemas fuera de
sus fronteras. Surge entonces la ciudadanía postnacional como una alternativa
intermedia entre un obsoleto concepto de ciudadanía nacional y un quimérico
ideal de la ciudadanía cosmopolita. De acuerdo al citado autor, la idea de esta
ciudadanía postnacional se encuentra representada en la ciudadanía europea defendiendo la ampliación de derechos, como el derecho al voto de los migrantes,
y superando la histórica condición discriminatoria asociada a clases sociales,
propiedades, varones y nacionales. El ejemplo paradigmático de ruptura de la
ciudadanía tradicional para la ampliación de derechos lo constituye el sufragio
universal conquistado por las mujeres, el cual rompe con la citada concepción
excluyente de ciudadanía moderna vinculada con la nacional, pero también con
las categorías de varones, blancos y propietarios, cito:
“Aquel que tiene derecho a voto en esta legislación se llama ciudadano; la única
cualidad exigida por ello, aparte de la cualidad natural (no ser niño ni mujer), es
esta: que uno sea su propio señor y, por tanto, que tenga alguna propiedad que le
mantenga”. (Kant, I, TP, Ak. VIII 295; 1986 34).
En América Latina, el MERCOSUR; el Programa Patria Grande, los Estados
pluriculturales, multiétnicos, las reformas constitucionales profundas, como las
realizadas en Ecuador y Bolivia, llevaron al reconociendo de la plurinacionalidad, los derechos colectivos, comunitarios, democráticos, con participación y
representación política de comunidades indígenas, autonomías descentralizadas
y diversidad de lenguas y culturas en un mismo territorio. Desde nuestra tierra
latinoamericana se proclama la ciudadanía pluricultural o pluriciudadanía, los
Estados pluriculturales, multiétnicos, con reformas constitucionales profundas,
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como las realizadas en Ecuador y Bolivia. Rescatamos aquí esta nueva concepción, acompañada por organizaciones de mujeres feministas comunitarias, defensoras de derechos plurinacionales, por su aporte en la crítica al Estado Nación y a
la ciudadanía nacional, y su propuesta pluricultural. Estos avances han permitido
el reconocimiento de pueblos indígenas, como el pueblo Qom. Recientemente
asistimos al resarcimiento integral por el genocidio cometido hace un siglo por
el mismo Estado Nacional el 19 de julio de 1924, en lo que se conoce como la
Masacre de Napalpi.
En dicha masacre fueron asesinadas 1500 personas Qom (niños, ancianos, mujeres y hombres). A través de un inédito y pormenorizado fallo (elaborado por las
Juezas María Denogens y Rocío Alcalá de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia, Chaco); fueron reconocidos los derechos colectivos de esta comunidad aborigen, exigiendo la reparación integral y económica del daño cometido
(inclusión en la historia argentina de los relatos del hecho, monumentos, difusión
histórico, 375 millones de pesos calculados en base a salario mínimo repartidos en
la comunidad, mesa de diálogo, plan de infraestructura, entre otros). Este avance
en el reconocimiento implica un avance en la concepción de justicia e igualdad, la
cual no sólo se limita al aspecto distributivo sino también al reconocimiento y a la
participación de las comunidades, mostrando sus múltiples dimensiones (Fraser,
1997).
Como hemos anticipado, la ley de Migraciones de Argentina Nro. 25871/2003
constituyó, en su momento, un ejemplo paradigmático en lo que respecta a la
defensa del derecho a migrar como derecho humano, reconociendo el derecho a
migrar como un derecho inalienable de la persona sobre las bases de igualdad y
universalidad. Desde el mismo espíritu de inclusión e integración, a partir del
Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, y el Programa Patria Grande (2006-2010), se promovió
la regularización documentaria migratoria de las personas de países vecinos que
residían en Argentina, continuado por programas territoriales (2010-2016) de inserción e integración de extranjeros del MERCOSUR que residían de forma irRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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regular (Dirección Nacional de Migraciones, 2010, 2). El objetivo del Programa
Patria Grande fue no criminalizar al migrante y transformar la lógica excluyente
del Estado (Domentech, 2011), llevando adelante una descentralización operativa
territorial por convenios con municipios, y habilitando la importante participación
de asociaciones civiles, entre las cuáles se resalta las mismas organizaciones de
migrantes, partícipes activos de la política pública. Más allá de esta interesante
propuesta, congruente con el avance de las concepciones de justicia mencionadas
anteriormente (distributiva, reconocimiento y participativa); surgen nuevas concepciones de ciudadanía trasnacional (Baribock, 1994), ciudadanía multicultural, planteando el reconocimiento del respeto de las diferentes necesidades de cada
grupo y fomentando la igualdad por la diversidad cultural propia de sociedades
complejas (Kymlicka, 1996).
Sin embargo, las múltiples asimetrías regionales que existen entre nuestros
países, el debilitamiento de los órganos supranacionales latinoamericanos (Pacto
Andino) frente al avance de esquemas meramente comercialistas de integración
(MERCOSUR), y el nuevo uso del Estado para intereses privados por gobiernos
neoconservadores, volvió cada vez más lejano el sueño de un genuino esquema
de integración latinoamericano (Parlamentos Supranacionales), y, con ello, disipó
de nuestro horizonte la posibilidad de conformar una ciudadanía latinoamericana
supranacional. Pensar la ciudadanía desde una dimensión de integración latinoamericana constituye un ejemplo de concepción inclusiva. Lamentablemente, las
conquistas de los nuevos derechos no son lineales, existiendo claros retrocesos en
lo que hace a los derechos sociales de los migrantes en Argentina.
Un ejemplo de este retroceso lo constituyó el DNU 70/2017, el cual reinstauró
las políticas selectivas de inmigración y profundizó las situaciones de irregularidad del migrante y consiguiente aumento de la vulnerabilidad social. Dicho
decreto, emanado del Poder Ejecutivo, modificó la mencionada ley de migraciones 25.871 para habilitar políticas diferenciadas y selectivas, que permita el
control y la vigilancia policial del migrante, políticas que nos remonta a las viejas
leyes restrictivas de migrantes (Avellaneda y Videla), las cuáles discriminan a los
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migrantes de países limítrofes. Dicha política selectiva nos remite a la misma
formación del Estado-nación, a fines del s. XIX y principios del XX, más precisamente a la primera ley inmigratoria de la Argentina, conocida “Ley Avellaneda”
(1876), la cual tuvo por objetivo principal atraer a los migrantes blancos para
contribuir a poblar todo el territorio. La ley Avellaneda alentaba una inmigración
europea y moralmente capaz de adaptarse al país y de trabajar para su desarrollo; excluyendo a las personas provenientes de países limítrofes. La migración es
una parte clave del proyecto político liberal blanco y europeizado. En la misma
línea, la citada Ley Videla Nro. 22.439 (1981), en su artículo 2 establece que “el
Poder Ejecutivo, de acuerdo con las necesidades poblacionales de la República,
promoverá la inmigración de extranjeros cuyas características culturales permitan
su adecuada integración en la sociedad argentina”. En el marco de la Doctrina de
Seguridad Nacional de la Dictadura, esta ley representa el poder de vigilancia,
control y persecución (Para la ampliación de este punto véase de Ortúzar, 2020,
b).
Como veremos más adelante en el apartado 4.2 cuando analicemos el DNU
70/2017; este giro político en migraciones, centrado en políticas de seguridad y
control, reforzaría las concepciones nacionalistas propias de la doctrina de seguridad nacional, con dispositivos vigentes hasta el presente, contrarios al respeto de
los derechos humanos de los migrantes.
3.- MÉTODO
La propuesta metodológica de la presente investigación tiene un ámbito multidimensional, abordando elementos conceptuales, normativos y empíricos. En primer lugar, se trata de fijar una postura teórica práctica conceptual, consistente en el
análisis crítico documental de leyes y decretos de migraciones (Ley 25871/2003
y DNU 70/2017) que hacen a los derechos de migrantes, conjuntamente con el
análisis histórico del concepto filosófico de ciudadanía y la concepción de igualdad subyacente al decreto de emergencia sobre política social (IFE). En segundo
lugar, dicho marco conceptual y normativo de derechos humanos de migrantes,
como así también las políticas de emergencia para los mismos, serán confrontados
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con las evidencias empíricas que reflejan la situación social de discriminación
de migrantes a través de encuestas cualitativas realizadas durante la pandemia
-2020- por equipos del CONICET de la Red de Investigación Orientada a Solución de Problemas, Área Derechos Humanos, Migración y Asilo (RIOSP, DDHH,
CONICET, Encuesta ENMA, 2020 y Encuesta de Mujeres, CONICET; 2020).
4.- RESULTADOS
El criterio restrictivo de ciudadanía del IFE en emergencia sanitaria
La propuesta del Estado argentino en el contexto social de emergencia por pandemia se centró en un Ingreso Familiar de Emergencia- IFE-. Dicha medida preventiva fue aplicada para compensar las consecuencias económicas y sociales
del Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASOP, Decreto 297/2020) que
obligó al cese de la jornada laboral de los migrantes y al cierre de fronteras. EL
IFE constituyó una ayuda para salvar la situación precaria de trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas; siendo cobrado sólo por un integrante del grupo familiar y priorizando a la mujer. Entre los requisitos del mismo
se encuentra: “ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia
legal en el país no inferior a dos años (certificada)” (Véase www.anses.gob.ar).
La solicitud del IFE durante la pandemia sólo podía realizarse a través de internet,
constituyendo éste medio una barrera más para su acceso. Ahora bien, uno podría
comenzar preguntando cómo, si es el Estado el que debe velar por el acceso a
derechos básicos de los migrantes (Ley de Migraciones 25871/2003, art.6), se invierte la responsabilidad del cuidado dejando librada a la capacidad del migrante
la solicitud del trámite electrónico en momentos de emergencia. El diseño de toda
política social debe ser pensado para los particulares, especialmente si se trata
de grupos con derechos vulnerados, procurando que éstos puedan acceder a los
beneficios. En segundo lugar, el requisito del DNI o residencia legal se presenta
como una traba o filtro innecesario, en tanto el DNI es un derecho y no una obligación de las personas (migrantes o nacionales). Este no puede ser requerido para
condicionar el acceso a la atención de la salud (Art. 8, Ley de migraciones), o el
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acceso a la educación, siendo ambos derechos de migrantes. Como contraparte, el
Estado argentino tiene la obligación de arbitrar las medidas para que las personas
migrantes estén en situación regular (art. 17, Ley de Migraciones). La responsabilidad del cuidado aquí no es individual, sino social.
Sin embargo, la introducción del concepto moderno de ciudadanía, subyacente
en los requisitos de acceso al IFE, generó claramente criterios asimétricos entre
nacionales y migrantes. Recordemos que, de acuerdo a la ley de migraciones, en
su artic. 6, se establece que el acceso a derechos exige igual trato entre nacionales
y migrantes: “se asegura el acceso igualitario a las personas inmigrantes y sus
familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que
gozan los nacionales, en particular a lo referido a servicios sociales…”. Para
ilustrar esta situación de asimetría de trato, una encuesta realizada con mujeres
migrantes en pandemia (Bidaseca et. al.; 2020) mostró que el requisito de nacionalidad y/o naturalización del IFE excluyó a la mayoría de las mujeres migrantes
(sólo el 12,3% recibe el IFE –ingreso familiar de emergencia, el 12,3% percibe
la AUH –asignación universal por hijos- y el 79,7% no recibe ningún subsidio).
La ASOP afectó el acceso al trabajo del 71% (296) de migrantes, dadas las condiciones de flexibilización y vulneración de derechos en las que se encontraban:
“Más de un 10% (42) de las personas manifestaron haber sido suspendidas de sus
fuentes de trabajo. Si se estudia al grupo de personas desempleadas (296) según
género, edad y situación migratoria, se observa que el 66% (195) de estas personas fueron mujeres de entre 30 y 59 años de edad que se encontraban tramitando
su residencia temporaria. En contraparte sólo un 25% (100) de los encuestados
se encuentra actualmente percibiendo un ingreso. Un 22,2% de las mujeres trans/
travesti recibe el IFE mientras que un 66,7% no reciben ningún subsidio. En el
caso de las mujeres mestizas, el 20% recibe el IFE, y un 5,9% la AUH mientras
que un 74,1% no recibe ningún subsidio. De las afrodescendientes, el 17,2% recibe el IFE y un 10,3% la AUH, un 70,7% no recibe ningún subsidio. De las originarias, un 28,7% recibe el IFE, un 20,3% la AUH y un 58,7% no recibe ningún
subsidio” (Bidaseca.et. al; 2020).
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Resulta paradójico que una medida de emergencia, tendiente a atender una situación excepcional, discrimine a migrantes en pandemia. ¿Puede ser la ciudadanía
un criterio excluyente en políticas sociales de emergencia? ¿Qué principios de
igualdad y universalidad se aplican entonces?.
Analizando las relaciones entre políticas sociales y políticas de migraciones, encontramos conflictos entre las mismas y contradicciones internas centradas en
la deliberada exclusión del no ciudadano. La ciudadanía es definida aquí “desde
criterios territoriales y vinculada a la nacionalidad y a la soberanía de los Estados;
limitando a la comunidad política de modo excluyente” (Marshall, 1992). Por lo
tanto, las políticas sociales son pensadas para sujetos nacionales, blancos, propietarios, ciudadanos plenos; desconociendo las necesidades de las personas de
carne y hueso que habitan nuestro suelo. Esto es, a pesar del supuesto universalismo, las políticas sociales se dirigen, contradictoriamente, a un ciudadano blanco
y propietario, discriminando al resto de las personas y/o grupos vulnerables cuyas
necesidades urgentes continúan sin ser satisfechas por parte del Estado, el cual,
cabe subrayar, es y debe ser garante de las mismas.
Dicho universalismo se reproduce tanto en la Cobertura Universal de la Salud (CUS, 2016) como en la Asignación Universal por Hijos (AUH, Decreto
1602/09). Ambas políticas fueron diseñadas para excluir a migrantes sin DNI,
sin domicilio fijo, trabajo formal y estable. A nivel operativo, quedan también
fuera del acceso las personas que no se encuentren alfabetizadas digitalmente
(es importante señalar que son excluidos, consecuentemente, comunidades indígenas, indocumentados y demás destinatarios reales, con necesidades urgentes y
derechos históricamente vulnerados). En nombre de la universalidad e igualdad
se discrimina a los migrantes, exigiéndoles DNI o pago de seguros de salud, y
excluyéndolo del derecho a la salud. Detengámonos brevemente a analizar estas
políticas sociales precedentes del IFE, denominadas “universalistas e igualitarias”.

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4.1.a)- Cobertura Universal de la Salud- CUSEn nuestro país, Argentina, rige un sistema mixto de salud (sector público, sector
privado y obras sociales), siendo los hospitales (públicos) el emblema tradicional
de atención igualitaria. Estos han cobijado históricamente a todas las personas que
requerían atención sanitaria, y muy especialmente a aquellas que no gozaban de
obra social o posibilidades de pago en el mercado (seguro privado), incluyendo
a los migrantes y extranjeros. La justificación del citado acceso igualitario parte
de la premisa que considera a la salud como un bien público y no como un bien
comercial.
Desde el 2016, se impone la CUS a través del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nro. 908/2016, en un contexto de emergencia, proponiéndose: (I.1) Identificación,
nominalización y documentación (electrónica) de beneficiarios de la Cobertura
Universal de Salud; (I.2) Fortalecimiento y modernización del sector público de
salud; (I.3) Desarrollo, equipamiento y puesta en valor de efectores públicos de
salud (el subrayado es mío). El Estado se convierte así en un instrumento que permite transferir poder al sector privado en pos de que éste sistema público-privado
sea “más eficiente y de calidad”. Claramente, este sistema no es para todos. La
equidad queda fuera de esta estrategia, aun cuando se usa contradictoriamente el
término “cobertura universal” para legitimar la misma y permitir la libre disponibilidad de fondos públicos en pos de garantizar la facturación de prestaciones de salud de alta calidad y la imprescindible informatización del sistema sanitario para
excluir a quienes no tienen seguros. Es en dicho marco que los migrantes son excluidos de la salud. Un ejemplo de ello lo encontramos en la ley 6.116/2018 de la
Provincia de Jujuy -aprobada sin debate público, sin reglamentar-, la cual plantea
un tratamiento diferencial en el acceso a la salud de los extranjeros y migrantes,
creando el Sistema Provincial de Seguro de Salud Para Extranjeros. Este sistema:
1. impone el cobro de un “seguro provincial de salud” a aquellas personas que
requieran el servicio médico público provincial y no cuenten con una residencia
permanente; 2.faculta al Poder Ejecutivo a establecer las autorizaciones, modalidades, excepciones, nomencladores y valores de las prestaciones del seguro proRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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vincial de salud (Art. 2); 3. se atribuye la facultad de limitar el acceso a la salud
pública en función de la situación de residencia en la provincia, no en el país. Es
decir que distingue entre residentes permanentes y temporarios; y, determina su
alcance a personas extranjeras que permanezcan en el territorio de Jujuy en forma
transitoria (art. 3). La citada ley provincial contradice nuestra Ley Nacional de
Migraciones Nro. 25871, la cual en su artículo 8 garantiza que todas las personas
migrantes deben recibir atención de la salud independientemente de su estatus
migratorio y en igualdad de condiciones que los nacionales. También contradice
nuestra Constitución Nacional (art. 75) la cual recoge la normativa internacional
sobre derechos humanos y resguarda el derecho a la salud de todos/todas. Por lo
tanto, la ley 6.116 de Jujuy, enmarcada en la CUS; ha sido denunciada por inconstitucional y regresiva al atentar contra la protección de derechos humanos de
los migrantes reconocidos en la normativa nacional e internacional. También es
discriminatoria porque interfiere en el derecho a la salud pública, asistencia médica, seguridad y servicios sociales distinguiendo por raza, color y origen nacional
o étnico (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial). (Para la ampliación de la exclusión de migrantes de la
cobertura universal véase de Ortúzar, 2018; de Ortúzar, 2020, a y b).
4.1.b). Asignación universal por hijos: el antecedente directo del IFE
El requisito de ciudadanía y/o residencia mayor a dos años del IFE repite los criterios de las políticas sociales universalistas, ejemplificadas a través de la AUH:
“(i) que el “menor” sea “argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o residente, con residencia legal en el país no inferior a TRES (3) años
previos a la solicitud”; (ii) “acreditar la identidad del titular del beneficio y del
menor, mediante Documento Nacional de Identidad”; (iii) “Acreditar el vínculo
entre la persona que percibirá el beneficio y el menor, mediante la presentación
de las partidas correspondientes y en los casos de adopción, tutelas y curatelas
los testimonios judiciales pertinentes”. En el caso de la AUH, si bien algunos
migrantes asentados en el país hace más de cinco años reciben la asignación,
encontramos que la mayoría de las personas migrantes no han realizado la soRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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licitud de las mismas por desconocer sus derechos de recibirlas. Esta situación
pone en evidencia sus derechos vulnerados, incumpliendo el Estado con la obligación de protección del acceso a derechos básicos de migrantes. Por otra parte,
estas contradicciones y conflictos se encuentran presentes en la aplicación de la
misma ley de migraciones, cuando se discrimina en el acceso a pensiones (ej.
discapacidad) y subsidios (ej. niñez) entre nacionales y migrantes, a pesar de
la igualdad de derechos reconocida por la citada ley. Las normas que regulan
las pensiones no contributivas otorgadas por la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación exigen
para las pensiones por invalidez 20 años de residencia regular en el país, 40 años
para las pensiones por vejez y 15 años para la pensión que se otorga a las madres
de siete o más hijos. Las políticas sociales llamadas “universalistas” establecen
una diferencia de trato injustificada entre migrantes y nacionales, discriminando
a los primeros e incumpliendo con la atención igualitaria de sus derechos. En el
caso del IFE; el sesgo discriminatorio presente en el requisito de naturalización
o residencia legal no inferior a dos años, y/o la exigencia del DNI para condicionar el acceso a subsidios sociales de emergencia, equivale a ignorar las múltiples
desigualdades que atraviesan los migrantes ante el cierre de frontera en pandemia
y su precaria situación laboral, contribuyendo, una vez más, a su estigmatización
y exclusión.
4.1.c) El Ingreso Familiar de emergencia: ¿ciudadano o habitante/residente?
Como hemos anticipado, el análisis de este problema específico del no acceso a
IFE de migrantes nos introduce en un complejo mundo de contradicciones y conflictos en políticas sociales que se presentan como igualitarias y universalistas,
pero restringen cada vez más el acceso a derechos humanos de grupos históricamente vulnerados, violando los principios de nuestra constitución nacional: igualdad de derechos a todos sus habitantes. Recordemos que en Argentina, los grupos
históricamente excluidos de ésta concepción nacional de ciudadanía política son:
1.las comunidades indígenas y descendientes que reclaman el respeto de sus cosmovisiones, como así también su doble identidad para defender su pertenencia
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indígena y territorial (Ej. grupos indígenas que reclaman el derecho a la libre determinación de la autonomía); y, 2. los grupos migrantes, diferenciados por país
de origen y de recepción, entre los cuáles se encuentran una mayoría de migrantes
latinoamericanos con rasgos fenotípicos indígenas y afrodescendientes (Plan Nacional contra la discriminación, 2014).
Según Segato (2007), en su análisis de la construcción del Estado Nación en Argentina: “El estado moderno desarrolló una concepción determinada de la ciudadanía que fagocitó las diferencias en pos de un proyecto de unidad y homogeneidad poblacional. La racionalización del poder implicó, en términos funcionales
y organizativos del poder político, la creación de ciertas identidades nacionales
homogéneas que no son otra cosa que el ideario de un grupo dominante que en
algún momento de la historia de la sociedad travistió sus intereses en la idea de
una voluntad general. Este modelo monocultural, con un fuerte carácter homogeneizante de la diversidad identitaria, difícilmente pueda ser concebido como una
práctica de política democrática inclusiva.
Si el requisito de ciudadanía nacional, exigido acríticamente por el gobierno para
acceder al IFE en el contexto de ASOP y el cierre de fronteras por COVID, reproduce la discriminación sufrida por los migrantes en los últimos años en políticas
sociales y sanitarias precedentes; entonces es necesario repensar los modelos de
ciudadanía como requisitos de derechos básicos. No obstante, a pesar de la crítica de este concepto moderno de ciudadanía y el avance en el reconocimiento de
nuevas concepciones de ciudadanía centradas en derechos humanos, conviven en
nuestro país modelos de políticas públicas, uno centrado en el marco general de
la ley migratoria y del respeto de derechos humanos, promoviendo políticas inclusivas y el respeto a una concepción pluricultural de ciudadanía; y otro modelo
de migraciones basado en políticas de seguridad, con un concepto nacionalista y
excluyente de ciudadanía. Este nuevo viraje hacia políticas de seguridad y control
en migraciones ocasiona serios daños en las condiciones sociales y el respeto de
derechos de los migrantes latinoamericanos. He aquí la necesidad de analizar,
seguidamente en la segunda parte, este punto de inflexión.
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Análisis de los cambios normativos en políticas de migraciones en Argentina:
sobre la necesidad de desarticular mecanismos discriminatorios a nivel operativo
La situación de irregularidad de los migrantes se encontró agravada, previamente
a la pandemia, debido a cambios recientes en políticas de migraciones, pasándose del paradigma de derechos humanos hacia el viejo paradigma centrado en
la seguridad (DNU 70/2017). Dichos dispositivos, impuestos para el control de
migrantes, obstaculizaron los trámites de residencia y/o ciudadanía.
Las razones dadas para la imposición de este DNU parten, en primer lugar, de
un dato falso, como comprueba posteriormente el Informe de la Comisión Penitenciaria Argentina. Este Decreto de Necesidad de Urgencia sostiene, para su
creación, que la población carcelaria de migrantes ha aumentado hasta alcanzar
en el 2016 al 21,35% de la población carcelaria total. Cito:
“Que ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar
órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como
consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos,
puede llegar a siete (7) años de tramitación. Que, a su vez, la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del servicio penitenciario federal
se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el veintiuno coma
treinta y cinco por ciento (21,35%) de la población carcelaria total”.
Los números citados son falsos, la población carcelaria migrante no se ha incrementado. Por el contrario, ha permanecido estable desde hace más de 10 años. De
los 2.000.000 de personas privadas de la libertad solo el 5% son migrantes (4.400
personas). Los extranjeros detenidos en cárceles federales y provinciales son un
6% del total. Como he formulado anteriormente, cabe preguntarse si los rasgos
fenotípicos de los migrantes latinoamericanos, o los rasgos afrodescendientes
de los senegaleses, constituyen la razón para esta persecución, control, vigilancia, represión, y deportación del migrante asociado al delincuente. El Decreto de
Necesidad y Urgencia -DNU- Nro.70/2017 estaba destinado a dar un giro político
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radical en migraciones. Este DNU habilitó procedimientos de detención y deportación express sin proceso judicial a:
Quienes hayan cometido fallas administrativas en la acreditación del trámite de
ingreso (grupos vulnerables que ingresan por un lugar limítrofe no habilitado);
Quienes hayan resistido a la autoridad en el contexto de una marcha o una
represión por venta callejera ambulante (Ej. trabajadores senegaleses);
Quienes hayan cometido delitos menores; sin importar -en todos estos casos- el
derecho de unión familiar o la protección de los menores y adolescentes. (DNU
70/2017).
Como puede observarse, las causales de deportación se han ampliado, sin ser el
objetivo de estas luchas el crimen organizado (nuestra ley de migraciones ya permitía la deportación de migrantes en casos de narcotraficantes, no siendo necesarios los cambios realizados para ampliar las causales de deportaciones express). El
poder de policía nos recuerda la Doctrina de Seguridad Nacional de la Dictadura, con su Ley Videla, centrada en la distinción entre ilegalidad por ingreso y por
permanencia; la negación de derechos sociales a los migrantes; la obligación de
denuncia administrativa de los migrantes irregulares (en salud, en educación, administración, registro civil, empresas, escribanos etc.); la expulsión y prohibición
de reingresar al país de manera permanente; la pena de prisión; la imposibilidad
del recurso judicial, entre otros.
En lo que respecta al tema que nos ocupa, el requisito de nacionalidad del IFE; el
DNU cambió el modo de acceso a la nacionalidad argentina, proponiendo que,
en lugar de exigir que la persona solicitante acredite más de dos años de residencia
en el país, se pida una evaluación por un juez federal, una vez que se demuestre
que esa residencia es “legal” (CELS, 2017). Este hecho, sumado a los dispositivos electrónicos para la tramitación del turno implementados a través del nuevo
sistema RADEX, impide la tramitación del DNI del migrante y/o residencia.
En síntesis, el retroceso en el acceso a los derechos sociales de los migrantes
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desde la aplicación del DNU 70/2017 dificultó la regularización de su situación
legal/documentaria, profundizando la desigualdad económica-social, étnica y de
género de los/las migrantes, y permitiendo una mayor flexibilidad laboral y condiciones para su explotación. Como resultado de las políticas de control aplicadas
en los últimos cuatro años, los derechos sociales de los migrantes latinoamericanos y afrodescendientes fueron vulnerados. En emergencia sanitaria por COVID
(2020), dicha situación fue especialmente agravada debido a que:
1. la no regularización previa de trámites -residencia y DNI- por el miedo de
ser deportados o encarcelados, imposibilitó su acceso al Ingreso Familiar de
Emergencia -IFE-. Por lo tanto, como han denunciado las Organizaciones migrantes, la falta de documentación que acredite la residencia de más de dos
años en el país se origina a partir de una extensión en los plazos burocráticos
establecidos durante la gestión del gobierno anterior,
2. la situación de irregularidad las obligó a trabajar en la economía informal por
falta de documentos (“trabajo precario”), sin acceso a seguros sociales, colocándolos en un lugar vulnerable ante la medida del ASOP (pérdida de trabajo);
3. la implementación del DNU 70/2017 fue acompañado con la instalación de
creencias xenófobas y racistas que llevaron a las restricciones en el acceso a
la salud, dado que en la práctica esto generó en la solicitud del DNI para la
atención de la salud, y en algunas provincias, como hemos analizado precedentemente, el pago de un seguro para el acceso a la salud. Ambos puntos son
contrarios a la ley de migraciones y al respeto por el derecho a la salud garantizado por la CN y la citada ley.
En consecuencia, las desigualdades y la situación de vulneración de derechos en
la que se encontraban los migrantes en pandemia son preexistentes, y responden
a los cambios normativos en las políticas de migraciones, me refiero al Decreto
de Necesidad y Urgencia –DNU -70/2017. El citado DNU criminaliza a los migrantes, obstaculizando la posibilidad de los mismos de regularizar su situación
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de residencia y ciudadanía por: 1) imponer un sistema electrónico de solicitud
de trámites–RADEX- que excluye de su acceso a los migrantes (por falta de
acceso a TICs, alfabetización digital, costos, entre otras razones), aumentando así
el número de indocumentados y facilitando las condiciones para su explotación
laboral; 2) por exigir la evaluación de un juez federal para demostrar la legalidad
de la residencia mayor de dos años (CELS, 2017).
La exclusión de los migrantes de sus derechos y su situación social ha sido agravada en los últimos años a partir de giros normativos en políticas de migraciones.
En la apelación a la nacionalidad y las políticas de control subyacen creencias xenófobas y racistas hacia los migrantes. En marzo de 2018 el citado DNU 70/2017
fue declarado inconstitucional por el poder judicial. En el 2021 fue derogado por
ser contrario los derechos de las personas migrantes. Los jueces/zas consideraron
que el DNU “no solo constituye una apropiación de facultades legislativas sin
causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado
soluciones que son incompatibles con estándares constitucionales y de derechos
humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos
internacionales en la materia” (CELS, 2017). Nuestra Constitución Nacional establece una apertura hacia la llegada de inmigrantes y otorga igualdad de derechos
y obligaciones a personas nativas y extranjeras. En su artículo 20 expresa: “Los
extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión y no están obligados a
admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias”. La ley
de migraciones Nro. 25871/2003 reconoce a la migración como un derecho humano esencial que debe ser garantizado por el Estado, protegiendo a los migrantes
del acceso a beneficios sociales, educación, salud y trabajos formalizados, como
así también el derecho a la salud irrestricto a todos los migrantes.
Las nuevas normativas en migraciones condujeron a negar el acceso de extranjeros y migrantes a los derechos sociales que gozan los ciudadanos, discriminando,
y derivando en la vulnerabilidad jurídica de los inmigrantes (no acceden a los tres
tipos de derechos ciudadanos: civiles, políticos y sociales (Kymlicka y Wayne,
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1997; Pereyra, 2005). Como consecuencia, se profundiza la exclusión económica, social y política del grupo de migrantes latinoamericanos (Pizarro 2009). Sin
embargo, las medidas tomadas en pandemia, como el IFE, parten de un criterio
arbitrario que no se cuestiona: el requisito restrictivo de la nacionalidad, estableciendo así un criterio para la asimetría social. Desde el Instituto Nacional contra
la Discriminación – INADI- de Argentina se apela a recordar el principio de la
no discriminación, así como la solidaridad y hermandad entre los pueblos, como
una herramienta valiosa para enfrentar la situación social frente a esta pandemia.
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe –CEPAL_alerta que
la pandemia ha generado la mayor contracción de la actividad económica de la
historia de la región, con la consiguiente profundización de las desigualdades
(CEPAL, 2020). Esta restricción jurídica, en íntima relación con la desigualdad
socioeconómica y con las relaciones de poder que ésta supone, genera también
una desigualdad en la dimensión racial, étnica y epistémica y de género. Pensar
en la exclusión de derechos de mujeres migrantes latinoamericanas y afrodescendientes (extranjeras residentes) por no satisfacer el criterio restrictivo de la nacionalidad (tramitación del DNI) o naturalización de la misma (más de dos años
de residencia formalmente legalizados), en un país con una ley de migración inclusiva y con tratados regionales de integración latinoamericana (MERCOSUR),
y en una sociedad contemporánea caracterizada por la diversidad cultural y las
migraciones trasnacionales, es un hecho discriminatorio.
Asistimos a una época donde el racismo recrudece en el mundo al mismo tiempo que se cierran las fronteras y se agitan políticas de seguridad. El peligro es su
extremo eugenésico, ejemplificado en la triple discriminación de las mujeres migrantes mexicanas a las que se practicaron histerectomías forzosas -sin su consentimiento- en Estados Unidos (ICE, Georgia, 2020). Nuestro país, en Argentina,
no está libre del racismo, evidenciando creencias xenófobas hacia las personas
con rasgos fenotípicos indígenas y afrodescendientes. Ejemplo de ello son los
dichos del gobernador de Salta, sobre los cuáles se expresa el Instituto Nacional
contra la Discriminación.
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En este sentido, el Área Migrantes y Refugiados/as del Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresa su preocupación
por los dichos recientes del gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz,
quien afirmó: “Esta pandemia nos sirve para controlar pero por sobre todas las
cosas para contener y para priorizar a los argentinos… La caridad bien entendida empieza por casa. La gente ingresa masivamente por el río que ha bajado,
por Salvador Mazza, por Hito Uno, por distintos lugares. Me dicen que hoy día
gracias a Dios van a empezar a llegar los efectivos militares a Aguas Blancas
a acompañar a la Policía y a la gendarmería en forma coordinada, a ayudar
a que no sigan ingresando gente que es de otro país y que lamentablemente lo
están pasando mal (mal como Jujuy) no tienen servicios de atención, hay gente
que se está muriendo en las calles, en sus casas” (Sáenz pide aumentar controles
en la frontera contra extranjeros que ingresan a cobrar el IFE, 2020,10 de agosto). Como funcionario, Sáenz debe asumir la responsabilidad de conocer y respetar las leyes vigentes: Ley 23.592 (de Actos Discriminatorios), Ley 25.871 (de
Migraciones) y el Decreto Nº1086/05 (Plan Nacional contra la Discriminación),
normativa que reconoce y garantiza los derechos de las personas migrantes. Por
ejemplo, el artículo 34 de la Ley 25.871, que expresa: “Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y
su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria,
interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la Argentina” .
O el fragmento del capítulo III del Plan Nacional contra la Discriminación, que
señala: (…) la migración de los países limítrofes ha sido muy relevante y continúa desde los propios orígenes de nuestro país. Su rechazo se construye sobre la
base del ideario racista afirmando que dichos migrantes son los responsables de
nuestras privaciones, desestimando las consecuencias de un modelo distributivo
que concentra la riqueza en un sector minoritario de la población (…). Este tipo
de discurso contribuye a la formación y sostenimiento de un estereotipo discriminador, transfiriendo a las colectividades migrantes la propia frustración social: se
seleccionan víctimas, se las presenta como victimarios y se desvían así las distintas responsabilidades (INADI, 2005)”.
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5.- CONCLUSIONES
En el contexto de cierre de fronteras y aislamiento obligatorio por pandemia; el
gobierno de Argentina propuso el Ingreso Familiar de Emergencia- IFE- destinado a trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas. El requisito
de naturalización o residencia legal no inferior a dos años excluye a una gran mayoría de los migrantes, muy especialmente si tenemos en cuenta el giro reciente
en políticas de control y seguridad y los cambios en los sistemas informáticos
de tramitaciones de residencias (RADEX) que desalentaron a los migrantes a la
regularización de su situación.
El carácter excluyente y discriminatorio de la medida adoptada del IFE es contrario al respeto los derechos humanos de migrantes, afectando al 75% de los
mismos debido a que no reportan ningún ingreso en ese período, y evidenciado la
grave situación de emergencia y necesidades de insumos básicos que los atraviesa.
Sin embargo, la situación social precaria de los migrantes no es fruto del gobierno actual ni consecuencia directa de las políticas sociales aplicadas en pandemia,
si bien éstas no contemplaron a los migrantes. El análisis crítico de los cambios
normativos en políticas de migraciones (2017) mostró las históricas tensiones representadas por (a) una concepción amplia inclusiva y pluricultural de ciudadanía,
centrada en Derechos Humanos, y (b) una concepción de ciudadanía moderna
nacionalista, homogeneizante y excluyente. Por una parte, (a) en lo que respeta a
las legislaciones, desde el 2003 nuestro país cuenta con la ley de migraciones Nro.
25871, modelo ejemplar e inclusivo de migración, reconociendo sus derechos sociales y su derecho a voto y participación. Por la otra (b), encontramos cambios
profundos recientes y giros hacia políticas excluyentes (securitistas) impuestas a
través del DNU 70/2017, decreto dirigido hacia migrantes latinoamericanos descendientes de comunidades originarias y afrodescendientes.
El retroceso en el acceso a los derechos sociales de los migrantes desde la aplicación del DNU 70/2017 dificultó la regularización de su situación legal/documentaria, profundizando la desigualdad económica-social, étnica y de género
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de los/las migrantes, y permitiendo una mayor flexibilidad laboral y condiciones
para su explotación.
Como corolario de las políticas de control aplicadas en los últimos cuatro años los
derechos sociales de los migrantes latinoamericanos y afrodescendientes fueron
vulnerados durante la pandemia. En emergencia sanitaria por COVID (2020), dicha situación fue agravada debido a: 1. la falta de documentación (por extensión en los plazos burocráticos anteriores); 2. su condición irregular (economía
informal); 3. las creencias xenófobas y racistas que llevaron a las restricciones
en el acceso a la salud, dado que en la práctica esto generó la solicitud del DNI
para la atención de la salud, y en algunas provincias el pago de un seguro para el
acceso a la salud, ambos puntos contrarios a la ley de migraciones y al respeto por
el derecho a la salud garantizado por la CN y la citada ley.
En lo que respecta al gobierno actual, si bien éste no diseñó nuevas políticas
tendientes a excluir a migrantes, continúo aplicando viejos criterios restrictivos
nacionalistas y métodos informáticos –RADEX- que se venían utilizando en
políticas anteriores de control (2017), sin innovar, criticar o darle un giro político
a esta situación.
En este sentido, el requisito de la IFE es discriminatorio en la medida en que -bajo
el citado contexto de emergencia sanitaria y desde el actual gobierno-se reutiliza
el criterio de nacionalidad moderna, colocando a la población migrante en un
lugar de objeto de exclusión, control y expulsión; convirtiéndola en portadora
de estigmas, amenazas a la civilización, la seguridad y la homogeneidad de las
naciones. El derecho a la salud no es simplemente un deber humanitario sino de
un derecho humano reconocido en nuestra Constitución Nacional y en la ley de
migraciones, artículo 8: “no se puede negar o restringir en ningún caso el acceso
al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a aquellas personas
extranjeras que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria.
Paradójicamente, debido a la premura de la emergencia sanitaria, las políticas
sociales “universalistas” continuaron con su sentido excluyente, marginando a
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ISSN 2395-8448. 287-313. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/181

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los grupos que históricamente han visto más vulnerados sus derechos. Esto constituyó un retroceso en el avance de derechos humanos y concepciones pluriculturales de ciudadanía, llevadas adelante por el Programa Patria Grande (centrado
en la ciudadanía del MERCOSUR y países asociados). Recordemos aquí que este
programa constituyó un hito superador de la concepción nacionalista moderna,
implementado durante el gobierno de Néstor Kirchner. La reconsideración de este
programa sería una señal de aliento para estos grupos de migrantes que habitan
nuestra Argentina, siendo imprescindible resguardar sus derechos humanos, como
lo es el derecho a la salud. Rescatamos aquí esta nueva concepción de ciudadanía,
acompañada por organizaciones de mujeres feministas defensoras de derechos
plurinacionales, por su aporte en la crítica al Estado Nación y a la ciudadanía nacional, y su propuesta pluricultural, pensada como un horizonte a seguir a largo
plazo. Asimismo, acordamos en avanzar en una concepción de igualdad que no se
centre sólo en el acceso distributivo, sino en el reconocimiento y la participación
de la comunidad (Fraser, 2017), como fue posible bajo el Programa Patria Grande.
Por último, nuestra Constitución Nacional resalta el concepto de habitante y no
el de nacionalidad a la hora de conferir derechos. Por ello, nuestra propuesta,
para el diseño de políticas sociales, es repensar los modelos de pertenencia de
modo de no circunscribirlos a la nacionalidad, en pos del reconocimiento de los
derechos de todo habitante y residente. Al respecto, la Convención Americana de
DDHH reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana y justifican su protección internacional.
En este mundo interdependiente, caracterizado por el flujo de migraciones transnacionales y la diversidad cultural, se hace necesario avanzar hacia nuevas concepciones de ciudadanía inclusivas y pluriculturales, que permitan revertir la
histórica vulneración de derechos económicos, sociales, y culturales de migrantes
latinoamericanos. Defendamos, entonces, el reconocimiento efectivo de la igualdad de derechos para los inmigrantes, incluyendo los derechos políticos, propugnando que las diferencias culturales, nacionales, étnicas que muchas veces se traRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 7 No. 13, Enero - Junio 2021, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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                <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.</text>
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        <name>Acceso a la justicia</name>
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Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o los
autores
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-263,
ISSN 2395-8448

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RECTOR
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SECRETARIO GENERAL
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SECRETERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
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COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL
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EQUIPO EDITORIAL
Director
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Factultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones
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Editores
Dr. Daniel Javier de la Garza Montemayor / Editor Jefe
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Asistentes Editoriales:
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Aministradora Open Journal Sistem
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Los derechos de copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Se autoriza la
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�Presentación
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral
en los campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la
promoción del desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con
responsabilidad ética, compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y latinoamericana. La revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, revista
científica de esta institución, se articula a todas las instancias de este proyecto.
Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en
el sistema Open Access, desde enero de 2015. Busca convertirse en un medio insoslayable para
la publicación de artículos científicos, inéditos, y producto de una investigación en español e
inglés, de autores nacionales e internacionales los cuales ceden todos los derechos de publicación al editor, sometiéndose los artículos a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble
ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del desarrollo científico, el aprendizaje y el
desarrollo desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
de la Autónoma de Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio
para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y
social, en el entorno local, nacional e internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación
superior, funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento.
A través de esta revista científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el
desarrollo de la ciencia política, incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo
de colaboradores está comprometido con el fortalecimiento de los criterios de calidad científica,
editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.
Revista Política, Ciudadanía y Globalidad

�Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote
integral education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it
fosters cultural and ideological development of society. This institution is in charge of forming
responsible and ethical leaders who must have historical commitment and who must have the
purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific journal of this institution, links directly to
all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in
Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of
publishing scientific articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English,
by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process, Double Blind Review, before they are selected to
be published in order to achieve the goal of promoting scientific development and learning in
Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of the School of Political
Science and International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection
and critical debate in order to construct knowledge that will end up enriching academic,
organizational and social development in local, national and international contexts. Política,
Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers, students, public officials, businessmen,
trade associations and the entire knowledge society. Intellectual production and research done
for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor crew is committed
to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the new
Redalyc Model guidelines.

Revista Política, Ciudadanía y Globalidad

�10
Tabla de Contenido
Editorial: Resolución de conflictos, política educativa, estado de derecho, y geopolítica: Pasado
y presente --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Conflict resolution, education policy, rule of law, and geopolitics: Past and present
Daniel Javier, de la Garza Montemayor
Editor de la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, México
La evolución de la cuestión nacional y la identidad española a través del Partido Socialista Obrero
Español, 1974-1996: El proyecto socialista español de la transición democrática y más allá ---- 18
The evolution of the national question and Spanish identity through the Spanish Socialist Workers Party,
1974-1996: The Spanish socialist project of the democratic transition and beyond
Borja, García-Vázquez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Política de planeación de la educación superior en México e industria 4.0: 2013-2024 ----------- 49
Higher education planning policy on México and industry 4.0: 2013-2024
Fernando, Cárdenas-Cabello
Centro Universitario CIFE, México
La Mediación como política de bienestar ------------------------------------------------------------------ 67
The mediation as a welfare policy
Francisco, Gorjón-Gómez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional universidad de Cundinamarca Facatativá
------------------------------------------------------------------------------------------ 84
Competitive intelligence, technological vigilance and organizational culture universidad de cundinamarca facatativá
Fabio Orlando, Cruz–Páez
Oswaldo, Vanegas–Flórez
Universidad de Cundinamarca, Colombia
The southern border of Mexico: Problems and challenges of national security and its different dimensions ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102
La frontera sur de México: Problemas y desafíos de seguridad nacional y sus diferentes dimensiones
José María Ramos García, El Colegio de la Frontera Norte, México
Carlos Barrachina Lisón, Universidad Anáhuac, México
Jimmy Emmanuel Ramos, Universidad Autonoma de Baja California, México

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No.12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 1-263. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/15

�11
Reinventando los espacios como lugares de vida y paz una estrategia desde la lúdica para sectores
vulnerables ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 128
Reinventing spaces as places of life and peace, a playful strategy for vulnerable sectors
Greys, Nuñez-Ríos
Kadry, García- Mendoza
Judith, Castillo-Martelo
Nevis, Niño-Jiménez
Universidad de La Costa, Colombia
Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México --------------------------------- 149
Quality models applied to the mediation services in Mexico
Roberto N, Guerrero-Vega
Universidad Politécnica de Nicaragua, Nicaragua
La Alianza del Pacífico y la hegemonía de China y Estados Unidos -------------------------------- 170
The Pacific Alliance and the hegemony of China and the United States
Flavio Rafael González Ayala
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
Estado de excepción por coronavirus en Colombia: Entre la colaboración armónica y la descentralización ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188
State of emergency over coronavirus in Colombia: Between harmonious collaboration and decentralization
Juan Sebastián, Sánchez-Gómez
Universidad de los Andes, Colombia
Derecho a la información en Coahuila: Una perspectiva desde la justicia constitucional ------- 207
Right to information in Coahuila: A perspective from the constitutional justice
José Luis, Leal Espinoza
Universidad Autónoma de Coahuila, México
Los derechos procesales en grupos vulnerables desde la normativa nacional e internacional --- 225
Procedural rights in vulnerable groups from national and international regulations
Yahaira Berenice, Martínez-Pérez
Brenda Judith, Sauceda-Villeda
María Salomé, Moreno-Rodríguez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Politica Editorial ----------------------------------------------------------------------------------------------- 246
Publishing Policy

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 1-263. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/15

�12
Editorial
Resolución de conflictos, política educativa, estado de derecho, y geopolítica: Pasado y
presente
Daniel Javier, de la Garza Montemayor
Editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0001-6962-9059
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-1
Como referenciar la editorial:
De la Garza Montemayor, D. J. (2020). Resolución de conflictos, política educativa, estado de
derecho, y geopolítica: Pasado y presente. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 1214. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157
___________________________________________________________________________
En la actualidad, el mundo vive grandes desafíos en materia de salud pública, pero también de
encontrar nuevas fórmulas de desarrollo económico. Los sistemas políticos de naciones diversas tienen el reto de encontrar soluciones sostenibles que cumplan con las expectativas de las
naciones (Zamorano Farías, 2010).
En el presente número de la revista “Política, Globalidad y Ciudadanía”, el lector tendrá
acceso a once artículos que profundizan sobre temas que son indispensables para encontrar los
mecanismos institucionales que permitan una mejor convivencia social entre los individuos
que forman parte de una sociedad plural y también entre las naciones. Corresponden a estudios
que se han realizado de manera rigurosa y con una examinación de casos que contribuyen a un
necesario debate en la academia actual.
Al respecto, resulta importante reflexionar sobre el concepto de una democracia de “calidad”
en la que O’Donnell, Vargas y Iazzetta (2004) establecieron que existen algunos elementos
esenciales que nos permiten hablar de una democracia con contenido. Este concepto, se compone entre otras cosas, por la celebración de elecciones libres, por una verdadera independencia
de los medios de comunicación, por contar con índices aceptables en materia de equidad, por el
hecho de que la población tenga acceso a una amplia seguridad social y porque las mayorías y
minorías se encuentren representadas.
Por esa misma razón, es importante que las instituciones puedan convertirse en un mecanismo eficaz que pueda hacer posible que esos ideales de una democracia de calidad se conviertan
en una realidad cotidiana. De acuerdo con un estudio de Tusell (2015), algunos de los factores
que se encuentran inherentemente relacionados con la calidad de la democracia son la rendición
de cuentas y el estado de derecho.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-14. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�Resolución de conflictos, política educativa...

13
En términos generales, este es uno de los principales conceptos que nos concierne en la
presente edición: el funcionamiento correcto de los poderes públicos resulta clave en la consolidación de cualquier régimen democrático y en particular, en el de preservar las libertades
fundamentales (Barreda, 2010).
En materia de mediación, se cuenta con un estudio cualitativo por parte de Roberto Guerrero
Vega, de la Universidad Politécnica de Nicaragua, quien propone un modelo de evaluación de
la calidad al servicio de mediación en México. Es necesario resaltar que son investigaciones
como las de Guerrero Vega, las que contribuyen a fijar las bases de una mejoría en la resolución
de controversias, las mismas que contribuyen a generar una mejor convivencia social. Precisamente sobre el tema del bienestar, es que Francisco Gorjón Gómez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), nos presenta un trabajo que permite corroborar la presencia de la
mediación como un instrumento para lograr el bienestar colectivo.
En cuanto al análisis jurídico, se presentan las indagaciones de Yahaira Berenice Martínez-Pérez, Brenda Judith Sauceda-Villeda y María Salomé Moreno-Rodríguez de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), quienes argumentan a favor de una reforma jurídica
que protega a los sectores más vulnerables. Además se cuenta con la participación de Jose Luis
Leal Espinosa, de la Universidad Autónoma de Coahuila (México), quien también argumenta
de manera sólida en torno a la necesidad de concretar mecanismos institucionales que garanticen el derecho a la información.
En materia educativa, contamos con las destacadas participaciones de Fabio Orlando Cruz
Paez y Oswaldo Vanegas Florez de la Universidad de Cundinamarca (Colombia) y el caso de
Fernando Cárdenas Cabello del Centro Universitario CIFE (México), quienes nos exponen
sobre el proceso de vigilancia tecnológica y su incidencia en la cultura organizacional de una
prestigiada universidad colombiana en el primer caso, mientras que en el segundo se examina
la adecuación de la política industrial 4.0 en la transición de un gobierno a otro, basado en el
análisis del Plan Nacional de Desarrollo. También los investigadores de la Universidad de la
Costa, Greys Nuñez Ríos, Kadry García Mendoza, Judith Castillo Martelo y Nevis Niño-Jiménez quienes realizan un estudio sobre una intervención comunitaria de cómo se puede motivar
a los ciudadanos a participar en actividades que contribuyan a la paz.
En materia geopolítica, esta edición cuenta con dos productos notables: El análisis de la
relación de la Alianza del Pacífico, que conforma México, Perú, Chile y Colombia, con la República Popular China, que realiza el investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(México), Flavio Rafael González-Ayala. El lector también puede consultar la investigación
interinstitucional de José María Ramos García (El Colegio de la Frontera Norte, México), Carlos Barrachina Lisón (Universidad Anáhuac, México) y Jimmy Emmanuel Ramos (Universidad
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-14. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�de la Garza Montemayor, D. J.

14
Autónoma de Baja California), quienes ponderan sobre los retos de la frontera sur de México,
en cuanto a su importancia en su relación con Estados Unidos.
Por último, la edición cuenta con contribuciones internacionales notables sobre temas actuales y también, de una introspección de la evolución de un partido político que ha sido fundamental para la democracia española: En ellos se encuentra reflejado el compromiso de la revista
Política, Globalidad y Ciudadanía de difundir proyectos de investigación de temas vigentes, así
como aquellos que contienen una oportuna revisión histórica.
En lo relacionado al tema se encuentra con una vigencia oportuna, el trabajo de Juan Sebastián Sánchez Gómez (Universidad de los Andes, Colombia) quien expone el caso del estado de
excepción decretado en Colombia a partir de la pandemia de coronavirus. En el caso de Borja
García-Vázquez (Universidad Autónoma de Nuevo León), se realiza un amplio recorrido del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desde un año antes de la muerte de Francisco Franco, al año de su primera derrota electoral a nivel nacional, después de detentar el poder por 14
años consecutivos.
En síntesis, el fascículo 6(12) cuenta con artículos de investigadores de prestigio, de centros
educativos también destacados, que reflexionan de temas fundamentales que refuezan las líneas
de investigación vigentes en materia de geopolítica, mediación, estado de derecho y política
educativa. Por lo tanto nuestra intención es contribuir al intercambio permanente en materia
de investigación de calidad, es por esto que esperamos que los académicos que consulten esta
edición puedan encontrar información que les sea de utilidad en sus propias indagaciones.
REFERENCIAS
Barreda, M. (2010). La calidad de la democracia: Un análisis comparado de América Latina.
Política y gobierno, 13(2), 265-295.
O’ Donnell, G., Vargas, J. e Iazzetta, O. (2004). The Quality of Democracy: Theory and
Applications. Notre Dame: The University of Notre Dame Press.
Tusell, A. (2015). La calidad de la democracia y sus factores determinantes. Un análisis
comparado de 60 países. Política y Sociedad, 52(1), 179-204. doi: http://dx.doi.org/10.5209/
rev_POSO.2015.v1.n52.45786
Zamorano Farías, R. (2010). El sistema político como institucionalización de las expectativas.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado,43(128),895-921.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-14. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�15
Editorial
Conflict resolution, education policy, rule of law, and geopolitics: Past and present
Daniel Javier, de la Garza Montemayor
Política, Globalidad y Ciudadanía Journal Editor
https://orcid.org/0000-0001-6962-9059
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-1
To cite this article:
De la Garza Montemayor, D. J. (2020). Conflict resolution, education policy, rule of law,
and geopolitics: Past and present. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 15-17.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157
___________________________________________________________________________
Currently, the world is experiencing great challenges in public health, but it is also experiencing
these challenges in finding new formulas for an economic development. The political systems
of diverse nations are challenged to find sustainable solutions that meet the expectations of the
nations (Zamorano Farías, 2010.)
In this issue of the magazine “Politics, Globality and Citizenship”, the reader will have access
to eleven articles that delve into topics that are essential to find the institutional mechanisms
that allow to have a better social coexistence among individuals who are part of a plural society,
and also among the nations. They correspond to studies that have been carried out rigorously
and with an examination of cases that contribute to a necessary debate in the current Academy.
Thereon, it is important to reflect on the concept of a “quality” democracy in which O’Donnell, Vargas and Iazzetta (2004) established that there are some essential elements that allow
us to speak of a democracy with content. This concept is made up, among other things, by the
conduct of free elections, by a true independence of the media, by having acceptable indices
in matters of equity, by the fact that the population has access to extensive social security and
because the majorities and minorities are represented.
For that very reason, it is important that institutions can become an effective mechanism that
can enable those ideals for a quality democracy to become an everyday reality. According to
a study made by Tusell (2015), some of the factors that are inherently related to the quality of
democracy are accountability and the rule of law.
In general terms, this is one of the main concepts that concern us in this issue: the correct
functioning of public powers is key in the consolidation of any democratic regime and, in parRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 15-17. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�Conflict resolution, education policy...

16
ticular, in preserving fundamental freedoms (Barreda, 2010.)
Regarding mediation, there is a qualitative study by Roberto Guerrero Vega, from the Polytechnic University of Nicaragua, who proposes a model for evaluating the quality of the mediation service in Mexico. It is necessary to highlight that these investigations like the ones made
by Guerrero Vega are the ones that contribute to establish the bases for an improvement in the
resolution of controversies, the same ones that contribute to generate a better social coexistence. Precisely on the topic of well-being, is that Francisco Gorjón Gómez, from the Autonomous
University of Nuevo León (Mexico), presents us a study that corroborates the presence of mediation as an instrument to achieve collective well-being.
Regarding the legal analysis, the inquiries of Yahaira Berenice Martínez-Pérez, Brenda Judith Sauceda-Villeda and María Salomé Moreno-Rodríguez from the Autonomous University of
Nuevo León (Mexico) are presented, who argue in favor of a legal reform that could protect the
most vulnerable sectors. In addition, there is the participation of Jose Luis Leal Espinosa, from
the Autonomous University of Coahuila (Mexico), who also argues strongly about the need to
specify institutional mechanisms that guarantee the entitlement to information.
In educational matters, we have the outstanding participations of Fabio Orlando Cruz Paez
and Oswaldo Vanegas Florez from the University of Cundinamarca (Colombia) and the case
of Fernando Cárdenas Cabello from the CIFE University Center (Mexico), who explain to us
about the technological surveillance process and its impact on the organizational culture of a
prestigious Colombian university in the first case, while in the second case, it is examined the
adequacy of industrial policy 4.0 in the transition from one government to another, based on
the analysis of the National Development Plan. Also, the researchers from the Universidad de
la Costa, Grays Nuñez Ríos, Kadry García Mendoza, Judith Castillo Martelo and Nevis Niño-Jiménez carry out a study on a community intervention on how citizens can be motivated to
participate in activities that contribute to the peace.
In geopolitical matters, this issue has two notable products: The analysis of the relationship of the Pacific Alliance, which is made up by Mexico, Peru, Chile and Colombia, with the
People’s Republic of China, carried out by Flavio Rafael González-Ayala, a researcher from
the Autonomous University of San Luis Potosí (Mexico.) The reader can also consult the inter-institutional research made by José María Ramos García (El Colegio de la Frontera Norte,
Mexico), Carlos Barrachina Lisón (Anáhuac University, México) and Jimmy Emmanuel Ramos (Autonomous University of Baja California), who ponder the challenges from the southern
border of Mexico, regarding its importance in its relationship with the United States.
Finally, this issue has notable international contributions on current issues and also an introspection of the evolution of a political party that has been fundamental to Spanish democracy:
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 15-17. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

�de la Garza Montemayor, D. J.

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The commitment to disseminate research projects on current issues of the magazine Politics,
Globality and Citizenship is reflected in them, as well as those that contain a timely historical
review.
In relation to the subject, and with validity, we can find the work of Juan Sebastián Sánchez
Gómez (University if Los Andes, Colombia), who has exposed the case of the state of exception decreed in Colombia from the coronavirus pandemic. In the case of Borja García-Vázquez
(Autonomous University of Nuevo León), an extensive tour of the Spanish Socialist Workers’
Party (PSOE) is made, from a year before the death of Francisco Franco, up to the year of his
first electoral defeat at ta national level, after holding power for 14 consecutive years.
In summary, Fascicle 6 (12) has articles written by prestigious researchers, from also outstanding educational centers, which reflect on fundamental topics that reinforce the current lines
of research in the field of geopolitics, mediation, the rule of law and educational policy. Therefore, our intention is to contribute to the permanent exchange in quality research, which is why
we hope that the scholars who have consulted this edition can find information that is useful to
them in their own investigations.
REFERENCES
Barreda, M. (2010). La calidad de la democracia: Un análisis comparado de América Latina.
Política y gobierno, 13(2), 265-295.
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Applications. Notre Dame: The University of Notre Dame Press.
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comparado de 60 países. Política y Sociedad, 52(1), 179-204. doi: http://dx.doi.org/10.5209/
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 15-17. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/157

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La evolución de la cuestión nacional y la identidad española a través del Partido
Socialista Obrero Español, 1974-1996: El proyecto socialista español de la transición
democrática y más allá1
The evolution of the national question and Spanish identity through the Spanish Socialist
Workers Party, 1974-1996: The Spanish socialist project of the democratic transition and
beyond
Borja, García-Vázquez2
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://orcid.org/0000-0003-0055-6917
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-2
___________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión documental que tuvo por objetivo estudiar la España planteada
por el proyecto socialista de la transición, desde 1974 a 1996, a través de los programas electorales del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y su publicación oficial, la revista El Socialista. Se aplicó el método análisis,
con la técnica de investigación de revisión documental. Se encontró que el PSOE constituye un actor clave de la
historia de España por su aporte e impacto al desarrollo del conjunto de la sociedad española. Por este motivo,
para entender España y su realidad, es necesario comprobar la visión del país mantenida por uno de sus principales
partidos políticos. Se concluye que, a pesar del tiempo transcurrido, se mantiene la vigencia del proyecto socialista
de la transición, como modelo de convivencia e integración de las distintas regiones que integran España.
Palabras claves: Democracia, socialismo, transición española, Felipe González.
ABSTRACT
This article is the product of a documentary review that aimed to study the Spain raised by the socialist project of
the transition, from 1974 to 1996, through the PSOE’s electoral programs and its official publication, the journal
El Socialista. The analysis method was applied, with the research technique of documentary review. It was found
that the Spanish Socialist Workers Party (PSOE) constitutes a key actor in the history of Spain for its contribution
and impact to the development of the whole of Spanish society. For this reason, to understand Spain and its reality,
it is necessary to check the vision of the country maintained by one of its main political parties. It is concluded that
despite the elapsed time, the validity of the socialist project of the transition remains, as a model of coexistence
and integration of the different regions that make up Spain.
Keywords: Democracy, socialism, Spanish transition, Felipe González.
Recibido: 05 de Noviembre 2019 - Aceptado: 14 de Marzo 2020 - Corregido: 06 de Abril 2020
Cómo referenciar este artículo:
García-Vázquez, B. (2020). La evolución de la cuestión nacional y la identidad española a través del Partido
Socialista Obrero Español, 1974-1996: El proyecto socialista español de la transición democrática y más
allá. Politica Globalidad y Ciudadanía, 18-48. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/
article/view/145

1 Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación, la evolución del pensamiento socialdemócrata en Iberoamérica.
2 Doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de Derecho Internacional
público en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: borjagarcia131@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 18-48. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/145

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1.- INTRODUCCION
El Congreso de Suresnes (Francia), celebrado en octubre de 1974, constituye el comienzo del
actual Partido Socialista Obrero Español (en adelante PSOE), que desde su fundación en 1879,
su supervivencia a la guerra civil y la posterior dictadura del general Francisco Franco Bahamonde, provocó una ruptura de continuidad del PSOE en suelo español que obligó a sus miembros a mantener su actividad desde el exilio y la clandestinidad. Suresnes marcó la transición
entre los líderes históricos de la formación, con el nombramiento de Felipe González Márquez
como Secretario General del PSOE, respaldado por la presencia de personalidades del socialismo europeo (como François Mitterand, Olof Palme, Pietro Nenni y Willy Brandt) o latinoamericanos (como Carlos Altamirano) sirviendo de preparación del retorno del PSOE a España
como partido legalizado.
Previo a la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, había comenzado la descomposición del régimen, siendo en parte interpretado desde el PSOE como consecuencia de la
situación económica que atravesaba el país, marcado por un contexto internacional en el que no
encajaba el capitalismo de la dictadura, propiciando la desconfianza de sus propios integrantes
(El Socialista, 1976a, pág. 14), que habían cimentado un sistema centralista, autoritario y represivo, basado en una unidad de España que negaba las nacionalidades históricas (reconocidas
a través de los siglos, por medio de idiomas e instituciones autóctonas) y que representaba su
lema “Una, grande, libre”.
El 10 de febrero de 1977, los dirigentes del PSOE Luis Yáñez y Luis Gómez Llorente, depositaron en el Ministerio de la gobernación el acta notarial y la documentación necesaria para
legalizar el PSOE, legalización que se hizo efectiva el 23 de febrero de 1977, al ser inscrita en el
Registro de Asociaciones Políticas, por oficio del director general de Política Interior, Enrique
Sánchez de León (El País, 1977) —el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 214/1977, 18 de febrero, por el que se creaba la Embajada de España en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas—.
Terminaban así los cuarenta años de régimen para el PSOE y el conjunto de la izquierda
española. Ante el nuevo horizonte democrático, el PSOE aparecía como un partido que se había
definido en su XXVII Congreso, celebrado en Madrid el 5-8 de diciembre de 1976 —el primero
que se llevaba a cabo por el partido en España desde 1932—, como partido de clases —luchando por la supresión de estas—, de masas —para representar los intereses de los trabajadores—,
marxista —por ser esta su metodología de análisis de la realidad—, y democrático, tanto a nivel
de funcionamiento interno, como externo en sociedad para lograr la construcción del socialismo (El Socialista, 1977a, pág. 2); consiguiendo que este Congreso representase la antesala
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ideológica de lo que supondría el proyecto socialista para las elecciones de 1977, sentándose
las bases del mecanismo contenedor del pensamiento socialista español, que constituye el eje de
estudio del presente trabajo: el programa, descrito en los siguientes términos: “El Partido tiene
un texto fundamental: su programa máximo que, por seguir vigente, constituye la base de todo
nuestro pensamiento y acción” (El Socialista, 1976c, pág. 5).
Los programas electorales constituyen el conjunto de tesis sobre las que se estructuran las
propuestas de gobierno de una formación política, que han de servir de hoja de ruta de su administración en caso de lograr el triunfo, por lo que dichos programas son el instrumento sobre
el que reposa toda la esencia de un partido, su gestión y su ideario en torno al modelo de país
pretendido. Un instrumento de captación de votos, imbuido de la propaganda, sin que sea vinculante para gobernar, que atiende a la propia evolución de los partidos, y al aglutinamiento
general de la sociedad. Como expresaba Kirchheimer (1969):
Un partido general se interesa principalmente por el éxito electoral inmediato, al ampliar
su seguimiento entre todos los grupos de la sociedad (…) un instrumento para lograr que
sus miembros, anteriormente fuera del sistema, participen plenamente en el proceso político
(…) realizando una función de integración política (pág. xxvi).
La aparente indefinición en que parece encontrarse España hoy ha propiciado el auge de
partidos independentistas (Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Compromis, Euskal Herria Bildu), nacionalistas regionales (Coalición Canaria, Partido Regionalista de
Cantabria) y nacionalistas estatales como Vox; que promueven modelos identitarios alternativos en pos de cautivar al electorado, ya sea con la creación de un nuevo Estado, volviendo a
las raíces tradicionalistas regionales, o buscando la identidad española en un pasado arcaico y
desvinculado del presente.
La finalidad de este trabajo es estudiar la evolución de la cuestión nacional, y la identidad
española en el socialismo democrático contemporáneo, a través de los distintos programas del
PSOE, desde 1977 (con su incorporación al nuevo régimen democrático) hasta la finalización
de la transición española (con el último gobierno de Felipe González Márquez en 1996) atendiendo al contexto histórico en el que fueron redactados los distintos programas, y a través de
las publicaciones de la revista El Socialista, a fin de entender qué es España y el concepto de
nación para el socialismo español.
2.- MÉTODO
Diseño
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La presente investigación responde a una metodología cualitativa, en palabras de Vasilachis de
Gialdino (2006)“un proceso interpretativo de indagación, basado en distintas tradiciones metodológicas” a través del cual “quien investiga construye una imagen compleja holística (…)
y conduce el estudio en una situación natural” (p. 24), con un diseño estructurado, de acuerdo
a Mendizábal (2006) por ser un “protocolo lineal riguroso, con una secuencia unidireccional,
cuyas fases se suceden en el tiempo” (p.66). Para tal fin, se seleccionó como método la interpretación de textos, con el objetivo de “comprender cada caso (Flick, 2002, pág. 228) alcanzando
un enfoque de estudio comparado “a fin de entender los elementos comunes y específicos” del
fenómeno investigado (Corbetta, 2007, pág. 37).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la evolución política española desde los
postulados del PSOE, se consultaron los siete (7) programas electorales del partido, publicados
entre 1977 y 1996, y un total de cuarenta y nueve (9) números publicados por su revista El Socialista, de entre 1976 y 1996.
Procedimiento
Los programas electorales y los números publicados por la revista El Socialista, fueron consultados en las hemerotecas online del PSOE (https://www.psoe.es/el-socialista/hemeroteca/) y de
la Fundación Pablo Iglesias (http://archivo.fpabloiglesias.es/index.php?r=hemeroteca/ElSocialista), empleándose como sistema los argumentos e ideas identificadas, para interpretarlas desde
una visión crítica y razonada.
3.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El socialismo y la cuestión nacional
En la teoría, el socialismo siempre se ha caracterizado por el internacionalismo , el cual, de
acuerdo con Yañez-Barnuevo, es considerado como “parte constitutiva del socialismo” sin haberse desarrollado el concepto, quedándose en la superficie sin entrar al fondo de la cuestión, lo
que lleva al autor a expresar que: “Tenemos que confesar que demasiado a menudo utilizamos
esta idea —el internacionalismo— como una fórmula meramente ritual” (Yañez-Barnuevo,
1979, pág. 17). Frente al internacionalismo, encontramos la cuestión nacional, la cual ha sido
analizada por el marxismo, motivo que nos lleva a exponer las posiciones de Rosa Luxemburgo, Josef Stalin y Vladimir Lenin, por ser sus estudios anteriores a 1921 —año en que el PSOE
declinó su adscripción a la III Internacional—.
Rosa Luxemburgo trató esta cuestión en su artículo de 1908 El Estado-nación y el proletaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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rio, haciendo un repaso a la noción de sociedad expuesta por Karl Kautsky, entendida como
un conjunto de elementos burgueses ligados a un periodo concreto dentro del desarrollo de la
sociedad moderna, que dan lugar a la aparición del Estado nacional. Sobre esta base, identifica
una serie de elementos necesarios para el desarrollo de la burguesía, enriqueciendo la postura de
Kautsky —limitada a las condiciones económicas, al centrarse exclusivamente en la necesidad
de los industriales de contar con un mercado nacional en el que vender sus productos— considerando la necesidad de disponer de unas fuerzas armadas capaces de garantizar su independencia interna y su apertura mundial; un sistemas de comunicaciones, educación escolar y justicia;
y la existencia de una política aduanera y financiera.
Con estos elementos se originan unas condiciones políticas que permiten el mantenimiento
del poder de la clase burguesa, siendo un esquema que se repite en todos los Estados-nación,
que de acuerdo a Luxemburgo, constituye una “forma histórica indispensable para la burguesía
para pasar de la defensa nacional a la ofensiva, de la protección y la agrupación de su propia
nacionalidad a la política de conquista y dominación de otras nacionalidades” (Luxemburgo,
1908).
A través de unas concretas condiciones políticas, es que se permite el desarrollo del patriotismo como elemento de lucha de clase, donde por iniciativa de la burguesía surge el Estado-nación como mecanismo de control de la mayoría, adherida a este proyecto a través de los
elementos de cultura y democracia del nacionalismo; sintetizándolo Luxemburgo (1908) con
esta máxima: “el Estado capitalista moderno es ‘nacional’ sólo en la medida en que le permite a
la burguesía de una nacionalidad dada ejercer su dominación sobre toda la población mezclada
del Estado”.
Años más tarde, en 1913, Josef Stalin escribió el artículo El marxismo y la cuestión nacional, en el que enumera los elementos que dan lugar a la aparición de una nación —estructura
distinta del Estado—, recordando a su vez la afectación temporal que atenaza a este tipo de
comunidades “sujeta a la ley del cambio, tiene su historia, su comienzo y su fin”, exponiendo y
argumentando su concepto de nación:
Nación es una comunidad humana estable (no racial o tribal) históricamente formada y
surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de
psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura (…) sólo la presencia conjunta de
todos los rasgos distintivos forma la nación (Stalin , 1913).
De los planteamientos previos, podemos contraponer la figura del Estado a la de nación,
fusionadas en la idea de Estado-nación, donde el cúmulo de elementos identitarios sirve de
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coartada para el sostenimiento de una estructura explotadora de clase, siendo esta posición encontrada en el discurso pronunciado en 1919 por Vladimir Lenin, ¿Qué es el poder soviético?:
Mientras exista la dominación del capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada,
el Estado lo gobernará siempre, incluso en la república más democrática y más libre, una
pequeña minoría, integrada en sus nueve décimas partes por capitalistas o ricos (Lenin,
1919).
Lenin critica el Estado, asociándolo a la explotación burguesa, pero no ofrece una estructura
alternativa al mismo, sino que, en contraposición, exclusivamente expone su variante soviética,
al decir que:
el poder del Estado ha sido organizado en Rusia de manera que únicamente los obreros y
los campesinos trabajadores, excluidos los explotadores, constituyen los Soviets, organizaciones de masas a las que se trasfiere todo el poder público (Lenin, 1919).
Lenin no niega el Estado tras la revolución, al contrario, defiende el Estado por encima del
concepto de nación, un argumento que defendió en 1918, en su artículo ¡La patria socialista
está en peligro!, en el que exhortaba a la población a que “el deber sagrado de los obreros y
campesinos de Rusia es defender con abnegación la República de los Soviets” (Lenin, 1918),
priorizando el Estado —soviético— sobre la nación —rusa— rompiendo con el esquema Estado-nación, lo que le lleva a concluir que la nación no es el elemento que motiva la defensa del
territorio sino el ideal soviético de Estado, ligando esta postura a elementos de seguridad y protección de la clase obrera ante las injerencias extranjeras y burguesas. Por este motivo, Lenin
desarrolla un listado de directrices destinadas a la salvaguarda del Estado, como el control sobre
los alimentos, los medios de comunicación o el castigo de todos los elementos contrarrevolucionarios, en una proposición excluyente para las personas que no sean proletarios —frente a la
posición incluyente defendida por el socialismo—.
La antesala democrática (1974-1977)
La naturaleza de España siempre ha sido tema de debate en las filas del pensamiento socialista,
por la defensa de la libre autonomía de la agrupación y el país, constituyente de sus señas históricas, como se aprecia en el Congreso del PSOE de 1921, que supuso el rechazo del partido
a Lenin y al ingreso en la III Internacional, controlada por la Unión Soviética. Si bien existía
unidad en las filas socialista en cuanto al logro de la dictadura del proletariado, la divergenRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 18-48. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/145

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cia surgió entorno al concepto de revolución entre los bolcheviques, que consideraban que el
partido debía ser el encargado de forzar las circunstancias para que se produjese la revolución,
frente a los socialistas, que creían que el partido solo debía encauzar la revolución cuando se
diesen las circunstancias; además de por ser contrarios a la defensa de un partido único, global y
jerarquizado como un ejército proletario en el que no existía lugar para el pensamiento disidente
(como defendían los bolcheviques) lo cual chocaba frontalmente con la Base 1 del PSOE: “su
autonomía para cuanto concierne a la táctica de lucha, por estimar que ésta ha de ser condicionada por las situaciones de cada momento, y la psicología de cada pueblo” (El Socialista,
1976a, pág. 11).
En 1974, durante el Congreso de Suresnes, se había debatido “sobre las nacionalidades ibéricas” analizando la situación desde la perspectiva de la lucha de clases y la emancipación de la
clase trabajadora, considerando que la problemática existente solo podría superarse con la constitución de una República Federal conformada por las nacionalidades que integran el Estado
español (El Socialista, 1976a, pág. 14). Posteriormente, en 1976, durante el XXVII Congreso el
partido estableció una identificación del socialismo como una postura de rechazo a “cualquier
camino de acomodación al capitalismo o a su simple reforma” abogando por una sociedad “autogestionaria” en la cual, “las nacionalizaciones y la planificación no suponen necesariamente
el Socialismo” (El Socialista, 1976c, pág. 5).
En este congreso, entre otras materias, también se abordó la “cuestión nacional” ligada a
Cataluña, interpretándose como una problemática originada en el contexto de lucha de clases
entre la burguesía catalana y los terratenientes castellanos, que había derivado en la lucha por
la autonomía de Cataluña, donde primaba el interés por lo local frente al desinterés por lo
ocurrido en el resto de España, siendo vista esta actitud, en opinión del PSOE, como una contradicción incompatible para el internacionalismo obrero ante el nacionalismo defendido en
Cataluña (El Socialista, 1976b, pág. 2). El propio Felipe González, consciente del centralismo
y unitarismo que había caracterizado la dictadura, desde la postura federalista defendida por el
partido, entendía que España (como instrumento al servicio de la población) debía ser utilizada
como “un concepto plurinacional y plurirregional” a fin de armonizar la diversidad existente
en el territorio, abogando por una mayor asunción de responsabilidades tanto en las estrategias
socialistas a nivel de España como en la dirección del movimiento socialista, por “las distintas
nacionalidades y regiones” (El Socialista, 1976a, pág. 4).
La cuestión nacional estará presente desde entonces, tratando de concebir una idea de lo que
es España y su unidad, y de cómo encajar en ella los distintos nacionalismos surgidos en el país;
así, en 1977 el partido defendía el federalismo como sistema integrador de los diversos sentires
que se daban en la península, a través de la defensa de la “instauración de una república fedeRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ral de trabajadores, integrada por todos los pueblos del Estado español” cuyo modelo de “una
España socialista y libre” sólo sería posible por medio de un ejército capaz de defender “por la
fuerza de las intromisiones o presiones de potencias concretas”, abogando por la supresión de
las bases militares estadounidenses en la país y la “creación progresiva de una tercera fuerza
militar real entre países que se encuentren en vías de constituir un socialismo democrático” (El
Socialista, 1977a, págs. 4-5); un planteamiento que rechazaba la incorporación de España a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte —OTAN— en favor de una mayor unidad con
Europa y la creación —utópica— de una unión alternativa en el sentido del Pacto de Varsovia
—aunque sin detallar la integración y estructura de esta fuerza—.
Las primeras elecciones democráticas en 41 años: las elecciones generales 1977
El 15 de junio de 1977, 3 meses y 21 días después de la legalización del PSOE, se celebraron
las primeras elecciones generales libres desde febrero de 1936, obteniendo la victoria el partido
Unión de Centro Democrático (UCD), seguido por el PSOE como segunda fuerza más votada, cuyo programa de 1977, compuesto por 27 páginas, se aproximaba a la cuestión nacional
partiendo de la siguiente premisa: “España está constituida por una serie de nacionalidades y
regiones diferenciadas” (PSOE, 1977, pág. 6). El partido era consciente de la realidad española,
negada por la dictadura, sobre las diferentes “lenguas, tradiciones y culturas” que “configuran
la personalidad propia de cada nacionalidad y región” de las que conforman España, siendo
por este motivo, que defendía “la unidad del Estado español” a través de “una fórmula constitucional libremente pactada y abierta tanto a las diferencias entre las distintas nacionalidades y
regiones como a la flexibilidad necesaria para su progresivo desarrollo y concreción” (PSOE,
1977, pág. 6) por medio de la protección de “la autonomía de cada nacionalidad y región con
unas instituciones en el plano político y en el plano económico capaces de asegurar la solidaridad entre todos los ciudadanos del país”, garantizando los derechos básicos de los españoles
(PSOE, 1977, pág. 7).
El programa de 1977 dedicaba un apartado al ejército, por el lugar relevante que se consideraba ocupaban en la defensa del país, y con el objetivo de paliar la falta de estructuras, formación y medios adecuados que padecía desde la dictadura, a fin de “responder a las necesidades
defensivas” de España, para lo cual se aducía que “todo militar debe sentirse pueblo y todo
pueblo debe sentirse ejército” (PSOE, 1977, pág. 23); sin obviar la posición que debía ocupar
el país en el contexto global, con un claro espíritu rupturista frente al pasado, oscilante “entre
una política estrechamente nacionalista y aislacionista y una entrega de hecho a la dominación
extranjera de las grandes potencias y de las empresas multinacionales” (PSOE, 1977, pág. 24).
El PSOE veía España como una comparsa en el enfrentamiento de la guerra fría y quería una
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demarcación que permitiese al país consolidarse neutral ante esta lucha, y desarrollarse frente al
ostracismo de las cuatro décadas previas, sin olvidar su carácter europeo (histórica y geográficamente) y la necesidad de formar parte del proceso integrador de Europa superando “nacionalismos caducos” y estableciendo “un marco para el desarrollo del socialismo, independiente de
los imperialismos y en cooperación con el tercer mundo” para lograr “una Europa democrática
y socialista” (PSOE, 1977, pág. 25); exposición que respondía al espíritu internacionalista que
ha acompañado históricamente al socialismo, y que era interpretado en clave española por el
fomento de la hermandad y la cooperación de los pueblos, en torno a las vecindades geográficas
e históricas (Europa, el norte de África y Latinoamérica) y con la exhortación a la liberación de
los pueblos oprimidos por “la dominación colonial o racista, o la opresión de las tiranías locales al servicio de los intereses imperialistas” a través de “una política concreta de cooperación
técnico-científica y financiera” (PSOE, 1977, pág. 26).
En este contexto histórico, es necesario recordar que en aquel tiempo existía el Partido Socialista Popular (PSP) heredero del denominado Partido Socialista del Interior (PSI) creado por
Enrique Tierno Galván en 1968, cuyo programa electoral de 1977 hacía mención a la cuestión
nacional respecto de la administración del Estado, aspirando a construir un “Estado regional”
en el que las nacionalidades y regiones históricas gozasen de autogobierno por medio de Estatutos, y la enseñanza pudiese ser impartida en “las lenguas vernáculas de las nacionalidades,
aceptando la cooficialidad de las mismas con el castellano” (La Alcarria Obrera, 2011).
Tras las elecciones de 1977, el Comité Federal del PSOE hizo un llamamiento a la unidad
del grupo catalán —Partido de los Socialistas de Cataluña – PSC— y del centro —PSP— (El
Socialista, 1977b, pág. 1), logrando el 25 de enero de 1978, que Felipe González y Tierno
Galván consiguiesen un acercamiento entre ambas formaciones, al reconocerse la ausencia de
barreras ideológicas (El Socialista, 1978a, pág. 1); surgiendo en el mes de febrero, un acuerdo
marco en el que se resolvieron las posibles discrepancias ideológicas, sindicales, organizativas
y de empleo de símbolos indistintamente —el puño y la paloma, el yunque junto con la pluma
y el libro, y el puño y la rosa— (El Socialista, 1978b, pág. 9); hasta que finalmente, el 30 de
abril de 1978, ambas agrupaciones se fusionaron en un único PSOE, democrático, fiel al legado
histórico —cuyo programa original, el conocido “programa máximo” de 1879, fue revisado por
Marx y Engels— y con un proyecto para lograr una nueva sociedad (El Socialista, 1978c, pág.
3), con lo que 99 años después de la fundación del partido el 2 de mayo de 1879 en una taberna
sita en la calle Tetuán, de Madrid —Casa Labra, aún abierta en la actualidad—, el PSOE volvió
a ser uno.
La Constitución española de 1978 y las elecciones generales de 1979
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El 6 de diciembre de 1978, España votó en referéndum a favor de la Constitución, publicada el
29 de diciembre del mismo año en el Boletín Oficial del Estado y vigente desde entonces —en
cuya redacción intervino como ponente del PSOE Gregorio Peces-Barba Martínez— la cual
regula la cuestión nacional en numerosos puntos de su articulado, como su artículo 2 —relativo
a “la indisoluble unidad de la Nación española” — artículo 3 —referente al castellano como
lengua española oficial del Estado, y la cooficialidad de las lenguas así contempladas en los
Estatutos de Autonomía, elemento de “patrimonio cultural” — o el artículo 145.1, que prohíbe
el federalismo. En el debate de redacción del articulado, debemos destacar lo ocurrido en torno
al artículo 2, ante la diversidad de opiniones que sostuvieron los ponentes, tratando de dar una
definición de las nacionalidades, debiendo destacar la exposición de Peces-Barba, quien en un
tono conciliador, sin entrar en el fondo del término nación, abordó la cuestión desde la consideración de España como un Estado plurinacional, “conjunto y la absorción de todas las demás”
(Delgado-Iribarren García-Campero, 2005).
El texto constitucional, recogía a su vez la disposición transitoria octava, por la cual, una vez
aprobada deberían convocarse elecciones, antes del 15 de junio de 1981, por lo que en cumplimiento de lo anterior, el 1 de marzo de 1979 se celebraron nuevas elecciones generales en España, que dieron la victoria a UCD, encontrándose de nuevo en segunda posición el PSOE; quien
acudió con un programa breve —de 31 páginas— en el cual, conscientes de la nueva etapa
democrática en que entraba el país, expresaban cómo constituía “uno de los retos más decisivos
(…) hacer efectivo el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” al considerar
que “la autonomía es el camino para acercar el poder a los ciudadanos” (PSOE, 1979, pág. 13).
Ante el centralismo que había caracterizado el periodo de la dictadura, el PSOE defendía la
progresiva elaboración de Estatutos de Autonomía para lograr el objetivo de descentralización
estatal, sin que se propusiese el establecimiento de una federación. Como disponía el propio
programa, uno de los principios que contemplaba para cumplir con la obtención de la autonomía
era “La preservación de la unidad de la nación española, la defensa de los intereses generales y
el cumplimiento de los fines del Estado” (PSOE, 1979, pág. 13); a través de su descentralización —que requería de la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas, la simplificación y unidad administrativa, y la coordinación de las haciendas autonómicas con la Hacienda
General del Estado— y la ruptura de implicación con alguno de los bloques antagónicos de la
guerra fría, manteniendo una posición de hermanamiento con los pueblos latinoamericanos y de
condena de aquellos sometidos a la colonización (PSOE, 1979, págs. 17-19).
Ese mismo año, el 28 y 29 de septiembre, se celebró en Madrid el Congreso Extraordinario
del PSOE, fecha que supuso un punto de ruptura histórica en las filas del PSOE, similar a lo
ocurrido con el Congreso de 1921, al procederse al abandono del marxismo por el partido, al
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pronunciar Felipe González “No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, no se puede,
compañeros. Hay que hacerlo críticamente, hay que ser socialistas antes que marxistas” (El
País, 1979).
El PSOE hasta las elecciones generales 1982, y su primer gobierno
Entre los días 28 y 30 de mayo de 1980, Felipe González presentó una moción de censura
contra Adolfo Suárez, que, si bien no prosperó, desgastó su imagen, llevándole a presentar su
dimisión el 29 de enero de 1981. Ese mismo año, el 23 de febrero, la recién nacida democracia
enfrentó el intento de golpe de Estado, comandado por el teniente coronel de la guardia civil
Antonio Tejero Molina, quien irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la votación de
investidura de Calvo-Sotelo, al mando de un grupo de doscientos guardias civiles al grito de
“¡Quieto todo el mundo!”; al cual se sumó el mismo día el teniente general Jaime Milans del
Bosch y Ussía, quien sublevándose con los golpistas, sacó los tanques a las calles de la ciudad
de Valencia. La madrugada del 24 de febrero, su majestad el rey Juan Carlos dio un mensaje
televisado en el que, dirigiéndose a todos los españoles, ordenaba a las autoridades civiles y a
la Junta de Jefes del Estado Mayor, a que tomasen “todas las medidas necesarias para mantener
el orden constitucional dentro de la legalidad vigente” (RTVE, 1981). A partir de este momento
el golpe comienza a desmoronarse hasta que en la mañana del día 24, Tejero firma su rendición
tras salir del Congreso de los Diputados, sin que se sepa a día de hoy de forma fehaciente, quien
fue el organizador de esta frustrada sublevación.
Tres días después, el 27 de febrero se celebraron en toda España manifestaciones “por la libertad, la democracia y la Constitución”, con más de un millón de personas en la ciudad de Madrid, donde al grito de “¡Dictadura no!¡Democracia sí!”, “¡Libertad, libertad!” y “Depuración”,
España expresó la intención de romper con el pasado (El Socialista, 1981, págs. 4-5). Superada
la intentona golpista, la democracia siguió su curso normal, y la campaña de oposición, el desgaste político interno de UCD, y el recrudecimiento del terrorismo, entre otras causas, hizo que
los españoles diesen en las urnas la mayoría al PSOE el 28 de octubre de 1982, una victoria
que dio comienzo a una nueva etapa en el país, reflejada en la frase expresada por el entonces
nuevo vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra González: “A España no la va a conocer ni
la madre que la parió”.
A las elecciones de 1982, el PSOE se presentó con un programa de 47 páginas, con el título
“Por el cambio”, incidiendo en la cuestión nacional con estas palabras: “El Estado ha de ser garante de la convivencia democrática y de la solidaridad entre los españoles y entre las nacionalidades y regiones de España” (PSOE, 1982, pág. 40); para lo cual hacía una remisión implícita
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al artículo 40 de la Constitución, a través del parafraseo de su contenido3:
(El Estado) tiene, además, según la Constitución, la obligación de promover las condiciones
más favorables para el progreso social y económico y para una distribución equitativa de la
renta personal y regional. Tiene también el deber de crear las condiciones que hagan real y
efectiva la libertad y la igualdad entre los españoles (PSOE, 1982, pág. 40).
La Constitución creó el Estado de las Autonomías, una fórmula de descentralización a medio camino entre el régimen centralista anterior y el federalismo prohibido, concibiéndose el
Estado como propiedad constitucional de la ciudadanía, no de una minoría, ya que de lo contrario se correría el peligro de pervertir la función del Estado, y la gestión de los intereses de la
ciudadanía:
El Estado pertenece constitucionalmente a los ciudadanos. No corresponde a ninguna burocracia ni civil ni militar. Cuando esto se olvida, los intereses burocráticos se anteponen a los
verdaderos intereses públicos, los aparatos burocráticos crecen más allá de lo razonable, se
derrochan los recursos públicos, se debilita la creatividad de la sociedad y se tiende a llevar
al ciudadano a una actitud pasiva de beneficiario o pasivo (PSOE, 1982, pág. 40).
Para evitar el conformismo y la indiferencia ciudadana, la sociedad debía participar en el Estado, un instrumento a su servicio que dependía de él, a fin de que “el Estado se halle de verdad
al servicio de los ciudadanos” (PSOE, 1982, pág. 40). En este contexto, ante la pluralidad de
nacionalidades sentidas por la ciudadanía española y en pos de conseguir la descentralización
estatal, el Estado de las Autonomías era entendido como el sistema para lograr dar cabida a esta
pluralidad; donde el Estado operaría como garante de la actuación solidaria entre las Comunidades Autónomas —a través del correcto funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial y el desarrollo de la política regional— calificando el programa este objetivo como
“una de las tareas más hermosas y complejas de la democracia española (…) uno de los planes
básicos de la política socialista” (PSOE, 1982, pág. 42).
Otro aspecto recogido por el programa de 1982 fue la posición de España en el mundo, defendiendo la necesidad de contar con un espacio libre de injerencias, que permitiese desarrollar
la labor pacifica del país, contribuyendo “activamente a la causa de la paz, de la libertad, de
3 “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional
y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno
empleo” (Cortes Españolas, 1978).
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la justicia y del progreso en el mundo (PSOE, 1982, pág. 45). Con esta premisa, y en un claro
ejercicio de coherencia de pensamiento, el PSOE mantuvo y desarrolló la postura mantenida en los programas previos respecto de la condena y la lucha contra las diversas formas de
opresión existentes, siendo conscientes de la especial situación de España en el mundo, como
“país occidental y europeo, con una dimensión mediterránea y una proyección americana que
lo diferencia de otras naciones europeas” situado “en la encrucijada de varias culturas y de
varios continentes”, encontrándose entre las prioridades del programa el fortalecimiento de las
relaciones con América Latina, por medio de “la cooperación política, económica y cultural”
(PSOE, 1982, pág. 46).
La llegada al poder de Felipe González va a tener por finalidad la culminación del Estado de
las Autonomías, iniciado en 1979 —con la aprobación de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco— desarrollado durante 1981 —Galicia, Andalucía, Asturias, y Cantabria— y
1982 —La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, y Navarra— a través del impulso de los Estatutos que estaban pendientes de aprobación
—Castilla y León, Ceuta, Comunidad de Madrid, Extremadura, Islas Baleares, y Melilla—.
El primer gobierno socialista tuvo que afrontar la finalización de la descentralización estatal,
en un escenario de crisis económica que arrastraba el país desde el comienzo de la crisis del
petróleo de 1973, que llevó a que en 1983, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico —OCDE— augurase para España un índice de desempleo del 17% y un crecimiento económico del 2% (Díez, 1983, pág. 28), situación que manifestó Felipe González durante
la cumbre de Paris organizada por el Partido Socialista Francés en enero de 1983, al expresar
que existía “mucho egoísmo nacional y de esa manera no hay soluciones, porque de esta crisis
no se sale con egoísmos nacionales, luchando cada país en solitario. Sin la solidaridad entre
las naciones no hay salida” (El Socialista, 1983a, pág. 11); unido al problema del terrorismo,
principalmente de ETA, ante el cual González, preguntado sobre las negociaciones con la banda
respondía: “No estoy dispuesto a que se ponga en cuestión la unidad de España. La discusión,
el debate, será siempre dentro de los límites de la Constitución” (El Socialista, 1983a, pág. 15);
una situación que motivó una guerra sucia iniciada para combatirlo —recordando que desde la
promulgación de la amnistía habían sido asesinados 200 miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado— e investigada por el gobierno, por ser considerada esta guerra sucia, en palabras de
González “el asesinato, lo practique quien lo practique” (El Socialista, 1983b, pág. 11).
En diciembre de 1984, el PSOE celebró su XXX Congreso, “España, compromiso de solidaridad”, el primero celebrado tras haber logrado el partido el gobierno del país, en el que se
definió la postura del PSOE respecto de la permanencia de España en la OTAN, pese a haberse
opuesto anteriormente. En este Congreso, Felipe González dio muestra de su pragmatismo poRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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lítico, como sintetizaban sus palabras:
Si yo tuviera que tomar la decisión de incorporar España a la Alianza, creo que no la tomaría, pero estamos dentro de la Alianza, con países como Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Canadá, EEUU, Holanda o Bélgica (…) soy absolutamente consciente de que ésta es la
realidad de España (…) cuando hablo de mantener el estatus actual lo estoy haciendo con
la cabeza, no con el corazón, con una gran frialdad, analizando qué es lo que favorece a
España y qué es lo que la perjudica (El Socialista, 1984a, pág. 3).
Con 266 votos a favor, 394 en contra y 23 abstenciones, se decidió que el partido no pidiese
la salida de España de la OTAN (El Socialista, 1984b, pág. 3) acto que configuró la posición del
país como actor internacional, europeo y occidental4, consciente y realista ante los cambios que
atravesaba el planeta, en un determinado escenario económico, donde primaba la apertura ante
el aislamiento que arrastraba el país, como recogió la resolución del Congreso:
España, como país europeo occidental, participa del proceso de cambio global que se produce en la actual etapa del capitalismo. De una sociedad aislada del exterior estamos pasando a una sociedad mucho más abierta, en la que se han intensificado extraordinariamente los intercambios con los demás países, a nivel social, económico e ideológico (El
Socialista, 1985, pág. 2).
Fruto del XXX Congreso, se elaboró el documento “Una política de paz y seguridad” donde
se reconocía la inminente incorporación económica e institucional, así como su posición geoestratégica clave, en Europa; razón por la que se consideraba que la permanencia de España en la
OTAN contribuía a garantizar la paz y la seguridad, al no perturbar el equilibrio de fuerzas de
la guerra fría (El Socialista, 1985b, pág. 7). Del mismo modo, ante la situación exterior, en el
plano interno del país, el Estado de las Autonomías era visto como “una exigencia del desarrollo y consolidación de la democracia” (El Socialista, 1985a, pág. 14).
España no podía ocupar su posición europea y occidental sin democracia, por lo que conscientes de la situación, se reafirmó en el Congreso que “La continuidad del proceso autonómico
es la mejor garantía para la defensa y promoción de la identidad propia de los distintos pueblos
de España” (El Socialista, 1985a, pág. 14), exposición que delimitaba la hoja de ruta a seguir

4 Una posición que se consolidó con la firma por Felipe González, del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, el 12 de junio de 1985.
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por el Partido, en favor de mantener la descentralización y el fomento de la responsabilidad y
la solidaridad entre las Comunidades Autónomas y sus ciudadanos, iguales pese a sus señas
propias de identidad, en la unidad de España.
El segundo gobierno del PSOE: las elecciones generales 1986
El 1 de enero de 1986 España se incorporó oficialmente a las Comunidades Europeas, cuya
primera muestra fue el establecimiento de la igualdad del sistema tributario español respecto del resto de miembros europeos, a través del Impuesto sobre el Valor Añadido —IVA—
que sustituyó 24 impuestos indirectos, encareciendo algunos productos básicos (El Socialista,
1986a, pág. 8); a su vez, el 19 de enero del mismo año, como consecuencia de la incorporación
europea, España estableció relaciones diplomáticas con Israel —35 años después de su fundación— una reparación de la ruptura con el pueblo judío, iniciada con su expulsión en 1492 (El
Socialista, 1986b, pág. 3).
El 30 de enero, se produjo la jura de la Constitución ante las Cortes, por su alteza real el
príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, al alcanzar este su mayoría de edad, en un
acto que simbolizaba el sometimiento al derecho y al sistema parlamentario representativo y
el compromiso de servicio a las instituciones, y de lealtad al Rey, del futuro monarca —actual
Felipe VI—, como recogen las palabras del entonces presidente del Congreso de los Diputados,
Gregorio Peces-Barba Martínez:
Alteza Real: con el Juramento que vais a prestar estáis simbolizando vuestro sometimiento
al Derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentarlo representativo que nuestra Constitución establece, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y
vuestra lealtad al Rey. Hoy es un día grande para la democracia, para la Monarquía, y para
todos los hombres y mujeres de esa España viva y plural de las Autonomías (Congreso de
los Diputados, 1986).
La España de 1986 es monárquica, europea, abierta al establecimiento de nuevas relaciones
internacionales y práctica en lo político, como demostró el referéndum sobre la permanencia
de España en la OTAN, una arriesgada maniobra política que mostraba la importancia que representaba la democracia para el gobierno socialista, al anteponer la decisión de la ciudadanía
sobre un tema que era trascendental para el conjunto del país. Celebrado el 12 de marzo de
1986, tras una campaña en la que se sucedieron los movimientos a favor y en contra de la permanencia española en la OTAN, se impuso el sí, con el 52,53% de los votos, con un porcentaje
de participación en el referéndum del 59,73% (El Socialista, 1986c, pág. 3).
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El 11 de abril de 1986, el PSOE celebró un Comité Federal extraordinario para reprobar
internamente —por 82 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones— la falta de disciplina de
algunos miembros que se mostraron contrarios a la petición de voto favorable por el sí, durante
la campaña sobre el referéndum de la Alianza Atlántica, anteponiendo criterios personales a la
decisión adoptada previamente por el partido, lo cual fue entendido como un acto de deslealtad política; e igualmente, durante el Comité Federal, Manuel Chaves, secretario de asuntos
sociales, económicos y sindicales de la Comisión de la Ejecutiva Federal, y coordinador del
equipo de trabajo de elaboración del programa electoral de 1986, expuso el avance del mismo,
indicando que la línea a seguir sería similar al programa de 1982 (El Socialista, 1986d, pág. 3).
El programa electoral de 1986, titulado “Para seguir avanzando, por buen camino” constaba
de 124 páginas, destacando el tratamiento que se efectuaba de la cuestión nacional, no como un
fenómeno aislado del país, sino en relación a Europa —cuestión que se explica por la incorporación del país a la CEE—. En concreto, el apartado dedicado por el programa a tratar ese tema
llevaba por rubrica “Adaptación a Europa y a los nuevos instrumentos de gestión”.
Para el PSOE, tal y como recoge su programa del 86, el garante de la aplicación y funcionamiento de la política comunitaria era el Estado, requiriéndose para ello de “la coordinación,
lealtad, confianza y solidaridad de los distintos poderes públicos” (PSOE, 1986, pág. 108),
partiendo de la necesidad de organizar y coordinar el funcionamiento de la Administración del
Estado tanto en el centro y las periferias, como entre el Gobierno y las Autonomías (PSOE,
1986, pág. 97). El programa de 1986 mantenía así el continuismo en el abordaje de la cuestión
nacional —salvo la novedad de adaptación europea— como consolidación del proyecto del
Estado de las Autonomías iniciado con la Constitución de 1978, recordando en su texto como
al momento de acceder al cargo los socialistas, el proyecto se encontraba en sus inicios, calificando de trascendental “la superación del Estado autoritario y centralizado” que caracterizó
al régimen anterior —que mantuvo adeptos contrarios a la reforma— y que había sido posible
“gracias al empeño de la mayoría de los españoles” (PSOE, 1986, pág. 105).
La consolidación institucional se preveía a través de la coordinación y la cooperación entre
las administraciones públicas, donde el gobierno de la Nación era el único legitimado democráticamente para definir y ejecutar políticas nacionales (PSOE, 1986, pág. 106) confirmando así
la apuesta por un Estado de las Autonomías, donde el gobierno de la Nación era un primus inter
pares; mientras que en el marco internacional, el Partido se presentaba a las elecciones, con una
labor continuista de la cooperación de su gobierno ante América Latina “en pro de la paz, la libertad, la defensa de los derechos humanos y el logro de mayores cotas de bienestar y progreso
para sus pueblos” (PSOE, 1986, pág. 111); donde todos los lineamientos de exposición de política exterior respondían a la necesidad de España de contar con una credibilidad internacional
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en el marco de las relaciones que mantenía con otros países, lo cual formaba parte de un proceso
que requería desarrollo y fortalecimiento, que se basaba en “Garantizar la integridad territorial,
la soberanía nacional y la seguridad de España (PSOE, 1986, pág. 112).
Durante la campaña de estas elecciones, por primera vez se empleó en España el mensaje
telefónico como publicidad electoral, donde el receptor de la llamada escuchaba la voz grabada
del propio presidente del gobierno (El Socialista, 1986e, pág. 5). El 22 de junio, el pueblo español cumplió con su cita ante las urnas, con una participación del 70,77%, en la que el PSOE
se mantuvo como la principal fuerza política del país, con el respaldo del 44,06% de los votos
(El Socialista, 1986f, pág. 1), garantizando con ello el desarrollo de las políticas socialistas en
España, como expresaba Felipe González la noche del 22 de junio:
Estos resultados hacen posible la continuidad y estabilidad del proyecto de progreso en el
que hemos venido trabajando. Reiteramos la voluntad de que nuestra acción de gobierno
esté presidida por un espíritu de diálogo, acuerdo y cooperación con todas las fuerzas políticas y sociales, así como las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y demás
instituciones del Estado (El Socialista, 1986f, pág. 3).
El tercer gobierno del PSOE: las elecciones generales 1989
Del 20 al 22 de junio de 1986 se celebró el XVII Congreso de la Internacional Socialista, en
Lima —Perú— siendo la primera vez que se reunía en un país de América Latina (El Socialista, 1986, pág. 7), una región que al igual que España, estaba afectada por la crisis económica
mundial, agravada por el déficit estructural de estos países, la desigualdad, la inexistencia de
políticas a largo plazo y de un proyecto nacional (Casilda, 1986, pág. 10).
Con una derecha descabezada, tras la renuncia de Manuel Fraga Iribarne al frente del partido
Alianza Popular —AP— algunas voces de las filas socialistas alertaban de las repercusiones
que podía tener esta situación sobre la democracia española, al generar un panorama de ausencia de alternativa que convirtiese el voto en el PSOE “en el voto por el mal menor, por lo malo
conocido” (Paramio, 1986, pág. 3). La crisis afectaba a España, y existía descontento por la
situación económica del momento: la cesta de la compra había ascendido de 20.315 pesetas en
1982 a 30.270 pesetas en 1987 (El Socialista, 1987a, pág. IV), siendo muestra de la inflación
del país, que afrontaba un proceso de reconversión industrial desde la promulgación del Real
Decreto-Ley 30 de noviembre de 1983; además, en 1987 el gobierno tuvo que afrontar: una
moción de censura que no prosperó por 195 votos en contra, frente a 67 votos a favor y 71
abstenciones (El Socialista, 1987a, pág. IV); unos enfrentamientos en la localidad de Reinosa,
en Cantabria, ante la reconversión industrial de la industria Forjas y Aceros —que daba trabajo
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a 1.763 personas de las 13.000 que habitaban la localidad— la cual preveía la pérdida de 463
puestos de trabajo (El País, 1987) que se saldaron con la muerte del trabajador Gonzalo Ruiz el
5 de mayo (Delgado , 1987); y el recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA, con atentados como el de Hipercor, el 11 de junio en Barcelona —con 21 muertos, de los cuales cuatro
eran niños, y 45 heridos—, o el de la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre —con 11
muertos, entre los que se encontraban cinco niños y un adolescente, y alrededor de 90 heridos—
(Ceberio Belaza, 2018).
Frente a este escenario, el PSOE celebró entre el 22 y el 24 de enero de 1988 su XXXI
Congreso, en el cual Felipe González manifestó su firme convicción en el partido que lideraba
“capaz de articular el conjunto de la sociedad española, capaz de darle cohesión al Estado, capaz de asumir su responsabilidad en la lucha contra el terrorismo, en la superación de la crisis
económica y capaz de llevar adelante las responsabilidades del Gobierno” (El Socialista, 1988,
pág. 3). En el contexto de este Congreso, se presentaron los primeros resultados del llamado
“Programa 2000”. Una comisión de trabajo del partido, que comprendería de 1987 a 1990, para
recoger propuestas en materia de economía, política y sociología, con la intención de obtener
conclusiones sobre cuáles serían las tendencias para el año 2000 (El Socialista, 1987b, pág. 3)
con la siguiente finalidad: “Reconstruir una ideología operativa, un programa básico de estrategias capaz de propiciar la innovación social que España reclama” (Escudero, 1987, pág. 7). De
este Congreso debe destacarse la aprobación, por mayoría absoluta, en los Estatutos Federales
del partido, de la creación de un sistema de cuotas para garantizar la presencia de la mujer en
la directiva del partido, en un porcentaje que no fuese inferior al 25% (El Socialista, 1988, pág.
15) y de igual forma, con la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 1/1988, de 22 de febrero, se reguló la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
Con estas medidas, el PSOE mostraba su compromiso con las mujeres, en una clara maniobra de aperturismo social, necesario para el régimen democrático que se estaba consolidando
en aquellos años; una democracia a la que Felipe González aludía en el discurso de cierre del
XXXI Congreso, pronunciando unas palabras que pueden aplicarse hoy, en pleno siglo XXI:
La democracia sigue siendo el menos malo de todos los sistemas, el más digno, el más noble,
el que es capaz de poner al descubierto los defectos de cada cual. Pero la democracia tienes
sus reglas; y a veces uno tiene el sentimiento de que inconsciente o conscientemente esas
reglas se están vulnerando. Esas reglas se vulneran con grave daño cuando se desprestigia
la política y a los políticos en general: todos son iguales, todos vienen a aprovecharse, sean
de donde sean y (añaden algunos en voz baja) si no se han aprovechado es que son tontos.
¿En qué quedamos? (El Socialista, 1988, pág. 13).
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En enero de 1989, España asumió por primera vez la presidencia semestral de la Comunidad
Europea, la cual estuvo marcada, como expuso el entonces ministro de Asuntos Exteriores,
Francisco Fernández Ordoñez, por Europa, el Mercado Interior, los ciudadanos y el espacio
social europeo (El Socialista, 1989a, pág. 4); ese mismo año, siete meses antes de lo previsto,
Felipe González decidió convocar elecciones para el 29 de octubre (El Socialista, 1989b, pág.
3) en las cuales habría conseguido por tercera vez mayoría absoluta, con el respaldo del 39,55%
de los votos, tras una participación del 69,92% (El Socialista, 1989c, pág. 1) si no hubiese sido
por la decisión de la Junta Electoral Provincial de Murcia de dar el noveno escaño de esta provincia a Izquierda Unida —IU—, en perjuicio del PSOE (El Socialista, 1989d, pág. 4), aunque
fue una mayoría absoluta de facto, al obtener 175 escaños de los 176 necesarios, debido a que
los diputados del partido Herri Batasuna, estuvieron ausentes durante toda la legislatura. El 20
de noviembre de ese año, el diputado Iñaki Esnaola, sufrió un atentado, en el que murió el diputado Josu Muguruza, siendo nombrados como sustitutos Rafael Diez Usabiaga y Ángel Alcalde,
respectivamente, pero todos ellos, junto a Itziar Aizpurúa y Jon Idígoras, fueron suspendidos
durante toda la legislatura, por no utilizar la fórmula oficial de acatamiento de la Constitución
(El País, 1989) (El País, 1991).
A esta cita electoral, el PSOE acudió con el programa “España en progreso” de 76 páginas,
con la visión puesta en 1992, año en que se iban a celebrar numerosos eventos de trascendencia
para los españoles: “La creación del Mercado Único Europeo, la conmemoración del Quinto
Centenario del Descubrimiento de América, la celebración de la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la elección de Madrid como Capital Cultural de
Europa”; siendo visto ese año como “una oportunidad para impulsar España” y demostrar el
grado de integración y apertura internacional alcanzado por el país, viéndose Europa, desde el
proyecto socialista, como el medio necesario para fortalecer la situación interna (PSOE, 1989,
págs. 5-8).
Se deduce del programa que la visión socialista respecto del país comprendía tres posiciones
interconectadas: España en Europa, como parte del proyecto de integración; España con Europa, en la defensa y promoción de las condiciones que propugna; y España frente a Europa,
al no negar el desarrollo de un proyecto nacional propio, en paralelo al desarrollo de la Unión
Europea. En el mismo sentido, Europa era vista como un medio, y no un fin, “para conseguir un
espacio común con más empleo y progreso social” (PSOE, 1989, pág. 8), dedicando en el plano
cultural, un apartado a las lenguas del país considerándolo “un patrimonio enriquecedor, cuya
preservación, estímulo y difusión son objetivos deseables” para lo cual se preveía la promoción
de “medidas e incentivos específicos para la conservación y conocimiento de estas culturas y
lenguas, tanto en España como en su proyección internacional” (PSOE, 1989, pág. 60).
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El PSOE comprendía la riqueza cultural del país, tanto a nivel nacional, como en los distintos
niveles regionales, asumiendo la importancia de defender y difundir este patrimonio inmaterial
de todos los españoles, como elemento cohesionador dentro y fuera de nuestras fronteras: “La
cultura española aspira a consolidar su papel en el mundo (…) Los socialistas españoles reivindicamos el papel de la cultura en la construcción de Europa” (PSOE, 1989, pág. 61). Asimismo,
en el documento se consolidaba la evolución programática del PSOE en Iberoamérica, fijando
como principios orientadores de su actividad “la paz en Centroamérica, la democratización del
Continente y el desarrollo y progreso de sus pueblos”; situación en que destacó la defensa a los
incipientes procesos democráticos de Chile y Paraguay (PSOE, 1989, pág. 75).
El cuarto gobierno del PSOE hasta las elecciones generales 1993
A comienzos de 1990, la Unión Soviética se estaba desmoronando con el consecuente efecto
que esto producía en los movimientos de izquierda del mundo entero. El mes de noviembre
de 1989 los berlineses acabaron con el muro que había dividido su ciudad durante 28 años,
mientras que los países del Este europeo llevaban años organizándose para lograr la independencia, y el ejército soviético seguía combatiendo en la guerra de Afganistán. Los discursos de
izquierda necesitaban una renovación, incluidos los socialdemócratas, ante el riesgo de caer en
el anquilosamiento ideológico y la incapacidad de ofrecer un modelo a seguir. Por este motivo,
el 18 de enero de 1990, se presentó el borrador del manifiesto del Programa 2000, fruto de las
investigaciones realizadas los tres años previos, con el fin de renovar el proyecto socialista (El
Socialista, 1990a, pág. 7), cuya versión definitiva se publicó en junio de ese año (Escuerdo
Zamora, 1990, pág. 6).
El documento, considerado la guía del proyecto socialista para alcanzar un cambio social y
acabar con la explotación —con el apoyo mayoritario de la sociedad— reconocía el papel que
cumple el Estado, a quien se le requería la asunción de nuevas atribuciones tendentes a garantizar el reparto de la prosperidad y el sostenimiento de la democracia (El Socialista, 1990b, pág.
7). A través de este documento, el PSOE defendía una formula federalista —pese a utilizar la
terminología constitucional de Estado de las Autonomías— por entender que solo a través de
ella es como se podía lograr una verdadera democracia, rompiendo con el sistema centralista,
en un ejercicio de coherencia con el pensamiento progresista, sin omitir también la crisis que
atravesaba en aquellos años el comunismo:
Tras setenta y tres años de utopías revolucionarias, convertidas en terror político, la propia
Unión Soviética ha hecho saltar en mil pedazos el referente ideológico del comunismo (…)
la renovación del proyecto del socialismo democrático adquiere así el compromiso de conRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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vertirse en plataforma para el encuentro de toda la izquierda (El Socialista, 1990b, pág. 10).
El PSOE consideraba que la democracia es el camino, y la socialdemocracia debía ser la
piedra angular sobre la que descansase la política de la izquierda, al entenderse que:
La democracia es una conquista histórica que ha de seguir siendo cincel para modelar el
cambio social hacia una nueva sociedad, en la que el poder, la renta y la riqueza estén repartidas de tal modo que creen las bases materiales para la completa emancipación social
(El Socialista, 1990b, pág. 10).
Ante el descalabro soviético —cuyo último presidente, Mijail Gorbachov, fue el primer y
único dirigente de este país que visitó España, entre el 26 y 28 de octubre de 1990 (El Socialista,
1990c, pág. 13)— el PSOE veía en la socialdemocracia un sólido cimiento frente a otras alternativas, gracias a los principios que habían caracterizado el movimiento: “Talante de seriedad,
de rigor, de sentido de la disciplina, de sentido de la solidaridad (…) de mantenimiento por
encima de todo de un espíritu solidario con los compañeros y de acatamiento a las normas de
funcionamiento democrático interno del partido” (Tezanos, 1990, pág. 9).
La situación internacional fue reconocida en el XXXII Congreso del PSOE, celebrado en
noviembre de 1990. En él, si bien se celebró la caída del Muro de Berlín —el mismo día de
apertura del congreso— como el propio González expresó, se corría el riesgo de que el fracaso
comunista constituyese la sacralización del sistema capitalista, frente a la idea socialista del
mercado como un instrumento de generación de riqueza que debe redistribuirla con la ejecución de políticas dirigidas a ese fin (El Socialista, 1990d, pág. 3). Ante la deriva comunista, el
socialismo se enfrentaba ante el reto de asumir el pleno liderazgo de la izquierda y plantear
alternativas y soluciones a los problemas de la sociedad. Para ello, como se reconoció en el VII
encuentro sobre el futuro del socialismo, celebrado en Madrid el 12-14 de diciembre de 1991,
una de las claves era la recuperación del internacionalismo por parte de la izquierda, para lograr
un fortalecimiento de la solidaridad mundial entre los países del norte y del sur (El Socialista, 1991, pág. 9). Ese internacionalismo fue el aplicado por el PSOE en estos años, logrando
posicionar a España en la esfera internacional como un defensor incondicional de la paz a
cualquier precio, como demostró el aporte al bloqueo internacional contra Sadam Hussein o la
intervención humanitaria durante la guerra de los Balcanes, la celebración de la conferencia de
paz de Madrid en octubre de 1991, la firma del Acuerdo de Maastricht, o la propuesta de Felipe
González de crear la ciudadanía europea.
Entre los días 19 y 20 de junio de 1992, el PSOE celebró su Comité Federal, del cual se
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aprobó la resolución “Objetivo 97”, en el que conscientes de este nuevo escenario mundial, se
fijaba como meta que España llegase a ser “un país a la cabeza del desarrollo económico, un
país eficiente y un país socialmente integrado” no sin antes reconocer que para ello se requeriría
un esfuerzo ciudadano: “Una meta colectiva, no solo por su importancia, sino porque implica
un cambio cultural: superar la ilusión de la ganancia fácil y valorar la importancia del esfuerzo,
del trabajo bien hecho” (El Socialista, 1992, pág. 7).
España atravesaba una delicada situación como consecuencia del paro y los escándalos de
corrupción que estaban salpicando al gobierno, poniendo en peligro el proyecto socialista. Ante
este escenario, Francisco Fernández Marugán fue nombrado coordinador de los trabajos de
elaboración del programa electoral de las elecciones de 1993 (El Socialista, 1993a, pág. 36) y
Felipe González decidió adelantar las elecciones al 6 de junio de ese año, ante el bloqueo institucional que se desarrollaba en el país (El Socialista, 1993b, pág. 21).
El documento obtenido de estos trabajos fue “El programa de la mayoría”, de 98 páginas,
en cuyo comienzo se explicaba cómo España ocupaba el puesto prioritario de sus políticas, sin
olvidar Europa ni el Estado de las Autonomías —bajo la mención de la cohesión nacional y la
solidaridad— (PSOE, 1993, pág. 3). El Estado de las Autonomías era una realidad, pero ante la
descentralización alcanzada, se debía evitar el riesgo de caer en la ruptura, y en la desaparición
de la nación española por el éxito de las naciones que la conforman: “Un Estado tan descentralizado como el español, debe plantearse el mantenimiento de los factores de vertebración que
nos configuran como una nación, en la que todos los ciudadanos gozan de idénticos derechos
en cualquier lugar del territorio” (PSOE, 1993, pág. 81).
El país se encontraba en plena recesión económica, aunque se avistaban ya elementos de
recuperación. Pese a esta situación, el Estado había conseguido la descentralización iniciada
con la Constitución de 1978, sin omitir la unidad entre las distintas regiones: “España es uno
de los Estados más descentralizados del mundo habiendo solucionado unos de sus problemas
históricos. La cohesión territorial es el complemento ineludible de la cohesión social” (PSOE,
1993, pág. 8). A pesar de la descentralización alcanzada, esto no implicaba un desentendimiento
de la cuestión cultural como algo exclusivo de cada autonomía, sino como parte de un proyecto común nacional (PSOE, 1993, pág. 70); y en el ámbito internacional, el programa de 1993
contemplaba la continuidad del proyecto de consolidación europea, en vista de lograr un mayor
protagonismo de España en la integración económica, así como conseguir un posicionamiento
en el eje Mediterráneo a través de la defensa de la paz y los derechos humanos, de acuerdo al
mandato de Naciones Unidas para construir un nuevo mundo tras la superación de la guerra fría,
fijando sus ejes de actuación “en el ámbito del Mediterráneo y en la consolidación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones” (PSOE, 1993, pág. 9), al ser imposible negar los especiales
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vínculos existentes entre España e Iberoamérica, por su “vinculación histórica y cultural” que
“constituye un espléndido activo humano y un valioso instrumento diplomático para ambas
partes” (PSOE, 1993, pág. 95).
En 1993, recién colapsado el mundo comunista, la socialdemocracia del PSOE mostraba
su compromiso con el internacionalismo a través de la solidaridad y la cooperación entre los
Estados, y la promoción y defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz; así como
la protección de los desfavorecidos, tal y como reconocía el programa al decir que “La inmigración legal y controlada es algo positivo para nuestro país”; a la vez que declaraba el “firme
compromiso de lucha política, jurídica y cultural contra el racismo y la xenofobia” (PSOE,
1993, págs. 64-65), propuestas que permitieron que Felipe González consiguiese imponerse
en las urnas, con el 38,68% de los votos de una participación del 77.28% de la ciudadanía (El
Socialista, 1993c, pág. 20), pero las elecciones de 6 de junio de 1993 constituyeron su última
victoria electoral y la última alcanzada por el PSOE hasta el año 2004.
La derrota electoral de González en las elecciones generales 1996
Como manifestaba Felipe González ante la proximidad del XXXIII Congreso del PSOE, celebrado el 18-20 de marzo de 1994, el paro era la principal preocupación de la sociedad española
(Gonzalez, 1993, pág. 6). La última legislatura socialista en años se enfrentó al problema del
empleo, al que se sumaría la credibilidad del sistema bancario español —con el caso Banesto—
y la incertidumbre en torno a los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL, llegando a ser
preguntado abiertamente el presidente por el periodista Iñaki Gabilondo en una entrevista de
1995 sobre si había organizado él estos grupos.
Son los años del “¡Váyase señor González!” como acuñó José María Aznar —líder del Partido Popular— durante el debate sobre el estado de la nación de 1994, y el rechazo de los
presupuestos generales de 1995, los primeros que no fueron admitidos en la historia del país,
llevando a una situación de crispación que desembocó en la disolución de las Cortes el 8 de
enero de 1996 y a la convocatoria de elecciones para el 3 de marzo de ese mismo año.
A esta cita electoral el PSOE acudió con un programa sin título, de 226 páginas, el más
extenso redactado hasta el momento. El partido asumía la delicada situación que atravesaba el
país —la cual podríamos hacer extensible a la actualidad—:
las elecciones de marzo van a tener lugar en medio de una crisis política innegable. Se ha
extendido una sensación de malestar sobre el modo en que funciona el sistema democrático
(…) nuestra vida pública atraviesa una fase de ensimismamiento y de tensiones que nos impiden centrar la atención en los auténticos retos del futuro (…) los españoles se encuentran
hoy perplejos ante lo que puede pasar, y demandan claridad sobre las perspectivas de futuro
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(PSOE, 1996, pág. 10).
El documento abría con una declaración de intenciones del país: “Vivimos abiertos a Europa
y al mundo”; a la par que exponía que “ya no somos diferentes” (PSOE, 1996, pág. 7) mostrando cómo España había abandonado definitivamente el ostracismo de las décadas pasadas,
habiendo alcanzado una posición de país desarrollado, posicionado internacionalmente e integrado en el contexto europeo, abriendo el espectro de posibilidades al futuro nacional: “Hemos
unido nuestra suerte a la del resto de los países del continente, y nuestra presencia en la Unión
Europea nos permite afrontar con optimismo muchos de los retos que depara el futuro” (PSOE,
1996, pág. 12).
A pesar de las oportunidades que podía abrigar el porvenir, el PSOE era consciente de la
necesidad de la unidad y el esfuerzo nacional para lograr el aprovechamiento de las mismas.
El desgaste político provocado por los incansables años de crisis, la proliferación de los casos
de corrupción que salpicaban al gobierno y la consolidación de la derecha, como alternativa
realista, llevaron al partido a una posición de necesaria evolución:
Queremos cambiar, pero sin destruir lo que hemos logrado (…) movilizar de nuevo a todos
los sectores sociales que ambicionan un futuro mejor (..) que nuestro mensaje sea escuchado
también por esa parte de la sociedad que está excesivamente tensa y crispada, que siente
desafección por los asuntos políticos (…) pero nos preocupa que un hipotético triunfo de
la derecha sea el primer paso para cuestionar parte de lo que hemos logrado (…) (PSOE,
1996, pág. 9).
Ante el descontento popular hacia la política y las instituciones, el PSOE recordaba cómo se
había concluido el proyecto de descentralización, cumpliéndose el objetivo del Estado de las
Autonomías (PSOE, 1996, pág. 8) que permitía la continuidad de la unidad nacional, precisándose de una materialización a través de un efectivo desarrollo de las infraestructuras: “El territorio debe quedar unido por una vasta red de carreteras y de telecomunicaciones, que aumente
su competitividad y reequilibre unas zonas con otras” (PSOE, 1996, pág. 17).
A la par, sostenía la importancia de la pluralidad cultural del país, no como un sumatorio de
fenómenos regionales aislados, sino como complemento de la riqueza del conjunto de España,
motivos por los que defendía un proyecto plural y único en sí mismo:
Queremos ofrecer ante el problema nacional una cultura política de lealtad, mostrando
nuestro reconocimiento y asunción del pluralismo lingüístico, cultural e histórico de EspaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ña. Y frente a quienes tratan de explotar el rechazo hacia quienes no son como ellos, nos
comprometemos a garantizar la tolerancia ante los hechos diferenciales de nuestras nacionalidades y regiones (PSOE, 1996, págs. 17-18).
Para ello, se exhortaba “la difusión de la lengua y cultura españolas mediante las instituciones creadas y los medios de comunicación públicos” (PSOE, 1996, pág. 89), asegurando el
aprendizaje de todos los alumnos tanto del español, como de la lengua propia de las Comunidades Autónomas (PSOE, 1996, pág. 51) y “la enseñanza del español y de la lengua propia de la
Comunidad Autónoma de acogida para los inmigrantes de otras lenguas y sus familias” (PSOE,
1996, pág. 91).
Al exterior, España/Europa —como un ente indivisible—, no era independiente del nuevo
escenario geopolítico propiciado por el fracaso soviético, donde si bien se mantenía el espíritu
internacionalista propio del socialismo, se asumía la importancia que desempeñaba la seguridad
de otros países para la seguridad propia nacional:
Desde nuestro punto de vista como socialistas, ni España ni Europa pueden concebir su
futuro desentendiéndose de lo que sucede en el borde mismo de las fronteras del continente
(…) la solidaridad en nuestra política hacia ese grupo de países (en referencia al Este de
Europa y el norte de África) y hacia Latinoamérica no es solo un imperativo moral sino un
requisito de nuestra propia seguridad (PSOE, 1996, págs. 18-19).
En el mismo sentido, la cooperación con Iberoamérica, considerada fundamental para la
política exterior de España fue abordada desde el plano educativo, a través de formación y asistencia técnica (PSOE, 1996, pág. 101), y de programas de intercambio deportivos (PSOE, 1996,
pág. 109); pero sobre todo por medio del impulso de un proceso de integración iberoamericano:
Debemos lograr asentar un mayor espacio social entre América Latina y España y ayudar
a vertebrar la cohesión de la región en sí. Este objetivo impulsa y justifica nuestro esfuerzo por constituir progresivamente una Comunidad Iberoamericana de Naciones” (PSOE,
1996, pág. 217).
De nada sirvió la propuesta de un sólido modelo nacional e internacional de alternativa. El
PSOE obtuvo el 31,83% de los votos, perdiendo por un estrecho margen ante el PP, que obtuvo
el 37,19% (Congreso de los Diputados, 1996). A principios de mayo de 1996, José María Aznar
llegó al Palacio de la Moncloa, la que sería su nueva residencia durante casi una década, marRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cando así el final del proyecto socialista iniciado en 1982.
4.-CONCLUSIONES
España no se puede entender sin el PSOE. Desde la abstención histórica de formar parte en la
III internacional —como manifestación de independencia ante las injerencias extranjeras de la
Unión Soviética— hasta la anexión al sistema europeo y la entrada en la OTAN —como posicionamiento del país en la esfera internacional occidental, a pesar de su rechazo inicial— el
socialismo español ha sido consciente de las implicaciones de cada decisión adoptada —sin
olvidar los actos criminales cometidos por el GAL—, la importancia del internacionalismo, la
solidaridad y la cooperación entre Estados, junto con la defensa de la paz y el diálogo, elementos indispensables para el cumplimiento del socialismo.
Originariamente el partido proyectó una idea de España como una república federal de trabajadores, cuya defensa correspondía a las fuerzas armadas, como representación del pueblo,
en coordinación con Europa y en oposición a las intromisiones extranjeras. La promulgación de
la Constitución española de 1978, llevó al abandono del republicanismo, aceptando un régimen
monárquico parlamentario en favor de garantizar la estabilidad en los comienzos de la democracia, sin que por ello se abandonasen los objetivos de descentralización progresiva, dentro de
la unidad española, a través del fortalecimiento de la solidaridad entre sus distintas regiones,
el respeto y la defensa de las diversas identidades culturales, el fomento de la responsabilidad
democrática del país y la defensa de los trabajadores.
España se concebía como un primus inter pares, que debía garantizar la armonía y la convivencia entre sus distintas regiones, evitando cualquier ruptura. Su titularidad no era exclusiva
de un grupo o una concreta identidad, sino que agrupaba al conjunto de quienes viven en ella,
encargados de velar por su integridad a través de la responsabilidad democrática al interior, y
con las fuerzas armadas al exterior. Progresivamente, a medida que se iba consolidando la posición del país en Europa y el conjunto de occidente, se comenzó a impulsar los vínculos con
las proximidades geográficas e históricas del norte de África y del conjunto de América Latina.
La acumulación de escándalos políticos, el problema del paro, tres huelgas generales, y el
acoso de la oposición política, desencantaron al electorado, poniendo fin a trece años de gobierno socialista. Terminaba así un proyecto que había logrado acrecentar la descentralización
del antiguo régimen, dando lugar a una España concienciada de su pasado, con el respeto y la
protección de la cultura y las lenguas españolas; abierta al exterior, tanto europea como internacionalmente —y muy especialmente con Iberoamérica— así como al interior —con la conclusión del Estado de las Autonomías y la incorporación de la mujer en los distintos ámbitos de
la sociedad española—; plural, por la defensa y difusión de la cultura y las lenguas españolas;
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pacífica, dialogante, y sobre todo democrática.
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Política de planeación de la educación superior en México e industria 4.0: 2013-20241
Higher education planning policy on México and industry 4.0: 2013-2024
Fernando, Cárdenas-Cabello2
Centro Universitario CIFE, México
https://orcid.org/0000-0003-1592-898X
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-3
___________________________________________________________________________
RESUMEN
Este trabajo se fijó por objetivo observar, medir y contrastar la evolución de la importancia que se ha dado a la
formación para la industria 4.0 en la educación superior, por parte del gobierno federal de México en las dos más
recientes administraciones, tomando como fundamento el documento básico de planeación de cada una de estas,
el PND (Pan Nacional de Desarrollo) 2013-2018, y el PND 2019-2024. Para identificar cómo ha evolucionado
la importancia de la formación para la industria 4.0 en la educación superior, en la política de planeación del
gobierno federal de México. El acercamiento teórico se realizó desde la perspectiva de estudio de las políticas
públicas, mientras que el método recurrido para el estudio del objeto en cuestión fue el análisis de contenido. Se
identificó una cualitativamente mayor importancia prestada a la formación superior para la industria 4.0 en PND
más reciente. Se concluye que la política de planeación federal mexicana -desde su documento básico- en materia
de educación superior, se ha ido adecuando cada vez más a las nuevas realidades tecnológicas de la sociedad.
Palabras claves: Cambio tecnológico, desarrollo económico y social, enseñanza superior, política educacional,
política gubernamental.
ABSTRACT
This work had the goal to observe, measure and contrast the evolution on importance given to formation for the
4.0 industry on higher education by Mexican federal government on the two most recent administrations, taking
as basis the planning basic document from each, the NDP (National Development Plan) 2013-2018, and the NDP
2019-2023. To identify how it has changed the importance of formation for 4.0 industry in higher education, on the
planning policy from Mexican federal government. The theoretical approaching was made through public policies
study and the method used was content analysis. A more qualitatively important place was given to formation on
higher education for the 4.0 industry in the most recent NDP. The conclusion is that Mexican federal planning
policy -from its basic planning document- on higher education, has been adapting even more to technological new
realities from the society
Keywords: Economic and social development, educational policy, government policy, higher education, technological change.
Recibido: 30 de Septiembre 2019 - Aceptado: 01 de Febrero 2020 - Corregido: 14 de Marzo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Cárdenas-Cabello, F. (2020). Política de planeación de la educación superior en México e industria 4.0: 20132024. Politica Globalidad y Ciudadanía, 49-66. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/146

1 Artículo de investigación derivado del proyecto de investigación: Educación superior e industria 4.0 en México, el cual
finalizó en 2019
2 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Investigador del Centro Universitario CIFE y Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Contacto: fernando.cardenas@uaem.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 49-66. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/146

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1.- INTRODUCCION
La industria 4.0 es un concepto de gran actualidad y trascendencia, se refiere a la presente introducción de procesos informáticos en la producción y distribución de bienes, y en la provisión
de servicios. Las instituciones de educación superior en México han comenzado una adaptación
hacia esta tendencia actual de los procesos productivos en el mundo a través de la introducción
de programas educativos que buscan formar profesionales acordes a esta nueva realidad de la
industria 4.0.
El documento básico del gobierno federal en México, es el Plan Nacional de Desarrollo, es
la carta de navegación en la que se encuentran las directrices para las diferentes acciones en los
distintos sectores de la administración pública federal, y para el desarrollo de los varios programas sectoriales de las diversas secretarías que componen la estructura del gobierno; así como
para el diseño de las políticas públicas, que deberán poner en marcha dichas dependencias.
La industria 4.0 es una noción que la academia alemana propuso al mundo desde el año 2011
para describir una realidad ya existente de la vinculación de los procesos productivos y comerciales con las tecnologías de la información vía remota, al ser un tema de central importancia
en la actualidad, las directrices de la educación superior mexicana, tendrían que haberla considerado desde la elaboración del PND de la administración pública federal de México para el
periodo 2013-2018, así como en el PND 2019-2024, es decir que los documentos mencionados
debieron tener en cuenta la realidad de la transformación de los procesos productivos e informáticos, y la noción de la industria 4.0, para la elaboración de la planeación de la educación
superior en México en los periodos referidos.
Como se planteó antes, este trabajo busca se exponer con qué amplitud e importancia se
observa la planeación de políticas educativas federales para la industria 4.0, entre el sexenio
actual y el inmediato anterior -con fundamento en el respectivo PND-, ello para identificar si
ha habido una evolución en la preocupación por parte del gobierno federal por adecuar la educación superior en México a las necesidades de la realidad tecnológica de la sociedad actual.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Políticas públicas
El corpus teórico de las políticas públicas encuentra su origen en los planteamientos del politólogo norteamericano Harold Lasswell, quien en Las ciencias de política (The policy sciences),
obra de 1951 sentó las bases para el análisis, diseño, implementación y evaluación de las acciones de gobierno, convertidas en programas, las políticas públicas; el enfoque de las ciencias de
política quedó establecido de la siguiente manera por el propio Lasswell (Ed. 1996, p. 14, citado
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por Valencia y Álvarez, 2008, p. 99):
La orientación hacia las políticas tiene una doble dimensión: por una parte, se enfoca al
proceso de la política y por la otra hacia las necesidades de inteligencia del proceso. La
primera tarea busca desarrollar la ciencia de la formación y ejecución de las políticas, utilizando los métodos de investigación de las ciencias sociales y de la psicología. La segunda
tarea busca mejorar el contenido concreto de la información y la interpretación disponible
de los hacedores de las políticas y, por consiguiente, rebasa generalmente las fronteras de
las ciencias sociales y de la psicología.
Evidentemente esta primera aproximación se complementa con el planteamiento de Muller
(2007, Citado por Valencia y Álvarez, 2008, p. 96), para quien: “las políticas públicas son la
forma como se le da coherencia, integralidad y sostenibilidad a las decisiones y acciones de los
gobiernos”. Al comentar que lo expuesto por Laswell se entiende en el ámbito de la acción del
gobierno, el cual por un lado atiende a las funciones que le son ordinarias a través de acciones
concretas, del mismo modo que adecua su operación ante demandas o “inputs” que la sociedad
le va planteando, en función de problemáticas específicas nuevas o coyunturales, que se van
incorporando a la agenda de lo público.
Una vez dicho que las políticas públicas son una de las actividades sustantivas del gobierno,
es pertinente añadir un elemento importante presente en la definición propuesta por Evalsed
(2008, Citado por Winchester, 2011, p. 5), quien afirma que estas son: “conjunto de actividades (programas, estrategias, procedimientos, leyes, reglamentos) dirigido hacia un objetivo
general. Estas actividades frecuentemente se acumulan durante años”. El elemento final de esta
definición, no considerado hasta este momento, el temporal, es central al considerar que bajo la
premisa del ensayo y error, las políticas públicas van enfocándose y mejorándose para atender
de un modo más adecuado a los retos de la administración pública.
En un sentido amplio, las políticas públicas tienen por función, desde el punto de vista de
Aguilar (1996, pp. 73-74):
atender problemáticas de auténtico interés general; facilitar el libre acceso de los ciudadanos interesados a la definición de los problemas y a la formulación de las políticas a
través de canales abiertos, no selectivos, de opinión e influencia; construir y elegir políticas
eficientes, maximizadoras de utilidades y minimizadoras de costos para el conjunto; corresponsabilizar a la ciudadanía en el tratamiento de sus problemas y satisfacción de demandas; introducir procedimientos de evaluación, crítica, responsabilización, corrección.
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Las políticas públicas pues, son las acciones emprendidas por el gobierno para atender a las
demandas permanentes de la población, así como a nuevos retos que se van presentando por la
misma, y poseen un ciclo complejo, cuyos elementos mínimos son: formulación, implementación y evaluación.
La elaboración de las políticas públicas en México a partir de la alternancia en el ejecutivo
federal
En el año 2,000 el Partido Acción Nacional, resultó vencedor en las elecciones presidenciales
en México, partido distinto al que había resultado ganador en los comicios para el mismo cargo
por setentayún años, el Partido Revolucionario Institucional; este último había contado con el
apoyo en el congreso hasta 1997 (Ver Cárdenas, 2020), año en que perdió la mayoría absoluta
en la cámara de diputados, apoyo expresado especialmente en reformas legales, nombramientos
y en aprobación de proyectos presupuestales.
A partir de la alternancia en el ejecutivo federal del año 2,000, el sistema político mexicano
debió incluir de manera claramente decidida el elemento conciliador entre diversas fuerzas
ideológico partidistas en la definición de políticas públicas, así como también la consideración
de ciertos intereses y grupos de presión (especialmente empresariales), los cuales comenzaron
a influenciar decisiones de política pública; sin ignorar otras voces que en oposición a esta liberalización de la sociedad fomentada desde el sistema político, pugnaban por la permanencia de
un gobierno fuerte; y por supuesto, demandas sociales.
Entre las diversas fuerzas ideológicas encarnadas en el sistema de partidos mexicano a partir
de la alternancia, se han encontrado expresiones que van desde el conservadurismo religioso, el
liberalismo empresarial, el estatismo abierto a la promoción del libre mercado, los propulsores
de la fortaleza del gobierno (incluso sus expresiones más agudas), hasta el ecologismo (que ha
oscilado en alianza con un partido u otro sin clara definición).
Esta diversidad de perspectivas materializadas en intereses grupales y posturas partidistas, se
ha considerado especialmente desde la alternancia en el ejecutivo federal, para la elaboración
de las políticas públicas en México (Ver Béjar, 2018, y Medrano &amp; Muñoz, 2013) desde el año
2,000 hasta el periodo que cubre esta pesquisa, el 2019; la existencia de la diversidad de intereses partidista e ideológica, se encuentra presente, tanto en la propia política de planeación general expresada en su principal documento, el PND, como en las políticas públicas sectoriales.
En lo que respecta al PND 2013-2018, este muestra en su elaboración una tendencia al fortalecimiento del gobierno, con respecto de los grupos de poder presentes en el escenario del
sistema político nacional, los cuales influyeron notablemente las decisiones de política pública
en los dos sexenios previos, a partir de la alternancia; por su parte en el PND 2019-2024, esa
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misma tendencia de solidez gubernamental es más presente que en el mismo documento para
el sexenio anterior, en consonancia con el discurso del partido que resultó ganador en las elecciones presidenciales de 2018.
La industria 4.0
Es una noción de la mayor contemporaneidad, es un concepto acuñado primitivamente por los
académicos alemanes hacia el inicio de la segunda década del siglo XXI en el escenario de la feria de Hannover de 2011; describe una realidad actual en la que los procesos informáticos están
estrechamente vinculados con los procesos productivos y comerciales, es -en otras palabras- la
cuarta revolución industrial o 4RI.
Para clarificar esta idea de la industria 4.0 y de la 4RI, es necesario recapitular en las anteriores revoluciones industriales, a saber:
La primera revolución industrial se gestó hacia la segunda mitad del siglo XVIII, con la
introducción de las máquinas en los procesos de transformación, la invención de la máquina
de vapor y del ferrocarril; y la utilización del insumo inicial para el funcionamiento de estos
avances tecnológicos, el carbón.
La segunda revolución industrial se presentó a finales del siglo XIX, su principal característica es la recurrencia a la producción en serie en los procesos de manufactura, y la introducción
de un nuevo elemento energético, la electricidad.
La tercera revolución industrial advino hacia la segunda mitad del siglo XX con la introducción de los ordenadores electrónicos y la presencia de un elemento popularizado en la última
década del mismo siglo, la internet.
En cuanto a la cuarta revolución industrial, Schwab (2016, p. 13) dice:
Comenzó a principios de este siglo y se basa en la revolución digital. Se caracteriza por un
internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos, y por la inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina.
Sobre la misma revolución Fernández y Pajares afirman (Citados por Mendizábal, 2018, p.
3): “caracterizada por la digitalización del mundo industrial a través de los procesos de fabricación y interconexión de internet en las cosas”. Y continúa Schwab (2016, p. 13):
no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio.
Al mismo tiempo, se producen oleadas de más avances en ámbitos que van desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología, y de las energías renovables a la computación cuántica.
Así, la industria 4.0, es la forma en que se desarrollan los procesos productivos y comerciales en el contexto de la 4RI y con los elementos de esta, como el IoT (internet de las cosas), y
la ingeniería de punta aplicada en la biología, nanotecnología y energía.
Schwab denomina como megatendencias a ciertas condiciones o elementos tangibles que
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han posibilitado o favorecido las condiciones generales de la 4RI, las agrupa en tres tipos, físicas: vehículos autónomos, impresión 3D, robótica avanzada y nuevos materiales; digitales:
como el IoT, sensores conectados en red, el blockchain (bitcoin) que modificará el sistema
financiero internacional actual (Ver Lechuga, 2016), plataformas digitales (Uber, Airbnb); y
biológicas: secuenciación genética, biología sintética, edición genética.
Como podemos observar, el concepto de industria 4.0 y la cuarta revolución industrial3 están
absolutamente ligados:
El término industria 4.0 o también conocida como la cuarta revolución industrial o Fábrica
Inteligente se empezó a utilizar en las industrias alemanas, misma que se define como un nuevo
modelo de organización y de control de la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías de la
información. (Mendizábal y López, 2018, p 13).
La industria 4.0 y la 4RI, describen una condición actual, de interacción entre máquinas,
sistemas informáticos, bases de datos y otros avances tecnológicos (materiales, energía, biotecnología, finanzas); capaces de vincularse sin una muy importante intervención del hombre que
están transformando la manera en que se producen, transportan, almacenan y comercian bienes
en las sociedades más tecnificadas, para modificar la estructura actual (Ver Lechuga, 2018) de
la cadena productiva.
La educación superior en México
Al hablar de educación superior nos referimos invariablemente a aquella que se ofrece un nivel
más alto a la de bachillerato (en países de habla española) o bachelor (en países de habla inglesa). En el informe final de la conferencia mundial sobre la educación superior, efectuada en
París en 1998, se define así: “La educación superior es un componente de un sistema único que
empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y continúa a lo largo
de toda la vida” (UNESCO, 1998, p. 2). Cuya misión es: “educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en particular, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de
la sociedad” (UNESCO, 1998 p. 2).
La Ley para la coordinación de la educación superior (1978, p. 1), de México establece en
su artículo 3º:
El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente.

3 No podemos ignorar la opinión de algunos autores como Brynjolfsson et al, para quien el estado actual de la tecnología no es
una cuarta revolución industrial, sino la segunda era de las máquinas; la primera se caracterizó porque estas eran una herramienta para el hombre y era este quien tomada las decisiones que aquellas operaban, mientras que hoy las máquinas no requieren al
ser humano para actuar. Brynjolfsson es citado por Blanco, Fondrona y Poveda (2017).
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Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado,
así como cursos de actualización y especialización.
En el caso de México, merece la pena distinguir en la educación superior ofrecida por el
estado de manera pública, entre la de carácter universitario y la educación profesional técnica,
modalidad promovida en México con mayor impulso4 a finales del siglo XX, con un ánimo más
tendiente a la capacitación laboral, que a la formación integral que pretende ofrecer la universidad.
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES, párrafos 4-6) de México:
La educación superior es el nivel con que culmina nuestro sistema educativo, lo cual implica
que no debe ser considerado en forma aislada, sino en relación con los ciclos educativos que le
preceden… las metas y objetivos que se propongan para mejorar las funciones de la educación
superior, a nivel institucional, regional o nacional, formarán parte de la totalidad del sistema
educativo nacional… la educación superior mexicana se realiza a través de instituciones que,
en su conjunto, pueden clasificarse en públicas o privadas, en autónomas o estatales, en universidades o institutos tecnológicos o de diversa índole. Estas instituciones, aunque distintas por
su régimen legal o por las áreas formativas a que se dedican, constituyen ante todo unidades
sistémicas que, para preservar la cultura, formar profesionales en los diversos campos del saber, ejercitar la investigación, renovar el conocimiento y extender los beneficios de la cultura,
emplean insumos y recursos, aplican procesos, y obtienen productos.
Las funciones básicas de la educación superior en México son la docencia, la investigación
y la difusión de la cultura. Las áreas formativas de la educación superior en México son tres
principalmente: la científica, la tecnológica y la humanística. En cuanto a sus objetivos “se
identifican como objetivos, algunos aspectos que no se distinguen con claridad de las funciones
básicas” (ANUIES, párr. 21) son los siguientes:
Formación de profesionales en los diversos campos del saber, la ciencia y la técnica, capaces
de servir a su comunidad con eficiencia y responsabilidad;
Ejercicio de la investigación como tarea permanente de renovación del conocimiento y como
una acción orientada a la solución, en diversos órdenes, de problemas nacionales, regionales y
locales;
Extensión de los beneficios de la educación superior y de la cultura a todos los sectores

4 Pues la educación profesional técnica pública en México, inició formalmente en 1938 con la fundación del Instituto Politécnico Nacional.
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de la comunidad, con propósitos de integración, superación y transformación de la sociedad.
(ANUIES, párr. 22)
Las principales condiciones necesarias para el funcionamiento y la planeación del sistema
educativo superior de México son: estabilidad, desarrollo de la función crítica e incremento al
financiamiento, a las que se añaden otras no esenciales pero de gran importancia: establecer
acuerdos voluntarios y participativos de las instituciones; y creación de organismos, instancias
y mecanismos requeridos para tomar decisiones.
Debe añadirse, que crónicamente la educación superior está presente en el documento básico
que rige la administración pública sexenal mexicana, el Plan nacional de desarrollo (PND).
El Plan Nacional de Desarrollo y la planeación de la educación superior en México
La tradición de plasmar en un documento sexenal las directrices generales de actuación del
gobierno federal de México se remonta a la administración 1934-1940, a cargo del general Lázaro Cárdenas (Ver PND, 2019-2024), desde entonces a la fecha todos los gobiernos federales
mexicanos han elaborado un documento guía5 en el cual vierten directrices generales de acción
en los distintos sectores de acción del gobierno.
Uno de estos sectores es precisamente el educativo, tema al cual básicamente todos –o por lo
menos así es en los más recientes- los planes nacionales de desarrollo, le dedican un apartado
importante. Martínez (2007) pone de manifiesto la desvinculación entre la política educativa federal plasmada en el PND, y los temas de interés y propuestas operativas del magisterio; supone
que de considerarse estas, el logro de los objetivos educativos sería más eficiente.
El PND se elabora y publica para dar cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 25 inciso A; así como en
los artículos 5to. Y 20mo. De la Ley de Planeación. Por su parte la planeación de la educación
superior en México tiene sus antecedentes primitivos: en la primera reunión de rectores efectuada en 1940, en la creación de la Comisión Impulsora de la Investigación Científica y en la
creación de la ANUIES en 1950. En cuya instauración estableció:
Responde a un supremo interés nacional la planeación de la enseñanza superior que debe
concebirse en su proyección como un acto de autoridad de las instituciones educativas y su
ejecución, por tanto, se fincará en convenios interuniversitarios dentro de un amplio plan de
colaboración y reciprocidad (Citado por Rangel, p. 62).
En 1957, se dio otro paso en materia de planeación de la educación superior con la creación
5 Es inevitable al hablar del Plan sexenal del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, remitirnos a los documentos programáticos
de la URSS denominados plan quinquenal -los cuales probablemente influenciaron su creación- cuya finalidad era el desarrollo
económico de esa nación y cuya primera versión se diseñó y aplicó a finales de la década de 1920.
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la Comisión de Estudios de Planeación Universitaria, mientras que para 1965 la Comisión Nacional de Planeación Integral de la Educación fue fundada. En 1978 se publicó el documento:
La planeación de la educación superior en México, en el marco de la asamblea general de la
ANUIES del mismo año, en ese documento se expuso la necesidad de la existencia de un Plan
Nacional de Educación Superior, el cual se materializó por primera vez en 1980.
La planeación es un aspecto fundamental en la política nacional, presente con claridad en
uno de sus quehaceres fundamentales que es la educación, y en una de las partes integrantes de
este sistema que es la educación superior.
3.- MÉTODO
Diseño
La metodología recurrida para el abordaje del objeto de estudio ha sido el análisis de contenido,
la cual cuenta con una larga historia como herramienta de las ciencias sociales (Ver Andreu,
2011) y en cuyo desarrollo intervino de manera fundamental Harold Lasswell. El análisis de
contenido puede ser definido según Berelson (1952, p. 18, citado por Andreu, 2011, p. 2) como:
“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”, por su parte Krippendorff (1990, p. 28, citado por Andreu
2011, p. 3) lo define así: “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos
datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”.
Desde mediados del siglo pasado, los académicos e investigadores que se valían del análisis
de contenido, debatieron sobre si privilegiar el aspecto cuantitativo o el cualitativo del mismo,
especialmente por la introducción de programas informáticos, que permitían una contabilización detallada de palabras incluidas en los textos y discursos analizados. La perspectiva que ha
sobresalido en este debate es la cualitativa, misma a la que se apega este estudio.
Objeto o tema de análisis
Como se expresó arriba esta investigación se propuso identificar la importancia que se ha dado
en los Planes Nacionales de Desarrollo 3013-2018 y 2019-2024, a la formación para la industria
4.0 en la educación superior de México. Para identificar cómo ha evolucionado la importancia
que ha ido adquiriendo la misma, y si esta presencia e importancia ha aumentado en el segundo
documento con relación al primero.
Participantes
Los documentos analizados, fueron el PND 2013-2018, y el PND 2019-2024.
Procedimiento
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La codificación consistió en que en cada documento se buscaron las alusiones a la educación
superior, referidas a la formación para la industria 4.0; considerando como categorías de análisis las mega tendencias de la 4RI propuestas por Schwab: físicas, digitales y biológicas. Es
decir, se buscó el tratamiento que se dio en cada documento, a la formación de la educación
suprior avocada a cada uno de estos aspectos de la industria 4.0.
4.- RESULTADOS
Políticas de educación superior para la industria 4.0 en el PND 2013-2018
El PND 2013-2018 está dividido en cinco grandes temas, a saber: paz, inclusión, educación,
prosperidad y responsabilidad global; para cada uno de estos temas se especifican objetivos,
estrategias y líneas de acción.
En lo respectivo al tema de educación superior e industria 4.0 es posible observar un objetivo
exclusivo destinado a la innovación y la tecnología denominado: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. Previamente, en la descripción general y diagnóstico del tema III: México con educación de calidad,
del cual se desprende el objetivo mencionado, se establece:
un México con Educación de Calidad propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles
educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.
(PND 2013-2018, p. 59).
El citado pasaje introduce la importancia de la vinculación entre el sector educativo y el
científico, el tecnológico y el productivo, una de las tareas a las que debe atender la educación
superior en general, en lo respectivo a las nuevas realidades a las que remite la noción de industria 4.0. En el mismo apartado introductorio sobre educación, observamos con claridad una
alusión a esta misma realidad tecnológica, expresada del siguiente modo:
Las habilidades que se requieren para tener éxito en el mercado laboral han cambiado. La
abundancia de información de fácil acceso que existe hoy en día, en parte gracias al Internet,
requiere que los ciudadanos estén en condiciones de manejar e interpretar esa información. En
específico, la juventud deberá poder responder a un nuevo ambiente laboral donde las oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino que en ocasiones se deben inventar ante las cambiantes
circunstancias de los mercados laborales y la rápida transformación económica (PND 20132018, p. 60).
En este apartado podemos observar la clara referencia a las nuevas realidades de esta sociedad informatizada y los procesos económicos característicos de la misma, así como la preocuRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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pación por vincular a la juventud con estas nuevas realidades laborales por medio del fortalecimiento de la interrelación entre el sector productivo, la investigación y la educación.
Más adelante en el mismo diagnóstico y presentación de este tema de educación, se platea
también que las políticas y directrices del gobierno federal, en específico en lo relativo a la
oferta educativa deben considerar las necesidades de la sociedad, así como también de la industria: “Para lograr una educación de calidad, se requiere que los planes y programas de estudio
sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las necesidades
sociales y los requerimientos del sector productivo”. (PND 2013-2018, p. 62).
En la parte correspondiente a los objetivos, estrategias y líneas de acción sobre el rubro de
educación, en el objetivo 3.1 denominado: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos
con educación de calidad; específicamente en la estrategia 3.1.3 denominada: Garantizar que
los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. Se establece de manera general
para los distintos niveles educativos, la siguiente línea de acción: “Fomentar desde la educación
básica los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que estimulen la investigación y la
innovación científica y tecnológica”. (PND 2013-2018, p. 124).
Más adelante en la siguiente estrategia, la 3.1.4 nombrada: Promover la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se establece como línea de acción general para los distintos niveles educativos: “Intensificar
el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo”.
(PND 2013-2018, p. 124). Identificamos por la disposición de esta estrategia, una preocupación
en la planeación educativa federal del sexenio referido en los tres niveles, incluyendo el superior, una preocupación por el desarrollo de capacidades en el uso de los elementos tecnológicos,
ya presentes en la vida cotidiana.
En el objetivo 3.2 denominado: Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo; específicamente en la línea de acción 3.2.3: Crear nuevos servicios educativos, ampliar los
existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. Se establece la siguiente estrategia: “Fomentar la creación de nuevas opciones educativas, a la vanguardia del conocimiento
científico y tecnológico” (PND 2013-2018, p. 126). Esta estrategia, habla de la necesidad de
generar nuevas opciones formativas adecuadas a las tendencias de las nuevas tecnologías, como
la informatización de los procesos productivos y comerciales de la industria 4.0.
Como se planteó al principio del estudio del documento PND 2013-2019, este incluye de
manera específica un objetivo completo en el tema de educación destinado a la innovación y
la tecnología, denominado: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares
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para el progreso económico y social sostenible. En la especificación de las estrategias para este
objetivo se habla reiteradamente de la importancia de la tecnología, innovación e investigación
y lo presente que deben tenerse todas estas en la creación de políticas públicas, pero es enfáticamente en la estrategia 3.5.4: Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento,
vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. En la que se plasman líneas de acción específicas, relativas a la
educación superior y las nuevas realidades tecnológicas e informáticas de la industria 4.0. Las
cuales reproducen a continuación (PND 2013-2018, p. 129):
Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados conforme a estándares internacionales.
Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado.
Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades
sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento.
Promover el desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y los centros
de investigación, con el fin de fomentar la innovación tecnológica y el autoempleo entre los
jóvenes.
Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad intelectual entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica.
Propiciar la generación de pequeñas empresas de alta tecnología.
Impulsar el registro de patentes para incentivar la innovación.
Prácticamente todas la líneas de acción de esta estrategia se refieren a la disposición de políticas educativas de nivel superior para la investigación innovación y desarrollo tecnológicos,
es decir, para la industria 4.0.
En la anterior revisión minuciosa del texto PND 2013-2019 podemos afirmar que existe en
su desarrollo un tratamiento importante de las nuevas realidades tecnológicas actuales, valga
decir de la cuarta revolución industrial (4RI) o industria 4.0, en la disposición de políticas públicas en materia de educación en general y educación superior en lo particular, especialmente
porque el documento le dedica un objetivo completo del tema de educación a lo relativo al
desarrollo tecnológico, la ciencia y la innovación.
Políticas de educación superior para la industria 4.0 en el PND 2019-2024
El documento PND 2019-2024 se compone de tres grandes ejes transversales agrupados en
los siguientes temas: 1.-Igualdad de género, no discriminación e inclusión. 2.-Combate a la
corrupción y mejora de la gestión pública. Y 3.-Territorio y desarrollo sostenible; contempla
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también tres ejes generales agrupados en los siguientes temas: 1.-Justicia y estado de derecho,
2.-Bienestar, y 3.-Desarrollo económico.
A pesar de que en la disposición de los ejes principales del plan, no encontramos de manera
explícita como uno de estos la educación, desde la introducción del documento podemos observar la alusión al fomento de las capacidades de las personas, trabajadores, gobierno, academia,
industria y sociedad; para aprovechar los avances científicos, como se aprecia en el siguiente
fragmento:
Es importante impulsar el desarrollo de nuevas capacidades de todas las personas para facilitar que la fuerza laboral, el gobierno y los sectores académico, productivo y social aprovechen
las ventajas de estos cambios, promoviendo que el avance científico se traduzca en mayor bienestar. (PND 2019-2024, p. 13)
No obstante de que El PND 2019-2024, en su versión publicada por la cámara de diputados
no establece de modo explícito en el índice los objetivos, indicadores y metas de trabajo. Sí se
presentan en el cuerpo del texto objetivos que se ocupan de la educación. En el tema específico
de Bienestar, en el objetivo 2.2, denominado de esta manera: Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades
del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas; en el desarrollo de este objetivo, podemos apreciar la importancia para la política educativa del actual gobierno sexenal, el desarrollo de capacidades en los sujetos en formación, para su adaptación a los cambios y condiciones
tecnológicas actuales, como se observa en este texto:
El gran desafío de la educación en México es colocar a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en el centro de atención del Sistema Educativo Nacional, así como formarlos en el
desarrollo de competencias que les permitan adaptarse a los cambios tecnológicos globales, a
las nuevas exigencias del sector productivo y al auge del aprendizaje a través de plataformas
virtuales. (PND 2019-2024, p. 93).
Al final de la redacción de este objetivo, se estipulan las estrategias específicas para su logro.
Una de estas estrategias para alcanzar este objetivo, el 2.2, que si bien se refiere a la educación
en todos los niveles, incluye por ello a la superior, delinea varias directrices de política pública
del gobierno actual, entre las que se encuentra la que interesa a esta pesquisa, la formación para
el uso de las nuevas tecnologías; la estrategia a la que nos referimos es la 2.2.3, cuya redacción
es la siguiente:
Revisar los planes y programas de estudio en todos los tipos y niveles del Sistema Educativo
Nacional, promoviendo la educación sostenible, artística, científica, tecnológica, financiera,
ambiental, sexual, cívica, indígena, intercultural y comunitaria, que garanticen el derecho a la
igualdad de género, la no discriminación y la eliminación de la violencia. (PND 2019-2024, p.
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95).
Más adelante, ya en el eje general 3: Desarrollo económico, específicamente en el objetivo
3.3, denominado: Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de
valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un
enfoque de sostenibilidad. En la parte correspondiente a las estrategias para la logro del referido objetivo, entre otras, se establecen dos, que se relacionan con la vinculación entre el sector
dedicado a la ciencia y los sectores de la sociedad para la producción de conocimiento y el desarrollo tecnológico. Así como el fomento al desarrollo de capacidades de las personas para la
utilización de esas nuevas tecnologías en los sectores productivos, tales estrategias son:
3.3.1 Desarrollar el Sistema Nacional de Innovación de los sectores productivos para fortalecer la protección a los derechos de propiedad industrial e intelectual, que vincule a la comunidad
científica con los sectores público, social y privado, a través de la generación de conocimiento
de frontera y el desarrollo de tecnologías, para contribuir a la atención y solución de problemas
nacionales prioritarios en materia social, económica y ambiental.
3.3.2 Impulsar el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en los sectores productivos
y la formación de capacidades para aprovecharlas, vinculando la investigación con la industria y los usuarios y promoviendo métodos de producción sostenible y patrones de consumo
responsable que promuevan el uso eficiente y racional del territorio y de sus recursos. (PND
2019-2024, p. 156).
En el mismo eje, tercero y último: Desarrollo económico, de manera concreta en el objetivo 3.5 intitulado: Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y
eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética. Es posible identificar
como directriz de política educativa, una estrategia, la 3.5.6, en la que se observa el impulso a
uno de los temas de la 4RI, la generación de energía; y en este sentido se plantea la formación
de personas dedicadas al uso y la investigación en este sector con altos estándares, como se
aprecia a continuación:
Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano y científico de alto nivel en el
sector energético mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su evolución y necesidades
a largo plazo y bajo principios éticos, científicos y humanistas. (PND 2019-2024, p. 167).
Como se puede observar, a pesar de que el PND 2019-2024 no estipula de manera exclusiva
en sus ejes transversales o generales, alguno dedicado de manera privativa al tema de educación, este es una preocupación permanente en diferentes apartados o ejes del documento, en los
cuales se abordan de manera efectiva, diferentes planteamientos que muestran la voluntad de la
administración federal mexicana 2018-2024, de atender desde el sector educativo, las presentes
realidades tecnológicas y del conocimiento, relacionadas con el sector productivo; es decir, con
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la realidad de la 4RI o sociedad 4.0.
Discusión
Los estudios actuales en México sobre planeación de la educación (Martínez, 2007) y planeación de la educación superior (Rangel, 2003); giran sobre su propio eje; del mismo modo lo
hacen los trabajos que versan sobre educación superior e industria 4.0 (Escalante, 2019); no
abundan, además del que se presenta aquí, trabajos que observen el cruce entre la planeación
de la educación superior y la industria 4.0. Esta es una veta de reflexión que podrá proveer de
propuestas de mejoramiento de la planeación de la educación superior dirigida a esta realidad,
cada vez más presente en la vida de las personas, la industria 4.0, ó 4RI.
5.- CONCLUSIONES
La contrastación del contenido y la manera de expresarlo entre los documentos rectores de las
dos administraciones federales mexicanas analizados, requiere el presentar las conclusiones en
dos niveles, el primero de forma, sobre lo expuesto con relación a la educación superior para la
industria 4.0, y el segundo de fondo, sobre el contenido y presentación general de la información vertida en cada una de las dos versiones revisadas del PND.
Conclusiones de forma: Tanto en el documento PND 2013-2018, como en el PND 20192024, está presente la preocupación por formar recursos humanos a nivel profesional que atiendan a las realidades de la industria 4.0.
En cuanto a las unidades de registro -las denominadas mega tendencias por Schwab-: físicas,
digitales y biológicas, ambos documentos se preocupan de su importancia en la formación de la
educación a nivel superior para las digitales, aunque ninguno de los dos habla con profundidad
sobre las biológicas, y en cuanto a las físicas, sólo el PND 2019-2024 se refiere con claridad al
tema de formación para la generación de nuevas alternativas de energía.
Conclusiones de fondo: en primer lugar, desde la portada, el título del PND 2019-2024, se
escribe no sólo en castellano sino también en idiomas y lenguas autóctonas de México, el lenguaje de género es más inclusivo y se evitan los sustantivos en masculino.
Por su parte el PND 2013-2018 tiene la virtud de presentar desde el índice de manera desplegada, además de los grandes temas o ejes, los objetivos; mientras que en el 2019-2024, sólo
se aprecian los ejes o grandes temas; la presentación de los objetivos en el índice, permite una
mayor claridad en la comprensión del documento y un mejor manejo del mismo.
En el PND 2019-2024, los indicadores de los objetivos se expresan en términos numéricos,
con lo cual su evaluación será más fácilmente ponderable, y se podrá verificar al final de la administración si el objetivo se cumplió o no. Se observa que al final de cada eje general en este
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documento se incluye un listado de propuestas ciudadanas para el gobierno.
Por último, es notorio el siguiente aspecto, el PND 2013-2018 incluyó al inicio del documento una imagen del respectivo presidente de la república, mientras que en el 2019-2024 no
se aprecia la imagen del presidente en turno.
Como conclusión final: cuantitativamente se presenta un mayor contenido sobre la importancia de la educación superior para la industria 4.0 en el PND 2013-2018, aunque se observa
una mayor preocupación en términos cualitativos por la formación en la educación superior de
México para la industria 4.0 en el PND 2019-2024. Esta aseveración se deriva de que de las 3
mega tendencias de la 4RI, que para fines metodológicos de la presente pesquisa se convirtieron
en categorías de análisis (físicas, digitales y biológicas), el segundo documento mencionado
(2019-2024) se ocupa de la formación en la educación superior enfocada a atender a dos de
esos tres temas, mientras que el otro (2013-2018) sólo contempla uno de los tres. Así las cosas,
la política de planeación federal de México en lo que respecta a la importancia que presta a
la educación superior para la industria 4.0, ha evolucionado preocupándose cada vez más por
atender a estas realidades en aumento de la sociedad actual.
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La mediación como política de bienestar1
The mediation as a welfare policy
Francisco Gorjón-Gómez2
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://orcid.org/0000-0001-5296-6454
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-4
______________________________________________________________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es parte de una secuencia de diversas investigaciones sustentadas en una LGAC dentro del programa de Doctorado de MASC, que tiene como objetivo central crear una cultura para el uso de los MSC. Representa la parte teórica del proyecto de investigación PAICYT 2019 denominado “Mediación camino al bienestar”,
dirigido a identificar el marco teórico del bienestar y de los MSC, por lo que se realizó una exegesis de la literatura
vinculada al tema desde la perspectiva comparada, permitiéndonos llegar a conclusiones teóricas asertivas, por
lo que la revisión efectuada en esta primera etapa cumplió su cometido, arribando a las siguientes conclusiones:
La mediación es un catalizador de bienestar y de felicidad, genera estabilidad social. La mediación es hoy en día
una vía para la paz. La mediación y los MSC se transforman y gestionan conflictos desde la óptica de los intereses
y del bienestar subjetivo percibido sustentados ambos en la autonomía y el libre albedrio. Se propone invertir la
generación de bienestar en razón de la lógica del bienestar subjetivo percibido, otorgándole un papel protagónico a
las personas, pasando de ser un actor pasivo a un actor activo y de cómo desde su felicidad resuelven sus conflictos.
Palabras claves: Bienestar, bienestar subjetivo, bienestar subjetivo percibido, felicidad, mediación.
ABSTRACT
This article is part of a sequence of diverse research supported by an LGAC within the MASC PhD program, whose main objective is to create a culture for the use of MSCs. Representative of the theoretical part of the research
project PAICYT 2019 called “Mediation path to well-being”, aimed at identifying the theoretical framework of
well-being and the MSC, for which an exegesis of the literature related to the subject was carried out from a comparative perspective, allowing us to reach assertive theoretical conclusions, so the review carried out in this first
stage fulfilled its kite, reaching the following conclusions: Mediation is a catalyst for well-being and happiness, it
generates social stability. Mediation is today a way to peace. Mediation and MSCs transform and manage conflicts
from the perspective of interests and perceived subjective well-being, both supported by autonomy and free will.
It is proposed to reverse the generation of well-being due to the logic of perceived subjective well-being, granting
a leading role to people, going from being a passive actor to an active actor and how from their happiness they
resolve their conflicts.
Keywords: Happiness, mediation, peace, perceived subjective well-being, subjective well-being, well-being.
Recibido: 26 de Octubre 2019 - Aceptado: 01 de Abril 2020 - Corregido: 30 de Abril 2020
Cómo referenciar este artículo:
Gorjón-Gómez, F. (2020). La mediación como política de bienestar. Politica Globalidad y Ciudadanía, 67-83.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/147

1 Artículo de investigación original derivado del proyecto: PAICYT 2019 “Mediación camino al bienestar”.
2 Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Director del Doctorado en Métodos Alternos de Solución de Controversias de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: fgorjon@hotmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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�La mediación como política de bienestar.

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1.- INTRODUCCION
Actualmente la mediación y los MSC se sitúan en un entorno diferente al de las políticas de
bienestar social por lo que su alcance es limitado, situándose solo en la esfera de las políticas
normativistas, ello representa un verdadero problema porque ante tal exclusión la sociedad
la desconoce y no solo ello limita su evolución y operacionalización, ya que los métodos de
culturización están restringidos, siendo necesario transitar a las políticas de bienestar que le
darán visibilidad, promoción y gestión, pero principalmente utilidad en un entorno que procura
la felicidad y la paz de las personas y no el control como sucede ahora por la limitación y la
restricción que impone la norma.
Proponemos, entonces, en el marco de esta sinergia que la mediación se constituya en una
política de bienestar social y salga del entorno de las políticas normativistas que hasta ahora la
tienen limitada y han impedido con el paso de los lustros la culturización de la sociedad en el
uso de los MSC y han limitado significativamente su operacionalización, teniendo un alcance
mínimo y un insignificante impacto social.
Tradicionalmente las políticas de bienestar recaen su creación y ejecución en el Estado, con
una visión generalista matizada por sus destinatarios, entendiendo que la política de bienestar se
diseña en razón de necesidades sociales y también y porque no decirlo en modelos económicos
y sociales, que atienden a ideologías e intereses diversos, lo que trastoca el fin último de ellas,
“hacer felices a los ciudadanos”. Sin embargo, pensando positivamente que estas políticas de
bienestar son realmente diseñadas para lograr la felicidad de todas y todos los ciudadanos, requieren ser estabilizadas ya que su amplitud las hace laxas, inestables operativamente hablando,
por lo que, en ocasión su fin no se logra en plenitud, no lo cumplen a cabalidad o se dan variables no consideradas generadas por conflictos suscitados por los usuarios o receptores de ellas
por circunstancias generadas alrededor de ellas.
De igual manera surgen un sinnúmero de conflictos derivados de los intereses particulares de
las personas, que son abordados y aparentemente solucionados bajo el esquema de la procuración e impartición de la justica actual, modelo que no favorece la gestión y transformación de
los conflictos hasta ahora no considerados como posibles, porque la norma restringe su interpretación desde cánones previamente establecidos en la ley.
Siendo este un problema real, ya que tradicionalmente los conflictos se tratan como el incumplimiento de la norma, por lo que este se aborda desde esa perspectiva general sin considerar los intereses de cada quien, siendo este el punto de inflexión de la desestabilización de las
políticas de bienestar, no generándolo.
Es entonces en este escenario en donde los MSC principalmente la mediación genera estaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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bilidad desde la perspectiva del mismo bienestar considerando su percepción individual, y de
forma más contundente considera la subjetividad que cada individuo le da u otorga a un acto o
hecho generador de situaciones o circunstancias en su vida diaria, entiéndase problemas, que
desestabilizan el devenir cotidiano del estadio particular de cada quien, que de forma concéntrica interactúa con el de los demás.
Es aquí en donde se considera que la mediación atiende el bienestar subjetivo percibido,
sin alterar el bienestar social en que confluimos todos, como un sistema de solución de controversias que por su método le permitirá atender intereses particulares, sin importar condición o
estrato social, en un marco de interés públicos que no altera el orden público y permite a todos
satisfacer sus necesidades, respetando la lógica de la convivencia en sociedad, ya que los modelos sociales actuales y sus mecanismos de control si distinguen, mientras que la mediación y
los MSC no.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Disrupciones que sitúan a la mediación en el contexto de las políticas de bienestar
La mediación y los MSC cuentan ya con el rango o el nivel necesario para poder ser consideradas como una política de bienestar o como un elemento sine qua non de toda política pública de
bienestar social, con un impacto de bien definido en el marco del bienestar subjetivo en lo general y en lo particular con un evidente impacto en el bienestar subjetivo percibido. Al momento
histórico la mediación no se encuentra en este estadio, aún que cuenta con todo los elementos
para estarlo, por diversas circunstancias de las políticas normativistas, a pesar de que ha evolucionado vertiginosamente en los últimos lustros, limitando su impacto social al actuar solo en
sede judicial preponderantemente y no liberar la mediación privada, aún que las leyes lo prevén,
razón de una dinámica de desconfianza, ya que el sistema de procuración e impartición de justicia limita la certificación de mediadores o facilitadores a ellos mismos, y aun así desconfían
de ellos, requiriendo la supervisión y certificación del acuerdo de mediación, por ellos mismos,
una redundancia irrelevante que genera la involución de la mediación privada, situación que se
puede observar en todos las leyes que regulan los MSC en México (Gorjón Gómez F. J., 2018).
Sin embargo, hay disrupciones que nos permiten considerar y prever de lege ferenda que es
posible la conversión de la mediación y de los MSC de constructo jurisdiccional a constructo de
bienestar, por lo que estamos en presencia de un nuevo paradigma que condicionara el accionar
de la mediación en donde la mediación es una metodología que genera felicidad y paz y no solo
gestiona y transforma conflictos.
La primera de ellas es que la mediación y los MSC son una ciencia social emergente, hemos
categorizado las razones por las cuales afirmamos esto (Gorjón Gómez F. J., 2015). La meRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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diación y los MSC cuentan con sus propias teorías, modelos y prácticas que le han permitido
generar técnicas propias y estructurada por sus propios arquetipos, con un alto nivel de análisis
derivado de una práctica nutrida con resultados contundentes y de un respaldo normativo y
doctrinal multidisciplinar y multidimensional.
Segunda, la mediación puede ser considerada una profesión por ser producto de una necesidad social, con una metodología propia, con adaptabilidad sistémica (tipología conflictual), se
sustenta en realidades, saberes auténticos y desarrolla habilidades y competencias específicas al
igual de tener un impacto bien definido, armonizar las relaciones humanas y genera paz, teniendo como característica principal la participación ciudadana.
En ambos casos tanto como ciencia social emergente o como profesión, nos permite vislumbrar que la mediación es más que un simple procedimiento, que goza de elementos suficientes
para proporcionar bienestar a la sociedad como cualquier otra ciencia, lo que le permitirá transitar a un sistema de bienestar.
Tercera la mediación y los MSC son generadores de felicidad y paz a través del acuerdo de
mediación, como principales valores intangibles (Gorjón Gómez F. J., 2017), que al ser vistos
desde una óptica positiva los hace valiosos y operativos del bienestar subjetivo percibido, resolviendo entonces los conflictos desde el interés da cada persona, la felicidad es un sinónimo
de bienestar, que a su vez se desdobla en el intangible de la paz, que de forma simbiótica ambos
felicidad y paz generan calidad de vida, esto es vivir bien, es el buen vivir que cada quien necesita, fundamento primigenio del bienestar (García Álvarez, 2016), el quid de esto es resolver
los conflictos de las personas en razón de sus intereses, que da paso al buen vivir.
Cuarta, la progresividad de la mediación ha desencadenado a la mediación al grado de ya
no considerase alterna, es cierto que las leyes la califican aún como alterna por la deficiencia
evolutiva de las leyes, por su actuar lineal, que evidencia el común retraso del derecho a las
nuevas metodologías de construcción social, pero, no ante este hecho debemos aceptarlo, ya
que operativamente y procesalmente hablando es ya la primera opción, el reto aquí, es que no
solo se signifique como una etapa procesal respaldada por el principio del debido proceso, sino
por una necesidad social, ubicada en la genética social, en donde las personas recurran a ella de
manera natural como suelen hacerlo cuando de su salud se trata o de su educación.
Gráfico 1. Disrupciones que sitúan a la mediación como política de bienestar.

Fuente: Elaboración propia,2020
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Secuencia del bienestar, la mediación y los MSC
Este apartado esclarece nuestra postura de la necesidad de situar a la mediación y a los MSC
en el contexto de las políticas de bienestar y desprenderla de las políticas normativista, entendiendo que una política publica son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona
a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de
una sociedad (Adelantado &amp; Ubasart-González, 2018) y una política normativista es aquella
que se construye como un marco de legalidad, en razón de un estado de derecho que por lo regular es rígido e inflexible, ambos tienen vocaciones diferentes, el primero procura el bienestar
en un amplio espectro considerando los intereses de las personas, el segundo limita los propios
intereses de las personas en razón de reglas generales previamente diseñadas (Barragán, 1994).
Debo de aclarar antes de continuar, que mi postura no es radical en cuanto a desprenderla
de la norma, ya que ello es materialmente imposible, toda política tiene un sustento legal, por
lo que me apego a este principio para descontextualizarla, mas no cercenarla, gozando con ello
de su legalidad y del amplio beneficio de sus intangibles principalmente los de la legalidad, la
felicidad y la paz.
Para lograrlo es imperioso ubicarnos en un nuevo paradigma evolutivo de los MSC, por lo
que es preciso transitar del paradigma de “Resolver nosotros mismos nuestros conflictos” que
nos ha permitido franquear de la simple instrumentalización a la profesionalización y cientificidad, a pasar a otro nivel en el que el paradigma “los MSC son generadores de bienestar y paz”,
permitirá entonces su culturización e impacto social real.
Varios son mis argumentum que nos sitúan en este nuevo contexto en razón de una secuencia lógica de la gestión y transformación de los conflictos y su combinación con los elementos
esenciales del bienestar.
Debemos observar en primera instancia que bienestar es sinónimo de felicidad, por lo que,
en una lógica inversa, felicidad significa bienestar. Esto a su vez nos lleva a observar esta felicidad desde la postura particular de cada quien, una cuestión evidentemente subjetiva y que se le
otorga un valor particular, en razón de la percepción de cada quien, siendo este esquema como
hasta ahora se han entendido las políticas de bienestar, sin embargo, estas políticas aun que
son muy recurrentes por no decir que siempre están presentes en los diversos sistemas político
– jurídicos en la era contemporánea, carecen de un sistema estabilizador que permita a cada individuo seguir gozando de ella, aunque existan conflictos generales, ante su incumplimiento, o
ante el surgimiento de conflictos entre sus receptores, lo que impide su correcta ejecutabilidad.
Ante este escenario vinculamos en un mismo flujo la gestión moderna de los intereses de las
partes, evidentemente particulares, más, sin embargo, limitados a los intereses de los demás,
respetando el funcionar de las relaciones concéntricas sociales, esto es, limitando los intereses
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en relación del interés del otro.
Para lograr que esta secuencia no se interrumpa y fluya de una manera correcta, es necesario
que ante el surgimiento de un conflicto que alterara esta cadena, es necesario gestionar el conflicto a través de un tercero, de un mediador, que su misión principal es asistir la negociación del
conflicto y ser un representante de la realidad, situando a las partes en sus intereses y no es sus
posiciones para que puedan resolver su problema, a través de un procedimiento de mediación,
que concluirá en un acuerdo con un valor intangible para las partes que generara felicidad.
Este acuerdo permitirá a las partes poder continuar con su relación, y más allá, fortaleciéndola, generando lasos de fidelidad entre ellos, y como consecuencia nos sitúa en plenitud en el
vivir bien, el buen vivir (VB/BV) en un esquema de reciprocidad (Schavelzon, 2015).
Gráfico 2. Secuencia del bienestar y la mediación.

Fuente: Elaboración propia, 2020
De lo anterior surge una pregunta ¿cuáles son los elementos del bienestar que inciden directamente en la mediación?, o mejor aún ¿cuáles son los elementos de la mediación que inciden
en el bienestar?
Calidad de vida (VB/BV)
Garantía (Elementos que el Estado proporciona para poder decidir, esto es el estado de derecho, la tutela del estado a los MSC)
Libertad (Capacidad de decidir)
Satisfacción (Solución del conflicto)
Habilidades sociales para relacionarse
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Bienestar Subjetivo Percibido
El bienestar subjetivo percibido (BSP) es un concepto que tradicionalmente se le ha situado en
las ciencias económicas (Membiela Pollán, 2016), vinculándolo directamente al concepto de la
felicidad como un sinónimo y un esquema de medición de la calidad de vida de las personas.
El BSP es una satisfacción asociada a la capacidad de elegir de las personas, pero sobre todo
a la calidad del resultado que esta elección produce, así como su intensidad, que se traduce a la
permanencia en el tiempo como una experiencia retrospectiva que incrementa las sensaciones
positivas de nuestras acciones y de nuestro actuar en sociedad principalmente en nuestra salud
y en nuestras relaciones con la familia, el trabajo y los amigos.
Gráfico 3. Accionar del BSP en la sociedad.

Fuente: Elaboración propia, 2020.
De igual manera es considerado el bienestar como una misión del Estado, como una política
pública que orienta el accionar del Estado Moderno como un elemento crucial sine qua non de
la política y los gobernantes (Vazquez, 2009) que conforma el estado de bienestar. En razón de
ello “el Estado debe de proteger y cuidar a sus ciudadanos y por extensión a su sociedad en su
conjunto debe de orientar su actividad a dotarla del mayor bienestar posible” (Vazquez, 2009).
Esta acción es posible en el marco del bienestar emocional y en el bienestar social como
parte importante del bienestar subjetivo percibido. En relación al primero podríamos decir que
este implica la búsqueda de la felicidad, al ser algo personal, interno y por lo tanto subjetivo,
para percibirlo se requiere de experimentar emociones positivas, esto es, la valoración de la
satisfacción de nuestra vida, de nuestra calidad de vida (Bisquerra Alzina, 2013) que implica
analizar diversos factores externos, como son los ingresos, salud, vivienda, acceso a recursos,
infraestructura, seguridad, bienes materiales, educación, diversión, cultura, etc.
Es en este escenario en donde los MSC intervienen como un generador de bienestar, ya que,
ante la existencia de un conflicto, este perturba la armonía y nuestra calidad de vida, en consecuencia, afecta nuestro bienestar. Los MSC generaran entonces un balance en su interactuar
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social, entendiendo que el bienestar subjetivo se asocia al “grado en que un individuo juzga favorablemente la satisfacción global con la vida que lleva” (Bisquerra Alzina, 2013), por lo que
desestabilizarla ante la existencia de un conflicto le impide gozar plenamente de ella.
Esta postura la confirmamos cuando analizamos el bienestar social, que tiene como rasgo
esencial las relaciones de la persona con su entorno social, ya que las relaciones sociales son
una fuente importante de satisfacción, pero al mismo tiempo son una fuente de conflicto (Bisquerra Alzina, 2013), por lo que concluye nuestro autor que “las relaciones son al mismo tiempo un factor de bienestar y de malestar”.
Al respecto afirma que “nuestro bienestar depende del afecto y aprobación de los demás. Si
a nuestro alrededor se respira ternura, comprensión, amor, entusiasmo, etc., nos va afectar positivamente. Si por nuestra parte aportamos un clima emocional positivo, aportamos bienestar
social que va a repercutir en nuestro propio bienestar: se produce el efecto bumerang que hace
que recibamos afecto positivo como feedback. La persona que ha aprendido las habilidades
sociales para relacionarse de forma satisfactoria con otras personas mejorara su calidad de vida
y su bienestar emocional”.
La visión plasmada en este último párrafo centra a la persona como la responsable de lograr
su calidad de vida a través de habilidades sociales, entendidas estas como competencias básicas
de vida, hacen que las personas se sientan bien con quienes los rodean y tiene una percepción
de bienestar que coincide con el bienestar emocional. “La satisfacción en las relaciones sociales es un factor que se correlaciona significativamente con el bienestar subjetivo” (Bisquerra
Alzina, 2013), por lo que podemos deducir que este es el QUID del vínculo entre bienestar y
los MSC, al considerar la gestión de los conflictos una competencia básica de vida, ya que, si
la sociedad entiende que tiene la opción de resolver sus conflictos por sí mismas, su calidad de
vida mejorara o aumentará y en consecuencia producirá bienestar. Entendiendo de igual manera
que los MSC son una habilidad social que nos permite relacionarnos efectiva y afectivamente
gestionando y transformando nuestros conflictos.
Esto lo reconfirmamos cuando vemos como área de oportunidad la conformación de las
dimensiones del bienestar social (interpersonales, comunitaria y política) para la instrumentalización de los MSC ante la presencia de un conflicto.
Los factores que determinan la dimensión interpersonal son: las relaciones sociales, intimas,
familia nuclear, competencias sociales y emocionales, contribución social, integración social,
valores; en el caso de la dimensión comunitaria observamos el clima emocional, estabilidad
familiar, solidaridad, actitudes de ayuda mutua, civismo, cortesías, comunicación, cooperación,
ausencia de violencia; y para la dimensión política los factores que la definen son: la justicia, la
libertad, paz, democracia, derechos humanos, estabilidad política, seguridad ciudadana, no disRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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criminación, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, equidad (Bisquerra Alzina, 2013).
En este escenario visualizamos que el conflicto es el principal elemento que puede desestabilizar las dimensiones del bienestar social y en consecuencia impedir que este logre su fin, la
felicidad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Más aún si entendemos que la percepción puede potenciar un ambiente positivo o un ambiente negativo, ya que la percepción es la capacidad de una persona de entender el mundo, es
la capacidad de interpretar la información respecto a su entorno, son los estímulos que reciben
sus sentidos, la percepción es el valor que le damos a la vida en razón a lo que tenemos y nos
interesa, es el valor que le damos al acto, al hecho, a la acción u omisión respecto de nuestra
vida en sociedad, como un proceso de selección que nos permite organizarnos en un ambiente
armónico, en donde podemos afirmar que nuestra vida es buena o mala.
Es por ello que ante la ausencia de mecanismos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas de bienestar debe de incluirse la instrumentalización de los MSC, como un
esquema de aseguramiento del bienestar subjetivo percibido, con una participación directa de
las personas en la gestión y transformación de sus conflictos, ya que el conflicto afecta los intereses de las personas pero principalmente su percepción de vida, en sus diferentes roles en
la operacionalización habitual de las dimensiones del bienestar social, impactando de manera
directa en su devenir cotidiano, generando un efecto multiplicador de felicidad o de infelicidad
(Bonete Perales, 2015).
Felicidad
Para poder entender lo que significa vivir en paz, vivir felices, debemos asociar la felicidad
al bienestar, al VB/BV y a la solución de los conflictos (MSC), entendiéndola como una necesidad humana, al grado que el ser feliz puede compararse al estar sano o al amor; tiene que
alimentarse y cuidarse permanentemente, no es algo que se dé por única vez y así permanezca,
se requiere de mantenimiento, se requiere de cuidados, se requiere de un esfuerzo personal,
porque “la mera ausencia de este esfuerzo le quitara a la vida el ingrediente imprescindible de
la felicidad” (Rusell, 2018), por lo que es más fácil ser infeliz que feliz.
Podría decirse entonces, que este esfuerzo se traduce en una negociación continua, perene
en el tiempo, que permita que todos aquellos elementos que se conjugan para obtenerlo estén
en constante armonía y para ello es necesario que cualquier hecho, acción o acontecimiento que
interrumpa nuestras sensaciones positivas, tratarlas o resolverlas, por lo que si no lo hacemos,
evitara el manar del flujo de la felicidad (Csikszentmihalyi, 2016) y en consecuencia se alterara
y afectara nuestro bienestar, disminuyéndolo por no lograr alcanzar nuestros intereses.
Para que este flujo sea continúo se requiere que sea dinámico, de determinadas habilidades
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para que esté vigente, habilidades en este caso, sociales como la gestión de conflictos, que hace
de él, su conversión de una barrera a una oportunidad. Podemos decir entonces que los MSC
son un puente, que, al gestionar y transformar el conflicto, permite que nuestra energía fluya,
en pro de nuestra felicidad y bienestar, significa que nos sintamos fuertes y eficaces, alertas y
con control, por lo que la clave para que este flujo continúe es necesario establecer un equilibrio
entre habilidades y desafíos, por lo que “… tu felicidad depende de la capacidad de encontrar
el espacio perfecto, para fluir con lo que hagas” (Lyubomirsky, 2008) y los MSC representan
ese equilibrio.
La Psicología positiva es quien más ha estudiado la felicidad y el bienestar subjetivo determinando que ambos se refirieren a sensaciones positivas como la alegría o la serenidad y a estados positivos de las personas que influyen en su actuar cotidiano, pero más aún en sus acciones
futuras, entendiendo que el hecho, acto o circunstancia que genera actitudes negativas, que bien
podríamos catalogarlas como infelicidad, traerá consecuencias, impactando en el optimismo, la
esperanza, la seguridad, la fe y la confianza (Carr, 2007).
Si analizamos las bases de un conflicto, tiene que ver con la percepción que una persona tiene de un acto o hecho, que afecta sus necesidades, su realidad y en consecuencia a sus intereses,
generando el problema, ante la ausencia del logro o cumplimiento de sus objetivos, entiéndase
estos como sus intereses, interrumpiendo sensaciones positivas, interrumpiendo el flujo que
nosotros le hemos dado a nuestra vida, que salve decir es diferente al de los demás.
Asociando entonces la afectación de los intereses personales de los ciudadanos y la interrupción de esas sensaciones positivas a la infelicidad, generando actitudes negativas y conflictos,
por lo que nuestro actuar afectara el de los demás, de ahí la necesidad de gestionar y transformar
el conflicto y evitar consecuencias futuras, situándonos en nuestra realidad y en nuestra felicidad, que por consecuencia influye en nuestro bienestar.
Nuestra capacidad de decidir es lo que nos hace felices, por lo que cuando esa capacidad se
ve interrumpida o cuartada somos infelices, escoger lo que nos hace sentir bien es la clave de la
felicidad. Es entonces la capacidad de decidir o bien la libertad y el libre albedrio lo que correlaciona los MSC con la felicidad y el bienestar en un mismo estadio, es a través de la capacidad
y de la libertad la manera de materializar la felicidad, al ser medible podemos definir qué tan
felices somos, a diferencia del bienestar ya que según (Seligman, 2014) este es considerado un
constructo, “que tiene a su vez, varios elementos mensurables, porque cada uno de ellos es una
cosa real y cada uno contribuye al bienestar”.
Uno de estos elementos es la felicidad misma, esas sensaciones positivas que nos permiten
reaccionar positivamente con los demás y se convierte en un circulo virtuoso, a diferencia del
bienestar que se ve condicionado a otros elementos o factores que implican el vivir bien o buen
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vivir, en donde se requieren de otros factores, como los señalamos en apartado anterior, sin embargo, estos al no verse materializados o que cumplan su misión, son generadores también de
conflictos y es en este momento “reitero” en donde la intervención de los MSC hacen posible el
bienestar y la felicidad, como un binomio de vida que difícilmente puede ignorarse.
Ahora bien, que significa vivir bien o buen vivir (VB/BV) y porque lo vinculamos al bienestar y la felicidad, tiene que ver con nuestra conducta y con nuestra actuar con los demás,
significa que lo que hagamos o dejemos de hacer afecta a quienes nos rodean, significa que lo
que uno es o lo que uno representa individualmente trasciende (Schopenhauer, 2017), nuestra
individualidad es nuestra fuerza, vivimos en una sociedad que se compone de individualidades,
pero estas a su vez se suman en un mismo acontecer, a un mismo fin, que hace de las sociedades
sean coherentes, cuando esas individualidades se dispersan, el flujo se interrumpe y el VB/BV
pasa de ser una estadio de oportunidad a un estadio de infelicidad.
VB/BV significa convivir dignamente lo que implica desarrollar capacidades humanas para
lógralo (habilidades sociales de gestión de conflictos), implica la construcción de condiciones
sociales adecuadas para una real apropiación de los medios de producción, que hacen que una
sociedad funcione, implica también equilibrio para lograr autonomía, justicia e igualdad (Contreras Baspineiro, 2016).
Al respecto nuestro autor vincula el VB/BV a la armonía, como una cosmovisión, entiéndase esta como “una forma de ver, de interpretar, de construir el mundo con un conjunto de
creencias y convicciones que nos permiten analizar, interpretar y reconocer la realidad en que
vivimos”.
Entiéndase que lo que se pretende es reivindicar el valor primordial de la vida y para lograrlo es necesario vivir en convivencia, vivir dignamente y vivir plenamente. Este último axioma
es tal vez el de mayor peso en cuanto a nuestro propósito de la gestión y transformación del
conflicto, ya que determina que “la felicidad de uno es la felicidad de todos, con relaciones de
colaboración, sin ostentaciones, con lo suficiente, sin discriminaciones, con justicia” (Contreras Baspineiro, 2016).
Para lograr que el VB/BV se logre en plenitud es necesario forjar una cultura de vida, una
cultura de armonía y esta solo será posible si se logra construir y conciliar las siguientes relaciones según (Contreras Baspineiro, 2016) :
1.
La armonía de los seres humanos consigo mismos. Esta es la dimensión subjetiva y espiritual del VB/BV. Implica trabajar nuestros sentimientos para trabajar por una vida digna
en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, en solidaridad y suficiencia, y
2.
La armonía de los seres humanos en sociedad. Esta es la dimensión comunitaria que
implica vivir colaborativamente, relacionándonos, respetándonos, apoyándonos, trabaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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jando en comunidad, en justicia.
Ahora bien, para que todo esto mantenga su status quo es necesario que observemos dos
elementos más del VB/BV que es la integralidad y el equilibrio (Contreras Baspineiro, 2016).
La integralidad es el sentido comunitario de la vida, es una identidad colectiva que tiene en la
convivencia solidaria el espacio para satisfacer las necesidades (intereses mas no posiciones).
Es una exigencia normativa que permite una vida fraterna, una vida en convivencia y armonía
que basa su accionar en los valores de la igualdad, la diversidad, la equidad, el bien común, la
transparencia y la ética.
Ahora bien, el equilibrio tiene el mismo sentido de lograr una vida fraternal y en armonía,
entendiéndolo como una balanza de los intereses de los individuos en donde el dintel de esa
balanza es el bienestar y sus extensiones son la convivencia solidaria y amistosa, que permite
construir alternativas desde practicas basadas en la justicia y en la equidad.
Entendemos entonces, que el factor que sincroniza todos estos conceptos es la convivencia,
una convivencia en armonía, justa y equitativa, es entonces, la necesaria integración de los
MSC a las diversas ecuaciones que integran el VB/BV, ya que sin un proceso de gestión de
conflictos que evite la desarmonización de esta convivencia, evidentemente no se lograra el
bienestar, en nuestra más amplia concepción de felicidad.
Escenario de culturización cuando proponemos la implementación de los MSC
Las dinámicas en las que las políticas públicas integran a la sociedad responden a las características mismas por las que fueron creadas, entiéndase como el fin que persiguen, el presente
apartado identifica el escenario es donde se desarrollaría la culturización de los MSC y de cómo
actualmente estas dinámicas condicionan el actuar social en cuanto a la procuración e impartición de justicia y de los MSC desde dos perspectivas: lineal y exponencial; la actual que sitúa a
la mediación en el normativizo (lineal) y la prospectiva que situaría a la mediación como política de bienestar (exponencial) que permitirá su evolución en razón de los elementos operativos
que aplican a otras políticas como lo es la educación o la salud por mencionar alguna en donde
su espectro es multidimensional y de superior alcance impactando a toda la sociedad y no solo
a un sector determinado.

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Cuadro 1. Normativismo vs Bienestar
Normativismo Principal actor

Bienestar Subjetivo Principales actores

(sistema de procuración e impartición de justicia)

(demás sistemas gubernamentales)

Evolución Lineal
1. Paz negativa

Evolución exponencial
1. Paz positiva

2. Poder que genera autodefensa y protagonismo 2. Responsabilidad compartida búsqueda apertura
3. Instrumenta la política pública, es el garante
de la cohesión y justicia social y garantiza un 3. Instrumenta la política pública como un deber privilegiando los intereses particulares y
estado de derecho
sociales
4. Obliga a la sociedad a cumplirla
4. Calidad de vida
5. Dinámica individualista ante la pérdida de
5. Comparte la responsabilidad (trabajo en equicontrol
po, acciones intergubernamentales)
6. La ley limita el accionar de las personas
6. Las políticas públicas alienta la cooperación y
7. Salvaguarda los intereses de la sociedad segeneran sinergias
gún la norma
7. Privilegia los intereses de las personas, pro8. Limitada a los abogados y algunas ciencias
mueve la libertad y la identidad social
auxiliares
8. Es multidisciplinar
9. Los cambios de las normas son complejos y
9. Es dinámica, se adapta, genera apertura y
lentos
máximos beneficios
10. Limita los cambios sociales
10. Gesta cambios sociales

Fuente: Elaboración propia, 2020.
Beneficios de los MSC en el Bienestar subjetivo vs Normativismo
Confrontar las dinámicas de ambos escenarios es conveniente para entender las ventajas que el
bienestar ofrece vs el normativismo en la evolución de la mediación. De forma particular destacamos los efectos sobre los usuarios cuando resolvemos el conflicto desde la perspectiva del
normativismo, que refleja nuestra realidad, y cuál es su efecto. Cuando lo situamos en el bienestar la dinámica cambia y el flujo es diferente, y aún que esto sucede y que no es una suposición,
mantenemos los MSC en el normativismo, por lo que produce una implosión que pide a gritos
su tránsito al bienestar, ya que la lógica de su operacionalización es diferente, ya que mientras
el normativismo es general y trata al conflicto desde el incumplimiento de la norma, la gestión
y transformación del conflicto es abordado desde la impronta del bienestar ubicando el conflicto
desde la perspectiva del interés de las personas de forma particular.
Presentamos entonces ambos escenarios en razón de sus rasgos distintivos ya no solo como
política generalista sino como resultado de su instrumentalización y lo que implicaría situar a
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los MSC dentro del halo del bienestar, pretendiendo con ello convencer al lector de forma razonable de como uno suscita más opciones y mejores oportunidades en relación al otro en cuanto
a la gestión y transformación del conflicto y a la perdurabilidad de sus resultado, derivado de
la experiencia de otras políticas públicas de bienestar que se centran en las personas y no solo
en la norma.
Cuadro 2. Los MSC en el normativismo y en el Bienestar
Los MSC en la política normativista

Los MSC en la política de bienestar

Rasgos distintivos que condicionan sus

Rasgos distintivos que condicionan sus

beneficios
beneficios
1. La norma es de aplicación general, no se cen- 1. El bienestar puede tener diversos destinatarios, se centra en las personas y en sus intetra en el interés de las personas
reses
2. La norma es rígida e inflexible
2. El bienestar es flexible
3. El conflicto se aborda desde el incumpli3. En el bienestar el conflicto se aborda desde el
miento de la norma
interés de las personas
4. Desconfianza
4. Confianza
5. Insatisfacción del resultado
5. Satisfacción
6. La Norma no es perceptible por las partes
6. Su percepción es su mayor fuerza
7. La norma mantiene el status quo de las per7. El bienestar gesta cambios particulares y sosonas
ciales
8. La norma no es positiva ni negativa, es ge8. El bienestar es positivo privilegia la satisfacneral
ción y las emociones, la felicidad
9. La norma no es entendible por la sociedad
9. Es de fácil comprensión y adaptación
10. La sociedad vive
10. Convence a la sociedad de vivir bien, del
buen vivir

Fuente: Elaboración Propia, 2020.
3.- MÉTODO
La propuesta metodológica de la presente investigación tiene un ámbito multidimensional, que
pretende abordar diversos elementos conceptuales operativos en donde la mediación asumiría
un rango de política de bienestar.
La investigación deberá fijar una postura teórico práctica de cada concepto operativo y/o de
influencia vinculado a los métodos de solución de conflictos y al bienestar, al bienestar subjetivo, al bienestar subjetivo percibido y a la felicidad como producto del acuerdo de mediación
y el impacto que este generará en la sociedad, como, por ejemplo, la concertación, el perdón, o
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la felicidad.
Para determinar los diversos vocablos operativos de los métodos de solución de conflictos y
del bienestar deberá observase literatura especifica en el tema de los MSC, del bienestar, de la
felicidad y la paz, así como autores especialistas en el tema, considerando de igual manera los
diversos instrumentos legales o rectores como planes de acción, convenciones o declaración
vinculados, así como las mejores prácticas para la disminución de la violencia estructural, la
generación de bienestar subjetivo percibido y la paz estructural.
Utilizaremos el método analítico sintético, empírico y exegético partiendo de la experiencia
del autor en los diversos métodos y de la experiencia para la elaboración y clasificación de los
vocablos operativos de los MSC y del bienestar que inciden en su instrumentalización.
4.- CONCLUSIONES
La mediación genera estabilidad en las relaciones particulares, por lo que es imprescindible
situarla en el escenario global social a través del bienestar.
La felicidad y el bienestar dependen de una vida en comunidad, por lo que el conflicto los
desequilibra.
La vida en sociedad se caracteriza por las decisiones individuales que afectan a los demás,
por lo que el bienestar y la felicidad dependen de esas decisiones individuales.
El bienestar y la felicidad no tiene un sistema que involucre a las personas para sostener su
estabilidad por lo que requiere de un método para lograrlo.
La mediación y los MSC son una metodología que genera y estabiliza la felicidad y la paz,
a través del acuerdo, como un valor intangible.
La mediación generaría estabilidad de los factores de las políticas públicas de bienestar, estabilizando las decisiones particulares de las personas, ante un eventual conflicto.
Es factible invertir la lógica de la generación del bienestar, otorgándoles un papel protagónico a las personas para su operación y estabilidad.
Los MSC debemos situarlos en el constructo del bienestar como base sustancial e interactuar
solo normativamente en el constructo de la normativización.
El resultado de la mediación y de los MSC se correlaciona directamente al bienestar subjetivo percibido, ya que el conflicto se aborda desde los intereses de las partes.
La mediación al igual que el bienestar produce felicidad, armonía y paz.
Es necesario situar a los MSC en las políticas de bienestar para poder evolucionar exponencialmente y generar una verdadera culturización.

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Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional universidad de
Cundinamarca Facatativá1
Competitive intelligence, technological vigilance and organizational culture universidad de
cundinamarca facatativá
Fabio Orlando, Cruz–Páez2
https://orcid.org/0000-0001-7834-2762
Oswaldo, Vanegas–Flórez3
https://orcid.org/0000-0003-2697-3073
Universidad de Cundinamarca, Colombia
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-5
___________________________________________________________________________
RESUMEN

El presente artículo se desprende desde el proyecto de investigación Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá en el núcleo temático
Investigación I, con el fin de diagnosticar la importancia, aplicación y gestión de la Vigilancia Tecnológica y la
Inteligencia Competitiva como ejes de interacción que promueven en la relación a las mismas un fortalecimiento
dentro de la cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá, Cundinamarca,
Colombia. La metodología empleada fue mixta y se realizó con un enfoque cuantitativo y cualitativo, un alcance
descriptivo típico gestionado en campo y un diseño transversal con la recolección de datos por medio de un cuestionario aplicado del método Delphi en donde se indagaron las variables de Vigilancia Tecnológica, Inteligencia
Competitiva y Cultura Organizacional la cuales fueron analizadas por medio de las apreciaciones obtenidas en la
aplicación de las 69 respuestas que se apreciaron de estudiantes de IX y X semestre, graduados, docentes y administrativos de la Universidad de Cundinamarca.
Palabras clave: Cultura organizacional, inteligencia competitiva, Universidad de Cundinamarca vigilancia tecnológica.
ABSTRACT
This article emerges from the research project Technological Vigilance, Competitive Intelligence and Organizational Culture at the Universidad de Cundinamarca Facatativá extension in the thematic nucleus Research I, in order
to diagnose the importance, application and management of Technological vigilance and Competitive Intelligence
as axes of interaction that promote in their relationship a strengthening within the organizational culture at the Universidad de Cundinamarca Extension of Facatativá, Cundinamarca, Colombia. The methodology used was mixed
and was carried out with a quantitative and qualitative approach, a typical descriptive scope managed in the field
and a cross-sectional design with data collection through an applied questionnaire of the Delphi method where the
variables were investigated, Technological vigilance, Competitive Intelligence and Organizational Culture which
were analyzed by means of the appraisals obtained in the application of the 69 responses that were appraised of
students of IX and X semester, graduates, teachers and administrative of the Universidad de Cundinamarca.
Keywords: Competitive intelligence, organizational culture, technological vigilance, Universidad de Cundinamarca.
Recibido: 07 de Diciembre 2019 - Aceptado: 21 de Marzo 2020 - Corregido: 20 de Abril 2020
Cómo referenciar este artículo:
Cruz–Páez, F. O., &amp; Vanegas–Flórez, O. (2020). Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura
organizacional universidad de Cundinamarca Facatativá. Politica Globalidad y Ciudadanía, 84-101. http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/148

1 Proyecto de investigación “Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca
extensión Facatativá”, Financiado por la Extensión Facatativá, Semillero de investigación GEICAEC.
2 Magíster en Administración de Organizaciones por la UNAD, Profesor Investigador de la Universidad de Cundinamarca. Email: focruz@
ucundinamarca.edu.co
3 Magíster en Administración de Organizaciones por la UNAD, Profesor Investigador de la Universidad de Cundinamarca. Email: ovanegas@
ucundinamarca.edu.co
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1.- INTRODUCCION
En el contexto organizacional de la Universidad para el desarrollo organizacional se indaga la
importancia de la Vigilancia Tecnológica, la inteligencia competitiva y la cultura organizacional partiendo de la interacción de las Universidades con las Empresas, el Estado y la sociedad
en pro de evidenciar como se puede realizar el fortalecimiento dentro de la cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá, Cundinamarca de Colombia,
para ello se realizó un estado del arte, diseño y aplicación de una encuesta semiestructurada
tipo Delphi aplicada a expertos que tienen relación con la Universidad con el fin de obtener
resultados que permitieran analizar la importancia de la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva en la cultura organizacional de la Universidad. De esta manera se inició con la
Formulación del problema ¿Cómo influye la apropiación de estrategias de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en el desarrollo organizacional desde la cultura en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá?, del cual se responde que influye mejorando
los procesos y procedimientos que desarrollan en la extensión con empoderamiento de líderes
que fortalezcan la cultura organizacional apoyada desde la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva promoviendo conocimientos y destrezas para el desarrollo socioeconómico y
culturan en las pymes, grandes empresas y organizaciones.
Respecto a la pregunta problematizadora se hizo la Sistematización del problema y se evidenciaron y respondieron los siguientes interrogantes que posteriormente derivan en los objetivos de la investigación y una primera pregunta es ¿Por qué se hace un diagnóstico de la
cultura organizacional, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en la Universidad de
Cundinamarca Extensión de Facatativá? Porque se pueden apreciar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas para formular estrategias de desarrollo organizacional desde la institución para potencializar las competencias de los futuros profesionales que están y/o estarán
inmersos en el sector real productivo. Un segundo interrogante es ¿Para qué se debe promover
el fortalecimiento de la investigación acompañado de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá? La investigación
se fortalecerá para promover la apropiación y potencialización de la Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva como un eje de interacción e innovación en la cultura organizacional
de la Universidad. Finalmente, un último interrogante ¿Qué se va a hacer con la oferta de un
portafolio de servicios en Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva y cultura organizacional? Se aprovecharán las ventajas competitivas y comparativas que tiene la Universidad de
Cundinamarca fortaleciendo continuamente las capacidades de las personas apoyada desde el
Modelo Educativo Digital Transmoderno – MEDIT.
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De acuerdo a la formulación y sistematización del problema el Objetivo general es Promover
estrategias de cultura organizacional, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en la
Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá para el fortalecimiento, gestión y desarrollo organizacional.
Y se tienen tres objetivos específicos así:
Diagnosticar la cultura organizacional, Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en
la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá.
Identificar que la investigación es eje de interacción entre la Vigilancia Tecnológica, la Inteligencia Competitiva y la cultura organizacional para fortalecer la innovación, ciencia y tecnología en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá.
Proponer la creación de un portafolio de servicios en Vigilancia Tecnológica, Inteligencia
Competitiva y cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá.
Las variables teóricas Vigilancia tecnológica, Inteligencia competitiva y Cultura organizacional se evidencia así:
Para Sánchez, la vigilancia tecnológica es “Una herramienta indispensable que permite buscar, recolectar y analizar información relacionada con conocimientos científicos y tecnológicos,
e información sobre aspectos legislativos, normativos, sociales, económicos y de mercado, entre otros” (2019, p. 19)
Otro rasgo, importante de la vigilancia tecnológica es la reducción del riesgo; pues el estar
informado, “Permite identificar a tiempo cambios y novedades que suceden en el entorno de las
organizaciones, con el fin de tomar decisiones más acertadas frente a oportunidades y amenazas
identificadas con el menor riesgo posible en el desarrollo de un nuevo producto, servicio, política o estrategia” (Sánchez, 2019, p. 19)
En cuanto a la competitividad de las organizaciones “La Inteligencia Competitiva es la recopilación y uso de los conocimientos sobre el ambiente externo en el que operan las empresas.
Se trata de un proceso que aumenta la competitividad de mercado mediante el análisis de las
capacidades y las acciones potenciales de los distintos competidores, así como la situación
competitiva global de la empresa en su sector y en la economía” (García, 2017, citado en Bollás
2018, p. 36)
Según Bollás para la toma de decisiones es importante tener claro que “La base de la Inteligencia Competitiva se encuentra en saber distinguir la diferencia entre la información y la
inteligencia” (2018, p. 37)
Para (Arbaiza 2017, citado en Cajavilca, Palomino, Pozo, Rodríguez 2019, p. 11) “concibe
a la cultura organizacional como la regulación del intercambio social entre los miembros de
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una organización, a fin de definir objetivos, valores y políticas organizacionales, que sirven de
referencia para generar una identidad, reforzar su compromiso, satisfacción y seguridad”.
Las limitaciones de la investigación conciernen al desarrollo de una investigación de proyección a macroproyecto en el mediano plazo en la Universidad para expansión del proyecto.
El alcance de la investigación es descriptivo y se da en el contexto “porque tiene como
prioridad describir cualidades, características de un fenómeno o grupo de personas. Su función
principal es profundizar, describir o medir conceptos o situaciones.” (Investigación científica,
2020, p.1), en el caso de las variables estudiadas.
La justificación de la investigación se realiza con el fin de estudiar las variables teóricas e
importancia de las mismas para la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá y así
promover el desarrollo de actividades en el contexto académico y administrativo en pro del
desarrollo organizacional de la Universidad y de cada egresado de la misma en el sector real.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Inteligencia Competitiva – Vigilancia Tecnológica
La Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva son parte fundamental de los procesos
y la gestión de la calidad en las organizaciones, Sosa, afirma que:
La VT e IC es parte, precisamente, de la gestión de innovación porque la capacidad de cualquier organismo para innovar estará cada vez más estrechamente relacionada con la calidad de
la interacción con el entorno en la que está inmersa. Es por ello que el conocimiento externo
debe ampliarse a todos los actores del medio que resulten relevantes y significativos. (2016, p.5)
Uno de los grandes factores que demuestran la importan de la relación entre la VT y la IC es
el desarrollo de una cultura organizacional apoyada y gestionada en interacción entre ellas por
ello la VT es parte la IC, así:
Hoy queremos acercar la IC al mundo del Diseño Estratégico, perfil con una visión técnica
para el desarrollo de productos y servicios, pero que a su vez tiene un punto de vista holístico
(visión global y sistémica) sobre la forma en la que se ofertan éstos a los clientes. No hay duda
de que las decisiones tomadas de esta manera son más resilientes, viables y satisfactorias. (Innguma, 2019, p.1)
La Vigilancia Tecnológica siendo esta un proceso organizado, selectivo y permanente, de
captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar
decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. (UNE, 2011, citado en Moya y
Moscoso, 2017, p.14)
La Inteligencia Competitiva en el contexto organizacional es de gran importancia ya que
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“es una acción que pretende definir, recopilar, analizar y distribuir información externa sobre
productos, servicios, clientes, competidores o cualquier otro aspecto que ayuda a la toma
de decisiones de la organización y al diseño de planes estratégicos y operativos.” (Salmi,
2009, citado en Moya y Moscoso, 2017, p.14).
De acuerdo a lo anterior se puede expresar que la VT e IC son inherentes a la competencia
perfecta ya que:
En un mercado en donde la brecha entre la empresa líder y las seguidoras sea menor, y por
tanto la competencia por arrebatarse el liderazgo sea mayor, la inversión tendería a ser mayor
que en un mercado en donde la brecha entre líder y seguidoras sea mayor y por tanto, la presión
de las seguidoras sobre la líder sea menor. En síntesis, el corazón del sistema capitalista está en
la empresa y sus relaciones dinámicas con el mercado. (Vargas y Rodríguez, 2016, p.6)
Es por ello que con la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva en las empresas
públicas y/o privadas se “pretende diseñar y desarrollar productos y/o servicios innovadores,
crear portafolios corporativos impresos y en línea todo ello con el apoyo de las Tecnologías
de la información y la comunicación” (Cruz, Mera y Lechuga, 2019, p. 187) para impactar el
mercado actual con las dinámicas que se dan en el contexto organizacional.
Así frente a las relaciones de las entidades en el mercado es evidente que la elección de
tecnología en directa relación con la IC y la VT se puede apreciar que el Desarrollo de las
entidades se da cuando se hace uso de tecnologías que competitivamente y comparativamente
posicionan a Universidades, Empresas y Estados con el uso adecuado y comunicación asertiva
con el apoyo de tecnologías especializadas en la inteligencia competitiva ya que:
Las tecnologías que se consideran especializadas abarcan aquellas que son creadas para uso
empresarial, ofreciendo aplicaciones específicas para el procesamiento avanzado de información y la toma de decisiones, por lo cual su uso se delimita a algunos procesos empresariales
afines a la negociación internacional. Estas tecnologías tienen un grado medio y alto de complejidad en su instalación y uso, por lo general se adquieren a través de la compra de licencias que
tienen costos significativos, y brindan soluciones más acertadas y eficientes para la reducción
de costos y tiempos en la negociación. (Cano y Baena, 2015, p.344)
Cultura Organizacional
En la cultura organizacional Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo, aseguran que ella ejerce
una fuerte influencia en el clima laboral, pues es un patrón que genera conductas y valores que
comparten los empleados de una organización, de tal forma que generan una serie de elementos
distintivos y particulares que forman elementos diferenciadores de las otras organizaciones.
Los principales elementos son:
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La identidad de los trabajadores con su organización en los estilos de trabajo y disciplina de
este.
Énfasis en el grupo: determina si se realizan trabajos en grupos o de forma individual.
Perfil de la decisión: si las decisiones se toman pensando en los recursos o en el talento humano.
Integración: cómo funciona la organización de forma coordinada o de forma independiente.
Control: determina si existe una tendencia muy fuerte por el control o por otra parte se trabaja con base en el autocontrol.
Tolerancia al riesgo: si se fomenta o no la innovación, la creatividad, la proactividad para el
desarrollo de actividades.
Criterios de recompensa: que factores influyen para motivar a los empleados de la organización.
Tolerancia al conflicto: Si se permite o no el conflicto funcional como elemento del desarrollo organizacional.
Enfoque de la organización: si la gerencia se orienta hacia el mundo externo o hacia el interior de la organización. (2009, p.70)
Teniendo en cuenta los mencionados aspectos, la organización debe buscar el consenso en
todos los miembros de la organización, con el fin de lograr la misión y los más importante generar un ambiente de bienestar con un nivel alto en la calidad de vida de sus empleados, lo cual
se verá reflejado en un mayor compromiso en las actividades realizadas, aumento de la productividad y la competitividad, generando esto beneficios directos en la organización. (Salazar, et
al., 2009, p.1)
Es así como la cultura de la gestión en una organización “implica un conjunto de cambios en
la perspectiva de la cultura organizacional y de gestión.” (Gómez, 2018, p.15) De acuerdo a la
gestión desde la cultura organizacional “se tuvieron en cuenta las nuevas tecnologías dentro
de la estructura formal e informal, sin dejar de lado el sistema social” (Cruz y Bejarano,
2018, p. 43) siendo este último de gran importancia para las Universidades, las empresas y el
estado.
De acuerdo a ello tal y cómo afirma Cruz, 2014, “se podría implementar a nivel nacional en
aspectos de técnicas, procesos, servicios a prestar, comunicación organizacional, tecnologías a
implementar y sistemas de información” (p.38) con el fin de liderar procesos de VT, IC y cultura organizacional desde la Universidad para las empresas y el entorno en general. “En este
sentido, la existencia de una estrategia organizacional, de una visión y una misión, de objetivos
claros, de canales de comunicación claros entre la gerencia y los empleados, y de una cultura de
medición,” (Zipasuca, Cruz, Rojas y Muñoz, 2019, p.14) en las organizaciones mejora la culRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tura organizacional en la triple hélice Empresa-Estado-Universidad y de la sociedad puesto que
“El poder está relacionado con los tipos de recursos utilizados para ejercer alguna influencia
sobre la organización.” (Lechuga, Cruz y Cazallo, 2018, p.73)
Universidad de Cundinamarca
La misión de la Universidad de Cundinamarca, muestra que es una organización con grandes
potenciales frente a la apropiación y fortalecimiento continuo de la misma y así se pueden aprovechar la Vigilancia tecnológica y la Inteligencia Competitiva en la entidad y para el entorno
que le circunda,
La Universidad de Cundinamarca, 2019, es una institución pública local del siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los concesos mundiales de la humanidad y
las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de
enseñanza- aprendizaje, investigación en innovación, e interacción universitaria. (p.1)
Así para corroborar la importancia de la Universidad y el empoderar la VT e IC como parte
de la Cultura Organizacional de las entidades se aprecia que, en la visión de la Universidad de
Cundinamarca, 2019, se afirma que:
La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia. (p.1).
Finalmente, con base en la afirmación anterior se puede inferir que “Es importante resaltar
que la competitividad es un factor determinante a la hora de penetrar mercados nacionales e
internacionales” (Cruz y Bejarano, 2018, p.52) y es de esa manera que inteligencia Competitiva
junto con la Vigilancia Tecnológica benefician a las organizaciones en general.
3.-MÉTODO
Diseño
La investigación de la cual se desprende el artículo se realizó desde un enfoque cuantitativo,
con una metodología cuantitativa, por medio de un diseño transversal de recolección de datos
en un tiempo determinado, con un alcance descriptivo típico con aplicación en campo. Las variables que se indagaron son Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva y Cultura Organizacional la cuales fueron analizadas por medio de las apreciaciones de estudiantes de IX y X
semestre, graduados, docentes y administrativos de la Universidad de Cundinamarca Extensión
de Facatativá, Cundinamarca, Colombia.
El enfoque investigativo de la presente investigación es cuantitativo ya que “En una invesRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento
(muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca que los estudios
efectuados puedan replicarse.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.5)
El diseño de la investigación es transversal ya que, según Rodríguez y Mendivelso, “El
investigador realiza una sola medición de la o las variables en cada individuo (número de mediciones)” (2018, p. 142)
Para el alcance de la presente investigación se indago el ámbito de los estudios descriptivos
y afirman Burns, N y Grove, S.K. 2004 citado en Müggenburg y Pérez, que:
En el ámbito de los Estudios descriptivos se pueden mencionar: a) descriptivo típico (describe las características de una sola muestra); b) descriptivo comparativo (describe las diferencias
de variables en dos o más grupos); c) estudio de caso (descripción intensa de una unidad de
estudio). (2007, p.36)
Participantes
Las personas que aplicaron el cuestionario fueron estudiantes IX y X semestre, graduados, docentes y administrativos, con el fin de profundizar en la propuesta de Investigación Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva y Cultura Organizacional en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá liderada desde el núcleo temático Investigación I.
Se obtuvo 69 respuestas segmentadas así: 50,7% de estudiantes X semestre seguido de
27,5% de estudiantes IX semestre, 15,9% de docentes, 4,4% administrativos y 1,5% graduados.
Instrumento
Las personas que participaron aplicando el instrumento de investigación encuesta estructurada
bajo parámetros de cuestionario tipo Delphi, frente a ello se aprecia que: El método Delphi tiene
como finalidad poner de manifiesto convergencias de opinión y hacer emerger ciertos consensos
en torno a temas precisos, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos.
El objetivo más frecuente de los estudios Delphi es el de aportar iluminación a los expertos
sobre zonas de incertidumbre a fin de ayudar a la decisión. (Godet y Durance, 2007, p.78, citado
en Mera, Avendaño y Cruz, 2015, p.79)

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Procedimiento
Fase
Fase 1

Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

Fase 6

Cuadro 1. Fases de la investigación
Descripción
Estado del arte, se indagaron documentos, libros, artículos de investigación,
página web de la Universidad de Cundinamarca relacionados con las variables de la investigación Vigilancia Tecnológica en inteligencia Competitiva,
Cultura Organizacional.
Construcción del marco teórico de las variables Vigilancia Tecnológica en
inteligencia Competitiva, Cultura Organizacional y de la Universidad de
Cundinamarca.
Construcción y validación del instrumento de investigación encuesta tipo
Delphi.
Selección de la muestra de personas y aplicación de la encuesta, se seleccionaron estudiantes, docentes, administrativos y egresados de la Universidad
de Cundinamarca.
Análisis de las encuestas aplicadas y obtención de resultados de la Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva y Cultura Organizacional en la
Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá.
Recomendaciones para propuesta de segunda fase de aplicación del proyecto de investigación para indagar la Vigilancia Tecnológica en inteligencia
Competitiva, Cultura Organizacional a pymes del entorno de la Universidad
de Cundinamarca y todas las sedes y extensiones de la Universidad.
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2020.

4.- RESULTADOS
Encuesta Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y Cultura Organizacional, Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá. Marco Referencial para aplicación de la encuesta:
Frente a Vigilancia Tecnológica -VT e Inteligencia Competitiva se aprecia que:
La VT tiene como objetivo principal, conocer día a día todo lo que ocurre en un área tecnológica determinada, con el fin de establecer el camino que deben tomar los trabajos de investigación que se desarrollen dentro de una organización (Cegarra, 2004, citado en Ramírez,
Escobar y Arango, 2012, p.244)
y de esta manera lograr discernir, pero con conocimiento. Una primera definición de la
inteligencia competitiva de La Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva (SCIP
- Strategic and Competitive Intelligence Professionals) afirma que la IC es un proceso ético
y sistemático de recolección de información, análisis y diseminación pertinente, precisa, específica, oportuna. (Ramírez, Escobar y Arango, 2012, p.244)
Dentro de la formación educativa que se tiene en la Universidad de Cundinamarca ¿Cuál es
el tema que considera de mayor importancia en su rol relacionado con la Universidad?
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El 58% de las personas encuestadas afirman que la inteligencia competitiva – IC es el aspecto más importante en la formación educativa en la extensión Facatativá, seguido del 34,8% de
Cultura Organizacional y un 7,2% de la Vigilancia Tecnológica.
¿Cuáles son los tres principales servicios institucionales que usa con mayor frecuencia?
Los tres servicios más usados son la plataforma institucional con un 87%, seguido de las
aulas virtuales con un 84,1% y la biblioteca con un 63,8%, lo que deja apreciar la importancia
de las herramientas que dispone la universidad para estudiantes, docentes y administrativos
principalmente.
¿Se han realizado capacitaciones donde se abarque o explique la adecuada gestión de los medios tecnológicos con los que cuenta la Universidad, Si o NO? Especifique cuales implementa
usted.
El 26,1% afirmaron que si a través de La Inducción a estudiantes y docentes, manejo de aulas virtuales, de la red social Facebook y Colnodo para la creación de páginas web para el apoyo
de publicidad de futuras empresas, manejo de plataforma institucional, correo institucional,
biblioteca y el sistema de solicitudes SIS, así se repasan los conceptos sobre los medios tecnológicos que posee la universidad y como pueden hacer uso de ellos para facilitar los procesos
académicos y se puede profundizar el manejo de Moodle con talleres de capacitación presenciales y el 73,9% respondieron que hacen uso básico de los computadores de la biblioteca y en
ocasiones de los televisores dispuestos en la era digital para el desarrollo de actividades lúdico
pedagógicas y que falta apoyo publicitario para fortalecer el conocimiento y habilidades para
el manejo de plataformas virtuales, lo cual indica que la mayoría de la comunidad no ha asistido a las capacitaciones programadas y se debe promover mayor accesibilidad, flexibilidad en
horarios y apropiación cultural por parte de las personas frente a la inversión del conocimiento
que realiza la universidad.
¿Cree usted que se están implementando adecuadamente los lineamientos de las funciones
sustantivas, en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿SI o No y por qué?
El 21,7% afirma que si ya que se está interactuando con las TIC y gracias a estas se tiene
un mayor acceso a fuentes primarias de información generadas por estudiantes y docentes de
la universidad. Teniendo así también mayor facilidad de acceso a la universidad, sugieren en
la parte de innovación se podrían implementar más espacios o tal vez la implementación de un
núcleo temático sobre liderazgo innovador para promover con mayor asertividad la iniciativa
de los estudiantes en cuanto a la gestión en el campo de investigación e innovación, con base
en el Modelo Educativo Digital Transmoderno - MEDIT propuesto en la Universidad, ya que
los estudiantes afirmaron que en algunos núcleos temáticos los enfocaron en la innovación
como pilar de competitividad puesto que la academia siempre busca que su mayor legado sea el
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conocimiento basado en la ciencia y apoyado en la exploración e implementación de las nuevas
tecnologías en la interacción de los docentes con los estudiantes mediante las aulas virtuales y
la sensibilización y creación de Semilleros de investigación, y el 78,3% expresa que no porque
los procesos de investigación tienen deficiencia en la cantidad de participantes que están activos e interactuando constantemente en el proceso y se deben divulgar con mayor frecuencia
todos estos procesos para que los estudiantes tengan en cuenta la importancia de la investigación en el mundo empresarial.
¿Desde cuál objetivo institucional cree usted que se podría fortalecer la cultura organizacional enfocada desde la Vigilancia Tecnológica -VT e Inteligencia Competitiva - IC en la
Universidad?
Se evidenció que fomentar la formación profesional, en el marco de la cultura, la ciencia, la
tecnología y la innovación con un 60,9% es el objetivo que podría fortalecer la cultura organizacional desde la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia competitiva, seguido de Consolidar
la presencia institucional en el contexto científico con un 21,7%, Contribuir al desarrollo de los
niveles educativos con un 10,1% y con 7,3% Evaluar de manera continua el quehacer institucional en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá.
La investigación como pilar de la Inteligencia Competitiva en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá se aprecia en mayor medida en:
Se evidenció que los semilleros de investigación con un 39, 1% y las monografías de investigación con 21,7% son los principales pilares de la investigación interrelacionada desde la
Inteligencia Competitiva en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá, seguido de
los núcleos temáticos con un 14,5% , intercambios interinstitucionales y pasantías cada una con
8,7% y 7,3% en interacción universitaria.
Teniendo en cuenta la importancia de realizar estudios de Inteligencia competitiva IC y Vigilancia Tecnológica -VT ¿En qué campo lo aplicaría?
La comunidad de la universidad aplicaría estudios desde la Inteligencia competitiva IC y
la Vigilancia Tecnológica -VT en investigación con 42% y en el sistema organizacional con
39,1% principalmente seguido de la cultura organizacional con un 18,8%.
Incorporar un sistema de I.C. y V.T. permite un ahorro de costos ¿Usted realizaría esta actividad en su Organización con qué fin?
El 95% de las personas afirmaron que si incorporarían un sistema de Vigilancia Tecnológica
e Inteligencia Competitiva en la organización con el fin de generar una reducción de tiempo y
costos y maximizar los ingresos, ampliar el mercado, Automatizar y estandarizar procesos, capacitar el personal, maximizar la producción para innovar y tener un plus en los productos y/o
servicios con efectividad e igualmente generar conocimiento e información, teniendo en cuenta
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que el recurso más importante es el desarrollo de las capacidades de las personas alineadas al
cumplimiento de los objetivos aumentando así las ventajas competitivas con mayor ahorro,
control de personal con auditoría interna y externa por ejemplo a través de los retos de innovación en donde participan todos los colaboradores de la empresa dando ideas de ahorro, de mejora y de innovación esto para la contribución de las metas de la organización lo que permitirá
incrementar la competencia y mantener un correcto control y funcionamiento de la tecnología,
con la inclusión del recurso humano y fomentar la excelencia de los trabajadores. Minimizar
los costos de manejo de documentación y ampliar el espacio de almacenamiento y así mismo
teniendo acceso a la información de la organización invirtiendo en seguridad cibernética y así
aumentar la confianza del cliente interno y externo. También con el fin de visibilizar procesos
y resultados de investigación que permitan posicionar al equipo de trabajo, a la institución y
que finalmente la organización sea más competitiva con el fin de tener un mayor grado de conocimiento del entono que rodea a la organización, de tal manera que con toda la información
recolectada, analizada e interpretada, se efectué un proceso más coherente y objetivo de la toma
de decisiones, para buscar blindar la información de la compañía teniendo en cuenta que quien
tiene la información tiene el poder y se pueden implementar estos sistemas para el mejoramiento de la calidad en cada uno de los procesos para el desarrollo del sistema organizacional.
Finalmente, solamente el 5% expresó que no las implementaría en la empresa.
Estaría dispuesto a participar en cursos, diplomados y/o conferencias con el fin de mejorar
su desempeño y la Cultura Organizacional en relación con la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia Tecnológica.
Efectivamente al 92,8% de las personas les gustaría participar en cursos, diplomados y/o
conferencias con el fin de mejorar su desempeño y la Cultura Organizacional en relación con
la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia Tecnológica lo cual evidencia la importancia de ser
líderes intraemprendedores desde la extensión Facatativá en proyectos y/o programas que fortalezcan la VT e IC desde la culturización organizacional en la Universidad.
5.- CONCLUSIONES
Las estrategias que se emplean desde la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva
fortalecen la cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca Extensión de Facatativá y generan habilidades, destrezas y apropiación del conocimiento para poder gestionarlo
a nivel empresarial y/u organizacional por parte de estudiantes, graduados, docentes y administrativos. Es así como “la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, a través de bases
de datos de vigilancia tecnológica en páginas web de convocatorias como Colciencias2 , Colfuturo3 , SENA4” (Lechuga, 2015, p.120) son fundamentales en las estrategias de desarrollo
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organizacional.
La cultura organizacional se puede fortalecer con mayor empoderamiento de líderes de la
comunidad académica (docentes, estudiantes y administrativos) en la institución, ya que:
para que la gestión de las IES sea efectiva, tanto en situaciones estables, como de cambio
organizacional, importa caracterizar la cultura organizacional para que sus elementos se conviertan en insumo para la toma de decisiones y el diseño de programas de acción en las instituciones. (Cavazos, Ochoa, Álvarez, 2016, p.1)
La investigación actualmente juega un papel de gran importancia para universidades y empresas del sector real es así como desde la culturización organizacional en el contexto de modelos organizacionales en interacción con y desde la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia
Competitiva servirán como eje de la cultura organizacional en la Universidad y las empresas
y/u organizaciones. Teniendo en cuenta que Santa, 2017, citado en Bollás y Valencia, 2017,
p.2) afirma que:
La inteligencia competitiva va más allá de la investigación de mercado o la vigilancia tecnológica, centrándose en todos los aspectos del entorno para generar ventajas competitivas en la
organización. Las herramientas integradas de vigilancia e inteligencia ayudan a las organizaciones a optimizar sus recursos, automatizando la detección temprana de amenazas y oportunidades, monitorizando la captura de datos y apoyando los procesos de explotación de información.
Se recomienda realizar una nueva investigación en todas las sedes y extensiones de la Universidad de Cundinamarca e igualmente desarrollar una investigación en coautoría con otras
universidades a nivel nacional e internacional como propuesta macroproyecto de investigación
liderado desde la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá con entidades con las
cuales se maneja el tema de internacionalización cono el Tecnológico Nacional de México /
Instituto Tecnológico de León de México ya que Huerta, 2013, citado en Lázaro, afirma que “se
establezca una cultura organizacional favorecedora de un clima colaborativo, en donde las opiniones y los argumentos de los docentes sean considerados relevantes en la toma de decisiones.
(2017, p.58-59)
La Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva son inherentes en conjunto con la
cultura organizacional y se aprecia mayor apropiación de la IC en la Universidad, así se sugiere
la creación y oferta de diplomados, cursos de extensión, seminarios entre otros programas educativos para la comunidad académica y empresarial en la institución como pilar de cultura organizacional en concordancia con el Modelo Educativo Digital Transmoderno – MEDIT, ya que:
Lo digital engloba todo un momento histórico hoy en el mundo, lo cual implica otra manera
de entenderlo, ser y hacer; por lo tanto, no se reduce a una mera concepción asociada a la virtualidad y a la tecnología, sino que se reconoce en su impacto en las formas de conocer de los
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sujetos. (Universidad de Cundinamarca, 2019, p.1)
Agradecimientos
El artículo se deriva del proyecto de investigación “Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional en la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá”
desarrollado en el semillero GEICAEC del programa de Administración de Empresas, el proceso de investigación se realizó en el primer semestre académico del año 2019 con el fin de
diagnosticar en conjunto con el co-investigador y con el apoyo de estudiantes auxiliares del
semillero de investigación la relevancia de formular estrategias para la aplicación de modelos
y métodos existentes de la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva en la Universidad. Se agradece la participación en la construcción de la encuesta a Omar Giovanni Gómez
Farfán, Valentina Cabanzo Gómez y Erika Vanessa Ávila Galvis, auxiliares del semillero de
investigación GEICAEC.
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México, ISSN 2395-8448. 84-101. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/148

�102
The southern border of Mexico: Problems and challenges of national security and its
different dimensions1
La frontera sur de México: Problemas y desafíos de seguridad nacional y sus diferentes
dimensiones
José María, Ramos-García2
El Colegio de la Frontera Norte, México
https://orcid.org/0000-0001-6440-6470
Carlos, Barrachina-Lisón3
Universidad Anáhuac, México
https://orcid.org/0000-0001-7802-297X
Jimmy Emmanuel, Ramos4
Universidad Autónoma de Baja California, México
https://orcid.org/0000-0002-8809-6822
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-6
_______________________________________________________________________________________________________
ABSTRACT
The southern border of Mexico presents great challenges and opportunities. It is an area of traditional coexistence
and daily border dynamics. Despite not presenting a can be done traditional enemy; however, the interests of the
United States have made organized crime activities, especially related to drug trafficking; as well as the transit of
undocumented migrants is part of the Mexican National Security agenda. This paper proposes that only from a
multidimensional and comprehensive approach is it possible to manage a border that takes people into account as
human beings, beyond their citizenship.
Keywords: Multidimensional Approach, National Security, Southern Border, US-Mexico Relationship.
RESUMEN
La frontera sur de México presenta grandes desafíos y oportunidades. Es un área de convivencia tradicional y dinámica de frontera diaria. A pesar de no presentar un enemigo tradicional se puede decir; sin embargo, que, a causa
de los intereses de los Estados Unidos en la región respecto al control de las actividades del crimen organizado,
especialmente las relacionadas con el narcotráfico; así como el tránsito de inmigrantes indocumentados, es que la
frontera sur siempre ha formado parte de la agenda de Seguridad Nacional de México. Este documento propone
que solo desde un enfoque multidimensional e integral es posible gestionar una frontera que tenga en cuenta a las
personas como seres humanos, más allá de su ciudadanía.
Palabras clave: Enfoque multidimensional, Frontera Sur, Relación EE UU-México, Seguridad nacional.
Recibido: 30 de Agosto 2019 - Aceptado: 15 de Diciembre 2019 - Corregido: 09 de Enero 2020
Cómo referenciar este artículo:
Ramos-García, J., Barrachina-Lisón, C., &amp; Ramos, J. (2020). The southern border of Mexico: problems and
challenges of national security and its different dimensions. Politica Globalidad y Ciudadanía, 102-127.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/149

1 The results presented in this document are part of the investigation of aim K “National Security and Border with Guatemala” of the research
project “Mexico-Guatemala Cross-Border Region” (2018-2020). Large-scale scientific initiative in which more than 90 researchers with a
consolidated track record from Centro GEO, COLEF, CIDE, CIESAS, Instituto Mora, ECOSUR, FLACSO Guatemala and the University of
San Carlos de Guatemala cooperate. Available in http://www.rtmg.org/ms/objetivo_k/narrative/51
2 Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, profesor adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Email: ramosjm@colef.mx
3 Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Coordinador Académico de Seguimiento y Titulación de Posgrado, Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac-México, Email: carlos.barrachina@anahuac.mx
4 Doctorante en Estudios del Desarrollo Global, profesor de asignatura en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. Email: Jimmy.ramos@uabc.edu.mx
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México, ISSN 2395-8448. 102-127. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/149

�The southern border of Mexico...

103
1.- INTRODUCTION
The general aim of this article is to highlight the role of the national security approach and policies by the Mexican State on the Mexico-Guatemala and Belize border, analyzing some of the
problems and challenges that have arisen in recent years. For the Mexican State, the southern
border with Central America is a priority in its national security agenda, considering the main
shared border problems: drug trafficking, migration, violence, arms trafficking, smuggling of
goods, and trafficking in persons.
The border between Guatemala, Belize and Mexico has long been porous and pendular migration, related to commercial activity, or justified by different job opportunities has been an
important part of the regional culture (García, 2017: 44 y 45; Chan-Pech, 2019: 48-55). In the
Central American North Triangle, made up of Guatemala, El Salvador and Honduras (Barrachina, 2016: 47-52), violence is part of the population’s daily life by criminal groups deeply rooted
in the territory (Armijo, 2011: 45-48).
The problems caused by organized crime in the region have not been managed effectively
(Olson y Zaino, 2014: 29-34), this has resulted in the current situation being more complex and
generating significant social impacts. Therefore, it is still essential to promote a comprehensive
agenda to promote an effective security and welfare policy on this border (Correa-Cabrera,
2017: 7-11). From the perspective of national security, the inadequate management and implementation of the policy to reduce risks, threats and problems; especially in terms of drug
trafficking, weapons and money laundering.
By way of background, in the 1980s, Guatemala - and, in general, Central America - was a
favorable territory for Colombian cartels to diversify the routes and means of drug transport.
Weak institutions in political and economic dimensions of the region were an excellent breeding ground for cartels to take control of important regions of the territory. The internal armed
conflict reduced attention to drug trafficking, corruption of the military and other officials; as
well as armed bands that provided protection to illicit crops and transport routes. Additionally,
note that there is a large Guatemalan border of about 1,687 kilometers with four countries and a
high degree of border porosity, as well as a network of areas and routes of consolidated traffic;
and poor cooperation and drug policy coordinated with Mexico since the 1980s (Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, 2014).
Over the years, according to the 2016 International Narcotics Control Strategy Report, issued by the United States Department of State, most of the cocaine [90 percent] that enters
that country passes through Central America. This trend has increased since the 1990s with
the strengthening of Mexican criminal groups and their networks with Colombian groups. The
impact of drug trafficking and its profits also show the ineffectiveness of international drug
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�Ramos-García, J. M., Barrachina-Lisón, C., &amp; Ramos, J. E.

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cooperation; of binational cooperation and management on this issue of Central America in the
last 30 years, based on an agenda for national security. Despite this there have been advances;
For example, in 2017, Guatemala had its largest confiscation, consisting of 13.7 tons of cocaine,
with the support of the US Coast Guard (Williams, 2018).
2.- THEORICAL FRAMEWORK
The multidimensional approach of the national security policy of the Mexican state: an effective transversal management model.
The National Security Program 2014-2018 of Mexico “(…) recognizes the impact of those
trends and factors that could have a negative impact on the national interests and aims of Mexico and on the conditions for the social and economic development of its population” (Secretaría
de Gobernación, 2014). The challenge posed by this program is that “(…) gives integral attention to vulnerabilities, risks and threats that directly impact the development of the Mexican
State and the quality of life of its population, establishing a link between security, defense and
development in three aspects: human, political-military and economic-environmental.” (Secretaría de Gobernación, 2014).
This change in the national security approach implied having an effective transversal management model, which in practice has had limitations on the southern border with Central
America and in the relationship with the United States (Angulo, 2006: 17-26) . The analysis of
Mexican drug policy and its relationship with Guatemala, within the framework of national security policy, reflects different limitations, which have not affected on a reduction in the factors
that figure vulnerability and the risks of the interrelationship between security, migration, and
drug trafficking (Arévalo. B. 2002: 162-164).
The challenge of this paradigm is to make its implementation viable by the government actors of the three levels of government in Mexico, to promoting security and development in the
southern Mexican border. The challenge is even greater if “multidimensional national security”
integrates human security not only for citizens, but for all human beings who are in the national
territory (Head. I, 1991: 115-119; Nef. J, 1999: 11-13; Rojas, F and Alvarez, A., 2002: 14-19).
On the southern border of Mexico, the documented or undocumented migratory flow of Central Americans, mainly from the countries that make up the northern triangle (Honduras, Guatemala and El Salvador), is common (International Crisis Group, 2016: 11-16). The dimensions
to which migration responds (Casillas, 2015: 56-61), range from chronic insecurity of the countries and populations of origin (homicides5, kidnapping, smuggling, drug trafficking, collection
5 At the time of the 2014 DHS report, Honduras had the highest murder rate in the world: 74.6 homicides per 100,000 residents that year. El
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�The southern border of Mexico...

105
of land, trafficking in persons, domestic violence, arms trafficking, money laundering, extortion
and former revolutionary and counterrevolutionary movements [Mata Cervantes, 2017: 6-8]),
epidemic violence (aggravated by gangs and organized crime groups), hurricane and earthquake disasters, endemic poverty in the region and economic uncertainties caused by changes
in patterns of production due to climate change (Nawrotzi, Riosmena and Hunter, 2015: 67-69),
as well as basic structural factors of regional economic development.
This diverse context represents a challenge to carry out an effective multilevel management
oriented towards regional security and development. Hence the question, Will the incoming
Mexican administration be able to set up a policy capable of addressing all these dimensions?
These problems have gradually been exacerbated over the years by inefficient cross-cutting
management for development and security, also limited governance based on the rule of law
(Benitez Manaut, R, 2003; Barrachina Lisón, C and Rial, J, 2006: 150-157).
The challenge of managing these problems lies in reconciling the national security risks
agenda versus a human rights agenda (Ghys, 2019: 20-22) and the right to migrate. The difficulty of conceiving this balance is, has been and will be a source of border, local, regional and
intergovernmental tension, because emigration is a human right, the truth is also that in the
migratory flows it is possible to enter people with criminal records, linked to gangs or criminal
groups. Hence the challenge of the institutional capacity of the Mexican State to discuss the
risks in these migratory flows from Central America (Ingram y Curtis, 2015: 25-27).
The attack of September 11, 2001 is the watershed of major geostrategic changes in cooperation relations for border control between the United States, Mexico and Guatemala (Ribando
Seelke and Finklea, 2017: 13-22). The attacks triggered that Mexico modified the way it organized its territorial security. As a result, he had to reconsider the terms in which he would develop
his border and immigration security policy with his neighbors in the South (in Mexico one of
the effects was to include security cooperation in the NAFTA agreements [Lozano-Vázquez
and Rebolledo Flores, 2015: 246-249]). From that moment on, countries acquired the commitment to improve their security by protecting shared borders (Cottam y Otwin, 2005: 20-28).
However, in practice, Mexico has gradually strengthened border security and control, as part
of the Mérida Initiative, since the end of the first decade of the 21st century, porosities are still
maintained.
This situation has facilitated both the flows of irregular Central American migrants to Mexico, as well as drug trafficking to and from Central America. Therefore, the emphasis is on pro-

Salvador ranked second, with 64.2. Guatemala was ninth, with 31.2. In 2016, El Salvador had an even higher homicide rate than Honduras, 91.2
per 100,000 people. The rate for Honduras was 59.1 and the rate for Guatemala was 23.7 (D’Vera, Passel y Gonzalez-Barrera 2017).
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moting effective co-responsibility in the area of migration governance within the framework
of the institutionalization processes of security, migration and development policy towards the
southern border and promoting cooperation from Mexico, with Central America and the United
States that gradually be strengthened (Pastor Gómez, 2016: 6-10).
In the case of Mexico, the first formal policy action was to impose on Guatemala the contents
of the “Smart Borders” agreement, which resulted in the creation in 2002 of the High-Level
Group for Border Security (GANSEF, later, GANSEG) (Ribando Seelke, 2009: 21-25). Since
then, border control and security are a priority issue for both countries (initially as a response to
terrorist threats, and subsequently the fight against drug trafficking from the second half of the
21st century). However, the problems of corruption, lack of professionalization, limited technology, intelligence and research, among others, show the increasing difficulty of substantially
reducing drug trafficking on the Mexico-Guatemala border in the last twenty years. The current
budgetary restrictions of both the federal administration of the United States and Mexico to promote international initiatives for both security and local development show the distrust of the
results of actions and strategies in previous agreements. On the other hand, the Mérida Initiative
has not been successful in its effort to cut drug trafficking, in its transit from Central America to
Mexico and then to the United States.
After September 11, 2001, the “Merida Initiative” was devised with the aim of improving
cooperation and security control between the United States, Mexico and Central America to
stop drug trafficking of transnational criminal organizations; as well as to detect possible terrorist attacks in the region (Ribando Seelke, 2009: 17-20). It started with a financing of 1.6
billion dollars and four pillars of action: 1) disrupting the working capacity of organized crime; 2) institutionalize the ability to support the rule of law; 3) create the border structure of
the 21st century, and 4) build strong and resilient communities (Benitez Manaut y Rodríguez,
2009: 43-45). Funding for programs for improving and professionalized local police was one
of the initiative’s core strategies. The guidance for action were: control of undocumented immigration, strengthening and professionalization of public safety; shared strategies to protect
the southern border of the United States. Over the years, the impact of the Mérida Initiative on
the relationship with Mexico and the border has basically been limited in terms of financing for
infrastructure and biometric equipment to promote immigration regulation and control (Barrachina, 2009: 260-265).
The security thresholds established as a result of the terrorist attacks of September 2001
- which caused a stricter border control, as well as the “criminalization” speech of irregular
migration to the United States - caused Mexico to devote more resources and attention to compliance with the safety community criteria (Benitez Manaut, 2008: 2-6). Given the new security
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�The southern border of Mexico...

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scenario, Mexico increased cooperation in the fight against drug trafficking and migration by
implementing policies on the southern border through Plan Sur (2001-2003) and the Southern
Border Program (2014-2018) (Borja Armas, 2016: 19-29). However, there have been structural
limitations in these cross-border cooperation programs, which have not substantially reduced
drug trafficking or the passage of undocumented migrants across borders.
Southern border program: policies and limitations
On July 7, 2014, presidents Enrique Peña Nieto of Mexico and Otto Pérez Molina of Guatemala, announced the Southern Border Program (PFS), whose purpose was to protect migrants traveling through Mexico. Other goals of the program were: to foster a culture of legality, human
rights, respect and appreciation of migrants; join the issue of migration into regional and local
development strategies; and consolidate effective migration management, based on criteria of
facilitation, international co-responsibility, border security and human security. Promote the
processes of integration and reintegration of migrants and their families; and strengthen access to justice and security for migrants, their families and those who defend their main rights
(López, 2015: 70-72).
The two main goals of the Program are: a) to protect migrants entering Mexico and b) to administer ports of entry in a way that promotes the security and prosperity of the region (Wilson
and Valenzuela, 2014:1-3). The program promoted border custody from a dozen naval bases
in rivers; safety cords that are found along a line between Coatzacoalcos, Veracruz and Salina
Cruz, Oaxaca (on the Isthmus of Tehuantepec). Also, it stipulated that migration officials should
work with the military, federal and state police, to carry out the controls from the issuance of
“Regional Visitor” and “Border Worker Visitor” cards. The repercussions of these border containment cords meant that migrants took more remote and dangerous traffic routes (D´Vera,
Passel and Gonzalez Barrera, 2017: 5-7).
Regarding the aim of “protecting migrants entering Mexico”, the action plan considered five
dimensions: a) orderly migration, b) infrastructure improvements, c) protection of migrants, d)
shared regional responsibility and e) Inter-institutional coordination (Isacson, Meyer y Smith,
2017: 6-8). The problem of management and policies in these dimensions has been its effective
capacity for implementation and transversal coordination that, although it has improved migration controls, has not affected a decrease in drug flows across the borders with Guatemala,
whose destination is mainly to the United States.
Regional and orderly migration: The “Regional Visitor Card of Mexico” was established
with a validity for five years with an unlimited number of tickets, and a limit of 72 hours to stay
in the country; the “Border Worker Visitor Card” would allow working in the border area and
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108
staying for extended periods. The aim was to ease regular, orderly and documented trips of people crossing the border in the region. This has allowed Guatemalans and Belizeans to receive
a pass for tourism, shopping and family purposes in the immediate Mexican border region for
a limited period. The main aim was to protect regional operations by promoting purchases and
cross-border tourism by residents of neighboring countries.
Table 1 Number of Local Visitor Migration Forms and as of 2013 Regional Visitor Cards
delivered per year and Mexican state.
Local Visitor Immigration Form / Regional Visa Card (from 2014)
AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Chiapas

1376

7067

123322

79267

60896

58019

36537

94936

105069

83533

71176

67120

Tabasco

S/D

S/D

8064

5042

3068

3151

4487

8725

6478

3736

2849

4793

Q. Roo

2139

3577

40673

8152

10141

6465

4134

8377

2670

2547

1417

2167

Total

4515

10444

172059

92461

74105

67635

45158

112038

114217

89816

75442

74080

Source: Prepared by the authors based on statistics from the National Institute of Migration, Mexico in the period 2007-2018.
Table 2 Number of Migrant Forms Border Worker and as of 2013 Border Worker Visitor
Cards delivered per year and Mexican state6
Local Visitor Immigration Form / Regional Visa Card (from 2014)
AÑO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16613

15056

12348 10544

Chiapas

30655

28570

29953

23177

15749

15358

Tabasco

23

58

40

32

32

33

35

66

48

166

Q. Roo

0

1

1

1

6

0

10

8

3

4

30678

28629

29994

23210

15782

15391

16658

15130

Total

27840 22458

12399 10714

Source: Prepared by the authors based on statistics from the National Institute of Migration, Mexico in the period 2007-2018.
Improve infrastructure for border security and migration control: Focused on conditioning
infrastructure and other types of improvements at customs ports of entry and other border stations to modernize customs and border stations. The proposal of the plan was to create new
Centers for Integral Attention to Border Traffic, which would serve both to offer services to
migrants in transit, and to ease their deportation processes. This is an aim aligned with Mexico’s regional programs to streamline ports of entry with the goal of improving trade and visitor
flows. It was known as the “Border Zone Support Program” and sought to promote regional
6

Source: Prepared by the authors based on statistics from the National Institute of Migration, Mexico in the period 2007-2018.
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109
integration. Initially, these new centers did not offer services to migrants who decided to stay
in the country, such as services to asylum application, file criminal complaints or receive legal
advice without fear of deportation. This part was consistent with Mexico’s regional programs to
streamline ports of entry to improve trade and visitor flows (Border Zone Support Program) and
to promote regional integration of trade schemes. In 2017, there were five Centers for Integral
Attention to Border Traffic and mobile checkpoints along the border. The services offered for
migrants were medical care, support and advice for minors in the process of repatriation (Ortiz
de Zárate Bejar y Shubich Green, 2015: 171-174).
Protection of migrants: intended to develop medical and social services for families by developing new social and health services for migrants and their families, building five new medical
units in Chiapas and a set of improvements in infrastructure, personnel training and working
protocols for Detention centers and migrant shelters.
Shared regional responsibility: the aim was to coordinate regional efforts based on a “shared
responsibility” between municipalities, Mexican states, Guatemalan departments and countries.
The aim of this proposal was to improve regional collaboration on issues related to migration,
based on a “shared responsibility” between the countries of Central America and Mexico. One
aim to highlight was the interest of the countries of the northern triangle to develop public policies in Central America that triggered changes in their economic and political processes, to
combat the factors that will drive population migration (poverty, insecurity, vulnerability and
violence); However, this policy did not commit Mexico to any financial assistance or help7. An
important point in this part was to promote coordinated work, especially with the Government
of Guatemala, for the dismantling of criminal groups, and to establish centers for the registration and formation of shared border databases (biometric data, criminal organizations, routes
of traffic, traffic routes, vulnerable populations, etc.). However, profound limitations persist in
effective drug cooperation, based on research, intelligence, prevention and vocational training,
hindered the progress of drug cooperation initiatives.
Inter-institutional coordination: The Ministry of the Interior should coordinate with the governments of the States of Campeche, Chiapas, Quintana Roo and Tabasco through a public policy known as “Coordination for the Comprehensive Care of Migration in the Southern Border”
to carry out the strategies, mechanisms and activities stipulated in the program to develop and
implement models of inter-institutional coordination between federal, state and municipal units
involved in border security, and meet the goal of an orderly migration. One of the aims of the
7 The projects for the development of the area are the “Integration and Development Project of Mesoamerica” and the “Alliance for Prosperity”. Also, the Inter-American Development Bank (IDB) made a commitment to support ongoing initiatives to integrate energy markets (connect
Colombia’s electricity networks to Mexico and integrate gas markets in the region).
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strategy was to coordinate the agencies that had the task of enforcing the program guidelines,
integrating from the military institutions, to the municipal police that carried out their own control points and working protocols.
The plan postulated the exchange of information between agencies and coordinated actions
to protect the border and control the flow of migrants and illegal goods8. Emphasized the ways
in which there were limitations in the evaluation and monitoring of these initiatives with a comprehensive approach (migration, security and development), and there were no positive effects
on the progress of the capabilities of interception of illicit drugs, as well as cut the working
capacity of transnational criminal groups. The results of these cooperation initiatives were to
strengthen the infrastructure, border inspection mechanisms and include certain technological
innovation processes. The pending challenges were to strengthen security, reducing the infiltration in Mexico of people with criminal records or practices and promoting better welfare conditions in border populations, which implied a greater impact on the processes of management
and implementation of migration policies and community development. However, the assistance policy of the United States towards Central America (Olson, 2014) and in particular towards
Guatemala has not been integral in the last twenty years, in the sense that the confiscated drug
shipments increased, especially cocaine, the truth is also that the incentives for a real decrease
in drug trafficking have not been eliminated (Cara Labrador and Renwick, 2019). This entails
the need to redefine collaboration strategies for binational and national combating organized
crime. In the case of Mexico, its priority is to make sure greater effectiveness of security policies and carry out effective mechanisms to combat corruption, transparency and accountability
of its various institutes and corporations responsible for implementing policies related to the
southern border.
To implement the Program, a variety of federal agencies participated. These federal agencies
together with state and municipal corporations were responsible for the distribution of competences and functions, which have resulted in programs, policies and strategies with low levels of
efficiency in drug seizures and eradication of the various international and cross-border criminal groups. This institutionalization of the national security policy on the southern border was
not effective in regulating drug flows from Central America and with preferential destination to
the United States. To make this possible improvement in communication and information technologies; police reform and in the prison system; as well as improvements in the intelligence
systems they had to be implemented, as well as, to create an effective model of inter-institutio8 On the border strip between Mexico and Central America there are 370 informal steps and 56 of them are vehicular, that is, where trailers
and trucks of all kinds pass, without any verification. These are located in the 23 border municipalities: 18 in Chiapas, two in Tabasco, two in
Campeche and one in Quintana Roo. (Barrachina, 2013; Isacson, Meyer and Smith, 2015).
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nal coordination in the national security agenda with Central America.
Mexico has signed many cooperation agreements with Guatemala and Belize with contents
similar to those signed with the United States, to have greater border control. Some of the
results of these agreements are the Binational Border Security Groups. However, the difficult
geographical conditions of the region — which is jungle, mountainous and has many wetlands
— poor institutional coverage and corruption have limited greater effectiveness in drug policy
over the past 30 years (Benitez, 2011: 188-190; Barrachina, 2013).
The national security policy in the administration of president Andrés Manuel López Obrador
At the time of knowing the election result of the 2018 elections in Mexico, there was great
uncertainty about what the president’s relationship with the Mexican armed forces authorities
would be. One of the most recurrent comments was that Andrés Manuel López Obrador had a
great resentment towards them, that the Presidential General Staff was going to disappear, and
that military institutions were going to lose a lot of political force (Espino, 2018).
Despite fulfilling the promise of the Presidential General Staff disappearing, the reality is
that the armed forces have become a disciplined instrument at the service of the President of
Mexico, and that this follows a policy of continuity with the Mexican tradition of military autonomy (Arteta, 2018; Notimex, 2019). The approval of a National Guard, under military command, and composed of elements of the army, navy and federal police; and its missions focused
on combating organized crime (as a national police), as well as neutralizing the passage of
migrants through Mexican territory confirms this hypothesis. Officially presented, with all the
legal instruments approved, at Campo Marte on June 30, 2019, the National Guard will depend
on the Secretary of Security and Citizen Prevention, and will have General Luis Rodríguez Bucio as the first commander. There is no doubt in pointing out that this institution will become the
central pivot of López Obrador’s security strategy, and that it will directly manage a good part
of the missions related to the national security agenda in the Mexican territory (Damian, 2019).
Obama from the hand of the IDB followed a mixed policy (The White House, 2015). While
on the one hand the repressive policy increased and repatriated many of Central Americans,
inviting Mexico to strengthen its policy of immigration neutralization through the Southern
Border Plan, on the other it promoted the “Alliance Plan for the prosperity of the Northern
Triangle” (PATN), whereby these countries received 8,618 million dollars in different projects
from 2016 to 2018. The policy sought to develop local capacities so that Central Americans
would not leave their countries (Banco Interamericano para el Desarrollo, 2018).
Donald Trump’s threat to impose increasing tariffs on Mexican exports has become the clearest threat to national security facing the Mexican administration (Mars, Ximénez de Sandoval
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and Fariza, 2019). The US president put on the table two major issues that are a priority without
delay so as not to fulfill his threats: control of both organized crime and its activities related to
the transit of narcotics to the United States; as of the migratory flows (Briscoe, 2018), especially
of Central Americans on their way (Rooney y Collins, 2018) to the American nation (Bergman,
2017: 135-138). Although we did not trust the idea of a multidimensional national security
agenda, this time, in a “traditional” way, the Donald Trump administration has integrated and
imposed that the fight against drugs and immigration control be matters of national security of
Mexico. The Government of Andrés Manuel López Obrador in Mexico began by proposing an
alternative policy to the securitizing vision of Donald Trump: for a few months it seemed that
Mexico was betting on the development agenda and the United States of America for that of
the hard hand.
As of May 10, 2017, the Trump administration tried to cancel the PATN. On June 15 and 16,
2017 at the “Conference for Prosperity and Security in Central America” (Secretaría de Gobernación, 2018), Vice President Mike Pence met with the leaders of Guatemala, El Salvador, Honduras, Mexico and Colombia in Miami to change the strategy by making that the new approach
falls on security issues. On August 27, 2018, the Consultative Body of the Regional Plan of the
Alliance for Prosperity (2018) met, and on September 9 a first meeting of the foreign ministers
of Honduras, Guatemala and Honduras was suspended with the elected president of Mexico
Andrés Manuel López Obrador (Ola, 2018). As of this moment there is a regional agenda with
two alternative projects: that of the new Mexican administration and that of Donald Trump.
On October 11, 2018, Mexican Foreign Minister Luis Videgaray and Secretary of the Interior Alfonso Navarrete Prida attend the “Second Conference for Prosperity and Security in Central America” in Washington DC. The assistants on the part of the North American government
were Vice President Mike Pence, Secretary of State Mike Pompeo and the Presidents of the
“Northern Triangle” countries, Homeland Security secretary Kirstjien Nielsen affirms that “we
must end transnational criminal organizations and eliminate threats wherever they originate”
(Seguridad en América, 2018).
As of October 29, 2018, Alicia Bárcena Executive Secretary of ECLAC begins with Marcelo Ebrard to develop a development plan for the Mexican southeast and Central America,
with the idea of trying to detonate the economy with projects such as the Mayan train, and the
connection Railway Coatzacoalcos- Salina Cruz (CEPAL, 2018). In their protest as president of
Mexico, on December 1, the presidents of Honduras, Guatemala and El Salvador signed with
López Obrador a pact of understanding to advance the plan sponsored by ECLAC (Animal Politico, 2018); while on December 10 at the Conference for the “Global Compact on Migration”
in Marrakech (Rivera, 2018), the Comprehensive Development Plan was presented, with the
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support of the presidents of North Central America, Mexico and ECLAC. At first, the United
States followed a “diplomatic” position by pressing along the line of securitization; until Trump
finally gave up Nielsen and launched the threat of the gradual rise in tariffs.
On February 20, 2019, the “IV Meeting of Security Ministers of the Northern Triangle and
the United States” is organized in El Salvador. Without the Mexican delegation present, the
members sign a memorandum to bring criminals to justice, share information and secure borders and prevent migrant caravans. On March 6, Secretary Nielsen appears before the Committee on Homeland Security of the United States Congress, pointing out the state of emergency
in the region and requesting the support of congressmen to strengthen the president’s measures
(La Jornada, 2019). On March 29 Trump threatens to close the border with Mexico (Brooks,
2019), and on April 6 Nielsen Kirstjen renounce and its replacement is Kevin McAleenan who
until then served as commissioner for customs and border protection (CNN, 2019).
Despite the tightening of the US position, Mexico continues with its road map and on May
20 at the National Palace, President López Obrador, Foreign Minister Marcelo Ebrard and
ECLAC Secretary Alicia Bárcena present the “Development Plan for Southeast Mexico and
Central America” (CNN en español, 2019) (Sanchez, 2019). Two days later Marcelo Ebrard
presented the plan in Washington DC (Velazquez, 2019), and seven days later he did it in Berlin, where he secured the support of Germany, Spain and the European Union (Sanchez, 2019).
On the other hand, the day after the presentation in Berlin, on May 28, McAleenan traveled
to Guatemala to sign an agreement against human trafficking (United States embassy in Guatemala, 2019), and on May 30, Donald Trump announced that he would gradually increase export
taxes Mexican as of June 10. Before this date, on the 7th, Mexico agreed with the United States
to deploy members of the National Guard on the southern border of Mexico, and that the transit
measures of migrants through the country would be hardened (Ahmed y Villegas, 2019). On
the other hand, Mexico agreed to temporarily accommodate migrants who were requesting their
asylum request in the United States, to support US immigration agencies.
At this time, it is still early to know how this policy will evolve, and what the interaction
dynamics will be. It seems that Mexico is going to tighten its immigration policy, while moving
forward with its regional development project, as Obama already did when. Shortly after all
these movements, Tonatiuh Guillén (El Financiero, 2019), Commissioner of the National Migration Institute resigned, and questioned the little influence that the Secretary of the Interior
Olga Sánchez Cordero was having in the crisis (Riva Palacio, 2019). On the other hand, official
reports on the first amounts of resources sent for different projects to Central America have
already been made (López Ponce, 2019).
Mexico in its border role
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With the aim of preventing the arrival of Central American migration, the United States has
extended its regulatory networks beyond the physical border, towards Mexican politics and
territory. Mexico claims to recognize the human rights of Central American migrants and has
classified irregular migration as an administrative offense, and not as a crime. However, in
practice many of the government actions treat migrants as criminals, and in the population the
social representation that associates migration with “illegality” persists (International Crisis
Group, 2018).
Criminalize migration in Mexico, which means that migrants use organized crime networks
in the country to make their goal. Similarly, criminals have come to control the migration route.
The channeling of migrants, their clandestine status and the increased risks have thus served
to strengthen criminal control over migration routes in the country. In this way, border policies
have been instrumental in maintaining insecurity. Estimates suggest that the measures to prevent Central American migrants from passing through Mexico have not really had any effect;
on the contrary, the numbers increase continuously. The Mexican authorities estimate that between 400,000 and 500,000 irregular migrants have crossed from Central America to southern
Mexico each year - as mentioned in Chancellor Marcelo Ebrard on different occasions- although these numbers fall short to the latest data on arrests in the United States9, with those arrested
and repatriated by Mexican authorities, and those who manage to reach their destination.
A network of shelters, mostly funded by religious entities and other civil society organizations that work along the migration routes, offer some monthly data, but only a percentage of
migrants traveling north stay in shelters. The southern border remains the main route for cocaine trafficked from the Pacific coast of Colombia, and is also part of the logic of economy and
violence of irregular migratory transit. In their territories the context of violence is the product
of the gradual fragmentation and rise of drug cartels (Mazzitelli, 2011); and the spread of Central American street gangs, which are often the armed arm in the populations of border states
and those responsible for controlling migrant transit routes (Dudley, 2011 and 2012).
Since the eighties of the last century we have saw a constant silent migration flow, which
has created security problems for Mexicans. The criminal activities of organized crime, kidnappings, murders of migrants, and difficult living conditions in their countries, is what has led
to them finally being organized in caravans, and that their visibility has generated alarm. In the
border spaces for the inhabitants, the Central American crossing documented on a regular basis
9 According to the Customs and Borders correction Southwest Border Total Apprehensions / Inadmissibles table of the United States government in the fiscal year of 2014, the people arrested were 569,237 people; in 2015 444,859; in 2016 553,378; in 2017 415,517; in 2018 521,090
and in 2019 from January to May 676,282. If we add to this the number of detainees and deportees from Mexico, and those who manage to pass
and settle in the United States, the number of migrants who cross annually is greater than that calculated by the Mexican authorities, Southwest
Border Migration (CBP, 2019).
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is common. In Chiapas, from 2006 to 2018, the registry indicates 17 million 867 thousand 356
crossings (from border workers, regional visitors, tourists and foreigners living with their papers in Mexico and crossing the border). In Tenosique 1 million 208 thousand and in Chetumal
7 million 834 thousand 926. Life on the border is very dynamic. Guatemalans (Vega-Macias,
2017) and Belizeans cross to Mexico every day to the cinema, to buy, to study, to carry out daily
activities, and few have been the problems derived from this daily coexistence10.
Graph 1. Entry of documented visitors in Mexico 2006-2018

Source: Prepared by the authors based on the “Monthly Bulletin on Migration Statistics”
2007-2018.
Also, as noted, people are very accustomed to the passage of undocumented immigrants
(in some places more visibly than in others) and this has also not represented major problems.
Since 2000 the different Mexican administrations have treated the migratory phenomenon with
different approaches, with national security prevailing. From 2001 to 2018, 2 million 146 thousand 852 Central Americans and Cubans returned to their countries of origin from Mexico .

10 All the data that appears are own elaboration based on the different reports published between 2007 and 2018 “Boletín mensual de Estadísticas migratorias” INM. Documented visitors are: Guatemalans and Belizean with a local visitor card, regional visitor, border worker or their
equivalents. Migrants who live in Mexico in a documented way. Tourists from different countries that meet the requirements to visit Mexico;
and Mexicans who seal their entry into the country after visiting Guatemala or Belize.
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The “South Plan” that Vicente Fox implemented was a repressive and police strategy. After
the attacks of September 11, the established plans aimed to support the United States in immigration control. The Government of President Felipe Calderón Hinojosa in Mexico (2006-2012)
faced a new situation, because it was in these years that the increase in homicidal violence in the
country; as well as organized crime activities, it was also reflected in the number of kidnappings
and killings of migrants in transit. The reports of the National Commission of Human Rights
and the massacre of San Fernando de Tamaulipas in 2010, led the administration to see the need
to integrate the concept of Human Rights into legislation and change the approach of approach
to migrants. The common denominator of those years was the drastic reduction of repatriated
migrants (Barrachina, 2013).
Mexico has been a traditional ally of the US administration both in the fight against organized crime, which has generated violence and an unprecedented situation of instability in the
safety of citizens throughout the country; as well as the strategies to contain the irregular migration flows have failed. The complaint of the US president, for lack of collaboration and lack
of understanding makes no sense.
There are not many, relatively, documented migrants, especially from the Central American
area that has remained to live in Mexico; The number of Venezuelan migrants is now significant.
The southern border of Mexico is nevertheless very busy, both documented and undocumented.
This bases the proposal of this work about the fact that it is very important to strengthen border
development policies based on multidimensional strategies that foster a long coexistence that
does not marginalize the benefits to large regions and populations on either side of the border.
3.- METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
Design
This work has rebuilt and given order, through declarations, official documents, and information obtained in the media, to the difficulties that the Mexican State has had to transform a
traditional policy of securitization of the southern border, into a multidimensional vision that
privileges human security over national security. Despite the intentions, and the statements of
the Mexican government, the reality and pressure from the United States has led to the continuation of a traditional policy in which the armed forces, through the National Guard, play an
important role.
Instruments
This manuscript has used the news provided by the media to describe in detail a political situation that has evolved very rapidly during 2019 and early 2020. Data from the National Institute
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of Migration have been used to try to measure both the important coexistence that exists on the
southern border of Mexico, and the limited number of Central American citizens who choose
to stay and live permanently in Mexico. The “must be” that the literature indicates as ideal for
harmonizing security policies with democracy has been contrasted with the imperative that is
imposed in the political reality.
Process
The analysis of documents, identification of moments and times of the dynamics, and the political pressures of the governments of Mexico and the United States, from a descriptive approach,
allow us to measure the pulse that was experienced in the initial moments of the administration
of President Andrés Manuel López Obrador. Despite the intention of the Mexican administration to visualize the southern border in a multidimensional human security logic, such as the
one proposed in this article, the reality finally prevails, and allows pressure from the United
States to define Mexican border policy.
Specialized literature that reflects on the concepts of national security and human security
has been identified in this article; as well as the one that discusses the consequences of expanding the horizon of these concepts from a multidimensional perspective.
4.- CONCLUSIONS
The general aim of the article was to highlight the role of the national security approach and
policies of the Mexican State on the southern border of Mexico with Guatemala and Belize;
analyzing some of the problems and challenges of implementing strategies and dynamics that
foster cross-border development and security. According to estimates by the US government,
90 percent of the illicit drugs that enter through its southern border pass through the Isthmus
of Central America and Mexico. Of that percentage, about half cross through Central America.
This influence of drug trafficking has conditioned the effectiveness of national security policies
and international and regional cooperation, and with it the multidimensional approach to the
national security perspective of the Mexican State.
Answer the question posed in the text about whether the Mexican government (2018-2024)
will be able to set up a policy capable of addressing an effective multilevel management oriented towards regional security and development? The empirical analysis of the history of the
number of repatriations of Central Americans and Cubans carried out by Mexico clearly shows
the thesis that the strategies implemented on the southern border always respond to dynamic
political interests. In such a way that the data shows four very defined stages: 2001 to 2007
repatriation of 1 million 127 thousand 812 Central Americans and Cubans in a period marRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ked by the inertia of the South Plan, which after the terrorist attack of September 11, 2001, in
New York and Washington, tightened the policy; 2008 to 2013, change of the General Law of
Population, modifying the concept of “illegal” by “undocumented”, begins the impulse of the
concept of Human Rights in the law, in such a way that there was relaxation of the repatriation
policy; 2014 to 2018, derived from the Plan Frontera Sur and the close relationship with the
United States’ securitization policies towards the region, there was an increase in the number
of “returnees”. Finally the current stage that begins in 2019 and, although at the beginning it
posed a scenario of great tension due to Mexico’s preference for betting on regional development instead of continuing with the previous policy, based on the threat of tariffs from President
Trump of At the end of May 2019, it decided to follow the policy that the US government dictated.
Recently, the United States Government also introduced the issue of migration in the National Security agenda, and Mexico must take part in this dynamic. Therefore, it is important
to manage a multilevel and transversal agenda on complex issues such as human rights, border
security, immigration regularization, insecurity, social assistance and social polarization. The
failure to set up an agenda that takes these items into account has limited the actions of governments to cut these problems with a perspective focused on security for development.
One of the challenges of the new Mexican migration policy will be to reconcile human mobility, the right to emigrate with the State’s priorities to regulate, control and order international
migrations and its implications for national security, especially with the role of military control
of the National Guard. One situation to highlight is the leadership that the Secretary of Foreign
Relations (SRE) has acquired in defining the migration agenda with the United States, overcoming the limitations of Ministry of the Interior (SEGOB). However, that the SRE lacks an
effective operational capacity and professional expertise in migration management and policy
has led to the Migration’s national institute (INM) and the National Guard having a greater relationship with migrant communities, both in the southern and northern border.
The prospecting of the scenarios of the southern border of Mexico must start from recognizing institutional limitations to promote effective governance that facilitates safe, orderly and
regular migration from a comprehensive regional perspective and thus reconcile the priorities of
migration flows, the right to emigrate and the national security priorities of the Mexican State.

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Reinventando los espacios como lugares de vida y paz una estrategia desde la lúdica
para sectores vulnerables1
Reinventing spaces as places of life and peace, a playful strategy for vulnerable sectors
Greys, Nuñez-Ríos2
https://orcid.org/0000-0002-8451-2200
Kadry, García- Mendoza3
https://orcid.org/0000-0002-8451-2200
Judith, Castillo-Martelo4
https://orcid.org/0000-0002-8451-2200
Nevis, Niño-Jiménez5
https://orcid.org/0000-0001-5059-7691
Universidad de La Costa, Colombia
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-7

_____________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación acción - participativa, cuyo objetivo consistió en intervenir a una comunidad de
un sector vulnerable y marginal de la ciudad de Barranquilla, en los aspectos económicos, social y físico con estrategias lúdico – pedagógicas para transformar los espacios de estas zonas expuestas en lugares de vida y de paz, que desde las dinámicas sociales inviten al
fortalecimiento de la participación y las competencias ciudadanas, la inteligencia emocional y la cultura ambiental. Se abordó desde un
paradigma cualitativo con un diseño no experimental y de campo, de alcance descriptivo transversal. Tras la intervención se encontró
que la comunidad se motiva para participar en las actividades que propendan por generar una cultura de paz para el encuentro y disfrute colectivo donde sus actores reinventan sus relaciones y transforman las categorías fundamentales que rigen su vida cotidiana. Se
concluye que estas intervenciones son una oportunidad para acercar a la población al desarrollo de sus competencias ambientales, sensibilizarlos sobre el impacto ambiental y su compromiso con el desarrollo sostenible; así como potenciar su desarrollo afectivo, generar
transformación de historias de vida articulando la lectura y la narración oral para impactar en la relación hombre - sociedad- naturaleza.
Palabras claves: Creación cultural, cultura de paz, desarrollo afectivo, educación ciudadana, grupo vulnerable.
ABSTRACT
This article is the product of an action-participatory research, the objective of which was to intervene in a community in a vulnerable
and marginal sector of the city of Barranquilla, in economic, social and physical aspects, with playful-pedagogical strategies to transform the spaces of these exposed areas in places of life and peace, which from the social dynamics invite the strengthening of citizen
participation and competences, emotional intelligence and environmental culture. It was approached from a qualitative paradigm with
a non-experimental and field design, with a transversal descriptive scope. After the intervention, it was found that the community is
motivated to participate in activities that seek to generate a culture of peace for the encounter and collective enjoyment where its actors
reinvent their relationships and transform the fundamental categories that govern their daily lives. It is concluded that these interventions are an opportunity to bring the population closer to the development of their environmental competencies, sensitize them to the
environmental impact and their commitment to sustainable development; as well as enhancing their affective development, generating
transformation of life stories articulating reading and oral narration to impact the man-society-nature relationship
Keywords: Cultural creation, civic education, culture of peace, emotional development, vulnerable groups.
Recibido: 12 de Octubre 2019 - Aceptado: 12 de Febrero 2020 - Corregido: 15 de Marzo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Nuñez-Ríos, G., García- Mendoza , K., Castillo-Martelo, J. &amp; Niño-Jiménez, N. (2020).Reinventando los espacios como lugares de
vida y paz una estrategia desde la lúdica para sectores vulnerables. Politica Globalidad y Ciudadanía, 128-148. Recuperado de
http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/151

1 Proyecto de investigación “Reinventando espacios como lugares de vida y paz: Estrategia para fortalecer la relación hombre-sociedad-naturaleza a través de la Cultura Ambiental y la Promoción de Lectrua”, Financiado por Universidad de La Costa.
2 Magister en Educación por la Universidad Autónoma del Caribe, Profesor medio tiempo, Universidad de la Costa (CUC) Email: gnunez4@
cuc.edu.co
3 Magister en Educación por la Universidad de la Costa, Profesor tiempo completo, Universidad de la Costa (CUC), Email: kgarcia@cuc.
edu.co.
4 Magister en Educación por la Universidad San Buenaventura, Directora del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria de la
Universidad de la Costa (CUC), Email: jcantill39@cuc.edu.co
5 Especialista en ética y Pedagogía de la Universidad Juan de Castellanos, Profesor Catedrático, Universidad de la Costa (CUC), Email:
nnino2@cuc.edu.co
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 128-148. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/151

�Reinventando los espacios como lugares de vida...

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1.- INTRODUCCION
“Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero
gratificante. Nadie lee o estudia auténticamente si no asume, frente al texto o al objeto de
la curiosidad, la forma crítica de ser o de estar siendo sujeto de esa curiosidad, sujeto de
lectura, sujeto del proceso de conocer en el que se encuentra. Leer es procurar o buscar
crear la comprensión de lo leído; de ahí la importancia de la enseñanza correcta de la
lectura y de la escritura, entre otros puntos fundamentales”.
Paulo Freire. Cartas a quien pretende enseñar, 1994

El presente artículo de investigación, es producto de la intervención realizada en el sector de
Islita – caño de la ciudad de Barranquilla, por parte de las estudiantes de V semestre del programa de Licenciatura en Educación Básica primaria de la Universidad de la Costa (CUC), a
partir de la reflexión colectiva que surge de la pregunta: ¿Cómo intervenir espacios vulnerables
para transformarlos en lugares de vida y de paz desde la cultura ambiental y la participación
ciudadana?
El objetivo principal de esta experiencia educativa es intervenir el sector vulnerable de islita
– caño para reinventar los espacios como lugares de vida y de paz que fortalezcan la relación
hombre- sociedad- naturaleza a través de la cultura ambiental y el desarrollo de competencias
emocionales.
Para alcanzar este propósito se han establecido los siguientes objetivos específicos:
Implementar la lúdica como dinamizador social para la apropiación de conocimientos y
competencias relacionadas con cultura y la paz abordando problemas de tipo social, cultural,
económico y de memoria histórica que ayudan a reconstruir el tejido social.
Fortalecer las competencias emocionales, autoconocimiento, autorregulación y empatía, a
través de la identificación de las emociones, reconociendo su importancia en la vida diaria.
Con estos objetivos, se plantean estrategias lúdicas para que a través del juego se puedan
proyectar deseos, miedos, emociones que no se pueden expresar fácilmente con palabras y permite la evolución de las dimensiones del ser, aprendiendo a vivir y convivir con el otro, aceptando las diferencias, particularidades e individualidades (Núñez Ríos, G., Márquez Núñez,
E., Guerrero Cuentas, H., Magdaniel Durán, M., &amp; Silvera Goenaga, B. (2019) que permitan
reinventar los espacios como lugares de vida y de paz, robustezcan las relaciones recíprocas de
dar y recibir entre los actores, asumiendo que la paz no es un estado perceptible únicamente de
dejación de armas, sino la armonía perfecta que permite reconstruir la sociedad, promover la
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 128-148. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/151

�Nuñez-Ríos, G., García- Mendoza , K., Castillo-Martelo, J. &amp; Niño-Jiménez, N.

130
prosperidad general y garantizar de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. (Decreto 1038 del 2015).
Por lo anterior cobra vital importancia el desarrollo de la dimensión afectiva, específicamente de las competencias emocionales, pues se busca el desarrollo de habilidades y actitudes
que les permita a los participantes gestionar sus propias emociones y conocer las emociones
de los demás, teniendo en cuenta que educar las emociones facilita la adquisición de un espíritu
crítico, la resolución de conflictos de manera pacífica y la adquisición de habilidades sociales,
de acuerdo con lo anterior estas habilidades conducen a una vida plena, permiten regular, interactuar con los otros, no intelectuales, pero son una meta educativa. Pantoja y Aguaded (2015).
Cabe resaltar la importancia que tiene el desarrollo de las competencias emocionales en las
primeras etapas, pues juegan un papel esencial para la vida, además, constituyen la base o condición necesaria para el progreso del niño en las diferentes dimensiones de su desarrollo.
Se pretende, por tanto, promover un cambio de mentalidad para pasar de la idea de despojar
la naturaleza” a la idea de entenderse con la naturaleza. Si el hombre no fuera un ser racional,
el hecho de relacionarse de manera abusiva con la naturaleza pudiera pasar de forma desapercibida, sin medir los daños y consecuencias que hoy se viven en el mundo. Pero como el hombre
es un ser pensante, cultural, político y social, sigue siendo posible educarlo en los valores, las
creencias y las actitudes que sean los elementos fundamentales que le den sentido al comportamiento ambiental.
Además de lo anterior, se articula con la participación ciudadana, lo cual le permite proponer
políticas públicas y ambientales que ayuden a controlar los abusos de la humanidad hacia la
naturaleza y se puedan generar proyectos de preservación medio ambiental.
Se pretende por tanto, la transformación en los sectores y poblaciones vulnerables, que ayuden generar una conciencia sobre la conservación del medio ambiente desde los principios
sostenibles, la participación ciudadana y las relaciones entre los hombres de manera armónica
donde la concientización cultural establezca el impacto sobre las condiciones naturales y los
procesos ecológicos con el fin de generar espacios de reflexión útiles que puedan extrapolarse
en todos los contextos.
En consecuencia, se intenta desde estos espacios formar un ciudadano de mundo que construye una ciudad diferente, que lleva en sus arraigos una cultura ambiental necesaria para cambiar y transformar la relación del hombre con la naturaleza. Un hombre que vivencia en la
sociedad los valores de justicia, dignidad, solidaridad, entre otros que lo ayudan a reestablecer
las relaciones armónicas con los demás y donde la participación converge para generar políticas
de desarrollo sostenible.
En este orden de ideas, se propende por la construcción de una cultura ambiental a partir
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de la realidad circundante en las zonas olvidadas y marginadas fortaleciendo la concientización
de esta desde los procesos lúdicos y reflexivos para que se refleje en los espacios sociales y
culturales, como pilar del desarrollo sostenible.
Ilustración 1. Ubicación espacial población de la isla.

Fuente: http://radareconomicointernacional.blogspot.com/
De igual manera, los maestros en formación involucrados en el mismo fortalecen su sensibilidad humanística al descubrir que puede transformar vidas mediante la lúdica, la lectura, el
arte y la enseñanza de la participación ciudadana, de la misma forma robustecen el pensamiento
crítico frente a la vida y el respeto por la naturaleza que ayude a forjar conciencia ambiental
y promover desde otros lenguajes y escenarios de aprendizaje, la importancia que tiene la
interacción hombre-naturaleza, así como sus efectos en el medio ambiente y en el desarrollo
socioeconómico” (Diaz, 2015). Lo que permite contribuir al fortalecimiento de la relación hombre – sociedad – naturaleza, para reinventar los espacios como lugares de vida y de paz.
La intervención a la comunidad, se articula a la labor de Proyección Social del programa
Licenciatura en educación Básica Primaria de la Universidad de la Costa, pues se llega a la población de la Isla la cual es una zona de difícil acceso y un barrio de invasión.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La lúdica como dinamizador para reinventar los espacios
Para la intervención de los espacios y reinventarlos como lugares de vida y paz, se utiliza la
lúdica como estrategia, la cual según Baquero permite actuar dentro de un escenario imaginario
que el niño asuma un rol específico. Esto ratifica que las actividades lúdicas son una manera
de actuación donde se vincula lo cognitivo con acciones hacia el entorno social articulando el
aprendizaje, la participación en un contexto y la movilización de las funciones ejecutivas superiores de su estructura mental.
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De esta manera que en conjunto el juego y la lúdica generan espacios agradables de aprendizaje y de moldeamiento de conductas, transforman el ambiente hostil en un espacio acogedores
e interesantes para la comunidad, es decir que lo que allí se realiza no está dependiendo del
cumplimiento de reglas, sino que abre la oportunidad de comunicación y participación en su
propio aprendizaje. Así mismo las relaciones sociales, la afirmación de roles, el liderazgo, la
toma de decisiones, la autoestima, las habilidades de pensamiento y las habilidades motrices,
son algunos aspectos que se desarrollan favorablemente a través del juego y la lúdica.
Por otro lado, la lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa
toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho
menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica, desde esta perspectiva, la lúdica está ligada
a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana.
Jiménez (2002) y se caracteriza por ser un medio que resulta en la satisfacción personal a través
del compartir con otro.
Así mismo, Medina (1999), considera que las actividades dirigidas desde la lúdica, permiten
crear unas condiciones de aprendizaje mediadas por experiencias gratificantes y placenteras, a
través de propuestas metodológicas y didácticas innovadoras, diferentes a las convencionales
en las que se desarrollan los pilares fundamentales de la educación: aprende a aprender, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Por tal motivo la lúdica promueve al desarrollo y la autoexpresión que le permiten al individuo fortalecer su personalidad
y está a la vez contribuye directamente al entorno socio-educativo y potencializa la evolución
cognitiva de la comunidad.
De la misma forma, los lineamientos Curriculares de Educación Física, recreación y deporte
(2000), en los apartes donde aborda sobre el desarrollo del estudiante, relaciona la lúdica con
la recreación y considera la primera como la posibilidad expresiva, formadora de sensibilidad,
comunicación e integración cultural y social y como espacio de encuentro con la naturaleza, la
cultura y las propias potencialidades individuales”. En este sentido se relaciona con aquello que
refuerza las formas de convivencia. Es decir, la lúdica es una manera de darle sentido, significación y transformación del juego en diferentes realidades posibles. Por ello la lúdica no se limita
a espacios limitados de la escuela o del tiempo libre, sino que se proyecta a distintos espacios
de la existencia y entorno social.
En este mismo sentido Romero (1992), afirma y da reconocimiento a la lúdica dentro del
uso del tiempo libre como experiencia social y cultural y le atribuye al juego su máxima expresión, reconociéndolo como un mediador de las relaciones entre los hombres que abandona el
valor instructivo y se impone la espontaneidad, de acuerdo con este, el juego no es una forma
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de reproducir los sentidos o regulaciones sociales, sino una manera de producir sentidos y flujos
en los cuales la cultura se reactualiza, es decir, es leída como un presente que es exteriorizado.
En este orden de ideas, se puede considerar que la lúdica no es una estrategia establecida
como tal, sino algo innato de cada persona, son acciones que se realizan a diario y que permiten
expresarse con libertad. Por ello esta herramienta es de vital importancia en la intervención a
la comunidad, porque son actividades al aire libre, en un contexto social, que permite la interiorización de cada uno de los mensajes que se quiere transmitir, representa más que una herramienta metodológica, un redimensionamiento del papel del individuo en el contexto formativo
del niño, el joven y el adulto, que incide positivamente en su forma de ver, actuar y percibir el
mundo. (Moreno, 2003)
Por todo lo anterior, se concluye que la lúdica motivada y estimulada de manera adecuada y
procesual se convierte en una estrategia que puede ser implementada en procesos de rehabilitación, de atención integral de manera individual, grupal y de trabajo familiar, esta no discrimina
y acepta al ser humano, porque reconoce la potencialidad y el talento, materializado por medio
de la detección oportuna de intereses, necesidades y satisfactores lúdicos que faciliten procesos
transformadores. (Moreno, 20003)
Ilustración 2. Estudiantes de V semestre L.E.B.P Universidad de la Costa

Fuente: Elaboración propia, (2016)

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Reinventando los espacios como lugares de vida y paz
Para darle sentido a reinventar los espacios, se significará desde la palabra reinventar, que según la definición del diccionario de Oxford, significa volver a inventar, es decir volver a crear
en los espacios vulnerables una cultura de paz, esperanzadora que trasciende en la sociedad a
partir de momentos de aprendizaje que mejoran la calidad de vida de la población de tal forma
que se pueda como señalan Boqué &amp; otros ( 2014) articular de manera transversal la paz con
justicia social, desarrollo, derechos humanos, democracia y gestión positiva de conflictos.
Reinventar los espacios busca desde su génesis, en los maestros en formación, la adopción
de modos de vida que sean compatibles con la sostenibilidad adquirida, mediante la adecuada
exploración, utilización, uso y manejo de los recursos naturales, aportando así una nueva visión de mundo y una oportunidad de vida, para que a partir de estos puedan sensibilizar a las
comunidades vulnerables sobre la conciencia del cuidado del medio ambiente, la importancia
de los escenarios de paz y la inteligencia emocional fortaleciendo de esta manera la relación
hombre – naturaleza.
Para fortalecer la cultura ambiental en estos escenarios, se parte del análisis de la situación
en el contexto mundial, donde se hace evidente la falta de conciencia sobre el mantenimiento de
su entorno de manera responsable, su uso y su sostenibilidad a largo plazo. Se vive actualmente,
en una “cultura de cemento”, sin importar los daños al ecosistema, el medio ambiente, la capa
de ozono y todos aquellos perjuicios colaterales que surgen desde el mal manejo de los recursos, el inadecuada tratamiento los desechos y la modificación inapropiada del medio ambiente.
A partir de estos, busca que los individuos y las comunidades puedan comprender la complejidad del daño que se le ha causado al ambiente que ha brindado la naturaleza misma desde
su creación y el establecido por el ser humano como parte de su desarrollo cultural siendo
resultado de la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos,
políticos y culturales, para que se adquieran los conocimientos, valores, actitudes, destrezas y
habilidades que les permitan participar de manera responsable, ética, afectiva en la prevención
de la problemática del desarrollo sostenible de manera solidaria y responsable.
Con respecto a la problemática ambiental de orden mundial, Obama (2016), reconoció que
todas las naciones, deben estar alertas al cambio climático al explicar que en Alaska los glaciares se están derritiendo a un ritmo “sin precedentes” y que el mar se está “tragando” a las aldeas.
Estas palabras del presidente de Estados Unidos, son una muestra de la preocupación que
existe en los mandatarios del mundo ante la crisis ambiental mundial y un llamado para que se
fortalezca la cultura ambiental, que trascienda como parte de la formación integral del ser.
Desde la epistemología antropocentrista, el hombre desde el principio de los tiempos, se ha
relacionado con la naturaleza, la ha tomado para su disposición y por tanto ha abusado de los reRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cursos naturales disponibles. Vélez (2016). Estas razones han llevado a un proceso de reflexión
en el que se promueva una estrategia de convivencia con la naturaleza que permita concientizar
sobre el uso racional y sustentable de los recursos humanos.
Algunos de los problemas ambientales, del mundo contemporáneo, según el mismo Vélez
son: El agotamiento de la capa de ozono (debido al uso excesivo de clorofluorocarburos (CFC))
el agotamiento de los recursos (dada la sobreexplotación de los recursos naturales), la agricultura intensiva ( a causa del sobre pastoreo, el exceso de riego, el monocultivo), el aumento de
especies en vías de extinción (disminución de los polinizadores, blanqueamiento de los corales,
especies invasoras, caza ilegal, etc.), cambios globales(calentamiento global, oscurecimiento
global, disminución de los combustibles fósiles, aumento del nivel del mar, etc.), consumismo
(creencias y prácticas que promueven y estimulan el consumo excesivo de pesca, bosques,
minerías), entre otros.
Además de lo anterior según Rivera (1999), se suma a la contaminación la perturbación de
la estructura de las relaciones de los seres vivos y el medio en que se desarrollan, la deficiente gobernabilidad ( falta de políticas claras, poca aplicabilidad de las leyes), degradación del
medio ambiente y del suelo, poco uso de energías renovables, los residuos, la superpoblación,
valores sociales cambiantes que son algunas de las consecuencias del mal uso del suelo y los
recursos por parte del hombre”.
El desconocimiento del papel del hombre en el mundo con respecto a su relación con otros
hombres, la naturaleza y la sociedad dificulta la interacción del hombre como individuo y con
los miembros de los grupos sociales, generando estilos de vida insostenibles, ya que se generan
procesos de competitividad destruyendo los valores, las creencias, las costumbres, las relaciones haciendo uso inadecuado de los recursos, generando relaciones hostiles y de poca participación y conformismo haciendo del desarrollo un proceso desigual para las sociedades humanas
y perjudicial para los sistemas naturales. (Bayón, 2006).
En este orden de ideas, desde la intervención se hace necesario conocer las diferentes políticas ambientales para la preservación del medio ambiente, despertar el sentido de pertenencia
de su entorno, la ciudad la región el país y el mundo, para que la comunidad cuente con las
bases fundamentales claras que ayuden desde el contexto a la concientización de una cultura
ambiental haciendo de estas un aprendizaje significativo extrapolado al contexto real, como
alternativa para preservar el medio ambiente y garantizar la supervivencia de las especies.
En consecuencia, se pretende la construcción de una cultura ambiental a tono con la realidad
nacional e internacional fortaleciendo la concientización de esta desde los procesos educativos
para que se refleje en los procesos sociales y culturales, como pilar del desarrollo sostenible.
Una cultura ambiental que propenda en palabras de Marulanda &amp; Luna (2003) por la vida
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que todos merecemos, donde se hable no solo de las especies en vida de extinción o de como
disminuir la contaminación, sino también del bienestar de la sociedad, de una cultura que crezca
en el respeto, de calidad de vida para todos los integrantes de la realidad: los factores bióticos,
abióticos, históricos, culturales. Es decir una cultura ambiental que ayude a reconstruir la relación hombre – sociedad – naturaleza, reinventando los espacios como lugar de vida y de paz en
armonía sistemática de todos los elementos que en ella confluyen.
De la misma forma, teniendo en cuenta la intencionalidad de la intervención, se propende
por concientizar y fortalecer participación ciudadana, que genere una cultura de paz, que supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de
promover la paz. Significa prevenir y transformar los conflictos que puedan engendrar violencia
y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito
trasciende de los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas
y los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y
los lugares de recreo.
Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.
Ello implica un rechazo colectivo de la violencia. E implica también disponer de los medios y
la voluntad de participar en el desarrollo de la sociedad. (Documento de la UNESCO hacia una
Cultura de Paz, 1998).
Competencias emocionales
Las competencias emocionales según el autor Jiménez (2011), son consideradas un saber –
hacer contextualizado, que todo ser humano adquiere por vía educativa (formal- no formalinformal), en un determinado contexto, son diferentes en cada contexto y que solo es posible
identificar y evaluar en la acción misma. Ahora bien, al referirse al término de competencia,
se hace referencia a cada una de las capacidades o habilidades, destrezas o conocimientos que
posee el ser humano para desenvolverse de forma efectiva en su vida.
Por su parte el psicólogo Bosque las habilidades o competencias emocionales el Psicólogo
argumenta que las competencias emocionales, hacen parte de las capacidades adquiridas, por
medio de las experiencias y la formación, estas son aprendidas y se pueden fortalecer desarrollándolas.
Por su parte los autores Bisquerra y Pérez (2013), argumentaron que las competencias emocionales son entendidas como un subconjunto de las competencias personales y se pueden
clasificar en conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, habilidades de vida y bienestar. Resaltando así la aplicación de las competencias
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emocionales en la empresa, la salud y la educación. Aportando significativamente al objeto de
estudio las competencias de este siglo que se pueden expresar en los siguientes términos:
Desde la conciencia emocional, se adquiere conocimiento de las propias emociones y de las
emociones de las personas que están en el entorno.
Las emociones se pueden regular para manejarlas de forma apropiada. Tomando así conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento.
La autonomía emocional fortalece la autogestión personal, autoestima, actitud positiva ante
la vida, responsabilidad y capacidad para analizar críticamente las normas sociales.
Competencia social que facilita el manejo de las buenas relaciones con otras personas.
Competencias para la vida y el bienestar: es la habilidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean
estos privados, profesionales o sociales”.
Estas competencias permiten organizar la vida de forma sana y equilibrada, facilitando experiencias de satisfacción o bienestar. Es por esto que se considera que, para poder llegar a tener
una inteligencia emocional, se deben poseer competencias que sirvan para toda la vida.
Por otra parte, Gardner (2004) en su Teoría de las inteligencias múltiples introdujo la idea
de la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, pues son las asociadas a las
competencias e inteligencia emocional. En cierta forma, la inteligencia emocional está formada
por estas dos inteligencias, debido a que la inteligencia interpersonal es una de las facetas de
la personalidad que incluye la capacidad de liderazgo, resolver conflictos y análisis social. El
análisis social consiste en observar a los demás y saber cómo relacionarnos con ellos de forma
productiva. Otra forma de expresar la inteligencia interpersonal es poniendo el énfasis en la
habilidad de comprender a los demás: lo que les motiva, cómo trabajan, cómo trabajar con ellos
de forma cooperativa también puede ser considerada como inteligencia social. (Zirkel, 2000,
Topping, Bremmer y Holmes, 2000; Topping, Holmes y Bremmer, 2000; Cherniss, 2000; etc.
citado por Bisquerra 2009).
En cuanto, a la inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de formarse un modelo
preciso de sí mismo y de utilizarlo de forma apropiada para interactuar de forma efectiva a lo
largo de la vida, la cual tiende a coincidir con la inteligencia personal (Sternberg, 2000; Hedlund y Sternberg, 2000 citado por Bisquerra 2009 ) aspectos que deberían esencial en la escuela,
debido a que este tipo de inteligencias interviene en las decisiones esenciales de la vida: elegir
una profesión, con quién casarse, dónde vivir, etc. (Bisquerra 2009).
Más tarde, Goleman (2013) menciona que la llamada motivación hace parte de la competencia emocional, desde esta perspectiva, el autor considera que la motivación proviene de cuatro
fuentes principales: el individuo mismo, los amigos, la familia y colegas, complementados con
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un mentor emocional, ya sea real o ficticio; y el propio entorno, es decir, aire, luz, sonido, u
otros objetos de motivación.
Los aportes de los teóricos citados anteriormente permiten tener claridad de la importancia
que tiene formar en competencias emocionales en la relación hombre-sociedad- naturaleza,
teniendo claro que la forma en cómo se resuelven los conflictos, se convierte en oportunidad de
formación tanto para la competencia personal como para la vida en sociedad.
Los conflictos que se presentan en la cotidianidad deben ser resueltos bajo el prisma de
oportunidades y aprendizajes, poniendo en juego el manejo de las emociones. Por consiguiente,
cabe mencionar la influencia de la inteligencia emocional que los científicos Salovey y Mayer
(2001), definen como parte de la inteligencia social y que aborda la capacidad de controlar los
sentimientos y las emociones propias, así como las de los demás. Si bien, resulta imposible
medir cuantitativamente las características sociales y de personalidad, es por esto que se considera sumamente importante estimular con la misma exigencia las capacidades emocionales e
intelectuales.
3.- MÉTODO
Diseño
El presente estudio, se hace desde el enfoque de la investigación acción participativa, que enfatiza en el aprendizaje colectivo de la realidad basado en un análisis crítico con la participación
activa de los actores implicados, los cuales analizan la realidad y orientan las intervenciones
para estimular la práctica transformadora y el cambio social.
El abordaje se hace desde un paradigma cualitativo, que de acuerdo con Bonilla y Rodríguez
(2005), este tipo de investigación se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar.
Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a
partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. (p.60).
El alcance es descriptivo el cual según Tamayo este tipo de estudios, permite analizar, describir, registrar e interpretar la realidad de la naturaleza actual, y la composición o proceso de
los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas,
grupo o cosas, se conduce o funciona en presente.
Alcanza un diseño no experimental el cual permite realizar el estudio sin la manipulación
deliberada de variables, sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural y después se
analizan. (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 149) y de campo que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador
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obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes.
Las técnicas e instrumentos implementados para acceder a la información necesaria y obtener la información durante el estudio fueron: la observación la cual permitió acceso directo al
lugar de estudio ( Isla La Loma), a partir del contacto inicial se hizo la captación para percibir
las características o manifestaciones presentes que van a permitir determinar los temas de abordaje, de la misma forma se utilizó la entrevista que permitió la interacción personal con otras
personas para obtener información y analizar con mayor profundidad la realidad y se realizaron
sesiones en profundidad en las que a partir de la implementación de la lúdica se propicia el flujo
de información para complementar la investigación social, los datos obtenidos se sistematizaron en diarios de campos y en registros fotográficos.
La población participante hace referencia a los actores del sector vulnerable de la Islita Caño
que tienen 500 habitantes aproximadamente representados entre: amas de casa, madres gestantes, vendedores ambulantes, desempleados, lactantes, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que conforman la comunidad. El muestreo de la población es aleatorio para que
todos los miembros de la comunidad pudieran participar de la intervención con las siguientes
características: Niños, niñas y jóvenes adolescentes entre los 0 y 15 años y madres gestantes o
lactantes.
Procedimiento
El presente estudio se realiza en fases de abordaje que se describen de la siguiente forma:
Fase 1 o fase Inicial: Selección de la población vulnerable para el proceso de intervención; el
cual se lleva a cabo a través de un contacto inicial con la comunidad del sector Isla de la Loma
se hizo una observación directa del sector y una caracterización socio- demográfica, que permitió reconocer las características de dicha población y seleccionar los temas de abordaje para la
intervención. Una vez terminada esta etapa inicial el grupo investigador procedió a realizar un
proceso de reflexión con base a lo recopilado.
Fase 2: Representada en la construcción de un plan de acción, desde la sesión en profundidad para hacer intervención con las actividades lúdicas como dinamizador del proceso para
reinventar los espacios como lugares de vida y de paz con la población muestra participante del
proyecto, los cuales son 20 madres entre gestantes y lactantes y 65 niños entre los 0 y 12 años
y 15 adolescentes entre los 13 y 15 años de edad.
Se programa la ejecución de talleres experienciales, con una duración de 3 horas los fines de
semana. Para su diseño se partió de la conciencia sobre la importancia de la cultura ambiental,
la paz y la inteligencia emocional en las dimensiones del ser humano y en su valioso aporte
dentro de los procesos de convivencia y desarrollo de la comunidad.
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Fase 3: consiste en la Ejecución del Plan de Acción, aquí se retoma la lúdica como una estrategia novedosa y eficaz para desarrollar la capacidad de pensar, como medio de expresión;
tanto en el plano físico, como en el cognitivo, social y psicológico. Así mismo, a través de la
realización de los talleres, se propició el proceso de apropiación y fortalecimiento de la cultura
ambiental, la paz y la inteligencia emocional en la población vulnerable abordada.
Por lo tanto, el diseño de los talleres lúdicos para la reinvención de los espacios, incentivó
en los niños, niñas, jóvenes y madres la curiosidad y la motivación por participar con libertad;
propiciando a su vez la interacción con el entorno cotidiano, de la misma forma complementó
está fase con la técnica de observación participante; por medio de la cual los investigadores se
involucraron en los procesos de aplicación de la lúdica con las población seleccionada, posibilitando espacios de interacción social que les permitió reconocer en las voces de los niños, niñas,
jóvenes y madres en su desenvolvimiento diario.
La ejecución y el trabajo de campo se componen de tres fases que consistieron en la intervención para fortalecer la cultura ambiental, la participación ciudadana y la inteligencia emocional.
Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento objeto de este trabajo.
Fase 4: corresponde a la fase de cierre de la Investigación, en la cual se sistematizan, y verifica la incidencia de la lúdica y las temáticas seleccionadas, para poder determinar desde la
reflexión si la dinamización desde la lúdica, coadyuvó a la potenciación de las transformaciones
esperada en la población vulnerable.
Para el proceso de finalización de la intervención se propició un espacio de reflexión donde
participaron todos los actores y el grupo investigador. La información obtenida se recopiló en
el diario de campo y en registros digitales como: videos y fotografías.
Una vez terminada la intervención, se analizó y reflexionó acorde a los resultados obtenidos
por el grupo de actores durante el primer y tercer momento, estableciéndose así las diferencias
relacionadas con el antes y después de la implementación de los talleres; de esta forma se determinó si la lúdica permite reinventar los espacios como lugares de vida y paz de la población
vulnerable.
4.-RESULTADOS
Los alcances del proyecto se abordan en dos etapas:
Fase 1: El contacto con la población vulnerable del sector Isla de la Loma se hizo a través
del convenio con la Biblioteca Infantil Piloto, a través de la entrevista que se le hizo a los funcionarios y que permitió identificar un contexto de aproximadamente 500 familias en condición
de vulnerabilidad, carente de servicios públicos y con condiciones económicas extremadamente
bajas o nulas, un sector con poca intervención del estado, cerca al caño de los Tramposos, sienRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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do un sector de aguas altamente contaminadas.
Para llegar a La Islita existen dos caminos: uno por tierra y otro por agua, atravesando el
caño de las Compañías, sobre la ubicación de este sector la historia de Barranquilla, señala
según Angulo (1992):
A fines del siglo XIX en la zona de la antigua Aduana, enfrente a La Islita, un ingeniero de
nombre Antonio Luis Armenta, responsable de la construcción de una línea del tranvía hizo un
importante descubrimiento de urnas cinerarias que daban testimonio de un viejo cementerio
indígena. Circunstancia que explica la presencia temprana de seres humanos mucho antes de la
llegada de españoles a América. El informe Armenta, fue divulgado en un libro publicado en
1942, titulado Colombia de norte a sur y fue escrito por el arqueólogo español, José Pérez de
Barradas. Esta obra inspiró a Carlos Angulo Valdés, científico costeño del siglo XX, a adelantar
estudios sobre los primeros asentamientos de seres humanos en diferentes lugares del perímetro
de lo que hoy es Barranquilla. Seguramente el caño de las Compañías era aprovechado para la
navegación de vapores que atracaban a la Intendencia Fluvial (adyacente a La Islita), reflejando
con ello un activo comercio de la ciudad.
Para llegar a la Islita el grupo por tierra, ruta que hoy es posible por la construcción de la
Avenida del Río, una larga carretera que se extiende paralela al rio Magdalena y que contribuye
a mejorar la movilidad y el tránsito en este sector de Barranquilla
La Islita es un sector de origen sedimentario. Los ríos de gran caudal, como es el caso del
Magdalena, arrastran grandes cantidades de sedimentos dando origen a la formación de islotes
a lo largo de su curso. De igual manera influyó en su génesis toda la sedimentación que también
arrastran los caños en particular el de Las Compañías. Hoy en día vive una humilde comunidad, sus viviendas han sido construidas en madera y los techos de láminas de zinc. En el barrio
llamado la Islita no existe una institución educativa, los niños deben cruzar todos los días el
caño de Las Compañías para ir a recibir sus clases en la escuela del barrio Barlovento, barrio
que queda al frente de la Islita, con el riesgo de que por alguna imprudencia pueda hundirse la
canoa y ocurra una calamidad.
Por otro lado, muchos padres de familia prefieren no asumir el riesgo de atravesar a sus hijos
en la canoa, por eso decidieron que era mejor no ponerlos a estudiar; una cantidad considerable
de niños están desescolarizados porque viven en una pobreza extrema que no solo es económica. Aquí tampoco existe un puesto de salud, circunstancia que unida a bajos niveles educativos
explica el por qué hay un alto índice de mujeres embarazadas jóvenes que, a pesar de su avanzado grado de gestación, aún no han asistido a su primer control prenatal. Es muy notable que este
lugar no fuera construido de manera planificada, pero de igual manera son familias que piden y
merecen como colombianos la presencia del Estado.
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En cuanto a la seguridad, los habitantes de esta comunidad se han ideado un sistema de alarmas en conjunto con la Policía Nacional. De tal manera que ante cualquier situación de amenaza o sospecha que ponga en riesgo la integridad de la comunidad activa las alarmas y toda la
comunidad se hace presente para ahuyentar la persona que pretende robarles su tranquilidad y
es expulsado inmediatamente.
En otro orden de ideas, el abastecimiento de agua, la toman a través de red de tubos improvisados que la misma comunidad ha construido, y se encuentra conectada a un tubo madre
cercano que la lleva al barrio. De al igual forma ocurre con el alcantarillado y el servicio de
electricidad; hasta hace poco fue colocado un medidor comunitario y aspiran que en poco tiempo les normalicen el servicio de energía porque éste es bastante inestable.
En cuanto a las calles ninguna esta pavimentada y en época de lluvias es difícil trasladarse
de un lado a otro porque se convierten en lodazales. Existe una sola tienda que satisface las
demandas de consumo de sus moradores. En alguna ocasión mientras el proyecto se ejecutaba
hubo necesidad de solicitarle que bajaran el volumen del equipo de sonido porque desde muy
temprano colocan música, circunstancia que dificulta por momentos que los niños gocen de un
ambiente en silencio que les permita concentrarse y consagrarse al mundo de la lectura o participen activamente en las respuestas, a aquellas preguntas de sus maestros.
Sobre las actividades económicas, esta comunidad se dedica a la agricultura y a la pesca.
Algunos de sus habitantes han construido estanques internos donde cultivan mojarra roja y
cachamas. Tienen sembrados de plátanos y cocoteros que una vez han recogido la cosecha la
venden en el mercado de Barranquilla. Otras personas se trasladan a trabajar en las casas de
familia en la ciudad o en actividades informales en el mercado, siempre con la dificultad del
traslado antes de que anochezca.
Fase 2: En esta etapa, desde el aula de clases se busca sensibilizar a los maestros en formación de V semestre, en los escenarios propuestos tales como: población vulnerable, la educación y la cultura de paz, el desarrollo sostenible como artífice del respeto y cuidado del medio
ambiente y la inteligencia emocional.
Para esto, hace todo el abordaje de la problemática mundial del medio ambiente y lo lleva a
reflexionar sobre la construcción de las relaciones de las civilizaciones con el medio, analizando que en un principio el hombre encontró todo lo necesario brindado por la naturaleza, pero
estas relaciones se deterioraron cuando en la edad moderna el hombre al descubrir la razón se
cree dueño y señor, empezando a intentar dominar la naturaleza, olvidando que solo existe este
lugar con las condiciones para ser habitado, así mismo se hace todo el proceso de concientización y fortalecimiento de las competencias en democracia, competencias ciudadanas y participación ciudadana
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De este proceso de sensibilización en el aula, se estructuró una recopilación de historias,
compiladas en CUColibro, que es una creación de los maestros en formación der V semestre de
la Universidad de la Costa en el que se encuentran historias de género literario (fábulas, leyendas, mitos) o género lírico (poesías, canciones), así como rondas infantiles. Cada construcción
textual, tiene como intencionalidad, dejar una enseñanza o moraleja a los niños y niñas acerca
del cuidado del medio ambiente y la formación en participación, los cuales fueron narrados en
el proceso de sesiones a profundidad, una vez terminada esta etapa inicial el grupo investigador
procedió a realizar un proceso de reflexión con base a lo recopilado.
Ilustración 3. Mascota y lema del proyecto, creación estudiantes V semestre de Licenciatura
de Educación básica primaria. Universidad de la Costa- CUC-

Fuente: Elaboración propia, (2016).
Fase 3: En esta etapa los maestros en formación contextualizan y extrapolan las vivencias del
aula a los escenarios posibles donde se pueda reinventar los espacios como lugares de vida y
de paz (zonas vulnerables, parques, teatros, instituciones educativas con problemáticas, etc.).
En estos momentos, el abordaje se está haciendo directamente en la población de la Isla, para
esto los estudiantes preparan con mucha dedicación, en coordinación con la Biblioteca Infantil
del Caribe el plan de acción de cada sesión, que consiste en una actividad inicial de bienvenida
a la comunidad, luego se organizan por grupos de edades e intereses para trabajar las temáticas
propuestas. Casi siempre el encuentro con esta comunidad ocurre cada sábado, momento en el
cual, se organizan actividades educativas, lúdicas y recreativas con los niños de ese sector, se
inicia con la concientización sobre entornos limpios y agradables para el aprendizaje, además
de conocer los colores y las canecas del reciclaje a través de una fábula.
De la misma forma, a través de las actividades lúdicas, se busca cambiar el concepto que
estos niños y niñas tienen acerca de la interacción con el medio ambiente. Entender que la
naturaleza es un ser preciado que se ha dado a los seres humanos para hacer buen uso de ella
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y sobre todo cuidarla y amarla, creando un nuevo concepto de ética donde no está presente el
pensamiento de dominación y mucho menos el de explotación para el beneficio de unos pocos.
Debemos sentir la naturaleza como el hogar común.
Siendo un sector vulnerable y espacio al aire libre, se necesita de la colaboración de la
comunidad para la atención y ubicación de los miembros de la comunidad que participan del
proyecto, para esto la señora Marta (vecina de la comunidad), presta las sillas en las que se ubican los niños y niñas. Algunos de ellos hay que buscarlos a sus casas porque sufren de alguna
discapacidad para movilizarse, y cada maestro sabe cuáles son sus estudiantes. De tal manera,
que para garantizar su asistencia es necesario ir por ellos para que participen activamente y
posteriormente llevarlos a sus casas una vez concluida la actividad.
Los maestros en formación, ejecutan las actividades lúdicas que llevan preparada desde una
fábula o cuento del texto CUColibro, cada lectura tiene la intención de dejar una enseñanza
acerca del cuidado del medio ambiente, conocer acerca de sus derechos como ciudadanos o
aprender cómo resolver los conflictos que se les pueden presentar, en forma pacífica, la animación y recreación de la lectura la hacen los maestros haciendo pausas para preguntar acerca del
texto leído y la enseñanza.
De la misma forma, se juego de roles sobre los derechos humanos, ya que la educación en derechos humanos otorga especial significado a la misma naturaleza humana. En gran parte de esta
actividad se nota en los niños (as), desconocen sus derechos o simplemente no los vivencian y
por tal motivo es necesario hacer que ellos los vivan y los plasmen para convertir los derechos
en parte de la vivencia de esta comunidad.
Mientras los niños(as) están en su espacio de lectura y recreación, a las madres se les enseña algunas manualidades que les sirva para una actividad productiva o, por ejemplo, cuidados
necesarios para la atención del bebé en el caso de las madres gestantes primerizas. A otras se
les enseña acerca del uso responsable y adecuado de los métodos anticonceptivos debido a que
-algunas de ellas son jóvenes y con bajo nivel de escolaridad- tienen hasta cinco o seis hijos
pequeños. De igual forma a toda la comunidad y viendo la dificultad para la obtención del agua
y el fluido eléctrico se les hacen recomendaciones acerca del buen uso de estos.
Como impacto social, se observa el alcance del objetivo del proyecto que es reinventar espacios, que transcurren en la monotonía del diario vivir sin dedicar un espacio a la reflexión, a la
lectura, pero sobre todo a fortalecer esas relaciones interpersonales que enriquecen y permiten
desarrollar y fortalecer ese humanismo que está deteriorado por el incesante transcurrir apresurado del tiempo, es decir como lugares de paz.
Cabe resaltar que la satisfacción más grande del maestro en formación es saber que está
contribuyendo a un espacio lúdico- recreativo en esta comunidad.
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Finalmente, para las actividades de despedida se organiza una fiesta donde se realiza la exposición de los dibujos de los niños(as), todas las manualidades de las madres y los maestros
en formación de la Universidad de la Costa, CUC, dramatizaron la popular obra infantil “El
renacuajo paseador” de Rafael Pombo, Lo más importante es que las conciencias iban llenas
de aquella esperanza de volver a ver en el próximo semestre a esos niños quienes muestran una
alegría sin causa, que logró contagiar con su ternura y espontaneidad. Pero ante todo lograron
despertar en el maestro en formación el tacto o la sensibilidad pedagógica, que se define como
el resultado de las relaciones interpersonales especialmente cuando el maestro trabaja con niños.
De la vivencia de las experiencias, se puede concluir que: La función de los maestros en
formación consiste entonces, en crear a través de su tacto pedagógico un entorno de aprendizaje
seguro y estimulante y ayudar a la comunidad a alcanzar un equilibrio entre las actividades. El
maestro, es entonces un facilitador y no un proveedor de información, es quien debe tener el
deseo de motivar en la comunidad la formación integral para la vida, desde el ser, el hacer, el
convivir y el estar. Trascendiendo el acto pedagógico más allá de las aulas de clases, comprendiendo que la acción de educar es en todo momento y en el lugar que se necesite.
Es así como amplió el pensamiento de la inclusión y la diversidad siendo capaz de vivir la
experiencia, jugar, enseñar y reinventar espacios de vida y de paz a los niños(as) y madres que
encontraron en la Islita.
Los beneficios que ha generado de manera recíproca para las estudiantes de V semestre de
licenciatura en Educación Básica Primaria y para la población beneficiaria en la Islita, son:
Sensibilización sobre el impacto ambiental.
Fortalecimiento y compromiso de desarrollo sostenible
Transformación de historias de vida
Articulación de la lectura y la narración oral para fortalecer la relación hombre - sociedadnaturaleza
Recreación lúdico- pedagógica de la relación hombre- sociedad- naturaleza
La creación de CUColibro como logo del acompañamiento.
Leer y escribir nos hace pensar y con CUColibro lo vamos a lograr como lema.
5.- CONCLUSIONES
La implementación de la lúdica como dinamizador social para reinventar los espacios como
lugares de vida y paz, permitió alcanzar las siguientes conclusiones:
Los niños, niñas, jóvenes y madres intervenidos lograron identificar la importancia de la
cultura ambiental, los espacios de paz y la inteligencia emocional.
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El trabajo de campo y la observación directa permitió conocer con claridad las características de la población lo cual facilitó partir hacia la búsqueda de estrategias de fortalecimiento
de la cultura ambiental, los espacios de paz y la inteligencia emocional.
La implementación de la lúdica se facilitó gracias a la variedad de recursos en desuso que
ofrece el entorno cotidiano del sector Isla de la Loma.
Los talleres de intervención permitieron a los niños, niñas, jóvenes y madres de población
vulnerable expresarse libremente y desplegar al máximo su criticidad y creatividad.
La lúdica es una técnica que dinamiza desarrollo de los procesos de intervención en los sectores vulnerables y garantiza el reconocimiento de la diversidad.
El individuo en la medida que se encuentra expuesto a actividades y procesos lúdicos, desarrolla su personalidad creadora, puesto que se destaca y logra un espacio reconocido por su
manera de pensar y actuar, en la sociedad.
La lúdica se convierte en una técnica llamativa, curiosa e interesante para los individuos, ya
que por medio de ello se logra brindar un ambiente de libertad y respeto.
A través de los talleres lúdicos se garantizó la calidad, equidad e igualdad en la formación
de los individuos.
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Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México1
Quality models applied to the mediation services in Mexico
Roberto N, Guerrero-Vega2
Universidad Politécnica de Nicaragua, Nicaragua
https://orcid.org/0000-0003-3847-0326
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-8

______________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN
El presente artículo es una investigación que posee un enfoque meramente cualitativo, parte de un diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico trasversal. Tiene por objetivo general analizar los principales
modelos de evaluación de la calidad y definir cuál de ellos ha sido aplicado para evaluar el servicio de mediación
en México. Tras la revisión de la literatura y el análisis documental se determinó que: Los principales modelos de
calidad de índole nacional e internacional, aún no han sido aplicados para evaluar el servicio mediación, ya que
están enfocados en evaluar un contexto general como lo es el sistema de justicia tradicional y otros rubros relacionados a la comercialización de productos y servicios. Sin embargo, se determinó que la calidad del servicio de
mediación ha sido evaluada por modelos estandarizados, desarrollados por algunas investigaciones académicas.
Se concluye que en México existe la necesidad de implementar modelos rigurosos y estandarizados encargados de
evaluar al servicio de mediación, con la finalidad de obtener una certificación nacional e internacional que ratifique
a las instituciones que cumplen con los estándares de calidad.
Palabras Clave: Calidad, consumidor, mediación, modelos, servicio.
ABSTRACT
This article is a research that has a purely qualitative approach, part of a non-experimental design, under a cross-sectional documentary-bibliographic level. Its general objective is to analyze the main quality evaluation models and
to define which of them has been applied to evaluate the mediation service in Mexico. After reviewing the literature and the documentary analysis it was determined that: The main national and international quality models have
not yet been applied to evaluate the mediation service, since they are focused on assessing a general context such
as the traditional justice system and other items related to the marketing of products and services. However, it was
determined that the quality of the mediation service has been evaluated by standardized models developed by some
academic research. It is concluded that in Mexico there is a need to implement rigorous and standardized models
to evaluate the mediation service, with the aim of obtaining a national and international certification that ratifies
the institutions that meet the quality standards.
Keywords: Consumer, mediation, models, quality, service.
Recibido: 26 de Noviembre 2019 - Aceptado: 21 de Abril 2020 - Corregido: 11 de Mayo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Guerrero-Vega, R. N. (2020). Modelos de calidad aplicados al servicio de mediación en México. Politica
Globalidad y Ciudadanía, 149-169. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/
view/152

1 Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: La eficacia del mediador como factor determinante en la calidad del proceso
de mediación.
2 Doctorando en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Universidad Autónoma de Nuevo León. Docente Investigador, Universidad
Politécnica de Nicaragua. Email: neftali2787@gmail.com. Orcid ID: orcid.org/0000-0003-3847-0326.
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1.- INTRODUCCION
Las primeras expresiones históricas de la calidad en el ámbito industrial surgieron a mediados
de los años 70s, cuando las grandes compañías dedicadas a la manufactura en el mundo, empezaron a competir con las corporaciones norteamericanas. Estas compañías fueron pioneras
en cambiar sus filosofías operativas, entre los primeros enfoques se aplicó la disminución del
tamaño de las industrias, trayendo consigo cambios sustanciales orientados a la satisfacción
de los clientes y el perfeccionamiento de las comunicaciones dentro de las compañías (Diaz,
2016).
Los retos planteados por las compañías en relación a la calidad estaban enmarcados en promover y aumentar la productividad, la capacidad de respuesta, la tecnología, comunicaciones,
servicio al cliente y la reducción de costos.
La calidad no solo se ha manifestado en el ámbito industrial, también se ha venido reflejando
en diferentes civilizaciones como, por ejemplo: En la antigua Grecia donde las primeras poblaciones le denominaban arete, término que era entendido como excelencia (Barraza, 2007).
Por otra parte, en la era del antiguo Egipto ya existía la figura del inspector de calidad, quien
era el encargado de verificar las dimensiones y simetría de los bloques que posteriormente eran
utilizados en las grandes construcciones que edificaba esta civilización. También en China el
antiguo Sun Tzu implementaba una serie de estrategias dirigidas a mejorar la calidad del entrenamiento de sus soldados y también implementaba la calidad en sus técnicas de guerra (Sun,
2009).
En el siglo XVII y XVIII emanan en las grandes ciudades los gremios de artesanos, quienes
establecen especificaciones y requisitos para los materiales con los que se trabajaban y definen
procesos y productos para su elaboración. Estas acciones son consideradas como el inicio de las
organizaciones de certificación, debido a que estos gremios llevaban un control específico de
admisión de sus asociados de acuerdo a los requerimientos establecidos, este factor les permitía
mantener la calidad de su trabajo y de sus miembros (Miranda Gonzalez, 2007).
Etimológicamente la calidad es de procedencia latina, y es denominada como ¨clase¨ o ¨tipo¨;
esta definición promueve diferentes interpretaciones por su abstracta expresión. En la actualidad para la Real Academia Española, la calidad es definida como ¨El conjunto de propiedades
inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor de las restantes de su
especie¨ (RAE, 2019).
Existen otras definiciones que abordan a la calidad desde sus diferentes perspectivas, por
ejemplo:
Para Drucker (1990) la calidad no es lo que contiene el servicio, es lo que el cliente obtiene
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�Guerrero-Vega, R. N.

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de él y por lo que está dispuesto a pagar (pág. 41); en cambio Ishikawa (1986) plantea a la calidad enfocada en el producto sin menoscabar la utilidad de la calidad del servicio, trabajo de
calidad, calidad del proceso y cualquier otro enfoque relacionado a la excelencia.
Lechuga et al (2017) La calidad es una de las características clave de los productos y servicios que se mide nacional e internacionalmente a través de las denominadas empresas certificadoras de calidad. Las apariciones de estas certificaciones surgen por la necesidad de homogenizar la medición de la calidad de los productos y servicios. (p.34).
Por otro lado, hay que resaltar que la calidad no solo se refiere a la finalización del producto
o del servicio, también está enfocada a la calidad del proceso que esencialmente es el causante
de la excelencia de los anteriores factores (Imai, 1998, pág. 10). De acuerdo a lo anterior se
puede afirmar que con el paso del tiempo el concepto de calidad ha evolucionado su enfoque,
ya no solo se encuentra relacionado en aumentar la productividad o en ofertar un mejor servicio
al cliente; esta definición de calidad es más amplia, así lo refiere (Diaz, 2016) quien también
plantea:
La calidad debe entenderse y debe de ser transmitida como un valor que genera actitudes
y comportamientos en el trabajo y en la vida privada del trabajador; también se trata de
buscar conscientemente los máximos estándares deseables en todo lo que realizamos en la
vida; es una filosofía que debe de estar detrás de todos los movimientos del individuo; es
un estilo de vida; es una cultura, donde lo principal es el trabajo, el servicio, la entrega
completa (pág. 128).
Es notable que las referidas definiciones están planteadas con un enfoque dirigido al producto, servicio ofertado o las fases del proceso que conlleva a la calidad, cabe señalar que todas las
concepciones convergen un denominador común, el cual es construir y alcanzar estándares de
excelencia.
En México existen diferentes modelos nacionales e internacionales que evalúan la calidad
de los servicios y productos que ofertan las diferentes instituciones. Entre los más relevantes
están el Premio Nacional de Calidad (PNC), la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Estos modelos en su mayoría están dirigidos a evaluar actividades relacionadas a la
industria, sin embargo, esta filosofía de calidad ha trascendido a otros campos como los son la
salud, la justicia, la educación entre otros.
Por tanto, en el presente trabajo además de analizar los principales modelos de evaluación
de calidad, también se desarrolla cuáles de estos modelos se han implementado en algunos
rubros en México, al igual se resalta como problemática que estos sistemas de evaluación aún
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�Modelos de calidad aplicados al servicio...

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no han sido aplicados en los Centros públicos o privados que se dedican a ofertan el servicio de
mediación en México.
Con la finalidad de proponer variantes o posibles soluciones al fenómeno que antecede, en
este estudio se menciona una serie de investigaciones académicas que han evaluado el servicio
de mediación desde diferentes perspectivas, partiendo de modelos estandarizados de calidad.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La prestación del servicio de mediación
Un servicio representa un conjunto de acciones encaminadas a servir en algo o a alguien, estas
acciones tienen por finalidad cumplir con la satisfacción del individuo o individuos que los
requieren.
La Ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias en el estado de Nuevo
León (2017), define a los sujetos e intuiciones encargados en prestar el servicio de mediación.
En primer lugar se encuentra el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, quien es el órgano del Consejo de Judicatura, que regula y presta los servicios en
materia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC); seguido están los
Centros de mecanismos alternativos, que son definidos por la ley como ¨Todas las instituciones
públicas y privadas que brindan servicios de mecanismos alternativos, distintas al Instituto¨,
cabe destacar que dichos centros deben contar con la acreditación del instituto.
Por otro lado, también la ley define al facilitador o mediador como la persona física que
cuenta con certificación o certificaciones especializadas respaldadas por el Instituto, en virtud
de prestar los servicios de los MASC.
De acuerdo a estas definiciones establecidas por la norma, no cabe duda que la mediación
es considerada un servicio y el mediador es la persona encargada de materializarlo. De igual
manera es importante destacar que la asistencia que funge el mediador no solo coincide con la
definición de servicio, también se relaciona con las características generales de los servicios.
De acuerdo a Zeimthaml y Berry (1988), las características consisten en la intangibilidad, la
heteromogeneidad, la inseparabilidad y el carácter perecedero. En el siguiente apartado se desarrollarán las referidas características partiendo de su conceptualización y la relación que existe
con el servicio de la mediación:
La Intangibilidad
Para Lovelock (1983) todos los servicios son considerados intangibles debido a que no se trata
de un objeto o producto más bien son resultados, así mismo plantea que los servicios no podrán ser juzgado por el consumidor antes de adquirirlos, en vista que estos no pueden sentirse,
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palparse, verse o tocarse. Es por ello que el servicio de mediación, se identifica con la intangibilidad ya que no se trata de un bien o producto del cual se pueda tener posesión; además su
valoración no puede ser en base a sus características físicas ya que son inexistentes. El servicio
mediación y su intangibilidad puede ser evaluada en base a la percepción e interpretación del
usuario o cliente.
La heteromogeneidad
Esta característica se basa en la variabilidad del servicio ofertado y los resultados obtenidos,
estos resultados no pueden ser medibles de forma estandarizada, ya que cada consumidor y el
servicio ofertado son diferentes (Duque Oliva, 2005). Partiendo de lo anterior se debe considerar que el servicio de mediación siempre va ser variable ya que ningún proceso de mediación
resulta ser igual a otro; esta variabilidad dependerá del actuar de las partes en el proceso de
mediación o de las habilidades que aplique el tercero neutral al gestionar el conflicto.
La inseparabilidad
De acuerdo a Duque (2005) este factor está relacionado con la simultaneidad, se trata de la interacción que hay entre la persona prestadora del servicio y el usuario o cliente que lo consume.
Esta característica está centrada en el consumo, factor que será base de la distinción entre el
producto y servicio. El producto se crea se vende y posteriormente se consume por otra parte
el servicio se oferta y se consume en un mismo instante. En cuanto a la mediación como servicio sucede exactamente el mismo debido a que se oferta y se consume en el momento de su
aplicación.
De carácter perecedero
Esto significa que los servicios no subsisten en el tiempo, algunos pueden ser de un solo momento en cambio otros pueden efectuarse en diferentes etapas, partiendo de esta lógica queda
claro que al no tratarse de un producto el servicio no podrá ser almacenado (Diaz, 2016). El
servicio de mediación ofertado por las instituciones descritas en la parte inicial de este acápite,
se clasifica de carácter perecedero, debido a que no es tangible y en consecuencia no puede ser
acopiado, de acuerdo a esta situación se garantiza la imperdurabilidad del servicio ofertado.
Este servicio persistirá solo durante tiempo que dure el proceso de mediación y también durante
se promulguen las diferentes sesiones próximas.
Al leer lo anterior resulta imprescindible no establecer las diferencias que existen entre las
características que contienen un producto y un servicio por ello se plantea el siguiente cuadro:
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•
•
•
•

Cuadro 1. Diferencias entre Producto y Servicio
Producto
Servicio
Es tangible y palpable
• Intangible y no pueden ser evaluado por
su aspecto físico
Un producto podrá ser idéntico a otro
servicio ofertado al consumidor siemEl producto se crea se vende y posterior- • El
pre
va ser variable
mente se consume
• El servicio se oferta y se consume en un
El producto de acuerdo a su tipología
mismo instante
puede perecer o descomponerse
• No persiste en el tiempo ni puede ser almacenado
Fuente: Elaboración propia, 2020

De acuerdo a estas diferencias y a las características antes planteadas queda claro que existe
una relación amplia entre el servicio de mediación y los preceptos generales del servicio, por lo
tanto, la medición como un servicio puede estar sujeta a cualquier tipo de evaluación, siempre
y cuando esta se aplique con la perspectiva de mejorar la calidad de los procesos inmersos en
el servicio.
Modelos de evaluación de calidad
Dando continuidad al enfoque de calidad, es pertinente mencionar que existen diferentes modelos dedicados a gestionar la calidad desde sus diferentes perspectivas. Estos modelos sirven
de guías para todas las instituciones privadas o públicas que se dedican a mejorar un producto
u ofrecer un servicio.
Históricamente en diferentes países del mundo han existido esfuerzos en mejorar los procesos de calidad de las empresas, partiendo de la dinámica de la evaluación y el reconocimiento.
En el año 1951, Japón instituyo el premio Deming como reconocimiento a las empresas que
alcanzaran mejorar sus procesos de calidad; por otro lado, en los Estados Unidos se otorgaba la
distinción Malcon Baldrige, que concordaba con el mismo enfoque de calidad. En el año 1989
México creo el premio nacional de calidad, este era entregado por el presidente de la republica
a las empresas que cumplían con el modelo nacional de competitividad, cabe destacar que el
proceso de selección y valoración a las instituciones estaba a cargo del Instituto para Fomento
a la Calidad Total A.C (Diaz, 2016).
Existen otros modelos de gestión de calidad que se encuentran ligados a la normalización y
estandarización. Para hablar de ellos primero se debe de tener una visión clara de los referidos
enfoques. Castañeda Salas (2019) en su investigación cita diferentes autores que definen estos
dos enfoques:
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Normalización
Según Merlo Vega (2011) la normalización se define … como la guía que permite definir
como debe ser un producto o servicio, de manera que todas las organizaciones que lo desarrollen sigan un mismo modelo… con ello se consigue… que estos productos y servicios
cumplan con uno de los criterios mínimos para que puedan ser evaluados y comparados
para establecer un nivel de calidad determinado, por otra parte asegura que los productos
y servicios sean compatibles entre si.
Estandarización
Se define como … aquellos criterios por los que puede medirse y evaluarse los servicios…
establecidos por las organizaciones profesionales, corporaciones acreditadas u organismos
estatales, los criterios pueden reflejar, los diversos modos o un mínimo ideal un procedimiento modélico, una medida cuantitativa o una evaluación cualitativa (Merlo Vega, 2011).
Los modelos de normalización y estandarización para algunos autores o instituciones son
utilizados como sinónimos, pero de acuerdo a las definiciones antes planteadas poseen diferentes características; en este sentido y con el ánimo de diferenciar ambos modelos a continuación
se plantea un cuadro ilustrativo.
Cuadro 2. Diferencias entre Normalización y Estandarización.
Normalización
Estandarización
• Determina como debe ser un producto o • Define características y criterios para que
servicio.
un producto o servicio pueda ser susceptible de medición o evaluación.
• Se encarga de elaborar, aplicar y mejorar
las normas relacionadas a la calidad.
• Desarrolla sistemáticamente la actualización de los patrones, medidas y especifi• Sustenta la metodología que asegura con
caciones de los productos o servicios.
exactitud la evaluación.
Fuente: (Tafolla, 2000) (SE, 2016); (Castañeda Salas, 2019) elaboración propia, (2020).
Las características de la normalización y la estandarización son parámetros establecidos con
el fin de mejorar la calidad de los procesos en los diferentes ámbitos e instituciones.
Sistema organización internacional para la estandarización (ISO)
Después de la segunda guerra mundial las Naciones Unidas en 1947 crean la Organización
Internacional de Normalización (ISO), que tiene como propósito promover normas y regulaciones internacionales para la fabricación de los productos en donde se garantice su calidad y
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seguridad, posterior en 1951 se publicó el primer estándar ISO dirigido a una referencia de temperatura que se encargaba de medir las longitudes dentro de la industria, siguiendo esta secuencia, ISO creo todo tipo de normas enfocadas en productos, servicios y procesos relacionados al
ámbito de la vida (Castañeda Salas, 2019)
En la actualidad 157 países son parte de la red de organizaciones internacionales de normalización, estas instituciones operan en países grandes o pequeños, industrializados o en vías de
desarrollo de todas las regiones del mundo (ONUDI, 2010). Una peculiaridad de estas organizaciones es que, a pesar de tener un gran impacto en el ámbito industrial y empresarial, su naturaleza yace en el voluntariado, esto quiere decir que estas normas no pueden ser impuestas de
maneras coercitivas para las instituciones públicas o privadas al menos que estás los soliciten.
De acuerdo a lo que plantea Aenor (2002) ISO despliega una serie de normas técnicas de
carácter voluntario que incrementan el valor a todas las operaciones empresariales, entre estas
virtudes se encuentran:
La contribución y el desarrollo de la fabricación y suministro de productos y servicios más
eficientes, seguros y limpios.
Brinda la protección a consumidores con respecto a los productos y servicios.
Facilita y ajusta el comercio entre países.
Mejora la satisfacción de la clientela.
Genera confianza en los consumidores o usuarios.
Se obtiene una certificación de índole internacional.
Es importante observar que entre los beneficios que ofrece la aplicación y el seguimiento de
las normas ISO, se pueden destacar tres elementos fundamentales que se han venido planteando
en cuanto a la calidad del proceso de mediación, entre ellos están la satisfacción al cliente, la
generación de confianza entre los usuarios de cara a las instituciones y por último la calidad
partiendo de un servicio más eficaz.
Existe una variedad de normas ISO que han sido creadas a partir de la reaparición de nuevos
productos o servicios ofertados a la sociedad. En la actualidad no se sabe con exactitud cuántos
tipos de las normas ISO existen, debido a que estás siempre están en constante cambio, es por
ello que en el siguiente grafico se reflejaran las normas más influyentes de algunos ámbitos:

Gráficas 1. Tipos de normas ISO
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Fuente: Elaboración propia, (2020).
En la referida tipología se destaca la ISO 9000, esta norma se encuentra orientada a la estandarización de los sistemas de calidad que no están relacionadas con algún producto, sino con
los procesos de los que derivan los productos y servicios. La finalidad de esta norma es emplear
los métodos, técnicas y procedimientos específicos relacionados al cumplimiento de principios,
objetivos y metas destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores o usuarios (Delgado, 2011).
La certificación de norma ISO 9000 y la 9001 son acreditaciones muy demandadas por las
diferentes instituciones privadas y públicas dedicadas a ofrecer un producto o brindar un servicio. En lo que concierne a México específicamente al estado de Nuevo León, las entidades que
lograron alcanzar esta certificación son: el Tribunal Superior de Justicia y otras jurisdicciones u
órganos judiciales y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
Norma ISO 9001 adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León (2003) público en su informe trimestral número 7, algunos de sus principales logros en donde destaco la acreditación ISO 90012000 del Tribunal Superior de Justicia y la postulación de un pilotaje de otras áreas jurisdiccionales que apuntaban a la certificación de calidad, como lo eran la primera sala civil y el juzgado
décimo segundo de lo civil del primer distrito judicial.
En este informe el Lic. Guerrero Gutiérrez expresó que el sistema de calidad en las áreas administrativa, resulta ser de suma importancia ya que la adecuación de la norma ISO permite que
los operadores de justicia y servidores públicos sean evaluados de acuerdo al servicio ofertado a
la comunidad, también recalco que la certificación ISO visibilizaría a la institución por ser parte
de un sistema de estandarización de orden mundial.
Dando continuidad al informe, también hay que destacar algunos beneficios que trae consigo
la aplicación de la norma ISO 9001, entre ellos están:
Lograr un trabajo más organizado al pie de una metodología.
La labor se desempeña de manera eficiente.
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Fomenta la competitividad en el ámbito laboral.
Se detectan indicadores sobre las acciones contrarias a la ley.
Implementa acciones correctivas y preventivas.
Se promueve la capacitación de los actores sobre las políticas que debe contener un sistema
de calidad.
Disminuye el número de quejas
Desarrolla altos niveles en el rendimiento del personal.
Posterior a todo el proceso de análisis, se elaboró un manual de calidad con instrucciones
sobre el trabajo y registro de la calidad, procedimientos generales, instrucciones de trabajo y
registro de la calidad, que fueron utilizados para evaluar el desempeño de otras entidades jurisdiccionales (TJS, 2003).
Norma ISO 9001 adoptada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
La Profeco es la institución encargada de la protección del consumidor, así como de difundir el
consumo inteligente. Ambas actividades cuentan con un área de laboratorio para su operación,
este sitio es donde la institución realiza diferentes estudios a la diversidad de productos que
existen en el mercado, los resultados de estas pruebas son publicados en diferentes medios de
comunicación, en donde se enuncia si el producto cumple con los estándares de calidad (David,
2016).
Cuadro 3. Criterios de calidad de Profeco.

Sistema de gestión de calidad
Responsabilidad de la dirección
Gestión de los recursos
Realización de producto
Medición de análisis y mejora

Define todos los procesos que se manipulan con
específicas metodologías y sistemas de control de
calidad.
Supervisa las actividades de Profeco y la vigilancia y
cumplimiento SGC (Sistema de Gestión de Calidad).
Cumple en planear la manera en que va a asignar los
recursos, tomando en cuenta las recomendaciones del
cliente.
Se define los requerimientos del producto y del cliente, así como del proceso para cada servicio.
El SGC es monitoreado de manera completa por
satisfacción del cliente, análisis de tendencias, expedientes de proveedores.

Fuente: Elaboración propia, (2020).
El laboratorio nacional de la Profeco conto con la certificación NMX-ISO-9000-2000 y esRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tuvo acreditado con NMX-ISO-17025-2005, también poseía un manual de calidad que cumplía
con los requerimientos que establece el ISO 9000-2000, entre ellos los del cuadro 3.
En consideración a lo desarrollado en cuanto a la acreditación de estas instituciones del estado de Nuevo León, el Tribunal Superior de Justicia y la Profeco, ambas apuntaron a la calidad.
El tribunal se enfocó en ofertar un servicio de calidad a los usuarios y a mejorar sus procesos
internos de índole administrativos y la Profeco en ofertar y mantener la calidad en la variedad
de los productos que son consumidos por la población. Ambas instituciones resultan ser de vital
importancia para la sociedad al lograr la estandarización ISO de sus procesos, mejorando así su
compromiso social con los usuarios o consumidores.
Modelo europeo de gestión de calidad (EFQM)
En 1988 fue creada la Fundación Europea para la Gestión de calidad (European foundation
for quality management), que se encuentra constituida por 14 organizaciones europeas con un
propósito en común, el cual era mejorar la calidad de las empresas en el referido continente. En
1922 la fundación creo el Modelo de Gestión de Calidad conocido mejor como EFQM (Diaz,
2016)
Carreón (2013) expresa que el modelo EFQM contiene nueve criterios que se subdividen en
dos grandes grupos, el primero está destinado a los ¨agentes¨ que son los factores por los cuales
se logran los fines y el segundo grupo son los ¨resultados¨ con los cuales se logran la organización; además el autor plantea el desglose de estos criterios:
Agentes
Liderazgo: Este criterio se refiere al compromiso y al estilo de la dirección que son ejercidos
por la gerencia o quien esté a su cargo, también tiene relación con la calidad y el logro de los
objetivos o misión de la organización, realzando entre ellos la satisfacción del cliente.
Política estratégica: Es la dinámica en donde la organización implanta su misión y visión
con la finalidad de desarrollar las estrategias, también describe el paso a paso de la implementación de políticas, planes, objetivos y procesos en donde se materializa la estrategia.
Persona: Se analiza la gestión y el desarrollo del conocimiento de las personas que son parte
de la organización, esta acción permite evaluar el potencial de cada individuo o grupos. También se evalúa como se planifica las actividades con apoyo de la política y estrategias, además
del eficaz funcionamiento de los procesos.
Recursos y alianzas: Este factor se refiere cuando la organización gestiona y planifica sus
recursos internos, y la de sus colaboradores externos, con el objetivo de conocer como estos
apoyan la política y la estrategia en la función eficaz de los procesos.
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Procesos: Este factor es de suma importancia debido a que define la operatividad de la organización.
Resultados
Resultados en los clientes: Computa el grado de satisfacción y las necesidades de los clientes
externos y la elección de medidas para evaluarlas.
Resultados en las personas: Se encarga de medir al igual que el anterior las necesidades y
satisfacción de las personas, pero en este caso de los agentes internos o colaboradores.
Resultados en la sociedad: Este factor está relacionado con la responsabilidad social que tiene la organización desde esferas como la prevención de riesgos laborales, el impacto ambiental
de los productos que distribuye y el comportamiento ético de la empresa.
Resultados clave: Asegura que la organización evalué el grado de cumplimiento de las metas
y objetivos trazados u aquellos elementos que se han identificado como logros importantes, esto
puede darse a corto o a largo plazo y esta enlazado directamente a aspectos financieros de la
institución.
Por otro lado, existe también el Modelo Iberoamericano de Calidad creado por la fundación
iberoamericana para la gestión de calidad (FUNDIBEQ), la cual estableció en el año 2000 la
distinción del premio Iberoamericano ala Calidad. Este modelo tiene una gran relación con el
modelo EFQM en cuanto a su estructura, clasificación y los criterios que aborda, pero también
difiere en la puntuación cuantitativa de alguno de los criterios (Carreon, 2013)
Modelo del premio nacional de calidad mexicano (PNC)
Este modelo fue creado a finales de los años 80 por un grupo de expertos que tenían como
propósito impulsar la mejora continua de las instituciones u organizaciones mexicanas. El eje
principal de PNC se trata de reforzar el valor superior de los clientes y los consumidores atreves
de una mejora continua de los sistemas, procesos, productos y servicios.
Dentro de los propósitos del PNC están (FPNC, 2016):
Estimular el establecimiento de los procesos integrales
Promover la productividad y la calidad en los productos, servicios y procesos
Promover el uso del modelo nacional para la calidad total en las organizaciones mexicanas.
Fomentar las exportaciones en base a la calidad
Promover visibilidad de las empresas
Ofrecer una herramienta útil de diagnóstico y mejora continua
Este modelo a diferencia del EFQM se subdivide en tres bloques de acuerdo al ciclo Deming
y además evalúa 8 criterios, que a continuación se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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Gráficas 2. Criterios de evaluación de la Calidad - PNC

Fuente: Elaboración propia, (2020).
Evaluación de calidad del proceso de mediación
Se puede observar que los modelos de evaluación que anteceden han sido implementados en
distintas instituciones dedicadas a diferentes tópicos como lo son: la salud, el comercio, el medio ambiente, la seguridad en los centros de trabajos, los sistemas de justicia entre otros. Sin
embargo, hasta el momento en la mayoría de países no hay una aplicación centralizada ni estandarizada de un sistema que evalué y procuré la calidad del servicio de mediación (Gonzalez
Ramirez, 2018).
Es relevante mencionar que existen diferentes teorías donde se observa que el servicio de
mediación puede ser evaluado de diferentes enfoques:
La primera está basada en lo que considera el consumidor en relación al servicio (usuario en
el proceso de mediación), de lo cual se engloban las calidades técnicas que consisten en la acreditación profesional y formación del mediador, y la segunda se enfoca cuando el consumidor
juzga el servicio después de haber sido ofertado, siendo este último un factor difícil de medir
en la mediación, en vista que posterior a la realización del acuerdo existen muchos factores
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externos que pueden incidir en la apreciación de las partes, en cuanto al servicio ofertado y la
calidad del mismo (Lehtinen, &amp; Lehtinen,, 1982).
Evaluación de la mediación en base a los resultados
Pruitt &amp; Carnevale (1993) plantean dos criterios de evaluación de la eficacia de la mediación.
Como primer criterio esta la evaluación a corto plazo, la cual corresponde a enunciados que
determinan una buena mediación como, por ejemplo:
1. El sentimiento expresado por partes de la mediación, referido a la satisfacción de la
misma.
2. La voluntad de cumplir los acuerdos alcanzados.
3. La percepción de la eficacia de la mediación, esto implica funcionamiento, rapidez, economía etc.
4. El cumplimiento de lo acordado.
Se deberá tener en cuenta que estos criterios deben de ser evaluados al finalizar la mediación.
Por otra parte, están los criterios de evaluación a largo plazo, los cuales se basan en las siguientes actividades:
1. El grado de cumplimiento de los acuerdos
2. Las mejoras de las relaciones entre las partes.
El conjunto de criterios de evaluación antes relacionados sirven para diagnosticar si se tiene
como resultado una mediación ¨exitosa¨ sin embargo hay que delimitar cuales son los factores
que determinan la eficacia del método (Gonzalo Serrano, 2008).
Evaluación de la mediación en base a la percepción del servicio ofertado
La percepción del usuario para evaluar a la mediación como un servicio, es otro de los enfoques
por los cuales se puede abonar a la calidad del proceso mediación.
Para Díaz Álvarez (2016) la evaluación de la mediación puede ser valorada desde diferentes
factores endógenos que determinan la calidad, es por ellos que plantea en su investigación titulada ¨Mediación Calidad¨ seis características que son base para la evaluación del este servicio;
en las cuales encontramos:
Características físicas de las instalaciones
Habilidad del centro de mediación, servicio promedio y confiable
Disponibilidad de servicio al usuario
Conocimiento, cortesía y confianza por parte del personal hacia el usuario
Cuidado y atención personalizada al usuario
Valor de la mediación en la sociedad (intangibles de la mediación)
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Todas estas características estuvieron enfocadas en evaluar la calidad del servicio de mediación que se oferta a la sociedad por parte de los diferentes centros del estado de Nuevo León
tanto en el ámbito público como privado. Para llevar a cabo la evaluación referida, Álvarez
(2016) aplico el modelo que se describe a continuación.
Modelo service quality (SERVQUAL)
Ilustración 1. Cronología de hechos internacionales, teorías de calidad y modelos de evaluación

Fuente: (Torrez , Maritza, Vasquez, &amp; Carmen, 2015)
En la figura que antecede se muestra una cronología de los principales modelos de evaluación de la calidad, también se destacan hechos internacionales y algunas teorías que contribuyen a la evaluación de la calidad, en las cuales se puede observar algunos de los modelos que
ya se comentaron en este artículo. Por otro lado se puede apreciar el surgimiento del modelo
SERVQUAL que deviene históricamente de la escuela americana de marketing y fue desarrollado por los investigadores Parasuraman, Berry y Zeithaml en 1985 y posteriormente 1988
por medio del análisis factorial se simplifico y albergo la evaluación de los servicios bajo estas
cinco dimensiones (Torrez , Maritza, Vasquez, &amp; Carmen, 2015):
a. Empatía: Muestra de interés a nivel de intención individualizada que ofrece la institución
al usuario.
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b. Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.
c. Seguridad: Conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para inspirar confianza.
d. Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los usuarios y para presentarles un
servicio rápido.
e. Elementos tangibles: Apariencia física de las instalaciones físicas, material, equipos y
personal.
Se puede apreciar claramente que Díaz Álvarez (2016) en su investigación titulada ¨Mediación Calidad¨ adecuo las dimensiones que platea el modelo SERVQUAL a la evaluación del
servicio de mediación, utilizando este prestigioso gestor de calidad para medir las diferentes
fases del proceso con la finalidad de procurar la calidad y eficiencia en el trámite de mediación.
Por lo tanto, dicha investigación resulta ser la pionera en estandarizar un modelo de calidad
dedicado a evaluar la satisfacción de los usuarios en el ámbito de la justicia alternativa, ya que
este modelo comúnmente se aplica en esferas como a salud, la educación, industria, hotelería y
otro sin números de servicios enfocados en procurar la calidad de los procesos.
Evaluación de la mediación con base a la capacidad y competencias del mediador
Para Aguilar (1994) un elemento determinante para contribuir a la calidad del proceso de
mediación está enfocado en las competencias y capacidades del mediador. Partiendo de este
enfoque se constituyó en Chile una mirada sistemática a la práctica del mediador, que tuvo
como propósito el mejoramiento continuo de las prácticas profesionales por medio de la implementación de una metodología cualitativa y cuantitativa que tuvo como base la observación
del mediador bajo la evaluación y medición de un sistema llamado evaluación de calidad del
proceso de mediación familiar (ECAME).
Instrumento de medición de calidad ECAME
En Chile a partir del año 2011 se han venido implementado un sistema de supervisión entre
pares que tiene como finalidad establecer una modalidad de aprendizaje-acción apegado a los
lineamientos de la investigación experimental, esto consistió en el aprovechamiento de los
conocimientos adquiridos de la práctica y la experiencia, que tuvo por objeto mejorar los sistemas de servicios de mediación existentes y de igual forma contribuir a la calidad del proceso
(Gonzalez Ramirez, 2018)
Dentro de los antecedentes metodológicos del referido sistema se constituyó un estudio inicial denominado ¨Auditoria de Calidad de los Servicios de Mediación Familiar¨ realizado por
UCEN, que de acuerdo a Muños (2015) perseguía las siguientes disposiciones:
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Diseñar un sistema nacional de gestión de supervisiones clínicas para los mediadores.
Implementar la aplicación del ECAME de supervisión.
Sistematizar cualitativamente y cuantitativamente los resultados.
Generar un proceso de retroalimentación y perfeccionamiento del desempeño profesional,
estableciendo criterios de calidad compartidos.
Este sistema en la actualidad cuenta con un proceso que costa de cinco etapas. La primera
se enfoca en la supervisión y observación del proceso de mediación, en esta fase se utiliza la
metodología de la video grabación para obtener un mejor análisis, en segundo puesto se sitúa
la autoevaluación del mediador observado, para que posteriormente de inicio la tercera fase
del proceso que consiste en la retroalimentación que debe de ejercer el supervisor al mediador
evaluado. El cuarto paso se trata de la elaboración de un informe y la asignación del puntaje al
mediador de conformidad a una escala enfocada en los diferentes criterios de evaluación del
servicio y sobre todo de la calidad del mismo, y por último en la etapa número cinco se concentra la capacitación remedial de aquellos factores en donde se encontró un déficit que conlleva
a la elaboración de manuales de buenas prácticas para fortalecer los procesos de mediación
(Gonzalez Ramirez, 2018).
3.- MÉTODO
Diseño
Esta investigación posee un enfoque meramente cualitativo, en vista que no se trata de una mera
especulación, interpretación o reflexión del suscrito investigador, por lo contrario, se basa en
comprobar la existencia del fenómeno de estudio que da origen a la pregunta de investigación
y por ende la hipótesis propuesta.
Entre otras características el estudio parte de un diseño no experimental debido a que no
se manipula ninguna de las variables propuestas, es decir se trata de una investigación en la
cual no se aplica la variación de las variables. También posee un enfoque exploratorio, en vista
que la problemática planteada resulta ser un fenómeno del cual existe escasa literatura. Cabe
destacar que la investigación exploratoria analiza a las variables o factores que podrían estar
relacionados a la problemática y finaliza cuando ya se obtiene una idea clara y relevante de las
variables y cuando se justifica que ya hay suficiente información sobre el tema (Abreu, 2012)
Instrumento
Con el objetivo de recopilar la información que contiene el marco teórico, se llevó a cabo una
exhaustiva revisión de la bibliografía relacionada al sustento de las variables de investigación,
por medio del ejerció de la lectura comprensiva en donde se analizaron con un enfoque critico
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las treinta y una referencias bibliográficas.
Procedimiento
Primeramente, se realizó un análisis compresivo de las fuentes que están meramente relacionadas a la problemática de estudio, como resultado se dedujo que existía escasa información
sobre la aplicación de los modelos de evaluación de calidad en Centros que ofertan el servicio
de mediación en México. Por tal razón se realizó un análisis comparado del fenómeno de lo
cual se obtuvo información derivada de investigaciones académicas y posterior se realizaron
conclusiones y recomendaciones al estudio.
4.- CONCLUSIONES
En los apartados que anteceden se desarrolló de manera clara todo lo relacionado a la calidad en
general y a los tipos de modelos que la evalúan. También se llevó acabo un análisis de algunas
esferas en las que se han aplicado los diferentes sistemas de evaluación de la calidad. En base
a lo dicho podemos concluir lo siguiente:
La calidad es un concepto que trasciende más allá de una actividad en específico, puede ser
considerada como una aptitud, cultura o estilo de vida de un individuo que tiene como fin
alcanzar los máximos estándares de excelencia.
La calidad puede ser analizada desde el enfoque del producto, la calidad del servicio prestado o las fases de un proceso que conllevan a estándares de excelencia.
La mediación debe ser considerada un servicio en vista que cuenta con todos los elementos
esenciales del mismo.
Los modelos de calidad ISO 9000, 9001, EFQM y el PNC concuerdan en los siguientes
criterios:
Todos toman en cuenta la satisfacción del cliente.
Todos concuerdan que el proceso es un factor clave para la operatividad de las organizaciones.
Los tres modelos toman en cuenta la eficiencia, capacitación y evaluación del personal.
Los modelos de calidad ISO 9000, 9001, EFQM Y PNC no han sido implementados en evaluar la calidad del servicio de mediación.
Los modelos de evaluación como SERVQUAL y ECAME ya fueron implementados en evaluar los servicios de mediación con el propósito de mejorar la calidad del servicio ofertado.
Por tanto podemos concluir que en México existe la necesidad de implementar los modelos
de evaluación de calidad nacionales e internacionales, con el propósito de garantizar que el
servicio de mediación ofertado, este avalado por certificaciones de alto prestigio que generan
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confianza, de igual forma se recomienda que los centros de mediación públicos y privados,
implementen sistemas de calidad de manera interna con el objetivo de efectuar evaluaciones
periódicas que fomenten la mejora constante del servicio de mediación.
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La Alianza del Pacífico y la hegemonía de China y Estados Unidos1
The Pacific Alliance and the hegemony of China and the United States
Flavio Rafael González Ayala 2
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
https://orcid.org/0000-0001-7317-2485
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-9
____________________________________________________________________________
RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo explorar la relación de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico
(AP) con la República Popular China (China). La investigación de este artículo se hizo desde un enfoque y metodología cualitativa de tipo analítica. Se encontró que uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico es convertirse en una
plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región
Asia-Pacífico. China es el principal mercado de Asia Pacífico y el segundo a nivel mundial. Sin embargo, la Alianza
tiene vínculos importantes con Estados Unidos, tanto por su modelo económico como por los tratados de libre comercio
(TLC) que cada miembro tiene con dicho país. Estados Unidos y China se encuentran en una guerra comercial, y ambos
compiten por el comercio regional e internacional. El déficit comercial de los miembros de la Alianza del Pacífico con
China, el cual también Estados Unidos comparte, se debe al dominio comercial del dragón asiático en el mundo. La forma en que la Alianza del Pacífico está enfrentando dicho déficit es cerrándose al mercado chino y estableciendo alianzas
con Estados Unidos. Dicha situación genera cuestionamientos como la forma en que afrontan los países de la Alianza
del Pacífico la llamada “guerra comercial entre Estados Unidos y China” y de qué manera enfrentan la dicotomía entre
la importancia del creciente mercado asiático lidereado por China frente a ser parte de la zona de influencia de Estados
Unidos. Este artículo explora las relaciones entre los países de la Alianza del Pacífico y China de lo que se puede concluir
que la nueva Ruta de la Seda es una alternativa para la diversificación de la Alianza del Pacífico.
Palabras clave: Alianza del Pacífico, China, Comercio Internacional, Estados Unidos, Guerra Comercial.
ABSTRACT
This article aims to show the relationship of the four member countries of the Pacific Alliance (AP) and the People’s
Republic of China. The third objective of the Pacific Alliance is to become a platform for political articulation, economic
and commercial integration, and projection to the world, with emphasis on the Asia-Pacific region (Alianza del Pacífico,
2015). China is the main market in Asia Pacific market and the second in the world, however, the Alliance has important
links with the United States, both for its economic model and for the free trade agreements that each member country
has with that country. The United States and China are in a trade war, and both compete for regional and international
trade. The trade deficit with China, which the United States also shares, is due to Chinese commercial dominance with
the world. The way the PA is facing this déficit is by closing the Chinese market and establishing alliances with the
United States. This situation generates questions such as the way in which the countries of the Pacific Alliance face the
so-called “trade war between the United States and China” and how they face the dichotomy between the importance of
the growing Asian market led by China versus being part of the influence zone of the United States. This article explores
the relations between the countries of the Pacific Alliance and China, form which it can be concluded that the new Silk
Road is an alternative for the diversification of the Pacific Alliance.
Keywords: Pacific Alliance, China, International Trade, United States, Trade War.
Recibido: 14 de Diciembre 2019 - Aceptado: 27 de Marzo 2020 - Corregido: 15 de Mayo 2020
Cómo referenciar este artículo:
González Ayala, F. R. (2020). La Alianza del Pacífico y la hegemonía de China y Estados Unidos. Politica Globalidad y
Ciudadanía, 170-187. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/153

1 Articulo resultado del proyecto de Investigación “ELEMENTOS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LOS PAISES EMERGENTES
EN ASIA PACÍFICO” financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) iniciado el 22 de enero de 2018
2 Doctorando en Filosofía con especialidad en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia en la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL). Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Email: flavio.gonzalez@
eco.uaslp.mx
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México, ISSN 2395-8448. 170-187. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/153

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1.- INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es indagar la relación y posibilidades de los cuatro miembros de
la AP con la República Popular China. El argumento central de este ensayo es que la AP no
tiene una estrategia estructurada como organismo para relacionarse con Asia Pacífico y menos
con China. Aunque uno de los objetivos de la Alianza es convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial y proyección al mundo con énfasis en
la región Asia-Pacífico. Las relaciones políticas, económicas y comerciales se han dado en un
contexto bilateral. Dicho contexto genera diferentes escenarios, uno con estrecha vinculación y
otro con relación lejana.
Este texto muestra la situación de dicha relación, se divide en cuatro partes. La primera
analiza el contexto global y los mega acuerdos en la región Asia Pacífico. La segunda explora
el antecedente histórico de la ruta de la seda y los vínculos con América Latina. La tercera examina la relación de la AP y de cada integrante con China. Finalmente se concluye observando
las diferentes opciones posibles en la relación con el dragón asiático.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El contexto global
La Asociación Económica Integral Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership,
RCEP) es un proyecto chino, el cual pretende crear el TLC más grande del mundo. El acuerdo
está integrado por quince paises que son: Australia, Brunei Darussalam, Camboya, Corea del
Sur, China, Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, Singapur,
Tailandia y Vietnam (ASEAN, 2019). La RCEP abarcará 47% de la población mundial, 32.2%
del PIB mundial, 32.5% de la inversión global y el 29% del comercio del planeta (Vidal Liy,
2019).
La RCEP consolida la influencia de China en Asia, mostrando su éxito político y económico,
que de concretarse mostrará a dicho país como líder global y su capacidad negociadora en un
contexto multilateral del cual Estados Unidos con el gobierno de Trump se ha alejado, prefiriendo negociaciones bilaterales como en el caso del T-MEC cuyas negociaciones fueron en
principio entre los tres países y más tarde realizó negociaciones con México y para el cierre de
las mismas, pidió a Canadá que las aceptará. Frente a la guerra comercial y tecnológica entre
Estados Unidos y China, la RCEP busca fortalecer la economía china, en un periodo en que su
crecimiento se hace más lento.
Por otro lado, Estados Unidos optó por su salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un ambicioso tratado de libre comercio cuyo objetivo era apuntalar la
influencia de Washington en la zona Asia Pacífico; mientras que mantenía negociaciones con
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México y Canadá por el otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado
T-MEC.
Es decir, RCEP y TPP tienen como zona objetivo a Asia Pacífico y en ello coinciden con la
AP, que busca “convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica
y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en Asia Pacífico”. Dicho principio pretende
generar vínculos a través del Pacífico y ser la base del desarrollo de acuerdos comerciales y
procesos de integración económica comerciales y procesos de integración económica en la región (Perez Restrepo, Uribe Jaramillo, García Guzmán, Roldán Pérez, Kuwayama, &amp; Scollay,
2018).
La AP está integrada por Colombia, Chile, México y Perú y se formó en 2011; esta alianza
pretende ser una plataforma crucial para el comercio internacional de sus miembros con el
mundo bajo los principios de liberalización comercial, viabilidad mercantil y cooperación económica. De modo que la AP es un acuerdo megaregional, que a pesar de estar integrada por
cuatro naciones, cuenta con la observación de 57 países , además de ser una alianza en potencial crecimiento ya que distintas naciones tienen la intención de integrarse, algunos de ellos son
Costa Rica, Ecuador y Panamá, y otros se encuentran en proceso de incorporación como son
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur (Alianza del Pacifico, 2019).
En el siglo XXI, la región Asia-Pacífico es protagonista del nuevo centro de desarrollo del
comercio mundial. El comercio en esta región se fomenta por un regionalismo abierto que en
un principio contaba con acuerdos entre economías vecinas (intrarregionales) para más adelante
ampliarse y realizar lazos transpacíficos, uno de ellos el RCEP impulsado por China. El antecedente directo al RCEP es el Área de Libre Comercio de Asociación de Naciones del Sureste
de Asia (AFTA por sus silgas en inglés) cuya creación se hizo en 1992, pero fue vigente hasta
2002.
El TPP está integrado por Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su antecedente es el Pacífico Cuatro (P4)
que se formó en 2006 dentro del marco del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), y es una
zona de libre comercio entre Brunéi Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el cual, se
transformó en 2008 en el TPP, al cual se incorpora Estados Unidos y se retira del acuerdo en
2016. Sin embargo, los demás siguen con la intención de continuar con el pacto.
La salida de Estados Unidos del TPP deja el camino abierto a China para liderear el comercio
en Asia Pacífico. El TPP se concebía como el pilar económico para apuntalar la influencia de
Washington en Asia-Pacífico. Con dicho abandono del acuerdo se dio vitalidad al RCEP, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, uno de los principales impulsores del acuerdo transpacífico
afirmó “No cabe duda de que daremos un giro hacia la RCEP si el TPP no avanza”. (Domínguez
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Ibarra, 2018).
La guerra comercial entre Estados Unidos y China genera un creciente proteccionismo, cabe
destacar el papel asumido por este último como promotor del libre comercio y las inversiones
internacionales como el RCEP. A diferencia del presidente de Estados Unidos que se enfrenta a
sus socios, que amenaza y cuyo único proyecto es el de “America First” (America Primero), el
presidente chino Xi Jinping desde el 2013 desarrollo el proyecto más ambicioso en su historia
el llamado “One Belt, One Road” (OBOR) también conocido como la nueva Ruta de la Seda,
prevé la construcción de importantes obras de infraestructura para enlazar Asia con el norte de
África y Europa.
El OBOR involucra la participación de 68 naciones y contempla dos grandes desarrollos de
infraestructura. El One Belt (un cinturón) se enfoca a la construcción de vías de comunicación
terrestre de China con Europa, cruzando Asia Central, y Rusia (aliado estratégico de China)1,
así como las diversas conexiones al Golfo Pérsico y la Península de Indochina. Por otro lado,
el One Road (una ruta) se refiere a la modernización o incluso creación de puertos marítimos
en los mares que conectan la misma ruta, que comprende el Mar del Sur de China, el Océano
Índico, el Mar Rojo y el Mediterráneo (Domínguez Ibarra, 2018).
La ruta del tren de carga Yiwu-Madrid ya está en marcha, comprende 13 mil kilómetros que
cruzan 8 países, conectará el Océano Pacífico con el Atlántico. El proyecto es respaldado por
40 mil millones de dólares provenientes del gobierno chino y del Banco Asiático de Inversión
en Infraestructuras (BAII o AIIB, por sus siglas en inglés). Este proyecto hace que China persuada a otros países sin hacer uso de la fuerza para lograr una relevancia geoestratégica. Con
el OBOR Beijing tendrá mayor control en la operación de la infraestructura y, por lo tanto, del
tráfico comercial regional (Mapa 1) (Domínguez Ibarra, 2018).
China es el país más poblado del planeta, la segunda economía del mundo, lo cual le permite
tener influencia mundial y dominio en las cadenas de suministro globales. Los proyectos del
OBOR, que financiará en parte el AIIB, garantizarán la superioridad económica de China. Los
propósitos la nueva ruta de la seda son obtener una ventaja china en mercados, financiamiento,
tecnología, capacidad de producción, influencia y liderazgo comercial, así como, bases de producción en el extranjero (Kroeber, 2016).
1 Las relaciones diplomáticas entre Rusia y China iniciaron en 1949, dichas relaciones fueron de confrontación y rivalidad. A partir del 2014
después que Rusia anexará Crimea y frente a las sanciones de Estados Unidos y la UE para con este país. Los vínculos sino rusos se intensificaron, ya que por otro lado la relación entre Beijing y Washington se deterioraba particularmente con la guerra comercial.
El comercio bilateral EN 2019 superó el billón de dólares, colaboración militar muy estrecha, ejemplo de esto las maniobras rusas “Tsentir”.
China participo en septiembre de 2018 en las maniobras militares anuales de Rusia.
Rusia llama a su relación diplomática con China “asociación estratégica” que es la más alta consideración que se le otorga a un país. Lo cual
va desde proyectos para la colaboración en el Ártico, ruta fundamental para el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, apoyo tecnológico principalmente en el desarrollo ruso de sus redes 5G.
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Ilustración 1. La nueva Ruta de la Seda.

Fuente: (Domínguez Ibarra, 2018), p. 24.
La ruta de la seda y América Latina
La antigua Ruta Marítima de la Seda, conocida como Ruta de las Especies, conectaba a los
puertos chinos con el Mediterráneo, pasando por el Sur y Sureste de Asia, Medio Oriente y
la costa este de África. Con el viaje de Magallanes-El Cano emerge una nueva ruta a las islas
de las especies. En principio son dos pequeñas islas, Térnate y Tidore, que se encuentran actualmente en el territorio indonesio de Molucas. En estas islas se obtenían el clavo y la canela.
Dicha ruta pasaba por América y da fin al monopolio portugués que lo recorría por África, India
y Sureste de Asia. El tratado de Tordesillas entre España y Portugal de 1494 delimitó sus áreas
de navegación quedando del lado español la ruta directa del Pacífico.
Los vínculos entre America Latina y la región Asia-Pacífico se remontan a 1565, con el viaje
de Legazpi- Urdaneta a las Filipinas. A partir de 1571 se instaura la ruta de Acapulco-Manila
con el Galeón de Manila o Nao de China, permitiendo el intercambio de mercancías que partía
cada año, involucrando a ambas naciones en una relación comercial de más de 200 años. El
último viaje se realizó en 1815, fecha en que se suspendió debido a que en México se libraba la
lucha de Independencia (González Ayala &amp; Almendaréz Santillán, 2016)
La trascendencia de la Nao de China fue importante para México, Centroamérica y las regiones del pacífico de Sudamérica, sobre todo Chile y Perú, no obstante, tuvo menor influencia
en los países de la costa Atlántica de América del Sur, excepto Brasil, ya que, estaba conectado
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con Macao por medio de barcos portugueses4.
Con las independencias de los países latinoamericanos en el siglo XIX disminuye de forma
drástica el vínculo con Asia, en la segunda mitad de dicho siglo el vínculo fue por la búsqueda
de mano de obra. En el siglo XX se establecen vínculos y relaciones con la independencia de
las naciones asiáticas.
Los anterior, muestra que América Latina no es una extensión natural de la Ruta Marítima
de la Seda y su posible inclusión parte del gobierno chino, cuando se planteó la posibilidad de
conectar a Oceanía. Xi Jinping en una reunión con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri en Beijing manifestó su visión de América Latina como una “extensión natural” de la Nueva
Ruta de la Seda. Su canciller Wang Yi enfatizó “China no tiene la intención de establecer un
límite geográfico para la Franja y la Ruta, y está abierta a todos los países y todas las regiones
con ideas afines” (Oviedo, 2018).
Los alcances del OBOR son la construcción de una plataforma de cooperación, capaz de
defender y ampliar la libre circulación de bienes, servicios y capitales a nivel mundial. La
apertura china contempla Latinoamérica. El comercio entre América Latina y Asia ha crecido
en las últimas décadas. La Ruta de la Seda puede convertirse en una opción para ampliar los
intercambios comerciales entre ambas regiones. La AP es el mecanismo de cooperación adecuado con el proyecto chino. Además, Chile, México, Perú y China son integrantes del APEC
(Domínguez Ibarra, 2018).
Como se observa América Latina no es una región natural de la ruta de la seda. Sin embargo,
China no tiene límites geográficos al tema y está abierta a incluir a cualquier país que quiera
participar en los proyectos del OBOR. Además, se disputa con Estados Unidos los primeros
lugares como socio comercial de la región. No obstante, la creciente presencia China y sus
volúmenes de inversión extranjera debilitaron la capacidad unilateral de decisiones de Estados
Unidos, que los llevo al enfrentamiento comercial entre ellos y por ende a que algunos países
latinoamericanos estrechen más sus vínculos con el dragón asiático, incluidos algunos miembros de la AP.
La Alianza del Pacífico y China
La influencia China como superpotencia fue evidente en Latinoamérica en las décadas de 1990
y 2000. Las empresas chinas invirtieron en diversos sectores de la economía; en Chile participaron en la minería, en el Caribe en la agricultura, en Ecuador y Argentina en las infraestructuras
4 Las rutas permitidas por la corona española durante el periodo de la colonia fueron en el Océano Atlántico la ruta Sevilla - Buenos Aires, Sevilla - La Habana y La Habana - Veracruz y en el Océano Pacífico Acapulco – Manila. Brasil por pertenecer a la corona portuguesa participaba
de las rutas marítimas de Portugal, que contaba con la conexión Brasil – África y Lisboa – Macao con sus vínculos comerciales.
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de energía y de transporte, en México y Brasil en la industria. Economías como la venezolana
y la ecuatoriana del periodo del presidente Rafael Correa se sostuvieron de créditos chinos.
El gobierno chino contribuyó con alrededor de 60,000 millones de dólares entre 2005 y 2015
(Myers, 2016).
La posición política en América Latina respecto al éxito económico de China y a su presencia en la región han tenido diversas respuestas. En Brasil y Argentina, en la década de 2000, se
crearon diversas coaliciones de empresarios anti chinas frente a los grandes flujos de importaciones e inversiones chinas.
China ha hecho esfuerzos diplomáticos para vincularse con América Latina. En 2004, se
unió como país observador a la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 2009 al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2005 creó el Foro de Cooperación Económica
y Comercial China-Caribe y en 2015 el Foro China- Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), el cual, tiene como modelo el Foro para la Cooperación entre China y
África (FOCAC por sus siglas en inglés) (Myers, 2016). También tiene relaciones formales con
el Grupo de Río desde 1990, y crea mecanismos de cooperación con la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) desde el año 2000 (Buzo de la Peña, 2013). Lo anterior para
promover la cooperación y los intereses de China en la región.
Las necesidades de abastecimiento de energéticos y materias primas provocaron que el gobierno chino buscará un mayor acercamiento con Latinoamérica. Los intereses chinos en los
foros latinoamericanos, ya mencionados, se rigen por esos motivos, sin importar que sea zona
de influencia de Estados Unidos. El pragmatismo chino hace que sus intereses sean el vínculo
y no la ideología e identidad con los gobiernos comunistas y la lucha revolucionará, razón por
la cual, mantiene relaciones tanto con gobiernos de izquierda y populistas, como con los autoritarios y conservadores de la región (Buzo de la Peña, 2013).
Los miembros de la AP tienen lazos políticos, económicos, comerciales y culturales con
China. Los cuatro son mercado para las exportaciones chinas, Chile y Perú pueden abastecer
de recursos naturales, mientras que México y Colombia son estratégicos para equilibrar la presencia estadounidense.
Como ya se ha comentado, el tercer objetivo de la AP es ser una plataforma mundial con
énfasis en Asia Pacífico, pero sigue sin estar clara dicha plataforma y si la AP ha reforzado
realmente los vínculos comerciales y de inversión con China. Los avances con otros países
asiáticos parecen tener más claridad en lo formal, ejemplo de ello es el plan de trabajo entre
la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (ANSEA) y la AP. Sin embargo, en el tema comercial China es de los principales socios comerciales con cada uno de los integrantes de la
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Alianza, se tiene un gran déficit con el país asiático y en las cadenas de valor chinas los países
de la AP ocupan los lugares más bajos. La principal atracción para las empresas chinas en los
cuatro miembros de la AP sigue siendo las materias primas.
Los países de la Alianza están funcionando en diferentes niveles, Chile y Perú son productores de materias primas o de productos agropecuarios; mientras que; Colombia y México son
productores de manufacturas y el actual reto es vincular sus cadenas de producción para poder
enfrentar las dificultades que ambos tendrán con América del Norte. No existe integración productiva de las materias primas con manufacturas dentro de la Alianza (Ramirez Bonilla, 2018).
Chile y Perú tienen relaciones estrechas de ida y vuelta, exportaciones e importaciones diversificadas y hacen al Asia Pacífico un lugar de primer orden, sin que represente una dependencia total de esa región o de China. En cambio, para Colombia y México, el mercado de
América del Norte sigue siendo extremadamente importante y no se observa que estos países
puedan sustituir el mercado de exportación chino como el sustituto del de Estados Unidos (Ramirez Bonilla, 2018).
La relación de China con México y Colombia podría utilizarse en la medida en que sus cadenas productivas de manufactura se vinculen, ya que, son competidores, aunque con diferencia
salarial lo que puede explicar el creciente déficit comercial de estos países latinoamericanos
con China (Correa Serrano, Impacto del crecimiento económico de China en América Latina,
2013).
Relaciones México-China
México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, en 2018 concluye exitosamente la renegociación del TLC con la Unión Europea (UE), fue el primero en ratificar el TPP 11,
también renegoció y fue el primero en ratificar el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) (Secretaría de Economía, 2019). El país quiere diversificar los destinos de
sus exportaciones, ya que, su principal socio comercial es Estados Unidos, de cuya dependencia
en exportaciones es del 73%, y en importaciones del 51% encontrando una diferencia abismal
con el segundo lugar como proveedor, ocupado por Canadá con un 5.2% y como abastecedor
China con un 15% (The Observatory of Economic Complexity, 2019).
Las relaciones entre México y la República Popular de China iniciaron en 1972, cuando se
apoyó la causa de “una sola China” que en su momento permitió tener excelentes relaciones
con el país asiático. Aunque no siempre ha sido así. La estrecha relación que México tiene con
Estados Unidos es la que define el trato de México con China.
La política exterior de México con el gobierno de China es ambivalente, ya que, existe un
sentimiento anti chino en las cúpulas empresariales, debido al gran déficit comercial, que ha
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permeado en algunos grupos de la sociedad. México fue uno de los países que dificultó la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) debido a varias cuestiones de
comercio desleal. Con su entrada en 2001, México demandó a China con más de 500 demandas
antidumping5, principalmente en los temas del textil y del calzado. La mayoría de ellas no
procedieron.
Un acuerdo comercial entre México y China no se puede dar ya que ambos son competidores
en el mercado estadounidense. De acuerdo con un estudio elaborado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México emerge como uno de los
grandes ganadores de la guerra comercial entre EEUU y China, con 3500 millones de euros en
sus exportaciones a Estados Unidos en sectores alimentos, equipo de transporte y maquinaria,
solo por detrás de Taiwán con 3800 millones de dólares en maquinaria y equipo de comunicaciones (Fariza, 2019). La relación México con China está supeditada a la relación Washington
Beijing, el T-MEC en el apartado 10 del Capítulo 32, relativo a los países que no fomentan la
libertad de mercado, establece que en caso de que alguno de los tres socios tenga la intención
de realizar cualquier acuerdo comercial con un país que no sea promotor del libre comercio,
se dará por terminada la relación trilateral y salida del acuerdo (T-MEC, 2019). Este apartado
impide a México a realizar algún tipo de negociación con China, lo cual es un obstáculo para
que la AP creen la plataforma comercial con énfasis en Asia-Pacífico y es un instrumento de
contención para la injerencia China en América Latina.
No obstante, las inversiones chinas en México se dan en el sector textil, electrónica, autopartes entre otros. Ejemplo de la relación de inversiones y comercio chino en México es la
empresa china Offshore Oil Corporation E&amp;P, mediante licitación pública, se adjudicó dos
áreas marítimas en el Golfo de México para exploración y extracción de petróleo, en mayo de
2017. También la empresa automotriz BAIC abrió su primera planta de ensamble en el estado
de Veracruz, con una inversión estimada de 30 millones de dólares, así mismo, ya inició con el
establecimiento de distribuidoras en todo el país y ya empiezan a circular sus automóviles en
el país. Otra empresa automotriz china JAC estableció su planta de ensamble en el estado de
Hidalgo, con una inversión de 4 mil 400 millones de pesos, en colaboración con la mexicana
Giant Motors (Domínguez Ibarra, 2018). Las comunicaciones aéreas entre México y China, se
realiza por China Southern que opera la ruta Cantón-Ciudad de México con escala en Vancouver, Canadá. La otra opción era el vuelo Ciudad de México-Shangai con escala en Tijuana, sin
embargo, Aeroméxico anuncio la cancelación de dicho vuelo en julio de 2019.
Con relación a las inversiones chinas en México, las situaciones más complejas en los úl5 El término “Dumping” se usa en el comercio internacional y se refiere a vender por debajo del precio de producción.
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timos años fueron la cancelación del tren México-Querétaro, cuya licitación la ganaron tres
empresas chinas y cuatro mexicanas, la cual se pospuso indefinidamente debido a que una de
las empresas mexicanas mantuvo conflicto de interés en el gobierno de Enrique Peña Nieto
durante su gestión como gobernador del estado de México, ya que esa misma empresa fue la
encargada de realizar los trámites de bienes raíces de la propiedad adquirida por la esposa del
presidente conocida como la “Casa Blanca”. Como dato adicional en 2017 las empresas chinas
demandaron al gobierno mexicano por incumplimiento del contrato y en febrero de 2020 el Ejecutivo autorizó retomar el proyecto El otro proyecto de inversión china que causo controversia
fue el megaproyecto comercial en Cancún “Dragon Mart” y que fue cancelado por el impacto
socioeconómico y medio ambiental que generaría.
Aunque Canadá al igual que México es parte del T-MEC, ha explorado al igual que Perú el
financiamiento alterno o complementario de infraestructura del AIIB, para la realidad mexicana
sería prudente buscar esa alternativa (Domínguez Ibarra, 2018).
Las exportaciones mexicanas a China son diversas tanto en bienes manufacturados como
en materias primas, el problema es que existe un déficit comercial para México de -75,922,043
(Banco de México, 2020). Aunque la historia entre México y China es amplia y engloba muchos ámbitos, el sustento de la relación bilateral es lo comercial.
Relación Colombia-China
Colombia al igual que México tiene como principal socio comercial a Estados Unidos, pero su
dependencia en exportaciones no es tan grande, representa el 28% de sus exportaciones y 26%
de sus importaciones. Su segundo socio comercial en exportaciones es Panamá con un 6.6% y
en importaciones China con un 19% (The Observatory of Economic Complexity, 2019).
Colombia a diferencia de los otros socios de la AP, que reconocieron a la República Popular
China en la década de los setenta, lo hace hasta febrero de 1980. La relación se intensifica en
2008 con la intención mutua de promover entre los dos países el comercio, la inversión, la educación y el turismo. En 2009 se firma el Acuerdo de Protección a las Inversiones. El resultado
a 10 años de distancia es que China es el segundo socio comercial en importaciones, solo por
debajo de Estados Unidos. Sin embargo, el comercio es desigual con un déficit comercial, pues
el crecimiento de las exportaciones de minerales y de energéticos colombianos no compensa el
incremento de las importaciones manufactureras chinas (Correa Serrano &amp; Catalán Salgado, La
Alianza del Pacífico: Entre la Geopolítica de China y Estados Unidos., 2015).
La inversión china en Colombia entre 2002 y 2019 fue de 240 millones de dólares. El gobierno chino se comprometió durante la visita del presidente Duque a China en 2019 a apoyar con
1000 millones de dólares en proyectos energéticos y 400 millones para la construcción de una
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carretera en el departamento de Antioquia (Miranda, 2019).
La relación diplomática de Colombia con China está motivada por las expectativas de incrementar sus exportaciones y de que las inversiones chinas aporten al crecimiento económico,
principalmente en el sector agrícola, área en la que se han firmado diversos acuerdos enfocados
en la transferencia de tecnología y generación de infraestructura, con la finalidad de desarrollar
el sector y tener la capacidad de exportar a China (Correa Serrano, Impacto del crecimiento
económico de China en América Latina, 2013). En 2019, se hicieron acuerdos para la importación de aguacate y banano, convirtiéndose en el segundo proveedor de plátano a China, solo
por detrás de Ecuador.
Las exportaciones colombianas se concentran en las materias primas y han tenido dificultad
para diversificarse y desarrollar infraestructura industrial. Colombia es el segundo país en Sudamérica con reservas de carbón, solo después de Brasil y China es el importador neto de carbón,
lo cual, coloca a Colombia como uno de sus principales proveedores. La relación bilateral está
limitada a lo comercial.
Relación Chile-China
China es el principal socio comercial de Chile, las exportaciones chilenas a ese país representan
el 27%, y sus importaciones del 25%, situándose en segundo lugar Estados Unidos con exportaciones del 15% e importaciones del 18%. El comercio chileno es más equilibrado comparado
con el mexicano (The Observatory of Economic Complexity, 2019).
Chile fue el primer país en Sudamérica que estableció relaciones diplomáticas con China,
sucedió en el gobierno de Salvador Allende en 1970, previo a que China entrara como miembro
permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el régimen de Pinochet, la
relación dependió de los intereses políticos, China necesitaba el reconocimiento de su gobierno
y temía que Chile estrechara sus vínculos con Taiwán. Mientras que, Chile necesitaba apoyo
para sus reclamos de soberanía sobre los territorios disputados de la Antártida, lo que generó
un reconocimiento mutuo, que continua vigente en la diplomacia entre ambos países. Chile, ha
sido, el primer país latinoamericano en apoyar la entrada de China a la OMC (2001), el primero
en reconocer a China como economía de mercado en 2004, y el primero en firmar un TLC con
China en 2005. El segundo foro China-CELAC se realizó en Santiago en 2018. Lo anterior,
muestra la prioridad de la relación para ambos países (Errázuriz Guilisasti, 2006). Además,
Chile es considerado dentro del proyecto OBOR.
La razón por la que el principal socio comercial de Chile es China, tiene su sustento en el
Tratado de Libre Comercio que firmaron en 2005, y que ha sido la base del impulso comercial
desde entonces (Correa Serrano &amp; Catalán Salgado, La Alianza del Pacífico: Entre la GeopolíRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tica de China y Estados Unidos., 2015). No obstante, el acuerdo comercial y que Chile es parte
del OBOR, hacen que las relaciones comerciales sean más intensas que las que tienen México
o Colombia con China. Las exportaciones chilenas siguen siendo las materias primas.
Relación Perú-China
Desde 2014 China es el principal socio comercial del Perú, las exportaciones peruanas a ese país
representan el 26%, y sus importaciones el 23%, situándose en segundo lugar Estados Unidos
con exportaciones del 15% e importaciones del 20%. El comercio peruano es más equilibrado
comparado con el mexicano (The Observatory of Economic Complexity, 2019). La razón por la
que el principal socio comercial de Perú es China, tiene su sustento en el TLC que firmaron en
2009 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2010. El cual ha sido la base del impulso comercial.
Se establecieron relaciones diplomáticas en 1971, la relación se basa en principios de derecho internacional, de respeto de la soberanía, convivencia pacífica y no intervención en asuntos
internos y el reconocimiento de que la República Popular China es el único representante legal
del pueblo chino (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2016). Los principios del derecho internacional rigen la diplomacia entre ambos gobiernos, incluso en el periodo del presidente Alberto Fujimori se ratificó el reconocimiento con el gobierno de Beijing. La relación
bilateral en el nuevo milenio se basa en la convergencia de intereses en aspectos económicos
y políticos. Uno de ellos es la búsqueda peruana de nuevos mercados para las exportaciones.
Los acuerdos de cooperación fueron sustento de lo comercial, en 1988 se firma el Acuerdo
Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, también se cuenta con un Convenio de Intercambio y Cooperación Académica entre el CONCYTEC y la Academia de Ciencias de China
que data del año 2005 para el intercambio de expertos y programas de becas para estudios de
posgrado (Correa Serrano &amp; Catalán Salgado, La Alianza del Pacífico: Entre la Geopolítica de
China y Estados Unidos., 2015).
La ubicación geográfica del Perú, lo posicionan como un posible puente entre Asia nororiental y Sudamérica, ya que cuenta con conexión con el Océano Atlántico a través de corredores
bioceánicos. El tren bioceánico pretendía unir las costas de Perú y Brasil y pretendía ser un
proyecto con apoyo chino, el cual fue suspendido.
Al igual que las exportaciones colombianas y chilenas, las peruanas se concentran en las
materias primas y han tenido dificultad para diversificarse y desarrollar infraestructura industrial. Sin embargo, a diferencia de México y Colombia, Perú al igual que Chile se incorpora al
OBOR, lo cual le dará acceso a los recursos de infraestructura e inversión que China destina a
dicho proyecto.
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3.-MÉTODO
Diseño
El presente es un estudio de caso: el caso de la AP y la hegemonía de China y Estados Unidos,
en el cual el objeto de estudio es la AP. La investigación en la que se origina este artículo se
realizó desde un enfoque cualitativo, con una metodología cualitativa de tipo analítica como
la revisión documental. Las variables trabajadas son la Alianza del Pacífico en medio de la
confrontación hegemónica entre China y Estados Unidos, cuyo análisis se hace desde medios
documentales. Las variables nacen de la investigación de diversos artículos revisados en los
diversos temas implicados.
Las Estrategias alternativas de indagación en el enfoque de la presente investigación es cualitativo en el cual se realiza un estudio de gabinete para el estudio de casos. Las técnicas del método cualitativo son diversas, para este estudio es narrativa, de teoría fundamentada y estudios
de caso (Creswell, 2009). Además, deben ser abiertos, expansivos, que paulatinamente se van
enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio, no direccionados
en su inicio, fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia
en el contexto y la intuición, se aplican a un menor número de casos con que se pueda trabajar
hasta comprender el fenómeno o responder al planteamiento, el entendimiento del fenómeno
es en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes, se orientan a aprender
de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &amp;
Baptista Lucio, 2014).
De acuerdo con Sampieri, del muestreo cualitativo debe tener un objetivo central en el cual
se deben seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de éste, razón por la cual se eligió la Alianza del Pacífico y
su relación con China.
Participantes
Este análisis considera a los integrantes de la Alianza del Pacífico que son Chile, Colombia,
México y Perú y a China.
Instrumentos
Se revisaron fichas bibliográficas de artículos que abordaban el tema, así como, datos de los
ministerios de relaciones exteriores de los países ya mencionados.
Procedimiento
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Para entender el problema se realiza una recopilación de fuentes secundarias principalmente de
artículos y de información proveniente de los ministerios de relaciones exteriores de los países
involucrados en este artículo. Una vez compilada la información se construye el artículo. Finalmente se, realizaron las recomendaciones y conclusiones a la luz de los objetivos trazados.
Concluida esta fase, se procedió a la elaboración del informe final, así como del artículo producto del trabajo realizado (El Kadi, Pelekais, Robles y Leal, 2014, p. 79).
4.-CONCLUSIONES
La AP es una apuesta ambiciosa de integración en un contexto de mayor proteccionismo. La
forma en que resuelva su objetivo de crear esa plataforma comercial con Asia Pacífico y responda a los cambios que acontezcan en dicha región será trascendente para que logre su cometido.
El futuro de la AP está en manos de los gobiernos y de la inyección de inversión de las empresas de los cuatro países, ya que se requiere mayor inversión y economías de escala de sus
integrantes. La AP requiere de liderazgo y aunque México es el país más industrializado de los
4, todavía no asume dicho papel, quizás se espere a la entrada de algún integrante que lo asuma,
otras asociaciones han pasado por la misma problemática, ejemplo de ello fue la ANSEA, la
cual, no tenía definido ningún liderazgo y en la década de los noventa pedía el liderazgo japones
que no fue asumido, décadas después vemos que se crea la RCEP con sustento en el AFTA y
con el visible liderazgo chino. Las alianzas entre los integrantes de la AP serán la fuerza que
lleve al éxito de sus proyectos.
La AP debe fortalecer su comercio tanto dentro de la Alianza como fuera de ella, ya que,
emerge como un proyecto con interés en otros países, ejemplo de ello son los 57 observadores
con los que cuenta, lo que representa grandes oportunidades para sus integrantes. Desafortunadamente, la relación con Estados Unidos es muy fuerte, sobre todo con México, y se contempla
una Alianza dividida, cuenta con Chile y Perú que hace esfuerzos por realmente vincularse
con el mercado asiático y una estrecha y estructurada relación con China. Colombia hace sus
esfuerzos que cada vez son mayores y aún con la influencia estadounidense, la apertura comercial permite la inversión y comercio con China. La relación México China es la más compleja
de los cuatro integrantes de la Alianza, pues con la ratificación del T-MEC estará supeditado e
imposibilitado con dicho acuerdo para establecer algún tipo de acuerdo con China.
La relación AP-China dependerá de la comprensión y el conocimiento que se tengan mutuamente y de cómo aprendan a desarrollar estrategias de negociación de forma conjunta. Los
intereses geopolíticos están en juego en la Alianza. Se deben establecer cadenas de valor global
que más allá de los acuerdos existentes o posibles relaciones formales, se vinculen y se cree
un mercado intrarregional, ya que, de otro modo será una relación de explotación de materias
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primas de parte de China.
Los paises de la Alianza están en la encrucijada de seguir sus fuerte vínculos con Estados
Unidos o diversificar sus mercados y enfocar sus esfuerzos hacia el mercado asiático y en particular con China. La AP debe explorar oportunidades en su relación con China, sin perder la
perspectiva comercial, y abrir las puertas a la inversión china para fomentar su comercio.
La AP es un proyecto con visión a futuro, el cual dependerá de su astucia para aprovechar
las sinergias comerciales de Asia Pacífico y la continuidad del comercio con Estados Unidos.
Al observar lo realizado por la AP en su relación con China, se observa que México y Colombia
continuaran fuertemente su vínculo con su vecino del norte, mientras que Chile y Perú podrían
aprovechar sus ventajas con China. La cuestión será el aprovechamiento de los integrantes de
la AP de esta situación. El éxito depende de la interacción y conexión de las cadenas de valor
de los 4 países y de la creación de la plataforma comercial. De esta forma se aprovecharían las
ventajas geoestratégicas de la Alianza impactando en sus economías. Por otro lado, el apoyo
económico del AIIB a Chile y Perú mostrará su capacidad en el desarrollo y creación de infraestructura, que, en un momento dado, será considerado tanto por México como Colombia.
La AP debe construir lo que bien sabe hacer que es la formación de capital humano con
amplio vinculo cultural, las becas que otorga a estudiantes, docentes e investigadores es la gran
riqueza de la AP y el principal vínculo entre sus integrantes, ya que, de las relaciones personales emergen los lazos comerciales, económicos, políticos y culturales que se requieren para
fortalecer y construir la integración de la AP. Dicho esquema se debe crear con Asia, ya que,
se requiere capital humano conocedor de los mercados asiáticos que rompan los prejuicios y
permitan el flujo de mercancías. Lo cultural con Asia será la base de la plataforma comercial,
mientras no se creé y estrechen vínculos, la situación continuará “ceteris paribus”.
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448.170-187. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/153

�188
Estado de excepción por coronavirus en Colombia: Entre la colaboración armónica y la
descentralización1
State of emergency over coronavirus in Colombia: Between harmonious collaboration and
decentralization
Juan Sebastián, Sánchez-Gómez2
Universidad de los Andes, Colombia
https://orcid.org/0000-0003-5199-7486
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-10
___________________________________________________________________________
RESUMEN
La Organización Mundial de la Salud declaró el Coronavirus como Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional, afirmando además que traspasa las fronteras geográficas a través de la transmisión de persona a
persona entre viajeros infectados. Esta contingencia fue afrontada por el presidente Iván Duque, a través de 12
decretos presidenciales que expidió días después del primer caso de Coronavirus en Colombia. Sin embargo, la
declaración de estado de emergencia y los mandatos presidenciales sobre orden público, entraron en conflicto con
decretos departamentales y municipales expedidos previamente. Para dirimir este conflicto, el presente artículo
es producto de una investigación cualitativa que hace una interpretación sistémica los 12 decretos presidenciales,
con el fin de verificar el cumplimiento del principio de legalidad de las atribuciones presidenciales y el marco
jurídico de los estados de excepción. Para tal fin, se aplicó el método de hermenéutica jurídica, con la técnica de
análisis documental. Esta investigación evidenció que los decretos presidenciales promovieron la colaboración
armónica entre todos los niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional), y concluyó que esta facultad
presidencial ha sido esencial para enfrentar la contingencia del Coronavirus, ante la ausencia de acciones del poder
legislativo y judicial.
Palabras Clave: Colombia, descentralización, estados de excepción, interpretación constitucional.
ABSTRACT
The World Health Organization declared Coronavirus a Public Health Emergency of International Importance, further claiming that it transcends geographical boundaries through person-to-person transmission between infected
travelers. President Iván Duque faced this contingency, through 12 presidential decrees that he issued days after of
the first case of Coronavirus in Colombia. However, the declaration of a state of emergency and the presidential
mandates on public order, came into conflict with previously issued departmental and municipal decrees. To settle
this conflict, this article is the product of a qualitative investigation that makes a systemic interpretation of the 12
presidential decrees, in order to verify the compliance with the principle of legality of presidential powers and the
legal framework of states of emergency. For this purpose, the method of legal hermeneutics was applied with the
documentary analysis technique. This investigation evidenced that the presidential decrees promoted the harmonious collaboration between all levels of government (municipal, departmental and national), and concluded that
this presidential power has been essential to face the Coronavirus contingency, in the absence of actions by the
legislative and judicial.
Keywords: Colombia, constitutional interpretation, decentralization, states of emergency.
Recibido: 22 de Septiembre 2019 - Aceptado: 18 de Febrero 2020 - Corregido: 01 de Abril 2020
Cómo referenciar este artículo:
Sánchez-Gómez , J. S. (2020). Estado de excepción por coronavirus en Colombia: Entre la colaboración armónica
y la descentralización. Politica Globalidad y Ciudadanía, 188-206. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/article/view/154

1 Artículo derivado del proyecto de investigación: Interpretación constitucional del Estado de emergencia por Coronavirus en Colombia.
2 Magister en Educación por la Universidad de los Andes. Maestrante en Políticas Públicas en la Universidad de los Andes, Email: js.sanchez14@uniandes.edu.co
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 188-206. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/154

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1.- INTRODUCCIÓN
Los decretos expedidos por el presidente de la República de Colombia, se encuentran dentro de
sus facultades consagradas en el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Nacional, en el
artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 y el Decreto 418 de 2020. Estas funciones y atribuciones
presidenciales fueron usadas por el presidente Iván Duque Márquez, para enfrentar la contingencia del Coronavirus COVID-19, a través de la expedición de los Decretos 402 de 2020, 410
de 2020, 411 de 2020, 412 de 2020, 417 de 2020, 418 de 2020, 420 de 2020, 434 de 2020, 438
de 2020, 439 de 2020, 440 de 2020 y 441 de 2020.
En este Estado de emergencia, los políticos no descansan y buscan prevalecer en sus territorios. Conforme Presidencia expedía decretos, los mandatarios municipales (alcaldes) y departamentales (gobernadores) también hacían sus propios decretos con el fin de enfrentar el
Coronavirus. Sin embargo, algunos de estos mandatarios salían públicamente a desconocer los
mandatos del Gobierno nacional, como si prevaleciera el protagonismo político sobre la emergencia sanitaria que el mundo estaba asimilando. Por tal motivo, el presente artículo propone
una interpretación sistémica de los decretos presidenciales relacionados con la contingencia del
Coronavirus para promover la colaboración armónica en todos los niveles de gobierno.
Desarrollo del trabajo
Para tal fin, se comienza mencionando la estructura político administrativa desde 1810, el estado de sitio en la Constitución de 1886 y en la de 1991, así como la estructura actual del Estado
colombiano. Seguidamente se desarrollan el principio de colaboración armónica entre los diferentes órganos y ramas del Estado, con el fin de introducir las funciones presidenciales. Así
mismo, se describe la metodología de interpretación sistémica que será usada para presentar los
resultados de interpretación de los decretos presidenciales relacionados con la contingencia del
Coronavirus. Seguidamente se discuten los conflictos suscitados por los Decretos 417 y 420 de
2020 y cómo se dirimen estos conflictos desde un análisis jurisprudencial de las altas Cortes y
la legislación nacional, para concluir en los efectos positivos de los decretos presidenciales para
promover la colaboración armónica en el Estado colombiano.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Estructura político administrativa de Colombia desde 1810
Desde la independencia de Colombia el 20 de julio de 1810, los libertadores se enfrentaron por
adoptar un modelo político administrativo del Estado. Estos conflictos produjeron inestabilidad
política por las guerras civiles entre centralistas y federalistas y desestabilidad estatal entre
1810 y 1886 por las nueve constituciones nacionales en ese periodo. Ante la inestabilidad, nace
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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la Constitución de 1886 que establecería un Estado unitario y centralizado, que fortaleció la
unidad nacional, pero incrementó las desigualdades en las regiones (Ordoñez, 2012)
Las desigualdades de este centralismo estatal producido por la Constitución de 1886, hizo
necesaria una reforma en 1986. Reforma que incluyó la elección popular de alcaldes, como una
medida que fortaleció la participación y la democracia local, pero que no fue suficiente para
promover la descentralización y mejorar la autonomía regional. Por lo cual, esta enmienda de
1986 solo fue un mecanismo de participación política local.
Estado de sitio en la Constitución de 1886
El Estado de sitio estaba consagrado en el artículo 121 de la Constitución de 1886, cuyo uso
indiscriminado termino restándole eficacia. Este mecanismo excepcional se caracterizaba por
i) aplicarse por igual en la conmoción interna (con una sociedad dividida y enfrentada) y en la
guerra exterior (con una unidad nacional ante una amenaza extranjera), ii) concederle facultades excepcionales inmediatas al Presidente, iii) permitir la expedición y suspensión de leyes
con la única restricción de que sean conexas, y iv) limitar el control constitucional de la Corte
Suprema de Justicia al ordenamiento jurídico para decisiones políticas con diferentes interpretaciones. Así mismo, esta figura de Estado de sitio se ha utilizado para legislar i) medidas sobre
la creación y suspensión de cargos en la administración pública, ii) medidas sobre la administración de justicia y la Procuraduría General de la Nación, iii) medidas sobre el funcionamiento
del Congreso, las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales, iv) medidas procesales, creación y modificación de delitos en derecho penal, v) medidas modificatorias del derecho civil, vi) medidas sobre derecho laboral, y vii) medidas fiscales modificatorias del régimen
impositivo (Cifuentes, 2002).
Estado de sitio en la Constitución de 1991
Posteriormente, llega la Constitución de 1991, cuyo primer artículo contempla que Colombia es
un Estado social de derecho, que se organiza en forma de República unitaria y descentralizada
que permite la autonomía de sus entidades territoriales. La Constitución de 1991 se caracterizó
por i) establecer las competencias para los gobiernos nacional, departamentales y municipales;
ii) asignar financiación para todos los niveles de gobierno mediante un sistema de participación
de las entidades territoriales en el presupuesto nacional. Este sistema de participación fue reformado en 2001 y 2007, y terminó consolidándose actualmente como el Sistema General de Participación. Este sistema se presume como el músculo financiero de la descentralización, pero
en los últimos años se ha venido modificando por los motivos macroeconómicos contemplados
en los artículos constitucionales 356 y 357 (Constitución de Colombia, 1991). Artículos consRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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titucionales que consagran la sostenibilidad fiscal del Estado, pero que han servido de sustento
para promover la centralización (Ordoñez, 2012).
En este periodo posterior a la Constitución de 1991 y antes de la contingencia por el Coronavirus, se usó tres veces el Estado de emergencia y cinco veces el Estado de conmoción interior.
El primero de ellos fue el estado de emergencia consagrado en el Decreto 333 del 24 de febrero de 1992. Este fue impulsado por el Gobierno, producto de la perturbación del ambiente
laboral en el sector oficial, generada a su vez por la ausencia del aumento oportuno de salarios,
necesaria para afrontar la pérdida del 44% en la capacidad adquisitiva del salario. Este aumento
no fue posible decretarlo de manera expedita, puesto que la nueva Constitución exigía que se
expidiera una ley para salarios públicos que requería de un demorado trámite legislativo. En
palabras de la Corte Constitucional en la sentencia C-004 de 1992, la ausencia de dicha ley de
política salarial amenazaba el orden social, por lo cual se creaba una necesidad extraordinaria
que no podía ser resulta en un tiempo razonable por la legislación ordinaria.
El 23 de abril de 1992 se declara el estado de emergencia a través del decreto 680 de 1992,
producto de la sequía hidrográfica generada por el fenómeno del niño, que afectó el nivel de los
embalses y por consiguiente el suministro de energía y obligó al racionamiento. Este estado de
emergencia declarado constitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-447 de 1992,
es para la Corte un hecho sobreviniente, por “la escasez y el consiguiente racionamiento de un
bien público esencial, de carácter no transable”.
El 10 de julio de 1992 se decretó el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1155
de 1992, con el fin de impedir la libertad de aquellos sindicados de delitos graves, al ser resueltos los recursos de Habeas Corpus. La Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 1992, la
declaró constitucional por demostrarse la alteración del orden público que resulta desestabilizadora.
Posteriormente el 8 de noviembre de 1992, se decretó el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1793 de 1992, por el aumento significativo del radio de acción nacional de
las organizaciones guerrilleras, mediante un incremento en sus miembros y en sus fuentes de
financiación. La Corte Constitucional avaló su constitucionalidad mediante la sentencia C-031
de 1993, aduciendo que constituye una grave perturbación del orden público por atentar contra
la estabilidad institucional, la seguridad estatal y la convivencia ciudadana.
El 1 de mayo de 1994 se decretó el estado de conmoción interior a través del Decreto 874 de
1994, por el inminente regreso a la libertad de 724 personas sindicadas de la comisión de delitos
graves. Sin precedente alguno, la Corte Constitucional declaró inconstitucional este estado de
conmoción interior, ya que no se allegó una prueba sobre la real y efectiva capacidad de alteración del orden público por parte de los sindicados al quedar en libertad.
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El 16 de agosto de 1995 fue declarado un estado de conmoción interior mediante el Decreto
1370 de 1995, el cual alegaba la congestión judicial, el deterioro del régimen carcelario y el
aumento significativo de las acciones de la delincuencia común, la delincuencia organizada
y la subversión. Al respecto, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional mediante la
sentencia C-466 de 1995, ya que dicha declaratoria no tenía lugar porque debía previamente
solucionarse mediante el eficiente y oportuno ejercicio de las facultades ordinarias.
Seguidamente, el 2 de noviembre de 1995 fue decretado un estado de conmoción interior
mediante el Decreto 1900 de 1995, por los hechos de violencia de organizaciones criminales
entre agosto y noviembre. La Corte Constitucional lo declaró constitucional mediante sentencia
C-027 de 1996, al ser propicio para prevenir y evitar la concurrencia de nuevos hechos de violencia, que no podrán ser conjurados mediante las facultades ordinarias de la policía.
Finalmente, el 13 de enero de 1997 se declaró el estado de emergencia económica y social
mediante el Decreto 080 de 1997, por la situación fiscal, cambiaria y de empleo, que perturbaban el orden económico y social y afectaban la macroeconomía nacional. Al respecto, la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-122 de 1997, declaró la inexequibilidad del decreto,
porque a su juicio el uso sistemático de los estados de excepción los desvaloriza y les resta
eficacia, y por lo cual la situación alegada por el Gobierno podía ser solucionada mediante las
competencias ordinarias de implementar políticas de gestión económica.
Estructura actual del Estado colombiano
Figura 1. Estructura del Estado colombiano.

Fuente: Elaboración propia, (2020).
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 188-206. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/154

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El artículo constitucional 113 define la estructura del Estado colombiano, compuesto por las
tres ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los organismos de control, la organización electoral y el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición (ver
Figura 1).
En primer lugar, las tres ramas del poder público son i) la rama legislativa, ii) la rama ejecutiva y iii) la rama judicial. La rama legislativa, representada en el Congreso bicameral (Cámara
de Representantes y Senado), se encarga de hacer las leyes y ejercer el control político sobre
el gobierno. La rama ejecutiva, compuesta por la Presidencia, así como los ministerios, las
gobernaciones y las alcaldías, que garantizan los derechos y las libertades. La rama judicial la
compone las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado
y Consejo Superior de la Judicatura) y la Fiscalía General de la Nación.
En segundo lugar, los órganos autónomos e independientes son el Banco de la República, la
Comisión Nacional del Servicio Civil, las Corporaciones Autónomas Regionales y la Autoridad
Nacional de Televisión.
En tercer lugar, los organismos de control son el Ministerio Público (la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General) y la Contraloría General de la República. Las funciones de los
organismos de control se encuentran en título 10 de la Constitución, específicamente el capítulo
1 contempla la contraloría general y el capítulo 2 el ministerio público.
En cuarto lugar, la organización electoral está compuesta por el Consejo Nacional Electoral
y la Registraduría Nacional. Sus funciones están consagradas en el título 9 de la Constitución,
en especial en el capítulo 2 que contempla las autoridades electorales.
Por último, el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición contiene la Comisión
para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición; la Unidad de búsqueda de
personas desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz.
La colaboración armónica entre las ramas del poder público colombiano
Aunque las ramas del poder público y los órganos del Estado tengan funciones separadas, si
estas entidades actuaran de forma aislada y desarticulada de las demás, sus resultados se traducirían en funciones públicas ineficientes, en el que cada engranaje funcionaría de manera
particular en lugar de resultar en un funcionamiento sistémico. Por lo cual, el principio de colaboración armónica como principio constitucional, se aplica en función del cumplimiento de
los fines del Estado, en el sentido de prevenir que no sea perturbada la función pública cuando
existen discrepancias entre las ramas del poder público y los distintos órganos del Estado.
La colaboración armónica implica una separación de poderes, en palabras de la Corte Constitucional en la sentencia C-574 de 2011: “[…] la Constitución de 1991 adopta un sistema flexiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ble de distribución de las distintas funciones del poder público, que se conjuga con un principio
de colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado y distintos mecanismos de freno
y contrapeso entre los poderes”.
Sin embargo, esta separación no puede ser absoluta, puesto que haría lento el funcionamiento del Estado, cuando lo que se pretende es tener una interacción mutua entre los diferentes poderes públicos (Barreto, 2016, p. 92). El profesor Barreto también menciona que en la práctica
existen tensiones entre las diferentes entidades que figuran en el artículo constitucional 113, una
mirada crítica a la aplicación de este principio se preguntaría si existen mecanismos suficientes
no sólo de diálogo sino también de resolución de conflictos entre las diferentes entidades para
tratar estas tensiones
Funciones del presidente de la República de Colombia
La colaboración armónica en la práctica se cumple, principalmente cuando el presidente (como
cabeza de la rama ejecutiva) asume su atribución presidencial de dirigir el orden público y sobreponerse a medidas de orden departamental y local. En este sentido, el presidente de la República de Colombia es el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y la Suprema Autoridad Administrativa, por tal motivo según el numeral 4 del artículo constitucional 189 tiene como función “[…]
conservar en todo el territorio el orden público y reestablecerlo donde fuera turbado”. Esta
facultad constitucional se complementa con las atribuciones presidenciales contempladas en el
artículo 199 del Código Nacional de Policía consagrado en la Ley 1801 de 2016 (ver Figura 2).
Figura 2. Funciones del presidente de la República.

Fuente: Elaboración propia, (2020).
Los numerales del artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 aplican para todo el territorio naRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cional al establecer que el presidente está facultado para i) dirigir la fuerza pública, ii) ejercer
la función de policía para garantizar derechos y derechos, iii) tomar medidas necesarias para
garantizar la convivencia, y iv) ordenar medidas a alcaldes y gobernadores que preserven y
reestablezcan la convivencia.
3.- MÉTODO
Diseño
El diseño metodológico está compuesto por el paradigma y el método de investigación. Para
comenzar, se entiende como paradigma la forma en que funciona la ciencia en un estado de
normalidad (Kuhn, 1982). Esta investigación usa el paradigma hermenéutico, que permite relacionar la comprensión de un fenómeno y su posterior interpretación (Packer, 2013), es decir
la relación entre la comprensión del Estado de emergencia por Coronavirus y su interpretación
hermenéutica.
Dentro del paradigma hermenéutico, existe la hermenéutica jurídica, a partir de la cual es
posible interpretar los decretos presidenciales como objetos de investigación desde: i) la interpretación literaria, ii) la interpretación historicista, o iii) la interpretación sistemática.
La interpretación literaria puede ser descrita desde los escritores Jorge Borges (1949) y José
Saramago (1999). En el primer cuento de La busca de Averroes de Borges, el personaje principal Averroes “encerrado en el Islám nunca pudo saber el significado de las voces tragedia y
comedia” (p. 588). Por lo cual, haciendo analogía en el derecho, la interpretación de las leyes
depende del contexto, en la medida en que no existen conceptos absolutos sino diferentes traducciones que dan significado a los conceptos jurídicos. En el segundo cuento de Las palabras
de Saramago, se mencionan los límites de la palabra escrita, en especial cuando una autoridad
guarda silencio administrativo, entendiendo que el silencio “escucha, observa y analiza” (p. 52).
Estos dos textos describen cómo la interpretación literaria se usa en el derecho, como un
ejercicio que depende del contexto y la traducción que cada juez le da a la ley, por lo que una
misma ley puede dar lugar a diferentes interpretaciones manifestadas a través de pronunciamientos de las ramas y órganos del Estado. Así mismo, la interpretación literaria es un “modelo
para el análisis del método jurídico”, en la medida en que el derecho como una práctica social
requiere de una interpretación constructiva que permite mantener una tradición social, una interpretación valorativa que muestra la práctica legal en su mejor justificación y una interpretación pragmática cuyos argumentos deben competir con concepciones de otros autores (Arango,
2016).
La interpretación historicista permite construir la Constitución mediante el uso de estudios
históricos sobre su significado original. En este caso, la Constitución colombiana es muy reRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ciente, y las actas de la Asamblea Nacional Constituyente son muy desorganizadas y permeadas
por intereses políticos partidistas, por lo que resultaría complejo darles sentido a los decretos
presidenciales desde la interpretación historicista (López, 2006).
La interpretación sistémica permite “la identificación de normas, valores o principios constitucionales más universales y consensuados que permitieron la consolidación de criterios más
amplios para la protección de derechos fundamentales” (López, 2006). Por tal motivo, dado que
en el caso colombiano prevalecen las interpretaciones sistémicas, se propone como técnica de
hermenéutica jurídica para interpretar los decretos presidenciales en esta investigación.
Instrumentos
Escogida la interpretación sistémica, esta será implementada mediante el instrumento de análisis documental, ya que los decretos presidenciales como objetos de estudio son documentos.
Según Vickery (1970), el análisis documental responde a tres necesidades informativas de los
decretos presidenciales: i) sirve para conocer los fundamentos jurídicos que cada decreto usa
para cumplir con el principio de legalidad, ii) conocer los mandatos presidenciales relacionados
con el orden público, y iii) conocer toda la información importante relacionada a las acciones
estatales para enfrentar la contingencia del Coronavirus. Al respecto, el análisis documental
presenta como categorías de análisis: i) las facultades excepcionales concedidas al presidente y
ii) el aporte al principio de colaboración armónica.
Procedimiento
El procedimiento llevado a cabo consistió en un análisis formal y un análisis de contenidos,
como lo propone Castillo (2004). En el análisis formal se realiza una descripción física título
del decreto, el autor(es) y la fecha de la publicación. Seguidamente en el análisis de contenidos
se resume y se clasifica. En el resumen se representa abreviadamente el contenido del documento y por último la clasificación permite agrupar por clases el contenido del documento. Este
procedimiento se realizó para cada uno de los 12 decretos presidenciales relacionados a la contingencia del Coronavirus, que fueron expedidos por el presidente Iván Duque desde el 13 de
marzo hasta el 20 de marzo de 2020, fecha en la que se escribió este artículo. Los documentos
de los decretos fueron extraídos de la página web de la Presidencia de la República de Colombia, cuyo acceso es público y la vigencia rige desde su publicación.
4.- RESULTADOS
Respecto a la interpretación literaria es importante tenerla en cuenta para dejar en términos
claros y fácil de leer los decretos presidenciales. Sin embargo, para efectos del presente artículo
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 188-206. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/154

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se requiere de mayor rigor jurídico para interpretarlos, por lo cual se debe escoger entre la interpretación historicista y la sistémica. Estas dos últimas interpretaciones se han enfrentado históricamente, en una especie de batalla ideológica que enfrenta a conservadores y progresistas. Sin
embargo, es importante analizar estos decretos presidenciales desde una perspectiva sistémica,
con el fin de establecer criterios más amplios que permitan la protección efectiva de derechos
fundamentales y no solo el análisis originario de la Constitución. Por tal motivo, se usará la
interpretación sistémica, con el fin de hacer una reconstrucción plausible de los fines legítimos
que el Presidente Duque ha ajustado al contexto actual de contingencia del Coronavirus.
Decretos presidenciales contra el Coronavirus
Una manifestación de las facultades del presidente son los decretos presidenciales, los cuales
fueron expedidos por el presidente Iván Duque Márquez desde el 13 marzo de 2020, para
enfrentar la contingencia. Estos decretos estuvieron a tiempo, puesto que el primer caso de
Coronavirus fue el 6 de marzo, la declaración de pandemia por la OMS fue el 11 de marzo y la
declaración de emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud fue el 12 de marzo. Dentro de
estos decretos presidenciales, se encuentran el Decreto 402 de 2020, el Decreto 410 de 2020, el
Decreto 411 de 2020, el Decreto 412 de 2020, el Decreto 417 de 2020, el Decreto 418 de 2020,
el Decreto 420 de 2020, el Decreto 434 de 2020, el Decreto 438 de 2020, el Decreto 439 de
2020, el Decreto 440 de 2020 y el Decreto 441 de 2020.
El primero de ellos es el Decreto 402 de 2020, publicado por el Ministerio del Interior el
13 de marzo de 2020. Este decreto surge ante la decisión del gobierno venezolano de dejar de
emitir boletines epidemiológicos desde el año 2018, lo cual incumple el deber de reportar inmediatamente los riesgos de salud pública que constituyan amenaza para la salud internacional,
como lo consagra el Reglamento Sanitario Internacional de los Estados Miembros de la OMS.
Por lo cual, este decreto ordenó cerrar la frontera y fluvial con el país vecino de Venezuela desde
el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020 (Presidencia de la República de Colombia, 2020a).
Este decreto busca colaborar con los esfuerzos de los municipios colombianos fronterizos de
controlar el acceso al territorio nacional y evitar perturbaciones al orden público en los pasos
fronterizos.
El Decreto 410 de 2020, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 16
de marzo de 2020, modifica “el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios
para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus”. Este arancel de aduanas
fue adoptado por el Decreto 2153 de 2016 y rige desde el 1 de enero de 2017, por lo que se
hace necesario reducirlo al 0% para la importación de equipos médicos de dotación de unidades
de cuidados intensivos o intermedios neonatal, pediátrica o de adultos y salas de atención de
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 188-206. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/154

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enfermedad respiratoria aguda. Esta reducción cuenta con el aval del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 325 y el Consejo Superior de Política
Fiscal en sesión del 13 de marzo de 2020. Adicionalmente, es una reducción imperativa que
aplica desde la publicación de este decreto y rige durante los próximos seis meses (Presidencia
de la República de Colombia, 2020b). Este decreto busca facilitar la labor de las secretarías de
salud departamentales y municipales en la adquisición de equipamiento médico para prevenir y
mitigar la pandemia en sus territorios.
El Decreto 411 de 2020, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 16
de marzo de 2020, dicta medidas transitorias relacionadas con el régimen de zonas francas. En
este sentido, se requiere articular la normatividad de las zonas francas con las recomendaciones
de prevención y mitigación del riesgo de contagio del Coronavirus. Por lo cual, se ordena permitir que empleados y personal calificado pueda realizar sus labores fuera del área declarada
como zona franca, así como incrementar la duración de las zonas francas transitorias, durante
la vigencia de este decreto, por una vez y hasta por 12 meses (Presidencia de la República de
Colombia, 2020c). Este decreto promueve la labor industrial en zonas francas transitorias, para
facilitar las relaciones comerciales en áreas diferentes a las zonas francas.
El Decreto 412 de 2020, publicado por el Ministerio del Interior el 16 de marzo de 2020,
dicta medidas para la conservación del orden público y la salud pública. Dentro de esas medidas, este decreto ordena el cierre de los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con
todos los Estados limítrofes, desde el 17 de marzo hasta el 30 de mayo. Esta medida exceptúa
el tránsito por caso fortuito o fuerza mayor y el transporte de carga (Presidencia de la República
de Colombia, 2020d). Este decreto busca controlar el tránsito marítimo y facilitar la labor de las
autoridades portuarias a nivel departamental y municipal.
El Decreto 417 de 2020, publicado por la Presidencia el 17 de marzo de 2020, declara el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio colombiano. Esta
declaración autoriza al presidente ejercer las facultades del artículo constitucional 215, dentro
de las cuales está dictar decretos con fuerza de ley para mitigar y prevenir el riesgo de contagio
del Coronavirus, durante 30 días calendario contados a partir de la vigencia de este decreto
(Presidencia de la República de Colombia, 2020e). Este decreto faculta al Gobierno nacional a
la distribución de recursos a los entes territoriales para que los destinen con eficiencia.
El decreto 418 de 2020, publicado por el Ministerio del Interior el 18 de marzo de 2020,
dicta medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público. En este sentido,
se decreta: i) que la dirección del manejo del orden público estará en cabeza del presidente, ii)
todos los mandatos presidenciales tienen aplicación inmediata y preferente sobre los mandatos de gobernadores y alcaldes, iii) las midas departamentales y locales deben ser comunicaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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das inmediatamente al Ministerio del interior, y iv) los gobernadores y alcaldes que omitan el
cumplimiento de este decreto serán sancionados (Presidencia de la República de Colombia,
2020f). Este decreto procura por la organización de todos los mandatos de orden departamental
y municipal, con el fin de coordinar y orientar todas estas normativas de manera organizada y
coherente con las necesidades de cada territorio.
El Decreto 420 de 2020, publicado por el Ministerio del Interior el 18 de marzo de 2020,
imparte instrucciones para expedir normas en materia de orden público en concordancia con
el Decreto 418 de 2020. En este sentido, se decreta desde el 19 de marzo hasta el 30 de mayo:
i) la prohibición del consumo de bebidas embriagantes, reuniones y aglomeraciones de más
de cincuenta personas; ii) el toque queda de niños, niñas y adolescentes; iii) que las medidas departamentales y locales no pueden a) impedir el transporte intermunicipal, de carga y
modalidad especial, b) establecer restricciones de tránsito sobre vías nacionales, c) suspender
establecimientos de alimentación, bebidas, productos de primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ópticas, ortopédicos, aseo e higiene, alimentos y medicinas para mascotas, d) impedir la
oferta de productos gastronómicos a domicilio o por plataformas electrónicas, e) restringir el
funcionamiento de infraestructura crítica y estratégica, f) impedir la prestación de servicios de
seguridad privada, g) restringir el funcionamiento de call centers, y h) suspender los servicios
técnicos y de soporte de los servicios públicos esenciales y de telecomunicaciones; por último
iii) sancionar a alcaldes y gobernadores que omitan el complimiento de este decreto (Presidencia de la República de Colombia, 2020g). Este decreto facilita la labor de control del orden
público por parte de las autoridades de policía en coordinación con los decretos de seguridad de
las mandatarios locales y departamentales.
El Decreto 434 de 2020, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 19
de marzo de 2020, establece plazos especiales para: i) la renovación de la matrícula mercantil,
ii) el RUNEOL, iii) los demás registros del Registro Único Empresarial y Social, y iv) las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados (Presidencia de la República de
Colombia, 2020h). Este decreto concede un plazo razonable para que las Cámaras de Comercio
acompañen a los empresarios mercantiles y las Secretarías de hacienda de orden departamental
y municipal faciliten los trámites mercantiles.
El Decreto 438 de 2020, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 19
de marzo de 2020, adopta medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia
declarado en el Decreto 417 de 2020. Debido a los efectos económicos negativos producidos
por el Coronavirus, durante la vigencia del Estado de Emergencia, se decreta: i) la exención
transitoria sobre las ventas (IVA) y ii) la ampliación del plazo hasta el 30 de junio para que contribuyentes realicen el proceso de actualización en el régimen tributario especial (Presidencia
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de la República de Colombia, 2020i). Este decreto permite que las Secretarías de hacienda de
orden departamental y municipal faciliten los trámites tributarios.
El Decreto 439 de 2020, publicado por el Ministerio de Transporte el 20 de marzo de 2020,
suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión por vía aérea en territorio colombiano
de pasajeros procedentes del exterior. Por lo cual, se decreta desde el 23 de marzo y durante 30
días calendario: i) la suspensión de ingreso al territorio colombiano exceptuando la tripulación
de empresas de carga aérea y pasajeros excepcionalmente admitidos, los cuales deberá cumplir
con las medidas sanitarias del Ministerio de Salud; ii) el obligatorio cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas de aislamiento y cuarentena de catorce días en su lugar de residencia
para los que ingresen al territorio colombiano; iii) las responsabilidades de las aerolíneas de
informar a todos sus usuarios todas las medidas de este decreto; iv) las responsabilidades de
los pasajeros y tripulantes excepcionalmente admitidos, de reportar inmediatamente los síntomas compatibles con el Coronavirus; v) la responsabilidad de las autoridades nacionales y la
vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena; y vi) las
sanciones por el incumplimiento de las medidas adoptadas en este Decreto (Presidencia de la
República de Colombia, 2020j). Este decreto procura la contención de la pandemia, mediante la
prohibición del transporte aéreo por donde estaban ingresando los contagiados por Coronavirus
al territorio nacional.
El Decreto 440 de 2020, publicado por el Departamento Nacional de Planeación el 20 de
marzo de 2020, adopta medidas de urgencia en materia de contratación estatal. Se decreta durante el Estado de Emergencia: i) Realizar audiencias públicas mediante medios electrónicos
informando mínimo dos días hábiles antes la metodología y condiciones para su desarrollo, ii)
suspender los procesos de selección de contratistas y revocatoria de los actos de apertura, iii)
usar los instrumentos de agregación de demanda, iv) contratar los acuerdos marco de precios
por contratación directa para facilitar el abastecimiento de bienes y servicios, v) adquirir bienes
por el instrumento de agregación de demanda de grandes superficies hasta por el monto máximo
de la menor cuantía de la respectiva entidad, vi) contratación urgente y directa del suministro de
bienes, la prestación de servicios y la ejecución de obras, vii) adición y modificación de todos
los contratos estatales que permitan mejorar la gestión y mitigación del Estado de emergencia,
viii) implementación de mecanismos electrónicos para la recepción, trámite y pago de facturas
y cuentas de cobra de contratistas estatales, y ix) autorizar al Fondo Rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exteriores celebrar convenios y contratos con empresas extranjeras, con el fin de
adquirir bienes y servicios necesarios para mitigar la pandemia (Presidencia de la República de
Colombia, 2020k). Los entes territoriales requieren de la inversión inmediata y de la contratación directa de bienes y servicios para esta contingencia, por lo cual este decreto facilita estos
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trámites de contratación estatal.
El Decreto 441 de 2020, publicado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dicta
disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para enfrentar el Estado de Emergencia. Durante el Estado de Emergencia, se decreta: i) la reinstalación y
reconexión inmediata del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos y
cortados, ii) el acceso a agua potable en situaciones de emergencia sanitaria, iii) el uso de los
recursos del Sistema General de Participaciones para financiar medios alternos de aprovisionamiento para el acceso a agua potable y saneamiento básico, y iv) la suspensión temporal de
los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
(Presidencia de la República de Colombia, 2020l). Este decreto permite el acceso sin restricciones a servicios públicos esenciales, principalmente en las regiones en donde el acceso a
estos recursos es limitado y en muchos casos ineficiente, por lo cual se garantiza su acceso y
suministro.
Discusión
Estos 12 decretos presidenciales, le han permitido a Colombia ser pionero en Suramérica en
medidas gubernamentales para prevenir y mitigar el contagio del Coronavirus. La importancia
de estos ha radicado principalmente en las declaraciones del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica (Decreto 417 de 2020) y la unificación de los mandatos de orden público en
todo el territorio nacional (Decreto 420 de 2020).
El Decreto 417 de 2020: Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
El Estado de excepción invocado en el Decreto 417 de 2020 está consagrado en el artículo constitucional 215 como Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y fundamentado en
el concepto de soberanía de Schmitt. Para Schmitt (2009), el “soberano es quien decide sobre
la situación de excepción” (p. 155), como aquella situación que pone en riesgo la existencia
del Estado como unidad política, dado que el ordenamiento jurídico es incapaz de afrontar la
emergencia (Campderrich, 2007).
Para Cepeda (1985), el estado de excepción en la Constitución de 1991 es el final de la lucha
histórica que el ejecutivo ha librado para aumentar progresivamente su autonomía del Congreso (p. 21), dado el uso abusivo del Estado de sitio que se mantuvo en la Constitución de 1886
(Restrepo, 2009). En este sentido, Tobón y Mendieta (2017) afirman que la Ley estatutaria de
los estados de excepción (Congreso de Colombia, 1994), reguló la prevalencia de los tratados
internacionales y los mecanismos de control a la limitación de derechos y garantías ciudadanas
(p. 6). Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-179 de 1994, la declaró exequible
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advirtiendo que estas facultades presidenciales excepcionales solo se usan cuando la situación
de emergencia lo merezca y no podrán sobreponerse al núcleo esencial de los derechos fundamentales (Corte Constitucional, 1994).
La interpretación sistémica del Decreto 417 de 2020 descrita anteriormente en los resultados, demuestra que las decisiones tomadas por el Presidente Duque están dentro del marco
jurídico de los estados de excepción regulados por el control político del Congreso en la sentencia C-565 de 1997 (Corte Constitucional de Colombia, 1997) y el control constitucional de
la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-802 de 2002 (Corte Constitucional de
Colombia, 2002).
El Decreto 420 de 2020: ¿Quién dirige el orden público en el territorio nacional?
Después de decretado el Estado de emergencia el 17 de marzo, al día siguiente el Presidente
Duque expidió el Decreto 420 de 2020. Este decreto surge ante la necesidad de unificar todos
los decretos de orden público que los mandatarios departamentales y locales empezaron expedir por esos mismos días para enfrentar el Coronavirus. Dentro de estos decretos se destacan
el toque de queda expedido por la Gobernación de Cundinamarca (Decreto 153 de 2020) y el
Simulacro de Cuarentena de la Alcaldía de Bogotá (Decreto 090 de 2020) que restringían transitoriamente la movilidad de personas.
Sin embargo, estos decretos departamentales y municipales generaron una confusión generalizada en la población que impedía el libre tránsito en todo el territorio nacional y la implementación de políticas sin coordinación nacional. Por tal motivo, el Decreto 420 de 2020 buscaba
coordinar desde el Ministerio del Interior todos estos mandatos, para lograr los fines estatales de
una República unitaria y deslegitimar los intentos departamentales y municipales de prevalecer
en sus territorios por encima del Gobierno central.
La mejor muestra del espíritu de coordinación del Decreto Presidencial 420 de 2020, es el
Decreto 091 de 2020 que modifica el Decreto 090 de 2020 de la Alcaldía de Bogotá y el Decreto
157 de 2020 que modifica el Decreto 153 de 2020 de la Gobernación de Cundinamarca. Estos
dos decretos expedidos el 22 de marzo, se alinean con el Decreto Presidencial 420 de 2020, con
el fin de ampliar el Simulacro Vital en la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca,
hasta el inicio de la Cuarentena General declarada por el presidente, en una clara demostración
de trabajo conjunto entre el gobierno local de Bogotá, el gobierno departamental de Cundinamarca y el gobierno nacional en cabeza del Presidente Duque.
5.- CONCLUSIONES
Colombia es una república unitaria con colaboración armónica entre las ramas de poder público
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y los órganos de su estructura estatal, y ante la contingencia del Coronavirus se requiere no solo
de poner en práctica esa colaboración sino también de una coordinación del orden público en
cabeza del Presidente de la República, como una de sus facultades constitucionales y aquellas
facultades excepcionales que le permiten unificar todos los mandatos territoriales durante la
vigencia del Estado de emergencia declarado en el Decreto 417 de 2020.
También es descentralizada, entendiendo la descentralización como “el método de dividir
poderes de manera que el gobierno central y los gobiernos regionales están, dentro de su esfera,
coordinados e independientes”, tal como la concibe Wheare (2008). Esta autonomía regional en
estado de normalidad, implica el respeto del Gobierno central, y en estado de emergencia implica mayor colaboración con la Presidencia, especialmente de sus atribuciones en la dirección
del orden público.
Por lo anterior, se concluye que, en el marco de una República unitaria y descentralizada, los
12 decretos expedidos por el Presidente Duque para prevenir y mitigar el Coronavirus en todo
el territorio nacional, no solo cumplen con el principio de legalidad sino también están dentro
del marco jurídico de los estados de excepción. Cumplidos estos requisitos, el análisis de contenido desarrollado en los resultados, demuestra además que estos decretos presidenciales buscan crear condiciones para colaborar en armonía con todos los niveles de gobierno (municipal,
departamental y nacional), a través de mandatos conforme con los procedimientos y garantías
de los ciudadanos y cuyos fines sean controlar la crisis del Coronavirus para que no supere los
márgenes de la normalidad.
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Derecho a la información en Coahuila: Una perspectiva desde la justicia constitucional1
Right to information in Coahuila: A perspective from the constitutional justice
José Luis, Leal Espinoza2
Universidad Autónoma de Coahuila, México
https://orcid.org/0000-0002-9072-0057
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-11

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RESUMEN
Este artículo, a modo de ensayo, tiene como objetivo desarrollar una propuesta de comprensión de la integración
Los artículos 46, de la Ley de Acceso a la Información Pública y el 9, bis de la Ley de Notariado de Coahuila,
establecen como sujetos obligados indirectos a los Notarios Públicos, en razón de que éstos llevan a cabo actos de
autoridad. En el objetivo general se establecieron las pautas que el legislador determinó los criterios que se cumplieron en las obligaciones en materia de transparencia. Las razones expresadas en la resolución se expusieron a
través de los métodos documental y cualitativo, bajo el cual el juez constitucional instructor del amparo indirecto
186/2016, establece que, contrario a lo expresado por el legislador, al notario no puede considerársele como sujeto
obligado indirecto, toda vez que esta figura no encuadra en ningún supuesto relacionado con la coadyuvancia al auxilio o colaboración de las entidades públicas, ejercicio del gasto público, utilizar o disponer de recursos públicos,
subsidios o estímulos fiscales, esta razón de forma es entendida en el sentido de que no recibe un sueldo del Estado.
cia.

Palabras clave: Derecho a la información, justicia constitucional, políticas públicas, ponderación, transparen-

ABSTRACT
Articles 46, of the Law of Access to Public Information and 9, bis of the Coahuila Notary Law, establish that public
Notaries are indirect obligated subjects, because they carry out acts of authority. The general objective established
the guidelines that the legislator determined the criteria that were met in the transparency obligations. The reasons
expressed in the resolution were set forth through the documentary and qualitative methods, under which the
constitutional examining judge of indirect amparo 186/2016, establishes that, contrary to what is expressed by
the legislator, the notary cannot be considered an obligated indirect subject, since this figure does not fit into any
assumption related to aid to or assistance from public entities, exercise of public spending, use or disposition of
public resources, subsidies or fiscal stimuli, this form reason is understood in the sense that you do not receive a
salary from the State.
Keywords: Constitutional justice, public policies, right to information, transparency, weighting.
Recibido: 02 de Noviembre 2019 - Aceptado: 04 de Marzo 2020 - Corregido: 04 de Mayo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Leal Espinoza, J. L. (2020). Derecho a la información en Coahuila: Una perspectiva desde la justicia constitucional
Politica Globalidad y Ciudadanía, 207-224. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/
article/view/156

1 Proyecto de investigación “Derecho a la información en Coahuila: una perspectiva desde la justicia constitucional”, Financiado por Universidad Autónoma de Coahuila
2 Doctor en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Alicante, España. Coordinador de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Coahuila. Email: jose.leal@uadec.edu.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 2, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 207-224. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/156

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1.- INTRODUCCIÓN
La sentencia motivo de controversia estipula que, si bien la figura del notario público coadyuva
en auxilio o colaboración de entidades públicas, no realiza actos de autoridad en sentido estricto, pues el notario público no forma parte de la administración pública centralizada, desconcentrada o descentralizada ni es parte de los poderes del Estado. Por tal motivo, su función pública
únicamente va dirigida a autentificar hechos o actos jurídicos con fuerza de fe pública frente
a todos. Dicho lo anterior, la problemática consiste en verificar si las obligaciones enlistadas
para los notarios como sujetos obligados indirectos en las normas impugnadas, vulneran o no
el marco constitucional y legal en materia de transparencia y protección de datos personales.
El documento se estructura en cinco partes. En la primera sección se formulará un estudio
integral sobre las razones que tuvo el Poder Constituyente permanente en replantear el modelo
nacional en materia de transparencia, poniendo especial énfasis en la nueva categoría de sujetos
obligados indirectos establecidos en la reforma constitucional al artículo 6º constitucional, así
como el renovado marco competencial que otorga a las Entidades Federativas en la materia.
A la luz de lo anterior, se realiza un estudio constitucional sobre la pertinencia de la figura
legal introducida por el legislador de Coahuila, al contemplar al notario como sujeto obligado
indirecto en materia de transparencia, exponiendo las razones de índole legislativo y jurisprudencial que justifican la posición discrepante con el criterio judicial primigenio. Una vez superada la fase anterior, las siguientes dos secciones explican que la naturaleza de la información
regulada por la ley como obligatoria a la luz del marco normativo constitucional y legal en
materia de derecho a la información y protección de datos personales.
El objeto específico del cuarto apartado consiste en demostrar que cada una de las obligaciones consagradas en la Ley de Acceso a la Información y Ley de Notariado respectivamente, no
vulneran los derechos de particulares en lo que respecta al derecho humano a la protección de
datos personales, toda vez que no se configura dentro de ninguna de las hipótesis que consagra
la propia ley como información confidencial, al tratarse de versiones públicas que armonizan
los principios constitucionales de transparencia e intimidad. Precisamente, la última sección de
la presente comunicación concluye en este sentido, ya que al realizar un test de proporcionalidad al caso concreto, se concluye que ningún contenido esencial resulta vaciado por completo,
ya que los aludidos principios resultan optimizados, resultando ello en una interpretación contraria a la sostenida originalmente por el juez de distrito.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La reforma constitucional en materia de transparencia y los nuevos sujetos obligados
La reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información (Leal y López,
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2019) a los artículos 6, apartado a), y 116, fracción VIII, estableció un nuevo catálogo de sujetos obligados en la materia. En el Dictamen formulado por la Cámara de Senadores, realizado
posterior a la presentación de las tres iniciativas destaca de manera trascendental el reconocimiento de los particulares como nuevos sujetos obligados en el contexto del nuevo marco
constitucional propuesto por el Constituyente permanente (las cursivas son nuestras), así como
la cita del Código de Buenas Prácticas elaborado por encargo del antiguo IFAI.
Se está proponiendo que los particulares que actúen como autoridad o la auxilien, o aquéllos que ejerzan gasto público, quedan -por esos simples hechos o circunstancias- de forma
automática o lógica como sujetos obligados –indirectos- en materia de acceso a la información
pública. Sin dejar de advertir, que respecto a la información pública de aquéllas personas físicas
o morales (jurídicas-colectivas) que reciban recursos públicos, o realicen actos de autoridad, se
propone que el acceso se realice a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público que
hubiere entregado los montos respectivos, o sea el que supervise la actuación de esos particulares; es decir, en este caso, se está proponiendo que las personas físicas o morales referidas sean
sujetos obligados indirectos en el acceso a la información pública, siendo el vehículo para ello
los propios sujetos obligados directos respectivos. (Gaceta del Senado de la República, 2012,
p. 54)
Otra cuestión ampliamente debatida fue la inclusión, como sujetos obligados, de personas
privadas. Cabe recordar que 23 leyes estatales establecen que las personas físicas y morales
que reciben recursos públicos o realizan funciones públicas son sujetos obligados directos del
derecho de acceso a la información. La experiencia muestra que esta práctica presenta importantes problemas jurídicos y prácticos. No obstante lo anterior, es cierto que existe una cantidad
importante de información relevante que se encuentra en posesión de particulares y de organizaciones privadas. En atención a los múltiples comentarios de las reuniones regionales sobre
la importancia de garantizar el acceso a esta información, el CBP propone, retomando a la
jurisprudencia de los tribunales federales, que cuando un particular realiza actos de autoridad,
la información que genere será considerada como información pública. Este artículo permite
otorgar así acceso a la información de los sindicatos, las asociaciones empresariales o los concesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades.
Debe hacerse notar, sin embargo, que se propone que el acceso no se dará de manera directa,
sino a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares. La razón de esta
disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles
para las personas privadas.” (Ibid, p.57)
Particulares que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad: En relación con la
información de particulares el citado Código de Buenas Prácticas, plantea que los particulares
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que ejercen actos de autoridad estarán obligados a entregar la información relacionada con esos
actos a través del sujeto obligado que supervise estás actividades. Siendo que lo importante a
destacar es que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere sea
considerada como información pública.
Además, en el Código de Buenas Prácticas, se expone que “por acto de autoridad debe entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, un acto unilateral, coercitivo y con imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la
esfera legal de los gobernados.
También, se expone que a fin de regular el derecho de acceso a la información pública que
pudieran poseer los particulares se atendió a la ampliación del concepto de autoridad que para
efectos del amparo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación: son autoridad aquellos individuos que ejerzan actos unilaterales y usen la fuerza pública para alterar la esfera jurídica de
los gobernados. Es decir, la autoridad se distingue por el hecho de que realiza actos con imperio,
más que por los sujetos que ejecutan el acto. Ahora bien, ante una administración pública cada
día más compleja, la distinción del carácter de cada uno de los actos realizados por entes públicos o que los mismos delegan incluso a particulares se hace más difícil. Así, por ejemplo, casos
como PEMEX o Seguro Social en ciertos esquemas actúa con imperio y por tanto es una autoridad y en otros no. Véase por ejemplo la tesis confederación deportiva mexicana, asociación civil. Tiene la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando sus actos se funden
en la ley general del deporte, en relación con su estatuto. Es importante precisar que el acceso a
la información de estos particulares, en su caso, se limita a aquella información relacionada con
sus funciones equiparables a actos de autoridad y no al conjunto de sus actividades. A mayor
abundamiento de lo anterior, cabe recordar, que la fracción VI del artículo 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “las leyes determinarán la manera en
que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos
que entreguen a personas físicas o morales”. Esta disposición constitucional deja justificado
claramente buena parte de la propuesta que se plantea en la presente iniciativa.
En efecto, hay que reconocer que existen algunas personas de carácter privado, ya sean físicas o morales, que ejercen funciones públicas, ya sea por delegación o por un mandato legal.
Como atinadamente apunta Sergio López Ayllón, “este es el caso de los notarios públicos, de
los concesionarios de bienes o servicios públicos, de los colegios de profesionistas o cámaras
comerciales o industriales y aun de los sindicatos. La pregunta es si éstos son sujetos obligados
del derecho de acceso a la información y, si esto es así, cuáles son los mecanismos para ejercerlo”. Más aún, el problema se plantea respecto de las personas privadas que, cada vez con mayor
frecuencia, desarrollan funciones públicas o ejercen por delegación o mandato legal funciones
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de autoridad, sin constituirse propiamente como entidades públicas. La calidad de sujetos pasivos del derecho de acceso a la información de estas personas plantea cuestiones complejas, en
particular respecto a los procedimientos para hacer efectivo el derecho.
Dejando claro, que no por recibir recursos del erario o por ejercer una parte del gasto estatal,
toda actividad de estas personas se convierte en materia de acceso público, sino únicamente de
aquellas en lo que se aplicó el recurso público o bien se ejercitó o ejecuto un acto de autoridad,
no así respecto de otras distintas a estos supuestos, no pudiendo entender que todas las actividades serán consideradas como parte del acceso a la información, sino solo en los casos ya
descritos, lo anterior con el fin de no afectar la privacidad e intimidad de las personas.
Los anteriores razonamientos legislativos contienen claramente el espíritu del Poder reformador de la Constitución (Asensi, 1998), al establecer de manera precisa que los particulares
que ejercen actos de autoridad también pueden ser sujetos obligados indirectos en materia de
transparencia, dejando incluso la potestad a las Entidades Federativas de acuerdo al numeral
116, fracción VIII, de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados, de acuerdo a los principios del artículo 6º,
apartado a).
Por ello, es factible y acorde a una interpretación conforme con el artículo 6º constitucional,
considerar como sujetos obligados indirectos a los notarios públicos, toda vez que el concepto
material que tiene el legislador al momento de introducir la figura en el texto fundamental es
acorde a las nuevas realidades derivadas de la teoría contemporánea de la autoridad, que retoman incluso del Código de Buenas Prácticas el concepto ya ampliamente difundido tanto en
la doctrina, la legislación y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, es decir “un
acto unilateral, coercitivo y con imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que
afecten la esfera legal de los gobernados”.
El Notario como sujeto obligado indirecto y su discrepancia en el caso concreto
Sentado lo anterior, es menester hacer énfasis en las dos categorías delineadas por el juzgador
en el juicio de amparo indirecto sometido a debate en el presente amparo en revisión, ya que
en la resolución objeto de controversia se establece claramente que al notario público no puede
considerársele como autoridad en sentido estricto, ya que la información que posee no es pública. Lo anterior, se realiza con base en un ejercicio argumentativo de dos dimensiones (Atienza,
2013): que el derecho a la información es una garantía individual y social, y que la transparencia y publicidad de los actos de gobierno son inherentes (Pleno SCJN, 2013, p.5). La siguiente
premisa de la cual parte la negativa es que los notarios no son funcionarios públicos, ya que no
están sujetos a los derechos y deberes de los funcionarios oficiales, ni el Estado responde por
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sus actos. (Contradicción de Tesis 24/2003-SS, p. 70)
No obstante lo anterior, a pesar de que la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió criterio
en el sentido de que los notarios no eran autoridad para los efectos precisados, también lo es que
en esa misma decisión se desprende el reconocimiento de que, a pesar que los notarios no son
funcionarios públicos, los mismos “sí realizan una función pública, ya que autentica hechos o
actos jurídicos con fuerza de fe pública frente a todos, incluyendo al Estado; además instruye
a los particulares que a él acuden del alcance jurídico de esos actos, resguarda documentos
originales y expide copias” (Contradicción de Tesis 24/2003-SS, p. 70). Precisado esto, es indispensable formular las siguientes interrogantes:
-- ¿El carácter de sujeto obligado indirecto con el que se identifica a los notarios en las leyes impugnadas los convierte automáticamente en autoridad o en funcionarios públicos?
-- ¿Las obligaciones para los sujetos indirectos en materia de transparencia sólo van dirigidas a quienes reciben presupuesto público o a quienes ejercen actos de autoridad “en
sentido estricto”?
Respecto a la primera cuestión, es dable afirmar que, de acuerdo a lo expuesto por la autoridad responsable existe un vicio lógico de petición de principio cuando se contesta la primera
interrogante, ya que de manera tajante se concluye que el notario no es autoridad porque no es
un funcionario público, aunque su función en sí sea pública. Esto no es más que exponer las
mismas razones de manera circular, dejando segmentado el debate principal, toda vez que el
tema de fondo consiste en indagar si bajo el contexto de las nuevas obligaciones en materia de
transparencia establecidas en la Constitución y la Ley del Estado de Coahuila, el notario realiza
o no actos de autoridad, siendo en consecuencia así un sujeto obligado indirecto.
La segunda cuestión es respondida por la autoridad responsable al afirmar que a pesar de que
los notarios públicos ejercen una función pública, las obligaciones de transparencia únicamente
tienen como destino los actos de gobierno, a partir del esquema de rendición de cuentas, es decir, manejo de recursos públicos, satisfacción de los servicios a su cargo y el cumplimiento de
funciones públicas. En la sentencia, si bien se realiza un estudio parcial basado en la Exposición
de motivos de la reforma constitucional en materia de transparencia, este resulta incompleto, ya
que para saber si las obligaciones en materia de transparencia también incluyen a los notarios
públicos es obligatorio realizar un estudio sobre la naturaleza propia de la información generada por estos en el ejercicio de su función, es decir, un análisis que no solamente se limite al
aspecto formal, sino material, explicando a detalle si la generación de esa información es suficiente para ser considerada como de naturaleza pública.
Dicho en otras palabras, la Constitución en su artículo 6º establece un nuevo catálogo de sujetos obligados indirectos abrió la posibilidad situándose en un paradigma distinto bajo el cual
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lo analiza la autoridad responsable, es decir, el primer modelo de transparencia en su primera
fase 2002, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y la correlativa reforma constitucional de 2007 (Islas, 2007, pp. 155-174)
, estableció un diseño preliminar mediante el cual se le reconoció el carácter tanto individual
como social a este derecho fundamental, así como a la protección de la vida privada y datos
personales (Carbonell, 2008).
Sin embargo, el esquema a través del cual se razona en la decisión reclamada parte de un
modelo en el cual únicamente la autoridad formalmente reconocida por las leyes es aquella que
puede ser sujeta de obligaciones en materia de transparencia. Por ello, resulta válido afirmar que
existen dos elementos que ha soslayado la autoridad judicial. El primero está relacionado con
la existencia de sujetos obligados indirectos distintos a las autoridades desde el plano formalmente legal, es decir, determinar si los notarios públicos en el ejercicio de una función pública
realizan actos de autoridad, y además, establecer si es constitucional y legalmente válido que las
Entidades Federativas en el ejercicio de su libertad configurativa contemplen esta posibilidad.
Un cambio de paradigma trascendental en los últimos años ha sido la mutación legislativa
que ha sufrido el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo (Sartori, 2016). En
la Ley de Amparo vigente el legislador ha dado un viraje importante, al establecer esta nueva
posibilidad. En la Exposición de motivos de dicha legislación y después de un análisis reflexivo
sobre las distintas vías (civil, administrativa) que pudieran ejercitarse para hacer valer los derechos, el legislador determinó que el juez deberá hacer caso a la afectación material del derecho
fundamental en cuestión, sobre el acto de autoridad, así como las condiciones del particular
para defenderse, y no tanto al aspecto formal de quien emite el acto violatorio de derechos.
… existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más
eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente
dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus
actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del
acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive
de una norma general y abstracta (Gaceta del Senado de la República, 2011, p. 21).
Es decir, el concepto de personas físicas que realizan “actos de autoridad” como sujetos
obligados en la Ley General establecido en el artículo 23 no es un catálogo cerrado a solamente
aquellas personas que reciban recursos públicos toda vez que el propio legislador federal determinó: “en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”. Es decir, se debe
atender al ejercicio material de ese “acto de autoridad” para determinar si realmente el ejercicio
de la función notarial deviene en la generación de información de interés público, y así concluir
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si el ejercicio del derecho a la información pública se debe proteger en las relaciones generadas
entre los notarios y la sociedad (Sala SCJN, 2012, p. 798).
Para lograr lo anterior, es necesario partir de una definición mínima de información de interés público que brinda la propia Ley de Acceso a la Información en su numeral 3, fracción XII,
como: “la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente el
interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades
que llevan a cabo los sujetos obligados”. Es decir, la información que están obligados los notarios a dar publicidad que refieren los dos artículos impugnados debe fundamentarse no sólo en
las razones del legislador local en el ámbito de su libertad configurativa como Entidad Federativa, sino que la propia información debe satisfacer el canon de “interés público”, además de ser
proporcional y útil en el marco de la sociedad democrática.
La información a que se refieren las normas impugnadas es de interés público por su propia
naturaleza y es generada por los notarios en el contexto de su función pública
Tal y como quedó apuntado, en la resolución se evade el problema de fondo al afirmar que la
información a que se refieren los artículos 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el 9, bis de la Ley
del Notariado de esa misma entidad, no es de interés público porque quien la emite no es una
autoridad en sentido estricto. Este razonamiento es circular y redundante, toda vez que, en la
propia sentencia se reconoce que el notario desempeña una función pública, pero el carácter de
la información en ningún momento es analizado en la resolución, toda vez que para ello hubiera
sido necesario estudiar la naturaleza material de la información sometida a debate.
Por tanto, en primer término serán analizadas las razones expuestas por el legislador del
Estado de Coahuila en la Exposición de Motivos de las legislaciones objeto de controversia,
seguidas del razonamiento lógico jurídico enlazado con criterios jurisprudenciales que explicarán a detalle que la información que como sujetos obligados están obligados los notarios a dar
publicidad es de interés público, a través de un método hermenéutico (López, 2016, pp. 11-12)
integral del contexto de la reforma legal al sistema estatal de transparencia y gobierno abierto
de esta Entidad. Las normas impugnadas establecen que la información que están obligados los
notarios a publicitar es la siguiente:
-- Difundir u nombre, domicilio, teléfono oficial y número de fiat notarial;
-- Publicar los servicios que ofrece y su costo;
-- Divulgar la plantilla de personal y tipo de seguridad social que se le ofrece;
-- Publicar los índices de protocolo; V. Difundir las versiones públicas de las actas fuera de
protocolo;
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-- Divulgar la relación de cursos o programas de actualización o capacitación que se realicen y los que se ofrezca al personal; y
-- Un listado con el número de recepción o de identificación que entregue la autoridad fiscal, de aquellas retenciones enteradas ante la misma.
En la Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Información se establece que:
A fin de atender a los principios del derecho a la información, la Información Pública de
Oficio, reconoce distinciones entre los Sujetos Obligados, de acuerdo a la naturaleza y circunstancias de cada uno. Es por ello, que precisa para aquellos que se definen como Entidades
Públicas: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ayuntamientos, Universidades e
Instituciones de Educación Superior Pública, Sistemas de Agua y Saneamiento, Organismos
Constitucionalmente Autónomos y Fideicomisos y Fondos Públicos, obligaciones generales
y especiales; y aquellos Sujetos Obligados que no son Entidades Públicas: Partidos Políticos,
Sindicatos, Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Beneficencia, sólo poseen
obligaciones especiales.
Dicha distinción entre Sujetos Obligados, permite garantizar el derecho a la información y
la protección de los datos personales, atendiendo, como se ha hecho mención, no sólo a la fiscalización de recursos públicos, sino al interés público de conocer información que propicia o
retarda el desarrollo del Estado.
En este sentido, la diferenciación normativa que hizo el legislador respecto de los sujetos
obligados directos e indirectos es patente, ya que los notarios públicos (siguiendo la propia exposición de motivos) pertenecen a esta última categoría debido a que su función es esencial para
el Estado y de interés público. Por tanto, el legislador en este caso en particular decidió que:
A cada uno de ellos, dependiendo de sus funciones e interacción con la comunidad, se le
determinan obligaciones de difundir cierta información relacionada con su labor pública.
Por tales motivos, y siguiendo esta línea argumentativa se desprende que existe una distinción realizada por el legislador al momento de definir a los “sujetos obligados” y los “sujetos
obligados indirectos”, es decir, corresponde a los primeros las obligaciones que se detallan en
los artículos 4 a 12, mientras que para los “sujetos obligados indirectos” corresponden únicamente las obligaciones específicas que se detallan en los artículos 43 a 49, dependiendo de
quien se trate. Es decir, se les debe atribuir únicamente las “Disposiciones Generales” establecidas en el Capítulo Tercero, Sección Primera, de la Ley de Acceso a la Información, es decir,
las relativas a la información pública de oficio, mismas que se encuentran establecidas en los
numerales 17 a 20 del mencionado dispositivo legal, es decir:
“Artículo 17. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley,
los sujetos obligados deberán difundir, actualizar y poner a disposición del público de manera
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proactiva, la información pública a que se refiere este capítulo.
Artículo 18. Las páginas electrónicas utilizadas por los sujetos obligados para la difusión de
información pública, observarán los siguientes lineamientos:
I. La página de inicio tendrá un vínculo de acceso, fácilmente identificable y accesible que
cumpla con los requerimientos de sistematización, comprensión y organización, directo
a donde se encuentre la información pública a la que se refiere este capítulo;
II. La información que se difunda en las páginas electrónicas deberá ser confiable, completa
y oportuna;
III. El lenguaje utilizado será claro, sencillo, accesible y que facilite la comprensión de las
personas que consulten dichas páginas;
IV. Deberán contar con un teléfono de atención y correo electrónico por medio del cual los
ciudadanos puedan realizar opiniones, quejas, o sugerencias que atienda directamente el
órgano de control interno o equivalente; y
V. Deberán de utilizarán formatos abiertos y de fácil comprensión. El instituto establecerá
los lineamientos necesarios para asegurar que la información cumpla con lo dispuesto
en este artículo.
Artículo 19. La información pública de oficio deberá de actualizarse en los medios electrónicos disponibles por lo menos una vez al mes. En todos los casos se deberá de indicar en el
medio electrónico la fecha de actualización por cada rubro de información.
Artículo 20. El sujeto obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de actualización de la información, por cada contenido y área responsable.
Para la publicación de la información pública de oficio, los sujetos obligados utilizarán formatos de fácil comprensión y deberá de tener disponible su traducción en lenguas indígenas.
Dicho esto, la Sección Segunda del Capítulo Tercero de la Ley de Acceso a la Información
corresponde únicamente a las entidades públicas, en sentido contrario a lo determinado erróneamente por el Juez en la resolución de amparo indirecto, al pretender atribuirle obligaciones
que no corresponden al notario público, descontextualizando así la cabal y correcta comprensión del numeral 46 tildado de inconstitucional.
En síntesis, los artículos 17 a 20 de la Ley de Acceso a la Información establecen el medio
o instrumento (medios digitales) a través del cual se garantiza que la información catalogada
como pública de oficio respecto de los sujetos obligados indirectos (en este caso los notarios)
sea realmente efectiva, es decir, esté al alcance de cualquier persona en la Entidad (artículo 46).
En sintonía con ello, la proporcionalidad (Zagrebelsky, 2003) del medio empleado debe
perseguir así una finalidad constitucionalmente legítima, ser adecuada, necesaria y útil para el
fin que se propone. Para lograr tal propósito, el test de proporcionalidad (Alexy, 1991) que se
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realice en el caso concreto mediante un control abstracto de la norma (amparo contra leyes) deberá verificar estas tres fases o pasos. Este ejercicio hermenéutico será realizado en la siguiente
sección, con el fin de verificar la legitimidad constitucional de las normas objeto de debate.
Legitimidad de la medida impuesta a los Notarios como sujetos obligados indirectos de difundir la información pública de oficio establecida en el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información
El test de proporcionalidad propuesto en el caso concreto consiste en primer lugar, en determinar si los artículos 46, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el 9, bis de la Ley del Notariado de esa
misma entidad, persiguen una finalidad constitucionalmente legítima. En este sentido, dicha
finalidad puede ser medida objetivamente a partir de lo dispuesto por el artículo 2, fracción XII,
de la Ley de Acceso a la Información (vigente al momento de la presentación de la demanda), la
cual dispone que la información pública es toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de confidencial, misma definición que es similar a
la dispuesta por la Ley Federal de Acceso a la Información, vigente al momento de la demanda
o a la actual Ley General de Acceso a la Información.
Por ello, mediante un ejercicio de subsunción de lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de
esa misma Ley, se concluye que la información que tiene el carácter de reservada , cuando así
se dicta por una autoridad por razones de interés público por las razones que se exponen enseguida:
-- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona;
-- Pueda comprometer la materia de seguridad pública del Estado y sus Municipios;
-- Dañe la estabilidad económica y financiera del Estado;
-- Ponga en riesgo la implementación, administración y seguridad de los sistemas de datos
personales;
-- Aquella cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a: las actividades de prevención o persecución de los delitos; administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones
aplicables; recaudación de las contribuciones; y la que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar
documentada; y
-- Cuando se trate de información de estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar
un daño al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización.
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-- Expedientes de averiguaciones previas, siempre y cuando no se haya determinado el
ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la misma, tiempo en el cual serán disponibles en versión pública en términos de las disposiciones aplicables;
-- Acuerdos y procedimientos de mediación, negociación, arbitraje y conciliación hasta en
tanto no se tome un acuerdo firme;
-- Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio en tanto la sentencia no haya causado ejecutoria, posteriormente serán accesibles
en su versión pública en términos de las disposiciones aplicables; y
-- Expedientes de las denuncias y procedimientos de juicio político y de declaración de
procedencia en materia de responsabilidad penal.
Ahora bien, el carácter de información reservada queda dispuesta por los diversos numerales
67, 68 y 69 de la Ley de Acceso a la Información, donde se dispone que tiene dicha naturaleza
cuando se trate de la vida privada y los datos personales, la cual merece un tratamiento especial
de parte de aquellos servidores públicos que la reciban, gestionen, administren o resguarden,
dichos supuestos son los siguientes:
-- Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión,
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley;
-- La protegida por los secretos comercial, industrial, bancario, fiscal, fiduciario, médico y
profesional; y
-- La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad
intelectual.
Idoneidad de la obligación de difundir la organización interna de la función de la institución
notarial
En consideración de lo anterior, resulta pertinente analizar el catálogo de obligaciones que derivan de las normas objeto de impugnación, con el fin de verificar en la primera fase del test de
proporcionalidad si éstas persiguen una finalidad constitucionalmente legítima en el marco de
una sociedad democrática. Para lograr tal propósito, se ha propuesto por cuestión de método,
sistematizar las obligaciones de la siguiente manera. Se analizarán en primer lugar aquellas
obligaciones que derivan de la organización interna de la función de la institución notarial, estas
son:
1. Difundir su nombre, domicilio, teléfono oficial y número de fiat notarial.
2. Publicar los servicios que ofrece y su costo.
3. Divulgar la plantilla de personal y tipo de seguridad social que se le ofrece.
4. Divulgar la relación de cursos o programas de actualización o capacitación que se realiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cen y los que se ofrezca al personal.
La función pública que desempeña un notario en su calidad de particular con autorización
del estado es fundamentalmente de fe pública, la cual es entendida como “la facultad con la que
están investidos determinados agentes para certificar que los hechos que les constan son verdaderos y auténticos” (Real Academia Española, 2016, p. 830), mientras que la fe pública notarial
es “aquella que se otorga a través de la figura del notario y cuyos efectos jurídicos se traducen
tanto en presunciones de veracidad e integridad como en juicios de legalidad, capacidad, y legitimación, que permiten operar en el tráfico jurídico respecto de cualquier operador” (Ídem).
La función de fe pública deriva directamente del mandato constitucional 121, el cual establece que “en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros”. Este concepto proviene originalmente de
la Constitución Federal de 1824, cuando el Poder Constituyente originario tradujo la expresión
“public acts” del sistema norteamericano refiriéndose a estos como a todas aquellas “manifestaciones de voluntad que conciernen a toda la comunidad y tienen a producir efectos jurídicos”.
Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1857, el Constituyente siguió la
este mismo hilo conductor de la fe pública, y destacó su relevancia al grado que en 1870 fue
presentado por los Estados de Hidalgo, Guanajuato y Aguascalientes, una propuesta de Ley
Reglamentaria a este artículo que establecía que los documentos expedidos por las autoridades
políticas, judiciales, municipales y militares, así como los registros y actos públicos de los
notarios y escribanos, serían comprobados por sus respectivos gobernadores y, en su ausencia,
por los presidentes de los tribunales superiores, además era necesario realizar una legalización,
por medio de un timbre cuya forma reglamentaría el Ejecutivo de la República. (Del Pilar y
Morales, 2015, p.22)
Derivado de lo anterior, es dable afirmar que la fe pública es una consecuencia directa de la
obligación del Estado de preservar el orden y la seguridad jurídica, tan es así que ha sido preocupación desde el Constituyente originario de 1824. Por lo que el sistema de fe pública está
envuelto en un contexto complejo de relaciones jurídicas que la mayor parte de los ciudadanos
no puede presenciar, pero los actos necesitan verdad, es decir, ser creídos para ser aceptados,
por lo que la función pública que lleva a cabo el notario debe ser transparente para abonar a la
certeza y seguridad jurídica para con las personas que, si bien no presencian los actos, estos
tengan confianza en la institución del notario mediante la propia apertura de la información que
es de orden público.
Este último punto es quizá el punto medular del debate, el hecho que el acto no haya sido
presenciado por la sociedad en general no significa que en automático convierta la información
en reservada o confidencial, toda vez que el Estado tiene la obligación de supervisar esa función
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pública, por lo que en el marco de su ámbito competencial, en el caso concreto el Estado de
Coahuila de Zaragoza, toda vez que no existe un marco referencial establecido a través de una
Ley General por el Congreso de la República, cuenta con la facultad en ejercicio de las facultades residuales con base en el artículo 124 y en respeto al principio de reserva de ley, que se
elaboró el paquete de reformas que ahora son objeto de debate.
En este contexto, que la sociedad coahuilense conozca como información pública de oficio el
nombre, domicilio, teléfono oficial y número de fiat notarial, sus servicios así como su costo del
cada notario que tiene a su cargo el ejercicio de la función pública en su Entidad, y la relación
de cursos o programas de actualización o capacitación que se realicen y los que se ofrezca al
personal (identificadas arriba como obligaciones 1, 2 y 4) es constitucionalmente legítimo, en
razón de la fe pública que le es encomendada por el Estado, toda vez que la misma guarda una
especial importancia debido a los valores y principios constitucionales de seguridad y certeza
jurídica que derivan del bien constitucional, que es la fe pública que autoriza el Estado a los
notarios, que si bien son particulares, el Estado autoriza como profesionales del derecho y son
los ciudadanos acuden a los mismos para solicitar un servicio de fe pública, donde su el derecho
fundamental patrimonial, la identidad, representación, entre otros, pudieran resultar visiblemente afectados en caso de un indebido actuar, por lo que la información previa que se pueda
disponer del catálogo en la Entidad de notarios sobre esta obligación específica es fundamental
para decidir con qué profesional acudir.
Respecto de la obligación concreta de: “divulgar la plantilla de personal y tipo de seguridad
social que se le ofrece”, es importante advertir que en este caso la finalidad que persigue la
fracción referida es constitucionalmente legítima, toda vez que la misma no colisiona con la
información considerada como confidencial, toda vez que no afecta a los particulares, entendidos estos como los trabajadores que laboran en la notaria respectiva, ya que, si bien los datos
personales son definidos como “cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”, la obligación contenida en la norma reclamada no está en ninguno de los
supuestos prohibidos tanto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, como en la propia legislación local, e incluso de la Ley Federal de Acceso a la
Información (vigente al momento).
En este contexto, y bajo el entendido que el dato de carácter personal es aquella información
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas, el supuesto concreto aborda un tema de información alfabética, pero el supuesto
normativo prohibitivo nos e actualiza, toda vez que la persona identificada es aquella cuya
identidad está determinada, mientras que la persona identificable es aquella cuya identidad
pueda determinarse, ya sea directa o indirectamente mediante cualquier información referida a
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su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.
Dicho lo anterior, la exhibición del tipo de “seguridad social” que se ofrece a la plantilla
de la Notaria no recae en ninguna prohibición sobre datos personales, toda vez que no se está
tampoco afectando la esfera íntima del titular, toda vez que su utilización o conocimiento de
parte de la sociedad no puede dar lugar en ningún momento a discriminación, o que conlleve un
grave riesgo para estos. En concreto, la obligación de informar no incluye en ningún momento
la revelación de aspectos tales como el origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones
políticas, o preferencias sexuales.
Sentado lo anterior, siguiendo el test de proporcionalidad en su primera fase, la publicación
de la plantilla del personal y el tipo de seguridad social que se les ofrece, encuentra asidero
constitucional en el ejercicio de la institución de la función notarial, así como la existencia
de un marco constitucional que protege y equilibra también el ejercicio legítimo de los datos
personales, ya que no resulta vulnerado tanto en su contenido esencial como en su periferia los
mismos.
Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de la medida sobre el instrumento para difundir
la información
El carácter adicional de la información pública de oficio es la proactividad, es decir, que el sujeto obligado ponga a disposición de cualquier interesado en su página de internet la información.
En tal sentido, para analizar si el medio que exige la ley para cumplir con el derecho a la información es válido o constituye una carga desproporcional e irrazonable para los notarios en su
carácter de sujetos obligados indirectos, es necesario evaluar si existen medios alternativos para
cumplir con la ratio del cuerpo normativo aprobado por el legislador Coahuilense (subprincipio
de necesidad).
En la doctrina esta fase hermenéutica (Dworkin, 2009) del principio de proporcionalidad
(necesidad), implica que las medidas es decir, las medidas deben ser necesarias para asegurar
la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que
la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos (efecto útil de las
acciones afirmativas), sino que debe ser la necesaria para su realización, lo que significa que
el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos
restrictivos.
Dicho esto la cuestión a dilucidar es: ¿representa una carga desproporcional o irrazonable
para el notario la difusión en su página de internet de la obligación señalada en la norma? En la
exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Información la ratio que inspira dicho ordenaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020 Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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miento jurídico es una ida vanguardista, que toma en serio el derecho a la información y la protección de datos personales, pero sobre todo se encuentra basada en los principios de Gobierno
Abierto, bajo el entendido que las personas gozan como derecho fundamental solicitar, difundir,
investigar y recabar información pública.
3.- METODOLOGÍA
Como se mencionó en la introducción, esta investigación es de carácter cualitativa y el enfoque
es documental. De acuerdo con Pino Milona (1992), este enfoque resulta útil para concluir,
basado en evidencias documentadas, una interpretación y síntesis del texto a analizar. En este
caso, se analiza la sentencia y los fundamentos legales que son objeto de análisis.
4.-CONCLUSIONES
La Ley de Acceso a la Información en el Estado es la primera en el país que aborda desde esta
visión moderna este eje rector de gobierno abierto. Sentada esta premisa es importante manifestar que la cantidad de información que se pudiera generar con motivo de las obligaciones prescritas por el legislador local hacia el notario como sujeto obligado indirecto encuentran perfecta
armonía con la disponibilidad de recursos tecnológicos con los que pueda contar el mismo, pero
sobre todo, la proporcionalidad de la medida se basa en que la información que se difunda sólo
será en proporcional a su carga de trabajo.
Afirmar que la información que se exige obligatoriamente por ley desbordaría su capacidad
es infundado, toda vez que solamente se exige proporcionalmente lo que hace, no más, es decir,
mientras más carga de trabajo exista, mayor cantidad de información pública generará, pero
esto encuentra justificación en razón del interés que guarda la propia información pública, ya
que es importante para la sociedad el conocerla, tal y como ha quedado apuntado previamente.
Por tanto, el mejor medio para dar difusión en la actualidad a la información pública es,
sin duda alguna internet, ya que a través de esta plataforma digital se pueden dar a conocer de
manera inmediata la información pública, lo cual resulta razonablemente comprensible toda
vez que las distancias en el Estado de Coahuila entre cada municipio son considerablemente
amplias, por lo que el tiempo que le llevaría a un particular por ejemplo, revisar si existen actos
jurídicos que derivan de protocolizaciones de todos los notarios públicos en la Entidad sería demasiado tardado y ello sí representaría una carga injustificada y desproporcional hacia el titular
del derecho a la información que es la sociedad en su conjunto. Con el propósito de armonizar
ambos principios es plausible exigir esa medida al notario de poner a disposición del público la
información pública en su página de internet, toda vez que es la mejor garantía hoy en día para
garantizar el acceso efectivo a la información pública.
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Pareciera que el tema del derecho a la información es un tópico agotado en cuanto a sus
planteamientos epistémicos y axiomáticos, no obstante, los elementos de ponderación y el análisis semiótico de la justicia constitucional constituyen nuevas voces científicas a las cuales
los investigadores deberán de dar causes procedimentales, a efectos de establecer mecanismos
idóneos al nuevo constitucionalismo crítico contemporáneo que garantice el actuar de las instituciones del Estado en aras –como lo sostuviera Zagrebelsky– de reconceptualizar de forma
dúctil el cánon constitucional.
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�225
Los derechos procesales en grupos vulnerables desde la normativa nacional e
internacional1
Procedural rights in vulnerable groups from national and international regulations
Yahaira Berenice, Martínez-Pérez2
https://orcid.org/0000-0002-4047-7298
Brenda Judith, Sauceda-Villeda3
https://orcid.org/0000-0003-3614-7875
María Salomé, Moreno-Rodríguez4
https://orcid.org/0000-0001-8106-1910
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
https://doi.org/10.29105/pgc6.12-12
___________________________________________________________________________
RESUMEN

El presente trabajo es producto de una revisión documental que tuvo por objetivo analizar los derechos procesales
en los grupos vulnerables desde el marco nacional e internacional. El estudio enfoca un análisis de tipo reflexivo
y analítico jurídico. Se aplicó un método heurístico de categoría taxonómico en metodología cualitativa. Se ha
desarrollado en dos fases: la primera refiere el marco teórico-jurídico y la segunda busca señalar los derechos
procesales de los grupos vulnerables en los procesos judiciales. En el estudio reflexivo, se observó la existencia
de la vulnerabilidad primaria y secundaria. Se concluye la necesidad de generar un protocolo para la atención de
derechos procesales en los grupos vulnerables en protección de los derechos humanos.
Palabras clave: Derechos humanos, grupos vulnerables, vulnerabilidad
ABSTRACT
This work is the product of a documentary review that aimed to analyze procedural rights in vulnerable groups
from the national and international framework. The study focuses on a reflective and analytical legal analysis. A
taxonomic category heuristic method was applied in qualitative methodology. It has been developed in two phases:
the first refers to the theoretical-legal framework and the second seeks to point out the procedural rights of vulnerable groups in judicial processes. In the reflective study, the existence of primary and secondary vulnerability was
observed. The need to generate a protocol for the attention of procedural rights in vulnerable groups in protection
of human rights is concluded.
Keywords: Human rights, vulnerable groups, vulnerability.
Recibido: 04 de Diciembre 2019 - Aceptado: 07 de Abril 2020 - Corregido: 10 de Mayo 2020
Cómo referenciar este artículo:
Martínez-Pérez, Y., Sauceda-Villeda, B. &amp; Moreno-Rodríguez, M. (2020). Los derechos procesales en grupos
vulnerables desde la normativa nacional e internacional. Politica Globalidad y Ciudadanía, 225-245.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/155

1 Este artículo es derivado del proyecto de investigación “La ausencia de unicidad de criterios normativos y jurisprudenciales reguladores
del debido proceso del adulto mayor en el juicio administrativo a nivel federal”, cuenta con financiamiento de CONACYT y la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
2 Doctora en Métodos Alternos y Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesor titular de la Facultad de
Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: yahaira.martinezpr@uanl.edu.mx
3 Doctora en Métodos Alternos y Solución de Conflictos por Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesor titular de la Facultad de Derecho
y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email:judith_sauceda@hotmail.com
4 Doctorante en Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Profesor catedra de la Facultad de Derecho y Criminología de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: salome.morenordz@uanl.edu.mx
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1.- INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se presenta un análisis de los derechos procesales en grupos vulnerables
en la normativa nacional e internacional. En virtud del cual se realiza una metodología cualitativa
a través de la heurística. En este sentido, se observa la necesidad de describir los derechos
procesales y los grupos vulnerables en el esquema de garantía constitucional y universal. Por
consiguiente, los primeros antecedentes del Derecho se remiten a la época de los romanos, se
determina el jus como el conjunto de normas establecida por el Estado imperativas para los
ciudadanos.
El derecho procesal es la ciencia del derecho que integra diversos estudios en el sistema
jurídico, en los tribunales de justicia y en las normas de procedimiento para efectos de garantizar
los derechos de las personas ante los órganos jurisdiccionales (Colombo Campbell, 2002). En
este orden de ideas, el derecho procesal se entiende como la disciplina que estudia de manera
sistemática la organización jurisdiccional del Estado y la impartición de justicia.
Así mismo, se plantea una preocupación en los derechos procesales de aquellos grupos que
por alguna circunstancia son etiquetados por la comunidad como débiles, poniéndolos en un
nivel de desventaja en un estado de inferioridad y exclusión social, es decir, vulnerables a la
segregación lato sensu (Peláez Grisales, 2015).
Ahora bien, en miras de fortalecer la dignidad de las personas, en el año 2011 la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en adelante CPENM, estableció una reforma al
artículo 1º. en materia de los Derechos Humanos (H. Congreso de la Unión), lo cual ha generado
altas expectativas en los procesos judiciales en garantía a los derechos humanos. En el marco
internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son reconocidos como
los principales instrumentos de carácter universal donde se sustentan los derechos esenciales
de las personas.
Si bien las normas jurídicas aplicables de contexto nacional y universal establecen garantías
sobre los derechos de los grupos vulnerables, cabe advertir que datos estadísticos expedidos por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018), determinan la existencia de continuas
violaciones a los derechos humanos afectando en su mayoría a las poblaciones vulnerables en
cuanto se carece de un mecanismo incorporado en la norma jurídica de atención a los derechos
procesales de los grupos vulnerables. En este sentido, cabe reflexionar ¿Cuáles son los derechos
procesales en los grupos vulnerables desde la normativa nacional e Internacional?
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�Martínez-Pérez, Y., Sauceda-Villeda, B. &amp; Moreno-Rodríguez, M.

227
Por lo anteriormente descrito, hemos considerado la importancia de identificar los derechos
procesales de los vulnerables, para efectos de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Ahora bien, es necesario distinguir quienes son los grupos vulnerables, dado el contexto de
discriminación lato sensu que acoge a esta población en los procedimientos judiciales. También
es importante señalar el marco jurídico nacional e internacional, en este corpus iuris se sustentan
los derechos fundamentales que garantizan el principio de igualdad y con ello el acceso a la
justicia.
En este artículo, se pretende analizar los derechos procesales en los grupos vulnerables
desde el contexto legal, se busca conocer la clasificación jurídica y doctrinal que enmarca a
la población vulnerable, y así mismo, establecer el esquema normativo de orden nacional e
internacional.
Empero, se ha observado que el estudio de análisis normativo sería más enriquecedor con la
recolección de datos a través de trabajo de campo con operadores de justicia de relación directa
en la población vulnerables, a través del cual se busca promover mecanismos más eficaces en
la exigencia de los derechos fundamentales.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Contexto legal de los grupos vulnerables.
En el desarrollo de este tema, primero se debe entender el concepto de vulnerabilidad. De
primera instancia partiremos del concepto vulnerable, deriva del latín vulnerabilis denota la
palabra vulnus que significa herida y abilis que expresa posibilidad, es decir, el adjetivo de
situación de riesgo, daño o peligro, sensible e indefenso (Ruiz Rivera, 2011). Cabe referir la
vulnerabilidad humana y la vulnerabilidad típica, en ésta última se clasifican la vulnerabilidad
social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad atípica o jurídica (Uribe Arzate &amp; González
Chávez, 2007).
En primera instancia cabe establecer que la vulnerabilidad se da en el contexto o circunstancia
de mayor indefensión de una situación que presenta una persona, un grupo o una comunidad
ya sea por factores sociales, culturales, económicos y físicos (Pérez Contreras, 2005). Algunos
autores (Beltráo, y otros, 2014) (Uribe Arzate &amp; González Chávez, 2007) refieren a los grupos
vulnerables a los migrantes, las comunidades en situación de pobreza, comunidades indígenas y
comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénico, travesti o intersexual (LGBTTT).
De manera general la vulnerabilidad se encuentra vinculada a la discriminación y la desigualdad.
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228
Bajo este concepto las personas vulnerables se caracterizan por ser incapaces y frágiles, de
ahí se considera a los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, personas adultas y comunidades
indígenas o pueblos indígenas, éstos últimos denominados por el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (2018), quienes tienen una cosmovisión nativa propia conforme a
sus culturas ancestrales, describe que tienen la protección del derecho como “grupos sujeto
de derecho colectivo”. Ahora bien, es necesario considerar que atendiendo los momentos o
circunstancias de un determinado evento cualquier persona puede constituirse como vulnerable.
Siguiendo este orden de ideas, la vulnerabilidad se entiende en la situación social que
resulta de un evento característico en una persona o grupo (Ruiz Rivera, 2011). De tal manera
los enfoques teóricos metodológicos reconocen la presencia de dos elementos esenciales: el
primero refiere la intensidad de peligro y el segundo la relación con la situación en la cual se
encuentra (Cutter, 1996). Por tal motivo es necesario determinar quienes integran los grupos en
situación de vulnerabilidad ya que la doctrina discrepa en las connotaciones establecidas en los
contextos legales.
Bajo este concepto, algunos autores reconocen la vulnerabilidad primaria establecida para
alguna limitación física en la condición humana y la vulnerabilidad secundaria referente a la
situación de riesgo que deriva de la condición social y económica (Uribe Arzate &amp; González
Chávez, 2007).
En el marco legal, la reforma del 2011 al artículo 1º. Constitucional ha sido un parteaguas
en la vida jurídica, cuya finalidad lata sensu es combatir la violencia, la discriminación y desigualdad en la población mexicana fortaleciendo el compromiso en la evolución social y los
derechos humanos. El mencionado artículo sustenta en el párrafo quinto lo siguiente:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
La Carta Magna es muy amplia en este precepto, interpretar la Ley es de manera sui géneris (García Máynez, 2009), en cuanto debemos interpretar toda expresión que establezca un
sentido, tales como la expresión, la significación, la conceptualización así como el objeto que
persigue. En el referido precepto entendemos como grupos vulnerables a todos aquellos que por
sus condiciones religiosas, económicas, sociales y culturales son vulnerados en sus derechos
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humanos.
Por lo tanto, el común denominador en los sujetos en situación de vulnerabilidad es la
“desigualdad” de hecho y de derecho que trastoca el acceso a la justicia en nuestra sociedad,
porque no se establece la procedencia en la aplicación desde la Constitución garante de la
igualdad a los grupos vulnerables.
En este contexto, cabe realizar un estudio profundizado a la integración de los Derechos
Humanos de jure para robustecer la temática de estudio es necesario plantear los derechos
fundamentales como garantías procesales (Ghys, 2019), materiales o sustantivas, en miras de
garantizar la seguridad procesal de los vulnerables.
Contexto Internacional
Podemos mencionar que los principales Tratados Internacionales en materia de derechos humanos
son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones
Unidas, 1998) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Dentro del estatuto que establecen las Naciones Unidas en el tema de estudio del presente
trabajo cabe mencionar los siguientes: Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), Convención sobre la eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la mujer (1979), Convención sobre los Derechos
del Niño (1989), Declaración sobre los Derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992), Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer (1993), Convención Belem Do Pará (1995), Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1998), Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Pueblos indígenas (2006), Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad
(2008), Convención Interamericana para la protección de los Derechos Humanos de las personas
mayores (2015).
En consonancia, el artículo 3 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de
San Salvador” se sustenta la obligación que tiene el Estado de salvaguardar la no discriminación
y garantizar el ejercicio de derechos de las personas. Siguiendo este orden de ideas, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) reconoce a los derechos como iguales e
inalienables, e inherentes a toda la familia humana (Naciones Unidas, s.f.).
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Ahora bien, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer establecida en 1979, así como la Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer (Naciones Unidas, 1993), se reconoce como único instrumento internacional
vinculante y reafirma el principio a la no discriminación, de tal manera que advierte que la
comisión de discriminación de cualquier acto contra la mujer pone en evidencia la violación de
los principios de igualdad y respeto a los derechos y de respeto a la dignidad humana (MirandaMedina, y otros, 2019).
Sin dejar de mencionar que en el año de 1995 el Organismo Internacional (Naciones Unidas),
estableció la Convención Belem do Pará con el objetivo de erradicar la violencia de género,
empero, para el Estado Mexicano ha representado un gran desafío ante este fenómeno cultural
y persistente. Según datos del Instituto Nacional de Geografía se señala que el 6.1 % de las
mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión (INEGI, 2016) (INEGI, EneroAbril 2017). Así mismo, de jure los informes de los Estados ponen en evidencia la inexistencia
de la igualdad.
En las últimas décadas se ha pronunciado la falta de mecanismos y de prevención, así como
la carencia en la planeación de programas e infraestructura en los tres ámbitos de gobierno
local, estatal y federal (Martínez Pérez &amp; Sauceda Villeda, 2018) (Miranda-Medina, 2019).
Siguiendo en este orden de ideas, la Declaración sobre los Derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas reconoce como derechos
fundamentales la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (Naciones Unidas,
1992).
De manera colateral la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos indígenas
reafirma los Derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional hacia los pueblos
indígenas; el artículo 7.1 recalca lo siguiente: “Las personas indígenas tienen derecho a la
vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona” (Naciones Unidas,
2007).
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el Estado Mexicano
(Naciones Unidas, 1989), es reconocida universalmente como el primer tratado Internacional
de obligatoriedad que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes,
conceptualizando la descripción de niño refiriendo que es todo menor de 18 años. La
consideración primordial se contempla en el artículo tercero al manifestar el interés superior de
la niñez, de tal forma, permite afirmar una supraprotección dejando al Estado la obligación de
garantizar el respeto a los derechos igualitarios en un marco de seguridad jurídica.
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Para Miguel Cillero en el estudio del interés superior del menor se deben considerar diversos
aspectos antes de tomar cualquier decisión respecto a ellos en una función garantista se deben
adoptar aquellas que protejan sus derechos, entre las cuales el referido autor menciona la
colaboración en la interpretación de la norma jurídica y la importancia de la creación de políticas
públicas que incentiven los derechos de los niños (Cillero Bruñol, 1998).
Por su parte, la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad establecida
por las Naciones Unidas en el 2008, deja de manifiesto la obligación que adquiere el Estado de
velar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad en ella se establecen
diversos aspectos iuris et de iure, entre los cuales se encuentran la no discriminación, la
igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la inclusión
a la sociedad y el respeto (Naciones Unidas, 2008). Algunos autores (Lechuga Cardozo, 2018),
suman la seguridad pública y atención médica.
En este contexto, en promoción de los Derechos fundamentales de las personas mayores
las Naciones Unidas establece para los Estados partes la Convención Interamericana para la
protección de los Derechos Humanos de las personas mayores (1978) (2015), donde se observan
diversos aspectos a seguir con este grupo vulnerable como la igualdad, no discriminación, la
autorrealización, seguridad física económica y social con la finalidad de erradicar cualquier acto
de discriminación así como contribuir en la total inclusión, participación e integración en las
comunidades. Cabe advertir que el Estado Mexicano no ha ratificado dicho documento, dejando
en evidencia su preocupación el pasado mes de junio del 2018 en el marco de actividades del
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.
Esta Convención establece diversos conceptos entre los cuales destacan el abandono,
discriminación múltiple, discriminación por edad en la vejez, maltrato, negligencia y persona
mayor, contempla también el derecho a una vida libre de violencia. De tal forma denota la
necesidad de enmarcarlos en normas adjetivas que integran los grupos sociales para contribuir
en la certeza jurídica.
Empero, el Estado Mexicano ha contribuido en la creación de normas jurídicas de jurisdicción
local (H. Congreso de la Unión , 2002), se evidencia la necesidad de instrumentalizar una Ley
adjetiva de ejercicio garante a los derechos fundamentales de las personas débiles y grupos
vulnerables en contribución de los deberes substantivum lege.

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Marco jurídico Nacional.
A partir de la reforma Constitucional del 10 de junio del 2011 se observa un nuevo paradigma
de justicia al sustentar los derechos humanos en la Norma Suprema de la Nación y con ello la
creación de nuevas leyes de ámbito local y Nacional que protegen los derechos fundamentales
de los vulnerables. Bajo este contexto, cabe mencionar la Ley de los derechos de las personas
adultas mayores (2002), Ley de Seguridad Nacional (2005), Ley General de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia (2007), Ley General para la inclusión de las personas con
discapacidad (2011), Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (2014), el
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (2014), Ley General
de Víctimas (2017), Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (2018), entre algunas
por mencionar.
Con el objeto de velar por la protección de los derechos humanos y el respeto a las garantías
individuales, se expide la Ley de Seguridad Nacional (H. Congreso de la Unión, 2005). Y
en atención a los Protocolos Internacionales establecidos por la Organización de la Naciones
Unidas donde el Estado Mexicano forma parte, objetos de estudio en el apartado anterior, se
expiden la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (H. Congreso de
la Unión, 2007), donde se establecen los principios y modalidades para garantizar el desarrollo
a una vida libre de violencia.
Ahora bien, en protección de los menores de 18 años la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (H. Congreso de la Unión, 2014), contempla los principios del interés superior del menor, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, igualdad sustantiva, principio pro persona, autonomía progresiva, la no discriminación, la inclusión,
además de garantizar la protección y respeto a los derechos humanos. La normativa jurídica en
el artículo 4 describe la discriminación múltiple en los menores de la siguiente manera:
Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran
niñas, niños y adolescentes que, al ser discriminados por tener simultáneamente diversas
condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos…
Ahora bien, la discriminación múltiple también es conocida como discriminación interseccional (Martínez Fernando, 2008), de tal forma se entiende como aquella que sufre una persona
con varios motivos discriminatorios. Sin embargo, algunos autores (Schieck &amp; Lawson, 2011),
establecen diferencia entre los conceptos “discriminación múltiple”, “doble discriminación”,
“triple discriminación”, “discriminación compuesta”, “discriminación interseccional”. Cabe
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mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Convención de los
Derechos de las personas con discapacidad, establece que las mujeres y niñas con discapacidad
son más vulnerables al estar sujetas a “múltiples formas de discriminación”.
Cabe advertir que, en el Estado Mexicano, no se encuentra contemplada de manera expresa
por la Carta Magna la discriminación múltiple, sin embargo, se interpreta dentro artículo 1º.
Constitucional. En este sentido, es necesario realizar un análisis profundo de cada uno de los
conceptos y contribuir en el fortalecimiento de la creación de nuevas normas jurídicas.
Ahora bien, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contempla como grupos
vulnerables a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas en situación de pobreza, personas
con discapacidad comunidades indígenas y comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti o intersexual (LGBTTT) (Lara Espinosa, 2015). Ante este contexto, la
Ley General de Víctimas numeral 5 párrafo décimo reconoce la necesidad de dar una atención
especializada a los grupos vulnerables y lo establece de la siguiente manera (H. Congreso de la
Unión, 2017):
Enfoque diferencial y especializado. - Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de
su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros,
en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que
responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
De las reflexiones descritas en este apartado podemos entender que la situación vulnerable
tiene relación con la situación de desventaja, y que incluso podemos encontrar una doble
vulnerabilidad cuando en un grupo colectivo integra a su vez a una persona en situación de
desventaja. Nuevamente se evidencia la necesidad de establecer un instrumento jurídico de
carácter descriptivo y coadyuvar en el corpus iuris de los vulnerables, en función de atender a
los grupos débiles y proteger sus derechos humanos.
Los derechos procesales en los grupos vulnerables.
Los Derechos fundamentales se encuentran fundamentados en los Tratados Internacionales, así como en la Constitución Mexicana, donde se determina la protección de igualdad en
distintos sectores minoritarios de las comunidades, para tal efecto el principio de igualdad
se entiende en dos vertientes, la primera incurre a la igualdad procesal de jure y la siguiente
refiere a la no discriminación.
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Ahora bien, la terminología observa grandes desafíos ya que, aunque se considera la
existencia de suficientes mecanismos jurídicos de especial protección para los grupos débiles y
vulnerables imperan actos de discriminación en la vida diaria (Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 2018). Se deja en evidencia que no se encuentran protegidas en sus derechos. Dentro
de este contexto, se debe establecer el concepto de Derechos Humanos. Al respecto, el Instituto
Interamericano de los Derechos Humanos (IIDH), establece la siguiente concepción:
Exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el hecho de serlo y
que tienen que ser satisfechas porque se refieren a unas necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos. Son unos
derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna. Son universales,
prioritarios e innegociables.
Los derechos humanos protegen circunstancias, sentidos, momentos que se consideran
fundamentales para las personas. Para algunos autores, las principales características es que
los derechos fundamentales son absolutos, universales e inalienables (Álvarez Gálvez, 2014).
Es importante remarcar que los derechos humanos de observancia en los procesos jurídicos
que atiende grupos vulnerables requieren una vía procesal tuitiva urgente. Así los reconoce el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos: “A los Estados les corresponde garantizar
todos los derechos de sus habitantes por medio de un sistema de garantías judiciales conocido
como justicia constitucional”. Siguiendo este orden de ideas, el Estado Mexicano establece el
control de Convencionalidad y el control de Constitucionalidad en función de salvaguardar el
régimen jurídico que acontece los derechos fundamentales de los grupos débiles y personas en
vulnerabilidad.
Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que los derechos
humanos son universales, inalienables, irrenunciables, intransferibles, imprescriptibles, e
indivisibles. Así mismo, el multicitado artículo 1º. de la Constitución asume la obligación
de respetar los derechos a través de los principios de Universalidad, Interdependencia,
Indivisibilidad y Progresividad que a continuación se describen.
Principio de Universalidad.
Este principio sustenta la aplicación de los derechos humanos urbi et orbi a todas las personas
por igual sin ninguna distinción ni discriminación, así lo establece el párrafo quinto del artículo 1º. Constitucional:
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
Se traduce a que todas las personas sin importar su edad, raza, preferencia sexual o nacionalidad
son titulares de los derechos fundamentales, no obstante, la experiencia empírica establece que
para lograr la igualdad deben considerarse las situaciones que atañen a las personas. Desde este
punto de vista, González Amuchastegui (2004), considera dos vertientes, integra la primera
como paradigma moral de validez universal y la segunda reconoce la condición de sujeto
universal.
Principio de Interdependencia e Indivisibilidad.
El principio de interdependencia también es conocido como indivisibilidad, es decir que el goce
de un derecho vincula a los demás derechos fundamentales, civiles, económicos, sociales y
culturales, sin jerarquía entre ellos. De tal manera, ninguno de los derechos es más importantes
que otros, tampoco debe considerarse como elementos aislados, contrario sensu deben
considerase como un conjunto parte esencial de un todo (Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 2018).
Siguiendo este orden de ideas, el principio de indivisibilidad manifiesta que ningún derecho
puede prescindirse de ningún otro derecho, esto es, no pueden ser jerarquizados o divididos,
así en las poblaciones vulnerables se consolidan el respeto a las garantías, la protección de los
derechos fundamentales y la exigibilidad de ellos al Estado para su aplicación.
Principio de Progresividad.
El principio de progresividad solicita que la actuación del Estado proceda en el cumplimiento
de los derechos de una manera expedita y eficaz, con la finalidad de satisfacer los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Deben cumplirse de manera gradual, con
las herramientas posibles, necesarias y oportunas, de manera constante y continua en miras de
evitar obstaculizar el proceso de las personas vulnerables.
Cabe mencionar que es responsabilidad de toda la ciudadanía contribuir en el desarrollo de un
proceso judicial en protección a los derechos humanos.
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Teorías constitucionales de los derechos fundamentales.
El autor García Máynez, refiere el Derecho como el conjunto de normas jurídicas coercitivas de
carácter atributivo que en determinado país o época se declaran obligatorios (García Máynez,
2009). Recalcamos el ius poenale y ius piniendi característico en el Derecho positivo.
Por su parte, el Derecho Constitucional “se refiere a la Constitución su valor y eficacia”;
entonces, el Constituyente se encarga de estructurar la mejor ingeniería que se puede establecer
para su organización procesal y generar por parte del Estado las normas especiales. Por ello
compete al Constituyente establecer en forma correcta las beses generales para que no ocurra
el desorden, confusión, caos o desgobierno, en la parte que corresponda a crear un aparto de
justica completo (Prieto Sanchís, 2018).
Por lo que efectivamente, la inclusión de un Derecho Constitucional significa no sólo la
creación normativa realizada por la Ley o Norma Superior creada por el legislador, sino que es
necesario que tome como base valores morales.
Así, el Derecho procesal nace de las exigencias sociales, entendido éste como un conjunto
de reglas que establecen los requisitos y los efectos de aquél, y esa regulación se da por el lado
de la forma, o derecho formal, siendo tales normas sub especie de la norma jurídica, constando
así tal derecho de normas y mandatos concretos, autónomos o complementarios, el cual debiera
llamarse derecho instrumental (Carnelutti, 2007), determina que a juicio del legislador serán
imperativas.
De tal manera, las exigencias sociales y mundiales establecen nuevas formas de resolver los
conflictos sociales, donde específicamente en temas de sujetos débiles y vulnerables se somete
al escrutinio del impulso social por grupos que exigen igualdad ante la ley para obtener esa
justicia en libertad de obstáculos procesales, porque no sólo se trata de un derecho general,
sino de un derecho “instrumental” en el que se establezcan mecanismos que coadyuven en las
circunstancias específicas de los sujetos procesales.
En México el debido proceso y los derechos humanos como se ha reconocido internacionalmente se fusionan a través de las garantías individuales, de esta manera, la igualdad, la libertad, la audiencia, la defensa, el juicio justo, y la protección de los derechos se elevan al rango
derechos fundamentales. Refiere el carácter universal la protección a tales derechos, con una
aplicación vinculante internacionalmente a que se adopte la protección más amplia en pro de
las personas bajo el criterio pro homine que se establece en el referido artículo 1º. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
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A fin de completar un marco idóneo de derecho de los sujetos débiles y vulnerables en el
ámbito procesal en el Estado Mexicano, se considera necesario el conocimiento y aplicación en
la ingería estructural de las normas procesales, nos referimos a la Teoría Iusnaturalista, la Teoría
del Bloque Constitucional o de derecho humanos del autor Héctor Fix Zamudio, del derecho
natural y su moral que no se puede desligar en su teoría Iusnaturalista o de Derechos Humanos
del autor Norberto Bobbio, la Teoría del Garantismo de Luigi Ferrajoli, involucrada con la
Tutela Judicial. Con ello se busca hacer efectivo los derechos procesales ante la desigualdad en
el valor que la población vulnerable exige.
La teoría Iusnaturalista.
En primer orden cabe mencionar que “la teoría iusnaturalista” del autor Norberto Bobbio,
afirma literalmente “la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo”, (Bobbio,
2015), siendo sostenida ésta superioridad que distinguen tres formas típicas de iusnaturalismo; el
escolástico, el racionalista moderno y el Hobbesiano; siendo de aplicación desde la interpretación
para el legislador, desde el derecho natural que dictamina respecto del racionalismo moderno
como dictamina rectae razón.
La teoría de Hobbes o criterio Hobbesiano que aduce el derecho natural queda reducido a
una única norma, por ende el derecho natural es el fundamento o sostén de todo el orden jurídico
positivo; que se refiere a que entonces el derecho natural debe obedecer a principios éticos, que
debe tomar el legislador como “sujeto humano”, el cual debe emitir sus reglas procesales que
se positiven como derecho; éste último según la conocida exposición de Santo Tomás, procede
de lo que es natural por conclusionem o determinationem” (Bobbio, 2015).
En este contexto, retomamos la teoría de Bobbio en presente artículo dado que es de interés
al presente estudio, ya que se pondera el derecho natural, razón previa al establecimiento de
normas y tutela de cierta forma los derechos y valores naturales, acertando de una manera clara
ante el derecho igualitario y humano, aunque parezca que supera la norma positiva, dando así
un juicio real de valor acorde a las condiciones humanas de las personas.
Por ello, la Teoría iusnaturalista robustece el tema de estudio al considerar procesos
humanitarios y otorgar juicios valorativos en la escala de valores hacia la población vulnerable
(Vigo, 2016).

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La teoría del Bloque Constitucional.
La teoría del Bloque Constitucional referida por los autores Héctor Fix Zamudio y Salvador
Valencia Carmona, en su libro “Las Reformas en Derechos Humanos, Procesos Colectivos y
Amparo como nuevo paradigma constitucional” conocida así en el Derecho Supra Nacional,
como “cláusula de interpretación de los derechos humanos”, se asume una teoría ad hoc a los
derecho humanos, en virtud de garantizar los derechos procesales de los grupos vulnerables
en virtud de que los criterios de interpretación son a la luz del Derecho comparado o supra
nacionales (Fix-Zamudio &amp; Valencia Carmona, 2013).
Siguiendo este orden de ideas, el Bloque de Constitucionalidad detalla la aplicación
obligatoria de aplicar las normas, principios o reglas, Tratados de Derechos Humanos, y otros
Tratados Internacionales, los cuales no se encuentran consagrados en la Constitución Política,
mismos que deben que ser tomados en consideración al aplicarse en algún proceso o la tutela
judicial o jurisdiccional, con el objetivo de que sea efectiva.
De tal manera, se busca fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores,
niños, niñas y adolescentes, mujeres y pueblos indígenas desde otros distintos ámbitos sociales,
mediante programas políticos y sociales que fomenten su desarrollo pleno, la igualdad, la no
discriminación, la independencia, así como la independencia.
El reconocimiento de la existencia de un bloque de constitucionalidad implica identificar
todas las normas integrando principios, reglas y valores que materialmente son constitucionales.
La teoría Garantista.
La Teoría del Garantismo del autor Luigi Ferrajoli, en su libro Principia Iuris, Teoría del Derecho, en cuyas páginas aborda el tema del “garantismo” sustenta la protección que realizan
las normas secundarias a la luz de la protección de los derechos humanos. Refiere la garantía
primaria señalando la obligación de prestación y obligación del derecho a la acción abstracta
en el derecho de petición y la obligación en su caso de prohibición de algún acto, para referirse también a la garantía secundaria como la anulación o condena dispuestas en la garantía de
anulabilidad (Ferrajoli, 2011).
Ahora bien, se consideran garantías primarias aquellos mecanismos de salvaguarda que establece el Estado a través de los órganos competentes en protección de la vida, la libertad y los derechos. Se reconoce como garantías secundarias aquellas que protegen los derechos (Ferrajoli,
2011), es decir, la exigencia de parte del Estado a constituir garantías en protección los intereses
y necesidades de los sujetos débiles. Bajo este contexto, cabe referir la obligación del Estado en
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la creación de normas instrumentales que tutelen los derechos fundamentales mediante el establecimiento jurídico de las garantías primarias y secundarias a favor de los grupos vulnerables.
La teoría de tutela judicial efectiva.
El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho que tienen las partes de participar
en el proceso a través de los órganos jurisdiccionales (Marinoni, 2007) (Salinas Garza , 2016),
de ahí la obligación del Estado en materialización efectiva de los derechos fundamentales.
De tal forma, es importante que se tutelen efectivamente los derechos, ante la herramienta de
los medios de defensa, del debido proceso y de la sentencia razonada, ello es que las partes
débiles o vulnerables puedan defender en forma igualitarias sus derechos, dando con ello inclusión de un modelo procesal publicista otorgando a los juzgadores un papel más activo, y el juez
asuma la tutela ante el proceso adjetivo (Salinas Garza , 2016).
Dicha Teoría compagina con la mencionada teoría del garantismo de Ferrajoli, donde el Estado
debe tutelar los derechos e intereses sociales y asumir en el Derecho procesal la necesidad de
incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Grupos Débiles y
Vulnerables y posteriormente asentarlos en las leyes instrumentales.
3.- MÉTODO
Diseño
El proyecto de estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &amp; Baptista Lucio, 2014), de análisis de discurso a través de la heurística (Cárcamo Vásquez, 2005), en la que se interpretan las tres categorías: a) derechos procesales, b) los
grupos vulnerables y, c) las normativas nacionales e Internacionales, a través de la reflexión a
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Instrumentos
En la elaboración del sustento teórico y legal que integra los derechos procesales, los grupos
vulnerables y las normativas nacionales e internacionales, se consultaron diversos textos bibliográficos, se incluyen los tratados Internacionales que fundamentan los derechos esenciales
de los sujetos vulnerables. También se analizaron Leyes y Protocolos de índole nacional y
universal, así como el Seminario Judicial de la Federación del estado mexicano. Se utiliza un
análisis crítico valorativo de carácter argumentativo, cuya finalidad es indagar la norma jurídica
(Álvarez Undurraga, 2014),
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Procedimiento
En la determinación del problema de investigación parte desde un análisis de tipo reflexivo y
analítico jurídico. Se sustenta a través de la creación de un marco teórico y legal conformado
por Tratados Internacionales vinculantes al Estado Mexicano. Bajo este contexto, se realiza una
análisis de discurso en el estudio de textos legales en cuanto existen discrepancias en el significado de las normas jurídicas nos encontramos en la tarea de descubrir la intención del legislador
(García Máynez, 2009), característica esencial de los secuaces de la exégesis. Posteriormente se
analizan los resultados y las conclusiones.
4.- RESULTADOS
De primer contexto, respecto a los derechos procesales se encontró que la función jurisdiccional se encuentra regulada en la Constitución, sin embargo, se entiende dentro de un esquema
subjetivo, ya que impone la necesidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para la exigencia
de los derechos. Atendiendo el marco jurídico internacional, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos establece el respeto a los derechos fundamentales a través de los principios
de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad, en este sentido, los derechos humanos se utilizan para dirimir cualquier tema que involucra la protección a la dignidad
humana, esto es a los grupos débiles y personas vulnerables.
En cuanto a los grupos vulnerables encontramos que la norma nacional carece de una
definición clara y precisa de esta población, ya que el artículo 1º. Constitucional únicamente
refiere el concepto de “igualdad” vinculándose al término de “discriminación”; delimitando
a “origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil”.
Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos asume una diversidad de
derechos individuales entre ellos refiere el derecho de igualdad entre hombre y mujeres y el derecho de igualdad ante la Ley. Sin embargo, partiendo de las cualidades especiales de los sujetos
que participan en los procesos judiciales se debe igualar al corpus iuris por sus condiciones
específicas, estableciendo en contexto de sujetos procesales con igualdad de armas, apoyados
en una sistemática jurídica ad hoc a las condiciones de los sujetos de estudio.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, reconoce la obligación de los
Estados de no discriminar, pero no conceptúa definición de vulnerable o grupos vulnerables.
Así mismo, se encontró que existen discrepancias en los diversos conceptos de discriminación,
tales como “discriminación múltiple”, “doble discriminación”, “triple discriminación”, “disRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No. 12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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criminación compuesta”, “discriminación interseccional”. Por lo tanto, no se debe delimitar
únicamente la noción de discriminación, entonces le corresponde al Estado establecer las condiciones necesarias en el goce y disfrute de una vida digna y plena en los derechos humanos.
5.- CONCLUSIONES
En cuanto a los derechos procesales el precepto constitucional referido en el artículo 1º. requiere
fortalecer la descripción legal, ya que no reconoce de manera formal una relación de derechos
fundamentales en las minorías lato sensu lo deja a la interpretación, entendiendo la integración
en grupos minoritarios tales como grupos étnicos, religiosos, culturales, los inmigrantes,
refugiados, tribus y pueblos indígenas.
En la cúspide de los derechos procesales establecidos por las Naciones Unidas se distingue
el common law en los grupos vulnerables. Sin embargo, es importante delimitar las nociones
de vulnerabilidad directa y vulnerabilidad indirecta para efectos de fortalecer el marco
Constitucional, en virtud de homologar la definición de sujetos vulnerables y grupos vulnerables.
En nuestro vértice más inminente se reconoció como valores de los derechos fundamentales
la dignidad, libertad e igualdad. Se observó la existencia de un proceso en el cual a todos los
sujetos de derecho en las Leyes adjetivas se conceden la misma normativa jurídica de defensa
en el debido proceso, ya que “el núcleo duro” lleva implícito ciertas garantías que aplican a
cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y son las que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento. Empero, es
necesario continuar con la creación de nuevas técnicas procesales para efectos de coadyuvar
con el derecho procesal en los grupos vulnerables.
Se concluye que existe la necesidad de generar un protocolo para la atención de derechos
procesales en los grupos vulnerables en protección de los derechos humanos. Así mismo, se
propone generar nuevos estudios de jurisdicción constitucional a favor de los sujetos débiles y
en vulnerabilidad.
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Politica Editorial
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• Somos una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento
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Association (APA) sexta edición.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de Ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés Committe on Publication Ethics), se
edita semestralmente enero-junio, julio-diciembre y circula desde el año 20015, bajo el
patrocinio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en formato electrónico en Open
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artículos postulados y determinarán si estos se encuentran dentro del alcance de la revista. En esta fase se hace una revisión de la calidad editorial y la contribución al conocimiento del artículo postulado. Se revisa su estructura (forma y contenido), verificando
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notificará al autor la decisión editorial, si por el contrario el articulo supera la etapa de
revisión previa pasa inmediatamente a revisión por pares.
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• Esta evaluación se realiza bajo la modalidad del método doble ciego, es decir, el artículo
será enviado en completo anonimato. En esta etapa se designan dos revisores expertos
en la temática, para que, con base en las políticas editoriales, y teniendo en cuenta un
formato de evaluación analicen el articulo asignado. Los revisores tendrán un periodo de
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emiten su concepto se le comunica al autor principal. Si el articulo no fue aceptado por
los pares se le comunica de manera sutil al autor principal. Si el artículo fue aceptado
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Reseñas: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema particular.

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• Para su operación, la revista cuenta con un comité editorial y un comité científico conformado por investigadores nacionales e internacionales. El papel de estos comités es
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Comité Editorial.
• Es el órgano compuesto por docente-investigadores reconocidos en el área de ciencias
políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional en México y amplia
trayectoria investigativa. Su función en primera instancia consiste en asesorar al editor-jefe y coeditor en la gestión editorial de la revista, además de evaluar el desempeño
de ésta y formular recomendaciones para mejorarla.
Sus funciones están enfocadas a:
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• Velar por el cumplimiento de todos los procesos editoriales para garantizar el rigor y el
valor científico de los artículos publicados
• Asesorar en la planificación estratégica de la revista
• Apoyar en la asignación de árbitros
• Verificar y aprobar los números publicados en las ediciones de la revista
• Aprobar las líneas temáticas
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• Proponer temáticas de números especiales
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cuanto a la actualización de los lineamientos y políticas editoriales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las publicaciones. Son funciones de este comité:
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• Asesorar al comité editorial en el establecimiento de los criterios de calidad
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Debe tomar medidas correctivas en caso de plagio u otra mala conducta.
Debe informar a los autores si el artículo será admitido a proceso de evaluación por
pares.
Podrá retirar artículos publicados en caso de una mala práctica comprobada.

Autores
• Los autores deben tener un compromiso con el desarrollo ético y responsable de sus
investigaciones.
• Sus trabajos de investigaciones deben ser producción propia, inédita y original. No deben tener plagio ni auto plagio.
• Deben proporcionar de forma correcta sus datos personales
• Los artículos deben ser coherentes con el contenido del trabajo, es decir, el problema de
investigación identificado debe corresponder con los objetivos del artículo, la metodología, los resultados y las conclusiones.
• Deberán enviar de forma transparente y original toda la documentación requerida por el
equipo editorial
• Deben proporcionar el uso de permisos si se utilizó recursos de otros autores (imágenes,
etc.).
• Deben confirmar que la propuesta del manuscrito no ha sido enviada a otra revista.
• Se comprometen a declarar cualquier posible conflicto de interés.

Revisores
• Los revisores deben adoptar una posición integral al momento de evaluar los artículos, la
revisión debe ser objetiva en relación con el contenido del trabajo.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6. No.12, Julio - Diciembre 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 1-263. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/15

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Las decisiones de los revisores deben estar fundamentadas en el rigor y la calidad científica.
Sus comentarios deben estar argumentados mostrando siempre respeto por el trabajo del
autor.
Deberán informar al editor en caso de detectar similitud entre el trabajo que revisa y alguna obra publicada, o si tiene conocimiento de una obra similar en proceso de revisión.
Los revisores no tendrán acceso a los datos de los autores del artículo que evalúan y
tampoco podrán exigir información acerca de ellos.
Deberán enviar las evaluaciones en el tiempo estipulado por la revista.

Privacidad y Confidencialidad.
• La identificación de información de organizaciones y empresas no deberá ser publicada
en el artículo sin previo consentimiento de manera escrita para la publicación.
• El editor no expondrá la información de los artículos, el estatus de revisión por árbitros
y la aceptación o negación de la publicación.
• Los árbitros deberán respetar los derechos de propiedad privada de los autores, por ende,
no podrán en ningún caso discutir su trabajo de manera pública o apropiarse de las ideas
de los autores. Prohibiéndose compartir información con otro árbitro.
• La evaluación del árbitro permanecerá en anónimo y no deberán ser expuestos en forma
pública sin permiso del autor y el editor.
Política Anti-Plagio.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía se rige por la normativa de la Organización
mundial de propiedad intelectual, la cual rige para México a través de la Ley Federal
del Derecho de Autor. Por esta razón todos los artículos presentados a la revista serán
sometidos a verificación con software anti-plagio.
Política de preservación de archivos digitales.
• La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía utiliza para la conservación de sus archivos
digitales el sistema LOCKSS para crear una herramienta de archivo distribuido entre
bibliotecas colaboradoras, a las que permite crear archivos permanentes de la revista con
fines de conservación y restauración.
Publicación duplicada.
• La publicación del artículo que coincide en su contenido y estructura con otro trabajo
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previamente publicado en medio magnético o en papel, sin otorgarle crédito a la fuente
inicial, constituye una violación ética de las normas de publicación de la Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía. Bajo las siguientes situaciones:
Reproducción completa de un artículo previamente publicado, unión de dos artículos o
más para producir otro artículo, utilización de la muestra de un artículo original reportando diferentes resultados, adición de nuevos datos a un artículo preliminar, utilización de
parte de las muestras de un estudio con los mismos resultados y muestras y resultados
diferentes del artículo original.

Solicitud de aclaración.
• Si un autor considera que se ha tomado una decisión inapropiada sobre su publicación,
entonces puede solicitar una aclaración mediante una comunicación formal enviada al
Editor a través de correo electrónico revista.politicas@uanl.mx.
• Dependiendo de la complejidad de la situación, esta podrá ser resuelta directamente por
el Editor en su defecto el Comité Editorial quienes analizaran la situación planteada a fin
de dar una respuesta oportuna.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Campus Mederos Ave. Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, C.P. 64930. Monterrey, México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
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Publishing Policy
Mission.
• We are a quality scientific journal which seeks the socialization of knowledge of the
Political Science and International Relations academic community through reflection
and critical debate of its published articles, contributing to the construction of knowledge that will help the academic and organizational development, locally, nationally and
internationally.
Vision.
• To be, by 2024, a reference journal for the academic world due to its periodicity, scientific quality, reference in impact databases, accepted in bibliographic bases with a scientific selection committee (BBCS).
Object and Scope of the Journal.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is a scientific journal on Political Science and
International Relations (Social Sciences) that promotes the exchange, dissemination and
transfer of knowledge in the field, with emphasis on the area of Politics; for this purpose,
it is based on the political reality of Latin America and the rest of world. It relies on the
quality of scientific production considering systematics and rigor; it uses the Double
Blind Review methodology in its peer review process; it publishes original articles, results of research projects and literature reviews under the guidelines of the publishing
standards of the American Psychological Association (APA), sixth edition.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics; it is edited semi-annually, January-June and July-December,
and it is distributed since 2015 under the support of the Universidad Autonoma de Nuevo
León , in electronic format in Open Access. It spreads its work in Spanish and English
and it is addressed to the scientific community in Politics, mainly to researchers and
teachers who deal with the field of Political Science and international Relations.

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Líneas Temáticas.
Research Groups
Scopus Subject Area
• Public administration
• Political Science
• International Trade and Business
• Political Science and Interna• Political Communication
tional Relations
• International Regional Studies
• Sociology and Political Science
• Educational Management and Politics
• Energy Management and Sustainability
• University Governance
• Citizen Participation and Human
Rights
Editorial Management Process.
• Application and Reception of an Article: This stage begins with the submission of the
article by the author through the Open Journal Systems (OJS) platform. The author must
send the article in Word format, along with his curriculum vitae. Once the article is applied, the reception of the article and the acknowledgment of receipt are automatically
made.
Prior Editorial Review:
• Editors will evaluate the applied articles and determine if they are within the scope of the
journal in a maximum of 72 hours from receipt. In this phase, a review of the editorial
quality and the contribution to the knowledge of the applied article is made. Its structure
(form and content) is reviewed, verifying that the publishing standard of the American Psychological Association (APA) is complied with. If the applied article does not
comply with the established editorial criteria, the author will be notified of the editorial
decision; if, on the contrary, the article exceeds the prior review stage, it is immediately
reviewed by peers.
Peer Review:
• This evaluation is done under the modality of double-blind method, that is, the article
will be sent in complete anonymity. In this stage, two reviewers’ experts in the subject,
based on the editorial policies, and taking into account an evaluation format, analyze
the assigned article. The reviewers will have a period of fifteen (15) days to carry out
their corresponding review. Once the evaluators issue their concept, the main author is
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informed. If the article is not accepted by the peers, the main author is communicated
subtly. If the article is accepted with some suggestions, the anonymous evaluation is sent
to the author to make the corresponding adjustments.
Editorial Review (after pairs): The editor will verify thoroughly that the authors have
made the corrections suggested by the peer.
Style Review: Once the editor has verified that the corrections have been made, the article will be sent to style correction. In this stage, the proofreader will be responsible for
checking aspects of writing composition and text style.
Translation: After the style correction, the article is sent to an expert in the second language in order to translate the abstract and the keywords.
Layout (Edition): This stage seeks to guarantee the aesthetic appearance of the article
adapting spaces, typography and colors.
Final Editor Review: The publisher grants final approval.
Publication: The articles are in the final stage of the process and they are ready to be
published.

Type of Accepted Articles.
The authors can apply three types of articles to Revista Política, Globalidad y Ciudadanía:
Original containing results of scientific and technological research projects, literature reviews
and reviews.
• Scientific and Technological Research Articles: Documents that include thorough original results of completed research projects. The structure contains title, summary, abstract, introduction, method, results, discussion, conclusions and references. It must submit 30 references preferably quoting other articles from scientific journals, which must
be mentioned within the document. A scientific article is a written and published report
that describes original research results.
• Review Articles: Resulting documents from research that analyze, systematize and integrate the findings of published or unpublished research on a field in science and technology in order to justify for progress and developmental trends. It features a careful
literature review of at least 50 references.
• Reviews: Resulting document from the critical review of literature on a particular topic.
Fnctions of the Publishing and Scientific Committee.
• For its operation, the journal has a publishing committee and a scientific one made up of
national and international researchers. The role of these committees is to draw the policy
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and strategy of the journal in order to achieve a significant position in the scientific community of Political Science and to ensure the quality of the work it publishes.
Publishing Committee.
• It is the body made up of renowned teachers-researchers in the area of Political Science
and International Relations, with institutional affiliation in Mexico and extensive research experience. Its function in the first instance consists of advising the editor-in-chief
and co-editor in the editorial management of the journal, as well as evaluating its performance and formulating recommendations to improve it. Its functions are focused on:
•
Suggesting databases for indexing the journal
•
Designing the editorial policy working with the editor-in-chief
•
Ensuring compliance with all editorial processes to guarantee the scientific rig		
or and value of published articles
•
Advising on the strategic planning of the journal
•
Supporting the allocation of arbitrators
•
Verifying and approving the issues published in the editions of the journal
•
Approving the main topics
•
Making calls for the submission of articles
•
Promoting the journal in events, conferences and diffusion spaces
•
Proposing topics for special issues
•
Suggesting databases for indexing the journal.
Scientific Committee.
• It is the group of renowned researchers in the field of Political Science and International
Relations , with foreign institutional affiliation that has the function of guaranteeing the
credibility of the journal. In addition, it is in charge of permanently evaluating the scientific quality of the published content and advising the editorial committee regarding
the updating of guidelines and editorial policies in order to contribute to the continuous
improvement of publications. The functions of this committee are:
•
To participate along with the publishing committee in the formulation of edito		
rial policy,
•
To advise the editorial committee in the establishment of quality criteria,
•
To invite renowned members of international institutions to publish their arti
		
cles in the journal, and
•
To promote journal in events, conferences and dissemination spaces.
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Open Access Policy.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía provides immediate open access to its content, on the principle that research freely available supports a greater global exchange
of knowledge. The journal is authorized under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 - Mexico License, which allows third parties to download the works and share them with others, provided their authorship is acknowledged,
but they cannot be changed, nor can they be used commercially. It is clear that authors
do not assume any cost for the editorial process of their articles or their publication. All
editorial costs are assumed by the Universidad Autonoma de Nuevo Leon as a publishing
institution.
Copyright.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía copyright belongs to the Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad
Autonoma de Nuevo Leon.
For reproduction of the material published in this journal, authorization must be requested
to the Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad Autonoma de Nuevo Leon.
Address: Universidad Autonoma de Nuevo Leon, School of Political Science and International Relations, Praga &amp; Trieste, Col. Residencial las Torres, Monterrey, Nuevo León,
Mexico. CP 64930. http://www.facpoliticas.uanl.mx/.
E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@
uanl.mx
Once an article has been accepted for publication, the author (s) transfers the copyright to
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía.
Frequency of Publication.
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is published semi-annually, January to June
and July to December.
Declaration of Conflict of Interest
• The authors will not evidence conflicts arising from any type of commercial or other
institutional association, in relation to what it is disclosed in the article. That is, giving
negative concepts or judging in a very positive way what it is published due to personal
interests, academic competences, or intellectual passion.
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Authors who submitt research articles, review articles, and reviews to Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, must guarantee that their procedures and methodologies conform to the ethical publishing codes whose guarantee will be included in the format acceptance or commitment of assignment of patrimonial rights of author and declaration of
conflict of interest, which will be requested jointly with the sending of the article for its
preliminary revision, making the authors fully responsible for unethical, discriminatory,
offensive, aggressive practices, among others; in those that may have incurred within the
research from which the article derives.
In the same way, the author is obliged to report any conflict of interest that his work may
have, if this is the case. The person who sends the manuscript for publication will be
identified as the guarantor of the work as a whole and communication will be established
with him/her during the editing process.

Research Ethics Standards:
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics (COPE), which is responsible for the ethics and moral of
scientific publications. The journal considers the international standards for editors and
authors as reference and it incorporates them into its editorial management process, establishing an ethical guide for the editor, the authors and the reviewers.
Publishing Team
• The editorial team must perform its editorial functions based on good scientific publishing practices, promoting transparency, originality, integrity and quality of all publications.
• It must adopt measures for the detection of plagiarism, self-plagiarism, fraud by falsification or data manipulation of data, redundant or duplicate publication.
Editor
• The editor is fully responsible for what it is published in the journal; he/she should base
his/her decisions on the validity of the work and the importance it has for readers; therefore, he/she is free to express his/her opinions, derived from the review of the articles,
critically but responsibly and respectfully.
• Decisions to accept or reject an article for publication must be objective and based only
on the importance, originality and clarity of the object of study.
• He/she must maintain a cordial and respectful communication with the members of the
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editorial team, scientific and editorial committees, authors and reviewers.
He/she must encourage responsible behavior and discourage bad editorial practices.
He/she must act as guarantor of the confidentiality of the information contained in the
manuscripts received and in the evaluation comments.
He/she must provide updated information on the authorship criteria following the international ethical standards of publication.
He/she must take corrective action in case of plagiarism or other misconduct.
He/she must inform the authors if the article will be admitted to the peer evaluation process.
He/she can remove out published articles in case of a proven practice.

Authors
• Authors must be commited to the ethical and responsible development of their research.
• Their research work must be produced by themselves, unpublished and original. They
should not be plagarised self-plagarised.
• They must provide their personal information correctly.
• The articles must be coherent with the content of the work, that is, the identified research
problem must correspond to the objectives, the methodology, the results and the conclusions of the article.
• They must send in a transparent and original way all the documentation required by the
publishing team
• They must provide permits if resources of other authors’ resources were used (images,
etc.).
• They must confirm that the proposal of the manuscript has not been sent to another journal.
• They agree on declaring any possible conflict of interest.
Reiewers:
• The reviewers must adopt an integral position when evaluating the articles; the review
must be objective considering the content of the work.
• The reviewers’ decisions must be based on accuracy and scientific quality.
• Their comments should always be stated respectfully regarding the author’s work.
• They should inform the editor if they detect similarity between the work they are reviewing and any other published article, or if they are aware of a similar work under review.
• The reviewers will not have access to the author’s personal information, nor will they be
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•

able to ask for information about him/her.
They must send the evaluations in time and according to the journal’s requirements.

Privacy and confidentiality:
• Information about organizations and companies should not be published in the article
without prior written consent for the publication.
• The editor will not expose the articles’ information, the status of review by arbitrators
and the publication’s acceptance or refusal.
• The arbitrators must respect the authors’ private property rights; therefore, they cannot,
in any case, discuss their work publicly or appropriate their ideas. It is forbidden to share
information with another arbitrator.
• The arbitrator’s evaluation will remain anonymous and should not be publicly exposed
without the author’s and editor’s permission.
Privacy and confidentiality:
• Anti-Plagiarism Policy
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is governed by the rules of the Intellectual
Property World Organization, which governs Mexico through the Federal Law of Copyright. For this reason, all articles submitted to the journal will be subject to verified using
anti-plagiarism software.
Privacy and confidentiality:
• Policy for the Preservation of Digital Files
• Revista Política, Globalidad y Ciudadanía uses the LOCKSS system for preserving its
digital files to create a tool of distributed file among collaborating libraries, which allows
them to create permanent files of the journal for conservation and restoration purposes.
Duplicate Publication:
• The article’s publication that coincides in content and structure with another previously published work in magnetic media or on paper, without granting credit to the initial
source, constitutes an ethical violation to the publication standards Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Under the following situations:
• Complete reproduction of a previously published article, joining two or more articles to
produce another one, use of the sample of an original article reporting different results, as
of new data to a preliminary article, use of part of the samples of a study with the same
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results and different samples and results of the original article.
Clarification Request:
• If an author considers that an inappropriate decision has been made about his/her article,
he/she can submit a clarification request by means of a formal communication sent to the
Editor through email revista.politicas@uanl.mx
• Depending on how complex of the situation might be, this can be resolved directly by
the Editor or the Editorial Committee who will analyze the situation in order to give a
timely response.
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                  <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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      <name>Text</name>
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                <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>Garza Montemayor, Daniel, de la, Editor Responsable</text>
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                <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.</text>
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        <name>Alianza del Pacífico</name>
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        <name>Derecho a la información</name>
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        <name>Derecho procesal</name>
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        <name>Educación superior</name>
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        <name>Estado de excepcion por coronavirus</name>
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        <name>Geopolitica</name>
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        <name>Sectores vulnerables</name>
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        <name>Vigilancia tecnológica</name>
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REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
RELACIONES INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
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Revista Política, globalidad y ciudadanía se encuentra bajo una licencia Creative Commons
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a la literatura científica y es signataria de la Declaración DORA an Francisco, Declaration on
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El editor y los autores son responsables de los artículos aquí publicados.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o los
autores
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-265,
ISSN 2395-8448

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RECTOR
M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera

SECRETARIO GENERAL
Dr. Santos Guzmán López

SECRETARIO ACADÉMICO
Dra. Emilia Edith Vasquez Farías

SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y CULTURA
Dr. Celso José Garza Acuña

SECRETERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
Dr. Juan Alcocer González

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Dr. Antonio Ramos Revillas

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COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL
Manuel Vidaurri Arechiga José Antonio Peña-Ramos
Universidad de la Salle - México Universidad de Granada - España
Carlos Pilia Manuel Torres
Universidad de Cagliari - Italia Universidad Internacional de Andalucía España
Úrsula Freundt-Thurne Roberto Dominguez
Universidad Peruana de Ciencias Aplica- Suffolk University - USA
das - Perú
Francisco Ganga Contreras Jorge Schiavon Uriegas
Universidad de los Lagos - Chile Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) - México
Felipe Aliaga Saez Rafael Velázquez Flores
Universidad Santo Tomás - Colombia Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) - México
Victor S. Peña Benjamin Temkín Yedwab
Colegio de Sonora - México Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
- México

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COMITÉ CONSULTIVO
Dr. Francisco Gorjón Gómez Mtra. Patricia Sepúlveda
Presidente Vicepresidente
Dr. Osvaldo Leyva Cordero Teodoro Berdugo
Secretario Universidad de Cuenca
Adriano Moura Carles Ramírez
Universidad Estacio OMT
Raul Carnavalli Amaro la Rosa
Universidad de Talca Universidad César Vallejo
Robert Mckenna Lidia Aguilar Balderas Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
David Shirk Violeta Isabel Montero Barriga
Universidad de San Diego Universidad de Concepción
Nicolás Gissi Barbieri Edgar Alán Arroyo Cisneros
Universidad de Chile Universidad Juárez del Estado de Durango
Fátima Recuero López José Salvador Zepeda López
Universidad Pablo de Olavide Universidad Autónoma de Nayarit
Sergio Díaz Rendón Lola Herrero
Universidad Autónoma de Coahuila OMT

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EQUIPO EDITORIAL
Director
Dr. Abraham Hernández Paz
Factultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones
Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía
Editores
Dr. Daniel Javier de la Garza Montemayor / Editor Jefe
Dr. Oswaldo Leyva Cordero
Dr. Carlos Miranda Medina
MSc. Jorge Lechuga Cardozo

Asistentes Editoriales:
Lic. Cristian Rivas Castillo
Lic. Mónica Talavera

Aministradora Open Journal Sistem
Ing. Gabriela Baltodano García

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En el marco de:
Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR). Avalada
por la Universidad Santo Tomás de Colombia

Red Internacional de Estudios Migratorios, U-NÓMADES de la Universidad de Chile.

Los derechos de copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Se autoriza la
reproducción siempre y cuando se utilice las citas y referencias de cada autor.
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segundo piso, Oficina No. 1
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�Presentación
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral
en los campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la
promoción del desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con
responsabilidad ética, compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y latinoamericana. La revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, revista
científica de esta institución, se articula a todas las instancias de este proyecto.
Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en
el sistema Open Access, desde enero de 2015. Busca convertirse en un medio insoslayable para
la publicación de artículos científicos, inéditos, y producto de una investigación en español e
inglés, de autores nacionales e internacionales los cuales ceden todos los derechos de publicación al editor, sometiéndose los artículos a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble
ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del desarrollo científico, el aprendizaje y el
desarrollo desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
de la Autónoma de Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio
para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y
social, en el entorno local, nacional e internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación
superior, funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento.
A través de esta revista científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el
desarrollo de la ciencia política, incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo
de colaboradores está comprometido con el fortalecimiento de los criterios de calidad científica,
editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.

Revista Política, Ciudadanía y Globalidad

�Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote
integral education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it
fosters cultural and ideological development of society. This institution is in charge of forming
responsible and ethical leaders who must have historical commitment and who must have the
purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific journal of this institution, links directly to
all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in
Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of
publishing scientific articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English,
by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process, Double Blind Review, before they are selected to
be published in order to achieve the goal of promoting scientific development and learning in
Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of the School of Political
Science and International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection
and critical debate in order to construct knowledge that will end up enriching academic,
organizational and social development in local, national and international contexts. Política,
Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers, students, public officials, businessmen,
trade associations and the entire knowledge society. Intellectual production and research done
for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor crew is committed
to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the new
Redalyc Model guidelines.

Revista Política, Ciudadanía y Globalidad

�10
Tabla de Contenido

Editorial -----------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Monográfico Migraciones internacionales: Procesos de incorporación en Iberoamérica
Monographic International Migrations: Incorporation processes in Ibero-America
Felipe Aliaga Sáez, Universidad de Santo Tomás, Colombia
Nicolás Gissi Barbieri, Universidad de Chile, Chile
Beatriz Padilla, Universidad de South Florida, EUA
Estado y migración: El reflejo de las políticas en la movilidad externa de cubano ----------------26
State and migration: the reflection of the policies in the external mobility of Cubans
Yulianela Pérez-García, Universidad de las Artes, Ecuador
Trazos y trazas de la migración haitiana post-terremoto

------------------------------------------50

Traces and scars of the post-earthquake Haitian migration
Wooldy Edson Louidor, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Políticas públicas de integración de inmigrantes. Éxitos y fracasos en Venezuela -----------------73
Public policies of integration of immigrants. Successes and failures in Venezuela
Jenny Liliet Moreno Flórez, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela
Políticas de inserción laboral de los migrantes colombianos retornados entre 2012 y 2018 -------96
Labor insertion policies of returning Colombian migrants between 2012 and 2018
Donna Catalina Cabrera-Serrano, Universitat Rovira i Virgili, España
Stéphanie López-Villamil, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Os desafios da nova política migratória brasileira diante do fluxo migratório haitiano ----------124
The Challenges of Brazilian Migration Policy in the Face of Haitian Migration Flow
Leonardo Cavalcanti, Universidade de Brasília, Brazil
Lorena Pereda, Universidade de Brasília, Brazil
Marília de Macêdo, Universidade de Brasília, Brazil
Tânia Tonhati, Universidade Católica de Brasília, Brazil
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 1-265. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/14

�11
Migración haitiana en Santiago de Chile: Expulsiones, imaginarios e inserción social en un Estadonación neoliberal ----------------------------------------------------------------------------------------------146
Haitian migration in Santiago, Chile: expulsions, imaginary and social insertion in a neoliberal nationstate
Juan Carlos Rodríguez-Torrent, Universidad de Valparaíso, Chile
Nicolás Gissi Barbieri, Universidad de Chile, Chile
Tres décadas después… Evolución de las políticas de incorporación de inmigrantes en Portugal:
una nueva lectura
-----------------------------------------------------------------------------------------171
Three decades later… Evolution of immigrant incorporation policies in Portugal: a new reading
Beatriz Padilla, University of South Florida, Estados Unidos
Thais França, ISCTE-IUL, CIES-IUL, Portugal
Análisis de algunos vectores sobre las migraciones internacionales en España: Las políticas de
integración e integración educativa a debate ------------------------------------------------------------203
Analysis of some vectors on international migration in Spain: Educational integration and integration
policies under debate
Antonia Olmos Alcaraz, Universidad de Granada, España
Aproximación teórica a la integración de los inmigrantes en tres niveles: Comprensión, adaptación
e inclusión -------------------------------------------------------------------------------------------------------224
Theoretical approach to the integration of immigrants at three levels: Understanding, adaptation and
inclusion
Felipe Aliaga Sáez, Universidad Santo Tomás, Colombia
Politica Editorial

----------------------------------------------------------------------------------------------246

Publishing Policy

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 1-265. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/14

�12
Editorial
Monográfico Migraciones internacionales: Procesos de incorporación en Iberoamérica1

https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-1

Felipe, Aliaga Sáez2
Universidad de Santo Tomás, Colombia
https://orcid.org/0000-0003-4635-1132
Nicolás, Gissi Barbieri3
Universidad de Chile, Chile
https://orcid.org/0000-0001-5059-7691
Beatriz, Padilla4
Universidad de South Florida, EUA
https://orcid.org/0000-0002-2359-3369

Como referenciar la editorial:
Aliaga, F., Gissi, N. &amp; Padilla, B. (2020). Monográfico Migraciones internacionales: Procesos
de incorporación en Iberoamérica. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 12-18.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/141
___________________________________________________________________________
En Desde la última década del siglo XX y hasta el presente, se ha constatado un incremento
considerable en los flujos migratorios globales e intrarregionales (OIM 2015; PNUD 2009). En
el mundo habría más de 270 millones de migrantes internacionales (Naciones Unidas, 2019),
aumentando su relevancia política, económica y cultural. No sólo han crecido las corrientes
migratorias en cuanto a su tamaño y diversidad, sino que se han convertido en el centro de los
debates sobre políticas públicas, derechos humanos e inclusión social. Asimismo, la xenofobia,
el racismo y la discriminación han acompañado y ensombrecido estos procesos. América Latina
no ha estado exenta de estas tendencias y preocupaciones (vivienda, empleo, salud, educación,
entre otras), aumentando los desplazamientos dentro de la región de manera importante durante
los últimos años (Martínez y Orrego, 2016), siendo Argentina, Brasil, Colombia y Chile los
países que concentran actualmente el mayor flujo inmigratorio a nivel regional. Por otro lado,

1
Escrito derivado de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR), avalada por la Universidad
Santo Tomás de Colombia y la Red Internacional de Estudios Migratorios, U-NÓMADES de la Universidad de Chile.
2
Doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela. Docente investigador a
tiempo completo en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, Colombia.
3
Doctor en Antropología por la Universidad Autónoma de México. Académico Departamento de Antropología, Universidad de
Chile.
4
Doctora en Sociología, Profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de South Florida, EUA e Investigadora del
ISCTE-IUL, Portugal.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/141

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desde la década de 1990, España juega un papel importante como país de llegada de latinoamericanos, lo mismo que Portugal para el caso de los brasileños (Padilla, 2009).
Esta nueva realidad socio-espacial, dinámica y compleja, plantea múltiples desafíos, lecturas
y valorizaciones en torno a la convivencia pluricultural y el desarrollo social en las ciudades receptoras, convocando el interés de las ciencias sociales en Iberoamérica, lo que se ha traducido
en un mayor número de proyectos de investigación, cursos de especialización, centros de estudios y colaboración nacional e internacional interregional y transatlántica que reflexionan sobre
las migraciones, la convivencia y la incorporación social. Estos cambios han llevado que antiguos países de emigración se conviertan en destinos migratorios (España y Portugal; México),
y a la inversa, que viejos destinos de inmigración (Venezuela) se hayan tornado expulsores de
inmigrantes (Gissi, Ghio y Silva, 2019), o que alberguen tanto emigración como inmigración,
realidad que se hizo patente en la Península Ibérica durante la última crisis mundial (Padilla y
Ortiz 2012) o en el nuevo contexto migratorio en América Latina (Perú, Colombia, Ecuador,
Brasil), en la actualidad muy marcada por el éxodo venezolano. Inclusivamente, se ha hecho
evidentes como los procesos políticos y electorales influencian cada vez más la inmigración
(França y Padilla, 2018), por ejemplo, en los últimos dos años, el crecimiento de la migración
brasileña hacia Portugal se agilizó, alcanzando un aumento de 43% del 2018 para 2019.
Los flujos migratorios Sur-Norte y Sur-Sur, y aun los Norte-Sur, se deben tanto a factores
externos como internos de los países, siendo relevantes los procesos de atracción y expulsión,
así como los de globalización (Padilla, 2009). Las últimas crisis económicas internacionales y
regímenes políticos neopopulistas (i.e.Venezuela) y neoconservadores (i.e. Colombia), tienen
como trasfondo los procesos globalizadores de las últimas cuatro décadas, en particular la reforma estructural neoliberal que consolidó el sistema-mundo y el capitalismo global en un contexto histórico poscolonial y de división internacional y sexual del trabajo (Wallerstein, 2007;
Canales, 2015). Estos fenómenos macro, productos de un modelo de desarrollo orientado a las
exportaciones, han generado un nuevo “metabolismo” social que desestabiliza el espacio y la
reproducción cultural, generando una “marea que levanta todos los botes” (Portes y Roberts,
2005, p. 25), debilitando los contratos sociales y mecanismos de protección, que ya eran frágiles en muchos países, y aumentando las asimetrías entre los países y regiones, y las desigualdades al interior de cada sociedad, tendiendo a crecer los riesgos, la exclusión social y la pobreza
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(Beck y Beck-Gernsheim, 2012), así como alentando la imaginación y deseo de los individuos
y sus familias (Appadurai, 2001).
Esta inestabilidad política y económica en Iberoamérica ha desembocado en una nueva actitud frente a los beneficios y riesgos de la movilidad (Douglas y Wildavsky, 1983), estableciéndose grandes movimientos hacia países de destino donde el Estado brinde mayor seguridad
(Solimano, 2008), ocasionándose también cambios en la legislación migratoria de los países
históricamente receptores a nivel mundial, como Estados Unidos, proclives a un mayor control
migratorio (Sassen 2015; Portes 2012), especialmente con las nuevas migraciones de refugiados y los mayores controles fronterizos implementados por el presidente Trump en EE.UU.
Por otro lado, los procesos y legislaciones migratorias de los países de la península Ibérica, han variado en los últimos 30 años, a veces tornándose más amigables y otras menos, en
relación a la evolución de los flujos migratorios, siendo el 2006 un año clave dada la implementación de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras
Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX), la cual centró sus esfuerzos en el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular, interceptando a los
migrantes especialmente procedentes de África, lo cual llevó a que se bautizara al continente
como la “Europa Fortaleza”.
Los casos de España y Portugal, países que históricamente han sido de emigración, pasan
a recibir población inmigrante a partir de los ‘90, pero con la crisis de 2008, experimentan
nuevamente procesos de emigración. En España en tiempos del Partido Popular en el poder, se
vino restringiendo la apertura migratoria, donde incluso la ultra-derecha ha ganado terreno, con
partidos anti-inmigración; cuestión que va configurando una base de significados negativos en
torno a las migraciones en la cual aparece el imaginario del inmigrante (Aliaga, 2008) como un
“chivo expiatorio” (Aliaga, 2014), cargando las culpas de los problemas de la sociedad.
Como consecuencia de ello, en términos de recepción migrantes, se han generado nuevos
ejes de producción de localidad y subjetividad, a través de nuevos objetos, formas políticas y
comportamientos sociales, que han provocado un cambio en las trayectorias y destinos migratorios, así como en los procesos de incorporación y exclusión social, cuestión que se ve reflejada
en el conjunto de Iberoamérica.
Al respecto, en este monográfico contamos con nueve capítulos que ilustran estas nuevas
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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realidades en el espacio Iberoamericano. En el texto de Yulianela Pérez García, “Estado y migración: el reflejo de las políticas en la movilidad externa de cubanos”, se da cuenta sobre cómo
la migración externa cubana se enfrenta a los retos de un gradual dinamismo, la diversificación
de sus corrientes, la complejización de sus motivaciones y la profundización de los vínculos
entre los migrantes y su país de origen, siendo la actividad normativa del Estado cubano fundamental en estas transformaciones, intentando controlar el potencial migratorio y neutralizar su
impacto socioeconómico, incidiendo, entre otros elementos, en la diversificación de las expresiones de la migración y modificado los flujos, una vez que se adecuan a las oportunidades que
les ofrece el marco político normativo nacional.
El capítulo de Wooldy Edson Louidor, “Trazos y trazas de la migración haitiana post-terremoto”, describe los trazos de los trayectos de migrantes haitianos a lo largo del continente americano tras el terremoto del 12 de enero de 2010, así como las trazas de los impactos desastrosos
de políticas migratorias hostiles de países de tránsito y destino sobre dichos migrantes, particularmente en las fronteras. A partir de la reconstrucción de las dos categorías, trazos y trazas,
retomadas de Édouard Glissant y Severo Sarduy respectivamente, y de la lectura hermenéutica
de un corpus de textos publicados de 2010 a 2019 sobre la migración haitiana post-terremoto,
el artículo evidencia la heterogeneidad de ésta desde una doble perspectiva, geográfica y político-jurídica.
El texto de Jenny Moreno, “Políticas públicas de integración de inmigrantes. Éxitos y fracasos en Venezuela”, realiza un esbozo de las políticas de atención al inmigrante en Venezuela
desde 1989 hasta la actualidad, a través del análisis documental de textos científicos y de artículos de prensa. En este trabajo se describe la política de los inmigrantes desde 1989 hasta el
2003; hace referencia al periodo del presidente Hugo Chávez que marca una diferenciación con
el resto de los periodos presidenciales; analiza las políticas sociales denominadas misiones que
nacen en el 2003 y que se mantienen hasta el día de hoy, donde se destaca la misión identidad,
destinada a dotar de documentación legal a los migrantes que llegan a Venezuela, realiza hace
una revisión detallada del marco legal y finalmente describe la situación actual.
El capítulo de Donna Catalina Cabrera Serrano y Stéphanie López Villamil, “Políticas de
inserción laboral de los migrantes colombianos retornados entre 2012 y 2018”, analiza la coordinación entre las políticas migratorias y las medidas en materia laboral para la población retorRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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nada en Colombia desde la aprobación de la Ley de Retorno de 2012. Considera el contexto de
la emigración y del retorno en Colombia, incluyendo la participación de la población retornada
en los puestos de trabajo de los países de acogida, así como las dinámicas recientes del mercado
de trabajo en el país entendiendo algunos factores estructurales como el desempleo y la informalidad y la necesidad de considerar estos aspectos en el diseño de propuesta de integración
socioeconómica para los retornados. Se enumeran las principales intervenciones propuestas en
temas de empleabilidad y emprendimiento y se realiza un análisis detallado de los informes de
gestión presentados por los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Trabajo para el período
de estudio para evidenciar la existencia de mecanismos de coordinación interinstitucional.
El capítulo de Leonardo Cavalcanti, Lorena Pereda, Marília de Macêdo y Tânia Tonhati
analiza las respuestas del Estado brasileño para el caso de la migración haitiana en Brasil. La
formulación de la Ley de Migración (13.445/2017) permite la entrada regulada de inmigrantes
haitianos en territorio nacional, sin embargo, a través del estudio cualitativo realizado en la
investigación Inmigración y crisis económica. Migración de retorno de Haití y tácticas de circularidad”, en Brasilia y Curitiba durante 2018-2019, se vio que las estructuras y mecanismos
de integración no se desarrollaron al mismo ritmo que las reglas de gestión del flujo, siendo un
desafío para los formuladores de política migratoria en Brasil.
Por su parte, el capítulo de Juan Carlos Rodríguez Torrent y Nicolás Gissi Barbieri, “Migración haitiana en Santiago de Chile: expulsiones, imaginarios e inserción social en un Estado-nación neoliberal”, sostiene que la migración haitiana cuestiona antropológicamente la idea
de los límites espaciales, temporales e identitarios chilenos, ofreciendo diversos planos desde
la perspectiva del migrante haitiano sobre la posibilidad de superar las barreras que enfrentan
en una sociedad neoliberal. En este texto, a través de trabajo de campo y entrevistas en profundidad, se analiza la migración haitiana en Chile, comprendiendo desde sus subjetividades las
vulnerables relaciones que establecen con los distintos actores con que interactúan en la vida
cotidiana y el papel que juegan en la paulatina transformación de espacios sociales y laborales.
El texto de Beatriz Padilla y Thais França, “Tres décadas después… evolución de las políticas de incorporación de inmigrantes en Portugal: una nueva lectura”, discute la evolución de las
políticas portuguesas de incorporación de inmigrantes, desde la década de 1980 hasta la legislación actual de 2018. Se argumenta que, si bien se han registrado avances, no existe por parte del
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Estado portugués una estrategia sólida, continua y coherente. Específicamente, se abordan dos
tipos de políticas de incorporación para argumentar que mientras se registraron grandes avances en las políticas de acceso a la nacionalidad, el progreso en la legislación antidiscriminación
ha sido menos acentuado, pudiéndose interpretar como una expresión de racismo institucional
anclado en antiguos imaginarios coloniales.
Por su parte, el capítulo de Antonia Olmos Alcaraz, “Análisis de algunos vectores sobre las
migraciones internacionales en España: las políticas de integración e integración educativa a
debate”, analiza la gestión migratoria española, sobre la que se está edificando la actual sociedad multicultural en el país, entendiendo los procesos de integración como dinámicas de carácter unidireccional que operan en distintas esferas de la realidad (espacios educativos, laborales,
etc.) y que van desde la sociedad mayoritaria al resto de la sociedad. Se realiza un análisis de
carácter multinivel (comunitario, estatal y regional-local) y sectorial (destacando la incorporación educativa).
Finalmente, el ensayo de Felipe Aliaga Sáez, “Aproximación teórica a la integración de los
inmigrantes en tres niveles: comprensión, adaptación e inclusión”, analiza desde una perspectiva sociológica la integración de los inmigrantes en tres niveles: a través del surgimiento de un
esquema comprensivo de los individuos; adaptación a los artefactos y procesos; y la inclusión
en los sistemas funcionales básicos de la sociedad. El ensayo busca plantear una tesis nueva
sobre la integración, por medio de análisis y articulación conceptual desde diversos autores (P.
Bourdieu, A. Giddens, A. Schütz, M. Walzer, Ch. Taylor, entre otros).
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/141

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Editorial
Monographic International Migrations: Incorporation processes in Ibero-America 1

https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-1

Felipe, Aliaga Sáez2
Universidad de Santo Tomás, Colombia
https://orcid.org/0000-0003-4635-1132
Nicolás, Gissi Barbieri3
Universidad de Chile, Chile
https://orcid.org/0000-0001-5059-7691
Beatriz, Padilla4
Universidad de South Florida, EUA
https://orcid.org/0000-0002-2359-3369

Como referenciar la editorial:
Aliaga, F., Gissi, N. &amp; Padilla, B. (2020). Monographic International Migrations: Incorporation
processes in Ibero-America . Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 19-25. Recuperado
de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/141
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From the last decade of the 20th century until now, there has been a considerable increase in
global and intraregional migration flows (IOM 2015; UNDP 2009.) In the world, there would
be more than 270 million of international migrants (United Nations, 2019), increasing their
political, economic and cultural relevance. Not only have migratory flows grown in size and
diversity, but they have also become the center of debates on public policy, human rights and
social inclusion. Likewise, xenophobia, racism and discrimination have accompanied and overshadowed these processes. Latin America has not been exempt from these trends and concerns (housing, employment, health, education, among others), increasing displacement within
the region significantly in recent years (Martínez and Orrego, 2016), being Argentina, Brazil,
Colombia and Chile, the countries that currently concentrate the greatest immigration flow at
the regional level. On the other hand, since the 1990s, Spain has played an important role as a

1
Escrito derivado de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR), avalada por la Universidad
Santo Tomás de Colombia y la Red Internacional de Estudios Migratorios, U-NÓMADES de la Universidad de Chile.
2
Doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela. Docente investigador a
tiempo completo en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, Colombia.
3
Doctor en Antropología por la Universidad Autónoma de México. Académico Departamento de Antropología, Universidad de
Chile.
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Doctora en Sociología, Profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de South Florida, EUA e Investigadora del
ISCTE-IUL, Portugal.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/141

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country of arrival for Latin Americans, the same as Portugal in the case of Brazilians (Padilla,
2009.) This new socio-spatial reality, dynamic and complex, raises multiple challenges, lectures
and valuations around multicultural coexistence and social development in the receiving cities,
calling the interest of the social sciences in Ibero-America, which has translated into a greater
number of research projects, specialization courses, study centers and national and international
interregional and transatlantic collaboration that reflect on migration, coexistence and social
integration. These changes have led former emigration countries to become migration destinations (Spain and Portugal; Mexico), and conversely, that old immigration destinations (Venezuela) have become expellers of immigrants (Gissi, Ghio and Silva, 2019), or that host both
emigration and immigration, reality that became evident in the Iberian Peninsula during the last
world crisis (Padilla and Ortiz 2012) or in the new migratory context in Latin America (Peru,
Colombia, Ecuador, Brazil), currently very marked by the Venezuelan exodus. Inclusively, it
has become evident how political and electoral processes increasingly influence immigration
(França and Padilla, 2018), for example, in the last two years, the growth of Brazilian migration
to Portugal has accelerated, reaching an increase in 43% from 2018 to 2019.
South-North and South-South migratory flows, and even North-South, are due to both external and internal factors of the countries, where the processes of attraction and expulsion are
relevant, as well as those of globalization (Padilla, 2009.) The latest international economic
crises and neopopulist (example Venezuela) and neoconservative (example Colombia) political
regimes have as a background the globalizing processes of the last four decades, in particular,
the neoliberal structural reform that consolidated the world-system and global capitalism in a
postcolonial historical context and the international and sexual division of labor (Wallerstein,
2007; Canales, 2015.) These macro phenomena, products of an export-oriented development
model, have generated a new social “metabolism” that destabilizes space and cultural reproduction, generating a “tide that lifts all boats” (Portes and Roberts, 2005, p .25), weakening social
contracts and protection mechanisms, which were already fragile in many countries, and increasing asymmetries between countries and regions, and inequalities within each society, tending
to increase risks, social exclusion and poverty (Beck and Beck-Gernsheim, 2012), as well as
encouraging the imagination and desire of individuals and their families (Appadurai, 2001.)
This political and economic instability in Ibero-America has led to a new attitude towards
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the benefits and risks of mobility (Douglas and Wildavsky, 1983), establishing large movements
towards destination countries where the State provides greater security (Solimano, 2008), causing also changes in the immigration legislation of historically receiving countries worldwide,
such as the United States, prone to a greater immigration control (Sassen 2015; Portes 2012),
especially with the new migrations of refugees and the greater border controls implemented by
President Trump In the USA.
On the other hand, the migratory processes and legislation of the countries of the Iberian
peninsula have varied in the last 30 years, sometimes becoming more friendly and sometimes
less, in relation to the evolution of migratory flows, 2006 being a key year given the implementation of the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX), which focused its efforts
on border control and the fight against irregular immigration, intercepting migrants especially
from Africa, which led to the continent being baptized as the “Fortress Europe.”
The cases of Spain and Portugal, countries that have historically been known for emigration,
began to receive immigrant populations from the 1990s onwards, but with the 2008 crisis, they
experienced emigration processes again. In Spain, in times of the Popular Party, immigration
openness was restricted, where even the ultra-right has gained ground, with anti-immigration
parties; question that is configuring a base of negative meanings around migrations in which
the image of the immigrant appears (Aliaga, 2008) as a “scapegoat” (Aliaga, 2014), bearing the
blame for the problems of society.
As a consequence, in terms of migrant reception, new axes of production of locality and subjectivity have been generated, through new objects, political forms and social behaviors, which
have caused a change in migratory trajectories and destinations, as well as in the processes of
incorporation and social exclusion, an issue that is reflected in Ibero-America as a whole.
In this regard, in this monograph we have nine chapters that illustrate these new realities
in the Ibero-American space. In the text by Yulianela Pérez García, “State and migration: the
reflection of policies in the external mobility of Cubans”, she realizes how Cuban external
migration faces the challenges of a gradual dynamism, the diversification of its currents , the
complexification of their motivations and the deepening of the links between migrants and their
country of origin, being the normative activity of the Cuban State fundamental in these transformations, trying to control the migratory potential and neutralize its socioeconomic impact,
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influencing, among other elements, in diversifying expressions of migration and modifying
flows, once they are adapted to the opportunities offered by the national normative political
framework.
In the chapter written by Wooldy Edson Louidor, “Traces of Post-Earthquake Haitian Migration,” he describes the traces of the migrant movements of Haitians throughout America after
the earthquake of January 12, 2010, as well as the traces of the disastrous impacts of hostile migration policies from transit and destination countries on these migrants, particularly at the borders. From the reconstruction of the two categories, traces and trappings, taken from Édouard
Glissant and Severo Sarduy respectively, and from the hermeneutic reading of a corpus of texts
published from 2010 to 2019 on post-earthquake Haitian migration, the article evidences the
heterogeneity of it from a double perspective, geographic and political-legal.
Jenny Moreno’s text, “Public policies for the integration of immigrants. Successes and failures in Venezuela”, outlines the policies of care for immigrants in Venezuela from 1989 to the
present, through documentary analysis of scientific texts and newspaper articles. This paper
describes the politics of immigrants from 1989 to 2003; it refers to the period of President
Hugo Chávez that marks a differentiation with the rest of the presidential periods; it analyzes
the social policies called missions that were born in 2003 and that remain until today, where
the identity mission stands out, aimed at providing legal documentation to migrants arriving
in Venezuela, it performs a detailed review of the legal framework and finally it describes the
current situation.
The chapter written by Donna Catalina Cabrera Serrano and Stéphanie López Villamil, “Policies for the labor insertion of Colombian migrants returned between 2012 and 2018”, analyzes
the coordination between migration policies and measures in labor matters for the returned
population in Colombia since the approval of the 2012 Law of Return. It considers the context
of emigration and return in Colombia, including the participation of the returned population in
the jobs of the host countries, as well as the recent dynamics of the labor market in the country,
understanding some structural factors such as unemployment and informality and the need to
consider these aspects in the design of a proposal for socioeconomic integration for returnees.
The main proposed interventions in employability and entrepreneurship are listed, and a detailed analysis of the management reports submitted by the Ministries of Foreign Affairs and
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Labor for the study period is carried out to demonstrate the existence of inter-institutional coordination mechanisms.
The chapter written by Leonardo Cavalcanti, Lorena Pereda, Marília de Macêdo and Tânia
Tonhati analyzes the responses of the Brazilian State for the case of Haitian migration in Brazil.
The formulation of the Migration Law (13,445 / 2017) allows the regulated entry of Haitian
immigrants into national territory, however, through the qualitative study carried out in the Immigration and economic crisis investigation. The formulation of the Migration Law (13,445 /
2017) allows the regulated entry of Haitian immigrants into national territory; however, through
the qualitative study carried out in the “Immigration and economic crisis, return migration from
Haiti and circularity tactics research ”, in Brasilia and Curitiba during 2018-2019, it was found
that the integration structures and mechanisms did not develop at the same rhythm as the flow
management rules, being a challenge for migration policy makers in Brazil.
On the other hand, the chapter written by Juan Carlos Rodríguez Torrent and Nicolás Gissi
Barbieri, “Haitian Migration in Santiago de Chile: Expulsions, Imaginations and Social Insertion in a Neoliberal Nation-State”, argues that Haitian migration anthropologically questions
the idea of spatial limits, temporal and Chilean identities, offering various planes from the
perspective of the Haitian migrant on the possibility of overcoming the barriers they face in a
neoliberal society. In this text, through fieldwork and in-depth interviews, Haitian migration in
Chile is analyzed, including from the subjectivities, their vulnerable relationships they establish
with the different actors with whom they interact in daily life and the role they play in gradual
transformation of social and labor spaces.
The text written by Beatriz Padilla and Thais França, “Three decades later ... the evolution of
the policies of incorporation of immigrants in Portugal: a new reading”, discusses the evolution
of the Portuguese policies of incorporation of immigrants, from the 1980s to the current legislation of 2018. It is argued that, although progress has been made, there is no solid, continuous
and coherent strategy on the part of the Portuguese State. Specifically, two types of incorporation policies are addressed to argue that, while great advances were made in access to nationality policies, progress in anti-discrimination legislation has been less accentuated, and this could
be interpreted as an expression of institutional racism anchored in ancient colonial imaginaries.
The chapter written by Antonia Olmos Alcaraz, “Analysis of some vectors on international
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migration in Spain: educational integration and integration policies under debate”, analyzes
the Spanish migration management, on which the current multicultural society is being built in
the country, understanding the integration processes as unidirectional dynamics that operate in
different spheres of reality (educational, work spaces, etc.) and that go from the majority society to the rest of society. An analysis of a multilevel (community, state and regional-local) and
sectoral nature is carried out (highlighting educational incorporation.)
Finally, the essay by Felipe Aliaga Sáez, “Theoretical approach to the integration of immigrants at three levels: understanding, adaptation and inclusion”, analyzes from a sociological
perspective the integration of immigrants at three levels: through the emergence of a scheme
understanding of individuals; adaptation to artifacts and processes; and inclusion in the basic
functional systems of society. The essay seeks to propose a new thesis on integration, through
analysis and conceptual articulation from various authors (P. Bourdieu, A. Giddens, A. Schütz,
M. Walzer, Ch. Taylor, among others.)
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Estado y migración: El reflejo de las políticas en la movilidad externa de cubano1
State and migration: the reflection of the policies in the external mobility of Cubans

https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-2

Yulianela, Pérez-García2
Universidad de las Artes, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-9897-4158

______________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN

El presente artículo es resultado de un análisis documental, cuyo objetivo consistió en explicar la influencia de la
política del Estado cubano para la cuestión migratoria en el desarrollo de la migración externa desde la Isla. Se
utilizó un enfoque cualitativo desde una concepción estructuralista con la utilización de métodos teóricos como
el lógico histórico, analítico-sintético e inductivo-deductivo. Se encontró que desde la década del noventa y en
correspondencia con el comportamiento mundial de los flujos, la migración externa cubana se enfrenta a los retos
de un gradual dinamismo, la diversificación de sus corrientes, la complejización de sus motivaciones y la profundización de los vínculos entre los migrantes y su país de origen. En estas transformaciones la actividad normativa
del Estado cubano ha sido fundamental. Se concluye que los esfuerzos realizados por el Estado y sus instituciones
para controlar el potencial migratorio y neutralizar su impacto socioeconómico han incidido, entre otros elementos, en la diversificación de las expresiones de la migración y modificado los flujos, una vez que se adecuan a las
oportunidades que les ofrece el marco político normativo nacional.
Palabras claves: Cuba, Estado, migración externa, política migratoria.
ABSTRACT
This article is the result of a documentary analysis, whose objective was to explain the influence of the State’s State
and migration: the reflection of the policies in the external mobility of Cubans
This article is the result of a documentary analysis whose objective was to explain the influence of the State’s
policy on the migration issue in the development of international migration of Cubans. A qualitative approach was
used from a structural conception with the use of theoretical methods such as historical, analytical-synthetic and
inductive-deductive logic. It was found that since the 1990s and in correspondence with the global behavior of the
flows, Cuban external migration faces the challenges of a gradual dynamism, the diversification of its currents,
the complexity of its motivations and the deepening of ties between migrants and their country of origin. In these
transformations the normative activity of the Cuban State has been fundamental. It is concluded that the efforts
made by the State and its institutions to control the migratory potential and neutralize its socioeconomic impact
have influenced, among other elements, the diversification of the expressions of migration and modified the flows,
once they are adapted to the opportunities offered by the national regulatory policy framework.
Keywords: Cuba, external migration, migration policy, state.
Recibido: 10 de Enero 2019 - Aceptado: 25 de Junio 2019 - Corregido: 08 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Pérez-García, (2020). Estado y migración: El reflejo de las políticas en la movilidad externa de cubano. Politica
Globalidad y Ciudadanía, 26-49. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/
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1
Este artículo expone parte de los resultados presentados de la Tesis La migración laboral de cubanos hacia Angola y su relación con
la política migratoria del Estado cubano (1990-2012) en obtención del grado de Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de la Habana,
Cuba, en 2016.
2
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana. Actualmente es Directora y docente del Departamento de Teorías
Críticas y Prácticas Experimentales de la Universidad de las Artes, Ecuador. Email: yulianela23@yahoo.es.
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1.- INTRODUCCION

Desde los años noventa la migración externa cubana ha experimentado cambios que la acercan
a las características y comportamientos de los flujos mundiales como un mayor dinamismo, una
creciente diversificación en sus corrientes, la gradual complejización de sus motivaciones y la
profundización de los vínculos entre los migrantes y su país de origen. Este complejo proceso
ha hecho de la cuestión migratoria un tema cada vez más visible en el debate nacional cubano
por su trascendencia en el actual escenario socioeconómico, pues atraviesa a toda la estructura
de la sociedad.
Los factores determinantes de las modificaciones en el proceso migratorio externo son múltiples, entre ellos, la actividad normativa del Estado ha sido uno fundamental y sobre el que los
investigadores han discutido de manera fragmentada.
El presente artículo constituye una reflexión histórico-política sobre la relación entre las
principales transformaciones de la migración internacional cubana y la política del Estado
como condicionante de las circunstancias en que se mueve la población en determinado contexto histórico. La discusión se articula desde el cuestionamiento sobre qué incidencia ha tenido
la política del Estado cubano para la cuestión migratoria en el desarrollo mismo del proceso
migratorio externo.
Se parte de la premisa de que los esfuerzos realizados por el Estado cubano y sus instituciones para regular y controlar el potencial migratorio y neutralizar su impacto socioeconómico
han diversificado también las expresiones de la migración y modificado los flujos, una vez que
se adecuan a las oportunidades que les ofrece el marco político normativo nacional.
En la discusión se considera la migración no solo como el proceso social de movilidad socioespacial sino como la acción de residir en el lugar al que uno se ha trasladado durante un
determinado período de tiempo. Su naturaleza política comienza a manifestarse no solo entre
las motivaciones que originan los movimientos sino como una constante en la dinámica que
condiciona sus comportamientos desde la modernidad. Esta constante se expresa en lo que el
sociólogo argelino Sayad (2008) denomina como “pensamiento de Estado” definido por la relación entre el Estado como orden nacional y el orden de la migración. Es decir, no es posible
analizar la migración sin asociarla a los mecanismos de legitimación del Estado-nación. Así,
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tanto las diferentes actitudes ante la migración están vinculadas con las especificidades de los
procesos históricos de conformación de los estados-nacionales, las formas de regulación de la
movilidad y la variedad de derechos y obligaciones que se derivan de la pertenencia o no a la
nación, como las transformaciones mismas de los procesos migratorios se articulan con estas
condicionantes políticas.
En esta relación, la política migratoria constituye una dimensión más, que según varios autores se puede asociar de manera general con los preceptos jurídicos y normativos que expresan
el carácter, forma y voluntad del gobierno en cuanto a la movilidad de la población (Hollifield,
2008; López Salas, 2006; Rosenblum, 2003). Por su parte, Mármora (2004) agrega que las
políticas migratorias responden a los objetivos nacionales del Estado y, al responder ante un
proceso multidimensional, se vinculan con las políticas que el Estado desarrolla en otros ordenes sociales, de ahí que para su implementación, se requiera de legislaciones que permitan no
solo controlar el movimiento sino que incorporen la gestión del proceso migratorio en beneficio
del desarrollo nacional. Sin embargo, en el caso cubano, Aja (2009, p.129) delimita la política
migratoria desde un enfoque operativo enfatizando más en la direccionalidad de la migración
como cuestión de seguridad al definirla como “(…) el conjunto de medidas, decisiones y regulaciones adoptadas por el Estado, en las que se define su conducta y las regulaciones a cumplir
por sus ciudadanos para salir de los límites territoriales del país, ya sea temporal o definitivamente”. La política del Estado para la cuestión migratoria se refiere, entonces, a las estrategias,
normas y prácticas que adopta el Estado cubano, dirigidas a regir su actuación en materia de
movimiento poblacional, a fin de prevenir y controlar su impacto en lo que define como “objetivos de seguridad nacional” según cada momento histórico.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La migración externa de cubanos: características y tendencias.
Desde la década del noventa, la migración externa cubana comenzó a mostrar un ligero incremento y diversificación de sus destinos, además de una creciente circularidad y temporalidad en
la acción migratoria y una mayor participación de población trabajadora calificada en los flujos.
Estas tendencias no se alejan de los comportamientos de la migración a nivel internacional y
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Latinoamericana identificados en estudios de múltiple alcance (CEPAL, 2018; OIM, 2018).
En el caso cubano, varias fuentes estadísticas e investigaciones permiten comprobar las variaciones en la migración externa. Las estadísticas publicadas por el Anuario Demográfico elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) hasta el año 2018
reconocen que el comportamiento del saldo migratorio externo (La ONEI publica las cifras
referidas al saldo migratorio externo desde 1990 a partir de la información suministrada por la
Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE), actual Dirección de Identificación, Inmigración
y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT) sobre la migración que llega y sale del país
con carácter definitivo. En el registro queda invisibilizada la migración de carácter temporal
que hoy se considera como uno de los fenómenos de más rápido crecimiento y que se hace más
difícil de contabilizar a partir de las reformas a la Ley de Migración implementadas a inicios
de 2013), muestra valores negativos sostenidos entre el rango de las -30 mil a -40 mil personas
anualmente para el período de 1994 a 2013 y alrededor de los -20 mil en los años 2015 a 2018
(ONEI, 2019 p. 125).
En cuanto a la distribución geográfica, Aja, Rodríguez, Orosa y Albizu-Campos (2017) exponen que en 2016 América del Norte (en especial los Estados Unidos) era el destino más importante de la migración internacional cubana agrupando al 84% del stock total de migrantes,
luego le seguían Europa y América Latina y el Caribe con el 10% y 5% respectivamente. No
obstante, a estos destinos tradicionales se han ido incorporando desde los años noventa nuevos
espacios en África y Asia que acogen el 1% de los migrantes de origen cubano, estimados aproximadamente en más de 24 mil personas.
Aunque los estudios realizados sobre el proceso migratorio externo cubano hacia estos nuevos destinos, en lejanos contextos geográficos y culturales, cuyos países por lo general tienen
Índices de Desarrollo Humano (IDH) muy inferiores a los de Cuba, resultan aún escasos y
tienen un perfil descriptivo y exploratorio, sus resultados muestran que el comportamiento de
este flujo no es muy diferente del tradicional patrón migratorio internacional de cubanos de
los últimos años (Aja, Rodríguez, Orosa y Albizu-Campos, 2017 y Sorolla, 2013). En cuanto
a las características sociodemográficas fundamentales como sexo, color de la piel y edad, se
trata de una migración compuesta mayormente por hombres que viajan solos (sin demeritar la
elevada presencia femenina), en edad laboral activa (entre los 40 y 50 años), que se incorporan
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en estos complejos espacios de manera regular, con un carácter temporal y con altos niveles de
circularidad.
Según Aja et al. (2017, p. 44) y Sorolla (2015, pp. 98-99) la tendencia al aumento de los
desplazamientos temporales en los flujos externos cubanos es cada vez más visible, así como
la creciente circularidad de la migración por motivaciones familiares y laborales, fundamentalmente después de enero de 2013, fecha en que se implementaron el Decreto-Ley No.302
y el Decreto No.305, modificativos de la Ley de Migración y su Reglamento de 1976 y 1978
respectivamente, sobre los cuales se debatirá más adelante. Esta modalidad reciente de los flujos migratorios también se puede argumentar desde las estadísticas recogidas por la Encuesta
Nacional de Migración, realizada entre finales de 2016 e inicios de 2017, que evidencian el
rápido incremento de cubanos que viven en otro país de manera temporal entre 2013 y 2016 en
comparación con los años previos a 2012 (ONEI, 2018, p.26).
La mayor presencia de profesionales en los flujos internacionales es otra tendencia que destacan las investigaciones en este campo, impulsadas también por las políticas migratorias selectivas promovidas por los países de destino (Aja et al., 2017; Sorolla, 2013). Según Lozano y
Gandini (2011, p. 687), el porciento de profesionales cubanos residentes en países de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había aumentado hasta el 40%
para 2008 mientras que en 1990 eran el 36%. Luego de 2008 algunos países latinoamericanos
como México, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador se transformaron en destino de la migración
de profesionales calificados en correspondencia con las facilidades de acreditación y reconocimiento de los títulos profesionales, la reestructuración de los sistemas de ciencia y tecnología
y la implementación de políticas públicas de atracción y repatriación de profesionales, en el
contexto de la emergencia de gobiernos progresistas en esos años (Pedone y Alfaro, 2018).
No obstante, la tendencia al progresivo incremento de la migración de profesionales expresa
no solo la creciente selectividad de las políticas y regulaciones migratorias de los diferentes
países sino también una consecuencia endógena ante la ausencia de políticas económicas de
atención a determinados sectores de la población nacional económicamente activa, reflexión
sobre la que se regresará más adelante.
Por ejemplo, la elevada presencia de sujetos calificados, en especial de profesionales en
áreas como la salud y educación, es considerablemente representativa en los nuevos contextos
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geográficos de inserción ya referidos con anterioridad. Estudios exponen que, en algunos países
de asentamiento en regiones no tradicionales como África, los cubanos profesionales pueden
llegar a representar entre el 60 y 70% del total de cubanos establecidos (Pérez, 2013 y 2015).
Parte de los argumentos que sustentan este flujo tan peculiar se explican no solo desde el contexto de destino sino también desde el centro expulsor de la migración.
Contexto interno de la migración externa cubana
Las modificaciones en el comportamiento de los flujos migratorios externos deben ser analizadas en estrecha relación con el desarrollo de las condiciones del contexto cubano de las últimas
décadas. Una de ellas se refiere a las consecuencias de la profunda crisis socioeconómica vivida
entre 1990 y 1993 y que tuvo su punto detonante en el impacto negativo que produjo el derrumbe del sistema socialista en Europa Oriental, la acumulación de errores y deficiencias en ciclos
productivos precedentes, la reinserción de la Isla en el sistema capitalista mundial en condiciones de franco intercambio desigual y el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por
los Estados Unidos desde 1962.
Aunque el inicio de la crisis no haya sido inadvertido, su rápido desarrollo y magnitud fueron hondos. Solo se referirán algunas cifras para ilustrar el acelerado proceso de contracción
económica que experimentó el país durante esos años, el historiador Silva (2003) reconoce que:
“En 1992, el intercambio comercial con respecto a 1989 había disminuido en un 70%. En
comparación con ese mismo año, el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en un 24% y
el uso de la capacidad industrial instalada, en un 30%.” (p.123).
La estrategia de emergencia diseñada para minimizar las afectaciones de esta crisis en la población comprendió la adopción de un conjunto de medidas a nivel macro y micro. No obstante,
el plan denominado como Período Especial en Tiempo de Paz, también socavó irreversiblemente las relaciones sociales entre las clases y distintos grupos sociales.
Tanto las consecuencias de la crisis económica como las decisiones tomadas para amortiguar
sus efectos, se reflejaron inmediatamente en el deterioro general de las condiciones de vida de
la población cubana y devino causa fundamental de problemas aún hoy vigentes. La creciente
carencia de recursos monetarios para adquirir bienes necesarios por parte de amplios sectores
de la fuerza laboral, la reducción del acceso a un grupo muy limitado de productos, la exclusión
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de importantes segmentos de la población del consumo en el mercado de divisa extranjera, el
surgimiento de niveles de vida divorciados de los resultados del trabajo y una reestratificación
social caracterizada por el ensanchamiento de las distancias económicas y sociales entre las clases, capas y grupos sociales por la diversificación de las fuentes de ingresos, la polarización de
estos y las posibilidades de acceso al bienestar material y espiritual (Espina, 2009, pp.182-183;
Espina, 2008, p.161 y Togores, 2000, p.2) son algunos de ellos.
Otra dimensión importante en la cual incidió la crisis económica de inicios de los noventa
fue en el sistema de relaciones sociales de trabajo. Sus consecuencias negativas, aún sin solución, se manifestaron en las visibles diferencias en la calidad del empleo, las cuales no se
corresponden con el desempeño, la cualificación o la importancia social de la actividad que lo
justifica. En esta misma dirección se suma otro elemento, el inefectivo sistema de remuneración
por el trabajo, disociado por completo de los niveles reales de productividad . Y por último, la
falta de coincidencias entre las demandas de los contenidos de trabajo y las competencias de
quienes los asumen en términos de calificación y capacidad, quedando subutilizadas las potencialidades de la fuerza laboral que se caracteriza por su calificación relativamente media-alta
(Martín, 2012, pp.37-41).
Estas problemáticas se pueden sintetizar, según aportes de la autora, en el concepto, de
“deficiente ordenamiento socioeconómico nacional”. Desde este enfoque se explican varios
procesos. Primero, la relación antagónica entre el desarrollo social humano de la Isla, que ha
alcanzado índices elevados (sobre todo en cuanto a la capacitación e instrucción de las fuerzas
productivas) y el desarrollo mismo de la estructura productiva, caracterizado históricamente
por su relativo bajo nivel y su alta dependencia hacia determinados actores internacionales. Esta
relación antagónica ya ha sido definida antes por los historiadores cubanos Fresneda (2014)
quien la denominó como “heterogeneidad productiva socialista” (p.115) y por Arboleya (2013)
quien la trabajó como “crisis de desarrollo humano” (p. 226).
En segundo lugar, también incluye la reflexión sobre cómo, en condiciones de una baja
productividad histórica, el mantenimiento de la estrategia del gobierno revolucionario de incorporación social plena a partir de mecanismos homogeneizadores instituidos desde la visión
político-ideológica centralizada por el Estado (por el que se garantizan a nivel básico metas
como la salud, educación, alimentación y empleo a escala nacional) permanece en conflicto
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constante con las expectativas de bienestar a escala individual. Este proceso se expresa como
una constante contradicción en el ámbito político-ideológico cuando se antepone la satisfacción
de las expectativas individuales ante los principios de compromiso con la colectividad y de participación conjunta en la construcción del proyecto social nacional cubano, trayendo también
a cuestionamiento los niveles de confianza en que ese modelo de sistema político sea capaz de
satisfacer las diferentes escalas de bienestar y prosperidad a que se aspira de manera individual
dentro de su idea generalizada de desarrollo social.
Estas contradicciones se reflejan en el agotamiento de parte de la fuerza de trabajo, con un
especial énfasis en el amplio sector de los trabajadores profesionales, que no percibe en la organización del sistema y en los escasos mecanismos de redistribución de los bienes producidos,
la satisfacción de sus necesidades y buscan una solución a sus problemas en el proyecto migratorio hacia otras sociedades.
Igualmente, desde esta lógica, se puede argumentar cómo a pesar de la moderada recuperación que experimentaron algunos indicadores económicos a finales de los noventa y principios
del siglo XXI, los ya referidos fenómenos negativos que profundizó la crisis continúan manifestándose aún hoy sin una solución de manera integral desde las políticas generales del Estado y se enraízan entre los elementos determinantes del constante incremento de la migración
externa de los cubanos en este período. Las reformas en el sistema político hacia una mayor
democratización “diseñada desde arriba” han avanzado con resultados más o menos visibles en
la continua institucionalización de la sociedad desde los años setenta, pero aún aparecen desconectadas dialécticamente del denominado proceso de “actualización del modelo socioeconómico”, aprobado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) en su VI Congreso, cuyos resultados
se diluyen en un “inmovilismo” que no ha revertido las condiciones en que se conforma el
potencial migratorio de la nación.
De este modo, las características del contexto político y socioeconómico cubano constituyen
uno de los argumentos que explican el incremento de la migración externa cubana y la diversificación de los destinos incorporándose incluso nuevos países receptores con IDH inferiores al
de Cuba en las últimas décadas. Si bien es cierto que la migración hacia estos espacios, como
“estrategia de compensación”, está motivada en el plano individual por razones económicas y
profesionales, a nivel de la estructura nacional se pueden interpretar tanto como resultado del
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deficiente ordenamiento socioeconómico interno y de su reflejo negativo sobre parte de la fuerza de trabajo, así como una respuesta a nivel familiar e individual ante esta situación.
No obstante, en el debate sobre los cambios en las manifestaciones de la migración externa
cubana, contextualizados en el entorno político y socioeconómico nacional, falta uno que interviene de manera directa y sustancial y tiene que ver con las políticas que ha implementado
el Estado cubano para la cuestión migratoria y cómo a través de estas se puede interpretar la
posición misma del Estado frente este fenómeno y su contribución o no a la transformación
dialéctica de los flujos en determinadas condiciones histórico-políticas.
La progresiva flexibilización de la política del Estado cubano hacia la cuestión migratoria
Dentro del heterogéneo marco internacional referido a las tendencias de los estados para el control y la regulación de los flujos de sus ciudadanos y extranjeros (Mármora, 2004), la política
del Estado cubano ante la cuestión migratoria ha evolucionado de manera dialéctica con las
características de los distintos períodos del desarrollo político y socioeconómico de la nación,
las peculiaridades del proceso migratorio externo y las representaciones sociales que se han
construido desde el Estado y los propios migrantes sobre la migración.
No se puede comprender este proceso sin evaluar el cambio cualitativo que representaron
las transformaciones políticas, económicas y sociales que emprendió la Revolución a inicios
de 1959 y la respuesta que estas acciones suscitaron por parte de los gobiernos de los Estados
Unidos. Al momento del triunfo de la Revolución el gobierno norteamericano tenía importantes
intereses políticos en Cuba que se habían hecho acompañar de la diversificación de la inversión y la presencia norteamericana en distintos sectores productivos del país. Estos intereses se
vieron afectados por las políticas nacionalizadoras que implementó el gobierno revolucionario
en los primeros años y constituyeron parte importante de los fundamentos de las acciones del
gobierno estadounidense contra el sistema político cubano (Silva, 2003).
El tema migratorio fue incluido como un instrumento más de presión en la agenda de desestabilización política contra Cuba, desde esa fecha, siendo centro de la manipulación a lo largo
del conflicto que ha marcado las relaciones entre ambos estados. Fue en este complejo y convulso contexto donde se definieron las bases de la política del Estado cubano para la cuestión
migratoria que trascienden hasta nuestros días y se concretan principalmente en su carácter
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restrictivo y defensivo.
En las décadas siguientes se sumarían, progresivamente, otros principios que serían expresados mediante pronunciamientos públicos de los líderes de la Revolución, como el discurso de
Raúl Castro en la Sesión Ordinaria de la VII Asamblea Nacional del Poder Popular en agosto
2011, en el que se descubren elementos relacionados con el respeto al derecho de los ciudadanos a salir del país y retornar de forma legal, ordenada y segura, la preservación del capital humano creado frente al robo de talentos y el favorecimiento de las relaciones entre la nación y su
emigración (Castro, 2011). No obstante, estos principios se deben comprender en un contexto
histórico, social y político completamente distinto al de inicios del gobierno revolucionario y
en el que tanto la migración como su representación social habían sufrido una radical transformación por lo que la acogida de la sociedad a estas posiciones más flexibles del Estado fue de
gran expectativa.
Muestra de la naturaleza restrictiva y defensiva de la política del Estado ante la cuestión
migratoria luego de triunfada la Revolución fue la introducción en 1959 de la Ley No.2 por el
nuevo gobierno, que derogaba la Ley-Decreto No.1463 del 10 de junio del 1954 y establecía el
Permiso de Salida. Con esto se hacía evidente el interés estatal por controlar el movimiento de
la población a fin de evitar con ello el éxodo de las clases favorecidas y grupos vinculadas al
régimen precedente .
Junto a esto, cabe resaltar el establecimiento de categorías migratorias diferentes e “irreconciliables” según fueran los motivos del viaje, por interés estatal o personal. A partir de ellas
el Estado cubano y sus instituciones, como actores de la política migratoria, han elaboraron
normas específicas que rigen sus mecanismos de realización. A la restricción manifestada del
Estado para las salidas por interés personal se ha opuesto la canalización de los viajes cuando
responden al interés estatal ya sea por los principios de solidaridad que han movilizado a contingentes de trabajadores de la salud y la educación a muchas naciones del Tercer Mundo, por
solo citar un ejemplo, o las facilidades otorgadas a jóvenes cubanos para cursar estudios en los
países del antiguo campo socialista.
A esta Ley se sumaron en 1961 la Resolución 453 del Ministerio del Interior (MININT)
que instituyó el Permiso de Entrada para los que habían salido de Cuba después de 1959, y
la Ley 989 por la que se confiscaban los bienes y valores de los cubanos que abandonaban el
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país con carácter definitivo o aquellos que no regresaban a Cuba después de haberse cumplido
su Permiso de Salida. Estas normativas restrictivas y sancionatorias representaron la posición
defensiva asumida por el Estado ante la migración y contaron con un amplio respaldo popular a
tono con la intensidad del conflicto con los Estados Unidos y la naturaleza clasista de la migración externa en los primeros años de la Revolución, manifiestamente opuesta al sistema cubano
(Arboleya, 2013).
El proceso de institucionalización nacional vivido en los años setenta ratificó los principios
de la política del Estado hacia la cuestión migratoria con el establecimiento de la Ley de Migración No.1312 de 1976, vigente hasta la actualidad. En su Artículo 1 se recogía el principio
de restricción de la movilidad con la legislación de permisos (de entrada y salida) solo otorgados por el MININT. Sin embargo, se comenzaban a mostrar atisbos de la necesidad de realizar
precisiones en cuanto a otros tipos de migración cuyas causales no estaban relacionadas con el
conflicto de clases a raíz del triunfo del movimiento revolucionario.
Por esta causa surgió el Permiso de Salida Indefinido (PSI) para los ciudadanos cubanos
cuya emigración respondía a un matrimonio con un extranjero y no a motivos políticos, por lo
que no se le sometía a la confiscación de bienes y se le permitía visitar el país una vez al año,
previa solicitud de Permiso de Entrada. Las causas de esta flexibilización se encuentran en la
cantidad de matrimonios entre ciudadanos cubanos y extranjeros que comenzaron a proliferar a
finales de los setenta y principio de los ochenta y que tuvieron lugar a partir de las prolongadas
estancias de los caribeños en países a los que el Estado cubano autorizaba los viajes de acuerdo
con los intereses estatales. Tómese como ejemplo la realización de uniones y matrimonios que
ocurrieron, en esta época, entre cubanos que prestaban servicios de colaboración civil y militar
en Angola con nacionales de este país (Pérez, 2015 y 2017).
En este contexto, también se organizaron las instituciones que garantizaban la efectividad
del control migratorio y que asumirían la responsabilidad de ejecutar la política dictada por el
Estado en esta materia. Así, la política migratoria cubana se fue construyendo e institucionalizando en la medida en que fue necesario controlar la salida, el régimen jurídico de los extranjeros y los flujos de entrada al país, enfocado siempre desde la seguridad y defensa nacional
(Fraga, 2011).
El marco legal de la política del Estado ante la cuestión migratoria, refleja la estratificación
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institucional que se desprende de la complejidad de la temática migratoria en los distintos
ámbitos de la sociedad y en diferentes momentos: las normas y reglamentos abarcan desde la
Constitución de la República, hasta las Resoluciones de determinados Organismos de la Administración Central del Estado, a partir de sus facultades administrativas, como el MININT,
el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) y de Finanzas y Precios (MFP).
Como se explicaba, a finales de la década del setenta comenzó a evidenciarse una tendencia
hacia la flexibilización de las primeras medidas de acuerdo con el mayor predominio de elementos familiares y también económicos -incluyendo la movilidad laboral- como motivaciones
de los viajes. Entre los sucesos que impulsaron este viraje resulta importante el Diálogo entre
el gobierno cubano y figuras representativas de la comunidad cubana en el exterior celebrado
en La Habana en 1978.
Como resultado de este proceso se autorizaron las visitas a Cuba de emigrados cubanos
organizados en grupos, o de forma individual por razones humanitarias, que contribuyeron al
restablecimiento de los vínculos mutuos entre los emigrados, el país y las familias. Se comenzó
a propiciar la reunificación familiar, autorizando la salida por razones humanitarias a los ciudadanos cubanos con vínculos directos con cubanos residentes en Estados Unidos u otros países,
señalando que dicha reunificación debía producirse preferiblemente en el exterior. Además,
se acordó la excarcelación de 3 mil reclusos sancionados por delitos contrarrevolucionarios y
de 600 por violaciones de la legislación migratoria, los que fueron autorizados a trasladarse al
exterior junto a sus familiares inmediatos (Sorolla, 2008 y Arboleya, 2013).
En la década del ochenta, marcada por las entradas violentas a sedes diplomáticas extranjeras en la capital cubana y la crisis migratoria del Mariel , surgieron nuevas figuras migratorias
en las regulaciones cubanas. Se creó en 1984 el Permiso de Residencia en el Exterior (PRE)
para los cubanos que contraían matrimonio con extranjeros y fijaban residencia fuera del país,
permitiéndoles entrar a Cuba cuantas veces lo necesiten, previa autorización del Consulado cubano en el país de radicación. En 1987 se autorizan además los Permisos de Viajes al Exterior
(PVE) con carácter temporal a hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 55.
Sin embargo, el periodo de mayor flexibilización ha sido el de la década del noventa y los
años posteriores, vinculado con el ya referido proceso de contracción económica experimentaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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do en la Isla y sus consecuencias en la movilidad internacional de la población. En esta etapa
son adoptadas paulatinamente un grupo de medidas que surgieron de los debates en el marco de
la I y II Conferencias de la Nación y la Emigración celebradas en La Habana en 1994 y 1995
. En lo fundamental, las nuevas medidas evidenciaban el cambio de la política cubana hacia el
mayor intercambio y acercamiento de la comunidad cubana residente en el exterior con su país
de origen.
Las normativas incluyeron, entre otras modificaciones: la eliminación a partir de 1992 del
requisito de haber emigrado antes del 1 de diciembre de 1978 para que los cubanos residentes
en el exterior pudieran viajar al país; la disminución hasta 18 años la edad como mínimo para
realizar viajes temporales por PVE; la ampliación de 6 a 11 meses del tiempo de estancia en el
exterior por esta categoría; la flexibilización en las causales para el otorgamiento del PRE y la
eliminación del requisito de solicitar Permiso de Entrada al país, a los titulares del mismo, permitiéndoles entrar a Cuba tantas veces como lo desearan sin mediar trámite; la eliminación del
requisito de esperar cinco años desde que la persona emigra legalmente para regresar de visita
al país; la autorización a jóvenes cubanos que residen en el exterior a cursar estudios de postgrado en Cuba; la eliminación de la obligatoriedad de hospedarse en hoteles a los emigrados
que visitan familiares en Cuba y la flexibilización de las causales para la repatriación o regreso
definitivo al país (Sorolla, 2008 y 2015; Arboleya, 2013).
En correspondencia, desde esta época también tuvieron lugar cambios en el tratamiento discursivo desde los altos líderes del Estado sobre la migración que incidieron en la “despolitización del proceso migratorio”, entendido como el desmontaje ideológico de las categorizaciones
construidas en torno a la migración como elemento contrario a los principios y funcionamiento
del sistema político cubano después de 1959 y que repercutieron en todos los niveles de la sociedad, no solo a la dirección política del país, sino de la sociedad misma y de su emigración
(Arboleya, 2013, p.231; Martín, Aja, Casaña y Martín, 2007, p.156). Esto provocó transformaciones en las representaciones sociales del fenómeno migratorio, con una tendencia acentuada
hacia la pérdida de la connotación política que adquirió durante los primeros años de la revolución y una mayor aceptación de la decisión migratoria y del proceso mismo.
En respuesta al contexto de la crisis socioeconómica nacional, una de las salidas de la población fue la búsqueda de nuevos espacios laborales (vinculados a sectores remunerados en
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divisas) y geográficos (con iguales fines) donde poder solucionar temporal o permanentemente
las difíciles situaciones cotidianas. La migración adquiere entonces un carácter predominantemente económico, como estrategia de superación de los efectos de la crisis, lo que cambia el
sentido de los viajes temporales que se efectuaban hasta el momento motivados por cuestiones
familiares fundamentalmente.
Por la vía particular, ya se apuntaba que la normativa migratoria cubana había establecido
desde 1987 los PVE para los hombres y mujeres mayores de 65 y 55 años respectivamente,
teniendo en cuenta que la motivación principal era por razones particulares de visitar a sus
familiares residentes en el exterior y por periodos cortos generalmente (hasta un máximo de
180 días). Esto fue cambiando en el nuevo contexto y con la adopción de nuevas medidas en
julio de 1994 (la extensión de 6 a 11 meses los PVE y la disminución hasta los 18 años la edad
mínima para viajar) propició que un grupo más joven y amplio de ciudadanos cubanos vieran
el marco jurídico legal para llevar a efecto sus objetivos de buscar y diversificar las fuentes de
ingresos familiares.
Comienzan así a identificarse dentro del patrón migratorio, la motivación laboral como parte
de la categoría PVE atendiendo a que sus protagonistas, en gran medida adquirían permisos
de trabajo o residencia legal en los países de destino, pero debían retornar a Cuba antes de los
11 meses de estancia máxima, contados desde su salida de Cuba. De no cumplir con ello, sin
dar fe de su actuación ante las autoridades consulares cubanas en ese país, se convertirían en
emigrados y se les aplicaba la Ley 989/61 que confiscaba, a favor del Estado cubano, los bienes
que poseyera la persona. En correspondencia, un número importante de personas mantenían
este tipo de movilidad temporal con carácter circular hacia el destino donde pudieran viajar de
acuerdo con las regulaciones.
El momento de “cambio histórico de los métodos e instrumentos, con que la migración ha
sido manejada por Cuba” (Morales, 2012, p.1) llegaría el 14 de enero de 2013 con la implementación de los mencionados Decreto-Ley No.302 y Decreto No.305, modificativos de la Ley de
Migración y su Reglamento de 1976 y 1978 respectivamente. Estos dieron una flexibilización
cualitativa en la concepción estratégica de la política migratoria del Estado y sus procedimientos a partir del cambio en el tratamiento por parte de la dirección del país y de la sociedad hacia
la migración y del propio cambio en la actitud y composición de la migración, la cual mostraba
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un mayor interés por la temporalidad y circularidad del proyecto migratorio atendiendo a su
creciente acercamiento y participación en la vida nacional.
Las medidas aplicadas, de forma general, contribuyeron significativamente a normalizar las
relaciones del país con los migrantes radicados en el exterior, eliminaron restricciones de viaje,
requisitos y trámites burocráticos vigentes hasta ese momento y disminuyeron los costos de
los viajes. Además, fue derogado Artículo 1 de la Ley 1312/76 que institucionalizó el Permiso
de Salida y la Ley 989/61 que disponía la nacionalización de los bienes de las personas que se
ausentaran con carácter definitivo del país, eliminando así las denominadas “anomalías” de la
política migratoria del Estado cubano con respecto a las normativas internacionales.
Una flexibilización de importancia para la modificación del comportamiento y manifestaciones de los flujos es la relacionada con los plazos de permanencia en el exterior de los ciudadanos cubanos sin perder la condición de residentes en territorio nacional y los derechos y deberes
que esto implica. Las modificaciones implementadas extendieron estos plazos desde los 11
hasta los 24 meses a partir del momento de salida de la Isla e independientemente de la tipología
de la visa o incluso de la condición de residencia o ciudadanía en otro país. Estas reformas en el
marco legal determinaron el incremento del número de viajes al exterior por motivos personales
desde inicios de 2013, así como el fortalecimiento de la tendencia a la temporalidad y circularidad de la migración (Sorolla, 2015).
No obstante, este Decreto Ley aún mantiene medidas de retención a la salida a través del
Decreto No. 306 en el que establece los requisitos por la que determinado ciudadano cubano
residente en el país no pueda obtener su pasaporte, condición imprescindible para viajar. Estos
criterios se sustentan desde la naturaleza selectiva y proteccionista de la política migratoria en
su actuación sobre determinados segmentos de la población, como es el caso de los profesionales en cargos vitales y deportistas de alto rendimiento, entre otros, ante la necesidad de atenuar
los perjuicios en el desarrollo socioeconómico nacional por la pérdida de los recursos humanos
calificados (MINJUS, 2012).
De conformidad con estas medidas se añadió, en noviembre de 2015, la decisión de aplicar
mayores regulaciones a escala ministerial para las salidas al exterior por asuntos particulares
de profesionales médicos de diferentes especialidades que realizan actividades vitales en los
servicios de sa¬lud a la población y en la actividad científico-técnica (Editorial Granma, 2015).
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La evolución histórica de la política migratoria del Estado cubano muestra el proceso paulatino que ha llevado a la voluntad política del gobierno y de la sociedad en su conjunto a lograr
la normalización del flujo migratorio y las relaciones de la nación con los cubanos radicados en
el exterior, a partir del progresivo proceso de flexibilización de su normativa y de acuerdo con
los objetivos de seguridad nacional.
Sin embargo, esto se debe comprender de manera dialéctica, pues la flexibilización de la
política migratoria es un proceso continuo con antecedentes desde la década de los setenta a
partir de su constante adecuación a la realidad de la migración externa y, a la vez, forma parte
del conjunto de elementos que incentivan la transformación en las manifestaciones de los flujos
al existir menos barreras jurídico-administrativas para la movilidad (o al menos pasar estas a
concentrarse en los requisitos que imponen entonces los países receptores). Así, el contexto
político y socioeconómico ha determinado, en parte, el desarrollo de nuevas manifestaciones
en el proceso migratorio externo cubano, pero estas no se podrían comprender completamente
sin el análisis de las políticas que ha implementado el Estado ante la cuestión migratoria y que
han constituido elementos modificativos del desarrollo de los flujos.
3.- MÉTODO
Diseño
La investigación de la que resultó la presente reflexión histórico-política tomó como referencia
un diseño metodológico cualitativo, estructurado fundamentalmente en técnicas como el análisis lógico-histórico, deductivo-inductivo y analítico-sintético de los contenidos de las múltiples
fuentes especializadas que aportaron presupuestos sobre el tema.
La discusión de los resultados se estructuró desde la concepción materialista de la historia,
paradigma teórico-metodológico continuado en los años 50 del pasado siglo por la escuela
histórico-estructural, corriente de pensamiento que ha contribuido con la tesis sobre cómo la
estructura social y económica de la sociedad condiciona y explica los fenómenos sociales, en
la analogía de que ninguna de las partes del complejo sistema social puede entenderse sin la
comprensión del “todo sistémico”. Este paradigma reforzó la mirada sobre un fenómeno multicausal, tan complejo y cambiante, como es la migración y su dimensión política en relación
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con el Estado.
Instrumentos
Para realizar esta investigación ha sido evaluado un amplio conjunto de fuentes de doble naturaleza. Primero, fuentes primarias, como leyes, decretos y discursos de líderes políticos que
sitúan el análisis en el marco histórico concreto. Segundo, fuentes bibliográficas formadas por
libros, artículos científicos, artículos en publicaciones periódicas, informes y documentos de
trabajo de organismos internacionales y de instituciones oficiales cubanas sobre la migración
internacional, su contexto de origen y las políticas del Estado para su manejo y control .
Aunque la mayoría de las obras han centrado su atención en la tradicional migración hacia
los Estados Unidos y Europa Occidental, brindan un enfoque histórico-político sobre el proceso
migratorio y sus causas en correspondencia con las particularidades del desarrollo histórico nacional. Recientemente se han incorporado investigaciones sobre el flujo de cubanos hacia otros
destinos en el Sur y sobre algunos de los efectos de la migración externa en la sociedad que
permitieron explicar las principales transformaciones de los flujos internacionales.
No obstante, deben tomarse en consideración las limitaciones que presentan estas fuentes
para el análisis concreto del tema:
La primera son los escasos estudios desde las ciencias sociales cubanas que profundicen
en los nuevos comportamientos de la migración externa, principalmente aquella que se dirige
hacia destinos no tradicionales y cómo éstos se han relacionado con la política migratoria implementada por el Estado cubano. Y la segunda es que la Ciencia Política coloca sobre el tapete
otro punto de debate, necesario y aún inconcluso, sobre la dimensión política de la migración.
Desde este enfoque, tampoco son suficientes los análisis sobre el proceso migratorio externo
cubano y los retos que suponen sus nuevas manifestaciones y tendencias para el Estado y sus
instituciones. La dimensión política de la migración cubana actual ha cargado con el sesgo de
las investigaciones que desde las Ciencias Históricas argumentan el carácter político y clasista
del proceso migratorio cubano hacia los Estados Unidos en las primeras décadas de la Revolución y la modificación paulatina de los flujos hacia un carácter familiar y económico sin
reconocer, en su totalidad, la dimensión política como eje transversal de este proceso social
independientemente de la coyuntura histórica.
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Procedimiento
La investigación se desarrolló en distintas fases de apropiación y re-construcción crítica del
conocimiento que respondieron a los siguientes objetivos específicos: caracterizar la migración externa de cubanos y su contexto de desarrollo en el marco del deficiente ordenamiento
socioeconómico que ha vivido el país en las últimas décadas y determinar la significación de la
política del Estado cubano para la cuestión migratoria en las transformaciones de la migración
externa.
En esta dirección, la primera de las fases fue la búsqueda, clasificación y crítica del material
bibliográfico especializado. Seguidamente se realizó la interpretación de los datos y la triangulación con las fuentes primarias disponibles para construir argumentos de conformidad con los
objetivos planteados.
4.- CONCLUSIONES
Si bien la transformación de las características de los flujos migratorios externos de cubanos
hacia una práctica cada vez más heterogénea en cuanto a sus motivaciones, destinos y modalidades se ha correspondido con el desarrollo socioeconómico coyuntural del contexto nacional,
entre otros elementos globales, la actuación del Estado ha incidido de manera esencial. En este
sentido, ha sido significativo el reflejo de la política y las regulaciones migratorias, promovidas
desde el Estado, en la modificación del comportamiento y las manifestaciones que asume le
proceso migratorio. También ha sido importante la actuación del Estado en el avance o ralentización del debate general sobre las percepciones que se construyen en torno a la migración por
parte de los actores que intervienen en ella y los argumentos que son utilizados para la adopción
y fundamentación de una política específica desde el gobierno para el enfrentamiento o gestión
de la cuestión migratoria.
En este caso, aunque la política migratoria del Estado cubano comparte muchos elementos
de la tendencia general que asumen las políticas internacionales sobre migración, sus especificidades y evolución se han ajustado a las condiciones particulares del momento histórico en
que han sido implementadas, las características del proceso migratorio y la percepción sobre el
mismo que se han construido desde el Estado y la sociedad en su conjunto. La intervinculación
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dialéctica de estos elementos ha condicionado la actuación del Estado ante el fenómeno migratorio externo que ha transitado de posiciones como la confrontación de este problema hacia la
vinculación con su migración externa. Esto ha tenido su expresión concreta a través el proceso
de flexibilización de la política general del Estado ante la cuestión migratoria y las normativas
para su control.
No obstante, si bien la evolución de la política migratoria del Estado y las normativas que las
implementan han tenido un objetivo regulador hacia la movilidad, han constituido mecanismos
de transformación de los flujos, principalmente después de los años noventa cuando, a tono
con la situación socioeconómica del país y su impacto en el proceso migratorio externo, se implementaron medidas cada vez más flexibles hacia el fenómeno migratorio. Los efectos de las
normativas se reflejaron en las modificaciones de las principales tendencias como el cambio en
la duración de la migración, ahora más temporal y circular que definitiva, el predominio de las
vías regulares en la salida y las variaciones en la composición y comportamiento de los migrantes, por solo mencionar algunos puntos. En retroalimentación, las maneras que los migrantes
han usado la normativa migratoria, según los marcos legales establecidos, para llevar a efecto
sus motivaciones individuales ha contribuido a la constante y necesaria revisión de la norma y
su procedimiento.
Las nuevas manifestaciones en el comportamiento de la migración y su relación con la flexibilización general de la política gubernamental ante esta cuestión, suponen también la revisión
y ajuste más estructural del sistema político y socioeconómico cubano en su conjunto en cuanto
a que la práctica migratoria, como acción social, altera las relaciones que se establecen entre los
sujetos y el orden estatal y sus distintas formas de organización institucional y procedimientos
legales. Desde esta reflexión se propone, entonces, la discusión a futuro sobre las siguientes
cuestiones que están emergiendo en el ámbito de lo político:
La redacción de una nueva Ley de Migración que armonice, homogenice y actualice el
cuerpo normativo de decretos y resoluciones que conforman en general la política migratoria
del Estado cubano y que tenga un alcance mayor al de las modificaciones de la Ley de 1978.
No constituye un alcance mayor la modificación de los procedimientos si la normativa está
desfasada.
El continuo perfeccionamiento de la política migratoria del Estado cubano y su reglamento
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con el objetivo de hacerla más cercana a la realidad del proceso migratorio. En este proceso
se puede, por ejemplo, permitir y viabilizar el retorno de los migrantes y el aprovechamiento
de sus capacidades en el desarrollo nacional, fortalecer las estrategias de cooperación de los
migrantes con las instituciones cubanas en el ámbito científico mediante el asesoramiento y el
intercambio de experiencias, metodologías y resultados, permitir la participación política desde
el exterior solo concedida a los cubanos que viajan al exterior de la Isla por interés oficial del
Estado.
El debate sobre las nuevas formas de pertenencia y vinculación con el Estado-nación, esto
incluye el reconocimiento de los derechos y deberes asociados con la ciudadanía y la residencia.
En el proceso de incorporación en la sociedad de acogida y en los niveles de participación a los
que se aspira, muchos cubanos han accedido a la ciudadanía por naturalización, asumiendo los
deberes y derechos del Estado receptor. Sin embargo, esta condición no supone un conflicto con
el interés en preservar la ciudadanía cubana. La normativa cubana en cuanto a la ciudadanía se
rige por la Ley de 1944, la cual se basa en los principios de la Constitución de 1940, ratificados
en la Constitución de 1976. Aunque esta Ley no admite la doble ciudadanía, sus mecanismos
para prohibirla están desajustados, por ejemplo, en la actualidad se aplica el reconocimiento
de la ciudadanía efectiva lo que implica que los cubanos residentes en el exterior tienen que
entrar y salir de Cuba con el pasaporte cubano, aunque se reconozca que tienen doble o triple
ciudadanía.
Este conflicto se complejiza con las modificaciones introducidas en 2013 respecto al tiempo
permitido de permanencia en el exterior sin perder la condición de residencia en Cuba (figura
a la cual están asociada derechos fundamentales como educación y salud gratuita, derecho a la
propiedad y deberes políticos) extendido hasta los 24 meses a partir de la fecha de salida de la
Isla e independientemente del estado de residencia o ciudadanía en otro país. ¿Supone entonces
la condición de múltiple ciudadanía o doble residencia un compromiso en cuanto a “lealtades
compartidas” para con dos o más Estados?
Relacionado con este punto se encuentra el análisis sobre las implicaciones de la flexibilización en el permiso de permanencia en el exterior sin perder la residencia en Cuba y del retorno
de muchos migrantes en la participación dentro del sistema político y electoral cubano luego de
haber vivido en otros tipos de sistemas políticos.
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Los límites en las funciones del Estado, principalmente en sus procedimientos para preservar a la población económicamente activa y calificada aun cuando no se tienen las condiciones
socioeconómicas para contrarrestar el potencial migratorio.
REFERENCIAS

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Trazos y trazas de la migración haitiana post-terremoto1
Traces and scars of the post-earthquake Haitian migration

https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-3

Wooldy Edson, Louidor2
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
https://orcid.org/0000-0002-28306947

____________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN
Este artículo describe los trazos de los trayectos de migrantes haitianos a lo largo del continente americano tras el
terremoto sucedido en Haití el 12 de enero de 2010, así como las trazas de los impactos desastrosos de políticas
migratorias hostiles de países de tránsito y destino sobre dichos migrantes particularmente en las fronteras. A partir
de la reconstrucción de las dos categorías, trazos y trazas, retomadas de Édouard Glissant y Severo Sarduy respectivamente, y de la lectura hermenéutica de un corpus de textos publicados de 2010 a 2019 sobre la migración
haitiana post-terremoto, el artículo evidencia la heterogeneidad de ésta desde una doble perspectiva geográfica y
político-jurídica.
Palabras claves: Heterogeneidad, migración haitiana post-terremoto, políticas migratorias hostiles, trazas, trazos.
ABSTRACT
This paper describes the traces of the trajectories of Haitian migrants throughout the American continent after
the earthquake that affected Haiti on January 12, 2010, as well as the scars of the disastrous impacts of hostile
migration policies of transit and reception countries with respect to those migrants in particular at the borders.
Through the reconstruction of both categories, traces and scars, taken up from Édouard Glissant and Severo Sarduy respectively, and a hermeneutical reading of a corpus of texts written from 2010 to 2019 about the post-earthquake Haitian migration, the paper shows the heterogeneity of this migration from a double geographical and
political-legal perspective.
Keywords: Heterogeneity, hostile migration policies, post-earthquake haitian migration, scars, traces.
Recibido: 20 de Febrero 2019 - Aceptado: 05 de Junio 2019 - Corregido: 11 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Louidor, W. E. (2020). Trazos y trazas de la migración haitiana post-terremoto. Politica Globalidad y Ciudadanía,
50-72. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/127

1
Este artículo es producto del proyecto “Heterogeneidad del sujeto migrante haitiano. Estudio de caso de tres figuras: el bracero, el
exiliado y el migrante humanitario”, financiado por el Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana. Iniciado en 2015 y finalizado en 2019.
2
Doctorando en Filología en la Universidad de Leipzig (Alemania). Profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y
Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Email: wlouidor@javeriana.edu.co
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ISSN 2395-8448. 50-72. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/127

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1.- INTRODUCCION
El presente artículo de investigación se centra en la migración haitiana hacia las Américas, tras
el terremoto que afectó tremendamente este país caribeño el 12 de enero de 2010 (PNDA, 2010
). Se pueden distinguir dos grandes cortes: de 2010 a 2015 , cuando más de cien mil migrantes
haitianos emigraron de Haití a Sudamérica, en particular a Brasil, Chile y, en menor cantidad,
Ecuador; y de 2016 a 2019, cuando decenas de miles de ellos vienen reemigrando de Sudamérica a Estados Unidos de América (EUA, de aquí en adelante) y puntualmente en 2017 a Canadá desde EUA. Nos centraremos en los trayectos de esos migrantes que no son directamente
identificables ni tampoco se pueden conocer a ciencia cierta en la amplia geografía americana.
Además, es cada vez más difícil mapear estos trayectos, debido a que- por el endurecimiento
de las medidas migratorias de gobiernos de países de tránsito y destino- cada vez más migrantes haitianos se han visto obligados a cambiar de rutas, recorriendo las que son más escondidas
y, por lo tanto, más difíciles y riesgosas . Algunos de esos gobiernos han tratado de esconder,
principalmente en las fronteras, sus prácticas hostiles para ocultar las consecuencias desastrosas
de éstas sobre dichos migrantes. De allí la justificación del uso epistemológico de las dos categorías, trazos y trazas , retomadas de la obra literaria de Glissant y Sarduy respectivamente,
para rastrear las huellas de los trayectos de los migrantes haitianos y las heridas y cicatrices
causadas por los impactos invisibilizados de esas medidas hostiles. La pregunta que se busca
responder con el artículo es la siguiente: ¿De qué manera las medidas políticas y jurídicas,
tomadas por los diferentes gobiernos del continente americano frente a la migración haitiana
post-terremoto, afectan los trayectos y los cuerpos de los migrantes haitianos, en particular, en
las fronteras?
El artículo consta de cuatro partes: la primera, de corte contextual-histórico, se enfoca en
ubicar la migración haitiana post-terremoto en la amplia historia de la migración haitiana. La
segunda de naturaleza teórico-metodológica reconstruye las dos categorías de trazos y trazas y
el modo cómo éstas serán aplicadas en la investigación. La tercera presenta algunos hallazgos
de ésta, y la cuarta discute esos resultados en clave de la heterogeneidad desde la doble perspectiva geográfica y político-jurídica.

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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Tres grandes olas de la migración haitiana
Podemos distinguir tres grandes olas en la historia de la migración haitiana. La primera empezó a inicios del siglo pasado en el marco de la penetración del capital financiero-económico
estadounidense en el Caribe. EUA libraron una guerra contra España, en alianza con los independentistas cubanos, para expulsar definitivamente a ésta en 1898 de esta isla. El Tratado de
París, firmado el 10 de diciembre de 1898 por España y EUA, consagró la victoria militar y
diplomática de estos últimos, quienes tomaron formalmente el control de Cuba y Puerto Rico
(convertido en 1917 por la Jones Act en un estado de la Unión).
EUA invadieron la isla compartida por Haití -27.750 km2- en 1915 (hasta 1934) y República
Dominicana -48.442 km2- en 1916 (hasta 1924) (Théodat, 2003). Estas ocupaciones militares
fueron acompañadas por la dominación económica estadunidense sobre estos países del Caribe,
reducidos al servicio del capital de EUA y, en concreto, del capital de Wall Street que decidió
“convertir la Cuenca del Caribe en una gran plantación de caña” (Veras, 1991: 110). EUA erigieron una división del trabajo en la que República Dominicana y Cuba pusieron la tierra, y
Haití –y algunas islas de habla inglesa- la mano de obra. Los orígenes de la migración haitiana
se ubican en esta reconfiguración socioeconómica del Caribe, dentro del sistema mundo capitalista y, en particular, en esa nueva fase de la globalización en que EUA se estaban convirtiendo
en el país hegemónico del mundo (Wallerstein, 2006 &amp; Trouillot, 2011). De hecho, las primeras
contrataciones de trabajadores cañeros haitianos, llamados braceros, fueron formalizadas desde
1919 por el ocupante de la isla: EUA (Cuello, 1997). Las plantaciones e ingenios azucareros
pertenecieron a empresas estadunidenses, de 1916 hasta 1940, cuando el presidente Rafael
Trujillo empezó a introducir poco a poco el capital dominicano en esta industria; proceso que
culminó con la creación en 1966 del Consejo Estatal de Azúcar –CEA- (Pierre­Charles, 1988;
Wooding y Moseley-Williams, 2004; Hernández, 2011 y Pérez et al., s/f).
La segunda gran ola de la migración haitiana inició con la denominada Guerra fría que fue
protagonizada por EUA y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con uno de
sus epicentros en el Caribe, en torno a la disputa por Cuba, declarada comunista tras la revolución castrista en 1959. Como consecuencia de ello, EUA apoyaron en Haití durante casi treinta
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años (de 1957 a 1986) la dictadura de los Duvalier, quienes emprendieron una persecución
a muerte contra los comunistas y todos los profesionales de clase media que pretendieron o
pudieron eventualmente desafiarlos (Pierre-Charles, 1969). A raíz de esa persecución, cientos
de miles de haitianos tuvieron que exilarse a Canadá (Quebec), EUA, Francia, otras islas del
Caribe, América Latina- Venezuela y México- e incluso a África (Icart, 2004 &amp; Gabriel, 2009).
Muchos otros, quienes no pudieron ir en avión o contaron con poco dinero, tuvieron que ir en
veleros peligrosos hacia otras islas del Caribe o a EUA: son los llamados boat-people, quienes
hasta hoy –esto sí, en menor cantidad- siguen emprendiendo este peligroso viaje (Catanese,
1999).
Después de estas dos grandes olas de la migración haitiana, sigue esta tercera que inició con
el terremoto de 2010. Ésta se diferencia de las dos anteriores por su factor desencadenante:
una catástrofe medioambiental, que agravó las ya precarias condiciones socioeconómicas del
país, las consecuencias de las crisis políticas y de las anteriores calamidades medioambientales
(inundaciones, huracanes, etc.). Pero la diferencia más grande que tiene la migración haitiana
post-terremoto con respecto a las dos grandes olas anteriores tiene que ver con su demografía:
la mayoría de esos migrantes son jóvenes, oriundos de ciudades y cuyo objetivo fundamental
es estudiar, además de ubicarse en el mercado laboral (Rojas Pedemonte et al., 2017; OIM &amp;
IPPDH, 2017 y Louidor, 2019c).
Además, después de la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016 y la
llegada al poder en 2018 en Chile del presidente conservador Sebastián Piñera, esta migración
ya se encuentra en errancia en busca de hospitalidad a lo largo del continente americano. Por
lo que no hay claridad ni sobre los trayectos -cuyos trazos presentaremos a continuación - que
siguen estos migrantes en las Américas, ni sobre los impactos que tienen las medidas tomadas
por los gobiernos sobre dichos migrantes particularmente en las fronteras, adonde se tiene poco
acceso.
De allí algunas preguntas que quedan hasta ahora sin respuestas: ¿Cuántos hombres, mujeres
y niños haitianos han recorrido los diferentes trayectos desde Brasil o Chile hacia EUA? ¿Por
qué rutas han transitado? ¿Cuántos han muerto en el camino? ¿Cómo? ¿Devorados por animales, asesinados por grupos delincuentes, ahogados en ríos y en el mar, muertos de cansancio,
inanición, deshidratación y por enfermedades? ¿Cuáles grupos de delincuentes operan en estos
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trayectos? ¿Cuántos de esos migrantes, principalmente mujeres y niños, fueron violados? ¿Cuáles son las condiciones humanitarias a las que se han visto expuestos? ¿Cuáles son los abusos y
violaciones de derechos humanos a los que son más vulnerables? (Louidor, 2019c)
Reconstrucción de las dos categorías, trazos y trazas
Si bien el campo de los estudios migratorios no dispone de herramientas para cartografiar con
exactitud algunos trayectos extremadamente complejos de migrantes a través del mundo; sin
embargo, se puede recurrir a otros campos de estudio para al menos identificar unas huellas
(narrativas, pictóricas, etc.) de dichos trayectos. Por ejemplo, Feature Shoot (2013) es un proyecto en el que fotógrafos profesionales recorrieron el desierto de Arizona para documentar con
imágenes las largas caminatas mortales que hicieron los migrantes en esos trayectos.
En esta misma línea, pero con miras a aproximarnos a las huellas de los trayectos de la
migración haitiana post-terremoto, reconstruimos dos categorías, trazos y trazas, que fueron
utilizadas respectivamente por Glissant (1958, 1964 y 1997) y Sarduy (1999) en su obra literaria. Nos paramos desde la literatura, en particular, desde las reflexiones de estos dos escritores
caribeños ̶ Sarduy y Glissant ̶ quienes, al intentar narrar y analizar su propia historia como
cubano exiliado y martiñiqueno miembro de una comunidad de origen africano desarraigada
respectivamente, se dieron cuenta que sólo cuentan hoy día con las huellas de dicha historia en
el cuerpo y en la memoria. Ante este hecho, ambos desarrollaron toda una perspectiva epistemológica para rastrear dichas huellas: para Glissant éstas son trazos, mientras que para Sarduy
son trazas. Para ambos, estas huellas del pasado, que ya no está presente y del que no tenemos
evidencias claras y distintas, sirven para aproximarnos al conocimiento del mismo pasado a
través del rastreo de los impactos que dejó este pasado.
La primera categoría traces, que traducimos del francés al español como trazos, ha sido
utilizada en la obra literaria de Glissant para rastrear las huellas dejadas por los africanos, quienes fueron capturados en África, posteriormente trasladados en los barcos negreros hacia las
Américas en el marco de la trata transatlántica y finalmente esclavizados desde el siglo XVI en
Martinica (y en todas las Antillas y en el continente americano). Los trazos representan las huellas, físicas e históricas, que dejan dichos africanos en la geografía y la memoria histórica de los
países, adonde llegaron para trabajar como esclavos en las plantaciones de los colonizadores.
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Además, un objetivo esencial del régimen de la esclavitud en el nuevo continente consistía en
“des-africanizar” a los esclavos (Glissant, 1997 &amp; Hurbon, 2007), en el sentido que todo estaba
orientado a borrar el ser, la historia, la memoria y la cultura de los africanos. Pero, gracias a
los trazos, lo africano pudo permanecer a través de los pliegues (Déleuze, 1988) del régimen
colonial-esclavista desafricanizante: pliegues que van desde lo culinario hasta lo religioso, pasando por lo musical y lo socio-económico. Por ejemplo, los que se encargaron mayormente de
dejar los trazos africanos en los tiempos de la esclavitud fueron primeramente los cimarrones,
es decir, estos africanos que prefirieron huir hacia las montañas para buscar su libertad, en vez
de quedarse como esclavos en las plantaciones al servicio de sus amos. Ellos hicieron sus vidas
en las montañas, construyendo familias, modificando la naturaleza, creando toda una cultura,
reproduciendo su historia africana.
La noción de trazos, retomada de la historia de estos cimarrones, lleva a Glissant a plantear
que si bien África como origen está ausente en Martinica- ya que es imposible hoy en día para
los descendientes de los africanos conocer la historia de ésta y mucho menos retornar a ella-;
sin embargo, ella está presente en los trazos que dejaron estos fundadores (cimarrones) en las
huellas del paisaje geográfico, la memoria y algunos rasgos culturales.
Reconstruyendo la noción de trazos para aplicarla al campo de los estudios migratorios,
podemos definirla como las huellas que dejan los trayectos ya borrados o invisibilizados de los
migrantes -quienes ya murieron o siguieron sus caminos o llegaron a sus lugares de destino-.
Dichas huellas son la presencia de esta ausencia en la geografía, que fue recorrida por dichos
migrantes -ya ausentes- y que puede ser reconocida por otros migrantes, medios de comunicación y las mismas autoridades (tres fuentes que forman lo esencial de nuestro corpus de textos
que, como lo veremos más adelante, seleccionamos para rastrear estos trazos).
Por otra parte, la categoría de trazas fue elaborada por el escritor exiliado cubano, Severo
Sarduy, quien la utiliza en su autobiografía titulada El Cristo de la Rue Jacob (1999), en la que
pretende dar a conocer algunos registros de su vida y su exilio. Allí Sarduy plasma las epifanías,
que son cicatrices de heridas que quedan inscriptas en su piel y en su memoria (1999: 51). Estas
trazas se hallan pues en los múltiples estratos y capas de las heridas, cuyas cicatrices pueden ser
encontradas solamente por una arqueología de la piel y de la memoria.
Reconstruyendo la noción de trazas para aplicarla al campo de los estudios migratorios, poRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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demos definirla como las huellas de los impactos dolorosos -principalmente aquellos que son
invisibilizados y que no se conocen del todo- que dejan las políticas migratorias de los gobiernos y en general de las autoridades de países de tránsito y recepción sobre los migrantes.
En el marco de nuestra investigación sobre la migración haitiana post-terremoto, aplicamos
ambas categorías, trazos y trazas, para rastrear a) las imágenes -extremadamente móviles- con
las que esta migración desesencializa la geografía del imaginario migratorio haitiano, y b) las
cicatrices y heridas dejadas en estos migrantes por políticas migratorias hostiles que han tomado algunos gobiernos de países de tránsito y recepción.
3.- MÉTODO
Diseño
Para la aplicación de estas dos categorías trazas y trazos y en general para el desarrollo del
estudio, se adoptó el enfoque de investigación de corte cualitativo, ya que éste permite hacer
un diseño flexible, adaptado a estos estilos de investigaciones filológicas como ésta (CLACSO,
2005: 40).
Hemos seleccionado como materiales para la investigación un corpus de una treintena de
textos (véase la primera parte de la bibliografía sobre las fuentes primarias y secundarias), entre artículos, informes y documentos oficiales de gobiernos y organismos internacionales, que
fueron escritos en esta década. A esos textos que dividimos en fuentes primarias y secundarias,
les aplicamos el método hermenéutico, inspirado de manera específica en la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer.
Nos interesó utilizar este método por dos razones. Primero, nos permitió acercarnos a estos
textos con una pregunta específica: ¿De qué modo los gobiernos latinoamericanos han respondido a esta migración haitiana post-terremoto, principalmente en las fronteras? Segundo,
esperamos, durante la lectura- es decir, yendo “a la cosa misma”, esto es, confrontando nuestra
precomprensión con los textos (Gadamer, 1990: 270)-, no solo encontrar las respuestas proporcionadas por los textos, sino también las preguntas que éstos nos hacen a nosotros (véase las
conclusiones). Nuestra comprensión de dichos textos, que fundamenta el diseño global de esta
investigación filológica, constituye pues un proceso de diálogo entre nosotros y el texto, entre
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nuestro horizonte de hoy y el horizonte del texto (Gadamer, 1990: 368-375).
Instrumentos
La treintena de textos que seleccionamos como materiales de estudio fueron divididos en dos
grupos. Primero, algunos fueron escogidos por ser las principales fuentes primarias (oficiales),
en las que los gobiernos de diferentes países del continente y algunos organismos internacionales, tales como las entidades de la ONU, proporcionaron informaciones sobre la migración
haitiana post-terremoto. Segundo, los demás textos fueron seleccionados por ser las más importantes fuentes secundarias en las que algunos medios de comunicación y otras entidades
complementaron y contrastaron, a partir de sus informes, estudios y noticias, las informaciones
dadas por las fuentes primarias.
Ambos grupos de textos fueron analizados según dos criterios -que a continuación (en los
procedimientos y en los resultados) se justificarán-:
uno diacrónico, que parte de la evolución lineal del tiempo - de 2010 a 2019- en que éstos
fueron emitidos;
otro sincrónico, que mira su grado de sintonía (de menos a más) con las características de
las “políticas de la hostilidad”, entre otras: cierre de fronteras, criminalización, deportación y
necropolítica ( se define como un régimen de poder que se caracteriza por perseguir, dominar
e incluso matar a los otros diferentes y banalizar la muerte de éstos por el simple hecho de ser
otros y diferentes. El nazismo es un buen ejemplo de ello, así como el colonialismo, tal como
fue practicado en África.) (Mbembe, 2016).
Procedimiento
Con respecto al desarrollo de la investigación, se procedió primero a buscar en archivos físicos
y virtuales los textos pertinentes sobre nuestro objeto de estudio, tal como éstos fueron clasificados (en fuentes primarias y secundarias) y desde un doble criterio: diacrónico, tomando
en cuenta la secuencia temporal de 2010 a 2019 (con el objetivo de identificar los trazos), y
sincrónico, considerando el grado de hostilidad (de menos a más) de las medidas migratorias
de los diferentes gobiernos del continente con respecto a la migración haitiana post-terremoto
(con miras a definir las trazas).
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De esta manera, se aplicó el método hermenéutico de lectura e interpretación de los textos,
previamente seleccionados, que a la vez permitió responder a las preguntas de investigación
-una vez halladas, clasificadas y analizadas las informaciones- y orientó la comprensión de los
resultados encontrados y las discusiones en torno a éstos en las conclusiones.
4.- RESULTADOS
Trazos de la migración haitiana post-terremoto
A continuamos, presentamos los siguientes trazos de la migración haitiana post-terremoto de
manera diacrónica, según la secuencia temporal-lineal divida en dos cortes: 2010-2015 y 20162019; tomando en cuenta que de 2010 a 2015 los migrantes haitianos se dirigían principalmente
a Sudamérica y, a partir de 2016, éstos vienen reemigrando hacia Norteamérica.
Primer corte, de 2010 a 2015
Si bien inmediatamente después del terremoto en 2010 se dio más relevancia a los impactos de
la tragedia sobre las personas que vivían en el país que a las que salieron expulsados del mismo
(Weiss Fagen, 2013); sin embargo, podemos identificar las primeras rutas, que siguieron dichos
migrantes, quienes se dirigieron principalmente hacia Ecuador, Chile y Brasil (Hay que señalar
que, en el caso de Brasil, no menos de 3 mil haitianos estuvieron varados en Tabatinga en el
año 2011, esperando una respuesta del gobierno; hasta que el 12 de enero de 2012 el gobierno
decidiera otorgarles la visa humanitaria (información recogida en entrevistas con autoridades
brasileñas durante nuestra visita de campo en la Amazonia). Podemos decir que las imágenes de
los trayectos de estos migrantes eran bastante claros, al menos en el año 2010.
El Servicio Nacional del Turismo (2011) señaló que, entraron a Chile 820 haitianos en 2010
y 1.389 sólo en los tres primeros meses de 2011, cuando habían ingresado en 2008 únicamente
392 y en 2009 la cifra de 477. La Dirección Nacional de Migración de la Policía de Ecuador
(2011) informó que, si en 2009 ingresaban a este país sólo 1.258 haitianos, ya para 2010 y el
primer trimestre de 2011 entraron 1.687 y 1.112 respectivamente. Es decir que un buen número
de haitianos escogían a Sudamérica como lugar de destino, debido a que, por ejemplo, Ecuador
y Chile no les exigían ni visas ni otros requisitos para ingresar a sus territorios.
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Sin embargo, los datos empezaron a faltar, cuando varios de los haitianos que llegaron a
Ecuador siguieron su viaje hacia Brasil (Louidor, 2011a): ya las imágenes de los trayectos de
estos migrantes en Sudamérica empezaron a ser borrosas para las mismas autoridades. Por
ejemplo, supimos de algunos trazos de dichos trayectos, cuando el gobierno brasileño señaló
vagamente la presencia en su territorio de ciudadanos haitianos, quienes ingresaron allí por la
triple frontera colombo-peruano-brasileña (en la Amazonia, del lado de Tabatinga) y también
por la frontera peruano-brasileña (por Acre), mientras que otros llegaron allí desde Chile pasando por la frontera con Bolivia y de allí a Epitaciolândia, Rondônia y Mato Grosso do Sul. Ya
no era posible para las autoridades identificar de manera precisa los trayectos de los haitianos
desde Ecuador, Perú, Bolivia y Chile hacia Brasil: uno diría que las imágenes eran casi “fantasmales”.
Todo se iba a complicar aún más, cuando Brasil endureció su política migratoria contra los
migrantes haitianos a finales del 2010. Una de las razones de este endurecimiento se debió a
que el gobierno francés de Nicolas Sarkozy decidió en septiembre de 2010 endurecer en Guyana Francesa (Guyana Francesa, Martinica y Guadalupe son los tres departamentos de ultramar
de Francia que se encuentran en el continente americano) – que comparte una amplia frontera
con Brasil- su política migratoria contra los haitianos (Collectif Migrants Outre-Mer –MOM-,
2010). En junio de 2011 Brasil adoptó el Plan Estratégico de Fronteras (PEF) para reforzar la
presencia del Estado en sus fronteras con los demás países; una de las estrategias militares de
dicho plan era la llamada Operação Sentinela, coordinada por el Ministerio de Justicia (2011).
A partir de entonces, se volvía cada vez más difícil para los haitianos ingresar a Brasil; además, no se tenían noticias de los trayectos que estaban tomando dichos migrantes en la vasta
geografía de Sudamérica para alcanzar Brasil (a pesar del mencionado cierre de fronteras).
Obtuvimos algunos trazos de sus trayectos, cuando medios de comunicación (Campos, 2011) y
autoridades locales peruanas informaron que, ante el cierre de las fronteras brasileñas, cientos
de haitianos quedaban varados en la región amazónica peruana, en la zona de Madre de Dios.
Incluso el ACNUR llamó el 4 de diciembre de 2011 a las autoridades brasileñas a adoptar “una
solución humanitaria para cerca de un centenar de haitianos varados en la región amazónica
peruana, cerca de la frontera con Brasil” (Prensa Latina, 2011).
Por otro lado, en la misma comunidad brasileña de Tabatinga -en la Amazonía- que visitaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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mos, a mitad de 2011 había más de quinientos haitianos varados allí a la espera de una decisión
de las autoridades, quienes les impedían seguir hacia Manaos (Louidor, 2011). Estos haitianos
venían de hacer un largo viaje, pasando por la ruta República Dominicana- Ecuador-Perú o por
la otra ruta Chile-Bolivia, con la “ayuda” de redes de traficantes.
Ante las denuncias de violaciones contra los derechos humanos de los migrantes haitianos,
Brasil decidió el 12 de enero de 2012 regularizar a los haitianos que llegaron al país hasta esta
fecha y retornar (a países por donde entraron, en este caso, Perú o Bolivia) a quienes llegarían
a su territorio después de la mencionada fecha (Diário Oficial da União, 2012). Sin embargo,
estas decisiones no contribuían a mejorar la situación de los haitianos que estaban retenidos en
Perú. De hecho, en febrero de 2012 hubo inundaciones en la remota localidad peruana de Iñapari, en la frontera con Brasil, donde 284 migrantes haitianos se encontraron en una situación humanitaria grave: sin agua potable, sin comida y sufriendo de problemas estomacales, faringitis e
infecciones urinarias y vaginales en el caso de las mujeres (Radio Francia internacional, 2012).
Podemos ver que en estos mismos trazos rastreados sobre los trayectos de migrantes haitianos en este primer corte (en las fronteras de la Amazonía brasileña y de Acre en Perú), se ven en
la mayoría de ellos los impactos humanitarios desastrosos que causaron las medidas migratorias
hostiles sobre dichos migrantes.
Segundo corte, de 2016 a 2019
El segundo corte de la migración haitiana post-terremoto en América latina empezó en 2016,
cuando en Brasil estallaron la crisis política con la destitución de Dilma Rousseff y la crisis
económica subsecuente. Sin trabajo, un gran número de haitianos tuvieron que abandonar Brasil para ir hacia EUA: no se tenían tampoco informaciones sobre sus trayectos (Se sabía desde
2013 aproximadamente que existía esta ruta que recorrían principalmente migrantes africanos
y cubanos (OIM, 2013). Se encontraron huellas de esta reemigración, cuando los haitianos
fueron retenidos en la frontera de Colombia con Panamá a mitad de 2016 (Semana, 2016). El
gobierno de Panamá en aquel entonces decidió cerrar su frontera con Colombia (Presidencia de
la República de Panamá, 2016), debido a las medidas unilaterales que habían tomado a finales
de 2015 los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, que bloquearon el paso a los migrantes principalmente cubanos y haitianos, dejando a éstos varados en la frontera de Panamá con Costa
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Rica, principalmente en Gualaca, Chiriquí y Puerto Obaldía. Por la Operación Escudo, Panamá
decidió también militarizar su frontera con Colombia para impedir el paso a los migrantes haitianos en el Darién (Canal RCN, 2016). Miles de migrantes haitianos quedaron bloqueados en
la localidad colombiana de Turbo, enfrentando una seria crisis humanitaria (CODHES et al.,
2016); de ésos, las autoridades de Migración Colombia (2017) reportaron haber deportado a su
país de origen a más de 20 mil durante el año 2016.
A los 16 mil haitianos - que lograron llegar a México en 2016 (cruzando las fronteras centroamericanas, junto con la llamada caravana (El ACNUR y otras entidades internacionales hicieron el monitoreo de los trayectos que siguieron la caravana, al menos en 2018, y señalaron lo
peligrosos que son dichas rutas y también las precarias condiciones humanitarias en las que los
migrantes están viajando) y que pidieron asilo en Estados Unidos en ese año-, se les negó este
estatus; por lo que tuvieron que regresar a México (Courrier International, 2017). De hecho,
en 2017 la administración de Donald Trump amenazó con no renovar el Estatuto de Protección
Temporal –el Temporary Protection Status les ha permitido hasta ahora permanecer de manera
legal en EUA- a los cerca de 60 mil haitianos y con deportarlos si no hallaban otra manera de
regularizar su situación migratoria; por miedo a la deportación, miles de haitianos cruzaron la
frontera hacia Canadá para solicitar asilo: por ejemplo, solamente en Quebec 448 pidieron refugio en junio y 1.174 en julio, a tal punto que los procedimientos habituales se vieron limitados
ante tantas demandas (Garant, 2017).
México también endureció su política migratoria de manera drástica a partir del 18 de junio
de 2019, cuando cerró manu militari, con el despliegue de la Guardia Nacional, el paso a los
haitianos -y a otros migrantes de la caravana- en su frontera con Guatemala, precisamente en la
localidad de Tapachula, obligando a éstos a quedarse allí en el centro de internamiento Estación
migratoria Siglo XXI y deportando a varios de ellos hacia su país de origen (Louidor, 2019a).
Guatemala, por su parte, lanzó en julio de 2019 la Operación Gobernanza (Prensa Latina, 2019)
que consistió en militarizar su territorio, en particular sus fronteras, “cazando”, aprehendiendo
y retornando a los haitianos que circulan allí de manera irregular (Louidor, 2019b).
Ahora procedamos al análisis sincrónico ya mencionado de la migración haitiana post-terremoto, desde la identificación de las políticas y medidas gubernamentales, en particular, las
hostiles que generaron en los migrantes impactos desastrosos e invisibilizados que aquí llamaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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mos trazas.
Las trazas sobre los migrantes haitianos
Inmediatamente después del terremoto de 2010, el ACNUR y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) llamaron el 18 de febrero de 2010 –llamado que fue relanzado el
21 de junio de 2011- a los Estados y gobiernos del mundo a no deportar a los migrantes haitianos y, al contrario, a permitirles permanecer en sus respectivos territorios (ONU, 2010 &amp; 2011).
Todos los países dieron en 2010 diferentes moratorias sobre las repatriaciones de haitianos o, en
algunos casos como Ecuador –y también Venezuela, Chile, México, etc.-, regularizaron a éstos.
El ejemplo más solidario, lo dio México al enviar un barco a Haití para recoger a familiares de
haitianos que vivían en su territorio (Instituto Nacional de Migración, 2010).
Sin embargo, nueve meses después de la catástrofe, algunos gobiernos ya empezaron a endurecer sus medidas contra los migrantes haitianos. Tal es el caso de Guyana Francesa, que
impidió a los haitianos entrar a su territorio a través de la frontera con Brasil, en particular en
Oiapoque (Granger, 2014). En una visita de campo realizado en Tabatinga en julio de 2011, encontramos a más de 500 haitianos varados en esta frontera brasileña, quienes nos contaron que
siguieron esta ruta (Puerto Príncipe- Santo Domingo o Punta Cana-Quito-Lima-Iquitos) y se
encontraban en muy malas condiciones humanitarias y siendo vulnerables a las enfermedades
comunes en la Amazonia.
Casi como en un efecto de dominó, Brasil que dejaba pasar sin problemas a los haitianos en
sus fronteras empezó también entre finales de 2010 e inicios de 2011 a detener a éstos y a negarles el protocolo de refugiado -documento que permite a los solicitantes de asilo circular libremente en Brasil-. Del mismo modo, Perú tomó en 2012 –al ver que Brasil no dejaba ingresar a
los haitianos y que éstos estaban varados en sus propias fronteras- la decisión de exigirles visas
como requisito para entrar a su territorio (Presidente de la República de Perú, 2012). Ecuador
y Chile empezaron también a imponer a los haitianos varios requisitos adicionales para poder
ingresar a sus respectivos territorios, tales como presentación de cartas de invitación, prueba de
solvencia económica para sustentarse durante la estancia en dichos países, etc. Las medidas de
endurecimiento se vieron también reflejadas en los obstáculos que ambos países han puesto a la
hora de otorgar o renovar los permisos de regularización o residencia para ellos.
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Por ejemplo, por medio del llamado Plan Humanitario de Regreso Ordenado, aplicado desde
noviembre de 2018, el gobierno chileno de Sebastián Piñera ha estado repatriando a migrantes
haitianos y convocándolos más bien a regresar a su país de origen(Dicho programa “consiste en
facilitar, a través de aviones financiados por el gobierno de Chile, el traslado a su país de origen
a ciudadanos que así lo soliciten, previa evaluación de requisitos y estableciendo una prohibición de ingreso al país en un tiempo determinado (9 años)” (Gobierno de Chile, s/f)). Chile
- que ya contaba con, según algunas fuentes (El Mostrador, 2018), más de 100 mil en 2017 - y,
Brasil, que tuvo cerca de 50 mil migrantes desde 2015 (OIM &amp; IPPDH, 2017: 49), dejaron de
ser los dos principales países de destino con los que los migrantes haitianos sueñan.
Desde 2016, la migración haitiana post-terremoto se viene redirigiendo de Sudamérica a
EUA; en un inicio, dichos migrantes no encontraban problemas en su tránsito por México y
Guatemala. Pero frente a las presiones de Donald Trump, quien incluso amenazó con imponer
aranceles sobre los productos mexicanos, la nueva administración mexicana endureció las medidas migratorias, militarizando la frontera sur con Guatemala, deteniendo a los migrantes y
maltratando a éstos (Proceso, 2019).
EUA negociaron, con el apoyo de México, con Guatemala para que este país centroamericano contribuyera a detener los flujos de migrantes provenientes de Centroamérica, a cambio
de una sustanciosa ayuda para el desarrollo que ambos le prometieron. Como consecuencia de
ello, entre mayo y junio de 2019, Guatemala ya controla su territorio, empezando con suspender las órdenes de abandono, que autorizaban a los migrantes seguir su camino hacia México.
Militariza sus fronteras y se pone a aprehender y retornar a migrantes a los países por donde
entraron.
Los impactos de estas políticas migratorias hostiles, en términos humanitarios y de violaciones de derechos humanos (Nieto, 2014: 67), han sido graves principalmente en las fronteras,
como lo acabamos de ver. Son efectivamente unas trazas porque no son fácilmente identificables: ocurren en lugares invisibles (en las fronteras), son poco conocidos e investigados, cuentan con poca cobertura mediática y no son visibilizados por los gobiernos, pero sus heridas y cicatrices sobre dichos migrantes son profundas: van desde la crisis humanitaria hasta la muerte.
Uno de sus casos más emblemáticos es el del migrante haitiano Maxène André, quien murió el
6 de agosto de 2019 en condiciones infrahumanas en la Estación migratoria Siglo XXI, sin que
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el gobierno mexicano haya podido dar una explicación razonable del suceso (Louidor, 2019b).
Este caso evidencia también cómo en esas fronteras los migrantes haitianos no tienen acceso ni
siquiera a lo mínimo básico: son reducidos a la “nuda vida” (Agamben, 2004).
A causa del racismo que marca nuestra historia colonial como continente, estas trazas afectan
de manera más fuerte a los migrantes africanos y haitianos, quienes se ven discriminados por
su color de piel y por venir de países pobres. El ser otro y diferente (por ejemplo, el no hablar
el español) aumenta la posibilidad de ser víctimas no sólo de las medidas políticas y jurídicas
de dichos gobiernos a nivel nacional y local, sino también de la necropolítica que banaliza la
violencia racial contra dichos migrantes y vulnerabilidades de todo tipo (incluso sexual) a las
que están expuestos, en particular las mujeres migrantes negras.
5.- CONCLUSIONES
Los hallazgos de esta investigación dejan claro que la migración haitiana post-terremoto es
heterogénea: no es “un todo armonioso sin costuras ni fisuras”, sino que tiene “piezas diversas
y divergentes” (Grossberg, 2012: 38) y, por lo tanto, no se puede esencializar en categorías rígidas o en mapas prefabricados.
Esta heterogeneidad se manifiesta geográficamente en la gran diversidad de trayectos y también de destinos que vienen escogiendo los migrantes haitianos: Sudamérica (Chile, Brasil,
Ecuador, Guyana Francesa), de 2010 a 2015; EUA y México, de 2016 hasta ahora; y Canadá,
de manera puntual, en 2017.
Lo que lleva a desesencializar la geografía del imaginario (Utilizamos el concepto de “geografía del imaginario” que tomamos del antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot (2011),
para subrayar el modo cómo se solía representar la migración haitiana antes del terremoto, en
particular, la emigración. Este modo determinaba que se podía definir a priori a cuáles países
va a emigrar el haitiano, basándose en su estatus social, su procedencia urbana o rural, su capital social, etc. Esta geografía del imaginario postula de manera rígida que, si el emigrante es
pobre, analfabeta, obrero o campesino, está predeterminado a emigrar a República Dominicana
o Cuba; y si es culto, rico, viene de la clase media acomodada, está condicionado para emigrar
a países del norte como EUA, Canadá y Francia. La investigación que mejor ejemplifica esta
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representación esencialista se halla en el libro: Bastide, R., Morin, F. et Raveau, F. (1974). Les
Haïtiens en France.) que se tenía sobre la migración haitiana antes del 2010. Los múltiples trayectos que acabamos de trazar no se pueden quedar inmovilizados (como si fueran unas fotos
fijas en un mapa), porque se mueven constantemente como imágenes en perpetuo movimiento:
desde Oiapoque hasta Tijuana e incluso la frontera de EUA con Canadá. Por lo tanto, el destino
que va a tomar el migrante haitiano no está predeterminado: depende del contexto –disponibilidad de oportunidades, grado de apertura de las políticas migratorias, existencia de redes
migratorias, entre otros factores- en el país en donde se encuentra o adónde va.
Esta heterogeneidad se evidencia también político-jurídicamente en la gran diversidad de
medidas que han tomado diferentes gobiernos latinoamericanos para responder a esos migrantes haitianos; los cuales, si bien no califican para ser elegidos como refugiados, tampoco pueden
ser considerados simplemente migrantes voluntarios o económicos: su migración es forzada
(Louidor, 2017: 65-86). Sin embargo, al cruzar el doble análisis diacrónico y sincrónico, se observa la siguiente constante en esta heterogeneidad político-jurídica: después del 12 de enero de
2010, todos los gobiernos latinoamericanos tomaron diversas clases de medidas humanitarias
frente a esta migración haitiana; pero, desde septiembre del mismo año, se da una intensificación progresiva hasta hoy de las políticas de la hostilidad contra los migrantes haitianos -con
excepción de Brasil que adoptó en enero de 2012 una medida abierta-; y esto, a pesar de que en
2014 los gobiernos de la región hayan firmado y ratificado la Declaración y plan de acción de
Brasilia de 2014 (ACNUR, 2014). “El 2 y 3 de diciembre de 2014, los Gobiernos de América
Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia en ocasión del 30º aniversario de la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados de 1984. A la clausura de la Reunión Ministerial, organizada por
el Gobierno de Brasil, 28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe [...] adoptaron
por aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasilia, acordando trabajar juntos para
mantener los estándares de protección más altos a nivel internacional y regional, implementar
soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, y ponerle fin a la difícil
situación que enfrentan las personas apátridas en la región” (ACNUR, 2014).
Dichas políticas tratan al migrante haitiano como si fuera un enemigo: al cerrarle el paso y
dejarlo varado y sin posibilidad de seguir su camino; al endurecer las medidas migratorias para
dificultar su ingreso y permanencia; al criminalizarlo por su situación irregular y prácticamente
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al cazarlo para aprehenderlo y deportarlo o regresarlo a la frontera por donde entró; al no dar
importancia a su vida y, cuando se muere, “nadie siente, con respecto a este tipo de vida o de
muerte, algún sentimiento de responsabilidad o de justicia” (Mbembe, 2016: 63). Del corpus de
textos ya revisado sobre la migración haitiana post-terremoto, surgen estas dos preguntas, a las
cuales aún no tenemos respuestas: ¿Aún es posible revertir en América Latina la tendencia de
cada vez más gobiernos –independientemente de sus preferencias ideológicas (izquierda, derecha, centro)- a hostilizar a los migrantes, en particular en las fronteras, donde éstos son más vulnerables? ¿Cómo documentar y visibilizar los trayectos de los migrantes y los abusos que éstos
sufren en las fronteras y en otras zonas de no derecho en la vasta geografía latinoamericana?.
De este artículo se puede sugerir esta doble acción a modo de aporte a la respuesta:
1. Enriquecer creativamente las perspectivas epistemológicas y metodológicas del campo
de los estudios migratorios no sólo con los aportes de todas las disciplinas de las ciencias
sociales, sino también con los de otros dominios, como el arte y la literatura, para poder
rastrear eficazmente los trazos y trazas cada vez más invisibilizados de las personas migrantes en las fronteras y en otras geografías oscuras y escondidas;
2. Poner en diálogo los resultados de nuestras pesquisas sobre migración con las autoridades y la opinión pública en general para visibilizar y discutir sobre las formas cotidianas
como se siguen cometiendo a lo largo de nuestro continente múltiples vacíos de protección de las personas migrantes, las violaciones a sus derechos humanos de éstas y la necropolítica, con miras a contribuir a generar conciencia y debates sobre nuestra relación
con los otros y los diferentes en la sociedad.
REFERENCIAS
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Políticas públicas de integración de inmigrantes. Éxitos y fracasos en Venezuela1
Public policies of integration of immigrants. Successes and failures in Venezuela
Jenny Luliet, Moreno Flórez 2
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venexuela
https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-4
https://orcid.org/0000-0001-6517-099X
____________________________________________________________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es un producto de una revisión bibliográfica – documental. Su objetivo, es hacer un esbozo y análisis de
las políticas de atención al inmigrante en Venezuela desde 1989 hasta el 2019. Se estructura en cuatro apartados: el primero
muestra un recorrido sincrónico del fenómeno migratorio hacia Venezuela desde el siglo XX, con los principales rasgos de la
época; en el segundo, se dan a conocer teóricamente las políticas destinadas a los inmigrantes, desde 1989 hasta 1999, posteriormente se caracteriza el momento gubernamental del presidente Hugo Chávez, el cual tiene particularidades distintivas en
relación con el resto de periodos presidenciales. De igual modo se incluye las políticas denominadas misiones y se contrastan
con el apoyo de algunos autores (Montero, 2000; Gómez, 2006; Lastre, 2006). En el tercer apartado, se detalla el marco legal
para migrantes en Venezuela y la situación actual de los inmigrantes en territorio venezolano. Además, un cuarto apartado, que
indica el método, el cual tuvo un enfoque cualitativo, bajo un nivel documental – bibliográfico. El quinto y, último apartado,
dedicado a las conclusiones pormenoriza, a modo de discusión y análisis, los elementos significativos respectivos a la evaluación de políticas públicas dedicadas a la migración, la situación actual de la movilidad humana en Venezuela, conjuntamente
con la reiteración que se deben crear nuevos mecanismos que faciliten la acogida de extranjeros al país, como políticas públicas
en el área de migrantes.
Palabras claves: Inmigrantes, misiones, políticas públicas.
ABSTRACT
This article is a product of a literature review - documentary. Its objective is to make an outline and analysis of immigrant care
policies in Venezuela from 1989 to 2019. It is structured in four sections: the first shows a synchronous route of the migratory
phenomenon towards Venezuela since the 20th century, with the main features of the time; in the second, the policies aimed at
immigrants are theoretically known, from 1989 to 1999, later the governmental moment of President Hugo Chávez is characterized, which has distinctive features in relation to the rest of the presidential periods. Similarly, the policies called missions
are included and contrasted with the support of some authors (Montero, 2000; Gómez, 2006; Lastre, 2006.) In the third section,
the legal framework for migrants in Venezuela and the current situation of immigrants in Venezuelan territory are detailed. In
addition, a fourth section, which indicates the method, which had a qualitative approach, under a documentary - bibliographic
level. The fifth and last section, dedicated to the conclusions details, by way of discussion and analysis, the significant elements
respective to the evaluation of public policies dedicated to migration, the current situation of human mobility in Venezuela,
together with the reiteration that New mechanisms must be created to facilitate the reception of foreigners to the country, such
as public policies in the area of migrants.
Keywords: Immigrants, missions, public policies.
Recibido: 20 de Mayo 2019 - Aceptado: 10 de Septiembre 2019 - Corregido 11 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Moreno Flórez, J., L. (2020). Políticas públicas de integración de inmigrantes. Éxitos y fracasos en Venezuela. Politica
Globalidad y Ciudadanía, 73-95. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/128

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: Políticas públicas de integración de inmigrantes. Éxitos y fracasos en
Venezuela.
2
Postdoctora en Políticas Públicas por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela (UPEL), Coordinadora
General de investigación del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio (IPRGR) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de
Venezuela (UPEL). Correo: jennyluliet1@ho0tmail.com.
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ISSN 2395-8448. 73-95. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/128

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1.- INTRODUCCION
La temática central en este artículo es el tema migratorio en Venezuela y cómo se ha manejado
desde las políticas de Estado. A partir de las revisiones hechas, se puede decir que la migración
no se presenta dentro de la agenda pública durante el siglo XX, sobre todo en los períodos que
imperó el autoritarismo con dos dictaduras, la de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos
Pérez Jiménez (1948-1958). A pesar de esto, emergió en el imaginario del venezolano la concepción de su territorio como un receptor de inmigrantes por la llegada de europeos después de
la segunda guerra mundial, ya que el régimen de Pérez Jiménez creó políticas que permitieron
el ingreso regulado y legal de los extranjeros.
El tema se aborda desde varias perspectivas, entre ellas la política de los inmigrantes en Venezuela, en diferentes etapas, con énfasis en el período presidencial Hugo Chávez y las políticas
de misiones sociales implementadas, el marco legal de los migrantes y la situación actual de
estos migrantes. De acuerdo con Rodríguez (2010), la decisión oficial de acoger masivamente a
emigrantes a mitad del siglo pasado, tuvo un claro sesgo, ya que se hacía mención de “puertas
abiertas” al extranjero, pero, realmente la apertura estaba limitada a personas provenientes de
Europa. Igualmente, Balza (2002) reitera que el arribo masivo de europeos a una Venezuela
rural ocurrió en las siguientes fechas:
Entre 1948 y 1961, Venezuela tuvo una experiencia de inmigración masiva cuando 614.425
extranjeros recibieron cédula por primera vez, se trata del documento de identidad emitido por
Venezuela. Pero para esa época eran pocos los registros por ellos, se estima que sumando los
que no se documentaron infantes, se podría aseverar que la inmigración durante este periodo
debió haber alcanzado la cifra de 800.000 personas. (p.99).
Este grupo de extranjeros, según Balza (2009), estaba compuesto en un 78% por españoles,
italianos y portugueses, el resto provenía de otros países europeos. Para ubicar adecuadamente
la magnitud de aquella migración debe precisarse que, según las cifras oficiales compiladas por
el Informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes (2001) sobre la
población venezolana, en 1961 Venezuela estaba habitada por 7,7 millones de personas.
De aquel ingreso intenso de extranjeros a mitad del siglo XX, con el pasar de los años se reconstruyeron historias en diferentes ámbitos, como el económico, el social, el político donde los
extranjeros eran una fuerza pujante, que impulsaba la mediana y gran empresa en el país. Por
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ello se afirma que Venezuela, se consideró como país receptor de migrantes, a partir del boom
petrolero de los años 70 del siglo pasado.
Durante los años siguientes los 80 y 90 la migración que llegó al país era de otro estilo,
provenía de los países de América del Sur como chilenos, argentinos y uruguayos tras la implantación de dictaduras militares en sus territorios, así como peruanos, ecuatorianos, dominicanos y colombianos en busca de oportunidades de trabajo cuando en sus países se comprimía
la situación económica.
Según Álvarez (2009) en 1977, cuando Venezuela contaba con 13 millones de habitantes,
un 10% eran extranjeros con cédula y residencia legal dentro del país, Sin embargo, existía una
población numerosa de extranjeros en diversos ámbitos de la economía informal, que no estaban contabilizados o cuya forma de vida era de manera pendular en la frontera, ya que vivían en
Colombia, pero trabajaban en Venezuela. Desde mediados de los 80, con la debacle económica
que comienza en Venezuela a partir del llamado “viernes negro” —la primera gran devaluación
de la moneda en décadas y una severa contracción económica— se da inicio a una “migración
de retorno”. Este proceso, a su vez, se ve alimentado al final de aquella década con las transiciones a la democracia en la mayoría de países del cono sur, con lo cual muchos exiliados políticos
deciden regresar a sus naciones.
Buena parte de la historia contemporánea de Venezuela, sobre todo el final de la segunda
década del siglo XXI, fue un país abierto a la recepción de extranjeros y sin volúmenes significativos de sus habitantes saliendo hacia otros países, situación que fue cambiando de manera
muy drástica para finales del siglo XXI. Balza (2009)
Para León (2005), la primera ola migratoria de venezolanos durante el chavismo tras el
triunfo de Hugo Chávez en el referendo revocatorio de 2004. Por un lado, se analizaba la generación de una “patria virtual”, en un texto de Martínez (2005) que daba cuenta de los migrantes
venezolanos de aquel momento, fundamentalmente jóvenes profesionales muy calificados, que
fueran la base de las siguientes oleadas de inmigrantes venezolanos en el mundo y cuya característica principal es el uso de las redes sociales para mantenerse al tanto del acontecer venezolano.
Según lo precedente, el objetivo general de este artículo es el análisis de las políticas de atención a los inmigrantes en Venezuela desde 1989 hasta el 2019, no obstante, hubo una limitante
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para ahondar en la consulta de antecedentes, porque no existen investigaciones previas. Por tal
razón, este estudio se justifica teórica y de forma práctica por ser un análisis que representa un
antecedente de los procesos de movilidad humana en el territorio venezolano.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La política de los inmigrantes en Venezuela 1989-1999
Para 1989, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se inició la aplicación de un
programa de ajuste para la estabilización de la moneda y de la economía nacional, denominado
despectivamente “el paquete”. Estas medidas de ajuste provocaron el rechazo de los sectores
menos favorecidos, generándose los sucesos de violencia del 27 y 28 de febrero conocido como
“el caracazo”. En resumen, las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para los países deudores de América Latina, entre los que figuraba Venezuela,
restringieron la dinámica económica en dichos países. Se redujo el nivel salarial y aumentó el
desempleo en todas sus formas. Al respecto Torrealba (1987) afirma: “en estos años, el comportamiento de los migrantes comienza a ser negativo conformando una nueva tendencia que se
mantiene hasta el presente” (p.134).
Para autores como Sassen-Koob, (1980) la migración laboral calificada, se puede ubicar a
partir de 1970, podría tener como hito importante al Programa de Recursos Humanos (PRH),
dependiente de la Presidencia de la República. Este tuvo como objetivo primordial la selección
y aprobación del ingreso de mano de obra calificada al país. Se estima que entre 1976 y 1980,
los proyectos del V Plan de la Nación habrían añadido entre 900.000 y un millón de nuevos
trabajadores al mercado laboral, una cifra bastante significativa si se compara con la población
activa que en 1976 sumaba 3,7 millones.
Durante la época de los años 80, según Álvarez (2009), se define una nueva política que se
compone de tres elementos los cuales fueron: 1) la creación de un organismo encargado del reclutamiento de trabajadores extranjeros conocido como PRH; 2) la firma de tratados bilaterales
para la importación de trabajadores, por ejemplo con España y Portugal y; 3) la firma del Convenio sobre la Libre Circulación de Trabajadores entre los países miembros del Pacto Andino,
que tenía como uno de sus objetivos, la legalización de los indocumentados, a fin de evitar la
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masiva migración ilegal.
La política gubernamental, mencionada anteriormente, generó un aumento evidente en el
número de extranjeros con residencia permanente en el país, contándose para octubre de 1977,
con la cifra de 1.2 millones, en una población total de 13 millones, lo que es bastante significativo, dado que, en 1961, después de una década de inmigración masiva, apenas la cifras alcanzaban el medio millón de extranjeros con permisos de residencia. El cambio de esta tendencia
migratoria tuvo su mayor expresión entre 1971 y 1977, período en el cual la población extranjera residente, principalmente la colombiana, casi duplicó su número.
De igual modo, Gómez y Rengifo (1999) expresan que la población colombiana residente
en Venezuela experimentó un incremento de 194% entre 1970 y 1990. Los autores especifican
que la motivación fundamental por la cual, la población colombiana ingresó a Venezuela era de
tipo laboral, constituida mayoritariamente por adultos, quienes migraban de forma individual,
dejando a sus familiares en sus lugares de origen, con el fin de obtener ingresos económicos y
luego ir por la familia completa.
Durante la misma época se evidenció un ingreso de migrantes, lo cual llevó al país a tener
que implementar un programa de inmigración mucho más selectivo, por lo que, en 1976, se
centralizó el otorgamiento de visas a través de la Dirección de Identificación y Extranjería
(DIEX), del Ministerio del Interior, así mismo, se produjo la suspensión de visas para turistas
y la creación de un permiso de trabajo como documento complementario de la visa de ingreso,
tramitado y aprobado por el PRH.
En este sentido, los datos del Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores MINTRA
(2005) :
En la Oficina de Identificación y Extranjería ONIDEX, el total de extranjeros cedulados entre
1980-2005, ascendía a 1.305.033. Según la actividad económica, el mayor porcentaje de extranjeros se concentra en Servicios Comunales, Sociales y Personales con un 76.86%, seguido
de Comercio, Restaurantes y Hoteles con un 10.31%, Agricultura, Explotación de Minas e
Industria Manufacturera agrupan un total de 10.71%. El 24.25% del total de extranjeros cedulados por ONIDEX, para este período, declararon pertenecer a la categoría de Empleados,
seguidos de los Profesionales y Oficios del Hogar con un 22.9% y 22,6% respectivamente. Los
de profesión Comerciante en 12.9% y los Estudiantes y demás Profesiones sumaban 17.1%. La
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ONIDEX también reporta que para el mismo período el número de extranjeros no cedulados
correspondía a 205.371 personas, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a los profesionales con un 45.3% (p.32).
Las cifras contrastan la realidad de país receptor con grandes posibilidades de crecimiento
para la época. Ahora bien, Balza (2009), afirma que desde 1980 se ubica el fenómeno denominado migración de retorno, como consecuencia del drástico cambio de la economía venezolana,
a partir de la década de los 80, debido a la merma de los ingresos petroleros, producidos por el
derrumbamiento de los precios internacionales de este producto, el cual fue el mayor generador
de los recursos fiscales que ingresan a la nación, se comenzó a observar los efectos recesivos
en la baja del gasto público, los ajustes salariales, la alta tasa de desempleo y, altos niveles de
inflación.
Este desequilibrio fiscal significó que el país no tenía el suficiente atractivo para ser receptor
de migrantes, contrario a lo que había ocurrido en las décadas anteriores, con lo que se concluye
que se da por terminada la fase de recepción de grandes masas de inmigrantes, se comienzan a
vivir etapas de migración de retorno y de inmigración nacional, es decir, de los venezolanos que
salen ahora del país en magnitudes nunca vistas anteriormente.
Otro factor a considerar son las tasas de crecimiento intercensal, donde se observa una disminución de la intensidad migratoria de estos hacia el país, al igual, que un proceso lento de retorno. Sin embargo, debe aclararse que lo que disminuyó para la década del 90, fue la intensidad
de la inmigración, mas no el número de inmigrantes, lo cual hace concluir que hasta comienzos
de esta década no hubo un cese de la migración colombiana en Venezuela (CEPAL/CELADE/
OIM: 1999).
Finalmente, para la década de los años dos mil la dinámica cambia, el flujo migratorio colombo-venezolano se modificó en razón de las motivaciones económicas, pero la presencia de
los migrantes colombianos se mantuvo hasta el 2008, las casusas que los hicieron continuar
ingresando a territorio venezolano, fue el grave conflicto de orden interno que ha atravesado
por largo tiempo Colombia.
El periodo de Hugo Chávez 1999-2013
Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República de Venezuela desde el 2 de febrero de
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1999 hasta el 2013, es el presidente número 53 de Venezuela, que se mantuvo por 3 periodos
(1999-2001), (2001-2007), (2007-2013) completos y fue reelecto para un nuevo periodo presidencial. (2013-2020) el cual no pudo concluir, producto de una larga enfermedad que no pudo
ser tratada con éxito, el presidente Chávez muere el 5 de marzo de 2013.
Un análisis sincrónico según Díaz (2001) relata que el presidente Chávez asume en febrero
de 1999 la primera magistratura y promete realizar una Asamblea Constituyente para redactar
una nueva Constitución que estuviere acorde a estos tiempos, de hecho, se realizó y, puso su
cargo a la orden del órgano Supraconstitucional, el 9 de agosto de ese mismo año la Asamblea
Nacional Constituyente le vuelve a tomar juramento como primer Mandatario de la República
de Venezuela.
En diciembre de este mismo año (1999) el día 15, el pueblo venezolano va a un referéndum
para decidir si se aprueba la nueva Constitución Bolivariana de Venezuela, votando el pueblo
a favor de ésta; quedando publicada en Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 1999. Luego el
30 de Julio de 2000, se relegitiman los poderes volviendo el presidente Hugo Chávez a ganar
la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y el 19 de agosto de 2000 toma juramento nuevamente como primer mandatario ante la nueva Asamblea Nacional. A partir de este
momento su gobierno comenzaría una etapa conflictiva que derivó en episodios como el Paro
Nacional el 10 de diciembre del 2001, el Golpe de Estado de abril del 2002, el Paro de diciembre del 2002, y el Referéndum Revocatorio del 2004. (p.87).
En diciembre del 2006, Hugo Chávez Frías, recibe un país con la mayor bonanza en la historia, porque se comenzaban a situar muy altos los precios del petróleo como principal producto
de exportación venezolano, lo que permitió una amplia riqueza para desarticular el sistema de
administración pública tradicional, creando toda una estructura política y económica que posibilitó exportar la llamada Revolución del siglo XXI al resto del continente, en el plano interno
se diseñaron las llamadas misiones que fueron las políticas sociales de los gobiernos de Hugo
Chávez Frías . De acuerdo a Balza (2009):
Durante este lapso 2003-2008 el PlB real tuvo una variación extraordinaria, incrementándose 1,62 veces, pero ya en el 2009 el crecimiento del PlB ha vuelto a ser negativo ese período, caracterizado por la abundancia de recursos en manos del Estado, ha sido adverso para
el control de la inflación. Luego de una tasa de 31 % en el 2003 cae a 13,7% en el 2006, para
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cerrar en el 2008 de nuevo en 31,4% Y 28,6% en el 2009. Por otra parte, uno de los problemas
que ha planteado la alta inflación es la sobrevaluación de la moneda debido al régimen de tipo
de cambio fijo que se adoptó́ desde el 2003. (p.45).
Esa situación ha llevado a que los costos de las importaciones estén en su nivel mínimo y que
los productos venezolanos resulten elevados en el mercado regional y mundial. En ese contexto
el crecimiento económico se redujo, lo que condujo a un aumento de la informalidad, dentro de
la estructura ocupacional, aunque en el 2008 todavía la mitad de la población económicamente
activa ocupada se concentraba en el sector informal. Este cambio ha sido favorecido, en cierta
medida, por un incremento de la población inactiva, en especial en las categorías de estudiantes
y quehaceres del hogar, ligado a los beneficios de las transferencias económicas a los hogares
y las misiones educativas.
Estos periodos gubernamentales, se caracterizó por la fuerte presencia de grupos migrantes
provenientes de la República de Cuba, Rusia, Irán, China, Turquía, quienes podían obtener fácilmente documentos para legalizar su permanencia en el país y así acceder a los servicios que,
hasta el último periodo presidencial en el año 2013, funcionaban con normalidad.
Paralelo a esta realidad de la cual no se tienen registros oficiales, los ciudadanos cubanos
estaban inmersos en las políticas sociales denominadas misiones como personal de apoyo, es
decir, son los profesionales que las ejecutan, por ejemplo, en el caso de la misión sonrisa, destinada a las operaciones para los niños con labios leporinos, los cubanos eran los médicos designados en dichas misiones. Otro ejemplo muy presente fueron los entrenadores cubanos en todas
las disciplinas deportivas, o en las misiones educativas los docentes cubanos eran los asesores
o supervisores del sistema educativo en los niveles de básica y primaria.
Otra particularidad de esta adopción del migrante cubano se evidenció, en su forma de vida,
estaban apostados en villas que eran de uso exclusivo, no podían tener acceso a la prensa, ni a
una vida libre, simplemente debían cumplir con su trabajo y adaptarse a esas villas totalmente
equipadas para ellos.
Las políticas sociales denominadas Misiones. 2003-2019
Entre los años 2003 y 2004 se crearon 13 misiones impulsadas por el gobierno venezolano
con el apoyo de la república de Cuba, como se especifica en los párrafos anteriores, con persoRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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nal calificados en las diferentes áreas ( salud, deporte, educación,) Según Montero (2000) el
Sistema Nacional de Misiones, oficialmente Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones
y Micro-Misiones «Hugo Chávez», son una serie de programas sociales desarrollados en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez desde el año 2003 y que continúan vigentes en el
actual gobierno de Nicolás Maduro.
Estas políticas fueron una figura no prevista en el ordenamiento constitucional ni legal, denominada “misiones sociales” inicial y oficialmente concebida para la ejecución de políticas
públicas urgentes que buscaban atender necesidades fundamentales de la población más desprotegida.
Estos programas fueron atendidos de forma muy puntual por la migración proveniente de
Cuba que como se señaló anteriormente tenía fines de asistencia social y política, datos que no
se tienen registrados de manera oficial pero que son vox populis en los medios de cada ciudad
donde está instalada una villa para el establecimiento de dichos grupos.
En relación con el planteamiento anterior, es importante conocer la contraparte respecto al
papel de las misiones, Maestre (2006) afirma que las misiones sociales son una expresión de
una práctica política con rostro humano, donde los beneficios directos los tendrá la población
más desfavorecida, pues el mayor impacto los obtendrá en función del crecimiento y desarrollo
humano. Pese a los lineamientos emanados por el gobierno central, las indagaciones, dejan ver
que el Estado no ha cubierto las expectativas y tampoco las necesidades con la implementación
de dichas políticas. Las misiones sociales no se han mantenido. Gómez (2006) detalladamente
expone el propósito de las misiones sociales durante el gobierno de Hugo Chávez:
Las misiones sociales fue el nombre con el que se empezaron a designar la mayor parte de
las acciones y/o programas de tipo social del gobierno de Hugo Chávez, a partir de 2003, en
un contexto sociopolítico caracterizado por una situación política conflictiva, polarizada y de
serios obstáculos a la gobernabilidad democrática. Formalmente, los objetivos de las misiones
están dirigidos a potenciar la inclusión de la población de menores recursos que han sufrido las
deficiencias del sistema de bienestar social. Cabe destacar que, a pesar de la existencia previa
de una propuesta en materia de política social, rápidamente estas misiones se constituyeron en
parte importante de la intervención gubernamental en el área social, creándose para su ejecución –en algunos casos– estructuras paralelas al sistema de asistencia social ya existente. (p.20).
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Indudablemente, se pretende mejorar la calidad de vida de las clases sociales más desvalidas,
la intención de dotar desde servicios de salud, educación vivienda, hasta generar espacios productivos con recursos nacionales es uno de los tantos objetivos de las misiones; contrariamente
de ello la intervención gubernamental en el área social se ve afectada por intereses de actores
políticos, así como la falta de sistematización de las misiones que favorecen el populismo y
figura paternalista del Estado.
Otra categoría importante al estudiar las misiones sociales, es su figura legal, que fue introducida en el ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley Orgánica de la Administración
Pública en el año 2008, como una “nueva forma organizativa de la Administración Pública
Nacional”, creada por el presidente de la Republica en Consejo de Gobierno. En el devenir
histórico se tienen registradas un total de 37 misiones que fueron creadas, para la atención de
diversos grupos, lo que permitió que sus condiciones de vida mejoraron en alguna medida, sin
embargo, los efectos positivos de las misiones no han logrado mantenerse en el tiempo ni disminuir indicadores sociales como la pobreza, que lejos de disminuir se ha incrementado.
Respecto al tema de la integración de inmigrantes existe una misión llamada identidad la
cual establece como uno de su objetivo garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos del Estado Bolivariano de Venezuela y los inmigrantes que cumplan con los requerimientos constitucionales para vivir en el territorio. La prestación consiste en la disposición de
una infraestructura mínima en distintos puntos del país con el fin de obtener la cedulación de
manera inmediata, requisito fundamental para poder acceder a los beneficios sociales y laborales que ofrecen en el país.
Según la oficina encargada de esta misión denominada SAIME (Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería) se define esta misión como el programa que se orienta
a garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos del Estado Bolivariano de Venezuela y, a los inmigrantes que cumplan con los requerimientos constitucionales para vivir en el
territorio. La prestación, consiste en la disposición de módulos en diferentes puntos del país con
el fin de obtener la cedulación de manera inmediata. Su fecha de implementación es 2003. Este
programa está diseñado bajo los principios que se sustentan en el derecho a la vida, el desarrollo, y el derecho a la no discriminación.

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Marco Legal
Marco Legal para Migrantes en Venezuela
El Estado venezolano, realmente cuenta con una política migratoria enfocada a los extranjeros,
fundamentada en la ley de extranjería y migración, promulgada en el 2004, (LEM), la cual tiene
como “objeto regular todo lo relativo a la admisión, ingreso, permanencia, registro, control e
información, salida y reingreso de los extranjeros y extranjeras en el territorio de la República,
así́ como sus derechos y obligaciones”. Esta es la primera norma jurídica dedicada al tema.
Para Borges (2012)
Dichas disposiciones son aplicables sin distinción de la condición migratoria del extranjero.
El marco jurídico venezolano reconoce constitucional y legalmente igualdad de derecho entre
nacionales y extranjeros, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley; y dentro
de la categoría de extranjeros no hace discriminación alguna en cuanto al trato de los migrantes
con diferente condición migratoria al afirmar que las disposiciones de la LEM se aplicaran a los
extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, independientemente
de su condición migratoria.
Citando lo previsto y dispuesto por el legislador en el Art. 13 de la Ley de extranjería y
Migración encontramos que “...los extranjeros y extranjeras que se hallen en el territorio de la
República Bolivariana de Venezuela tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más
limitaciones que las establecidas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
en las leyes”. Esta disposición alude a los diferentes derechos reconocidos en la constitución y
que conforman el ejercicio pleno de los derechos de un ciudadano”. (p.32).
Por consiguiente, en teoría se puede sostener que los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más
limitaciones que las establecidas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y las leyes. (Art. 13 LEM) y de acuerdo con el Artículo 3 de la LEM esta norma sustantiva,
también es aplicable a los extranjeros independientemente de su condición migratoria. Existen
múltiples disposiciones que obligan a los estados a eliminar la distinción entre un extranjero y
un nacional para el ejercicio de derechos, sin embargo, en la práctica existen todavía muchas
limitaciones en el ejercicio de los mismos, tanto por los nacionales, como por las autoridades.
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En relación al reconocimiento de los derechos civiles, políticos y culturales se puede señalar
los siguientes:
Los derechos civiles, donde se ubican el derecho a vida, integridad física y libertad personal, la no privación arbitraria de la libertad, condiciones de detención, debido proceso en los
trámites migratorios, garantías de defensa frente a violaciones, son especialmente protegidos
en caso de la población migratoria en virtud de su vulnerabilidad. El Estado debe respetar estos
derechos y garantizarlos a los migrantes igual que a cualquier otra persona. Para Borges (2009)
es importante destacar la protección que debe prestar el Estado en la determinación estricta de
las causas y condiciones para proceder a la detención en el ejercicio de su control migratorio,
así como la garantía de un juez independiente e imparcial en el control de la legalidad de la
detención y de su duración por un tiempo razonable. (p.45).
Del mismo modo, en caso de detención a la población migratoria, existen estándares internacionales derivados de la Convención Americana que deben ser aplicados a los trabajadores migrantes y sus familias. La legislación migratoria venezolana contiene disposiciones que
protegen a las personas migrantes contra la trata y el tráfico de personas. Situaciones de gran
vulneración de derechos son tipificadas en la legislación:
Facilitación de ingreso ilegal (artículo 52 de la LEM), Explotación laboral de migrantes
(artículo 53 LEM), Promoción de la inmigración ilícita (artículo 55 LEM), Tráfico ilegal de personas (artículo 56 LEM). A pesar de que existe la tipificación de los delitos migratorios todavía
los órganos nacionales tienen muchos retos frente la aplicación de los mismos. (p.11)
Otro punto importante de destacar, en este apartado, es el acceso a la justicia y garantías judiciales: cuando se habla de población migrante, el debido proceso legal debe ser contemplado
en un sentido amplio, abarcando las instancias judiciales, administrativas y de cualquier orden,
civil, penal, laboral. Para Martínez (2009), ha sido particularmente importante la determinación
de los componentes del debido proceso en sede administrativa, en especial, a) adjudicador
imparcial, b) derecho a ser oído, c) Información, traducción e interpretación d) representación
legal, e) revisión judicial, f) acceso a autoridades consulares y g) condiciones de detención
apropiadas. Igualmente, los sistemas internacionales de derechos humanos, establecen la prohibición de deportaciones masivas de migrantes indocumentados. Estos sistemas han puesto de
manifiesto la importancia del respeto al debido proceso y las garantías judiciales en lo que se
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refiere al tratamiento de personas migrantes.
Venezuela ha reconocido en la LEM la vigencia de este principio de protección y ha establecido en sus disposiciones la especial importancia que tiene la contemplación de las normas
del debido proceso. En este sentido el Artículo 15 de la LEM ser refiere al derecho a la tutela
judicial efectiva y lo define en los términos siguientes:
Los extranjeros y extranjeras tienen derecho a la tutela judicial efectiva en todos los actos
que a estos conciernan o se encuentren involucrados con respecto a su condición de extranjeros. En los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería se
respetaran en todo caso las garantías previstas en la constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y las leyes sobre el procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a
la publicidad de los actos, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones. Los actos y resoluciones administrativas adoptadas en relación con los extranjeros y extranjeras, serán recurribles de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la ley que regule
los procedimientos administrativos, en cuanto le sean aplicables. Igualmente, la ejecución de
los actos administrativos relacionados con la condición o situación jurídica de los extranjeros,
se realizará conforme a lo establecido a tal efecto en esta Ley. (p.8).
Los procesos de detención y la actuación de las autoridades venezolanas en la materia son,
tal vez, uno de los aspectos más preocupantes con respecto al tema migratorio. Existen situaciones en las que se verifica la actuación indebida de las autoridades, durante los detenciones,
traslados y alojamiento de las personas migrantes en comisarías.
Para Borges (2012) uno de los grandes problemas en esta área es el desconocimiento de los
derechos de las personas migrantes y la desarticulación con que se despliegan en los operativos
de verificación migratoria. Las autoridades relacionadas con el tema de seguridad, como la
Policía Nacional o la Guardia Nacional realizan solicitudes de documentos como una forma de
amedrentar y extorsionar, lo cual deriva en abuso a esta población, lo que origina un espacio
para que estos derechos sean vulnerados. De la misma forma, son muy pocas las situaciones
denunciadas ante las autoridades competentes, debido al temor de las personas migrantes a ser
deportados o a recibir alguna sanción por su condición migratoria.
De acuerdo con Martínez (2009) estos operativos o solicitudes de documentos realizados por
la Policía Nacional, la Guardia Nacional y las policías locales, no facultados para ello, propicia
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que los migrantes sean objeto de otro tipo de vejaciones, tales como abusos sexuales, principalmente en agravio de mujeres y niños, lesiones, robos y extorsiones. Según los estándares
internacionales los países deben adoptar las medidas necesarias para que únicamente sean las
autoridades competentes las encargadas de llevar a cabo el control y regulación de los asuntos
migratorios.
Por último, los derechos más limitados en la mayoría de las legislaciones son los derechos
políticos. Tanto el derecho al voto, como el derecho a ser elegido, siguen siendo derechos exclusivos de los nacionales. La comunidad internacional coincide en que los derechos políticos son
de ejercicio exclusivo de los nacionales de un determinado Estado, en virtud de los principios
de soberanía popular, orden público y defensa de la nación. Este tema es de vital importancia
para el análisis de la relación y adaptación de los migrantes en Venezuela, ya que el diseño de
la misión identidad que tiene como propósito dotar de la documentación legal correspondiente
a los extranjeros, se percibió en la población nacional con fines meramente electorales, ya que
estos ingresaban a las filas de posibles electores que podían ejercer su derecho para las elecciones presidenciales.
En cuanto a los derechos culturales, Martínez (2009) especifica, que es muy importante
reflexionar sobre los retos que implica la convivencia en sociedades plurales; los principios de
tolerancia y respeto que prevalezcan en una sociedad son primordiales para el ejercicio de los
derechos de las personas migrantes. La garantía de estos, depende en gran parte del elemento
social y cultural dominante y requiere por parte de los estados una amplia oferta cultural para
que se de dicha integración, con el objetivo orientado hacia el respeto a los derechos culturales.
Para el ejercicio de los derechos culturales es de trascendente la lucha contra las discriminaciones y la aplicación de las normativas relativas a los derechos, para lograr un entorno con
menos características de segregación, y de exclusión social es importante la promoción de una
visión tolerante a costumbres y usos derivados de otras culturas. En relación a estos derechos,
la Constitución Venezolana tiene un amplio catálogo de derechos establecidos y, de acuerdo a
los criterios de no distinción entre nacionales y extranjeros, son de igual manera aplicables a las
personas migrantes que se encuentren en Venezuela.
Respecto a los derechos sociales, el sistema internacional de protección de los derechos de
los inmigrantes, ha determinado que los estados deben procurar el acceso a los derechos sociaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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les básicos, así como el acceso a la educación y salud en igualdad de condiciones. Existen importantes observaciones en dicho sistema, sobre la adopción de medidas tendientes a legalizar
y regularizar la situación de trabajadores indocumentados, y en especial la de sus hijos, ya que
la misma les impide el ejercicio de derechos fundamentales tales como la salud y la educación.
Igualmente, se ha señalado que es deber de los estados garantizar la prohibición del trabajo
forzoso y del trabajo infantil, la protección a la mujer trabajadora, la protección al derecho a
asociación y sindicalización, negociación colectiva y salario justo por trabajo realizado, duración de la jornada, condiciones laborales adecuadas, descanso e indemnización. Como lo
señala Martínez (2009) los convenios 111 y 143 de la OIT, comprometen al Estado a aplicar
una política nacional destinada a promover y a garantizar la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de ocupación y empleo, seguridad social, y derechos sindicales y libertades
individuales y colectivas.
Para Borges (2009) es importante destacar que En el caso de trabajar sin un visado laboral
de conformidad con el numeral 2 del artículo 38 de la LEM dispone que:
“... los que hayan ingresado al territorio de la República para desempeñar actividades sometidas a la autorización laboral y no cumplan con dicho requisito estarán sujetos a medida de
deportación”. Sin embargo, la ley prevé́ la protección para aquellos que, aunque trabajando sin
el visado correspondiente puedan ejercer sus derechos. De acuerdo a la LEM un trabajador no
puede ser privado de sus derechos laborales. El trabajador extranjero tiene derecho al cobro
de todos sus beneficios laborales al igual que un nacional. Según el artículo 49 de la LEM, los
trabajadores extranjeros tendrán derecho a percibir todos los beneficios establecidos en la ley
que regula las relaciones de trabajo, contrataciones colectivas y demás leyes sociales aplicables
con ocasión de la relación laboral. (p.89).
Existe a su vez una sanción para aquellos patronos que contraten a personal sin la debida
autorización, según el Artículo 36, numeral 3, de la LEM, todo empleador que contrate extranjeros y extranjeras ilegales para la prestación de determinado servicio será́ sancionado con
doscientas unidades tributarias, los cuales fueron aplicada por varias instituciones, entre ellas el
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), creado en 2009
y dependiente del Ministerio Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el Ministerio
del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social, encargado de aprobar permisos de trabajo
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para los inmigrantes, facilitar el acceso a cursos educativos y promover los derechos de los
trabajadores foráneos.
Para Burelli (2009) la actual normativa de extranjería venezolana le reconoce a los inmigrantes una serie de derechos sociales y acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los
nacionales; además, producto de su participación como miembro asociado al Mercado Común
del Sur (Mercosur), los venezolanos se beneficiaron del Acuerdo sobre Residencia para los
Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile, signado en 2002 y que ha concedido flexibilizar los desplazamientos migratorios regionales, así como el obtener residencias
temporarias de dos años y también definitivas.
Conforme a Ochoa (2015) es necesario insistir que los fundamentos de una política migratoria más abierta hacia los nacionales de países vecinos se generaron durante el gobierno de
Chávez, quien, a través de diferentes mecanismos sudamericanos, promovió la integración en
la región en temas políticos, económicos y sociales, mientras que desde la llegada al poder de
Nicolás Maduro en 2013, los roces diplomáticos con Colombia se han reavivado en materia de
seguridad y de migración fronteriza, colocando a Venezuela al borde de posibles guerra por la
expulsión de ciudadanos y el cierre de fronteras.
Claro ejemplo de esto es lo ocurrido en agosto del 2015, cuando Maduro ordenó el cierre
fronterizo en seis municipios del occidental estado venezolano de Táchira tras acusar a supuestos paramilitares colombianos de atentar contra militares venezolanos y un civil; al mismo
tiempo, decretó en septiembre el estado de excepción en esta zona y en los municipios fronterizos de los estados Zulia y Apure. Estas decisiones fueron acompañadas por la deportación entre
el 19 de agosto y el 23 de septiembre de casi 2.000 colombianos que habitaban en localidades
venezolanas fronterizas y se dio el retorno voluntario de otros 22.342 colombianos ante el
temor de ser deportados. Todo esto apunta a una nueva realidad de los migrantes, que se trata
seguidamente.
La actualidad de los inmigrantes
El panorama en la actualidad sobre los inmigrantes que llegan a Venezuela, es totalmente opuesto al escenario anteriormente descrito, tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa,
ya que no son ni grandes masas de extranjeros ni se pueden seleccionar de acuerdo a la nacionaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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lidad o el perfil, simplemente se mantienen muy pocos y son solo aquellos que aún mantienen
un vínculo político con el gobierno, como es el caso de los cubanos en Venezuela.
Según el portal Economía de Venezuela (2004) :
De acuerdo con los últimos datos publicados por la ONU, 1.426.336 de inmigrantes, lo
que supone un 4,85% de la población de Venezuela. La inmigración masculina es superior a
la femenina, con 714.422 hombres, lo que supone el 50.08% del total, frente a los 711.914 de
inmigrantes mujeres, que son el 49.91%. Si lo comparamos con el resto de los países vemos que
es el 87º país del mundo por porcentaje de inmigración. La inmigración en Venezuela procede
principalmente de Colombia, el 69,41%, España, el 5,32% y Portugal, el 3,89%. En los últimos
años, el número de inmigrantes que viven en Venezuela, ha aumentado en 21.888 personas, un
1,56%. (p. 2).
Asimismo, en una nota de prensa del periódico el Nacional de fecha 25 de junio del 2019
el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó cifras oficiales sobre los migrantes que
residen en el país, quienes provienen mayoritariamente de Centro y Suramérica, Europa, Asia y
África. Durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores en Caracas (capital), el jefe
de Estado destacó que el 29 por ciento de la población en Venezuela corresponde a extranjeros.
Cifras que se contrastan con las obtenidas por organizaciones no gubernamentales como el observatorio de derechos humanos de la UCAT en su informe del 2018 indica que ya más del 80
por ciento de los extranjeros que residían en el país se regresaron a sus tierras de origen debido a
la crisis económica y social que vive Venezuela, donde no existen garantías de seguridad social
ni jurídica, el acceso a los servicios públicos es muy débil.
El mismo informe estima que la tercera generación de estos migrantes que llegaron al país
en los años 70 ya emigró y engrosa las listas de la diáspora que hoy se encuentran por el resto
del mundo tratando de adaptarse a un país y a una cultura diferente.
Actualmente los grupos de cubanos que se mantenían empleados como personal de apoyo
en las diferentes misiones del Gobierno son cada vez menores, se subraya que no existen datos oficiales, pero dichas políticas funcionan en menor proporción por las razones asociadas a
las crisis sociales y económica del país. Los otros grupos de migrantes como los chinos y los
turcos están más asociados a las empresas estadales que contratan con el gobierno y que cada
vez disminuyen por las mismas razones expuestas, la situación está obligando al retorno a sus
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países de origen.
3.- MÉTODO
Diseño
El diseño metodológico de la investigación, de acuerdo con Martínez (2007) tiene como fin
“dar una visión, en conjunto, de la investigación y de sus etapas en forma secuencial y detallada.” (p.39). Esto permite describir cómo se realiza la investigación. Debido a la naturaleza del
objeto de estudio, se asumió un paradigma cualitativo, este facilitó ahondar y comprender la
realidad a estudiar, las misiones sociales en Venezuela.
De la misma manera, Ruiz (1998) afirman por su parte que los métodos cualitativos (1989)
“estudian significados intersubjetivos, situados y construidos” (p.24). específicamente en su
contexto. Los significados a los que se refieren los autores pueden ser propios de cada individuo
o conjunto de individuos, pues se deben a situaciones sociales o momentos históricos, en este
artículo, los períodos de la misión identidad.
Con el propósito de analizar las políticas hacia los migrantes en el periodo gubernamental
del Hugo Chávez, se utilizó la investigación documental, que Hernández, Fernández y Baptista (2000) la definen como aquel proceso que consiste en “Detectar, obtener y consultar la
bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas
moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para
los propósitos del estudio.” (p.50). Se realizó un arqueo de los principales documentos y publicaciones oficiales sobre el tema, así como de otros textos y fuentes que contienen información
rigurosa vinculada a los movimientos migratorios hacia el territorio venezolano.
El paradigma cualitativo, facilitó el acceso a la recolección y sistematización de la información de manera jerárquica, además, estudiar la movilidad humana en relación con programas
gubernamentales que deben ser vistos de manera transversal, donde entran en juego elementos
sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros. Arias (2006), define a la investigación
documental, como un proceso basado en la búsqueda, análisis y critica de los datos secundarios,
es decir de los datos obtenidos de otros investigadores. De la misma forma Nava (2008) agrega
que, una investigación documental, es formal, abstracta, que recoge analiza e interpreta. Por
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tanto, este artículo constituye una investigación, exclusivamente, documental.
Para el análisis de la información, se requirió de lecturas críticas, revisión y selección de cada
uno de los documentos significativos, equivalentemente, se contrastaron las fuentes para tener
mayor confiabilidad en cada uno de los datos seleccionados para la construcción del artículo.
Instrumentos
Para la conformación de este artículo de las migraciones, se consultaron veintitrés (23) referencias, como fundamentos para ahondar en el tema objeto de estudio, así como argumentar e
interpretar la postura de los autores e instituciones que se refieren al proceso migratorio y la
misión identidad.
Procedimiento
Se recopilaron, seleccionaron, organizaron y analizaron críticamente las fuentes necesarias: libros, artículos en publicaciones periódicas, informes, leyes, lineamientos gubernamentales, entre otros documentos científicos-académicos, que sustentaron cada uno de los apartados de este
artículo. Por último, se presentaron las conclusiones concernientes con el objetivo del artículo.
4.- CONCLUSIONES
En torno a la realidad de la migración en Venezuela, su legislación y su análisis desde la evaluación de las políticas públicas, se observan aspectos positivos y negativos. Uno favorable, se
puede atribuir a la implantación de una política, sino que es una característica cultural, es el
hecho que Venezuela continúa siendo una sociedad abierta y tolerante a las oleadas migratorias,
con un aparato legislativo que se ha ido adaptando a los principios y estándares internacionales
sobre el tema. Pero como aspecto negativo, se evidencian algunas deficiencias en lo relativo a
la aplicación de la legislación interna, y al hecho de que el país se mantiene al margen de los
más importantes tratados internacionales en el área, por haber renunciado a los tratados internacionales.
Actualmente, se cuenta con un gran desarrollo de enfoque de derechos para la protección de las personas migrantes en los sistemas internacionales, existe una plataforma normativa
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y referencial para la actuación de los estados, que debe ser un mandato y no una opción para los
gobiernos; en los grupos que apoyan al régimen cuentan con la protección total por parte del
gobierno.
En el caso de Venezuela, la relación, hoy día, es de manera inversa, ahora son los venezolanos los que salen de su territorio, debido a la crisis económica y social que se vive, más de
un tercio de esta población ha retornado a su sitio de origen, Borges (2012). Para superar las deficiencias en la protección de las personas migrantes parte de la voluntad política del gobierno
en esta materia. En consecuencia, el estado Venezolano debe demostrar su compromiso con la
protección migrante, una forma de hacerlo es suscribiéndose a la Convención sobre Trabajadores Migrantes y sus Familiares, expresando así su voluntad y su compromiso frente a la protección de los derechos humanos en general, sin sectarismos con algunas nacionalidades como la
Cubana que tiene algunos beneficios sobresalientes frente al resto de los grupos migrantes, esto
por razones políticas, puesto que siempre han estado vinculados política e ideológicamente al
anterior Presidente Hugo Chávez y al actual Nicolás Maduro, al punto que se les denomina en
público los padres de la revolución Venezolana.
En relación al tema de evaluación de las políticas públicas como tal, se deben proponer retos
que se asuman con vista al futuro a fin de poder tener una evaluación positiva. Uno de estos
son la restitución del acceso público a las estadísticas migratorias elaboradas por el SAIME, la
producción de información sobre la emigración de venezolanos, para que esta no permanezca
invisibilizada en las políticas migratorias y en los instrumentos legales.
Un reto adicional, que se puede tratar como recomendación, es superar las barreras de la
polarización política y procurar establecer relaciones de sinergia y complementariedad para un
tratamiento integral del fenómeno migratorio. Igualmente, la revisión de la legislación vigente
y la formulación de propuestas de reformas necesarias para lograr una mejor atención. Para
culminar, es necesario hacer presión para que el tema de la emigración de venezolanos se encuentre presente como un elemento inherente a las políticas migratorias del país, ya que, es un
problema no solo del país sino de la región en general, y el verdadero reto es vivir en armonía
y en paz.
Finalmente, después de revisar todos los documentos científicos – académicos vinculados
con la evaluación de políticas públicas en Venezuela destinadas a los migrantes, se puede conRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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cluir que el rasgo principal es la ausencia de una política definida para el recibimiento y acogida
de los extranjeros al país. Por otra parte, se debe agregar el momento actual de Venezuela, el
territorio y su población entre el 2018 y 2019, ha tenido que enfrentar un fenómeno social-económico que ha marcado la realidad de sus habitantes, el éxodo masivo de venezolanos.
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Políticas de inserción laboral de los migrantes colombianos retornados entre 2012 y 20181
Labor insertion policies of returning Colombian migrants between 2012 and 2018

Donna Catalina, Cabrera-Serrano2
Universitat Rovira i Virgili, España
https://orcid.org/0000-0002-8570-0043
Stéphanie, López-Villamil3
Universidad Nacional de Colombia, Colombia
https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-5
https://orcid.org/0000-0002-6480-9461
____________________________________________________________________________________________________________________________
RESUMEN
En este artículo se propone analizar la coordinación entre las políticas migratorias y las medidas en materia laboral para la
población retornada en Colombia desde la aprobación de la Ley de Retorno de 2012. Para esto, se emplea como metodología
un análisis de contenido derivado de una revisión documental de información del mercado laboral y políticas en materia migratoria y de empleo, teniendo en cuenta aspectos relacionados con el diseño de programas diferenciados para la población
retornada y el desarrollo de mecanismos de seguimiento sobre las intervenciones realizadas. El artículo considera el contexto
de la emigración y del retorno en Colombia, incluyendo la participación de la población retornada en los puestos de trabajo
de los países de acogida, así como las dinámicas recientes del mercado de trabajo en el país entendiendo algunos factores estructurales como el desempleo y la informalidad y la necesidad de considerar estos aspectos en el diseño de una propuesta de
integración socioeconómica para los retornados. Posteriormente se analizan las principales intervenciones propuestas en temas
de empleabilidad y emprendimiento y se realiza un estudio detallado de los informes de gestión presentados por los Ministerios
de Relaciones Exteriores y del Trabajo para el período de estudio para evidenciar la existencia de mecanismos de coordinación
interinstitucional. A partir de ello, se evidencia la necesidad de recolectar y difundir información continua y detallada sobre la
inserción laboral de los retornados con el fin de recoger más insumos técnicos y de diferentes actores que permita adecuar los
programas o las políticas destinadas para ello.
Palabras clave: Mercado laboral, políticas migratorias, retornados, retorno laboral, inserción laboral, desempleo
ABSTRACT
The article aims to analyze if the linkages between migration policies and labor related measures for returnees in Colombia
since the approval of the Law of Return, 2012. In order to do so, the authors use a documentary analysis methodology derived
from a desk review of labor market information, employment and migration policies. This process considers aspects related
to the design of differentiated programs for the returnee population and the existence or development of monitoring mechanisms. The article considers the context of emigration and return in Colombia, the labor profile of Colombian migrants in host
countries, as well as the recent dynamics of the labor market in Colombia, discussing some structural factors such as unemployment and informality and the need to consider these aspects in the interventions created for the socioeconomic integration of
returnees. The authors list and analyze the main activities on issues of employability and entrepreneurship as presented by the
Ministries of Foreign Affairs and Labor in their management reports to demonstrate the existence and extent of inter-institutional coordination mechanisms. The article concludes with the need to permanently collect and disseminate information on the
evidence of the labor insertion of returnees in order to gather and propose technical inputs from different actors that could be
included in the programs or policies aimed at doing so.
Keywords: Labor market, migration policies, returnees, labor market integration, unemployment.
Recibido: 25 de Junio 2019 - Aceptado: 18 de Septiembre 2019 - Corregido: 18 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Cabrera-Serrano, D. C., &amp; López-Villamil, S. (2020). Políticas de inserción laboral de los migrantes colombianos retornados
entre 2012 y 2018. Politica Globalidad y Ciudadanía, 96-123. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/
view/129

1
Artículo de investigación derivado en parte de la tesis doctoral de la Doctora Stephanie López Villamil “Alcances y Limitaciones
de las políticas migratorias sobre el retorno”, Universidad Nacional de Colombia, 2019.
2
Maestría en Migraciones y Mediación Social por Universitat Rovira i Virgili de España. Investigadora independiente en migración
internacional. E-mail: donna.cabrera@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8570-0043
3
Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales por Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Grupo Migraciones y Desplazamientos. E-mail: slopezv@unal.edu.co . ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6480-9461
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1.- INTRODUCCION
La estimación reciente del director de Migración Colombia de más de 400.000 retornados a
Colombia (Colprensa, 2018) por la crisis humanitaria de Venezuela invita a pensar el tema de su
(re)inserción socio-económica. Si bien Colombia cuenta con una Ley de Retorno desde 2012,
la Ley 1565, los retos que plantea este flujo a las instituciones son variados en la medida en que
factores estructurales del mercado de trabajo se presentan como obstáculos para su reinserción
laboral particularmente. Además, el acceso al empleo de esta población se dificulta por varios
factores: la falta de documentación, de certificados laborales, la convalidación de diplomas, el
desconocimiento de las dinámicas de búsqueda de empleo, la edad, entre otras (Prieto-Rosas,
2017; López, 2019). Por lo general, los migrantes recurren en primera instancia a sus redes de
conocidos, familiares e incluso ex-patrones. Aquellos que han permanecido más tiempo fuera
de su país y quienes han perdido contacto con sus redes sociales y/o laborales tienen más dificultades para encontrar un empleo en los primeros 3 meses, vitales en la sostenibilidad de este
retorno.
Ahora bien, el retorno de migrantes ha sido un tema que se ha puesto en la agenda a nivel
latinoamericano en las últimas dos décadas; en parte también esto ha sucedido en los países de
destino quienes han orientado sus políticas hacia esta población como un mecanismo de selección de las migraciones. En Colombia, son pocos los estudios sobre la migración de retorno
que se centran en las políticas migratorias laborales; en este sentido, este artículo intenta aproximarse a las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los migrantes en edad de trabajar
a su retorno para encontrar un empleo.
Algunas preguntas surgen para encontrar soluciones a estas problemáticas y vacíos y así poder contribuir al estudio de la inserción laboral de los retornados en Colombia: ¿Cuáles son las
oportunidades que se les presentan (o no) por parte del Estado? ¿Qué falencias tienen las políticas orientadas a la población retornada y en qué se pueden mejorar (recomendaciones)? En aras
de resolver algunas de estas inquietudes, en el presente artículo se propone analizar las políticas
migratorias en materia laboral para la población retornada en Colombia desde la aprobación
de la Ley de Retorno de 2012. Para ello, en un primer momento se aborda el marco referencial
desde la definición de las políticas migratorias de retorno y del debate entre migración y desarrollo. En un segundo momento, se describe la metodología aplicada en la investigación. En un
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tercer momento se describe el contexto laboral colombiano y las políticas laborales. Por último,
se analizan los programas de retorno laboral y se hacen algunas recomendaciones.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Para abordar la problemática de las políticas migratorias laborales destinadas a la población
retornada es necesario repasar algunos fundamentos teóricos al respecto: primero, sobre cómo
se formulan políticas migratorias y enfocadas en qué sujetos entendidas como políticas de recuperación del emigrante (Mármora, 2004); segundo, sobre el nexo entre migración y desarrollo,
entendido en el marco de las migraciones internacionales de retorno desde una perspectiva
crítica (Delgado-Wise, 2009).
Las políticas de recuperación del emigrante, tal como son definidas por Mármora (2004),
tienen como objetivo repatriar a los migrantes o generar vínculos con el país de origen. Los programas que surgen de estas políticas son clasificados en: retorno voluntario de migrantes laborales, reasentamiento de migrantes forzados y recuperación de recursos humanos calificados (en
adelante RHC). Las características y estrategias de estos programas se resumen así: “identificar
los puestos de trabajo necesarios en el país de origen y luego promover el retorno del migrante
adecuado; o bien, a la inversa, planes para inducir a los migrantes para que vuelvan y ayudarlos
posteriormente en su reinserción laboral” (Mármora 2004, 302).
En el caso del retorno voluntario de migrantes laborales, hay varios instrumentos que pueden
utilizarse desde los países de destino como cursos de capacitación laboral o incentivos económicos. En los países de origen de los migrantes se implementan programas, bien sea con la
ayuda de la cooperación internacional, con la ayuda de países de destino o por iniciativa propia
del país. Estos programas están orientados a la reinserción laboral mediante apoyos a proyectos
productivos o autoempleo (Mármora, 2004). Ahora bien, este marco no aborda el retorno forzado de migrantes por lo que sería necesario ahondar en algunos aspectos como la preparación
al retorno y la movilización de recursos (Cassarino, 2004) que son diferentes en un contexto de
migración forzada.
El estudio de las políticas laborales orientadas a la población retornada implica fijarse en el
nexo entre migración y desarrollo, que, no es siempre desde una visión optimista en la que el
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retornado es un agente de desarrollo económico para el país de origen. Así, algunos autores latinoamericanos, haciendo investigación sobre lo que sucede en los países de origen argumentan
que esta visión, que es la dominante, no tiene sustento en la medida que,
Ignora las causas del éxodo de millones de trabajadores del mundo que se han visto forzados
a buscar el sustento familiar en los países desarrollados; hace tabla rasa de las contribuciones
de los inmigrantes al crecimiento de las economías receptoras, y encubre las múltiples transferencias y costos, materiales y humanos, que la migración significa para los países emisores, con
el agravante de que estas pérdidas no son compensadas por el flujo de remesas (Delgado-Wise
2009, 27)
Según estos autores, de las corrientes marxistas de las teorías de las migraciones internacionales, es el desarrollo desigual el que lleva a las personas a migrar, con lo cual esta sería
forzada. En resumen, desde esta perspectiva que sitúa los países de destino en el centro y los
países de origen de los emigrantes en la semi-periferia o en la periferia, los primeros los países
del centro van a aprovechar el bono demográfico y así acudir a la explotación laboral de mano
de obra barata (Delgado-Wise 2009, 28).
La globalización económica, como fase actual del capitalismo, no ha generado desarrollo en
los países de origen. Así, se entiende que la fuga de cerebros es uno de los factores que genera
subdesarrollo y es vital en términos del retorno. En este sentido, el impacto en el desarrollo
puede ser negativo siempre que la migración produzca desplazamientos hacia áreas urbanas
(Ravenstein, 1885) que demandan manufactura y productos extranjeros lo cual incide en que
la producción local se vea afectada por importaciones de productos y de alimentos (De Haas,
2008).
A partir de ello, se asume que, para generar un tipo de desarrollo económico, los migrantes
retornados deben contar con otras condiciones de estabilidad en los países de origen, pues, hay
factores estructurales como el desempleo, que pueden desincentivar este retorno. La preparación del retorno con el objetivo de facilitar la inserción laboral del migrante, debería considerar
la esfera individual como lo propone Cassarino, y el ajuste de las políticas públicas de recuperación de capital humano de las que habla Mármora.
Asimismo, se hace necesario diseñar estas medidas considerando la situación socio-económica en el país de origen, así como el mercado laboral y las nuevas herramientas o entidades
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que se han posicionado en la oferta de servicios de intermediación laboral o de apoyo al emprendimiento, en este último aspecto es prudente considerar las opciones de inclusión financiera con las que cuentan los retornados que no han residido en el país recientemente. Un paso
adicional podría analizar la eficacia de las medidas a partir de la coordinación interinstitucional
presente o no en el país de retorno, entendido como la alineación entre las políticas migratorias
y las de empleo.
En su análisis de los programas de retorno voluntario de latinoamericanos desde Europa,
González (2013) destaca la desconexión entre el retorno y la reintegración como uno de los
limitantes en la implementación de estrategias de inserción laboral. Es por esto que realiza cuatro propuestas para mejorar la gestión que hacen los países de origen: “1. Establecer programas
diferenciados en la promoción del retorno sostenible, 2. Definir de forma más ambiciosa la
población objetivo de los programas de retorno y reintegración, 3. Desarrollar dispositivos de
apoyo que permitan personalizar y monitorear las medidas orientadas a la reintegración, y 4.
Monitorizar las actuaciones de apoyo individual y evaluar los programas de ayuda implementados.” (González, 2013: 63-64).
3.- MÉTODO
Diseño
Teniendo en cuenta el marco anterior, la investigación se planteó a partir de los conceptos teóricos que permiten hacer un análisis de las acciones emprendidas por el Estado para el período
de estudio, para dar solución a algunas de las problemáticas mencionadas.
Para analizar la inserción laboral de la población retornada es necesario hacer una breve
referencia a los procesos de emigración registrados en el país, entendiendo las motivaciones y
destinos principales de este movimiento. A partir de este escenario se presentan las principales
medidas legislativas que se han diseñado e implementado para atender a la población colombiana que retorna del exterior.
Este análisis se complementa con una revisión de la dinámica reciente del mercado de trabajo nacional para el período 2012 a 2016, de las políticas activas de empleo y de emprendimiento
que buscan por un lado mejorar el encuentro entre oferta y demanda, y por el otro generar meRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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canismos alternativos de generación de ingresos como el autoempleo y la creación de pequeñas
y medianas empresas.
Participantes
Este documento se centra en el análisis de las políticas migratorias del Estado Colombia entre
los años 2012 y 2018 centradas en facilitar la inserción laboral de la población retornada. Se
consideran tres aspectos fundamentales, la legislación nacional en la materia, las acciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que coordina la política migratoria en Colombia,
y las acciones del Ministerio del Trabajo, institución a cargo de la política laboral.
Instrumentos
La discusión central de este artículo se centrará en el análisis de las políticas y programas para
el retorno en Colombia fijando la atención en los aspectos descritos por Mármora, políticas de
retorno entendidas como de recuperación del migrante, y en dos de las propuestas realizadas
por González: diseño de programas diferenciados para la población retornada y desarrollo de
mecanismos de seguimiento sobre las intervenciones realizadas. Para ello, se hace una revisión
documental de la normativa y de los planes, programas y proyectos implementados por los
Ministerios de Relaciones Exteriores y del Trabajo a través de la revisión de los informes de
gestión anual que presentan las entidades entre el año 2013 y 2018 Los informes de gestión
anual se realizan por las entidades públicas colombianas con el propósito de hacer una evaluación transparente para medir el desempeño, impacto y resultados de su gestión (Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, 2019). El análisis comparativo de estos informes permite
observar cómo se materializa la coordinación entre las entidades, sus planes y programas para
atender las necesidades de los retornados en su inserción al mercado de trabajo colombiano.
Procedimiento
La investigación se realizó en dos fases de acuerdo a unos objetivos específicos: un primer acercamiento indagó en el contexto del mercado laboral colombiano para identificar condiciones
estrcuturales que impiden que el retorno laboral se haga en el marco de una estrategia nacional
o local de desarrollo económico. En un segundo momento se abarcó la problemática desde lo
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institucional tanto con el análisis de los instrumentos de política existente como de la normativa en materia de retorno laboral. El estudio pretende dar luces sobre la reintegración laboral
de los migrantes retornados en Colombia y las políticas implementadas desde la Ley 1565 de
2012 hasta el 2018 con el propósito de formular algunas recomendaciones. La discusión final
y recomendaciones consideran si el diseño de programas diferenciados y el monitoreo de los
mismos ha sido suficiente para facilitar la inserción laboral de los retornados en Colombia, y si
es ésta la vía para evidenciar los vínculos entre la migración y el desarrollo a pesar o a la par de
la existencia de condiciones estructurales como el desempleo y la informalidad en Colombia.
4.- RESULTADOS
Colombia ha sido tradicionalmente un país de emigrantes: desde los años sesenta se inició una
salida considerable de colombianos primero hacia Venezuela, luego hacia Estados Unidos alrededor de los años ochenta y posteriormente a España, a finales de los años noventa. Ecuador,
Canadá y Chile, se incluyen recientemente entre los países de destino. Acorde a los resultados
de la Encuesta Nacional de Migración Laboral y Remesas - ENMIR (2009), las principales
razones de la salida de los colombianos del país se relacionaron con motivos económicos y
laborales, familiares y de estudio (Mejía et al, 2009). Las razones de tipo social y político, vinculadas sobre todo al contexto del conflicto interno, también han sido relevantes a la hora de
tomar la decisión de emigrar por parte de los colombianos (Ciurlo, 2015). La elección de países
de destino de la emigración colombiana ha estado caracterizada por el contexto económico de
dichos países, la disponibilidad de puestos de trabajo que pueden ser llenados por trabajadores
migrantes, la posibilidad de contar con mejores ingresos que sirven para sostener al migrante
y a su familia en Colombia, y la existencia de redes sociales de apoyo que facilitan la llegada e
inserción de los colombianos en el mercado de trabajo de estos países (Mejía, 2013).
En cuanto a la inserción laboral de los colombianos en los tres principales países de destino,
Venezuela, Estados Unidos y España se presentan las siguientes consideraciones. En Venezuela, y para el año 1990, la población inmigrante, donde la población colombiana ocupaba
el primer puesto en importancia, se insertaba sobre todo en los sectores comercio, servicios e
industrias (Torales, González y Peréz, 2003). Adicionalmente los colombianos se enganchaban
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en labores propias de la agricultura (Torales, González y Peréz, 2003).
En Estados Unidos y para el período comprendido entre 1960 y 2016, los principales sectores donde se ha incrementado la participación de hombres son construcción, servicios comerciales diversos, y lugares para beber y para comer (Mejía 2019). En el caso de las mujeres los
sectores más importantes son servicios educativos, servicios comerciales diversos y servicios
médicos y otros de salud, excepto hospitales (Mejía 2019).
En España y entre los años 1993 y 2001, los colombianos se insertaron principalmente en
el sector servicios, destacándose una principal participación en el servicio doméstico (OIM y
ONU, 2003). La participación en los sectores de industria y construcción fue baja y muy cambiante, y en el sector agrario se presentó un incremento importante para el año 2001 (OIM y
ONU, 2003).
A partir de estos datos se puede asumir que la participación laboral de los colombianos en el
exterior ha permitido que el perfil laboral de esta población se especialice en los conocimientos
y competencias específicas del sector servicios. El perfil ocupacional se complementa con las
competencias adquiridas en otros sectores de inserción secundaria como comercio, industria,
construcción y agricultura.
Las condiciones económicas, de acceso a derechos y a servicios, y la flexibilidad o restricción de las políticas migratorias, juegan un rol determinante tanto en el proceso de emigración
como de retorno. Es así que en el caso de la población colombiana el regreso al país se puede
entender a partir de dos hechos importantes: por un lado, el comportamiento de las economías
de los países de destino, como Estados Unidos, España y recientemente Venezuela, han influido
en la búsqueda de mejores oportunidades donde el retorno a Colombia es una opción relevante.
En segunda medida, la aparición de medidas migratorias restrictivas en los países de destino, y
el desarrollo de una legislación alrededor de la migración del retorno en Colombia. La expedición de medidas que buscan favorecer la integración socioeconómica de los colombianos que
vuelven al país, ha encontrado eco en la comunidad residente en el exterior quienes han buscado
acogerse a los beneficios creados por el país de origen.
Aunque los ajustes legislativos en materia de retorno pueden encontrarse a partir del año
2009 en la expedición del documento CONPES (del Consejo Nacional de Política Económica y
Social) 3603, que es la propuesta de desarrollo de políticas generales aprobados por el gobierno
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a través del Departamento Nacional de Planeación - DNP, en este caso sobre Política Integral
Migratoria, las medidas específicas se toman a partir del año 2012 con la ley 1565, razón por
la cual se analizarán algunos indicadores del mercado laboral en el país entre 2012 y 2018 para
acercarse al contexto de inserción laboral con el que se encuentra la población retornada.
Los datos contenidos en la Tabla No. 1 demuestran que la Tasa Global de Participación –
TGP se mantiene estable durante el período de estudio y que la Tasa de Ocupación crece paulatinamente hasta el año 2015. Es durante este periodo que la Tasa de Desempleo alcanza una cifra de un dígito para el total nacional, en el año 2013, respondiendo a un proceso progresivo de
disminución de dicho indicador y tras convertirse en uno de los objetivos en materia de empleo
del plan de Gobierno del período 2010-2014 (Uribe, Fajardo y Romero, 2017). Sin embargo, en
el año 2016 se aprecia un nuevo incremento en dicha tasa manteniéndose su aumento durante
los años siguientes. Este comportamiento puede relacionarse con bajos niveles de crecimiento
del Producto Interno Bruto (en adelante PIB) que se evidencian sobre todo a partir del año 2015,
una tendencia que empieza a revertirse en el año 2018.
Tabla No. 1 Tasa Global de Participación, Tasa de Ocupación, Tasa de Desempleo y Producto Interno Bruto en Colombia. Años 2012 a 2018

Fuente: GEIH, Cuentas Nacionales – DANE. Elaboración propia
La evolución del desempleo en Colombia a partir de la década de los noventa demuestra dos
hechos importantes: en primer lugar, aun cuando se presenten períodos de crecimiento económico, estos no implican una disminución directa de la tasa del desempleo y, en segundo lugar,
el impacto de las crisis económicas a nivel mundial no siempre afecta el desempeño económico
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del país entendido como el aumento de la tasa de desempleo (Peña, 2013). Sin embargo, este
rezago entre crecimiento económico y disminución de la tasa de desempleo incide en que,
Colombia ocupe el segundo puesto a nivel latinoamericano en relación a la tasa de desempleo
histórica más alta de la región (Peña, 2013). Este es un primer punto a considerar para el análisis
de una política laboral para la población retornada pues se constituye como un factor estructural
ligado al desarrollo económico del país.
Además de esto, las posibilidades de participar en el mercado de trabajo son más favorables
para los hombres que para las mujeres. Entre 2012 y 2018 la tasa de desempleo de las mujeres
es siempre mayor a la de los hombres, aun cuando hay una tendencia a que dicha diferencia
disminuya (exceptuando el trimestre móvil de diciembre 2015 a febrero de 2016, brecha que
parece ajustarse a partir del siguiente año). Este factor también debe considerarse en las políticas, desprovistas de un enfoque de género que debe incluir, además el tema de los cuidados.
La participación en el mercado laboral también se determina a partir de otras características
demográficas como la edad. El desempleo juvenil históricamente supera el indicador total nacional y este hecho se exacerba aún más para las mujeres jóvenes: Para el trimestre móvil marzo
- mayo de 2018 la Tasa de Desempleo para los jóvenes (14 a 28 años) fue de 16,7%, donde los
hombres representaron el 13% mientras que las mujeres tenían el 21,6% (DANE, 2019a).
Tabla No. 2 Tasa de desempleo por sexo en Colombia. Trimestres móviles diciembre - febrero 2012 a 2019.

Fuente: GEIH – DANE. Elaboración propia.
Además, Colombia cuenta con un alto nivel de informalidad, fenómeno que se mide a partir
del tamaño de la empresa, el número de trabajadores, ocupación y contribución al sistema de
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seguridad social (Peña, 2013). Aun cuando la informalidad ha ido en descenso, aún representa
una participación de casi la mitad de la ocupación en el país lo cual es otro de los factores estructurales del desarrollo económico que deben considerarse en una política laboral de retorno
de migrantes. Para el trimestre móvil de diciembre de 2012 a febrero de 2013 este indicador
para 23 ciudades y sus áreas metropolitanas se encontraba en 51,4% y para el mismo período de los años 2018 a 2019 se situó en 47,3% (DANE, 2019b). El descenso reciente en este
indicador puede relacionarse con las iniciativas del Gobierno 2010 – 2014, que incluyeron el
mejoramiento de las condiciones para los trabajadores, la implementación de una estrategia
de formalización laboral (Uribe, Fajardo y Romero, 2017), así como el posicionamiento de un
sistema de ahorro voluntario, llamado Beneficios Económicos Periódicos (en adelante BEPS)
que busca brindar una alternativa de protección para la vejez de dichos trabajadores. La informalidad presenta retos para la población migrante y retornada en dos sentidos: En primer lugar,
puede resultar más rápido una vinculación en un empleo informal o en un emprendimiento que
en el mercado de trabajo formal, y en segunda medida, las medidas de formalización laboral
no consideran el contexto migratorio de la persona para incluirlo dentro de los beneficiarios de
las mismas. Es por esto que se hace necesario habilitar el acceso y permanencia de la población
retornada en el Sistema de Seguridad Social.
Políticas de empleo y de generación de ingresos
Como parte de las actividades realizadas en el país por el Gobierno nacional para mejorar la
empleabilidad de la población, desde el sector Trabajo se han tomado una serie de medidas
orientadas a facilitar el acceso al mercado de trabajo, haciendo énfasis en los grupos poblacionales que cuentan con más dificultades de participar en el mismo como mujeres, víctimas del
conflicto, personas en situación de discapacidad y jóvenes (SPE, 2015). Es así que, en el año
2013, se creó la Unidad Especial del Servicio Público de Empleo (en adelante SPE) que reúne
a una red de operadores a nivel regional para dinamizar el acceso de la población a procesos de
orientación ocupacional, formación para el trabajo y vacantes a empleos formales.
El Ministerio del Trabajo a través del SPE, que opera en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), ha desarrollado programas especiales dirigidos a mejorar la participación de población con altos niveles de exclusión del mercado de trabajo como
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mujeres, víctimas del conflicto, personas en situación de discapacidad, migrantes y retornados,
y jóvenes, que incluyen una labor de sensibilización con los empresarios y la implementación
de incentivos encaminados a ampliar las vacantes que sean cubiertas por esta población. Adicionalmente a través de programas como los contratos de aprendizaje del SENA, y 40.000 primeros empleos, se ofrecen subsidios directos para cubrir el costo de contratación de los jóvenes
y practicantes y así facilitarles la adquisición de experiencia laboral, factor que se identificó
como una de las barreras de empleabilidad de la población joven en el país.
Otra de las iniciativas que ha estado vinculada al desarrollo de mecanismos para mejorar la
empleabilidad y generación de ingresos de los trabajadores tiene que ver con la apuesta por el
emprendimiento. Tarapuez, Osorio y Botero (2013) describen el desarrollo de las políticas de
emprendimiento en el país desde el año 1991 y a partir de su análisis se pueden desprender tres
premisas fundamentales: 1. El SENA, a través de la formación y acompañamiento de emprendedores, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante MINCIT), a través del
fomento de la inversión y la creación de empresas, son dos de las entidades que han estado más
vinculadas a la promoción de la temática. 2. En coordinación con universidades, centros de investigación y cámaras de comercio locales se ha promovido la innovación y la tecnología como
aliados del emprendimiento. 3. El fomento del emprendimiento se vincula con las estrategias de
creación de empleo y este hecho se fortalece en particular en períodos donde se registran tasas
de desempleo altas y sostenidas en el país (Tarapuez, Osorio y Botero, 2013).
Iniciativas como el Fondo EMPRENDER del SENA creado a través de la Ley 789 de 2002,
están disponibles para que la población colombiana se forme en emprendimiento y a partir de
la formulación y diseño de una idea de negocio, acceda a través de una convocatoria, a recursos
económicos para su implementación. Diversas iniciativas de tipo nacional en el marco de la política de emprendimiento liderada por el MINCIT, y de tipo regional donde las Cámaras de Comercio realizan convenio con las administraciones locales, han sido desarrolladas para mejorar
el ámbito del emprendimiento en el país. Tanto el Fondo EMPRENDER, como las iniciativas
locales donde participan las Cámaras de Comercio, han venido vinculado a población retornada
y migrante dentro de los beneficiarios de los procesos de emprendimiento que han acompañado
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018a).
Las políticas de inserción laboral de migrantes retornados en Colombia
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El retorno de los colombianos radicados en el exterior, ha sido un tema de interés sobre todo
en las políticas migratorias, laboral como el CONPES 3603 y el convenio bilateral de migración
laboral con España, y científica colombianas, como el vínculo que fomenta el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante COLCIENCIAS) con los
científicos que retornan y que residen fuera del país para facilitar la circulación de su conocimiento en pro de las necesidades de innovación y desarrollo del país.
Y a partir de este interés las entidades del sector educación y trabajo también han adecuado
sus iniciativas y programas para promocionar la emigración y retorno de los colombianos en
relación con el sistema educativo y con el mercado de trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de
Educación ha adecuado y facilitado el proceso de convalidación de títulos profesionales adquiridos en el extranjero para colombianos y extranjeros residentes en el país. A través del Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (en adelante ICETEX)
y su oferta de becas virtuales y en el exterior se promueve la formación del capital humano
colombiano en programas académicos disponibles en otros países. Lo anterior manifiesta parte
de la adecuación y diseño de programas orientados a facilitar la participación en el mercado de
trabajo de los colombianos que residían en el exterior.
En la ley 1565 de 2012 se establecen cuatro tipos de retorno: solidario, humanitario o por
causa especial, laboral y productivo, que han sido cuestionados por su carácter estático principalmente (Aliaga et al., 2019). Pasaremos revista a los programas desarrollados en cuanto
a los tipos laboral y productivo, sin dejar de lado la mención a los programas orientados a la
migración calificada. Según la ley, el retorno laboral busca reconocer la experiencia y conocimiento adquiridos en el exterior como un factor de incidencia en la empleabilidad de la persona
en Colombia, mientras que el retorno productivo promueve la puesta en marcha de una idea de
negocio que se relacione con las prioridades de desarrollo del sitio al que se retorna.
A partir de esta Ley, se crea a través del Decreto 1000 de 2013 el Registro Único de Retornados – RUR: un registro administrativo a través del cual las personas que se quieren acoger a
los beneficios de la Ley 1565 de 2012 consignan información sociodemográfica y migratoria
con la cual la Comisión Intersectorial para el Retorno - CIR, determina si la persona cumple
los requisitos y puede acogerse a los beneficios de la Ley. Para el período comprendido entre el
inicio de la aplicación del registro en el año 2013 y marzo de 2018, en la Tabla No. 3 se aprecia
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que, del total de las 16.371 solicitudes realizadas por retornados, fueron aprobadas el 54,5%.
El tipo de retorno más solicitado por los connacionales que volvieron al país fue el laboral con
el 19,6% seguido del humanitario con el 14,2%, el productivo con el 12,1%, y solidario con el
3,9%. El 2,7% de las personas no escogieron algún tipo de retorno al solicitar ser beneficiarios
de la Ley. Las solicitudes de los tipos de retorno productivo y solidario son las que tienen un
porcentaje de aceptación más alto.
Tabla No. 3 Total de solicitudes aprobadas y rechazadas en el Registro Único de Retornados
– RUR por tipo de retorno. 2013 – 2018 (marzo)

Fuente. Cancillería. Registro Único de Retornados – RUR. Presentación Programa Colombia Nos Une. Elaboración propia.
Al analizar los datos por país de retorno, en la Tabla No. 4, Venezuela es el país con un
mayor número de solicitudes alcanzando el 61,4% del total, esto evidencia que la población
colombiana residiendo en Venezuela de vieja data regresa al país por la crisis humanitaria, pero,
además, que hay un subregistro importante en la medida en que se calcula que han retornado
más de 400,000 colombianos. Con ello, en el RUR estarían registrados menos del 2,5% de estos retornados. Le siguen muy de lejos Estados Unidos y España en el segundo y tercer puesto
representando el 10,9% y 10,1% del total respectivamente; y Canadá y Ecuador son los países
que ocupan la cuarta y quinta posición con porcentajes del 2% y 1,6%. El porcentaje de aprobación de las solicitudes para quienes retornan de Venezuela es el más bajo de toda la muestra
con el 38,7%, seguido de Ecuador con el 58,9%. Para el caso venezolano, esto se debe a que los
retornados no cumplen con algunos de los requisitos de la Ley como el registro de movimientos
migratorios o el registro de vivienda en el exterior. Todos los otros países de retorno cuentan
con un porcentaje de aprobación de más del 74% siendo Canadá el país para el cual se aprueban
un mayor número de aplicaciones.
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Tabla No. 4 Total de solicitudes aprobadas y rechazadas en el Registro Único de Retornados
– RUR por país de retorno. 2013 – 2018 (marzo)

Fuente. Cancillería. Registro Único de Retornados – RUR. Presentación Programa Colombia Nos Une. Elaboración propia
A partir de los datos es claro que los tipos de retorno laboral y productivo son los más importantes en términos de participación, esto ha llevado a que las entidades desarrollen rutas de atención específicas para estos dos tipos de retorno. Sin embargo, la inserción laboral y productiva
debe extenderse a quienes se acogen a los otros tipos de retorno, a quienes no fueron incluidos
en el RUR y a la población retornada en general.
Este antecedente de caracterización de la población, y del mercado laboral en el país, es útil
para entender si las medidas que en materia de retorno laboral y productivo que han tomado los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo desde el año 2013 consideran el perfil y necesidades de la población, y la oportunidad de su vinculación en el mercado laboral colombiano.
La información sobre las medidas institucionales que se presenta en este aparte y que se
encuentra en la Tabla No. 5, se extrae de los informes anuales de gestión presentados por los
Ministerios de Relaciones Exteriores y del Trabajo. Los informes de Cancillería cubren la vigencia anual, mientras que los informes del Ministerio del Trabajo cubren las actividades del
segundo semestre del primer año y del primer semestre del segundo año. Cada entidad privilegia aspectos específicos en el reporte de la información que están determinados por temas de
seguimiento y monitoreo interno que no son el objeto de análisis de este artículo, igualmente las
dos entidades no siguen los mismos parámetros de presentación de la información.
Las actividades reportadas se presentan en cuatro grandes líneas: 1. Orientación a retornaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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dos, 2. Medidas directas de vinculación en empleos y de financiación de proyectos productivos, 3. Coordinación y capacidad instalada, y 4. Formulación de política. La mayoría de las
actividades se relacionan con los aspectos de coordinación interinstitucional, la disponibilidad
de acceso a procesos de orientación general y formación para emprendimiento y trabajo, y la
creación de rutas de orientación para población retornada. Sin embargo, en este último caso y
para la información del Ministerio del Trabajo, no es claro si la ruta de orientación es una herramienta consolidada o si se construye nuevamente para cada uno de los períodos en los que
reportan información.
Los informes de gestión presentan datos cuantitativos sobre el número de retornados, país
de retorno, departamento de llegada y tipo de retorno, aun así, sólo en el período 2017-2018 el
Ministerio del Trabajo reporta haber construido caracterizaciones específicas de la población a
partir del RUR. Las menciones sobre cambios normativos o de política que faciliten la inserción laboral o productiva de la población retornada sólo se mencionan en el período 2018 por
Cancillería, y dichas decisiones están enfocadas exclusivamente a la población que retorna de
Venezuela.
Retomamos las dos consideraciones citadas por González (2013), diseño de programas diferenciados para la población retornada y desarrollo de mecanismos de seguimiento sobre las intervenciones realizadas, para analizar la respuesta institucional en materia de inserción laboral.
En relación al diseño de programas diferenciados para la población retornada, se puede
mencionar que los cuatro tipos de retorno definidos por la Ley 1565 facilitan la atención de la
población acorde a sus necesidades específicas, es decir se cuentan con medidas diferenciadas.
Las entidades han desarrollado rutas de atención especializadas para los tipos de retorno que se
socializan con los retornados y con los funcionarios a cargo de su atención.
Las entidades desarrollan nuevos mecanismos para hacer otro tipo de intervención o para
mejorarla, es el caso de la Alianza con Cámaras de Comercio de España que reporta el Ministerio del Trabajo para el período 2012 - 2013 o la Construcción del Plan nacional de emprendimiento para el retorno productivo que reporta Cancillería en 2016. La realización de seis
caracterizaciones detalladas de la población retornada reportadas por el Ministerio del Trabajo
para el período 2017-2018, resultan provechosas y necesarias para conocer las especificidades
de las personas en relación a temas de empleabilidad y emprendimiento que pueden orientar
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mejor la toma de decisiones y las intervenciones planteadas.
Tabla No. 5 Medidas en materia de retorno laboral y productivo de los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Trabajo. 2013 - 2018

Fuente: Informes de gestión anual Ministerios de Relaciones Exteriores (2013, 2014, 2015,
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2016, 2017, 2018) y del Trabajo (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;
2017- 2018). Elaboración propia
Aunque existen las medidas diferenciadas para la población retornada, las entidades no reportan si dichas medidas están facilitando la inserción laboral de los connacionales que regresan al país. A partir de la información no se conocen los resultados, riesgos y oportunidades de
las intervenciones realizadas, de las nuevas alianzas o de las rutas creadas. Aunque se mencionan los departamentos de llegada, solo en uno de los casos se menciona la inserción en puestos
de trabajo mas no se entiende si se están considerando las competencias y experiencias de los
migrantes en relación a las demandas de los mercados de trabajo o las apuestas de desarrollo de
los departamentos a los que llevan.
Aunque la definición de tipos de retorno es útil como punto de entrada para una primera
caracterización y orientación de la población en su proceso de reintegración, no son una categoría a la que deberían estar asociados de manera permanente pues ello puede ser problemático
(Aliaga et al. 2019). Los procesos que faciliten la inserción laboral y productiva deberían estar
disponibles para todos los retornados considerando su perfil ocupacional, a partir de caracterizaciones regulares y públicas, así como las dificultades recurrentes que enfrentan lo que facilitaría
el diseño de medidas para superarlas (González, 2013). Las rutas de atención no especifican si
incluyen las medidas que se han diseñado para disminuir las barreras de acceso a empleo que
tienen grupos poblacionales como las mujeres, jóvenes o personas en situación de discapacidad,
por lo que se infiere que las medidas de atención privilegian el historial migratorio antes que
otras condiciones sociales que influyen en la consecución o no de un puesto de trabajo.
En relación al desarrollo de mecanismos de seguimiento sobre las intervenciones realizadas,
el Decreto reglamentario de la Ley prevé que la CIR, hace el seguimiento a los casos aprobados,
sin embargo, este hecho no queda reflejado en los informes de gestión presentados por las dos
entidades. Es necesario acudir al informe ejecutivo de la CIR (2018) para recabar información
sobre este aspecto. En dicho documento se reconoce un bajo acceso de los retornados a la oferta
de las entidades, por lo cual se recomienda fortalecer la oferta se servicios y hacer un mejor seguimiento al uso que de ellos está haciendo la población retornada (Colombia Nos Une, 2018).
La principal propuesta en este sentido es la de crear Subcomités que lideren las actividades que
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por tipos de retorno se presentan.
Considerando que es una propuesta reciente no se cuentan con datos sobre los resultados de
dicho proceso. Sin embargo, la información recogida en los informes de gestión evidencia que
hay una falencia en la concepción de los mecanismos de seguimiento y por ende en el monitoreo que de los mismos se puede hacer. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo habla en tres ocasiones del diseño, creación o puesta en marcha de una Ruta de orientación en materia laboral,
no es claro si se trata del mismo instrumento o de tres iniciativas distintas. En tal sentido no se
puede evaluar si la ruta está funcionando, si ha merecido ser mejorada o si se han desarrollado
rutas específicas para subgrupos dentro de la población retornada.
Aunque Cancillería presenta datos sobre los proyectos de emprendimiento y sus beneficiarios, no es posible saber si las iniciativas siguen en curso o si se han vinculado con otros
programas de fortalecimiento de emprendimientos, por ejemplo. En materia de vinculación a
puestos de trabajo solo se hace una mención por parte del Ministerio del Trabajo para el período
2015-2016 y no se presenta ninguna retroalimentación sobre el proceso de inserción laboral.
Otra falencia se encuentra al analizar los datos de los beneficiarios del Fondo Emprender y de
trabajadores colocados del SPE ya que se presenta solo un dato total general y no se identifica
a la población retornada.
Los mecanismos de seguimiento deberían contar con indicadores de gestión verificables y
los resultados deberían ser de acceso público, es posible que la información se esté circulando entre las entidades del CIR pero no con actores como el sector privado, trabajadores y la
academia que pueden contribuir con recomendaciones sobre la gestión de los retos y oportunidades de la inserción de la población retornada. A la fecha y según los informes de gestión
de las entidades no se hace un seguimiento y no se incluye la voz de otros actores. El tema de
la participación de la sociedad civil en la política se ha discutido concluyendo sobre la falta de
gobernanza (López Villamil, 2018).
Discusión
De lo anterior se desprenden tres hechos fundamentales: en relación con las actividades que
realizan las entidades según su competencia, la coordinación interinstitucional a nivel nacional y regional, y las expectativas de la población retornada al buscar los beneficios de la Ley
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de retorno. Esto se analiza a partir del marco teórico y, en particular, de la dupla migración y
desarrollo, este último entendido como desarrollo económico según lo visto en los programas.
Por un lado, el Ministerio del Trabajo está a cargo de las actividades de inserción laboral para
los retornados, y estas actividades se sustentan en el mejoramiento de la empleabilidad de las
personas y en el acceso a las vacantes disponibles en el aplicativo del SPE. Existen aspectos que
merecen una revisión especial para mejorar la efectividad de la participación esta población en
el mercado de trabajo, como el análisis de los perfiles ocupacionales en relación con la oferta de
vacantes en las ciudades a las que se retornan; la reconstrucción de redes sociales que faciliten
el acceso a las oportunidades laborales; la influencia del sexo y la edad en la calificación que
se hace de los candidatos a una vacante; y las expectativas de los retornados en relación a las
ocupaciones que se espera desempeñar, a la remuneración y a las condiciones laborales.
Por otro lado, el SENA, en cuanto al retorno productivo es consecuente tanto con el rol que
la entidad tiene a nivel nacional en materia de emprendimiento, como con la capacidad institucional en términos de formación, seguimiento y acceso a recursos. Que el SENA haya adecuado los requisitos para facilitar el acceso de la población retornada al Fondo Emprender refleja
que los programas se adaptan a las necesidades de la población retornada, pero dicho hecho
no garantiza que toda la población que se acoja a este tipo de retorno desarrolle una idea que
logre ser financiada en el marco del proyecto. Adicional al cumplimiento de los requisitos, se
requiere obtener superar la evaluación de la viabilidad del plan de negocios, y surtir el proceso
de la aprobación de recursos, estos factores no resultan sencillos para todos aquellos que están
buscando emprender.
Con respecto a temas de emprendimiento, la intervención de Cancillería resulta problemática ya que técnicamente la orientación de la entidad es la política exterior y migratoria más no
el desarrollo y acompañamiento de proyectos productivos. Por esta razón es que Cancillería
debe suscribir convenios con otras entidades, y aunque esto hecho incida en el aumento de los
recursos para financiar las ideas de emprendimiento, aumenta la complejidad en la coordinación interinstitucional toda vez que se trata de entidades que no participan de la CIR, ni de la
estrategia de emprendimiento, función del Ministerio de Comercio.
Aun cuando existe la Comisión, las Oficinas de Atención al Migrante, y las oficinas regionales del Ministerio del Trabajo, SPE y SENA, no existe un registro sistemático sobre los retos
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y buenas prácticas de la coordinación interinstitucional a nivel nacional y regional. Tampoco
existe un mecanismo que permita entender la participación de otros actores que cuentan con
oferta de servicios para población retornada como la cooperación internacional, Colciencias y
Colfuturo, y no existe un vínculo claro entre la inserción laboral y productiva de los retornados
en los procesos de desarrollo regionales. A partir de ello, resulta problemático el acercamiento
que se hace al desarrollo económico desde la política pues no se hace una coordinación con las
políticas de desarrollo locales para la reintegración de los retornados al mercado laboral.
Las expectativas de los migrantes retornados siguen siendo uno de los temas más álgidos de
intervenir en los programas desarrollados en el país, más aún cuando la difusión sobre los beneficios de la Ley de Retorno no ha sido clara y no presenta en detalle los pasos que hay que surtir
para insertarse en el mercado de trabajo o para acceder a oportunidades de emprendimiento en
el país.
Este panorama institucional se complementa con las barreras que encuentran los colombianos retornados para su inserción en el mercado laboral y que se desprenden del trabajo de
Prieto-Rosas (2017) en el país. Las barreras se resumen en seis:
“1) el desajuste entre demanda y oferta; 2) la edad avanzada de los retornados; 3) las trabas
que encuentran para acreditar la experiencia y los saberes adquiridos en el extranjero; 4) la
ausencia de certificados y cartas de referencias que les permitan probar la experiencia laboral
previa; 5) el desajuste entre lo que se paga en el extranjero y lo que se paga en Colombia por las
tareas de baja cualificación, y 6) la conciliación familia-trabajo para las mujeres” (Prieto-Rosas,
2017, p. 24)
La identificación de estas barreras le permite a los formuladores de política desarrollar a su
vez soluciones para la inserción de la población retornada en el mercado laboral teniendo en
cuenta los factores estructurales anteriormente descritos entre los cuales destacan el desempleo
y la informalidad. El análisis de la política laboral de retorno de migrantes en Colombia da
solamente algunas pistas sobre cómo podría estar fundamentada en el desarrollo económico
de las comunidades de acogida de los retornados. La institucionalidad relacionada con el tema,
al carecer de coordinación, además de la falta de información para los retornados suponen un
desafío mayor para su implementación.

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5.- CONCLUSIONES
Al regresar a Colombia, los retornados se encuentran con múltiples barreras para insertarse laboralmente o para desarrollar un emprendimiento. Dichas barreras están asociadas con la falta
de información clara sobre las estrategias de orientación que se han desarrollado por parte de las
instituciones encargadas, con las condiciones estructurales del país en cuanto a la dinámica del
mercado de trabajo como son el desempleo y la informalidad, con el desconocimiento generalizado sobre el contexto del país y de la ciudad a la que retornan, y con los tiempos, requerimientos y conocimientos necesarios para diseñar e implementar una idea de negocio.
Aun cuando se han diseñado publicaciones, coordinaciones interinstitucionales y hojas de
ruta que guíen la inserción laboral y productiva de los retornados, es necesario contar con canales de comunicación diversos a través de los cuales se circule información permanente no solo
de las implicaciones de las políticas y programas de apoyo al retorno sino del contexto general
del país y de las dinámicas institucionales colombianas, reconociendo las implicaciones que
en términos de integración socio laboral pueden tener las expectativas con las que vuelven las
personas.
A partir de este tipo de iniciativas, se propende por facilitar el diálogo entre las diferentes
instituciones relacionas y la población retornada, para garantizar su participación en la construcción de las políticas y programas que les competen y contribuir así en la reconstrucción de
la confianza en las instituciones colombianas, factor que se relaciona con las razones que motivaron la emigración en un primer momento.
Ahora bien, la coordinación interinstitucional y la difusión de información entre las instituciones sobre las especificidades, oportunidades y necesidades de los retornados es un proceso
que debe seguirse mejorando. Adicional a los materiales y orientación que se realiza para esta
población, y a la interlocución entre las instituciones con competencia en el tema migratorio, es
fundamental insertar el tema migratorio y de retorno en las agendas nacionales y locales de desarrollo más allá de lo meramente económico. Es a partir de la consideración del ciclo migratorio como un fenómeno social que debe ser gobernado desde las diferentes políticas sectoriales,
que se pueden incidir en una mejor integración socioeconómica de la población facilitando la
transferencia de su conocimiento y de su capital humano con los procesos de desarrollo a nivel
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local. El intercambio de información entre entidades debe enfocarse a reconocer las iniciativas
implementadas y adecuar la oferta de programas al perfil de los retornados y las necesidades de
mercado o apuestas de desarrollo regionales.
Las políticas públicas deberían incluir un mecanismo de seguimiento y monitoreo que sea
retroalimentado por todas las instituciones a nivel nacional y local, que tienen incidencia en la
respuesta a la inserción laboral de la población retornada. A pesar de que existen iniciativas y
se difunde información sobre el avance de las políticas y de los mecanismos de coordinación,
es necesario construir un sistema de monitoreo con indicadores de gestión precisos que permitan evaluar la eficacia de las medidas que se toman en relación a la migración de retorno. Este
mecanismo idealmente y como mínimo, debería vincular a los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Existen mecanismos tripartitos desarrollados por el Estado, como la
Subcomisión para el Diálogo Social Tripartito en Gestión Migratoria Laboral, que pueden ser
útiles para realizar este tipo de seguimiento.
La orientación ocupacional es una oportunidad única con la que cuentan los buscadores de
empleo y los retornados, y debe proponerse como una herramienta que permite a cada persona
facilitar su camino en el acceso a oportunidades de empleo y de emprendimiento. En este espacio se debería brindar información amigable y sencilla sobre la dinámica del mercado de trabajo
en la ciudad, salarios ofrecidos, participación por edad, nivel de cualificación y sexo, entre
otras. En este sentido, se plantea promover y acompañar la generación de redes de apoyo entre
los retornados no solo como una estrategia para mejorar la inserción laboral y productiva, en
tanto que se circula conocimiento sobre opciones locales, sino que además permite identificar
factores de resiliencia en el proceso de inserción e integración social (Anleu, 2016).
Ante un período sostenido de desempleo la orientación ocupacional debería ampliar las posibilidades de búsqueda en el mercado de trabajo de otras ciudades en el país que requieran las
competencias de las personas retornadas. La remisión o inclusión en una ruta de emprendimiento debe considerar el perfil emprendedor de la persona, la duración del período de formación y
la necesidad de contar con fuentes reales de financiación para llevar el proyecto a cabo. Propiciar la implementación de proyectos que se vinculen con las apuestas de desarrollo locales es
una de las tareas pendientes. Los proyectos de emprendimiento no solo deben ser vistos como
alternativa de sobrevivencia, sino como parte de procesos que incidan en la transferencia del
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conocimiento adquirido por los migrantes en el diseño de respuestas innovadoras a las necesidades de los contextos a los que se retorna.
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�124
Os desafios da nova política migratória brasileira diante do fluxo migratório haitiano1
The Challenges of Brazilian Migration Policy in the Face of Haitian Migration Flow
Leonardo, Cavalcanti2
https://orcid.org/0000-0002-9592-3005
Lorena,Pereda3
https://orcid.org/0000-0003-2638-9571
Marília, de Macêdo4
https://orcid.org/0000-0002-0793-3650
Universidade de Brasília, Brazil
Tânia, Tonhati5
https://orcid.org/0000-0002-1841-977X
https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-6 _____________________________________________________
Universidade Católica de Brasília, Brazil
_________________________________________________
RESUMO
Nos últimos anos, o Brasil tornou-se protagonista nos processos migratórios latino-americanos. Com o intuito de contribuir com esse debate, o
presente artigo faz um breve resgate das diversas políticas migratórias brasileiras adotadas do final do século XIX até os dias atuais. Ademais,
destaca as atuais respostas do Estado brasileiro ao caso específico da migração haitiana. Argumentamos que as políticas de gestão migratória
no Brasil transformaram-se ao longo dos anos, no início foram baseadas no modelo de abertura e assentamento, posteriormente securitização
e, nos dias atuais, abertura e acolhimento. O artigo tem como base o estudo qualitativo realizado no marco da pesquisa “Imigração e crise
econômica. As táticas migratórias de retorno e circularidade dos haitianos”. Essa pesquisa contou com análise de documentos oficiais (leis,
decretos, normativas, portarias) e trabalho de campo realizado com os haitianos em Brasília, Curitiba e Haiti entre 2018 e 2019. Foram realizadas vinte entrevistas semiestruturadas, e dois grupos focais. Os resultados do estudo revelaram, que a formulação de uma “nova” Lei de
Migração (13.445/2017), as Resoluções Normativas e as Portarias Interministeriais, permitiram a entrada regularizada dos imigrantes haitianos
no Brasil. No entanto, a construção de uma política pública de acolhimento ainda é insipiente. As regras de gerenciamento desse fluxo foram
implementadas, mas faltam políticas para acolhimento, acesso aos serviços públicos e de não discriminação. Esses são desafios pendentes para
os formuladores da política de migração no Brasil.
Palavras-chave: Brasil, Migração, Política de Migração.
RESUMEN
En los últimos años, Brasil se tornó protagonista de los procesos migratorios latinoamericanos. Para contribuir con ese debate, hacemos una
breve revisión de las políticas migratorias brasileñas adoptadas entre el siglo XIX y hoy. Además, destacamos las respuestas actuales del Estado
brasileño al caso específico de la migración haitiana. Así argumentamos que las políticas de gestión migratoria en Brasil se han transformado
a lo largo de los años, basándose primero en un modelo de apertura y asentamiento, luego de seguridad y, actualmente, de apertura y acogida.
El presente artículo se basa en la investigación “Inmigración y crisis económica. Las tácticas migratorias de retorno y circularidad de los haitianos” que contó con análisis de documentos oficiales y con trabajo de campo junto a migrantes haitianos en Brasilia, Curitiba y Haití entre
el 2018 y 2019. Fueron realizadas veinte entrevistas y dos grupos focales. Los resultados revelaron que la formulación de una “nueva” Ley de
Migración (13.445/2017), de Resoluciones Normativas e Interministeriales permitieron la entrada regularizada de los migrantes haitianos a
Brasil. No obstante, la formulación de una política pública de acogida aún es insipiente. Las reglas de gerenciamiento fueron implementadas
pero hacen falta políticas de acogida que permitan el acceso a servicios públicos y de no discriminación. Esos son los desafíos pendientes para
los formuladores de la política migratoria brasileña.
Palabras clave: Brasil, migración haitiana, política migratoria.
ABSTRACT
In recent years, Brazil has become a protagonist in Latin American migration processes. This article contributes to Latin American debate
in migration by briefly reviewing several Brazilian migration policies adopted from the end of the 19th century to the present day. Furthermore,
it highlights the current responses of the Brazilian State to the specific case of Haitian migration. We show how migration policies have been
transformed over the years. Changing from the model of openness and settlement to securitization and, today, openness and “welcome.” The
article is based on qualitative study named “Immigration and economic crisis. The migratory tactics of Haitians’ return and circularity.” This
research included analysis of official documents (laws, decrees, regulations, ordinances) and fieldwork carried out with Haitians in Brasília,
Curitiba and Haiti between 2018 and 2019. Twenty semi-structured interviews were conducted and two focus groups. The study revealed that
the formulation of a “new” Migration Law (13,445 / 2017), the Normative Resolutions and ordinances have allowed the regular entry of Haitian
immigrants into Brazil. However, the “welcome” policies are still incipient. The rules for managing migration flows into Brazil have been implemented, but still lack policies for accessing public services and to prevent discrimination. These are challenges for policy makers in Brazil.
Key-words: Brazil, Haitian migration, migration policy
Recibido: 28 de Abril 2019 - Aceptado: 14 de Agosto 2019 - Corregido: 18 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Cavalcanti, L., Pereda, L., de Macêdo, M., &amp; Tonhati, T. (2020). Os desafios da nova política migratória brasileira diante do fluxo migratório
haitiano. Politica Globalidad y Ciudadanía, 124-145. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/130

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: Imigração e crise econômica. As táticas migratórias de retorno e circularidade dos haitianos.
2
Professor da Universidade de Brasília (UnB) e Coordenador Científico do Observatório das Migrações Internacionais – OBMigra.
Email: leonardocavalcanti@unb.br.
3
Mestra do Departamento de Estudos Latino-americanos (ELA/UnB) e pesquisadora do Observatório das Migrações Internacionais
– OBMigra. Email: lorena.obmigra@gmail.com.
4
Mestra do Departamento de Estudos Latino-americanos (ELA/UnB) e Coordenadora Executiva do Observatório das Migrações
Internacionais – OBMigra. Email: marilia.obmigra@gmail.com.
5
Doutora pela Universidade de Londres, em Sociologia e pesquisadora do Observatório das Migrações Internacionais. Professora da
Universidade Católica de Brasília (UCB)– OBMigra. Email: taniatonhati@gmail.com.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 124-145. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/130

�Para além da Nova Lei de Migração...

125
1.- INTRODUCÇÃO
Os discursos sobre a globalização difundido a partir dos anos 1980 traziam consigo a ideia de livre movimento. Para
Martinez e Stang (2005), este movimento se dá para “una serie de factores, como capital, bienes y tecnología” (p. 63).
No entanto, a movimentação de pessoas pelo globo ainda é restrita às lógicas das soberanias dos Estados, que formulam suas políticas migratórias influenciadas pelas relações unilaterais, monopólicas e excludentes, características do
fenômeno da globalização neoliberal (Baganha, 2001).
Nas últimas décadas houve uma mudança significativa nos padrões de deslocamento migratório. Países, como o
Haiti, localizado geograficamente no hemisfério Norte, mas que epistemologicamente pode ser categorizado como
pertencendo a um sul global (Santos e Meneses, 2010), tem visto seus cidadãos emigrar para países da América do Sul.
Essa região vem se tornando um “espaço emergencial” de migração, o que levou a uma ampliação do debate sobre
políticas migratórias.
Tendo em vista a chegada desses novos fluxos migratórios na região, analisaremos o caso do Brasil, especificamente
as respostas do Estado brasileiro frente à migração haitiana, que marcou a retomada do país como receptor de imigrantes (Baeninger e Peres, 2017). Com isso, pretendemos avaliar o alcance da política migratória nacional, a partir dos seus
aspectos positivos bem como suas limitações.
O argumento central deste artigo é demonstrar que o Brasil tem mantido uma produção de políticas de gestão de
fluxos migratórios mesmo antes da Lei de Migração (13.445/2017), através das Resoluções Normativas e das Portarias
Interministeriais editadas pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg). Órgão esse que por muitos anos manteve um
papel essencial para a regulamentação dos imigrantes no país. No entanto, ao analisarmos as etapas posteriores a da
chegada dos imigrantes haitianos ao país, tornou-se evidente o déficit nas políticas de acolhimento e integração. Procuramos demonstrar que as políticas de acolhimento e integração não apresentam o mesmo ritmo de formulação das
normativas de gestão de fluxo imigratório.
O artigo divide-se em quatro partes, sendo a primeira a apresentação do marco teórico sobre governabilidade e política migratória. Na segunda parte, descrevemos a metodologia utilizada, procedimentos e instrumentos de pesquisa. Já
na terceira seção analisamos as informações e dados recolhidos, dando ênfase na resposta do Estado brasileiro ao caso
da imigração haitiana. Por último, apresentamos nossas considerações finais.
2.- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Desenvolvimento do trabalho: Estado como formulador de políticas migratórias
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�Cavalcanti, L., Pereda; L., De Macêdo, M. &amp; Tonhati, T

126
O debate no campo das migrações internacionais voltou a ganhar destaque no Brasil nas últimas
décadas mediante a complexidade e proporção do fenômeno migratório. Para Sayad (1998) as
migrações são processos desafiadores, pois questionam diversos âmbitos da vida social, sendo base para inovar, fortalecer e desenvolver políticas diversas. Nessa linha, para Jarochinski
(2017) às migrações, em primeiro lugar, podem ser entendidas como processos, que desafiam os
Estados na determinação de prerrogativas soberanas, que permitem - ou não - o ingresso de não
nacionais no território. Nesse sentido, para o país que recebe o imigrante esse “‘nasce’ nesse dia
para a sociedade que assim o designa” (Sayad, 1998, p. 16). As prerrogativas de soberania dos
Estados geralmente se traduzem nas políticas migratórias. O Estado por deter o monopólio dos
meios e mecanismos legítimos sobre o seu território e cidadãos pode guiar os deslocamentos
(Reis, 2004, p. 150).
Em termos de gestão migratória, as políticas nacionais, muitas vezes, moldam-se pela dinâmica do “sistema internacional de Estados” (Siciliano, 2013, p. 9), ou seja, vão depender “[...],
sobretudo, da condição do país emissor ou do país receptor de migrantes” (Siciliano, 2013, p.
25). Assim, “as condições dos Estados de origem também influenciam a forma em que os Estados de destino dão proteção aos estrangeiros” (Pacheco, 2017, p. 281). Nesse sentido, como
demonstra Peixoto (2007) e Brown-Gort (2016), nos seus estudos sobre regimes migratórios,
a governança migratória, não é imutável, pelo contrário modifica-se devido às singularidades
dos fluxos, como por exemplo, o volume ou características sociodemográficas dos próprios
migrantes.
Dentre os autores que relacionam as formas de gestão dos fluxos migratórios, Mármora
(2002) propõe três modelos de governabilidade migratória. O autor demonstra que há: 1) um
modelo de securitização, voltado ao controle rígido das fronteiras, a segurança nacional, ao
equilíbrio dos mercados laborais e a visão do imigrante como ameaça ao bem-estar social da
sociedade receptora. Esse modelo concentra-se no controle de entrada e saída de migrantes e as
políticas de acolhimento e integração do migrante está diretamente relacionada com a situação
migratória desses.
O segundo modelo é nomeado de 2) benefícios compartilhados. Esse formato de governabilidade migratória fomenta a criação dos acordos, da integração e do “desenvolvimento
conjunto” entre a sociedade emissora e receptora, objetivando uma migração regular e segura.
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Nesse modelo prevalece a busca da integração do migrante pelo direito à diferença cultural.
Finalmente, o terceiro modelo 3) desenvolvimento humano, nesse a migração é considerada
como um processo decorrente do desenvolvimento e não como uma consequência de subdesenvolvimento (Castles, 2004). Assim, dentro deste modelo “consideram-se os direitos da pessoa
migrante como o centro de toda política migratória” (Mármora, 2002, p. 77). O autor ressalta
que estes modelos são tipos ideais (Em alusão a construção Weberiana de tipos ideais, o termo
nos serve de recurso analítico e interpretação) que podem acoplar-se indistintamente.
Dependendo dos modelos de governabilidade, as políticas de gestão migratória poderão ser
de cinco formatos: 1) de regulação, restringindo ou canalizando os deslocamentos. 2) de promoção, fomentando a entrada voluntária dos imigrantes através de informação, créditos, assistência econômica de transporte, e vinculação com programas de migração seletiva. 3) de incorporação migratória, caracterizada pelo fomento de programas de inserção e assistência social.
4) de retenção, com o objetivo de gerar situações que mantenham à população imigrante na
sociedade receptora e evitem seu deslocamento. Este tipo de políticas costuma estar vinculada
à geração de emprego, diminuição de brechas de desenvolvimento, protecionismo comercial,
etc. 5) e de recuperação, diretamente relacionadas à repatriação física do imigrante. Todos
estes tipos de políticas podem complementar umas às outras, não necessariamente são opostas
(Mármora, 2002).
Outra forma de categorizar as políticas de gestão migratória foi elaborada por Freeman
(1995 citado en Zolberg, 1999, p. 86). Ele propõe uma tipologia para os Estados receptores. A
primeira é chamada “settler societies”, que incentiva o acolhimento e assimilação dos imigrantes (denominados positive folklore). A politica migratória deste tipo de sociedade é formulada
por instituições com experiência em imigração. O segundo tipo seria, “guest-workers”, nesse
caso há um interesse em um grupo de pessoas para realizar alguma atividade laboral específica.
Finalmente, teria o terceiro tipo “new countries of immigration”. Diferentemente das anteriores, este tipo de sociedade caracteriza-se pela transição de uma sociedade de emigração para
de imigração. Por essa razão, a procura da regularização da imigração mediante leis e procedimentos administrativos seria estabelecida mantendo uma relação de ajuda e irmandade com
os imigrantes, com o objetivo de garantir residência, permissões de trabalho, direitos civis,
políticos e sociais.
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Assim, podemos nos perguntar em qual desses modelos de gestão migratória o Brasil mais
se enquadra nos últimos anos?
Como os próprios autores afirmam as tipologias apresentadas são guias de análise, pois
dificilmente um país irá se enquadrar em um único modelo de gestão dos fluxos migratórios.
Assim, tomamos elas como guias de análise para esse artigo. Veremos mais adiante no texto,
que às tipologias apresentadas terminam se relacionando.
Ao longo do século XX e primeira década do século XXI, o Brasil teve diferentes formas
de gestão migratória. No início de século XX incentivou a vinda de imigrantes, e na década de
1980 e 1990 tornou-se um país de emigrantes, sendo o número de brasileiros vivendo no exterior maior que o número de imigrantes no país (Patarra, 1995). Já a partir dos anos de 2010, com
a chegada do fluxo migratório haitiano o Brasil viu-se, mais uma vez, como um país receptor,
que tinha uma legislação atrasada para lidar com a dinâmica desses novos fluxos migratórios.
Nesse sentido, surgem diversos debates nas esferas governamentais, acadêmicas e da sociedade
civil sobre a necessidade de mudar a política migratória interna. Tais mudanças têm sido realizadas ao longo desses últimos anos, vamos agora demonstrar dentro desse processo, os paradoxos das formas de governabilidade da gestão migratória brasileira atual.
3.- MÉTODO
Esse artigo é fruto de análises realizadas no projeto “Imigração e crise econômica. As táticas
migratórias de retorno e circularidade dos haitianos”. Tal projeto de pesquisa foi realizado pelo
Laboratório de Estudos sobre Migrações Internacionais (LAEMI) do Departamento de Estudos Latino-Americanos (ELA) da Universidade de Brasília (UnB) com apoio da Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) em conjunto com a Universidade Federal do
Paraná (UFPR). O escopo geral do estudo foi analisar as respostas dos haitianos à crise econômica brasileira.
A pesquisa foi de ordem qualitativa. Primeiramente, foi realizada análise bibliográfica e
secundária nas leis migratórias e em documentos oficiais (decretos e normativas). Após a análise dos dados secundários, foi realizado trabalho de campo junto aos imigrantes haitianos na
cidade de Curitiba, entre os dias 03 e 13 de agosto de 2018, e na cidade de Brasília, onde as
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entrevistas se deram entre os anos de 2018 e 2019, conforme íamos entrando em contato com
os participantes em função da sua disponibilidade. Em Curitiba contamos com um total de vinte
e nove participantes (vinte homens e nove mulheres) e em Brasília com dezesseis participantes
(catorze homens e duas mulheres). Para além das entrevistas semi-estruturadas, também foram
realizados grupos focais (um em cada cidade) com os imigrantes haitianos nas universidades
mencionadas. Ademais, foram realizadas entrevistas no Haiti, nas cidades de Porto Príncipe,
Petionville e Jacmel, entre os dias 18 de agosto a 01 de setembro de 2018, e 27 de setembro e
09 de outubro de 2018. No total entrevistamos um total de 19 participantes (treze homens e seis
mulheres).
Estes instrumentos foram aplicados a homens e mulheres haitianos maiores de 18 anos,
seguindo o critério de heterogeneidade e acessibilidade, recorrendo também à técnica da bola
de neve quando necessário. Os nomes apresentados neste artigo são fictícios para o respeito da
identidade dos participantes.
4.- RESULTADOS
Um breve histórico sobre a gestão da política migratória no século XIX e XX: abertura e fechamento.
Com a crise do setor produtivo e a diminuição progressiva da mão de obra escrava, as primeiras
migrações para o Brasil no século XIX, foram instrumento para a colonização e (re) povoamento das terras brasileiras desocupadas do meio rural. As migrações desse período também
eram de interesse da elite política e econômica, que visava um “projeto civilizatório” e de nação
priorizando a busca de indivíduos brancos considerados mais capazes para o trabalho (Cervo e
Bueno, 1992; Azevedo, 2012; De Cequeira, 2000; De Oliveira, 2016). Como resultado dessas
diretrizes, a Lei de Imigração de 1890 em seu 1º artigo limitava a entrada a,
[...] indivíduos válidos aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos á acção criminal
do seu paiz, exceptuados os indigenas da Asia, ou da Africa que sómente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admittidos de accordo com as condições que
forem então estipuladas.

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Foi através do Decreto nº 5.285 de 28 junho de 1890, que se regularizou a força de trabalho de imigrantes no Brasil. O Estado brasileiro era o responsável pelo pagamento integral
das passagens de vinda destes imigrantes, da proteção dos trabalhadores pelos primeiros seis
meses decorrentes após a chegada em terras brasileiras (Art. 12), da transferência até outras
localidades dentro do território nacional, da facilitação da compra de propriedades, para iniciarem seu próprio cultivo como ferramentas e meios de subsistência para até nove meses (Art.
25). Inclusive responsabilizava-se pelo repatriamento de viúvas e órfãos de imigrantes do sexo
masculino, e de imigrantes que por consequências de desastre sofrido no ambiente de trabalho,
ficassem “inutilizados” nos termos do decreto (Art. 17, parágrafo 2º).
As políticas migratórias brasileira desse período tiveram um pouco de cada modelo de gestão citados acima: caracterizaram-se pela promoção da imigração em grande escala, porém sem
deixar de ser planejada e regulada, pois as políticas promoviam a chegada de imigrantes e o
faziam controlando suas características. A maioria dos trabalhadores eram europeus, principalmente, da península ibérica e da Itália. Uma vez que, enquadrados no perfil “desejado” eram
dadas aos imigrantes algumas garantias e benefícios, que de alguma maneira incorporavam e
mantinham o imigrante na sociedade brasileira. Ademais, essas políticas assumiram a responsabilidade de repatriação, mesmo que em situações específicas, o que demonstra a preocupação
pela recuperação do imigrante retornado ao país de origem.
No entanto, as políticas migratórias de abertura e acolhimento aos imigrantes tinham seus
dias contados. Com o fim da 1º Guerra Mundial em 1914, muitos imigrantes começaram a
reivindicar melhores condições de trabalho, emancipação política e a cidadania brasileira. Isso
atemorizou as elites brasileiras, fato que contribuiu para que os imigrantes passassem de “desejados” para “indesejados”. Tal fato levou a transformações na política migratória. A atração e
facilidades foram diminuindo e as políticas se restringindo.
Na Era Vargas (1930-1945), como consequência da implementação de uma política econômica externa protecionista, a política migratória tinha o objetivo de regular “[...] as condições
do imigrante, as quotas de entrada e sua determinação, as cartas de chamada e a concentração
e assimilação dos alienígenas” (Relatório Ministerial do Trabalho, Indústria e Comércio, 19351947). Tal projeto traduziu-se na Constituição de 1934 – e reforçou-se na de 1937, com a
criação de órgãos para um maior controle do ingresso de imigrantes no território nacional. (De
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1938 a 1944 foram criados o Departamento Nacional de Imigração, a Delegacia dos Estrangeiros e a Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira. Inclusive o Departamento de Ordem
Política e Social (DOPS/SP), foi o órgão responsável pela emissão de visto, da fiscalização,
entrada, permanência e saída de imigrantes (Correa, 2008)
Ainda no governo Vargas, principalmente, pela associação da mão de obra imigrante com
movimentos sindicalistas de orientações socialistas e anarquistas (Fausto, 1976; Dean, 1971;
Rodriguez, 1969) e pela “caça ao comunismo” na região, a imigração passou a ser uma “ameaça”
marcando o início de uma política migratória voltada para a Segurança Nacional. Em 1968, ratificou-se a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial, adotada pela Resolução nº 2.106-A da Assembleia das Nações Unidas em 21 de dezembro de 1965. Entendia-se como discriminação racial qualquer “distinção, exclusão, restrição ou
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica”. Ao ratificar essa
convenção, o Brasil buscou fortalecer uma imagem de que o país era uma “democracia racial”
(Fernandes, 2008), ou seja, que era um país, que acolheria diferentes etnias de forma igualitária
e amistosa. Na prática, a ratificação de tal convenção e a “democracia racial” não ocorreu. Entre
os anos de 1967 e 1969 o modelo de securitização e discriminação de alguns grupos de imigrantes passou a prevalecer. Os Decreto-lei, nº 314 e nº417 foram implementados e dispunham
sobre a expulsão de estrangeiros considerados nocivos à ordem pública.
A pauta de restrição se manteve durante a década de 1970. E, na década de 80, com a Lei
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, conhecida como o Estatuto do Estrangeiro, que regulava os
direitos e deveres dos imigrantes, sendo a vigilância e o controle as bases do estatuto. Encerrado
o Período de Ditadura Militar no país (1964-1985) o Estatuto do Estrangeiro converteu-se no
único dispositivo legal a regular a migração no Brasil.
Em suma, com base na análise de alguns dos principais documentos oficiais da política migratória no Brasil, do final do século XIX e início do XX, observamos que a gestão da migração
no Brasil variou entre o modelo de “benefícios compartilhados” e “securitização”, segundo
a categorização de Mármora (2002). Em um primeiro momento, a gestão migratória focou no
processo de chegada dos imigrantes, promovendo a chegada regulada e o assentamento. Já do
final da década de 1930 em diante, as políticas migratórias se tornaram mais restritivas e selecionavam os imigrantes. Nesse momento, prevaleceu uma gestão voltada para a securitização,
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criando um imaginário do imigrante como sendo uma ameaça ao país e a soberania nacional.
Durante aproximadamente setenta anos o país estagnou-se no modelo de securitização. Será
apenas a partir de 2010 que o Brasil retoma os debates sobre a gestão dos fluxos migratórios, devido à chegada de novos fluxos migratórios ao país, como por exemplo, o coletivo haitiano. Os
novos fluxos demandaram respostas inovadoras do Estado brasileiro, como veremos a seguir.
A chegada da migração haitiana no Brasil e a nova gestão da política migratória brasileira
A emigração haitiana tem se dirigido tradicionalmente para os Estados Unidos, Canadá, França,
Guiana Francesa e aos países vizinhos do Caribe, como República Dominicana (Audebert,
2017). O Brasil tornou-se um importante destino dessa diáspora após o terremoto de 2010 e as
subsequentes crises que assolaram o país, como por exemplo, no mesmo ano o surto de cólera,
que matou mais de 8.000 pessoas. E, ainda, em 2012, os furacões, Issac e Sandy, que destruíram
a produção agrícola, principal fonte de recursos econômicos da população (Handerson, 2015;
Fernandes e Castro, 2014).
Segundo Tonhati (2016 et. al), os imigrantes haitianos utilizaram diferentes formas de mobilidade para chegar e se registrar no Brasil. Os autores identificaram que a entrada e permanência
no país ocorreu através do uso de: 1) visto por razões humanitárias expedidos nos consulados
brasileiros, especialmente em Porto Príncipe e Quito; 2) Solicitação de refúgio, principalmente daqueles imigrantes que entraram pelo Estado do Acre, e 3) Autorizações concedidas pelo
Conselho Nacional de Imigração (CNIg). Essas foram as principais formas encontradas para a
formalização desses imigrantes em território nacional.
Diante de um fluxo migratório contínuo, adentrando ao país de diferentes formas, o governo
brasileiro viu-se pressionado a criar políticas específicas para acolhê-los. Coube ao Conselho
Nacional de Imigração (CNIg) avaliar a possibilidade de autorização da concessão dos vistos de
residência permanente por razões humanitárias. Assim, promulgou-se a RNº 97 de 12/01/2012,
que dispunha sobre a concessão do visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980, por razões humanitárias aos nacionais do Haiti. As razões humanitárias para
efeito desta Resolução Normativa foram “aquelas resultantes do agravamento das condições de
vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro
de 2010.” (CNIG, 2012). A promulgação dessa resolução possibilitou regulamentar os haitiaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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nos, que já estavam no país e o ingresso daqueles que desejassem migrar para o Brasil.
O Brasil, portanto, passou a adotar uma política migratória não excludente e flexível. A migração haitiana fez com que fosse necessário um desdobramento de medidas, ações e políticas
públicas para adequar o Brasil a esses novos fluxos. Tal fato intensificou os debates sobre a
necessidade de uma nova Lei de Imigração.
A Lei de Imigração (nº 13. 445/2017) trouxe diversos elementos inovadores como, por
exemplo, o tratamento humanitário dos imigrantes, a institucionalização da política de vistos
humanitários e a instituição do repúdio à xenofobia e ao racismo. Essa lei afastou a gestão
migratória brasileira do modelo de securitização e o aproximou mais do modelo de “desenvolvimento humano” (Mármora, 2002).
Outra medida importante para a gestão da política migratória brasileira foi a Portaria Interministerial nº 10, de 6 de abril 2018.Essa através da publicação da “dispõe sobre a concessão do
visto temporário e da autorização de residência para fins de acolhida humanitária para cidadãos
haitianos e apátridas que residam naquele país.” (Brasil, 2018).
A Lei de Migração (nº 13. 445/2017) e a portaria Interministerial nº 10 demonstram como o
estado brasileiro, de forma contínua, realiza adequação na sua política migratória. Essas medidas são evidências de que o Brasil superou o modelo restritivo, e busca adotar um modelo de
gestão dos fluxos migratórios baseado na abertura e entrada regularizada. O Brasil, portanto,
procurou se posicionar como um Estado receptor de imigrantes do tipo “new countries of immigration” (Freeman, 1995 citado en Zolberg, 1999, p. 86).
Entretanto, apesar das novas medidas, leis, regulamentações a formulação de políticas
para o subsequentemente processo de acolhimento e integração dos imigrantes na sociedade
brasileira ainda apresenta lacunas e desafios.
Desafios pendentes da política migratória brasileira
Dentre os desafios pendentes da política migratória brasileira foram achados pelo presente estudo: 1) falta de medidas de prevenção das ações de atravessadores (coiotes); 2) a falta de preparação nas cidades de fronteiras com o Peru, a Bolívia e a Colômbia, para o acolhimento desses
fluxos, que continham um número grande de pessoas e 2) a falta de políticas para o processo
posterior à entrada dos imigrantes.
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O visto humanitário concedido pelo governo brasileiro facilitou a chegada regular para os
imigrantes haitianos. No entanto, não houve nenhuma política que cuidou de criar medidas para
prevenir as ações dos atravessadores - conhecidos como coiotes, dos próprios agentes migratórios ou policiais de fronteira. Os entrevistados relataram que muitas das vezes tiveram que
recorrer aos coiotes ou de fazer pagamentos nas fronteiras para chegarem ao Brasil. Foyamo
(Brasília, 2018) relembra que era frequente coiotes e policiais pedirem subornos para o transporte de uma fronteira a outra.
Você passa a primeira barragem, com o policial, que não são muitos, mas nesse ônibus
passou fazendo um checape viu que tem uma pessoa, que o visto dele não tá legal, você
vai ter um problema grande, porque, como que foi meu caso, meu visto tinha um mês
vencido. Nesse posto, eu não posso passar isso é o normal, tem que entrar no SAIME
(Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeria (SAIME), instituição
do governo venezuelano), que é a migração deles para pegar o visto, mas naquele posto,
você só paga eles para passar, e esse mesmo soldado que você paga aqui, 2 ou 3 já pegam
a moto, vão lá na frente esperar você. Então uma viagem de 12 horas, você vai passar
dois dias, porque você passa desse posto, paga para eles, tem alguns que deixam o posto
para esperar você na frente de novo.
Já Rachel (Haiti, outubro 2018), recorda como os abrigos de acolhida para os imigrantes
eram improvisados e a infraestrutura não dava conta das necessidades básicas dos mesmos. Diz
ela:
No dia que eu cheguei, eu cheguei de manhã porque quando a gente chegou lá era umas
3h da manhã, daí umas 5h a gente chegou lá, aí quando eu cheguei meu deus eu comecei
a chorar porque eu vi um monte de gente deitada no chão no colchão. Ai eu falei aonde
é que eu vou dormir? Aí eu chorei, chorei, chorei, e falava como eu ia deixar meu país,
minha casa, minha cama, pra poder dormir aqui, que eu não tava passando fome no meu
país e aí eu falei me empresta um telefone pra poder ligar pra minha mãe, não conseguia
achar um celular, falando creóle com o pessoal, né? [...] Aí eu peguei e liguei pra minha
mãe e falei que não tinha nenhum lugar pra gente tomar banho porque era assim, eles
usavam cortinas de plásticos pra você ficar atrás e tomar banho.
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Assim a acolhida dos imigrantes haitianos ficou predominantemente sob a responsabilidade de entidades da sociedade civil e em menor medida das prefeituras ou estados federativos.
Como relata Amelie, (Curitiba, mês, ano):
No final de 2010 eu comecei o trabalho junto com pastoral, com acolher migrante e tava
pouca gente. E 2011 começam vir bastante, bastante pessoal do Haiti e a gente tem que
dar todos os auxílios: aula de português, casa para morar, comida, tudo, tudo a gente
tem que correr atrás. [...] E vamos correr atrás para conseguir este sonho. Não só a associação vai dar auxílio para as pessoas encontrar trabalho, comida, mas a cabeça precisa
comer também, e é lá que a gente junto com a Casa Latino-americana a gente começa a
trabalhar com aula de português, e aula de português na universidade federal
Em outras entrevistas também foram mencionadas as pastorais, associações religiosas (Destacam-se entre elas: Conectas Direitos Humanos, Missão Paz, Cáritas Arquidiocesana de São
Paulo, Centro de Referência de Acolhida para Imigrantes de São Paulo - CRAI/Sefras, Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), Instituto
Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), entre outras) e ONGs que administravam os abrigos, providenciaram aulas de
português, assistência jurídica, e direcionamento para o mercado de trabalho formal tendo em
vista que os imigrantes haitianos com o visto humanitário podiam obter carteira de trabalho.
Nessa linha, a emissão de carteiras de trabalho e contratações no mercado de trabalho formal
para este contingente migratório no Brasil tem seguido uma tendência crescente, sendo registrado de 2010 até 2017, um total de 95.497 nacionais do Haiti (OBMIGRA, 2018). E a maior
movimentação no mercado de trabalho apesar da forte recessão econômica brasileira de 2015
(Cavalcanti et al, 2018).
Não obstante, observamos que ter o direito a permissão de trabalho legal no país não garantiu um tratamento justo aos haitianos, que relataram diversos casos de discriminação e racismo
no âmbito laboral, o que apareceu em nosso estudo como sendo o terceiro ponto pendente de
ações e um desafio para a política migratória brasileira: Em entrevistas os imigrantes haitianos
relataram a suas dificuldades de inserção e crescimento dentro do mercado de trabalho. Eles relacionaram tal fato a questão racial. Como argumenta Serch na sua entrevista (Curitiba, agosto
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2018)
Eu tô há cinco anos no Brasil. Já fiz um curso de eletrônica aqui. Eu nunca [estive] fora
da escola. E eu tô fazendo mais um de eletrônica. Eu sempre estou estudando. Olha, esse
aqui é o curso que eu tô fazendo (mostra uma pasta repleta de diplomas e certificados).
Eu estou sempre estudando [...] Chegou aqui no Brasil você vai lá ver, em cem empresas,
você vai ver o cargo dos haitianos. Trabalha só na produção, limpeza... Por exemplo, eu
cheguei no Brasil. Eu tenho um estudo [de] cinco anos na economia... Onde eu trabalhava eu cheguei com um diploma de economia. Já tinha uma experiência de quatro anos
através da ONG que eu trabalhava lá no Haiti com cargo responsável. Eu não vou pedir
pros brasileira “aceita meu diploma”. Eu cheguei no Brasil [e] tudo bem. Eu fiz um curso de solda, eu comecei a trabalhar como soldador. Eu fiz um curso de dois anos. Meu
auxiliar, pessoa brasileira que trabalha como auxiliar meu, fez um curso de ferramentaria seis meses. Na minha cara ele já passou. Uma área de ferramentaria, que tem mais
conforto. Tudo bem. A empresa deu e eu não vou pedir favor pra ninguém. Tudo bem. Mas
isso também prova uma coisa: porque eu [que] tenho um estudo de dois anos... eu tenho
um monte de certificado na área de metalúrgico, curso soldador... um monte eu fiz. Eu
nunca parar de estudar [e] pessoa só me deixava como soldador? Eu fiz mais um, iniciei
mais um [e] a pessoa fica só me olhando. Mesmo que eu tivesse levado o diploma lá, nada
aconteceu. Eu vi pessoa lá, qualquer brasileiro que fazem cursinho já passava prá frente,
um cargo mais. Isso tem uma definição prá mim. Isso é uma coisa que vale. Porque nós,
haitianos que vem pro Brasil, vem pra trabalhar. É isso que qualquer pessoa fala na rua:
‘povo trabalhador’, ‘negão gente boa’. É isso, isso é a literatura de nós.
Esse depoimento de discriminação se reforça com as experiências de racismo sofridas por
outros imigrantes entrevistados. Venala, (Curitiba, em agosto 2018), que trabalhou em uma
empresa de comida “fast-food” relatou:
E eu lembro uma vez que eu tava o patrão que tava no plantão e me deixava quase um
mês na chapa, eu ué como assim que eu já tinha quase sete meses na empresa e o pessoal
que vinha depois de mim sempre fica na entrega, no caixa e no caixa você não precisa
falar muito porque a pessoa só fala o pedido e você faz o pedido na tela, é bem fácil, daí
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eu já sabia fazer de tudo, daí eu fiquei não entendo, porque? Mas eu não perguntei pra
ele, daí eu fiquei assim será, daí teve um cara, colega de trabalho, aí eu falei “porque só
eu que tenho que ficar na chapa?”, porque ficar na chapa é ruim, você queima todo dia,
ai ele falou “ah, porque você é negra, sua pele agüenta mais, eu sou branca, não posso
ficar na chapa.
Esses tratamentos discriminatórios e racistas levaram alguns imigrantes haitianos a retornarem ao Haiti. Sanité (Haiti, mês 2018), por exemplo, preferiu priorizar a qualidade de vida emocional das suas filhas, que no Brasil poderiam sofrer diversas formas de preconceitos. Ela disse:
[...] você vai no supermercado e um vigilante te segue, teve um momento que eu segui o
vigilante também, aí ele entrou e eu fui lá falar “qual o problema? porque que o vigilante
está me seguindo?” “Ah, mas você tem certeza?” “Sim tenho certeza, não sou só eu,
várias pessoas que tem a mesmo cor do que eu, falaram a mesma coisa”, [...] eu estava
falando e andando e as meninas que estão na escola, ah não, eu falei as minhas filhas
vão crescer pensando que são gente de segunda categoria, não quero isso, não vou ficar
no Brasil de jeito nenhum. A gente fez os nossos caminhos, a gente cumpriu os nossos
deveres, fiz o doutorado na dor [...].
Para além do espaço do trabalho, os imigrantes haitianos entrevistados relataram sofrer com
tratamento discriminatório dentro da universidade e nos postos de saúde. Alguns relataram o
trato de professores que não tomavam consideração a diferença de idioma e o ritmo da aula,
embora seja evidenciado nas falas mediante a comparação entre experiências nas diferentes
cidades brasileiras. Como podemos ver na fala de Jack (Brasília, 2019).
Então eu já tenho essa vivência, com professores da PUC e os professores daqui. É, na
PUC, tem grande diferença, o acolhimento, enfim, você sente que o professor se importa
mais com você e eu não sei se é porque os professores tem mais disponibilidade, ou se é
porque tem uma turma, enfim, turmas que eles tem mais controle e tal. Mas aqui, dá pra
ver que o contato com os professores é muito pouco, quase inexistente. Uma coisa que
eu percebi, por exemplo, quando eu tava na PUC, já os professores, a grande maioria
dos professores, sabia no mínimo o nome de grande parte das pessoas da turma, ou no
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mínimo sabem que eu sou estrangeiro e sabem que sou haitiano. Quando estão falando
alguma coisa lá na frente sempre vão dar esse toque: “gente, tá tudo bem?”, porque
talvez tenha essa dificuldade em relação ao idioma. Mas aqui, não estava tendo essa
preocupação. Graças a Deus não foi aqui que eu iniciei meu curso, eu iniciei lá na PUC,
mas assim, sem dúvida, pelo fato de que aqui é uma universidade pública a estrutura, por
exemplo, você precisando de alguma ajuda e tipo a disponibilidade que tem lá na PUC é
bem maior, só com um e-mail você pode resolver coisas, mil coisas, tem tal departamento,
ligado com tal departamento. Aqui se você precisar de alguma coisa, você tem que ir lá
e ir no outro, e no outro.
Já outros falaram mais especificamente sobre o sistema de saúde, como Amelie e Foyamo:
Falam só sobre trabalho, mas entra a discriminação dentro da saúde, mesmo dentro da
universidade. [...] mas, com a crise, não sei o que aconteceu com as pessoas. Voltou a
acontecer que as pessoas vão no posto da saúde a discriminar: ‘os haitianos só sabem
fazer criança’, uma coisa que não tem sentido dentro de uma saúde que é público, para
todos [...]
Eu contei para ela que eu sentia uma dor no estômago, então tá bom, eu vou lá na farmácia para ver se encontro alguns medicamentos para passar para você, ela entrou, voltou e
falou assim, Foyamo desculpa, infelizmente não tem, então eu vou te dar uma prescrição,
vou te passar uma e você vai comprar, você não vai acreditar não, ela entrou, precisou de
um papel para escrever a medicação e não encontrou, você sabe o que ela fez? Pegou um
guardanapo e me deu a prescrição, desculpa Foyamo, não tem, você vai me desculpar mas
vai comprar esse remédio, em um guardanapo [...]
O estudo revelou que diante dessas dificuldades, os imigrantes haitianos apoiam-se nas
próprias redes, construídas para facilitar os processos de acolhida e integração. Esses tipos de
ajuda mútua revelam as conexões desconhecidas pelas estruturas do Estado, e as dimensões
sensíveis ao sistema migratório, que só se avistam nas ações cotidianas e articuladas dos imiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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grantes. São as redes de familiares, amigos e organizações não governamentais, geralmente
religiosas, que os ajudam no processo de relacionar-se com a sociedade e especificidades da
cultura brasileira.
O estudo observa que, o Brasil não tinha a intenção de atrair novos fluxos migratórios, como
ocorridos no século XIX e XX, e tampouco estava preparado para recebê-los. Contudo, uma
vez iniciada a afluência migratória haitiana, o governo brasileiro optou pela construção de uma
política migratória a favor da abertura das fronteiras para construção de uma migração regulada.
No entanto, o processo de acolhimento para além das regulamentações não teve um compasso similar. Há ainda âmbitos que precisam ser desenvolvidos. As entrevistas demonstraram a
necessidade de iniciativas de prevenção à exploração do migrante, a incorporação da discussão
e do debate, ações integradas, capacitação, e a aposta pela visibilidade positiva do imigrante,
ou seja, divulgar os impactos da imigração na sociedade receptora e vice versa. Especialmente,
pelo fortalecimento contemporâneo dos fluxos migratórios sul-sul, caracterizados por escaparem das diretrizes tradicionais e pelas demandas e desafios que carregam.
5.- CONCLUSÕES
Através da análise das leis, decretos e portarias sobre as políticas de gestão das migrações no
Brasil, esse estudo demonstrou as diversas políticas migratórias adotadas do final do século
XIX até os dias atuais. As primeiras medidas, do final do século XIX e início XX, foram na busca de atração de imigrantes, e priorizaram o povoamento de terras desocupadas e o branqueamento da população. Foram atraídos os imigrantes europeus, em substituição da mão de obra
escrava. Sendo assim, entendemos que a política migratória desse período fomentou a criação
dos fluxos migratórios para o Brasil. Em outras palavras, a política migratória organizada pelo
estado brasileiro tanto no processo de atração, ou seja, anterior a chegada dos imigrantes, como
também posterior, no processo de acolhimento e adaptação dos mesmos, foi fundamental para
que os imigrantes permanecem no país e se tornassem parte constitutiva da sociedade brasileira.
Nossa analise demonstrou, ainda, que depois das políticas de atração, acolhimento e assentamento de imigrantes, que perdurou até meados de 1930, o Brasil adentrou em um longo período
de formulação de políticas restritivas. Como vimos, foram aproximadamente setenta anos de
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políticas, que restringiram e selecionaram a entrada dos imigrantes. Ademais, essas políticas
consideravam o imigrante como “ameaça” a soberania nacional. Ao analisar os documentos
oficiais foi possível verificar, que entre o período do final dos anos de 1930 até os anos 2010, as
políticas de gestão migratória foram restritivas e ficaram estagnadas.
Esse estudo também revelou que as políticas migratórias (leis, normativas, portarias), que
surgem a partir de 2010, foram respostas emergenciais do Estado brasileiro à chegada dos imigrantes haitianos, que já se encontravam no país e que continuavam emigrando. Como demonstrado, o Brasil aprovou um novo marco legal, a Lei de Migração (nº 13. 445/2017). Essa foi a
principal resposta às conjunturas migratórias atuais e especificamente à complexidade do caso
haitiano. Com essa lei de migração, o Brasil adotou políticas de gestão dos fluxos migratórios
mais inclusivas e humanitárias, proporcionando no âmbito legal aos imigrantes meios de regularização e permanência no país, direitos de mobilidade, laboral e acesso aos serviços públicos.
Apesar dos direitos alcançados através do novo marco legal, os depoimentos apresentados
neste artigo evidenciaram a falta de instrumentos públicos de acolhimento aos imigrantes na
sociedade brasileira e a dificuldade de acesso aos serviços públicos. Tal fato evidenciou que a
política migratória ainda não ultrapassou a etapa de regularização dos imigrantes. O visto humanitário concedido aos haitianos permitiu o acesso a documentos, como carteira de trabalho
e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), porém o direito de portar o documento não garantiu, de fato, o acesso desses imigrantes a tais serviços públicos. É importante destacar que a
integração social e cidadã dos imigrantes vai além da documentação.
Tal fato demonstra a importância de pensar em políticas migratórias para além da Lei de Migração. O Brasil tende a receber novos fluxos migratórios e deve criar mecanismos não somente
de entrada regular e documentação dos imigrantes. Há urgência de avanços na promoção do
acesso efetivo aos direitos e serviços, garantindo assim condições dignas de permanência aos
que escolhem o Brasil como destino.
Em suma, os achados deste artigo possuem suas limitações, é necessário avançar nos estudos comparados entre os países da América Latina, para analisarmos as transformações das
políticas migratórias e situar o Brasil dentro de uma perspectiva maior. O estudo também teve
como limitação um olhar específico para o coletivo haitiano. Há atualmente a necessidade de
incluir outros grupos de imigrantes, como os venezuelanos, que já são a segunda força de traRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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balho no Brasil. O artigo também não conseguiu avançar em debates mais específicos, como as
diferenças encontradas por homens e mulheres no acesso a serviços, documentação, inserção
laboral. Esses são importantes elementos a serem aportados em pesquisas futuras.
O artigo, no entanto, contribui de forma profunda para pensarmos as migrações sul-sul dentro da América Latina. Esse situa o Brasil como um país que novamente atrai imigrantes e, que,
portanto, passa a ser protagonista no debate sobre as migrações contemporâneas. O imigrante
que chega ao Brasil na atualidade, como vimos, não é mais o europeu, mas sim “latinos”, de
países vizinhos como os venezuelanos, ou da América central como os haitianos. Dessa forma,
entender a gestão migratória brasileira é fundamental para melhor compreender as novas dinâmicas de mobilidade na América Latina.
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Migración haitiana en Santiago de Chile: Expulsiones, imaginarios e inserción social en
un Estado-nación neoliberal1
Haitian migration in Santiago, Chile: Expulsions, imaginary and social insertion in a neoliberal
nation-state

https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-7

Juan Carlos Rodríguez-Torrent2
Universidad de Valparaíso, Chile
https://orcid.org/0000-0002-8451-2200
Nicolás Gissi Barbieri3
Universidad de Chile, Chile
https://orcid.org/0000-0001-5059-7691

____________________________________________________________________________________________________________________________
RESUMEN
El objetivo del presente artículo es caracterizar y analizar la migración haitiana en Chile, en el contexto global en que ocurre,
abordándolo desde un nivel micro y meso, comprendiendo desde sus subjetividades las vulnerables relaciones que establecen
con los distintos actores con que interactúan en la vida cotidiana y el papel que juegan en la paulatina transformación de espacios sociales y laborales. El tipo de investigación es cualitativo, a través del método etnográfico. Se observa que la migración
haitiana en un desafío para el Estado chileno en términos de demanda de servicios y convivencia, ubicado en el ámbito de los
derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Particularmente la migración haitiana cuestiona antropológicamente la
idea de los límites espaciales, temporales e identitarios chilenos, ofreciendo diversos planos sobre la posibilidad de mejorar su
vida y superar las barreras que enfrentan en una sociedad neoliberal. Se concluye que los/as haitianos/as tienden a ser racializados y excluidos, quedando subalternizados, sin embargo, en la medida que logran trabajar de manera estable, se insertan e
incluso generan una disposición al arraigo considerando que la posibilidad del regreso hacia Haití es bastante incierta, dados
los graves problemas político-económicos de su país de origen.
Palabras claves: Haitianos, imaginarios, inserción social, migración, racialización.
ABSTRACT
The objective of this article is to characterize and analyze Haitian migration in Chile, in the global context in which it occurs, addressing it from a micro and meso level, understanding from its subjectivities the vulnerable relationships established
with the different actors with which they interact in life daily and the role they play in the gradual transformation of social and
work spaces. The type of research is qualitative, through the ethnographic method. It is observed that Haitian migration is a
challenge for the Chilean State in terms of demand for services and coexistence, located in the field of economic, social, political and cultural rights. Particularly, Haitian migration anthropologically questions the idea of Chilean spatial, temporal and
identity boundaries, offering various plans on the possibility of improving their lives and overcoming the barriers they face in a
neo-liberal society. It is concluded that Haitians tend to be racialized and excluded, being sub alternated, however, to the extent
that they manage to work in a stable manner, they are inserted and even generate a willingness to take root considering that the
possibility of returning to Haiti is quite uncertain, given the serious political-economic problems from your country of origin.
Keywords: Haitians, imaginary, migration, racialization, social insertion.
Recibido: 15 de Marzo 2019 - Aceptado: 15 de Julio 2019 - Corregido: 14 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Rodríguez-Torrent, J. C., &amp; Gissi, N. (2020). Migración haitiana en Santiago de Chile: Expulsiones, imaginarios e inserción
social en un Estado-nación neoliberal. Politica Globalidad y Ciudadanía, 146-170. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/article/view/131

1
Este artículo es producto del Proyecto Fondecyt Regular 1200082 “Construyendo el futuro desde Chile: Prácticas, imaginarios, y
arraigos entre migrantes venezolanos, colombianos y haitianos residentes en Santiago y Valparaíso” (2020-2024).
2
Dr. en Antropología (UNAM, México), Investigador del Centro de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales-CINVIT, Facultad de Arquitectura, Universidad de Valparaíso. Email: juan.rodriguez@uv.cl.
3
Dr. en Antropología (UNAM, México), Investigador del Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Email: ngissi@uchile.cl.
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�Migración haitiana en Santiago de Chile...

147
1.- INTRODUCCION

En los últimos 20 años Chile se ha convertido en un país que como referencia imaginaria se ubica en la ruta de “los deseables” de América, ya sea para vivir temporalmente o de forma estable,
dentro de un proceso de migración Sur-Sur. Haití, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia
y República Dominicana han sido los países que más han contribuido a la reconfiguración de la
genealogía de la “chilenidad” desde comienzos del siglo XXI, obligando -como señalara Charles Taylor (1993)- a examinar localmente valores éticos, las formas cómo las personas y los
grupos hacen sus elecciones importantes y ponderan los modos de vida propios y de los demás,
así como dentro de una política del bien común a conceder derechos por igual a “otros”.
De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM, 2019), en el país habría 1.251.225 inmigrantes,
representando el 6.6% de la población total, estando la comunidad haitiana en tercer lugar, con
179.338 personas residiendo, solo superados en cantidad por los venezolanos, con 288.233, y
peruanos, con 223.923, siendo el colectivo haitiano por cuestiones idimáticas y de redes sociales el que ha vivido más dificultades para incorporarse.
En el caso de la población haitiana, a quienes Duffart (2016) caracteriza como “afro-negro-haitianos”, la migración es parte de una crisis local y de carácter nacional que involucra
también a su vecina República Dominicana, histórica primera parada del proceso de movilidad
intercontinental. Haití es un país sobrepoblado y con recursos naturales hiperexplotados, con
una carga histórica asociada a invasiones, dictaduras y fenómenos naturales como terremotos
y huracanes, que generan una desestructuración social permanente, asociada tanto a cuestiones
económicas como de violencia e inseguridad, existiendo pocos países en el mundo que presentan unos deltas tan agudos y crecientes entre la oferta de trabajo y la densidad demográfica de
su fuerza de trabajo. La precariedad de los servicios básicos, vivienda, carreteras, redes de electrificación y sanitarias, y su elevada deuda externa, hacen que el país tenga muy pocas posibilidades de rehabilitación y alcanzar una estabilidad mínima, a pesar de los aportes de organismos
internacionales y ONGs (Duffard, 2016). De ello se desprende el bajo umbral de expectativas
de su población en el país, a pesar de la ayuda internacional.
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ISSN 2395-8448. 146-170. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/131

�Rodríguez Torrent, J. C. &amp; Gissi Barbieri, N.

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La presión o restricción migratoria inmediata la ha puesto República Dominicana, que comparte la misma isla, generando internamente prejuicios diversos hacia los inmigrantes, incluyendo a muchos dominicanos/as de ascendencia haitiana, lo que dificulta su permanencia y
expectativas. A partir del terremoto sufrido el año 2010, que dejó 316.000 muertos, 350.000
heridos y 1.5 millones sin hogar, los países agrupados en la UNASUR se comprometieron a
recibir en sus países a la población haitiana que lo necesitara. “Para este grupo poblacional, la
Argentina difícilmente hubiera sido un destino migratorio si no fuera por la facilidad que presentaba a su ingreso y la gratuidad de los estudios universitarios” (Duffard, 2016), proporcionando visas humanitarias y no de refugiados, lo que ayudó a configurar un proceso migratorio
más multipolar, integrando dentro de sus diferencias a países fuera de ruta: Brasil, Argentina
y Chile. Sin embargo, esto ya contaba con antecedentes previos en la llamada “Declaración de
Santiago sobre Principios Migratorios”, firmada en 2004. En ésta, los ministros sostienen que
el MERCOSUR debe reafirmar ante el resto del mundo su vocación de trabajar hacia una nueva
política migratoria, fundamentada en la dimensión ética del respeto a los Derechos Humanos
(MERCOSUR, 2004). Una cuestión muy distinta será la posibilidad que las instituciones públicas puedan dar reconocimiento a la cultura de la diferencia y a las identificaciones pasadas y
presentes, ya que lo importante es cómo se produce el proceso de recreación propio y de todos
aquellos con los que se interactúa. Por ello, lo importante -siguiendo a Taylor (1993)- no es la
singularidad a través de la atomización, sino la construcción dialógica que permite la construcción y expresión de las diferencias.
Estos países se encontraban absolutamente fuera del radar de los destinos clásicos como
Estados Unidos, Canadá y Francia, donde las redes sociales de acogida operaban desde hace
décadas. Sin embargo, en la medida que las exigencias tienden a ser más restrictivas, la relación
ya no puede ser pensada binariamente: origen-destino. Por el contrario, la necesidad de abrir
horizontes y encontrar otras rutas, aunque más inciertas y riesgosas, genera una experiencia de
individuos y cuerpos en movimiento, que supera toda experiencia previa de un haitiano/a que
nunca ha salido de su país, y que además, le expone a una nueva condición de vulnerabilidad
por la carencia de redes y una institucionalidad como la chilena no preparada para hacerse cargo
de la diferencia.
En una escala global, hay evidencia en los distintos continentes que aún estamos muy lejos
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de asegurar a las personas migrantes esa premisa fundamental de los derechos humanos como
“derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, como ha postulado desde 1948 la Asamblea General de la ONU. Los migrantes, como sostiene Gil (2019),
han vivido una ambigüedad permanente, ubicándose en los márgenes del derecho internacional
de los derechos humanos, y siempre atrapados entre los principios de universalidad abstracta y
las normativas y reglas excluyentes que decide cada Estado soberanamente a partir de su legislación nacional.
De este modo, es presionada la “concepción imaginaria de la sociedad” sobre el “nosotros”
hegemónico, donde las instituciones democráticas que representan, parcial y laboriosamente,
intereses “particulares” articulados con intereses generales (Dubet, 2017:102), ya no pueden
responder a las nuevas exigencias que impone de manera inmediata la diferencia. Así, muchos
inmigrantes se ven enfrentados a una progresiva pérdida de derechos que termina por minar su
condición de ciudadanos e incluso de su misma humanidad. Se trata, en los casos más extremos,
a través de discursos ocultos (hiddens transcript) o discursos públicos (public transcript) de
una depreciación existencial y axiológica que cosifica y aniquila seres trascendentes y valiosos
en sí, por el solo hecho de ser personas extranjeras.
La percepción negativa que a veces se impone localmente, y que ve en los inmigrantes una
suerte de “invasores”, obedece en parte a la creencia errada de que la pobreza es el principal o
único móvil que anima a un individuo a abandonar su país de origen. Se trata, y así lo asumimos, de la búsqueda de un conjunto de recursos que permiten el despliegue de las capacidades
que constituyen la posibilidad de “ser” y “hacer”, aumentando las posibilidades de bienestar
efectivo en lo material y lo psicológico (Sen, 1981, 1987 y 1992). El bienestar sólo se materializa cuando las personas son capaces de hacer “más cosas” desde sus vidas, disponer de más
alternativas, y decidir, diferenciándolas de aquellas cuestiones que tienen que ver con el simple
consumo o acceso a bienes. En este sentido, Haití representa para el migrante el lugar de las
cosas que no se pueden realizar en los espacios institucionalizados. Por el contrario, Chile, un
Estado neoliberal y constitucionalmente subsidiario, representa en el “imaginario” inmigrante
haitiano, entendido como conjunto de esquemas organizadores que emergen como condición
de representabilidad de todo lo que una sociedad puede darse u ofrecer, y como una manera de
mirarse y pensarse, un nuevo lugar y una oportunidad: la recuperación de lo perdido tempranaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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mente, lo negado, el logro de lo nunca obtenido y la apertura a otras condiciones de vida. Resaltamos la idea de subsidiario, ya que la Constitución establece derechos fundamentales, aunque
no los garantiza. Por ejemplo, el Estado “ayuda” al acceso a la vivienda traspasando parte del
valor de un inmueble (subsidia parte del costo), pero el camino para acceder a éste y como única
formula para los sectores más carenciados, es a partir del ahorro previo de un individuo.
El imaginario del migrante haitiano (como los de “otros”) está asociado al beneficio que
puede alcanzar en el país de destino, es decir, a la satisfacción relativa, y no a una fórmula que
indique estabilidad y control de todas las variables, ya que es el país receptor el que fija las condiciones del mercado de trabajo y de ingreso al territorio, así como el riesgo migratorio termina
siendo asumido individualmente por cada sujeto. Se trata de la búsqueda de una recompensa
laboral, salarial, afectiva, de reconocimiento, de estimulación y movilidad social ascendente, la
que el Estado haitiano no pudo ofrecer. Ninguna de ellas es controlable absolutamente, salvo
-mayormente- para aquellos migrantes de alta calificación, en la medida que su expertise es
portable (Gissi, Rodríguez y Balaguera, 2019).
En el caso particular de la migración haitiana, se trata de capacidades bloqueadas producto
de la desinstitucionalización del país de origen, que limita la posibilidad de educarse, de acceso
a la salud, al trabajo y la vivienda como parte de un contrato social precario, a lo que se suma la
violencia política y la destrucción ambiental. Entonces, ¿pueden los haitianos lograr una mejor
vida en este Chile neoliberal de la segunda década del siglo XXI?, ¿qué barreras y posibilidades
enfrentan en Santiago de Chile? Éstas son algunas de las preguntas que queremos responder
preliminarmente en estas páginas.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Capital, Estados, expulsiones e inserción social racializada
La migración ocurre por los problemas estructurales vividos en algunos Estados-nación (pobreza, desastres ambientales, guerras internas, persecución política). Ahora bien, en las migraciones Sur-Sur, los mecanismos de expulsión (Sassen, 2015) presentes en un país, corresponden de manera dominante al éxodo de parte de la fuerza de trabajo con orientación dirigida y
marcada por la reproducción del capital dentro de estructuras globales. Expulsado el nacional
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y convertido en migrante, cualesquiera sean las rutas que éste tome, debe buscar el sustento
dentro de la precarización y vulnerabilidad de la vida, y por qué no decirlo, de la proletarización
del trabajo en tierra ajena. Esto es, una parte significativa de la realización del trabajo dentro del
binomio Estado-Capital, está asociada a la baja o nula provisión de cuestiones como los servicios educativos, de salud y vivienda, así como las pensiones en la edad posproductiva, lo que
genera una multiplicación de la mano de obra de bajo costo y un aumento de la tasa de ganancia
en los capitalistas locales. Esta es la condición que ofrece Chile a buena parte de su población,
pero se ve favorecido como destino elegido por migrantes frente a otros países de la región, por
los mayores índices relativos de desarrollo humano, seguridad y estabilidad que son parte de la
mitología estadística internacional.
De este modo, una discusión necesaria corresponde a la posición de los inmigrantes de cara
al proceso de incorporación social nacional, como elemento estructural de la composición económica actual de los países en las relaciones Sur-Sur. Cuestión que tiene como marco una
inscripción en los procesos capitalistas, en su versión neoliberal, ya que en las sociedades de
destino suelen ocurrir fenómenos velados o explícitos como el racismo, la xenofobia o la discriminación en el contexto de la construcción de interacciones sociales nuevas. Siempre hay
interés en mano de obra “más barata”, profundizando relaciones desiguales de producción y
consumo, que son parte del “ADN” de la misma estructura social que define a los países. Así,
aunque esta posición en la estructura laboral pueda generar “ganancias” a muchos migrantes,
los umbrales salariales a los que pueden acceder le impiden consumir el producto de su propio
trabajo y materializar parte de su imaginario (i.e. el acceso a la vivienda propia).
Así, las posibles protestas o rechazos hacia la población extranjera como ocurre con haitianos y haitianas en República Dominicana y Chile, alientan la tentación de un autoritarismo y
disciplinamiento normativo; o, desde otras ideologías, sin matices puede problematizarse sólo
como un problema de lucha de clases. Sin embargo, nos parece que el fenómeno migratorio
debe comprenderse desde un esquema más amplio, y en un espacio geográfico regional y nacional específico en que ocurren los mecanismos de expulsión, atracción y retención. Es decir, se
trata de lo político, como economía política, como relaciones de poder, que ayudan a explicar
la marginación o uso de un colectivo extranjero dentro de la estructura ocupacional, ya que
cargan con una condición excedentaria en términos de posibilidades de realización del trabajo
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necesario en sus lugares de origen. Los flujos migratorios deben ubicarse como propios de la especulación financiera internacional y de la descomposición institucional como ocurre en el caso
de Haití, y de cómo compiten y se desangran países que están en una condición de colonizados
o neocolonizados por organismos multilaterales, que conducen a proveer estos flujos migratorios de fuerza de trabajo de distinta intensidad y magnitud, que operan como contingentes de
reemplazo en el plano local.
La primera cuestión que se establece sobre el inmigrante, es que éste inaugura dos espacios
simultáneos: el político y el cultural. Es decir, lo concerniente a cuestiones jurídicas sobre su
status migratorio y las posibilidades de ciudadanía, y el despliegue de su cultura, memoria y
autonomía en la vida cotidiana.
En el caso de Chile, lejos de aceptar en plenitud inmigrantes como los haitianos (reconocimiento público de derechos básicos universales y abstractos y las necesidades particulares específicas que pueda tener como colectivo inmigrante), se los define desde una economía financiera
que está lejos de tener preocupación por los derechos básicos de los individuos y por aquellas
cuestiones asociadas a los modos de ver el mundo del que son portadores. Economía, que -además- dada su exposición y dependencia de las exportaciones, su canasta monoexportadora y
flexibilidad cambiaria, ajusta permanentemente su fuerza de trabajo como flexibilidad laboral
frente a procesos de contracción o expansión de la demanda internacional.
Como país receptor de la migración Sur-Sur, dentro del binomio estabilidad-inestabilidad
económica, está lejos de ser regular en reconocimiento de derechos y posibilidades, siendo muy
funcionales los extranjeros con menos redes y soportes de protección. Ya que, por una parte,
como “Estado subsidiario” no está obligado a satisfacer las demandas de la población; y, por
otra, con su importante grado de especulación y pragmatismo en los negocios de su economía
financiera no ofrece condiciones favorables, permanentes o de largo plazo para sostener una
incorporación plena. Sin embargo, desde abajo, es decir, desde el mundo precarizado que reside
para subsistir, para la migración haitiana se ofrecen o quedan abiertas posibilidades para laborar de manera autónoma en ámbitos comerciales y labores ocasionales y de baja calificación
(i.e. comercio informal y sin distinción de sexo), que identifican y conforman un segmento
poblacional racializado, y con posibilidades de ingreso ubicado en los niveles inferiores de la
“pirámide”. Es decir, se trata de actividades ofrecidas para una fuerza de trabajo ubicada en
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umbrales de subsistencia, siempre menores para la población haitiana que para la chilena, lo
que va construyendo una memoria racializada, otrificada y subalterna.
El segmento laboral que ocupan haitianos y haitianas, se da dentro de estructuras neoliberales, de alta segregación y de etnodiferenciación ya que en el país se puede vivir en condiciones
tan polares como Noruega o Irak. Una expresión velada del racismo, funcional al capitalismo
local y sus empresarios, con complicidad del Estado, operando permanentemente en un juego
dentro-afuera, legal-ilegal, admitido-rechazado, que justifica la mano de obra barata y excluye
a poblaciones del mercado de trabajo. De ahí que la migración termine siendo una expresión
funcional de las desventajas en el mercado mundial y de las hegemonías de clase, que interpela
por la nación en términos políticos, económicos y culturales dentro de la economía neoliberal,
y cómo son integrados los inmigrantes al mercado laboral internacional en países que aparentemente ofrecen salidas y oportunidades ante la necesidad de empleo y de reorganización de la
vida. En estos términos, en los centros metropolitanos cuando la economía se contrae, aumenta
el desempleo y/o los sueldos son limitados, aflora toda la condición de xenofobia, la etnodiferenciación, los problemas de indocumentación y las dificultades de auxilio por parte de las
instituciones del Estado, vulnerabilizándolos en el día a día, mientras dura la crísis.
Un país receptor como Chile -y sus empresarios- se beneficia del drama haitiano; los brazos
del inmigrante caribeño son más baratos que los locales. Y la racialización no hace más que naturalizar una condición de abuso mientras no se tengan las fortalezas necesarias (i.e. regularización migratoria, redes e instituciones de apoyo a inmigrantes, conocimiento de la legislación),
cuestionando toda idea de incorporación en el marco de una economía neoliberal y reforzando
la imagen de pobreza que se tiene sobre la isla y sus habitantes.
En estas condiciones económicas y políticas entrecruzadas, surgen los imaginarios sociales
locales como producción de creencias e imágenes colectivas, esto es, las imágenes construidas
sobre los otros y nosotros, sobre lo conocido y desconocido, basadas en las subjetividades y
contextos concretos donde se expresa y recrea la experiencia del migrante. Desde esta perspectiva, la capacidad de imaginar (antes, durante el proceso de ajuste y en el asentamiento
de los inmigrantes) permite devenir sujetos a los individuos, enfatizando la pluralidad de sus
experiencias de cara a esta economía política. Es por esto que el imaginar como deseo que las
cosas sean de una determinada manera, se vuelve un concepto relevante al momento de estudiar
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fenómenos como la migración, ya que el migrante -siendo parte de la trama del capitalismo
global- es por definición un individuo que observa desde afuera, tratando de asimilar lo que
percibe, pero sin manejar la misma pauta cultural que el grupo con el que interactúa. Así, entonces se suma a las ansiedades y aprehensiones del proceso migratorio el hecho de lidiar con
aquellas construcciones imaginarias de la sociedad de destino (Gissi, Pinto y Rodríguez, 2019)
y desarrollar líneas de fuga y autonomía para hacer frente a la adversidad (Mezzadra, 2005).
Lo esencial es la demanda migrante de ciudadanía y las acciones emprendidas para que
aquello ocurra, lo que no solo es inducir fuerzas en una dirección, sino verificar los espacios de
la diáspora y la hibridación generada dentro de un modelo desgarrado en su concepción tradicional de ciudadanía (ver Mezzadra, 2005). Por ello, la posición migrante alcanza importancia
en cuanto se inquista en las estrías del sistema y de su propia descomposición, siendo parte de
la dimensión del trabajo y de las relaciones sociales de producción.
3.- MÉTODO
A partir del trabajo de campo realizado entre los años 2018 y 2019 en las comunas de Santiago,
Estación Central y Quilicura en la ciudad capital de Santiago, se realizaron entrevistas en profundidad a 28 mujeres y hombres migrantes de nacionalidad haitiana , quienes al momento de
la entrevista llevaban entre dos y cinco años de residencia en el país, y tenían entre 21 y 53 años
de edad, con predominancia de edades situadas entre los 27 y 35 años. Estas comunas fueron seleccionadas para dar cuenta etnográficamente de la heterogeneidad social y urbana de la capital,
respectivamente centro, peri-centro (Estación Central) y periferia, espacios en los que se están
desarrollando nuevas formas de interacción social y segregación, debido a la modificación de
las ocupaciones espaciales y la etnodiferenciación social durante la última década.
Para realizar este análisis cualitativo, los participantes relataron en las entrevistas por qué
decidieron emigrar hacia Chile, el itinerario de su trayectoria, cómo ha sido la experiencia de
habitar en Chile, qué hechos han sido positivos, negativos o extraños en su convivencia con
chilenos, especialmente respecto a los ámbitos económico, político, cultural y espacial de la
incorporación o exclusión social, y cómo se imaginan su futuro, quedándose en Chile, regresando a su país de origen o re-emigrando. El contenido de las entrevistas fue analizado por medio
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de una malla temática que se construyó a partir de la pauta de entrevista que contenía una ruta
de 50 preguntas. El proceso de codificación se realizó paralelamente al de categorización, incluyendo categorías emergentes. Finalmente, se utilizó el software Atlas-ti 7.0, el que permite
visualizar patrones y difundir los resultados. Construimos una ficha técnica de registro que está
bajo custodia del equipo de investigación para asegurar resguardos bioéticos, con un criterio de
identificación y su sexo, lo que nos permitía recurrir a la entrevista.
Esta producción de datos primarios se complementó con la búsqueda de información que
entregan las bases de datos estatales, INE (2019), encuesta CASEN (2017), Censo 2017 (INE,
2018) y del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.
4.- RESULTADOS
Visualizando las causas de la migración hacia Chile
La población haitiana tuvo un claro crecimiento en Chile durante la última década. Es de destacar que el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) tiene dos fuentes de información
para configurar la dinámica de la población extranjera en el país: el otorgamiento de permisos
de Permanencia Definitiva (PD) y los permisos de residencias temporales o Visas Temporarias
(VT). Al año 2014, 1.649 personas eran de origen haitiano, lo que representa un 0,4% del total
de extranjeros. De esta cifra de población haitiana, 60% serían mujeres y 40% hombres. Sin
embargo, el año 2015 aumenta a 5.244 visas otorgadas. Estas se distribuyen entre la Región
Metropolitana con un 97.4 %, 0.8 en la Región de Valparaíso (a 100 km. de distancia) y 0.4 en
la Región de Coquimbo (a 490 km. de distancia) (Rojas et al. s/f). Después, aumentaron visiblemente durante los años 2017 y 2018 y bajaron en 2019, dadas las políticas implementadas por
el Presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato (2018-2022).
Se reconoce en los discursos de los haitianos determinados imaginarios migratorios en base
a tres factores respecto a la venida a Chile: 1) de proximidad (geográfica, espacial, con posibilidad y frecuencia de tránsito vía República Dominicana), 2) de cercanía social (histórica y cultural, presencia de fuerzas de paz de Naciones Unidas), y 3) de estabilidad político-económica
en Chile, que posicionan a Chile positivamente frente a otros referentes migratorios (Índices de
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Desarrollo Humano). Dentro de una migración Sur-Sur, los haitianos han identificado en Brasil
y Chile nuevos destinos con promesas de seguridad y posibilidades reales de ingreso regular,
a diferencia de Estados Unidos, Canadá, Francia y España que habían sido tradicionalmente
sus destinos migratorios. Las informaciones de flujos a Brasil y Chile indican que estos países
sudamericanos serían destinos eventualmente transitorios en sus proyectos migratorios, en la
medida que hay redes de más antigua data ya afincadas en los países del Norte. Algunos testimonios retratan esta situación diáspora:
“tengo familia en Estados Unidos (tres tíos), en República Dominicana (familia de mi madre), Brasil (dos primos), en Francia (una tía), y en Chile (dos primos)” (Hugo, 23 años).
A pesar de los pocos estudios que existen acerca de las rutas migratorias y los motivos que
hay para elegir a Chile como país de destino, se han identificado dos grupos de población
haitiana. Un primer grupo, “con recursos económicos y culturales que durante algunos años
privilegió ir a Brasil por un grado de afinidad cultural y que sólo en base a la crisis actual, ha
escogido dirigirse a Chile o, incluso, trasladarse desde Brasil hacia Chile”. Un segundo grupo,
identificado “en base a la precariedad económica y a deudas contraídas, y en muchos casos frente a la profunda exclusión social que les depara República Dominicana como destino próximo,
asumen ‘el riesgo’ de buscar nuevas perspectivas de vida en Chile” (Rojas et al. 2015, 224).
En los registros de las entrevistas se observa un bajo nivel de conocimiento pre-migratorio
sobre Chile. Más allá de ciertas generalidades, destaca la asociación con un país seguro y con
un mayor nivel de desarrollo que Haití. Chile sería un país más accesible para iniciar un proyecto migratorio que Estados Unidos, Canadá o Francia; se lo considera inicialmente como un
país menos racista que Estados Unidos o República Dominicana, y se lo describe con una situación económica relativamente mejor que Brasil. Al margen de dichas causas estructurales que
corresponderían solamente a ciertos desequilibrios en términos de desarrollo (Portes y Borocz,
1989), no se puede dejar de lado otro tipo de factores que tienen que ver con formas históricas
de contacto o penetración previa (militar, económica o cultural) del país de destino en el país
de origen, que vuelve a ciertos países especialmente atractivos para los migrantes (ibid: 608).
Por cierto, esto responde también a la existencia o no de redes de apoyo en el destino en que se
piensa llevar a cabo el proyecto migratorio.
Un primer ámbito que aflora como encuadre, refiere a la disonancia de expectativas en la
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medida que la inserción “no era tan fácil como se pensaba” y más aún si “no se cuenta con formación especializada”. En general se desempeñan en trabajos precarios: en bodegas, limpieza,
ventas por cuenta propia o como dependientes en almacenes y verdulerías, reponedores y auxiliares de supermercados, construcción, gasolineras, en cuidado de parques y jardines, además
de la agricultura y otras actividades rurales. Otros, los menos, con trabajos más formales como
dependientes en talleres o en conducción de vehículos de reparto.
Este proceso Margulis (1999: 17) lo denominó como racialización, entendiendo un esquema
de percepciones y modo de clasificación de amplio espectro de personas, grupos y sectores
poblaciones identificados como populares, que viven en condiciones de precariedad, los que
son evaluados en virtud de atributos corporales, estéticas, formas de consumo y prácticas. El
esquema clasificatorio es adverso como construcción de repertorio inicial de posibilidades y
conduce a una devaluación, inferiorización y marginación, ya que establece sistemas binarios:
deseable-no deseable; bueno-malo; mejor-peor; legítimo-ilegítimo .
En un primer ámbito se trata de “racialización de las relaciones de producción”, en cuanto
adscribe a un segmento social a una posición que queda definida por el trabajo precario y rotativo, hasta alcanzar estabilidad, confianza y conocimiento de algunas claves para negociar desde
alguna fortaleza. Un segundo ámbito son las apreciaciones de una condición de “soledad” y
urgente necesidad de la construcción de redes de apoyo, poniendo una voz de alerta sobre su
salud mental. Los migrantes suelen transmitir hacia Haití que se encuentran “bien”, aunque
cuenten con pocas amistades chilenas y un incipiente contacto con otros compatriotas. Todos/as
extrañan a la familia y envían remesas de dinero en la medida de lo posible, pero se ven imposibilitados de ir y volver para tener un contacto directo. En los casos más dramáticos, confiesan
que desearían “traerse a todos” (familiares y amigos) por las condiciones de mayor seguridad
y la necesidad de compañía. La situación de expulsión (como bien plantea Sassen, 2015) es
bastante clara y se expresa en los siguientes testimonios:
Jorge: “Muy difícil la situación. La política era mala, el dinero escaseaba y qué decir de la
seguridad. El peligro acechaba en cualquier esquina… ver gente muerta era pan de cada día…
Vivía sin luz y la comida escaseaba… Una vez que viajé a Chile, mis problemas acabaron, ahora vivo tranquilo…” (25 años).
José: “Trabajaba en una radio evangélica, no terminé los estudios… En Haití no había nada,
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no había comida. Acá hay…Mi familia sufrió mucha hambre y ya no quiero esa situación. Si
tengo a toda mi familia sería muy feliz. Quiero trabajar mucho para tener plata y traerlos a todos
y que no sufran más….” (38 años).
Al intensificarse las conexiones entre el país de destino y la sociedad de origen, el proceso
transnacional cambia cualitativamente, abarcando dimensiones sociales, políticas y culturales
más allá del carácter de los proyectos migratorios iniciales (Portes, 1997: 15) asociados a la
generación de un nuevo proyecto de vida. Dicho fenómeno tiene implicancias importantes y
disonantes para los migrantes y los potenciales migrantes, al hacer conscientes los bemoles asociados desde el momento previo a la decisión de la migración como al transmitir hacia Haití hoy
una determinada imagen de Chile -mayor o menormente velada, larvada, explícita, auspiciosa,
segura, confiada-, la que probablemente sea móvil conforme pasa el tiempo. Todos y todos tratan de transmitir que están “relativamente bien”, o que “están saliendo adelante”.
Significando las movilidades de otros, de nosotros y las mías: trayectorias inconclusas de incorporación
Son las referencias de viajes, de muchos viajes emprendidos por otros y otras, las que inspiran
los desplazamientos así como el frenesí y las modalidades que se adoptan en los itinerarios.
Aquí, etnográfica y etnológicamente encontramos en la experiencia un cierto saber social, apoyado por una oralidad de los procedimientos empleados por otros inmigrantes para abrir las
rutas. En estos términos hay modalidades aprendidas de significar los viajes, ya que ello caracteriza las formas de experiencia migratoria (Jensen, 2013). Se trata de una memoria pionera del
cómo hacerlo, de los momentos, las oportunidades, los contactos, las redes. A veces, el cuándo
y cómo, dependen de un número telefónico, una referencia lejana, porque un dato puede tener
incidencias determinantes en la trayectoria y en la relación primera con la otredad, ya sea como
éxito o como frustración.
Mirado así el proceso, los inmigrantes son quienes cambian el eje de sus vidas. Trasladan sus
vidas desde un socio-espacio a otro, entendiendo que en este movimiento hombres y mujeres
deben negociar, reaprender a producir, reproducir e intercambiar elementos simbólicos y materiales para generar condiciones de sobrevivencia y dar curso a sus inquietudes, necesidades
e imaginarios. En este sentido, históricamente los países que cuentan con mayor estabilidad
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democrática, y cuotas importantes de estabilidad social y condiciones permanentes de incorporación, son más receptivos políticamente a facilitar la inmigración, ya que a partir del aprendizaje crean las condiciones institucionales adecuadas. Por eso mismo, una vez instalados los
inmigrantes en el Estado de recepción, los derechos no reconocidos se convierten en eje de sus
reclamos y en potencial movimiento social. Pero precisamente, las diversas crisis del Estado de
bienestar, o políticas neoliberales radicales y exacerbadas como la chilena, han puesto en duda
el modelo integrador que les caracterizó en el pasado. De este modo, los inmigrantes entendidos
como actores comunes que solicitan beneficios, se encuentran a la deriva ante el sistema solidario de prestaciones que representa el Estado de bienestar, lo que cuestiona la libertad equitativa,
extrae lo que fortalece las posibilidades de autorrealización y la autonomía personal, es decir,
excluye de lo común, de los ciudadanos, de los derechos.
En Chile todo inmigrante debe entender prontamente que el modelo socio-económico (hoy
en crisis de legitimidad ciudadana, con una protesta nacional de ya de más de tres meses, que
ha sido caracterizada con la frase “Chile despertó”) opera en base a tres ejes: 1) sobre una economía primaria, de escaso valor agregado; 2) una amplia base de trabajo comercial e informal
de baja calificación y baja productividad; y 3) que sólo “algunas” certificaciones profesionales
operan como movilizador social. Por ello, aunque algunas comunidades migrantes puedan internamente dividirse y sub-agruparse por tener o no tener calificación, la inserción no es expedita. Esto significa que hay una gran base para trabajos sin calificación o de poca calificación
profesional que son de libre acceso o despreciados por otros.
Sólo a algunos migrantes les es dado entrar e insertarse en plenitud, en la neoliberal sociedad
chilena. Lo mismo que les acontece a muchos nacionales. Sin embargo, de un lado, parecieran
aumentar las libertades a través de los mercados, de algunas instituciones y de las tecnologías
de la información; de otro, también la violencia de políticas cada vez más excluyentes producto de un modelo migratorio securitista, hacen que la agresión pueda tener nombre propio y se
dirija sobre grupos definidos, especialmente sobre coyunturas sociales, económicas y políticas
que hagan revisar la condición de los inmigrantes y se los invite a retornar a su país, como lo
hizo el “Plan Humanitario de regreso ordenado” con la población haitiana, que impide regresar
durante nueve años .
Sus particularidades raciales y culturales crean cierta incertidumbre en la vida social chileRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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na. Una incertidumbre frente a un “otro” que sostiene un orden de prelación sobre la identidad
nacional imaginada (Gissi y Aliaga, 2017), los valores, los recursos y los beneficios. Los encontramos en la prensa escrita, radial, televisiva, y también en la WEB, en la filas para regularizar
la condición migratoria, en papeleos, sacando una cédula de identidad, un permiso de trabajo,
en los tribunales. Muchos están también en las iglesias, algunos en agrupaciones de migrantes,
en el activismo construyendo una ciudadanía pluricultural, aunque constitucionalmente no exista como principio en el Chile de 2019.
Quizá lo más importante es si estos inmigrantes son parte de algún contrato social, pueden
serlo y las condiciones de realización dentro de un marco de demandas ciudadanas de cambio
de modelo económico y cultural. Entre lo singular y lo colectivo, entre lo particular y la institucionalidad, está el Estado y su política migratoria con grandes vacíos y ambiguedad sobre
el quiénes y para qué, ya que resignifican la propia ciudad al poner a la vista fronteras con
barrios y ghetos, y también con dispositivos de control asociados a la necesidad de gobernanza
y soberanía. Lo que es cierto, es que la condición del inmigrante ubicado en un interregno en
el plano del reconocimiento y su papel social, demuestra que se han roto los acuerdos basales
que sustentan el contrato social y la condición de ciudadano; algo se ha violentado, algo se ha
sustraído en el reconocimiento. La condición migratoria contiene una vertiente segregadora,
sea política, económica, de violencia institucional, de inseguridad; una condición que hay que
explorar, ya que es parte del debilitamiento de un orden social e institucional que no logra dar
forma orgánica al peso que posee la multiplicación del espacio. Una situación que dentro de la
insularidad en la que ha vivido Chile, habrá que tratar en la construcción colectiva de una nueva
Constitución, durante los próximos meses y años, ya que salvo sectores nacionalistas fanáticos
y radicales puedan argumentar en favor de la no participación de aquellos y aquellas que pagan
impuestos, tienen hijos chilenos que asisten a las escuelas y servicios de salud, y que se han
nacionalizado como los que llegaron en el siglo XIX y XX.
Vulnerabilidad y racismo en el marco de una sociedad neoliberal y en vías de desarrollo
Las relaciones entre chilenos y haitianos requieren de un encuadre específico: la vulnerabilidad
en la que están situados. Ésta puede ser definida como concepto relacional y social, que articula
contradicciones y conflictos (Bohle, 1993) en distintas dimensiones de la vida en común, y no
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se puede separar de un escenario de riesgo. Esto, por una parte, porque es un individuo o una
familia la que toma una decisión en la que se abandona un lugar, los bienes, el trabajo cuando
tenían, y los medios que permiten el sustento y el conocimiento que se tiene en términos estratégicos. Por otra parte, es una apertura a la incertidumbre, ya que ningún migrante controla la
eventual posibilidad de recuperación de lo que ya tenía, o lo que podrá conseguir. El desheredado, el que no tiene trabajo y no ve futuro transita, sin la certeza del lugar último en que encontrará condiciones para el arraigo. Este lugar es ontológicamente indeterminado e indefinido, y
son los imprevisibles movimientos marcados por la errancia, la búsqueda y el reconocimiento,
los que establecen el forzado camino para encontrar una nueva certeza. El inmigrante requiere
datos fidedignos frente a lo menesteroso que le resulta la sociedad nueva, ya que no hay sistemas universales que procuren la certeza y la subjetividad que marca la vía transitada por otros,
los desvíos, los caminos marginales, los laterales y los zigzagueantes. De este modo, respecto
del asentamiento en Chile, los haitianos señalan como cuestiones medulares y de signo positivo
y negativo, las siguientes experiencias: Aspectos negativos:
1. Valor y dificultad para conseguir vivienda, y la incomodidad e inseguridad de las mismas
(caras, precarias y hacinadas).
2. Las distancias espaciales existentes entre la residencia y el trabajo.
3. La lentitud en los procesos de documentación y tiempos de espera para conseguir las visas que den cierta estabilidad, y que permitan el acceso a un trabajo formal.Los aspectos
regulatorios juegan un papel importante. No es sólo la lentitud de los trámites sino la
cantidad de requisitos que se empiezan a sumar. Por ejemplo, Óscar sostiene:
“el proceso es en sí es bastante engorroso. Se necesita un contrato de trabajo, pero para éste
se necesita un carné de identidad, y para este último, 8 meses de imposiciones con contrato;
entonces, se hace un círculo vicioso que, muchas veces, impide la legalidad. Para mí, este problema burocrático significa el principal obstáculo para la correcta integración de los extranjeros
en Chile… estoy en proceso de obtener la permanencia definitiva, pero para eso necesito pasar
ocho meses seguidos de pago de impuestos. Por el momento estoy en visa temporal, la cual
vence en noviembre” (27 años).
4. Poca transparencia en los contratos de trabajo, actividades laborales precarizadas y la
posibilidad incierta de obtener un mejor sueldo. En términos de posibilidades de mejora
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laboral, predominan experiencias ilustrativas como las de Beatriz, quien manifiesta su
desazón:
“antes me gustaba Chile, cuando podía trabajar y había una esperanza. Eso era antes, ahora
pienso que no era verdad. Yo tengo dos años en Chile, tengo carné indefinido y hace 6 meses
que no tengo trabajo… en todas las entrevistas me preguntan si tengo permanencia indefinida… a las chilenas le pasan el uniforme y los bototos, y a mí me dicen que me van a llamar;
los de otros países también pasan la entrevista. Solo quiero trabajar, solo eso me duele, sino
me iría a Haití. Yo quiero estudiar enfermería y trabajar acá. Chile no puede ayudarnos, todo
es muy caro acá. A mí me duele la cabeza pensar en eso” (24 años).
5. Procesos de discriminación y racismo. Sonia (30 años) expresa que la han tratado mal:
“Mal, como con todos nosotros. Me han robado, sabiendo que no nos ayudan en carabineros. El chileno es racista, la gente es hiriente. Es difícil llegar a Chile. El idioma te
cierra puertas. Si no sabes español, no puedes hacer nada... y uno escucha: ‘estos negros
nos quitan la pega’”.
6. Dificultades con el idioma, lo que es una limitante para hacer trámites o conseguir trabajos de mejor estatus.
7. El alto costo de la vida, vida cotidiana muy cara (especialmente comer y pagar arriendo);
y acceso a la vivienda definitiva. Las condiciones de vida en Chile suelen generar desilusiones, como señala Néstor:
“uno tiene un sueldo base de 301 (mil) , bueno ahora lo subieron, y cuando uno está pagando
una casa completa está arriba de los 400, y uno tiene sueldo base de 301, entonces no es como
las cosas parecen… no tienen sentido. Como que uno no se encuentra con una vida mejor acá,
como que uno salga de su país a buscar una mejor vida y cuando uno llega acá a veces se dan
cuenta que no es así, porque llegas a un país donde tu sueldo base vale menos que la cantidad
que estay pagando una casa, no estás viviendo… Por eso tú puedes ver que te dicen que las
personas viven en zonas muy fuera de Santiago (muy alejadas de sectores centrales, de baja
conectividad y pocos servicios). ¿Y por qué pasa eso?, porque ahí pueden encontrar que una
casa que tiene un precio más bajo, pero eso no significa que estén bien porque uno se pasa de
frío…” (29 años).
8.

Algunos perciben que “los chilenos no están preparados para el multiculturalismo”.

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9.

No viajan a Haití por su condición migratoria a veces no regularizada, que podría impo-

sibilitarlos de volver, y por el alto valor de los pasajes en relación a sus sueldos.
10. El frío característico del invierno chileno.
Por su parte, los aspectos positivos más destacados hacen alusión a:
1. La ayuda que ofrecen iglesias cristianas, que operan como instituciones de acogida y
socializadoras.
2. “Los que llegaron antes tendrían muchas mayores facilidades”, ya que les permite ser
traductores y asesores frente a los recientemente llegados.
3. El acceso gratuito a algunos servicios públicos: hospitales, consultorios, escuelas.
4. A los que ingresan a la educación superior se les abren amplias posibilidades de incorporación.
Estas realidades positivas generan discursos como el de Emilio (24 años): “Yo y mi familia
queremos quedarnos a vivir para siempre”. Óscar (27 años), señala: “hay mucha ignorancia en
lo que respecta a mi cultura y nacionalidad, hay gente que te insulta en la calle y cosas por el
estilo, pero yo busco ver todo en una forma optimista”. Néstor indica aspectos positivos y negativos: “Me gustan los chilenos porque son muy cariñosos, pero no me gusta que tomen y fumen
mucho. Solo por el clima no me gusta mucho Chile, lo demás está bien…”.
De este modo, como sostiene Delaunay, “los movimientos de personas son quizás, antes que
nada, estrategias para acercarse a oportunidades contextuales más favorables” (2007:89). Sin
embargo, es evidente que las aspiraciones tiendan a verse frustradas en un país como Chile, en
la medida que territorialmente la segregación espacial y el mercado segmentado de la vivienda
son indicadores de una posición en la estructura social. La extensión de la ciudad, se expresa
como un gran erial en la medida que al salir de las zonas centrales y de conectividad de la red
de metro, la ciudad moderna palidece, se hace difusa y desconocida. Y para muchos haitianos y
haitianas, es la única alternativa de ciudad posible y conocida.
En este momento la población haitiana, como también muchos chilenos, están mayoritariamente ubicados en los estratos correspondientes a la pobreza. Simultáneamente, los elementos
para mantenerse en una suerte de “flotación” y que faciliten la permanencia y persistencia, se
relacionan a una imagen compartida: el trabajo informal o ambulante, asociado al comercio de
ropa china, bisutería (objetos de adorno personal que imitan joyas), refrescos y golosinas, o
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preparación de comida en las calles. También se trata de la tercerización o externalización de
las faenas, la flexibilidad, el contrato a plazo fijo, el trabajo por horas y la informalidad de gran
parte de las fuentes laborales, que constituyen el acceso a trabajo ubicado en tramos de mano
de obra barata. Condición muy coherente con la baja calificación de la mayoría de los entrevistados, lo que va generando una naturalización que se estabiliza como un habitus en términos de
Bourdieu, pero distante de las exigencias de una economía más global, o a tono con los índices
de educación terciaria del país. La cualificación o la certificación de un inmigrante es una cuestión bastante difícil de ajustar a las condiciones chilenas.
Imaginarios de futuro: ¿quedarse a vivir en Chile?
Para establecer un contrapunto entre el acá (Chile) y el allá (Haití o República Dominicana), entre el trabajo y la expectativa de mejora, considerando el rol de la iglesia evangélica, las nuevas
redes que ofrecen ciertas coberturas, el reconocimiento como promesa de entendimiento ético
(Taylor, 1993) y estabilidad, indagamos sobre sus proyectos de vida y específicamente cómo
imaginaban su vida en cinco años más. Las respuestas nos señalan:
“Quiero una casa, es lo mejor para mí y mi esposa. Ella también es haitiana. Con ella nos
conocemos hace 5 años y queremos tener hijos, pero con nuestra casa propia. En 15 años quiero
estar con un trabajo, mi casa y mi familia felices” (Daniel, 30 años).
“en 5 años más me imagino viviendo en Santiago con mi familia, mi madre y mis hermanos.
Trabajando en un mejor lugar… me gustaría tener más dinero” (Óscar, 27 años).
“Cuando uno puede hacer un negocio, ganar plata, entonces uno puede decidir quedarse a
vivir…” (Andrés, 27 años).
Jorge, llegado en 2017, con sus padres en Haití, con experiencia de vida en República Dominicana - donde están sus hermanos-, y con primos en Brasil, reconoce la necesidad de buscar
oportunidades como medio de sustento y generar expectativas. Señala:
“Extraño a mis padres y mis amigos de la infancia… pero lo que no echo de menos, definitivamente, es la pobreza…siento que en esta parte (en Chile), encontré una vida un poco mejor
para mí. En 5 años más quiero cumplir con mis sueños, pero en 15 años más me gustaría estar
terminando una carrera de estudios y trabajar en aquello de lo que me he titulado…Para mí,
cumplir un sueño es una cosa muy sencilla. Solo tengo que ver una persona que esté en un nivel
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más alto que el mío y preguntarme: ¿puedo llegar a ese nivel? Entonces, desde ahí empiezo a
trabajar mucho, porque para mí todo lo es mi sueño. Me iría sólo si lo que hago no me da frutos… Así es la vida” (26 años).
Emilio (24 años), reconoce sus propios avances, y cree que es posible cambiar su vida en
Chile:
“En cinco años más me proyecto trabajando en lo que me gusta hacer; juntar dinero para
poder comprarme una casa. Pienso que en 5 años más mi hijo tendrá entre 5 y 6 años, irá al
colegio y tengo que ver dónde va a estudiar. Y en 15, mi hijo va estar estudiando. Yo quiero
que estudie humanidades. Yo me voy a encontrar mejor de lo que estoy ahora, y voy a tener un
dinero ahorrado para que siga estudiando”.
Por su parte Fernando, responde frente a la misma pregunta:
“me imagino con una familia, mi vida estable y tranquila, con mucho cariño. Tengo que tener
confianza en Dios y después trabajar y guardar dinero. Así, pienso de poco a poco, voy donde
me gustaría. En este momento pienso quedarme en Chile” (27 años).
Se observa una visión positiva en la medida que se pueda trabajar de manera estable, generándose un cierto arraigo considerando que la posibilidad del regreso hacia Haití es bastante
incierta, pues las noticias hablan de agudización de problemas sociales y políticos, así como
económicos, de disponibilidad de dinero líquido y de acceso a crédito. Reemigrar a otro país
también se hace difícil pues implica tener ahorros, especialmente cuando se tienen hijos la decisión es mucho más compleja. Más bien, esta posibilidad se restringe a personas solteras y sin
compromisos ni arraigos fuertes. Sin embargo, existe una crítica compartida sobre la sociedad
chilena, que marca el acento en dos cuestiones centrales: el miedo a lo distinto y el individualismo. Al menos tres testimonios lo expresan con claridad:
“Para las personas negras, igual es difícil integrarse, ya que los chilenos le tienen miedo a lo
distinto” (Emilio, 24 años).
“Lo que no me gusta de los chilenos es que son individualistas y se quedan en las apariencias…En el primer trabajo me costó mucho integrarme, hacer amistades y relacionarme con mis
compañeros de trabajo, son muy individualistas…” (Daniel, 30 años).
“Hay mucha ignorancia en lo que respecta a mi cultura y nacionalidad, hay gente que te
insulta en la calle y cosas por el estilo, pero yo busco todo de ver en un forma optimista…
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pienso que los niños son los que se integran con mucha mayor facilidad, ya que no vienen con
muchos esquemas culturales, y al relacionarse desde temprana edad son aceptados por sus pares
sin prejuicios o barreras de lenguaje…Extraño la vida en Haití, donde se veía gente sonriendo
a diario y música en todas partes. Acá, en cambio, se ve una actitud mucho más individualista
y poco comprometida con su entorno. Haití es mucho más colorida frente al gris de Santiago”
(Óscar, 27 años).
Este último testimonio corresponde a alguien que trabajaba como promotor en una ONG
en Haití, y con dominio del español tras su paso por República Dominicana. También algunos
discursos diferencian las dificultades para hombres y mujeres, como el de Andrés:
“En el mundo hay gente buena y gente mala. Por eso, cuando un chileno me trata mal, no
pienso que todos los chilenos son malos; y, cuando alguien me hace bien, también sé que hay
malos. Es difícil integrase, ya que es distinto idioma y la forma de vida, y de ahí es empezar
a adaptarse al estilo de vida nada más. Personalmente es más fácil para un hombre integrarse,
cuesta menos encontrar trabajo”.
María (26 años), que aprendió español en República Dominicana, coincide en que hay discriminación de género: “los dueños creen que una puede salir embarazada, y ‘después tengo
que darle seis meses, y después cuatro más’”. Beatriz (24 años), destaca los abusos laborales:
“Si todo el día es trabajar… es muy duro… ¿y qué hago después? Yo antes trabajaba de
siete a siete… Y después dije que no podía tanto y me echaron… Por eso no tratan muy bien a
la gente haitiana. La gente haitiana sabe hacer muchas cosas, yo solo quiero una oportunidad”.
Consultados/as acerca de las posibilidades de articulación a través de algunas instituciones
formales o informales, destaca la no participación en instancias de agrupamiento colectivo, instancias de encuentro, protección, orientación y asesoramiento. Pese a que las redes son importantes para trabajar, estudiar y conseguir alojamiento, asuntos que son difundidos vía soportes
telefónicos y redes virtuales, la dispersión por distintas comunas periféricas y barrios con servicios deprimidos, ha impedido fortalecer la propia cohesión e instancias como “la casa de Haití”,
y al Estado le ha faltado visión para ayudar a generar este tipo de iniciativas, lo que favorecería
la posibilidad de una interlocución más clara con este colectivo, comprender sus necesidades,
regularizar de manera más expedita su condición migratoria, y favorecer los derechos humanos
y su protección.
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5.- CONCLUSIONES
Lo que está en juego con los procesos migratorios ya en la sociedad de destino, es la posibilidad
de incorporación, la aceptación, la calidad de los “nuevos” vínculos sociales, y el aprender a
vivir juntos en un país que ha tendido a vivir insularmente. En este punto, todo indica que el Estado chileno no ha tenido la responsabilidad ética esperable de un Estado moderno luego del ingreso masivo de inmigrantes haitianos, pues éstos han sufrido abusos individuales y colectivos,
no respetándose sus derechos, y asignándoles tipos de visados (visa consular de turismo simple,
en abril de 2018) que tienden a excluirlos de la chilenidad. Menos aún, sobre la procuración de
espacios de encuentro, de interculturalidad, de un diálogo horizontal.
Debemos reconocer que en las políticas migratorias existe hoy una perspectiva difusa, que
pone en cuestión, o al menos en tensión, los presupuestos de los estudios migratorios, entre
perspectivas de derechos versus enfoques de securitización. En el caso presentado, entre el viaje, la llegada y el avecindamiento, hay un evidente origen del proceso migratorio en el colectivo
haitiano: la desintegración de la figura del nosotros interno y un proceso de desinstitucionalización de la vida en su propio país. Como hemos apreciado a lo largo de estas páginas, por una
parte, lo que se disuelve es la idea de la comunidad nacional, la fragilización de la confianza, la
proximidad, la violencia y la muerte que ha recorrido las calles de los distintos lugares (urbanos
y rurales) de origen en Haití, el que ha sido calificado como un Estado fallido. Al parecer este
origen de nación con fama de poco desarrollada, sumado a la piel negra de la mayoría de los
haitianos y a la ausencia de una política migratoria, no les ha ayudado a tener una recepción
hospitalaria de parte del Estado y sociedad chilena.
Los bemoles de la trama haitiana están asociados a la pérdida de las seguridades básicas, a
una cohesión nacional que se ha disuelto por conflictos internos típicos de una historia neocolonial. Como se revela en los testimonios y el análisis, el nuevo esfuerzo es encontrar una estabilidad en Chile, una proximidad diferente, un reconocimiento dentro de la diferencia, afiliaciones gratificantes en un país diverso y exitista, pero que lucha contra sus propios fantasmas:
vivienda, salud, educación, pensiones, precariedad laboral, deudas, segregación socio-espacial,
discriminación. Todo el trayecto haitiano es una lucha contra las condiciones de vulnerabilidad
y la ampliación de los derechos sociales. Una lucha por reconocimiento cuyos marcos son doRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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bles en una sociedad chilena presente que se caracteriza por la acentuación del individualismo,
la disolución de lo colectivo, y la profunda polarización entre “el pueblo” y la élite, exigiendo
disminuir las desigualdades características de los últimos 40 años.
Quizá la dimensión más denigrante que se enfrenta sea el hacinamiento residencial, pero
que los iguala a muchos chilenos precarizados y escondidos en la marginalidad de los barrios
desprovistos de todo servicio, por lo que aquello que está en el proyecto viajero suele no corresponder a lo vivido. De este modo, la interpelación de haitianos y no haitianos es hacia la
construcción de nuevos vínculos y la cobertura de servicios sociales que el Estado neoliberal
no provee de manera adecuada, o que como Estado subsidiario sólo asegura de manera parcial a toda la población. La pérdida de Haití como país, en el sentido que su vínculo se vuelve
indirecto a través de elementos digitales dado lo oneroso de los viajes, implica la pérdida de
una comunidad de referencia para el diario vivir y asumir que con ello se refuerza una nueva
condición: la ausencia de derechos (aunque existan de manera formal) como recién llegados,
especialmente cuando no se tiene una documentación al día. Más aun cuando no hay un convenio entre ambos países para convalidar los títulos universitarios, lo que los transforma en parte
del segmento laboral más precario.
La meta de una buena incorporación se constituye como una combinatoria de dimensiones
que va desde lo económico a la autorrealización como persona. Los haitianos se confrontan desde la búsqueda de una nueva estructura de oportunidades, con un país que enrostra permanentemente las dificultades de movilidad social, que tiende a mal mirar como pobres a la población
afrodescendiente y culturalmente distinta, más aun cuando los nacionales tienen problemas de
empleo y racializan su frustración. Los testimonios dan cuenta de trabajos flexibles, abusos
en los arriendos de vivienda, bajos salarios, poco reconocimiento de sus capacidades y de sus
estudios. Todo este conjunto de dificultades refiere a una fuerte segmentación en el mercado
laboral de los haitianos, en cuanto los trabajos son de baja calificación, y también -en muchos
casos- abusivos desde el punto de vista de las horas trabajadas, lo que también retrasa la posibilidad de continuidad de estudios o estudiar el pregrado en Chile. Sin embargo, las expectativas
suelen ser quedarse en Chile, en la medida que se tenga un trabajo estable que permita generar
un nuevo proyecto de vida.

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ISSN 2395-8448. 146-170. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/131

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Tres décadas después… Evolución de las políticas de incorporación de inmigrantes en
Portugal: Una nueva lectura
Three decades later… Evolution of immigrant incorporation policies in Portugal: A new reading
Beatriz, Padilla1
University of South Florida, Estados Unidos
https://orcid.org/0000-0002-2359-3369
Thais, França2
ISCTE-IUL, CIES-IUL, Portugal
https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-8
https://orcid.org/0000-0003-1279-412X
____________________________________________________________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo discute la evolución de las políticas portuguesas de incorporación de inmigrantes, desde la década de 1980,
hasta la legislación actual de 2018. Pese a que las políticas incorporación de inmigrantes se integraron a la agenda pública portuguesa recientemente, a lo largo de estos 30 años, se han registrado cambios significativos. Argumentamos que, si bien se han
registrado avances, no existe por parte del Estado portugués una estrategia sólida, continua y coherente que se mueva de forma
conjunta, sino que los avances han sucedido en un mismo sentido, pero a dos velocidades, pudiendo ellas estar relacionadas con
las diferentes presiones ejercidas por la sociedad civil, la Unión Europea y las propias convicciones del Estado en lo que deben
ser las políticas. Específicamente, nos centramos en dos tipos de políticas de incorporación para argumentar que mientras se
registraron grandes avances en las políticas de acceso a la nacionalidad, el progreso en la legislación antidiscriminación ha sido
menos acentuado. Para demostrarlo, analizamos la evolución legislativa (leyes, decretos) y los programas oficiales del gobierno
portugués, en dichos ámbitos, con una mirada crítica.
Palabras clave: Incorporación, políticas migratorias, Portugal, regulación.
ABSTRACT
This article discusses the evolution of Portuguese immigrant incorporation policies, from 1980s to 2018. Migrants’ incorporation policies have become part of the national public agenda only recently, however, throughout this period of 30 years, many
significant changes have been registered. We argue that even if advances have taken place, there is no single solid, continued
and coherent strategy of the Portuguese State, changes have been advancing in one direction but at two different speeds. The
difference in speeds may be associated with existing pressures arising from civil society, the European Union and the State’s
own convictions about what policies should be. We focus on two different types of incorporation policies to argue that while
nationality policies have moved forward, anti-discrimination policies have been less progressive and assertive. To show this,
we critically analyze the evolution of legislation (decrees &amp; laws) and the official programs of the Portuguese government in
these two fields of incorporation policies.
Keywords: Incorporation, migration policies, Portugal, regulation.
Recibido: 05 de Junio 2019 - Aceptado: 01 de Octubre 2019 - Corregido: 06 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Padilla, B, &amp; Thais, F. (2020). Tres décadas después… Evolución de las políticas de incorporación de inmigrantes en Portugal:
Una nueva lectura. Politica Globalidad y Ciudadanía, 171-202. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/132

1
Doctora en Sociologia, Professora de Departamento de Sociologia de la Universidad de South Florida, EUA e Investigadora del
ISCTE-IUL, Portugal, E-mail: padilla.beatriz@gmail.com
2
Doctora en Ciências Sociales, Investigadora del ISCTE-IUL, CIES-IUL, Portugal. E-mail: thaisfrancas@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 171-202. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/132

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1.- INTRODUCCION
El carácter multifacético y dinámico de las migraciones, sus diferentes modalidades, sujetos e
itinerarios hacen con que los Estados utilicen distintos y variados instrumentos para gestionar
los flujos de entrada, salida y permanencia de los migrantes en el territorio nacional, así como
para integrarlos a la sociedad receptora. Las políticas migratorias, en sus diversas variantes,
suelen aparecer como la principal herramienta utilizada por los Estados para orientar sus acciones relacionadas con los movimientos migratorios. Así, de acuerdo con el momento político o
económico de los países en cuestión, e cada vez más a nivel global, es posible identificar políticas migratorias en general, que tienen como propósito la atracción, restricción, prevención,
vinculación, control, regularización o incorporación de los migrantes (Mármora, 2002; Padilla,
2017).
Padilla (2017) subraya que las políticas migratorias son un tipo específico de políticas públicas, y por ello frutos de disputas entre el Estado, la sociedad civil organizada (asociaciones,
organizaciones no gubernamentales e etc.), los organismos internacionales (Organización Internacional de las Migraciones, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros) y las entidades supranacionales (Unión Europea, Mercosur, para citar algunos
ejemplos). Por lo tanto, aunque en cuestiones migratorias el Estado sea un actor privilegiado,
por sus recursos y poder de intervención, otros atores también pueden jugar un papel fundamental, influenciando el proceso del policy-making y sus resultados.
La presencia (o no) de las cuestiones migratorias en las discusiones públicas de un país
resulta inicialmente de la percepción de la necesidad de realizar acciones específicas sobre el
tema y posteriormente de un proceso complejo de negociaciones entre los diferentes actores
involucrados (Padilla, 2017). El caso portugués no escapa a ese proceso, por lo que a lo largo
de la historia de las políticas migratorias de Portugal, distintos actores e intereses estuvieron
presentes en la planificación (aunque en verdad mayoritariamente no se trate de planificación
sino de reacción ante una determinada realidad) de las estrategias y medidas de intervención
relacionadas con los movimientos migratorios.
Históricamente, Portugal ha sido por siglos un país de emigración, incluso en la actualidad,
en la cual conviven emigración e inmigración. Por ello, el enfoque de las políticas migratorias
portuguesas, durante mucho tiempo, se centraron en la emigración: quien, como, porque cruzaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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ba las fronteras nacionales hacia fuera. Durante el gobierno dictatorial (1933-1974), especialmente después de la creación de la Junta Nacional de Emigración (JNE) en 1947 (posteriormente transformada en Secretaria Nacional de Emigración en 1970), las políticas migratorias
se ocupaban mayoritariamente de la gestión y control de los flujos transatlánticos de salida
hacia las colonias portuguesas y Brasil y posteriormente para Europa, especialmente Francia y
Alemania (I. Santos, 2014).
Varios autores insisten en que las políticas portuguesas volcadas a la emigración has sido
siempre ambiguas inclusivamente contradictorias (Baganha 2000, Carreiras et al. 2007). Por un
lado, se perseguía el control de flujos hacia el exterior, prohibiendo oficialmente la emigración
o controlándolos a través de la emisión de los pasaportes de emigrantes, situación que llevó
a que se hablara de emigración clandestina desde la perspectiva del estado de origen y no de
destino. Por el otro lado, el Estado portugués desarrolló políticas que asistían o daban apoyo
a sus ciudadanos en el exterior, por lo que sus políticas pueden ser consideradas pioneras. La
cruel realidad que los portugueses enfrentaron en el exterior, hizo que el Estado prestara apoyo
y firmara acuerdos bilaterales con los países de destino, como acción complementaria al trabajo que las asociaciones de portugueses en el exterior realizaban a través de las mutualidades
y sociedades de socorros mutuos (Carreiras et al. 2007), si bien también movido por el interés
del Estado en maximizar las remesas de los emigrantes (Baganha 1994, 2000). Por ejemplo,
Portugal firmó en 1953 ratificado en 1957, el primer Acuerdo de Amistad y Consulta con Brasil,
que sería renovado en 2000, así como acuerdos consulares (1995) y de seguridad social (1997)
entre otros (Padilla 2010). Portugal también fue pionero en otorgar el voto a los portugueses en
el exterior y darles representación parlamentar en 1976 con la sanción de la nueva constitución
(Costa Lobo, 2007).
Solo después de la revolución de los claveles que puso fin a la dictadura, en 1974, es que
las políticas de control de la emigración fueran sustituidas por un entendimiento general de
la emigración como un derecho de los ciudadanos portugueses, asegurados en la constitución
portuguesa (art. 44 , no. 2) de 1976 (V. Santos, 2004). En las décadas siguientes, la emigración
no fue restringida como tal, sin embargo, este periodo coincide con el proceso de preparación y
posteriormente entrada de Portugal a la Unión Europea, lo que llevó a que paulatinamente ganase atractividad como país de destino, y lentamente, comenzase a forjar políticas de inmigración,
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la cuales con el tiempo ganaron mayor visibilidad en la agenda pública portuguesa.
Así, a partir de la década de 1980 se pueden identificar las primeras políticas públicas centradas específicamente en cuestiones inmigratorias o derivadas de ellas (Baganha &amp; Góis, 1998;
Padilla &amp; França, 2016). Gradualmente, en las décadas siguientes, la legislación migratoria se
hará más intensa, en respuesta a la realidad nacional, como por ejemplo el aumento de la demanda de mano de obra a fines de la década de 1990 e inicio del nuevo siglo, o su disminución
debido al aumento del desempleo como consecuencia de la crisis económica a partir de 2010; o
en respuesta a las imposiciones y directrices de la Unión Europea, proceso llamado de europeización de las políticas (Padilla, 2017). Desde entonces la política migratoria portuguesa reflejada en diferentes medidas – leyes, decretos, planes y programas – fueron siendo elaboradas e
implementadas en un contexto donde conviven tanto las prioridades determinadas por el estado
portugués como por las presiones de la Unión Europea para adaptar los marcos regulatorios
nacionales a los comunitarios, sumados a las presiones de la propia sociedad civil organizada
que a través de asociaciones de inmigrantes y otras organizaciones no-gubernamentales, ejercen presión hacia la adopción de políticas migratorias amigables, siendo que todas estas fuerzas
juegan un papel importante en la conformación de dichas políticas.
Con base a lo expuesto, el presente capítulo se propone analizar la evolución de las políticas
portuguesas de incorporación de inmigrantes, intentando responder a dos preguntas centrales:
i) cuales son los principales cambios identificados en las políticas de incorporación desde la
década de 1980 hasta la actualidad? ii) por qué el avance de las políticas se produce en una
dirección pero en dos velocidades, en particular las políticas relacionadas con la adquisición de
nacionalidad y las políticas antidiscriminación? Para ello, realizamos un análisis cualitativo de
las políticas de inmigración y recurrimos también al análisis secundario de datos estadísticos
oficiales. Con el objetivo de atender a los propósitos descritos, el capítulo comienza presentando un encuadramiento de las políticas migratorias en el contexto actual, para luego avanzar con
la descripción y contextualización de los flujos migratorios para Portugal, seguido del análisis
de la evolución de las políticas de incorporación inmigrantes. Finalizamos con algunas consideraciones que sugieren que pese a las mejorías en las políticas portuguesas de incorporación
inmigrantes, ni todas ellas han avanzado con el mismo ímpetu e intensidad.

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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Las políticas migratorias de incorporación
Las políticas migratorias, en cuanto políticas públicas, pueden tener un carácter anticipador o
reactivo a los hechos o fenómenos migratorios (Hammar, 1985). Mientras el primero ambiciona
prever, pronosticar y planificar nuevas características y dinámicas migratorias que puedan surgir, guiando (atrayendo, controlando o gestionando) los flujos migratorios, el segundo intenta
responder a la situación registrada de la mejor manera posible, dentro de los parámetros que los
estados definen como convenientes o aceptables. En la práctica lo que sucede es que la mayor
parte de las políticas migratorias tienen más rasgos de reacción que de planificación, ocurriendo
en un momento ex-post en lugar de ex-ante (Padilla, 2017). O sea, en general, las políticas migratorias siguen un abordaje más pragmático de “resolución de problemas” (problem-solving)
no previstas a tiempo, o simplemente reaccionan a una necesidad o realidad repentina (Zapata-Barrero, Caponio, &amp; Scholten, 2017).
Para fines didácticos las políticas migratorias pueden ser dividas en dos grandes grupos: políticas de regulación de flujos y políticas de incorporación, siendo que cada una de ellas engloba
una gran variedad de políticas específicas, y son identificadas también como políticas de inmigración y de/para inmigrantes (Hammar, 1985). Algunos autores al profundizar en las políticas
migratorias, también diferencian como una categoría aparte a las políticas de adquisición de
nacionalidad y naturalización, mientras otros las incluyen como una subcategoría dentro de las
políticas de incorporación o integración. Sin embargo, lo que resulta práctico es distinguir lo
que hay por detrás de dichas políticas. Mientras las de regulación están asociadas a los controles de fronteras y visados, porque deciden quienes pueden entrar, permanecer y salir del país,
y cuales las condiciones o estatutos que los encuadran legalmente en el país, las políticas de
incorporación, por su lado, pretenden facilitar el proceso de inclusión de los inmigrantes y sus
familias en la sociedad de destino, a través de acciones de promoción de ciudadanía por medio de la participación en actividades económicas, culturales, políticas y religiosas (Hammar,
1985; Padilla, 2017). Además, las políticas de incorporación tienen como objetivo fortalecer la
cohesión social, a través de la promoción de la interacción de los inmigrantes con la comunidad
local, sus valores y costumbres, y brindándoles protección frente a la discriminación y los preRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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juicios. Money (N/D) afirma que existe una relación intrínseca entre las políticas de regulación
y de incorporación que suele ser poco considerada, lo que dificulta la elaboración de políticas
migratorias eficaces. Por su lado, Fitzgerald et al. (2018) sostienen que mientras las políticas de
integración y ciudadanía se basan en procesos socio-históricos influenciados por consideraciones de orden cultural, las políticas de regulación de flujos devienen de acuerdos internacionales
y normas vinculadas a los derechos humanos. Por ello, los objetivos de las políticas regulatorias y de incorporación son contrapuestos, y habitualmente no son planificadas conjuntamente,
siendo gobernadas por lógicas y fuerzas políticas distintas. Sin embargo, en relación a las varias
políticas de incorporación, pueden coexistir también una diversidad de lógicas, principios y
predisposiciones. Por ejemplo, las relacionadas con la “capacidad de asimilación”, o nivel de
aceptación hacia como el otro (extranjero) se torna nosotros (ciudadano nacional) accediendo
a la membresía ciudadana, según se refleja en los regímenes de adquisición de la nacionalidad;
o aquellas relacionadas con los imaginarios sociales que constituyen la identidad nacional basadas en una historia, tradición, cultura y lengua común. En el caso portugués, este imaginario,
denominado luso-tropicalismo y lusofonía, se remonta al periodo colonial y ha sobrevivido hasta la actualidad. El mismo se asienta en la creencia en la convivencia racial pacífica no racista,
que en la práctica no admite como posible la existencia/práctica de racismo por parte de los
portugueses debido a tu naturaleza universalista. Analizaremos esta interacción más adelante.
Una vez que el proceso de incorporación de los inmigrantes a la sociedad de destino es un
fenómeno que atraviesa innumerables y diversas esferas – trabajo, educación, diversidad cultural, participación política, entre otras –, las políticas de incorporación suelen enfocarse en distintos ámbitos. Padilla (2017) identifica por lo menos seis ejes de actuación de las políticas de
incorporación, y alerta sobre la variedad de esas políticas y sus distintos campos de actuación.

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Tabla 1. Tipos de Políticas de Incorporación
Políticas
Descripción
Políticas de Regulari- Procesos/programas que visan regularizar los inmigrantes cuyos
zación
documentos están en situación irregular. Generalmente son promovidos en carácter excepcional.
Políticas de inserción Programas educacionales enfocados en el aprendizaje de lo idioma
sociocultural
y costumbres locales: ingreso en el sistema educativo local que
puede tener características multiculturales, bilingües o monolingües.
Políticas de participa- Programas de promoción de actividades o acciones de carácter poción política y cívica lítico en nivel local o nacional: derecho a votar, elegirse, cuotas en
los partidos políticos, organizar asociaciones etc.
Políticas de adquisición de nacionalidad

Procesos que permiten o acceso a ciudadanía nacional a través del
derecho de nacimiento (ius solis), descendencia (ius sanguinis),
residencia (ius domicili) o declaración de voluntad por matrimonio,
unión de facto o adopción.

Políticas de inserción Programas/Medidas que promuevan oportunidades de inserción lasocioeconómicas
boral igualitarias libres de discriminación, formación, capacitación
o entrenamiento profesional y acceso a beneficios sociales.
Políticas de promoción de la diversidad

Programas y acciones afirmativas o positivas y legislaciones antidiscriminación que fomentan la protección y promoción de la diversidad étnica, racial, religiosa, de género y de orientación sexual.

Fuente: Elaboración propia, s.f.
Las diferentes políticas de incorporación interactúan entre sí, resultando en complejos y
distintos niveles de integración. Por ejemplo, un determinado país puede presentar excelentes
políticas de promoción de la diversidad mientras al mismo tiempo poseen políticas de regularización insuficientes (Martiniello, 2006). Si bien existe consenso entre migrantólogos sobre la
relevancia de producir e implementar políticas de incorporación adecuadas que garanticen la
inserción digna de los inmigrantes en la comunidad de acogida (Domenech, 2007; Moraes &amp;
Aguiar, 2018; Oliveira &amp; Oliveira, 2017), no existe tal consenso sobre quién es responsable de
que el proceso de inserción social, económica, cultural y político sea exitoso, si el Estado, los
inmigrantes, la sociedad receptora, o todos ellos. Por ello, los conceptos de integración e incorporación llevan una carga política e ideológica en sus definiciones.
El concepto de integración, tal vez el más utilizado, implica en general un modelo unidireccional en el cual integrarse es responsabilidad del inmigrante, sin reconocer el papel que juega
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también la sociedad de destino (Padilla, 2017). El modelo resulta de una evaluación aislada de
las políticas de gobierno en lugar de inserida y vinculada a los procesos sociales más amplios.
Asimismo varios autores defienden que el concepto de integración propone en realidad un modelo de asimilación disfrazada del inmigrante, puesto que las fuerzas de la mayoría nacional y
de los inmigrantes son asimétricas (Houtkamp, 2015). En ese sentido, la noción de incorporación resulta más apropiada puesto que se refiere a la inserción en el tejido social de la sociedad
de acogida que permite una participación más amplia en dicha sociedad. Al mismo tiempo reconoce que la inserción de los inmigrantes en la sociedad de destino es resultado de las acciones
de los inmigrantes, de la sociedad, del Estado y sus instituciones (Faist, 2009; Padilla, 2017).
En los últimos años Portugal ha sido reconocido por distintas instituciones como uno de los
países más avanzados en lo referido a las políticas migratorias, en especial las de incorporación. Segundo los datos del Índice de Políticas de Inmigración e Integración (MIPEX), en 2011
y 2015 Portugal ocupó el segundo mejor lugar en el ranking de las políticas de integración
(como las denomina el índice) a nivel general, detrás de Suecia y el primero en las políticas
de adquisición de nacionalidad. Además, varias de las otras políticas de incorporación sobre la
reunificación familiar, la inserción laboral y la lucha contra la discriminación fueron igualmente
evaluadas positivamente. Asimismo, en 2009 y 2012 la Organización de las Naciones Unidas
también destacó las políticas portuguesas de integración como las mejores a nivel mundial (Padilla &amp; França, 2016). En el contexto general de las “políticas buenas o amigables” se suman
también los Planes de Integración de los Inmigrantes (2007-2009) y (2010-2013), celebrados
nacional e internacionalmente como instrumentos innovadores y que contribuyeron a mejorar
aún más la imagen de Portugal como modelo a seguir (França, 2017).
Según lo expuesto, el caso portugués aparece como emblemático para ser analizado debido
al reconocimiento internacional de sus políticas. No obstante, no todas las políticas gozan del
mismo nivel de avance, y por lo tanto no todas promueven una incorporación plena de los inmigrantes, por otro lado, la literatura también reconoce restricciones a las evaluaciones positivas
de las políticas de incorporación. Una limitación del MIPEX es que tal índice evalúa y analiza
las políticas como instrumentos legales, pero no su aplicación e implementación, por lo que la
discrepancia entre lo que dice la ley y como se lleva a cabo, puede ser significativa (Padilla et
al 2018), siendo por ello necesario evaluar con datos empíricos lo que sucede en la práctica.
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Igualmente, si bien la ONU distinguió a Portugal por sus políticas de incorporación, por el otro,
contradictoriamente una de sus agencias, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (2004 y posteriores) advirtió que en Portugal son notorios
los actos de odio motivados racialmente, la persistencia de la intolerancia y discriminación,
especialmente hacia las minorías negras. Asimismo, entidades europeas han mencionado las
alegaciones sobre la mala conducta de la policía hacia los extranjeros y el uso excesivo de la
fuerza (ECRI, 2018; ONU, 2004). Estas acusaciones no dejan de ser actuales ya en el presente
los tribunales se debaten en un juicio sobre un grave caso de racismo y maltrato policial recibido por inmigrantes negros en Portugal, que tuvo lugar en 2015.
Inmigración, lusotropicalismo y políticas migratorias en Portugal
Tal como mencionado, Portugal históricamente fue un país de emigración y sólo después de la
Revolución de los Claveles en 1974, de la descolonización de los territorios en África y de la
restauración de la democracia, el país comienza a recibir los primeros flujos migratorios, que
vinieron a consolidarse y crecer en las décadas siguientes (Baganha &amp; Góis, 1998; Peixoto,
2004). No obstante, esta tendencia fue interrumpida por la crisis económica que se instaló
en el país a partir de 2008 y alcanzo su ápice en 2011, con la TROIKA y la implementación
de medidas de austeridad, momento en el cual la emigración volvió a crecer y la inmigración
disminuyó (Padilla &amp; Ortiz, 2012). Sin embargo, superada la crisis, la inmigración ha vuelto a
ganar ímpetu desde 2016, lo que se ha reafirmado en 2017 y 2018 (SEF, 2018).
En consecuencia, una mirada de largo plazo nos indica que la realidad inmigratoria portuguesa es reciente. A partir de la década de 1980 el estado comienza tímidamente a trazar sus
primeras políticas migratorias, centradas sobretodo en la regulación de los flujos, ambicionando
aproximarse a los estándares de la Unión Europea (Baganha &amp; Góis, 1998). Sin embargo, este
patrón no siempre fue logrado (Baganha, 2005), como lo prueban los varios procesos de regularización extraordinarios que se aprobaron desde la década de 1990: 1992, 1996, 2001, 2003,
2005, 2007 (abierto) hasta 2017 (Padilla 2007; Padilla 2017; Padilla y França 2016). Con el
tiempo, el arraigo de los inmigrantes llevó a la necesidad de considerar su inclusión. Así, como
resultado de la presión ejercida por las asociaciones de inmigrantes y otras organizaciones de la
sociedad civil sumada a la presión para que Portugal cumpliese con las Directivas de la Unión
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Europea, todo lo concerniente a las políticas de incorporación se suman a la agenda y al debate
nacional (Maeso &amp; Araújo, 2013; Padilla &amp; França, 2016).
Desde entonces, ya sea para responder a las presiones de la Unión Europea, a sus propios
intereses nacionales (mercado laboral, crisis económicas, cambios de gobierno, mantener buenas relaciones diplomáticas con los países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
(CPLP) y demandas de la sociedad civil, además del creciente el interés en mantener la visibilidad internacional ganada debido a su buena posición en los rankings internacionales de políticas migratorias, Portugal ha invertido de forma más sistemática en la promoción de políticas
de incorporación (Padilla &amp; Ortiz, 2017). La Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa
fue creada en 1996 como un foro multilateral privilegiado de relaciones políticas y culturales
entre los países de lengua oficial portuguesa – Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental y Guinea-Ecuatorial. La creación y
consolidación de la CPLP responden a los intereses portugueses en abrir un espacio privilegiado desde donde ejercer liderazgo y protagonismo en el nuevo orden mundial (Freixo, 2009). La
siguiente tabla ilustra algunas de las principales medidas implementadas.
Tabla 2. Medidas de promoción de la incorporación de los migrantes en Portugal 1991-2015
Año
Medida
1991 Creación de la secretaria de programas para educación multicultural
1993 Creación del proyecto de educación intercultural
1993 Creación de la Comisión para la integración de los Inmigrantes y Minorías Étnicas
1996 Creación de la figura de Alto Comisario para la Inmigración y Minorías Étnicas
(ACIME)
1998 Creación del Consejo Consultivo para los Asuntos de la Inmigración (COCAI)
1999 Creación de la Comisión para la Igualdad y contra la Discriminación Racial (CICDR)
2001 Programa Escojas (Programa Escolhas) – inclusión de jóvenes inmigrantes
2001 Programa Portugal Acoge (Portugal Acolhe) – formación en los derechos básicos
portugueses y enseñanza de portugués
2001 Ley 16/2001, Reafirmación de la libertad religiosa y promoción del dialogo inter-religioso
2002 Creación del Alto Comisariado para la Inmigración y Minorías Étnicas (ACIME)
2003

Creación de la Red de los Centros Locales de Apoyo a la integración de los Inmigrantes (CLAIIS)

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2003
2004
2004
2007
2007
2008
2010
2014
2015

Creación del Observatorio de la Inmigración
Creación de la Oficina de Apoyo Técnico a las Asociaciones de Inmigrantes (GATAI)
Creación de lo Centro Nacional de Apoyo a lo Inmigrante (CNAI)
Restructuración del ACIME en Alto Comisariado para la Inmigración y el Diálogo
Intercultural (ACIDI)
I Plan de Integración de los Inmigrantes (2007-2009)
Creación del Programa Portugués para Todos (PPT) – oferta de cursos de lengua
portuguesa gratuito
II Plan de Integración de los Inmigrantes (2010-2013)
Restructuración del ACIDI en Alto Comisariado para las Migraciones (ACM)
Presentación del Plan Estratégico para las Migraciones (2015-2020)

Fuente: Horta &amp; Gonçalves de Oliveira, 2014; Padilla &amp; França, 2016.
No obstante, para comprender mejor las políticas de incorporación en Portugal, más allá
de los actores políticos involucrados, es fundamental tener en cuenta el imaginario social portugués ya que esta influencia la auto-imagen y auto-percepción de “ser portugués” y de la
identidad lusa. El imaginario actual portugués deviene del misticismo colonial de la época de
los descubrimientos y de la historia de la colonización, según la cual la cultura portuguesa es
históricamente tolerante y universalista, que la hace abierta a la diversidad y a entender al otro.
Castelo habla del “modo portugués de estar en el mundo”, el cual consiste en una manera particular y especifica de relacionarse con otros pueblos y culturas, basado en altos niveles de tolerancia, humanidad, fraternidad y cristiandad (Castelo, 2011, p. 112). En este sentido, el discurso
dominante describe al colonialismo portugués como tolerante y con ausencia de discriminación
racial y/o étnica, que en la práctica se traduce en la negación del racismo. Maeso y Araujo
sostienen que la construcción de dichos mitos conforma el “sentido común” portugués que “es
modelado y permeado por ideas políticas y prácticas racistas y discriminatorias. Esas ideas y
prácticas ven a los inmigrantes como “otros”, que deben probar su contribución a la sociedad
nacional, para luego poder integrarse dentro de los límites de tolerancia trazados por la sociedad
de acogida” (2013: 14). Por su parte, Araújo (2008), afirma que la paradoja de que la experiencia colonial resultó en un “Portugal no racista” persiste porque el discurso del luso-tropicalismo
encubre las relaciones desiguales de poder y dominación, la cual se traduce en nuestros días en
la representación de Portugal como uno de los países más acogedores de Europa, de costumbres
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blandas y naturalmente intercultural.
Según lo expuesto, es necesario analizar y entender la trayectoria legislativa y estadística sobre el proceso de adquisición de la nacionalidad, por un lado, y sobre la evolución de la
legislación anti-racista por el otro. En paralelo, es importante intentar desvendar la motivación
principal para los cambios en dichas políticas, si se debe a presiones de la sociedad civil, del
propio estado y/o os de la Unión Europea.
En la sesión siguiente sección comparamos como las políticas de adquisición de nacionalidad y antidiscriminación han evolucionado a lo largo del tiempo.
Evolución histórica de las políticas de adquisición de nacionalidad y antidiscriminación
Políticas de adquisición de nacionalidad
Las políticas de adquisición de la nacionalidad portuguesas han sido identificadas como
un buen ejemplo de políticas públicas de incorporación según MIPEX (Costa, 2016), aunque
no siempre fue así. A lo largo del tiempo, y debido a su historia imperial y de emigración, el
desarrollo de la ciudadanía portuguesa fue atravesado tanto por medidas de inclusión como de
exclusión (Sobral, 2007).
Padilla y Ortiz (2017) realizan un análisis detallado de las transformaciones de las políticas
de adquisición de la nacionalidad desde el siglo XVII hasta los días actuales. Las autoras demuestran que hasta 1959 Portugal favoreció el ius solis, aunque en algunos momentos es posible identificar la existencia de sistemas mixtos que consideraban simultáneamente lo criterios
de ius solis y de ius sanguinis. Además, identifican un sesgo sexista vigente en ciertos periodos
históricos, que tendía a otorgar derechos distintos a los hombres, padres (pater ius sanguinis)
y maridos – las mujeres extranjeras adquirían la nacionalidad del marido, perdiendo la propia.
Igualmente apuntan a la centralidad de la discrecionalidad administrativa como un rasgo fundamental, usado en diferentes momentos para aprobar o rechazar los pedidos de nacionalidad.
El cuadro analítico elaborado por las autoras permite visualizar de manera objetiva diferentes
fases de la política de adquisición de nacionalidad en los años más recientes (1950-2018).

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Descolonización en África
1974-1986

Pre-Estado Novo y Estado Novo
1950-1974

Tabla 3. Leyes portuguesas de acceso a la nacionalidad
Período
Ley
Descripción
- Sistema mixto de adquisición de nacionalidad ius solis e ius
sanguinis.
Además, tenían acceso a la nacionalidad:
Ley de 1867
- Hijos nacidos de padres y/o madres portuguesas trabajando en
extranjero a servicio de la Corona
- Mujeres extranjeras casadas con hombres portugueses
- Alteración en código civil para naturalización: tiempo de resiLey de 1930 dencia en Portugal 3 años, no tener antecedentes penales y cumplir los deberes militares en el país de origen.
- Adquisición de la nacionalidad a través de ius sanguinis para
aquellos nascidos en el extranjero por vía de una declaración del
padre y/o de la madre portugueses.
Ley 2098/59
- La mujer portuguesa perdía la nacionalidad cuando se casaba
con un extranjero y las mujeres extranjeras casadas con portugueses adquirían la nacionalidad.
- Los nacidos en Portugal aún que residieran en las ex-colonias
por el principio del ius solis mantendrían la nacionalidad portuguesa.
- Las personas nascidas y residentes en las ex-colonias adquirían
la nacionalidad de los nuevos Estados.
Decreto-Ley - Las personas nascidas en las ex-colonias que comprobasen la
308-A/1975 manutención del vínculo con Portugal continental tendrían nacionalidad portuguesa.
- Excepciones: Naturales de Goa, Damão y Diu nascidos antes
de la anexión de territorio por la India fueran considerados portugueses y también los individuos de ascendencia india residentes en Mozambique.
- Consagración de la nacionalidad como un derecho fundamental
Ley 37/1981 - Prevalencia del ius sanguinis para favorecer los descendientes
portugueses en el extranjero
&amp;
Decreto-Ley - Nacionalidad por ius solis: naturalización o adquisición después de 6 años viviendo en Portugal
322/82
- Extinción del gaño o perdida de la nacionalidad por casamiento (separación entre casamiento y ciudadanía)

Ley 25/94

- Vinculación de la adquisición de la nacionalidad a la legalidad
de la residencia, restringiendo el acceso por uis soli o ius docimili

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Ley orgánica
1/04

- Elevación del tiempo de residencia para adquisición de la nacionalidad para 10 años, con excepción de los extranjeros lusófonos que necesitarían solamente de 6 años.
- Introducción de la regla de la retroactividad para la readquisición de la nacionalidad beneficiando a los descendientes portugueses nacidos en el extranjero, por ius sanguinis.
- Aumento de las posibilidades de adquisición de la nacionalidad portuguesa: principio ius solis, ius sanguinis y ius domicili.
a. hijos de progenitores que adquieran la nacionalidad portuguesa
b. matrimonio o unión de facto con nacional después de 3 años
de vínculo
c. menores por adopción plena
d. nacidos en territorio nacional (padre o madre portuguesa)
e. hijos de padres o madres portuguesas nacidos en el extranjero
a servicio del Estado portugués o por manifestación de los progenitores
f. Extranjeros residentes regularmente en Portugal por 6 años
g. Menores nascidos en Portugal con el primer ciclo de educación básica concluido o uno de los progenitores con residencia
legal por 5 años
h. Nacidos en el extranjero con un ascendente de 2 grados de
ciudadano portugués (nietos de portugueses)
i. Portugueses apátridas que perdieron la nacionalidad portuguesa
j. Ciudadanos en situación de prestación de servicio especial al
Estado o a la comunidad nacional
l. Nacidos en Portugal con residencia habitual en Portugal por
10 años

Ley orgánica
8/15 y 9/15

-Impedimento de adquisición de nacionalidad para sujetos que
representan un peligro o amenaza para la seguridad nacional
(actos terroristas)
- Para los nacidos en el extranjero con un ascendente de 2
grados con nacionalidad portuguesa (nietos de portugueses)
exigiese la obligatoriedad de vinculación con la comunidad
portuguesa, conocimiento de la lengua portuguesa y ausencia de
condenaciones por crímenes condenados a más que tres años de
prisión

Seguridad e Integración
2000s

Ley orgánica
2/06
Y Decreto
Ley 237-A/06

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Seguridad e Integración
2000s

Decreto-Ley
71/17

- Ciudadanos de países de lengua oficial portuguesa no necesitan demostrar la vinculación con la comunidad ni conocimiento
de la lengua portuguesa
- Fin de la obligatoriedad de la presentación del certificado de
registro criminal a los requirentes que residan fuera del país de
origen desde los 16 años
Ley-Orgánica - Adquisición de nacionalidad originaria de menores nascidos en
Portugal, hijos de extranjeros, siempre que por lo menos uno de
2/2018
los progenitores resida legalmente en Portugal 2 años.
- Adquisición de nacionalidad originaria de menores nascidos en
Portugal hijos de extranjeros, si uno de los progenitores también
nació en Portugal y tenga residencia, independiente del título, al
tiempo del nacimiento
- Naturalización de menores extranjeros si por lo menos uno de
los progenitores ha residido en Portugal 5 años y el menor haya
concluido un ciclo de enseñanza
- Padres y madres de portugueses de origine pueden tener la nacionalidad de los hijos desde que residan en Portugal a 5 años
- Extranjeros residentes legales por 5 años
- Para el conteo de plazos de residencia legal considera la suma
de todos los períodos de residencia legal en territorio nacional,
seguidos o intercalados en el intervalo máximo de 15 años.

Fuente: Padilla y Ortiz 2011, y actualización
El análisis de la Tabla 3 ilustra las grandes alteraciones del marco legal del acceso a la nacionalidad, pasando por períodos más restrictivos hasta el presente, adquiriendo paulatinamente
un carácter más inclusivo. En forma general se puede afirmar que las leyes han evolucionado
positivamente hacia un sistema mixto más equilibrado que considera ius solis, ius sanguinis y
ius domicilis. Del periodo más reciente, la ley orgánica Nº2/2006 puede ser calificada como un
punto de inflexión en el nivel de inclusividad ya que facilita tanto los procesos (desburocratización) como los requisitos necesarios en los procesos de adquisición de la nacionalidad (Padilla
&amp; Ortiz, 2017). Esta ley introduce un criterio de mayor objetividad al limitar la discrecionalidad
de los funcionarios responsables del análisis de los pedidos, además remueve la obligatoriedad
de presentar pruebas de medios de subsistencia económica. Además, de manera general refuerza el entendimiento de la ciudadanía como un derecho fundamental (Ramos, 2007). A pesar del
avance, este diploma no llega a compensar a aquellos ciudadanos provenientes de África y sus
descendientes quienes fueron perjudicados en la década de 1970 y 1980 al perder la nacionaliRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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dad, justamente por no prever la retroactividad. Este gafe legal no casual tiene un sesgo racista
porque solo afecta a los africanos de las ex colonias y sus descendientes.
Las alteraciones introducidas por el decreto ley de 2017 dan continuación al carácter inclusivo y menos burocrático de la ley orgánica Nº2/2006, simplifican el proceso de adquisición de
nacionalidad, en particular, la no obligatoriedad de la prueba de idioma portugués para los ciudadanos oriundos de países de lengua oficial portuguesa. Por otro lado posibilita la adquisición
de nacionalidad a los nietos de portugueses nacidos en el extranjero (Baganha &amp; Sousa, 2006;
Padilla &amp; Ortiz, 2017).
Finalmente, los cambios introducidos por la Ley Orgánica Nº2/2018, avanzan todavía más,
en el combate a la exclusión social, al extender el acceso tanto a la nacionalidad originaria como
a la naturalización, especialmente a los menores nacidos en territorio portugués. Los principales
progresos incluyen la atribución de nacionalidad originaria a los menores nacidos en Portugal,
hijos de extranjeros que, por lo menos uno de los progenitores, resida legalmente en Portugal
hace 2 años; la naturalización de menores hijos de inmigrantes que vivan en Portugal hace 5
años independientemente del título de residencia; la disminución del tiempo de residencia legal
de 6 para 5 años para solicitar la naturalización; la inclusión de la naturalización por ascendencia y el establecimiento de un nuevo sistema de conteo de los años para demostrar el plazo de
residencia legal.
Según lo expuesto, las transformaciones sucedidas en el marco legal vigente para acceder a
la nacionalidad portuguesa ya sea por adquisición, naturalización o atribución, contrariamente
a lo que ha sucedido en otros países europeos, han evolucionado en un sentido de mayor inclusión, respondiendo a las demandas derivadas del crecimiento de la inmigración al mismo
tiempo que manteniendo y asegurando los vínculos de Portugal con su diáspora.
Si bien el nivel de inclusión ha mejorado significativamente, aún restan algunas restricciones. La más importante, como mencionado, es la deuda o reparación histórica hacia quienes
fueron extirpados de la nacionalidad. Una segunda categoría de excluidos es la constituida por
los sujetos que representan un peligro o amenaza para la seguridad nacional, sin que existan
más especificaciones. Finalmente, existe silencio u omisión sobre la concesión de la nacionalidad por vía expeditiva, a los refugiados que así lo soliciten de modo a facilitar su inserción
a la sociedad. La Figura 1 permite observar los efectos positivos del régimen de acceso a la
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nacionalidad, siendo que la aplicación de la ley de 2006 se refleja claramente a partir de 2008
(no existen datos para 2007 por haber sido el año de transición).
Figura 1. Evolución de la adquisición de la nacionalidad en Portugal

Fuente: PORDATA, 2018.
Más allá del aumento continuo de los flujos migratorios desde fines de la década de 1990,
los procesos atribución de la nacionalidad solo registraron un aumento elocuente a partir de
la aplicación de la norma sancionada en 2006, que tal como mencionado, además facilitar los
requisitos (disminución de los plazos de residencia y simplificación de los procesos) puso fin
al poder discrecional de los funcionarios, que hasta el momento habían sido un obstáculo para
los ciudadanos provenientes de las ex colonias en África, en especial los caboverdianos. Si bien
la legislación anterior en teoría facilitaba el acceso a los ciudadanos de la (CPLP) al exigir un
periodo de residencia de 6 años mientras para el resto de los inmigrantes el periodo era de 10
años, en la práctica nunca se traduzco como un beneficio ya que los procesos eran rechazados
por los funcionarios. Por ello, el uso de la discrecionalidad hacia los inmigrantes africanos
como estrategia de negación del derecho a la nacionalidad puede ser vista como una práctica
de racismo institucional, sin que este fuera reconocido como tal al estar disfrazado bajo el poder de decisión del funcionario. Esta situación nos lleva a abordar el tema de las políticas de
anti-discriminación.

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Políticas antidiscriminación
Las políticas antidiscriminación y de combate al racismo en Portugal han sufrido transformaciones importantes a largo de los años, aunque con un impacto mucho menor. Analizando el
intervalo de 1976 – con la promulgación de la Constitución Portuguesa – hasta el día de hoy, la
“gestión de la diversidad cultural” ha ganado algún espacio en la agenda pública, aunque no la
misma capacidad de respuesta. Una fuerza conductora en este sentido ha sigo la Unión Europea,
que exige la adaptación y adopción de normas compatibles que tiendan a combatir el racismo y
todas las formas de discriminación étnico-raciales. Éstas se enmarcan en el discurso oficial de la
integración e interculturalidad como estrategia política de gobernanza de la diversidad cultural
(Maeso &amp; Araújo, 2013).
Fue principalmente a partir de los años 2000, debido a la presión de la Comisión Europea
para la transposición de sus directivas, que se identifican cambios evidentes en el orden jurídico
nacional en lo que se refiere al combate al racismo (T. Santos &amp; Lima, 2011). La tabla 4 presenta esquemáticamente el desarrollo de las medidas de combate al racismo y antidiscriminación
desde 1976 hasta la última ley, promulgada en 2017.
Tabla 4. Leyes portuguesas antidiscriminación
Documento
Descripción
Constitución de la
- Principio de la igualdad de todos los ciudadanos, independiente de
República Portuguesa la ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, instrucción, situación económica o
condición social.
- Derecho a la protección legal contra todas las formas de discriminación.¿
Código Penal
- Crimen de discriminación racial, religiosa o xenófoba, con causas
fundadas en la raza, color, origen étnico, nacional, religión, sexo u
Art. 240
orientación sexual.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial, 2001
Decreto-ley nº3-A/96

-Adopción de medidas para eliminar la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas.
- Institución del Alto Comisario para la Inmigración y Minorías Étnicas con las competencias de contribuir para eliminación de la discriminación, combatir el racismo y la xenofobia.

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Ley nº134/99
Y
Decreto Ley
111/2000

Decreto-Ley
251/2002
Decreto-Ley
nº99/2003

Decreto-Ley
nº18/2004

Decreto-Ley
nº167/2007
Decreto-Ley
nº93/2017

- Prevenir, prohibir, sancionar la discriminación racial y xenófoba
basada en raza, color, nacionalidad u origen étnico.
- Definición de discriminación racial.
- Identificación de las prácticas discriminatorias punibles.
- Encuadramiento de los crímenes de discriminación racial, religiosa
o xenófoba, con causas fundadas en la raza, color, origen étnico, nacional, religión, sexo u orientación sexual.
- Estabelecimiento de un régimen de sanciones para comportamientos discriminatorios.
- Creación de la Comisión para la Igualdad y Contra la Discriminación Racial (CCIDR)
- Creación del Alto Comisariado para la Inmigración y Minorías Étnicas (ACIME) con competencia de implementar políticas antidiscriminación y de combate al racismo.
- Transposición de la directiva 2000/78/CE.
- Prohibición de discriminación directa o indirecta en el acceso al
trabajo y al empleo por razones de nacionalidad, origen étnico, religión e etc.
- Transposición de la directiva 2000/43/CE
- Prohibición de prácticas discriminatorias raciales o étnicas en el
ámbito de la seguranza social, salud, beneficios sociales, educación,
habitación.
- Transformación del ACIME en Alto Comisariado para la Inmigración y Diálogo Intercultural (ACIDI), con el objetivo de promover la
igualdad de derecho y oportunidades entre los inmigrantes y la promoción de la interculturalidad.
-Alteración del régimen jurídico de combate y prevención de la discriminación racial.
-La CICDR concentra todas las fases del proceso de infracciones.
-Inclusión de nuevas formas de discriminación (territorio de origen
y ascendencia), discriminación múltiple y por asociación a persona o
grupo de personas detentores de criterios protegidos.

Fuente: Elaboración propia y T. Santos &amp; Lima, 2011.
Con la sanción de la Constitución de 1976, Portugal comienza a implementar algunos instrumentos y mecanismos legales para combatir el racismo y la discriminación racial y étnica – entre ellos normas penales, civiles y administrativas, así como también la ratificación de tratados
internacionales – aunque con un alcance limitado y poca eficacia. Por ello, la instauración de
la CICDR, recién en 1999, es vista como el primer gran paso hacia establecer un marco para
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la monitorización y fiscalización de las prácticas discriminatorias y racistas en el país. Dicha
Comisión es presidida por el Alto/a Comisario/a de las Migraciones o ACM (anteriormente
ACIME/ACIDI) y los consejeros que sumaban al momento de su creación con 17 personas,
número que a la fecha ha aumentado a 31 consejeros). Vemos como es solo a partir del nuevo
milenio que el tema del racismo y discriminación alcanzan la agenda pública nacional y que se
introduce el primer marco legal e institucional contra la discriminación (Peixe et al., 2008). En
respuesta a la exigencia de la Directiva europea 2000/43/CE de creación de “Equality Bodies”
u organismos independientes del gobierno, responsables por aplicar el principio de la igualdad
de tratamiento a las personas, sin distinción de origen, racial o étnica la Comisión fue reconocida como tal en Portugal (Maeso &amp; Araújo, 2013).
En la práctica la transposición de las dos directivas europeas constituye el cuerpo más sólido
de las políticas de combate a la discriminación étnica y racial en Portugal. Sin embargo, pese
a esas transposiciones y a las transformaciones más recientes en las instituciones responsables
por las cuestiones migratorias – entre otras, la evolución del ACIME a ACIDI y actualmente
a ACM –, la actividad desplegada en materia anti-discriminatoria ha sido insuficiente. Por lo
que no llama la atención que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, sigla en inglés) considerase que las políticas antidiscriminación,
en especial de combate al racismo contra los afro-descendientes y gitanos eran insuficientes.
Asimismo, dicho comité criticó el sistema de control de quejas sobre discriminación racial por
ser ineficaz (CERD, 2015), aunque en su defensa, el gobierno Portugués argumentó que el Decreto-Ley nº93/2017 ambiciona promover mejorías en esa esfera a través de la centralización
de los procesos de fiscalización en la CICDR.
En el actual sistema de denuncia de casos de discriminación y/o racismo en Portugal, la queja debe ser formalmente registrada en el ACM, el cual a través de la CICDR es responsable de
analizar, guiar y decidir sobre todo el proceso, salvo en casos relacionados con la esfera laboral
que está bajo la coordinación de la Autoridad para las condiciones de trabajo. El ACM puede,
si así lo decide, solicitar asistencia de otras entidades competentes para analizar el caso y tiene
90 días para concluir si hay indicios suficientes para avanzar con el proceso y 15 días más para
presentar un informe y borrador de decisión. Dicho documento es enviado a la Comisión que
tiene un plazo suplementar de 15 días para decidir si se instaura o no un proceso.
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La Figura 2 permite visualizar la evolución del número de quejas presentadas y de procesos
instaurados por discriminación racial a lo largo de los años. Las cifras indican que las denuncias
por racismo o xenofobia han sido limitadas, no alcanzando los 100 casos anuales, y la mayoría de ellas no pasaban a procesos, sino que eran consideradas inconclusas y no se aplicaban
penalidades a los infractores. Sin embargo, 2014 parece ser el punto de inflexión en el cual el
aumento en el número de denuncias muestra un cambio que se hace más evidentes en 2016 y
luego de la aprobación de la nueva norma, Ley nº93/2017. En el corto periodo desde septiembre
de 2017 hasta fines de agosto de 2018, el número de quejas reportando situaciones de racismo
o xenofobia creció significativamente, llegando a los 207 casos. Sin embargo, los procesos no
han acompañado dicho crecimiento.
Figura 2. Evolución del número de quejas por discriminación racial y procesos abiertos 2006
-2018

Fuente: CICDR, elaboración propia. Nota: * Los datos disponibles para 2005/06 son agregados desde septiembre 2005 hasta diciembre 2006. ** El valor de 2018 corresponde apena hasta
1 de septiembre.

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Tabla 5. Porcentaje de las quejas transformadas en procesos.
Año
Quejas transformadas en procesos (%)
2005/06
20
2007
36,90
2008
28,38
2009
37,10
2010
28,57
2011
36,84
2012
33,33
2013
31,67
2014
30,00
2015
15,48
2016
15,13
2071
24,58
Fuente: CICDR, elaboración propia, año.
En 2017, de las 179 quejas registradas, solamente 44 o alrededor de 25% resultaron en
procesos, en 2016 y 2015 aproximadamente el 15% avanzaron como tales. Si bien en años anteriores el promedio había sido superior, aunque variable, entre 25 y 35% de las quejas se convirtieron en procesos. Por ello, la figura permite apreciar que el cambio ha sido provocado por
el aumento del número de quejas, mientras que las respuestas hasta ahora no han acompañado
la tendencia. Si además se analizan las condenas, la situación es todavía más dramática, puesto
que entre 2005 e 2017 fueran oficialmente registradas 1057 quejas, pero solamente un 2% (23
casos) resultaron en procesos completos que finalizaron con la aplicación de multas a los infractores. Peixe et. al (2008) advierten que la normalización de la falta de penalizaciones y de
condenas en los casos de discriminación racial pone en evidencia tanto la falta de interés como
la inoperancia del Estado en esta materia. Asimismo, el reducido número de condenas confirma
la ineficiencia de la aplicación del marco legal anti-discriminación vigente y la lentitud y atrasos en los procesos (Maeso &amp; Araújo, 2013). Esto demuestra que además de la falta de interés,
inoperancia e ineficiencia, existe una ceguera que no permite reconocer, por parte del Estado y
sus instituciones, el racismo y discriminación como práctica en la sociedad portuguesa, ya sea
el institucional como el individual.
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Dicha ceguera permite también cuestionar la neutralidad, la autonomía política y la eficacia
de la CICDR. Ya en 2007, e actualmente en 2018, los informes de la European Commission
against Racism and Intolerance (ECRI) denunciaba la falta de imparcialidad que se manifiesta
en el rol asumido por el Alto-Comisario como actor principal en la Comisión (presidente, responsable por las quejas, investigación, voto decisorio y organismo decisor la sanción), hecho
que pone en causa la independencia de las acciones de la comisión, puesto que el Alto-Comisario per se no es neutro (ECRI, 2007, 2018). Además, para la ECRI, la CICDR, la Inspección-General de la Administración Interna (IGAI) no son realmente independientes del Executivo. En la actual configuración que resulta de la Ley Nº93/2017, la CICDR se ha tornado aun
menos independiente del Estado puesto que la misma pasa a ser compuesta por 27 ministros,
11 más que el formato anterior.
Por ello, la ECRI (2018) critica fuertemente el posicionamiento de la policía y de la IGAI
en relación al racismo, considerando que en muchos casos las dos instituciones son tolerantes
con el racismo y en otra promotora del mismo. Esto lo demuestra un caso emblemático de
2015, sucedido en la comisaría policial del barrio de Alfragide (Municipio de Amadora, cerca
de Lisboa) donde 18 oficiales de policía fueron acusados de torturar 6 víctimas negras. Los
testimonios de los detenidos muestran el nivel de odio y racismo hacia las poblaciones negras
en Portugal, ilustrando claramente la existencia de racismo institucional, arraigado tanto en la
policía como en los tribunales, que en general se niegan a reconocerlo.
Además, el propio marco legal cuando aplicado hasta las últimas consecuencias solo se limita a sancionar el pago de multas, sin que existan consecuencias mayores que consideren prisión, realización de trabajos comunitarios, o resarcir a las personas perjudicadas. Por otro lado,
la nueva norma no contempla situaciones de intereseccionalidad que permita registrar quejas
por discriminación racial y de género al mismo tiempo, dividiendo la realidad que las mujeres
negras y las minorías enfrentan frecuentemente, ilustrando la doble ceguera, racial y de género
y una doble opresión.
La resistencia a reconocer los casos de discriminación y racismo existentes en Portugal por
parte de los órganos y autoridades responsables, es una consecuencia de la sobrevivencia del
imaginario colonial, por el cual el pueblo portugués no se reconoce como racista, sino por el
contrario, su narrativa consagra a Portugal como un país acogedor, tolerante, humanistas, pioRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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nero en la interculturalidad y convivencia con la diferencia (Maeso &amp; Araújo, 2013).
3.- MÉTODO
Diseño
Si se parte de la idea en que “cada metrópolis debe inventar sus propios desafíos de desarrollo
en un proyecto que debe ser construido. Enmarcadas en una agenda que integra acciones como
implementación de políticas urbanas, mejora de infraestructura, reordenamiento urbano, plane.
Instrumentos
La investigación tuvo como finalidad presentar un modelo el cual describiera de una manera
esquemática y sencilla las características más significativas de la atractividad territorial y la
mercadotecnia de ciudades aplicables a las áreas metropolitanas, para Rivas Tovar “un modelo
identifica las variables importantes para entender un problema.
Procedimiento
Para la realización del modelo se revisó la literatura de las diversas corrientes de la mercadotecnia territorial y de ciudades para localizar las variables que describirán mejor el modelo propuesto, con la intención de describir la conducta de los elementos seleccionados en un sistema.
Una vez recopilada la información histórica, conceptual, teórica y contextual se procedió a la
presentación del modelo de mercadotecnia de ciudades para áreas metropolitanas.
4.- CONCLUSIONES
Las políticas portuguesas de inmigración siguen siendo ambiguas y contradictorias tal como
en su momento lo fueron las de emigración. Si bien en general la evolución de las políticas ha
sido hacia políticas más abiertas y amigas de los inmigrantes en general, hay excepciones que
muestran un avance en dos velocidades distintas. Las políticas de incorporación de inmigrantes
en Portugal son relativamente recientes, han pasado por diferentes fases y han sido el resultado
de presiones provenientes de varios actores: la sociedad civil y asociaciones de inmigrantes,
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la Unión Europea y el propio Estado en defensa de lo que considera sus intereses. Por un lado
las políticas de adquisición de nacionalidad han evolucionado no solamente más rápido sino
que también han sido más generosas, mientras que las antidiscriminación han progresado más
lentamente y con menos magnanimidad, incluso muestran un severo déficit de aplicación, tal
como en su momento existió con el régimen de acceso a la nacionalidad cuando predominaba
la discrecionalidad.
En este sentido, el acceso a la nacionalidad es una política de incorporación que resulta de
la presión de la sociedad civil organizada (asociaciones de inmigrantes) y del propio reconocimiento del estado de la bondad que el acceso a la ciudadanía acarrea para los inmigrantes.
Por otro lado, la evolución de la legislación antidiscriminación, resulta también de la presión
de la sociedad civil, pero es incorporada al marco legal, por la necesidad (y obligatoriedad)
de transponer las normas de la Unión Europea, y no por interés propio. Por lo tanto, aunque
el marco legal mejore, no lo hace necesariamente su aplicación, dada la falta de convicción de
las autoridades competentes, especialmente del Alto-Comisariado y de la propia figura del Alto-Comisario, que ejerce su poder discrecional al decidir sobre esta materia.
Actualmente, la legislación de adquisición de nacionalidad, Ley 2/2018 con sus varias alteraciones, es bastante más flexible, menos burocrática y permite menos discrecionalidad que
las normas anteriores, ilustrando una abertura hacia la extensión de la nacionalidad portuguesa,
y promoviendo, por lo tanto, el acceso igualitario y los derechos formales a la populación extranjera. No obstante, el marco legal podría ser mejorado aun hacia aquellos que perdieron la
nacionalidad en los años 1980 y sus descendientes, que en muchos casos continúan viviendo
situaciones de exclusión y discriminación. Asimismo, adoptar el ius solis automático para los
nacidos en suelo portugués, sería otra medida de mayor apertura al no poner énfasis en el estatuto legal del menor (o de sus padres) para reconocerlo como ciudadano e incluirlo desde su
nacimiento como tal.
En el caso de las políticas antidiscriminación, la evolución de la legislación ha sido mucho
más lenta, avanzando en lo formal pero no en lo concreto. Por ello el reconocimiento del racismo como un problema social en Portugal es todavía un asunto que debe ser resuelto ya que no
hay aceptación oficial de su existencia. En el campo legislativo, las acciones del Estado se han
centrado principalmente en la transposición de las directivas europeas, sin que exista un acomRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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pañamiento efectivo de su implementación en la práctica ni una internalización que muestre
que la transposición se ha realizado a nivel del espíritu de la ley, lo que implicaría el reconocimiento del racismo y la discriminación como algo real y palpable. Por otro lado, el nivel de
independencia y autonomía de las instituciones responsables por investigar y monitorizar las
denuncias de racismo es limitado. Tanto el ACM, como la CICDR y la IGAI son instituciones
directamente vinculadas al poder Ejecutivo y Legislativo que además de conflicto de intereses,
pueden tener otras intenciones. A esto se suman otros aspectos como el escaso número de quejas de racismo y discriminación que se formalizan convirtiéndose en procesos que requieren
una investigación formal por parte de la CICDR, el escasísimo número de procesos que resultan
en condenas y, por otro lado, la levedad de las sanciones aplicadas que ejercen ningún poder de
disuasión. En conjunto todos ellos desincentivan la presentación de quejas.
Aunque el número de quejas de racismo haya aumentado en los últimos anos, siendo 2018
el año récord, y los medios hayan dado visibilidad a un gran número de casos situaciones de
exclusión, racismo y discriminación racial y de género en los dos últimos años, al contrario de
lo esperado, el discurso oficial sobre el racismo no ha cambiado, sino que sigue negando su
existencia. En la respuesta enviada al informe del ECRI, el gobierno portugués afirma que las
consideraciones de la ECRI son infundadas, y defiende que la policía en Portugal es la “policía
de la libertad”, sin embargo, el informe no presenta ninguna evidencia como prueba de su defensa. Por ejemplo, en respuesta a un caso de agresión física y verbal a una inmigrante colombiana negra en la ciudad de Porto por parte de un fiscal de una empresa de seguridad (ex policía)
en el verano de 2018, el Alto-Comisario para las Migraciones afirmó que los portugueses no son
racistas y que lo sucedido en un caso puntual (Público, 2018). Esta respuesta resulta asombrosa
dado que uno de los casos judiciales que alcanzó mayor visibilidad ese mismo año, fue el caso
mencionado sobre violencia policial en Amadora, contra ciudadanos negros. Por otro lado, la
respuesta oficial del Alto-Comisario, máximo responsable de la CICDR, explica la reticencia
de dicha institución a reconocer casos de discriminación. Lo expuesto ilustra así el poder del
discurso luso-tropical como fuerza que sustenta los argumentos que niegan la existencia del
racismo en el país.
Asimismo, pensamos que la serie de artículos publicados en los periódicos nacionales en los
dos últimos años, denunciando innumerables casos de racismos han potenciado el aumento del
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número de quejas por discriminación racial presentadas a la CICDR, siendo que ambas realidades contribuyen a mostrar como el racismo está presente y arraigado en Portugal.
Lo expuesto nos llevar a pensar que, aunque exista una preocupación por garantizar el acceso integral a los derechos sociales en Portugal a través de la adquisición de la nacionalidad,
no existe el mismo interés en combatir el racismo, la discriminación y xenofobia. Por un lado,
Portugal ha reconocido la importancia del acceso a la nacionalidad como un modo de incorporación a la sociedad, y ha abierto el terreno para que tal suceda. Sin embargo, la ceguera hacia el
reconocimiento de la existencia de discriminación racial hace que no proceda de la misma manera en la eliminación de las barreras racistas a dicha incorporación. Puesto que el imaginario
portugués colonial luso-tropical cimienta esta ceguera, es apropiado que tanto la comunicación
social como la academia contradigan y deshagan dicho discurso. Las transformaciones en la
legislación necesitan ser acompañadas por cambios en las prácticas institucionales, educacionales y culturales, tales como recomendadas en último informe de la ECRI, las que sugieren
la inclusión de una nueva enseñanza de la historia en las escuelas que discutan de manera más
abierta y crítica la violencia de la colonización portuguesa y sus consecuencias.
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�203
Análisis de algunos vectores sobre las migraciones internacionales en España: Las políticas
de integración e integración educativa a debate1
Analysis of some vectors on international migration in Spain: Educational integration and
integration policies under debate
Antonia Olmos Alcaraz2
Universidad de Granada, España
https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-9
https://orcid.org/0000-0001-5852-6492
____________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN
La realidad migratoria en España viene siendo gestionada a través de diversos instrumentos jurídico-normativos
en consonancia con las directrices que marca la Unión Europea en la materia. Dicha gestión, sobre la que se está
edificando la actual sociedad multicultural en el país, entiende los procesos de integración como dinámicas de
carácter unidireccional, que operan en distintas esferas de la realidad (espacios educativos, laborales, etc.) y que
van desde la sociedad mayoritaria al resto de la sociedad. En el presente artículo se abordará un análisis de dicha
gestión de carácter multinivel (comunitario, estatal y regional-local) y sectorial (integración e integración educativa), a través de la revisión de los principales instrumentos que han funcionado hasta el momento para ello. El
objetivo será la construcción de un diagnóstico sobre cómo se está interviniendo sobre una realidad que está en
permanente evolución y cambio.
Palabras clave: Educación, España, integración, interculturalidad, políticas migratorias.
ABSTRACT
The migratory reality in Spain has been managed through various legal-normative instruments in line with the
guidelines set by the European Union in this area. This management, on which the current multicultural society in
the country is being built, understands the integration processes as unidirectional dynamics, operating in different
spheres of reality (educational, work spaces, etc.) and ranging from majority society to the rest. This article analyses of such multilevel and sectorial management (community, state and regional-local; educational integration and
integration), through the review of the main instruments that have worked so far for it. The objective will be the
construction of a diagnosis on how is the intervention on a reality that is constantly evolving and changing.
Keywords: Education, interculturality, integration, migration policies, Spain.
Recibido: 02 de Mayo 2019 - Aceptado: 16 de Septiembre 2019 - Corregido: 11 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Olmos Alcaraz, A.. (2020). Análisis de algunos vectores sobre las migraciones internacionales en España:
Las políticas de integración e integración educativa a debate. Politica Globalidad y Ciudadanía, 203-223.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/133

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: Análisis de algunos vectores sobre las migraciones internacionales en
España: las políticas de integración e integración educativa a debate.
2
Doctora por la Universidad de Granada. Profesora Titular de la Universidad de Granada. Instituto de Migraciones. Email: antonia@
ugr.es
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 203-223. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/133

�Análisis de algunos vectores...

204
1.- INTRODUCCION
El contexto migratorio actual en España empieza a forjarse en la década de los años ’90, cuando el país comienza a registrar entradas de trabajadores migrantes extranjeros que se ubican en
diversos nichos laborales (agricultura, construcción y servicios en el caso de los hombres; y
especialmente servicios y cuidados, las mujeres). En esos momentos se trataba claramente de
una migración de carácter laboral. Más adelante –a mediados de los 2000– se aprecia como las
migraciones familiares (producidas sobre todo por procesos de reagrupación, aunque no solo)
se vuelven también importantes. Y a partir del 2015 los movimientos migratorios que se registran son además de personas en situación de solicitud de asilo y refugio. Paralelamente desde,
aproximadamente, el año 2012 –coincidente con la crisis económico-financiera en el país– se
registran movimientos migratorios de españoles hacia otros países, por lo que se puede hablar
también de expulsión de flujos y no solo de recepción.
Se puede tener una idea de cómo ha sido la evolución del fenómeno con la siguiente tabla,
sobre residentes extranjeros en el país:
Tabla 1. Evolución población extranjera en España (2000-2018)
Año
Número
%
2000
895.720
2,2
2005
2.738.932
6,6
2010

4.926.608

10,6

2015
2018

4.447.852
5.025.264

9,6
10,69

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, 2018.
Existe un incremento contante (más acusado en los primeros años de la década del 2000)
que se mantiene hasta el año 2012 aproximadamente, momento en el que el mismo se estabiliza. Siendo así en el momento actual los datos presentan un pequeño repunte, y se cuenta con
un 10,69% de población extranjera residente el país (Instituto Nacional de Estadística, 2018).
Estos datos solo nos dan una información aproximada del fenómeno migratorio, dado que se
trata de datos tipo stock y dado que no se puede olvidar que las categorías “migración” y “exRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
ISSN 2395-8448. 203-223. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/133

�Olmos Alcaraz, A.

205
tranjería” aunque la mayoría de las veces coinciden, no siempre lo hacen. Con respecto a las
nacionalidades, en el momento actual, marroquíes son los más numerosos (714.239), seguidos
de las personas procedentes de Rumanía (671.233), de Reino Unido (287.292), Italia (244.1489
y Colombia (199.540) (INE, 2019).
Esta realidad migratoria es gestionada en España a través de diversos instrumentos jurídico-normativos que –en consonancia con las directrices que marca la Unión Europea– terminan
por construir las estructuras sobre las que se está edificando la actual sociedad multicultural en
el país. En el presente artículo se abordará un análisis de dicha gestión, a través de la revisión
de los principales instrumentos que han funcionado hasta el momento para ello. El objetivo será
la construcción de un diagnóstico sobre cómo se está interviniendo en una realidad que está en
permanente evolución y cambio, a partir de una aproximación multinivel (comunitaria, estatal
y regional-local) y sectorial (integración e integración educativa) a las políticas de integración
dirigidas a las poblaciones procedentes de las migraciones en el contexto considerado.
2.-FUNDAMENTO TEÓRICO
La política de inmigración europea inicia su desarrollo hace algo más de dos décadas, con la
creación del Acta Única Europea (El Acta Única Europea se firma en 1987 e implica la supresión de fronteras interiores en el espacio comunitario, como una forma de ir avanzando hacia la
instauración del mercado único) y el establecimiento del Espacio Schengen (El Espacio Schengen se crea a partir de la firma del Acuerdo del mismo nombre, inicialmente el 14 de junio de
1985, por solo algunos de los países de la entonces Comunidad Económica Europea (Francia,
Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), pero es comunitarizado a partir del protocolo
Schengen al Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997. De esta manera la cooperación
en materia de control fronterizo que establece dicho acuerdo –y que fue diseñada en el ámbito
intergubernamental, sin control ni debate democrático– es incorporada a la normativa europea
(a partir del 1 de mayo de 1999) por unas autoridades que dicen abogar por una “Europa de los
ciudadanos” abierta y transparente (Colectivo IOE 2001, citado en Olmos Alcaraz, 2009: 204).
Sin embargo, aún a día de hoy, a pesar de que algunos lo entiendan como “el mayor experimento multilateral de política migratoria conocido” (Pinyol, 2019: 4), se trata de una política inacabada porque no está comunitarizada y los estados siguen presentando “enormes reticencias para
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ceder competencias en este ámbito” (Pinyol, 2019: 2).
Las bases sobre las que se sustenta dicha política inconclusa se establecieron en 1999 con
el Consejo Europeo de Tampere, alrededor de lo que se definió como los tres pilares de la política migratoria: 1). El control de flujos y fronteras; 2). La integración; y 3). La cooperación al
desarrollo. A pesar de esta definición, a priori tan clara, cada uno de estos frentes de actuación
han sido abordados en muy diferente grado de profundidad, habiendo avanzado increíblemente
más en materia de cierre de fronteras y control de flujos, que en integración, o en cooperación al
desarrollo (Pajares, 2000; De Lucas, 2002; Arango, 2006; Olmos Alcaraz, 2009; Pinyol, 2019).
Estas dos últimas cuestiones han quedado “prácticamente relegadas al plano de la retórica comunitaria y entendidas de manera muy particular” (Olmos Alcaraz, 2009: 206-207). En el caso
de la cooperación al desarrollo reduciendo al mínimo la dotación de recursos y derivando estos
en muchas ocasiones a la atención en frontera, algo que es extensivo a otros países de la UE no
solo a España (Rodier, 2017); y en el caso de la integración, priorizando las actuaciones hacia
las personas residentes, y quedando relegados/as todos/as aquellos/as migrantes en situación
administrativa irregular. En esta materia, además, son los propios estados quienes regulan y
legislan al respecto, aunque siempre teniendo en cuenta una serie de áreas prioritarias de actuación que establece la UE (Sánchez, 2019).
El trabajo de armonización de esta política migratoria que debía hacerse desde las instancias europeas se viene realizando a través de recomendaciones, directivas y agendas de trabajo
(Se trata de instrumentos jurídicos de la UE de distinta intensidad y graduación en cuanto a la
obligatoriedad de su cumplimiento. En el caso de las recomendaciones, por ejemplo, no son
vinculantes; las directivas por su parte indican objetivos a conseguir pero cada país miembro
puede elegir qué leyes elaborar para conseguirlos; y las agendas de trabajo no hacen sino
fijar la dirección y prioridades políticas de la UE en distintas materias (https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_es). Es decir, todas ellas dejan las competencias últimas –en este
caso– sobre inmigración en manos de cada Estado, por lo que puede considerarse que el “marco
normativo común protege esta unilateralidad” (Pinyol, 2019: 3). La última de ellas, conocida
como la Agenda Europea de Migración, se inicia en 2015 para abordar de la mal llamada “crisis
de los refugiados” (Sería más adecuado nombrar la situación en tanto que crisis integral de legitimidad la Unión Europea como institución, dado que los refugiados “siempre están en crisis”
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(Ferrero, 2016: 160)) y sigue vigente en la actualidad. Especialistas en la materia afirman que
la Unión Europea sigue sin estar a la altura (Cachón, 2017), y con esta nueva acción sigue sin
lograr afrontar adecuadamente una realidad migratoria que –además– ya no es la misma que
se daba a finales de los años noventa del siglo pasado, fecha en la que empieza la construcción
de la política comunitaria sobre la materia. Es decir, si bien el proyecto de construcción de una
política migratoria comunitaria nunca ha llegado a concluirse de manera que pudiese servir para
hacer frente a los movimientos migratorios de décadas pasadas (fundamentalmente de carácter
económico, posteriormente también por reagrupación familiar como se apuntaba al inicio del
artículo); desde 2015 se presenta aún más ineficiente si cabe, porque no logra adaptarse a una
realidad de flujos migratorios que ya no son fundamentalmente económicos sino de personas
solicitantes de refugio y asilo (Rodier, 2017).
Veamos a continuación cómo ha interpretado España los dictados de la Unión Europea en la
materia, haciendo especial énfasis en el segundo pilar, las políticas de integración, y profundizando en uno de los campos prioritarios de actuación de las mismas: la educación.
Las políticas migratorias en España: a propósito de las actuaciones sobre integración
Políticas y planes estatales de integración en España
Las actuaciones en materia de política migratoria en España se plantean como un proceso multinivel gestionado por el Gobierno Central, los Gobiernos Autonómicos y los Gobiernos Locales.
En relación a las políticas de integración dirigidas a las poblaciones migrantes son las Comunidades Autónomas (autoridades regionales) y los Ayuntamientos (autoridades locales) quienes
son competentes para actuar sobre la materia, y lo hacen con respecto a todos los ámbitos de
primera necesidad en la vida de una persona. Sin embargo, las autonomías y ayuntamientos
siempre actúan escuchando las indicaciones del Gobierno Central, que a su vez se hace eco
de las directivas y agendas de trabajo que pauta Europa. Siendo así las esferas de intervención
prioritarias son inserción laboral, atención sanitaria y educación.
La primera política de integración en el país fue el Plan para la Integración de las Personas
Inmigrantes, diseñada por el Gobierno Central, data del 1994 y en la misma se establecía como
habrían de ser las actuaciones que desarrollasen las distintas autonomías en la materia. El reRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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dactado de dicho plan daba a entender que el target group debían ser solo los “extranjeros en
situación administrativa regular”. Véase como se recogía en el texto en cuestión:
La finalidad última (…) es la consolidación de España como país de inmigración, lo que
nos obliga a poner en práctica una política global que preserve nuestros intereses, nuestra cohesión social y que garantice, de acuerdo con los valores de la España democrática y de la Constitución de 1978, una completa integración del colectivo de residentes
extranjeros que eligieron España para vivir y trabajar. (Plan para la Integración Social
de las personas Inmigrantes, 1994: s/p).
Al hacer mención a la necesidad de garantizar un una completa integración de los “residentes extranjeros” estaba excluyendo a quienes no contaban con permiso de residencia, y que, por
lo tanto, estaban en situación administrativa irregular.
A continuación, en el año 2000, se elabora una nueva política de integración, el conocido
como Programa GRECO (Programa Global de Regulación y Coordinación de a Extranjería
y la Inmigración), que da una vuelta de tuerca y reduce aún más las tipologías de situaciones
administrativas de las personas migrantes a las que iba dirigida. En el mismo podíamos leer lo
siguiente:
Se ha optado por estructurar el contenido del Programa en base a cuatro líneas básicas:
(…) 2.- Integración de los residentes extranjeros y sus familias que contribuyan activamente al crecimiento de España. (Programa GRECO, 2000: s/p).
De manera que al puntualizar que el target group habrían der ser “residentes extranjeros que
contribuyan activamente al crecimiento de España” estaba excluyendo a quienes –estando en
situación administrativa regular– carecían de un permiso de trabajo.
Las dos políticas mencionadas sostenían una “noción de integración con clara orientación
unidireccional” (Olmos Alcaraz y Lastres, 2018: s/p), donde se entendía que eran las personas
migrantes quienes debían “hacer todo el esfuerzo de inclusión en la sociedad de acogida” (Olmos Alcaraz y Lastres, 2018: s/p).
En el año 2007 vuelve a cambiar la idiosincrasia de las políticas de integración, y con el I
Plan Estratégico de Ciudadanía (actualmente en vigor y que ha pasado ya por diversas renovaciones) “se camina hacia una noción de integración multidireccional al hablar de &lt;&lt;sujetos de
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atención&gt;&gt; para referirse a todos los ciudadanos” (Olmos Alcaraz y Lastres, 2018: s/p), migrantes y no migrantes, nacionales y extranjeros:
El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración […] es necesario por cuanto es un elemento fundamental de la gobernanza del proceso de adaptación mutua de las personas
inmigrantes y autóctonas porque trata de contribuir al proceso bidireccional fomentando
un desarrollo económico, social, cultural e institucional avanzado, plural y duradero
para el conjunto de residentes en España, a través de intervenciones equilibradas de
los poderes públicos y la sociedad civil. (Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración:
2007: 4)
Dicho plan no establece diferencias explícitas de actuación entre personas extranjeras en
situación administrativa regular e irregular y nomina a todas bajo el término “nuevos ciudadanos” (Olmos Alcaraz y Lastres, 2018).
Las políticas de integración mencionadas están todas diseñadas a nivel central, pero, tal y
como se ha mencionado, tienen su reflejo en las distintas regiones del país. Será a principios del
presente siglo que, ese sentido, pueda observarse cómo las distintas Comunidades Autónomas
empiezan a desarrollar sus propios planes de integración dirigidos a la población migrante residente en su territorio. Veamos el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para profundizar –a continuación– en cómo han sido las actuaciones en materia de integración en el plano
educativo.
Políticas de integración y educación: el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía
En el caso concreto de las políticas de integración que tienen que ver con el ámbito educativo en
Andalucía [pero también en España, porque en el resto de regiones las diferencias son mínimas
(García et al., 2008)] se ha trabajado fundamentalmente a través de dispositivos que tratan de
enseñar la lengua vehicular de la escuela a los/as recién llegados. No obstante, para hacernos
una idea más precisa de las medidas adoptadas al respecto es necesario atender, en primer lugar, a: 1). Cómo se regula el derecho a la educación para las personas extranjeras en el país;
y en segundo lugar: 2). Qué dispositivos, planes y programas se han diseñado para atender la
diversidad que aportan las migraciones en espacios educativos en términos de “educación interRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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cultural”. En las líneas que siguen se abordarán estos y otros puntos adyacentes a los mismos,
dejando que emerjan en el análisis las acciones prioritarias que ha llevado a cabo el gobierno
andaluz.
A propósito del derecho a la educación de las personas extranjeras
Aunque el análisis que se muestra corresponde al contexto andaluz, en este caso, para hablar del
derecho a la educación y cómo este se regula con respecto a la población migrante es necesario
que miremos más allá de la normativa autonómica. Siendo así, en primer lugar, hemos de tener
en cuenta que el derecho a la educación en España para las personas extranjeras queda regulado
por la Constitución Española (CE, 1978); en consonancia con las leyes y tratados internacionales en la materia ratificados por el país (como la Convención sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros);
además de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con sus correspondientes reformas
y modificaciones a partir de las leyes orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de
septiembre, 14/2003, de 20 de noviembre, 2/2009, de 11 de diciembre, 10/2011, de 27 de julio,
Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril y por la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de
enero de 2013) y las Leyes de Educación estatales (La actual ley educativa es la Ley Orgánica
de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo, modificada parcialmente por la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 8/2013, de 9 de diciembre (esta última es conocida popularmente como la ley Wert) y regionales (La Ley de Educación de Andalucía (LOA)
17/2007, de 10 de diciembre). En el caso de los menores extranjeros hay que decir que tienen
los mismos derechos en materia educativa que los menores españoles, atendiendo para ello a la
legislación internacional (Art. 2. Convención sobre los Derechos del Niño) (Artículo 2.1. “Los
Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. (Convención sobre los
Derechos del Niño, 1989: 10)), por lo que lo establecido en otras normativas, en principio, no
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sería de aplicación. No obstante, la Ley de Extranjería desarrolla un artículo para describir el
derecho a la educación de los extranjeros, que establece lo siguiente:
Artículo 9.1.
Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que
incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores
de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria. Este derecho
incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema
público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho
hasta su finalización.
Artículo 9.2.
Los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en España tienen derecho a la
educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, los
extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder a las demás
etapas educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al
sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles.
(…)
En dicho artículo no se hace distinción de derechos en función de la situación administrativa del menor, en consonancia con lo establecido con la legislación internacional, por lo que
re-afirma que cualquier menor de 18 años tiene derecho a la educación, incluidas las etapas no
obligatorias. Sin embargo, en el artículo 9.2., relativo a personas mayores de 18 años, al delimitar el derecho a los “extranjeros residentes” se está excluyendo a quienes estén en situación
administrativa irregular del derecho a la educación en los mismos términos que los españoles,
supeditando dicho derecho a lo establecido en las leyes educativas. Si consultamos las actuales
leyes educativas, vemos que no desarrollan dicha cuestión y que lo que hacen es remitir de nuevo a la Ley de Extranjería (Rodríguez, Méndez y ACOGE, 2018), por lo que nos encontramos
con una “doble remisión [que] deja un vacío normativo en cuanto a la regulación a nivel estatal
de la situación del alumnado extranjero mayor de edad sin autorización de residencia, con respecto al acceso a la educación postobligatoria” (Rodríguez, Méndez y ACOGE, 2018: 10). Con
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todo, al considerar la legislación educativa en su conjunto, a día de hoy –no siempre fue así–
puede afirmarse “el carácter universal del derecho a la educación para las personas extranjeras
en España” (Rodríguez, Méndez y ACOGE, 2018: 11), habida cuenta de que la jurisprudencia
existente ha venido a reafirmar dicho derecho. En concreto, según el análisis que hace al respecto la Red ACOGE, son fundamentales las sentencias del Tribunal Constitucional nº 236/2007,
de 7 de noviembre y nº 155/2015, de 9 de julio (Rodríguez, Méndez y ACOGE, 2018).
Sin embargo, se han detectado algunas situaciones de excepcionalidad donde este derecho
no se está cumpliendo o tarda en hacerse efectivo un tiempo, debido a diversas dificultades.
Sería el caso de, por ejemplo, los menores que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en situación de asilo o solicitud de protección internacional (ellos/
as o sus padres/madres). En estos casos, la no escolarización puede darse debido a la falta de
recursos humanos de los propios centros, y los/as menores pueden llegar a esperar entre 1 y
6 meses para ser escolarizados (Passeti y Sánchez-Montijano, 2018). Pero también, se están
detectando dificultades para hacer efectivo el derecho a la educación en general en los niveles
de Bachillerado, Formación Profesional y Universidad con respecto a “la homologación de los
títulos extranjeros, cuyos plazos de tramitación llegan en algunos casos a dilatarse en el tiempo
de forma excesiva, y terminan privando a la persona de la posibilidad de obtener la titulación e
incluso de acceder a los estudios” (Rodríguez, Méndez y ACOGE, 2018: 37).
A propósito de la educación intercultural y las poblaciones migrantes en la escuela
La atención a la diversidad en la escuela en el contexto estudiado se conceptualiza como “educación intercultural” desde sus inicios, hace ahora algo más de dos décadas (Dietz, 2012; García
et al., 2008; Olmos Alcaraz, 2009, 2016a). Habría dos consideraciones a realizar a este respecto, antes de pasar a analizar cómo se realiza política y administrativamente dicha conceptualización y apuesta de integración educativa.
En primer lugar, hemos de tener en cuenta que dicha acotación no hace sino poner en evidencia cómo –hasta finales de la década de los ’90 del siglo pasado– la atención educativa a
la diversidad obviaba otras diversidades que portaba el alumnado, o al menos las obviaba en
términos de gestión intercultural. Sería el caso de los/as escolares de etnia gitana, por ejemplo,
que nunca fueron target group de políticas educativas de este tipo a pesar de su presencia históRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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rica en España. Hasta que no existe presencia de alumnado procedente de las migraciones no se
comienza a hablar de interculturalidad en el país, por lo que hasta entonces la diversidad existente se había atendido en términos de segregación y asimilacionismo. A través de las conocidas
como “escuelas puente”, experiencia que duró apenas 8 años (finales de la década de los años
’70-mediados de la década de los años ’80) consistente en espacios segregados para alumnado
gitano ubicado en zonas marginalizadas; y la educación compensatoria, que inicia su andadura
a principios de la década de los años ’80, ya como una propuesta con entidad propia y no como
una serie de medidas dispersas, y sigue vigente a día de hoy. (Ver los trabajos de Fernández-Enguita 1999; Gurrea 1999 y Salinas 2009).
En segundo lugar, se ha de considerar cómo el hecho de que sean las poblaciones migrantes quienes motiven el inicio y desarrollo del paradigma intercultural en país, hace que dichas
prácticas y discursos –finalmente, y después de más de dos décadas de vida– hayan quedado
escoradas solo hacia una parte de quienes habrían de ser agentes/protagonistas de las mismas.
En otras palabras, no se ha apreciado que la apuesta por la educación intercultural haya sido una
apuesta dirigida a iniciar procesos de transformación y cambio de carácter estructural (Walsh,
2009), sino que se ha dirigido a implementar acciones muy delimitadas hacia la población procedente de las migraciones y en mucho menor grado al sistema educativo en su conjunto como
parte de la sociedad (Olmos Alcaraz y Contini, 2016a, 2016b), lo que casaría con una idea de
“interculturalidad funcional” (Tubino, 2004; Walsh, 2009). Veamos estas cuestiones con un
poco más de detenimiento.
Es a principios de los años 2000 que se empieza a ver interés por parte de las administraciones educativas por apoyar el desarrollo e implementación de medidas que ellas mismas tildaban
de interculturales. En el caso de Andalucía, es en 2001 –en el redactado del Plan de Atención
Educativa del Alumnado Inmigrante, incluido dentro del I Plan para la Integración de la Población Inmigrante– cuando puede apreciarse que se avanza de manera decidida en esa línea, como
estrategia de gestión para llegar a la integración:
El incremento de la población inmigrante en nuestros pueblos y ciudades es algo que
observamos cotidianamente y, en consecuencia, el número de alumnos y alumnas pertenecientes a familias inmigrantes escolarizados en nuestros colegios e institutos también
viene aumentando de forma paulatina desde hace varios cursos escolares. Ante este heRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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cho la institución escolar no puede quedar indiferente. Es necesario incluir en la acción
educativa la Educación Intercultural como una respuesta del sistema educativo ante las
nuevas características y demandas sociales (Plan de Atención Educativa del Alumnado
inmigrante 2001: 3).
En dicho plan se entendía la interculturalidad y la apuesta por una educación intercultural
como algo que habría de primar la generación de espacios de interacción y diálogo entre todos
los grupos y agentes que componen la diversidad (no solo las minorías), y como una propuesta
de intervención de carácter crítico que habría de trascender es espacio meramente escolar para
sustentar situaciones de igualdad:
La perspectiva intercultural parte de un planteamiento donde lo sustantivo es la interacción, el reconocimiento de que lo cultural es necesariamente un fenómeno interactivo
donde no es posible poner barreras. Construir la interculturalidad precisa de la posibilidad
de afirmar la propia cultura en su relación con las otras culturas. Esto sólo es posible si
se establece un proceso donde todas y todos puedan aportar y donde estas aportaciones
sean sujeto de intercambio y valoración crítica. La interculturalidad va más allá de la
perspectiva multicultural porque, partiendo de la constatación y el reconocimiento del
hecho de la diversidad cultural, sitúa la interacción cultural como un hecho educativo en
sí mismo. La interculturalidad obliga a pensar en las relaciones culturales dentro de un
proyecto educativo, pero también dentro de un proyecto social, que supone hacer posible
la igualdad de derechos y de oportunidades entre los seres humanos que conviven en una
sociedad determinada (Plan para la Atención Educativa del Alumnado Inmigrante, 2001:
8-9).
Afirmaciones perfectamente alineadas con las definiciones científicas en la materia sobre
“qué es y/o debería ser la educación intercultural” (Dietz, 2012), y con una noción de diversidad
muy en línea con la idea de “súper-diversidad” (Vertovec, 2007; Padilla et al., 2015, 2018), pero
que han chocado de lleno con la realidad de la práctica de la implementación de las políticas
en cuestión en los centros escolares. En otras palabras, si bien a nivel formal el planteamiento
sobre la educación intercultural como estrategia pedagógica y social para caminar hacia la inRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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tegración es impecable, a nivel práctico nunca se ha llegado a implementar como tal. Además,
el caso de la Comunidad Autónoma andaluza no es un caso aislado, sino que es extrapolable
con matizaciones mínimas al resto de regiones (García et al., 2008), Incluso en el caso de las
comunidades autónomas donde hay dos lenguas co-oficiales las actuaciones siguen siendo muy
parecidas, encontrando –por ejemplo– que los dispositivos de enseñanza de la lengua vehicular
de la escuela no son para enseñar la lengua específica de la comunidad, sino el español. En
ese sentido las actuaciones se han centrado en: 1). La introducción de clases de español para
extranjeros en aquellos centros educativos que lo han necesitado (Esto se ha realizado con
las conocidas como ATAL (Aulas Temporales de Adaptación Lingüística), dispositivo vigente
desde el año escolar 1997-1998, que no hace sino crecer hasta el curso 2008-09 en el que se
alcanza un total de 310 docentes (Castilla, 2014). A partir de entonces, coincidiendo con los
primeros coletazos de la crisis económico-financiera en el país, los recursos humanos que la
administración autonómica destina a las misma van disminuyendo (Montes, 2015). Las ATAL
se han centrado en trabajar con alumnado procedente de las migraciones que carece de un nivel lingüístico suficiente para seguir el ritmo de su grupo-clase, realizando labores de apoyo
lingüístico, pero también de apoyo curricular. En algunas ocasiones, muy pocas, las mismas se
han implementado dentro del grupo-clase, mitigando así el componente segregador que implica
sacar a un alumno del aula general.
Dichas acciones se han implementado a través de los programas ELCO (Enseñanza de Lengua y Cultura de Origen), iniciativa que no es exclusiva del territorio andaluz o español, sino
que tiene su anclaje en una iniciativa comunitaria que funcionaba ya en los años ‘70, es decir,
existe en otros países europeos desde hace décadas. Los programas ELCO se implementan
una vez finalizada la jornada escolar obligatoria, a petición de las propias familias migrantes,
en los centros educativos. Es por ello que solo los colectivos más organizados son quienes
las demandan. En el momento actual en Andalucía contamos con ELCO marroquí, chino y
rumano, si bien no se trata de una iniciativa que sea excesivamente visible y/o publicitada por
las propias administraciones que las implementan (Ortiz y Bianco, 2019)). La enseñanza de
las lenguas maternas de los escolares migrantes, pero siempre en horario extraescolar, y solo
para las comunidades más organizadas ( Dichas acciones se han implementado a través de los
programas ELCO (Enseñanza de Lengua y Cultura de Origen), iniciativa que no es exclusiva
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del territorio andaluz o español, sino que tiene su anclaje en una iniciativa comunitaria que
funcionaba ya en los años ‘70, es decir, existe en otros países europeos desde hace décadas. Los
programas ELCO se implementan una vez finalizada la jornada escolar obligatoria, a petición
de las propias familias migrantes, en los centros educativos. Es por ello que solo los colectivos
más organizados son quienes las demandan. En el momento actual en Andalucía contamos con
ELCO marroquí, chino y rumano, si bien no se trata de una iniciativa que sea excesivamente
visible y/o publicitada por las propias administraciones que las implementan (Ortiz y Bianco,
2019) Actividades en los centros de carácter lúdico-festivo tipo “fiestas de la interculturalidad”,
pero celebradas de forma puntual.
Otro tipo de acciones que, a priori, se podría pensar que habrían de formar parte de un
proyecto educativo de carácter intercultural, como la transformación de los currículos, la diversificación del profesorado o la participación de la escuela en la comunidad y de la comunidad en la escuela, se han presentado de manera muy puntual, sin continuidad en el tiempo
y/o directamente no se han llegado a trabajar. En el caso de las transformaciones curriculares,
lo que encontramos es que la administración educativa ha apoyado a los centros/profesorado
que han querido iniciar alguna transformación en este sentido con algún tipo de subvención
o apoyo económico y formativo; pero sin embargo es una cuestión que no ha pasado de ser
“voluntaria”, es decir, a realizar exclusivamente por aquellos centros/profesorado que –a título
individual– hayan considerado pertinente actuar e innovar sobre estas cuestiones. Si bien es
cierto que esta forma de operar ha dado como resultado experiencias altamente innovadoras
en el terreno intercultural, también lo es que las mismas han sido muy minoritarias (Olmos
Alcaraz y Contini, 2016a, 2016b). En el caso de la segunda cuestión mencionada, la diversificación del profesorado, en el contexto español no se ha avanzado en absoluto al respecto. De
hecho, no se ha llegado a plantear como opción tal y como sí se ha hecho en otros contextos del
entorno europeo. Y en cuando a las relaciones escuela-comunidad se ha avanzado sobre todo a
través de las conocidas como Comunidades de Aprendizaje (Se trata de proyectos educativos
de innovación y transformación social que tratan de enfatizar las relaciones de la escuela con
su entorno (barrios, familias) para implementar acciones de mejora. Basadas en metodologías
de enseñanza-aprendizaje de carácter cooperativo (grupos interactivos, tertulias y lecturas dialógicas, etc.), las Comunidades de Aprendizaje están tomando fuerza –siendo apoyadas por la
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administración educativa– en el territorio andaluz desde hace apenas una década. Puede verse
el trabajo de Márquez y García-Cano (2013) para profundizar en este tipo de iniciativas en el
contexto considerado), pero –de nuevo– nos encontramos con iniciativas que, aunque en este
caso estén bastante extendidas, no se trata de proyectos educativos implementados en todo el
sistema educativo, sino que solo se están dando en aquellos centros que voluntariamente desean
iniciarse al respecto.
3.- METODO
La metodología de trabajo del presente artículo está basada en análisis del marco normativo e
institucional (legislación, políticas, planes y programas) a partir del cual se articula la gestión
de la diversidad procedente de las migraciones –en especial en el ámbito educativo– en términos de integración. Para ello se ha realizado un abordaje de diversos instrumentos jurídicos,
políticos y administrativos que operan de manera multinivel en el territorio objeto de análisis.
Siendo así se han considerado las indicaciones en la materia realizadas desde la Unión Europea,
las directrices que se desprenden de la legislación estatal en la materia y las pautas que se establecen a nivel regional al respecto. Todo ello teniendo en cuenta también algunos instrumentos
internacionales que interpelan de forma directa dicha realidad.
El procedimiento seguido en el análisis va de lo general a lo específico y sectorial, abordando en primer lugar los delineamientos que se desprenden de las instituciones comunitarias (UE)
en torno a lo que se define como política migratoria europea; para focalizar en uno de los ejes
de actuación de la misma en el contexto español: las políticas de integración; y finalizar con el
abordaje realizado al respecto a nivel regional (en el caso concreto de Andalucía), mostrando el
desarrollo en la materia a partir de lo acontecido en el contexto educativo (integración escolar).
La selección del caso de estudio viene motivada por varias razones. Andalucía fue una de las
primeras Comunidades Autónomas en contar con su propio Plan de Integración para la Inmigración, en el año 2001, junto a las comunidades de Madrid y Cataluña. Por su parte, centrar el
análisis en el ámbito educativo tiene que ver con lo que Dietz (2012) nombra como la “pedagogización de la interculturalidad”, para hacer referencia a cómo el debate teórico y la gestión
política sobre la interculturalidad en el país se inició justamente en el ámbito de la educación.
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4.- CONCLUSIONES
Diversas investigaciones en la materia coinciden en que las políticas de integración dirigidas
a la población migrante en España adolecen de la necesaria coordinación entre los distintos
niveles de gestión implicados en las mismas (Sánchez, 2019; Pinyol, 2019), siendo necesarias
“actuaciones intersectoriales que puedan responder a la multidimensionalidad del proceso de
integración” (Sánchez, 2019: 235). Es cierto que dicha cuestión es especialmente relevante, sobre todo cuando dicha estructura multinivel es usada como excusa para la dejación de responsabilidades y/o la poca implicación por parte de las administraciones competentes, amparándose
para ello en la existencia de vacíos administrativos (Ello sucede fundamentalmente cuando se
producen desavenencias y discrepancias en los casos en los que el signo político del partido en
el poder en el Gobierno Central y el de los partidos de las distintas Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos no coincide. Para más detalle sobre esta cuestión consultar Olmos Alcaraz
(2009). Sin embargo este no es más que uno de los problemas que presentan las políticas de integración analizadas en este trabajo. El principal escollo que impide avanzar en la gestión de la
diversidad que tiene que ver con las migraciones en el país es que, aún hoy, más de dos décadas
después del inicio de la actual etapa migratoria y recepción de flujos, no contamos con medidas
de carácter estructural sólidas destinadas a toda la población en su conjunto. Muy al contrario
la “integración” sigue siendo practicada –que no teorizada– como una “integración solo para
ellos”; entendiéndose que “ellos” son las poblaciones procedentes de las migraciones, y no considerando otras diversidades en la composición de dicho exo-grupo. Pero es que además apenas
se atiende en el diseño de las políticas dirigidas a conseguir dicha integración las súper-diversidades (Vertovec, 2007; Padilla et al., 2015, 2018) de esas poblaciones definidas como “otros”,
y mucho menos las “nuestras” o las del conjunto de la sociedad, eminentemente multicultural.
Todo ello hace concluir que, en el diagnóstico que este trabajo se proponía realizar, habría que
hablar de una interculturalidad de carácter funcional (Tubino, 2004; Walsh, 2009) como el
modelo que mejor define las políticas de integración en el contexto estudiado (Olmos Alcaraz
y Contini, 2016a, 2016b); y como educación intercultural funcional las medidas que se llevan
implementando desde hace décadas en los espacios educativos en el marco de dichas políticas
de integración.
No es, por lo tanto, un diagnóstico positivo el que se pueda esbozar al respecto. Las conseRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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cuencias del mal funcionamiento de las políticas de inmigración son visibles en el aumento de
la desigualdad social en la sociedad española en general (Izquierdo, 2019), y que en los países
de nuestro entorno inmediato la situación no esté mejor –incluso podríamos afirmar lo contrario– no debe servirnos como excusa para mirar para otro lado. Pinyol (2019) nos dice que el
camino no es una “deconstrucción de la política europea de inmigración“, porque ello supondría una “inacción grave en términos de gestión pública (…) [que] puede tener un coste elevado
para la supervivencia del propio proyecto europeo” (Pinyol, 2019: 5). Sin embargo, estimo
que una deconstrucción en términos de problematización (no de destrucción) sí se vislumbra,
no solo como pertinente, sino como muy necesaria. Ese ejercicio de de-construcción habría de
cuestionar los esencialismos con los que opera la política migratoria en el contexto estudiado; y
habría de servir para preguntarnos por cómo ciertas categorías que vertebran la misma han sido
producidas desde una óptica occidentalocéntrica y eurocéntrica por la colonialidad del poder/
saber (Quijano, 2000; Grosfoguel, 2006, 2012):
Para ello es necesario “problematizar” todo aquello establecido como la normalidad, realizando un ejercicio crítico para cuestionar incluso nuestra forma de acercarnos a las
realidades sociales que estudiamos. ¿Por qué en la actualidad se construye como legítimo
cerrar las fronteras nacionales a “cal y canto”? ¿por qué el “inmigrante extranjero” es
construido como una figura de alteridad total y como el “enemigo”? ¿por qué las escuelas
occidentales y occidentalizadas entienden que (determinados/as) alumnos/as inmigrantes
extranjeros/as perturban y deterioran el normal curso de las actividades educativas?. (Olmos Alcaraz, 2015: 113).
Y partir de estos y otros interrogantes para desafiar afirmaciones que se toman como verdades absolutas y dadas en gran parte de los instrumentos normativos analizados en este trabajo,
de manera que podamos desentrañar sus lógicas de funcionamiento de forma densificada, no
superficial ni apresurada, para poder seguir construyendo espacios de diálogo.
REFERENCIAS

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Aproximación teórica a la integración de los inmigrantes en tres niveles: Comprensión,
adaptación e inclusión1
Theoretical approach to the integration of immigrants at three levels: Understanding, adaptation
and inclusion
Felipe, Aliaga Sáez2
Universidad Santo Tomás, Colombia
https://doi.org/10.29105/10.29105/pgc6.11-10
https://orcid.org/0000-0003-4635-1132
____________________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN
Este artículo, a modo de ensayo, tiene como objetivo desarrollar una propuesta de comprensión de la integración
de los inmigrantes en tres niveles: a través del surgimiento de un complejo esquema comprensivo de los individuos; adaptación a los artefactos y procesos; y la inclusión en los sistemas funcionales básicos de la sociedad. El
ensayo busca plantear una tesis nueva sobre la integración, desde una perspectiva sociológica, por medio de análisis y articulación conceptual desde diversos autores (P. Bourdieu, A. Giddens, A. Schütz, M. Walzer, Ch. Taylor,
entre otros). Las conclusiones responden a la necesidad del entendimiento mutuo en los procesos de comprensión,
generando escenarios ciudadanos que favorezcan este proceso, reconociendo el aporte del fenómeno migratorio,
en clave de integración intercultural, tolerancia y reconocimiento de la cultura en acciones igualitarias y justas.
La integración implica un proceso de enseñanza y aprendizaje sobre situaciones que se presentan de forma pragmática en la vida cotidiana, en donde los expertos tienen un rol fundamental. La inclusión de los inmigrantes en
la sociedad facilitará su integración, lo que dependerá tanto del funcionamiento de los sistemas, así como por las
demandas de los propios inmigrantes.
Palabras clave: Adaptación, comprensión, inclusión, inmigrantes, integración.
ABSTRACT
This article, as an essay, aims to develop a proposal for understanding the integration of immigrants at three
levels: through the emergence of a complex comprehensive scheme of individuals; adaptation to artifacts and
processes; and inclusion in the basic functional systems of society. The essay seeks to propose a new thesis on
integration, from a sociological perspective, through analysis and conceptual articulation from various authors
(P. Bourdieu, A. Giddens, A. Schütz, M. Walzer, Ch. Taylor, among others). The conclusions respond to the need
for mutual understanding in the processes of understanding, generating citizen scenarios that favor this process,
recognizing the contribution of the migratory phenomenon, in terms of intercultural integration, tolerance and
recognition of culture in egalitarian and fair actions. Integration implies a teaching and learning process about
situations that occur in a pragmatic way in everyday life, where experts have a fundamental role. The inclusion of
immigrants in society will facilitate their integration, which will depend both on the functioning of the systems, as
well as on the demands of the immigrants themselves.
Keywords: Adaptation, inclusion, immigrants, integration, understanding.
Recibido: 20 de Junio 2019 - Aceptado: 10 de Octubre 2019 - Corregido: 18 de Noviembre 2019
Cómo referenciar este artículo:
Aliaga, F. (2020). Aproximación teórica a la integración de los inmigrantes en tres niveles: Comprensión,
adaptación e inclusión. Politica Globalidad y Ciudadanía, 224-245. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/article/view/134

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: Aproximación teórica a la integración de los inmigrantes en tres niveles: comprensión, adaptación e inclusión.
2
Doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela. Docente investigador a
tiempo completo en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, Colombia. Email: felipealiaga@usantotomas.edu.co
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1.- INTRODUCCION
Dentro del fenómeno migratorio la integración de los inmigrantes es un tema de gran relevancia, la cual ha sido conceptualizada como un proceso de incorporación igualitaria de los
inmigrantes en la sociedad de destino (Blanco, 1993), como mentalidad compartida (Aparicio,
Tornos y Labrador, 1999), o conocimiento de la sociedad por parte de los inmigrantes (Pajares,
2005), convertirse en una parte aceptada de la sociedad (Penninx y Martiniello, 2006), siendo
fundamental el reconocimiento de derechos y obligaciones (De Lucas, 2008).
De esta forma este concepto tiene un gran alcance y puede ser definido desde diferentes planteamientos científicos (Cachón, 2008). Al respecto María Monetti (2016), analiza la integración
desde T. Parsons, en cuanto los inmigrantes se verían presionados por un ajuste cultural y simbólico; existiría una imposición de reglas que facilitarían el proceso, así como una adaptación
de la personalidad. Desde A. Giddens, el inmigrante ya arriba a una estructura materializada por
el Estado, sin embargo también puede generar cambios. Siguiendo a P. Bourdieu los inmigrantes se integran en una serie de relaciones de poder. En relación a las tres perspectivas, la autora
indica que se podría afirmar que:
el grupo inmigrante acabará insertándose en los diversos ámbitos de la sociedad anfitriona y buscará su lugar en un mapa de relaciones sociales atravesadas por el poder. A su vez,
forjarán una nueva identidad cultural a partir de los valores, normas y expectativas de rol
impuestas en ese nuevo espacio social. (Monetti, 2016, p. 37).
Como indican Solé, Alcalde, Pont, Lurbe y Parella (2002) la integración en las migraciones
puede ser comprendida desde el paradigma funcionalista, ya que la sociedad tiende a la estabilidad mediante el ajuste y control de sus partes, pero también desde el conflicto en las interacciones como elemento integrador. Los autores coinciden en que la integración sería “estructural (a
través de la penetración en la estructura ocupacional de la sociedad receptora de inmigración),
integración cultural (ejercicio del derecho a la diferencia y aceptación de unos mínimos de convivencia) e integración jurídica como garantía de igualdad ante la justicia” (Solé et al., 2002,
p. 24).
De esta forma, la integración puede ser vista desde diferentes perspectivas, siendo el objetivo de este artículo presentar un desarrollo conceptual novedoso, que toma como referencia
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elementos planteados desde lo cultural, la identidad y lo normativo, combinando un nivel de
argumentación de corte microsociológico en el cual, desde la comprensión, se alcanzaría el
entendimiento y la convivencia, como proceso constructivista; el segundo nivel superando la
imposición normativa, lo que se establece es la adaptación como un proceso paulatino y necesario para la integración funcional; finalmente los procesos de inclusión sistémica, considerando
que es un proceso de disposición bidireccional, es decir tanto de los inmigrantes como de las
diferentes organizaciones de la sociedad de recepción. Elementos que se profundizan como el
núcleo central de este ensayo teórico.
4.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Primer nivel: surgimiento de un complejo esquema comprensivo entre los individuos
En este nivel concurren todos los individuos en la interacción cotidiana, se abre un nuevo plano de socialización con la llegada de los inmigrantes, ya que los distintos colectivos traerán
consigo múltiples y diferenciadas formas de comprender la sociedad y por ende de actuar en
ella, vemos como hay un entrecruzamiento de búsquedas de inteligibilidad y una presencia de
ininteligibilidad en las distintas maneras de comportarse de los sujetos que debe ser salvada,
ya sea inmigrantes y población local, los significados se remueven y entran en interrogante, los
imaginarios sociales del tipo de sociedad en la que se está viviendo y en cómo se debe operar
dentro de esta, son diversos y muchas veces confusos (Aliaga, 2012).
La interacción es múltiple y novedosa, ya que se da entre sujetos inmigrantes y población
local, pero también entre inmigrantes procedentes de un mismo país de origen, pero de distintas
regiones, o de otros países y continentes. De esta manera los cruces de diferentes interacciones
son abundantes y el esquema comprensivo entre los sujetos no se desarrollará de manera automática, sino que dependerá de los acercamientos que se vayan produciendo en el transcurso del
tiempo, de la transferencia de información y del acostumbramiento a la diversidad de acciones
y significados. Este proceso supone que dentro de un marco moral y legal regulatorio, de respeto hacia los demás y de construcción de un nuevo orden social, las personas logarán llegar a
mecanismos de entendimiento comunes, en donde primarán algunos comportamientos, actitudes y formas de ser, otros serán de carácter marginal, pero que no por ello, no podrán aportar a
la convivencia pacífica.
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Los sujetos idealmente harán esfuerzos por flexibilizar sus posturas y tratar de entender que
existen diferentes maneras de entender y comunicar los aspectos culturales, económicos, históricos, entre otros elementos considerados propios por cada persona, para obtener fines similares
o llegar a acuerdos para una convivencia pacífica entre inmigrantes y locales. En este plano
operan las sensibilidades y las emociones de los sujetos, la relación es de persona a persona, o
cara a cara (Schütz, 1993), es decir, cuando inmigrantes y locales comparten en persona una comunidad de espacio y de tiempo, asumiendo la existencia de esta relación, estando al alcance de
la experiencia directa de los individuos en donde se encuentran diferentes formas de conciencia
en torno a la realidad.
Con la inmigración se produce un cambio en las relaciones de interacción, intercambio y
convivencia entre los individuos, esto dibujará un nuevo espacio social (en la sociedad de llegada, pero también en los múltiples espacios conectados de manera transnacional), el cual para
Pierre Bourdieu es el: “Conjunto de posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras,
definidas en relación unas de otras, por su exterioridad mutua y por relaciones de proximidad,
de vecindad o de alejamiento y asimismo por relaciones de orden” (Bourdieu, 1997, p. 16). En
este, los agentes o grupos se distribuyen en función de su posición, en donde: “El espacio de
las posiciones sociales se retraduce en un espacio de tomas de posición a través del espacio de
las disposiciones (o de los Habitus)” (Bourdieu, 1997, p. 19). Estas disposiciones o habitus los
podemos situar en el lugar de las prácticas, en un plano de conformación identitaria a través de
categorizaciones sociales legitimadas por los propios sujetos, desde las cuales se construirán
imaginarios sociales que intervendrán en el proceso de integración, ya que una de las funciones
del imaginario según Juan Luis Pintos es la de: “Permitir intervenir en los procesos construidos desde perspectivas diferenciadas” (Pintos, 2004, p. 24). El habitus nos permitirá afinar la
comprensión del lugar desde donde se hará la construcción imaginaria de qué se entiende como
integración en la interacción y búsqueda de acuerdos o expresiones de sentido común.
La inmigración hará que se encuentren habitus, tanto los existentes en la sociedad de llegada
como los que traen los inmigrantes, así como los nuevos que se van generando por la combinación y el intercambio de estilos de vida,
A cada clase de posición corresponde una clase de habitus (o de aficiones) producidos
por los condicionamientos sociales asociados a la condición correspondiente y, a través
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228
de estos habitus y de sus capacidades generativas, un conjunto sistemático de bienes y
propiedades, unidos entre sí por una afinidad de estilo (Bourdieu, 1997, p. 19).
Habitus que empiezan a diversificarse en cuanto al encuentro de personas de distintos orígenes con capitales y elementos identitarios diferentes, lo que hará que las rutinas y formas de
pensar puedan cambiar y por consiguiente la transformación de habitus sea más frecuente, en
la búsqueda de una sociedad en la cual de manera intercultural empiezan a emergen formas
novedosas de relacionamiento.
La integración supondrá el cómo distintos habitus se van acercando, tolerando y comprendiendo, ya que aumentan y se complejizan las diferencias entre las personas; los capitales y las
prácticas son distintas y distintivas, las posiciones en los diversos estilos de vida transforman
el paisaje de las sociedades de inmigración y por lo tanto producen diferentes imaginarios en
torno a la propia migración, a sus procesos y agentes involucrados. Bourdieu apunta que estas
diferencias funcionan en cada sociedad,
…a la manera de las diferencias constitutivas de sistemas simbólicos, como el conjunto
de los fenómenos de una lengua o el conjunto de los rasgos distintivos y de las desviaciones diferenciales que son constitutivos de un sistema mítico, es decir como signos
distintivos” (Bourdieu, 1997, p. 20).
Signos que irán configurando un determinado tipo de sociedad que se construirá desde y
hacia las relaciones sociales que se establezcan entre locales e inmigrantes.
La falta de comprensión como impedimento de la integración
La falta de comprensión producirá una alteración del orden de la sociedad de llegada (y de
forma colateral en la sociedad mundial), lo cual sumado a la incertidumbre de la población
local frente a las intenciones y acciones de los inmigrantes (y viceversa), hace que cambien las
rutinas y los comportamientos, estos últimos entendidos como: “experiencias subjetivas provistas de sentido que emana de la vida espontánea” (Schütz,1962, p. 200), cambios que pueden
generar angustia y desorientación, como indica Anthony Giddens “La seguridad ontológica y
la rutina van íntimamente unidas a través de la perseverante influencia de los hábitos” (Giddens,
1993, p. 96), ya que según Zygmunt Bauman:
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…gracias a la monotonía y a la regularidad de la patrones de conducta recomendados, inculcados y compulsivos, los humanos saben cómo actuar en la mayoría de los casos y rara
vez enfrentan una situación que no esté señalizada, en la que deban tomar decisiones bajo
la propia responsabilidad sin el tranquilizador conocimiento previo de sus consecuencias
(Bauman, 2003, p. 26).
La aparición de los inmigrantes en la sociedad, considerando su amplia diversidad, ya que
su procedencia corresponderá en ocasiones, a países con culturas muy distintas, supondrá que
deban ser revisadas las formas de convivencia y trato, para poder alcanzar niveles de cohesión
y reducir la angustia y desorientación, ya que los individuos se verán en ocasiones enfrentados
a situaciones complejas al no saber cómo llevar adelante algunas interacciones (por falta de
educación, información o políticas), lo cual puede hacer que la sociedad genere relaciones anómicas, “La ausencia de normas o su mera oscuridad – anomia – es lo peor que le puede ocurrir
a la gente en su lucha por llevar adelante sus vidas”(Bauman, 2003, p. 26); según Giddens las
rutinas están relacionadas con la seguridad psicológica, y en caso de que estas sean quebrantadas: “la ansiedad se desborda e incluso los aspectos firmemente cimentados de la personalidad,
pueden alterarse o hacerse trizas” (Giddens, 1993, pp. 96-97). Esto puede desencadenar formas
de discriminación y xenofobia, que se hace necesario prevenir a toda costa.
El otorgamiento de confianza, requisito fundamental
Esta diversificación de la comprensión y reconocimiento de la diferencia cultural, requerirá
proporcionar cuotas de confianza en los demás, “La fiabilidad en las personas implica los compromisos de presencia en los que se busca (dentro de determinados campos de acción) los
indicadores de la integridad ajena” (Giddens, 1993, p. 88). En la sociedad se deberá interactuar con extraños en distintos entornos, pero esto sumado al hecho de que estos extraños son
inmigrantes, los encuentros pueden ser más complejos, en donde la confianza jugará un rol más
importante aún, “Los encuentros, ya sea con extraños, conocidos o íntimos, implican también
prácticas generalizadas que van unidas a la sustentación de fiabilidad” (Giddens, 1993, p. 83).
La posibilidad de generar relaciones sociales, en que las formas de interacción se ven transformadas por las maneras de ser y actuar de los inmigrantes (hablar, vestir, apariencia física,
formas de trabajar, etc.), pueden parecer diferentes y sospechosas, afectando las rutinas habituaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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les de los locales. Esto hará que la integración se relacione con lo que Giddens (1993) apunta
como necesario en el encuentro con extraños, es decir un equilibrio entre fiabilidad, tacto y
poder, en donde el tacto y rituales de cortesía son mecanismos protectores que pueden estar
contravenidos o tergiversados por el poder. La fiabilidad es una cuestión compleja en un mundo
que puede configurar un imaginario negativo en torno al inmigrante, en donde el tacto y los
rituales de cortesía pueden quedar al margen de una sociedad que supedita a los inmigrantes a
una posición de exclusión o carencia de poder (parcial o absoluta).
También el proceso estará relacionado con lo que Giddens denomina: “trasformación de la
intimidad” (Giddens, 1993, p. 110), que afectará la vida cotidiana tanto de inmigrantes como de
locales, ya que entran en juego aspectos importantes en torno a cómo los individuos se constituyen como parte de una sociedad, con identidades que deberían estar adaptadas a la diversidad
de prácticas y expresiones culturales. El flujo mundial de personas, así como el movimiento de
una serie de elementos culinarios, artísticos, estéticos o equipajes culturales en cuanto a una
amplia diversidad de conocimientos y saberes, genera sentimientos, gustos, rituales y rutinas,
es decir, nuevas formas de concebir la sociedad y las relaciones sociales. Transformación, que
como vimos, requiere un reconocimiento y aumento en la confianza entre las personas,
La fiabilidad en un plano personal se convierte en un proyecto, algo que ha de ser “trabajado” por las partes implicadas, y, que exige franqueza. Cuando no puede controlarse por
códigos normativos fijados la fiabilidad ha de ganarse y el medio de ganarla es demostrando la cordialidad y franqueza (Giddens, 1993, p. 117).
En donde habrá que realizar un trabajo para conseguirla, puesto que como indica Néstor
García Canclini:
…cuando la globalización es la convivencia cercana de muchos modos de vida sin instrumentos conceptuales y políticos que propicien su coexistencia, conduce al fundamentalismo y la exclusión, acentúa el racismo y multiplica los riesgos de “limpiezas” étnicas o
nacionales (García Canclini, 1999, p. 108).
Búsqueda de sentido común, tolerancia y reconocimiento
Este plano comprensivo implica un acercamiento de las significaciones de los individuos, en
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lo que Alfred Schütz (1962) va a denominar mundo de la vida cotidiana, en donde se producirán
formas de sentido común que pueden entrar en conflicto en el encuentro entre inmigrantes y locales, ya que el acervo de conocimientos en el que se sustentan estos sentidos están formados en
un mundo cultural intersubjetivo (Schütz, 1962) distinto, es decir, la interpretación del mundo
basada en experiencias previas, que nos sirven como esquema de referencia, pueden variar en
relación al desconocimiento por parte de los inmigrantes o la no disposición de información
sobre esta experiencia en las sociedades de origen, y viceversa los locales pueden desconocer
los mundos de la vida de los inmigrantes, Schütz indica:
A este acervo de conocimiento a mano pertenece nuestro conocimiento de que el mundo
en que vivimos es un mundo de objetos más o menos bien determinados, con cualidades
más o menos definidas, entre los cuales nos movemos, que se nos resisten y sobre los
cuales podemos actuar (Schütz, 1962, p. 39).
Este conocimiento entrará en interrogante en cuanto al cambio de lugar de pautas de comprensión y comportamiento frente a la información que aparece con la llegada o tránsito de personas con distintos bagajes culturales, llevará a recurrir a lo que Schütz propone como la tesis
general de las perspectivas recíprocas, es decir, la construcción del sentido común supera las
diferencias individuales, a través de la idealización de la intercambiabilidad de puntos de vista
y de la congruencia del sistema de significatividades, esta tesis conduce a: “la aprehensión de
objetos y sus aspectos realmente conocidos por mí y potencialmente conocidos por usted como
conocimiento de todos”(Schütz, 1962, p. 43), en una interrelación entre los grupos, llegando a
consensuar, compartir y comprender distintos sistemas de significados.
Para lograr alcanzar esquemas de sentido común, enfrentando el cambio y superando las
dificultades en la interacción, supondrá la necesidad de tolerancia entre las personas, Michael
Walzer indica que un Estado es tolerante de los grupos, considerando que lo que se tolera son
las elecciones y acciones de los individuos,
A las personas, en tanto que individuos, se las incita a ser tolerantes con los otros, a
comprender cada caso de diferencia como una versión personal (en lugar de prototípica)
de la cultura de un grupo, lo que también significa que los miembros de cada grupo, si
muestran la virtud de tolerancia, deberán aceptar las diferentes variantes que exhibe cada
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quien (Walzer, 1998, p. 46).
Esto consistirá en reconocer las diferencias en las sociedades actuales, lo cual iría en relación a modelos que optarían por derechos fundamentales en base a juicios sobre la vida buena,
ocupando un lugar importante la integridad de las personas en clave de una integración intercultural, en cuanto al reconocimiento del valor de las culturas.
Charles Taylor respalda un modelo de reconocimiento en donde, ““el liberalismo no puede
ni debe atribuirse una completa neutralidad cultural”, debido a que las sociedades se tornan
cada vez más multiculturales y más porosas, ya no sería fácil responder simplemente: “así es
como hacemos aquí las cosas”” (Taylor, 2003, p. 93). La dificultad según Taylor estaría en que:
“hay una cantidad de personas que son ciudadanos y que también pertenecen a la cultura que
pone en entredicho nuestras fronteras filosóficas. El desafío consiste en enfrentarse a su sentido
de marginación sin comprometer nuestros principios políticos fundamentales” (Taylor, 2003,
p. 93-94).
La exigencia que plantea es el reconocimiento del valor de las culturas, demanda que hoy
es explícita debido: “a la difusión de la idea de que somos formados por el reconocimiento”
(Taylor, 2003, p. 96), ya que el falso reconocimiento sería un grado de daño, tomando en consideración que pueden existir imágenes deformadas producto de desiguales relaciones de poder
entre los individuos. La hipótesis es que todas las culturas tienen algo que decir, por lo que
podría haber una igualdad de valor.
Taylor nos indica que al entrar en contacto con una cultura distinta a la nuestra el entendimiento de lo que puede tener valor resultará extraño y ajeno, de esta forma se necesita una fusión de horizontes por medio del desarrollo de nuevos vocabularios de comparación, en donde
se plantea la siguiente suposición:
…en caso de encontrar un apoyo sustantivo a nuestra suposición inicial, será sobre la
base del entendimiento de lo que constituye un valor, entendimiento del que carecíamos
al principio. Si hemos logrado formular juicio, ello se deberá en parte a la transformación
de nuestras normas (Taylor, 2003, p. 99).
Según Taylor, a todas las culturas debemos una apreciación de este tipo, en donde esta suRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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posición podría ser una extensión de la política de la dignidad igualitaria, la que se deriva de la
esfera pública en donde la dignidad sería igual para todos los ciudadanos; pero no está seguro
de que esto se puede exigir como un derecho universal, dado que la demanda parece ser más
fuerte: “lo que se requiere son auténticos juicios de valor igualitario que se apliquen a las costumbres y las creaciones de estas culturas diferentes” (Taylor, 2003, p. 101). Tiene sentido exigir esta suposición como un derecho, pero no el formular un juicio concluyente del tipo de valor
(especialmente juicios injustificados de una condición de inferioridad, o una valoración positiva
por condescendencia, o en una valoración que tienda a la homogeneización y a la asimilación).
De esta manera, este nivel se podría caracterizar como un tipo de integración social, en
cuanto:
…la coordinación de las acciones sociales a través de la armonización de las orientaciones de acción. Los individuos orientan sus acciones recíprocamente porque comprenden
y aceptan los significados, las reglas sociales y los valores en cuestión. La “integración
social” precisa ser analizada desde la perspectiva del actor participante en un contexto de
copresencia de acción (Beriain, 1996, p. 76).
Esta integración está amparada en la coexistencia en la vida cotidiana de inmigrantes y locales. En este nivel se requerirá también la dimensión moral de la integración (Beriain), ya que es
necesario disminuir o evitar posibles conflictos derivados de la interacción de los individuos,
así como la salvaguarda de su integridad y bienestar, dimensión que también busca: “el reconocimiento y un trato de las personas moralmente igualitario y justo, con arreglos al principio
ético de “lo justo-equitativo”” (Beriain, 1996, p. 120). Esta dimensión establece un equilibrio
entre los derechos y deberes (los cuales también pertenecen al plano de la convención moral).
Nivel 2: Adaptación a los artefactos y procesos
La comprensión entre los inmigrantes y locales será facilitada por el aprendizaje del cómo
se hacen las cosas en los diferentes contextos. La inmigración implica una transformación en
diversos aspectos de la vida cotidiana tanto de inmigrantes como de locales, ya que la realidad
comienza a modificarse para unos y para otros, dado que como apuntan Peter Berger, y Thomas
Luckmann:
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El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros
ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es
un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como real por
estos (Berger y Luckmann, 1976, p. 37).
Esto sumado a la necesidad de aprender lo que es habitual en las sociedades, tanto para los
mismos habitantes de la sociedad local, como para los procedentes de otras sociedades.
Las experiencias típicas (Schütz, 1962) se mantendrán en la práctica y en la interacción de
los individuos, cuestiones que a pesar del encuentro cultural en base a diferentes sentidos, significados y la necesidad de convivencia, poseerán cierta estabilidad, construcciones de conocimiento tipificado que harán que los individuos se entiendan en la interacción, “La realidad de la
vida cotidiana contiene esquemas tipificadores en cuyos términos los otros son aprehendidos y
“tratados” en encuentros “cara a cara””(Berger y Luckmann, 1976, p. 49), estas construcciones
típicas, responderán a los sistemas de significatividades de los grupos en encuentro, “Esto incluye modos de vida, métodos para abordar el ambiente, recetas eficaces para el uso de medios
típicos tendientes a lograr fines típicos en situaciones típicas”(Schütz, 1962, p. 44).
Será fundamental el conocimiento que tengan tantos los inmigrantes como los locales de
las experiencias típicas de ambos, con la posibilidad de adaptarse a situaciones necesarias para
la convivencia y el propio funcionamiento de la sociedad, el conocimiento de las diferencias
permitirá llegar a un estado de sentido (s) común (es), “en la vida diaria construyo tipos acerca
del campo de trato directo del Otro y del alcance y textura de su conocimiento”(Schütz, 1962,
p. 45), esto puede permitir presuponer posibles campos de acción de los individuos en sociedad.
Estas situaciones se basarán en acciones tipo recetas, a las que los individuos deben recurrir
para poder adaptarse y “definir su situación en la realidad de la vida cotidiana de una manera típica” (Schütz, 1962, p. 310), inmigrantes y locales manejarán el conocimiento de forma
pragmática, permitiendo que los individuos se desenvuelvan en la sociedad, recurriendo a información útil y ubicando los medios para poder acceder y ajustarse a los artefactos y procesos.
De esta forma tenemos un conocimiento de receta, que nos permitirá alcanzar pragmatismo en
las rutinas cotidianas, “gran parte del cúmulo social de conocimiento consiste en recetas para
resolver problemas de rutina” (Berger y Luckmann, 1976, p. 62).
Este conocimiento permitirá a los inmigrantes desenvolverse en el nuevo entorno, ya que
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aprenderán a ver cómo se organiza la sociedad a la que han llegado, sabiendo cómo practicar
ciertas rutinas en determinadas circunstancias, facilitando el saber hacer de actividades cotidianas involucradas con artefactos y procesos, adquiriendo experiencias, posiciones, roles,
estatus, etc., que tendrán coherencia al comprender las experiencias típicas y las recetas del
conocimiento, cuestiones que estarán marcadas e indicadas en la interacción social tipificada.
Esta adaptación supondrá el aprendizaje, interiorización, significación y organización de un
amplio acervo de conocimiento, que se legitima en universos simbólicos, “el universo simbólico se concibe como la matriz de todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales; toda la sociedad histórica y la biografía de un individuo se ven como hechos que
ocurren dentro de ese universo” (Berger y Luckmann, 1976, p. 125), estos universos simbólicos
encargados de dar legitimidad al orden institucional de la realidad, a los roles cotidianos y a la
identidad de los individuos, organizando la historia, y vinculando a los hombres con sus antecesores y sucesores.
Estos universos pertenecen a las sociedades donde se desenvuelven y pueden ser “imaginados” como un sistema cultural particular, cuestión limitada a un contexto y a una elaboración
teórica, pero que responde a elementos relacionados con la experiencia y la comunicación de
esta, a estilos de vida que se formarán producto del comportamiento social, económico, político, etc., de cada lugar y comunidad en particular. De esta forma los universos simbólicos se
encontrarán circundados en la vida cotidiana por ámbitos finitos de sentido, en donde: “todas
las experiencias que pertenecen a un ámbito finito de sentido apuntan a un estilo particular de
vivencia, vale decir, un estilo cognoscitivo. Con respecto a este estilo, están en mutua armonía
y son compatibles entre sí” (Schütz y Luckmann, 1973, p. 43).
Serán múltiples los aspectos que tendrán que ir develando los inmigrantes en el trascurso
temporal de la interacción en el proceso paulatino de integración, ya que se encontrarán con
elementos alejados de sus universos simbólicos, intereses y trayectorias vivenciales, lo que
supondrá la necesidad de explicaciones y educación para acercar los sentidos, adaptarse a su
existencia o resistirlos. La mayor parte del aparataje simbólico presente en la sociedad deberá
ser comprendido y significado, para alcanzar la praxis del sentido común sobre el funcionamiento de los artefactos y procesos, en donde se establecerá un proceso comunicativo, que según Schütz (1962) se basa en un conjunto de tipificaciones, abstracciones y estandarizaciones.
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En este nivel se pueden presentar conflictos triviales (Aliaga, 2012), es decir, cosas que se
sabían de uso común en el país de origen, en el país de recepción adquieren uno diferente o una
aparente falta de sentido; artefactos y procesos habituales de la vida cotidiana requieren ser interpretados o reinterpretados, tales como: la distribución espacial urbana y los usos de la ciudad
(formas del tráfico; medios de transporte público, ciclo-rutas, parques, etc.); bancos y monedas
(formas de transacción); centros comerciales, supermercados y productos de alimentación; tipos de ropa, modas y estilos; administración pública y burocracia (formas de hacer trámites y
atención en los servicios); arte y tipos de ocio (producción cinematográfica, música, conciertos,
programas de televisión y radio, lugares de esparcimiento, etc.); factores de importancia como
el idioma, así como las formas de hablar (acentos, muletillas, etc.); expresiones del cuerpo y
rostro (formas de mirar, saludos, maneras de coquetear, etc.); sentido del humor, etc.
Según la interpretación de Schütz en torno a la figura del “forastero”, este se enfrentará a
una pauta cultural de la vida grupal en la sociedad de destino, es decir, “todas las valoraciones, instituciones y sistemas de orientación y guía peculiares (tales como usos y costumbres,
leyes, hábitos, etiqueta, modas)”(Schütz, 1964, p. 96), los miembros del endogrupo recibirán
esta pauta como una guía de las situaciones que se dan en el mundo social, es un conocimiento
de recetas dignas de confianza, que le permitirán el pensar habitual, sin embargo, el forastero:
“pasa a ser, esencialmente, el hombre que debe cuestionar casi todo lo que parece incuestionable a los miembros del grupo al que se incorpora” (Schütz, 1964, p. 100), para él esta pauta no
constituye un sistema verificado de recetas, además no comparte la historia del grupo, “desde
el punto de vista del grupo al que se incorpora, él es un hombre sin historia” (Schütz, 1964, p.
100). Dando por cierto el hecho que esta pauta cultural es flexible.
En este proceso el forastero deberá poner en juego la pauta cultural que trae desde su origen con la de la sociedad a la que espera incorporarse, buscando dominar el nuevo contexto
mediante acciones, adquiriendo nuevos conocimientos, pasando de observador a participante
(en el sentido social, económico y político), reformulando significados y recomponiendo los
contenidos de sus experiencias típicas, ya que las pautas culturales de origen generalmente no
le otorgarán la orientación suficiente en el nuevo contexto y frente a la forma de pensamiento
habitual propia del lugar, al respecto el forastero: “se ve ante el hecho de no tener ningún status
como miembro del grupo social al que está a punto de incorporarse y carecer, por ende, de un
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punto de partida para orientarse”(Schütz, 1964, p. 102) . Esto, sin duda, a excepción de quienes
llegan con ventajas en cuanto al capital social que disponen o a los vínculos con el lugar de
destino, así como el estatus del propio inmigrante.
La pauta cultural y las recetas que para el endogrupo representan un núcleo de esquemas
coincidentes de interpretación y de expresión, para el forastero no tienen esta unidad, buscando
la traducción a sus pautas de origen, y después de haber reunido conocimiento sobre esta pauta
puede empezar a adoptarla como parte de su propia experiencia. La pauta cultural le permite al
grupo sentir seguridad y tranquilidad, depositando confianza en esta, sin embargo el forastero
en su condición de extraño deberá definir la situación, “necesita un conocimiento explícito de
sus elementos e indagar no solamente su cómo, sino también su porqué” (Schütz, 1964, p. 105).
Los perfiles de significatividad diferirán entre los forasteros y los miembros del endogrupo,
produciendo que este oscile entre la intimidad y la distancia, además de tener incertidumbre y
desconfianza frente a elementos que resultan simples y confiables para los miembros del grupo.
El campo cultural en un primer momento se transforma para el forastero en un campo de
aventura, una situación conflictiva y difícil de abordar, que se relaciona con el establecimiento
de creencias sobre dichas prácticas, en cuanto: “las personas eligen entre las prácticas sociales
de su entorno, en función de sus creencias sobre el valor de esas prácticas” (Kymlicka, 2010, p.
120), valor, indica el autor, que estará relacionado con la comprensión de los significados que
la cultura le otorga.
Importancia de la eficiencia de los expertos
Los inmigrantes se encontrarán con las personas locales y con los expertos de los sistemas
funcionales, es decir los “profesionales” que atienden las necesidades de la población, en los
diferentes campos sociales, por ejemplo en temas de burocracia, en donde serán diversos los
trámites exigidos para poder regular la vida cotidiana en la nueva sociedad (certificados, convalidaciones, acreditaciones, contratos, etc.), en este proceso se buscará confiar en que la sociedad
debería estar adaptada a estas exigencias, para lo cual se otorgará credibilidad a las credenciales
de las personas que operan con la inmigración. Giddens indica respecto a la fiabilidad: “que
por su misma naturaleza, está impregnada por la credibilidad en la establecida experiencia”
(Giddens, 1993, p. 84), experiencia que en una sociedad determinada, que se encuentre ajusRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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tando constantemente sus políticas, leyes y normativas, hace que la información y su manejo
en ocasiones resulte confuso y desorganizado, llevando a que los expertos se contradigan y
produzcan una pérdida de confianza en la población inmigrante y un dificultad en el proceso de
integración.
La imprevisibilidad y/o falta de información puede hacer que los sujetos inmigrantes, así
como los habitantes locales, sospechen de una falta de coherencia del sistema, “La fiabilidad
en los sistemas, toma la forma de compromisos anónimos sobre los que se sostiene la fe en el
manejo de un conocimiento del que una persona profana es en gran parte ignorante” (Giddens,
1993, p. 88). Al enterarse de errores, confusiones en los trámites o demandas insatisfechas, se
puede generar una falta de fiabilidad en el propio sistema, haciendo que estos parezcan débiles
y vulnerables. El inmigrante y el local se pueden ver defraudados, decepcionados o frustrados,
pudiendo la mala experiencia: “conducir a una suerte de resignado cinismo, o, si es posible, a
desasirse del sistema en general” (Giddens, 1993, p. 91), afectando de lleno el proceso de integración.
Este nivel también guarda relación con la integración social, ya que busca organizar y estructurar determinadas relaciones sociales, sin embargo, apunta a la dimensión funcional de
la integración (Beriain, 1996), en cuanto que inmigrantes se adapten al funcionamiento de los
artefactos y procesos (una vez estando incluidos en los diferentes sistemas, ya sea salud, educación, trabajo, etc.), es decir, logren orientarse y coordinarse frente a acciones externas del
mundo objetivo, en donde:
…se hace necesaria en la coordinación “instrumental” de actividades como la producción
de bienes o la distribución de servicios (la ubicación de recursos, personas y servicios),
pero no se restringe al ámbito de la “producción”, o al trabajo o a la división del trabajo,
sino que también coordina el ámbito de la reproducción de objetivos sociales, la adquisición del conocimiento, la realización de actividades expresivas (como el deporte, representaciones artísticas, etc.) la organización de conversaciones, la reglamentación del tráfico rodado, la coordinación entre la ciencia y la tecnología, etc. (Beriain, 1996, p. 119).
Esto requerirá un aprendizaje continuo y una visibilización de zonas de coordinación necesarias para la convivencia, además de la adquisición de los recursos necesarios (otorgado por la
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inclusión en la sociedad), ya sea dinero, poder, conocimiento técnico e información en general.
Nivel tres: Inclusión en los sistemas funcionales básicos de la sociedad
La inmigración requiere la operación de inclusión en los sistemas sociales , tales como: educacional, sanitario, laboral, habitacional, etc., es decir, elementos primarios para que un sujeto
pueda desenvolverse adecuadamente en la sociedad, bajo los principios de la legalidad existente y el goce efectivo de los derechos humanos. Por decirlo de alguna manera, en este lado
de la integración, el inmigrante debe alcanzar una serie de factores objetivos para satisfacer
necesidades básicas de sobrevivencia y de un estándar de vida digno. Este plano depende de las
interacciones con el ámbito del Gobierno o con organizaciones encargadas de dar solución a
los requerimientos y necesidades del colectivo inmigrante; supone un desafío para la sociedad
de recepción, la cual debe ajustar sus sistemas para dar acogida a las múltiples y diferenciadas
demandas, producto de las procedencias diversas de los inmigrantes y las diferencias en los sistemas funcionales de las sociedades de origen, lo cual incluye un fuerte componente territorial
que debe estar articulado y en contraste permanente para aumentar su eficacia.
El inmigrante buscará la manera de incluirse a estos sistemas en el momento en que los
necesite y la sociedad de recepción deberá facilitar esta inclusión . Estos sistemas, son en su
mayoría, ya conocidos por los sujetos inmigrantes, de una determinada manera desde los países
de origen, pero en cada sitio pueden tener características de inclusión/exclusión diferenciadas,
de esta manera la interacción con los sistemas, supone una previa comprensión entre los sujetos
que participan en los sistemas, así como una adaptación a los artefactos y procesos. Su inclusión en ellos supone un paso para la operatividad funcional dentro de la sociedad, y la incorporación del sujeto a un modelo cultural y productivo que respete sus derechos.
En este plano podemos hablar de individuo y sistema funcional, en una relación de “inclusión primaria” desde la perspectiva de Fernando Robles, en donde: “se puede acceder a los
sistemas funcionales, y si no a ellos, por lo menos a los que aseguran beneficios que otorgan
confianza y proyecto de futuro” (Robles, 1999, p. 323), la sociedad de acogida en el plano institucional, idealmente generará mecanismos para que la interacción con estos sistemas sea de
fácil acceso y comprensión, sobretodo en el caso de aquellos inmigrantes que cumplen con los
requisitos administrativos para permanecer en el territorio de forma regular.
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La exclusión de los sistemas o inclusión sólo en algunos de ellos, generará diferenciación
social y “exclusión primaria” (Robles), ya que los inmigrantes verán limitadas las posibilidades de acceso por ejemplo al trabajo formal; buscando otro tipo de redes para alcanzar niveles
de inclusión, como pueden ser las asociaciones de inmigrantes, ONGs, Fundaciones, redes de
amistad, etc., que les ayuden a encontrar los accesos para la sobrevivencia, en lo que Robles
denomina “redes de inclusión” que son las encargadas de un tipo de inclusión secundaria, lo que
significa: “acceder a redes interaccionales (intra y extrafamiliares) de influencia y de favores de
las que se obtenga provecho” (Robles, 1999, p. 323). Estas redes de beneficios también generarían exclusión (secundaria) al no poder acceder a ellas, así habrán inmigrantes que se podrán
vincular y recibir apoyo durante periodos de tiempo determinados, en ocasiones, quedando
completamente desamparados y desprovistos de asistencia e información útil sobre cómo obtener los recursos necesarios para vivir (alimentos, ropa, cobijo, medicamentos, etc.).
Sin llevar a cabo un análisis de la diferenciación funcional de los sistemas de la sociedad, en
donde las características de estos pueden variar, acorde al contexto o al periodo temporal que
se esté atravesando, con relación a los procesos históricos que lleguen a alterar sus operaciones
de inclusión/exclusión, podemos decir que la inclusión puede responder a estas variaciones,
inclusive en una independencia de las intenciones de inclusión que tengan los individuos, es decir, existiendo o no condiciones favorables para esta, mecanismos que en caso de ser inclusivos,
dependerán de la integración funcional de la sociedad, la cual según Beriain:
…alude al entrelazamiento funcional de consecuencias no intencionales de agregados
de acción que estabiliza plexos de acción operantes como estructuras transindividuales,
más allá de la voluntad y de la conciencia de los actores individuales, que hace posible la
coordinación de la acción de grandes grupos sociales (Beriain, 1996, p. 76).
En este sentido la disposición de los inmigrantes a incluirse, así como las condiciones que
los sistemas provean, en relación a las posibilidades de inclusión a los inmigrantes, llevan a que
se coordinen múltiples requerimientos con los recursos disponibles y las posibilidades para que
existan interacciones que faciliten el proceso.
Los inmigrantes, pueden ir de la inclusión a la exclusión, como una puerta giratoria, los sistemas pueden funcionar en base a la contingencia política y/o económica, según sea la disponiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 6 No. 11, Enero - Junio 2020, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México,
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bilidad de recursos, funcionarios, voluntarios, planes, programas y proyectos, etc., “la situación
prototípica de exclusión es un deambular entre los lapsos de inclusión seguidos de otros períodos de exclusión pero son las personas las que transitan, no el sistema social” (Robles, 1999, p.
321). De esta manera, dependerá de cómo los inmigrantes en muchos sentidos son “atendidos”
por los sistemas, en relación a los recursos o voluntad, pero también como estos reclaman sus
derechos por medio de acciones sociales y civiles.

3.-MÉTODO
Diseño
Este artículo está diseñado como un ensayo académico, el cual sería según Rodríguez (2007)
“un texto escrito en prosa en el cual se plantean una diversidad de temas a escogencia del autor
y a los cuales se les imprime el carácter subjetivo de las opiniones de quien lo escribe” (p. 157).
De esta manera en el ensayo se encuentra “la referencia implícita o explícita a una opinión o
postura personal del autor” (Angulo, 2013, p. 111), buscando expresar una idea nueva, la cual se
plantearía como una tesis “entendida como una opinión o juicio original que un autor adelanta
y sustenta con argumentos acerca de un tema o problema a fin de contribuir al conocimiento de
un campo especializado en el que existen posiciones distintas” (Angulo, 2013, p.112).
Instrumentos
Para el desarrollo del ensayo se realiza una articulación de elementos conceptuales de la sociología y la filosofía política, desde diversos autores (P. Bourdieu, A. Giddens, A. Schütz, M.
Walzer, Ch. Taylor, entre otros), para alcanzar una perspectiva inédita en torno al proceso de integración de los inmigrantes, mediante un proceso de orden reflexivo y argumentativo, “debido
a la naturaleza crítica, dialógica, persuasiva y analítica del ensayo” (Rodríguez, 2007, p.158).
Procedimientos
La estructura del ensayo se realizó siguiendo la perspectiva de Angulo (2013) una introducción
que nos presenta la aseveración o tesis en cuanto al abordaje novedoso de la integración de los
inmigrantes; durante el desarrollo se realiza el análisis del mismo por medio de ideas propias y
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citas de fuentes consultadas como apoyo de la tesis; en las conclusiones se dan sugerencias, se
cierran ideas y se proponen líneas de análisis.
Siguiendo a Rodríguez (2007) en el ensayo se plantea la integración como tema de actualidad, por medio de una visión novedosa; no resulta exhaustivo; más bien resulta breve; se apega
a referentes teóricos de las ciencias sociales que le dan verosimilitud y credibilidad; incluye un
aspecto subjetivo; carece de estructura rígida; y se genera una relación dialógica.
4.- CONCLUSIONES
Podemos concluir que la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida en un
primer nivel pasa por un complejo y necesario esquema comprensivo que busca aumentar el
entendimiento mutuo entre población local e inmigrantes, en el intercambio y convivencia en el
espacio social, en donde se verán afectados los habitus (Bourdieu), los imaginarios sociales y
los procesos identitarios, debido a la presencia de los inmigrantes y el aumento de la diferencia
y los signos distintivos (Bourdieu).
En este plano será importante la comunicación para mejorar los procesos de comprensión y
convivencia y no generar situaciones de conflicto, lo cual se puede impulsar desde diferentes
escenarios ciudadanos, ya sea en espacios de interacción pública, como las instituciones de Gobierno, colegios, iglesias, hospitales, comercios, así como en los barrios con acciones a través
de las organizaciones comunitarias. La confianza aparece como un aspecto fundamental para
facilitar estas relaciones sociales, para lo cual será importante reconocer el aporte que implica
el fenómeno migratorio en el aumento de la diversidad y riqueza cultural, así como los factores
que potencian la economía.
En este proceso toma relevancia la construcción del sentido común, siguiendo la idea de las
perspectivas recíprocas de A. Schütz, en clave de integración intercultural, tolerancia y reconocimiento del valor de los diferentes aspectos culturales (Taylor). Se produce integración social
la cual requerirá de una dimensión moral, en cuanto orientación recíproca de las acciones con
un trato igualitario y justo (Beriain) en los diferentes espacios de interacción de inmigrantes y
sociedad local, buscando desarrollar diálogos, acercamientos entre las personas, conocimiento
de las prácticas, así como denuncia y no aceptación de situaciones de explotación, abuso y discriminación a la población inmigrante.
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Por otro lado, la integración en el nivel de la adaptación a los artefactos y procesos, implica
la interacción en relación a conocimientos y experiencias tipificadas (Schütz), situaciones que
se presentan de forma pragmática en la vida cotidiana, tanto de los inmigrantes como de los habitantes de la sociedad de recepción, como campos de conocimiento sobre rutinas cotidianas, lo
cual está vinculado a los universos simbólicos que entran en intercambio (Berger y Luckmann)
y le otorgan legitimidad a la realidad, elementos que deben ser explicados y compartidos de
forma cotidiana y que requieren campañas de sensibilización, foros, cursos, seminarios, talleres
y reuniones para compartir, aprender y enseñar las formas antiguas y nuevas de hacer las cosas.
Así también se pueden presentar conflictos triviales que será necesario enfrentar, por el desconocimiento, en un proceso que sobretodo se baraja en el campo cultural, ya que será importante el reconocimiento de forma progresiva. Es importante el rol que juegan los expertos,
quienes tienen una responsabilidad en propiciar de mejor forma la integración, dada la información y la forma de manejo que estos pueden llevar a cabo, logrando impactar a la sociedad y
ofreciendo pautas de conocimiento y de intercambio amable y solidario. La integración social
requiere que los aspectos funcionales tengan acuerdos para que provean de respuestas a todos
los sectores de la sociedad, en relación a sus necesidades humanitarias y de la forma más igualitaria posible con la población local.
Finalmente el plano más abstracto de la integración, ya que depende de los niveles anteriores
es la inclusión en los sistemas funcionales de la sociedad, ya que de esto depende la subsistencia
y el logro de un estándar de vida digno del inmigrante en la sociedad de recepción. La exclusión
de estos llevaría a la inclusión secundaria en otros tipos de redes interaccionales que permitan
el sostenimiento y un tipo de integración precaria, por ejemplo por medio del empleo informal.
La integración funcional puede estar condicionada por las estructuras y por la voluntad política,
pero también por las demandas de los propios inmigrantes y la sociedad de acogida, quienes
tienen una alta responsabilidad de vigilancia frente al funcionamiento y el cumplimiento de lo
demandado y lo ofertado por los sistemas. La inclusión supone que un inmigrante alcance la
integración en la sociedad con un goce efectivo de derechos, así como también bajo el cumplimiento de obligaciones, en un proceso que sea sostenido, acompañado y con el objetivo de
generar mecanismos a largo plazo.
De esta manera en la comprensión de la integración pueden cruzarse los diferentes niveles de
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interacción. Cada contexto de inmigración supone características propias y relaciones sociales
diferenciadas, por lo tanto es posible rastrear distintas versiones y umbrales de integración que
necesitan ser analizados y observar si están contribuyendo con el bienestar de las personas.
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Politica Editorial
Misión.
•

Somos una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento
de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a
través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la
construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional
en el entorno local, nacional e internacional.

Visión.
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Ser para el 2024 una revista de referencia para el mundo académico por su periodicidad,
calidad científica, citación en bases de datos de impacto, aceptada en bases bibliográficas
con comité científico de selección (BBCS).

Objeto y alcance de la revista.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía es una revista científica de Ciencias Sociales,
Políticas y Relaciones Internacionales que impulsa el intercambio, la difusión y la transferencia del conocimiento en el campo, con énfasis en el área de Política; para ello, toma
como referente la realidad política de América Latina y el mundo. Se fundamenta en la
calidad de la producción científica, con base en la sistematicidad y el rigor, utiliza en su
proceso de revisión por pares la metodología doble ciego (Double Blind Review), publica artículos originales resultados de proyectos de investigación y revisiones bibliográficas bajo los lineamientos de las normas de publicaciones de la American Psychological
Association (APA) sexta edición.

•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de Ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés Committe on Publication Ethics), se
edita semestralmente enero-junio, julio-diciembre y circula desde el año 20015, bajo el
patrocinio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en formato electrónico en Open
Access. Divulga sus trabajos en los idiomas español e inglés y está dirigida a la comunidad científica en Política; en especial, a investigadores y docentes que se ocupen del
campo de la ciencia política y las relaciones internacionales.

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Líneas Temáticas.

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Cuerpos Académicos
Administración Pública
Comercio y Negocios Internacionales
Comunicación Política
Estudios Regionales Internacionales
Gestión y Política Educativa
Gestión Energética y sustentabilidad
Gobernanza Universitaria
Participación Ciudadana y DDHH

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•

Subáreas Scopus
Ciencias Políticas
Ciencias Políticas y Relacones
Internacionales
Sociología y Ciencias Políticas

Proceso de gestión editorial.
•

Postulación y recepción del artículo: Esta etapa inicia con el envío del artículo por parte
del autor a través de la plataforma del OJS (Open Journal Sistems). El autor debe enviar
el artículo en formato Word, junto con su hoja de vida. Una vez el artículo es postulado,
se hace de forma automática la recepción del artículo y el acuse de recibido.

Revisión Editorial previa:
•

Los editores en un periodo máximo de 72 horas a partir de la recepción evaluarán los
artículos postulados y determinarán si estos se encuentran dentro del alcance de la revista. En esta fase se hace una revisión de la calidad editorial y la contribución al conocimiento del artículo postulado. Se revisa su estructura (forma y contenido), verificando
que se cumpla con la norma de publicación de la American Psychological Association
(APA). Si el artículo postulado no cumple con los criterios editoriales establecidos se le
notificará al autor la decisión editorial, si por el contrario el articulo supera la etapa de
revisión previa pasa inmediatamente a revisión por pares.

Revisión por Pares:
•

Esta evaluación se realiza bajo la modalidad del método doble ciego, es decir, el artículo
será enviado en completo anonimato. En esta etapa se designan dos revisores expertos
en la temática, para que, con base en las políticas editoriales, y teniendo en cuenta un
formato de evaluación analicen el articulo asignado. Los revisores tendrán un periodo de

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tiempo de quince (15) días para realizar su respectiva revisión. Una vez los evaluadores
emiten su concepto se le comunica al autor principal. Si el articulo no fue aceptado por
los pares se le comunica de manera sutil al autor principal. Si el artículo fue aceptado
con algunas sugerencias, se le envía al autor la evaluación anónima para que realice los
respectivos ajustes.
•

Revisión Editorial (después de pares): El editor verificará detalladamente que los autores
hayan realizado las correcciones sugeridas por los pares.

•

Revisión de estilo: Una vez el editor haya verificado que las correcciones se han realizado, se procederá a enviar a corrección de estilo. En esta etapa, el corrector se encargará
aspectos de redacción y estilo del texto.

•

Traducción: Después de la corrección de estilo, el artículo se envía a un experto en segundo idioma para que haga la respectiva traducción del resumen y las palabras clave.

•

Diagramación (Edición): Esta etapa busca garantizar la apariencia estética del artículo
adecuando los espacios, la tipografía y los colores.

•

Revisión final del editor: El editor otorga la aprobación definitiva.

•

Publicación: Los artículos se encuentran en la etapa final del proceso, listos para ser
publicados.

•

Tipo de artículos aceptados. Los autores pueden postular a Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía tres tipos de artículos: Originales resultados de proyectos de investigación
científica y tecnológica, revisiones bibliográficas y reseñas.

•

Artículos de investigación científica y tecnológica: Documentos que presentan de manera, detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminada. La estructura contiene título, resumen, abstract, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Debe presentar 30 referencias, preferiblemente, citando a otros
artículos de revistas científicas, los cuales deben estar citados al interior del documento.
Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación.

•

Artículos de Revisión: Documentos resultantes de una investigación donde se analizan,
sistematizan e integran los hallazgos de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las ten-

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dencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.
•

Reseñas: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema particular.

Funciones del Comité Editorial y Científico.
•

Para su operación, la revista cuenta con un comité editorial y un comité científico conformado por investigadores nacionales e internacionales. El papel de estos comités es
trazar la política y la estrategia de la revista con el fin de lograr un posicionamiento significativo en la comunidad científica de las Ciencias Políticas y velar por la calidad de
los trabajos en ella publicados.

Comité Editorial.
•

Es el órgano compuesto por docente-investigadores reconocidos en el área de ciencias
políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional en México y amplia
trayectoria investigativa. Su función en primera instancia consiste en asesorar al editor-jefe y coeditor en la gestión editorial de la revista, además de evaluar el desempeño
de ésta y formular recomendaciones para mejorarla.

Sus funciones están enfocadas a:
•

Diseñar la política editorial en conjunto con el editor-jefe

•

Velar por el cumplimiento de todos los procesos editoriales para garantizar el rigor y el
valor científico de los artículos publicados

•

Asesorar en la planificación estratégica de la revista

•

Apoyar en la asignación de árbitros

•

Verificar y aprobar los números publicados en las ediciones de la revista

•

Aprobar las líneas temáticas

•

Realizar convocatorias para la postulación de artículos

•

Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión

•

Proponer temáticas de números especiales

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•

Sugerir bases de datos para la indexación de la revista.

Comité Científico.
•

Es el cuerpo de investigadores reconocidos en el campo de las ciencias políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional extranjera que tiene la función de
garantizar la credibilidad de la revista. Además, es el encargado de evaluar permanentemente la calidad científica del contenido publicado y asesorar al comité editorial en
cuanto a la actualización de los lineamientos y políticas editoriales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las publicaciones. Son funciones de este comité:

•

Participar junto con el comité editorial en la formulación de la política editorial

•

Asesorar al comité editorial en el establecimiento de los criterios de calidad

•

Invitar a miembros reconocidos de instituciones internacionales a que publiquen sus
artículos en la revista

•

Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión.

Política de acceso abierto
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía proporciona acceso abierto inmediato a su
contenido, sobre el principio de que la investigación libremente disponible para el público apoya un mayor intercambio global de conocimientos. La revista está autorizada en
el marco de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0
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utilizar comercialmente. Se deja en claro, que los autores no asumen ningún costo por
el proceso editorial de sus artículos ni su publicación. Todos los costos editoriales son
asumidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León como institución editora.

Copyright.
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El copyright de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía pertenece a la Coordinación
de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de
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Relaciones Internacionales, Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, Monterrey,
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•

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•

Las decisiones de los revisores deben estar fundamentadas en el rigor y la calidad científica.

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ISSN 2395-8448. 1-265. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/14

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•

Sus comentarios deben estar argumentados mostrando siempre respeto por el trabajo del
autor.

•

Deberán informar al editor en caso de detectar similitud entre el trabajo que revisa y alguna obra publicada, o si tiene conocimiento de una obra similar en proceso de revisión.

•

Los revisores no tendrán acceso a los datos de los autores del artículo que evalúan y
tampoco podrán exigir información acerca de ellos.

•

Deberán enviar las evaluaciones en el tiempo estipulado por la revista.

Privacidad y Confidencialidad.
•

La identificación de información de organizaciones y empresas no deberá ser publicada
en el artículo sin previo consentimiento de manera escrita para la publicación.

•

El editor no expondrá la información de los artículos, el estatus de revisión por árbitros
y la aceptación o negación de la publicación.

•

Los árbitros deberán respetar los derechos de propiedad privada de los autores, por ende,
no podrán en ningún caso discutir su trabajo de manera pública o apropiarse de las ideas
de los autores. Prohibiéndose compartir información con otro árbitro.

•

La evaluación del árbitro permanecerá en anónimo y no deberán ser expuestos en forma
pública sin permiso del autor y el editor.

Política Anti-Plagio.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía se rige por la normativa de la Organización
mundial de propiedad intelectual, la cual rige para México a través de la Ley Federal
del Derecho de Autor. Por esta razón todos los artículos presentados a la revista serán
sometidos a verificación con software anti-plagio.

Política de preservación de archivos digitales.
•

La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía utiliza para la conservación de sus archivos
digitales el sistema LOCKSS para crear una herramienta de archivo distribuido entre
bibliotecas colaboradoras, a las que permite crear archivos permanentes de la revista con
fines de conservación y restauración.

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Publicación duplicada.
•

La publicación del artículo que coincide en su contenido y estructura con otro trabajo
previamente publicado en medio magnético o en papel, sin otorgarle crédito a la fuente
inicial, constituye una violación ética de las normas de publicación de la Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía. Bajo las siguientes situaciones:

•

Reproducción completa de un artículo previamente publicado, unión de dos artículos o
más para producir otro artículo, utilización de la muestra de un artículo original reportando diferentes resultados, adición de nuevos datos a un artículo preliminar, utilización de
parte de las muestras de un estudio con los mismos resultados y muestras y resultados
diferentes del artículo original.

Solicitud de aclaración.
•

Si un autor considera que se ha tomado una decisión inapropiada sobre su publicación,
entonces puede solicitar una aclaración mediante una comunicación formal enviada al
Editor a través de correo electrónico revista.politicas@uanl.mx.

•

Dependiendo de la complejidad de la situación, esta podrá ser resuelta directamente por
el Editor en su defecto el Comité Editorial quienes analizaran la situación planteada a fin
de dar una respuesta oportuna.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Campus Mederos Ave. Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, C.P. 64930. Monterrey, México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
Tel: (52)- 8183294000
Monterrey - México
Contactos:
revista.politicas@uanl.mx

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Publishing Policy
Mission.
•

We are a quality scientific journal which seeks the socialization of knowledge of the
Political Science and International Relations academic community through reflection
and critical debate of its published articles, contributing to the construction of knowledge that will help the academic and organizational development, locally, nationally and
internationally.

Vision.
•

To be, by 2024, a reference journal for the academic world due to its periodicity, scientific quality, reference in impact databases, accepted in bibliographic bases with a scientific selection committee (BBCS).

Object and Scope of the Journal.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is a scientific journal on Political Science and
International Relations (Social Sciences) that promotes the exchange, dissemination and
transfer of knowledge in the field, with emphasis on the area of Politics; for this purpose,
it is based on the political reality of Latin America and the rest of world. It relies on the
quality of scientific production considering systematics and rigor; it uses the Double
Blind Review methodology in its peer review process; it publishes original articles, results of research projects and literature reviews under the guidelines of the publishing
standards of the American Psychological Association (APA), sixth edition.

•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics; it is edited semi-annually, January-June and July-December,
and it is distributed since 2015 under the support of the Universidad Autonoma de Nuevo
León , in electronic format in Open Access. It spreads its work in Spanish and English
and it is addressed to the scientific community in Politics, mainly to researchers and
teachers who deal with the field of Political Science and international Relations.

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Líneas Temáticas.
Cuerpos Académicos
Subáreas Scopus
• Public administration
• Political Science
• International Trade and Business
• Political Science and Interna• Political Communication
tional Relations
• International Regional Studies
• Sociology and Political Science
• Educational Management and Politics
• Energy Management and Sustainability
• University Governance
• Citizen Participation and Human
Rights
Editorial Management Process.
•

Application and Reception of an Article: This stage begins with the submission of the
article by the author through the Open Journal Systems (OJS) platform. The author must
send the article in Word format, along with his curriculum vitae. Once the article is applied, the reception of the article and the acknowledgment of receipt are automatically
made.

Prior Editorial Review:
•

Editors will evaluate the applied articles and determine if they are within the scope of the
journal in a maximum of 72 hours from receipt. In this phase, a review of the editorial
quality and the contribution to the knowledge of the applied article is made. Its structure
(form and content) is reviewed, verifying that the publishing standard of the American Psychological Association (APA) is complied with. If the applied article does not
comply with the established editorial criteria, the author will be notified of the editorial
decision; if, on the contrary, the article exceeds the prior review stage, it is immediately
reviewed by peers.

Peer Review:
•

This evaluation is done under the modality of double-blind method, that is, the article

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will be sent in complete anonymity. In this stage, two reviewers’ experts in the subject,
based on the editorial policies, and taking into account an evaluation format, analyze
the assigned article. The reviewers will have a period of fifteen (15) days to carry out
their corresponding review. Once the evaluators issue their concept, the main author is
informed. If the article is not accepted by the peers, the main author is communicated
subtly. If the article is accepted with some suggestions, the anonymous evaluation is sent
to the author to make the corresponding adjustments.
•

Editorial Review (after pairs): The editor will verify thoroughly that the authors have
made the corrections suggested by the peer.

•

Style Review: Once the editor has verified that the corrections have been made, the article will be sent to style correction. In this stage, the proofreader will be responsible for
checking aspects of writing composition and text style.

•

Translation: After the style correction, the article is sent to an expert in the second language in order to translate the abstract and the keywords.

•

Layout (Edition): This stage seeks to guarantee the aesthetic appearance of the article
adapting spaces, typography and colors.

•

Final Editor Review: The publisher grants final approval.

•

Publication: The articles are in the final stage of the process and they are ready to be
published.

Type of Accepted Articles.
The authors can apply three types of articles to Revista Política, Globalidad y Ciudadanía:
Original containing results of scientific and technological research projects, literature reviews
and reviews.
•

Scientific and Technological Research Articles: Documents that include thorough original results of completed research projects. The structure contains title, summary, abstract, introduction, method, results, discussion, conclusions and references. It must submit 30 references preferably quoting other articles from scientific journals, which must
be mentioned within the document. A scientific article is a written and published report
that describes original research results.

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•

Review Articles: Resulting documents from research that analyze, systematize and integrate the findings of published or unpublished research on a field in science and technology in order to justify for progress and developmental trends. It features a careful
literature review of at least 50 references.

•

Reviews: Resulting document from the critical review of literature on a particular topic.

Fnctions of the Publishing and Scientific Committee.
•

For its operation, the journal has a publishing committee and a scientific one made up of
national and international researchers. The role of these committees is to draw the policy
and strategy of the journal in order to achieve a significant position in the scientific community of Political Science and to ensure the quality of the work it publishes.

Publishing Committee.
•

It is the body made up of renowned teachers-researchers in the area of Political Science
and International Relations, with institutional affiliation in Mexico and extensive research experience. Its function in the first instance consists of advising the editor-in-chief
and co-editor in the editorial management of the journal, as well as evaluating its performance and formulating recommendations to improve it. Its functions are focused on:
•

Suggesting databases for indexing the journal

•

Designing the editorial policy working with the editor-in-chief

•

Ensuring compliance with all editorial processes to guarantee the scientific rig-

		

or and value of published articles
•

Advising on the strategic planning of the journal

•

Supporting the allocation of arbitrators

•

Verifying and approving the issues published in the editions of the journal

•

Approving the main topics

•

Making calls for the submission of articles

•

Promoting the journal in events, conferences and diffusion spaces

•

Proposing topics for special issues

•

Suggesting databases for indexing the journal.

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Scientific Committee.
•

It is the group of renowned researchers in the field of Political Science and International
Relations , with foreign institutional affiliation that has the function of guaranteeing the
credibility of the journal. In addition, it is in charge of permanently evaluating the scientific quality of the published content and advising the editorial committee regarding
the updating of guidelines and editorial policies in order to contribute to the continuous
improvement of publications. The functions of this committee are:
•
		

To participate along with the publishing committee in the formulation of editorial policy,

•

To advise the editorial committee in the establishment of quality criteria,

•

To invite renowned members of international institutions to publish their arti

		

cles in the journal, and
•

To promote journal in events, conferences and dissemination spaces.

Open Access Policy.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía provides immediate open access to its content, on the principle that research freely available supports a greater global exchange
of knowledge. The journal is authorized under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 - Mexico License, which allows third parties to download the works and share them with others, provided their authorship is acknowledged,
but they cannot be changed, nor can they be used commercially. It is clear that authors
do not assume any cost for the editorial process of their articles or their publication. All
editorial costs are assumed by the Universidad Autonoma de Nuevo Leon as a publishing
institution.

Copyright.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía copyright belongs to the Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad
Autonoma de Nuevo Leon.
For reproduction of the material published in this journal, authorization must be requested
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to the Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad Autonoma de Nuevo Leon.
Address: Universidad Autonoma de Nuevo Leon, School of Political Science and International Relations, Praga &amp; Trieste, Col. Residencial las Torres, Monterrey, Nuevo León,
Mexico. CP 64930. http://www.facpoliticas.uanl.mx/.
E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@
uanl.mx
Once an article has been accepted for publication, the author (s) transfers the copyright to
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía.
Frequency of Publication.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is published semi-annually, January to June
and July to December.

Declaration of Conflict of Interest
•

The authors will not evidence conflicts arising from any type of commercial or other
institutional association, in relation to what it is disclosed in the article. That is, giving
negative concepts or judging in a very positive way what it is published due to personal
interests, academic competences, or intellectual passion.

•

Authors who submitt research articles, review articles, and reviews to Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, must guarantee that their procedures and methodologies conform to the ethical publishing codes whose guarantee will be included in the format acceptance or commitment of assignment of patrimonial rights of author and declaration of
conflict of interest, which will be requested jointly with the sending of the article for its
preliminary revision, making the authors fully responsible for unethical, discriminatory,
offensive, aggressive practices, among others; in those that may have incurred within the
research from which the article derives.

•

In the same way, the author is obliged to report any conflict of interest that his work may
have, if this is the case. The person who sends the manuscript for publication will be
identified as the guarantor of the work as a whole and communication will be established

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with him/her during the editing process.
Research Ethics Standards:
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics (COPE), which is responsible for the ethics and moral of
scientific publications. The journal considers the international standards for editors and
authors as reference and it incorporates them into its editorial management process, establishing an ethical guide for the editor, the authors and the reviewers.

Publishing Team
•

The editorial team must perform its editorial functions based on good scientific publishing practices, promoting transparency, originality, integrity and quality of all publications.

•

It must adopt measures for the detection of plagiarism, self-plagiarism, fraud by falsification or data manipulation of data, redundant or duplicate publication.

Editor
•

The editor is fully responsible for what it is published in the journal; he/she should base
his/her decisions on the validity of the work and the importance it has for readers; therefore, he/she is free to express his/her opinions, derived from the review of the articles,
critically but responsibly and respectfully.

•

Decisions to accept or reject an article for publication must be objective and based only
on the importance, originality and clarity of the object of study.

•

He/she must maintain a cordial and respectful communication with the members of the
editorial team, scientific and editorial committees, authors and reviewers.

•

He/she must encourage responsible behavior and discourage bad editorial practices.

•

He/she must act as guarantor of the confidentiality of the information contained in the
manuscripts received and in the evaluation comments.

•

He/she must provide updated information on the authorship criteria following the international ethical standards of publication.

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•

He/she must take corrective action in case of plagiarism or other misconduct.

•

He/she must inform the authors if the article will be admitted to the peer evaluation process.

•

He/she can remove out published articles in case of a proven practice.

Authors
•

Authors must be commited to the ethical and responsible development of their research.

•

Their research work must be produced by themselves, unpublished and original. They
should not be plagarised self-plagarised.

•

They must provide their personal information correctly.

•

The articles must be coherent with the content of the work, that is, the identified research
problem must correspond to the objectives, the methodology, the results and the conclusions of the article.

•

They must send in a transparent and original way all the documentation required by the
publishing team

•

They must provide permits if resources of other authors’ resources were used (images,
etc.).

•

They must confirm that the proposal of the manuscript has not been sent to another journal.

•

They agree on declaring any possible conflict of interest.

Reiewers:
•

The reviewers must adopt an integral position when evaluating the articles; the review
must be objective considering the content of the work.

•

The reviewers’ decisions must be based on accuracy and scientific quality.

•

Their comments should always be stated respectfully regarding the author’s work.

•

They should inform the editor if they detect similarity between the work they are reviewing and any other published article, or if they are aware of a similar work under review.

•

The reviewers will not have access to the author’s personal information, nor will they be
able to ask for information about him/her.

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•

They must send the evaluations in time and according to the journal’s requirements.

Privacy and confidentiality:
•

Information about organizations and companies should not be published in the article
without prior written consent for the publication.

•

The editor will not expose the articles’ information, the status of review by arbitrators
and the publication’s acceptance or refusal.

•

The arbitrators must respect the authors’ private property rights; therefore, they cannot,
in any case, discuss their work publicly or appropriate their ideas. It is forbidden to share
information with another arbitrator.

•

The arbitrator’s evaluation will remain anonymous and should not be publicly exposed
without the author’s and editor’s permission.

Privacy and confidentiality:
•

Anti-Plagiarism Policy

•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is governed by the rules of the Intellectual
Property World Organization, which governs Mexico through the Federal Law of Copyright. For this reason, all articles submitted to the journal will be subject to verified using
anti-plagiarism software.

Privacy and confidentiality:
•

Policy for the Preservation of Digital Files

•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía uses the LOCKSS system for preserving its
digital files to create a tool of distributed file among collaborating libraries, which allows
them to create permanent files of the journal for conservation and restoration purposes.

Duplicate Publication:
•

The article’s publication that coincides in content and structure with another previously published work in magnetic media or on paper, without granting credit to the initial
source, constitutes an ethical violation to the publication standards Revista Política, Glo-

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balidad y Ciudadanía. Under the following situations:
•

Complete reproduction of a previously published article, joining two or more articles to
produce another one, use of the sample of an original article reporting different results, as
of new data to a preliminary article, use of part of the samples of a study with the same
results and different samples and results of the original article.

Clarification Request:
•

If an author considers that an inappropriate decision has been made about his/her article,
he/she can submit a clarification request by means of a formal communication sent to the
Editor through email revista.politicas@uanl.mx

•

Depending on how complex of the situation might be, this can be resolved directly by
the Editor or the Editorial Committee who will analyze the situation in order to give a
timely response.
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Tel: (52) - 8183294000
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Contact:
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                  <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>Política, globalidad y ciudadanía, 2020, Vol 6, No 11, Enero-Junio</text>
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                <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>Garza Montemayor, Daniel, de la, Editor Responsable</text>
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            <name>Access Rights</name>
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                <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.</text>
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        <name>Portugal</name>
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REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
RELACIONES INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
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Revista Política, globalidad y ciudadanía se encuentra bajo una licencia Creative Commons
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a la literatura científica y es signataria de la Declaración DORA an Francisco, Declaration on
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y se encuentra incluida en:

El editor y los autores son responsables de los artículos aquí publicados.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o los
autores
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-137,
ISSN 2395-8448

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RECTOR
M.E.C. Rogelio G. Garza Rivera

SECRETARIO GENERAL
Dr. Santos Guzmán López

SECRETARIO ACADÉMICO
Dra. Emilia Edith Vasquez Farías

SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y CULTURA
Dr. Celso José Garza Acuña

SECRETERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
Dr. Juan Alcocer González

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Dr. Antonio Ramos Revillas

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COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL
Manuel Vidaurri Arechiga José Antonio Peña-Ramos
Universidad de la Salle - México Universidad de Granada - España
Carlos Pilia Manuel Torres
Universidad de Cagliari - Italia Universidad Internacional de Andalucía España
Úrsula Freundt-Thurne Roberto Dominguez
Universidad Peruana de Ciencias Aplica- Suffolk University - USA
das - Perú
Francisco Ganga Contreras Jorge Schiavon Uriegas
Universidad de los Lagos - Chile Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) - México
Felipe Aliaga Saez Rafael Velázquez Flores
Universidad Santo Tomás - Colombia Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) - México
Victor S. Peña Benjamin Temkín Yedwab
Colegio de Sonora - México Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
- México

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COMITÉ CONSULTIVO
Dr. Francisco Gorjón Gómez Mtra. Patricia Sepúlveda
Presidente Vicepresidente
Dr. Osvaldo Leyva Cordero Teodoro Berdugo
Secretario Universidad de Cuenca
Adriano Moura Carles Ramírez
Universidad Estacio OMT
Raul Carnavalli Amaro la Rosa
Universidad de Talca Universidad César Vallejo
Robert Mckenna Lidia Aguilar Balderas Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
David Shirk Violeta Isabel Montero Barriga
Universidad de San Diego Universidad de Concepción
Nicolás Gissi Barbieri Edgar Alán Arroyo Cisneros
Universidad de Chile Universidad Juárez del Estado de Durango
Fátima Recuero López José Salvador Zepeda López
Universidad Pablo de Olavide Universidad Autónoma de Nayarit
Sergio Díaz Rendón Lola Herrero
Universidad Autónoma de Coahuila OMT

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EQUIPO EDITORIAL
Director
Dr. Abraham Hernández Paz
Factultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones
Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía
Editores
Dr. Daniel de la Garza / Editor Jefe
Dr. Oswaldo Leyva Cordero
Dr. Carlos Miranda Medina
MSc. Jorge Lechuga Cardozo

Asistentes Editoriales:
Lic. Cristian Rivas Castillo
Lic. Mónica Talavera

Aministradora Open Journal Sistem
Ing. Gabriela Baltodano García

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Los derechos de copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Se autoriza la
reproducción siempre y cuando se utilice las citas y referencias de cada autor.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
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Edificio de postgrado de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
segundo piso, Oficina No. 1
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Tel: (52) - 8183294000 Ext 2280
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revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@uanl.mx; revista.politicas@uanl.mx
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�Presentación
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral en los campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y
la promoción del desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes
con responsabilidad ética, compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y latinoamericana. La revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, revista
científica de esta institución, se articula a todas las instancias de este proyecto.
Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en
el sistema Open Access, desde enero de 2015. Busca convertirse en un medio insoslayable para
la publicación de artículos científicos, inéditos, y producto de una investigación en español e
inglés, de autores nacionales e internacionales los cuales ceden todos los derechos de publicación al editor, sometiéndose los artículos a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble
ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del desarrollo científico, el aprendizaje y el
desarrollo desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
de la Autónoma de Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio
para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y
social, en el entorno local, nacional e internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación
superior, funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento.
A través de esta revista científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el
desarrollo de la ciencia política, incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo
de colaboradores está comprometido con el fortalecimiento de los criterios de calidad científica,
editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.

Revista Política, Ciudadanía y Globalidad

�Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote
integral education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it
fosters cultural and ideological development of society. This institution is in charge of forming
responsible and ethical leaders who must have historical commitment and who must have the
purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific journal of this institution, links directly to
all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in
Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of
publishing scientific articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English,
by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process, Double Blind Review, before they are selected to
be published in order to achieve the goal of promoting scientific development and learning in
Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of the School of Political
Science and International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection
and critical debate in order to construct knowledge that will end up enriching academic,
organizational and social development in local, national and international contexts. Política,
Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers, students, public officials, businessmen,
trade associations and the entire knowledge society. Intellectual production and research done
for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor crew is committed
to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the new
Redalyc Model guidelines.

Revista Política, Ciudadanía y Globalidad

�10
Tabla de Contenido
Editorial---------------------------------------------------------------------------------------------------11
Los canales de comunicación de la investigación en ciencias políticas y relaciones
internacionales
Communication channels of research in political science and international relations
Carlos Miranda-Medina
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Modelización de la atractividad territorial en las metrópolis----------------------------------17
Modeling territorial attractiveness in the metropolis
Elizabeth Guadalupe, Carrillo-Nuño
Universidad Tecnológica de Guadalajara, México
Ray Freddy, Lara-Pacheco
Universidad de Guadalajara,México
Betsy Astrid, Vidales-Astello
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
Flujos migratorios en el sur de Chiapas: una narrativa local del impacto de las caravanas
migrantes y los grupos africanos -------------------------------------------------------------------43
Migratory flows in southern Chiapas: a local narrative of the impact of migrant caravans and
African groups
Cándido, Chan-Pech
Universidad Autónoma de Chiapas, México
Responsabilidad Social Empresarial a las Responsabilidades en Derechos Humanos ---63
Corporate Social Responsibility to Human Rights Responsibilities
Luis Alejandro, Rodríguez-Cruz
Verónica, Cuevas Pérez
Víctor Néstor, Aguirre Sotelo
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 1-161. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/12

�11
La simplificación en el procedimiento de servicio social-----------------------------------------80
Simplification in the social service procedure
Citlalli, Hernández-Ortega
Claudia Iveth, González-Lozano
Brenda, Montemayor-Fuentes
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
El asilo diplomático y el principio de no devolución ---------------------------------------------97
Diplomatic asylum and the principle of non-repayment
Leonel, Caraballo-Maqueira
Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, Cuba
Neoliberalismo petrolero en la política económica exterior de México --------------------110
Oil Neoliberalism in Mexico’s Foreign Economic Policy
Einer David, Tah-Ayala
Universidad del Mar, México
Mediación comunitaria al cumplimiento del acceso a la justicia como objetivo de desarrollo
sostenible -----------------------------------------------------------------------------------------------134
Community mediation for compliance with access to justice as a sustainable development
objective
Lisbeth Carolina, Velásquez-Cruz
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua
Politica Editorial

----------------------------------------------------------------------------------146

Publishing Policy

----------------------------------------------------------------------------------154

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 1-161. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/12

�12
Editorial
Los canales de comunicación de la investigación en ciencias políticas y relaciones
internacionales1
Carlos, Miranda-Medina2
Co-Editor - Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, México
https://orcid.org/0000-0003-4582-5578
Como referenciar la editorial:
Miranda-Medina, C. (2019). Los canales de comunicación de la investigación en ciencias
políticas y relaciones internacionales. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 12-16.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/115
______________________________________________________________________
En este editorial se presentan los canales de comunicación con las que cuentan los investigadores de ciencias políticas y relaciones internacionales en las bases de datos Scopus y redalyc.
Esto se hace abordado desde la teoría del análisis del dominio científico el cual consiste en el
estudio de los campos de conocimiento (dominios de conocimiento) en conexión directa con
comunidades de pensamiento o comunidades discursivas, basadas en la división social del trabajo en la sociedad (Hjorland &amp; Albrechtsen, 1995).
El dominio científico tiene como características principales la unidad de discurso, los canales
de comunicación y el uso de la literatura de manera común por los miembros de la comunidad.
En este caso se analizarán las revistas que son parte de los canales de comunicación por donde
los investigadores transmiten y reciben los adelantos investigativos en las Ciencias políticas
y Relaciones Internacionales. Para esto se identificará la cantidad de revistas incluidas en las
bases de datos que están vinculadas al área temática.
En cuanto a Scopus se decidió utilizar la información que registra Scimago Rank, el cual utiliza la información de Elsevier como insumo, por otro lado se identificaron las revistas incluidas en redalyc. En Scimago se encontró que la incluye en el área de las ciencias sociales y en
la categoría temática de ciencias políticas y relaciones internacionales, estas están integradas
por 463 revistas a nivel mundial, de las cuales 405 son de acceso restringidos y 58 open Access,
geográficamente se identifica que en Latinoamérica existen 16 revistas del tema en cuestión,
aportando 14 en open Access.
Redalyc es una base de datos con sesgo regional a Iberoamérica, las categorías se encuentran separadas en las disciplinas de política y la de relaciones internacionales. En políticas se
encuentran incluidas 34 revistas, se identifica que los países que más revistas aportan son México, Colombia, España y Brasil. En relaciones internacionales se encuentran 12 revistas, México
1
Escrito derivado del proyecto de investigación doctoral la mediación como constructo científico, auspiciado por el CONACYT y la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
2
Doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, de Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Correo: publinves@
gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-16. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/115

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y Colombia aportan más del 50% de las mismas.
Esto permite identificar que los investigadores en ciencias políticas y relaciones internacionales cuentan con una cantidad que se acerca al 0,02% de revistas del área temática del universo de 24.702 revistas que integran el ranking de Scimago a nivel global. A nivel Iberoamericano, la cantidad de revistas incluidas en las disciplinas de políticas y relaciones internacionales
alcanzan el 0,03% del universo de 1,314 que se encuentran incluidas en redalyc.
La cantidad de revistas es menor teniendo en cuenta que las ciencias políticas y las relaciones internacionales hacen presencia desde hace mucho tiempo en los diferentes países donde
se desarrollan investigaciones sobre la tematica. Así mismo es una ciencia de conexión interdisciplinaria en las áreas de ciencias exactas, ciencias sociales (Islas, Vera, &amp; Miranda-Medina,
2018), humanidades y las ingenierías (Núñez, Sánchez, Sotelo, Miranda-Medina, &amp; Osorio,
2017; Miranda-Medina, 2018), por esta razón la cantidad investigadores que desarrollan estudios sobre el tema en cuestión es alto, lo que lleva demandar mayor cantidad de espacios de
divulgación para los hallazgos. Aun así es importante resaltar que la tendencia de las publicaciones en ciencias sociales se encuentra concentradas en las publicaciones de libros, capítulos
de libros, actas de congresos entre otros.
Es teniendo en cuenta lo anterior surge la necesidad de fortalecer y cualificar revistas que
abordan las temáticas de ciencias políticas y relaciones internacionales en Latinoamérica y a
nivel global, que promuevan la divulgación de adelantos investigativo con perspectivas desde
lo glocal (Brenner, 1998). Tomando como referencia esta necesidad, la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, ha decidido mejorar la calidad editorial, científica, de
estabilidad, accesibilidad y visibilidad de la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, aportando así un espacio de comunicación por donde transita el discurso científico en la temática.
Política, Globalidad y Ciudadanía, se presenta como una revista científica que su principal
objetivo es de difundir artículos resultados de investigación, que contribuyan a robustecer el
espectro del conocimiento científico en las ciencias políticas y las relaciones internacionales.
Par esto se reestructuró el proceso editorial de la revista, todos los documentos son sometidos
a procesos de arbitraje bajo la modalidad de doble par ciego, se incluyeron los criterios editoriales de publicaciones internacionales, se ajustó su política ética y se mejoraron las prácticas
editoriales, propendiendo que la revista sea evaluada e indexada en las diferentes bases de datos
que generan impacto a nivel global.
REFERENCIAS
Brenner, N. (1998). Global cities, glocal states: global city formation and state territorial
restructuring in contemporary Europe. Review of International Political Economy, 5, 1-37.
Hjorland, B., &amp; Albrechtsen, H. (1995). Toward a New Horizon in Information-Science
Domain-Analysis. Journal of the American Society for Information Science, 46(6), 400425.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-16. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/115

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Islas, Vera, &amp; Miranda-Medina, C. (2018). La cultura de paz en las políticas de Educación
Superior de México, Colombia y El Salvador. Educación y Humanismo, 20(34), 312-325.
Miranda-Medina, C. (2018). Francisco Gorjón: Mediación, Su valor intangible y efectos
operativos. Una visión integradora de los métodos alternos de solución de conflictos.
Comunitania., 15, 277-280.
Editorial
Communication channels of research in political science and international relations
Carlos, Miranda-Medina
Co-Editor - Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, México
https://orcid.org/0000-0003-4582-5578
How to reference the editorial:
Miranda-Medina, C. (2019). Communication channels of research in political science and
international relations. Revista Política, Globalidad y Ciudadania, 12-16. Recuperado de
http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/115
______________________________________________________________________
This editorial presents the communication channels that political science and international
relations researchers have in the Scopus and Redalyc databases. This has been addressed from
the theory of the analysis of the scientific domain, which consists in the study of the fields of
knowledge (domains of knowledge) in direct connection with thought communities or discursive communities, based on the social division of work in society ( Hjorland &amp; Albrechtsen,
1995).
The scientific domain has as main characteristics the speech unit, the communication channels and the use of literature in a common way by the members of the community. In this case,
the journals that are part of the communication channels through which researchers transmit
and receive research advances in Political Science and International Relations will be analyzed.
For this, the number of journals included in the databases that are linked to the subject area will
be identified.
Related to Scopus, it was decided to use the information registered by Scimago Rank, which
uses Elsevier’s information as input; on the other hand, the journals included in Redalyc were
identified. In Scimago it was found that it is included in the area of social sciences and in the
thematic category of political sciences and international relations. These are integrated by 463
journals worldwide, of which 405 are restricted and 58 have open Access; geographically, it is
identified that in Latin America there are 16 journals of the subject matter, contributing 14 in
open Access.
Redalyc is a database with regional bias for Latin America, the categories are separated in
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México, ISSN 2395-8448. 12-16. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/115

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the disciplines of politics and international relations. In politics 34 journals are included. It is
identified that the countries that contribute with the most journals are Mexico, Colombia, Spain
and Brazil. In international relations are 12 magazines, Mexico and Colombia contribute with
more than 50% of them.
This makes it possible to identify that researchers in political science and international relations have an amount that is close to 0.02% of journals in the thematic area of the universe
of 24,702 journals that integrate the Scimago ranking globally. At a Latino-American level,
the number of journals included in the disciplines of politics and international relations reach
0.03% of the universe of 1,314 included in Redalyc.
The number of journals is smaller considering that political sciences and international relations have been present for a long time in the different countries where thematic researches
are carried out. It is also an interdisciplinary connection science in the areas of exact sciences,
social sciences (Islas, Vera, &amp; Miranda-Medina, 2018), humanities and engineering (Núñez,
Sánchez, Sotelo, Miranda-Medina, &amp; Osorio, 2017; Miranda-Medina, 2018). For this reason,
the number of researchers who develop studies on the subject matter is high, which leads to
demand more spaces in order to share the findings. Even so, it is important to highlight that the
trend of social science publications is concentrated in book publications, book chapters, proceedings of conference, among others.
Taking into consideration the above presented, it can be seen that there is a need to strengthen and qualify journals that address the topics of political science and international relations
in Latin America and globally, that promote the dissemination of research advances with perspectives from the glocal level (Brenner, 1998). Taking this need as a reference, the School of
Political Science and International Relations, has decided to improve the editorial, scientific,
stability, accessibility and visibility quality of Revista Política, Globalidad y Ciudadanía journal, thus providing a communication space where the scientist discourse is presented on the
subject.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is presented as a scientific journal whose main
objective is to disseminate research results articles, which contribute to strengthening the spectrum of scientific knowledge in political science and international relations. For this, the editorial process of the journal was restructured, all documents are submitted to arbitration processes
under the double blind peer modality, the editorial criteria of international publications were
included, its ethical policy was adjusted and editorial practices were improved, suggesting that
the journal will be evaluated and indexed in the different databases that generate global impact.
REFERENCIAS
Brenner, N. (1998). Global cities, glocal states: global city formation and state territorial
restructuring in contemporary Europe. Review of International Political Economy, 5, 1-37.

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México, ISSN 2395-8448. 12-16. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/115

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Hjorland, B., &amp; Albrechtsen, H. (1995). Toward a New Horizon in Information-Science
Domain-Analysis. Journal of the American Society for Information Science, 46(6), 400425.
Islas, Vera, &amp; Miranda-Medina, C. (2018). La cultura de paz en las políticas de Educación
Superior de México, Colombia y El Salvador. Educación y Humanismo, 20(34), 312-325.
Miranda-Medina, C. (2018). Francisco Gorjón: Mediación, Su valor intangible y efectos
operativos. Una visión integradora de los métodos alternos de solución de conflictos.
Comunitania., 15, 277-280.
Núñez, N., Sánchez, L., Sotelo, V., Miranda-Medina, C., &amp; Osorio, C. (2017). Emprender
después de una discapacidad. En E. Olivero, K. Barrios, &amp; J. Acosta-Prado, Perspectivas
Empresariales e Inclusivas del emprendimiento (págs. 117-144). Barranquilla: Ediciones
Universidad Simón Bolívar.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 12-16. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/115

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Modelización de la atractividad territorial en las metrópolis1
Modeling territorial attractiveness in the metropolis
Elizabeth Guadalupe, Carrillo-Nuño2
Universidad Tecnológica de Guadalajara, México
https://orcid.org/0000-0001-9616-7494
Ray Freddy, Lara-Pacheco3
Universidad de Guadalajara,México
https://orcid.org/0000-0002-1021- 0824
Betsy Astrid, Vidales-Astello4
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México
https://orcid.org/0000-0001-7804-0422
____________________________________________________________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es una revisión teórico-metodológica de la Atractividad Territorial para la construcción de un modelo cualitativo siendo
este uno de los principales aportes de la investigación, construido con base en la literatura revisada. Sobre el tema existe poca bibliografía del
estudio de las metrópolis analizadas desde la Atractividad Territorial y de la Mercadotecnia de ciudades, por lo cual las discusiones presentadas
en el artículo, provienen de otras escalas territoriales, aunado a eso, cabe señalar que estudiar metrópolis desde el punto de vista de la mercadotecnia es un área poco incursionada en la actualidad en México, pero que esto podría representar cambios verdaderamente significativos si
se potencializa el uso de dichas herramientas. La realización de esta investigación fue de corte inductivo tomando un enfoque cualitativo de
carácter descriptivo y analítico mediante la aplicación de la técnica de modelización, el cual data del 2015 al 2018 tomando cuatro perspectivas
de la Atractividad Territorial. Entre los hallazgos importantes se puede indicar que las áreas metropolitanas poseen características propias y
pueden posicionarse de manera consciente en la mente de su ciudadanía, servidores públicos, turistas, inversionistas, capital humano, a través
de la adopción de una marca ciudad metropolitana. Y con ello, asume que todas las ciudades, incluidas las metrópolis, pueden desarrollar estrategias de posicionamiento desde la competitividad y la mercadotecnia con miras a insertarse en el medio internacional.
Palabras claves: Atractividad territorial, Mercadotecnia de ciudades, Metrópolis, Desarrollo urbano, Planificación urbana.
ABSTRACT
This article is a theoretical-methodological review of Territorial Attractiveness for the construction of a qualitative model. The aforementioned is one of the main contributions of this research, which is built on the basis of the revised literature. There is little bibliography on the
subject: “the study of the metropolis analyzed from the Territorial Attractiveness and the marketing of cities.” Therefore, the discussions presented in the article come from other territories, it should also be noted that studying the metropolis from the marketing point view is an area
that is not very dabbled at present in Mexico; nevertheless this could represent truly significant changes if the use of these tools is enhanced.
The conduct of this research was inductive in nature, taking a descriptive and analytical qualitative approach through the application of the
modeling technique, which dates back from 2015 to 2018 taking four perspectives of Territorial Attractiveness. Among the important findings,
it can be indicated that metropolitan areas have their own characteristics and can consciously position themselves in the minds of their citizens,
public servants, tourists, investors and human capital through the adoption of a metropolitan city brand. On top of that, it assumes that all
cities, including metropolises, can develop positioning strategies from competitiveness and marketing with a view to inserting themselves in
the international environment.
Keywords: City Marketing, Competitive Cities, Metropolitan Areas, Territorial Attractiveness, Urban Areas.
Recibido: 10 de Enero 2019 - Aceptado: 01 de Abril 2019
Cómo referenciar este artículo:
Carrillo-Nuño, E. G., Lara-Pacheco, R. F., &amp; Vidales-Astello, B. A. (2019). Modelización de la atractividad territorial en las metrópolis.
Politica Globalidad y Ciudadanía, 17-42. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/122

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: Modelización de la atractividad territorial en las metrópolis
2
*Maestra en Dirección de Mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara, Profesora de asignatura, Universidad Tecnológica de
Guadalajara. Email: elizabeth.carrillo@uteg.edu.mx
3
*Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco, Profesor Investigador Titular, Universidad de Guadalajara.
Email: ray.lara@academicos.udg.mx
4
*Maestra en Dirección de Mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara, Profesora de asignatura, Universidad Autónoma de
San Luis Potosí. Email: betsy.vidales@mm.gmexico.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 17-42. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/122

�Modelización de la atractividad territorial...

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1.- INTRODUCCION
Desde hace cuatro décadas hay retos globales que exigen acciones innovadoras que permitan
a los Estados-nación, regiones y ciudades desarrollar diferentes estrategias para visibilizarse y
proyectarse a nivel internacional, dotándose de una imagen y una marca que los haga reconocibles con base en su identidad, y a través de la implementación de modelos de posicionamiento.
Es importante partir del hecho de que estudiar ciudades desde el punto de vista de la Mercadotecnia y las Relaciones Internacionales es una área poco incursionada en México, la cual puede
lograr cambios verdaderamente significativos si se logra comprender el potencial que tiene el
utilizar herramientas de la mercadotecnia territorial de una manera más objetiva y provechosa,
debido a que cuando se habla de estos temas equivocadamente se puede pensar que se trata
únicamente de la creación de un logo, de diseños gráficos y eslóganes, de ver a la ciudad como
producto mediante publicidad o promoción, sin embargo estás prácticas van más allá de vender
ciudades como productos.
En el caso de las ciudades, desde su origen han sido actores políticos, económicos y sociales
clave en la prosperidad de los territorios que las contienen. Ya que es en este nivel donde se desarrollan las principales actividades socioeconómicas como generación de riqueza, incremento
de la competitividad, promoción de la sostenibilidad, implementación de servicios sociales,
avance de la gobernabilidad, y lo más importante mejorar calidad de vida de los habitantes
(Seidedos, 2007). Para Belinda Yuen (2012) del Banco Mundial a inicios de la década señalaba
que la vida urbana está llena de marcas. Ahora, las mismas ciudades están adoptando la perspectiva de colocar su propia marca. Ya que el desarrollo urbano ha incluido la imagen como
dispositivo de atracción e instrumento de desarrollo territorial (Liouris y Deffner, 2005), debido
que un lugar “conocido” crea oportunidades para el reconocimiento internacional, la adopción
de eventos, localización de inversiones y, por lo tanto, convertirse en un lugar “ganador”. No
obstante, existen desafíos y desventajas que puede causar una dependencia a este tipo de estrategias de atractividad.
Simon Anholt (2012, p. 110) indicaba que “una imagen poderosa y positiva resulta en atracción de turistas, inversionistas, talentos, genera una cobertura positiva de los medios, y a su
vez es capaz de exportar productos, servicios, ideas y cultura”. A saber, “las ciudades se promocionan a través de eslóganes o marcas como ciudad digital, ciudad sostenible, ciudad de la
paz, etcétera. De esta misma manera son creadas políticas destinadas a utilizar los más diversos
medios para poner la ciudad en el mapa o hacerla visible en el contexto internacional” (V. Marx,
2006, p. 5). Así, “el desarrollo de una estrategia de promoción de imagen suele ser un elemento
importante de la política exterior subnacional” (Salomón, 2007, p. 12) o estrategia paradiplomática (Zeraoui y Castillo, 2016). Por tal razón, “es necesario expandir el potencial de la marca
ciudad a otras dimensiones de la ciudad (como la cultura, la inclusión social, el respeto a la
diversidad, la sustentabilidad ambiental)” (Zeraoui y Castillo, 2016, p. 236).
La pregunta entonces radica en cómo las ciudades pueden diseñar marca-ciudad con miras
en posicionarse a nivel interno y a su vez proyectarse a nivel internacional. Para responder al
cuestionamiento, el artículo tiene dos objetivos:
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 17-42. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/122

�Carrillo-Nuño, E. G., Lara-Pacheco, R. F., &amp; Vidales-Astello

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1. En un primer momento, mostrar la atractividad territorial como una forma de inserción
de las ciudades en el medio internacional, entendida como las estrategias y actividades
competitivas que realizan los territorios para posicionarse e insertarse internacionalmente.
2. Un segundo momento, presentar un modelo de investigación para la mercadotecnia de
ciudades para áreas metropolitanas que por esencia poseen características propias y que
pueden posicionarse de manera consciente en la mente de su ciudadanía, servidores públicos, turistas, inversionistas, capital humano, a través de la adopción de una marca
ciudad, y que no ha sido estudiada de manera amplia.
Para ambos objetivos, la técnica empleada será la abstracción mediante la modelización,
entendida como “una tarea de una alta abstracción, que requiere destacar aquellos elementos
que explican un fenómeno y lo caracterizan mejor, para luego establecer los lazos dinámicos
que los unen” (Rivas Tovar, 2006, p. 22). Así, el artículo está compuesto por cinco apartados,
la presente introducción, la construcción teórica que parte de la atractividad territorial como estrategia de inserción internacional y generación de identidad, posteriormente se parte el diseño
metodológico para presentar como resultado el modelo de investigación para la mercadotecnia
de ciudades para áreas metropolitanas, y por último, las consideraciones finales que identifican
la importancia de diseñar modelos de planeación estratégica enfocados desde la atractividad
para un mejor entendimiento académico y la buena toma de decisiones a nivel profesional.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Sobre la atractividad territorial
Durante esta sección se presenta los aspectos teóricos y metodológicos del estudio de la
atractividad territorial (y su funcionamiento) como forma de inserción en el medio internacional de una ciudad así como las formas principales de gestión (competitividad y mercadotecnia
de ciudades), centrándose específicamente en la segunda, donde se reseña de forma breve su
complementariedad con las relaciones internacionales a través del diseño de marcas ciudad. Ya
que se debe tomar en cuenta que “para que un modelo cumpla con el propósito de reducir la
realidad sin deformarla, se requiere una buena revisión del estado del arte, de modo que se elijan con cuidado los elementos que integran el modelo y sean definidas las reglas bajo las cuales
opera” (Rivas Tovar, 2006, p. 22).
Por obvio que se lea, en los territorios surge la atractividad territorial que parte de la necesidad de éstos para identificarse localmente e insertarse en el medio nacional e internacional,
con la intención de lograr un posicionamiento global. Es decir, “permite el posicionamiento
de lugares gracias al desarrollo de sus ventajas competitivas y sus procesos identitarios con el
propósito de atraer a turistas, inversiones y capital humano” (Lara, 2017, p. 1), en el caso de
ciudades, “se convirtió en un elemento ineludible para la evaluación del desempeño” (Cusin y
Damon, 2012, p. 80). Convirtiéndose en uno de los ejes centrales de los gobiernos centrales y
locales, como parte de las buenas prácticas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos,
aumentar la atracción de turismo nacional e internacional, la captación de inversiones y la
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localización de empresas, buscando promover la estabilidad de la ciudad y el bienestar de sus
habitantes (Vidales, 2019).
La atractividad territorial es sumamente importante ya que tiene como objetivo crear estrategias que permitan impulsar su competitividad mediante su identidad, imagen y promoción.
Estos territorios están interesados en proyectarse con una identidad propia, creando una imagen que los identifique y les permita ser reconocidos nacional e internacionalmente. Para ello
desarrollan estrategias basadas en su vocación de ciudad, y capacidades, fortalezas, ventajas,
además de las características profesionales de sus poblaciones. En otras palabras, Mihalis Kavaratzis (2004, p. 70) sostiene que la marca ciudad tiene como objetivo el desarrollo económico
(atracción de turismo e inversiones) y el desarrollo social (fortalecimiento de la identidad local
e inclusión social). En el caso de las ciudades, la atractividad busca construir una identidad
(imagen única) para favorecer a su ciudadanía, posicionarse y sobresalir internacionalmente.
Por dar un ejemplo, es una estrategia determinante para la atracción de capital humano así
como la selección de los estudiantes internacionales para una universidad destino para realizar
alguna movilidad o estudiar un posgrado; ya que éstos consideran el ambiente multicultural, la
calidad educativa, las recomendaciones e interacción social, ambiente seguro, características
de la ciudad, la ubicación geográfica, los agentes educativos, la localización de la universidad,
entre otros (García y Sepúlveda, 2016); lo que también se puede entender como una estrategia
de paradiplomacia universitaria o diplomacia alternativa, comprendida como “las acciones internacionales en materia cultural y educativa que lleva a cabo las universidades, en virtud de
que éstas se dirigen a públicos en el exterior como universidades, cuerpos académicos, institutos de investigación, comunidades de diásporas, gobiernos, empresas, comunidades culturales,
entre otros” (García, Jiménez y Zapata, 2018, p. 39). A continuación se presenta la importancia
de adoptar estrategias de atractividad territorial para el posicionamiento internacional de un
territorio, para fines del artículo, centrados en las ciudades.
Sobre la relación entre la atractividad territorial y la inserción de la ciudad en el medio
internacional
Las ciudades son mucho más que un referente para un Estado-nación, son territorios con
imagen e identidad propia. Ya en su momento Chadwick Alger indicaba con relación al activismo político de las ciudades que “si otros sectores de la vida comunitaria desarrollaran una
preocupación en común no necesariamente de acuerdo a los asuntos de política exterior de su
Estado, esto podría tener un efecto perceptible en la imagen de la misma ciudad [...] que podría
ser un escenario plausible para el proceso de cambio en la propia identidad de la ciudad” (Alger,
1977, p. 311).
Sobre esta idea, se ha llegado a declarar que “las relaciones internacionales ya no están activas por los Estados, ni por entidades macro, sino por entidades mucho más simples, independientes, activas: las ciudades” (Torrijos, 2009, p. 357). Es por ello, que actualmente las ciudades
conviven en una constante cooperación competitiva ─competitive cooperation─ (Pluijm y Melissen, 2007, p. 13) o co-opetitividad ─co-opetition─ (Pasquinelli, 2013 en Zeraoui y Castillo,
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�Carrillo-Nuño, E. G., Lara-Pacheco, R. F., &amp; Vidales-Astello

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2016) ya que les permite que compitan y cooperen al mismo tiempo entre ellas, así como con
los actores no estatales, y en algunos casos, con el mismo Estado-nación, lo que genera una
internacionalización o inserción en el medio internacional de las ciudades.
Las ciudades han desarrollado diferentes estrategias para visibilizarse e insertarse a nivel
internacional, dotándose incluso de una identidad, un modelo de ciudad o una marca para ser
reconocidas mundialmente a través de la atractividad territorial, debido a ello, “persiguen cada
vez más una imagen consolidada: ciudad del arte, ciudad bella, ciudad ordenada, ciudad eficiente, ciudad sustentable, ciudad mágica, ciudad rica, ciudad vibrante, ciudad incluyente, etc.
Cuando estas cualidades se arraigan en el imaginario colectivo, son incluso capaces de determinar el destino de la ciudad” (Lara, Meléndez, Zapata, 2015, p. 20) y por ende su posicionamiento internacional. Es por eso que las ciudades pueden consolidar una imagen y con ella
una nueva identidad con base en sus buenas prácticas, sus políticas públicas y los modelos de
ciudad que adopte.
Para ello se podría inferir una Pirámide de la Atractividad Territorial, en específico para las
ciudades, que señala en la parte inferior su objetivo primordial, detonar la atracción de nuevo
talento humano, el aumento de turistas nacionales e internacionales, nuevos inversionistas y
empresas que buscan localizarse, además de eventos, congresos, convenciones de prestigio en
busca de un territorio sede (Vidales, 2019, p. 34) mediante la adopción de un modelo de ciudad.
Esta pirámide invertida parte de dos conceptos específicos: la mercadotecnia de ciudad y la
competitividad de ciudades. Así las funciones principales de la atractividad territorial son: (1)
Diseño e implementación de planes de mercadotecnia para identificar nichos de mercado específicos (comunicación). (2) Desarrollo y promoción de ventajas competitivas (competencia).
(3) Adopción de modelos de lugar para convertirse en referencias modeladoras (capital humano). Según estas funciones “el contenido de un territorio puede ser manipulado y su carácter
diseñado” (Lara, 2015, p. 227), además cada una de ellas puede complementarse o actuar de
manera independiente. Ver Gráfico 1.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 17-42. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/122

�Modelización de la atractividad territorial...

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Gráfico 1. Pirámide de la atractividad territorial de las ciudades

Fuente: Vidales, 2017, a partir de Lara 2015.
Así la atractividad territorial a través de la mercadotecnia y la competitividad permite a las
ciudades un posicionamiento a nivel internacional. Dentro de las actividades e instrumentos que
han diseñado estos lugares para internacionalizarse, Jordi Borja y Manuel Castells, señalaban
básicamente tres mecanismos: participación en las asociaciones y redes de ciudades, así como
el desarrollo de la mercadotecnia de ciudades y la presencia activa en eventos internacionales
(2006, p. 320). En la actualidad hay más opciones de inserción, las actividades paradiplomáticas, la cooperación ciudad-ciudad, la competitividad, redes globales y ciudades modelo (Lara,
2015; Lara, 2019).
Sobre la identidad y la imagen de las ciudades
En este sentido desde las relaciones internacionales es importante la identidad, y desde la
atractividad territorial lo determinante es la imagen ya que “el diseño de imagen y la potenciación de los procesos de identidad urbana, son nuevos recursos para la gestión del desarrollo urbano, no solo con el objetivo de atraer nuevas inversiones sino al momento de plantear políticas
de atracción de residentes o como una estrategia de posicionamiento de nuevas ofertas orientadas al turismo urbano o el fomento de las ventas externas” (Fernández y Paz, 2005, párrafo
9). Con un claro reflejo institucional en la participación activa de los gobiernos locales ─en
algunos casos junto con los demás grupos de interés o stakeholders─, no se debe de olvidar que
“las ciudades son lugares, pero también instituciones y entidades que se gestionan desde dos
puntos de vista, la demanda interna (ciudadanos e instituciones) y la demanda externa (turistas,
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23
visitantes, inversionistas)” (Muñiz y Cervantes, 2010, p. 131).
Las aportaciones en cuestión de imagen son muy amplias, sencillamente porque no se puede
hablar de hacer marcas sin buscar la identidad de una organización o territorio, Gabriel Fernández y Sergio Paz (2005, p. 16), mencionan que la identidad se presenta como un conjunto
de percepciones y asociaciones que caracterizan inmediatamente a los espacios, y se transforma en el vehículo principal de diferenciación frente a los otros. Florián Loreto y Gema Sanz
(2005) asumen a la identidad de una ciudad como la aspiración que refleja las percepciones
que deberán desarrollarse y reforzarse para que ésta perdure. Desde una perspectiva social, la
atractividad territorial permite a las ciudades presentar su identidad ante el mundo. No hay que
olvidar, y como lo muestran Norberto Muñiz y Miguel Cervantes (2010, p. 124), la existencia
de ciudades que tienen identidades claras en relación con ciertos atributos que les confieren
notoriedad; otras, sin embargo, especialmente las grandes ciudades, tiene identidades múltiples
o híbridas. Como lo son las metrópolis.
Es importante referenciar que “ninguna ciudad es indiferente a su imagen y a las implicaciones que ella conlleva. Por una parte, los ciudadanos y los responsables de la gestión urbana
deben sentirse satisfechos con la imagen de la ciudad. Por otra parte, dado que la imagen resume lo más significativo de la ciudad, es el vehículo adecuado para promocionarla a los propios residentes, atraer visitantes y captar actividades empresariales” (Gómez, 2003, p. 23). Así,
“la producción de imagen y la inversión en mercadotecnia de ciudad pueden ser consideradas
como: 1) Resultado y una estrategia de los procesos de reestructuración urbana; 2) Instrumento
del nuevo planeamiento urbano; 3) Instrumento para la legitimación de los intereses de las coaliciones locales dominantes” (Benach, 1997, p. 42, citada por Benach y Sánchez, 1999, p. 29).
A final de cuentas, el objetivo es buscar construir una identidad (imagen propia) de la ciudad
para favorecer a su ciudadanía, posicionarse y sobresalir en el exterior.
Sobre la competitividad de ciudades
Una estrategia de atractividad territorial es el desarrollo de la competitividad internacional
de las ciudades. Desde la economía espacial “la característica más prominente de la distribución
geográfica de la actividad económica es su concentración” (Krugman, 1992, p. 11). Por casi un
siglo se habían considerado a las ciudades sólo como el lugar específico (locus o enclave) para
la localización empresarial. Ahora, “cada territorio tiene una combinación específica de factores que aseguran su atractivo y desarrollo, centrándose en sus puntos fuertes (diversidad social,
económica, cultural y natural) estableciendo así, las ventajas competitivas en comparación con
otras ciudades” (Ezmale, 2012, p. 121). Esta dinámica identifica a las ‘ciudades competitivas’.
Para la finalidad del presente artículo se concuerda con los postulados de Enrique Cabrero y
grupo de trabajo, sobre la competitividad de ciudades, que la sitúan como la promoción de un
entorno social, tecnológico, ambiental e institucional propicio para el mejor desempeño de las
actividades económicas (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2005). Es decir, “al proceso de generación y difusión de competencias, la capacidad para participar en el entorno globalizado, la posibilidad de crear ambientes propicios para el desarrollo de sus agentes económicos y sociales”
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(Cabrero, 2009, p. 11). En otras palabras, “cuando una ciudad es capaz de generar un ambiente
propicio para la competitividad, se habla de una ciudad competitiva” (Cabrero, 2012, p. 4).
Edward Glaeser (2011, p. 347) indica que “es mucho mejor que las ciudades descubran sus
propias ventajas competitivas”. Como proceso de atractividad territorial las ciudades tienen que
identificar sus ventajas competitivas con la intención de competir con otras ciudades con similares características. Donde, “la noción de ventaja competitiva en el ámbito urbano, hace referencia a aquellos atributos que desarrolla y forja la ciudad por sus propios medios para mejorar
su posicionamiento económico y social dentro de su área de influencia o del sistema urbano en
el que opera” (Rojas, Cuadrado y Fernández, 2005, p. 68).
Ahora bien, las ciudades son innovadoras y difusoras del conocimiento, aumentan la calidad
de vida y promueven el desarrollo socioeconómico. Sintéticamente, esta dinámica ha provocado un círculo virtuoso donde las ciudades, a través de sus ventajas competitivas, buscan la
atracción de habitantes, turistas, empresarios, etc., que, a su vez, serán los actores que desarrollarán las nuevas ventajas competitivas de la ciudad. Para ello, “es necesario, que la ciudad adquiera las características deseadas por el ‘mercado’. Hay que convencer para seducir y atraer a
la gente, hacer que se quede, que vuelva” (Amendola, 2000, p. 297) debido a ello es importante
su posicionamiento a nivel interno e internacional.
Sobre la mercadotecnia de ciudades
Otra de las estrategias más socorridas para impulsar la atractividad de un territorio ha sido la
mercadotecnia de ciudades. La cual “se usa para fidelizar tanto a sus pobladores permanentes
como temporales (inversionistas, turistas, visitantes académicos, estudiantes, etc.), así como
para proyectar a la ciudad hacia el exterior” (Lara, et. al., 2015, p. 27). Además, permite a los
territorios encaminarse a ser espacios que destacan sus atributos por medio de estrategias que
permitan conducirlos hacia su pleno posicionamiento a escala internacional, con la finalidad de
persuadir a sus ciudadanos, la atracción de turistas y la captación de empresas o inversionistas
interesados en establecerse en la ciudad.
Su objetivo es el diseñar estrategias de promoción y difusión para mejorar la reputación de la
ciudad, ya que “modela un insumo intangible: la imagen” (Fernández y Paz, 2005, párrafo 12).
Debido a ello, es importante diseñar “la promoción de la ciudad hacia el exterior que desarrolle
una imagen fuerte y positiva apoyada en una oferta de infraestructuras y de servicios (comunicaciones, económicos, culturales, seguridad, etc.) que atraiga inversores, visitantes y usuarios
solventes a la ciudad y que facilite sus exportaciones (de bienes, servicios y sus profesionales)”
(Borja y Castells, 2006, p. 153). Así la mercadotecnia de ciudades potencializa las ventajas
competitivas de la ciudad, de ahí que ambas estrategias estén situadas desde la atractividad
territorial.
Perspectiva teórico-metodológica de la mercadotecnia de ciudades
Podría existir confusión entre los términos de mercadotecnia territorial y de ciudades, si bien
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se rigen por los mismos principios, es claro que existen diferencias bastante marcadas; por un
lado, la mercadotecnia territorial en sus diferentes acepciones (de lugares ─place marketing─,
destinos turísticos y mercadotecnia turísticas, entre otras) puede contemplar un municipio, región, país, o ente supranacional, es decir abarca los territorios en general, por otro lado, la
mercadotecnia de ciudades ─city marketing─ sólo se centra en el espacio definido como urbe
ya sea conurbado o metropolitano “para fidelizar tanto a sus pobladores permanentes como
temporales, para proyectar a las ciudades hacia el exterior mediante el uso de estrategias de promoción, imagen y publicidad con el fin de posicionarla, diferenciarla y dotarla de una imagen
para hacerla más atractiva como destino” (Lara, et. al., 2015, p. 27).
La relación entre la mercadotécnica territorial y la mercadotecnia de ciudades es el posicionamiento y fidelización de sus principales grupos de interés como lo son sus residentes permanentes y temporales. Gracias a ello se comienza a analizar los temas referentes, y sus respectivas teorías y metodologías que han dado paso a nuevas líneas de investigación para la gestión
de las ciudades, en tal caso hacer un acercamiento a estas perspectivas es indispensable para
analizar sus modalidades ─pero que no es transcendental para fines del artículo─, los elementos
que retoma y de qué forma atribuyen a la gestión urbana.
En el Gráfico 2, Ray Freddy Lara (2015) realiza una modelización del estudio de la mercadotecnia de ciudades basada en cuatro perspectivas: (1) Territorial y desarrollo económico
(compuesta por la escuela de Identidad, imagen y reputación de los lugares y Gestión urbana);
(2) Políticas públicas (compuesta por las escuelas de Gestión urbana y Atractividad); (3) Para-diplomacia de las ciudades (compuesta por las escuelas de Atractividad y Marca Ciudad); (4)
Interpretación cultural de la promoción del lugar (compuesta por las escuelas de Marca ciudad
e Identidad, imagen y reputación de los lugares).
Gráfico 2. Perspectivas teórico-metodológicas para la mercadotecnia de ciudades

Fuente: Lara, 2015
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Éstas a su vez, conciben cuatro aspectos fundamentales para la mercadotecnia de ciudad (a)
Gestión urbana, (b) Atractividad, (c) Marca ciudad, e (d) Identidad, imagen y reputación de los
lugares, estos cuatro aspectos se rigen bajo las cuatro perspectivas dependiendo del cuadrante
donde se intersecten en el gráfico. Las perspectivas se ubican bajo la concepción de dos estilos
de pensamiento, uno objetivo (profundo), orientado a la experiencia a través de las políticas públicas, en donde la atractividad y la gestión urbana forman engloban la categoría, y el subjetivo
(superficial) orientado a la percepción a través de la imagen y promoción de la ciudad que dan
cabida a la marca ciudad, a la identidad, imagen y reputación de los lugares.
Sobre la marca ciudad
Se ha escrito previamente de la importancia de la atractividad territorial para la gestión de
las ciudades y de la importancia de la marca ciudad, ya que para bien o para mal, “cada ciudad
tiene una imagen internacional con la que debe lidiar” (Kresl, 1989, p. 192). Esta marca es la
reputación que tiene una ciudad, o las asociaciones mentales que provoca, entre sus diferentes
públicos y la “predisposición de las personas con respecto a todo lo que este lugar dice, hace o
propone, y se convierte en un elemento clave en la toma de decisiones” (Belloso, 2013, p. 20).
Debido a ello, hoy en día desempeña un rol estratégico fundamental, a tal punto que en muchas
empresas, naciones y ciudades es donde se encuentra su mayor activo.
De igual manera es importante destacar que la imagen, promoción y publicidad de un territorio debe ser proyectada por lo que se es y no por lo que se dice ser, por lo cual recomienda
“construir las marcas mediante una reputación justa, verdadera, poderosa, atractiva que refleje
de manera honesta el espíritu, el genio y deseo de su gente” (Anholt, 2012, p. 111) lo que nos
hace reflexionar que al exagerar una marca o atribuirle aspectos que no se tienen, podemos
conseguir un efecto negativo al prometer valor que no va ser entregado.
Una marca ciudad es el nombre, término, símbolo o diseño, o combinación de ellos que trata
de identificar las características de la ciudad y diferenciarla de otras ciudades (Loreto y Sanz,
2005), es decir, “un activo altamente estratégico para potenciar los valores culturales, los negocios turísticos y comerciales de una ciudad” (Agüero, Brea y Mirabal, 2006, p. 21). La marca
ciudad identifica los atributos diferenciales de una localidad en lo específico o de una región
con localidades muy cercanas, “convirtiéndose en un punto clave para el posicionamiento de
regiones, naciones y ciudades, dónde los productos, íconos, lugares, personajes, arte, cultura,
empresa y sociedad son sintetizados en una serie de mensajes atractivos con el objetivo de promover el interés interno y externo por una comunidad en específico” (Valenzuela, 2014, p. 67).
De acuerdo a lo anterior, se puede inferir como un vehículo e instrumento de la mercadotecnia
de ciudades utilizada como estrategia de inserción nacional e internacional de las ciudades, por
lo cual no debe confundirse con promoción o publicidad. Es por ello, la importancia de diseñar
modelos para diseñar la mejor estrategia de posicionamiento.
Existen varios modelos académicos que permiten el diagnóstico y análisis del lugar, así
como la adopción y diseño de marcas ciudad (Kotler, Haider, y Rein, 1994; Rainisto, 2003 y
2007; Deffner y Metaxas, 2007; Elizagarate, 2007; Moilanne y Rainisto, 2009; Govers y Go,
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2009; Rivas, 2015; Zenker y Braun, 2017), que ha permitido a los profesionales y tomadores
de decisiones tener una perspectiva de los pasos a seguir en la implementación de este tipo de
estrategias. Pero es importante reconocer la crítica sobre la pertinencia de un modelo establecido de marca ciudad de “talla única” (one size fits all), Sebastian Zenker y Erik Braun (2017)
sobre este punto identifican las marcas lugar son, por definición, muy complejas, debido a los
diferentes nichos o grupos objetivo así como la diversidad de oferta de lugares y otro atractivos.
Por lo tanto, para la gestión de una marca se tiene que identificar los nichos específicos mediante el desarrollo de marcas secundarias así como desarrollar una marca paraguas (city umbrella
brand) de la ciudad.
Las marcas ciudad deben reunir ciertas condiciones. En primer lugar, la imagen que transmiten de la ciudad debe parecer realista, a riesgo, si no lo es, de suscitar expectativas que no
quedarán cumplidas y de no estar en capacidad de fidelizar a sus nuevos habitantes. En segundo
lugar, debe basarse en una representación y en una estrategia que los actores locales comparten.
Por último, debe ser “capaz de fortalecer el orgullo de los habitantes, al mismo tiempo que atrae
a los inversionistas y a nuevos inmigrantes” (Cusin y Damon, 2012, p. 91). Como función inicial es atraer la atención y diferenciarse de sus competidores, entre sus elementos constitutivos
Fernando Castillo-Villar (2000, p. 163) identifica los siguientes:
1. Posicionamiento. Permite la identificación de los atributos funcionales competitivos del
bien o servicio en la mente del consumidor.
2. Personalidad. Genera un cambio de perspectiva de la marca desde lo que quieren los
consumidores hacia lo que ellos reciben.
3. Poder de la marca. Radica en la transmisión de atributos físicos, y de valores simbólicos
y emocionales reflejados por el producto y la empresa, para efectos prácticos, la ciudad
y el gobierno o institución encargada de la marca ciudad.
Existen muchos aspectos para sintetizarlos en una marca, si bien no existe una fórmula para
la creación de marcas, Keith Dinnie (2011, p. 20) resume los pasos para el diseño de una marca
ciudad:
1. Incorporar una posición de marca y persona clara, distintiva, ambiciosa pero realista.
2. Basar el posicionamiento de la marca en los valores, actitudes, comportamientos y características de la población.
3. Reflejar una estrategia clara de la ciudad y sus puntos de énfasis con respecto a las habilidades, recursos y capacidades.
4. Adaptarse de manera efectiva para brindar beneficios a los grupos destinatarios.
5. Comunicarse exitosamente con personas influyentes clave.
6. Integrarse eficientemente en varios medios de comunicación o canales de mercadotecnia.
7. Ser constante a lo largo del tiempo.
Básicamente estos puntos resumen de manera general la planeación o arquitectura de la marca, aunque hay muchos otros puntos que deben considerarse; es prudente recordar que la marca
también es un proceso de análisis profundo para su concepción, por ello siempre se debe diseñar
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modelos de diagnóstico e implementación de marca ciudad.
El espacio metropolitano y la mercadotecnia de ciudad
Existen investigaciones y estudios de caso que han generalizado la adopción de marcas en
las ciudades (Ashworth y Kavaratzis, 2010; Dinnie, 2011; Kavaratzis, Warnaby y Ashworth,
2015) sin tener en cuenta ciertas particularidades en materia escalar, ello se puede entender
como un recurso metodológico para realizar generalizaciones y estandarizar algunos criterios
para el diagnóstico, diseño, adopción e implementación de dichas marcas; pero en el último
lustro se ha dado un viraje a la revisión de estas características que hacen propias a una ciudad
para observar su identidad y potencial para insertarse en el medio internacional y posicionarse en el imaginario de las personas ─ por dar algunas referencias: Polska y Polski, 2017 para
ciudades pequeñas; Badillo, 2010; Metaxas, Deffner y Chalkiadaki, 2013; ciudades medianas o
intermedias; Gómez, 2003; Carrillo, 2017 para metrópolis; Rauhut y Rauhut, 2016 para áreas
rurales; Boesso, Sole y Torrresan, 2012; Rivas, 2018; Andersson, Solitander y Ekman, 2019
para clústeres─.
La metropolización se ha potencializado en las últimas cuatro décadas. Para precisar en términos urbanísticos, habría que partir de la distinción, que hace Manuel Castells (1981, p. 89)
entre la metrópolis propiamente dicha (originada por la expansión de la ciudad que constituye
el núcleo metropolitano), la conurbación (encuentro espacial de varias ciudades en expansión)
y la megalópolis o región urbana (conjunto de actividades inter-penetradas, difundidas en el
espacio con independencia de sus núcleos iniciales. Sobre la realidad socioeconómica, el área
metropolitana se sitúa, en general, por encima de las divisiones jurídico-administrativas del
territorio municipal así como sus funciones principales, es decir, dentro de una metrópolis existen centros de servicios especializados de apoyo a la producción, puertos industriales, ciudades
turísticas, centros maquiladores, medios innovadores, centros administrativos, entre otros.
Eduardo Rojas, Juan Cuadrado y José Miguel Fernández (2005, p. 67) definen un área metropolitana como un territorio o conjunto de territorios que muestran: (a) Intensas interdependencias funcionales; (b) Un mercado laboral amplio y con oferta profesional diversificada; (c)
Una concentración espacial de externalidades y efectos de desbordamiento; (d) Un ecosistema
humano que comparte los mismos recursos naturales; (e) Una identidad cultural distintivamente homogénea; (f) Exigen cuantiosos medios materiales (transportes, infraestructuras básicas,
agua y energía); (g) Una transformación del medio físico para satisfacer sus necesidades de desarrollo. Así se considera, que hoy el “medio natural en el que se desarrolla la actividad económica es el ámbito urbano-regional, o la ciudad metropolitana” (Borja y Castells, 2006, p. 190).
Con respecto a nuestra área de interés, la mercadotecnia de ciudades permitiría a las metrópolis y sus territorios anticiparse a cambios repentinos, preparándolos para afrontar nuevos
retos que se están presentando, así como aportar valor al mercado, mediante el conocimiento
de sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de enfrentar desafíos cruciales en el futuro,
buscando el posicionamiento de los territorios ─y sus centralidades─, así como la fidelización
de sus stakeholders. Su desafío “es fortalecer la capacidad de las comunidades y regiones de
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adaptarse al mercado cambiante, aprovechar las oportunidades y sostener la vitalidad” (Kotler,
Haider y Rein, 1994, p. 17), además potenciar su identidad y promover su inserción en el medio
internacional.
Por lo tanto, la mercadotecnia de ciudades como técnica, “implicará que la ciudad deberá
analizar las necesidades y deseos de los grupos de interés que configuran su mercado objetivo,
con el fin de satisfacer sus necesidades de la mejor forma para ellos, y también para la ciudad.
A su vez, tendrá una orientación estratégica, en el sentido de que, no se limitará a la satisfacción de las necesidades individuales, sino que deberá lograr que sus acciones, a largo plazo,
favorezcan a la comunidad en su conjunto” (Elizagarate, 2007, p. 301). Ello permitiría, conocer
el territorio profundamente y en consecuencia adaptarse a cambios repentinos y situaciones
emergentes.
3.- MÉTODO
Diseño
Si se parte de la idea en que “cada metrópolis debe inventar sus propios desafíos de desarrollo en un proyecto que debe ser construido. Enmarcadas en una agenda que integra acciones
como implementación de políticas urbanas, mejora de infraestructura, reordenamiento urbano,
planes de mercadotecnia de ciudad de acuerdo a su vocación-profesión de ciudad” (Lara, 2009,
p. 115). La finalidad última de este artículo es presentar un modelo que describa de una manera
esquemática las características más significativas de la atractividad territorial y la mercadotecnia de ciudades que pudieran ser aplicables a las áreas metropolitanas.
Abordar las ciudades y áreas metropolitanas desde el punto de vista de la mercadotecnia
territorial no es una tarea sencilla, ya que requiere de una profunda indagación de lo que la metrópoli conjuga en las ciudades conurbadas, sobre todo cuando está regida por una marca que
define lo que en esencia es esa área, por esa razón el diseño metodológico del presente tomó un
enfoque cualitativo, Binda y Balstre afirman que “el método de investigación seleccionado está
condicionado por el objeto de estudio” (2013, p. 185), en otras palabras, “el método cualitativo
se orienta en profundizar casos específicos y no a generalizar, su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes”
(Bonilla y Rodríguez citados Bernal, 2011).
La recolección de la información para la construcción del modelo se elaboró mediante el
método documental, el cual implica la búsqueda de datos mediante fuentes de información
escritas, documentos de cualquier índole, libros, revistas, periódicos, fuentes electrónicas, etc.
con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento, se apoyó del método analítico, el cual consiste en separar las partes de un fenómeno
que se pretende estudiar, observando de manera secuencial sus causas y efectos, esto la idea de
comprender la esencia del objeto de estudio (Martínez, 2012, p. 87-89).
Se empleó el método inductivo, el cual parte de la observación directa para luego hacer una
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serie de generalizaciones respecto a los fenómenos observados, lo que permite llegar a la formulación de leyes generales (Martínez, 2012, p. 83). Así mismo la investigación fue de carácter
exploratorio la cual según Rivas Tovar, indica que “este tipo investigaciones abren un campo
de conocimiento y se diseñan porque no existen trabajos previos: literalmente exploran un
continente del saber” (2006, p. 138), fue de orientación descriptiva, porque describe un sistema
o una organización Según Bernal (2010) en la investigación descriptiva se muestran, narran,
reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías etc. además se soporta principalmente en técnicas
como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental.
Instrumentos
La investigación tuvo como finalidad presentar un modelo el cual describiera de una manera
esquemática y sencilla las características más significativas de la atractividad territorial y la
mercadotecnia de ciudades aplicables a las áreas metropolitanas, para Rivas Tovar “un modelo
identifica las variables importantes para entender un problema, especificando como se relacionan las variables, es una tarea de alta abstracción, que requiere destacar aquellos elementos
que explican un fenómeno y lo caracterizan mejor para establecer los lazos dinámicos que los
unen” (2016, p. 222). Este modelo permite identificar las variables, dimensiones e indicadores
así como la relación entre ellas para poder concebir un modelo metropolitano de marca ciudad.
Procedimiento
Para la realización del modelo se revisó la literatura de las diversas corrientes de la mercadotecnia territorial y de ciudades para localizar las variables que describirán mejor el modelo
propuesto, con la intención de describir la conducta de los elementos seleccionados en un sistema. Una vez recopilada la información histórica, conceptual, teórica y contextual se procedió a
la presentación del modelo de mercadotecnia de ciudades para áreas metropolitanas.
Poder medir el impacto de una marca metropolitana por medio del modelo presentado, sigue
siendo un reto, debido a que el modelo debe probarse con una marca metropolitana, sin embargo, hacer énfasis que las variables que componen el modelo, son el resultado del análisis y
revisión de literatura de una forma profunda, pero que son las características que más destacan
entre la diversidad de autores.
4.- RESULTADOS
El Propuesta de modelo para implementar una marca ciudad metropolitana
A partir de la revisión de la literatura sobre las cuatro perspectivas de la mercadotecnia de
ciudades (1) Territorial y desarrollo económico; (2) Políticas públicas; (3) Para-diplomacia de
las ciudades; (4) Interpretación cultural de la promoción del lugar. Así como, los hallazgos de
metodologías empleadas por otros autores y la concepción de la Pirámide de la atractividad
territorial de las ciudades como fin último para la atracción de ciertos tipos poblacionales y
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nichos de mercado, se presenta un modelo de investigación de mercadotecnia de ciudades para
áreas metropolitanas el cual se basa en la visión de la metrópoli como ente único que se quiere
posicionar a nivel local, estatal e internacional.
Entendiendo como modelo de investigación “la descripción y representación esquemática, sistemática y conscientemente simplificada de una parte de la realidad, realizada mediante
símbolos, signos, formas geométricas o palabras” (Rivas Tovar, 2006, p. 222). Se propone, un
modelo que describa, caracterice y simplifique la realidad de la mercadotecnia de ciudades con
la intención de adoptar una marca metropolitana con miras a la inserción en el medio internacional. El modelo propuesto es conocido como de diagrama; es importante recalcar que “en el
campo de la administración, lo modelos suelen expresarse como un diagrama de variables que
incorpora las dimensiones e indica la relación entre las variables mediante flechas que señalan
el sentido de dichas relaciones” (Rivas Tovar, 2006, p. 227). Ver Gráfico 3.
Gráfico 3. Modelo de mercadotecnia de ciudades para áreas metropolitanas

Fuente: Carrillo, 2017.
Operativización del modelo
El funcionamiento del modelo parte de cuatro ejes principales: (1) Planeación estratégica de
la ciudad; (2) Gestión de la ciudad; (3) Competitividad de la ciudad; y (4) Marca metropolitana,
estos ejes están interconectados dada su naturaleza de acción, sin embargo, cada eje tiene sus
propias funciones las cuales permiten y contribuyen a una visión integral de la ciudad. Ya que
es importante mencionar, y como lo indica Luis Rivas Tovar (2006, p. 222) un modelo identifica las variables importantes para entender un problema, especificando como se relacionan las
variables, es una tarea de alta abstracción, que requiere destacar aquellos elementos que explican un fenómeno y lo caracterizan mejor para establecer los lazos dinámicos que los unen. A
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continuación, se describe cada parte del modelo.
Planeación estratégica de la ciudad. El plan estratégico de mercadotecnia de la ciudad es la
herramienta que dará la pauta para la creación de todo lo referente a la marca, autores como
Kotler et. al. (1994), Seisdedos (2006), Elizagarate (2008), entre otros, han hecho aportaciones
sobre la importancia de esta actividad en las ciudades, y desde su concepción se define que este
eje es el punto de partida que dictará el rumbo que deberán seguir los gestores de la ciudad. Hay
que enfatizar que le corresponde al ente metropolitano realizar el plan estratégico, es importante
consultar la opinión de todos actores de la ciudad para establecer los lineamientos que la ciudad
requiere. Este eje contempla una serie de variables que darán la estructura a las actividades que
se desempeñaran en los siguientes ejes del modelo, las cuales son:
•
•
•
•
•
•

Definición de los objetivos, los cuales deberán establecerse de una manera clara y específica, que sean medibles, de tal manera que permita modificar en un futuro las estrategias,
que sean realistas y alcanzables estableciendo un límite de tiempo.
Realización de un diagnóstico interno y externo mediante el análisis de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de la ciudad para la dotación de recursos y características a la ciudad, en dado caso de la marca.
Diseño de estrategias establecerá todas las actividades deberán seguirse para alcanzar los
objetivos propuestos, así mismo el diseño de estrategias deberá anticiparse de acuerdo a
los posibles escenarios que pusieran presentarse.
Implementación será el momento en el que deberán aplicarse las actividades que darán
paso a que las estrategias tomen su lugar.
Monitoreo que cada actividad del plan esté cumpliendo con las expectativas, y que cada
persona, órgano, institución o cualquiera que sea el responsable de dicha actividad esté
haciendo sus tareas asignadas.
Seguimiento, ajuste, control y adaptación comprende cualquier cambio que sea necesario para alcanzar los objetivos.

Gestión de la ciudad. En orden de jerarquía de la aplicación del modelo, sigue la gestión de
la ciudad, que desde un nivel metropolitano la gerencia de la ciudad juega un papel crucial en
llevar a cabo la ejecución del plan estratégico de la ciudad, es importante destacar que se recomienda tener una gerencia a nivel metropolitano dadas las características del modelo, para que
este eje funcione, se recomienda involucrar no solo al gobierno, sino de una manera primordial
a todos los actores de la ciudad, como lo son la ciudadanía, el sector privado, y todos los stakeholders que conforman parte del área metropolitana, cuya función principal será la construcción
de políticas públicas que permitan desarrollar de forma eficaz el producto ciudad, el cual debe
incluir las características de la ciudad, Elizagarate (2008, p. 77-79) propone las siguientes, y
que son conocidas como las 4As:
•
•

Amenidades de la ciudad, es decir, la arquitectura, monumentos, entre otros, que proporcionan una oferta de valor único.
Accesibilidad, la cual debe incluir los accesos de la ciudad en todos sus rubros, como
carreteras, vialidades, puertos, aeropuertos, etc. Así como la misma movilidad dentro de

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•
•

ella valorando sus modos de acceso.
Atracciones implican los centros turísticos, museos, zonas arqueológicas, entre otros,
que tendrán la capacidad de atraer a diversos públicos objetivos.
Acciones que comprenden los eventos que se realizan en la ciudad, ferias, congresos, por
mencionar algunos, que permitirán a la ciudad competir.

Hay que mencionar que estos puntos permiten a la ciudad dotarla de una identidad, es por
ello que se hace mención de que cada eje está interconectado, ya que permite que cada parte
sume a la visión global de la ciudad.
Competitividad de la ciudad. La principal razón por la cual las ciudades compiten “se debe
a la rápida expansión en la mejora de las infraestructuras de transporte, comunicación y el
desarrollo de las tecnologías de comunicación, dando lugar a una mayor competencia entre territorios en términos de inversión, turistas y residentes” (Seisdedos, 2006, p. 2), de esta manera
la ventaja competitiva de las ciudades proviene de los recursos y capacidades que pueden ser
activos materiales (físicos, financieros, etc.) o activos inmateriales (comerciales, tecnológicos y
empresariales) con los que la ciudad cuente. (Tinto, 2008, p. 108).
Este eje dependerá de la participación que la ciudad pueda alcanzar a nivel nacional, regional
e internacional, de esta manera, deberá buscar tener las capacidades y recursos competitivos en
los siguientes ámbitos: (1) Recursos humanos, (2) Recursos financieros, (3) Recursos económicos, (4) Recursos físicos, (5) Recursos tecnológicos, que permitan el desarrollo de todos sus
sectores, enfatizando que también podrían cooperar con otras ciudades para lograr: (a) Participar en el mercado nacional, regional e internacional de bienes y servicios, (b) Incrementar el ingreso real y el bienestar de los ciudadanos, (c) Promover el desarrollo sustentable, (d) Promover
la cohesión social combatiendo la exclusión (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2005).
Marca ciudad. El área metropolitana a través de la agencia encargada ─si existiese─ deberá
partir de dos componentes importantes el primero es la identidad, la cual deberá ser elaborada a
partir de los valores de las personas, de las características que la ciudad tiene, de las tradiciones
de sus habitantes, de la cultura, de su historia, estilo de vida de las personas que en ella habitan.
Uno de los aspectos clave de esta variable son los ciudadanos debido a que son los abanderados
o promotores naturales de la marca y los que la aceptaran o rechazaran.
El segundo componente es la comunicación, punto fuerte dentro del modelo, su importancia
radica en el impacto transversal de todas las variables del modelo, dado que no se pueden coordinar las actividades que a cada quien le corresponde sin que exista una buena comunicación de
por medio; pero desde el punto de vista de la marca, se traduce como la promoción y publicidad
de la marca, la cual debe ser ofrecida por medios convencionales, medios online, eventos y
productos que la ciudad ofrece.
Esta misma publicidad debe ser hecha para dos sectores diferentes, internos y externos, en
dónde el sector interno está comprendido por sus habitantes y residentes (audiencia interna), y
el externo por los turistas, inversionistas y el mundo en general, cabe señalar que toda publiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cidad debe ser lo más apegada a la realidad, ya que no se puede prometer algo que no se tiene.
Finalmente, los esfuerzos de comunicación se traducen en la imagen que tanto las audiencias
internas y externas perciben de la ciudad, resultando en un posicionamiento.
Este modelo se puede desagregar, mediante un análisis de las variables que lo conforman,
de tal manera que se presenta una tabla que analiza los alcances y las formas de medir la aplicabilidad del mismo.
Tabla 1. Variables e indicadores del modelo de Modelo de mercadotecnia de ciudades para
Variable del

Ítems

modelo
Planificación
estratégica

Variable del

Tipo de

Indicador

indicador
Objetivos, Diagnóstico, Diseño y
selección de estrategias, Implemen- Cualitativo
tación, Monitoreo
y Adaptación

Ítems

modelo

•

Tipo de

Capacidad de los gestores y diseñadores de la ciudad para
plasmar en un plan la visión de la misma.

Indicador

indicador
Gobierno
Administración
de los recursos.

Cualitativo

Construcción de

•

Vinculación directa con toda la metrópolis,

•

Territorio integrado, (Asociación y cooperación de
todos los municipios de un área)

•

Autonomía financiera, Fondo financiero compartido
por la metrópoli.

•

Organización, legislación y gestión de todos los municipios.

Gestión

políticas

•

Aumento de políticas públicas a nivel metropolitano.

metropolitana

públicas.
Ciudadanía

•

Desfragmentación del ente metropolitano

•

Consolidación de la ciudadanía metropolitana

•
•

Igualdad ciudadana en el territorio metropolitano
Involucramiento del sector privado en el desarrollo
metropolitano

•

Presencia del sector privado en el desarrollo de todo el
territorio metropolitano.

•

Inclusión del sector privado para el desarrollo de la
metrópoli.

•

Aumento empresas en todo el territorio metropolitano.

Cualitativo

Sector

Cualitativo y

Privado

Cuantitativo

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Variable del
modelo

Ítems

Tipo de
indicador

Indicador
•
•
•
•
•

Aumento del presupuesto
Igualdad financiera en todo el territorio
Aumento de inversiones
Aumento de las actividades primarias, secundarias, terciarias
Crecimiento del PIB

Cualitativo y
Cuantitativo

•
•
•

Aumento de talento cualificado
Mayor disponibilidad de talento humano
Aumento de mercado de trabajo

Recursos
tecnológicos

Cualitativo y
Cuantitativo

•
•
•
•
•
•
•

Optimización de energías
Aumento de la conectividad
Aumento de las telecomunicaciones
Aumento del Desarrollo Tecnológico
Aumento de la cobertura de servicios de telecomunicación
Aumento de las TIC
Aumento de Desarrollo e Innovación

Infraestructura

Cualitativo y
Cuantitativo

•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura de servicios
Servicios especializados
Gama de recursos de calidad
Infraestructura especializada
Aumento de servicios
Aumento de conectividad
Aumento de competitividad
Ampliación de comunicaciones

•
•
•
•

Aumento de las transacciones de la metrópoli
Atracción de nuevos mercados
Atracción de inversionistas
Aumento en Diversificación de las actividades económicas
del territorio
Aumento en Especialización de productos y servicios
Aumento de empresas

Recursos
financieros

Cuantitativo

Recursos
humanos

Competitividad

Participación
de mercado

Cualitativo y
Cuantitativo

•
•
•
•
Desarrollo

Cooperación

Cuantitativo

Cualitativo y
Cuantitativo

•
•
•
•

Disminución de pobreza
Aumento de las actividades económicas (primarias, secundarias, terciarias
Crecimiento económico
Aumento de la calidad de vida
Inversión extranjera directa
Tasa de desempleo

•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a recursos
Fortalecimiento de capacidades del territorio
Promoción del territorio
Alianzas para mejorar desarrollo de un territorio
Aumento del número de acuerdos
Aumento de proyectos
Hermanamientos
Pertenencia a redes y/o asociaciones de ciudades

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Variable del
modelo

Marca
metropolitana

Ítems

Comunicación

Identidad

Fuente: Elaboración propia

Tipo de
indicador

Cualitativo y
Cuantitativo

Cualitativo y
Cuantitativo

Indicador
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de audiencias
Alcance de nuevos espectadores
Captación de público objetivo
Posicionamiento de la imagen e identidad de marca
Aumento de visitas en la metrópoli
Aumento de la interacción con públicos objetivos
Incremento en la identidad del ciudadano
Aumento del sentido de pertenencia del ciudadano
Modificación de la imagen de la metrópoli

Implicaciones
El crecimiento de las ciudades es un hecho inevitable, por lo cual se ha convertido en una necesidad imperial adelantarse con ingenio, inteligencia, innovación y creatividad a las demandas
del desarrollo de las ciudades, por lo que no es una opción generar investigaciones y conocimiento sin conocer su aplicabilidad, es un compromiso de los que desarrollan investigación, así
como de la sociedad en general velar por el desarrollo de los territorios que habitamos. Llevar a
la práctica los insumos que generó la investigación, más allá de la generación del conocimiento
y la aportación teórica que este estudio describe, es imprescindible comprobar la efectividad
del modelo teórico propuesto en el documento, con la finalidad de comprobar su aplicabilidad
al sujeto de estudio.
Por lo tanto, los planes estratégicos son el punto de partida para dar dirección y rumbo a una
marca y al producto ciudad, simplemente no deberían tomarse acciones sin un plan previamente
visionado. Ya que una ciudad, por sí sola carece de recursos, mientras que sus ciudades vecinas podrían tener algunas de éstos, desde este enfoque, se debe exhortar a que estos territorio
también trabajen de manera conjunta, y no en torno de competencia así de esta forma será más
provechoso trabajar bajo sistemas colaborativos que permitan el desarrollo de áreas metropolitanas bien integradas.
5.- CONCLUSIONES
El Cada territorio debe crear por sí mismo su estrategia de atractividad, porque cada ciudad, ayuntamiento, municipio, prefectura, etc., tiene historia propia, características geográficas
únicas, modelos económicos y políticos diversos, y poblaciones con distintos objetivos ante la
situación actual. A pesar de lo que se puede pensar, a principios del Siglo XXI, las ciudades se
han convertido en el escenario en el que se acumulan tensiones, desarrollo y nuevas formas de
expresión sociales. Y no pueden basar todo en la cooperación, necesitan competir para sobresalir. Está dinámica influye de manera determinante en el desempeño de estos lugares a nivel
interno y externo. Es decir, se transfiguran a espacios que luchan por ser poseedores únicos de
atributos diferenciadores que logren identificarlo como el más atractivo en comparativa a los
demás, abonando a la reputación del lugar y logrando aportar a la derrama económica local y
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nacional así como su inserción internacional.
Con respecto al primer objetivo que se reseñó en la introducción, es a través de la atractividad territorial que tiene bajo su responsabilidad la reputación, imagen e identidad global de
los territorios. Para ello es necesario construir una identidad propia de la ciudad, que es ineludiblemente el primer acercamiento del territorio hacia fuera, al exterior y a nivel internacional.
Su acción promocional, a través de la mercadotecnia de ciudades, se encarga de posicionar a la
ciudad en la mente de sus poblaciones locales, así como en la de inversionistas, turistas, académicos, talento del exterior así como la misma organización de eventos temporales y/o permanentes en su territorio como los eventos deportivos, festivales o ferias internacionales. Debido
a ello, gestionar la ciudad mediante esta mercadotecnia permite crear estrategias con objetivos
claros, buscando nuevas oportunidades de aprovechamiento, con la finalidad de crear territorios
más competitivos y más insertados en el medio internacional.
Sobre el segundo objetivo que se planteó al inicio del artículo fue la formulación de un modelo que pretenda trazar el rumbo de las ciudades bajo diversas perspectivas, sobre el producto
ciudad, es decir, lo que la ciudad ofrece en un nivel metropolitano, la manera en la ciudad debe
ser gestionada, y la manera en cómo debe crearse y ejecutarse su marca. La creación del modelo
de investigación de mercadotecnia de ciudades para áreas metropolitanas nace como consecuencia de la necesidad de buscar alternativas para la prosperidad de las ciudades, para ello, se
revisó la literatura de las diversas corrientes de la mercadotecnia territorial y de ciudades para
localizar las variables que describirán mejor el modelo propuesto, la finalidad es que describa
la conducta de los elementos seleccionados en un sistema.
Tanto la mercadotecnia como la competitividad de ciudades contribuye al desarrollo social,
debido principalmente a que las ciudades se enfocan en atender las necesidades de diversos sectores o consumidores, como lo son los mismos habitantes de una ciudad, los turistas, empresarios, talentos de otros países, entre otros, por lo tanto la mercadotecnia de ciudades contribuye a
realizar propuestas para el diseño de políticas públicas a favor de esos sectores y de la sociedad,
y a su vez permite al territorio posicionarse a nivel internacional.
Sin olvidar, que variables como identidad, comunicación y sentimiento de pertenencia, son
un factor clave en el desarrollo de las marcas, por sí solas cada una ha permitido que las ciudades ganen su vocación y que sean identificadas nacional e internacionalmente para demostrar su
papel crítico en la construcción de marcas. Así el propósito del presente fue señalar que a través
de la atractividad territorial y la mercadotecnia de ciudades se puede abstraer una marca ciudad
metropolitana, ya que no existen los suficientes estudios de este tipo de ciudades para realizar
investigaciones y estudios de diagnóstico desde estas perspectivas. Tomando en consideración
que el modelo presentado en el artículo buscan la descripción de los elementos, la causalidad
del fenómeno y la simulación a través de la interacción de las dimensiones y las variables, se
puede asumir que todas las ciudades, incluidas las metrópolis, pueden desarrollar estrategias de
posicionamiento desde la competitividad y la mercadotecnia con miras e insertarse en el medio
internacional, lo importante es identificar sus fortalezas, reconocer sus áreas de oportunidad,
entender su entorno local, regional, estatal y global, y lo más importante, reconocer que los
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grupos de intereses y los habitantes del territorio son el elemento central para la consolidación
de una estrategia de este tipo, ya que ellos asumirán e identificaran como propias dichas estrategias de imagen e identidad. Por ello, se asume que un elemento primordial para diseñar marcas
ciudad metropolitanas, es adoptar el modelo propuesto de mercadotecnia de ciudades para áreas
metropolitanas, que fue concebido como una estrategia de planeación estratégica enfocados
desde la atractividad territorial para una buena toma de decisiones a nivel profesional y, a su
vez, un mejor entendimiento académico.
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Flujos migratorios en el sur de Chiapas: una narrativa local del impacto de las caravanas
migrantes y los grupos africanos 1
Migratory flows in southern Chiapas: a local narrative of the impact of migrant caravans and
African groups
Cándido, Chan-Pech2
Universidad Autónoma de Chiapas, México
https://orcid.org/0000-0003-0030-0313
__________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es una revisión documental cuyo objetivo es presentar una narrativa que plantea el impacto
de la migración que se está dando en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Se aplicó el método cualitativo y en particular el etnográfico utilizando como técnica de investigación la revisión documental, considerando como insumo las
narrativas locales encontradas en las noticias, reportajes y artículos que los periódicos locales generan. Se parte de
la narrativa cronológica de la migración centroamericana a través de las caravanas, y los grupos de África-caribeños los cuales están impactando en dimensiones como la cotidianeidad de la vida local y la mutación de las formas
y maneras de migrar, todo ello en el periodo de octubre 2018- septiembre 2019. Se encontró que desde el año pasado el flujo de migrantes ha aumentado exponencialmente provocando una serie de interrelaciones culturales que
están reconfigurando la cotidianidad; emergiendo así nuevas realidades y culturas como las muestras de xenofobia
y discriminación que se están dando dentro de una política strictu sensu implementada desde el mismo gobierno.
Se concluye con el planteamiento del nacimiento de una comunidad africana atrapada, avizorando nuevas crisis
latentes en la cotidianidad.
Palabras claves: caravanas migrantes, migración africana, migración centroamericana y narrativas locales.
ABSTRACT
This article is a documentary review whose objective is to present a narrative that raises the impact of the
migration that is taking place in the city of Tapachula, Chiapas. The qualitative method and in particular the ethnographic method were applied using the documentary review as a research technique, considering as input the local
narratives found in the news, reports and articles that the local newspapers generate. It is based on the chronological narrative of Central American migration through the caravans, and the African-Caribbean groups which are
impacting on dimensions such as the daily life of local life and the mutation of the forms and ways of migrating,
all in the period from October 2018- September 2019. It was found that since last year the flow of migrants has increased exponentially causing a series of cultural interrelations that are reconfiguring everyday life; emerging new
realities and cultures as the examples of xenophobia and discrimination that are taking place within a strictu sensu
policy implemented from the same government. It concludes with the approach to the birth of a trapped African
community, seeing new latent crises in everyday life.
Keywords: African migration, Central American migration, migrant caravans, and local narratives
Recibido: 18 de Enero 2019 - Aceptado: 12 de Abril 2019
Cómo referenciar este artículo:
Chan-Pech, C. (2019). Flujos migratorios en el sur de Chiapas: una narrativa local del impacto de las caravanas
migrantes y los grupos africanos . Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 43-62. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/123

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: Gobernanza y Políticas migratorias en el sur de Chiapas financiado por
la Escuela de Humanidades y el Centro de Investigación con Visión Mesoamericana de la Universidad Autónoma de Chiapas.
2
* Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular por el Instituto Mclaren de Pedagogía Crítica., Profesor de Tiempo Completo,
Escuela de Humanidades C-IV, y el Centro de Estudios con visión Mesoamericana, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Email: c.chan@
live.com.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 43-62. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/123

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1.- INTRODUCTION
Después de observar casi un año la inusual migración que se inició en octubre de 2018,
donde miles de centroamericanos formaron caravanas masivas en la frontera con México, se
registró un rio humano entre 7 y 10 mil personas que recorrió las carreteras, ocupando parques
y espacios públicos.
En el marco de esta percepción, se generó una inquietud ante una realidad cambiante determinada por la migración que dio origen al cuestionamiento de ¿cómo está impactando esta
serie de éxodos masivos en la vida cotidiana, económica y social de Tapachula Chiapas? Este
planteamiento se origina considerando que es la primera vez que México enfrenta un comportamiento inédito en el flujo migratorio centroamericano, especialmente el número de hondureños
que han abandonado su país con destino a Estados Unidos pasando por México, al tiempo que
creció también de manera inédita la proporción de mujeres y menores de edad. Aunado a ello se
está dando el flujo de los llamados “migrantes extracontinentales”, que vienen fuera del continente americano, particularmente de África y Asia y que han arribado en cantidades inusuales,
sin olvidar el caso de los cubanos, que desde 2016 empezaron su éxodo desde Nicaragua, otros
desde Venezuela o Ecuador, además de los congoleños, angoleños y haitianos que están varados
en espera de un salvoconducto para cruzar el país.
El abordaje de este fenómeno migratorio es pertinente toda vez que incide en las políticas
públicas de atención a la migración en el sentido de que a partir del Marco de Gobernanza
sobre la migración propuesto por la Organización Internacional de la Migración (OIM, 2018)
se pueden advertir graves problemas en la puesta en marcha de los principios reguladores de
la migración. Es importante reconocer que, aunque son los primeros éxodos masivos, esto es
ya una realidad constante toda vez que se tiene que considerar que el sur de Chiapas es por su
ubicación geográfica un espacio fronterizo y por lo tanto existe una importancia geopolítica.
Estos éxodos están irrumpiendo en la vida cotidiana de los habitantes provocando un impacto en todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural dando lugar a un cambio, una
reconfiguración y recomposición de los imaginarios y representaciones sociales en la región,
promovido y continuado por las políticas de restricción migratoria, las cuales para Roberto S.
Aruj (2008) se pueden asumir como políticas strictu sensu, una política de contención más que
de control, dictadas por las políticas del actual gobierno de Trump.
Lo planteado en este estudio, todavía es a modo de radiografía inicial para profundizar en
nuevas aproximaciones sobre el impacto a largo plazo, la posibilidad de una crisis humanitaria,
la atención a una comunidad africana atrapada, y el análisis del crecimiento exponencial y su
impacto en la educación, la salud y la seguridad.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
DuraLa migración es un fenómeno global con impactos contradictorios y complejos; por un
lado, impulsa el crecimiento económico, reduce las desigualdades, conecta sociedades diferentes y ayuda a la movilidad demográfica del crecimiento y el declive de la población; por otro
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lado provoca conductas racistas xenofóbicas, discriminación y a veces violencia (Aruj, 2008).
El impacto de la migración ha sido motivo de estudio, calculando el coste de las políticas de
migración, la mano laboral y el aumento del consumo, y el mantenimiento de la vigilancia de
las fronteras. Sin embargo, a veces no son suficientes estos indicadores para explicar el impacto
en relación de los escenarios micro regionales, puesto que está en función de la magnitud y modalidades, el perfil demográfico regional y las características de los individuos. Estos efectos no
se refieren únicamente a la recomposición y estructuración sociodemográficas, sino también a
la modificación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, en total repercusión
en lo personal y familiar.
Edelia Villarroya (2015), propone cuatro parámetros para explicar el impacto 1) el número
de individuos, los que migran y los receptores generando cambios a partir de la “percepción de
seguridad y control en el poder de decisión (que cambia) según el tamaño percibido, aunque
no necesariamente manejan el poder sociopolítico las mayorías numerales”. 2) El tiempo de
exposición al impacto: el tiempo de permanencia del inmigrante y el de exposición al contacto
de los autóctonos con otras culturas. Entre más tiempo se queden en espacios receptores, más
cambios se generan. 3) Los efectos transitorios o permanentes se valoran a partir de las diferencias intergeneracionales, 4) La distancia geográfica, lingüística y cultural: a mayor distancia
mayor diferencia entre la cultura de origen y la de acogida, genera mayor shock cultural.
Villarroya (2015), recupera el modelo la teoría de Hofstede, las “cinco dimensiones útiles
para comparar las culturas entre sí: distancia al poder, individualismo/colectivismo, masculinidad/ feminidad, tolerancia a la incertidumbre y proyección vital a corto o largo plazo. Estas sirven para la comparación cultural y entender que a mayor distancia, se requiere mayor esfuerzo
por las culturas en contacto y es necesaria una mayor plasticidad en sus individuos”(Villarroya,
2015). De las cinco dimensiones, la del individualismo/colectivismo es la más pertinente para
evaluar el impacto del cambio aculturativo, cercana al concepto de apoyo social percibido y a
la necesidad de un sentido de pertenencia que pone en la mirada las diferencias en la manera de
afrontar el miedo a lo desconocido y a la inseguridad que provoca la soledad, y todo esto tanto
para los que emigran como para los que reciben. En el estudio de las discrepancias culturales es
imprescindible la aportación de Geert Hofstede (1978), en la Teoría de las Dimensiones Culturales que explica el porqué de las actitudes de rechazo en la interacción con personas de otras
culturas y da marcos para examinar los procesos de percepción de las diferencias culturales,
y especialmente esa visualización de otras culturas que aparentemente parecen comportarse y
pensar de modo diferente.
En el encuentro del receptor y el migrante, ocurren diversos fenómenos que se ha estudiado
desde la multi y la pluriculturalidad: la integración social del inmigrante es multidimensional
y abarca sentidos que van desde lo jurídico hasta lo cultural. En ello se establecen lógicas de
interrelación entre distintos grupos, consigo mismos y con las sociedades receptoras. En tal
proceso se configuran de manera compleja nuevas formaciones culturales, respecto a lo que
suele definirse como pertenencia o identidad. Para Lestage, (2001) hay fases sedentarias en el
movimiento circulatorio de los migrantes las cuales pueden durar algunos meses hasta años; en
esos periodos se pueden advertir relaciones de identidad-alteridad, procesos de identificación
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que se dan entre los migrantes. Lestage, asegura que los migrantes en los contextos receptivos
combinan el reconocimiento – o a veces la reivindicación – de su identidad y los componentes
implícitos. En ese inter se pueden generar procesos de adaptación o bien de inserción: categorías que ayudan a definir las reconfiguraciones o recomposiciones culturales en una dinámica
contextual.
Estos marcos de referencia se complementan desde la teoría de la alteridad, fundamentalmente planteada por Emmanuel Levinas, que hace alusión a la conciencia de la diferencia
relacionada con la experiencia de lo extraño y ajeno; a partir del encuentro con desconocidas
singularidades de otro grupo humano; la alteridad siempre se refiere -en relación con la pertenencia grupal propia- a Otros. Para Levinas (1987) (cit. por González; 2009), el otro se impone
de un modo distinto a como lo hace la realidad de lo real; se impone porque es otro, porque esta
alteridad incumbe al yo con toda su carga de indigencia y de debilida. Levinas (1993) (cit. por
González, 2009) introduce el término reconocimiento concebido como semejante a nosotros y
al mismo tiempo, exterior; la relación con otro, que bajo esta mirada es una relación mistagógica.
3.- MÉTODO
Una mirada desde la etnografía
Esta narrativa tiene su fundamento en la etnografía, considerada como una “metodología artesanal en la era de la informática, sigue siendo útil para conocer y comprender mundos lejanos,
no en términos geográficos como antaño, sino culturales. Hoy las ciencias sociales recurren a
este trabajo de campo para explicar nacionalismos, regionalismos, movimientos sociales, culturas de la pobreza y la globalización misma (Guber, 2001)” (cit. por Duplatt, 2018). La mirada
etnográfica, realiza una visión holística para descubrir una nuevamente en una reconstrucción,
que está allí pero que se oculta y solo puedes ser vista mediante un acercamiento reflexivo de la
realidad empírica y la complementariedad teórica con el objetivo de comprender el problema en
su totalidad. Así, el objeto de estudio de la investigación etnográfica es el estudio de una nueva
realidad que emerge de la interacción de las partes constituyentes, en una búsqueda dentro de su
estructura con su función y significado, incluyente de lo práctico y lo teórico.(Ramírez, 2009)
Las narrativas locales
En estos flujos, que intervienen grupos y escenarios se necesitan narrativas para entender
las formas globales a partir de historias locales. Las narrativas no es solo lo que se cuenta, sino
lo que se escribe no en el sentido estricto de la función de contar, sino en dejar un texto como
evidencia de una mirada y la intención de su incidencia. Las noticias del periódico pueden ser
narrativas escritas especialmente cuando el periodista o reportero asume un papel que desecha gran cantidad de información, que incorpora anécdotas, recurre a cifras, a estadísticas, a
entrevistas convirtiéndose en un periodismo narrativo; pues reconstruye atmósferas, lugares,
personajes; bajo una mirada subjetiva. Van de la mano con la interpretación como componente
subjetivo y sus herramientas basicas son la mirada, el análisis y la descripción del periodista
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que los realiza (Puerta, 2011).
Anne-Catherine Brigida (2016) afirma que, en la era global, es más fácil leer los grandes
periódicos del mundo, pero esta “información hace que los periodistas se planteen la pregunta
ética acerca de quién cuenta las historias y cómo”. Ante la manera sensacionalista y condescendiente con que los medios nacionales elaboran noticias locales, alternativamente se elaboran
periódicos comunitarios que cuentan las historias. “no desde la visión de un foráneo, sino desde
la perspectiva de quienes viven ahí, sufren y sobrellevan los problemas, pero que también disfrutan de las cosas”. (Brigida, 2006).
Es prácticamente un rechazo a una “narrativa estigmatizada por parte de los medios de comunicación”. Cinthya Alejandro Pizarro acuña el concepto de “narrativas locales” que, aunque
no se refiere a las del periódico; implícitamente nos remite claramente como “representaciones-construcciones de eventos en donde los narradores, son discursos sesgados pero que puedan
dar pistas metadiscursivas que orientan a los interlocutores sobre cómo interpretar los eventos
narrados”. (Pizarro, 2005).
Por otro lado, José Manuel Zorrilla Barroso, en su tesis doctoral afirma que los titulares
de las noticias, representan constructos que pueden interpretarse como un insumo narrativo:
“Estudiándolos como textos, los titulares también tienen unas cualidades propias, de las que
resaltan su carácter imprescindible, su elaboración típicamente colectiva y su distinción icónica”(1996). Por su contenido pueden contener elementos para construir una narrativa general
pues como elementos de análisis son “textos autónomos que encabezan las noticias que publica
la prensa, identifican el relato informativo, designan los hechos, destacan gráficamente, poseen
un lenguaje propio y tienen la misión de llamar la atención de los lectores para que lean los textos informativos…” (p.9). la riqueza de los sentidos y significados son suficiente presupuesto
para construir narrativas, como la de este ejercicio de narrar la migración. En pocas palabras
“la narrativa está al servicio de hacer visibles las contradicciones, para lo cual se sumerge en el
movimiento y trae las voces históricamente relegadas”(Duplatt, 2018).
Se consideraron insumos para este estudio, las narrativas locales, entendidas como las noticias generadas por los reporteros y periodistas de los periódicos locales más importantes de la
región; “El orbe” y “El diario del Sur”. Considerando dichos documentos susceptibles de análisis, y fuente documental como un “vestigio escrito”, son “fuente de observaciones sociales”,
y “tiene carácter secundario ya que no ofrece los mismos fenómenos sociales que han tenido
lugar, sino el resultado de la percepción e interpretación de ellos”(López, 2011). En consecuencia, aunque no nos permite un contacto directo con los hechos”, más bien es un instrumento
mediato, que permite “ver” a través de ellos la riqueza de la narrativa del contenido nos permite
“para estudiar los cambios a través del tiempo” (Lopez, 2011) . Ambos periódicos son los más
difundidos y leídos por la comunidad y tienen un tiraje de aproximadamente 12,000 ejemplares
diarios. Se recopilaron 1321 noticias, cuyo criterio de elección se consideraron aquellos que
describieran los hechos suscitados en estos once meses (octubre-2018, septiembre de 2019).
Se escogieron 124 titulares de primera plana, 524 de segunda plana y el resto fueron títulos
secundarios.
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La construcción de una narrativa
Una vez construido el corpus de narrativas, las técnicas que se utilizaron para el análisis
giraron en torno a la recuperación cronológica de los hechos desde octubre 2018, fecha en que
iniciaron las caravanas de centroamericanos hasta las manifestaciones africana, para ello fue
necesario establecer la relación entre eventos narrados, para hacer una segunda narrativa, esto
fue posible encontrar la constante que marca el hilo cronológico: la evolución del flujo. Para
la organización de los documentos se utilizó la metodología de análisis de contenido (Abela,
1960) en los que se ordenaron bajo dos criterios: 1) de manera cronológica; por mes, y 2) la
utilidad de la nota para a) eslabonar la crónica, b) integrar datos que comprendan los antecedentes y hechos contextuales y, c) describir los hechos para completar la mirada holística de la
narrativa.
Prácticamente, la narrativa se estableció en dos líneas: la cronología de la caravana y el impacto en la cotidianidad. Para la primera, encontramos cuatro ejes para entender lo contradictorio y complejo de este periodo de narrativa: un flujo que evolucionó de la solidaridad al rechazo
por la comunidad receptora; de las caravanas masivas de centroamericanos a las caravanas de
grupos de africanos; de caravanas en condiciones precarias a los grupos de cubanos con recursos suficientes; y, desde una política de solidaridad a una política de contención.
4.- RESULTADOS
El Una narrativa cronológica: Caravana centroamericana a una comunidad africana
atrapada. Un flujo que evoluciona.
En el análisis cronológico de las narrativas periodísticas, se observa que en tan solo un año
se ha dado una metamorfosis en la marea migratoria: Un cambio de la forma; de masiva a grupos pequeños; de centroamericanos a cubanos, africanos y haitianos; de ilegales a legales; de
grupos de extrema pobreza a grupos con recursos suficientes. Por otro lado, la política inicial de
solidaridad planteada por el presidente López Obrador, a la política de contención dictada por
Trump; de actitudes de solidaridad y humanismo hacia una muestra de xenofobia. En esta extraña mutación social de la migración, se puede advertir, por un lado, que el impacto económico en
la región receptora se da en dos lecturas: desde una derrama económica, especialmente por los
cubanos y los hindúes, así como la proliferación de trabajo de obra hacia un reclamo de la baja
de ventas y el turismo; por otro lado, desde la cotidianidad donde se percibe un shock, al ver los
espacios públicos ocupados y ver a “otros”, con otro lenguaje y otra cultura.
De los valores de solidaridad a las actitudes de racismo y xenofobia.
Durante las dos primeras caravanas masivas, los habitantes se solidarizaron, los municipios
prepararon espacios públicos para descansar; algunas ONG´s los alimentaron y dieron víveres,
ropas y hasta dinero. Algunas parroquias fueron acondicionadas, las autoridades municipales
y Protección Civil estuvieron pendientes de sus necesidades, habilitando banquetas aledañas y
calles improvisadas con carpas. Fueron recibidos con comida caliente, servicio médico, baños,
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regaderas y atención a mujeres y niños; manos humanitarias proporcionaron ropa, agua, entre
otras prendas donadas. Existieron casos como el del apoyo humanitario de mujeres solidarias al
cocinar más 6 mil tamales añadiendo ropa, agua y jugos. En su caminar pidieron “aventones” a
camionetas de cargas que solidariamente los trasladaron en recorridos cortos: fue común ver a
decenas “colgados” de ellos. Se suscitaron tragedias como el caso de un adolescente que perdió
el equilibrio y falleció al caer, al que llamaron el “primer mártir de la caravana”.
Asimismo, fue muy fuerte el rumor de niños que se fueron con otras personas, mientras los
padres buscaron sin resultados. Conforme pasaron las siguientes caravanas, los habitantes de
los pueblos dejaron de dar apoyo. La policía federal y los agentes de migración iniciaron la persecución de los grupos que se rezagaban para remitirlos a un centro de detención en Tapachula.
La cuarta caravana fue la que más sufrió este cambio tan abrupto; fueron escoltados por la Policía Federal desde el ingreso en la frontera y en su recorrido hasta Tapachula; después de una
semana de haber partido de Honduras, la mayoría cruzo el río fronterizo Suchiate, para evadir
la vigilancia de cientos de policías mexicanos sobre el puente internacional y solo se permitió
el paso a mujeres y niños.
Otro grupo decidió esperar en el puente fronterizo para ingresar legalmente, mientras que
otros desertaron por temor y cansancio. Durante el recorrido, en medio de un calor intenso, se
animaron ellos cantando: “Nadie nos va a detener, si ya nos aventamos al río y ya hicimos de
todo para llegar hasta acá, no nos detienen”. Constantemente se escucharon los comentarios
de ánimo, mientras algunos casos caminaron con dificultad debido a las llagas en sus pies. El
contingente llegó después de un recorrido de al menos seis horas en el que soportaron un domingo de intenso calor y con la ayuda de pobladores que ofrecieron comida y agua, e incluso
vehículos.
En comunicados oficiales, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación constantemente advirtieron a aquellos que cruzaron por el río serían sujetos a “procesos administrativos”,
e incluso podrían ser repatriados. Los titulares de los periódicos difundían que personal de la
Embajada de México en Guatemala y del Consulado de México en Tecún Umán publicaron
la información y requisitos para su ingreso a México. En clara propaganda declararon haber
coadyuvado en actividades de hidratación y atención médica a los migrantes; exhibieron los
esfuerzos de los gobiernos de Honduras y Guatemala que apoyaron a cerca de 500 personas en
el regreso voluntario que decidieron a sus lugares de origen en Honduras.
Durante el recorrido, autoridades de la Policía Federal y del Instituto de Migración ofrecieron autobuses para trasladarse a un albergue habilitado en Tapachula, pero también pidieron
someterse a controles migratorios, oferta que rechazaron totalmente. Continuamente en el recorrido los altavoces amenazaron: “no pueden continuar en territorio nacional de manera irregular”, “Por favor, regularicen su situación migratoria, pueden tener el refugio, la condición de refugiados, si así lo desean, están en todo su derecho de solicitarla”, argumentaban al conminarlos
a acudir al albergue. Si bien les aseguraron que podían solicitar asilo o refugio, en comunicados
previos el gobierno mexicano advirtió sobre repatriaciones, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que no había certeza sobre lo que pasará con ellos. “Estamos
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cansados, pero no nos vamos a subir a los camiones. Lo que tememos es que nos mientan y nos
lleven a una estación migratoria o nos deporten”, comentaron al tiempo del rechazo.
Las autoridades insistieron en subir y trasladarlos en autobuses a un albergue habilitado para
unas 5 mil personas en el recinto ferial Expo Mesoamericana: la caravana hizo caso omiso y
persistieron en su camino con el temor de que al acudir al albergue ya no los dejaran salir ante
una especie de centro de encarcelamiento para luego deportarlos. Ya en la ciudad, prefirieron
apostarse en el parque central a la espera de definir cuáles serán los siguientes pasos. Otras centenas de personas fueron canalizadas a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM)
en Tapachula, dando prioridad a grupos familiares, en particular con niños, niñas, adolescentes,
mujeres, mujeres embarazadas y adultos mayores. Algunas decenas de migrantes cuando expresaron su interés de solicitar refugio fueron trasladados a una instalación para atenderlos por
el INM, aunque no detallaron qué pasó con ellos, si fueron retenidas o bien pudieron salir y les
concedieron asilo.
En contraparte, muchos migrantes se quedaron varados en Tapachula, pernoctando por semanas enteras en el parque central del centro histórico. Ante ello empezó a surgir un rechazo y
la disminución de apoyo de ciudadanos y empresarios aludiendo a la falta de seguridad y bajas
ventas, además de actos de inseguridad, violencia, alertas sanitarias; argumentando la violación
al estado de derecho y a las leyes mexicanas, pidiendo el retiro del parque y centro histórico.
Para marzo, se observó un grupo numeroso apostado en el parque central por tiempo indefinido
a la espera de una caravana más numerosa de más de nueve mil migrantes varados entre Ciudad
Hidalgo y Tapachula, provocando malestar entre los negocios asociados y organizados. Los
comerciantes y empresarios expresaron que los migrantes asentados en el parque se dedicaron
a pedir constantemente a los peatones o empezó a aparecer el trabajo sexual irregular; escenario
que fue incomodo a los compradores, nacionales o extranjeros, los cuales -para la mirada de los
empresarios- han dejado de visitar el centro de la ciudad.
Los periódicos anunciaron que casi el 80 por ciento de un aproximado de dos mil 500 a tres
mil guatemaltecos que diariamente visitaban Tapachula para realizar compras dejo de hacerlo,
debido a la incomodidad y el aspecto que los cientos de migrantes generaron al asentarse en la
ciudad. Los habitantes del centro histórico de Tapachula comenzaron a rechazarlos y pidieron
que ser removidos. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibió el constante reporte
de vandalizar en la vía pública, ingerir bebidas alcohólicas en la calle y dejar basura, tipificadas como faltas administrativas. Algunas narrativas de los periódicos recuperaron frases de los
pobladores que mostraron una actitud de “nos están invadiendo”, “están ocupando nuestros
espacios” o bien la de “porque el gobierno no los expulsa”, demostrando el rechazo colectivo a
los espacios propios de la cotidianidad e identidad local.
Este sentimiento de “distintividad” que supone la ocupación de un territorio es también una
manifestación de la identidad personal o grupal. Esta “identidad territorial” o diferenciación del
territorio identifica al sujeto consigo mismo y también con los otros y ante los otros; se convierte así en un “espacio defendible” esto sugiere la presencia de rasgos y signos territoriales como
conductas y actitudes explicitas por los ocupantes y como disuasión de posibles invasiones, la
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eficacia de los rasgos territoriales depende -además de la calidad física inherente y del significado simbólico- del contexto social en el cual es percibido (Gimenez, 2005). Las conductas
xenofóbicas, en este sentido son la indignación y la defensa de los espacios simbólicos de la
comunidad receptora.
De caravanas masivas de centroamericanos a caravanas silenciosas e invisibles de cubanos, haitianos y africanos.
Las caravanas de migrantes inicialmente constituidas por centroamericanos fueron realmente éxodos de familias completas, mujeres con bebés en brazos, niños, jóvenes y adultos. Se
observaron enfermos en silla de ruedas y un contingente de LGBTI que exhibieron su preferencia sexual y los motivos de su éxodo en pancartas improvisadas. En cuanto a las cantidades no
se puede precisar pues solo se tienen datos aproximados: la primera partió de San Pedro Sula,
Honduras, y de otros puntos de este país y se inició por unos mil hondureños el 13 de octubre
a los que se fueron añadiendo salvadoreños y guatemaltecos hasta llegar entre 7 y 10 mil. Una
segunda, de casi de mil hondureños partió de Esquipulas, Guatemala, el 21 de octubre; otras tres
caravanas conformadas por salvadoreños, que partieron desde El Salvador en días posteriores,
y otra de hondureños que salió de San Pedro Sula el 14 de enero de 2019. En total fueron 6, que
fueron diluyéndose por la política de contención que se inició en de abril de 2019.
La migración en caravanas disminuyo en los primeros meses del año, sin embargo, se observó que aumentaron los migrantes cubanos, que de manera silenciosa y casi invisible llenaron
los primeros cuadros de la ciudad, la mayoría ilegalmente pidiendo una visa transitoria permanecieron estacionados en espera de obtenerla para llegar a la frontera estadounidense y pedir
asilo. En algunos casos los encerraron en la Estación Migratoria Siglo XXI y fueron liberados
tras múltiples denuncias sobre las condiciones infrahumanas en que se encontraban lo que provocó la salida de la delegada regional del INM y el despido del personal de la oficina. La mayoría de migrantes pidió apoyo a la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (COMAR) para
iniciar el proceso que permitiese solicitar refugio, esperando así, la decisión de la Secretaría de
Gobernación de otorgar la condición de refugiado. Durante todo el proceso de salida del centro
de detención, los migrantes contaron con el asesoramiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En el mes de mayo, cientos de migrantes obtuvieron su permiso correspondiente para transitar por el país, siguieron su destino por avión generando una demanda inusualmente vista.
Aunque los cubanos disminuyeron se acrecentó en el año el número de ciudadanos de países
como Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, China, Nigeria o Brasil, entre
otros. La fisonomía de la migración cambio radicalmente, y aparecieron grupos numerosos que
llegaron del Congo y Camerún. Se plantaron frente a la Estación Migratoria, para solicitar un
permiso para transitar hasta Tijuana, en la espera establecieron una especie de campamento en
las banquetas y en terrenos baldíos con casas de campaña y material improvisados. Mientras
tanto, comenzaron a hacer colas interminables a las afueras de la COMAR, para pedir asilo en
calidad de refugiados, las cuales se pueden observar hasta la fecha. La imposibilidad de atenderlos provoca que se “estacionen” por días, semanas y meses, en espera de pasar a realizar
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el trámite. Allí duermen y realizan sus necesidades básicas. Muchos de ellos solicitan a apoyo
al ACNUR, sentados a las afueras en las banqueas esperando su turno por largas horas y días
completos. Es muy común observar grandes contingentes concentrados en las calles aledañas, a
la COMAR y a la ACNUR; algunas ONG´s que extienden algunos documentos de apoyo para
la obtención de permisos. El espacio más significativo es el campamento asentando frente al a
la Estación Migratoria s. XXI, donde miles están prácticamente pernoctando durante ya más de
ocho meses. Este espacio se ha convertido en un lugar autoconstruido y marginal, en el sentido
de que no cuenta con todos los servicios, la imagen es evidencia de una agudización de la estigmatización implícita en la atención burocrativa.
Este panorama viene a reconfigurar la formas y maneras del fenómeno migratorio en Chiapas, estado que por su situación fronteriza siempre ha sido espacio de flujos y circuitos de
migración, llamado tradicionalmente como un territorio de inmigración, emigración y tránsito
(Anguiano, 200), otros lo han denominado migración en ciclos interno, regional e internacional
(Villafuerte y García, 2014), esencialmente es una región donde conviven, los que van de paso,
los que no pudieron pasar, los que vienen a quedarse, y los que regresan del norte y de centroamericana; sin embargo esta migración africana y afroacaribeña, nunca se ha dado y mucho
menos de manera masiva y aguerrida, lo que permite avizorar que en estamos siendo parte del
movimiento internacional de migración.
De centroamericanos pobres a cubanos “con dinero”.
Las caravanas de centroamericanos mostraron la pobreza con las condiciones precarias: cansados, ropas raídas, con hambre, arrastrando bultos de ropa vieja, zapatos desgastados, aceparon todo lo que se les donaba. Muchas caminaron con sus respectivas familias, otros en pareja,
madres solteras y madres ancianas. Se observaron enfermos en silla de ruedas, niños espantados
con rostros desnutridos. La gran mayoría jóvenes adolescentes que en su lenguaje y expresaron
su esperanza para lograr el sueño. Algunos comentaban que tienen familiares “allá” y que los
estaban esperando, otros dejaron atrás familia con la esperanza de ayudarles o traerlos consigo.
Se entretejieron historias de valor humano, de sueños por conseguir y anhelos que motivan a
superar la condición de pobreza, marginación y de riesgo.
A diferencia de los migrantes cubanos; en lugar de pernoctar en albergues prefirieron rentar
cuartos económicos de hoteles y en muchos casos se asociaron para rentar casas de seguridad.
En la zona norte de la ciudad se pueden observar actualmente colonias habitadas por migrantes
cubanos. Son visitantes asiduos de las plazas comerciales y los cafés, esperando pasar el tiempo
para conseguir “los papeles” y migrar. A diferencia del centroamericano con una fisonomía peculiar: morenos, bajos de estatura y complexiones robustas: el cubano alto, esbelto y un moreno
diferente al lugareño o centroamericano y con un acento claramente identificable provoca que
los propios empiezan a sentirse desplazados de los espacios de convivencia pública. Durante
los primeros meses agentes de migración iniciaron redadas en las colonias suburbanas donde
muchos cubanos y africanos sin papeles fueron encerrados para determinar su situación legal, lo
que provocó que cientos de detenidos estuviesen hacinados en la estación migratoria y en varias
ocasiones utilizaron la violencia para escapar superando en número a los vigilantes del lugar.
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El hecho fue de mucha tensión y mientras las colas eran largas, el ambiente fue propicio para
exasperar los ánimos y provocó situaciones de reclamo. Algunas expresiones como la de “Estamos huyendo de una dictadura”, “Tenemos familia en los Estados Unidos. Pero los mexicanos
no quieren ayudarnos” fueron gritos de los que se concentraron para esperar atención frente a la
agencia de refugiados mexicanos. Los que tienen acceso a dinero en efectivo pueden recurren
a contrabandistas, o coyotes, expertos en eludir los puestos de control, y conocidos por pagar a
los funcionarios mexicanos. Sin embargo, los precios para cruzar la frontera ilegalmente pueden ascender a 5.000 dólares o más por persona.
De una política de solidaridad a una política de contención.
En la conformación de las narrativas, están presentes los discursos de las políticas migratorias, y no se pueden entender las realidades locales sin el contexto discursivo en la implementación, donde actores administrativos, con intereses y hábitos, operativizan decisiones en hechos.
La puesta en marcha fue siempre “visible en un discurso institucionalizado, procedimental y
burocrático”. Considerando que los discursos se dan de acuerdo con el tipo de política que
se trata, Lowi (2007) explica que estas puede ser: regulatorias, distributivas, redistributivas y
constitutivas. En este caso las políticas regulatorias encontraron en este año el escenario y una
arena en un marco institucional y donde mediante discursos evidenciaron el tránsito de un argumento solidario a una de normatividades regulatorias.
Durante los últimos meses de la administración de Peña Nieto, el canciller Videgaray anunció pedir apoyo a la ONU para gestionar las peticiones de asilo. Se anunció que toda persona
que ingrese al país de manera irregular será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo
y, en su caso, será retornada a su país de origen, de manera segura y ordenada. En ese entonces
el presidente electo anunció que implementaría un programa para dotar de visas de trabajo a
los migrantes centroamericanos, prometió que respetarían sus derechos y ofreció otorgarles
permisos de trabajo para incorporarse a proyectos como el Tren Maya. En octubre de 2018, el
gobierno anterior envió a 244 elementos de la Policía Federal, anunciando que “no era parar”
el avance de la caravana, sino apoyar al INM en la “atención” de los migrantes. Las autoridades ofrecieron asilo o retorno a sus países de origen; sin embargo, la mayoría de los migrantes
decidió continuar su camino.
Contradictoriamente, en la cuarta caravana, agentes migratorios mexicanos comenzaron a
detener decenas durante el recorrido a los grupos que se rezagaban o se adelantaban. Para la
quinta caravana, no se dio acceso por el puente internacional, y el contingente cruzó por el Río
Suchiate. Durante la estancia en, el INM se encargó de colocar brazaletes y otorgó “tarjeta de
visitante por razones humanitarias” con la cual además de comida, podían acceder a empleo
mientras permaneciesen en suelo mexicano. Se ofreció otorgar visas migratorias con el fin de
reducir el flujo de personas hacia Estados Unidos. La entrega de documentos legales fue hasta
permanecido hasta siete meses realizando trámites; estas Tarjetas de Residente Permanente, Residente Temporal, de Visitante por Razones Humanitarias y de Visitante Regional, fue medida
de control y de registro, se incrementó a partir de las políticas de retención, anunciando siempre
“tienen que ser previamente aprobados, cumplir con los requisitos legales, además del registro,
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donde firman una documentación y son tomadas huellas dactilares y fotografías, bajo una serie
de requisitos, ante la COMAR, el INM y el ACNUR. Aunque la intención explicita fue la regularizar y permitir la estancia legal, se planteó como la atención y servicios brindados a quienes
permanecen en un proceso de regularización, que en promedio se tarda aproximadamente siete
meses para la respuesta o bien para obtenerla. Los trámites son engorrosos y demasiado burocráticos; acuden a una oficina de regulación, solicitan el acceso con una serie de documentos
como condición para otorgar el permiso, las cuales son periodos de espera hasta de ocho meses.
Para los cubanos, esto es desesperante, en virtud de que no pueden salir de Chiapas, so pretexto
de continuar con otros trámites y estar pendientes de acudir a firmar a las oficinas migratorias,
lo cual obliga a una erogación económica no prevista. En tanto centroamericanos que reciben
la Tarjeta de Visitante Regional, por un año, solamente pueden circular por Chiapas, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, por los acuerdos de autoridades federales, en donde pueden realizar actividades laborales.
Esta situación agudiza a los africanos toda vez que solo quieren un “oficio de salida” para
viajar a otros estados o llegar al norte e ingresar a Estados Unidos y muchos casos ni papeles
poseen o no reúnen los requisitos exigidos. Como es de esperarse, se niega la petición, quedando en un estado de indefinición: no pueden seguir adelante, no pueden regresar a su país y no
es viable para ellos quedarse.
En consecuencia, se genera una crisis que se agrava ante el estancamiento de cientos de
ellos, sin que obtengan respuesta en torno a su solicitud de salida. La situación es caótica para
muchos, y en consecuencia decenas de africanos iniciaron protestas frente a la Estación Migratoria. Aunque las autoridades mexicanas negociaron un proceso de atención e información
realmente no pueden atenderlos sin que llenen los requisitos. Esta situación se complica aún
más, en el terreno de las políticas migratorias, toda vez que, a inicio de junio, Estados Unidos
y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a
todos los productos provenientes del segundo. Ante tal presión, se envió a las fronteras norte
y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo- y se
contrató a más personal migratorio. El Gobierno de México informó que, a raíz del acuerdo, por
el cual se desplegó la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur, se ha reducido periódicamente el flujo migratorio un 56 %. Según datos del INM, en el periodo de enero a septiembre,
el gobierno “presume” haber deportado a 106.552 indocumentados.
Algunos migrantes frustrados trataron de escabullirse hacia el norte por etapas, tomando minibuses públicos hasta llegar justo antes de los puntos de control de inmigración, luego caminaron alrededor de las barreras, antes de subirse a otro tipo de transporte en dirección norte. Pero
luego son víctimas de ladrones y secuestradores, dando lugar a narrativas que los periódicos
cuentan: “Nos atacaron, pero nos las arreglamos para combatirlos y escapar”, dijo Teresa Mayadal, de 46 años, una técnica química de La Habana que, junto con su esposo, llegó a la ciudad
mexicana de Arriaga, una terminal de tren de carga a unos 150 kilómetros al norte de Tapachula.
Sus pies estaban cuidadosamente vendados, como resultado de las ampollas de días de caminar
hacia el norte desde la frontera guatemalteca. Sentada a su lado, una hondureña de 21 años con
lágrimas en los ojos cuenta, con la voz entrecortada, que había sido agredida sexualmente mienRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tras caminaba por un puesto de control, los agresores también robaron su teléfono celular y su
bolso: preguntó a algunos visitantes si podía pedir prestado un teléfono para llamar a su novio
en Estados Unidos y buscó el equivalente a un dólar para pagar un baño en una casa privada.
Muchas solicitudes han sido denegadas después de meses de espera, y ordenan abandonar el
país en cuarenta días, esto ocasiona un doble problema, porque el país más cercano es Guatemala, con menos probabilidad de mejora. Así que deciden quedarse en las inmediaciones de la
Estación Migratoria, iniciando una especie centro de concentración voluntaria. Las autoridades
no pueden llevarse a todos hasta África y deportarlos, para lo cual los denomina “apátridas”,
adjetivo que se interpreta que no sabe qué hacer con ellos.
El cambio en el discurso que se dio por el presidente López Obrador antes y después de
asumir su responsabilidad como presidente, ha sido decisivo en la evolución y el impacto de
la migración en esta región fronteriza. La política de contención está siendo el muro que no se
construyó en el norte pero que finalmente se levantó aquí en el sur y que lejos de ser de ladrillos y cemento, es un muro de exceso de burocracia. Los habitantes de este lado del muro están
construyendo una realidad ineludible la de compartir un territorio migrante con centroamericanos y africanos, generada por políticas de contención cuyos formuladores también configuran
los términos del discurso al combinar el vocabulario, la retórica y el simbolismo de las intenciones políticas.
Impacto en la cotidianidad
La sobrepoblación y la vida cotidiana.
Las narrativas periodísticas, afirman que en Tapachula habitan alrededor de 80 mil migrantes
que se encuentran en espera de una resolución de su solicitud de refugio. Por otro lado, en la
estación migratoria se mantienen alojadas aproximadamente a 900 personas entre ellos menores de edad. La sobrepoblación migratoria ha provocado que otros cientos de migrantes se
manifiesten afuera de la estación, bloqueando el acceso principal y exigiendo a las autoridades
que se les permita transitar libremente por el país. Hasta el momento de los 80 mil migrantes,
solo existen 21 mil solicitudes de refugio.
Frente a la cifra que podría aumentar hasta 55 o 60 mil que llevan un proceso para su solicitud; afuera de la estación migratoria se observan todos los días largas filas esperando ser recibidos para hacer el trámite. Tapachula se ha vuelto una pequeña ciudad internacional y llena
de cultura de cientos de países de todo el mundo. La vida en las calles es de espera: sentados,
platicando y yendo de un lugar a otro resolviendo su situación migratoria. Además, se ha vuelto
parte de la economía que fluye en los pequeños negocios del lugar. Migrantes de Haití, Honduras, el Salvador, Cuba y África conviven discretamente enriqueciendo las calles con su cultura,
su gastronomía y sus idiomas. Muchos toman trabajos temporales como obreros, cocineros y en
otras posiciones de servicios para ayudar a comprar comida y alquilar viviendas baratas. Una
docena o más de personas a menudo viven hacinadas en habitaciones individuales, durmiendo
en colchonetas y mantas. Los migrantes se reúnen diariamente bajo la sombra de los árboles
en la plaza central de Tapachula, a la espera de las limosnas. Al final de la calle del centro de
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inmigración Siglo XXI, un barrio de chozas de haitianos y africanos en su mayoría a la espera
de los papeles de salida ha brotado, dando a la zona una clara identidad afrocaribeña.
En esa cotidianeidad se van construyendo historias que van narrando los periódicos. Por
ejemplo, el de una mujer centroamericana que atiende un hostal, que llegó a México y consiguió un empleo, en su narrativa dice que ama al país desde que llegó, porque muchos como ella,
logaron obtener un trabajo en la ciudad, lo que les permite tener un ingreso, además colaboran
cotidianamente para que la estancia de otros migrantes sea positiva en un contexto de violencia
y xenofobia que se vive en el país.
Otro caso es el de Selma Etelvina Hernández, mejor conocida como Mama África, ella
aprendió a preparar comida cubana y africana para los migrantes. Comenzó a tener clientes provenientes de Somalia, quienes le pidieron preparar comida como la de lugar natal. Ellos comparan los condimentos y se los dan a Mama África para que ella cocine y pueda tener comida
preparada como en sus países, aunque no sepa igual se están combinando los sabores y sazones
para generar nuevos guisados. Otra narrativa, es el nacimiento del primer niño de padres africanos que mantuvo un paro de 20 días a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI quienes
solicitan los oficios de salida. Ellos viven en el campamento improvisado en casas de campaña
con temperaturas que superan los 36 grados centígrados por la mañana y fuertes aguaceros por
las tardes. Muanda, el padre le puso por nombre Manuel López Obrador, con la esperanza que
con su nacimiento en tierras mexicanas puedan obtener sus documentos para poder viajar al
norte del estado.
Derrama económica.
Las narrativas destacan que en las calles los pequeños comerciantes se encuentran en los
migrantes un consumidor constante y seguro, incluso hay quienes aseguran “cuando no hay
muchos migrantes se viene abajo el negocio” específicamente aquellos que se dedican a la venta
de chip y celulares en el centro de la ciudad; desde que comenzaron a llegar, hay una creciente
en las ventas de líneas telefónicas y de otros productos. El grupo de migrantes que se mantienen
en el centro, aseguran gastar más de 10 mil pesos cuando llegan a esta ciudad, en la compra de
alimentos, ropa, zapatos y otros artículos de primera necesidad.
Por otro lado, los empresarios especialmente del centro dicen que la llegada de los migrantes ha incrementado la inseguridad; perciben una mala imagen que proyecta Tapachula a nivel
nacional especialmente en el ingreso violento de migrantes centroamericanos. Los empresarios
en el ramo turístico cuentan que se han visto seriamente afectados debido a que no existen las
condiciones necesarias para que lleguen visitantes nacionales a esta región Soconusco. Algunos indican que por razones de inseguridad prefieren “cerrar temprano sus comercios, o viven
con un miedo constante de ser asaltados”. Para ellos el ingreso masivo de migrantes africanos,
cubanos y centroamericanos, se vive con zozobra con el temor de ser violentado cuando se va
al centro; se sienten inseguros al acudir a los bancos y a comprar en los comercios del Centro,
además que empaña el trabajo realizado para impulsar y promocionar los lugares naturales de la
región, pues ha caído el arribo de turistas. Las narraciones aluden a las formaciones de colonias
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enteras de migrantes que han preferido quedarse a vivir en esta ciudad; y al no existir condiciones de generación de empleo se agrava la situación, además que se ha cancelado el proyecto de
zona económica especial en Puerto Chiapas.
Una estancia que atrapa.
En su llegada los migrantes centroamericanos buscaron un lugar para permanecer en Tapachula, en lo que expiden las tarjetas, llegaron y se asentaron en el parque central Miguel
Hidalgo, la situación se agravó porque fueron llegando más personas. Los albergues estuvieron
a su máxima capacidad y aunque autoridades implementaron espacios, los migrantes ante el
temor de ser deportados encontraron el parque central un espacio seguro para acampar, además
que siendo el centro de la ciudad siempre está protegido por la policía y eso hace sentir seguro.
Algunos activistas constantemente pidieron a las autoridades que establecieran un lugar para
la comunidad migrante de manera temporal; mientras que le están entregando las tarjetea que
permite tener acceso para el tránsito o empleo, o bien para seguir su camino a los Estados Unidos.
Las noticias periodísticas escogieron deliberadamente a portavoces de diversas asociaciones
civiles y empresariales, que exigieron al gobierno que atienda la problemática como una situación sanitaria, considerando la presencia de una población flotante que tenía que ser atendida
con medidas de prevención sanitaria y además demandó la improvisación de lugares para que
realizar las necesidades básicas. El panorama que exhibieron son situaciones de contaminación
al aire libre, y ante la falta de recursos económicos, se convirtieron en indigentes pidiendo para
su alimentación; algunos pronunciamientos fueron xenofóbicos que exigieron la expulsión o la
deportación. Estas expresiones y demandas fueron acompañadas de quejas de los habitantes y
visitantes del centro por el desaseo en los espacios que habitaron. Manifestaron que las personas ya no acudieron al centro o al parque Bicentenario ante un mal olor existente.
Esto se incrementó desde el 7 de junio cuando se firmó un acuerdo con Estados Unidos por
el que México se comprometió a incrementar la presión sobre los migrantes a cambio de que
Washington no impusiese aranceles a las exportaciones. Desde entonces, la Guardia Nacional
se desplego y se multiplicaron las detenciones y deportaciones. Según datos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, el flujo de migrantes se redujo cerca de un 40% en el mes de julio.
Entre las historias narradas se encuentra de un camerunés, que, como cientos de compañeros sin
papeles, llegó a Chiapas y se entregó al INM para tener los servicios básicos; pasó una semana
encerrado y cuando recibió el oficio de salida se le calificó como “apátrida” a pesar de reconocer que su nacionalidad es camerunesa, le explicaron que esto ocurre porque el consulado
de su país no respondió a los requerimientos de México para ser reconocido. Pero en realidad,
ese adjetivo se entendía de que no será deportado porque no hay a donde llevarlo, sin embargo,
en un oficio anexo se le instruye a regularizar su situación, que, en caso contrario, tendrá que
abandonar el país por su frontera sur.
En ese sentido la frase “por su frontera sur” es ya una amenaza de expulsión, puesto que antes de la implementación de la política de contención los migrantes recibieron el oficio en el que
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tenían que dejar México, pero no se determinaba por dónde, así que aprovecharon los 20 días
que determina la temporalidad para llegar al norte y pedir asilo en Estados Unidos. Muchos los
cuales muchos con el dinero suficiente se trasladaron en avión hasta Tijuana. Esto llevó a que,
equivocadamente, el oficio de salida fuese comúnmente conocido como “salvoconducto”. Este
mecanismo fue empleado por migrantes procedentes de todas las partes del mundo: cameruneses, haitianos y cubanos, sin embargo, esto ha cambiado y en consecuencia los ciudadanos de
diversos países de África, Asia o el Caribe no tienen opciones para abandonar Chiapas desde
entonces.
Las instrucciones para el INM, sobre el oficio de salida “con fines de regularización” indican que “no otorga una condición de estancia”, sino la posibilidad de legalizar su situación si
cumple con la ley; además, específica que “con dicho documento las personas extranjeras no
pueden transitar libremente por territorio nacional”, incluyen las reglas para abandonar el país.
“En concordancia con lo establecido en la fracción IX del artículo 240 del Reglamento de la
Ley de Migración, la persona extranjera que obtenga este beneficio y no presente el trámite
correspondiente en el plazo que le fue señalado, deberá abandonar territorio nacional dentro del
mismo plazo a través de un lugar destinado al tránsito internacional de personas en la frontera
sur más cercano al lugar donde se expidió el citado documento”. Esta referencia a la frontera
sur aparece en los oficios de salida que migrantes, como el camerunés mencionado, vienen recibiendo en las últimas semanas.
Constantemente se comenta que el gobierno ya no dará pases a migrantes de forma masiva,
por lo que ha planteado a los extracontinentales que regularicen su estancia, ya sea reubicándose o pedir asilo, pero el permiso para transitar definitivamente no llegará. Muchos africanos
están empecinados en el oficio de salida sin aceptar otra prerrogativa. De aceptar la propuesta
del Gobierno Federal de establecerse implica planear el apoyo a los africanos a establecerse en
no solo en Chiapas sino en los estados del sur en donde implicaría crear empleos, acceso a la
salud y educación. Sin embargo, para el sentido de vida de muchos ellos es solo el paso para ir
al norte solo un pequeño grupo de africanos aceptó y fueron llevados a las Costas de Oaxaca.
Los titulares plantean ya una propuesta: “Piden que a migrantes les den el salvoconducto o que
los deporten” o bien “Migrantes deben aceptar propuesta de establecerse en estados del sur”.
El panorama que se viven con el fortalecimiento del control migratorio, la necesidad de
conseguir recursos económicos para la subsistencia ante una prolongada estancia temporal en
este espacio de tránsito, y la imposibilidad o el no deseo de regresar a los países de origen, se
está traduciendo en largos tiempos de permanencia en Tapachula de una comunidad africana en
tránsito. Estas situaciones promueven que Tapachula deje de ser un territorio de tránsito para
convertirse en destino temporal o permanente ante las actuales solicitudes de refugio.
5.- DISCUSIONES
Considerando la premisa de que todo flujo migratorio trae consigo un impacto y como tal
un cambio en las estructuras tanto de los receptores como de los que se desplazan, en los flujos
migratorios que se están dando en la región del sur de Chiapas, particularmente en Tapachula,
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la migración el análisis es obligado desde una lectura cultural como potencial para la transformación normativa y desde una perspectiva estructural con sus ingredientes demográficos y
económicos.
Considerando que la propuesta de los niveles en los estudios sobre el cambio que se ubican
en el micro nivel de los individuos y las familias, el meso nivel de las comunidades y las regiones, y el macro nivel de los Estados nación y la economía global (Massey et al., 1998; Portes,
1999) (cit. por Portes, 2009).; las narrativas anteriores plantean cuatro posibles líneas para generar un análisis micro y meso nivel en dos direcciones: por un lado, en el sentido antropológico
en la emergencia de conductas propias de la enculturación y bien por otro, desde los efectos de
las políticas de contención migratoria.
En primer lugar, se observa por parte de la comunidad receptora, una “invasión” de migrantes que nunca se había visto, y aunque la migración centroamericana fue parte de la “normalidad”, nunca se había visto caravanas masivas irrumpiendo y ocupando los espacios que le
dan identidad cívica al tapachulteco, provocando una reacción xenofóbica argumentada con el
descuido de los espacios públicos. En segundo lugar, la presencia de africanos es vista también
como una invasión, no tanto al espacio, sino a la cultura y a la identidad. Alejandro Portes
(2009) le llama “movimientos telúricos”, que vienen a desestabilizar en una baja intensidad las
estructuras de poder asentados en los “planos institucionales” y los “planos simbólicos” generalmente dibujados en la cotidianidad de las comunidades.
En tercer lugar, la política de contención migratoria, desde un análisis geopolítico, se puede
considerar en términos hipotéticos como la concreción del muro que había planteado Trump:
todo parece indicar que el discurso de una política de considerar a México de ser un “tercer país
seguro”, se concretiza de en la creación de una “región segura”, flanqueada por un “muro burocrático” que está obligando al nacimiento de una comunidad a desarrollar una cultura para vivir
de este lado del muro. Y finalmente en cuarto lugar, el efecto Trump es el nacimiento de una
comunidad africana en consecuencia de las políticas de contención que no permiten el tránsito
regular: los migrantes acusan que el documento de tránsito que ofrece los obliga a salir solo por
la frontera sur de México y ya no les permite llegar al norte.
Si bien, toda migración representa el lugar de destino como el objetivo final de la movilidad,
esto implica iniciar una etapa de integración que va desde la regularización migratoria hasta los
mecanismos de sustento; ¿Cómo se darían en estas fases, en un país que no es el destino, pero
que obligados se tendrían que adaptar? ¿Cuáles serían los efectos, costes políticos y económicos para la región?
5.- CONCLUSIONES
En términos antropológicos, las narrativas sobre la migración en el sur de Chiapas contienen el ingrediente que traen consigo una recomposición de la vida cotidiana. Los habitantes
de Tapachula, en su vida diaria se están acostumbrando a ver a largas filas de migrantes, en su
mayoría centroamericanos, frente a las oficinas de las agencias de refugiados.
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Este movimiento está implicando varios cambios, incluidos los lugares de convivencia cotidiana, de trabajo y de consumo, significa que existe una ruptura en el ámbito individual o social,
en tal vía implica un aprendizaje social en términos internacionales e interregionales, creando
nuevas relaciones, nuevas solidaridades y un nuevo capital social y aunque no corresponde a
una ruptura total, si se puede acudir al concepto llamado transnacionalismo o el de comunidades transnacionales. (Peixoto, 2007). Prueba de ello es la cotidiana multitud políglota de África,
Asia y el Caribe que se reúne regularmente en la sede local del INM y la agencia de asuntos
migratorios. Los tapachultecos conviven con los que se encuentran atrapados en una creciente
represión de las autoridades mexicanas y abandonados en esta asfixiante ciudad del sur. Los
migrantes no pueden continuar sin arriesgarse a ser detenidos, y permanecen en Tapachula juntando la documentación para viajar legalmente.
Las historias narradas, cuentan como el aumento en este año del número de migrantes junto
con los puestos de control a lo largo de la carretera costera y obviamente la estrategia mexicana
es previsible tanto que el hecho de colocar puntos de contención en las carreteras tiene como
sentido acorralarlos y detenerlos en el sur. Ante la necesidad de propuestas, la secretaria de
Gobernación planea crear un cinturón de contención en el Istmo de Tehuantepec, el punto más
estrecho para evitar que avance hacia el norte.
El escenario en Chiapas está cambiando la atmósfera de los meses pasados, cuando decenas
de miles de centroamericanos -tanto en caravanas organizadas como en pequeños grupos- se
movieron libremente por la zona. A muchos se les concedieron rápidamente visas humanitarias
como parte de la promesa del presidente López Obrador de ayudar a los migrantes. La alfombra
de bienvenida ha sido retirada y en la carretera costera, agentes de inmigración, la policía federal y oficiales militares exigiendo a los pasajeros documentos, los que carecen y no demuestran
su estatus legal son escoltados a las camionetas de inmigración.
Las voces representativas expresan preocupadamente que los migrantes que llegan a Tapachula, no tienen otra opción que quedarse y solicitar documentos de inmigración - visados,
permisos de visitante temporal, estatus de refugiado o documentos de salida que dan a los
beneficiarios 30 días para salir de México. Convirtiéndose en una tortuosa y asfixiante espera.
La demanda abruma a la burocracia migratoria, que además tiene recortes presupuestarios.
La agencia de refugiados del país espera que las solicitudes se dupliquen este año en comparación con las del año pasado. Mientras que los centroamericanos representan la mayoría de los
migrantes, un gran número de los llamados extracontinentales de todo el mundo también han
hecho el viaje. La percepción de esta realidad es el reconocimiento y la aceptación que existe
otra sociedad y para “los otros”, y “estar aquí” es vislumbrar para ellos un nuevo horizonte social, lo que significa que tiene lugar un “cambio subjetivo radical” (Peixoto, 2007), es decir una
ruptura y a una revolución en la vida cotidiana; lo que permite comprender que los migrantes
en su travesía demuestra que no están resignadas a su condición social.
Los habitantes de esta ciudad también están aprendiendo a vivir en represión y un desplieRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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gue planeado de la Guardia Nacional, esto ha generado protestas contra la militarización de la
frontera sur de México al estilo estadounidense, que se comparan con los intentos de Trump de
construir un muro a lo largo de la frontera entre ese país y Estados Unidos, creando una realidad
nueva en tan solo un año.
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Responsabilidad Social Empresarial a las Responsabilidades en Derechos Humanos1
Corporate Social Responsibility to Human Rights Responsibilities
Luis Alejandro, Rodríguez-Cruz2
https://orcid.org/0000-0002-4714-9238
Verónica, Cuevas Pérez3
https://orcid.org/0000-0001-6901-1398
Víctor Néstor, Aguirre Sotelo4
https://orcid.org/0000-0003-0469-2414
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
___________________________________________________________________________
RESUMEN
Este articulo tiene como objetivo explicar la relación asimétrica que se encuentra en la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y los Derechos Humanos (DH), iniciando con el origen de la Responsabilidad Social y como le
da paso a la existencia Empresarial, tomando como base diferentes eventos claves como la Cumbre del Milenio y
el Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como documentos esenciales para expresar
conforme a la teoría, como los Diez principios del Pacto Global, Los Principios Rectores de las Naciones Unidas;
haciendo una reflexión acerca de los desafíos empresariales para cumplir con sus responsabilidades y no afectar
los derechos humanos. La conclusión se centra en exponer esa estrecha relación de la RSE y Derechos Humanos,
dando recomendaciones a futuros trabajos en la misma línea de investigación.
Palabras clave: Consulta Previa Libre e Informada, Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas,
Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Empresarial.
ABSTRACT
The objective of this article is explain the asymmetric relation that is found in the Corporate Social Responsibility and the Human Rights, starting with the origin of the Social Responsibility and the existent business existence,
based on different key events such as the Millennium Summit and the Global Compact of the United Nations (UN),
as well as essential documents to express according to the theory, reflecting on business challenges to fulfill their
responsibilities and not affect human rights. The center of this conclusion is exposing the relation of RSE and Human Rights, giving recommendations for future work in the same line of investigation.
Keywords: Free and Informed Prior Consultation, Human Rights, United Nations Organization, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility.
Recibido: 25 de Octubre 2018 - Aceptado: 29 de Febrero 2019
Cómo referenciar este artículo:
Rodríguez-Cruz, L. A., Cuevas Pérez, V., &amp; Aguirre Sotelo, V. N. (2018). Responsabilidad Social Empresarial a
las Responsabilidades en Derechos Humanos . Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 63-79. Recuperado
de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/136

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: Responsabilidad Social Empresarial a las Responsabilidades en Derechos Humanos.
2
* Doctor en Filosofía con Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: alejandro_rdz88@hotmail.com
3
* Doctora en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas. Profesora tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Email: veronicacp70@hotmail.com
4
* Doctor en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas. Profesor tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Email: victor.aguirrest@uanl.edu.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 63-79. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/136

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1.- INTRODUCCIÓN
En los últimos años, con el fenómeno de la globalización, surgen cambios y nuevas estrategias entre las empresas y los mercados para competir a nivel internacional. Emerge también un
nuevo paradigma buscando medir la sustentabilidad económica, social y ecológica. La medición de este paradigma nace ante la observación en la nueva gestión de hacer negocio a través
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
La exigencia ética de sostenibilidad invita a redefinir los modelos de gestión de las organizaciones y los territorios locales, nacionales y regionales, la responsabilidad social no es acción
social que se mantenga al margen de la actividad principal de la organización, sino un nuevo
sistema de gestión de la organización.
La competitividad en las empresas es cada vez mayor, es por esto que para su supervivencia
deben atraer a los clientes con argumentos buenos y diferentes a las demás organizaciones. La
responsabilidad social es uno de los argumentos más importantes, de esta manera la organización que se funda en este argumento como lo es la responsabilidad social, presenta una imagen
más transparente y sincera a los clientes. Es por esto que surge la necesidad de crear empresas
que buscan crear un buen ambiente social, donde exista el respeto al trabajador, la ética y la
responsabilidad social.
En la Actualidad la Responsabilidad Social se ha ido evolucionando y se han arraigado en diferentes Organismos Internacionales, hoy se habla ya de una manera sólida de sustentabilidad;
hoy se han realizado grandes documentos como el Libro Verde y el Blanco; y se han publicado
guías extraordinarias como las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la tan ansiada ISO26000; además la economía global ha hecho que
las acciones sociales se conviertan en una herramienta estratégica de negocio. La razón de ser
de las compañías no debe centrarse en resolver las necesidades de los sectores menos atendidos,
sin embargo, sí es necesario que conciban la idea de generar valor social y económico.
La RSE no es una obligación legal que tiene que cumplir la organización, pero cabe mencionar que el mercado ha aprendido a diferenciar de entre aquellas empresas que realmente
están comprometidas socialmente de aquellas que no lo están. El uso de la RSE en pequeñas
y medianas empresas es fundamental ya que son las que más contribuyen a la economía y a la
creación de puestos de trabajo. Las iniciativas sociales van de la mano con la misión y visión de
la empresa, se debe de mantener un balance entre los negocios y las actividades sociales.
La RSE ha de ser ética en el sentido de conversión sobre las reflexiones filosóficas y morales hacia las corporaciones para que guíen los comportamientos de las personas dentro de las
ejecuciones y el cumplimiento de los fines estipulados, de igual manera, ha de gozar
de integridad y neutralidad a todos sus grupos de interés, generando oportunidad en
igualdad de condiciones y permitiendo elementos equitativos asociados al aspecto coherente
de sus intenciones y realizaciones; la coherencia es un aspecto de la RSE enfocado a la
equivalencia entre las decisiones plasmadas y las acciones tomadas en la consecución de
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los planes y estrategias por medio de gestiones y prácticas que reflejen la veracidad, seguridad y viabilidad de las expectativas e intereses de las partes relacionadas y por último ha de
reconocer el dialogo como construcción de tácticas de administración y dirección compartida
mediante la participación activa en posibilitar los juicios en prácticas concretas Adarme Durán,
J. S., &amp; Maldonado Vásquez, J. A. ( 2020).
En un mundo globalizado, donde las empresas son tan poderosas, mucho más que los países,
los Estados-Naciones van perdiendo un poco de poder. Ya no hay fronteras, hoy el comercio es
muy importante, es por eso que la RSE de la empresa es muy importante y va más allá de vender
un buen producto, de satisfacer a sus consumidores, de pagar bien a sus obreros o darles alguna
ganancia a sus inversionistas, mientras más grande sea la empresa, más responsabilidades tiene.
Las personas frecuentemente se preguntan si las empresas tienen sus códigos de ética. Si hacen informes respecto a lo que hicieron en cuestión de responsabilidad social, si es qué hay algo
que realmente los impulsa o si sólo lo hacen para tener un buen marketing, las personas deben
diferenciar si estas actividades de ética realmente corresponden a los ideales de la empresa o
solo es para crear una imagen y posicionar su producto, sin embargo, la RSE es algo que se debe
de hacer por el simple hecho de estar inmersos en la sociedad.
Y es aquí donde surge la relación asimétrica de la RSE y los DH, ya que nace a partir de que
las empresas puedan ser sancionadas por violar las normas internacionales de protección de
los derechos humanos siendo así un elemento esencial obligatorio para estas, por lo cual esta
relación las invita a cumplir con obligaciones jurídicas que deben ser respetadas en cualquier
parte donde necesiten desarrollar proyectos, asumiendo los tratados internacionales en derechos
humanos, las empresas al tener esta Responsabilidad Social (RS) le garantiza permanencia en
una cultura de la legalidad, contribuyendo al bienestar social mundial.
La pregunta es ¿Cómo es el impacto de las Empresas Socialmente Responsables en términos de Derechos Humanos para los grupos vulnerables mediante los proyectos implantados en
territorios de estos? Nuestro objetivo es explicar la relación asimétrica que se encuentra en la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los Derechos Humanos (DH) que con el tiempo
ha ido evolucionando de pasar de una simple distinción como empresa que emerge con políticas
de RSE a su impacto en los DH de los grupos vulnerables.
La cuestión de la responsabilidad empresarial en el ámbito del derecho internacional no es
una cuestión que haya aparecido recientemente en el escenario global; por el contrario, es un
tema que durante cuarenta años se ha desarrollado en múltiples frentes y con distintos propósitos, desde el establecimiento de un nuevo orden económico internacional hasta la consagración
de estándares laborales y de responsabilidad social empresarial; desde 1977 se buscó desarrollar un código de conducta para las empresas transnacionales que regulara los diferentes aspectos y efectos de su actividad, dentro de cuyos estándares se encontraba una referencia sobre la
obligación de las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los países en que operen. (Cantú, Rivera, H. 2017).
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Lo que hace que exista una problemática que se está haciendo más visible y común, dentro
del tema relación entre empresa y derechos humanos, esto por la creciente evidencia que dejan
ver las organizaciones de ciudadanos preocupados por la violación de los derechos humanos,
así como las instituciones que se dedican a esto; específicamente en el desarrollo de proyectos
que impactan en territorios de grupos vulnerables.
Ghys, T. (2019) menciona que los derechos humanos crean argumentos y obligaciones legales que hacen que se protejan y se respeten en diferentes casos que son enmarcados en términos
de ineficacia lamentable como el crimen o la corrupción, además de señalar la necesidad de
continuar realizando una mejora institucional que aumente la dignidad de todas las personas.
Esa situación viene haciendo cada vez más evidentes los efectos que frecuentemente la actividad empresarial puede tener sobre los derechos humanos. La actividad económica, tanto
pública como privada suele tener un impacto directo sobre las personas y comunidades que se
desenvuelven tanto en su entorno como en su interior. Las consecuencias sobre el medio ambiente, la salud, la afectación de los derechos de las comunidades, especialmente indígenas, la
vulneración de los derechos fundamentales de sus trabajadores, particularmente a través de la
adopción de medidas discriminatorias de distinta naturaleza, son los ejemplos más reiterativos
de una realidad cada vez más acuciante. (Ljubetic, Y. 2017).
Para decir que una empresa pueda llegar a tener responsabilidad internacional se suele tomar
como referencia que tengan o no personalidad legal internacional en analogía con otros actores
no estatales. Ello supondría que se pasara de un concepto tradicional de responsabilidad vertical
en derechos humanos a un concepto de horizontalidad que gana fuerza a medida que los actores
no estatales violan la dignidad y los derechos humanos. (Tapia Gutiérrez, 2014).
La relación empresa – derechos humanos, es sencillamente invitar a cumplir a los actores
privados a cumplir con las obligaciones en DH lo cual es importante para ambos actores, ya que
se cumple con no violar los derechos de grupo vulnerables y las empresas pueden maximizar
sus utilidades lo cual es su principal objetivo al momento de desarrollo proyectos que pudiesen
impactar dichos grupos.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Responsabilidad Social
Compromiso u obligación así es llamada la responsabilidad social que involucra a los miembros de una sociedad, como individuo o como parte de un grupo social que al momento de
tomar una decisión arrojara un impacto positivo o negativo.
El concepto de responsabilidad ha sido un término de referente común para diferentes ámbitos de la vida, y el derecho lo ha trabajado ampliamente desde la teoría general de la responsabilidad. En busca de un sentido concreto, el derecho ha concebido la responsabilidad a través
de los criterios de imputación. Para comprender el término de responsabilidad social, el análisis
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debe partir de entenderla como un compromiso ético-moral de individuos, grupos, entidades,
organismos e instituciones con la sociedad. (Torres, J. B., &amp; Alemán, L. S. 2020).
La responsabilidad social tiene su origen desde el inicio de la historia, desde nuestros antepasados, en lo cual los principales actores era la misma humanidad, para que esto se realizara,
podemos observar en las palabras del político - filosófico Cicerón en su libro primero de “ Los
Deberes” donde explica sobre los deberes que tiene el hombre hacia la sociedad y hacia el mismo y plantea que existe únicamente una ley verdadera, la cual es la recta razón, que de acuerdo
con la naturaleza, gobierna sobre toda la humanidad, es infinita y no cambia. Esta ley estimula
a la sociedad a cumplir con sus deberes, prohibiéndoles hacer el mal.
La responsabilidad permite establecer las características que debe tener un ciudadano del
mundo con la competencia de la responsabilidad social, una de las definiciones más específicas
que llama más la atención, es que la responsabilidad social es la preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la actividad humana o de las organizaciones.
EL Libro Verde de la Comisión Europea, menciona que la responsabilidad social es “la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad”.
La responsabilidad social es el compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo que generen un impacto en la sociedad; pudiendo recaer éstas en una
persona, organización, gobierno o empresa. Dichas acciones suelen traer consigo una valoración positiva o negativa por parte de la comunidad. (Comisión Europea, 2001).
En un entorno de economía globalizada, las relaciones productivas y sociales cambiaron
radicalmente, evidenciando la incapacidad del Estado para proporcionar respuestas. Ahora la
ciencia y la tecnología están aportando estructuras de oportunidad que marginan a amplios
sectores de la población y generan conflictos institucionales, al tiempo que las instituciones
financieras, incluidas las públicas, se observan disfuncionales como promotoras del crecimiento. Bajo esta lógica la pobreza parece tener un nuevo y más severo rostro en la medida que la
globalización ha producido acentuados índices de desigualdad, marginación y exclusión social.
(Kliksberg, 2004).
La responsabilidad social no es algo que va de paso sin dejar huella, sino una obligación
universal para asegurar la sostenibilidad social y ambiental de nuestro modo de producción y
consumo en un planeta frágil en el cual todos tenemos iguales derechos a una vida digna. (Vallaeys, F., De la Cruz, C., &amp; Sasia, P. M., 2009).
Responsabilidad Social Empresarial
Cuando se habla de Responsabilidad Social Empresarial, se tiene que enfatizar en el origen
de su existencia, y quien la origino fue la Responsabilidad Social con la cual hablamos de tener
una inspiración voluntaria, de aceptar el compromiso que tenemos con nuestra sociedad, de
hacer el cambio, de ser maduros y hacer consciencia en los demás ante los problemas que se
nos presentan como sociedad, el cual nos hará adoptar hábitos que nos ayudaran a resolver esas
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problemáticas que se nos pudiesen presentar y causar un fuerte impacto.
Martínez (2005) menciona a la Responsabilidad Social Empresarial como “el compromiso
audible de la empresa con los valores éticos que dan un sentido humano a su empeño por el desarrollo sostenible buscando una estrategia de negocios que integre el crecimiento económico
con el bienestar social y la protección ambiental”.
Aguilera Castro, A. &amp; Puerto Becerra, D. P (2012) definen a la Responsabilidad Social Empresarial como una decisión de carácter voluntario, la empresa determina deliberadamente si
asume o no ese compromiso. Una vez asumida, la Responsabilidad Social Empresarial debe ir
orientada coherentemente con los principios de la empresa y con el cumplimiento integral de la
visión que se ha establecido tanto a nivel interno como a nivel externo; considerando las expectativas de las partes interesadas (stakeholders), demostrando el respeto por los valores éticos,
por la gente, por las comunidades, por el medio ambiente, y contribuyendo, de esta manera, con
la construcción del bien común.
La RSE nace en los años 20, pero fue en los años 30 cuando se incrementó debido a la gran
depresión, la cual ocasionó desempleo y pobreza, en EEUU, Europa y Latinoamérica. En 1950
y 1960 el mercado norteamericano comenzó a tomar más conciencia acerca de la labor social,
es en estos años donde las empresas comienzan a crear mecanismos para incentivar las contribuciones caritativas, que además favorece a las empresas ya que estas contribuciones representan menos impuestos para las empresas.
Es en este tiempo que el autor Howard R. Bowen (conocido como el Padre de la RSE) publicó el libro “Social Responsibilities of the Businessman” y fijó para siempre las bases de lo que
hoy entendemos como responsabilidad social empresarial.
Es en este libro es donde por primera vez se define a la RSE como “las obligaciones de los
empresarios para impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de
acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad”; lo cual expresa
la relación entre la empresa y la sociedad.
En 1960 algunos empresarios plantean la idea de la Responsabilidad Social Empresarial,
pero es en el año de 1990 cuando este concepto fue tomando fuerza y se ha ido evolucionando
tras el desarrollo de la globalización, la actividad económica, la conciencia hacia el medio ambiente y las nuevas tecnologías. La importancia por la RSE no es nueva, desde mediados del
siglo XX se consideraba que las empresas deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales
de sus decisiones. También en esta segunda parte del siglo XX aumenta la importancia de la
sensibilidad social respecto a la ética en los negocios.
En 1999 en la cumbre económica mundial, celebrada en Suiza, el secretario general de
las Naciones Unidas realizó una invitación a las empresas a cooperar dando muestras de una
buena ciudadanía global, propuso un acuerdo mundial que incluyera tres áreas: derechos humanos, condiciones de trabajadores y protección del medio ambiente, conciliando así los intereses
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comerciales y sociales.
Este hecho dio origen a lo que hoy se conoce como “el pacto mundial” que es la fuente inspiradora de la RSE.
La cumbre del milenio y el pacto global de la ONU.
La cumbre del milenio es un factor clave a nivel internacional para lo que hoy es la defensa
en derechos humanos y las responsabilidades que tienen las empresas en objeto de Responsabilidad Social a nivel mundial.
La cumbre del milenio de las naciones unidas, siendo parte integral de la asamblea del milenio se llevó acabo el 6 de septiembre del año 2000 en Nueva York, aprobada el 15 de marzo
del mismo año.
Entre los objetivos con la intención declarada de promover la paz, la seguridad y el desarme, los líderes mundiales se comprometieron a fortalecer el estado de derecho y a garantizar
el cumplimiento de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, a fin de proporcionar
a las Naciones Unidas los recursos necesarios para la prevención de conflictos y su resolución
pacífica, y para tomar medidas contra el problema internacional de las drogas y el terrorismo.
Los líderes mundiales que se reunieron en la Cumbre comprometieron a sus naciones a una
nueva alianza mundial para reducir la pobreza extrema y establecieron una serie de metas con
plazos concretos, con el 2015 como fecha límite, que se conocen desde la Cumbre del Milenio
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Dentro de la Resolución aprobada por la Asamblea General 55/2 Declaración del Milenio,
nos enfocamos en el punto I. Valores y principios, numero 6 específicamente en el de “Responsabilidad común”: La responsabilidad de la gestión del desarrollo económico y social en
el mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad
internacionales, debe ser compartida por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente.
Por ser la organización más universal y representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas deben desempeñar un papel central a ese respecto.
El tema del respeto a los derechos humanos para la ONU es de suma importancia, así que
dentro de sus estrategias para evitar las violaciones de derechos humanos opto por una metodología diferente que implementara el buen comportamiento empresarial, ya que estaba identificando que de forma directa o indirecta elevadas violaciones a los derechos humanos por parte
de las empresas, es así que de la mano del secretario general Kofi Annan en 1999, en el Foro
Económico Mundial de Davos, se extendió la invitación a los líderes mundiales empresariales
a llevar a cabo un importante Pacto Global, que por voluntad propia deberían integrar principios que estuviesen dentro de la normatividad internacional a sus prácticas y políticas internas
empresariales.

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Es así como el Pacto Global de las Naciones Unidas fue lanzado en julio del año 2000, como
una plataforma política y un marco practico para las empresas comprometidas con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables, la cual pretende armonizar en todo el mundo
las operaciones y estrategias comerciales con diez principios universalmente aceptados en los
ámbitos de los derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra
la corrupción.
A través de un amplio abanico de vías de trabajo especializadas, instrumentos de gestión,
recursos y programas temáticos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas se propone avanzar
hacia el logro de dos objetivos complementarios: Incorporar los diez principios en las actividades empresariales de todo el mundo; y Catalizar las acciones en apoyo de los objetivos más
amplios de las Naciones Unidas, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio.
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas no es un instrumento normativo, sino una iniciativa voluntaria basada en la rendición publica de cuentas, la transparencia y la divulgación de
información destinada a complementar la regulación y ofrecer un espacio para la innovación.
El Pacto Mundial se divide en cuatro áreas en las que las empresas deben realizar esfuerzos:
derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y combate a la corrupción. Tal como se
anuncia, este proyecto se trata de una plataforma para el desarrollo, la implementación y la revelación de políticas y prácticas corporativas responsables y sostenibles, que resulten en el alineamiento de operaciones y estrategias comerciales con los diez principios en ella enunciados,
en un diálogo permanente y conjunto, y en un esfuerzo colectivo por apoyar la implementación
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (UN Millennium Development Goals). Al unirse a tal iniciativa, las empresas se comprometen a entregar anualmente un
informe en el que se detallen la forma en que los diez principios del Pacto Mundial son aplicados, y a hacer un donativo anual cuyo monto depende del tamaño de la sociedad.
El Pacto Global es un marco práctico para desarrollar, implantar y divulgar políticas
y prácticas de sostenibilidad empresarial, que ofrece a las organizaciones que se adhieren, una amplia gama de recursos y herramientas de gestión para ayudarles a implementar
modelos de negocio y desarrollo sostenible. (Comité Minero Energético (CME) Guías Colombia en Empresas, DDHH y DIH, Pacto Global Red Colombia , 2019)
Dicho proyecto, a pesar de ser uno de los más aceptados por la comunidad empresarial
—esencialmente por su laxedad regulatoria—, también ha sido objeto de fuertes críticas por
parte de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, ya que consideran que
al no existir algún mecanismo de regulación o control, las empresas pueden hacer uso de la
propaganda y logotipos de la iniciativa sin tener que cumplir con sus compromisos adoptados,
ni verdaderamente esforzarse por mejorar sus récords en materia de derechos humanos. (Cantú
Rivera, H. 2013)
Finalmente, el objetivo del pacto global fue promover el diálogo social para la constitución de una ciudadanía corporativa global, que posibilite conciliar intereses de empresas, con
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demandas y valores de la sociedad civil.
Este cambio creo en los miembros de las organizaciones mayor interés en los derechos de
los trabajadores y sobre los instrumentos para obligar al respeto de estos. Algunas influencias
que han ayudado a la evolución de la RSE son el desarrollo constante de la globalización, la
liberalización del comercio, el desarrollo ambiental sostenible, la acelerada degeneración del
medio ambiente y la exclusión de diferentes grupos en la sociedad
Los diez principios del pacto global
El objetivo de los diez principios del pacto global es invitar a las empresas a hacer conciencia para que apoyen, apliquen y se comprometan a influir en los derechos humanos, en el medio
ambiente, en la lucha contra la corrupción y la cuestión laboral de la sociedad.
Espinoza Santeli, (2016), menciona que las empresas adheridas al Pacto Global se clasifican
en tres categorías: la primera categoría es la de plataforma de aprendizaje en la cual las empresas pueden emitir sus Cop ́s (Comunicación del Progreso) sin cumplir con todos los requisitos
que exige el Pacto Mundial; la plataforma está disponible para ser utilizada una sola
vez y las empresas tienen un periodo máximo de un año para cumplir con todos los requisitos.
La segunda categoría es la de nivel activo, aquí se encuentran todas las empresas que
cumplen disciplinadamente todos los requisitos requeridos por el Pacto Mundial y en
caso de no reportar sus Cop ́s corren el riesgo de ser expulsadas. La última categoría es
la de nivel avanzado, aquí las empresas se enfocan en mejorar sus niveles de sostenibilidad y
rendimiento demostrando que cumplen cada uno de los principios del Pacto Mundial.
Los principios del pacto global están enfocados principalmente en los derechos humanos, los
cuales deben ser apoyados y respetados por las empresas, las cuales no deben ser cómplices de
violarlos en ninguna instancia.
En la cuestión laboral, las empresas deben apoyar la negociación laboral, no fomentar el
trabajo forzado, erradicar el trabajo infantil y acabar con la discriminación en el empleo y la
ocupación.
Con el medio ambiente, se deberá prevenir cualquier cosa que lo afecte y fomentar iniciativas que ayuden a la responsabilidad ambiental, apoyándose en el desarrollo y difusión de la
tecnología que respete al medio ambiente y por último eliminar la corrupción y el soborno en
toda instancia.

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Tabla 1 Principios del Pacto Global
PRINCIPIOS
PACTO GLOBAL
DERECHOS HUMANOS
Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente.
Principio 2
Las empresas deben asegurarse de que no
son cómplices de la vulneración de los derechos humanos.
Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.
ESTANDARES LABORALES
Principio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación
de toda forma de trabajo forzoso o realizado
bajo coacción.
Principio 5
Las empresas deben apoyar la erradicación
del trabajo infantil.
Principio 6

Las empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
la ocupación.

MEDIO AMBIENTE
Principio 7
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo
que favorezca el medio ambiente.
Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.
ANTICORRUPCION
Principio 10
Las empresas deben trabajar en contra de
la corrupción en todas sus formas, incluidas
la extorsión y el soborno.
Fuente: Elaboración Propia. (2019)
Principales factores en los cuales las empresas deben apoyar, aplicar e influir para cumplir
con la Responsabilidad Social Empresarial en Derechos Humanos.
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La creación de los diez principios del Pacto Global fortalece el cambio de perspectiva de la
Responsabilidad Social, dejando atrás solamente el cumplimiento de una responsabilidad con la
sociedad, ahora ratifica que en su deber de cumplir con la sociedad se compromete a no violar
sus derechos en cualquier situación que le competa.
Jonh Ruggie, Representante especial del secretario general de la ONU sobre empresas y
derechos humanos
.
El respeto a los derechos humanos es fundamental para cualquier instancia a cumplir, y es así
que tomamos de base a John Ruggie, quien siendo profesor de Harvard fue nombrado representante especial del secretario general de la ONU sobre empresa y derechos humanos con el único
fin de desarrollar un proceso inspirado en el Pacto Global que pudiera sustituir las Normas
sobre las responsabilidades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en la
esfera de los derechos humanos, elaboradas en el 2003, cuyas normas imponían obligaciones
de protección y promoción de los derechos humanos a las empresas, las cuales no eran equivalentes a las del Estado.
El proceso de Ruggie a lo que hoy se le llama Principios Rectores de las Naciones Unidas
sobre empresas y derechos humanos, empezó señalando y aclarando normas uniformes sobre la
responsabilidad social empresarial, precisar la función del Estado en ese campo, el proceso tuvo
varias fases, la primera “el estado del arte” donde se pretendían equiparar las obligaciones de
las empresas con el estado, la segunda Política denominada Marco “Proteger, respetar y remediar” la cual agrupaba una serie de análisis e iniciativa que estaban dispersas, y la tercera poner
en práctica el marco y dar recomendaciones para su implementación orientando a Estados,
empresas y otras partes interesadas y fue así como John Ruggie, presenta en el 2011 al Consejo
de Derechos Humanos las recomendaciones con el nombre de Principios Rectores sobre las
Empresas y Derechos Humanos .
El Marco de las Naciones Unidas “Proteger, respetar y remediar” está basado en la interrelación de tres principios fundamentales:
•

•

•

El Estado tiene la obligación de proteger a las personas frente a los abusos de los derechos
huma- nos cometidos por terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas,
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. Esa protección constituye la
base misma del régimen internacional de derechos humanos.
Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, lo que significa
actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros y reparar las
consecuencias negativas de sus actividades. Ese respeto encarna la expectativa social
más elemental en relación con las empresas.
Es necesario mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales, pues ni siquiera los esfuerzos mejor coordinados pueden
impedir totalmente que se cometan abusos.

Sobre estos pilares se estructura un modelo dinámico que procura proponer a Estados y
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empresas las mejores prácticas para asegurar la efectividad de los derechos humanos. (Rulli &amp;
Bautista Justo, 2012), así mismo Rivera Hernández, P. &amp; Marañón Lazcano, F. (2018) mencionan que una de las formas en que se puede lograr un establecimiento de una cultura de paz es a
través de una mediación comunitaria por lo mismo es importante que se aparte de las acciones
del gobierno como una política pública que contribuyan a la sociedad en un cambio cultural y
permitan el respeto irrestricto de los derechos humanos.
El proceso que Ruggie ha llamado Principios Rectores se toma como fundamento para que
las empresas y el estado cumplan con el respeto a la Consulta Previa Libre Informada (CPLI) a
las comunidades indígenas, que son un caso específico de los grupos vulnerables.
Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos Humanos
Cantú Rivera (2017) menciona “El consenso sobre el respaldo unánime de los Principios
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos en
2011, así como la renovación del mandato del Grupo de Trabajo en 2014 son una muestra de la
trascendencia e importancia que este tema tiene en el escenario internacional, y del reconocimiento de la necesidad de que cada uno de los actores involucrados cumplan con sus respectivas responsabilidades.”
Los principios rectores son una puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para
“proteger, respetar y remediar”; son aplicados a todos los estados y a todas las empresas, tanto
trasnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura y se basan en el reconocimiento de:
• El deber del estado de proteger los derechos humanos.
En este primer pilar se adentran los primeros principios (1-10) los cuales se pueden resumir
de tal manera:
1. Protección por parte del estado, contra la violación de los derechos humanos cometidas
en su territorio incluyendo las empresas.
2. Asegurarse que las empresas respeten los derechos humanos en todas sus actividades.
(Funciones reglamentarias y normativas del estado de carácter general)
3. Cumplir con la obligación de protección, haciendo cumplir las leyes que tengan por objeto cumplir con los derechos humanos, revisar que otras leyes no restrinjan el respeto
a los DH por las empresas, así como asesorar, alentar o exigir a las empresas para que
mediante sus actividades respeten los DH.
(Nexo entre el estado y las empresas)
4. Nexo entre el estado y las empresas, a lo cual el estado debe adoptar medidas de protección contra las violaciones de los DH cometidas por empresas de su propiedad o bajo su
control.
5. Los estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales en DH cuando contratan
los servicios de empresas.
6. El estado debe promover el respeto de los DH cuando realicen acuerdos comerciales.
(Fomentar el respeto de los derechos humanos por las empresas en zonas afectadas por conRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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flictos)
7. El estado debe asegurarse que las empresas que operan en zonas de conflicto, no se vean
implicadas en abusos y violaciones de los DH.
(Garantizar la coherencia política)
8. Los estados deben asegurarse de que todo organismo que configuran en prácticas empresariales respeten y sean conscientes de las obligaciones de los DH del estado.
9. Los estados deben mantener un marco normativo nacional para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de DH, cuando exista algún tratado o contrato de inversión con
las empresas.
10. Cuando el estado actúe en calidad de miembro de instituciones multilaterales debe asegurarse que las instituciones no se limiten a cumplir con la obligación de respetar los
DH, así mismo a alentarlos e inspirarse en los principios rectores para que exista cooperación internacional en la solución de problemas.
• La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
En este segundo pilar se adentra la parte central de los principios (11- 24) los cuales se pueden resumir de tal manera:
11. Las empresas deben de respetar los DH y afrontar consecuencias negativas si tienen alguna participación en la violación de estos.
12. La empresa tiene la responsabilidad de respetar los DH reconocidos internacionalmente
y enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en la Declaración de la
OIT.
13. Las empresas deben evitar que con sus actividades provoquen la violación de los DH
y prevenir las consecuencias negativas sobre los DH de acuerdo a su responsabilidad
establecida.
14. La responsabilidad de las empresas de respetar los DH es independientemente de su tamaño, giro, contexto operacional, propietario o estructura.
15. Las empresas deben contar con políticas y procedimientos para cumplir con su responsabilidad de respetar los DH.
Compromiso Político
16. Las empresas deben expresar su compromiso de respetar los DH mediante una declaración de política que esté aprobada y se difunda interna y externamente.
La debida diligencia en materia de derechos humanos
17. Las empresas deben proceder con una diligencia en materia de DH, que incluya un impacto real y potencial de sus actividades, como actual al respecto y darle un seguimiento.
18. Las empresas deben identificar y evaluar las consecuencias negativas sobre los DH en las
cuales puedan verse vinculados.
19. Las empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y procesos internos y tomar medidas oportunas.
20. Con el fin de verificar si se toman las medidas necesarias, las empresas deben hacer un
seguimiento de la eficacia de su respuesta.
21. Las empresas deben explicar las medidas que toman ante las consecuencias de sus actividades y para esto deben estar preparadas para comunicarlas exteriormente.
Reparación
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22. Las empresas deben reparar o contribuir a su reparación por medios legítimos de las
consecuencias negativas que llegasen a ocasionar.
Cuestiones de contexto
23. En cualquier contexto las empresas deben cumplir con todas las leyes aplicables, buscar
formas para respetar los DH, y considerar el riesgo de provocar o contribuir a violaciones
graves de los DH.
24. Cuando sea necesario las empresas deben dar prioridad a resolver las consecuencias negativas, reales y potenciales y tratar de prevenirlas.
• Acceso a mecanismos de reparación.
En este tercer pilar se adentra la parte final de los principios (25- 31) los cuales se pueden
resumir de tal manera:
25. Los estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales,
administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan para que puedan acceder a
mecanismos de reparación eficaces.
Mecanismos Judiciales Estatales
26. Los estados deben asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales nacionales cuando
existan violaciones de DH por parte de las empresas.
Mecanismos Extrajudiciales de Reclamación del Estado.
27. Los estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y
apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales.
Mecanismos de reclamación No estatales
28. Los estados deben facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación no estatales relacionado con los DH y las empresas.
29. Las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de
nivel operacional a disposición de las personas y las comunidades que se vean afectadas.
30. Los mecanismos de reclamación eficaces deben estar disponibles y ser garantizados por
las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples interesadas.
31. Los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto estatales como no estatales, deben
ser: legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los
derechos, una fuente de aprendizaje continuo, basarse en la participación y el dialogo.
Finalmente podemos decir que los Principios Rectores los cuales fueron presentados en la
sesión del Consejo de Derechos Humanos, son un informe de un experto que los ha distinguido
por darle el seguimiento desde el momento que se llevó a cabo su implementación por diferentes actores especialmente por los Estados miembros de las Naciones Unidas, que ha dado
paso a la firma de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que dan un nuevo
comportamiento desde la regulación estatal hasta las empresas trasnacionales.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con HernánRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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dez, Batista y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar
un tema poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la temática “Responsabilidad Social
Empresarial a las Responsabilidades en Derechos Humanos”, se consultaron un total de veinte
referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que
fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos
relativos a la Responsabilidad Social Empresarial. Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados (Bascón et al, 2016, p. 39).
4.- CONCLUSIONES
Con el fin de cumplir con su responsabilidad en el tema de Responsabilidad Social Empresarial, las empresas promueven la ejecución de acciones voluntarias de conducta con las cuales
se compromete a respetar y cumplir las normas internacionales de derechos fundamentales
como parte esencial de sus Políticas de RSE, sin embargo aún hay empresas que continúan
obstaculizando la codificación de los derechos humanos y las obligaciones correspondientes
involucrando a los diferentes sectores de la sociedad.
El tema de la medición de desempeño en estándares Derechos Humanos ha sido señalado
como un aspecto que necesita mayor análisis y desarrollo a nivel internacional, por el Grupo de
Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, además de convertirlo en prioridad en
su agenda. Para medir sus impactos, analizarlos y determinar la mejor manera de resolver los
problemas que existen, las empresas se han valido de mecanismos como encuestas, herramientas de gestión, informes.
Con base a la teoría hemos visto que a nivel mundial se disponen de leyes que ponen a las
empresas a mantener una línea en el respeto a los derechos humanos, pero aun así queda en
duda si las autoridades de gobierno investigan las irregularidades que son cometidas por las
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empresas las cuales la única responsabilidad que se les invita a ejercer es respetar los derechos
humanos, pero que en muchos casos por conseguir sus beneficios y éxitos en los proyectos es a
costa de abuso contra el ser humano, uno de estos casos y el que nos interesa en esta investigación es el de las Comunidades indígenas que muchas de las veces se quedan en el intento para
que se haga justicia, pero no tienen suficientes elementos por no tener el apoyo de los sistemas
jurídicos, la corrupción, el no tener una información correcta y principalmente la gran relación
entre el Estado y la Empresas.
Finalmente contrastando como lo indicaba Cantú Rivera con el establecimiento de un nuevo
orden económico internacional a lo largo de los años la consagración de estándares laborales
de RSE, aparece esta relación con los Derechos Humanos, con el único objetivo de que sean
respetados estableciéndose en Organismos Internacionales a ir mas allá de una invitación a que
sea una obligación de las empresas trasnacionales de respetar los DH, siguiendo un código de
conducta ya establecido.
Se han realizado avances importantes utilizando estrategias y metodologías que han sido
usadas por las empresas para cumplir en los procesos del respeto a los derechos humanos en los
grupos vulnerables, haciendo distintos intentos a lo largo del tiempo con el principal objetivo
de que las empresas trasnacionales asuman su responsabilidad en proyectos de regulación internacional en el contexto del respeto a los derechos humanos.
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�80
La simplificación en el procedimiento de servicio social1
Simplification in the social service procedure
Citlalli, Hernández-Ortega2
https://orcid.org/0000-0002-5114-5918
Claudia Iveth, González-Lozano3
https://orcid.org/0000-0003-2852-9216
Brenda, Montemayor-Fuentes4
https://orcid.org/0000-0001-6103-2725
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
___________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en analizar la evolución
e implementación del procedimiento administrativo y académico de la unidad de aprendizaje de servicio social.
La investigación fue de carácter no experimental, de tipo transeccional, univariado. Se aplicó el instrumento a una
muestra de alumnos inscritos para realizar el servicio social de agosto de 2015 a agosto de 2017, en la Facultad
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL. Tras la revisión documental se encontró que; la
asignatura de servicio social es una unidad de aprendizaje obligatoria de octavo semestre, de las tres licenciaturas
impartidas en dicha facultad, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro del estudio se concluye que
la asignatura ha facilitado el seguimiento, procedimiento y evaluación al estudiante, al trabajo del docente y del
coordinador de servicio social, así como, a las instituciones receptoras.
Palabras clave: Servicio comunitario, servicio social, siase, simplificación.
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review, whose objective was to analyze the evolution and implementation of the administrative and academic procedure of the social service learning unit. The research was
non-experimental, since the variable was not manipulated. The design to carry out the research was of the transectional type, since the data collection was only carried out at a single moment in time and included only one
variable. The population of interest were students enrolled for Social Service from August 2015 to August 2017,
at the Faculty of Political Science and International Relations of the UANL. After the documentary review it was
found that; the social service subject is a compulsory learning unit for the eighth semester, of the three degrees taught at the Faculty of Political Science and International Relations, of the Autonomous University of Nuevo León.
It is concluded that the subject has facilitated the monitoring and evaluation of the student, the teacher and social
service coordinator, as well as the receiving institutions
Keywords: Community service, siase, simplification, social service.
Recibido: 07 de Diciembre 2018 - Aceptado: 04 de Marzo 2019
Cómo referenciar este artículo:
Hernández-Ortega, C., González-Lozano, C. I., &amp; Montemayor-Fuentes, B. (2019). La simplificación en el
procedimiento de servicio social . Revista Política, Globalidad y Ciudadanía,80-96. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/137

1
Artículo de investigación derivado del proyecto de investigación: La simplificación en el procedimiento de servicio social.
2
* Maestra en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Docente de tiempo completo, Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo: citlalli.hernandezor@uanl.edu.mx
3
* Maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Docente de tiempo completo, Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo: claudia.gonzalezlzn@uanl.edu.mx
4
* Maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Docente de tiempo completo, Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo: brenda.politicas@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 80-96. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/137

�La simplificación en el procedimiento...

81
1.- INTRODUCCIÓN
El presente artículo se plantea como problema analizar y entender las dificultades que presentan los alumnos de las diferentes instituciones quienes tienen la obligación de realizar su servicio social y que por falta de implementación de un programa de apoyo influya a que diferentes
alumnos se queden sin una plaza. Debido a que es bien conocido que en la nueva economía y
la nueva sociedad basada en el conocimiento deben rediseñar el sistema de educación superior
sólo para proporcionar las habilidades apropiadas y las habilidades para afrontar los nuevos
desafíos; las universidades deben comprender la nueva posición en la que se encuentran como
receptores de estudiantes internacionales y el impacto positivo que eso tiene en sus regiones y
países. (García, Jiménez, Zapata. 2018).
Por lo tanto, buscando un buen sistema de educación superior enfocado en el servicio social,
surge la pregunta ¿Cuáles son los factores que influyen en que los jóvenes que desean realizar
su servicio social no alcancen una plaza disponible?.
El artículo plantea como hipótesis: implementar un sistema que permita que los procesos
para la inscripción y realización del servicio social de los estudiantes sea más fácil, práctico y
eficiente, de esa manera ayudará a que más jóvenes logren terminar el servicio y que la mínima
cantidad se quede sin la plaza, con lo que se facilitará la reducción de pasos dentro del procedimiento, la eliminación del traslado físicamente de estudiantes, en el registro, seguimiento,
control y certificación del servicio social; ahorrando tiempo en los proceso y dinero que antes
debían invertir en traslados y en exceso de impresiones. Éste proyecto sin duda alguna trae
grandes beneficios para la comunidad estudiantil integral para la administración de los servicios
educativos.
El presente estudio se justifica en razón de pretender resolver la problemática que se presenta con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes se encuentran en
proceso de culminar sus estudios y que cuentan con la responsabilidad de realizar su servicio
social. Con la implementación de este nuevo sistema se desea reducir los conflictos y situaciones adversas que vive un estudiante a la hora de llevar a cabo su servicio social, y sobre todo al
encontrar una plaza disponible en donde realizar su servicio.
En el presente artículo se realizará un análisis de la evolución e implementación del procedimiento administrativo y académico de la unidad de aprendizaje de servicio social. El servicio
social, actualmente es una unidad de aprendizaje obligatoria de octavo semestre, de las diferentes licenciaturas impartidas en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Así mismo, se compartirán algunas experiencias, que contribuyeron en las mejoras durante
el registro, selección de plaza, inscripción, seguimiento, evaluación y certificación del servicio
social; y la implementación del sistema digitalizado que agiliza el proceso, que lleva como
nombre “Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos” (SIASE).
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Esta simplificación en el procedimiento del servicio social, es el resultado de la renovación y
actualización en el área académica, administrativa, investigación, infraestructura, tecnología y
de responsabilidad social de la Universidad Autónoma de Nuevo León de acuerdo con la Visión
2020.
Para comprobar lo anterior, se analizará la experiencia de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL, específicamente en el periodo de
enero de 2015 a diciembre 2017, alcanzando interesantes resultados que benefician a los estudiantes, profesores, e instituciones públicas y privadas receptoras de estudiantes de servicio
social, así como la misma Universidad.
La simplificación en el procedimiento de servicio social apoyó en la facilidad y rapidez con
la que hoy se maneja, así como el soporte que ha dado el sistema (SIASE) para obtener indicadores que originen áreas de oportunidad para seguir cumpliendo con los objetivos y la visión de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Concepto de servicio social y su fundamento
El servicio social tiene su fundamento legal, en el Artículo 52 y 53 de la Ley Reglamentaria
del Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones; al Reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes
de las instituciones de educación superior en la república mexicana; (Reglamento de Servicio
Social, 2014).
Al Artículo 38, Capítulo VIII de la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León: Los servicios profesionales de índole social deberán ser prestados (Congreso de Nuevo León, 2012)
por las siguientes personas:
I.- Por los estudiantes de las profesiones anotadas en el artículo 5o. de la presente Ley, y
que como requisito previo a la obtención de su título profesional durante un lapso no menor
de seis meses ni mayor de dos años, siempre y cuando no tengan impedimento físico o mental
para cumplir con el servicio; los estudiantes o egresados de las instituciones universitarias o de
educación superior existentes en la entidad, deberán prestar sus servicios en el Estado de Nuevo León; la realización de éste o de actividades que con dicho carácter pudieren corresponder,
según el tipo de profesión, sea por estudiantes, pasantes o graduados, que no hubieren cursado
la carrera profesional en instituciones de la Entidad, podrá autorizarse bajo circunstancias de
reciprocidad y de acuerdo a los reglamentos de los comités de evaluación que para cada profesión se emitan.
II.- Por cualquier profesional cuando así le sea solicitado por el Ejecutivo del Estado a través
del Departamento de Profesiones, para satisfacer el interés público, siempre que la naturaleza
del servicio sea de carácter temporal y no resulte incompatible con sus actividades;
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III.- Por los Colegios Profesionales.
Artículo 58, Sección 6 del Capítulo III de la Ley de Educación del Estado:
Los estudiantes del nivel de licenciatura deberán prestar servicio social en los casos y términos señalados en la Ley y demás disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas, se
preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener el título profesional.
(Congreso de Nuevo León, 2019).
El servicio social se efectuará en actividades relacionadas con la formación profesional del
estudiantado y con una orientación de beneficio social. (Congreso de Nuevo León, 2019)
Artículo 4, Fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad; en lo referente a la prestación
del servicio social, como requisito para la titulación de los estudiantes.
La función de servicio social, que comprende aquellas actividades que promueven el desarrollo socio-económico y el bienestar de la población, realizándolas en términos de docencia e
investigación. (Congreso de Nuevo León, 1971).
En el ejercicio de sus funciones, la universidad se rehusará a fomentar o permitir todo aquello que atente contra la paz, la vida o la dignidad humana. (Congreso de Nuevo León, 1971)
La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Dirección de Servicio Social y
Prácticas Profesionales, se da a la tarea de realizar un reglamento de servicio social, cuya última
actualización es en el año 2014; en este reglamento se incluyen, las normas para la prestación,
seguimiento, evaluación y certificación del servicio social.
En el reglamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se define
como servicio social, al conjunto de actividades teórico-prácticas, de carácter temporal, que
ejecuten y presten los pasantes y estudiantes en beneficio de la sociedad, el estado y la comunidad universitaria. (Reglamento de Servicio Social UANL, 2014)
Es muy importante el servicio social, considerando que el principal fin, es promover la mejora social, incrementando la sensibilidad humana, y permitiendo que el estudiante desarrolle
una actitud de servicio; mediante programas que contribuyan en acciones de responsabilidad
social universitaria.
Considerando la finalidad del servicio social que es promover la ética, la mejora social y
la responsabilidad social de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, desde agosto de 2012 únicamente se permite que los estudiantes realicen su
servicio social en instituciones públicas o asociaciones civiles de beneficencia social, cumpliendo con el artículo 10 del Reglamento de Servicio Social que manifiesta la preferencia a que el
servicio social se realice en instituciones públicas.
A partir de agosto del año 2015, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones InternaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cionales, el servicio social es una unidad de aprendizaje obligatoria de octavo semestre, con
un valor curricular de 16 créditos, de un total de 22 créditos. Dicha unidad de aprendizaje no
cuenta con calificación numérica, sino que se evalúa como CU (Cumplió).
Cabe mencionar que el servicio social no está sujeto a oportunidades de evaluación como
en las otras unidades de aprendizaje impartidas en la Universidad Autónoma de Nuevo León;
por lo que en el caso de que un estudiante no logre la certificación de su servicio social, deberá
volver a registrarse para cumplirlo en un periodo posterior.
Para lograr acreditar los 16 créditos de la unidad de aprendizaje de servicio social, el estudiante cubrirá 480 horas (456 horas en la organización receptora y 24 de servicio comunitario),
así mismo, llevará 12 horas aula-teoría siendo estas las reuniones de retroalimentación convocadas por un profesor a su cargo y el cual brindará seguimiento al cumplimiento del estudiante.
Requisitos para cursar la asignatura de servicio social
De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de Servicio Social de la UANL, son requisitos
para realizar el servicio social, los siguientes:
I. Estar inscrito según lo establecido en el Reglamento General sobre los Procedimientos de
Admisión y Permanencia de los Estudiantes.
II. Apegarse a lo establecido en el plan de estudios correspondiente.
III. Haber cubierto al menos el 70% del total de los créditos académicos del plan de estudios.
IV. Asistir al taller de servicio social impartido por la dirección
(Congreso de Nuevo León, 2014)
El primer requisito para realizar el servicio social, es que el estudiante se encuentre inscrito
de acuerdo al Reglamento General sobre los Procedimientos de Admisión y Permanencia de los
Estudiantes, ante la Universidad Autónoma de nuevo León; así como haber cubierto el 70 % del
total de los créditos del plan de estudios. Por lo que el estudiante, debe estar cursando el séptimo
semestre de la carrera para registrarse como candidato a cursar la unidad de aprendizaje en el
semestre inmediato siguiente. (Congreso de Nuevo León, 2012).
Una vez inscrito deberá acudir a un curso, impartido por la coordinación de la facultad, y
cuyo principal objetivo es explicar al estudiante el proceso administrativo y académico que deberá realizar, así como los tiempos y fechas programadas para inscribirse de manera definitiva
en una de las instituciones que solicitan vacantes, las cuales previamente se registraron en el
sistema SIASE y realizó de manera formal la entrega de documentos necesarios para solicitar
estudiantes de servicio social en un programa. Dicha entrega se realiza ante la Dirección de
Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tanto el procedimiento realizado por el estudiante, como el registro de vacantes, se encuentran en un manual realizado por la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en el cual se explica de manera detallada los pasos a
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seguir.
Es importante destacar, que la inscripción definitiva para el semestre Enero – Junio se realiza la primera semana del mes de mayo iniciando con su servicio social el día 1 de junio. Y
la inscripción definitiva para el semestre Agosto – Diciembre es la primera semana del mes de
noviembre, iniciando con su servicio social el 1 de diciembre.
Procedimiento para el registro y selección de plaza de servicio social antes del año 2012.
El procedimiento antes del año 2012, es la fecha en que se inserta el sistema para registro,
inscripción, selección, seguimiento y certificación de servicio social a través del SIASE (Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos).
Como hoy en día, el proceso administrativo de servicio social comenzaba con un pre registro
que el estudiante realizaba en la Jefatura de Servicio Social de la facultad, el registro era de
manera manual, sólo se solicitaban los datos personales y el horario deseado para realizar su
servicio social.
Meses después del registro, aproximadamente en los meses de noviembre y/o mayo se citaban a los estudiantes a un curso, donde se explicaba el procedimiento y se mostraban las plazas
disponibles para cada una de las carreras de facultad, así como se les explicaban las instrucciones que debían de cumplir al acudir a seleccionar la vacante en la Dirección General de Informática de la UANL, ubicada en Ciudad Universitaria en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
El horario de las citas era en función al promedio general de las calificaciones de los semestres
cursados de los estudiantes interesados.
En la Dirección General de Informática acudían los estudiantes a una sala donde existían
solamente un total de 30 computadoras, por lo que se organizaban en grupos de 30 estudiantes
cada 20 minutos. Ahí mismo el estudiante contaba con el acceso al sistema, seleccionaban su
plaza de acuerdo a los horarios de su preferencia y se les entregaba una boleta de presentación
que le serviría al estudiante para acudir a una entrevista en la institución receptora de servicio
social para ponerse de acuerdo en horario, actividades, funciones, etc.
Una vez que el estudiante se encontraba de acuerdo y era aceptado, nuevamente debía acudir a la ciudad universitaria a la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la
UANL, para notificar el estatus de la solicitud de aceptación en la institución receptora, o en
su caso, notificar lo contrario.
En el caso de que el estudiante y la institución no llegaban a un acuerdo, el estudiante al
acudir nuevamente a ciudad universitaria a la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UANL, se le mostraban las vacantes que habían quedado disponibles y seleccionaban una a la que acudiría nuevamente a entrevistarse para llegar a un acuerdo y nuevamente
regresaría a notificar su aceptación o rechazo en la misma.

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Si el estudiante fuera aceptado por la institución receptora, y se encontrara de acuerdo en
realizarlo en la misma, la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UANL, le
entregaba el nombramiento, documento oficial de inicio de su servicio social. Dicho documento
contaba con 4 hojas de colores (una amarilla para el estudiante, una azul para la facultad, una
rosa para la institución donde hacían su servicio social y una verde para rectoría). El nombramiento que se le entregaba, debía de ser llevado a ser firmados y sellados por la institución
receptora de Servicio Social y entregarlos ya firmados y sellados a tres instancias; la primera
era dejarla en la misma institución donde realizaría su servicio social, la siguiente debía entregarla en la facultad y por último en la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
de Rectoría.
Una vez que entregaba los nombramientos, iniciaba de manera oficial su servicio social.
Cada mes se debía llenar un reporte mensual de manera física en la institución misma y posteriormente el estudiante entregaba a la facultad cada mes. En dicho reporte se retroalimentaba
las actividades que desempeñaba el estudiante, así como la cantidad de horas que cubría en ese
mes, la cual era evaluada por parte de la institución. Era de gran importancia que el documento
se encontrara firmado y sellado por Recursos Humanos de la Institución para darle la formalidad y credibilidad requerida.
En ese momento en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
UANL, era permitido que los estudiantes realizaran su servicio social en instituciones privadas,
esto debido a que no se contaba con la cantidad de vacantes suficientes para cubrir la demanda
de los estudiantes. Actualmente, por fortuna no sucede esto y solamente los estudiantes pueden
realizar su servicio social en instituciones públicas o asociaciones civiles siempre y cuando
demuestre ser de responsabilidad social.
Al concluir el servicio social y después de verificar que la institución haya realizado los 6
reportes mensuales en el SIASE, así como la revisión del cumplimento por parte del estudiante
de un total de 480 horas en la misma, el estudiante debía solicitar a la institución una constancia
de terminación en donde manifestaba el haber concluido de manera satisfactoria su servicio social, así como la fecha en la que inició y lo termino. Posteriormente, el documento era firmado,
sellado y membretado por Recursos Humanos de la institución. También, el estudiante debía
llevar un reporte global, el cual era llenado por la institución receptora y en él se evaluaba al
estudiante en su desempeño, asistencia, puntualidad, etc.
Ambos documentos se entregaban en la Jefatura de Servicio Social de la Facultad, junto con
el nombramiento y un acta de nacimiento. Una vez entregados estos documentos, la Jefatura
de Servicio Social de la Facultad, elaboraba una constancia donde avalaba que el estudiante
había concluido satisfactoriamente. Al término del procedimiento, el estudiante debía llevar
toda la papelería original y dos copias de los 5 documentos a la Dirección de Servicio Social y
Prácticas Profesionales de la UANL. Una vez entregado los documentos, el estudiante esperaba
aproximadamente de 2 a 3 meses para que la carta de liberación llegue a la facultad y así concluir el procedimiento.

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Como se puede observar, era un procedimiento largo en donde el estudiante realizaba un sin
número de traslados de un lugar a otro y una cantidad importante de pasos con diversos documentos.
Procedimiento del servicio social en la actualidad.
Actualmente, se ha avanzado de manera significativa tanto en la simplificación del proceso
como en la agilización de los tiempos, mediante la implementación de un sistema en el cual, se
encuentra un solo registro en línea y en donde el estudiante solo lleva a la Jefatura de Servicio
Social de la facultad, el documento impreso del SIASE. Posteriormente, se le cita a un curso en
la misma facultad con el objetivo de explicar el procedimiento administrativo y académico que
debe realizar, así como los tiempos de selección de plaza, mismos que puede realizar desde la
comodidad de su casa.
Este mismo sistema le ofrece al estudiante las vacantes disponibles, las cuales puede seleccionar la de su preferencia e imprimir la boleta de presentación para acudir a una entrevista en
la institución seleccionada.
En caso de no llegar a un acuerdo, el mismo día puede nuevamente regresar al sistema para
seleccionar otra vacante y acudir a una entrevistarse con la institución.
En caso de haber llegado a un acuerdo, solo lo notifica en el mismo sistema, para posteriormente imprimir la boleta de confirmación de plaza, en la que aparecen los datos de la institución, así como el horario y fecha de inicio de su servicio social.
El seguimiento de servicio social, tanto del estudiante como de la institución receptora, es
realizado mediante reportes mensuales que cada mes llenan los estudiantes y las instituciones
receptoras.
Una vez concluido el servicio social y habiendo cumplido el estudiante con al menos 456
horas en la institución, con los 6 servicios comunitarios y un total de 24 horas, haber concluido
y llenado los 6 reportes mensuales entre el estudiante y la institución. El sistema le permite
imprimir la constancia de terminación a la institución, misma que debe entregar a la Jefatura
de Servicio Social de la facultad para que ésta, a su vez, organice los documentos y realice una
constancia que avale la terminación y cumplimiento por parte del estudiante de servicio social.
Hasta ese momento, el profesor sube la calificación de Cumplió (CU) en el SIASE. Tanto la
carta de terminación de la institución, como la carta emitida por la Jefatura de Servicio Social,
son entregadas por parte de la Coordinadora de Servicio Social de la facultad a la Dirección de
Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UANL.
Herramientas de apoyo para el cumplimiento de servicio social.
La Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UANL, ha realizado enormes
avances en los últimos 3 años, ya que el servicio social se convierte en una unidad de aprendiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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zaje que el estudiante debe acreditar, con carga curricular de 16 créditos. Para facilitar el cumplimiento de todas las partes involucradas, se elaboraron 3 manuales, uno para el estudiante,
uno para el coordinador y uno para el profesor de la unidad de aprendizaje de servicio social.
Actualmente, ya no es necesaria la carta de liberación en físico como requisito indispensable
para que el estudiante se titule de licenciatura, ahora de manera automática, el sistema le permite monitorear al departamento de Escolar si el estudiante acreditó o no la unidad de aprendizaje
de servicio social para continuar con su proceso de titulación.
Los periodos en los que el estudiante realiza su servicio social también cambiaron, anteriormente eran:
1) De agosto a febrero de cada año.
2) De febrero hasta agosto.
Actualmente se ajustan los tiempos:
1) Del 1 de diciembre al 30 de mayo
2) Del 1 de junio al 30 de noviembre
Adicional al cambio en las fechas de inicio y término del servicio social y del proceso administrativo que el estudiante realiza, también existe un proceso académico que el estudiante
cumple en el semestre que cursa la unidad de aprendizaje de Servicio Social. El Servicio Social,
es una unidad de aprendizaje semi-presencial con una cantidad de sesiones presenciales utilizadas y con el principal objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en el
sistema. Adicional a ello, una cantidad de sesiones en la plataforma NEXUS para cumplir con
actividades académicas y en las cuales, el estudiante realiza la entrega de evidencias que son
evaluadas en línea vía NEXUS (García, 2014) (Fig. 5.2); de este modo se obliga a que todos
los que participan en el Servicio Social intervengan en el proceso de seguimiento, evaluación y
acreditación del Servicio Social. (Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales, 2014).
El estudiante en el semestre es evaluado con 4 evidencias y un Producto Integrador, las 4
evidencias son:
1. Expectativas en la organización receptora: el estudiante realiza un ensayo de lo que esperaba de las actividades en la institución dónde realiza el servicio social.
2. Reseña en la organización: el estudiante describe las actividades que realiza, y evalúa la
importancia de éstas para la organización y para su entorno.
3. Desafíos y soluciones en el servicio social: el estudiante describe las situaciones de contingencia que ha vivido durante el desarrollo de su servicio social y debe mencionar
cómo se ha enfrentado y que solución ha brindado.
4. Experiencia en el Servicio Social: el estudiante narra los acontecimientos que vivió durante los 6 meses y describe las habilidades que considera logró desarrollar y de qué
manera enriqueció su formación integral.
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También debe de realizar un Producto Integrador, que es un documento que contenga la
descripción de las actividades realizadas durante el servicio social y una reflexión personal de
los aprendizajes obtenidos durante el lapso del cumplimiento, así como si se realizó alguna
aportación adicional que haya dejado durante su estancia en la institución. (Programa Sintético
de la Unidad de Aprendizaje de Servicio Social UANL, 2013).
En el Producto Integrador se incentiva al prestador de servicio social a realizar una autoevaluación de la experiencia tanto en el servicio social como en su servicio comunitario.
Así mismo para el Coordinador de Servicio Social de la facultad es una herramienta, ya que
permite identificar a los estudiantes que aportaron algo adicional a las actividades que realizaba
en su servicio social, es decir, quienes enriquecieron y aportaron una mejora que fue adoptada
en el área donde realizó el servicio y se les invita a participar en el Premio a la Excelencia Universitaria del Servicio Social y Voluntariado que otorga la H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el que por 3 años consecutivos lo ha ganado la Facultad
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Todos los avances anteriormente descritos, han sido el resultado del gran trabajo realizado
de catedráticos y expertos en la materia; sin embargo, es muy importante no descuidar las áreas
de oportunidad detectadas hasta el momento; así como mantener los avances hasta el momento
logrados.
Como se ha observado en solo este periodo de 2 años, hubo un cambio radical y de contar
con un proceso lleno de pasos, traslados físicos y la impresión de un sinnúmero de documentos, a simplificar el procedimiento tanto del estudiante como de las instituciones que solicitan
estudiantes de Servicio Social.
Es a través del Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos (SIASE), que es una plataforma de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se optimizan los
procesos administrativos de los departamentos de la Institución (Escolar, Recursos Humanos,
Finanzas, Servicio Social, entre otros) para obtener información en forma oportuna y confiable.
Y del software Oracle Secure Global Desktop (SGD).
3.- MÉTODO
Diseño
El diseño metodológico utilizado en el presente estudio, fue empleando el método cualitativo, desarrollando una pregunta de investigación y una hipótesis para utilizar la recolección
y análisis de los datos, así afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes
durante el proceso de interpretación.
La principal variable que se consideró, fue a través de la pregunta de investigación: ¿Cuáles
son los factores que influyen en que los jóvenes que van a realizar su servicio social no alcancen
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una plaza?
La hipótesis es considerada una hipótesis general y fue utilizada para establecer de forma
previa al estudio y conceptualmente, sin cuantificar las variables. La hipótesis nació del proceso
de generalización a través de ciertas observaciones que se han presentado sobre el fenómeno
de estudio.
En la presente investigación se tomaron como base los datos obtenidos por los reportes del
Sistema de Servicio Social, estos reportes son habilitados solamente para el Coordinador de
Servicio Social de las diferentes facultades de la UANL. La investigación fue de carácter no
experimental, ya que no se manipuló la variable. El diseño para realizar la investigación fue
de tipo transeccional, ya que la recolección de datos sólo se realizó en un momento único en el
tiempo e incluyó una sola variable. La población de interés fueron los alumnos inscritos para
realizar servicio social de agosto de 2015 a agosto de 2017, en la Facultad de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales de la UANL. Para la codificación de datos se usó una hoja tabular
de Excel, en la cual se capturó la información arrojada por los reportes y se elabora la gráfica.
Paradigma Constructivista es una herramienta que nos ayuda a afirmar que el mismo es un
sustento para la investigación cualitativa; a continuación se indican las siguientes afirmaciones
como aportaciones principales de este paradigma.
• La realidad se la construye socialmente desde diversas formas de percibirla.
• El saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo.
• La investigación no es ajena a los valores del investigador.
• Los resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo
(Ramos, 2015).
Para el presente proyecto se ha decidido trabajar con estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, próximos a culminar sus estudios para probar y medir resultados de un
antes y un después de existir SIASE, ya que son los principales afectados por el problema que
se presentaba por la ausencia de un programa o servicio que les simplifique los trámites y procesos para realizar su Servicio Social.
Participantes
Los participantes de este proyecto de investigación fueron los alumnos inscritos para realizar Servicio Social de agosto de 2015 a agosto de 2017, en la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales de la UANL.
En la investigación cualitativa, la decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y de
quién o quiénes obtenerlos se toman en el campo, ya que los participantes del estudio nos resultan desconocidos cuando se inició y es la propia información obtenida la que va guiando el
muestreo.

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Con un muestreo estratificado resultará conveniente segmentar la muestra según las variables de interés. Para ello se debe conocer la composición estratificada de la población objetivo
para realizar un muestreo. Una vez calculado el tamaño de muestra apropiado, este se reparte
de manera proporcional entre los distintos estratos definidos en la población.
Tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de
unas variables seleccionadas. Se obtienen estimaciones más precisas y su objetivo es conseguir
una muestra lo más semejante posible a la población en lo que a la o las variables estratificadoras se refiere.
Instrumentos
Siguiendo la lógica de la metodología “investigación de campo”, se realiza directamente
esta técnica en el medio donde es presentado el fenómeno de estudio. La observación como el
primer paso de este proyecto, es una técnica que consiste en observar y analizar atentamente
el fenómeno, hecho o caso, recabar información y registrarla para su posterior análisis. La
observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el
investigador para obtener el mayor número de datos, después se tiene la entrevista, encuesta,
cuestionario. Esta técnica fue elegida a raíz de los datos e información observados directamente
de la realidad a través del uso de técnicas de recolección de datos (entrevistas, cuestionarios y
encuestas) con el fin de dar respuesta a las situaciones o problemas que presentaban los estudiantes a la hora de registrar su servicio social.
Procedimientos
La investigación científica consta de ocho pasos:
1. Formulación del problema, siempre precisa de dos pasos: 1.-La selección de una idea
o tema a investigar, en este caso es el proceso tardío, los problemas o dificultades que
presentaban los alumnos e incluso los maestros en cuanto la realización del Servicio
Social que se tiene que realizar por parte de los estudiantes, antes del sistema digital que
actualmente facilita el proceso de inscripción y es denominado Sistema Integral para
la Administración de los Servicios Educativos (SIASE). 2.-Realizar una investigación
exploratoria de ese tema, básicamente es revisar todos los conflictos y los factores que
influyen en ese problema y la solución que se le ha dado.
2. Identificar factores importantes, los factores que forman parte del problema, es decir, que
lo describen. Los factores que están correlacionados con él y los factores que inciden en
él precisando sus relaciones casuales.
3. Recopilación de la información, búsqueda de los datos que permitirán confirmar o refutar una hipótesis. El científico no debe buscar confirmar las hipótesis sino probarla. Una
búsqueda indebida de confirmación de las hipótesis puede dar lugar a investigaciones
contrarias a investigaciones fiables.
4. Probar la hipótesis, contrastar o comparar las hipótesis propuestas con la información
real obtenida en el proceso de la recopilación de datos. Para realizar esta comparación
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5.
6.

7.
8.

es preciso someter los datos a un análisis estadístico de manera que se descartaron los
resultados obtenidos al azar o a algún factor no considerado. El análisis estadístico se
realiza mediante técnicas como la estadística descriptiva, prueba de hipótesis o la estadística inferencial.
Trabajar con la hipótesis, los resultados de la investigación se expresan mediante índices
aritméticos tales como porcentajes o tasas, índices de correlación, etc. Se muestran en
tablas de frecuencias, gráficos, etc. de tal manera se puede extraer una conclusión.
Reconsiderar la teoría, la naturaleza misma de las teorías empíricas es que pueden modificarse según los resultados de las investigaciones futuras. En este sentido, la confirmación o la refutación de una hipótesis es una contribución más en la construcción de una
teoría, contribuyendo de forma general en la ciencia misma.
Formular nuevas preguntas, la confirmación o refutación de una hipótesis es una plataforma para plantear nuevas preguntas de investigación o mejorar, actualizar o sustituir
las conclusiones obtenidas.
Publicación de los resultados, los resultados obtenidos son sometidos a evaluación mediante un artículo, en una publicación científica, para su evaluación por parte de la comunidad científica y reiniciar el ciclo.

4.- RESULTADOS
Los resultados del presente trabajo determinan que después de simplificar el procedimiento
de servicio social, que sin duda fue un trabajo exhaustivo y metódico, en el cual intervino la
colaboración de catedráticos, administrativos y expertos en el área de servicio social; y al ser
implementado, se observa que disminuyo la deserción y rotación de estudiantes; así como, se
incrementó la eficiencia terminal en aquellos que realizan servicio social.
En este contexto, se puede observar de una manera muy clara, un antes y un después de la
simplificación del procedimiento de servicio social; por mencionar algunos de los resultados
positivos de la simplificación del procedimiento se encuentra:
•
•
•
•
•

Incremento en vacantes.
Incremento en la eficiencia terminal de los estudiantes.
Reducción de pasos dentro del procedimiento.
Ahorro de impresiones.
Eliminación del traslado físicamente de nuestros estudiantes en el registro, seguimiento,
control y certificación del servicio social; ahorrando tiempo y dinero que antes debían
invertir.

Se puede comprobar lo anterior, ya que, en el mismo sistema, existe un reporte de la cantidad de estudiantes que realizan servicio social, la fecha, sus datos personales, si cumplió con el
llenado de reportes mensuales de seguimiento del estudiante y de la organización receptora, así
como si el estudiante entregó papelería y concluyó el proceso.
Con los datos de ese reporte, se elaboró la gráfica 7.1 y la tabla 7.1, que muestra la cantidad
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de estudiantes que realizaron Servicio Social por periodo y la eficiencia terminal de cada uno,
por lo que es claro el avance en el incremento la cantidad de Servicio Social realizadas por año,
y el aumento en la eficiencia terminal de las mismas.
Gráfica 1. Estudiantes que realizaron Servicio Social, del año 2012 al año 2017

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Tabla 1. Vacantes de Servicio Social y su eficiencia terminal, del año 2012 al año 2017

Plazas de SS
% eficiencia
terminal
Estudiantes
realizando SS
Estudiantes
No Liberados
Estudiantes
Liberados

Ago
2012

Ene
2013

Ago
2013

Ene
2014

Ago Ene Ago
2014 2015 2015

Ene
2016

Ago
2016

Ene
2017

Ago
2017

27

29

28

29

31

33

33

35

37

50

42

95

94

96

91

92

95

98

99

98

98

97

444

346

494

375

224 392 223

431

216

446

233

21

21

20

32

19

3

5

7

6

423

325

474

343

205 374 219

428

211

439

227

18

4

Fuente: Elaboración propia, 2018.
5.- CONCLUSIONES
Por último, se sabe que las Instituciones de Educación Superior, progresan la investigación
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junto con la docencia y la extensión, para fomentar la durabilidad del desarrollo de las comunidades y su calidad de vida; ya que en sus programas y diseños curriculares se han incluido
experiencias comunitarias a través del servicio social comunitario, ayudando así a que el desarrollo humano y social de su entorno pueda tener un desarrollo visible.
En estos últimos años en los que el Servicio Social es una unidad de aprendizaje con valor
curricular, donde el estudiante debe realizar un proceso administrativo y un proceso académico,
para cursarla y acreditarla; es importante destacar que era de gran importancia reducir y simplificar el procedimiento de servicio social desde el registro, control, evaluación y certificación del
mismo; que antes se realizaba de manera física y manual, ya que era un área de oportunidad no
atendida, y que los estudiantes e instituciones requerían se atendiera. Afortunadamente hoy ya
se cuenta con el Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos (SIASE),
donde de manera digital el estudiante, la institución receptora y los maestros, manejan ingresando al sistema desde una computadora, Tablet o celular inteligente para realizar el todo el
procedimiento de servicio social.
Esta simplificación del procedimiento de Servicio Social permite contar con un control más
eficiente, así como, tener mejores resultados en el seguimiento de éste. Otra de las ventajas de
la simplificación es el ahorro de documentación que antes se requería imprimir y ahora solo se
requiere monitorear a través del sistema. Es importante destacar que el sistema también permite evaluar el cumplimiento en lo académico de la unidad de aprendizaje al subir a NEXUS
(plataforma institucional para cursos presenciales, semi-presenciales y a distancia); las cuatro
evidencias y el Producto Integrador que el estudiante debe cubrir para acreditar la unidad de
aprendizaje de Servicio Social.
Por lo anterior, se considera que es de suma importancia la simplificación del procedimiento
de Servicio Social, ya que se toma el control desde la inscripción, el registro, la aceptación, el
seguimiento, el control, el seguimiento a los Servicios Comunitarios y la liberación; sin duda
aún se puede detectar más áreas de oportunidad para seguir facilitando a los estudiantes y a
todos los actores que participan en el procedimiento de servicio social pero constantemente se
sigue trabajando en la mejora continua del procedimiento.
Concluyendo con la idea de que actualmente las instituciones requieren de este tipo de actividades en donde logren ser pioneras de las distintitas competencias y habilidades que alcancen a desarrollar en los estudiantes principalmente aquellas actitudes de servicio con un sentido
humano y con una responsabilidad social que sean capaces de desenvolverse en los diferentes
contextos sociales.
Es así, como en la actualidad el servicio social debe de mantenerse en constante transformación para que los estudiantes que realizan las diferentes actividades multidisciplinarias y que
van más allá de un perfeccionamiento del área profesional del prestador del servicio social, se
conviertan en un motivante integrador a la realidad de los distintos panoramas del ejercicio
profesional.

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El asilo diplomático y el principio de no devolución1
Diplomatic asylum and the principle of non-repayment
Leonel, Caraballo-Maqueira2
Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, Cuba
https://orcid.org/0000-0002-5244-7846
___________________________________________________________________________
RESUMEN
El objetivo de este articulo científico es analizar la figura del asilo diplomático en el contexto actual, tomando
como referente el caso de Julián Assange, para ello se realizó una revisión documental-bibliográfico transversal,
para el análisis cualitativo de la figura del Asilo diplomático y el principio de no devolución. La revisión documental permitió identificar que el asilo es la protección y seguridad que un Estado brinda a una persona extranjera que
lo solicita, por estar en peligro su vida y seguridad por razones políticas, económicas, religiosas o científicas. Se
concluye que al asilo diplomático se le aplica el principio de no devolución que es norma imperativa en el sistema
internacional, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Palabras clave: Asilo diplomático, asilo internacional, derecho internacional, refugio.
ABSTRACT
The objective of this scientific article is to analyze the figure of the diplomatic asylum in the current context,
taking as a reference the case of Julian Assange, for this purpose a cross-sectional documentary-bibliographic
review was carried out, for the qualitative analysis of the diplomatic asylum figure and the principle of non-repayment. The documentary review made it possible to identify that asylum is the protection and security that a State
provides to a foreign person who requests it, because it is in danger of its life and security for political, economic,
religious or scientific reasons. It is concluded that diplomatic asylum is applied to the principle of non-reimstation
which is a mandatory rule in the international system, recognized by the Inter-American Court of Human Rights.
Keywords: diplomatic asylum, international law, refuge, territorial asylum.

Recibido: 13 de Febrero 2019 - Aceptado: 26 de Abril 2019
Cómo referenciar este artículo:
Caraballo-Maqueira, L. (2019). El asilo diplomático y el principio de no devolución . Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía, 97-109. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/138

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: El asilo diplomático y el principio de no devolución
2
* Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Correo:
leonel@isri.minrex.gob.cu
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1.- INTRODUCCIÓN
La institución del asilo diplomático en América Latina ha jugado un papel fundamental en la
protección de la persona perseguida por su ideal político.
El 11 de abril de 2019, el Gobierno ecuatoriano retiro a Julián Assange, el asilo diplomático
que le había otorgado en su Embajada en el Reino Unido y lo entrego a las autoridades británicas.
En el Derecho un precedente, una decisión tomada como solución o respuesta a una situación
determinada, influye para bien o para mal, en las respuestas que en el futuro se den a situaciones
similares. Por ello, lo ocurrido con Julián Assange debe ser analizado por la academia, por cuanto puede tener implicaciones en una institución latinoamericanas como es el derecho de asilo
diplomático ¿Es de aplicación al asilo diplomático, el principio de no devolución reconocido
como norma imperativa de derecho internacional?
La respuesta a esta interrogante debe partir de la comprensión de la génesis y evolución del
asilo diplomático, entender la razón de su surgimiento y analizar a partir de lo dispuesto en los
tratados sobre la materia y los pronunciamientos que la Corte Internacional de Justica y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el imperio en él, del principio de no devolución.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Asilo
El Asilo es la protección y seguridad que un Estado brinda a una persona extranjera que
lo solicita, por estar en peligro su vida o seguridad personal, por razones políticas, religiosas,
científicas o de discriminación. El Asilo, comprende el Asilo Territorial y el Asilo Diplomático.
La institución del Asilo tiene larga data. “En el momento que los Estados modernos se apropiaron de la figura del asilo de una manera secular, se puso fin a una tradición que había durado
por más de 1000 años” (Jaramillo, 2012: 82).
En el año 1296 a.m. tuvo lugar la batalla de Kadesh, entre los ejércitos del Faraón Ramsés II
y el Rey de los Hititas Hatusil II, que trajo como consecuencia la firma del primer Gran Tratado
de Paz y Alianza
.
El tratado suscrito entre estas dos potencias de la época, acordó la extradición de personas,
dispuso que sin importar su rango o condición, el refugiado seria prendido y devuelto al soberano del país del cual huyo, prohibió que a los extraditados se les impusieran castigos, se les infiriera lesiones en su cuerpo, se ejerciera venganza sobre su gente (esposa e hijos), se le destruyera su casa, o se promoviera proceso por delito alguno en su contra (Malpica, 1980: 108-111).
En época tan temprana como en 1296 a.n.e., la vida e integridad de la persona refugiada y
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extraditada eran protegidas y aseguradas.
En Grecia, en sus ciudades estados existía el “asylom (asylum, de asylos: invulnerable),
institución asociada a los espacios físicos que eran imponderables, en el cual nadie podía ser
violado o vulnerado” (Jaramillo, 2012: 84)
Roma sigue similares derroteros, se protege a la persona en los templos o santuarios hasta
que la disputa fuera solucionada o liberada de la esclavitud, se eximían de esta protección por
edicto imperial, determinados delitos.
En el Antiguo Testamento, los israelitas reconocen la existencia de ciudades de refugio: “El
Señor hablo a Josué y le dijo: Habla con los israelitas y diles que escojan ciudades de refugio”
(Jos.201-9) para acoger aquel que mataba a otro sin intenciones y pudiera protegerse de la venganza del pariente más cercano.
“En la civilización azteca, todo esclavo cuya condición se debiera a deudas o delitos, podía
recuperar su libertad si alcanzaba a refugiarse en el Tecpán, el palacio real. Solo su amo o los
hijos de éste podían oponérsele; ningún otro tenía derecho a impedir la acción de refugio del
esclavo bajo la pena de ser considerado el mismo como tal” (Imaz: 1993)
El Corán reconoce el derecho de asilo en la mezquita. “Si uno de los politeístas te pide asilo,
ofréceselo hasta que oiga la palabra de Dios y luego hazle llegar a un lugar seguro para él. Eso
es porque son un pueblo que no sabe.” (9:6)
En el siglo XII el Corpus Iuris Canonice excluía de la protección del asilo los delitos considerados graves. En 1869 el Papa Pio IX declara que tiene el derecho de excomulgar el que viole
el derecho de asilo. En 1917 del Código Canónico regula el derecho de asilo hasta 1983 cuando
el nuevo Código promulgado por San Juan Pablo II no lo reconoce.
En 1681, el Rey Carlos II brindo refugio en Inglaterra, a los calvinistas franceses que eran
perseguidos.
El ascenso económico de la burguesía, frente al autoritarismo monárquico, tuvo como levadura el racionalismo, ese regreso en espirar al humanismo grecolatino. El Homo sapiens pasó
de ser objeto, a ser sujeto de la historia, con derecho humanos inalienables e imprescriptibles.
La soberanía se consolida en un espacio físico y en una arquitectura jurídica nacional e internacional, que, si bien por veces es vulnerada o manipulada, brinda un margen de estabilidad
política en las relaciones internacionales. Las misiones diplomáticas adquieren un carácter de
permanente y se impulsa la codificación de lo que hasta ese momento era sostenido fundamentalmente por la costumbre, todo lo cual tiene un necesario impacto en las relaciones internacionales, en que se manifiesta el Asilo.
En toda su evolución, el asilo tuvo como objetivo la protección de la vida del perseguido,
durante su permanencia en los lugares sagrados o inviolables, y se brindaban garantías para que
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una vez abandonara el mismo, fuera protegido de la venganza y la persecución.
Asilo Territorial.
El asilo territorial, tiene su fundamento en la soberanía del Estado (N.U. AG 23/12) y tiene
un carácter personalizado. Está dirigido a dar protección a personas individuales cuya vida e
integridad está en peligro por razones políticas, a diferencia del refugio que brinda protección
a los movimientos masivos de personas que tiene en riesgo su vida, por motivos religiosos,
étnicos o raciales, persecución política, conflicto bélico, catástrofe natural, u otra situación que
ponga en riesgo su vida.
Al traspasar el perseguido la frontera territorial del Estado asilante, la soberanía de éste se levanta como un escudo protector de su vida y libertad, frente a la acción del Estado perseguidor.
De la Declaración sobre el Asilo Territorial de las Naciones Unidas (N.U. AG 23/12) destacamos dos aspectos:
•

Quedan excluidos los que hayan cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o
un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos (Art.1-2).

Sería un contrasentido dar tutela a un verdugo de los derechos humanos.
•

La calificación de la causa del asilo corresponde al Estado que lo otorga (Art. 1-3), lo que
evita que el Estado de procedencia del asilado lleve a cabo manipulaciones técnicas que
descalifiquen el derecho del perseguido a la protección del asilo.

Asilo diplomático.
Para Vilariño Pintos (2016) el Asilo Diplomático se manifiesta como Derecho Diplomático
de Hecho y como Derecho de Asilo Diplomático. En el primer caso, no se genera ninguna obligación ni para el Estado acreditante, ni para la persona asilada que pueda ser exigido al Estado
perseguidor, como es la entrega de un salvoconducto que le permita abandonar la sede diplomática y el territorio con seguridad para su persona. Derecho que sí está presente en Derecho de
Asilo Diplomático, como lo disponen la Convención de Asilo de La Habana, de 1928 en su artículo 2-3 y el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939 en su artículo 6 .
El Derecho de Asilo Diplomático, es una institución fundamentalmente latinoamericana.
Para unos estudiosos se fundamenta en la inviolabilidad de los locales diplomáticos, para otros
es una expresión de la soberanía territorial que se extrapola como ficción jurídica al espacio de
la sede diplomática.
En América Latina, el asilo diplomático tiene su propio desarrollo.

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El 23 de enero de 1889, se firma en Montevideo, por los delegados de la República Oriental
del Uruguay y las repúblicas de Argentina, Bolivia, Paragua y Perú, el Tratado de Derecho Penal Internacional, que dispone en su artículo 16, que “El asilo es inviolable para los perseguidos
por delitos políticos” y el derecho del jefe de legación de exigir las garantías necesarias para que
el refugiado salga del territorio nacional, respetándose la inviolabilidad de la persona (Art. 17).
En el Tratado de Montevideo, no se concibe la devolución del asilado y comienza a dibujarse
en el imaginario jurídico lo que hoy conocemos como el principio de no devolución.
En 1927, una Comisión de Jurisconsultos reunidos en Rio de Janeiro, preparo y aprobó un
Proyecto sobre Asilo que disponía que el asilo concedido a delincuentes políticos en las legaciones, seria respetado (Art. 2), el artículo 7 prescribe que los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del territorio nacional ni el lugar demasiado próximo a él (Bustamante,
1938)
Como explica Bustamante, la Conferencia Panamericana que tuvo lugar en 1928 en La Habana, incorpora a la Convención de Asilo con un mayor grado de concreción, lo expresado en
el Proyecto de Rio de Janeiro. Dispuso en su artículo 2, el asilo de delincuentes políticos en
Legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares como un derecho o humanitaria tolerancia y no establece en su articulado la devolución del asilado al Estado territorial.
De la Convención de Asilo adoptada en la Sexta Conferencia Internacional Americana, que
tuvo lugar en La Habana en 1928, destacamos los aspectos siguientes:
1. Dispone que el asilo se concederá en caso de urgencia y por el tiempo estrictamente
indispensable para que asilado se ponga de otra manera en seguridad. (Artículo 2- 1),
seguridad que tiene implícito su no devolución.
2. Garantiza la transparencia en las relaciones diplomáticas al disponer que se debe poner
en conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores o de la autoridad administrativa
competente del país donde está la sede diplomática la concesión del asilo. (Art. 2- 2),
como paso previo al otorgamiento del salvoconducto.
3. El Agente diplomático del país que, concedido el asilo, puede exigir las garantías para
que se respete la inviolabilidad de la persona. El asilado no podrá ser desembarcado ni en
el territorio nacional ni en un lugar próximo a él. (Art 2- 3 y 4) lo cual reitera de manera
implícita la no devolución.
4. El asilado no puede practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, de lo contrario la
sede no estaría contribuyendo a fomentar las relaciones de amistad entre ambos países, a
la luz de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. (Art. 2- 5)
La delegación de los Estados Unidos de América, presento reservas a la Convención de La
Habana, haciendo contar que no reconocían y no firmaban la llamada doctrina del asilo como
parte del Derecho Internacional.
El Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939 retoma las normas fundamentales de la Convención de La Habana de 1928, y regula como aspecto novedoso, la posibiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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lidad de dar asilo a un número de personas que excedan la capacidad normal de los lugares de
refugio, habilitando otros locales bajo el amparo de su bandera, lo cual debe ser comunicado a
las autoridades del país donde está acreditada la sede diplomática (Art.8).
El artículo 8 del Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939 daba respuesta a futuro, a situaciones como las enfrentadas por varias embajadas durante la Guerra Civil
española (1936-1939). En 1937 hubo 7 500 asilados reales en locales diplomáticos, lo que llevó
al cuerpo diplomático (excepto EE. UU, Reino Unido, URSS, Ecuador, Irlanda y Japón) representado por su Decano, a establecer las coordinaciones con el gobierno español para enfrentar
este asilo masivo. (Vilariño Pintos, 2016).
La Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en la Décima Conferencia Interamericana
realizada en Caracas, el 28 de marzo de 1954, dispone en sus artículos 1 y 2 que, en ejercicio de
su soberanía, el Estado tiene el derecho de admitir dentro de su territorio a los perseguidos por
sus creencias, opiniones o filiación políticas. Permite la libertad de expresión del pensamiento,
de reunión o asociación de los asilados o refugiados, siempre y cuando no inciten al empleo
de la fuerza o violencia contra el gobierno de otro Estado (artículos VIII y IX) y dispone que
ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio o extraditar, a
personas perseguidas por motivos políticos (Art. III y Art, IV), lo cual está en correspondencia
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados seis años antes, por Resolución 217-A (III) de 10 de diciembre de 1948 de la Asamblea General que en su artículo 14
dispone que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él
cualquier país”.
El derecho de asilo ha tenido su reflejo en el constitucionalismo latinoamericano. (ACNUR,
s.f.), en la tabla 1, se describen los países en América latina que reconocen el Asilo dentro su
marco jurídico.
Cuadro 1. Países que recogen la figura del Asilo.

Bolivia

Artículo 29 de la Constitución Política. (2009)
I. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes y los tratados internacionales.
II. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o
refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida,
integridad, seguridad o libertad peligren. El Estado atenderá de
manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados
o refugiados.

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Brasil

Artículo 4 de la Constitución Política (1988):
La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por (…) la concesión de asilo político.
Parágrafo único: La República Federativa del Brasil buscará la
integración económica, política, social y cultural de los pueblos
de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad
latinoamericana de naciones.

Colombia

Artículo 36 de la Constitución Política (1991):
Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la
ley.

Costa Rica

Artículo 31 de la Constitución Política (1949):
El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por
razones políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido.

Cuba

Artículo 17. De la Constitución (2019)
La República de Cuba puede conceder asilo, de conformidad
con
la ley, a los perseguidos por sus ideales o luchas por la liberación nacional, por actividades progresistas, por el socialismo y
la paz, por los derechos democráticos y sus reivindicaciones,
así como a los que luchan contra el imperialismo, el fascismo,
el colonialismo, el neocolonialismo y cualquier otra forma de
dominación, la discriminación y el racismo.

Ecuador

Artículo 41 de la Constitución (2008):
Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con
la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio
gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio
de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio
de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica
de emergencia.
No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia
en situación de irregularidad.
Artículo 28 de la Constitución Política (1983):

El Salvador

El Salvador concede asilo al extranjero que quiera residir en su
territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el derecho Internacional. No podrá incluirse en los casos de excepción
a quien sea perseguido solamente por razones políticas

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Honduras

Artículo 101 de la Constitución (1982):
Honduras reconoce el derecho de asilo en la forma y condiciones que establece la Ley. Cuando procediere de conformidad
con la Ley revocar o no otorgar el asilo, en ningún caso se expulsará al perseguido político o al asilado, al territorio del Estado que pueda reclamarlo.
El Estado no autorizará la extradición de reos por delitos políticos y comunes conexos.

México

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917
y sus reformas)
Artículo 11. (…)
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo
político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Nicaragua

Artículo 5 de la Constitución Política (1987):
Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la
amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de
agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la
intervención en los asuntos internos de otros Estados. Reconoce
el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional, y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción
masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo
para los perseguidos políticos, y rechaza toda subordinación de
un Estado respecto a otro.
Artículo 42 de la Constitución Política:
En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de
asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los
derechos humanos. La ley determinará la condición de asilado
o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso de que se resolviera la
expulsión del asilado, nuca podrá enviarse al país donde fuese
perseguido

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Paraguay

Artículo 43 de la Constitución (1992):
El Paraguay reconoce el derecho de asilo territorial y diplomático a toda persona perseguida por motivos o delitos políticos
o por delitos comunes conexos, así como por sus opiniones o
por sus creencias. Las autoridades deberán otorgar de inmediato
la documentación personal y el correspondiente salvo conducto. Ningún asilado político será trasladado compulsivamente al
país cuyas autoridades lo persigan.

Perú

Artículo 36 de la Constitución (1993):
El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del
asilado que otorga el gobierno aislante. En caso de expulsión,
no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.

Venezuela

Artículo 69 de la Constitución (1999):
La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el
derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.

República
Dominicana

Artículo 46 de la Constitución Política (2010): Toda persona
que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar,
residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las
disposiciones legales.
1) Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar al territorio nacional. Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente, conforme la ley y
los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia;
2) Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional, en caso de persecución por razones políticas. Quienes se
encuentren en condiciones de asilo gozarán de la protección que
garantice el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con
los acuerdos, normas e instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por la República Dominicana. No se consideran delitos políticos, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, la
corrupción administrativa y los delitos transnacionales.

Fuente: ACNUR, s.f..

El Derecho Internacional en su conformación no es ajeno a la política y esta no es ajena a
la economía. Hay un flujo y reflujo constate entre ellas, pero la estabilidad y seguridad internacionales necesitan de reglas de conducta, que, asumidas por los Estados de manera soberana, se
traducen en tratados y acuerdo que ordenan y regularizan las relaciones internacionales, donde
el derecho diplomático con su ancestral voluntad negociadora y arropado en la inviolabilidad
de sus locales, asume un papel central en el derecho de asilo.
Principio de no devolución.
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En América Latina hubo un hecho que sentó un precedente en cuanto al análisis del asilo
diplomático.
El 3 de enero de 1949 el Embajador de Colombia en Perú concedió asilo diplomático a Víctor Raúl Haya de la Torre, dirigente del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana,
acusado de instigar la rebelión militar que tuvo lugar en el Perú. El Embajador de Colombia en
Perú, solicito un salvoconducto que permitiera a Haya de la Torres abandonar el país. El Gobierno peruano denegó el salvoconducto aduciendo que Haya de la Torre había cometido delitos
comunes. Ambas partes pusieron en conocimiento de la Corte Internacional de Justicia la Litis.
Respecto a la posibilidad de retirar la condición de asilado, la Corte Internacional de Justicia
en su fallo de 13 de junio de 1951 expreso “conforme a la tradición latinoamericana en materia
de asilo, con arreglo a la cual un refugiado no debe ser entregado. (…) Para abandonarla, se habría requerido una disposición convencional expresa; el silencio de la Convención implica que
se ha querido dejar la solución de tales circunstancias en decisiones inspiradas por consideraciones de conveniencia o simple oportunidad política.” Y reconoce que “la entrega del asilado
no es la única forma de poner fin al asilo”.
La Convención de Asilo de La Habana de 1928 como ya hemos señalado, no autoriza la entrega del asilado una vez retirado el asilo diplomático. La Convención sobre asilo territorial de
Caracas de 1954 prohíbe la extradición del perseguido político.
El Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939, en su artículo 5, dispone
que mientras dure el asilo “no se permitirá a los asilados practicar actos que alteren la tranquilidad pública o tiendan a participar o influir en actividades políticas. Los agentes diplomáticos o
comandantes requerirán a los asilados sus datos personales y la promesa de no tener comunicación con el exterior sin su intervención expresa. La promesa por escrito y firmada, si se negara
o infringiera cualquiera de esas condiciones, el agente diplomático o comandante hará cesar
inmediatamente el asilo” lo que no significa la entrega del asilado a las autoridades locales, la
“entrega no es único modo de poner fin al asilo.” (Corte Internacional de Justicia. Caso Haya de
la Torres. Fallo de 13 de junio de 1951).
La Opinión Consultiva de la ACNUR sobre aplicación extraterritorial de las obligaciones
de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su
Protocolo de 1967, “ofrece un panorama general de las obligaciones de no devolución de los
estados con respecto a los refugiados y solicitantes de asilo” (ACNUR, Opinión Consultiva; 1)
expresa que la prohibición de devolución ante un peligro de persecución se extiende a su entrega, lo cual está en correspondencia con el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos
de 1966, según interpreta el Comité de Derechos Humanos (ACNUR , Opinión Consultiva: 10).
La Opinión Consultiva No.4-3-21/2016 presentada a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por solicitud del Gobierno de Ecuador relativa a “El alcance y fin del derecho de asilo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho interamericano y del
derecho internacional” expresa que se debe tomar en cuenta el enriquecimiento de la figura del
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asilo en sus diversas modalidades y las interpretaciones que se han hecho del “derecho a buscar
y recibir asilo a la luz del artículo 22.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y
del artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” (Corte Interamericana de Derechos Humanos; Opinión Consultiva No.4-3-21/2016: 2)
La Comisión de Derecho Internacional, en su Cuarto Informe sobre las normas imperativas
de derecho internacional general (ius cogens) prestado por DireTladi, Relator Especial, reconoció que el “principio de no devolución es otro de los principios del derecho internacional cuya
candidatura a figurar entre las normas de carácter imperativo cuenta con un amplio apoyo y que
su vinculación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la prohibición de la tortura,
lo convierte en un principio absoluto “y adquiere también carácter de norma imperativa de derecho internacional consuetudinario, es decir de ius cogens. (Corte Interamericana de Derechos
Humanos; Opinión Consultiva No.4-3-21/2016: 2)
3.- MÉTODO
Diseño
El presente artículo científico, presenta un enfoque cualitativo, dado que busca encontrar
nuevos datos que ayuden a interpretar el asilo diplomático que la literatura científica se ha
encargado de estudiar, para ello se efectuó una investigación cualitativa (Sampieri, 2014). El
enfoque se basa en una recolección de datos no estandarizados.
Se revisó la literatura disponible sobre el asilo diplomático, identificando que no existe publicación que lo relacione con el principio de no devolución, lo cual caracteriza el presente
artículo como novedoso.
Instrumentos
Se llevo a cabo una revisión de bibliografía de la figura jurídica del Asilo, y se analizaron
artículos de revistas especializadas y disposiciones de organismo internacionales relacionados
con el tema, lo que permitió la construcción de nuevos razonamientos.
Procedimiento
El artículo científico se desarrolló a partir de la búsqueda de material académico que tratara
sobre los temas de Asilo diplomático y principio de no devolución, los que fueron objeto de
análisis que fundamentan las conclusiones a que se arriban.
4.- CONCLUSIONES
Latinoamérica ha realizado destacados aportes al derecho internacional y uno de ellos es el
Derecho de Asilo Diplomático a los perseguidos políticos.

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En todo el desarrollo del Asilo, tanto en su concreción territorial como diplomática, la tradición y su reflejo normativo, han delineado aspectos esenciales.
Se otorga a perseguidos políticos cuya vida e integridad personal peligra.
La calificación de la conducta es del Estado que otorga el asilo.
Se garantiza al asilado el derecho a no ser expulsado, extraditado o devuelto a cualquier otro
Estado en que pueda ser objeto de persecución, como una condición necesaria para garantizar
su vida y seguridad personal. Así se dispuso desde la antigüedad, hasta nuestros días, con la
Declaración 23/2l (N.U. AG 23/12) de las Naciones Unidas.
El análisis de la relación que existe entre el asilo diplomático y el principio de no devolución,
no se agota en este artículo científico, el tema de investigación no se agota en este artículo. La
realidad de nuestro Continente exige de la Academia un pensamiento crítico que defienda la
institución de asilo, como una garantía del ejercicio de los derechos humanos.
El principio de no devolución, es una garantía para el asilado que ha ejercido su derecho a
tener una opinión política o criterio diferentes, a que su vida o seguridad personal peligren, con
su devolución al país que lo persigue. Es una obligación para el país que otorga el asilo de no
entregarlo a sus captores.
Los romanos cuya sabiduría jurídica llega hasta nuestros días sentenciaron, “Ubie ademest
ratio, eadem jurisdis positeio sse debet (Donde hay igual razón, debe haber igual disposición)
(Digesto, lib. I, tit. III, leyes 4ta, 5ta, 6ta, 12, 13 y 32). Por lo que “sin importar cuál sea la
modalidad del asilo otorgado o bajo qué régimen regional de derechos humanos o de derecho
humanitarito ha sido otorgado el derecho de asilo o el estatuto de refugiado, la protección del
principio de no devolución es universal.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos; Opinión Consultiva No.4-3-21/2016: 23)
La entrega de Julián Assange por el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno al gobierno
británico, con la certidumbre de su extradición a EE.UU. donde será juzgado y condenado,
constituye una violación del principio de no devolución reconocido como norma imperativa de
derecho internacional consuetudinario, que no admite excepciones, según criterio de la Asamblea General de Naciones Unidas. (Corte Interamericana de Derechos Humanos; Opinión Consultiva No.4-3-21/2016: 2).
REFERENCIAS
ACNUR (s.f.). El derecho de asilo figura en la constitución. Recuperado de: https://acnur.org/
fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9208.pdf
Convención sobre Asilo de La Habana. 1928
Convención Americana de Derechos Humanos. 1969
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México,
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Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.
Corte Internacional de Justicia. Caso Haya de Torres. Fallos de 20 de noviembre de 1950 y 13
de junio de 1951.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, por solicitud del Gobierno de Ecuador. Opinión
Consultiva No.4-3-21/2016.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).
Declaración sobre el Asilo Territorial de las Naciones Unidas.N.U. AG 23/12.
Diez de Velazco, M. (1990) Instituciones del Derecho Internacional Público. Madrid. Tecnos.
S.A.
Imaz, C. (1993). El asilo diplomático en la política exterior de México. Revista Mexicana de
Política Exterior, 40 (41), 53-71. Recuperado de https://revistadigital.sre.gob.mx.
Jaramillo Echavarría, R. (1980) El Concepto religioso de refugiado: los santuarios, la tradición
y la fe. Virages, 14 (2), 79 – 97.
Malpica de Lamadrid. L. (1981). La Historia comienza en Egipto con un acto de Derecho
Internacional. México D.F.: Grijalbo S.A.
Rubio Correa, P. (1999). El concepto de refugiado en la Convención sobre el Estatuto de los
refugiados de 1951: tratamiento normativo y realidad. Agenda Internacional, 6 (12) 137148.
Sánchez de Bustamante y Sirven, A. (1938). Derecho Internacional Público. La Habana:
Carasa y CIA S.A.
Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo (1939).
Vilariño Pintos, E. (2016). Curso de Derecho Diplomático y Consular. Madrid: Tecnos. S.A.

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Neoliberalismo petrolero en la política económica exterior de México1
Oil Neoliberalism in Mexico’s Foreign Economic Policy
Einer David, Tah-Ayala2
Universidad del Mar, México
https://orcid.org/0000-0001-8293-9852
___________________________________________________________________________
RESUMEN
El objetivo del artículo es analizar la importancia que ha tenido el neoliberalismo, en la industria petrolera,
como política de desarrollo para México, y elemento comercial y soberano para el país, desde los resultados comparados con la política de Industrialización por Sustitución de importaciones aplicada en los cuarenta años previos
a su aplicación. Para este análisis fueron comparadas la cantidad de reservas, la producción, las exportaciones e
importación de crudo y productos derivados, en cantidad, ingresos y gastos, así como el precio internacional de
petróleo y las políticas alternas que propone el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como resultado, el artículo comprobó que el neoliberalismo incrementó la producción y las reservas y, en primera instancia,
también los ingresos, pero con el paso del tiempo también aumentaron las importaciones de productos refinados
y químicos y disminuyeron los ingresos haciendo a la empresa, junto con las reformas estructurales de 2013, una
especie de clúster petrolero. Por esa razón, el presidente López Obrador propuso cambiar el sistema petrolero y
regresar a la política de protección del recurso como elemento soberano, aunque los analistas no concuerdan con
las primeras acciones de su gobierno.
Palabras Clave: Exportación, Importación, Neoliberalismo, Petróleo mexicano, Política exterior.
ABSTRACT
The objective of the article is to analyze the importance that neoliberalism has had as a development policy
for Mexico and a commercial and sovereign element for the country and its oil industry, from the results compared with the Import Substitution Industrialization policy applied in the forty years prior to its application. For
this analysis, the amount of reserves, production, exports and imports of crude and derived products, in quantity,
income and expenses, as well as the international oil price and the alternative policies proposed by the government of Andrés Manuel López Obrador were compared. As a result, the paper found that neoliberalism increased
production and reserves and -in the first instance- also revenues, but over time also increased imports of refined
and chemical products and decreased revenues making the company, beside with the structural reforms of 2013,
a kind of oil cluster. For that reason, President López Obrador proposed changing the oil system and returning to
the resource protection policy as a sovereign element, although analysts do not agree with the first actions of his
government.
Keywords: Export, Foreign Policy, Import, Mexican Oil, Neoliberalism.

Recibido: 10 de Enero 2019 - Aceptado: 09 de Abril 2019
Cómo referenciar este artículo:
Tah-Ayala, E. D. (2019). Neoliberalismo petrolero en la política económica. Revista Política, Globalidad y
Ciudadanía, 110-133. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/124

1
Artículo de investigación derivado del proyecto de investigación: El papel de la identidad en los procesos de desarrollo global
financiado por la Universidad del Mar.
2
* Doctor en Estudios del Desarrollo Global por Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana. Profesor-Investigador
de tiempo completo, Universidad del Mar, Campus Huatulco. Correo: einer.david@huatulco.umar.mx.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 110-133. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/124

�Neoliberalismo petrolero en la política...

111
1.- INTRODUCCIÓN
El petróleo en México ha pasado por diferentes etapas dependiendo de la época en la que
atravesaba el país. Tras casi 150 años de historia, el petróleo sufrió diversas adaptaciones a la
economía nacional haciéndolo parte medular de la industria energética y, con ello, parte de la
identidad nacional que lo constituyó como el medio de ingreso más importante del país. El
sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado fue decisivo para la historia mexicana al significar la
entrada del país al mercado económico global y, con esto, del petróleo, a pesar de que el discurso continuó siendo a favor de la protección del mineral como propiedad de la nación.
En ese sentido, el siguiente artículo analiza las características petroleras del comercio internacional del país como las importaciones y exportaciones, las ganancias y pérdidas por estos
conceptos y las reservas y explotación de éstas desde 1911 hasta septiembre de 2019, tomando
en cuenta los periodos políticos y tratando de aterrizar el comportamiento del petróleo mexicano con los procesos coyunturales del escenario internacional. De esa manera, el crecimiento,
aumento de reservas y producción; el incremento de ingresos —y gastos por importación de
productos refinados— ocasiona que sea necesario replantear los proyectos sobre la industria
petrolera nacional. Sin embargo, habría que cuestionarse si las propuestas y primeras acciones
del gobierno lopezobradorista son significantes para cambiar el camino que ha tenido México
desde 1986.
El problema a analizar en el escrito es que la política neoliberal ocasionó cambios es la forma
en la que fueron desarrollados la explotación y exportación en la industria petrolera nacional,
al tiempo que aumentaron las reservas, las exportaciones, pero también las importaciones. En
ese sentido, la pregunta del problema es hasta qué grado la política neoliberal cambio la forma
de desarrollar la industria petrolera del país, específicamente desde las exportaciones, las importaciones, las reservas y producción y tomando en cuenta el precio internacional del petróleo.
Si bien el neoliberalismo mostró problemas para resolver totalmente las necesidades y limitaciones de la industria petrolera mexicana, e incluso éstos incrementaron, la propuesta de
regresar a la protección del recurso no suena descabellado. Sin embargo, la tendencia energética
internacional es contraria a la propuesta mexicana, por lo que el país estaría explotando recursos que, según los estudios, tienen los días —o de manera más exacta, los años— contados.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Evolución petrolera mexicana: antecedente al liberalismo petrolero
Las expediciones para localizar petróleo en México datan de mediados del siglo XIX pero
fue hasta 1863 que el primer poso fue perforado en Tepetitán, Macuspana estado de Tabasco. Al
finalizar el siglo XIX, el gobierno de Porfirio Díaz otorgó protección legislativa para incentivar
la inversión extranjeros y generar la infraestructura necesaria para la explotación y desarrollo
de la industria petrolera (Garner, 2015).

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�Tah-Ayala, E. D.

112
Según José López Portillo y Weber (1975, pág. 29), citado en Andrés Manuel López Obrador
(2008), con la protección gubernamental a la inversión extranjera a diversos sectores del país,
incluido el sector petrolero, la producción de crudo incrementó gradualmente.
En 1901, la producción era 10 mil barriles al año, mientras que en 1911 la producción ascendió a casi 12 millones 600 mil barriles al año, con exportaciones de más del 80 % de la producción. El valor total de la producción en 1901 fue de 2 mil 69 pesos y aumentó a casi 4 millones
200 mil pesos en 1911 (pág. 18).
La producción petrolera solamente benefició a las empresas extranjeras pues éstos eran los
únicos que contaban con capital, capacidad de gestión y experiencia tecnológica (Brown, 1993,
pág. 8; y Meyer, 1981, pág. 50). De los 104 millones de pesos de inversión extranjera en 1911:
40 millones de pesos procedía de Estados Unidos; 57 millones 200 mil pesos, de Gran Bretaña
y 6 millones 800 mil pesos, de Francia (Lajous, 2010, pág. 29). En 1911, México exportó 900
mil barriles al año, convirtiéndose en el cuarto productor mundial de petróleo (Uhthoff, 2010,
pág. 9).
Con el estallido de la Revolución, Estados Unidos influyó en las decisiones gubernamentales
al interior del país. Por este —entre otros factores—, la Revolución dio sentido a la Constitución de 1917 y abrió la posibilidad de una futura expropiación. Sin embargo, la Primera Guerra
Mundial impidió que Estados Unidos tomara represalias por la promulgación de la Constitución
de 1917. El descubrimiento de los pozos del Cerro Azul —en la zona de la Faja de Oro— hizo
posible enfrentar los problemas bélicos incrementando la producción hasta alcanzar los 260 mil
barriles diarios (Aguilera, 2015, pág. 21).
De 1911 a 1918, la producción casi llegó a 64 millones de barriles —valor de casi 90 millones de pesos— convirtiendo a México en el segundo exportador de petróleo a nivel mundial
(Uhthoff, 2010, pág. 9).
Entre 1918 y 1921, dos tercios del petróleo nacional eran exportados y solamente el 6 % era
para consumo interno (Uhthoff, 2010, págs. 9-10). Para 1921, la producción petrolera superó
los 193 millones de barriles de los cuales, 151 millones y medio (78 %) fueron extraídos de la
Faja de Oro.
Según la Secretaría del Patrimonio (1961), para 1924, la producción descendió a poco menos
de 140 millones de barriles, de los cuales, la Faja de Oro aportó 39 millones (27 %) (Como citó
López Obrador, 2008, pág. 42).

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Gráfica 1. Producción anual de petróleo en Millones de Barriles, de 1900-1945

Fuente: Elaboración propia, con información de MéxicoMaxico.org.
A partir de 1924, la producción petrolera fue en descenso llegando a su punto más bajo en
1933 —descendió a 31 millones de barriles—. Con Lázaro Cárdenas, y el nacimiento de Petróleos de México A.C., la producción nacional ascendió. En 1934, la producción pasó de poco
más de 36 millones a superar los 40 millones de barriles en 1935 —casi llegando a 47 millones
en 1937—. La expropiación generó un descenso, aunque mínimo, en la producción: en 1938,
superó los 38 millones; en 1939, casi llegó a 43 millones y en 1940, apenas superó 44 millones
de barriles. Con Manuel Ávila Camacho la producción mantuvo un ascenso hasta superar los
49 millones de barriles hasta 1946 (Aguilar, 2009).
El petróleo mexicano en el escenario mundial
De 1940 hasta 1982, el escenario global del petróleo sufrió una serie de cambios significativos. En ese periodo de 42 años, las diversas regiones del mundo sufrieron muchos cambios en
la producción de petróleo y en sus reservas probadas. La producción y las reservas mundiales
hasta 1970 tuvieron un incremento gradual y constante que cambió en los años posteriores
cuando la situación global de inestabilidad política, económico y social en diversos países devino en un constante periodo de cambios que se reflejaron en el tema petrolero: en su producción
y las reservas probadas globales.
Producción y reservas mexicanas: la estabilidad posterior a la expropiación
La expropiación petrolera significó un aumento constante en diversos aspectos de la industria mexicana. De 1938 a 1946, las reservas pasaron de mil 276 millones de barriles a mil 437
millones (aumento de 13 %). De 1946 a 1953, el aumento alcanzó los 2 mil 241 millones de
barriles (56 %). De 1952 a 1958, las reservas pasaron de 2 mil 241 millones a 4 mil 70 millones
de barriles (aumento de 82 %); mientras que la producción diaria pasó de 216 mil barriles diarios (total de casi 79 millones) hasta 276 mil barriles diarios (total anual de más de 100 milloRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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nes de barriles, aumento de 28 %). Hasta 1964, las reservas probadas alcanzaron los 5 mil 227
millones de barriles; mientras la producción diaria llegó a 354 mil barriles (total anual de 129.5
millones). Sin embargo, hasta 1970, las reservas aumentaron únicamente el 7 %, hasta alcanzar
5 mil 568 millones; aunque la producción aumentó 38 % hasta llegar a 487 mil barriles diarios
(total anual de 177.5 millones).
Gráfica 2. Reservas totales de hidrocarburos, en Millones de Barriles, de 1938-1976

Fuente: elaboración propia, a partir de información del Anuario Estadístico de PEMEX, de
1977 y 1988.
De 1938 a 1946, la producción aumentó de 39 millones a 49 millones de barriles (28 %).
Conforme a la productividad diaria, México pasó de 106 mil barriles, en 1938, a 136 mil barriles, en 1946. De 1946 a 1952, la producción diaria pasó de 136 mil barriles diarios (49.5
millones totales) hasta alcanzar los 216 mil barriles diarios, (casi 79 millones). Las reservas aumentaron 76 % en los de 1938 a 1952; mientras que la producción total y diaria aumentó 103 %.
Gráfica 3. Producción de crudo, condensado y líquido, en miles de barriles, de 1938-1976

Fuente: Elaboración propia, a partir de información del Anuario Estadístico de PEMEX, de
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1977 y 1988.
Por la crisis petrolera de la década de 1970, México generó una sobreexplotación de sus
hidrocarburos. Hasta 1976, las reservas probadas alcanzaron 11 mil 160 millones de barriles
(aumento de 100 % respecto a 1970); mientras que la producción diaria llegó a 894 mil barriles
(más de 327 millones de total anual). Hasta 1982, las reservas probadas crecieron 545 % hasta
alcanzar los 72 mil 8 millones de barriles en 1982; mientras la producción diaria alcanzó los 2.7
millones de barriles diarias, un aumento del 207 %.
Exportaciones mexicanas de crudo y derivados
El medio internacional tuvo una repercusión en el mercado global del petróleo, por lo que las
exportaciones mexicanas tuvieron un periodo de inestabilidad. Entre 1938 y 1945, las exportaciones mexicanas de hidrocarburos pasaron de casi 9 millones de barriles hasta poco menos de
5 millones en 1945. Hasta 1952, el país exportó más de 15 millones de barriles, pero hasta 1958,
México únicamente exportó poco más de 11.5 millones de barriles. Hasta 1964, las exportaciones mexicanas llegaron a 17.1 millones.
Gráfica 4. Exportaciones totales, crudo y derivados, en miles de barriles, de 1938-1976

Fuente: elaboración propia, a partir de información del Anuario Estadístico de PEMEX, de
1988.
En los primeros años de la década de 1970, la inestabilidad global generó un descenso en las
exportaciones de hidrocarburos mexicanos. De 1964 a 1970, las exportaciones alcanzaron 22.4
millones de barriles. A partir de la crisis de la OPEP, México pasó de exportar 8.6 millones de
barriles, en 1973, a 12.4 millones en 1974, alcanzando un tope de casi 56 millones exportados
en 1982, muestra de la sobre explotación petrolera de esa década.

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Gráfica 5. Exportaciones totales, crudo y derivados, en miles de barriles, de 1970-1988

Fuente: Elaboración propia, a partir de información del Anuario Estadístico de PEMEX, de
1988.
El papel de México en el entorno global fue en aumento hasta 1982. La crisis de la década de
1970 significó un aumento en las reservas, exportaciones y producción de petróleo mexicano.
Poco a poco, la presencia mexicana internacional aumentó dándole, al gobierno, medios para
financiar sus políticas de bienestar social y metiendo al país en una extrema dependencia sobre
el petróleo. De 1982 a 1988, las exportaciones pasaron de casi 56 millones a poco más de 52
millones de barriles.
Éste sexenio generó un último momento para la forma de producción mexicana de hidrocarburos y también fue el período clave de cambio para la adopción de las políticas económicas
que dieron paso al Neoliberalismo.
En este escenario, de 1979 a 1982, las exportaciones netas pasaron de 532.8 mil barriles
diarios hasta 1.4 millones (180 %), con ganancias que pasaron de 3 mil 811 millones de dólares
a 15 mil 622 millones de dólares (310 %). De 1982 a 1988, las exportaciones pasaron de 1.4
millones a 1.3 millones de barriles; mientras que las ganancias pasaron de 15.6 millones de
dólares a 5.8 millones de dólares.

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Gráfica 6. Exportaciones netas de petróleo crudo. (Millones de dólares, miles de barriles
diarios, de 1979 a 1982)

Fuente: Elaboración propia, a partir de información del Anuario Estadístico de PEMEX, de
1988.
Con Miguel De la Madrid, 1982 a 1988, las reservas totales de hidrocarburos —incluidos
gas líquido y seco— descendieron de poco más de 72 mil millones de barriles a 67.6 mil millones de barriles. Mientras que el país pasó de producir 1.3 mil millones de barriles (2.7 millones diarios), en 1976, a generar mil 248 millones (2.5 millones por día) en 1988. Lo anterior
significó un descenso en la producción y reservas intensificando la crisis que vivió el país ese
sexenio (PEMEX, 1988). La balanza comercial de hidrocarburos también mostró un cambio
ese sexenio: mientras las exportaciones fueron en descenso las importaciones aumentaron. Las
exportaciones pasaron de un millón 492 mil a un millón 306 mil; y las ganancias descendieron
de 15.6 mil millones a 5 mil 854 millones. En contraparte, las importaciones ascendieron de 9.1
mil barriles a 81.8 mil barriles diarios; es decir, un gasto que pasó de 149.3 millones de dólares
a 379.6 millones de dólares.
Tabla 1. Balanza de comercio exterior de Hidrocarburos del sexenio de Miguel de la Madrid,
1982-1988

Fuente: Elaboración propia, con información del Anuario Estadístico de PEMEX, 1990.
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Al final del sexenio de De la Madrid, el país mantenía una situación de crisis extendida por
lo que México debía implementar medidas políticas para revertirlas. Estas políticas neoliberales
estaban dirigidas a mantener una apertura económica en todos los sectores del país y la industria
petrolera tenía que abrir diversos sectores en su producción para poder intervenir en la globalización del mercado pero sin interferir en los aspectos identitarios del mismo.
El Neoliberalismo y su repercusión en la industria petrolera de México
Los acontecimientos de la década de 1970 replanteó el papel del Estado dentro de las tareas
básicas del crecimiento de los países y dio fin a la intervención estatal dentro de los temas económicos marcando el inicio de un nuevo proceso coyuntural de la economía y la política: el
Neoliberalismo (Cruz, 2002).
El nuevo escenario global, y los organismos financieros globales, obligaron a los Estados en
crisis a reestructuren sus estrategias económicas y financieras. Los países debían cambiar sus
estructuras para cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
y así aplicar las políticas neoliberales. En México, estas políticas recayeron en tres acciones específicas: la primera, una reforma fiscal que amplíe la base gravable, baje la tasa de impuestos y
reduzca el impuesto al valor agregado (IVA) para incrementar los ingresos fiscales; en segundo
lugar, reducir —o en algunos casos eliminar— el control de precios, las barreras aduanales, la
protección de monopolios, las subvenciones y la rigidez en el mercado en las que había caído
con la intervención del Estado; y por último, la privatización de las empresas paraestatales para
reducir el peso y los gastos del Estado (Revueltas, 1996). Los gobiernos que buscaron frenar
los problemas estructurales adoptaron las medidas que la nueva tendencia neoliberal indicaban
cancelando programas de bienestar social financiados por el Estado, aflojaron las leyes laborales, desarmaron las estructuras formadas por los Estados y permitieron la compra de empresas
paraestatales por privados y extranjeros (Cruz, 2002).
Para América Latina, y para México, el neoliberalismo dio fin al modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones para buscar un crecimiento hacia el exterior gracias
a las exportaciones de productos estratégicos —idealmente, con explotación privada en esos
recursos—. La apertura de sectores estratégicos ayudarían a incrementar y mejorar la productividad y la repartición de los ingresos modernizando el mercado interno (Revueltas, 1996). Sin
embargo, las políticas neoliberales únicamente generaron una dependencia hacia el mercado
estadounidense.
En 1988, el país tuvo un pequeño repunte en su desarrollo y el presidente Carlos Salinas
buscó mayor estabilidad. La firma del TLCAN significó crecimiento y estabilidad en los índices
de desarrollo al pasar de 1.24 % en 1988 a 5.06 % en 1990. Al momento de la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio en 1994, el país contaba con un crecimiento de 4.72 % pero
descendió hasta -5.75 % con la crisis de 1995. Para 1996, la tasa de crecimiento alcanzó 5.87
% y de 6.96 % en 1997. Para 1999, hubo una caída hasta llegar a 2.66 %, aunque la alternancia
motivó el crecimiento para llegar a 5.29 % en el 2000 (Banco Mundial, 2017).

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Con Salinas, las reservas totales de hidrocarburos pasaron de 67.6 millones de barriles en
1989 a 64.5 millones de barriles en 1994. La caída continuó en el sexenio de Zedillo cuando las
reservas totales pasaron de 63.2 millones en 1995 a 58.2 millones de barriles en el 2000 (PEMEX, 1990; y PEMEX, 1999). Con esto, los primeros dos sexenios neoliberales tuvieron una
tendencia de decrecimiento constante.
Gráfica 7. Reservas totales en el sexenio de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, 1988-2000

Fuente: Elaboración propia, con información del Anuario Estadístico de PEMEX, 19901999.
De 1988 a 1994, la producción diaria de hidrocarburos aumentó de 2.5 millones de barriles
a 2.6 millones de barriles diarios. Mientras que de 1995 al 2000, continuó el aumento de 2.6
millones de barriles a superar 3 millones gracias al hallazgo de nuevos pozos en Campeche (PEMEX, 1990; y PEMEX, 1999). De esta manera, en los sexenios de Salinas y Zedillo, mientras
las reservas descendieron, la producción diaria aumentó.
Gráfica 8. Producción diaria en el sexenio de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, 1988-2000

Fuente: Elaboración propia, con información del Anuario Estadístico de PEMEX, 1990Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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1999. Nota: Producción (Miles de barriles diarios).
De 1988 a 1994, la balanza comercial petrolera mostró un mínimo crecimiento a las exportaciones pero las importaciones de productos petrolíferos incrementaron. Las exportaciones
pasaron de un millón 277 mil barriles diarios (7 mil 281 millones de dólares) a un millón 307
mil barriles (6 mil 624 millones de dólares). Sin embargo, las importaciones aumentaron de 122
mil barriles (800.4 millones de dólares) en 1989 a 188.7 mil barriles diarios (mil 466 millones
de dólares) en 1994. De 1994 al 2000, la situación fue similares: las exportaciones pasaron de
poco más de un millón 300 mil barriles diarios (6 mil 624 millones de dólares) a un millón 652
mil (14 mil 886 millones de dólares). Igualmente aumentaron las importaciones, que pasaron
de 188 mil barriles diarios (mil 466 millones de dólares) a 365 mil barriles por día (4 mil 699
millones de dólares), acortando la distancia entre las ganancias por exportaciones y pérdidas
por importaciones.
Tabla 2. Balanza de comercio exterior de Hidrocarburos del sexenio de Carlos Salinas y
Ernesto Zedillo, 1988-2000

Fuente: Elaboración propia, con información de los Anuarios Estadísticos de PEMEX, 19901999-2001.
Es de notar que las exportaciones del país estaban conformadas por crudo de diferentes
zonas de país, gas natural y productos petrolíferos —gasolinas y combustibles— y petroquímicos —azufres, propilenos, entre otros—. Si bien, hubo alzas en las exportaciones de crudo
y derivados, también fue mayor la importación de éstos mostrando el poco interés de PEMEX
por mantener su papel como principal productor en el país en estos aspectos.
El siglo XXI y el camino a la reforma energética

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Para el año 2000, la impopularidad presidencial y la expectativa que despertó el Partido Acción Nacional (PAN), y su candidato Vicente Fox Quezada, resultaron en la primera alternancia
en la presidencia. Como presidente, Fox cambió la visión del petróleo como columna vertebral
del desarrollo nacional y permitió reuniones de altos funcionarios del gobierno y del sector
energético con empresarios estadounidenses y canadienses para invertir recursos privados en
materia energética (Cuellar, 2008) firmando convenios de cooperación científica y tecnológica
(con Royal Dutch Shell; Petrobras y Statoil; y en 2006 con Nexen y Chevron-Texaco), aunque
no implicaría operaciones comerciales y a pesar del discurso proteccionista (Lomas, s/f). Para
el sexenio de Calderón, ese mismo ímpetu ocasionó la búsqueda de una reforma energética que
sería lograda en el 2008 y que traería cambios, de nuevo, en la estructura energética y petrolera
del país.
El gobierno de Fox permitió la entrada, masiva y libre de aranceles, de destilados de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos y Canadá, al tiempo que aceleró la extracción de
crudo. En 2005, el congreso reformó la Ley para permitir la generación de energía junto con
Estados Unidos (Cárdenas, 2009). El descenso en las reservas probadas, y la sospecha que solamente llegarían hasta el 2012, aportó el argumento para permitir la incursión privada en el ámbito petrolero y así evitar futuras importaciones (Salinas, 2008). Del 2001 al 2006, las reservas
totales pasaron de 56 mil 154 millones a 46 mil 417 millones de barriles. De 2006 a 2012, las
reservas totales disminuyeron al pasar de 46 mil 417 millones de barriles a 43 mil 837 millones.
Gráfica 9. Reservas totales en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, 2000-2012

Fuente: Elaboración propia, con información de los Anuarios Estadísticos de PEMEX, del
2001 al 2013.
De 2000 al 2006, la producción de crudo y derivados incrementó —tímidamente— al pasar
de 3 millones 127 mil barriles a 3 millones 255 mil barriles diarios. De 2006 a 2012, la producción pasó de 3 millones 255 mil barriles a 3 millones 548 mil barriles diarios. En resumen, en
los sexenios panistas, mientras las reservas descendían la producción diaria aumentaba, lo que
apoyó el argumento sobre la disminución de las reservas, la mayor exigencia del mercado y la
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gran dependencia de las finanzas del país sobre el petróleo
Gráfica 10. Producción diaria en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, 2000-2012

Fuente: Elaboración propia, con información de los Anuarios Estadísticos de PEMEX, de
2001 a 2013. Nota: Producción (Miles de barriles diarios)
Durante el sexenio de Fox, el país tuvo los ingresos petroleros más altos de su historia (orbitaron arriba de 78 dólares por barril) (Cuellar, 2008). Entre el 2000 y el 2006, las exportaciones
pasaron de un millón 652 mil barriles diarios (14 mil 886 millones de dólares) a un millón 792
mil barriles por día (34 mil 706 millones de dólares); mientras que las importaciones pasaron
de 365 mil barriles diarios (4 mil 700 millones de dólares) a 368 mil barriles diarios (11 mil 291
millones de dólares), un aumento de más de 150 %. La diferencia entre ganancias por exportación y gastos para importación de petrolíferos era cada vez más corta: en 2006 el gasto era de
casi el 33 % del total de los ingresos.
De 2006 a 2012, las exportaciones disminuyeron al pasar de un millón 792 mil barriles diarios (más 34 mil millones de dólares) a un millón 255 mil barriles por día (casi 47 mil millones
de dólares). Conforme a las importaciones, pasaron de casi 369 mil barriles diarios (más de 11
mil millones de dólares) a casi 671 mil barriles (más de 31 mil millones de dólares). Los gastos
que el país requería para importar combustibles correspondía a dos tercios —66.40 %— de las
ganancias por exportar petróleo crudo.

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Tabla 3. Balanza comercial de hidrocarburos del sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón,
2000-2012

Fuente: Elaboración propia, con información de los Anuarios Estadísticos de PEMEX, del
2001 al 2013.
De esta manera, si bien el gobierno de Vicente Fox en el tema petrolero y mantuvo un crecimiento constante —comparado sexenios anteriores—, también aumentaron las exportaciones y
las importaciones de productos refinados. La política petrolera de Calderón estuvo encaminada
a la privatización de las actividades de producción. La inversión pública para PEMEX disminuyó considerablemente (de 2.9 % del PIB en 1982 a 0.57 % en 2007) consiguiendo que las principales actividades petroleras dejaran de desarrollarlas trabajadores y técnicos de la paraestatal
y fueran cedidos, por contratos de servicio múltiples, a empresas privadas (Cárdenas, 2009).
Ésto generó Calderón y Peña Nieto buscaran reforzar la industria petrolera y explorar nuevas
regiones para aumentar las reservas.
La reforma y la firma de contratos con empresas privadas buscaron generar miles de empleos, dinamizar la industria petrolera —clave para México— y reducir la dependencia sobre
las importaciones de combustibles y gasolinas; reforzando la posición del petróleo como elemento clave para el desarrollo de México (Rivas, 2009).
La reforma también modificó la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria
(último trimestre de 2008 y previo a la Ley de Ingresos del 2009) convirtiendo en deuda pública
las PIDIREGAS de PEMEX (178 mil millones de pesos o 14 mil millones de dólares). Con este
cambio, el gobierno privatizó casi la totalidad de la inversión de PEMEX, que pasó del 39 % en
1998 al 88 % en el 2008 (Gutiérrez, 2011).
Repercusiones de la reforma energética del 2013 y los gobiernos de Peña Nieto y López
Obrador
La reforma energética del 2013 buscaba fortalecer al país, los procesos de producción petrolera y la tecnología para explorar y explotar fuentes alternas que otros países habían tomado
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para continuar con el desarrollo del país. Entre 1980 y 1990, la dependencia gubernamental sobre el petróleo disminuyó aunque no para las finanzas públicas. Las aspiraciones por aumentar
el crecimiento del país —a través de la inversión privada al sector petrolero— fracasaron, entre
otras cosas, por la caída de los precios internacionales del petróleo (Freindenberg y Aparicio,
2016).
Para julio de 2008, el precio internacional del petróleo aumentó hasta un máximo de $120.5
dólares por barril. Sin embargo, hasta diciembre de 2008, los precios internacionales alcanzaron
un mínimo de $33.70 dólares. Entre 2009 y febrero de 2011, hubo cierto ascenso y estabilidad
entre los $112.82 y $90 dólares por barril que duró entre 2014 hasta 2017 cuando alcanzó un
máximo de $45.70 dólares. A partir de marzo de 2016, el precio de la mezcla mexicana mantuvo
un crecimiento constante hasta octubre del 2018 cuando alcanzó $71.29 dólares por barril y a
partir de ese año ha ido en descenso hasta $58.41 de septiembre de 2019.
Gráfica 11. Precio internacional del petróleo (Periodo mensual. De enero de 2005 a agosto
de 2019)

Fuente: Elaboración propia, con información del Servicio Geológico Mexicano de la Secretaria de Energía, BANXICO, y DatosMacro.com.
Con Enrique Peña Nieto, las exportaciones petroleras disminuyeron. De 2012 a 2017, las
exportaciones pasaba un millón 255 mil barriles por día (casi 47 mil millones de dólares) a un
millón 184 mil barriles diarios (apenas superiores a 26 mil millones de dólares). Mientras que
las importaciones aumentaron de 670 mil barriles (32 mil millones de dólares) a casi 980 mil
barriles (32 mil 688 millones de dólares), significando que el país ha importado el 82.77 % de
lo exportado, equivalente a 6 mil 176 millones de dólares

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Tabla 5. Balanza de comercio exterior de hidrocarburos del sexenio de Enrique Peña Nieto
y Andrés Manuel López Obrador, 2012-2019

Fuente: Elaboración propia, con información de los Anuarios Estadísticos de 2007 a 2018 y
los indicadores petroleros de PEMEX de 2019
Hasta septiembre de 2019, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las exportaciones han superado el millón 132 mil barriles al día (15 mil 730 millones de dólares), mientras
que las importaciones apenas llegan a los 855 mil barriles (17 mil 110 millones de dólares)
significando el 75.53 % y mil 380 millones de dólares de diferencia.
De 2012 a 2018, las reservas totales del país disminuyeron de 43 mil 837 millones de barriles
a 21 mil 89 millones. Por su parte, la producción nacional también descendió de superar los 3.5
millones de barriles diarios a un millón 833 mil barriles. Hasta septiembre de 2019, el promedio
de producción llegó al millón 672 mil barriles por día y las reservas apenas sobrepasaron los 20
mil 453 millones de barriles.
Tabla 6. Reservas totales y producción en el sexenio de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel
López Obrador, 2012-2019

Fuente: Elaboración propia, con información de los Anuarios Estadísticos de 2007 a 2018 y
los indicadores petroleros de PEMEX de 2019.
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De la mano del petróleo es un símbolo nacional, PEMEX ha sido la vaca sagrada a lo largo
de las décadas. Sin embargo, la corrupción —falta de transparencia, independencia y rendición
de cuentas— ha sido un tema importante en la paraestatal. Por esta razón, el gobierno de López
Obrador trata de mantener una política de protección nacional siguiendo una estrategia diferente a la establecida por la reforma energética del 2013.
En ese sentido, desde 1988 hasta el 2004, las exportaciones pasaron de poco más de un
millón 306 mil barriles diarios a poco más de un millón 870 mil barriles al día. De 2004 hasta
septiembre de 2009, las exportaciones han disminuido hasta poco más de un millón 135 mil barriles diarios. Del total de exportaciones, el continente americano es el principal destino para el
petróleo mexicano al pasar de 745 mil barriles diarios en 1988 hasta un millón 655 mil barriles
diarios en 2004 (Estados Unidos, el principal receptor, pasó de casi a 685 mil barriles por día
en 1988 hasta un millón 622 mil barriles hasta septiembre de 2019 792) (PEMEX, 1999-2019).
El segundo destino del petróleo mexicano ha sido Europa. Desde 1988, las exportaciones
pasaron de 376 mil barriles por día hasta 195 mil barriles diarios, en 2019 (el principal destino
fue España con 204 mil barriles al día en 1988 hasta 162 mil barriles diarios en 2014) (PEMEX,
1999-2014). En Asia y Medio Oriente, las exportaciones pasaron de 184 mil barriles diarios
en 1988 hasta 316 mil barriles hasta septiembre de 2019 (Japón fue el principal destino con
174 mil barriles en 1988 hasta 2003 con 10 mil barriles al día, aunque a partir del 2000 India
importa petróleo mexicano pasando de casi 5 mil a más de 80 mil barriles diarios) (PEMEX,
1999-2014). El último destino del petróleo mexicano es África aunque únicamente fue de 1997,
cuando exportaba 12.7 mil barriles al día, hasta mil 400 barriles diarios en 2005.
Gráfica 12. Volumen de exportaciones de petróleo crudo de México por destino, 1988-2019

Fuente: Elaboración propia, con información de los Anuarios Estadísticos de 1988 a 2018 y
la base de datos institucional de PEMEX.
Las ganancias por exportación de 1988 a 2018, pasó de 5 mil 854 millones hasta 43 mil
341 millones hasta alcanzar 26 mil 512 millones. Hasta septiembre de 2019, las exportaciones
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llegaron a 15 mil 730 millones de dólares. Del total de ganancias, América aportó de 3 mil 353
millones en 1988 hasta 15 mil 364 millones en 2018, y 8 mil 869 millones de dólares hasta
septiembre de 2019. Europa pasó de mil 622 millones de dólares en 1988 a 4 mil 330 millones
en 2018 y 2 mil 595 millones de dólares hasta septiembre de 2019. El Lejano Oriente pasó de
878 millones de dólares en 1988 a 6 mil 819 millones de dólares en 2018. Mientras que África
aportó de 75 millones en 1997 a 7 millones de dólares 2005.
Gráfica 13. Valor de las exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico, 1988-2019

Fuente: Elaboración propia, con información de los Anuarios Estadísticos de 1988 a 2018 y
la base de datos institucional de PEMEX.
En ese sentido, la exportación y las ganancias de crudo mexicano reflejan un declive. Por
esa razón, el gobierno de López Obrador propone un cambio de rumbo de la producción que
PEMEX y en la forma en la que el gobierno haga valer su propiedad sobre sus recursos naturales que ha mantenido, no solo desde la apertura económica, sino desde de la reforma energética
del 2013.
La nueva visión gubernamental mantiene, e intensifica, el discurso político nacionalista alrededor del impulso a la seguridad y soberanía petrolera. En ese sentido, el gobierno del presidente López Obrador trazó en su Plan Nacional de Desarrollo “un propósito de importancia
estratégica […] es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas
del desarrollo nacional” (Presidencia de la República, 2019, pág. 50). Como acciones para el
cumplimiento de ese objetivo, el gobierno federal propone la rehabilitación de las refinerías ya
existentes, la creación de la una nueva refinería en Dos Bocas (The Economist, 2019).
De igual manera, el presidente ha insistido en fortalecer a PEMEX con recursos extraordinarios obtenidos a través de la política de austeridad y recortes presupuestales a diversos sectores
públicos. Sin embargo, analistas económicos argumentan que esa estrategia no tendrá los resultados esperados pues cambia los ejes de las reformas del 2008 y 2013: la explotación petrolera
en aguas profundas —500 metros de profundidad o menos— y ultra profundas —más de 1,500
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metros de profundidad—. Con esto, López Obrador demuestra no tener interés por continuar
con los proyectos que iniciaron los gobiernos priistas y panistas en el periodo neoliberal, por lo
que el presidente canceló la licitación de siete empresas privadas y entregó nuevas asignaciones
a PEMEX (Solís, 2019).
A pesar de esto, PEMEX declaró que una de las estrategias del gobierno de López Obrador
es asegurar la visión, a largo plazo, de las oportunidades exploratorias. En ese sentido, la comisionada Nacional de Hidrocarburos, Alma América Porres Luna, declaró que esperar a que
los costos de las exploraciones en aguas profundas disminuyan tiene beneficios pero también
perjuicios: “cuando una empresa quiera sacar el crudo en aguas profundas, el precio que tenga
el hidrocarburo puede ser tan bajo que no sea económicamente viable, o el hidrocarburo tal vez
ya no sea la energía que se requiera” (Solís, 2019). De esta manera, el presidente propone que
la paraestatal tendrá una recuperación en tres años y el país volverá a ser autosuficiente en la
producción de combustible. Sin embargo, las consultoras —como Standard and Poors y Moody´s— ven con escepticismo la propuesta presidencial (BBC, 2019).
3.- MÉTODO
Diseño
El trabajo utiliza medios explicativos y analíticos al retomar todos los datos que proporciona PEMEX y otros medios que contabilizan las importaciones y exportaciones petroleras, así
como países destino de ese crudo, precios internacionales y el tamaño de producción y reservas.
De igual manera, los relaciona con los periodos presidenciales desde la aparición del petróleo
en México y como estos periodos, a partir del neoliberalismo, crecieron, o no, con ayuda del
petróleo.
Por esta razón, los recursos utilizados son los registros disponibles en los anuarios estadísticos de PEMEX, las bases de datos institucionales y otros registros disponibles para medir el
incremento de las variables del estudio. En ese sentido, el estudio relacionó la importación y
exportación con las reservas probadas y la producción nacional en el periodo de sustitución de
importaciones y neoliberal para comprobar la repercusión de ésta política en la industria petrolera nacional.
Instrumentos
La investigación utilizó las bases de datos registradas en los anuarios estadísticos y las bases
de datos institucionales de PEMEX, registros del Mundo Mundial, del Banco de México, de
Méxicomaxico.com y los registros de Expansión para el precio internacional de petróleo —
Brent y WTI—. Las bases de datos y los registros trataron de categorizar elementos medibles
para cruzar diferentes aspectos del comercio internacional del petróleo mexicano centrándose
en el periodo neoliberal pero tomando el periodo de sustitución de importaciones como antecedente.
La razón que utilizar los registros y bases de datos, así como elegir estos aspectos —creciRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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miento, precios, importación y exportación, reservas, producción y destino— para categorizar
las variables fue para tratar de abarcar el mayor espectro posible del comercio petrolero internacional para concluir si el periodo neoliberal fue una política que trajo beneficio —o no— a
la economía mexicana y compararla con la posible política económica del nuevo gobierno. A
pesar de que podría ser una conclusión subjetiva por los pocos elementos analizados hasta ahora
(septiembre de 2019 a menos de un año de gobierno lopezobradorista) si podría concluirse que
las variables son las mismas, por lo que ambos aspectos son medidos bajo las mismas reglas
básicas.
Procedimiento
La investigación pasó por dos periodos: el primero, retomar todos los datos posibles referentes al petróleo en México y, la segunda, construir categorías básicas de medición a partir de
los elementos e información disponible en las principales fuentes de información consultadas.
Con esta idea básica, los primeros elementos tomados en cuenta fueron las importaciones y
exportaciones de crudo y derivados, en cantidad de barriles y dinero, para comprobar el déficit
que tiene el país.
Inmediatamente después fue necesario analizar las reservas y la producción de crudo para
comprobar qué tan grande ha sido la explotación del recurso así como los beneficios que han
devenido con esa explotación. Después de eso, fue necesario conocer cuál es el precio con el
que se vende el crudo mexicano en el mercado internacional y compararlo con nuestros principales competidores, seguido de identificar el principal destino de los recursos y las ganancias
que recibe PEMEX de esos lugares por concepto de comercio petrolero. Con esto, el estudio
fue delimitado en periodos sexenales y la información fue cruzada con la aplicación de políticas
de sustitución de importaciones, neoliberalismo e inicio del gobierno de López Obrador, para
concluir con los resultados reales de las políticas aplicadas.
4.- RESULTADOS
El análisis muestra como resultados que la política petrolera aplicada en el periodo neoliberal fue deficiente conforme a las décadas anteriores en las que la política de industrialización
por sustitución de importaciones aumentó las reservas y la producción, a pesar de que fue a
través de un aumento del endeudamiento que generó —de la mano con muchos otros elementos
originados en el escenario internacional— las crisis de las décadas de 1970 y 1980, dando paso
al periodo neoliberal.
En ese sentido, la aspiración de la política neoliberal fue minimizar los problemas de crisis
y mantener el aumento de las exportaciones aumentando la explotación de las reservas. Sin
embargo, conforme la producción y exportación fue en aumento, los precios internacionales
disminuyeron resultando, por un lado, en una necesidad cada vez mayor por recursos y, por otro
lado, la necesidad de importar productos refinados.
En resumen, el neoliberalismo propició la necesidad de producir cada vez más petróleo para
exportar y cada vez más necesidad de productos refinados. Por esa razón, el nuevo periodo preRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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sidencial del presidente López Obrador buscó minimizar la dependencia de productos refinados
importados. Sin embargo, la propuesta no contempla inversión en exploración o en tecnología,
por lo que la autosuficiencia no parece probable.
5.- CONCLUSIONES
El petróleo ha estado en constante cambio en el país desde su aparición hasta las diferentes
reformas que se han aplicado bajo argumento de beneficio colectivo. La institucionalización
de la revolución, y con esto la adopción del petróleo como elemento de identidad nacional, financió el crecimiento de país a través de las políticas de sustitución de importaciones, creando
empresas paraestatales en todos los ámbitos de la productividad nacional y dio paso al “milagro
mexicano”, que duró hasta las finales de la década de 1970 y que significó un cambio en los
manejos económicos del país reflejados en las reformas de 1986 que planteaba la apertura del
país en términos económicos, principalmente, pero también en lo político y social.
A partir de ese momento, la clase política mexicana requirió mantener un argumento nacionalista y de corte social para reformar aspectos referentes a la industria petrolera. La apertura
económica de finales de la década de 1980 propició que, a nivel discursivo, el gobierno propusiera los cambios requeridos por la industria a partir de los beneficios colectivos que estas
reformas traerían. En la primera década del siglo XXI, el discurso planteaba reformar el sector
y alargar los beneficios petroleros dando forma a la reforma de 2013. Con esta reforma, el gobierno proponía hacer más eficaz a la industria y cambiar la situación deficitaria de la balanza
comercial petrolera. Sin embargo, en los pocos años de aplicación, esos problemas han empeorado por diversos factores coyunturales.
Con el nuevo gobierno de López Obrador, los factores coyunturales del país no ofrecen
muestras reales de éxito para las propuestas del presidente López Obrador pues éstas están
centradas en gastos de construcción de refinerías, cuando la tendencia global va en sentido contrario, y nula inversión en tecnología y exploración.
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�134
Mediación comunitaria al cumplimiento del acceso a la justicia como objetivo de desarrollo
sostenible1
Community mediation for compliance with access to justice as a sustainable development
objective
Lisbeth Carolina, Velásquez-Cruz2
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua
https://orcid.org/0000-0003-2488-2653
___________________________________________________________________________
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo está orientado al análisis de los
Objetivos de Desarrollo sostenible, en particular a lo referido a la garantía del acceso a la justicia con igualdad
desde los métodos alternos de solución de conflictos, especialmente la mediación comunitaria y la relación con el
derecho al acceso a la justicia. Se aplicó el método de análisis documental, con enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se observó que: existen ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y programas en Latino América que regulan la función
y practica de la mediación comunitaria como instrumento de solución pacífica de los conflictos en la comunidad.
Se concluye que la mediación comunitaria contribuye a crear ciudadanía, participación inclusiva de las personas,
desarrollar la cultura de paz en las comunidades y dar cumplimiento al derecho de acceso a la justicia.
Palabras claves: acceso a la justicia, desarrollo sostenible, mediación comunitaria, objetivo dieciséis.
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review, whose objective is oriented to the analysis of objective sixteen of the Sustainable Development Goals, in particular as regards the guarantee of access to justice with equality
from alternative methods of conflict resolution, especially community mediation and the relationship with the right
to access justice. The method of documentary analysis was applied, with a qualitative approach, non-experimental
design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review, it was observed that:
there are national and international legal systems and programs in Latin America that regulate the function and
practice of community mediation as an instrument for the peaceful resolution of conflicts in the community. It is
concluded that community mediation helps to create citizenship, inclusive participation of people, develop a culture of peace in communities and comply with the right of access to justice.
Keywords: access to justice, community mediation, objective sixteen, sustainable development.

Recibido: 28 de Septiembre 2018 - Aceptado: 20 de Enero 2019
Cómo referenciar este artículo:
Velásquez-Cruz, L. C. (2019). Mediación comunitaria al cumplimiento del acceso a la justicia como objetivo de
desarrollo sostenible . Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 134-145. Recuperado de http://revpoliticas.
uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/139

1
Artículo de revisión derivado del proyecto de investigación: Mediación comunitaria como estrategia para desarrollar una cultura de
paz en las comunidades.
2
* Máster en Derecho Procesal Civil por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Docente de la Facultad de Humanidades
y Ciencias Jurídicas de Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. E-mail: lisvelasquezcruz@yahoo.com, lilly121293@hotmail.com.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. 134-145. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/139

�La mediación comunitaria...

135
1.- INTRODUCCIÓN
En el año 2000, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprueban la Declaración
del Milenio cuyo objetivo primordial fue establecer una serie de Objetivos del Desarrollo del
Milenio (ODM) que sean los cimientos indispensables de un mundo mejor, más pacífico, más
próspero y justo.
Los Estados partes reconocieron que, “además de las responsabilidades que todos tenemos
respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial” (Naciones Unidas, 2000). Esto como parte del cumplimiento efectivo de los Estados a la Carta de
Naciones Unidas.
La declaración del milenio contenía ocho objetivos que los Estados miembros definieron de
carácter prioritario con relación a las problemáticas que existían en su momento como parte de
los compromisos adquiridos en la cumbre:
Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los Estados, el respeto de su integridad territorial e independencia política; la solución de los conflictos por medios pacíficos y en consonancia con los
principios de la justicia y del derecho internacional (Naciones Unidas, 2000).
Las problemáticas principales contenidas en los ODM son la erradicación de la pobreza, acceso a educación primaria de forma universal, lucha contra la violencia, protección de Derechos
Humanos, la democracia y el buen gobierno, protección de las personas vulnerables, combatir
el VIH y Sida y otras enfermedades, reducir la mortalidad de la niñez, medio ambiente sostenible.
Los ODM constituyen “los buenos deseos y al trabajo realizado durante los quince años,
los problemas enraizados en muchas sociedades no han sido resueltos y muchas personas en el
mundo lo siguen padeciendo como la pobreza extrema” (Quispe Remón, 2018) . Las problemáticas definidas en los objetivos si bien no han sido resueltas en su totalidad constituyen un
avance significativo para la creación y readecuación de iniciativas para eliminar las dificultades
que generan perjuicios a la sociedad mundial.
Es por lo que, al transcurrir quince años de la Declaración del Milenio, los Estados miembros
de las Naciones Unidas se reúnen nuevamente para evaluar el trabajo realizado y establecer las
áreas de oportunidad generadas a partir de los ocho objetivos estipulados. Es así como surgen
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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�Velásquez-Cruz, L. C.

136
Objetivos de desarrollo sostenible
Las Naciones Unidas en aras de continuar en la promoción, protección y cumplimiento de
los Derechos y obligaciones señaladas en la Carta de Naciones de Unidas y la Declaración del
Milenio en el año 2000, los Estados partes retoman los ODM y los amplían a diecisiete objetivos orientados a la sostenibilidad de estos.
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son el sustento y la base para construir un
mundo mejor, un marco de referencia en donde los Estados se comprometieron a cumplir, en un
máximo de quince años, a partir del año 2015 al 2030. Estableciendo una serie de metas e indicadores que abordaran los avances en la aplicación de estrategias que aportan significativamente a la solución de las problemáticas que aquejan a la sociedad, con el involucramiento de todos
los actores claves en el mundo: los Estados, sociedad civil, empresas y población en general.
Los ODS establecidos por las Naciones Unidas son los siguientes:
Ilustración 1 ODS según la ONU

Fuente: Elaboración propia, 2019.
En la ilustración 1, se señalan los objetivos que han sido designados como parte de una
nueva agenda de desarrollo sostenible hasta el 2030. En este sentido, Alicia Bárcena Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL refiere que: “Los ODS también son una herramienta de planificación
para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán
un apoyo para cada país…”. Es por ello, que los Estados y sus gabinetes de gobiernos preparan
y realizan los planes de desarrollo de acuerdo con las principales necesidades y problemáticas
que poseen.
Objetivo dieciséis: paz, justicia e instituciones sólidas
Este objetivo propuesto se “centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para
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el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles” (CEPAL, 2016). Las tres dimensiones de
este objetivo (promoción de la paz, acceso a la justicia e instituciones) se resumen en el fortalecimiento de las instituciones que son garantes de los derechos fundamentales y la vigilancia
en el cumplimiento de estos.
Las metas del objetivo dieciséis, según (Naciones Unidas, s.f.) son:
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•

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo.
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños.
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos
De aquí́ a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades
Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial
De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular
mediante el registro de nacimientos
Garantizar el acceso público a la información y protegerlas libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la
capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible

El objetivo dieciséis señala metas para el cumplimiento y logro de este propósito, tomando
en cuenta la labor de todos los sectores en la sociedad: gobierno, sociedad civil y población en
general. Es importante la integración de todos los sectores para que juntos aporten a la solución
y reducción de las problemáticas que acontecen en el mundo. Para (Mesa, 2017, pág. 31) “El
ODS 16 ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los conceptos de paz, justicia y gobernanza global, así́ como sobre sus factores constitutivos”.
El derecho a la igualdad del acceso a la justicia como objetivo de desarrollo sostenible
Nociones generales del acceso a la justicia

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El acceso a la justicia como noción radica en que encierra dos de los propósitos fundamentales del sistema de justicia: por una parte, el acceso al sistema judicial que es donde las personas
pueden reclamar el cumplimiento de sus derechos y, por otra, los medios alternos de resolución
de conflictos, desde una perspectiva amplia de justicia (judicial y extrajudicial) que involucre a
las instituciones públicas en su conjunto.
Tradicionalmente, el acceso a la justicia fue entendido más como una prerrogativa del Estado que como un derecho fundamental y en las últimas décadas ha venido cobrando fuerza la
idea del acceso a la justicia como un derecho y más que derecho una garantía fundamental.
En ese aspecto, señala (Marabotto, 2003) “El acceso a la justicia es un derecho humano y,
por lo tanto, es esencial. Siempre y en todo caso se debe procurar el acceso a ella de la mayor
parte, si no de todos los habitantes de un país”. A su vez, la importancia del acceso a la justicia
como derecho fundamental es que por medio de este derecho se le da contenido material a la
igualdad formal mediante la exigibilidad de otros derechos y la resolución de conflictos entre
particulares o entre particulares y el Estado.
Según, (Zambrano, 2015):
El acceso a una justicia imparcial e independiente que garantice la tutela judicial efectiva de
los derechos y la vida en un entorno libre de amenazas, violencia y temor, es presupuesto
indispensable para alcanzar el desarrollo integral de las personas, mejorar su calidad de vida
y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas.
Entonces, el acceso a la Justicia es aquella que no sólo incluye la tutela judicial efectiva y las
garantías del debido proceso en el sistema de justicia, sino que abarca todo mecanismo que sea
eficaz para la resolución de un conflicto. Por lo mismo, el acceso a la justicia es concebido como
una especie de “derecho bisagra”, en cuanto permite dar efectividad a los distintos derechos,
civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, abriendo el camino para reclamar por su
cumplimiento y así garantizar la igualdad y la no discriminación.
El acceso a la justicia incluido en el objetivo dieciséis
El objetivo dieciséis, refiere a la construcción de sociedades justas y pacíficas con el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales para garantizar la paz y la justicia. Los derechos
que señala este objetivo es únicamente el de acceso igualitario a la justicia, que, a su vez, este
derecho no lo incluía los ODM.
En este sentido, en el centro del objetivo dieciséis se encuentra el aspecto vital para lograr la
convivencia pacífica y el desarrollo en igualdad de condiciones de todas las personas, el acceso
a la justicia (Mesa, 2017). Es decir, el derecho al acceso a la justicia es transcendente para alcanzar las metas y objetivos señalados en los ODS, ya que a través de este derecho es el medio
para el cumplimiento de otros derechos.
Normas de especial protección al derecho del acceso a la justicia
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La administración de justicia, como instrumento fundamental para el logro de una convivencia armoniosa y equilibrada, no puede liberarse del compromiso de incorporar en su estructura,
organización y políticas, una perspectiva de protección, con el fin de garantizar el acceso a la
justicia y con ello, el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellas vivir libres de cualquier forma de violencia.
El acceso a la justicia se encuentra consagrado en las distintas normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 8
y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconocen al acceso a la justicia como un derecho de que a las personas se les escuchen ante los tribunales y cortes de justicia
con igualdad y sin discriminación, que cada Estado debe cumplir con esa garantía fundamental
de que las personas puedan libremente tocar las puertas del sistema de justicia y que este les
tutele de forma efectiva su derecho.
En este sentido, el acceso a la justicia está consagrado en el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que se encuentra íntimamente ligado
con el derecho a la asistencia jurídica, y en general, con poner en funcionamiento el aparato judicial. También se relaciona con la eliminación de todos los impedimentos fácticos, subjetivos
u objetivos para hacerlo.
Artículo 8: garantías judiciales (Organización de Estados Americanos, 1969):
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.
Esto último se refiere a la posibilidad material del ciudadano y la ciudadana, de acceder a la
justicia como elemento que se requiere para poder cumplir con el objetivo que persigue la Ley,
como es prevenir, erradicar y sancionar las conductas que ponen en riesgo o vulneran bienes
jurídicos protegidos.
La mediación comunitaria y la relación con el acceso a la justicia
Noción de mediación comunitaria
La mediación comunitaria es parte de los Métodos Alternos de Solución de conflictos, corresponde a la mediación en el ámbito social, según (Nató, Rodríguez, &amp; Carbajal, 2006):
Es un recurso humano y un instrumento cívico mediante el cual los integrantes de una sociedad pueden tramitar sus diferencias y/o gestionar los conflictos que se le presentan en el ámbito
privado y/o público, así como también participar en la construcción de la sociedad que integran.
Para el Programa de Mediación Comunitaria de la Defensoría en Montevideo, Uruguay, “La
mediación comunitaria es un espacio de encuentro que busca la construcción de soluciones a las
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situaciones problemáticas que enfrentan las personas” (Defensoría de Vecinas y vecinos, 2017).
En este sentido, la mediación comunitaria es un método de prevención y solución de controversias comunitarias, un servicio que el objetivo primordial es fortalecer la comunidad y generar espacios que involucren a los miembros de la sociedad, a fin de garantizar la paz y armonía
entre ellos.
La mediación comunitaria reconocida en normas internacionales
La Convención Americana sobre Derechos Humanos sirvió de fundamento para abordar los
Métodos Alternos de Solución de conflictos, por ende, la mediación comunitaria, en tanto, reconoce las garantías judiciales como el derecho al acceso a la justicia (Organización de Estados
Americanos, 1969).
Los Estados signatarios del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas mejor conocido
como el “Pacto Bogotá”, se comprometen a resolver las futuras controversias que pudieran surgir entre ellos, mediante el uso de métodos pacíficos que auspicien el mantenimiento de la paz,
como los procedimientos de: los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación,
el arbitraje y el procedimiento judicial. (Cabello Tijerina &amp; Vázquez Gutiérrez, 2015).
Siendo la mediación comunitaria parte de los Métodos de solución de conflictos tiene la investidura y protección especial por parte de los Estados que son los garantes de los Derechos,
en particular, el derecho al acceso a la justicia. La Administración de Justicia le corresponde
al Estado y a su vez, es instrumento fundamental para el logro de una convivencia armoniosa y
equilibrada.
Mediación comunitaria y acceso a la Justicia en Nicaragua, México y Panamá
En Nicaragua, México y Panamá los Mecanismos de Solución de Conflictos en particular
la mediación, se encuentran reflejados en los ordenamientos jurídicos desde la perspectiva del
derecho humano del acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el reconocimiento de la
participación ciudadana, las formas de gobierno y solución tradicional de conflictos de las comunidades indígenas, zonas urbanas y rurales.
Existen programas, centros y experiencias innovadoras de Mediación comunitaria vinculadas al cumplimiento del derecho al acceso a la justicia de las comunidades, zonas urbanas y rurales, cuyo funcionamiento y operatividad pertenece tanto al Estado (Poder judicial y ejecutivo)
como también la sociedad civil y organizaciones internacionales.
Por su parte, la Asamblea Nacional de Panamá dicta la Ley que establece la justicia comunitaria de paz y las disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria, esta norma viene
a promover la solución pacifica de las controversias comunitarias a fin de garantizar el acceso
a la justicia por igual, sin discriminación de raza, sexo o ideología política, que al igual que la
experiencia de Nicaragua crean el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales que junto con
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el Órgano Judicial y Alcaldías municipales establecen una estructura organizacional en cada
municipio.
En el caso de México, específicamente el Estado de Nuevo León incluye los Mecanismos
Alternativos de Solución de controversias en el ordenamiento jurídico tomando en consideración la Carta Magna de la Nación y Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
que preceptúan el reconocimiento de la mediación para fomentar y difundir la cultura de paz y
la restauración de relaciones interpersonales y sociales (Congreso del Estado de Nuevo León,
2017).
En este sentido, el Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León, ofrece a la sociedad el servicio de Mediación. Según informe actualizado
hasta el 26 de marzo de 2019, se realizaron 16,617 mediaciones y 12,593 convenios acordados
en total. En el caso de mediaciones comunitarias del 2007 al 30 de abril de 2018 se realizaron
60 solicitudes de mediaciones comunitarias en sede del Instituto (Instituto de Mecanismos Alternativos para la solucion de controversias, s.f.).
En Nicaragua la experiencia de la mediación comunitaria es a través del Servicio Nacional
de Facilitadores Judiciales que son auxiliares de justicia, cuenta con 4,764 facilitadores a nivel
nacional y se va a seguir ampliando el servicio en 5 mil. El magistrado de la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua Dr. Marvin Aguilar expresa que: “El 80% de la población rural nicaragüense tiene acceso a la justicia a través de los Facilitadores Judiciales.
La eficiencia se percibe en cada comunidad y barrio, con la disminución del delito, lo que
genera mayor producción, gobernabilidad, seguridad, paz, armonía, más acceso a la justicia y
menos retardo, mayor ejercicio democrático por ser los facilitadores judiciales electos popularmente” (Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, 2016).
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) tiene como fin brindarle a la comunidad celeridad en el acceso a la justicia, disminución de los costos y se descongestione el sistema de administración de justicia, al no ingresar causa por faltas penales o delitos a la Policía
Nacional, Ministerio Público ni a los Despachos Judiciales (Corte Suprema de Justicia, 2015).
También, el acceso a la justicia descansa en las y los líderes comunitarios que con un espíritu
voluntario y de servicio, amor a su comunidad, el cual brinda la confianza y proporciona el ambiente adecuado para que las personas que acuden ante él o ella, previo a acuerdos, establezcan
la solución de sus conflictos y el facilitador judicial levanta el acta donde se recoge la manifestación de la expresión y voluntad de las partes.
Dentro de las principales logros que ha alcanzado el SNFJ se encuentran la reducción de los
conflictos en cada una de las zonas y comunidades del país, facilita la paz y la convivencia social, el cual permite que las personas desprotegidas y con mayores dificultades para acceder a la
justicia acudan ante el facilitador judicial para recibir orientación, información o asesoría sobre
el conflicto que tenga, se fomenta la cultura jurídica dentro de la población al realizar charlas
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comunitarias el cual es producto de las capacitaciones que reciben por parte del Poder Judicial
(Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, 2016)
En ese aspecto, han contribuido al desarrollo, gobernabilidad y fortalecimiento democrático
y coordinación entre los administradores de justicia e instituciones del Estado, lo cual ha permitido que la administración de justicia sea más efectiva, promoviendo la participación ciudadana
e inclusiva.
En resumen, estos países tienen como común denominador el de desarrollar mecanismos que
permitan el fácil y oportuno acceso de todas las personas a la justicia, en particular a aquellas
de menores ingresos, adoptando medidas que doten de mayor transparencia, eficiencia y eficacia a la labor jurisdiccional. En este contexto, promoverán, desarrollarán e integrarán el uso de
métodos alternativos de solución de conflictos en el sistema de justicia (Segunda Cumbre de las
Americas, 1998).
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo del presente artículo es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas
de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). Se utilizó
la técnica de análisis de contenido, siendo esta “una técnica de investigación para la descripción
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesta de la comunicación” Berel son citado en (Rodríguez-Burgos &amp; Rivas Castillo, 2018).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar
un tema poco estudiado o novedoso” (Hernández, Fernández, &amp; Baptista, 2014). Alcanzando
un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los
que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández, &amp; Baptista, 2014).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la temática “La mediación comunitaria
al cumplimiento del acceso a la justicia como objetivo de desarrollo sostenible”, se consultaron
un total de veintitrés referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos
relativos a los ODS, derecho al acceso a la justicia y la mediación comunitaria. Una vez recoRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 10, Julio - Diciembre 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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pilada y analizada la información se construye el documento objeto de este trabajo. Por último,
se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados (Bascón et
al, 2016, p. 39).
4.- CONCLUSIONES
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son la base para la construcción de un mundo
mejor y el marco de referencia en donde los Estados se comprometieron a cumplir en coordinación con todos los actores claves en la sociedad: gobiernos, sociedad civil y privada y por
supuesto la población en general.
El objetivo dieciséis aborda la necesidad de fortalecer instituciones sólidas que fomenten la
paz y el cumplimiento efectivo de los derechos sobre todo el de justicia, en el que se promueva el estado de derecho tanto en el ámbito nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos.
El acceso a la justicia es un derecho humano y fundamental, es una forma segura de hacer
justicia social, de tutelar efectivamente los derechos y garantías de las personas. Es esencial
para la construcción de sociedades pacíficas, duraderas y justas.
El acceso a la justicia a través de la mediación comunitaria es una forma novedosa de hacer
cumplir este derecho de justicia con igualdad y sin preferencia, facilita la información oportuna
para la resolución de un conflicto y no solo eso, sino para aconsejar y realizar actividades que
brinde información de diferentes temas y problemáticas que afrente la comunidad. Las personas
se sienten en confianza de abordar sus problemas, de acudir ante el facilitador para la solución
pacifica de su conflicto.
La mediación comunitaria garantiza el acceso a la justicia en la sociedad y contribuye efectivamente al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. En tanto, el acceso a la justicia
desde la mediación comunitaria permite el involucramiento y participación inclusiva de la sociedad. La labor de los facilitadores o mediadores comunitarios es a través de la coordinación
entre el facilitador como auxiliar de la Administración de justicia entre las distintas Instituciones del Estado y la población, que aporta significativamente al reconocimiento y cumplimiento
del derecho al acceso a la justicia y la solución de los conflictos en su comunidad.

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Politica Editorial
Misión.
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Somos una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento
de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a
través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la
construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional
en el entorno local, nacional e internacional.

Visión.
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Ser para el 2024 una revista de referencia para el mundo académico por su periodicidad,
calidad científica, citación en bases de datos de impacto, aceptada en bases bibliográficas
con comité científico de selección (BBCS).

Objeto y alcance de la revista.
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía es una revista científica de Ciencias Sociales,
Políticas y Relaciones Internacionales que impulsa el intercambio, la difusión y la transferencia del conocimiento en el campo, con énfasis en el área de Política; para ello, toma
como referente la realidad política de América Latina y el mundo. Se fundamenta en la
calidad de la producción científica, con base en la sistematicidad y el rigor, utiliza en su
proceso de revisión por pares la metodología doble ciego (Double Blind Review), publica artículos originales resultados de proyectos de investigación y revisiones bibliográficas bajo los lineamientos de las normas de publicaciones de la American Psychological
Association (APA) sexta edición.

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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de Ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés Committe on Publication Ethics), se
edita semestralmente enero-junio, julio-diciembre y circula desde el año 20015, bajo el
patrocinio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en formato electrónico en Open
Access. Divulga sus trabajos en los idiomas español e inglés y está dirigida a la comunidad científica en Política; en especial, a investigadores y docentes que se ocupen del
campo de la ciencia política y las relaciones internacionales.

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Líneas Temáticas.

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Cuerpos Académicos
Administración Pública
Comercio y Negocios Internacionales
Comunicación Política
Estudios Regionales Internacionales
Gestión y Política Educativa
Gestión Energética y sustentabilidad
Gobernanza Universitaria
Participación Ciudadana y DDHH

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Una vez el artículo es postulado, se hace de forma automática la recepción del artículo y
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y la contribución al conocimiento del artículo postulado. Se revisa su estructura (forma
y contenido), verificando que se cumpla con la norma de publicación de la American
Psychological Association (APA). Si el artículo postulado no cumple con los criterios
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el articulo supera la etapa de revisión previa pasa inmediatamente a revisión por pares.

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políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional en México y amplia

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México, ISSN 2395-8448. 1-161. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/12

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trayectoria investigativa. Su función en primera instancia consiste en asesorar al editor-jefe y coeditor en la gestión editorial de la revista, además de evaluar el desempeño
de ésta y formular recomendaciones para mejorarla.
Sus funciones están enfocadas a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar la política editorial en conjunto con el editor-jefe
Velar por el cumplimiento de todos los procesos editoriales para garantizar el rigor y el
valor científico de los artículos publicados
Asesorar en la planificación estratégica de la revista
Apoyar en la asignación de árbitros
Verificar y aprobar los números publicados en las ediciones de la revista
Aprobar las líneas temáticas
Realizar convocatorias para la postulación de artículos
Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión
Proponer temáticas de números especiales
Sugerir bases de datos para la indexación de la revista.

Comité Científico.
•

Es el cuerpo de investigadores reconocidos en el campo de las ciencias políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional extranjera que tiene la función de
garantizar la credibilidad de la revista. Además, es el encargado de evaluar permanentemente la calidad científica del contenido publicado y asesorar al comité editorial en
cuanto a la actualización de los lineamientos y políticas editoriales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las publicaciones. Son funciones de este comité:

•
•
•

Participar junto con el comité editorial en la formulación de la política editorial
Asesorar al comité editorial en el establecimiento de los criterios de calidad
Invitar a miembros reconocidos de instituciones internacionales a que publiquen sus
artículos en la revista
Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión.

•

Política de acceso abierto
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía proporciona acceso abierto inmediato a su
contenido, sobre el principio de que la investigación libremente disponible para el público apoya un mayor intercambio global de conocimientos. La revista está autorizada en
el marco de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0
– México, que permite a terceros descargar las obras y compartirlas con otros, siempre
que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden
utilizar comercialmente. Se deja en claro, que los autores no asumen ningún costo por
el proceso editorial de sus artículos ni su publicación. Todos los costos editoriales son
asumidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León como institución editora.

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Copyright.
•
•
•
•
•

El copyright de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía pertenece a la Coordinación
de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Para la reproducción del material publicado en esta revista se deberá solicitar autorización a la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dirección: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, Monterrey,
Nuevo León, México. C.P. 64930. http://www.facpoliticas.uanl.mx/
E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@
uanl.mx
Una vez aceptado un artículo para su publicación, el autor (es) traspasa los derechos de
copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía.

Frecuencia de publicación.
•

La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía publica de manera semestral, de enero a
junio y de julio a diciembre.

Declaración de conflictos de interés
•

Los autores no evidenciaran conflictos producto de relación con cualquier tipo de institución o asociación comercial o de otra índole, en relación con lo divulgado en el artículo. Es decir, dar conceptos negativos o juzgar de manera muy positiva lo publicado por
intereses personales, competencias académicas, pasión intelectual.

•

Los autores que postulen artículos de investigación, artículos de revisión, y reseñas a la
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, deben garantizar que sus procedimientos y
metodologías se ajustan a los códigos éticos de publicación cuya garantía constará por
escrito en el formato aceptación o compromiso de cesión de derechos patrimoniales de
autor y declaración de conflictos de intereses, el cual se solicitará conjuntamente con el
envío del artículo para su revisión preliminar, haciendo plenamente responsable al o los
autores de prácticas poco éticas, discriminatorias, ofensivas, agresivas, etcétera; en las
que hayan podido incurrir dentro de la investigación de donde deriva el artículo.

•

Del mismo modo el autor está obligado a informar los conflictos de interés que pueda
tener su trabajo en caso de que los tenga. La persona que haga el envío del manuscrito
para publicación será identificada como el garante del trabajo en su totalidad y con él se
establecerán las comunicaciones relacionadas con el proceso de edición.

Normas de ética en investigación.

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•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés, Committe on Publication Ethics), el
cual se encarga de la ética y moral de las publicaciones científicas. La revista toma como
referente las normas internacionales para editores y autores y las incorpora dentro de su
proceso de gestión editorial estableciendo una guía ética para el editor, los autores y los
revisores.

Equipo editorial.
•
•

El equipo editorial debe realizar sus funciones editoriales basadas en las buenas prácticas de edición científica fomentando la transparencia, la originalidad, la integridad y la
calidad de todas las publicaciones.
Debe adoptar medidas para la detección de plagio, auto plagio, fraude por falsificación o
manipulación de datos, publicación redundante o duplicada.

Editor
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El editor es el responsable de todo lo publicado en la revista, debe basar sus decisiones
en la validez del trabajo y en la importancia que tenga para los lectores; por lo tanto, se
hace libre de expresar de forma crítica pero responsable y respetuosa sus impresiones
derivadas de la revisión de los artículos.
Las decisiones de aceptar o rechazar un artículo para publicación deben ser objetivas y
basarse únicamente en la importancia, originalidad y claridad del objeto de estudio.
Debe sostener una comunicación cordial y respetuosa con los miembros del equipo editorial, comités científicos y editorial, autores y revisores.
Debe fomentar un comportamiento responsable y disuadir de las malas prácticas editoriales.
Debe actuar como garante de la confidencialidad de la información contenida en los
manuscritos recibidos y en los comentarios de evaluación.
Debe proporcionar información actualizada sobre los criterios de autoría siguiendo las
normas éticas internacionales en publicación.
Debe tomar medidas correctivas en caso de plagio u otra mala conducta.
Debe informar a los autores si el artículo será admitido a proceso de evaluación por
pares.
Podrá retirar artículos publicados en caso de una mala práctica comprobada.

Autores
•
•
•
•

Los autores deben tener un compromiso con el desarrollo ético y responsable de sus
investigaciones.
Sus trabajos de investigaciones deben ser producción propia, inédita y original. No deben tener plagio ni auto plagio.
Deben proporcionar de forma correcta sus datos personales
Los artículos deben ser coherentes con el contenido del trabajo, es decir, el problema de

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•
•
•
•

investigación identificado debe corresponder con los objetivos del artículo, la metodología, los resultados y las conclusiones.
Deberán enviar de forma transparente y original toda la documentación requerida por el
equipo editorial
Deben proporcionar el uso de permisos si se utilizó recursos de otros autores (imágenes,
etc.).
Deben confirmar que la propuesta del manuscrito no ha sido enviada a otra revista.
Se comprometen a declarar cualquier posible conflicto de interés.

Revisores
•
•
•
•
•
•

Los revisores deben adoptar una posición integral al momento de evaluar los artículos, la
revisión debe ser objetiva en relación con el contenido del trabajo.
Las decisiones de los revisores deben estar fundamentadas en el rigor y la calidad científica.
Sus comentarios deben estar argumentados mostrando siempre respeto por el trabajo del
autor.
Deberán informar al editor en caso de detectar similitud entre el trabajo que revisa y alguna obra publicada, o si tiene conocimiento de una obra similar en proceso de revisión.
Los revisores no tendrán acceso a los datos de los autores del artículo que evalúan y tampoco podrán exigir información acerca de ellos.
Deberán enviar las evaluaciones en el tiempo estipulado por la revista.

Privacidad y Confidencialidad.
•
•
•
•

La identificación de información de organizaciones y empresas no deberá ser publicada
en el artículo sin previo consentimiento de manera escrita para la publicación.
El editor no expondrá la información de los artículos, el estatus de revisión por árbitros
y la aceptación o negación de la publicación.
Los árbitros deberán respetar los derechos de propiedad privada de los autores, por ende,
no podrán en ningún caso discutir su trabajo de manera pública o apropiarse de las ideas
de los autores. Prohibiéndose compartir información con otro árbitro.
La evaluación del árbitro permanecerá en anónimo y no deberán ser expuestos en forma
pública sin permiso del autor y el editor.

Política Anti-Plagio.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía se rige por la normativa de la Organización
mundial de propiedad intelectual, la cual rige para México a través de la Ley Federal
del Derecho de Autor. Por esta razón todos los artículos presentados a la revista serán
sometidos a verificación con software anti-plagio.

Política de preservación de archivos digitales.
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•

La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía utiliza para la conservación de sus archivos
digitales el sistema LOCKSS para crear una herramienta de archivo distribuido entre
bibliotecas colaboradoras, a las que permite crear archivos permanentes de la revista con
fines de conservación y restauración.

Publicación duplicada.
•

•

La publicación del artículo que coincide en su contenido y estructura con otro trabajo
previamente publicado en medio magnético o en papel, sin otorgarle crédito a la fuente
inicial, constituye una violación ética de las normas de publicación de la Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía. Bajo las siguientes situaciones:
Reproducción completa de un artículo previamente publicado, unión de dos artículos o
más para producir otro artículo, utilización de la muestra de un artículo original reportando diferentes resultados, adición de nuevos datos a un artículo preliminar, utilización de
parte de las muestras de un estudio con los mismos resultados y muestras y resultados
diferentes del artículo original.

Solicitud de aclaración.
•
•

Si un autor considera que se ha tomado una decisión inapropiada sobre su publicación,
entonces puede solicitar una aclaración mediante una comunicación formal enviada al
Editor a través de correo electrónico revista.politicas@uanl.mx.
Dependiendo de la complejidad de la situación, esta podrá ser resuelta directamente por
el Editor en su defecto el Comité Editorial quienes analizaran la situación planteada a fin
de dar una respuesta oportuna.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Campus Mederos Ave. Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, C.P. 64930. Monterrey, México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
Tel: (52)- 8183294000
Monterrey - México
Contactos:
revista.politicas@uanl.mx

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Publishing Policy
Mission.
•

We are a quality scientific journal which seeks the socialization of knowledge of the
Political Science and International Relations academic community through reflection
and critical debate of its published articles, contributing to the construction of knowledge that will help the academic and organizational development, locally, nationally and
internationally.

Vision.
•

To be, by 2024, a reference journal for the academic world due to its periodicity, scientific quality, reference in impact databases, accepted in bibliographic bases with a scientific selection committee (BBCS).

Object and Scope of the Journal.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is a scientific journal on Political Science and
International Relations (Social Sciences) that promotes the exchange, dissemination and
transfer of knowledge in the field, with emphasis on the area of Politics; for this purpose,
it is based on the political reality of Latin America and the rest of world. It relies on the
quality of scientific production considering systematics and rigor; it uses the Double
Blind Review methodology in its peer review process; it publishes original articles, results of research projects and literature reviews under the guidelines of the publishing
standards of the American Psychological Association (APA), sixth edition.

•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics; it is edited semi-annually, January-June and July-December,
and it is distributed since 2015 under the support of the Universidad Autonoma de Nuevo
León , in electronic format in Open Access. It spreads its work in Spanish and English
and it is addressed to the scientific community in Politics, mainly to researchers and
teachers who deal with the field of Political Science and international Relations.

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Líneas Temáticas.
Cuerpos Académicos
Subáreas Scopus
• Public administration
• Political Science
• International Trade and Business
• Political Science and Interna• Political Communication
tional Relations
• International Regional Studies
• Sociology and Political Science
• Educational Management and Politics
• Energy Management and Sustainability
• University Governance
• Citizen Participation and Human
Rights
Editorial Management Process.
•

Application and Reception of an Article: This stage begins with the submission of the
article by the author through the Open Journal Systems (OJS) platform. The author must
send the article in Word format, along with his curriculum vitae. Once the article is applied, the reception of the article and the acknowledgment of receipt are automatically
made.

•

Prior Editorial Review: Editors will evaluate the applied articles and determine if they
are within the scope of the journal in a maximum of 72 hours from receipt. In this phase,
a review of the editorial quality and the contribution to the knowledge of the applied
article is made. Its structure (form and content) is reviewed, verifying that the publishing standard of the American Psychological Association (APA) is complied with. If the
applied article does not comply with the established editorial criteria, the author will be
notified of the editorial decision; if, on the contrary, the article exceeds the prior review
stage, it is immediately reviewed by peers.

•

Peer Review: This evaluation is done under the modality of double-blind method, that
is, the article will be sent in complete anonymity. In this stage, two reviewers’ experts in
the subject, based on the editorial policies, and taking into account an evaluation format,
analyze the assigned article. The reviewers will have a period of fifteen (15) days to carry
out their corresponding review. Once the evaluators issue their concept, the main author
is informed. If the article is not accepted by the peers, the main author is communicated
subtly. If the article is accepted with some suggestions, the anonymous evaluation is sent
to the author to make the corresponding adjustments.

•

Editorial Review (after pairs): The editor will verify thoroughly that the authors have
made the corrections suggested by the peer.

•

Style Review: Once the editor has verified that the corrections have been made, the arti-

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cle will be sent to style correction. In this stage, the proofreader will be responsible for
checking aspects of writing composition and text style.
•

Translation: After the style correction, the article is sent to an expert in the second language in order to translate the abstract and the keywords.

•

Layout (Edition): This stage seeks to guarantee the aesthetic appearance of the article
adapting spaces, typography and colors.

•

Final Editor Review: The publisher grants final approval.

•

Publication: The articles are in the final stage of the process and they are ready to be
published.

Type of Accepted Articles.
The authors can apply three types of articles to Revista Política, Globalidad y Ciudadanía:
Original containing results of scientific and technological research projects, literature reviews
and reviews.
•

Scientific and Technological Research Articles: Documents that include thorough original results of completed research projects. The structure contains title, summary, abstract, introduction, method, results, discussion, conclusions and references. It must submit 30 references preferably quoting other articles from scientific journals, which must
be mentioned within the document. A scientific article is a written and published report
that describes original research results.

•

Review Articles: Resulting documents from research that analyze, systematize and integrate the findings of published or unpublished research on a field in science and technology in order to justify for progress and developmental trends. It features a careful
literature review of at least 50 references.

•

Reviews: Resulting document from the critical review of literature on a particular topic.

Fnctions of the Publishing and Scientific Committee.
•

For its operation, the journal has a publishing committee and a scientific one made up of
national and international researchers. The role of these committees is to draw the policy
and strategy of the journal in order to achieve a significant position in the scientific community of Political Science and to ensure the quality of the work it publishes.

Publishing Committee.

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•

It is the body made up of renowned teachers-researchers in the area of Political Science
and International Relations, with institutional affiliation in Mexico and extensive research experience. Its function in the first instance consists of advising the editor-in-chief
and co-editor in the editorial management of the journal, as well as evaluating its performance and formulating recommendations to improve it. Its functions are focused on:

		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suggesting databases for indexing the journal
Designing the editorial policy working with the editor-in-chief
Ensuring compliance with all editorial processes to guarantee the scientific rigor and value of published articles
Advising on the strategic planning of the journal
Supporting the allocation of arbitrators
Verifying and approving the issues published in the editions of the journal
Approving the main topics
Making calls for the submission of articles
Promoting the journal in events, conferences and diffusion spaces
Proposing topics for special issues
Suggesting databases for indexing the journal.

Scientific Committee.
•

It is the group of renowned researchers in the field of Political Science and International
Relations , with foreign institutional affiliation that has the function of guaranteeing the
credibility of the journal. In addition, it is in charge of permanently evaluating the scientific quality of the published content and advising the editorial committee regarding
the updating of guidelines and editorial policies in order to contribute to the continuous
improvement of publications. The functions of this committee are:
		
		

•
•
•
•

To participate along with the publishing committee in the formulation of editorial policy,
To advise the editorial committee in the establishment of quality criteria,
To invite renowned members of international institutions to publish their arti
cles in the journal, and
To promote journal in events, conferences and dissemination spaces.

Open Access Policy.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía provides immediate open access to its content, on the principle that research freely available supports a greater global exchange
of knowledge. The journal is authorized under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 - Mexico License, which allows third parties to download the works and share them with others, provided their authorship is acknowledged,

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but they cannot be changed, nor can they be used commercially. It is clear that authors
do not assume any cost for the editorial process of their articles or their publication. All
editorial costs are assumed by the Universidad Autonoma de Nuevo Leon as a publishing
institution.
Copyright.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía copyright belongs to the Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad
Autonoma de Nuevo Leon.
For reproduction of the material published in this journal, authorization must be requested
to the Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad Autonoma de Nuevo Leon.
Address: Universidad Autonoma de Nuevo Leon, School of Political Science and International Relations, Praga &amp; Trieste, Col. Residencial las Torres, Monterrey, Nuevo León,
Mexico. CP 64930. http://www.facpoliticas.uanl.mx/.
E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@
uanl.mx
Once an article has been accepted for publication, the author (s) transfers the copyright to
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía.
Frequency of Publication
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is published semi-annually, January to June
and July to December.

Declaration of Conflict of Interest
•

The authors will not evidence conflicts arising from any type of commercial or other
institutional association, in relation to what it is disclosed in the article. That is, giving
negative concepts or judging in a very positive way what it is published due to personal
interests, academic competences, or intellectual passion.

•

Authors who submitt research articles, review articles, and reviews to Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, must guarantee that their procedures and methodologies conform to the ethical publishing codes whose guarantee will be included in the format acceptance or commitment of assignment of patrimonial rights of author and declaration of
conflict of interest, which will be requested jointly with the sending of the article for its
preliminary revision, making the authors fully responsible for unethical, discriminatory,
offensive, aggressive practices, among others; in those that may have incurred within the
research from which the article derives.

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•

In the same way, the author is obliged to report any conflict of interest that his work may
have, if this is the case. The person who sends the manuscript for publication will be
identified as the guarantor of the work as a whole and communication will be established
with him/her during the editing process.

Research Ethics Standards:
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics (COPE), which is responsible for the ethics and moral of
scientific publications. The journal considers the international standards for editors and
authors as reference and it incorporates them into its editorial management process, establishing an ethical guide for the editor, the authors and the reviewers.

Publishing Team
•
•

The editorial team must perform its editorial functions based on good scientific publishing practices, promoting transparency, originality, integrity and quality of all publications.
It must adopt measures for the detection of plagiarism, self-plagiarism, fraud by falsification or data manipulation of data, redundant or duplicate publication.

Editor
•

•
•
•
•
•
•
•
•

The editor is fully responsible for what it is published in the journal; he/she should base
his/her decisions on the validity of the work and the importance it has for readers; therefore, he/she is free to express his/her opinions, derived from the review of the articles,
critically but responsibly and respectfully.
Decisions to accept or reject an article for publication must be objective and based only
on the importance, originality and clarity of the object of study.
He/she must maintain a cordial and respectful communication with the members of the
editorial team, scientific and editorial committees, authors and reviewers.
He/she must encourage responsible behavior and discourage bad editorial practices.
He/she must act as guarantor of the confidentiality of the information contained in the
manuscripts received and in the evaluation comments.
He/she must provide updated information on the authorship criteria following the international ethical standards of publication.
He/she must take corrective action in case of plagiarism or other misconduct.
He/she must inform the authors if the article will be admitted to the peer evaluation process.
He/she can remove out published articles in case of a proven practice.

Authors

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•
•
•
•
•
•
•
•

Authors must be commited to the ethical and responsible development of their research.
Their research work must be produced by themselves, unpublished and original. They
should not be plagarised self-plagarised.
They must provide their personal information correctly.
The articles must be coherent with the content of the work, that is, the identified research
problem must correspond to the objectives, the methodology, the results and the conclusions of the article.
They must send in a transparent and original way all the documentation required by the
publishing team
They must provide permits if resources of other authors’ resources were used (images,
etc.).
They must confirm that the proposal of the manuscript has not been sent to another journal.
They agree on declaring any possible conflict of interest.

Reiewers:
•
•
•
•
•
•

The reviewers must adopt an integral position when evaluating the articles; the review
must be objective considering the content of the work.
The reviewers’ decisions must be based on accuracy and scientific quality.
Their comments should always be stated respectfully regarding the author’s work.
They should inform the editor if they detect similarity between the work they are reviewing and any other published article, or if they are aware of a similar work under review.
The reviewers will not have access to the author’s personal information, nor will they be
able to ask for information about him/her.
They must send the evaluations in time and according to the journal’s requirements.

Privacy and confidentiality:
•
•
•
•

Information about organizations and companies should not be published in the article
without prior written consent for the publication.
The editor will not expose the articles’ information, the status of review by arbitrators
and the publication’s acceptance or refusal.
The arbitrators must respect the authors’ private property rights; therefore, they cannot,
in any case, discuss their work publicly or appropriate their ideas. It is forbidden to share
information with another arbitrator.
The arbitrator’s evaluation will remain anonymous and should not be publicly exposed
without the author’s and editor’s permission.

Privacy and confidentiality:
•
•

Anti-Plagiarism Policy
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is governed by the rules of the Intellectual
Property World Organization, which governs Mexico through the Federal Law of Copy-

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right. For this reason, all articles submitted to the journal will be subject to verified using
anti-plagiarism software.
Privacy and confidentiality:
•
•

Policy for the Preservation of Digital Files
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía uses the LOCKSS system for preserving its
digital files to create a tool of distributed file among collaborating libraries, which allows
them to create permanent files of the journal for conservation and restoration purposes.

Duplicate Publication:
•

•

The article’s publication that coincides in content and structure with another previously published work in magnetic media or on paper, without granting credit to the initial
source, constitutes an ethical violation to the publication standards Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Under the following situations:
Complete reproduction of a previously published article, joining two or more articles to
produce another one, use of the sample of an original article reporting different results, as
of new data to a preliminary article, use of part of the samples of a study with the same
results and different samples and results of the original article.

Clarification Request:
•
•

If an author considers that an inappropriate decision has been made about his/her article,
he/she can submit a clarification request by means of a formal communication sent to the
Editor through email revista.politicas@uanl.mx
Depending on how complex of the situation might be, this can be resolved directly by
the Editor or the Editorial Committee who will analyze the situation in order to give a
timely response.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Campus Mederos. Praga &amp; Trieste. Col. Residencial Las Torres. CP 64930. Monterrey,Mexico. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
Tel: (52) - 8183294000
Monterrey, Mexico
Contact:
revista.politicas@uanl.mx
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REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
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Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o los autores

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de
Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-137,
ISSN 2395-8448

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EQUIPO EDITORIAL
Director
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Factultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones
Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía

Editores
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Asistentes Editoriales:
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Los derechos de copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Se autoriza la reproducción
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a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del
desarrollo científico, el aprendizaje y el desarrollo desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Autónoma de
Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y social, en el entorno local, nacional e
internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación superior,
funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento. A través de esta revista
científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el desarrollo de la ciencia política,
incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo de colaboradores está comprometido con el
fortalecimiento de los criterios de calidad científica, editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.
Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote integral
education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it fosters cultural and
ideological development of society. This institution is in charge of forming responsible and ethical leaders
who must have historical commitment and who must have the purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific
journal of this institution, links directly to all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of publishing scientific
articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English, by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process,
Double Blind Review, before they are selected to be published in order to achieve the goal of promoting
scientific development and learning in Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of The School of Political Science and
International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection and critical debate in order
to construct knowledge that will end up enriching academic, organizational and social development in
local, national and international contexts. Política, Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers,

�students, public officials, businessmen, trade associations and the entire knowledge society. Intellectual
production and research done for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor
crew is committed to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the
new Redalyc Model guidelines.

�10
Tabla de Contenido
Editorial.......................................................................................................................................................11
Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico P.................................................................17
Abuso espectacular y sistemático de derechos humanos en México
Tuur, Ghys, Universidad Autónoma de Nuevo León
The quadruple disappearance: Analytical proposal to reflect the social and media representation
of the victims of disappearance in Jalisco, Mexico..................................................................................25
La cuádruple desaparición: propuesta analítica para reflexionar la representación social y mediática de las
víctimas de desaparición en Jalisco, México
Darwin, Franco-Migues, Universidad de Guadalajara
Social Representations and Acknowledgement of Human Rights in the city of Monterrey, Mexico.......43
Representaciones sociales y reconocimiento de los derechos humanos en la ciudad de Monterrey, Mexico
Beatriz Elena, Inzunza-Aced, Universidad de Monterrey
Primer proceso de regulación de las casas hogar (Centros de Asistencia Social) en el Estado de Nuevo
León, México...............................................................................................................................................58
First regulation process of Residential Child Care (Social Assistance Centers) in the Estate of Nuevo León,
México
Leticia Ivonne, López-Villarreal, Universidad de Monterrey
Perspectiva de Género y Política Pública Deportiva: El Caso de la CONADE....................................75
Gender mainstreaming and sports public policy: The case of CONADE
Francisco Javier, Mendoza-Farias
Rocío Ivonne, Quintal-López
Leticia Janet, Paredes, Universidad Autónoma de Yucatan
Mediación policial como mecanismo alterno de resolución de conflictos comunitarios......................90
Police mediation as an alternative mechanism of solution in community conflicts
Lenin, Ramírez-Matus &amp; Genaro, Hernández-Velazco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
The Rhetoric Empire: Rise and Fall.......................................................................................................106
Said, Dahdah-Antar, Universidad cental de Venezuela
Politica Editorial.......................................................................................................................................124

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/11

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Editorial
Tuur,Ghys
Editor Invitado - Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0003-4582-5578
How to reference the editorial:
Ghys, T. (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11-16. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/editor/submission/121
In his 1961 classic The Labyrinth of solitude, Octavio Paz offered his much discussed metaphor of
Mexican masks, referring to the gap in Mexican culture between formal expressions and actual intention
or content. This gap between formal agreement and practical rejection is abundantly clear in the field of
Human Rights.
Mexico is a founding signatory of the Universal Declaration of Human Rights (1948), and in contrast to
its Northern neighbor an early adopter of almost any other additional treaty thereafter. Importantly, it also
recognizing the corresponding institutions such as the Inter American Court of Human Rights. The mask
fits tightly. Yet the Human Rights record in the past decades, both visible in formal investigations as in the
everyday experience of its citizens, speaks of a different reality. Here we don’t just refer to the disappearances, lack of security, etc., but also about the frequent violations of rights related to work and the provision
of services like social insurance, education and healthcare. This in combination with the notorious impunity
and failure of the legal system to effectively address such rampant violations, makes the smiling mask look
all the more cynical.
Alternatively, we could also accept the challenge that Human Rights pose, and try to match pretention
with reality. Mexico does have a basic legal, educational, democratic, social, etc. infrastructure that, given
reforms, can serve to build an institutional landscape that supports Human Rights. At the moment of writing, a new progressive government shows revamped interest in social and economic rights, alongside the
more usual promises of more transparency, democracy and fighting corruption. If this can be achieved, and
if it will be done so with respect for civil rights, it could mark a point of hope rather than a tradeoff.
One precondition for any of this to happen, is an awareness of the human rights framework itself.
Starting with one’s own rights, but also those of others. Yet the violations of certain groups happen either
far outside of our view (in forests or prison sells), or are not understood as Human Rights violations (such
as obstacles to joining syndicates). By speaking to transnational migrants making the journey to the U.S.
through Mexico from Honduras, Guatemala and El Salvador, my team learned a lot about hidden horrors.
Murder and rape by criminal groups on trains, robbery and extortion at the hand of security forces in
the forests, destitution from drought and disease the Northern deserts. All indicate a systematic failure of
protecting, respecting and providing of rights like security, freedom of torture and health, amongst many
others. Yet we only knew because of the survivors.
The relative visibility and enforceability of the human rights of certain groups form the red thread that
connects the first four articles in this special issue of Política, Globalidad y Ciudadanía, which is focused on
Human Rights. Articles five, six and seven are part of the normal publication cycle of this journal, although
it is difficult to truly stray far from topics that are relevant to human rights, as the entries on gender and
policing demonstrate.
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As far as the first part on Human Rights is concerned, the goal is to draw attention to the systemic, continuous and often less visible human rights issues of Mexico. The aim is to do this in two ways:
1.
2.

By presenting studies on systematic HR problems and the surrounding struggles, often involving
marginalized groups.
By reflecting on the recognition, visibility and handling of these human rights issues as human
rights issues.

Although to some extend present in all, the first will be mainly covered in the entries on disappearances
(2) and foster children (4), while the second question surfaces more prominently in the this text (1) and the
entry on the media representation of human rights (3) of this special issue.
We will engage in this endeavor with an interdisciplinary approach and assemble. Various authors have
identified the field of human rights as fertile grounds for interdisciplinary work (Freeman, 2002; De Feyter,
2008). A frequent starting point for the study of universal rights is the field of international law (and with
that, international relations), yet the focus of this issue is national and thus not primarily concerned with
the international aspect of HR. The analysis borrows much from a sociological approach, since the focus is
often on “the societal processes and relations that shape and define how human rights are generated, defined
and employed in specific social and political arenas” (Madsen, Verschraegen, 2013, p. 4). Besides law and
sociology, our interdisciplinary assemble of authors employs perspectives from communication sciences
and political science.
In what follows, I will briefly walk the reader through the index of this issue of Política, Globalidad y
Ciudadanía:
In the first article, Tuur Ghys offers a general introduction to the topic and logic of human rights that
will be useful in understanding the other entries in this journal. It also deepens the discussion of the central
topic of unequal attention and why certain groups struggle to construct their grievances as Human Rights
abuse. This article was written in English.
In the second article, Darwin Franco Migues makes a deep reflection on the problem of disappearances
in Mexico. Approaching the problem from a communication point of view, he explores how the disappeared
are often stigmatized and forgotten, as well as the resistance of their families to try to re-frame these human
rights abuses. The article was written in English.
In the third article, Beatriz Elena Inzunza Acedo presents an empirical study on the knowledge and social imaginaries about human rights. This study, focused on Monterrey, presents data on what people know
about HR, how they know it and what issues they imagine as human rights issues. This article was written
in English.
In the fourth article, Leticia Ivonne López Villarreal offers a case study of the interplay of public policies and private actors in organizing the protection human rights of foster care children in Nuevo León.
It shows that a complex web of multi-level processes and actors is required to give voice to the rights of a
particularly voiceless group. This article was written in Spanish.
The fifth article deals with public policy in the field of sports. Francisco Javier Mendoza-Farias, Rocío
Ivonne Quintal-López and Leticia Janet Paredes analyze the limited and slow process of implementing
gender equality and sensitivity in CONADE between 2012 and 2018. This article was written in Spanish.
In the sixth article, Lenin Ramírez Matus and Genaro Hernández Velazco make a case for improving
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police mediation in neighborhood conflicts. Reviewing literature, they conclude that local police need to
further develop their role and responsibility in pacifying community relations. This article was written in
Spanish.
In the final, seventh entry, Said Dahdah Antar takes a more historical approach to the topics usually
discussed within this journal. His article attempts to trace back the roots of rhetorical speech in political
communication and citizen participation back to the ancient Greece and the Roman empire. This article was
written in Spanish.
As the editor of this issue, I would first of all like to thank the authors, especially the group that had
the patience to stick with the human rights project until the end. Second, I want to thank any anonymous
students and student assistants for their contribution, as they often form a hidden part of the academic production process. Lastly, in the name of the authors I want to thank all interview or survey respondents for
their time and testimonies that gave empirical substance to our research. Enjoy the read.
REFERENCIAS
De Feyter, K. (2008). In Defence of a Multi-Disciplinary Approach to Rights. In: K., De Feyter, G. Pavlakos
(Eds). The Tension between Group Rights and Human Rights. Oxford: Hart Publishing.
Freeman, M. (2002). Human Rights: An Interdisciplinary Approach. Oxford: Polity Press.
Madsen, M.R. &amp; Verschraegen, G. (Eds.). (2013). Making Human Rights Intelligible. Towards a Sociology
of Human Rights. Oxford/Portland: Hart Publishing.
Paz, O. (1961). The Labyrinth of Solitude. New York: Grove Press. United Nations (1948). Universal
Declaration of Human Rights. United Nations.

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Editorial
Tuur,Ghys
Co-editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0003-4582-5578
Como referenciar esta editorial:
Ghys, T. (2019). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11-13. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/editor/submission/121

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Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico P
Abuso espectacular y sistemático de derechos humanos en México
Tuur, Ghys1
Universidad Autónoma de Nuevo León
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-7		

https://orcid.org/0000-0003-4582-5578

ABSTRACT
This paper served as an introduction to the special issue of this journal on Human Rights. It starts with a general
introduction to the concept and logic of human rights, as well as a framework for understanding the different types
of law and international norms that are often referred to in discussions on Human Rights. The central part of the text
discussed systemic or structural human rights abuses, which were often less visible than ‘spectacular’ events. The article explored why certain rights (for example economic rights) are harder to politicize as explicit human rights issues,
giving consideration to both the institutional landscape, the social position of the affected social groups and the rights
themselves. It concluded by stressing the importance of framing all human rights abuse as human rights abuse, which
requires sustained research attention for systemic problems of vulnerable groups.
Keywords: Deservingness, human rights, international law, systemic abuse.
RESUMEN
Este artículo sirve como una introducción a la edición especial de esta revista en Derechos Humanos. Empieza con
una introducción general al concepto y lógica de los derechos humanos, así como también un marco referencial para
entender los diferentes tipos de leyes y normas internacionales a los que se refieren usualmente en Derechos Humanos.
La parte central del texto discute los abusos sistémicos y estructurales a los derechos humanos, los cuales son menos
visibles que los eventos “espectaculares”. El artículo continua explorando por qué ciertos derechos (por ejemplo los
económicos) son más difíciles de politizar como problemas explícitos de los derechos humanos, considerando tanto
el escenario institucional, la posición social de los grupos afectados, y los derechos como tal. Concluye enfatizando la
importancia del encuadre de todos los abusos de derechos humanos como abusos, lo cual requiere de atención por parte
de los investigadores para los problemas sistemáticos de los grupos vulnerables.
Palabras claves: Abuso sistemático, derechos humanos, ley internacional, mérito.
Cómo referenciar este artículo:

Ghys, T. (2019). Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía,
5(9), 17-24. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114
Recibido: 29 de Junio 2018 - Aceptado: 27 de Julio 2018

1
*Doctor en Sociología por Universiteit Antwerpen, Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: tuur.ghys@uanl.edu.mx.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 17-24. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114

�Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico

18
1.- INTRODUCTION

“The logic of human rights (…), is the logic of human society, one that is dialogic, democratic, equitable, and grounded in the
synergetic processes of everyday life” (Blau, Moncada, 2013, p. 179).
Mexico has seen a very broad palette of human rights violations in the last three decades. When one gazes over the list of rights
mentioned in the Universal Declaration of Human Right (United Nations, 1948), examples of each are readily available. Starting
with the violation of the right to self-determination and political participation with the rigged 1988 elections which introduced the
era of neoliberalism; to the endless (and during election times weekly) reports of voter suppression and coercion. From the many
murdered journalists to the routine censorship of local media. Neither should we forget structural shortcomings in access to education
on the countryside or the decades of insufficient pensions and other parts of the right to social security. In the field of security years
of reporting by Non-Govermental Organizations (NOG’s) like Amnesty International on torture cases could be noted, as well as the
abysmal conditions of Mexican prisons. Two topics that attracted moderate attention in the last years deserve special mentioning. First,
the nation’s notorious Internal Security Law of 2017; of which the American Commission on Human Rights expressed concerns for
allowing the military to increasingly invade public space and more easily break up protests. Second, the increasingly illuminated reality of massive human rights breaches (torture, rape, murder, discrimination, etc.) of Middle-American transnational migrants who try
to cross Mexico to the U.S.. Yet of all Human Rights [from here onwards also written as HR] scandals, the ‘Ayozinapa’ mass murder
of 2014 is by far the most politicized case in recent history. The disappearance and murder of 43 protesting students in the state of
Guerrero triggered large street protests in the capital, attracted international media attention and was subject of an investigation by the
Inter-American Commission on Human Rights.
However not all HR violations are created equally. For all the commotion it generated, the morbid spectacle of Ayozinapa drowns
in the sea of political violence and daily underreported systematic violations and disappearances. For example a strong candidate for
the most commonly breached universal human right is the daily violation of the right to just and favorable working conditions. Among
other problems, the International Labour Organization (2014) estimated that nearly 60% of Mexican workers have informal jobs,
with the minimum wage in the formal sector historically falling below the patrimonial poverty line (although the new government
announced improvements in the latter case). Existing rights including severance pay are rarily enjoyed, as most worked don’t reach the
requirements or are cheated out of them (Valencia, Foust, Tetreault, 2012, p. 35). Rarely were Mexican labor conditions constructed as
a human rights issue, even if the suffering (and probably avoidable death toll) of this and other structural causes of poverty far exceed
that of a single spectacular act of violence. This imbalance is institutional, because even if a case regarding labor conditions would
attract such media attention, it would not be received by the Inter American Court of Human Rights which only deals with civil and
political rights.
Observations like the previous one form the starting point of both this text and the special issue of this journal, which both will
take an interdisciplinary approach (Freeman, 2002; De Feyter, 2008). This introductionary text is theoretical of nature, based on both
the respective international laws and secondary literature on the history, philosophy and sociology of human rights. For various examples it will also draw on insights from our research on migration (Inzunza, Ghys, 2018) and poverty (Ghys, 2018). In what follows
we will first offer a general conceptual introduction to human rights for those unfamiliar with the topic. After this we continue the
theoretical reflection on why some rights and groups seem less deserving of attention and intervention than others.
2.- THEORICAL FRAMEWORK
A brief introduction to human rights
This brief overview of the field of human rights serves as orientation for readers new to the topic, as well as to bind together the
inevitable slight variations in views on this issue amongst the authors in this special journal issue. We will not attempt to be original;
the following borrows heavily from the influential conceptualization in Jack Donnelly’s standard work Universal Human Rights in
Theory and Practice (2013). We will first highlight some essential elements of the concept of human rights, and later discuss the relation between various human rights treaties.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 17-24. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114

�Ghys, T.

19

First of all, Human Rights are the rights one has for being human, aimed at protecting human dignity. Human rights are individual
entitlements, not to be confused with the objects of those rights or the corresponding values (Donnelly, 2013). They refer to a legal
relationship, encoded in various human rights treaties that are part of what would be called public international law (Shaw, 2014), and
thus implying commitments from states. Human rights place right holder A in a special relationship to state B (either the one who’s
territory A is in or belongs to as a national). This commitment includes not only a duty to respect the right (for example not to censor),
but also to protect (for example from systematic insecurity risks) and fulfill (to provide access to education). Although technically this
responsibility belongs only to the state, there has been much debate in the last decades on expanding this to other powerful actors such
as multinationals (Ruggie, 2013). We will limit ourselves to an orthodox state centered interpretation, where humans rights are ideally
made enforceable under national law.
If human rights are the rights one has for being human, they would logically apply to all humans, which brings us to the topic of
the universally of HR: they apply to everyone and they apply to them equally. This universality (and this global applicability) has been
object of sustained debate since the signing of the original 1948 Universal Declaration. Besides the effective large overlapping legal
consensus on the HR treaties (despite the often cynical support, see Smith-Cannoy, 2012), other proposed grounds for HR include
human needs, natural law and religious reflections. One of the most appealing grounds for human rights is that they protect people
from two major threats to human dignity introduced by modernity: the capitalist market and the modern state (Donnelly, 2013). Giving
at least one of these institutional contexts is present in almost all nations, HR could be seen as a universal protection and promotion
of human dignity:
“Fundamental rights provided the conceptual and institutional tools to help protect individuals from the increasingly invasive
powers of state, market, etc., while at the same time guaranteeing the free and equal access to modern social institutions such as mass
education, public healthcare and labour markets, which provided them with the means - both material and symbolic - to construct their
life-projects” (Madse, Verschreagen, 2013, p. 7).
Although interesting, the debate on universality is of no direct concern to us given the national focus of this special journal issue.
Although its HR track record would not betray it, Mexico is one of the 48 founding signatories of the original Universal Declaration of
Human Rights. It was also an early signatory of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), and has ratified the American Declaration of the Rights and Duties of Man
(1948) also known as the Bogota declaration.
The last aspects of HR we will highlight in this introduction is their indivisibility and inalienability. Human rights are not a menu
of options, but are presented as one indivisible whole in the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948). However,
various actors (including governments) have tried to weaken this notion by giving preferential treatment to certain right, a topic we
will discuss further in the next section. The fact that HR are inalienable implies that one cannot stop having human rights because
one cannot stop being human (Donnelly, 2013). This does not mean that every human is in a position to enjoy them at any time (for
example children cannot vote). One can also still get trapped in certain zones of ‘exception’ where the enjoyment of certain rights is
temporarily suspended (compare Agamben, 2005). This includes situations such as being in prison or in situations of statelessness or
undocumented migration, as Hannah Arendt pointed out early (1951). However none of these situations imply that human rights can
be categorically earned or lost, they always remain with the individual. This matters highly, since HR violations are often targeted at
marginalized groups that are dehumanized by more powerful ones.
In terms of strictly legal entities, the field of HR encompasses various treaties and laws, which can cause confusion on which
rights are actual human rights. The surrounding legal regimes further encompass various institutions that promote, monitor, protect
and enforce them, which often offer their own formulations, interpretations and relating values. To structure the discussion, we will
present various types of HR-related law in an onion model with the Universal Declaration at the center, and with each additional layer
being further removed from the core concept of HR. Notice that this ordering is purely for didactic and conceptual purposes; it does
not imply any hierarchy in power or enforceability (often on the contrary).
At the core we have the original list of thirty articles in the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948), also
referred to as the UDHR. These form the normative core of the global human rights regime, and are what most people (both laymen
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 17-24. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114

�Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico

20

and experts) refer to when generally talking about human rights. Since it is a declaration and not a treaty, it serves as a foundational
norm that in the international field has no legal power of and in itself (although some countries copied it into their constitution). The
most prominent treaties operationalizing these norms are the International Covenant on Civil and Political Rights (United Nations,
1966) with 171 signatories; and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (United Nations, 1966) with 166
signatories.
In a second tier we find various additional international rights declarations that follow the concept of Universal Human Rights
and share similar institutions (the U.N. treaty bodies). These include the right of woman; the rights of handicapped people, the rights
of the child, etc. Although these parallel treaties are sometimes referred to as human rights and enjoy as much (if not more, in case of
the rights of the child) universal support, they differ in a number of ways from the UDHR regime. First of all, they usually practically
apply to certain groups (woman, indigenous people) instead of the entire human race, offering additional protections. Second, they are
part of mostly younger legal regimes that don’t have the same history and (depending on the region and treaty) institutional support
and authority that the more known Universal Human Rights have. For example Mexico signed and ratified amongst others the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (United Nations, 1971); the Convention on Rights of the
Child (United Nations, 1989) and the Conventions on Rights of Persons with Disabilities (United Nations, 2006).
In a third type of rights that are sometimes brought into (Mexican) human rights discussions are constitutional rights. The Mexican constitution grants various rights to inhabitants that in concept, tone and authority are sometimes similar to Universal Human
Rights, but hold no relation to international law. In Mexico’s specific case this also includes certain additional rights to groups like
indigenous people.
Under the fourth layer of laws relevant to this debate we can group all kind of international ‘soft’ law. Here we refer to other
international treaties that do not generate binding obligations towards citizens or take the form of rights, but that can inform legal
judgement and implementation of human rights. These include important international texts such as for example the Paris Agreement
on climate change (U.N., 2015), the Global Compact for Migration (U.N., 2018) or interpretations of human rights by the relevant
treaty bodies, U.N. commissioners or organizations like the International Labour Organization. In the remainder of this text we will
limit ourselves to the first core layer when referring to Human Rights.
Some rights are more equal than others.
Our focus in this special issue is on systemic and enduring human rights violations and deprivations. In this context systemic
refers to these violations being part of the everyday functioning of society. This can either be because they are structurally (for example in the economic model) or legally locked into the operation of society, and/or because they are widely ignored. For example the
non-enjoyment of the right to social security and protection from destitution due to old age was structural in so far it followed from
the overhaul of legally guaranteed pensions in 1995 (OECD, 2016, pp. 42-44). Combined with the highly informal labor market, these
reforms left many elderly people structurally without any or sufficient pensions. Enduring violations are thus normalized as part of
everyday life, in contrast to ‘spectacular’ Human Rights violations such as active genocide or the imprisonment of an opposition leader
that refer to a specific (media) moment or case. Systemic HR problems such as the issue of disappearances can of course generate a
‘spectacular’ moment like in the Ayozinapa case where 43 students disappeared at once. However, as Darwin Franco indicates (see
elsewhere this issue), the wide media attention for this event did not necessarily illuminate or even benefit the handling of the wider
problem of disappearances. Another example of a systemic HR issue is the daily and deadly hazards (torture, murder, rape, disappearance, starvation, sickness, etc.) that transnational migrants are exposed to on their journey up North2. Although these sometimes
involve government forces and shortcomings of the duty to protect, one could argue that these issues (mostly caused by organized
crime) are not the intended consequence of a single governmental action. Yet they are systematic in the way they have been ignored for
2
The author was involved in a research projects that included 60 interviews with transnational migrants.
Although the research question centered around their sources of information and imaginaries of the journey and destination (and thus contained no direct questions on abuse).; our interviewers were flooded with horror stories of rampant
HR violations. Only recently has this topic attacked more mainstream attention.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 17-24. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114

�Ghys, T.

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decades. Flagrant disregard for the plight of migrants became part of the long list of irregularities, impunities and institutional failure
that together formed the paradoxical normality of Mexican surrealism.
Yet some issues are able to attract more attention than others, and some (such as the right to fair pay) are barely conceived as
human rights issues (see the entry by Beatriz Inzunza elsewhere in this issue for more on imaginaries of human rights). In this it is
crucial to keep in mind that Mexico is not a ‘rogue’ country that doesn’t recognize or makes reservations on human rights, but instead
a founding signatory of human rights and overall loyal participant in additional international HR law3. The question thus becomes why
this society recognizes human rights and at the same time accepts certain systematic violations as everyday normality. The following is
not meant as an exhaustive analysis of why certain human right violations become normalized or generate no paths to justice. Instead,
we intend to draw a broad overview of possible perspectives that can help provide background to the further contents of this issue.
One set of reasons clusters around the particular group that is experiencing difficulties in enjoying their human rights. This might
have to do with the perceived deservingness of particular social groups. Besides power, individuals and groups also hold a certain status (or symbolic capital) within society, which among other things influences what societal rewards or punishments society is willing
to grant them. This shows clearly in for example the field of poverty reduction and social assistance (Gans, 1996), where audiences
and politicians often favor the ‘deserving’ poor (widdows, the physically impaired) over ‘undeserving’ poor such as the unemployed.
Various groups in society suffer from similar forms of ‘symbolic violence’ (Bourdieu, 1984): they are denied respect and recognition
from groups with higher prestige, which reinforces inequality. But we could apply this to Human Rights more generally, especially
when dealing with groups that break or broke certain societal norms. Research by Drolet, Hafer and Heuer (2016) indicates that “if the
target of Human Rights violation engaged in highly morally reprehensible behavior in the past (even behavior that is not directly related to the violation), people will perceive the target as deserving of extremely negative treatment” (p. 430). This is troubling for HR,
since these rights are supposed to be a safeguard exactly when one is not respected in society (Donnelly, 2013). One example would
be the seemingly generalized political and public disregard for the abyssal conditions of certain Mexican prisons; of which some are
so abandoned that they are left to self-governance of the prisoners. Prisoners are the ultimate ‘undeserving’ group, since even without
knowing them one can assume the crimes they committed to end up in prison violated explicit societal norms. Violations of their human rights are thus easily ignored and might even be approved by other social groups. From the perspective of policy makers, prison
reform might yield considerable societal and security benefits, but giving attention to the HR of prisoners is an unattractive political
position given they are seen as undeserving. Besides, In Mexico they don’t have the right to vote (Cantú, 2011)4.
The latter ties into the factor of the relative powerlessness of certain groups. Although their rights are preexisting and don’t need to
be conquered or earned, various groups in practice lack the power to enforce them. This can be because they lack other civil rights or
stand in an exceptional relation to the law, such as is the case with (undocumented) migrants or the aforementioned prisoners. Or because they lack the economic, social and/or political influence in Mexico (Ghys, 2018) or access to justice (lawyers, courts) to demand
the active respect of their labor rights. It is for example harder for poor farm workers to draw attention to evident violations of labor
rights, than for judges and other magistrates to attempt using HR to shield them from wage reforms. Additionally, if not automatically
provided, rights must be claimed via legal instruments and courts, which is simply an unlikely course of action for various vulnerable
groups (Madsen, Verschreagen, 2013). This not only assumes the availability and accessibility of adequate legal recourse, but also a
level of awareness and knowledge of one’s own rights and the will, time and resources to engage in legal processes. As with rights in
general, the poor tend to be least capable of enforcing them: “It is well known that most failures in assuring human rights are more or
less directly related to poverty” (Madsen, Verschreagen, 2013, p. 10). This also draws attention to the need of Human Rights education

3
To add a point of comparison: while Mexico early on signed and ratified additional conventions on the rights
of children, woman, and people with disabilities, the United States did not ratify any of the aforementioned.
4
Another example of a group lacking this right that is often constructed as undeserving is transnational migrants. While the problem itself has been largely ignored for decades, in the second half of 2018 transnational migrants
suddenly lost much of what remained of their ‘deservingness’ in the eye of large parts of the Mexican public. After a
brief wave of immigration and the reaction of U.S. president Trump, migrants fell victim to an intense stigmatizing
(social) media campaign. Working on this topic, I found myself surprised at the speed and effectiveness of assault on
deservingness, making drawing attention to the savage abuses this group experiences harder overnight.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 17-24. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/114

�Spectacular and systematic human rights abuse in Mexico

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and making people familiar with their rights and the available channels of claiming them.
A last variant are groups whose rights (and sometimes bodies) are rendered invisible. Abuses that we do not know, such as that of
trans migrants in the woods or those tortured and illegally imprisoned, cannot attract attention. Darwin Franco’s contribution in this
issue details how for example many disappeared persons are rendered invisible in multiple ways, hiding the true extend of the problem. Complaints of abuse might also be silenced within the justice system itself, given Mexico’s notorious reputation for corruption
and impunity in both police forces as the court system. The underreporting of abuse in media, especially if it involves the silencing of
that same media (a HR abuse in itself), further ads to the problem.
Another cluster of reasons for variations in attention for HR issues are not connected to the victims but to the rights themselves.
Human Rights, like other institutions, are socially constructed: they are what we through social interaction make of them (Berger,
Luckmann, 1966). That means that regardless of their roots in any type of law, in practice our perception and valuation of them, as
well as the corresponding institutional resources largely determine how ‘real’ the role of a certain human right is in the lives of people.
The universality of human rights is sometimes challenged by not giving social, economic and cultural rights (work, social security, education, etc.) the same importance as civil and political rights (Blau, Moncada, 2013). As Donnelly (2003) explains, this partly
stems for cold war debates in which some mainly U.S. intellectuals adherred to a philosophical tradition that regarded civil and political rights (plus property) as the only ‘true’ rights. Without delving into this debate, we agree with Donnelly that there are no conclusive
arguments for this view, which is essentially a political one favoring a certain conservative ideological constellation. We hold that
the various human rights reinforce each other and dividing them often makes little sense in practical situations in which political and
socio-economic exploitation go hand-in-hand (Donnelly, 2013). The practical impact of violations of economic rights (for example
starvation or lack of healthcare) are certainly as tangible for people involved than violations of for example the right to protection
from torture. Even if we leave these ideological discussions behind, one must be aware that there are also practical discriminations
against social and economic rights relevant to our Mexican context. For example the Inter American Court of Human Rights which
has jurisprudence over Mexico only covers the American Convention of Human Rights, which only induces civil and political rights.
International NGO’s like Amnesty International and Human Rights Watch have historically focused much more on civil and political
rights. This makes attracting wider (international) attention to social and economic rights (which are amongst the most frequently
violated) harder, depoliticizing issues like exploitation and inequality.
Besides the geopolitical context, while various rights such as freedom of speech can be inconvenient to all sorts of governments,
the less politicized social and economic ones can also run counter to the interests of capital. Rights regarding social protection often
imply redistribution via taxation (Royce, 2015), and rights to fair working conditions and vacations can delay capital accumulation.
Regarding the latter, while the state is legally responsible for not offering the required protection/provision, worker right issues are
often experienced versus private companies who might violate national laws but are technically not bearers of HR obligations. This
can contribute to the overlooking of social and economic rights violations as real human rights issues. A similar situation can occer
when governments are disswayed from improving Human Rights conditions by other more powerful countries. For example Mexico
faced pressure from the United States over the last decades to disencourage and hinder the passage of Middle American migrants.
Lastly, certain rights might run counter to the survival of the political class as such (Donnelly, 2013). While this might be broadly
imaginable for any right given particular circumstances, for instance of government falling over its ability to reach consensus of an issue relating to family rights, some rights are more evident candidates. Freedom of press comes to mind in the Latin-American context,
as well as rights to legal recourse and protection from violence and torture. Although these issues might be more easily recognizable
as HR violation (see discussion above), governments might have very strong interests in depoliticizing them, for example by framing
disappearances as side effects of criminal lifestyles.
3.- CONCLUSIONS
This introduction was not intended to disclose original analysis or findings, but rather to guide the reader towards the Mexican
context, and to offer frames of understanding how the central problematic could play out in the remaining contributions. However, it
also draws attention to the need to keep framing human rights abuse as human rights abuse. While the same event, for example the
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�Ghys, T.

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denial of joining a trade union, can be viewed and politicized from many perspectives, the human rights approach deserves its own
space. It empowers victims and transforms them into right holders, firstly in a normative sense (knowing one is right), secondary in
a legal sense if appropriate resources are available. If these resources are not available, the first provides a ground to struggle for the
second. Yet HR also create arguments and legal obligations to provide, protect and respect in instances that could otherwise be framed
in terms of regrettable but anonymous inefficiency, crime or corruption. They point towards the needs for (and right to) continued
institutional improvement aimed at increasing the human dignity of all people.
This call extends to academic research itself, more precisely to keep directing attention to groups that are stigmatized, deemed
undeserving or dangerous, as well as those that are hard to study. Continuing the sociological angle, we must admit that practical considerations are part of research designs and the choice of topics, and certain potential research questions raise more practical barriers
than others. Besides cultural barriers, this could be as simple as being repulsed by reasons of plain physical location: ‘dangerous’
neighborhoods, remote countryside, traveling populations, etc. A second step is studying how these groups in their practical context
can use their human rights, or draw attention to their inability to do so, in achieving more dignified lives. As mentioned before, such
research lies as the crossroads of law, sociology, the field of social work, and the political and communication sciences.
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The quadruple disappearance: Analytical proposal to reflect the social and media representation of
the victims of disappearance in Jalisco, Mexico
La cuádruple desaparición: propuesta analítica para reflexionar la representación social y mediática de
las víctimas de desaparición en Jalisco, México
Darwin, Franco-Migues 1
Universidad de Guadalajara
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-6		

https://orcid.org/0000-0003-2979-2956
ABSTRACT

This article is a documentary and contextual review of the disappearance of people in Jalisco, Mexico between
2006 and 2018. Disappearance is a crime against humanity, which has increased since the Mexican State declared war
against the organized crime in 2006. The inaction of the authorities facing this grievous crisis on human rights has forced the families of the disappeared to lead their search, in life and in death. Therefore, the objective of the text is a critical analysis the political and media discourse which has reduced the disappeared to just statistics, confining their media
and social representation to a figure where the criminalization of the victim has more importance than the demand of
justice for the amount of Human Rights that are being violated. This article found that a person in Mexico does not
disappear once, but four times: 1) physical, where their human right to freedom is denied; 2) juridical-administrative,
in which they’re reduced to an statistic, disregarding their right to equality and juridical security; 3) social-symbolic,
where they’re criminalized, and stigmatized taking away their right to presumption of innocence; and 4) media, in
which they’re victimized again, violating their right to dignity.
Palabras clave: Physical, Legal-Administrative, Media and Social-Symbolic Disappearance.
RESUMEN
El presente artículo es una revisión documental y contextual de la desaparición de personas en Jalisco, México
entre 2006 y 2018. La desaparición es un crimen de lesa humanidad, que ha aumentado desde que el Estado Mexicano
declaró la guerra contra el crimen organizado en 2006. La inacción de las autoridades ante esta grave crisis de derechos
humanos ha forzado a las familias de los desaparecidos a realizar su búsqueda, tanto en la vida como en la muerte.
Por tanto, el objetivo del texto se centra en el análisis crítico del discurso político y mediático que ha reducido a los
desaparecidos sólo a estadísticas, confinando su representación social y mediática a una figura donde la criminalización
de la víctima tiene más importancia que la exigencia de justicia alrededor de los derechos humanos que le han sido
violentados. En este sentido, el artículo encontró que una persona en México no desaparece una vez, sino cuatro: 1)
física, donde se niega su derecho humano a la libertad; 2) jurídico-administrativo, en el que se reduce a una estadística,
sin tener en cuenta su derecho a la igualdad y la seguridad jurídica; 3) social-simbólica, donde son criminalizados y
estigmatizados eliminando su derecho a la presunción de inocencia; y 4) mediática, en la cual son re-victimizado nuevamente, violando su derecho a la dignidad.
Key words: Desaparición Física, Jurídico-Administrativa, Mediática y Socia-Simbólica.

Cómo referenciar este artículo:

Franco-Migues, D. (2019). The quadruple disappearance: Analytical proposal to reflect the social and
media representation of the victims of disappearance in Jalisco, Mexico. Revista Políticas, Globalidad y
Ciudadanía, 5(9), 25-42. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/113
Recibido: 16 de Julio 2018 - Aceptado: 20 de Agosto 2018

1
Doctor en Educación por Universidad de Guadalajara, Profesor de tiempo completo del Programa de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Email: darwinfranco@cencar.udg.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 25-42. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/113

�The quadruple disappearance...

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1.- INTRODUCTION

“We must build a collective memory facing the disappearances, because if we don’t, the powerful
(The State) will come and tell us this didn’t happen… that it wasn’t true”.
Leticia Hidalgo, mother of Roy Rivera, forcedly disappeared
on January 11th, 2011, in San Nicolás de Los Garza, Nuevo León.
Even though they’re here, eternally present, not much is spoken about the disappeared in Mexico; because, for many –including the State- it is unimportant to know who were the 34 thousand 268 people that
are disappeared right now. All of them, women, men, adults, young people and children that one good day
had restricted their human right to freedom under the setting of a failed security strategy that started on
December 11th, 2006. On this day the former President of Mexico, Felipe Calderón, made a war declaration
against all the drug trafficking groups that operated on the country.
Under the setting of this war, the civil society has been the most vulnerable sector, such as the most
violated on matter of their human rights, because in Mexico, 226 thousand 024 people have been murdered
(SESNSP, 2018); 36 thousand 265 people have been disappeared (RNPED, 2018) and 310 thousand 527
more have been displaced from their territories because of the violence (CMDPDH, 2017)2.
However despite these alarming statistics, the Mexican State during two administrations, Felipe Calderón’s (2006-2012) and Enrique Peña Nieto’s (2012-2018), has systematically denied the existence of a
Human Rights crisis. It even has reiterated on several occasions before international organisms, like the Inter-American Court of Human Rights and the Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights (OHCHR), that a setting of rights exists in the country and guarantees the enjoyment and respect of
all Human Rights.
As counterpart, these same organizations have marked out that in Mexico, human rights violations are
being committed systematically; a similar conclusion was derived on the commission of crimes against
humanity, such as: murder, torture, forced disappearance, forced displacement, extrajudicial executions and
arbitrary detentions.
The 7th article from the Rome Statute of the International Criminal Court (subscribed by Mexico since
January, 2006), defines a crime against humanity as: “a generalized or systematic attack against a civil
population and with knowledge of said attack”. The same statute defines that this attack is “a conduct line
that implicates the multiple commission of acts (…) against a civil population, in accordance to a State’s or
organization’s politics to commit this attack” (CPI, 2002; p.3). Crimes against humanity can be perpetuated
by governmental forces, such as organized armed groups (Open Society Justice Initiative, 2006).
Some of the crimes against humanity that have been committed on Mexico according to the international
principles in terms of Human Rights, are: the disappearance of the 43 students of the Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, which happened on September 26th, 2014 on Iguala, Guerrero; the
extrajudicial execution of 15 civilians in hands of the Mexican Army, which happened in Tlatlaya, Estado
de México, on June 30th, 2014; the “grave violations” suffered by 49 migrants found lifeless in Cadereyta,
Nuevo León, on May 2012; the disappearance, torture and homicides committed against 72 migrants in San

2

The number of victims of violence were accounted from January 1st, 2006 to April 30th, 2018. The current
federal government of Andrés Manuel López Obrador has recognized that the number of missing persons exceeds 40
thousand; However, official data on the number of missing persons has not been updated since April 2018.
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Fernando, Tamaulipas, between August 22nd and August 23rd, 2010. These are just some of the cases that
received more social and media attention on the past years. Let’s remember that crimes against humanity
are crimes that do not prescribe or can be attached to any kind of amnesty or legal immunity, in which not
it only is needed to judge and consign the material authors, but every single one who had participated in
the commission of the felony. Especially, the hierarchical superiors which, by action, omission, inaction or
collusion had a link with the facts.
To this adverse panorama we would have to add also that Mexico is one of the countries in the world in
which human rights defenders take mayor risks, because in the last 11 years, 106 activists and/or defenders
of human rights have been murdered (Red TDT, 2017). Regarding the broader freedom of expression and
press, 117 journalists have lost their life and 23 are disappeared right now (Article 19, 2018). Even though a
Law for the Protection of Human Rights Defenders and Journalists exists since June 2012, and a Protection
and Defense Mechanism that detaches from the same law, these crimes are not just unpunished but also the
majority of them are not linked to activism or journalistic exercise as one of the possible causes of death
or disappearance.
The last update from the National Human Rights Commission (CNDH), that retrieves the violations to
Human Rights in Mexico during 2017, registered an increase of 117 percent on recommendations by the
presumed violations to Human Rights on public instances like the Office of the General Prosecutor (PGR),
and the National Security Commission (CNS). This incidence propitiated the organism to announce 97
recommendations; in which five standed out by crimes against humanity and eight standed out for torture
acts committed by different areas of Public Security. The ombudsman, Luis Raúl González Pérez specified:
“Mexico hasn’t experienced a significant and objective act towards a higher respect on Human Rights,
it hasn’t either managed to strengthen our democratic environment of Rights neither has accomplished to
positively modify the environment which, when the sexennial (of Enrique Peña Nieto) started, millions
of Mexicans had already faced: insecurity and violence, impunity and corruption, inequality and poverty”
(CNDH, 2018; p. 11).
As a response, the President Peña Nieto answered that in spite of the criticism regarding the protection
of human rights his government is “moving forward on the right direction”.
The Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movement for our disappeared in Mexico) – a
collective that engages more than 30 collectives from relatives of disappeared people in the country- has
named Enrique Peña Nieto’s administration as: “The sexennial of disappearances”. In his rule not only the
43 normalistas of Ayotzinapa –icon of the disappearances inside and outside the country- disappeared, but
also 20 thousand 351 people disappeared, which corresponds to 60 percent of all the disappearances.
2.- THEORICAL FRAMEWORK
The theoretical support of this article rests on two concepts: necropolitics (Mbembe, 2011) and gore
capitalism (Valencia, 2016); the first concept refers to the use of social and political power to dictate how
some people can live and how some should die; the second concept it is an analysis tool that focus the economic, sociopolitical landscape, symbolic and cultural Mexican affected and rewritten by drug trafficking;
in both, the key is the understanding of violence as the main articulator of power and terror caused not only
to the violent bodies but also to all those that are conceived as possible goods to which they can be disappeared or for economic and territorial control purposes.
Through his dissertation he will realize that the disappearance of people in Mexico is based, in part, on
an economy of death that sees the disappeared, mainly young people, as a commodity that they can exchanRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ge and reuse to achieve the objectives (economic and power) pursued by the various drug cartels in their
collusion with the Mexican State.
At the same time, a dissertation on the evolution of the concept is presented: disappeared, and on which
its current conceptual inability is needed to account for the characteristics that disappearances have in
Mexico today, which are not associated - as in the past- to the political-ideological positions of the disappeared, because now the center is not in the disappearance of the so-called enemy, but in the disappearance
of people who allow narcomaquinaria (Reguillo, 2011) to maintain and enhance the functioning of the
death economy that now prevails in Mexico.
This theoretical analysis focuses on the way in which the Cártel Jalisco Nueva Generación has been
carrying out the disappearance of people in Jalisco, a state where the main victims of this crime are young
people who are then employed for the sowing and production of drugs, the sicariate or the sex trade.
The wider context of disappearance and the disappeared
Disappearance is, in juridical terms, a crime that consists in “the arrest, detention, kidnapping or any
other way of deprivation of liberty”. In fact, the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance states that this crime can be the “work of State agents or people or groups of people that
act with the authorization, support or acquiescence of the State”. A disappearance is considered as existent
when it is given “the negative to recognize this deprivation of liberty or the hiding of the fate or whereabouts of the missing person, subtracting it to the protection of the law” (ONU, 1993; p.1)3.
Disappearance is therefore an offence that is not time-barred, as it not only involves the moment when
the person is disappeared but also includes all moments after the disappearance. The protection of the State,
in this sense, must go beyond the investigation of why the disappearance occurred and who is responsible,
since it must also include attention to all the grievances that the disappearance generates in the victim’s
family. They are disappeared and thus victim of a crime, not just someone that suffers a condition of absence or non-localization, as generally are pointed out in the Mexican State and their multiple government
organs. Thus, someone can be considered as missing when, product of a Human Rights violation, a person
or a group of them deliberately decide to deprive them from their liberty. In this context, disappearance
constitutes a crime that is not only permanent but also being prolonged day by day.
A huge part of this international juridical acknowledgment of disappearance and enforced disappearance we owe to the fights, complaints and organization of collectives of relatives from the detained-disappeared4 that denounced this crime systematically. This originated mainly under the frame of the military

3

The first international recognition on disappearances occurred on September 20th, 1978, when the United
Nations published the resolution 33/173; which insisted that all the member countries: “assign the necessary resources
to the search of missing people, in application to the law and respect of people’s Human Rights” (ONU, 1978; p.166).
Since this date, disappearance is known as an aggravating and flagrant violation to Human Rights. This was reassured
by the UN on 1992 when in the resolution 47/133 was written the Declaration on the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance, in which is established that disappearance can be considered as a crime against humanity. In
1992 the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance was made. Countries
like Mexico agreed to create “mechanisms for prevention of enforced disappearance and to fight against impunity in
which concerns the commission of this crime.”

4

Social category with which Argentina named all people who were deprived from their liberty by the military
dictatorship that this country lived between 1976 and 1983. The Argentinean State only recognizes the disappearance
of 13 thousand people; however, the Association of “Las Madres de Plaza de Mayo” precise that the disappeared in this
period were more than 30 thousand. See: http://www.madres.org
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dictatorships in Latin America in countries like Argentina, Brazil, Chile and Guatemala, just by mentioning
some of the cases that were taken to the Human Rights Commission of the UN.
Disappearance, as a crime, generates a series of obligations to the State in which the disappearance
happened and is still happening, since this is the responsible authority with the obligation of generating
politics and strategies to create and follow actions that propitiate: 1) strategies for the prevention of a crime
such as disappearance; 2) the research of the crime to find the location of the direct and indirect responsible;
3) the ruling of sentences to punish those who commit this crime; and most relevant, 4) the localization,
mainly while alive, of the disappeared person; if the localization wouldn’t be given this way, the State also
has the obligation to locate the body and/or the rests of the disappeared person to deliver them with dignity
to their relatives5.
This series of legal conceptualizations must be accompanied by socio-political and socio-historical dissertations that place disappearances and the disappeared in contextual frameworks that allow us to understand why people, especially young people, are disappearing in Mexico, and what their whereabouts could
be. Understanding the causes and motives for which people are disappearing would help to identify that
they (disappearances) constitute a crime against humanity that is constantly denied by the State. This not
only minimizes the existence of this crime but, at the same time, criminalizes the disappeared to make them
responsible for their own disappearance. This generates the construction of stigma around disappearances
that constantly violates the dignity and integrity of the disappeared, which undermines the possibility of
social cohesion around the victims of this crime.
This criminal connotation of current disappearances, imposed by the Mexican State, is different from
the somewhat generic definition of disappearances and disappearances in international human rights treaties and legislation, in which disappearance is thought of as part of the political-ideological actions developed by the victims. The name “detainee-disappeared” that appears in these treaties is not entirely tied to
this other type of disappearance, which is committed by both the State and drug traffickers, as happened in
Colombia and is currently manifested with force and terror in Mexico.
Thereon, Robledo (2016) thinks the disappearance and disappeared must not be detached from the
social life that contains them, because it is in this reference frame that the actions their family make daily
are attached. This process is expressed in their memory devices (Souza, 2018) and in the legal-political and
political-social struggle they are carrying out to ensure recognition of the existence of the crime, the innocence of their disappeared and the inability of the State to confront this humanitarian crisis.
Gabriel Gatti (2017), one of the main theorists of Latin American’s disappearances, created a conceptual
genealogy to establish what is meant by disappearance and what is meant when a person is named as missing or disappeared. In his social-historical revision of both terms, based on Mahlke (2017), he establishes
that the ideal type of disappeared does not only goes through a penal-juridical phase, but also by esthetic,
psyche-clinical, social-political and social-historical criteria; Sugerencia It will be included on the media
denomination.
The esthetic refers to universal representations that signifiy the disappearance, the disappeared and the
pain that both facts generate in their families. The images of mothers carrying the pictures of their loved

5

In Mexico these series of obligations are stipulated on the General Victim’s Law (GVL), and the General Law
on Forced Disappearance of Persons and disappearance committed by individuals. Both Legislations were the result of
the fight of victims of violence; the first case was leaded by the Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad; and the
second, by the Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México.
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missing ones on their chests is, perhaps, one of the most intense representations, as it is the search sheets
with the caption “missing” that are posted in public places or distributed massively on digital social media
(Franco, 2016).
The psyche-clinical refers to the psyche-social and psyche-emotional materialization, both propitiate
the unfinished mourning, the rupture of the biographic process and fragmentation of everyday life that
come after the disappearance. Here the focus is on the victims condition and the effects that: “persist on
the survivors and their social environment, inscribing the pain in a dispute and power relationships field in
which is possible to find forms of solidarity and practices of stigmatization and public rejection” (Robledo,
2017; p.21).
This process is intimately connected to the social-political space of articulation of the mobilization that
produces not only public acknowledgement of the absence, but also of the absence of access to justice.
Judith Butler (2016) has analyzed the distribution of the value of the loss or missing of lives in public spaces, whereof forms of social organization exist, where “the unsettling and democratizing character of the
mourn” helps to visualize the tragedy (p.45). On this matter, the thousands of public manifestations of the
families of the disappeared in Mexico constitute actions not just of public demand for justice but also of
memory. They give public visibility to the existence of these disappearances, but also to the social-historical
causes that provoked them. That is why the social-historical component is key to think about the causes
linked to the commission of this crime in the past (even though this is still being manifested on the present).
The majority of the disappearances that were generated in Mexico between the 60’s and the 80’s had political-ideological components; which means that the people were mainly disappeared by the Mexican State
because their political actions and thoughts constituted a risk to the political order. On the period known as
“La Guerra Sucia” (The Filthy War), that covered the decades of the sixties and seventies in Mexico, there
are 532 known cases of enforced disappearance (CNDH, 2001). From these, the authorities only confirmed
their own participation in the actions that violated Human Rights of 275 people who victims of detention
were, questioning and eventual enforced disappearance by elements of the Mexican State. Despite the official recognition, there does not exist any kind of sentence for these acts.
The current social-historical scenario that promotes the disappearance of 36 thousand 265 people in
Mexico has been the presence of organized crime. We can think about disappearances as a terror strategy,
but also consider the disappeared as victims of a violence that registers under the frame of a war against
organized crime.
The disappeared, at least in the current Mexico, are the result of the commodification of the body and
bodies. The utilitarian and expressive violences, as Reguillo (2011) states, combine all social and symbolic
life. This creates utilitarian logics where “they kill just for killing” or “disappear just for disappearing” as
long as the ends (mainly economic) allow it and justify it, because people are not seen as humans but as
mere merchandise products that can be disposable or reusable as long as it profits the criminal activity.
This is feasible because in Mexico the nexus that unites the State with narco and necropolitics lies in the
existence of a scenario of impunity where there is “a complex system of profit persecution that, however,
remains hidden, encrypted or hidden as a residual element in the message delivered through the thousands
and thousands of broken bodies that accumulate in the war on drugs” (Reguillo, 2011; p. 31).
Therefore, if we remove the disappearance and disappearance from the society that contains them, it
will be very difficult to understand why this crime is committed in total impunity and, above all, to whom
the disappeared are useful. If the existence of this crime is stripped of this contextual density, the humanitarian crisis that follows a disappearance will be missed, which, as Gatti (2017) maintains, is “a social
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catastrophe” because it implies the destabilization not only of the social structure and fabric but also of
human relations.
For now, these relationships are reconfigured through presence and absence, life and death, all through
narratives where the present cannot be completely mixed with the past because the disappeared is a person
“who is neither alive nor dead: he is disappeared”. This uncertainty generates unfinished grief in the victims
but, at the same time, promotes social actions that have as their objective the search for the disappeared and
the demand for justice.
For example, such as those actions taken by Mirna Nereyda Medina6, leader of the collective Las
Rastreadoras de El Fuerte, a collective of relatives from the disappeared on the north of Sinaloa that make
a search of ‘missing treasures’ twice a week. They name their disappeared “treasures” that the organized
crime has buried on the hidden pits, because they identify that each one of them are the most precious thing
a family has and, locating them, among all the barbarism, is similar to when someone finds a treasure under
earth. She says:
“Now my life is searching. We, Las Rastreadoras, don’t have a life anymore: this is our life. We
are not just a group, we are a family, and this family is missing a lot of treasures yet. I come to the
searches to find treasures; I do it like that every Wednesday and Sunday because this is my life. I
found Roberto, my son, but I’m still missing my partner’s treasures… My Roberto belongs to them
and all their treasures also belong to me, and until we find everyone I won’t stop looking. Searching
is now my life.7”
For instance, when we’re speaking about disappearances and positioning the disappeared, we can’t nor
musn’t obviate the context (esthetical, psico-clinical, social-political and social-historical) in which the
person disappeared. Because there is where the analytic key resides to understand this tragic fact not just
as a crime (which, is and will still be) or as a condition (the disappeared is and will keep being a violence
victim). It must also be seen a terrible expression of a social moment in which the power of the state and/
or the power of the narcomáquina establish exclusion criteria in which the necropolítica acts by making the
lives of some people more tortuous and vulnerable; propitiating terror schemes that, like in the Mexican
case, make the youths their main victims.
The quadruple disappearance
Earlier I specified that a victim of disappearance does not disappear one time, but four. The disappearances suffered by a victim of disappearance in Mexico are: physical, juridical-administrative, social-symbolic
and mediatic.
The first disappearance, the physical one, is not only the main but also the most painful disappearance.
In it the Human Right to freedom is disrupted by a criminal act that disappears a person with or without
specific determined purposes, although always linked to the narcopoder and the narcomáquina that overlay

6

Mirna Nereyda Medina is Roberto Corrales Medina’s mother, who disappeared on July 14th, 2014 on El
Fuerte, Sinaloa, when armed men took him from his business. Mirna Nereyda found her son Roberto three years after
his disappearance, on July 14th, 2017, on an area between the communities of Ocolome and Los Muros. She herself
digged out her treasure from a hidden pit (Franco, Souza and Guerrero, 2017); despite of accomplishing her promise to
find her son, Mirna is still leading the group Las Rastreadoras.

7

Personal conversation made on November 19th, 2017, under the frame of a field research where Las Rastreadoras located the bodies of nine people on the periphery of the city of Los Mochis, Sinaloa.
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any logic and security strategy of the State powers. This physical disappearance has left unfinished the life
plan of 36 thousand 265 people; 26,938 men and 9,327 women. Every effort from the State should go into
their search.
However, this does not happen because the disappeared in Mexico have to go through a strong bureaucratic system on the matter of justice procuration. Which leads to his second disappearance: the juridical-administrative. This disappearance occurs when the State seeks to minimize the impact of disappearances and their victims by decreasing crime statistics and reducing the number of disappeared persons to
statistics or judicial records.
In this second phase of the disappearance, the most relevant factor is not the actions of search and justice but the configuration of a legal framework that allows the political administration of the tragedy. In
Mexico, it is common practice for governments to hide their crime rates in order to generate a favorable
public image of both the ruling party and the politician in charge of either the country, state or municipality.
In some cases, the public or media relevance of a disappearance can break the bureaucratic inertia but
not the essence of its conception, because, when they give major priority to one case above others, the disappeared Human Rights are being violated regarding juridical equality and security. Since, in accordance
to the law and the international agreements on matter of Human Rights, discrimination on the research and
search of a victim of enforced disappearance must not exist.
The collectives of the disappeared’s relatives in Jalisco denounced that after the disappearance of the
43 normalistas of Ayotzinapa, the authorities did not attend their cases because “the priority was to find the
students”; after almost four years of their disappearance, the authorities have not found either the normalistas nor the thousand more disappeared they had to put on hold to be attended again by the authorities.
However, the juridical-administrative search of the disappeared in Mexico is being done at a desk;
which means, the disappeared are searched through a bureaucratic process that prioritizes the exchange of
collaboration applications rather than the search and field research. The only thing that happens is that many
juridical files are generated through the disappearance of a person. Mexico is full of sheets that do not help
at all the process of searching and justice:
“In more than two years, the research file of my son has more offices than reports of field research.
The Public Ministry brags that the file is getting fatter (thicker) but nothing there is focused on
finding Juan Carlos… there are times that my file doesn’t even moves forward because they are all
focused on the new cases… as if one disappeared was more important than others”.8
The last testimony corresponds to the reflection Adriana made, mother of Juan Carlos Zaragoza Gaona, 19 years old, who was disappeared outside his home by a group of armed men, on May 16th, 2015,
in Zapopan, Jalisco. She belongs to the collective Por Amor A Ellxs, which –since 2016- takes actions of
accompaniment and search of the disappeared in Jalisco. In several occasions, they have reported the juridical-administrative obstacles that exist on the search for their relatives. These include:
1.

8

The excessive rotation of Public Ministries and police researches on the disappeared people research area of the Jalisco’s Public Prosecutor’s Office, which forces their cases to start all over
again and again, since the new Prosecutor requires to read the file to know the case and, with this,

Personal conversation with the author, February 23rd, 2018.
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2.

3.

4.

start working on it.
Non access to the file. This blocks them of knowing if, indeed, the authority is searching for their
relative or has done forensic acts to find the offender of the disappearance. Since they cannot check
or have a copy of the file, it is impossible for them to contribute on the research that’s made for
finding their missing loved ones.
Unworthy treatment by the personnel that leads the research. On the majority of cases, families had
to suffer harassment and stalking of the authority that devoted the first hours of search on finding
the disappeared responsible for their own disappearance, such as possibly linking of the family in
the act.
Generalization on the official declarations and/or communications about the disappearances in
which, on a systematic manner, the disappeared is criminalized, linking them with the organized
crime or the commission of criminal activities. They empathize on these acts, for which no proof is
presented, as the main reason of the disappearance.

These two last points promote which has already been named as the social-symbolic disappearance.
This third disappearance is the one that breeds when the dominant social narrative to talk about disappearance and the disappeared is attached to stigmatization. This derivates in two processes: 1) The criminalization of the victim of disappearance by holding him or her responsible for his or her own disappearance;
and 2) The rupture of social bonds of the relatives of the missing ones with their primary and secondary
communities, since the stigma propitiates and generates the creation of borders, rejection and abandonment
of the families when they publicly confess they have a missing person.
Monica, also a member of Por Amor a Ellxs, is looking for her husband and son since September 19th,
2013, day in which both went missing in Guadalajara, Jalisco. She testifies that the stigmatization of the
disappearance weights on her shoulders and her daughter’s:
“I feel like stinky. We, families of the disappeared, are stinky, because in the moment you say you
have a missing relative people run away quickly, they abandon you because they think that if they’re
near you, the same is going to happen to them, or they leave because they think you supported the
wrong path your loved ones were taking… but the reality that not many people know is how painful
it is to be in this situation… we are death in life but they just see the stigma that the fucking authority
encourages when they mark that our disappeared were criminals or involved in drug trafficking” 9
Gloria Inéz Peláez (2007), under the frame of the violence generated by drug trafficking in Colombia,
states that the social stigma over the violence victims is something that is transferred directly to their families since these are “contaminated by the violent death of their relatives, their mourners carry the corresponding social healing, being segregated and feared by the contagion of their condition” (p. 92).
This “feeling stinky”, as Mónica narrates, is part of this social blindness that arises and is nourished not
only by the stigma but also by the self-affirmation of goodness and immunity that makes us believe that
this (disappearance) only happens to “people who are in bad steps”. This same blindness causes society
to imagine the disappeared as people with few studies who live on the outskirts of the city where extreme
poverty is driving them to join the narcos. Their disappearance as a result of this decision and, therefore,
they are largely to blame for what happened to them.
This social-symbolic disappearance, in consequence, generates inclusion and exclusion mechanisms

9

Personal conversation sustained on October 20th, 2016.
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where some disappeared in comparison to others acquire more public, social and media relevance, since
these are “more alike us”. In consequence, there’s no doubt that these were good people, which leads us
many to share without hesitation their search sheets or convinces us to attend to public actions (marches,
concentrations, memory acts, etcetera) because there is not suspicion that they should have never disappeared and, therefore, is the State’s obligation to locate them alive.
The social stigma about disappearances and the disappeared generates the invisibility of thousands of
cases, which never reach public opinion because it is believed, as already stated, that the disappeared person is the main suspect and responsible for their disappearance. This stigma has a strong influence on the
family tracing process because many of these accusations are generated by the State itself, which, since the
complaint was filed, has raised suspicions about the victim and his or her relatives.
Often the journalistic and media field prioritizes the official discourses that place the disappeared as responsible for their disappearance. It is framed as a dispute between members of rival drug trafficking bands.
The media forms a fourth disappearance, involving the establishment of communicational and informational logics where the stigma is presented as a category that homogenizes and depersonalizes the disappeared
by giving them a “social identity” that does not match with their personal identity (as a victim). When the
stigma operates this way, as Goffman (2006) states: “we stop seeing the person whole and common and
reduce them to an infected and underestimated being” (p.12).
What do we imagine when we see the face of a missing person in communication media or in digital
social media? What do communication media tell us about the reasons why the disappeared, like their families, become enforced victims? How are media representation of victims constructed? How do groups
of relatives of the disappeared dispute these same representations when they fight for the restoration of the
dignity of their disappeared person?
A media representation can be understood as a synthetic cultural formation that looks for placing and
setting a type of particular meaning on a subject, fact or process that is named and/or visualized throughout
communication media. It is a media production that does not only make the social representations visible,
as “a conjunction of concepts, declarations and explanations created on everyday life and in the course of
inter-individual communications” (Moscovici, 1981; p. 180); but they add symbolic and discursive elements with which they look for disputing and/or imposing a sense or meaning regarding what is represented/produced.
In contrast with social representations, but not far away from them, the media representations use the
myths and belief systems of society to position determined meanings. In these, the reference and representation of matters are not the subjects nor the facts or processes themselves, but those proposed representations through which they are capable of modifying the symbolic forms (Thompson, 2006). Robledo (2015)
states that “the historical relationships act as the real support of the existence and endurance of the stigma,
which denies the biographies of the disappeared and frames them on a series of social marks and attributes
different from their existence” (p.100).
Therefore, the media disappearance that the missing people and their families in Mexico suffer is a
key element to understand the fights that the relatives of the disappeared collectives do to reverse the stigma
of the disappeared. There currently exists a “representation crisis” that surrounds the nowadays humanitarian crisis of disappearances in Mexico:
“Under the frame of a war against drugs, a great part of the fight of the disappeared relatives, since
the beginning of their presence in public territory on 2011, has consisted in the recovery of the
honour of their loved ones and the questioning on the discourses that declare victims as collateral
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damaged, as if they were participants or accomplices of the conflict. This fight is sustained in the
purpose of overcoming the representation crisis through which the subject has been deprived of
their identity to be consignee of general attributes that de-subjective them. In this process, a double
discourse of guilt and victimization is presented, in which the recognition of the disappeared is
compromised” (Robledo, 2015; p.101).
The effort of reconfiguring the governmental, social and media representation of their disappeared has
been a vital task for them, because of the presence of a “criminalizing stigma” over the disappearances and
the disappeared.
The fight against the double discourse that stigmatizes the disappeared and the ones who look for them
constitutes one of the main lessons the Mexico’s relatives of the disappeared collectives have given us.
All this effort should be recovered to generate actions that bring back the names, identity and life story to
the disappeared. Because of that, especially for communication scientists it is important that seriously ask
ourselves: 1) what type of media representation is generated by the media in Mexico around disappearance
and the disappeared?; 2) How are media representations of disappearances and the disappeared valued,
evaluated, approved or refuted by the families of these victims?; 3) What type of communicational inputs
do families and collectives of Mexico’s disappeared generate to dispute the production of sense around the
social stigma that comes from the governmental and media narratives?
One of the most powerful examples of these governmental narratives came when the government of
Enrique Peña Nieto built a “historical truth” about the disappearance of the 43 normalistas de Ayotzinapa.
For the Mexican government, the students were killed and cremated in the municipal dump of Cocula,
Guerrero. The Interdisciplinary Group of Independent Experts of the Inter-American Court of Human Rights, which investigated the disappearance at the request of the relatives, stated that there is no scientific
evidence to support this version. To date, the families of the 43 normalistas are demanding their search in
life, the State insists that they are dead.
This type of governmental narrative is repeated in many of the cases of disappearances in Mexico. Most
of the groups of relatives of the disappeared have sought to counteract these “historical truths” through
messages posted not only on their own websites but also on various digital social networks (Facebook,
Twitter, Instagram or YouTube). From these platforms they broadcast their own press releases, positions
and audiovisual productions (photographs, videos and live recordings) in order to account for themselves,
regardless of the media, their actions, searches and demands for justice.
Graphic 1. The Quadruple Disappearance

Source: Own elaboration.
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This analytic model is a proposal to think about the phases of disappearance that a victim of this crime
has to live in Mexico. These are phases or processes that occur in an united way and that are always anchored to the vital space of life and fight that the families and/or the collectives undertake on the search of the
disappeared.
This involves four phases of analysis that start from the criminal act to give an account of the difficult
process that the families of the disappeared go through in order to demand that the authorities comply with
their obligation to search for and justice. Because of that, there’s an emphasis on the social-historical and
social-cultural processes that are circumscribed to the construction of the social and media representation
of the disappeared, since it is believed that in these phases of the disappearance of a person, stigmas are
articulated, which is a key in their social-symbolical disappearance and in their media invisibility.
The model proposes that by analysing these four different disappearances that a disappeared and their
family experience, we could account for the social and symbolic complexity surrounding the commission
of this felony. Each one of these disappearances do not just constitute a part of the catastrophe (Gatti, 2017),
but also a central element of mourning and social drama (Robledo, 2017) that implicates the disappearance
of a person.10
Being young and disappeared in Jalisco, Mexico
In Mexico, officially, the existence of 34 thousand 268 disappeared people is recognized; from these,
15 thousand 445 are young people; which means that 42 percent of all disappeared persons in the country
are around 14 to 29 years. From these disappeared youths, 10 thousand 104 are male and 5 thousand 341
female.
In Mexico, a whole generation born between 1990 and 2014 has turned into the main victims of disappearance; states as Tamaulipas (2,128 disappeared youths); Estado de México (1,763); Jalisco (1,403);
Sinaloa (1,324); Nuevo León (1,231); Puebla (1,069) and Chihuahua (993), bring together the 63 percent
of all youth’s disappearance.11
Why are young people disappearing in Mexico? The reasons why young people disappear in Mexico
depend on many different factors such as: 1) the zone where the disappearance happens; 2) the gender
and age of the disappeared, 3) the authorities that rule on that state or municipality, but above all; 4) the
organized criminal group that dominates the territory where a young man or woman was disappeared. This
not just because young people are linked to drug trafficking, but because the delinquencent activities of the
organized crime are the ones that generate and propitiate the disappearances, on the majority of cases, with
the involvement of the municipal, statewide, and federal authorities.Javier Salomón Aceves Gastélum (27
years old), Marco Francisco García Ávalos (20 years old) and Jesús Daniel Días García (20 years old), all
of them students of the Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) went missing on March 19th, 2018,
on Tonalá, Jalisco. Their disappearance generated a series of unprecedented protests in Jalisco, which fa-

10

Robledo (2017) also proposes an analytic model to study the disappearance social drama; based on Victor
Turner’s theoretical proposals, and pro four phases: 1) The breaking of the regular; 2) the crisis; 3) Action on relief, and
4) Reintegration, what is needed in them is to understand the social behaviour under the process of drama that a disappearance implicates. Our model is not focused on the social drama per se, but on the construction process of the social
and media representations of disappearance of the disappeared in each one of the four disappearances here proposed.
Both models, however, point to understand how a disappearance is anchored to the victim’s social lives modifying the
roots of their biography and their social bonds.

11

Jun 26st, 2018. Consult can be provided through internet on the website: https://rnped.segob.gob.mx/

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cilitated that the Civil Society baptized again the Glorieta de Los Niños Héroes12 (Roundabout of the Hero
Children) as the Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco (Roundabout of Jalisco’s Disappeared). The
profile of a disappeared person in Mexico is a youth between 14 and 19 years, middle or lower class, which
regularly lives in the periphery of the urban zone.
The above is explained in an academic and journalistic research work that has been carried out during
six years of the disappearance of people in Jalisco13. This state has been under the domain and terror of the
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)14 since 2007. This criminal group - which emerged, grew and
consolidated in the midst of the “war on drugs” - has regional leaders who carry out not only the tasks of
territorial control but also those of drug production and trafficking, mainly methamphetamine. This control
includes the protection of the territory from rival groups such as relationships of collusion and corruption
that are established with statewide and municipal authorities, and the commission of felonies like extortion,
disappearance and homicide.
Throughout the 13 regions in which Jalisco is divided, the CJNG has managed to diversify its illicit
activities so much that the labor force required to operate is growing every day. In this sense, young people
are the main victims of disappearance because their labour force is employed by the cartel for forced labour
such as: 1) slavery and the sex trade; 2) the planting of marihuana and/or poppy; 3) the chemical production
of synthetic drugs; 4) drug decanting; 5) hit man labor (vigilant) inside and outside the domained territory;
and, 6) illegal extraction of minerals, iron mainly, to be traded on the black market by the chemical precursors that the Cartel uses on the elaboration of meth.
Many of the above functions implicate the dehumanization of the body and dissolution of human dignity as if the disappeared people were just disposable bodies under the frame of a “death economy” (Mbembe,
2011). This refers to an economy in which people: “are not conceived as irreplaceable, inimitable and indivisible beings, but are reduced to a group of production forces easily replaceable” (p. 15).
Below we present some stories15 that account and confirm the disappearance of youths in Jalisco for
work and enforced slavery under the frame of a death economy promoted by practices such as necropolítica
(necropolitics) and capitalismo gore (gore capitalism).
Juan, 19 years old, is original from the highland region of Jalisco. His everyday labors were divided
between the family business and his studies until the day he went missing, together with other youths, on
San Gabriel’s municipality. He remained a few more than three years in huge poppy crops that the CJNG
possesses on Jalisco’s highlands until the day that a distraction on his captors allowed him to escape. He
ran for three days; he was afraid of being discovered, because he knew that death waited for him; it also happened to other youths who fought for their freedom under those fields of enforced labor. Now their bodies

12

The “Niños Héroes” were a group of young soldiers who gave their lives after the invasion of the USA army
on Mexico, on September 13th, 1847. On the same roundabout, on 2013, the first protest of Jalisco’s relatives of the
disappeared happened.

13

Jalisco is one of the most important states on terms of culture and economy. It is also a drug trafficking nest
in Mexico, because here during the 80’s, one of the first drug Cartels arose (Cártel de Guadalajara). Until April 30th,
2018, it is the second state in Mexico with most disappearances: 5 728. In an update released in March 2018, the Jalisco
government accepted that there are 7117 missing persons in the state.

14

According to intelligence informs, the CJNG has presence on 22 of the 32 states of Mexico; it is also one of
the main meth distributors in Europe and Asia.

15

In these stories the name of the youths were changed because of confidentiality and security. These personal
interviews happened between 2015 and 2017, product of my journalistic-academic activity.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 25-42. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/113

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The quadruple disappearance...

are in the secret pits that once Juan had to dig in order to bury those who, like him, were disappeared just
to satisfy the production of the poppy for the criminal organization.
Another horror story was the one of Luis, 21 years old, who attended to a job appointment on Tala’s
municipality. The lack of opportunities and resources forced him to move to this municipality to obtain the
job, which would allow him to keep studying. Everything looked good, the job was attractive, and they had
granted it to him; the problem emerged when they told him before he returned home, they would take him
to meet “the security company” that had just hired him; he accepted and there was where he went missing.
These jobs as security guard happened to be the forefront of the enforced training fields that the CJNG
possesses on different spots in Jalisco; there, dozens of youths arrive to be trained on the use of weapons
and, with that, become the first impact line that the Cartel uses in combat against enemy groups or State
elements. The direct threat is: if they do not do as they’re told, their families will be murdered.
Luis knew he had given them all the information to locate his family when he introduced himself in the
“job interview”. He lived more than two years being a hit man under the orders of the criminal organization; like him, many other young people were enforced to kill and disappear. Their lives and bodies were
disposable to the cartel, as it conceives of these young people as:
“products of exchange that disturb and break the logics of the process of capital production, since they
subvert the terms of this when they take out of the game the merchandise production phase, changing it for
a merchandise literally incarnated on the body and human life, through predatory extreme violence techniques as kidnapping and murder by commission” (Valencia, 2016; p.25)
Luis’ story is inscribed in the logic of death that the philosopher Valencia (2016) has constructed to explain that today Mexico is subsumed in a process of narcoempoderamiento (trafficking empowerment) that
is configured through “dystopian actions and perverse self-affirmation achieved through violent practices”
(p. 31). The narco-poder (trafficking power) as one of the main expressions of a capitalismo gore where
“death has become the most profitable business” (p. 26).
Joaquín, 18 years old, reveals clearly this narcoempoderamiento, since he was a victim of the barbarism
that rules the logic of the narco-poder. He was not disappeared to force him to do any labor; he went missing
just to use his body as a message. Days after him and his partners, all workers of construction, went missing
on the colony of San Juan de Ocotán in Zapopan. Their tortured bodies were found lifeless, on November
24th, 2011, under the sculpture artwork “Los Arcos del Milenio” (The millennial arcs), located on Guadalajara city. Their disappearance and death were reduced to the medium that Los Zetas (rivaling group that
operates near the Mexican Gulf) used to send a message against the CJNG.
This “ghostly, untraceable and vague” violence that operates from what Reguillo (2011) has named
the narcomáquina (trafficking machine), is a device of violence that gambles to be the dissolution of the
humane through the constant exercise of fear and terror by organized crime. It is, disgracefully, one of the
constants that haunts youths more in Jalisco than as in the rest of the country. Juan, Luis and Joaquín are
victims of this narcomaquinaria (trafficking machinery) that makes hard to understand the real origin of this
violence, since it is not possible to execute the narco-poder, as Reguillo and Valencia stand, without a link
or collusion of institutional machinery.
Due the historic conditions, the narco-máquina blurrs almost always the difference between criminal
violence and political violence (Robledo, 2016). This narcomaquinaria and its necropolítica do not just define which bodies are disposable but also precise which could be reusable and under which conditions they
might be, whether they are the medium of a terror message or to form part of the people trading network
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that is operated by the diverse cartels in their territories.
Ana, 16 years old, disappeared because she was “very pretty”, that’s what her captors said to her. She
spent some months in security houses from the CJNG so she could be later transferred to diverse brothels that the same Cartel operates. Ana worked four years before she could pay her freedom. In Mexico, 8
thousand 798 women are disappeared; 5,034 (57 percent) are youths that, like Ana, could be one of the 21
thousand women that every year are victims of human trafficing (HIP, 2017).
The stories here described could continue because what happens in Jalisco, takes part of the modus
operandi of the majority criminal groups in Mexico. Besides, it is incorporated into the politics and transnational economic production and drug trafficking strategies, in which, as Valencia (2016) stands, states of
exception are generated, in which the capitalismo gore –b side of the neoliberal movement- uses violence
as the main power and terror.
This is why disappearance is not just a crime that is used as a terror strategy but also as a modern slavery
form where youths are the main victims, whether is for their labor strength or their moldable, useful and
reusable capacity on the infinity of crimes the drug trafficking cartels control inside and outside Mexico.
3.- METODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
Design
This article was made through a documentary and contextual analysis of the political and media speeches that have been developed about the disappearances that have occurred in Mexico between 2006 and
2018, This involved the revision of journalistic notes in local newspapers16; the collection of testimonies
of relatives of missing persons and victims of disappearance who escaped from places where they were
deprived of their liberty; as well as government programs and actions that have been created to face the
commission of this crime.
Likewise, under a qualitative approach (Andara &amp; Mertz, 2015), various testimonies were collected
to understand what implies a disappearance from the voice, thought and meaning of those who have been
victims of this crime.
For this, various theoretical perspectives were used that allowed, through contextual analysis, to outline
the predominant profile of the victims of disappearance in Mexico and, at the same time, offer a possible
answer as to why it is that the country disappears mainly young people and what they are used for.
Instruments
This article used several qualitative interviews that this author personally conducted with four young
people (Juan, Luis, Joaquín and Ana), who managed to survive a disappearance in Jalisco, as well as with
Mirna Nereyda Medina, leader of the Las Rastreadoras collective of El Fuerte; All these interviews conducted in person gave empirical material for the conformation of the theoretical-analytical bet called: The
fourfold disappearance of people in Mexico.

16

An analysis of the newspapers El Informador, El Occidental and NTR Guadalajara was carried out; the first
two from January 1, 2006 to December 31, 2018; as NTR from January 1, 2012 to December 31, 2018.
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Process

The analysis of political and media discourses on disappearances allowed us to establish a contextual
panorama (How many missing persons are there in Mexico and what are their characteristics?). But also
in analytical terms; that is, he delved into pointing out the social, political and economic causes that affect
the disappearance of young people in Mexico, which could focus more through the qualitative analysis that
was carried out of the testimonies of the victims of disappearance, specifically, of those who managed to
survive this crime.
In total, four young survivors of disappearance were interviewed and five relatives of disappeared persons articulated by the groups Por Amor A Ellxs and Las Rastreadoras de El Fuerte.
4.- CONCLUSIONES
This text tried to concretize an analytic framework in order to analyze disappearance and the disappeared through a social life that contains them and anchors them to a specific societal context. It is sustained
that in Mexico they disappear four times. In the societal context in which disappearances happen, they
should be framed as part of an aggravating humanitarian crisis propitiated by an institutional failure, where
neither human will nor politicizes exist to fix this problem that daily violates the Human Rights of the disappeared and their families.
The diverse manifestation of political and criminal violence that nowadays coexist in Mexico and is
being operated through the narcomáquina, make evident the necessity to build, transdisciplinarity, theoretical-analytic models that allow the comprehension of the terrible moment we’re living in. A moment that
must be analyzed not only through the narcoempoderamiento with which Sayak Valencia (2016) explains
the operation of the capitalismo gore, but also through the presence and civilian fight that generates actions
“against the machine” in the public space.
This, following the theoretical proposal of Reguillo (2011), allowed us to deploy a series of actions with
which we have accomplished “resistance, visibility, and subtraction of power from the narcomáquina”, but
also to the institutional machinery that systematically denies the crisis we endure. For this reason, we must
also report on the empowerment that the families of the disappeared have generated as a reaction, response
and counter-response to the violence of which they are victims. The path is long but the fight for the respect
of Human Rights of every disappeared (and victims of violence in general) deserve that our actions against
the machine, against the official and media narratives keep growing in form and sense. The aggravating
crisis of Human Rights in Mexico forces us to leave “fragility, intermittency and non-expression” to give
way to personal and collective actions capable of reversing the multiple forms of violence that constrain us,
even the possibility of living a full democracy (Bolaños, 2016).
Hence, one of the conclusions of this article is to propose the holistic analysis of disappearances in
Mexico through the theoretical-analytical proposal that we have termed here “the fourfold disappearance”,
which we consider could provide a reference framework closer to the terrible reality that, unfortunately, we
live in Mexico around the disappearance of people.
The challenge is thinking that the disappearances, like that, in plural, concern us because in them lies
a “I, missing” that is faced with two options: indolence or hope. The first one separates us from the disappeared and increases the stigma that exists among them, but the second hangs an humanitarian bridge
between both, which makes possible the understanding of Human Rights as a collective act and not just as
an individual act.
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¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos! (They took them alive! We want them alive!).
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Social Representations and Acknowledgement of Human Rights in the city of Monterrey, México
Representaciones sociales y reconocimiento de los derechos humanos en la ciudad de Monterrey, Mexico
Beatriz Elena, Inzunza-Acedo 1
Universidad de Monterrey
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-2		

https://orcid.org/0000-0002-2168-9914

ABSTRACT
This article focuses on the social representations of Human Rights in Mexican news media, in the city of Monterrey,
Mexico. It analyses how Monterrey citizens learn about human rights, and what role could different sources play in
their construction of social representations. Furthermore, it researches the acknowledgement and knowledge of the subject by these citizens. The analysis is built on N239 surveys collected from Monterrey news readers, supplemented by
data from twenty-four participants in four focus groups. The conclusions confirm that news media is the main source of
information on Human Rights, but that there is a weak founded social representation regarding human rights. Attitudes
are often fatalistic, and participants have limited knowledge of how to act upon human rights.
Key words: Human Rights, Monterrey, news media, social representations.
RESUMEN
El artículo tuvo como objetivo indagar en las representaciones sociales sobre derechos humanos que hay en los
medios mexicanos, particularmente en los de la ciudad de Monterrey. Analiza cómo los ciudadanos regiomontanos
aprenden sobre los derechos humanos, así como qué papel juegan las diferentes fuentes de información en la construcción de sus representaciones sociales. Además, investiga el reconocimiento y conocimiento del tema que tienen dichos
individuos. El estudio recogió 239 encuestas de lectores de noticias en Monterrey, y posteriormente se llevaron a cabo
cuatro grupos de discusión con un total de 24 participantes. Las conclusiones confirman que los medios de comunicación son la principal fuente de información en materia de derechos humanos, pero los conocimientos son débiles.
Además, las actitudes respecto a ellas son fatalistas, y los participantes desconocen la aplicación de dichos derechos.
Palabras clave: Derechos humanos, Monterrey, Noticias, Representaciones sociales.

Cómo referenciar este artículo:

Inzunza-Aced, B. (2019). Social representations and acknoeledgement af human rights in the city of Monterrey,

Mexico. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 43-57. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/
index.php/RPGyC/article/view/110
Recibido: 03 de Agosto 2018 - Aceptado: 02 de Septiembre 2018

1
Doctora en Estudios Humanísticos; Especialidad en Comunicación y Estudios Culturales por la Universidad
de Monterrey. Profesor de tiempo completo de la Universidad de Monterrey. Email: beatriz.inzunza@udem.edu.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 43-57. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/110

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1.- INTRODUTION

A simple online search of “human rights” and “Mexico” leads to an important amount of news articles,
reports and other texts that discuss a list of human rights violations in the country. The organization Human
Rights Watch, in its Annual Report of 2018 described a number of events in which Mexico failed to protect Human Rights: forced disappearances, extrajudicial executions, impunity and military abuse, tortures,
prison system, attacks to journalists and human rights advocates, women and children’s rights, children
migrants, sexual and gender identity, and people with disabilities (Human Rights Watch, 2018).
In December 10th, 2018, the Universal Declaration of Human Rights celebrated its 70th anniversary,
since it was approved in 1948. Mexico voted in favor of this document along with other 47 countries, which
means that, as a state, it would assume a commitment to look after the human rights of its citizens through
all its institutions. This protection is part of International Law, which forces states to assume the obligations
in order to respect, protect and promote human rights as well as intervene on its application. It is mandatory
for states to adopt the necessary positive means to allow basic human rights to happen (PUDH UNAM,
2017). Several articles from the Mexican Constitution are either inspired or directly related to the articles
of the Universal Declaration of Human Rights, meaning, Mexico as a State has looked after a legal way
to instate basic human rights. However, as mentioned before, the institutions haven’t been successful in
guaranteeing all these rights to its citizens.
Even when human rights violations are a recurrent topic of journalists, and the Commission of Human
Rights (both in state and national level) is a popular source of information for news, there seems to be a
poor culture and knowledge in this respect. Often enough, there are confusing terms and facts regarding
human rights, which lead to misinformation in the news’ audiences. This points to an early conclusion of
how Mexico has failed in promoting the education of human rights in its population.
Human Rights is not a topic considered as a priority to learn at school (in contrast to the Mexican Constitution Law, rights and obligations of citizens, amongst other). It seems that the most likely source to learn
about human rights, without specifically looking for them, is media, especially news. Based on this premise, this study aims to know what the main sources in the acknowledgement of human rights by Monterrey’s
citizens are, and what do they know and understand by them in their context. The hypothesis is that news
sources will be the most frequent and therefore most significant source of learning about human rights.
2.- LITERATURE REVIEW
The analysis human rights and public opinion has been explored from different disciplines, although rarely done with enough fieldwork to obtain representative results. Hertel, Scruggs &amp; Heidkamp (2009) found
in their research that Americans support human rights abroad, but their interest is fueled by global humanitarian concerns and current events. In their surveys, they also found that their commitment to human rights
weakens when it comes to the investment of national resources or to take risks on behalf of human rights.
According to Anderson, Regan and Ostergard (2002), the models of political action assume that people
have information and act on it. By this reasoning, activists have been focusing an important amount of resources in making themselves visibles, especially through new technologies. “Today activists of all stripes
recognize the necessity of having a presence online”, especially to attract younger generations (McLagan,
2002).
The other function on media related to human rights is to act as surveillance of the State, since it is
through the exposure of abuses of public authority that the government is held to public scrutiny (Apodaca,
2007). In any way, whether it is to publicize a cause or to report State misconduct, this works as the distriRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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bution of Human Rights information to its audiences.
This matters since, as McCorquodale &amp; Fairbrother (1999) state, “when people know about human rights and are aware about human rights abuses, they are more likely to seek to protect them… and exposure
can lead to changes in policy by the state concerned”. Therefore, the assumption would be that the more
educated audiences are on human rights, the more they will care for them.
When learning about human rights and culture of legality is left only to news, then it becomes relevant
to study the reception of this topic in news audiences. In order to delimit this reception study, we decided
to choose seven news portals that are popular enough to be able to find participants that follow their publications.
The analysis of this topic from a communication sciences perspective is remarkably unexplored, which
justifies the relevance of this study. Two theories seem basic to understand the construction of their social representations and their knowledge on human rights: Social Representations theory from Moscovici
(2001), and Mediations theory from Martín-Barbero (1987) and Orozco (1997). Moscovici defines social
representation as:
“a system of values, ideas and practices with a twofold function: first, to establish an order which will
enable individuals to orientate themselves in their material and social world and to master it; and secondly
to enable communication to take place among the members of a community by providing them with a code
for social exchange and a code for naming and classifying unambiguously the various aspects of their world
and their individuals and group history” (1976, p.xiii).
The reason why it is important to learn about individual’s social representations on human rights is
because it is a cognitive system that includes stereotypes, opinions, beliefs, values and norms that lead to
attitudes and behavior of people. Social representations work as guidelines for a community of people, since they become the collective consciousness on certain topics, allowing that community to act accordingly
in a way that becomes acceptable to all members (Araya, 2002).
It is important to reflect on the fact that knowledge is an important element of social representations.
Based on what people know, whether it is correct or incorrect, they will construct their attitudes and beliefs
around that topic. If Monterrey citizens have a low knowledge regarding human rights, then there is also a
possibility that the social representations constructed around them are based on intuition or weak foundations.
The question that follows would be: how Monterrey citizens learn about human rights, and what role
could different sources play in their construction of social representations. For that matter, we will revisit
Mediations theory which was originally proposed by Martín Barbero (1987). Both theories consider mass
media as a significant source of information in the formation of attitudes, beliefs and so on of individuals.
Orozco (1997) was the first to operationalize Martin Barbero’s Mediation theory into four categories:
individuals (which are subdivided into cognitive and structural), institutional (family, religion, state, media…), video-technology, and situational. This paper is focused in the individual (which will take into consideration their knowledge, comprehension, interpretation and attitudes on human rights) and institutional
(which will look at news portals or other media sources that participants consume with certain frequency).
The results of this project will sustain that knowledge of human rights is basic when it comes to the
defense and promotion of a society that has a healthy justice and social system. The more aware individuals
become of the universal human rights, the better they can become advocates in their societies and influence
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 43-57. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/110

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46
state power to keep their protection.

The following section will explain the methodology designed to obtain the participant’s knowledge,
attitudes and opinions regarding human rights.
3.- METODOLOGY
In order to study how Monterrey news followers understand human rights, we collected 239 surveys
with adult inhabitants of the city and organized four focus groups, who read at least one of the following
news portals: El Norte, Milenio, Animal Político, SDP Noticias, Excelsior, Aristegui Noticias, or La Jornada. This criterion was a filter question to select the participants of the survey. If the person didn’t read or
follow any of the news portals listed before, then the survey would not be responded by him or her.
The approach of this project was explorative, and did not intend to be representative of the population
analyzed. Due to the lack of information and studies done in this topic, it was rather necessary to do a
qualitative examination that responded to the question of how much do Monterrey’s adult news readers
perceive they know about human rights, and what role do they give to news in that knowledge. This was
done through mixed methods: survey and focus groups.
The population of Monterrey is considered to be ideologically right wing due to the industrial and company history behind it. It’s one of the three largest cities in Mexico, and the closest one to the border of US,
which is noticeable in its influence. Considering that the most important news portal due to its popularity
is El Norte, we can also deduce that the population has a tendency towards conservative politics. For the
purpose of diversification, we chose an ideological variety of news portals. A brief description of all the
news portals mentioned earlier:
El Norte. This is the local version in Monterrey that belongs to Grupo Reforma. It has the largest amount
of printing and is traditionally conservative and right wing (which represents the local culture).
Milenio. Slightly less conservative than El Norte, is the second most popular newspaper in Monterrey.
It belongs to a media conglomerate called Multimedios.
Animal Político. It is an independent news portal with no printed version. It is well known for their
research journalism focused on corruption scandals, and also for pointing out human rights violations.
SDP Noticias. It’s also only available in the digital version, although they barely have any information
of their editorial board and sources. It is particularly popular in social media thanks to their spectacularized
titles.
Excelsior. It is one of the most important national newspapers, and a news portal that has free access.
Ideologically, it can be considered to have a tendency to officialist.
Aristegui Noticias. It is a fully online news portal. Carmen Aristegui became popular through her radio
show, and after she investigated a corruption scandal of the First Lady and the President Enrique Peña Nieto, she got fired. She became an independent journalist who still keeps a significant number of followers,
and ideologically is well known as progressive.
La Jornada. This newspaper is known amongst the most left wing, since it usually covers stories regarding labor rights, corruption scandals, social inequality problems, etc. It has a national reach.
The survey was applied by a convenience sample, in different spots from the city as well as through
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 43-57. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/110

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snowball technique. The questionnaire was composed of 28 both open-ended and multiple options questions. It explored how much the respondent knew about human rights; what social groups they believe
deserves more attention by the human rights commission; what are the main needs in Mexico and for themselves; how do they interpret certain articles from the Universal Declaration of Human Rights; and what
news portals are they used to visit as well as which ones focus on the topic of human rights.
Regarding the profile of the participants, 68% were women, ages 17-75. The majority of the participants
were in their twenties. 54.4% had a university diploma or were currently university students2. 50.2% follow
news through their Twitter account, 70.3% through their Facebook account, 43.5% visit the news websites
by their own initiative, 21.3% buy printed newspapers, and 13.8% have an APP of a news portal to follow
news.
After an analysis through IBM SPSS Statistics, we designed a guide to explore deeper into certain questions with discussion groups. Each of the four discussion groups had six participants with a profile similar
to the survey respondents, which means that we had a total of 24 individuals for the qualitative stage of this
project. Afterwards, these focus groups were transcribed and later analyzed.
During the focus groups, we analyzed different categories in order to explore further the comprehension
that the participants had on human rights. The different categories were: learning sources of human rights,
reception of news on human rights, labor related human rights, interpretation of certain articles, and perception of human rights in Mexico.
The profile of the participants were adults ages 20-30. Half of them had a full-time job, and the other
half were university students. The purpose of these two profiles was mainly to compare the perceptions
on the category of labor human rights (human rights that would interest anyone who is employed, such as
social security, retirement, minimum standard of living, paid vacations...). For the rest of the categories, we
found no significant differences.
A special thanks is entitled to students of Theories and Research Methodologies group, of the program
for Communication and Information Sciences of Universidad de Monterrey. This specific generation took
the course in the months August-November 2017.
4.- RESULTS
The results section is divided in three parts: 1) Participants and news consumption, which offers a general description of the participants viewpoint on human rights and consumption of news, given that the main
filter was based on what news portals they visit more frequently; 2) Participants understanding of human
rights, which will point out the comprehension that they have on the topic, as well as what participants feel
most confused about; and 3) Participants and their perception of human rights in Mexico, because most
of the attitudes are based not on the need of human rights globally, but on the pursuit of them in Mexico.

2
The research team was composed of university students that were taking the course of Research Methodologies now of the fieldwork. It is important to point out that while we were looking for representation of all news
audiences, the sample by convenience most likely led them to acquaintances in their university communities, which is
a limitation worth mentioning in this article.
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Participants and News Consumption

The main criterion for choosing the participants was whether they followed news portals.
Graphic 1. Participant news consumption, in Frequency.

Source: Author.
The consumption is in line with the popularity of the local newspapers, meaning, the most printed papers are also the ones that are consumed the most by our participants. Their perception on who speaks the
most about human rights, however, changes from what they consume the most:
Graphic 2. News portals that cover the most about human rights, according to survey participants, in
Frequency.

Source: Author.
The majority of the participants identify Carmen Aristegui’s news portal as the most preoccupied with
the topic of human rights violations, which is in line with her reputation of pointing out the scandals related
to government and politics. It seems like the participants are not particularly interested in following news
that cover human rights stories, since they correctly pinpoint what news portals discuss it the most, however, they don’t actively follow or read these portals. The following graphic shows where participants learn
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about human rights from:
Graphic 3. How participants learn from human rights news, in Frequency.

Source: Author.
This shows a tendency on how participants do not have initiative to follow human rights news, since
most of them learn about the related stories through their social media. While most of what they read comes from the Facebook or Twitter account of news portals, this depends entirely on what appears on their
newsfeed since they don’t actively look into news websites or newspapers to learn more about it. This is
problematic when we consider the factor of social media algorithms, after all it is not guaranteed that even
when you follow certain news portals you see all posts from that page.
The focus groups were consistent with this result. While there were participants that remember learning
about them at school or at specialized courses, the majority hear and learn the most of human rights through
news (in all of their formats). Rarely they buy a newspaper or watch TV news, but they follow news portals
and therefore they read about them in their Facebook and Twitter accounts.
During the conversations in the qualitative sessions, they mostly indicated that they associate human
rights with bad news, considering they have never heard of a successful case globally. They believe that
while they are needed in different circumstances, the UN and the National Commissions of Human Rights
don’t seem to have much power other than writing recommendations to the government (Alejandro, session
3). All of the participants believe that in the Mexican case, the government doesn’t care about citizen’s
human rights.
In other regards, 33.9% of the participants (81 individuals) say they have read the full list of Human
Rights (from the Universal Declaration of Human Rights). This means that a third of the respondents would
have a minimum base of knowledge of what are the human rights in the first place.
When discussing what cases on human rights they remember the most, we asked separately for Mexico
and for the world. For Mexico, they mentioned the most popular crime news even when they mentioned
some that were not directly related to human rights. The most frequent responses were the Ayotzinapa
case (43 missing students in a rally), the murder of Mara Castilla (rape and murder by a Cabify driver),
earthquake corruption scandals (Oaxaca, Chiapas and Mexico City disaster and with corrupt construction
contracts), central American migrants (rape, murder, kidnapping, torture…), indigenous communities (discrimination and aggression), journalists (murder, kidnapping, threats), feminicides, and other gender crimes
(such as LGBTQ+ discrimination, controversy of same sex marriages).
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On global cases they mix sources from news and documentaries. They mentioned the shooting in Las
Vegas (October 1, 2017), Venezuela (with no further explanation), KKK in US, DACA retreat in US by
Trump, Black Lives Matter’s causes, shooting in club in Orlando (June 12, 2016), Catalonia’s rallies, Bangladesh’s factory collapse and labor conditions, War in Syria, countries where homosexuality is considered
illegal, women’s rights in different countries, and migrants in different regions (Africa, Asia, Latin America).
It is important to point out that both of these questions were open ended, therefore, participants would
mention whatever came to their minds in this regard. As it is evident in the cases, not all of them are human
rights violations (implying systematic failure of the state), but other types of crimes. This already suggests
that there is confusion on the topic amongst the respondents.
The multiple choice question we asked was: “Which are the most popular human rights mentioned in
the news?”, for which they chose Liberty of opinion and expression (Freq: 87), Right to life, liberty and
security (Freq: 46), and Right to education (Freq: 38). For the first, it is related to the insecurity that journalists face nowadays in Mexico, since it is one of the countries where this career is considered one of the
most unsafe. The second, consistent with the insecurity for journalists, is the violence wave in Mexico in
the context of drug war and corruption, for which impunity is clear and constantly pointed out in the news.
Regarding the right to education, it appears in news related to corruption scandals within the schools or the
syndicate of teachers. Less frequently, this is connected to violence in schools.
Participants and their understanding of Human Rights
We start with the question of responsibility. Given Human Rights are public international law, they are
primarily rules regarding the conduct of states, in this case the obligation of the state to protect, provide
and respect certain rights regarding human dignity. Our research indicates that there is confusion about
what institution or figure is responsible to guarantee the citizen’s human rights in Mexico, as we can see in
Graphic 4:
Graphic 4. Figure responsible to guarantee human rights.

Source: Author.
For this question, participants were able to choose as much responses as they wanted. In the most frequent replies, they marked UN and citizens as the ones who are the most responsible to guarantee human
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rights, and State comes only until the third option with 150 responses. Based on the discussions in focus
groups, we were able to understand that the majority didn’t precisely understand that the violations of human rights come from public authorities (or their failure to protect against them), confusing it with other
type of crimes.
We left an “other” as an open-end question and that’s when CNDH was mentioned five times. However,
during the focus groups, even the most knowledgeable participants didn’t know there was a State Commission of Human Rights (CEDH). When we asked where to file a complaint regarding human rights, nobody
knew that the commission was the place to go. They would mention other figures such as the police, the
army, or private lawyers. However, in most scenarios, they mentioned they wouldn’t dare to file a complaint
in Mexico out of fear. In this regard, they pointed out the government as the figure that most violates human
rights; in less frequency, they mentioned police and military, and one participant mentioned “the biggest
companies”.
Regarding what social groups deserve or need the most attention from human rights commission, participants could choose two options from the following (plus an open “other” who had almost no responses).
Graphic 5. Who needs the most attention from human rights?

Source: Author.
According to this graphic, migrants (Freq: 83), indigenous people (Freq: 64), minors (Freq: 58), women
and the poor (both freq: 54) are the most in need. In the open end responses some indicated that “everyone”
is in need, while one replied “colored people”. However, this differed from the discussions in the qualitative
sessions, since when we asked if the participants belonged to a group that had need for human rights, most
of them replied they didn’t. Meaning, they don’t consider themselves vulnerable in this matter (even when
there were women participants).
They actually pointed out that the need for human rights protection is strongly related to social class.
They mentioned how often they see that the poor are the social group that gets the most violated in their
rights, since they unjustly convict them, accuse them, fail to protect them and so on. They recognized this
doesn’t happen with upper classes, since even when they’re guilty of charges, they get an acceptable or
good treatment by law. The conclusion after this discussion was that corruption plays an important role in
how human rights are respected to each individual.
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Social Representations and Acknowledgement...

In a specific section of the survey, we transcribed two articles: the 5th and the 16th. The exercise consisted in identifying their interpretation of these articles on a writing gap or misinformation due to the lack
of specification in the human right as it is in the Declaration.
Table 1. Article 5 interpretation. 37.2% abstained from responding this question.

Source: Author.
Many participants of the survey seemed confused about this article, since a significant amount decided
not to reply due to a lack of information. In any case, it seems like the majority believes that torture, cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment is not only about physical aggression, but also psychological. Article 16 is more related to gender rights for the LGBTQ+ community:
Table 2. Article 16 interpretation. No one abstained from responding the first question, 40.8% abstained from responding the second question

Source: Author.
Mexico, and specially cities like Monterrey, have a typically conservative society, and has been discussing throughout the last years the LGBTQ+ rights. While in the Constitution gay marriage is legal, States
are autonomous in deciding whether this is acceptable within the states or not, which is not the case for
Nuevo Leon that doesn’t allow gay marriage up to the moment when the survey was done (state where
Monterrey is located). The majority of the states do not marry gay couples at the moment.
Based on this response, the participants have already a very clear position regarding gay marriage, but
they don’t when it comes to adoption in homoparental families. In any case, the majority of the respondents
agree that the way this human right article is edited, leaves a space of interpretation to allow gay marriages
and adoption to be part of that right.
Considering how these three questions worked in the survey, we decided to include this exercise in the
focus groups with other articles. We first added article 3: “Everyone has the right to life, liberty and security
of the person”, and asked since what moment this right is applicable: conception, since the birth, or when
would they mark the starting point. Most of the participants were confused and looked like they didn’t have
a clear position. However, the majority considered that conception was the starting point, since they were
against abortion. Only three participants indicated that since birth, and one mentioned from four weeks
since conception. Based on this, the term “everyone” would include embryos and fetuses.
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Another article that was discussed was the 23rd: “(1) Everyone has the right to work, to free choice of
employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. (3) Everyone who works has
the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of
human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. (4) Everyone has the
right to form and to join trade unions for the protection of his interests”. The question we asked was “How
does this right work with people with informal unemployment, such as domestic employees, construction
workers, outsourcing, etc.?”
In Mexico, 57.2% of the occupied population has an informal employment (Cruz, May 17, 2017).
This means that these employees do not get the mandatory benefits such as social security, savings funds,
retirement funds, paid vacations, etc. This became an uncomfortable question since the majority of the
participants admitted they have domestic employees without a contract. However, some believed that they
gave the legal benefits to their employees by feeding them or giving them a room in case they were “stay-in
maids”. Only one participant pointed out a State initiative to promote formal contracts for domestic employees. But no clear answer was given by anyone on how this human right applies in the Mexican scenario.
In general, we noticed a lack of comprehension of human rights. When we asked if they thought new
human rights should be included now in the declaration, they mostly indicated that probably there is no
need to add, but there is definitely a need to be clearer and more specific about the articles that already exist.
Participants and their perception of Human Rights in Mexico
90.8% believe that when a State doesn’t guarantee human rights to their population, an international
intervention should be done. It is interesting to see that 95.8% of the participants think that Mexico has a
problem in respect to the violations of human rights. Based on these responses, participants would agree
with an international intervention in Mexico.
This is coherent with what has been explained before since the majority of the participants, both in
surveys and discussion groups, have a deep mistrust in Mexican authorities. Based on an INE survey, only
little over 20% of the Mexican population trusts the police force in Mexico, less than 30% trusts the municipal or state government, and close to 35% trust the federal government (Hernández, 2014). We must keep
in mind this refers to the Peña Nieto era. This is consistent with the attitudes of the respondents.
The following tables had the objective to identify which human rights do the participants of the survey
believe are the most important for them, for Mexico and for the world. For this exercise, we shortened the
list and worked with the rights that appear in the following tables, with the purpose of using the most popular ones mentioned in the pilot survey we initially did. When it comes to what human rights they believe
are the most important for them, we asked them to choose three in order of importance:

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Table 3. Which human rights do participants find most important for themselves?

Source: Author.
Based on this table, we can see that there is a tendency to find importance in the right for education, right
for life, liberty and security, and the right to opinion and expression. While the right for education is not
a common topic in the news, articles 3 and 19 are frequent cases of violations of human rights in Mexico
that constantly are mentioned in the news. This can explain why participants find them the most urgent to
protect. If we compare this table with what they believe Mexico needs the most:
Table 4. Which human rights do participants find most important for Mexico?

Source: Author.
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When it comes to the needs of Mexico, the result changes to more basic types of services such as security, social security and education. While Mexico has institutions that look after free access to school,
health care and police force, constantly is seen in the news that there are corruption scandals in all public
secretaries and political figures which means there is a failed effort from the State in accomplishing this
human right. Therefore, it is not surprising to see that this is what most participants identify as urgent for
the majority of the population. And finally, on a global scale this is what they pointed out:
Table 5. Which human rights do participants find most important for the world.

Source: Author.
On a larger scale, education, life, liberty and security are repeated. This reflects the values of the participants since it is something that is consistent also in the individual level. In respect to life, liberty and
security, it is consistent as well with the human rights cases they remember since they are mostly related to
insecurity and violence. While none of the participants indicated that they ever needed to file a complaint
by being victims of a violation of human rights themselves, they still feel aware of the insecure context
around the world.
As mentioned before, most of the participants showed mistrust to the government and public authorities. However, they pointed out that insecurity was not an issue that only Mexico had, since they compared
organized crime in this country with terrorism in other regions like Europe. The most influential mediation
is easily identifiable as mass media, since all of the mentioned sources for these cases were social media,
news and documentaries.
Compared to what survey participants believed are the most popular human rights in the news, all three
come up as what they consider the most important ones for themselves, Mexico and the world. Adding
up to them, they also indicated Liberty of thought, conscious and religion and Right to social security. 31
participants believe that the Right to social security comes up often in news, and 27 believe that Liberty of
thought, conscious and religion is frequently in the agenda, which are lower figures than the other three.
When we asked out of this list which human rights participants believed were going to be included in
the agenda of the presidential candidates in 2018, there was barely any agreement, but the most mentioned
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ones were Right to life, liberty and security; Right for education; and Right to get social security. Again,
all of them are within the human rights that are perceived to be the most popular within the news agenda.
5.- CONCLUSIONS
Three main conclusions can be drawn to understand the acknowledgement of human rights amongst
Monterrey citizens. The first one is regarding the misinformation and lack of interest in the topic of human
rights; secondly, identifying the role of news and other sources in their acknowledgement of human rights;
and third, the pessimistic attitude of the impunity and corruption in Mexico.
Unfortunately, as expected, there is a weak founded social representation regarding human rights. Most
of the participants in surveys and focus groups base their knowledge (and therefore their attitudes, interpretation, beliefs and so on) in information that arrives to them without them looking into it. Indeed, most
of what is seen in the news (which can be considered the main source of learning about human rights) is
pessimistic and even at some point fatalistic, which can explain their deep mistrust and negative viewpoint
on the topic. In this regard, there is a need to do some educational efforts in order for people to first know
their human rights, and second, how to act upon them.
Considering that mass media is probably the most important way to establish and strengthen social
representations (since it represents in a consolidated form all topics and standpoints of a society), then the
Commission of Human Rights should consider campaigns to both educate journalists and promote their role
in society. On the one hand, the role of journalists should be that of an expert in the topics they’re writing or
reporting about. If the journalist him/herself doesn’t know about human rights and their correct terms, then
most probably misinformation will be broadcasted. On the other, the Commission of Human Rights and the
State have as a clear responsibility the promotion of human rights. If they don’t do more efforts on getting
known by the population, they definitely have failed in one of their objectives.
Second, the hypothesis on news playing a significant role on people’s learning of human rights was
confirmed. While the news arrives to audiences through different platforms, the format is the same: people
read about human rights when it comes to news-reporting and cases of violations, typically unresolved.
This adds up a responsibility to journalists as explained in the first conclusion from the past paragraphs.
And third, the fatalistic viewpoint has probably created resistance from the part of the population on
wanting to learn more about it, since they all agreed that human rights news is always “bad news”. The
perception of the participants is that there is nothing they can do because violations are mostly done with
corruption, and as stated in the article, there is a clear mistrust in authorities. In a very comfortable position,
the majority of the participants expect an international-external institution to intervene Mexico in order
to resolve this problem of corruption and impunity. Another value that could be promoted by journalists
should be citizen empowerment. That way, by learning what can be done, what are the human rights, where
to report violations; there could be individuals that get interested in also contributing to the solution of
problems and the promoting of human rights.
In this matter, we could see how institutional mediations are the most influential in learning about human rights. However, due to lack of interest and/or understanding, it doesn’t transcend in a significant way
into individual’s attitudes, thoughts, emotions or general knowledge. Based on this, we can affirm that there
is a weak or practically nule social representation of human rights in general in Monterrey’s news readers.
In the meanwhile, learning about a population’s social representations on human rights can shed light on
how much culture is enabling the failure in the protection of human rights in a country like Mexico. Finding
out what sources are also contributing in the construction of these social representations, should inspire the
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involved institutions and authorities to do a better job in communicating knowledge and a better attitude
towards human rights protection.
There is evidently need for more studies in this matter. Future research should focus in comparing individuals who are not active news readers with those who are, to see if there is an actual difference in their
fatalistic point of views; as well as more studies in different regions to find out if there is difference in their
understanding and knowledge of the topic.
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México, ISSN 2395-8448. pp 43-57. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/110

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Primer proceso de regulación de las casas hogar (Centros de Asistencia Social) en el Estado de
Nuevo León, México
First regulation process of Residential Child Care (Social Assistance Centers) in the Estate of Nuevo
León, México
Leticia Ivonne, López-Villarreal1
Universidad de Monterrey
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-1		

https://orcid.org/0000-0002-9834-7250

RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación cuyo objetivo consistió en generar una explicación teórica de
formas de organización en red que contribuya a la generación de políticas públicas y describir el modelo de protección
de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que habitan en Centros de Asistencia Social (CAS) del 2006 al 2012. Estas organizaciones conocidas también como Casas Hogar. Se aplicó el método de Acción- Aprendizaje (Reginald Revans), con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal, entrevistas y diario de campo. Tras la revisión documental y el trabajo de campo, se encontraron
tipologías emergentes de roles de organización dentro de una red de protección de derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes sin cuidados parentales, y en paralelo se retrató el inventario de capacidades y relaciones generadas por los
actores involucrados en su construcción. Se concluye que las redes de relaciones cambian con el tiempo, aumentando
y disminuyendo su capital social (relacional), y el proceso de regulación de las Casas Hogar en Nuevo León, fue un
proceso institucional de aprendizaje y cambio, que pudiera ser útil para otras zonas geográficas, ahora que existe una
normativa para regular este tipo de instituciones, pero a nivel nacional, desde el 2015.
Palabras clave: Capital social, huérfano, infancia, innovación social, y política pública.
ABSTRACT
This article is the product of an investigation whose objective was to generate a theoretical explanation of forms of
network organization that contributes to the generation of public policies and describe the model of protection of human
right of children and adolescents without parental care living in Social Assistance Centers (CAS) from 2006 to 2012.
Also known as residential Child Care. The action-learning method (Reginal Revans) was applied with a qualitative
approach, non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level, interviews and field diary.
After the documentary rewiw and the fieldwork, emerging typologies of organizational roles were found within a network for the protection of human rights of children without parental care, and in parallel the inventory of capacities and
relationships generated by the actors involved in its construction. It is concluded that the networks of relations change
over time, increasing and decreasing their social capital (relational), in the process of regulation of care homes in Nuevo
León, was an institutional process of learning and change, which could be useful for others geographical areas, now that
there is a regulation to regulate this type of institutions but at the national level, since 2015.
Keywords: Social capital, orphan, childhood, social innovation, and public policy
Cómo referenciar este artículo:

López-Villarreal, L. (2019). Primer Proceso de regulación de las casas hogar (Centro de asistencia social) en el
Estado de Nuevo León, México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 58-74. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/109
Recibido: 05 de Agosto 2018 - Aceptado: 19 de Septiembre 2018
1
Doctora en Ciencias Sociales, Directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía, Universidad de Monterrey. Email; leticiaivonne.lopez@udem.edu.mx.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 58-74. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/109

�Primer proceso de regulación de las Casas Hogar ...

1.- INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 20 años el capital social, la participación y la innovación social han tomado impulso
dentro de la gestión pública en las zonas urbanas. Han surgido modelos sociales basados en capital relacional. A medida que las capacidades individuales de las regiones se expanden e interconectan, se cree que las
instituciones en red podrían convertirse en un activo colectivo basado en el conocimiento para el desarrollo.
Se publica una nueva normativa de regulación a las Casas Hogar en Nuevo León durante el 2011, después
de un caso de trata denunciado públicamente durante el 2008 dentro de este tipo de organizaciones. Esta
nueva normativa provocó el surgimiento de una red para cumplir con los nuevos requisitos de operación,
necesarios para recibir licencia que permitiera a este tipo de organizaciones seguir atendiendo niños, niñas
y adolescentes en situación de abandono.
Claramente, en el surgimiento de una sociedad totalmente en red, una pregunta importante es ¿cómo
crear redes para fortalecer la sociedad civil y el gobierno?, para la protección de derechos humanos a nivel
regional. Responder a esta pregunta, llevaría a una estrategia para superar problemas como marginación,
exclusión y desigualdad social, ausencia de instituciones públicas y privadas para regenerar regiones empobrecidas y garantizar derechos humanos de la población. Por lo que este documento analiza como las
personas en las ciudades desarrollan nuevas formas de organización, participación y ciudadanía, siguiendo
nociones de sociedades basadas en el conocimiento generado de un proceso de aprendizaje.
El estudio tiene como objetivo analizar las prácticas y posibilidades de la red, para promover acciones,
y políticas públicas, que a su vez favorecería la protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, algunos huérfanos y abandonados en Centros de Asistencia Social (CAS),
que éste es el término que se empezó a utilizar para nombrar a las Casas Hogar, después de la publicación
de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional, en Diciembre del 2014.
En el artículo 4, en el apartado V se indica que este tipo de organización es un establecimiento, lugar o
espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones Se categorizarán las prácticas
socio-organizacionales: en un proceso de regulación a las Casas Hogar en Nuevo León (México), que inició
en el 2006 y que terminó en el 2012 con la entrega de licencias de operación por parte del gobierno estatal.
Se analizará desde una perspectiva sociológica como los miembros de una red crean conocimiento mediante procesos de aprendizaje que surgen de la experiencia de sus relaciones. Aprender, es una capacidad
institucional para afectar los procesos de participación ciudadana, la gobernanza y la gestión de la innovación social. Este documento presenta un estudio contextualizado de la colaboración en red entre la sociedad
civil y el gobierno en sus tres niveles. La investigación tiene una revisión de la literatura existente sobre la
transición entre el Estado de bienestar y el Estado relacional, que depende de las redes de colaboración para
realizar sus objetivos sociales.
Se vuelve significativo analizar el caso de Nuevo León por el hecho de ser éste el primer Estado de la
federación en proponer y publicar una ley para regular el funcionamiento de las Casas Hogar. También
porque creó una serie de áreas administrativas para regular y profesionalizar estas instituciones desde el
Gobierno Estatal. Estas iniciativas hacen de Nuevo León una zona territorial que se encuentra en proceso
de institucionalización de las Casas Hogar. De esta forma, este trabajo de investigación aspira a brindar
un nuevo lenguaje regional en materia de generación de políticas públicas para la protección a la infancia
institucionalizada en Nuevo León, donde las Casas Hogar, empezaron a tener un lugar importante en la
agenda pública.

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2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Capital social y redes en una sociedad relacional.
Una de las definiciones del Estado en términos de gestión pública ha sido el del Estado habilitador (Gilbert, 2002). Al teorizar un Estado relacional potencial, Gilbert (2005) enfatiza el enfoque a un Estado, cuya
función es proporcionar protección social a través de apoyo, generando así responsabilidades privadas.
Xunaxhi y Pineda (2017) indican:
La profesionalización se convierte en una herramienta fundamental de la nueva gestión pública para
trata de superar algunos de los problemas típicos de las administraciones tradicionales, tales como que, al
permanecer estas sin vigilancia, se vuelven corruptas e incompetentes, además que se desarrolla dentro de
ellas una burocracia más poderosa y prácticamente inamovible. (p.47).
Se vuelve un proceso significativo en procesos de protección de derechos humanos donde la eficiencia
de las acciones de supervisión debe cuidarse en lo administrativo, para cumplir los objetivos de regulación
planteados a instituciones que en este caso, atienden niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y
se encuentran en situación de abandono en estas organizaciones privadas o públicas.
Por otro lado, el sociólogo británico Giddens (2007) prefiere un tipo diferente de Estado relacional, un
Estado garante que influye en los resultados de las acciones para favorecer el interés público, en lugar de un
Estado habilitador que emplea la inversión social tanto como sea posible para ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. A diferencia de la aproximación de Gilbert (2005), Giddens (2007) propone un Estado
que busca empoderar a sus ciudadanos, además de proporcionar un marco de garantías (salarios mínimos,
por ejemplo). Donde las instituciones de servicio público deben ser tan receptivas a las necesidades de
aquellos que sirven como lo hacen la mayoría de las empresas privadas frente a sus clientes.
Etzioni (1998) y Giddens (1994, 1998), empezaron a incluir en las nociones emergentes de gestión
pública, el concepto icónico de la gobernanza. Kooiman (2003) define la gobernabilidad como la totalidad
de las interacciones públicas y privadas dedicadas a resolver problemas y crear redes sociales, oportunidades. Él lo llama gobernanza interactiva. Hay aspectos relevantes en esta perspectiva que se relaciona con
la definición de Estado relacional donde un Estado fuerte no se deriva de una constitución, es una cuestión
contextual (Pierre y Peters, 2000). Enfoques de gobernanza que serían relevantes para la noción del Estado
relacional, son aquellos que se analizan tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro de la
institución pública (Mendoza y Vernis, 2008). “Porque es necesario desarrollar la capacidad de pensar a
nivel de asociación, de red para fomentar la experimentación y la diversidad” (Mendoza y Vernis, 2008,
p.25).
Generación de conocimiento colectivo
Por otro lado, el término red designa una relación social entre los actores. Los actores en una red social
pueden ser personas, pero también colectivos en forma de grupos, instituciones, comunidades o incluso
sociedades (Seufert et al., 1999). Las redes son determinadas por su contenido (productos o servicios, información), forma (por ejemplo: duración y cercanía de la relación) e intensidad (por ejemplo: frecuencia
de comunicación). Se piensa que la forma y la intensidad de las relaciones de red, establecen la estructura
de la misma (Burt, 2000). Además, las relaciones entre los actores se basan en interrelaciones personal-organizacional o técnico-institucionales a largo plazo (Seufert et al., 1999).
Pero, ¿qué es el conocimiento? Hay una tradición que se remonta hasta Platón, conocida como la teoría
tripartita del conocimiento que la define como creencia verdadera justificada. La teoría dice: si crees en
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algo, con justificación, entonces sabes eso, de lo contrario, no lo sabes (desde http: //www.theoryofknowledge). Claramente cuanto más profundo sea nuestro aprender, lo más consciente, específico y articulado será
nuestro conocimiento de lo que no sé. En cierto modo, a nivel individual, tomamos conciencia de nuestra
ignorancia (Popper, 1963). Sin embargo, este trabajo se adhiere más a las definiciones de conocimiento
como un proceso de aprendizaje social, y, por lo tanto, una cosecha colectiva.
Esta conceptualización de los procesos de conocimiento como procesos sociales prevalece en la literatura moderna basada en el conocimiento y en el aprendizaje. Como Giddens (2007) y Berends (2003),
creen que la estructura es un recurso para la interacción en el sentido de que los individuos o actores no
construyen la realidad social desde cero, sino que se basan en elementos estructurales preexistentes en sus
acciones. Las reglas y recursos existentes hacen posible las acciones humanas, pero a su vez, la acción
humana está restringida por las estructuras existentes, que provoca esa estructura como habilitación y restricción (Berends et al., 2003; Timbrell et al., 2005).
Redes en relación
Las redes de conocimiento social también se definen por diferentes grados de transferencia de conocimiento y capacidades. Hansen (1999) descubrió que los vínculos débiles ayudan a una búsqueda de conocimiento útil, pero impiden la transferencia de conocimiento tácito, que requiere fuertes lazos entre las dos
partes para una transferencia efectiva (ver figura1). Capital social vinculante se refiere a los lazos intracomunitarios dentro de grupos relativamente homogéneos (familia y grupo étnico, entre otros), en el que los
miembros pueden depender en situaciones de necesidad. La unión del capital social ayuda a construir la
cohesión social y un sentido de objetivos compartidos. Unir el capital social se refiere a los lazos intercomunitarios entre individuos y grupos, que atraviesan divisiones sociales, como el origen étnico, el género
y el estatus socioeconómico. A pesar de que es poco probable que estos sean tan fuertes como los lazos
intracomunitarios, parece que se requiere una combinación de ambos para que los individuos trasciendan
sus comunidades (Gratnovetter, 1995).
Figura 1. Fuerza de la Red.

Fuente: Adaptación de Hansen (1989), en Augier y Vandelo (1999).
Taylor et al. (2004), indica que: “la vinculación del capital social o la integración, para algunos autores
se refiere a la naturaleza y extensión de los vínculos que conectan las esferas civil y política” (p.228). “Y
las relaciones entre individuos y grupos en vertical, es decir, relaciones jerárquicas o basadas en el poder” (Healy, 2002, p.79). “El concepto de la inclusión refleja una distribución relativamente horizontal de
las relaciones de poder que fomenta confianza mutua y normas de cooperación entre los ciudadanos y el
Estado” (Wallis y Killerby, 2004, p.250). Los lazos fuertes aparentemente permiten la interacción cara a
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cara entre las dos partes involucradas en la transferencia, y por lo tanto la riqueza de los medios utilizados
para el conocimiento y la transferencia es alta y es más adecuada para la transferencia de conocimiento
tácito (Augier y Vendelo, 1999). Por otro lado, autores como Mellucci (1999) agregan dimensiones como
solidaridad e interdependencia, cuando los actores de una red producen una acción colectiva porque son
capaces de definirse a sí mismos y su campo de acción (relaciones con otros, disponibilidad de recursos,
oportunidades, limitaciones).
Sin embargo, (Gratnovetter, 1973), indica que los lazos débiles, son altamente eficientes para compartir
conocimiento porque dan acceso a información novedosa mediante la conexión de grupos e individuos.
“Sorprendentemente, es probable que los lazos fuertes proporcionen redundante información, ya que a
menudo existen entre un pequeño grupo de actores conocimiento que ya saben, lo que los otros también
conocen” (Hansen, 1999, p.83). Por lo tanto, en términos de capital social relacional, se asocia una caracterización de redes por su vinculación de capital social y transferencia de conocimiento. En consecuencia, los
vínculos fuertes, es decir, las relaciones con personas más conocidas, pueden no proporcionar información
nueva e inesperada como los lazos débiles. Putnam (2000) también hizo hincapié en cómo la unión del capital social promueve unas intensas y estrechas redes interpersonales. En los conceptos de capital social, el
capital está conectado a las relaciones entre los miembros que participan activamente y que se conocen. Sin
embargo, el concepto de capital puente se refiere a los vínculos sociales entre personas que no se conocen
muy bien. Este tipo de capital puente se refiere a las relaciones entre aquellos miembros que son bastante
inactivos y participan dentro de la red en actividades solo de forma ocasional (García, 2006). En resumen,
nadie puede poseer capital social, solamente por sí mismo, ya que se encuentra en las relaciones entre las
personas. Para fines de este artículo, se ha adoptado la definición de capital social según Burt (1992), que
se refiere tanto a los contactos de recursos como a la estructura de contactos de una red. “Una persona que
participa en una determinada posición en una red social puede ser “un activo por derecho propio. Ese activo
es capital social” (Burt, 1992, p.12).
Redes de protección de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en
Nuevo León.
La región fronteriza del Norte de México ha pasado de repente a ser un “modelo para economías en
desarrollo a un símbolo del caos de la guerra contra las drogas en México, absorbido en una espiral oscura
de asesinatos de pandillas, crímenes violentos y creciente anarquía” (Emmott, 2011). En ese contexto, la
ciudad de Monterrey en Nuevo León presenta una sólida vida y cultura industrial, en donde se establecieron
estándares empresariales de más de cien años de antigüedad. Tal cultura ha creado un corredor notorio de
capital social y oportunidades de colaboración dentro de México y sus vecinos de Texas (Pavlakovich-Kochi et al., 2004). De ahí, un valioso debate e investigación alrededor de la idea de que el capital social y la
creación de redes se pueden expresar y aprovechar en tales contextos.
De hecho, en el contexto de los Centros de Asistencia Social que atienden a niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales, se generó un conjunto de procesos dinámicos que provocó la creación de una red
en Nuevo León. Como consecuencia de una sucesión de hechos en 2011. En este año, se publicó una ley a
nivel Estatal para regular a este tipo de instituciones y evitar violaciones de derechos humanos al interior
de las mismas, generando también legitimidad y confiabilidad para los benefactores. Por lo que la norma,
generó una serie de cambios en las interacciones y relaciones entre las Casas Hogar y el gobierno local,
lidereados por el Sistema de Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León.
En este contexto de crisis, surgieron nuevos actores y las nuevas regulaciones marcaron el ritmo para el
desarrollo de capacidades dentro de las instituciones que buscaban la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en Nuevo León.
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación emprende el análisis de las relaciones entre actores en
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el proceso de institucionalización de la infancia y adolescencia que vive en las Casas Hogar en Nuevo León
(México), y el tipo de agencia que retratan es de acuerdo a la perspectiva sociológica de Giddens (1990)
antes y después de que la norma del gobierno se hiciera pública. La investigación implicó la observación
del aprendizaje y los procesos de generación de redes entre los grupos de interés. Lo más importante, es que
también implicó una reflexión sobre la acción dentro del espacio observado, tanto con la supervisora de la
tesis doctoral asignada como en reuniones constantes con algunos de los actores que formaron parte de este
proceso durante siete años. Los actores que permanecieron durante este período son individuos que pasaron
por el proceso de institucionalización y regulación del 2006 al 2012, y que tenían funciones de acogimiento residencial, familiares de las niñas y niños y oficinas de gobierno. El núcleo de la investigación fue la
observación de sus relaciones y el cambio de las estructuras sociales para la protección de esta población
que se encuentra en instituciones sin cuidados parentales (niñas y niños separados de forma temporal o
permanente de su familia de origen).
Se realizó mi observación del aprendizaje institucional y de los procesos de generación de redes. Principalmente como participante observador de este proceso de interacción intenso y continuo entre las partes
interesadas. Durante siete años, tuve un papel en el proceso de institucionalización como actor, observador
participante, y analista, desde una perspectiva como investigadora. Me uní a algunas discusiones de grupos
pequeños, donde se estaba gestionando el conocimiento adquirido, por los cuestionamientos, planificación
de proyectos. Estas interacciones se convirtieron en aprendizaje significativo y al mismo tiempo contribuyó
tanto al análisis en términos de la investigación y también en términos de planificación a favor de las Casas
Hogar para el cumplimiento del nuevo marco legal.
En este contexto, tenía un rol privilegiado: era un actor activo, profundamente involucrado en el proceso. En esos términos, creo que me convertí en un agente (Giddens, 1990), definido de la siguiente manera:
•

•

•

Un agente es competente: el criterio fundamental de competencia es que un actor es capaz de explicar todas las actividades que realiza, si se le pregunta. Agentes de rutina y casi sin esfuerzo de tener
una comprensión teórica continua de los fundamentos de su actividad. Como parte de una organización de la sociedad civil (OSC), me uní a un comité del gobierno, para la toma de decisiones sobre
regulación y profesionalización de Casas Hogar, donde me preguntaban mi opinión en relación a
las acciones y las decisiones.
El agente es reflexivo: la reflexividad es la capacidad del agente para registrar sistemáticamente
aspectos sociales de los contextos en los que se mueve. Esta reflexividad es lo que posibilita las
prácticas sociales recursivas. Utilicé un diario de campo en todas las reuniones, entrevistas, eventos, trabajos en grupo, et. Grabé aspectos importantes en ese diario, que incluía diálogos de cada
encuentro, que luego analizaría desde una perspectiva sociológica para compartir con los actores
para alcanzar consenso y acuerdos. Esto a su vez, me llevó a construir una vista panorámica y a
integrar la visión de todos los involucrados en la realidad observada.
El agente es intencional: el agente responde a las razones y motivos de sus acciones, aunque muchas de estas motivaciones no son parte de sus discursos. Giddens distingue dos elementos (ambos
forman parte de un modelo): racionalización y motivación. La racionalización corresponde a lo teórico, y la motivación lo que le mueve a actuar, desde deseos que no son necesariamente conocidos
por el agente. Por ejemplo, crecí preocupada por los niños y niñas abandonados que viven en Casas
Hogar antes de que supiera mi historia familiar, en donde mis dos abuelos paterno y materno, fueron adoptados. Me involucré a medida que crecía la conciencia de la realidad vivida por este sector
vulnerable de nuestra sociedad. Estaba muy consciente (en medio de una escalada violenta en Monterrey) que habría consecuencias amargas en la sociedad si no se llegaba a una solución mediante
acciones concretas a favor de las Casas Hogar o Centros de Asistencia Social. Giddens (1990) cree
que la acción se considera intencional cuando el actor conozca que él tendrá cierto resultado y usará
ese conocimiento para lograr tal resultado. Además, la acción del agente tiene consecuencias no

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deseadas e implicaciones imprevistas que están más allá del alcance del agente, de ahí la intencionalidad. De hecho, Giddens (1990) define la intención como un acto del cual el autor es conocido,
o se cree que tiene una calidad y un resultado particular, y es quién cuenta con ese conocimiento
utilizado por el actor para lograr la calidad o el resultado implícito. Cuando empecé mi proceso de
investigación en el 2009, no imaginé que tendría esta experiencia en un momento histórico a nivel
nacional en temas de protección de derechos humanos de la infancia y adolescencia institucionalizada y los cambios estructurales que traería.
3.- MÉTODO
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7)
Este documento se deriva de una investigación que duró cuatro años a nivel de doctorado que comenzó
con una pasión por la articulación de las interacciones sociales, un espíritu emprendedor y una aspiración
por la innovación social. Mucho antes de emprender la investigación doctoral fundé una organización no
gubernamental llamada Pequeños Gigantes Mexicanos con el objetivo de proteger los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes que habitan en Casas Hogar o Centros de Asistencia Social. A través de la
cual se tuvo un rol de mediación entre las Casas Hogar de Nuevo León y el gobierno, durante el proceso de
regulación que empezó en el 2011 a nivel local. Por lo tanto, estuve totalmente involucrada en el proceso
de regulación y profesionalización de este tipo de instituciones, además que como comenté anteriormente,
mis abuelos paterno y materno fueron adoptados. Sin embargo, no era consciente de todos los mecanismos
involucrados en un proceso de regulación institucional en una región geográfica concreta. Me di cuenta
durante el proceso de investigación, de las implicaciones e incluyendo mis prenociones basadas en mi
experiencia familiar.
Diseño
En términos de investigación, se adoptó un enfoque socio-constructivista, en el sentido de que consideré
uno por uno, todas las perspectivas de los actores involucrados para observar los procesos de institucionalización y regulación. Sin embargo, ya que la investigación analizó desde mi propia práctica y participación en el proceso, seleccioné el enfoque de Acción-Aprendizaje (Acción-Learning) acuñado por Revans
(1959), como la más adecuada herramienta para el tipo de investigación que estaba realizando. Esta metodología fue desarrollada por Revans en la década de 1940, Acción-Aprendizaje ofrece un método probado
para acelerar el aprendizaje, lo que permite a las personas manejar problemas complejos de manera más
efectiva. Se trata de trabajar en problemas reales, centrados en el aprendizaje y en la implementación de
soluciones. Es una forma de aprender haciendo. Así, seleccioné esta metodología para reflejar y analizar el
proceso observado, a través de mi rol dentro de Pequeños Gigantes Mexicanos, y permitirme rendir cuentas
y reflexionar sobre mi acción y articulación de algunos actores que han participado en el proceso de institucionalización realizado por el Estado de Nuevo León.
El Acción-Aprendizaje es un proceso dinámico, una forma de aprender de nuestras acciones y experiencias; en un espacio de tiempo determinado dedicado solamente a: cuestionar, reflexionar para después
planear cómo actuar de forma diferente en el futuro en base al aprendizaje significativo obtenido de la
actividad realizada (MacGill y Beaty, 2001) El grupo de reflexión no puede ser de más de 6 personas, en
mi caso la Dra. Blanca García, quién fue mi directora de tesis doctoral era parte de ese espacio de reflexión
grupal principal. Aunque tuve varios grupos de reflexión con los diferentes actores mencionados (Casas
Hogar, Gobierno Estatal, miembros de la Red de Apoyo a Casas Hogar) y que formaban parte del proceso
de institucionalización.
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Se consideraron en el estudio 16 Casas Hogar de 40 que se encontraban operando en Nuevo León hasta
diciembre del 2012. Se consideraron algunas criterios endógenos y exógenos de validez para la selección
de la muestra de las Casas Hogares, los cuales se dividieron en tres niveles A, B y C para tener instituciones
representativas de la población total; con la finalidad de aplicar las herramientas de investigación y elaborar
el perfil de los actores, así como la obtención de la información sobre las relaciones generadas durante el
proceso de institucionalización. Éstas fueron a quiénes se aplicó una entrevista a profundidad para conocer
su forma de operar, identificar la vida social al interior de estas e identificar las relaciones entre ellas y con
los otros actores que se consideraron integrar en el análisis: el gobierno que es el responsable de regularlas
y la Red de Apoyo a Casas Hogar que apoyaron con capital social al cumplimiento de la ley.
La unidad de análisis fueron las relaciones entre los actores del proceso de institucionalización de las
Casas Hogar, así como su agencia desde la perspectiva sociológica de autores como Giddens (1984) antes
y después de la norma gubernamental, se fue obteniendo en base al aprendizaje que se fue construyendo
en mis grupos de reflexión, elemento indispensable de la metodología mencionada. Dichos grupos contaban como miembros a mi directora de tesis y parte de los actores entrevistados: Gobierno, familiares de la
infancia institucionalizada, Casas Hogar y Comité de Gestoría y Redes de Apoyo a Casas Hogar. Porque
estos actores interactuaron conmigo no sólo una vez; sino muchas veces por 5 años y medio, a veces de
forma cotidiana, en donde mi rol como observador participante era de investigadora, gestora, articuladora,
y administradora; todo al mismo tiempo.
Esta visión propone que los individuos y la sociedad perciben como realidad lo que no es más que una
construcción, una creación de la interacción social entre esos individuos y los grupos. Y desde esta perspectiva, se le da mayor importancia a los significados, reflexiones, discursos y comprensión de los actores
en relación con el proceso social en la que se encuentran. Es por lo anterior que este método fue el más
adecuado para esta investigación.
Instrumentos
Siguiendo a Revans (1982), se coincide en que no existe aprendizaje sin acción y no existe acción sin
aprendizaje. Y en sociología, la entrevista cualitativa es una técnica importante para la generación de un
conocimiento sistemático sobre el mundo social. Por lo que los instrumentos que se seleccionaron para
obtener la información de esta investigación fueron:
a) Entrevistas
b) Documentación generada por los actores
c) Diario de campo generado de observación participante
d) Grupo de enfoque.
e) Notas del Grupo de Reflexión o “Set” de Aprendizaje Acción (Ejemplo.- Junta de Redes de Casas
Hogar de la Región Noreste en el 2011, Sesiones del Comité Interinstitucional para la regulación de las
Casas Hogar en Nuevo León).
La diferencia metodológica de la aplicación de los primeros dos instrumentos con lo que se realiza tradicionalmente, es que las entrevistas fueron aplicadas a las mismas personas por 5 y medio años, y parte de
la documentación empírica generada fue como resultado de la sistematización de las mismas; en donde yo
tomé parte en su construcción. El diario de campo si se realizó una sola vez. Se desarrolló con el mismo proceso etnográfico que se sigue en diferentes trabajos de campo para la obtención de la información empírica.
El trabajo de campo fue proporcionado por colegas de organizaciones de la sociedad civil con los que
ya había colaborado anteriormente y estaban profundamente involucrados con la realidad observada, enRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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trevistas semi-estructuradas. Las cuales produjeron narrativas reflexivas de los actores que aumentaron la
riqueza de lo aprendido en siete años. Se tuvieron dos líneas de reflexión durante el proceso metodológico:
1.
2.

Información generada por 16 Casas Hogar (de un total de 40 que estaban operando en Nuevo León
en diciembre del 2012). Permitió identificar la forma como funcionaban estas instituciones, su vida
social y conocer el tipo de relaciones que mantenían con el gobierno.
Información generada por algunas personas clave dentro del DIF Nuevo León que tenían un estado
de involucramiento del 2006 al 2012. Estos documentos se revisaron mediante el análisis del discurso, con el fin de detectar aún más el nivel e intensidad de las relaciones y construcción de la red.

Se privilegiaron los métodos cualitativos, debido a que éstos enfatizan el proceso. Por ejemplo, Tárres
(2001) menciona que los métodos cualitativos ponen énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual en el que éstos se desarrollan, centrándose en el significado de las relaciones. Por lo que fueron los
cualitativos, los más adecuados para capturar esas relaciones y la subjetividad de los actores. Los métodos
cuantitativos no consideran los detalles, los cuales para este análisis son relevantes; porque permiten conocer las funciones de los actores mencionados en el problema de investigación. Son los métodos cualitativos
los que conceptualizan la realidad, que en este caso se requiere para que la información se convierta en un
análisis del proceso de institucionalización de las Casas Hogar de Nuevo León
Procedimiento
Esta metodología de Acción-Aprendizaje está basada en 3 elementos para el análisis de la información empírica obtenida del trabajo de campo:(1) Aprendizaje = (2) Administración del conocimiento + (3)
Cuestionamiento. Por lo que fue necesario un grupo de reflexión que tuviera la función del intercambio de
conocimiento, que se obtiene de la experiencia de la acción en un determinado contexto y tiempo. En este
espacio se realizaron los cuestionamientos para la administración del conocimiento generado a través del
intercambio de información. Al analizar esa información mediante el dialogo, puede convertirse en nuevo
conocimiento; y por lo tanto aprendizaje significativo que fue aportando los argumentos para cumplir con
los objetivos de investigación.
Así que la observación y la obtención de la información empírica se realizó y obtuvo de 4 tipos de actores en la sociedad: 1) gobierno; 2) familiares de la infancia institucionalizada; 3) Casas Hogar; 4) Comité
de Gestoría y Redes de Apoyo a Casas Hogar. Ahora bien, desde el paradigma socio-constructivista es la
comunidad receptora la que valida los resultados de investigación (Easterby-Smith, et. al., 2012) lo cual se
logró plenamente al entregarle a la comunidad un Manual Normativo para Casas Hogar (López, 2014) que
tendrá su aplicación piloto primero en Nuevo León y después en otros estados a nivel nacional.
A los cuatro tipos de actores o fuentes de información se les llamó en términos metodológicos sujetos
del conocimiento, porque cuando reflexionaban sobre el contexto que les rodeaba o establecían procesos
de dialogo en beneficio del modelo de protección a la infancia institucionalizada en el que participaban y
pertenecían, empezaban a construir conocimiento. De acuerdo al proceso metodológico de Acción-Aprendizaje propuesto por Revans (1998), el individuo que forma parte de su propia realidad y reflexiona sobre
ella comienza a transformar su conocimiento tácito en conocimiento explícito, y logra aprendizajes significativos y transformadores de dicha experiencia.
El análisis se realizó bajo la técnica cualitativa de análisis de contenido, debido a que considera el contexto de producción del discurso, y las características socio-lingüísticas del contexto y el mensaje. Además,
que permitió realizar indagaciones sobre los procesos de producción o recepción de los mensajes mediante
la construcción de categorías de análisis y árboles conceptuales que explican en el modelo de atención de la
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infancia institucionalizada en Nuevo León, que se expresa en los resultados de este documento.
Sin embargo, parte de la información observada y recopilada se filtró con algunas pre-nociones que no
logré hacer conscientes durante el trabajo de campo, y durante parte de la redacción del documento. Esto,
como efecto de haber estado altamente involucrada como un actor más dentro de la realidad observada,
especialmente al inicio de esta investigación y en parte del trabajo de campo.
La validez de los resultados se obtuvo a través de la triangulación de datos, debido a que como resultado
de la investigación se elaboró un Manual Normativo para las Casas Hogar, con la finalidad de apoyarlas en
el proceso de regulación que estaban experimentando en ese momento por parte del gobierno estatal. Para
fines metodológicos, estas tres fuentes de información fueron llamados sujetos de conocimiento, porque
cuando a estos actores se les pidió reflexionar sobre el contexto que los rodeaba o establecer procesos de
diálogo a favor del modelo de protección en el que participaban, usualmente eran capaces de construir nuevos conocimientos (conocimiento tácito en conocimiento explícito) (Nonaka, 1991).
4.- RESULTADOS
Sistema de redes emergentes y prácticas sociales a favor de la infancia institucionalizada.
En 2012, se estaban teniendo dificultades por parte de las Casas Hogar de Nuevo León para recibir
licencias de operación por parte del gobierno estatal, por la falta de cumplimiento de los requisitos que establecía la nueva ley publicada en el 2011, a nivel local. Los requisitos eran exigentes, por lo que se realizó
una extensión al cumplimiento del plazo por petición de las Casas Hogar, uno de los primeros pasos de
nueva acción colectiva. Por otra parte, el 80% de este tipo de instituciones corrían el riesgo de ser cerradas,
por la falta de cumplimiento, lo que produjo que se movilizaran por primera vez buscar asistencia y apoyo. Esto también creó un problema para el gobierno estatal, porque si las cerraban, tendrían que reubicar
a todos los niños y niñas, y no se tenían espacios para ello. Es decir, el gobierno no tenía la logística ni un
plan para abastecer las necesidades emergentes. Hasta ese momento las Casas Hogar no tenían una comunicación constante entre sí ni con el gobierno.
Por otro lado, el gobierno estatal, en un esfuerzo por prepararse para la aplicación de la Ley que regula
a las Instituciones de Guarda y Custodia del Estado de Nuevo León, publicada en el 2011, reestructuró su
personal en julio de ese mismo año, para dar seguimiento a la regulación. Pasando de 8 a 33 empleados, de
esta forma el DIF Nuevo León buscaba asegurar que prácticamente cada institución tuviera un delegado
que le apoyara al cumplimiento de los requisitos y avanzar en términos de cuidado de esta población. Por
su parte, las Casas Hogar comenzaron a interactuar entre sí, y a discutir sus prácticas para los retos del futuro, así como las nuevas relaciones que establecerían con el gobierno, con la finalidad de poder obtener la
licencia de operación y evitar ser cerradas. Algunas personas en estas instituciones expresaron desacuerdo,
tenían muchos puntos contra la ley. Esta movilización desencadenó la creación de redes y el establecimiento de relaciones nuevas entre las Casas Hogar. Como menciona Mellucci (1999), los actores producen
colectivamente acción porque son capaces de definirse a sí mismos y el campo de acción (relaciones con
otros, disponibilidad de recursos, oportunidades, restricciones). Esta categorización de los roles dentro de
la organización de una red podría ser útil cuando se analizan de la siguiente forma: 1) servicio de redes de
implementación, 2) redes de difusión de información, 3) redes de desarrollo de capacidades, 3) redes de
resolución de problemas. Todas estas redes estaban presentes y se consideraron para el proceso analizado
en Nuevo León, como se presentarán a continuación.
A medida que continuaba el trabajo de investigación de campo, se observó que los nuevos roles (y tipos)
de interacciones y socialización entre los diferentes agentes implicados en el funcionamiento de las Casas
Hogar. Antes del 5 de julio del 2011, algunas instituciones no tenían un consejo dentro de su estructura, el
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director era el abogado contador, por lo que debía realizar varias funciones al mismo tiempo. Desde el DIF
Nuevo León se les comenzó a asesorar y apoyar en la creación de la gobernanza para su consolidación. Este
tipo de acción desencadenó varios tipos de socialización, que se relacionan con las posturas de Gratnovetter
(1985), Melluci (1999) y AbouAssi (2013) como: disruptivo, articulador resiliente e interdependiente:
•

•

•

Agentes Protectores (interdependientes). - son los responsables de asegurar la protección de los
derechos de la infancia institucionalizada en Nuevo León. Garantizar que se realicen las acciones
necesarias para que sus derechos no sean violados y puedan ejercerlos libremente porque el contexto donde se encuentran internados tiene las condiciones para este fin. Siguen los lineamientos de la
Convención de los Derechos del Niño y las directrices que se han generado por parte de organismos
internacionales para su cumplimiento. Es de donde surgen las reformas y publicaciones de nuevos
marcos jurídicos que contribuyan a la protección de los derechos de la infancia en las Casas Hogar.
Agentes Reguladores (disruptivos).- tienen como principal función la supervisión del cumplimiento de la ley por parte de las Casas Hogar. Su responsabilidad es crear los mecanismos necesarios
para asesorar a estas instituciones, para que puedan realizar los cambios necesarios dentro de su
operación para cumplir con la normativa. Son los organismos que tienen la autoridad legal de regulación, supervisión, administración y sanción de las Casas Hogar en Nuevo León
Agentes Cuidadores (articuladores resilientes).- sus acciones están enfocadas a brindar apoyo a las
Casas Hogar con la finalidad de mejorar su operación y colaborar para que puedan cumplir con los
lineamientos establecidos en el marco jurídico vigente. Realizan donativos en especie, en efectivo,
crean proyectos y programas enfocados al desarrollo integral del menor, así como del personal que
trabaja dentro de estas instituciones. Parte de su responsabilidad es desarrollar y cuidar un plan de
vida para los menores, así como colaborar en su formación durante su estancia dentro de la Casa
Hogar.

A continuación, se presenta el modelo de protección de derechos de la infancia y adolescencia institucionalizada en Nuevo León que comenzó a operar a partir del 2012, y se estuvo estableciendo progresivamente
como un sistema. Con el tiempo se observó que cada agente cambiaba sus prácticas sociales, así como el
tipo de relaciones con autoridades gubernamentales, empresas, instituciones educativas, y organizaciones
de la sociedad civil. En el fondo, se tenía la visión de impregnar en el resto de los agentes del sistema para
proteger los derechos humanos de esta población en el Estado. Y es producto de las acciones colectivas de
los agentes que pertenecen al proceso de institucionalización de las Casas Hogar en Nuevo León. Es decir,
se analizan las acciones de sus agentes colectivos e individuales como un sistema.

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Figura 2.- Modelo de protección de derechos de la infancia y adolescencia institucionalizada en Nuevo
León, durante el 2012

Fuente: Elaboración propia.
5.- CONCLUSIONES
En los modelos de capital social se piensa que las prácticas sociales se construyen en hábitos que son
duraderos y transferibles en el tiempo (Bourdieu, 1990). Estas prácticas estuvieron presentes en las actividades diarias de las Casas Hogar desde su fundación y hasta el 2011; algunos con cambios graduales a lo
largo del tiempo pero que se relacionaban con la protección de los derechos humanos. La integración de la
acción a la estructura existente se realizó en dos niveles de acuerdo a la teoría de la estructuración, uno de
ellos es la integración social (micro), que se refiere a las prácticas de comunicación y a la acción individual
de cada actor. Antes de la publicación de la ley, los actores como personas con información privilegiada en
una Casa Hogar tenían prácticas recursivas (o categorías mentales) traducidas a acciones que fueron moldeadas por el espacio social donde estos actores han estado interactuando constantemente en la historia del
funcionamiento de estas instituciones en Nuevo León.
En los siguientes párrafos, algunas de las acciones individuales que se realizaron continuamente a lo largo del tiempo dentro de una institución de tutela y custodia se han categorizado y conceptualizado, partiendo del análisis de las relaciones de las organizaciones. Este trabajo ha considerado el comportamiento de
redes locales responsables de la protección de esta población a medida que fueron respondiendo a cambios
en la política pública. Elementos del comportamiento de la red y cambios de capital social (Mellucci, 1999;
Giddens, 2006) se mantienen constantes en este análisis. Por otra parte, una atención a múltiples tipos de
conexiones (contratos, referencias, intercambio de información, proyectos conjuntos, etc.) que mantienen
unidas a las redes de organizaciones, fueron la base del análisis.
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Con este proceso de institucionalización se iniciaron nuevas formas de socialización durante las interacciones entre los agentes colectivos e individuales, que se pueden observar en Figura 2: a) socialización
colaborativa.- es cuando sucede una interacción con reciprocidad entre los agentes, es decir, ambos van
modificando sus acciones por el intercambio de estímulos que se presentan en la relación. Los agentes
individuales van cambiando su forma de operación, creencias, forma de pensamiento, la forma misma de
relacionarse, lo cual impacta en la relación e interacción que tienen con otros actores. En este tipo de socialización es donde se generan los cambios en las prácticas sociales que se habían estado realizando a través
del tiempo; b) socialización legalista.-se expresa entre dos agentes, en donde uno de ellos tiene la autoridad
legal de regular y supervisar al otro durante la interacción. Esta autoridad legal es brindada por un marco
jurídico vigente, es una relación de regulación, imposición y por lo tanto sumisión de parte del otro agente;
c) socialización soporte.- se manifiesta en la interacción de dos agentes, cuando uno de ellos apoya mediante conocimiento, recurso humano, donativos en efectivo o especie, acompañamiento, asesoría, programas,
proyectos de apoyo al otro; como parte de sus objetivos de operación. Estas tres formas de interacción se
observan en la tipología identificada con agentes, como se presenta a continuación.
1.-Alto acceso a recursos y oportunidades/fuertes lazos: interdependientes o agentes protectores.
El alto acceso a los recursos muestra la capacidad de una organización para promover el primer elemento por excelencia en las redes: la solidaridad.
La solidaridad, se cree que deriva en un comportamiento interdependiente (Mellucci, 1999), que es la
capacidad de los actores para reconocerse ellos mismos y ser reconocidos como miembros del mismo sistema de relaciones sociales. En el análisis se observó que las 40 Casa Hogar que se localizaron por el DIF
Nuevo León, posteriormente fueron convocados para capacitación. En este contexto, los funcionarios de
gobierno fueron considerados como parte de una red informal, que, aunque tienen estatus y una racionalidad diferente, persiguen el mismo objetivo de protección a la infancia institucionalizada siendo aliados de
las propias instituciones en el proceso.
2.-Bajo acceso a recursos y oportunidades/fuertes lazos: disruptivos o agentes reguladores.
El bajo acceso a los recursos muestra la capacidad de una organización para promover y articular nuevas
relaciones. Por ejemplo, dado que uno de los requisitos del DIF era certificar sus planes de construcción de
instalaciones, alrededor de diez Casas Hogar se reunieron para buscar asesoría de un arquitecto, en un acto
de solidaridad sin precedentes. Descubrieron que, si solicitaban varias instituciones a una sola empresa de
arquitectos, producirían certificaciones a un costo más bajo. En efecto, estas 10 instituciones califican como
actores colectivos disruptivos que negociaron y renegociaron diferentes aspectos de su acción (Mellucci,
1999).
3.-Alto acceso a recursos y oportunidades/ vínculos débiles: resiliente o agentes cuidadores.
El alto acceso a los recursos muestra la capacidad de una organización para promover u fomentar procesos de aprendizaje. El aprendizaje anuncia tanto un proceso de cambio como de presencia de conflicto. En
nuestro análisis, todas las Casas Hogar emprendieron una renovación de sus acciones y un aprendizaje, que
en lo sucesivo regularía sus operaciones al interior. Sin embargo, algunas personas expresaron desacuerdo
con el gobierno y lo veían como adversario. Tales hallazgos, consolidan las tipologías de los agentes con la
naturaleza de sus relaciones, y confirman que los elementos relacionales dentro de las redes aumentan de
forma sustancial, por ejemplo, la asesoría legal, psicología, trabajadores sociales, son actores que ahora son
parte de la operación cotidiana de este tipo de organizaciones. De hecho, esta primera aproximación a los
hallazgos confirma la tipología de Mellucci (1999) del comportamiento del agente, que residen en la débil
vinculación del agente resiliente, seguidas de los agentes interdependientes o protectores.
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Este documento está relacionado con la operación de las Casas Hogar en Nuevo León, que estuvieron
pasando por un proceso institucional de aprendizaje y cambio, que pudiera ser últil para otras zonas geográficas, ahora que existe una normativa para regular este tipo de instituciones, pero a nivel nacional, desde el
2015. Una reconstrucción utilizando Aprendizaje-Acción como metodología y contextualización de estos
fenómenos que se observaron con fines de investigación, mientras que el cambio constante de actores y
agentes fue observado en el contexto de una sociedad con problemas sociales agudos que nos llama a todos
y todas a la acción. Este documento nos indica que las redes de relaciones cambian con el tiempo, aumentando y disminuyendo su capital social (relacional).
Regresando a nuestra pregunta de investigación inicial ¿cómo crear redes para fortalecer la sociedad
civil y el gobierno?, para la protección de derechos humanos a nivel regional. Estas redes están formadas
por vínculos débiles y fuertes basados en las relaciones existentes y como se construyen y desarrollan a lo
largo del tiempo a través de intercambio e interacciones. Comenzando como conexiones débiles, las relaciones se confirman y los lazos evolucionan, se fortalecen y maduran cuando las interacciones se hacen más
frecuentes, los intercambios se extienden más y la confianza se vuelve recíproca (Hansen, 1999 ; Augier y
Vandelo, 1999). Esto significa el tipo de vínculos (fuertes o débiles) que una entidad en la red podría cambiar con el tiempo, dependiendo del rol, la función y la acción que desempeña dentro de la red. La acción
colectiva resultante dentro de la red también puede cambiar.
Los hallazgos sobre tipologías emergentes de roles de organización dentro de una red, en paralelo con
modelos como los que propone Mellucci (1999), fue una herramienta útil para retratar el inventario de
capacidades y relaciones generadas por una red. Experimentando profundos cambios en su estructura y
desempeño. Cumpliendo así, con nuestro objetivo de investigación: analizar las prácticas y posibilidades
de la red, para promover acciones, y política pública, que a su vez favorecería la protección de derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, algunos huérfanos y abandonados en Centros de Asistencia Social (CAS). Se categorizaron las prácticas socio-organizacionales: en un proceso de
regulación a las Casas Hogar en Nuevo León (México), que inició en el 2006 y que terminó en el 2012 con
la entrega de licencias de operación por parte del gobierno estatal.
Claramente, el modelo era un caso específico en el sentido que explica el comportamiento organizacional bajo tensión, movimiento y cambio. De hecho, se está construyendo colectivamente una estructura
completamente nueva para cuidar y proteger a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en
Nuevo León. Es una tarea que requiere un millón o más de redes.
Propongo algunas líneas de investigación que pueden contribuir a profundizar aún más en comprender
los procesos de institucionalización de las Casas Hogar y las relaciones entre los agentes públicos y privados que participan en ellos, en materia de protección a la infancia.
La primera línea de investigación propuesta es identificar las funciones que desempeñan los egresados
de Casas Hogar en la sociedad y analizar los efectos de la institucionalización en su edad adulta, al convertirse en un actor más de la estructura social.
La segunda propuesta de investigación es analizar a las familias de origen de los niños, niñas y adolescentes que habitan las Casas Hogar, e identificar las principales motivaciones que provocan que entreguen
de forma temporal o permanente a los menores a estas instituciones. Así como categorizarlas para comprender el tipo de familia que contribuye a la institucionalización de los menores.
La tercera línea de investigación podría estar relacionada con el capital social de las Casas Hogar que
les brindan apoyo económico y humano para su operación, como lo son los miembros del Consejo o Patronato, las empresas a través de su responsabilidad social, voluntarios, organizaciones de la sociedad civil,
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estudiantes de servicio social de diferentes instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil,
entre otros actores. La propuesta es analizar el capital social de este tipo de instituciones para comprender
su forma de organización e interacción con las Casas Hogar, así como identificar la racionalidad y motivación de su actuar.
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Perspectiva de Género y Política Pública Deportiva: El Caso de la CONADE
Gender mainstreaming and sports public policy: The case of CONADE
Francisco Javier, Mendoza-Farias1
Rocío Ivonne, Quintal-López2
Leticia Janet, Paredes3
Universidad Autónoma de Yucatan
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-3		
RESUMEN
El presente artículo es una revisión sobre la incorporación de la perspectiva de género en la CONADE, cuyo objetivo consistió en identificar a través de entrevistas y análisis desde un enfoque cualitativo la situación de la incorporación
de la perspectiva de género en el ámbito de la política pública de deporte de alto rendimiento en México, entre el 2012
y el 2018. Así como la identificación de algunas brechas de género. El acercamiento fue desde el método de teoría
fundamentada donde los datos van construyendo la teoría. Se encontró que las mujeres han ido accediendo de manera
gradual a puestos de toma de decisiones pero aún hay un gran camino por recorrer, también se evidenció la falta de
políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y social, así como las estrategias de atención ante casos de acoso y
hostigamiento. Se concluye que el avance en materia de perspectiva de género y deporte ha sido lento pues se observa
que algunas medidas se quedan en un punto de buenas acciones sin mayor trascendencia como la falta de capacitación
a deportistas sobre temas de acoso y hostigamiento.
Palabras clave: Brechas de género, deporte, igualdad de género, perspectiva de género, política pública.
ABSTRACT
This article is a revision about the incorporation of the gender mainstreaming in the CONADE, the objective was to
identify with interviews and an analysis from a qualitative perspective the situation of the incorporation of the gender
mainstreaming in the sports public policy of high performance between the 2012 and 2018, and also to identify some
gender gaps. The method was the grounded theory where the theory is created from the information. It was found that
women have been gradually accessing decision-making positions but there is still a long way to go, also the lack of
policies of conciliation of work, family and social life, as well as attention in cases of harassment. It is concluded that
progress in terms of gender perspective and sport has been slow since it is observed that some measures are still a sample of good actions without major importance as the lack of giving information to athletes about harassment.
Key words: Gender equality, gender gaps, gender mainstreaming, public policy, sport.
Cómo referenciar este artículo:

Mendoza-Farias, F. &amp; Quintal-López, R. &amp; Paredes, L. (2019). Perspectiva de Género y Política Pública Deportiva: El

Caso de la CONADE. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 75-89. Recuperado de http://revpoliticas.
uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/108
Recibido: 13 de Agosto 2018 - Aceptado: 24 de Septiembre 2018

1
Maestro en Psicología Aplicada en el Área del Deporte, Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales,
Correo: javier.mendoza.farias@gmail.com
2
Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios de Género, correo: rocio.lopez@correo.uady.mx
3
Doctora en Conocimiento y Cultura de América Latina, correo: guerrero@correo.uady.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 75-89. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/108

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1.- INTRODUCCIÓN

El presente artículo muestra un primer acercamiento a la situación actual sobre la perspectiva de género
en México y de que manera se ha avanzado en su implementación desde la perspectiva de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
Desde esta postura, resulta importante señalar que la desigualdad de género es una realidad en el mundo
actual, esto se pone en evidencia con los índices de brechas de género establecidos por el Foro Económico
Mundial (2018), con base en ellos México ocupa el lugar 50 de los 149 países evaluados, donde la brecha se
ha reducido principalmente en las áreas educativa, salud y esperanza de vida, pero aún falta un largo camino
en rubros como participación, oportunidades económicas y empoderamiento político.
Una de las estrategias para reducir las brechas de género ha sido mediante la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. A fin de cumplir con los compromisos internacionales en materia
de igualdad de género, el gobierno mexicano planteó, por primera vez, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 la perspectiva de género como una de sus estrategias para ser abordada de manera
transversal en toda la política pública federal; tratando de cumplir con ello las metas orientadas a lograr la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Si es abordada de manera transversal la perspectiva de género en la Política pública, se deben valorar
las consecuencias que tendrán para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya
se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles de gobierno (Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas,1997 en Guerrero, Hurtado, Azua y Provoste, 2011).
En este trabajo se analiza de qué manera y en qué grado lo planteado, acerca de la transversalización de
la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo se ha cumplido en material de política pública
deportiva en el contexto mexicano. Para ello, se analizan una serie de entrevistas realizadas a funcionarios
pertenecientes a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que es el organismo encargado de supervisar todo lo referente a cultura física y deporte en el gobierno federal.
Como punto de partida se cuenta con datos que hablan de que el ámbito deportivo mexicano es un espacio en el que la desigualdad y discriminación por razones de género se han vuelto parte natural de este
escenario. Muestra de ello es la investigación realizada en México por Espinosa y Vargas (2005) donde
señalan que solo 2.8% de las federaciones deportivas contaban con área de atención a las mujeres y solo el
10.5% capacitaban a su personal en la perspectiva de género. Esta investigación también arrojó información
sobre las esferas en las que había más desigualdad en el entorno deportivo de la CONADE, estas eran la
certificación de entrenadores deportivos con la presencia de sólo un 21.5% de mujeres en comparación con
los hombres certificados, otro indicador de desigualdad es el número de directivos, desagregados por sexo,
del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte donde la presencia de la mujer es solo del 17.8%.
La exclusión, trato desigual y discriminación se ha venido perpetuando en el ámbito deportivo producto
de las normas culturales que favorecen y naturalizan la desigualdad en México, esto debe combatirse por
medio de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas deportivas, que debieran
estar orientadas a confrontar la visión dominante que ha prevalecido en la cultura, que marca diferencias
entre hombres y mujeres como algo natural, producidas y reproducidas desde los ámbitos educativo, familiar y cultural (zafra, 2005).
A lo largo de los años en el deporte se han aceptado las diferencias y desigualdades de género como
algo natural, lo que también daba validez para otro tipo de acontecimientos como la discriminación a nivel
social, político, económico, y jurídico para las mujeres, usando como argumento la diferencia biológica y
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física (Antúnez, 2000), se debe entender que la diferencia entre hombres y mujeres no debe ser sinónimo
de desigualdad social y de género.
Por este motivo a pesar de las intenciones de llegar a un momento de igualdad de oportunidades y derechos, existen dificultades para incorporar la perspectiva de género en el deporte, pues es en este ámbito que
se sostiene el patrón patriarcal del deporte. En ocasiones se han ofrecido los mismos servicios y actividades
para los hombres y las mujeres, la cuestión es que no toma en cuenta el hecho de que las mujeres tienen una
carga cultural que les impide o condiciona el acercarse a una actividad competitiva (Antunez, 2009), el entorno deportivo no debería ser un espacio sesgado por los factores socioculturales, políticos y estructurales
que benefician a los hombres.
A finales del año 2018 se nombró a Ana Guevara como la Directora de la CONADE, esto significa que
es la primera mujer en México en dirigir el máximo organismo deportivo en México y ayuda a visibilizar
la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisiones en el deporte pero no
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La perspectiva de género como punto de partida
La perspectiva de género contribuye a la elaboración de propuestas de equidad no sólo entre hombres y
mujeres, sino entre grupos sociales que se enfrentan a las desigualdades y discriminación. A su vez, también
permite la comprensión de los factores económicos, políticos y socioculturales que explican la percepción
sobre las desigualdades para acceder a recursos, y los efectos que genera en un grupo la repartición de tareas
por sexo o clase social (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2006).
Existen una serie de factores que condicionan o favorecen la promoción de políticas públicas con
perspectiva de género, entre ellos puede mencionarse en primer lugar la existencia de un contexto político
que facilite la comprensión y priorización del tema de género, en segundo lugar la asignación de presupuesto para los programas y proyectos orientados a combatir la desigualdad de género, la visibilización de
la desigualdad entre hombres y mujeres, supervisar que no se reproduzcan los estereotipos de género ni
en la vida pública, ni en la privada; así como la implementación de mecanismos institucionales (Red de
municipalidades Rurales de Perú, 2007).
¿Qué es la transversalización de la perspectiva de género?
De acuerdo con Inchaustegui y Ugalde (2006) el análisis de transversalización de la perspectiva de
género consta de tres dimensiones, la dimensión de la política, la dimensión de la estructura y la dimensión
del actor. La dimensión de la política se refiere a la manera como se incluye la perspectiva de género en la
política pública. La dimensión de la estructura aborda todo el conjunto de reglas escritas y no escritas en
el accionar de las instituciones que influyen en la organización y jerarquía de la misma. La dimensión del
actor o del agente de equidad aborda a la capacidad del organismo concerniente de impulsar la perspectiva
de género en las instituciones y el conjunto de actores encargados de impulsar la agenda de la equidad de
género. El fin último del proceso de perspectiva de género es lograr la institucionalización.
La transversalización de la perspectiva de género exige la reflexión sobre la construcción de las relaciones entre hombres y mujeres en distintas áreas de la vida como son la escuela, el trabajo y la familia
para lograr modificar los mecanismos de discriminación y modificar también la ideología (Secretaría de la
Mujer del Estado de Michoacán, 2009). Estas reflexiones se deben llevar a cabo también en el deporte, pues
existen una serie de creencias sobre las mujeres que merman su presencia en este ámbito.
¿Por qué son necesarias políticas públicas con perspectiva de género en el deporte?
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) identifica a las políticas públicas
como un medio para combatir las brechas de género y sostiene que estas deben estar orientadas hacia acciones especificas que reduzcan la desigualdad. De este mismo modo el Foro Económico Mundial (2018)
define las brechas de género como la desigualdad de acceso a las oportunidades entre hombres y mujeres,
sin importar la cantidad de recursos que existan. En este sentido, las políticas públicas son el mecanismo
para reducir estas brechas de género en el deporte.
El campo de la investigación de políticas públicas, género y deporte, se ha abordado desde distintas
vertientes, destacando algunas reflexiones como la de Domínguez (2011), quien sostiene que para reducir
las brechas de género que actualmente existen en el deporte se debe intervenir de manera directa y mediante políticas públicas en la educación física de los jóvenes, la práctica deportiva del ciudadano medio y
el deporte competitivo. Asimismo, agrega que se debe buscar premiar de igual manera la participación de
los hombres y las mujeres, así como dar la misma importancia en los medios de comunicación a los logros
femeninos como a los masculinos.
Un elemento a tomar en cuenta es que todavía existen una serie de factores que limitan la elaboración de
políticas públicas deportivas con perspectiva de género, entre los que se encuentran la falta de datos estadísticos, de investigación académica y de formación sobre temas de género en las organizaciones vinculadas
con el deporte. Sin subsanar estas faltas será complicado llegar a un enfoque que contemple diferencias y
similitudes por cuestiones de género y orientar los programas y proyectos de tal manera que se orienten a
la igualdad de género (Antúnez, 2009).
En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas deportivas en diferentes países, destaca Canadá como un referente en esta materia, como señala Saffai (2013) las políticas deportivas canadienses se han orientado a reducir las barreras de desigualdad de género mediante tres acciones
específicas: 1. Desarrollando estrategias colaborativas para incrementar la comprensión y participación en
el deporte para todos, 2. Participando con la asociación canadiense para el avance de las mujeres, el deporte
y la actividad física para desarrollar e implementar una estrategia para las mujeres y las niñas y 3. Emprendiendo una iniciativa para incrementar las oportunidades de las mujeres para fungir como entrenadoras y
líderes voluntarias, así como incrementar la participación de personas con diversidad funcional y minorías
visibles.
Para Lenskyj (2008, citado en Saffai, 2013) no basta con incrementar la participación de las mujeres
en actividades deportivas, esa acción por sí sola no va a brindarles oportunidades de liderazgo. Según esta
autora las instituciones deben adoptar políticas de acción afirmativa, para ir cerrando la brecha de la mayor
cantidad de hombres que ocupan puestos de dirección, administración y entrenamiento deportivo, sino se
impulsan estas acciones afirmativas se corre el riesgo de nunca cerrar dicha brecha de género.
CONADE: Un actor clave de la política pública deportiva en México
En el año de 1977 es creada la Subsecretaría de la juventud, la recreación y el deporte, ésta a su vez
es dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En 1981 se creó la Subsecretaría del Deporte y el
Consejo Nacional del Deporte (funcionando como órgano para asesorar y consultar). En 1984 se avanza
de manera significativa pues se crea la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y en 1986 la
Escuela de Capacitación Deportiva del Sector Obrero. De esta manera surge la necesidad de conformar una
estructura formal de carácter normativo y que fomente el deporte nacional, es entonces que se publica en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto de la creación de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE)
como un organismo desconcentrado de la SEP. Es en el 2003 cuando por medio de un decreto se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (mantiene sus siglas CONADE) como un organismo público
descentralizado de la administración pública general (CONADE, 2013).
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La CONADE es la institución responsable de proponer, dirigir, ejecutar y evaluar la política nacional
de cultura física y deporte, así como de plantear lineamientos de competencia a los deportistas en justas
nacionales e internacionales tomando siempre en cuenta la normativa internacional.
La misión actual de la CONADE es la creación, desarrollo e implementación de políticas de Estado en
materia de ocio, cultura física y deporte para que puedan fortalecer el desarrollo integral de las personas
promoviendo la igualdad de oportunidades buscando que se logre la participación y excelencia en el deporte.
En este mismo sentido la visión de la CONADE es posicionar a México como un país con un alto nivel
de conocimiento sobre cultura física, recreación y deporte para fomentar hábitos saludables en los y las
mexicanas, fomentar el desarrollo social y humano, así como el desarrollo de deportistas de excelencia
internacional.
3.- MÉTODO
Diseño
La presente investigación es de tipo cualitativa, exploratoria e incorpora los referentes propios de la metodología feminista. Los estudios de género también se han llamado estudios feministas y tienen como ejes
centrales el incremento de las mujeres en espacios que antes eran dominados por hombres y los efectos que
han tenido la presencia o ausencia de las mujeres en distintas áreas. De acuerdo con lo anterior, debe contemplarse una epistemología feminista que sea capaz de criticar los marcos tradicionales de interpretación,
así como la influencia social, cultural y política a la hegemonía epistemológica en la ciencia (Blazquez,
2012).
En el proceso de investigación feminista también se contempla la deconstrucción como una manera
de identificar los sesgos sexistas y androcentristas que han tenido las diversas disciplinas pero que nunca
habían sido desarticulados para analizar los motivos que han llevado a la generación de un conocimiento
sesgado y discriminador (Bartra, 2012).
El análisis se realizó orientado desde la teoría fundamentada, pues este método sugiere que la teoría
surge a partir de los datos recogidos de manera sistemática y analizados con rigor. La premisa es que no se
inicia la investigación con una teoría preconcebida o si se tiene una teoría, el objetivo sería contrastarla y
ampliarla (Strauss y Corbin, 2012).
La investigación se llevó a cabo desde un diseño de estudio de caso. El objetivo fue identificar desde la
postura institucional cuál era el trabajo realizado en materia de perspectiva de género, conociendo el caso
especifico de la CONADE como encargada de incorporar la perspectiva de género en el deporte.
Participantes
En el estudio participaron 8 personas (7 mujeres y 1 hombre) que forman parte de la CONADE en
distintas áreas. En la tabla se muestra el seudónimo, área y cargo que ocupan de 7 participantes debido a
que una participante prefirió permanecer en el anonimato sin mencionar su cargo. Los participantes seleccionados son relevantes para la investigación debido a que forman parte del personal de la CONADE y
ofrecen una visión institucional sobre la perspectiva de género y las acciones llevadas a cabo. Para poder
participar en la investigación los criterios de inclusión eran tener mínimo trabajando seis meses dentro de
la institución.
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Tabla 1. Participantes en la Investigación

Fuente: Elaboración propia
Instrumentos
Para la investigación se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada que permite flexibilidad al momento de realizar la entrevista para abordar temas que vayan surgiendo pues al ser un tema poco estudiado,
fue relevante no dar por entendido nada e indagar. El guion de la entrevista constaba de 16 preguntas abiertas agrupadas en categorías de género y deporte, brechas de género en el deporte, avances y obstáculos de
la perspectiva de género en la institución y asimetría de poder en la institución. La entrevista se piloteo con
dos personas que trabajaban en instituciones deportivas a nivel estatal para identificar la claridad y confiabilidad de las preguntas, no se pudo replicar más por las características especificas de la población objetivo.
Procedimiento
La investigación se desarrolló en tres fases. Durante la primera se seleccionaron las técnicas de recolección de información, definiendo el uso de la entrevista semiestructurada. Se definieron los temas que
se abordarían y se identificaron los actores sociales relevantes para la investigación. En la segunda, se
contactó vía correo electrónico y llamada telefónica a personal de la CONADE, obteniendo respuesta en
un primer momento sólo de dos personas y mediante la técnica bola de nieve se pudieron conseguir seis
entrevistas más. Durante las entrevistas se gestionó la firma del consentimiento informado. Las entrevistas
se realizaron en instalaciones de la CONADE en la Ciudad de México. En la tercera fase se transcribieron
y codificaron las entrevistas, para elaborar las categorías de análisis.
4.- RESULTADO
Hallazgos: sobre la participación igualitaria en la CONADE
Al ser la CONADE, como se explicó antes, la institución encargada de llevar a cabo el proyecto deportivo del país, resultaba fundamental indagar qué tanto en ella se promueve y fomenta la participación
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igualitaria en términos de género, así como la percepción que se tiene de esto. Para tal fin, se les preguntó
a los/as entrevistados/as si desde su percepción se permitía la participación igualitaria, con base en sus respuestas, en este trabajo se retoman como indicadores de la presencia de brechas de género en la CONADE
los siguientes aspectos: a) acceso de mujeres a puestos de poder, b) ausencia de Políticas de conciliación
familiar-laboral, c) brecha salarial entre hombres y mujeres, d) presencia de acoso y hostigamiento. A continuación, se revisa cada uno de ellos.
a.

Acceso de mujeres a puestos de poder

El concepto de participación igualitaria abarca desde la posibilidad de aspirar a los mismos puestos
dentro de la institución, creación de políticas de igualdad y una negociación de los roles tradicionales, con
el objetivo de romper los estereotipos de género. Con base en los testimonios analizados se puede observar
una falta de consenso, pues la opinión es dividida. Están los que sostienen que hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y los que consideran que todavía hay brechas. En este sentido las participantes
expresan:
Si, bueno yo podría hablarte de mi área, estoy en el área médica y hay apertura
para que las mujeres podamos realizar nuestro trabajo, interactuar, dar puntos
de vista, realmente tenemos una participación muy activa en el equipo médico
(María, Coordinadora del área de psicología del deporte).
Depende los niveles ¿no? a veces en ciertos niveles hay más participación de
hombres y menos de mujer. A nivel general si está equitativo o podría hablarte de
un 40/60 (Ana, Subdirectora de centros deportivos escolares).
“es mínimo (el apoyo) en relación a los hombres y los hombres creo que entre
ellos mismos se dan más oportunidades que a las mujeres aunque los reglamentos
internacionales y las federaciones internacionales que son los rigen los deportes
pues son atípicos, o sea no dicen; esta convocatoria es para hombres o esta es
para mujeres, finalmente los que son apoyados normalmente pues son los varones
(Sandra, Departamento de alto rendimiento).
María identifica que se ha avanzado en el camino hacia la igualdad de género dentro del área en la que se
desempeña. En ello coincide Ana, quien menciona que se ha venido cerrando la brecha en algunos niveles
de la institución. La estimación que da Ana de un 40% de mujeres en comparación con un 60% de hombres
participando en puestos de toma de decisiones dentro de la CONADE; sin embargo, cuando se contrasta
la percepción de Ana y Sandra con la información recabada en esta misma investigación a través de otras
fuentes, como la que se brinda en la página oficial de la CONADE , las cifras son menos alentadores. En los
primeros puestos de toma de decisiones de siete personas, solo una es mujer y es en el área de comunicación
social. Esto es avalado por testimonios como los de Luisa y Rebeca:
No hay igualdad porque en los puestos directivos principalmente hay más hombres, , en los niveles medios como que ya se está incorporando más a la mujer
pero son niveles de subdirección y jefaturas…las mujeres como que están todavía
limitadas para llegar a esos puestos directivos del más alto nivel (Luisa, Jefa del
departamento de fomento a la excelencia deportiva).

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Una Directora general de CONADE nunca ha habido, a nivel subdirector solamente dos mujeres en todos estos años (Rebeca, Sub directora de atención a
centros deportivos).
La escasa presencia de mujeres en puestos del más alto nivel dentro de las Instituciones deportivas es
una tendencia no sólo en México, sino a nivel mundial. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género
(2015) menciona que se ha ido incrementando la participación de las mujeres en el deporte en varias áreas,
pero aún sigue habiendo menor representación de la mujer en puestos de toma de decisiones a nivel mundial.
b.

Políticas de conciliación

La falta de adecuación de políticas de conciliación familiar-laboral de la institución se identifica como
un obstáculo para la participación igualitaria de hombres y mujeres en el ámbito deportivo, pues aún se
percibe la influencia de esto como elemento condicionante para aspirar a ocupar otro tipo de cargos o funciones:
Podría ser con el tema de cargo de tu hijo o de tu hija, si en determinado momento
no cuentas con quien te lo pueda cuidar y tienes un jefe como muy cuadrado se
torna un tanto más difícil esa situación y esa posición para una mujer que para un
hombre ¿no? y tal vez en determinado momento repercute en el movimiento de tu
cargo o demás por tal vez recurrir a estos permisos llámese enfermedades de los
hijos (Ana, Subdirectora de centros deportivos escolares)
Espinosa y Vargas (2005) encontraron que, en el ámbito deportivo mexicano, específicamente hablando
de federaciones deportivas el 54% no gozaba del permiso por maternidad, pues la mayoría eran contratadas por honorarios y no tenían acceso a esta prestación. El escenario es distinto en el caso de instituciones
estatales, pues el 96% cuenta con el permiso por maternidad y otorga entre 44 y 132 días. Por otro lado, un
obstáculo es el hecho de que solo el 20% de los organismos estatales contaba con permiso por paternidad
y el periodo era solo de uno a tres días. Esto tiene relación con el hecho de que algunas mujeres consideran
que, si quieren ascender o hacer una carrera en el entorno deportivo, deben sacrificar o posponer temas
como la maternidad o el tiempo familiar.
En este sentido se deben de plantear políticas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal que
contemple estructuras que permitan el cuidado de personas dependientes, así como una reorganización de
los tiempos y espacios de trabajo para facilitar la modificación de los roles tradicionales sobre el involucramiento con la familia, hogar y trabajo (Fundación mujeres, 2010), así se estarán brindando posibilidades
iguales a hombres y mujeres independientemente de la persona a cargo.
c.

Brecha salarial en el ámbito deportivo

Una de las principales brechas para trabajar desde la política pública es el caso de la brecha salarial. Las
brechas salariales son el reflejo de la discriminación y desigualdad que viven las mujeres en distintas áreas,
esto ha ido disminuyendo poco a poco pero aún se mantiene y esto supone un impedimento para la independencia económica de las mujeres (CEPAL, 2016). El hecho de realizar el mismo trabajo, pero recibir una
remuneración distinta solo por el hecho de ser mujer.
La Organización de las Naciones Unidas (2007) señala que a pesar de que se haya logrado el acceso de
las mujeres a los deportes, aún existe desigualdad en el acceso a ciertos recursos, así como en los premios
y salarios como deportistas entre hombres y mujeres.
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El diario el Economista (2018) explica el motivo de los bajos salarios en el caso de México y la joven
Liga MX Femenil pues no se ha podido explotar el mercado, tiene una organización irregular comparada
con otras ligas femeniles y la brecha salarial existente en general en México. Se señala que el salario promedio es de es de 3, 643 pesos. De acuerdo al diario El Universal (2017) la futbolista mejor pagada gana
29,688 pesos al mes y la mayoría no supera los 6,000 pesos al mes, datos contrastantes con la liga varonil
donde el mejor pagado gana 6,494,355 pesos al mes.
Entre los avances que se han tenido, se destaca el hecho de tener salarios iguales para hombres y mujeres que ocupen el mismo puesto como lo mencionan a continuación:
Déjame te comento que en nuestro caso de deporte no es tan marcado ese asunto
porque en los temas de deporte lo principal es el resultado y entonces si tu tienes
una escuela que tiene un interés en que su selección estudiantil universitaria sea
un equipo fortalecido y que esté ganando, no importa si es una entrenadora o un
entrenador, lo que importa es que ganen (Alberto, Director ENED).
En cuanto al personal médico yo diría no hay brecha salarial, creo que tampoco
por género, hay brecha salarial por otras cuestiones, por ejemplo, si un médico
gana mucho más que un psicólogo en este caso, pero también es cuestión ya como
de carreras específicas (María, Coordinadora del área de psicología del deporte).
Pues no hay brecha porque el sueldo es estándar en cada puesto y las becas que
dan en lo que es el área de alto rendimiento no importa si eres hombre o mujer
(Rebeca, Subdirectora de atención a centros deportivos).
De acuerdo con la información brindada dentro de la CONADE y las dependencias públicas no existiría
la brecha salarial debido a que se rigen por tabuladores, aplica igual para deportistas, entrenadores y entrenadoras; este escenario cambia si pasamos del deporte amateur al deporte profesional pues se ha privilegiado el deporte masculino por encima del deporte femenino en cuanto tiempo en televisión y patrocinios, y
así lo expresa Mariana:
Todavía nos falta camino por recorrer. Un caso muy concreto es esta liga profesional de fútbol soccer que lazó el año pasado en su primera temporada la Federación Mexicana de Fútbol Asociación y si es marcadísimo, muy marcado, todavía
bueno si a nivel internacional pues digo bueno que va a pasar entre nosotros pero
creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y allegándonos de pues de
otros ámbitos, incorporar o desde luego involucrar al 100% al sector privado, al
sector empresarial porque por la vía de las exenciones fiscales y esto pues ellos
podrían muy bien sumar o aportar pero si hay, si hay desde luego una disparidad
(Mariana, jefa de departamento).
En este sentido, se reconoce que en el tabulador de la CONADE no existe una brecha salarial, en cuanto
a becas o remuneración económica por el mismo trabajo, pero sí se identifica la brecha salarial en lo que es
el deporte profesional. A pesar de ser atletas de alto rendimiento, los y las deportistas que reciben beca y patrocinios pueden catalogarse como amateurs, pues no tienen la posibilidad de vivir de la práctica deportiva,
por eso hacen la mención de la liga de fútbol femenil donde la diferencia salarial entre hombres y mujeres
es evidente a pesar de que las dos se definen como ligas profesionales y donde la justificación para mantener
esta brecha es el hecho de ver el fútbol como un negocio y al no tener tantos seguidores la liga femenil, las
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condiciones de ésta no pueden mejorar.
d.

Presencia de hostigamiento y Acoso: Situación en la CONADE

Las entrevistas dieron como resultado el hecho de que sí se han presentado casos de acoso y hostigamiento, pero que existen áreas encargadas específicamente para abordar estos casos que se presenten en
los trabajadores y en los deportistas. No es un tema que pase desapercibido, sino que se ve resuelto por un
comité de ética si se presenta algún caso:
Aquí en la CONADE está muy regulado, constantemente llegan correos y notificaciones e información del área jurídica que está encargada del acoso y el hostigamiento y que si hubiera una situación puede determinarlo (María, Coordinadora
del área de psicología del deporte).
Sí, si hay, si existe eso en la Institución desde nivel deportistas hasta nivel este
ya como trabajador y si existen instancias que llevan a cabo el estudio de esa
acción y que es lo que se va a hacer (Rebeca, Subdirectora de atención a centros
deportivos).
Por otro lado, en la ENED se han presentado casos pero que son resueltos dentro de la misma institución:
Si hemos tenido casos de acoso y hostigamiento donde de alguna forma le hemos
dado atención a través de nuestro comité académico, a través de nuestra área de
recursos humanos y yo te puedo decir que por lo menos desde el tiempo que tu
servidor es director de la ENED no hemos tenido un caso donde el alumno e
inclusive el profesor haya tenido que realizar la denuncia correspondiente en el
ministerio público (Alberto, Director ENED)
El acoso y el hostigamiento sexual se ha normalizado en muchas áreas, de acuerdo con la información
brindada se demuestra que se está trabajando con directivos y personal de la CONADE por medio de correos informativos que les llegan, debe explorarse si este tipo de campañas también se realiza con los y
las deportistas pues no se menciona en ningún momento la sensibilización de las y los deportistas en estos
temas. Si bien dentro de la institución está regulado y se brinda constante información, no obstante, de
acuerdo con Emakunde (2015) son las deportistas las personas que son más susceptibles a sufrir acoso y
hostigamiento sexual por encima de las entrenadoras, directivas y árbitras.
La CONADE (2016) realizó un pronunciamiento de cero tolerancia contra el acoso y hostigamiento
sexual donde de manera explicita señala que no se tolerarán comportamientos como:
•
•
•
•
•
•
•

Señales sexualmente sugerentes.
Contacto físico sugestivo o de manera sexual.
Hacer regalos, dar preferencias indebidas o manifestar de manera abierta el interés sexual por una
persona.
Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas o intimidatorias con el objetivo de que se someta a
sus deseos o intereses sexuales.
Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o se encuentra en el sanitario.
Condicionar la obtención de algo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual.
Obligar a realizar actividades que no competen a sus labores en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 75-89. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/108

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Condicionar la prestación de un trámite o servicio a cambio de que el solicitante acceda a sostener
conductas sexuales de cualquier naturaleza.
Expresar comentarios o burlas con connotación sexual.
Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas de carácter sexual.
Preguntar a una persona sobre fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual.
Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación mensajes, fotos o ilustraciones con imágenes o estructuras de carácter sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora.
Difundir rumores o cualquier información sobre la vida sexual de una persona.
Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual.
Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.

El pronunciamiento muestra una preocupación y posicionamiento de la CONADE ante este fenómeno,
el siguiente paso sería indagar sobre la incidencia de esto en la institución, deportistas, entrenadores/as y
árbitros/as.
e.

El proceso de incorporación de perspectiva de género en la CONADE

Como se ha mencionado antes, el PND 2012-2018 de México incluye como uno de sus ejes transversales la perspectiva de género, lo que significa que la CONADE tendría que haber trabajado bajo estos
lineamientos.
Como parte de la investigación se revisó si los funcionarios de esta institución conocían conceptos como
perspectiva de género, incorporación de la perspectiva de género, transversalización de la perspectiva de
género e institucionalización de la perspectiva de género. A continuación, se analizan sus respuestas.
Sobre la perspectiva de género comentaron:
La perspectiva de género son todas esas visiones de manera transversal y transdisciplinar que permiten precisamente que podamos convivir en el mismo sentido
bajo las mismas mediciones, sobre todo de justicia a los hombres y las mujeres
(Alberto, Director ENED).
Perspectiva de género es que nos vean, hablando de la mujer, que nos vean como
alguien, como personas capaces, que nos tomen en cuenta, que a nivel de en el
trabajo nos, que no somos nada más el sexo femenino, o sea que no somos nada
más mujeres, que tenemos muchas cosas que nos amparan y no nada más por el
hecho de ser por el sexo mujer, ya nos cataloguen y nos clasifiquen como ineptas
y eso sino que vean a nuestro alrededor todo lo que somos capaces, no, entonces
eso pues se está metiendo, se está tratando de que se haga aquí en la CONADE
(Luisa, Jefa del departamento de fomento a la excelencia deportiva).
En este caso lo expresado por Alberto y Luisa destaca el buscar condiciones de igualdad para hombres
y mujeres. Luisa señala un elemento importante que es visibilizar y romper con estereotipos negativos que
condicionen la participación de éstas solo por el hecho de ser mujeres. Veléz (2012) menciona que se debe
visibilizar el hecho de que no se parte en condiciones de igualdad debido a la cultura y factores sociales,
sumándole a esto en ocasiones una doble jornada (laboral y familiar) pocas veces compartida.
En cuanto al tema de incorporación de perspectiva de género las participantes lo entienden como:

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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Perspectiva de Género y Política Pública Deportiva...

En este caso en distintas instituciones sin importar que sean públicas o privadas
lo que se busca es que se puedan realizar propuestas para que dentro de estas
políticas en áreas públicas y privadas tengamos una mejor visión transversal y
transdisciplinar de inclusión hacia las mujeres, hacia éstas áreas en los programas
públicos y privados sin importar que si sean unos u otros de mayor importancia,
sino que todos podamos ser considerados de la misma forma….es introducir esta
visión a toda la gente que ya está participando en un entorno social para que podamos entender estos términos y como poder vincularlos (Alberto, Director ENED).
El testimonio de Alberto señala la importancia de la incorporación en cuanto a la inclusión de las mujeres en la esfera pública, buscando capacitar a las personas que están en los puestos de toma de decisiones
y elaboración de proyectos, la transversalización de la perspectiva de género busca en este sentido romper
con toda la visión sexista y machista que existe en el deporte y romper el modelo hegemónico con el que
se ha trabajado normalmente.
Sobre la definición de transversalización de perspectiva de género las participantes mencionaron:
Se refiere a que las conexiones o las ligas que se hacen en diferentes ámbitos
deben de confluir, deben de coincidir para permitir que a la hora de que se hace
una vinculación, estos caminen o sea esto es la transversalidad, que todo mundo
tiene una manera de como poder aportar, de cómo enriquecer esta dinámica pero
donde se haga la participación de manera integral para que todo mundo aporte o
sume para este esfuerzo y se logren los resultados esperados (Mariana, Jefa de
departamento).
Una participante menciona que conoce los dos conceptos y los integra para dar su definición:
En mi caso de un punto separado como la transversalidad, como la perspectiva
de género ¿por qué? porque a veces nosotros hacemos acciones transversales a lo
propio del programa ¿no? sin embargo pues siempre va esta inclusión, esta equidad de género, esta perspectiva y se hace de manera pues ya por sí sola, siendo
participativos en torno a hacerlo de manera equitativa tanto para hombres como
mujeres (Ana, Subdirectora de centros deportivos escolares).
En este sentido lo expresado por Mariana demuestra conocimiento conceptual sobre la transversalización de la perspectiva de género y cumple con el objetivo del PND 2012-2018 de conocer como se debería incluir un eje transversal, en este mismo sentido, Ana no conoce el concepto, pero tiene claro cuales
tendrían que ser las actividades a realizar por parte de la CONADE como el tomar en cuenta de manera
equitativa a hombres y mujeres.
En cuanto a la definición de institucionalización y último punto del proceso las participantes señalan:
Eso de institucionalización es ya cuando queda establecido, queda establecido de
que así ya va a ser el trato a las mujeres, así va a ser el trato a los hombres y todo
va a ser igual pero ya es una, algo ya establecido, ya no hay de que, si quieres
lo haces, si no quieres no lo haces (Luisa, Jefa del departamento de fomento a la
excelencia deportiva)
La institucionalización implica que determinado aspecto en este caso de perspectiva de género no sea una opción que para que una persona o un grupo de personas
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de manera intencional o voluntaria, ingresen esta perspectiva de género en su
institución pública o privada, la institucionalización implica que sea una conducta
prácticamente a través de distintos procesos tanto normativos a través de leyes,
lineamientos, reglamentos sea un aspecto a través de una política pública, si, sobre
todo pública o gubernamental tenga que ser incluido este aspecto de perspectiva
de género en las distintas instituciones no importa si sean públicas o privadas
(Alberto, Director ENED).
Estos resultados demuestran un dominio conceptual de los términos sobre el proceso de perspectiva de
género y significa el cumplimiento en cierta medida de los compromisos adquiridos en el PND 2012-2018,
la institucionalización debe ser el fin último de este proceso pues eso significa que la perspectiva de género
se encuentra arraigada en la institución.
En este sentido, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que existe en
México, el 23 de abril de 2018 se reformulan dos artículos y se agregó un lineamiento a cada uno para promover la igualdad en el deporte. Estos son el artículo 9 que agrega el lineamiento V para “proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y
hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil.”
y el artículo 17 que adiciona el lineamiento XIII para “fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva.”
5.- CONCLUSIONES
Existen una serie de barreras para identificar los avances o retos de la política pública con perspectiva
de género en el deporte, uno de los obstáculos es la falta de datos recientes, la última investigación abordando temas de género y deporte por parte de la CONADE e INMUJERES es un trabajo del 2005 y a partir
de la información recabada, se observa que se ha avanzado de manera general en cuanto a la perspectiva
de género; sobre los temas de participación igualitaria se pretende cerrar esta brecha con la reforma de la
ley de igualdad para mujeres y hombres, esto sugiere el establecimiento de cuotas de género dentro de la
CONADE.
Otro de los avances que se han tenido es la capacitación sobre temas de género, en los informes del
Comité de ética y de prevención de conflictos de interés se han realizado capacitaciones en materia de
derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género, esto significa un avance dentro
del proceso de perspectiva de género pues se sensibiliza y capacita al personal de la CONADE y supone un
parteaguas dentro del proceso de inserción de estos temas dentro de la cultura institucional.
En cuanto al acoso y el hostigamiento se encuentra que la CONADE hizo un pronunciamiento en contra
del acoso y hostigamiento sexual en el deporte, así como que el Comité de ética y de prevención de conflictos de interés ha difundido el protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento y Acoso
sexual mediante correo electrónico a los servidores públicos, a pesar de esto no se encuentran datos sobre
la incidencia del acoso y hostigamiento sexual, quizá por la normalización o invisibilización del tema. Un
elemento a destacar es el hecho de los protocolos que se tienen para los casos y que se ha informado a los
trabajadores y las trabajadoras sobre esto y como actuar, pero a los y las deportistas no se les ha informado
en este sentido. El acoso y el hostigamiento genera malestar en demasía a la victima, es por esto que se
debería de elaborar un protocolo especifico para el contexto deportivo, además se debe capacitar a los y las
deportistas en esta materia para ayudar a identificar este tipo de comportamientos y conocer la manera de
proceder si se llega a presentar alguna de estas situaciones en el contexto deportivo, el socializar la información y protocolos (no específicos) responde a un primer nivel de atención pero no se debe quedar ahí, se
debe proceder capacitar y sensibilizar a deportistas y entrenadores.
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Sobre la brecha salarial se pone en evidencia que no se presenta esta brecha dentro de la institución al
estar regulado mediante un tabulador; en este mismo sentido, la percepción sobre esta brecha es distinta
cuando se aborda el plano de entrenadores y entrenadoras por el enfoque predominante en la búsqueda
de resultados pues la elección es independiente de que la persona que entrene a ese deporte sea hombre o
mujer, aunque esta brecha si existe en otras esferas del deporte como lo es el deporte profesional, si bien
la CONADE es un referente en lo que concierne al deporte en México, la implementación de acciones
afirmativas que favorezcan la presencia de mujeres como entrenadoras, como parte de un equipo técnico,
dirigentes para que se normalice su presencia y dentro del deporte profesional mexicano.
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Mediación policial como mecanismo alterno de resolución de conflictos comunitarios
Police mediation as an alternative mechanism of solution in community conflicts
Lenin, Ramírez-Matus 1
Genaro, Hernández-Velazco2
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-5
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en explicar la importancia que
tiene la mediación policial como mecanismo de resolución en conflictos comunitarios. Se aplicó el método de análisis,
con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión
documental se encontró que; los conflictos que se presentan en los barrios son inherentes en el proceso de convivencia
e interacción entre los distintos individuos que los integran, de manera que, se hace necesario emplear herramientas
alternativas que auxilien en la transformación del conflicto, como es el caso de la mediación policial, esto debido a que
los agentes encargados de la seguridad se encuentran de forma constante en contacto con los ciudadanos, además, son
los guardianes responsables de preservar la paz y el orden público. Se concluye que la mediación policial es el método
más efectivo para resolver los conflictos que se suscitan en los barrios, también, aunque no se encuentra desarrollado
este mecanismo completamente en México, se han impulsado herramientas similares como la policía de proximidad en
el Estado de Nuevo León, que ayudan a facilitar el acercamiento entre los ciudadanos y los cuerpos policiales.
Palabras clave: Conflicto, fuerza pública, mediación policial, policía, Seguridad Pública.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, whose objective was to explain the importance of police mediation
as a mechanism for resolution in community conflicts. The method of analysis was applied, with a qualitative approach,
non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review it was
found that; the conflicts that occur in the neighborhoods are inherent in the process of coexistence and interaction between the different individuals that integrate them, so that it is necessary to use alternative tools that help in the transformation of the conflict, as is the case of mediation police, this because the security officers are constantly in contact with
citizens, in addition, they are the guardians responsible for preserving peace and public order. It is concluded that police
mediation is the most effective method to resolve conflicts that arise in neighborhoods, also, although this mechanism
is not fully developed in Mexico, similar tools have been promoted such as the proximity police in the State of Nuevo
León, which help facilitate the rapprochement between citizens and police forces.
Key words: Conflict, public force, police mediation, police, public safety
Cómo referenciar este artículo:

Ramírez-Matus, L. &amp; Hernández-Velazco, G. (2019). Mediación policial como mecanismo alterno de solución

en conflictos comunitarios. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 90-105. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/112
Recibido: 29 de Agosto 2018 - Aceptado: 02 de Octubre 2018

1
Maestrante en métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. Email; leninmatus@hotmail.com
2
Maestrante en métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. Emai: genarohv@hotmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 90-105. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/112

�Mediación policial como mecanismo alterno...

1.- INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años, el uso de la fuerza pública ha sido la herramienta que los cuerpos policiales utilizan comúnmente para detener a los autores de los conflictos comunitarios, así como, a los agentes delictivos
que se encargan de cometer delitos dentro de las comunidades, de manera, que la policía como responsable
de la paz y seguridad ciudadana se encuentra legitimado para usar la fuerza pública cuando sea necesario.
No obstante, Antón (2008) señala que resulta fácil entender el modo en que actúan los policías, su actitud,
además, de las diferentes intervenciones que se le presentan, no obstante, está de acuerdo que estos sujetos,
adopten una serie de medidas preventivas que irán en armonía con la gravedad que tenga el hecho o circunstancia que motiva la intervención.
En ese sentido, ¿cuál será el mecanismo alterno a la fuera pública que servirá como medida preventiva
de los conflictos comunitarios? La mediación policial surge como la herramienta o el medio de prevención
que ayuda a reducir los conflictos que se presentan en los barrios o comunidades, así, esta técnica es el método alterno en donde un tercero neutral, llamado policía facilitador, construye el puente de comunicación
entre dos o más partes que originaron en el conflicto comunitario.
La mediación policial como herramienta, ayuda a que las tasas de incidencia delictiva dentro las comunidades disminuyan, además, auxilia a que los integrantes de las comunidades se integren con los cuerpos
policiales en la resolución de leves conflictos comunitarios, como el descuido de animales domésticos
que causan molestias a los vecinos, invasión de espacios entre los mismos, pandillerismo, entre otros. No
obstante, los policías tienen que considerar que no todos los conflictos entran dentro del catálogo de controversias que son susceptibles de resolver por mediación, dado que, dependiendo de la gravedad del hecho y
la peligrosidad del delincuente, se calificará la procedencia de resolución del conflicto.
En esa tesitura, el desarrollo de la presente temática ayudará a que los encargados de la seguridad ciudadana consideren dejar del lado el uso de la fuerza a menos que sea estrictamente necesario, y empezar con
la aplicación de la mediación policial, este como un nuevo mecanismo alterno de solución de controversias,
además, facilitará a que tanto ciudadanos como policías construyan la confianza que tanto se necesita dentro
de las comunidades o barrios.
En ese tenor, los mecanismos alternos de solución derivados del derecho humano de acceso a la justicia
ofrecen un abanico de posibilidades para aquellas personas que se encuentran en constante convivencia con
los demás, resuelvan sus conflictos. En esa tesitura, los policías son los servidores públicos del estado que
se encuentran mayormente en contacto con los habitantes de una comunidad, además, de ser aquellos que
presencian las controversias originadas por disturbios dentro de la colectividad.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El conflicto comunitario y la Policía
Como primer punto, dentro en la historia de las sociedades siempre se ha encontrado presente el conflicto, así, desde las revoluciones, las guerras, hasta las manifestaciones pacíficas, el conflicto siempre se
ha sido el origen de estos movimientos, en razón de los intereses que los grupos sociales, como los partidos
políticos, los países, los grupos guerrilleros, los poderes de la unión -ya sea de un sistema republicano o
monárquico –intentan hacer valer de frente a quien atenta contra las mismas. En ese sentido, Galtung (como
se citó en Concha, 2009), menciona:
Partimos con la constatación de que los conflictos aparecen como una constante en la historia de la
humanidad. Son, como afirmará este autor, inherentes a todos los sistemas vivos en cuanto portadores de
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Ramírez-Matus, L. &amp; Hernández-Velazco, G.

objetivos. En algunas etapas de la historia fueron como la force motrice que contribuyeron a generar verdaderos cambios en provecho del hombre, pero en otras, trascendiéndose a sí mismos y convirtiéndose en
violencia (metaconflicto) condujeron hacia la deshumanización absoluta (Concha, 2009, p.61).
De lo anterior se colige, que el conflicto ha estado presente en los movimientos de las sociedades, así los
grandes líderes sociales o los jefes revolucionarios, son ejemplos de grandiosos impulsores en los cambios
económicos, políticos y sociales de un estado o país, que derivados de un conflicto, hicieron posible la consolidación de sus posiciones. En ese orden de ideas, si las sociedades en su conjunto lucharon por defender
ideales, o bien por proteger sus intereses o necesidades, con mayor razón, en los grupos más pequeños, o en
territorios menores también se encuentra el enfrentamiento entre personas.
Sin embargo, el conflicto dentro de la doctrina especializada ha sido definido de diversas formas, entre
las cuales destaca la de Thomas (1992) quien define el conflicto como: “el proceso que comienza cuando
una parte recibe que la otra afecta negativamente, o está próxima a afectar negativamente a algo que le
concierne” (p.653).
Asimismo, entre otras definiciones, se encuentra la de Evert Van de Vliert (1998) quien señala: “se dice
que dos individuos, un individuo, y un grupo o dos grupos de personas están en conflicto en tanto que al
menos unas de las partes, siente que está siendo obstruido o irritado por la otra” (p.351).
En efecto, como mencionan los autores citados, la controversia no solo se origina en pequeños grupos,
de modo que, puede producirse en asociaciones más extensas a causa de los intereses que cada uno de ellos
pretende posicionar frente a otros. Por ende, es común que los intereses de las comunidades o estén siendo
obstruidos, o bien, la parte contraria este provocando de cierta forma a la persona con la cual tiene la controversia que como consecuencia es probable que la disputa termine en agresiones físicas o resolviéndose
en los tribunales del estado.
Sin embargo, cuando hablamos de comunidades, surge la pregunta de que es una comunidad, la cual
autores como Robert Morrison Mclver (1940) señala que “es un círculo de personas que viven juntas, que
permanecen juntas, que tienen como objetivos no un interés particular sino un conjunto de intereses, que
abarquen la totalidad de sus vidas”.
Incluso, el concepto de comunidad tiene elementos que lo caracterizan como una asociación, entre las
cuales se encuentran el territorio, la población, el gobierno que los rige y también, las leyes que se encargan
de regular las actividades que a diario llevan a cabo. Por tal razón, los habitantes de las colectividades, al
estar unidos por estos factores, tienden a convivir ó entablar cualquier tipo de relaciones, por lo que es
probable que, en un momento dado, presenten conflictos que pueden repercutir en la paz y el orden público
de las comunidades.
Por otro lado, en la historia de México, los conflictos comunitarios siempre han estado presente, ya que
a partir de las culturas antiguas estos se originaban por diferentes motivos y, además, existían funcionarios
que se encargaban de solucionar las controversias, de modo que, en la antigua sociedad azteca, los jefes de
familia eran los encargados de resolver las disputas comunitarias que surgían entre las familias consanguíneas. Sin embargo, en la actualidad este tipo de controversias se reflejan principalmente en las comunidades
indígenas, por razones de invasión o apropiación de bienes naturales, o bien, por conflictos de territorio.
De igual forma, en las 32 entidades federativas en la República Mexicana, las colonias presentan conflictos comunitarios, estos a diferentes causas como el descuido en los desechos de residuos, la falta en el
cuidado de animales domésticos, la contaminación por ruido, la invasión de espacios entre vecinos, entre
otros, son algunos ejemplos de cómo se crean las controversias dentro de pequeñas comunidades o barrios.
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�Mediación policial como mecanismo alterno...

Dichas razones, hacen que los individuos lleguen ante las autoridades jurisdiccionales que se encargan
de resolver sus disputas, y de ahí que el juez -en la modalidad de ganar-perder- solucione las diferencias
de los inquilinos, vecinos, o bien, cualquier parte que conviva con los demás en las comunidades. Como
consecuencia, de la decisión que tome el a quo en la sentencia, otorgará la razón a aquella persona que se
apegue a lo que dicta el marco legal que regule a la comunidad.
No obstante, aparecen los mecanismos alternos de solución de controversias, los cuales tienen su sustento en el artículo 17 constitucional, donde la conciliación, la mediación y el arbitraje surgen como las herramientas alternativas que se encargan de resolver los conflictos entre los integrantes de las comunidades.
Así, dentro de la doctrina especializada, estos mecanismos han sido concebidos como un derecho humano
derivado del acceso a la justicia que le pertenece a todo individuo.
En ese tenor, cuando hablamos de mediación, se encuentra un tercero denominado mediador, quien es
un profesional dedicado a facilitar la comunicación entre las partes que tengan la divergencia de intereses,
y, además, ayuda a que propongan soluciones y alternativas a sus disputas.
En ese sentido, dentro de algunos estados de la República mexicana, se encuentran profesionales certificados que se encargan de llevar a cabo la mediación comunitaria en centros especializados, sin embargo, en
la doctrina especializada y en algunos estados de la república se ha estudiado y puesto en práctica otro tipo
de mediación, la cual se encuentra adherida a la de tipo comunitario, misma que se conoce como mediación
policial, así, Gallardo y Cobler (2012) señalan:
Cuando hablamos de Mediación Policial, es decir, de la Policía Mediadora, hablamos de que el Policía
tiene un rol de prevención de sostenimiento y de respuesta efectiva frente a los actos contra la vida comunitaria civilizada; de hecho es la Policía más cercana a los ciudadanos que ha asumido, de hecho y de derecho,
un rol central en todos los problemas inherentes a la seguridad, organizándose respecto a nuevos parámetros
de presencia física, relaciones con los ciudadanos, mediación y resolución de conflictos. (p.66).
En efecto, los cuerpos policiales son aquellos que se encuentran más en contacto con la ciudadanía en
los barrios o colonias, incluso, están más cercanos a los conflictos que se suscitan en la vida diaria de los
ciudadanos. No obstante, para abundar más de lo que se trata la mediación policial, es necesario, analizar
el marco constitucional y convencional de la seguridad pública, así como lo que ha mencionado el máximo
tribunal de nuestro país respecto a la seguridad y la mediación policial.
Marco constitucional y Convencional del sistema de seguridad pública.
De entrada, González (2002) señala que, en la evolución de las comunidades primitivas, se crean normas con el objetivo de defender sus intereses, mismas que tienen como finalidad delegar la función de
defensa en los individuos que sean más capacitados para tales objetivos. Así, el mencionado autor señala
que estos hombres son los encargados de usar la fuerza como herramienta necesaria para mantener el orden
público, además, son aquellos veladores del bienestar colectivo, investidos con la autoridad necesaria para
garantizar las disposiciones y los intereses de la comunidad a través de la fuerza.
En esa tesitura, en el estado mexicano, se encuentran hombres encargados de mantener el orden y la
seguridad de los ciudadanos, de modo que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio mexicano
cumpliendo funciones de defensa en interés de la comunidad. Por lo tanto, los cuerpos policiales a los que
se hace referencia tienen facultades de utilizar el auxilio de la fuerza pública en los casos necesarios, todo
esto de conformidad lo que disponen los derechos humanos establecidos en la constitución, y además conforme a la proporcionalidad que amerite.
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De igual manera, las facultades además del auxilio de la fuerza pública, se encuentran establecidas
dentro de la normatividad especializada en seguridad, la cual, es el eje normativo que guía la actuación de
los policías. Asimismo, todo parte de lo que dispone el texto constitucional, hasta las legislaciones que la
federación, las entidades federativas y los municipios disponen respecto a la seguridad pública.
En el mismo sentido, las disposiciones constitucionales que rigen la actuación de los hombres encargados de la seguridad pública son los artículos 16 párrafos primero y segundo, 21 párrafos noveno y décimo,
así como el artículo 90 de la Constitución. En el primer precepto constitucional mencionado, se establece
uno de los derechos fundamentales en derecho procesal más conocido como el derecho a la debida fundamentación y motivación de las ordenes de las autoridades, así el policía como autoridad administrativa,
debe justificar sus actos o motivos de molestia hacia el ciudadano, de modo que, cuando este funcionario
elabora sus informes policiales homologados, debe motivar sus argumentos en base a la norma que lo faculte para llevar a cabo tal actuación. De igual manera, en los actos de vigilancia que a diario llevan cabo
los cuerpos policiales, se pueden presentar ocasiones en los cuales los ciudadanos infrinjan disposiciones
de orden público, lo que conlleva a que se originen infracciones administrativas o bien, arresto hasta por 36
horas, de ahí que estos servidores de la vigilancia tengan los conocimientos legales necesarios para poder
justificar los actos que puedan ejecutar en un momento dado.
Por lo tanto, el derecho a la seguridad pública se encuentra en lo que dispone el artículo 21 constitucional:
Artículo 21. (…)
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad
con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas,
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
De tal manera, este precepto constitucional es la base de los actos que llevan a cabo todos los agentes
de la seguridad a nivel nacional, ya que se establece la organización de los tres órdenes de gobierno para
garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como velar por la paz social y el orden público, sin embargo, este precepto fue reformado el 17 de junio de 2016, donde se modificó el párrafo noveno mencionado
anteriormente. Por un lado, el máximo tribunal de este país ya había mencionado en la controversia constitucional 132/2006 que la federación, en ese entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los estados
y los municipios, deben coordinarse para establecer el sistema de seguridad nacional bajo la legislación
de la materia q ue expida el Congreso de la Unión en seguridad pública, ya que esta debe ser una materia
concurrente en la coordinación.
En ese sentido, como Sepúlveda (2013) señala, se tiene que considerar el tipo de facultades que otorga
el artículo 21 constitucional, las cuales tienden a hacerse concurrentes en situaciones de trascendencia que
conduzcan a las autoridades de los tres niveles de gobierno a unirse para combatir los delitos. Por ende, en
situaciones como la delincuencia organizada o violaciones graves de derechos humanos, se necesita de la
actuación de todos los municipios, la policía federal y estatal para velar por la seguridad ciudadana.
No obstante, no se debe dejar pasar el comentario, a la nueva reforma del párrafo décimo que se refiere
a la Guardia Nacional, mismo que fue modificado en el presente año. Así, en el artículo 21 constitucional,
quedo establecida la Guardia Nacional como una institución policial de la federación con carácter civil, la
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cual se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, empero, no se debe
dejar de lado que aquí también, es posible impulsar la mediación policial para los nuevos miembros de la
Guardia, de modo que, esta también sea una herramienta que les sirva para asegurar la seguridad de los
ciudadanos.
Seguidamente, otro precepto constitucional sumamente importante, es el artículo 115 fracción III inciso
h además de la fracción VII:
Artículo 115. (…)
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a)-f)
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal
y tránsito; e
(….)
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal
tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;
En ese sentido, como Ramírez (2016) señala el precepto constitucional refrenda la competencia original
del municipio con el objetivo de realizar las funciones de seguridad pública dentro del ámbito territorial que
le corresponde, dado que este cuerpo policial estará al mando del presidente municipal de conformidad con
las leyes de ese municipio, como ejemplo se encuentra el bando de policía y gobierno que regula en parte
las actuaciones de estos elementos de seguridad pública.
Por lo tanto, el municipio es la forma de organización política más cercana a la ciudadanía, debido a que
dentro del ámbito territorial que le corresponde lleva a cabo diversas funciones que le sirven a los habitantes
en sus actividades cotidianas, en razón de que no solo la seguridad pública es parte de los servicios que esta
organización municipal les brinda, de modo que, los permisos de comercio, las licencias para construcción
de alguna obra en particular, o bien otro tipo de diligencias, son algunos ejemplos de servicios básicos que
ayudan a las actividades cotidianas de la comunidad, de ahí, que las autoridades municipales están más en
contacto con los integrantes de aquella, tal como Martínez (2002) refiere “la primera comunidad a su vez,
que resulta de muchas familias y cuyo fin es servir a la satisfacción de las necesidades que no son meramente las de cada día, es el municipio” (p.626).
En ese sentido, las necesidades de cada habitante se ven satisfechas cuando el presidente municipal o los
órganos adscritos a los ayuntamientos brindan los servicios a cada ciudadano que desea dedicarse a la actividad que desee, de ahí que la seguridad pública, sea una de las necesidades más importantes de la comunidad. Así, este razonamiento lo ha refrendado el máximo tribunal de este país, quien argumento que el estado
mexicano por medio de sus tres niveles de gobierno, y todas aquellas autoridades directa o indirectamente
que tengan relación con las atribuciones de seguridad, deben trabajar de manera conjunta para cumplir los
objetivos que son la libertad, la paz y el orden público, los cuales son las condiciones imprescindibles para
que se gocen de las demás garantías que la constitución le brinda al ciudadano.
Por otro lado, al estar consignada la seguridad pública dentro del catálogo de derechos humanos en el
texto constitucional, es lógico que, dentro de los tratados internacionales más importantes ratificados por el
estado mexicano, se establezca tal derecho, por lo tanto, dentro de la normatividad internacional, se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece de manera indirecta el derecho a la
seguridad pública. De igual manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
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de Derechos Civiles y Políticos prevén el derecho a la seguridad y la libertad de la persona.
En ese orden de ideas, dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos se encuentra plasmado el derecho a la seguridad pública dentro de los artículos 4 y 5 del tratado aludido, así como el artículo 7
de la Convención. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado la obligación
del estado para brindar la seguridad de todos los ciudadanos, así en el caso Cantoral Benavides vs Perú se
menciona lo siguiente:
Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona
detenida constituye un atentado a la dignidad humana [...] en violación del artículo 5 de la Convención
Americana. Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no
deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona.
Por ende, la seguridad pública, de conformidad con el razonamiento del tribunal internacional se refiere
a que cuando se emplee el auxilio de la fuerza pública en todo momento debe haber un respeto a la integridad humana. De ahí que la seguridad sea una garantía que proteja el libre ejercicio de todos los derechos
de los ciudadanos tal como lo señala Jiménez (2011): “La seguridad está asociada al libre ejercicio de los
derechos y libertades individuales y también, al orden público, a la paz social, a la tranquilidad, al bienestar
y, como se suele decir ahora, a la calidad de vida” (p.278).
A pesar de que los cuerpos policiales deben utilizar el uso de fuerza para garantizar la seguridad, (el uso
de la fuerza esta justificada cuando exista una agresión inminente, real, actual) existen otras formas ara que
sea garantizada a los ciudadanos, de ahí que, los mecanismos alternos de solución de controversias sean otra
alternativa de transformación del conflicto que los cuerpos policiales enfrentan día a día.
No obstante, ¿Qué se ha mencionado dentro de la interpretación constitucional sobre la mediación policial? la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de Inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la legislatura del Estado de
México, y la Comisión estatal de Derechos Humanos del Estado de México, impugnaron diversos preceptos
de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, en ese sentido, dentro de las demandas de acciones de inconstitucionalidad, el punto que interesa al presente trabajo, es el argumento que
elaboró la CNDH en su demanda, el cual consistió como “Violación al principio constitucional de última
razón en el empleo del uso de la fuerza” De tal manera, el Ombudsman mencionó que las primeras opciones
antes del empleo del uso de la fuerza deben ser los medios no violentos y a partir de ahí si estos resultan
ineficaces, entonces se procede al empleo del uso de la fuerza y el uso de armas de fuego.
En efecto, mediante estos razonamientos el máximo tribunal del Estado Mexicano, en sus considerados
determinó el auxilio del uso de la fuerza como la última ratio:
Dado que se trata del terreno de aplicación de fuerza, para que una intervención pueda ser válidamente
considerada como necesaria, debe estar precedida por acciones o medidas pacíficas que hayan resultado
inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro de los fines. La fuerza es necesaria, se insiste, cuando ya las
alternativas que la excluyen no dieron resultados.
En pocas palabras, la necesidad de una acción de fuerza deviene de un agotamiento previo de otras
alternativas; está en función de los fines que con la misma se persigue y de las respuestas que el agente
-o la corporación- deba ir dando a los estímulos externos que reciba, y ya que no es criterio autónomo, la
necesidad del uso de la fuerza está, a su vez, acotada y regida por los demás principios ya mencionados. (el
subrayado es del autor)
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En ese sentido, por primera vez, dentro de la acción de inconstitucionalidad donde se promovió contra
la Ley que Regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México publicada en el periódico oficial del
Estado de México el 18 de Marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo mención de los
mecanismos de solución de controversias, de entre las cuales, se encuentra la mediación policial, que como
se analizará un poco más adelante, es el medio efectivo no violento mediante el cual un tercero neutral, que
en este caso es el policía, se encarga de transformar el conflicto entre las partes.
Por ende, en el desarrollo de esta herramienta, el tercero neutral debe considerar que en el momento
de resolver, el auxilio de la fuerza pública y el uso de armas de fuego son las ultimas alternativas que debe
utilizar para resolver un conflicto, esto como se refleja comúnmente en la realidad, suele suceder cuando
las personas responden con violencia hacia los servidores de la vigilancia del estado o municipio, o bien los
delitos que estén cometiendo sean de alto impacto.
En ese tenor, Cobler (2014) señala que los policías comúnmente han sido preparados para repeler respuestas agresivas, por lo tanto, se hace necesario también una buena formación en la resolución de problemas ó mediación para que adquieran las habilidades y capacidades necesarias con el objetivo de que
obtengan los métodos y bases que partan de la mediación policial y aprovechen el enorme potencial de esta
herramienta. En ese sentido, Cobler señala:
Metafóricamente sería como llevar el cinturón junto a la porra y la emisora, las técnicas de mediación
policial para utilizarla en los momentos en los que sea útil, ofreciendo un valor añadido al servicio, mejorando la imagen de la policía una imagen innovadora, de una policía moderna adaptada a los tiempos que
corren y próxima y cercana a los ciudadanos a los que sirve (Cobler, 2014, p.129).
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es mostrar un nuevo tipo de mediación que recoge el espíritu por el que fue creado el cuerpo policial, así, este tipo de herramienta servirá a las nuevas generaciones
de las academias policiales, quienes tendrán a la mano las técnicas necesarias con las cuales puedan brindar
un mejor servicio a la ciudadanía. No obstante, como se vio el máximo tribunal de nuestro país, así como
el marco constitucional e internacional estipulan el derecho a la seguridad pública de toda persona, y a la
vez este se encuentra en conexión con el derecho a los mecanismos de solución de controversias que juntos,
juegan un papel sumamente importante en la protección de los demás derechos humanos de los ciudadanos.
La mediación policial
En primer lugar, como señala Petit (2018), la sociedad siempre ha procurado proteger a sus integrantes,
por lo que ha delegado esa responsabilidad a las personas más aptas para esa labor, de modo que, fueron
servidores responsables de proteger a la comunidad en una primera etapa, y se les facultó para usar la fuerza
como el medio que preserva el orden.
Estos sujetos, son los policías, que como señala Gonzalo (2018), el término policía, despliega comúnmente dos significados, donde en primera son órganos creados para garantizar el orden público y en segunda, son los miembros que la integran. En ese sentido, la raíz etimológica del término tiene su origen
en el griego que se denomina Politeia y del latín que se conoce como politia los cuales, se encuentran en
conexión con la administración gubernativa o gobierno de la ciudad. Por ende, tal como lo señala Gonzalo
(2018): “Se refiere a la organización y reglamentación interna de un Estado, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para guardar orden y seguridad pública.” (p,59).
En ese tenor, los policías nacen como los nuevos sujetos encargados de defender la seguridad de los
ciudadanos, y de igual manera, la paz y el orden público. No obstante, Ugarte (2003) menciona que, en los
diversos sistemas de seguridad pública, existen distintos tipos de modelos policiales, de los cuales destacan
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dos, que son el europeo continental que lleva por nombre Policía de Estado¸ y el modelo anglosajón, o
conocido como policía de Comunidad.
Por consiguiente, como señala el autor mencionado, la policía de Estado es un sistema policial que se
constituye desde el poder hacia el pueblo, de arriba hacia abajo, el cual tuvo su nacimiento en el poder real
de la Francia absolutista, pero permaneció y se perfeccionó tras la revolución francesa. De igual manera, se
ubica el policía comunitario, el cual tuvo su origen en Inglaterra, y se formó por ciudadanos comunes que
se encontraban revestidos de facultades policiales por parte del Estado.
En ese orden de ideas, cuando se menciona a los policías comunitarios, son los que comúnmente se
encuentran de cerca a la ciudadanía, debido a que están más apegados a los conflictos comunitarios que se
originan día a día entre los habitantes de un barrio o comunidad. Así, los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos deben considerar que existen métodos más efectivos que las agresiones para poder
transformar el conflicto, y de ahí que la mediación policial sea la herramienta más positiva para resolverlos.
Sin embargo, el autor que consideró este mecanismo alterno como un medio positivo para resolver los
conflictos en la comunidad, es el profesor Herman Goldstein, quien ha dedicado estudios en relación con
los conflictos que se resuelven a través de los agentes, y, asimismo, considera al policía como el actor capaz
de resolver problemas.
En ese sentido, los autores Berlanga y Mogro (2012) definen a la mediación policial:
La Mediación Policial es la forma en que las personas pueden resolver sus conflictos, por medio del
diálogo y con ayuda de un Policía Mediador, que deberá ser imparcial, en donde cada una de las partes en
conflicto tienen la oportunidad de exponer el problema, y colaborar voluntariamente con el fin de lograr un
acuerdo que pueda satisfacer a ambas partes, reparando el daño causado y solucionando el problema. Por
Mediación Policial entendemos la participación de una tercera parte neutral (en nuestro caso por policías
locales mediadores) que ayuda a las personas insertas en un conflicto a llegar a un acuerdo consensuado
(p.738).
Por ende, como Redorta (2004) señala: “La mediación policial se ha de diferenciar de los procesos
habituales de mediación, y su inclusión viene ligada estrechamente en el ámbito de la policía comunitaria”
(p.35). En la misma línea, Garfella (2016), define a la mediación policial como una técnica que usan los
agentes de la seguridad pública para ayudar a resolver a las personas a través del diálogo y de una manera
rápida, los conflictos que surgen en la vida diaria, con el objetivo de que estos no terminen en procesos judiciales. Así, Garfella (2016) considera que, este tipo de mecanismo encuadra dentro del tipo de mediación
comunitaria, donde se promueve la participación de los ciudadanos, debido a que estos se reapropian de las
controversias, sin necesidad de someterlos ante las autoridades del estado, contando con el auxilio de un
policía mediador neutral, imparcial, y objetivo.
En efecto, esta herramienta a la que aluden los autores citados, resuelve los conflictos comunitarios de
una forma más rápida y sencilla a través de la policía, que aunque investida de las facultades para hacer
uso de la fuerza pública, tiene la oportunidad de demostrar ante los ciudadanos, el verdadero objetivo por
el cual fueron creados los cuerpos policiales Por lo tanto, el acercamiento a los ciudadanos ayudará a que
los habitantes recuperen la confianza de estos, además, los ciudadanos auxilien en la resolución de otros
conflictos que se presentan dentro las comunidades que habitan. Así, tal como Cabello (2015) menciona:
La implementación de este nuevo modelo de justicia, es una vía de intervención social que fortalece los
lazos entre la comunidad y el gobierno, el capital social que se crea ayuda a solucionar de manera pacífica
y prevenir el surgimiento de delitos muchas veces considerados como “no importantes” por los agentes
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del orden, el sentimiento de inseguridad que es percibido por las comunidades también es reducido con la
instauración de este tipo de intervenciones, debido a que se incrementa la colaboración y el sentido de la
responsabilidad de la comunidad, convirtiéndose de igual manera en estrategias de inclusión social (p.23).
Por lo tanto, al llevar a cabo la implementación de estas herramientas y capacitaciones a los cuerpos
policiales del estado, se logrará el objetivo de reducir los conflictos comunitarios que se presentan en los
barrios, asimismo, se conseguirá que las tasas de delitos disminuyan con el uso de esta herramienta. El uso
de la mediación hace que el policía sienta empatía con la situación de los ciudadanos, además, previene que
los conflictos acrecienten y evita que los mismos habitantes de la comunidad cometan delitos a raíz de las
disputas que entre ellos se crea.
Sin embargo, cuando se lleva a cabo la mediación policial, se debe tomar en consideración los límites
que existen para aplicación de esta en la resolución de conflictos comunitarios, así, Redorta (2004) ha mencionado que son dos los acotamientos que se deben considerar en la aplicación de la mediación policial,
los cuales son la distancia social y el grado de exigencia de la ley. En ese tenor, el autor de referencia ha
elaborado una tabla, correlacionando la distancia social (grado de intimidad) con el nivel de exigencia de
la ley, la cual sería la siguiente:
Cuadro 1. Margen de Intervención con mediación policial

Fuente: Redorta Josep, (2004).
La tabla que elabora Redorta hace referencia al grado de relación que tienen las personas que conviven
dentro de una comunidad y el impacto de las obligaciones legales que tienen sus conflictos comunitarios,
por ende, de una forma más detallada en relación a la distancia social y el grado de exigencia de la ley, lo
ha precisado Black (1980) en la siguiente lista, donde hace mención del tipo de grado de convivencia que
tienen cada uno de los habitantes en una comunidad y el nivel del efecto legal, dado que estos son las bases
para que la mediación policial se pueda desarrollar:
1.
2.
3.
4.

Mediation of conflicts between cohabitanting persons or individuals with kinshipties, usually called
domestics (low social distance, high legal obligations.)
Mediation of conflicts between landlords and tenants, but now of a different character tan in the past
(moderate social distance, moderate legal obligations)
Mediation of conflicts between acquaintances, including residential neighbors, (low social distance, moderate legal obligations).
Mediation of conflicts between neighborhood residents and locations (comercial or residential)
deemed to be atractive nuisances, such as crackhouses and shooting galleries; tippling houses and
bars; porn shops, saunas, heatl spas, and massage-parlorprostitutionfronts; fraternity houses; and so

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5.

forth (high social distance, low legal obligation)
Mediation between guardians/owners and regulating bodies such as bars and liquor commisions,
subsidized housing sites, and their fundingsources (high social distance, high legal obligation).

En ese sentido, se puede mencionar que dependiendo de las circunstancias en las que se presente el
conflicto comunitario, el policía mediador evaluará el grado de legalidad que tiene el conflicto comunitario,
así como la relación de convivencia que se presenta entre las partes para poder someterlo a una mediación,
por consiguiente, puede intervenir y emplear las técnicas de mediación necesarias con las cuales obtendrá
resultados positivos acorde a como haya desarrollado la mediación, o bien, en su caso lo puede remitir a un
centro especializado en resolver conflictos comunitarios. Sin embargo, debe considerarse que en algunos
casos el agente encargado de la seguridad no puede emplear la mediación, dado la trascendencia del mismo
y los graves daños que pueden repercutir en la parte afectada o bien en un momento dado, en la comunidad
en la cual se susciten los hechos.
Asimismo, los casos que se presentan y que pueden ser resueltos a través de la mediación policial son
los siguientes: a) problemas de convivencia vecinales; b) molestias por ruidos (vecinos, bares, zonas de
ocio) c) olores desperfectos y molestias en la comunidad; d) molestias por animales o mascotas; e) problemas de salubridad e higiene; problemas por el uso de espacios públicos (parques, calles); e) problemas de
relación entre familiares (padres e hijos, entre hermanos, etc.); f) conflictos en la puerta de la escuela, g)
conflictos entre jóvenes y adolescentes h) bullying, sexting (Cobler, 2014, p. 139). Comúnmente, este tipo
de conflictos origina una molestia en las personas lo que conlleva a agresiones físicas o emocionales entre
las mismas, consecuentemente, terminan resolviendo sus controversias ante la autoridad.
Por otro lado, se encuentran los recursos y habilidades que debe de tener un policía mediador, los cuales Elena Cobler se ha encargado de detallar minuciosamente. En primer lugar, Gallardo y Cobler (2012)
refieren a que este protector de la seguridad debe de tener los siguientes recursos: a) acompañar en el viaje;
b) ayudar a las personas participantes a identificar y compartir los temas sobre los que van a hablar; c) promover una comunicación efectiva para facilitar un mutuo entendimiento; d) ayudar a establecer el respeto
mutuo y la comunicación abierta, evitandolas coacciones y las descalificaciones; e) auxiliar en los tipos de
soluciones posibles , f) Ayudar en la negociación y en la construcción de un acuerdo viable y aceptable para
las personas participantes.
Además, la autora señala que otros de los recursos que necesita el policía mediador son especializarse en las técnicas de mediación; asimismo, debe establecer las reglas que hacen posible el desarrollo del
mecanismo; así como justificar su asistencia, es decir, hacer que las partes entienda la razón de porque su
intervención como mediador les cuesta menos para poder resolver sus conflictos ante un tribunal.
En ese sentido, los recursos a los que hace alusión la autora son la parte más importante en la formación
de un policía que desconoce de las técnicas de mediación, debido a que al conocer los distintos modos de
resolver los conflictos que se presentan la comunidad, se hará innecesario el auxilio de la fuerza y salvaguardará de un modo más efectivo la paz y la seguridad pública.
Por otra parte, Cobler (2014) ha mencionado que el perfil del mediador policial se debe basar en una
persona asertiva, debe saber escuchar a las personas, tiene que saber hablar, saber elogiar lo bien hecho, así
como debe saber aceptar sus errores y disculparse, saber en qué momento decir no, el conocimiento para
presentar una queja y como recibirla, y una de las partes más importantes es saber negociar y ponerse de
acuerdo con quien no lo estaba, también, debe saber expresar los sentimientos, conocer cómo se enfrenta
el miedo al ridículo o al fracaso, tener la capacidad de observar, la disposición para aprender, el sentido
común, debe ejercitar el pensamiento crítico, debe suprimir la ira y por último, tiene que ser una persona
tolerante.
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�Mediación policial como mecanismo alterno...

El objetivo de la mediación policial es formar nuevos profesionales en la seguridad pública, por lo que,
conociendo las herramientas necesarias, lograrán que los habitantes de una comunidad convivan mejor, así
los tres niveles de gobierno deben preparar sus integrantes para que dejen a un lado las formas de contestar
agresivamente a los conflictos y construyan un panorama diferente en la forma de solucionarlos.
La mediación policial en México
Por último, se deben hacer breves comentarios en relación al impulso de la mediación policial en México, así como los mecanismos que se han construido en los estados de la República, los cuales estén
avanzando en algún proceso de mediación, o bien, como se encuentra la normatividad local dentro de los
estados que regulan dicha figura.
En ese sentido, derivado de algunas solicitudes de acceso a la información, la mediación en México aún
no se encuentra completamente desarrollada o impulsada por los gobiernos actualmente, debido a que así
lo han manifestado en las respuestas a las solicitudes que se han hecho a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, a algunos estados como Baja California , Campeche , Ciudad de México, Guanajuato ,
Michoacán , Nayarit , Oaxaca Sonora , Sinaloa , Quintaba Roo , San Luis Potosí , Tamaulipas , Yucatán ,
Zacatecas .
En cambio, estados como Baja California Sur, a pesar de que no contemplan el mecanismo alterno en
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad pública del Estado de Baja California Sur, así como en el Reglamento de Servicio de Carrera Policial, han impulsado la mediación policial durante el periodo de 2016 con
el acuerdo del programa rector de profesionalización en la Academia Estatal de Seguridad Pública, donde
se impartió un taller presencial con la finalidad de dar a conocer las habilidades que un policía mediador
debe tener para el control de emociones, toma de decisiones, y la intervención en el manejo de conflictos.
No obstante, es importante resaltar un modelo de mediación policial que se está llevando a cabo en el
municipio de Escobedo del Estado de Nuevo León, el cual se denomina Proxpol (Policía de proximidad).
En ese sentido, González, Pérez, Salgado y Caballero (2017) mencionan que este mecanismo es un paso
más en el concepto de policía de barrio que tiene como finalidad la construcción de un método de trabajo
basado en el acercamiento entre la policía local y ciudadana, de igual manera mejora la eficacia y la eficiencia de la policía en el ámbito de la convivencia ciudadana.
Este mecanismo fue impulsado por la administración de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal de Mariano Escobedo (Nuevo León), el cual puso en marcha el modelo de policía de proximidad, misma experiencia que fue extraída de la policía local de Castellón de la Plana, España, la cual tiene
la certificación de la Universidad Jaume I de España y el Instituto Estatal de Seguridad de Nuevo León.
En ese sentido, González (2017) menciona que los objetivos del modelo denominado proxpol, son los
siguientes: a) Focalizar la vigilancia en un área reducida (establecida de acuerdo a los criterios de cada
sector proxpol; b) Mantener contacto directo con la comunidad y considerar sus percepciones relativas
al entorno de seguridad c) Impulsar acciones preventivas en coordinación con la comunidad; d) Realizar
diagnósticos de los espacios de asignación; e) Entrenamiento en la resolución de conflictos comunitarios;
f) privilegiar la prevención.
De igual forma, este modelo policial, se basa fundamentalmente en una metodología que se guía mediante los siguientes ejes: a) Conocimiento empírico del territorio y entorno; b) Generación de una batería
de indicadores que permitan medir la evolución; c) formación específica a “agentes de barrio”; y d) Fomento de la transversalidad en el trabajo policial.
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Seguidamente, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se llevaron a cabo las políticas
Públicas de “policía de proximidad” las cuales tienen un acercamiento a la comunidad como un modelo basado en la prevención de la violencia y la delincuencia, donde se puede notar que en el Boletín No. 117/16,
se informó en llevar a cabo una estrategia de seguridad donde participaron la Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y por el INEGI, la Directora General de Coordinación Intersecretarial de esta dependencia, para realizar las labores necesarias y
poner en práctica la proximidad entre la policía y las comunidades.
Finalmente, en el estado de México, la ley de seguridad regula la mediación policial en sus artículos 190
al 198 donde se puede notar como se les concede a los municipios la facultad de llevar a cabo el desarrollo
de esta herramienta en sus respectivos territorios.
Sin embargo, estas políticas públicas que se han manejado en diferentes estados de la república sirven
de guías para los demás estados pongan en marcha la función de la proximidad policial con los ciudadanos,
y unas de ellas son los mecanismos de solución de controversias.
3.- MÉTODO
La presente investigación presenta un enfoque cualitativo, dado que busca encontrar nuevos datos que
ayuden a interpretar el fenómeno de la mediación policial que la literatura científica se ha encargado de estudiar, así en una investigación cualitativa Sampieri ( ) menciona que el enfoque se basa en una recolección
de datos ni estandarizados predeterminadamente.
Asimismo, se puede hablar de un diseño de investigación no experimental, porque se revisó la literatura
que trata sobre la mediación policial, y de ahí se interpretaron el conocimiento que la doctrina se ha encargado de estudiar en relación con la mediación policial.
Por otro lado, se hizo un estudio de forma exploratoria, debido a que se revisó una temática que no ha
tenido un análisis profundo sobre la mediación policial, de manera que, se llevó a cabo la búsqueda de documentos, bibliografía, y revistas especializadas que tratarán del tema en comento.
De igual forma, se lleva a cabo una revisión documental exploratoria donde se trate el tema de la policía
de proximidad en el Estado de Nuevo León, donde se vea como se estructura, y de donde se origina este
mecanismo alterno de solución de conflictos en seguridad pública.
Instrumentos
Se llevo a cabo el estudio con la revisión de bibliografía respecto a la mediación policial, y además
se analizaron artículos de revistas especializadas que abarcarán el tema relacionado, con estas bases, se
interpretaron cada uno de los argumentos que se exponían en estos documentos, así como se construyeron
nuevos razonamientos, que ayudarán a comprender como se desenvuelve este procedimiento dentro de la
práctica.
De igual manera, se llevó a cabo la revisión bibliográfica donde se haya analizado la policía de proximidad en el Estado de Nuevo León, su estructura y origen
Procedimiento
El presente se desarrolló a partir de la búsqueda de material académico que tratara sobre los temas de
mediación policial y policía de proximidad, así se analizaron argumentos que reforzarán los conceptos
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esenciales de la investigación, también se utilizó una tabla que demostrará los limites donde la policía pueda llevar a cabo la resolución de conflictos comunitarios.
Seguidamente, se elaboró solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, para comprender de qué manera la mediación policial se ha llevado a cabo dentro de los
Estados de la República, de ahí que se analicen cada uno de los modelos de capacitación policial que se han
implementado en México.
Por último, se llevó a cabo la interpretación de todos los resultados y se construyeron argumentos de
conformidad con lo que se investigó en la Bibliografía.
4.- CONCLUSIONES
La mediación policial hoy en día empieza un nuevo camino en la resolución de conflictos en la comunidad, dado que estos hombres encargado de la seguridad pública, son los servidores del estado que están
más en contacto con la ciudadanía e interactúan con ellos en los problemas que suscitan entre las diferentes
partes.
Los problemas dentro de la comunidad pueden variar, así como el grado de obligación legal y la distancia social, por ende, el policía en el momento de llevar a cabo el análisis de la situación debe valorar que tan
grave es en el conflicto, y si existe la posibilidad de resolverlo por los mecanismos alternos de solución de
controversias. No obstante, observado los límites que se mencionaron en el presente trabajo.
Los cuerpos policiales como responsables de la seguridad del estado deben garantizar el derecho humano a la seguridad pública de los ciudadanos, sin embargo, ya existen otras alternativas que el policía debe
considerar para solucionar los conflictos que se presentan en la comunidad, y con la mediación, se garantiza
la estabilidad social y el derecho a la paz ó el orden público, que son los elementos necesarios para la convivencia dentro de la colectividad.
En ese sentido, si hay un orden público, como consecuencia, los habitantes de una comunidad empezaran a convivir de manera pacífica con sus semejantes y además se establecerá la confianza con los cuerpos
policiales que día a día llevan a cabo la vigilancia dentro de los barrios.
Por otro lado, la preparación del mediador policial tiene que ir encaminada en tener una vocación de
servicio con los ciudadanos, tiene que estar entrenado para activar la escucha activa, ser empático, saber
tomar decisiones en el momento correcto, sin embargo, no debe olvidar los principios que dirigen el proceso de mediación los cuales son la voluntariedad, la imparcialidad, la honestidad, entre otros, que son los
elementos básicos para el desarrollo de estas herramientas.
Por ende, este modelo alternativo de justicia ofrece un panorama diferente que ayudará a que los cuerpos de seguridad sean eficientes en el momento de resolver conflictos comunitarios, así para que esto suceda, se necesita de la colaboración de los ciudadanos, de la difusión a través de los medios de comunicación
que es lo que se pretende hacer con la mediación policial, así como la capacitación de los policías en las
academias policiales, también, la impartición de talleres a los policías en los tres órdenes de gobierno para
que aprendan como ser mediadores cuando se presenta un conflicto latente o bien ya materializado.

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escrito que contiene el acto de molestia a particulares debe fundarse en el precepto legal que les
otorgue la atribución ejercida, citando el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en caso de que no los
contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente.”
SCJN (2009). Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2009, Tomo XXIX,
Pág. 1296, tesis aislada, Bajo el rubro de: seguridad pública. es una materia concurrente en la que todas
las instancias de gobierno deben coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a
la delincuencia, bajo una ley general expedida por el congreso de la unión.

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El império retórico: Auge y Caída
The Rhetoric Empire: Rise and Fall
Said, Dahdah-Antar 1
Universidad cental de Venezuela
DOI:http://dx.doi.org/10.29105/pgc5.9-4		

https://orcid.org/0000-0001-7433-305X
RESUMEN

El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica cuyo objetivo consistió en mostrar evidencia de los
fundamentos clásicos de la comunicación política. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño
no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se encontró que el debate sobre la retórica, en la antigüedad, constituía la esencia misma de la participación de los ciudadanos en los asuntos
de la comunidad. Si bien ha sido vista usualmente con descrédito, la retórica fue objeto de importantes reflexiones en la
Grecia y Roma clásicas. Se concluye que el arte de persuadir públicos mediante el uso de la palabra ha logrado construir
una maquinaria conceptual, cuyos aportes serán descritos en este análisis. La distinción que con frecuencia se hace en
política entre las palabras y los hechos, entre el “no veas lo que dice el presidente, sino lo que éste hace”, se cuestiona
en la perspectiva retórica: el decir es también una manera de hacer.
Palabras clave: Ciudadanía, comunicación política, discurso político, persuasión, retórica
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review whose objective is to show evidence of the classical foundations of political communication. The method of analysis was applied, with a qualitative approach, non-experimental
design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review it was found that the debate
on rhetoric, in ancient times, constituted the very essence of citizen participation in community affairs. Although it has
usually been seen with description, the rhetoric was the subject of important reflections in classical Greece and Rome.
It is concluded that the art of persuading audiences through the use of the word has managed to build a conceptual
machinery, whose contributions will be necessary in this analysis. The distinction that is often made in politics between
words and deeds, between “do not see what the president says, but what he does this”, is questioned in the rhetorical
perspective: saying is also a way of doing.
Key words: Human Rights, Monterrey, news media, social representations.
Cómo referenciar este artículo:

Dahdah-Antar, S. (2019). El império retórico: Auge y Caida. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 5(9), 106123. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/111

Recibido: 30 de Agosto 2018 - Aceptado: 07 de Octubre 2018

1
Máster de Escritura para la Televisión, Cine y Narrativas Transmedias, Universidad Autónoma de Barcelona.
Profesor e Investigador del Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela. sda07@hotmail.com
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�El Imperio Retórico: Auge y Caída

1.- INTRODUCCIÓN
La comunicación política es una disciplina científica en proceso permanente de construcción y reelaboración. Mauro Wolf, en su Investigación de la Comunicación de Masas, define su objeto de estudio como
proteiforme. Las investigaciones en este ámbito muestran una multiplicidad de problemas, ensayos de
solución y procedimientos de análisis, gracias a los cuales “ha resultado un conjunto de métodos, enfoques
y puntos de vista tan heterogéneo y disforme” (Wolf, 1996, p.11). Los orígenes de la disciplina se hallan en
la Antigüedad clásica: sus fundamentos aparecen en la Grecia del siglo V a.C., a propósito de la cuestión
de la retórica; y en la Roma imperial, donde se establecieron sus principios gracias a la controversia sobre
la oratoria.
El presente artículo propone un recorrido por el debate de la retórica en la Antigüedad clásica. Se expondrán las principales tesis y corrientes que configuran su marco conceptual. En la Grecia del siglo V a.C.,
se abordarán los exponentes de las dos corrientes de pensamiento predominantes: la sofística de Gorgias,
Protágoras, Pródico y los Eristas; y la filosofía de Platón y Aristóteles. En la República romana, nos enfocaremos exclusivamente en la figura del político y orador Marco Tulio Cicerón, con una obra y reflexión
prolífica sobre la materia.
El problema básico consiste en reconstruir los mecanismos clásicos de persuasión política, entendiendo
que la elaboración de discursos, y por ende la capacidad de articular diálogo efectivo, opera como alternativa a la búsqueda de soluciones de fuerza o de imposición de valores comunes; así como incrementa las
posibilidades de integración social2. El objetivo principal gira en torno a describir los esquemas básicos del
discurso político, con la finalidad de exponer la pertinencia de rescatar dichas nociones para el análisis contemporáneo de la comunicación política en democracia. Para ello identificaremos los conceptos decisivos
en cada planteamiento, la fundamentación teórico práctica de los mismos, y de ser posible su recreación
histórico conceptual. Ahora bien, el desprestigio tradicional de la cuestión retórica, y de la palabra política
en general, así como la casi nula preservación de los textos antiguos sobre la sofística, gravitan como limitaciones principales de esta revisión bibliográfica.
Que la retórica y la oratoria sean términos diferentes, además de haber sido empleadas en épocas distintas, en poco modifica el sentido de principal de la materia discutida: la persuasión política y las formas
idóneas para su consecución. Ferrater Mora entiende a la persuasión, básicamente, en términos de los
esfuerzos que se hacen para convencer al oyente o interlocutor a aceptar aquello que se le propone o se le
dice (1965, p.408). La retórica y la oratoria se encuentran relacionadas con la elocuencia: con esos estilos o
caminos apropiados en ciertas ocasiones para afectar las opiniones, los valores y las creencias de un público
particular. Retórica y oratoria son en este artículo manifestaciones del mismo fenómeno.
Bice Mortara Garavelli, en su Manual de Retórica, afirma que la retórica guarda dos sentidos y una
diversidad de juicios. La retórica se entiende como práctica y técnicas comunicativas. Un modo de expresión o un quehacer comunicativo, en resumen. La retórica se refiere también a una disciplina, la ciencia del
discurso; un conjunto articulado de doctrinas o reglas que describen su correcto funcionamiento. “Retórica,
pues, quiere decir práctica y teoría: elocuencia y sistema de normas que han de respetarse para ser ‘elocuentes’ y que son objeto de estudio sistemático” (1991, p.9).

2
Véanse los trabajos de Julieta Flores, Sergio Torres y Roberto Silva, y de Pedro Rivera-Hernández y Felipe
Marañon-Lazcano, ambos publicados por la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, titulados “Problemas de Comunicación que afectan la adaptación de personas indígenas que emigran a Nuevo León” y “La comunicación política
como un influenciador en asuntos de Derechos Humanos. Caso de Estudio: San Salvador Atenco”, respectivamente.
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El marco de comprensión de la retórica ha sido ampliado por Roland Barthes en su obra Investigaciones
Retóricas (1974). Este autor considera que el ámbito retórico se constituye por seis prácticas: la retórica
como técnica, enseñanza, actividad científica, práctica moral, práctica social, y práctica lúdica. La comunicación política es vista también como un hacer o un quehacer político. La distinción usual entre palabras
y hechos, entre el “no mires lo que dice el presidente, sino lo que éste hace”, comienza a ser cuestionada.
Las palabras, o el discurso político, son acciones o actuaciones que pueden generar efectos, aunque en
dimensiones de la realidad distintas a la física, como la psíquica o psicológica. El decir es también una
manera de hacer.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La retórica en la Grecia clásica.
El contexto histórico.
La reflexión sobre la persuasión política surgió por primera vez, y con fuerza, en el mundo helénico
del siglo V a.C. La controversia sobre el arte de construir discursos persuasivos se presentó, en parte, por
la necesidad de precisar los límites entre dos escuelas: la sofística y la filosofía. La disputa en relación con
la retórica representó un esfuerzo por esclarecer el sentido de la filosofía, su objeto de atención y su metodología. La confusión entre ambas esferas representó uno de los problemas intelectuales más importantes
de la época.
El debate acerca de la retórica debe ser situado en su contexto histórico: una crisis profunda de la aristocracia griega, no sólo en cuanto a forma política, sino especialmente como cultura. En esta época surge
un cuestionamiento intenso de los valores tradicionales, principalmente hacia la areté. Werner Jaeger, en su
Paideia, sostiene que la areté expresa el más alto ideal de la educación y se define, de cierta manera, como
una virtud humana que sólo encuentra perfección en almas selectas. Según Jaeger, sólo unos distinguidos
mortales podían alcanzar una posición dominante en el orden social, aquellos que mediante sus aptitudes
físicas habían obtenido la victoria en el combate. La areté era, pues, una virtud propia de los guerreros
(Jaeger, 1957).
La crisis de la aristocracia se asocia con el acceso del demos a la política en la Grecia clásica. La areté
no es descartada en el lapso democrático. Ésta experimenta variaciones que conducen a “la superación de
todos los privilegios de la antigua educación para la cual la areté sólo era accesible a los que poseían sangre
divina” (Jaeger, 1957, p.264). Dicha crisis cultural se enfoca en la negación de la estirpe para optar a una
educación y a la conducción de la polis. La nueva noción de virtud sustituye la norma sanguínea por una
fundada en la razón. Jaeger comenta que: “sólo parecía haber un camino para llegar a la consecuencia de
este fin el acceso a la areté: la formación consciente del espíritu en cuya fuerza ilimitada se hallaban
inclinados a creer los nuevos tiempos” (Jaeger, 1957, p. 264).
La retórica tiene una clara dimensión política. El término alude al rétor, no al que enseña la retórica, sino
al rector de la polis. La retórica es la materia de la actividad del político, del ciudadano libre que asume el
rectorado de la comunidad política, aquél que maneja los asuntos de todos. Como afirma Jaeger: “La edad
clásica denomina al político puramente retórico, orador. La palabra no tenía el sentido puramente formal
que obtuvo más tarde, sino que abrazaba el contenido mismo. Se comprende, sin más, que el único contenido de los discursos fuera el estado y sus negocios” (1957, p.267).
La democracia ateniense.
La retórica hace vida en forma de gobierno donde la palabra ocupa un sitio privilegiado. Los modelos
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�El Imperio Retórico: Auge y Caída

aristocrático y oligárquico no solicitan su uso intensivo; las decisiones son tomadas por unos cuantos: los
distinguidos por la nobleza de sangre, o por las riquezas poseídas. David Held (2001) afirma que el valor de
la igualdad destaca en la democracia ateniense: el derecho y la obligación que tienen todos los miembros
de participar en las decisiones comunes. Dicha participación se concreta en asamblea, y consiste en la posibilidad de ser escuchado, y de acceder a un cargo público. La democracia clásica consiste en el gobierno
del pueblo: una forma política de autogobierno que coloca a la ciudadanía como autoridad suprema de la
polis (Held, 2001).
Este gobierno de «la multitud» o de «la igualdad numérica, sobre la noción del reparto equitativo de
la práctica de gobierno, tiene como requisito a la palabra política . Al depender la toma de decisiones de
muchos, el despliegue de la democracia exige la formación de una opinión común acerca del camino más
adecuado a seguir. La formación de la opinión ciudadana se subordina a una discusión, en asamblea, sobre
los asuntos de interés para la polis. La toma de decisiones se sostiene en: “(…) la disertación libre y sin
limitaciones, garantizada por la isegoría, el derecho de todos por igual a hablar en la asamblea soberana.
Las decisiones y las leyes descansaban, así se creía, en la convicción la fuerza del mejor argumento” (Held,
2001, p.32, 33).
La palabra es igual de importante por los conflictos que aparecen en esos procesos de formación de opinión ciudadana. Las posibilidades de obtener una decisión como resultado de la homonoia, por unanimidad,
eran muy bajas, incluso en una comunidad pequeña como la polis ateniense, debido a las complejidades
de los procesos de toma de decisiones y a sus alcances. La valoración de la palabra, por consiguiente, sólo
puede concretarse en un contexto donde existen amplias diferencias de opinión en relación con el rumbo
que han de seguir los asuntos públicos.
El arte del buen hablar para persuadir se fortalece ante la necesidad de convencer a quienes disienten
de la posición defendida, ya que éstos son iguales en términos de poder -político, económico y militar. El
valor del discurso político se aprecia en contextos caracterizados por la presencia de facciones en amplia
oposición y con un poder simétrico que neutraliza el empleo de la violencia en la resolución de conflictos.
En suma, el desarrollo antiguo de la retórica parece haber sido estimulado por la presencia de situaciones donde se desplegaron rivalidades políticas con fuerzas casi equitativas. El diálogo representa una manera de canalizar o abordar el conflicto político, con el propósito de obtener un resultado que no implique
la destrucción de las partes en disputa. La guerra sería, en este enfoque, ausencia de diálogo y por ende de
retórica.
Una prueba de lo señalado está en los orígenes de la retórica. Roland Barthes (1974, p.80) afirma que
la retórica como metalenguaje nació hacia el año 485 a.C., cuando dos tiranos sicialianos, Gelón y Hierón,
tomaron un conjunto de decisiones cuyas consecuencias inmediatas fueron la deportación y el traslado de la
población, así como expropiaciones para ser concedidas a mercenarios que luego repoblasen Siracusa. Una
vez derrocada la tiranía por el pueblo de Siracusa, se iniciaron una enorme cantidad de reclamos judiciales,
que tenían el propósito de restablecer la situación previa en materia de propiedad de la tierra. Los procesos
judiciales, según Barthes, movilizaron grandes jurados populares. El arte arte de persuadir mediante el buen
hablar se nutre de ambientes de conflictos.
Los sofistas: la práctica retórica en búsqueda del éxito político.
Aproximarse a los sofistas no es tarea fácil. La dificultad radica en la pérdida de sus textos principales.
A excepción de los discursos “Elogio de Helena” y “Defensa de Palamedes”, ambos textos de Gorgias, la
discusión sobre el pensamiento sofístico se produce mediante las citas y los comentarios de Platón, Aristóteles, Sexto Empírico, Planudes y Proclo. Además, los sofistas y su ideal de educación fueron los coproRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 5 No. 9, Enero - Junio 2019, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tagonistas de la disputa entre la retórica como el reino de lo verosímil y de la opinión (doxa), y la filosofía
como espacio de lo verdadero y del conocimiento (episteme). La filosofía venció en esta controversia, por
ello la imagen que quedó de la sofística fue muy negativa. José Solana Dueso (1997) resalta que esta actitud
de repudio se inició en el círculo socrático: Platón y Jenofonte.
La evaluación apropiada de esta escuela enfrenta los obstáculos propios de la distorsión con que nos
llega este marco de interpretación. La dificultad principal que se ha mantenido en el tiempo es aquella:
“(…) creencia de que Platón y Aristóteles dieron con la interpretación de las doctrinas sofísticas y que, por
tanto, su crítica fue definitiva” (Solana Dueso, 1997, p.94). Por otra parte, a sofística no fue una escuela homogénea, con una propuesta de saber único o con un conocimiento coherente; sino que albergaba diversas
corrientes de pensamiento que, incluso, llegaban a oponerse entre sí. Para Jaeger (1957, p.274), el factor
de unión, entre la pluralidad y divergencia de contenidos y procedimientos entre los sofistas, consiste en la
estimación común a percibirse como maestros de la virtud política, individuos provistos del conocimiento
necesario para formar a las almas humanas con miras a la participación en los asuntos de la polis.
La sofística redefine la noción tradicional de areté, al elevar el saber a la categoría de criterio que estructura la formación de los ciudadanos en la polis. Los sofistas renuncian a la tradición basada en la sangre
como factor determinante de la excelencia humana. La educación era artífice de un segundo nacimiento
para el hombre: el parto social. Según Jaeger, los sofistas: “son los creadores de la conciencia cultural en
que el espíritu griego alcanzó su telos y la íntima seguridad de su propia forma y orientación (…) tomaron
conciencia y se la dieron a su pueblo de que la educación humana era la gran tarea histórica que les había
sido asignada (1957, p.278)”.
Los sofistas inauguran el período de la formación humana consciente, donde la retórica tiene un rol determinante. Con ello modifican el eje del pensamiento filosófico, al abandonar la problemática de la physis
y enfocar por primera vez la reflexión en el hombre. Éste nace como objeto o centro de las indagaciones del
mismo hombre, dedicándose a la reflexión de la polis, las relaciones sociales, así como del lenguaje político
y sus prácticas. Para Ferrater Mora, los sofistas “descubren realidades que sin la crisis hubieran permanecido ocultas. Lo que encuentra el hombre ante sí es tanto el universo como la realidad humana, pero una
realidad inestable y por ello problemática” (1965, p.702).
Visto que la nueva areté se basa en el saber, y dado que ese saber será enseñado por los maestros del conocimiento, se hace inevitable el estudio de la comunicación. Los sofistas “convirtieron el saber en oficio y,
por tanto, debían exigir una compensación para vivir y poder difundirlo” (Reale y Antiseri, 1995, p.75-77).
Los sofistas hacen de la retórica una práctica social solo accesible a quien pudiera pagarla; se orientaba a
la satisfacción de la necesidad que tenían los ciudadanos: persuadir con éxito a los conciudadanos y obtener con ello resultados favorables en los debates asamblearios (Barthes, 1974: 9-10). Jaeger lo afirma con
precisión al indicar que:
… los sofistas se dirigían ante todo a una selección y a ella sola. A ellos iban los que querían formarse
para la política y convertirse en un día en directores del estado. Semejantes hombres … no debían limitarse
a cumplir las leyes, sino a crear leyes del estado, y para ello era indispensable, además de la experiencia
que se adquiere con la práctica política, una intelección universal sobre la esencia de las cosas humanas.
Verdad es que las cualidades capitales de un hombre de estado no pueden ser adquiridas … pero las dotes
para pronunciar discursos convincentes y oportunos pueden ser desarrolladas … mediante la cual puede
orientar y constreñir suavemente las asambleas. (1957, p.267)
Protágoras.
Los aportes de Protágoras al arte de la persuasión se comprenden al situarnos en el núcleo de su pensamiento. Protágoras asume una posición relativista frente al problema de la verdad: se considera imposible
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hallar un criterio absoluto que permita discernir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo
y lo injusto. En la mirada de Protágoras, “nadie estaría estaría en falsedad, sino todos estarían en la verdad
[en su verdad]” (Reale y Antiseri, 1995, p.78). Dicho relativismo se resume en su más célebre máxima: el
homo mensuras, “el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son, y de las que
no son en aquello que no son” (Reale y Antiseri, 1995, p.78).
La verdad sólo se encuentra en la norma del juicio de cada hombre, en lo que estime como la medida de
los hechos y experiencias. La realidad sería una convención tanto en su confección como en su aplicación.
El hombre se convierte en árbitro de todos los hechos, la verdad y su realidad es un producto de la voluntad
humana. “si es cierto que debe reposar en el objeto, no lo es menos que la “norma”, “criterio” o “medida”
de la verdad solo puede serlo el sujeto, es decir, es el único que puede decidir si hay o no correspondencia”
(Solana Dueso, 1997, p.99).
El relativismo protagórico conduce a la noción del conflicto como elemento propio de la vida en toda
comunidad. Si la verdad depende de las apreciaciones de cada sujeto, son altas las posibilidades de que
aparezcan múltiples opiniones divergentes. Ante la ausencia de la palabra política, la comunidad se encaminaría a un estado de fragmentación, a su inestabilidad permanente o incluso a su disolución, por la amenaza
constante de acudir a la violencia como forma de resolver las “naturales” diferencias de apreciación de los
asuntos públicos y, en definitiva, de criterios para establecer lo verdadero.
La retórica quedaría definida como el arte del buen hablar, no para sostener la verdad, sino para mostrar la razón más convincente (Mortara Garavelli, 1991, p.18). En la sofística de Protágoras, si no hay una
verdad, y ésta es múltiple y diversa, resulta necesario que en cada argumento se identifiquen por lo menos
dos tesis opuestas. El principal recurso del sofista son las antilogías, una técnica de argumentación que se
condensa en la afirmación: “acerca de cada cosa hay dos razonamientos que se contraponen entre sí, es
posible decir y contradecir, esto es, se pueden aducir razones que se anulan” (Reale y Antiseri, 1995, p.78).
Si a cada ser se le puede afirmar y negar una cualidad, dado que tal atribución depende del criterio de cada
hombre, la fortaleza o debilidad de un argumento no reside sólo en su contenido, sino también en el lenguaje y en los modos empleados para su expresión convincente.
Así nace también la noción retórica que en toda controversia el argumento débil puede llegar a ser
el argumento fuerte y viceversa. Ambas técnicas fueron probadas por Gorgias en su discurso “Elogios a
Helena”. Arquetipo de belleza en la mitología griega, Helena fue censurada por la opinión común en la
Grecia clásica, ya que su rapto por París, que desencadenó la guerra de Troya, no era considerado como
tal, sino que se asumía la complicidad de Helena. Gorgias toma dicha figura mitológica para desarrollar
un argumento en su defensa, proponiéndose fortalecer la posición más débil ante la opinión común. La defensa de Helena se ejecuta con la anulación o suspensión de la responsabilidad que se le adjudicaba sobre
los hechos, introduciendo tesis que señalaban la presencia de poderes frente a los cuales ninguna voluntad
humana podría resistir.
Protágoras propuso además la premisa retórica de lo oportuno para cada caso. Este axioma, junto con
la antología como técnica de la argumentación, constituye una herramienta retórica rudimentaria, luego
desarrollada por Aristóteles. “Protágoras da una aplicación formal (...) de lo que es oportuno en un discurso:
pueden ser oportunas, según los casos, la concisión o la abundancia. Y una misma materia puede constituir
el objeto de un discurso amplísimo o de uno conciso” (Mortara Garavelli, 1991, p.20). Lo oportuno no se
refiere a la posición que se asumirá en el debate, como enseña la antilogía, sino al tamaño conveniente del
discurso. Por lo demás, la extensión de los discursos es un elemento que aparece de forma recurrente en
todo el debate clásico de la retórica.

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Gorgias.
Gorgias de Leontini es considerado como el padre de la retórica. Su nombre sirve de título al principal
diálogo platónico en torno al arte de persuadir mediante el buen uso de la palabra. Su planteamiento llega
hasta nuestros días por la conservación de los fragmentos de sus discursos: Elogio a Helena y Defensa de
Palamedes. La retórica adquiere una alta significación, en parte por su renuncia a cualquier aspiración en la
capacidad de los seres humanos para comprender la realidad circundante. Alejado de una postura dogmática, dado que la esencia de las cosas es inaprehensible, se concluye que lo único existente es la palabra. Para
Gorgias el ser y la verdad solo pueden ser lenguaje dotado de sentido.
El lenguaje se constituye en una realidad independiente. El discurso, como poderoso soberano, nace
como objeto de estudio. Para Barthes, la palabra alcanza con Gorgias un dominio tal que se puede hablar
de un imperio del lenguaje: un territorio con existencia autónoma, regido por reglas y en donde conviven
las figuras. Con la retórica de Gorgias: “nuestra sociedad ha reconocido el lenguaje, su soberanía (...) [La
retórica es] una ideología de la forma, como si (...) existiera para cada sociedad una identidad taxonómica,
una socio-lógica, en cuyo nombre es posible definir otra historia, otra sociedad” (Barthes, 1974, p.11-12).
La comunicación nace así como ámbito discernible del conocimiento humano, en cuanto área de reflexión
que tiene al lenguaje como objeto de estudio.
En esta retórica subyace una orientación nihilista. Según Sexto Empírico (Barrio Gutiérrez, 1984), la
conclusión escéptica del sofista siciliano se refleja en las tres tesis siguientes. Primero, nada existe: las cosas
no encierran una sustancia necesaria, la palabra no contiene indispensablemente una realidad verdadera. Si
algo existiera, sería incognoscible: las capacidades humanas son limitadas y los instrumentos dispuestos
por el hombre son inadecuados para conocer. Y si algo existiera y fuese cognoscible, sería incomunicable.
La separación entre el ser de las cosas y el lenguaje se fundamenta en esta última premisa. El lenguaje se
presenta como una realidad con una “naturaleza” sin una relación inevitable con la esencia de la realidad.
La problemática del ser y el decir consiste en que:
Si no existe verdad absoluta y todo es falso, la palabra adquiere una autonomía propia, casi carente de
límites, porque no está sometida a los vínculos del ser. Dada su independencia onto-veritativa, es o puede
convertirse en algo dispuesto a todo. Y es aquí donde descubre en lo teórico aquel aspecto de la palabra
por el cual ésta, prescindiendo de toda verdad, puede hacerse portadora de toda persuasión, de creencia y
sugestión. La retórica es exactamente aquel arte que aprovecha hasta el fondo este aspecto de la palabra y
que puede definirse como el arte de persuadir. (Reale y Antiseri, 1995, p.80).
Gorgias descubre que la realidad y el lenguaje no siguen necesariamente la misma dirección. La realidad de la palabra permite construir ficciones. El discurso se convierte en el dominio de la ilusión, la república de las promesas. La separación entre pensamiento y palabra ocurre por las limitaciones del lenguaje
para transmitir los estados conscientes del comunicante; y por las dificultades del discurso para producir
idénticos estados en el comunicado. La existencia de una pluralidad de emisores, con pensamientos y experiencias diversas, incluso únicas, contribuye a convertir el lenguaje en un hecho equívoco. Esta conciencia
de la imperfección del lenguaje conduce a realizar esfuerzos constantes por mejorarlo: siendo la expresión
la única forma de establecer relaciones sociales, su desarrollo constituye el único camino para construir una
polis (Barrio Gutiérrez, 1984).
El tránsito de una época nihilista a una etapa retórica, en Gorgias, se explica como sigue: la única realidad posible, aunque imperfecta, es la palabra. Por ello la apariencia, el modo de decir las cosas, adquiere
significación. El buen hablar no es afirmar lo verdadero, sino emplear las formas más convincentes del
discurso. Lo importante para la persuasión son las formas que asume el significante, ya que se renuncia a
buscar lo inexistente: el significado de los objetos.
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El avance retórico adquiere un componente estilístico. Ésta vendría a ser una estética de la palabra
orientada a la persuasión del oyente. La segunda contribución de Gorgias a la retórica es, por tanto, el
desarrollo de una clasificación de las figuras del lenguaje. La apóstasis, por ejemplo, consiste en separar
unos de otros los pensamientos para formar con ellos proposiciones aisladas y singulares. La prósbole es un
ataque, una agresión o impulso violento, y como figura retórica permite iniciar inmediata y bruscamente los
pensamientos. La metáfora y la alegoría representan, en cambio, traslados del sentido recto de las voces a
otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Mientras que la epanalepsis, entre otras figuras, consiste
en la repetición de una palabra. Reale y Antiseri expresan esta vertiente estilista de la retórica de un modo
conciso:
Gorgias fue el primer filósofo que trató de teorizar lo que hoy denominaríamos vertiente estética de la
palabra y la esencia de la poesía (padecimiento del alma por efecto de las palabras,muy padecimiento que
le es propio). El arte, pues, al igual que la retórica, consiste en provocar sentimientos, pero a diferencia de
aquella, no se propone intereses prácticos, sino un engaño poético en cuanto tal (estética no patética), y
dicho engaño, naturalmente, es una pura ficción poética. (1995, p.80)
La psicagogía surge con Gorgias por el énfasis en el estilo. Esta sofística no se preocupa tanto por el
intelecto para persuadir, sino por el manejo de las pasiones a través de las prácticas estilísticas, como intento
de movilización de las emociones, de manera de impulsar la opinión del oyente a favor o en contra de los
asuntos que se discutían en los órganos de poder establecidos en la polis. La retórica vendría a ser la virtud
del bien hablar, de construir discursos que convenzan a otros a inclinarse favorablemente hacia lo que se
encuentran renuentes (Platón, 1964).
Bice Mortara Garavelli expresa sobre la psicagogía que ella: “no pretendía convencer de que un argumento válido era verosímil (eikos) mediante una demostración técnicamente impecable, sino mediante la
atracción que la palabra, sabiamente manipulada, podía ejercer sobre los espectadores. El efecto que pretendía alcanzar era la reacción emotiva, no la adhesión racional” (1991, p.18-19). Y el mismo autor termina
afirmando también que, en el discurso Elogio de Elena, Gorgias estima que la psicagogía: “actúa a través
del engaño; de la ilusión o fascinación poética que el logos (la palabra, el discurso) es capaz de provocar:
«acercándose a la opinión del alma, su poder encantatorio la fascina, la persuade, la seduce, y la modifica
con una ilusión mágica»” (1991, p.21). En el debate clásico, se constituyen las dos rutas a seguir para la
persuasión política: la racional con la argumentación lógica (las antilogías), y la pasional con la afectación
de las emociones humanas (psicagogía).
Pródico y los Eristas.
Pródico y los Eristas representan corrientes sofísticas que ofrecieron elementos clave para la construcción de discursos persuasivos en la antigüedad clásica. En Pródico destaca especialmente la invención de la
sinonimia, la técnica “que proponía distinguir entre los diversos sinónimos y en la exacta determinación de
los matices que entraña el significado de cada una” (Reale y Antiseri, 1995, p.81). Los Eristas, en cambio,
introducen el empleo de formas destructivas de argumentación. El objetivo se centra en identificar las debilidades en el razonamiento de los oponentes, para conducirlos después a posiciones contradictorias que les
coloquen en situaciones de apremio. Hay quienes consideran que este combate lingüístico, conocido con el
término de disputa, representa una clase de diálectica, metodología desarrollada por Platón. En este sentido,
Mortara Garavelli afirma que “la Erística, considerada como un artificio dialéctico estéril, pero como una
invitación al esclarecimiento del lenguaje, ha servido históricamente, en las disputas científicas (…) para
poner en evidencia los puntos oscuros y confusos” (1991, p.20).
Los Eristas, finalmente, son los artífices del sofisma. Según Ferrater Mora, el sofisma consiste en un
argumento falaz que plantea defender lo falso mediante la confusión del contrario. El sofisma es un discurso
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que golpea la estructura mental de los oyentes. El absurdo que encierra los sofismas es capaz de desestabilizar hasta dejar aturdidos a los oponentes. Un ejemplo de sofisma es aquel que niega el antecedente de
un condicional: “Si Ivan es ruso, entonces Ivan es inteligente. Ivan no es ruso. Ivan no es inteligente”, o
aquel que afirma el consecuente de un condicional “Si Ivan es ruso, entonces Ivan es inteligente. Ivan es
inteligente. Ivan es ruso” (Ferrater Mora, 1965, p.701).
Los filósofos: la retórica como reino de lo verosímil.
Platón: la moralidad en la retórica.
La importancia de Platón en la retórica clásica no se aprecia tanto en los aportes técnicos al arte de
la persuasión política. Jaeger sostiene que este filósofo, en su diálogo Fedro, define el discurso como un
cuerpo vivo, el cual se compone de varias partes: unos pies (la introducción), un tronco y sus extremidades
(el cuerpo o desarrollo) y una cabeza (la síntesis o conclusión). Platón aporta la noción de un esquema orgánico del discurso: su confección exige que el retórico garantice una relación adecuada o armoniosa entre
las partes de ese cuerpo; las formas del discurso deben mantenerse en unas proporciones ajustadas (Jaeger,
1957, p.995-996).
La significación retórica de Platón se ubica más en las posibilidades de trazar las fronteras de los discursos persuasivos. Platón construye una evaluación moral del arte del buen hablar. En su diálogo Gorgias, repudia la práctica retórica pues la percibe como perjudicial para la formación humana; si bien en su diálogo
Fedro, esta actitud ya no es de amplio rechazo y comienza a asumir una postura próxima a una aceptación
condicionada de la retórica. A juicio de Jaeger, en la Carta Séptima, Platón expone “la problemática que
supone siempre la plasmación del pensamiento por medio de la palabra escrita (…) para formular la paradójica declaración de que ni él mismo ha encontrado posible exponer su teoría, razón por la cual no existe una
filosofía platónica escrita” (1957, p.997). En correspondencia con este giro en la valoración de la retórica,
se encuentran los esfuerzos que Platón por exponer sus ideas con metáforas: la alegoría de la caverna para
exponer su pensamiento fundamental; o la metáfora del cocinero y del médico para describir la retórica
misma; también las metáforas del tejedor, del pastor, del patrón de navío y del grande y robusto animal (con
la que se refería a la masa del pueblo), para referirse a lo político. Platón fue en este sentido un retórico.
En Platón, la labor de la filosofía y del filósofo, a diferencia de la retórica, consiste en conocer la naturaleza de la justicia, la bondad y la belleza. Dicha postura filosófica se ha conocido como idealismo: el conocimiento no se busca en la realidad sensible, se halla supeditada a la indagación de las ideas de las cosas.
Esta postura se acercaría hacia un abstraccionismo, una desvinculación del filósofo con la realidad inmediata, como condición para capturar la esencia de la realidad. Una vez que se hace con ese conocimiento
ideal, el filósofo retorna a la realidad empírica para cotejar la realidad de la idea con la realidad empírica y
determinar cuánto se aproxima la primera con respecto a la segunda.
En esta perspectiva, el filósofo también debía practicar la enseñanza para que los hombres aprendiesen
a vivir conforme a la verdad de las ideas. El filósofo persigue dos propósitos: investigar la realidad de las
ideas, pretendiendo el conocimiento verdadero; trascender lo aparente y las opiniones, y adentrarse en la
esencia del mundo. Por otro lado, el filósofo es un educador y su actividad consiste en enseñar la verdad y
transformar la vida de los hombres. Así como ocurre con la sofística, se comienzan a establecer las fronteras
entre la filosofía y la educación.
Al contrario de Protágoras y Gorgias, quienes asumen una postura relativista y escéptica, respectivamente, Platón era un convencido en la posibilidad de conocer la verdad. Se entiende así su cuestionamiento
a la retórica, pues la considera como una herramienta que no se preocupa por comprender lo verdadero. Al
permanecer en el nivel de las apariencias o lo superficial, la retórica no era un poder, tal y como presumían
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los sofistas. Para Platón, al abandonar la búsqueda de lo esencial, la retórica era incapaz de procurarle un
bien a quien le poseía.
La retórica tampoco fue estimada como un arte para Platón, entendiendo por arte “todo conjunto de
reglas idóneas para dirigir una actividad cualquiera” (Abbagnano, 1993, p.100). El arte de una actividad
requiere necesariamente la exposición de las razones que permitan encontrar el objetivo buscado. Los sofistas no daban con las causas o los fundamentos de cada uno de sus aportaciones al manejo persuasivo del
discurso, según Platón. La retórica no era más que una actividad rutinaria, una adquisición experimental de
producir placer en el oyente (ensayo y error). La filosofía platónica y su método, la dialéctica, no pretenden
abarcar lo que parece ser bueno, sino la bondad, no se aborda lo tangencial, como son las formas y razonamientos verosímiles.
La aspiración es a profundizar en la comprensión cabal de la sustancia de las cosas, aunque ésta no se
acomode a los gustos. En la visión platónica, la retórica se ocupa de procurar lo placentero sin detenerse en
los perjuicios que podrían obtenerse de ello; la clave persuasiva parece encontrarse en el deleite de las audiencias. El principal elemento de controversia entre la filosofía y la sofística queda expuesto: la distinción
entre la verdad como esencia de las cosas, y la verosimilitud como apariencia de las cosas, la distinción
entre entre episteme y doxa.
La percepción de platónica sobre la utilidad de la retórica se modifica en el tiempo. Tal cambio no implica una aceptación irrestricta. Así es como Platón desarrolla su tesis moral de la existencia de dos retóricas,
la buena y la mala. La persuasión positiva es la que asume en sus contenidos la verdad de las cosas, al no
haber mayor poder de convicción que la verdad misma. Dicha postura se proyectará en la antigüedad clásica y en el medioevo: para ser retórico es necesario contar con una cultura basada estrictamente en el saber
filosófico. La retórica recta procura lo mejor en términos filosóficos. La persuasión negativa es adulación,
sólo complace lo apetecido, el discurso se ajusta al público y sus inclinaciones. La retórica perjudicial está
vinculada a lo placentero o, en palabras de Claude Bremond, al hedonismo: la generación de una sensación
de goce (Bremond, 1974).
Aristóteles: el artificio de la retórica.
La propuesta retórica de Aristóteles surge en medio del debate entre la sofística y el platonismo. En
concordancia con su ética de la acción, que postula la necesidad de conocer las finalidades de las cosas y
los medios para lograr tales propósitos, Aristóteles problematiza la producción de la persuasión política e
indaga en los caminos a seguir para convencer a los oyentes. La sofística se cuestiona porque sus propuestas
no ofrecen reglas claras basadas en razones.
La retórica se eleva a la calidad de arte, renunciando a continuar la discusión sobre los aspectos positivos o perniciosos de sus usos. Según Jaeger, la antigüedad clásica consideraba al arte como una práctica
sujeta a un conjunto de reglas generales. La producción artística no se condiciona al arbitrio o capricho del
artista, tampoco a la experiencia de los ensayos y errores, sino a unas normas idóneas (1957, p.514-515). En
su obra Retórica, Aristóteles le define como la capacidad de considerar, en cada caso, las reglas necesarias
para persuadir. La técnica persuasiva divide la argumentación en tres elementos: el que habla, sobre lo que
se habla, y el que escucha (emisor, mensaje, receptor). Las reglas idóneas para persuadir a los oyentes se sitúan en el ámbito del mensaje, pues consisten en el empleo de la figura lógica conocida como el entimema.
Según Aristóteles, la argumentación retórica es un razonamiento a medias, debido a que se fundamenta
en una lógica entimemática. Él entimema es un silogismo incompleto, que constituye por tres premisas:
una proposición mayor, una proposición menor y la conclusión. El persuasor político encuentra con ello un
camino para introducir una idea en la mente del público. Al suprimir una de las premisas del silogismo, la
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operación de concluir con la argumentación queda en manos de la audiencia.
Barthes profundiza en el entimema en cuanto a forma del razonamiento retórico y, por tanto, como el
principal modo de razonar en política. La supresión de uno de los componentes del silogismo se efectúa
por varias razones. La premisa de partida es que no se puede negar la ignorancia del oyente. El público es
incapaz de seguir razonamientos complejos, y durante mucho tiempo. Considerando que estimular la vanidad del oyente es una forma acertada de convencer, el persuasor explota la ignorancia de la audiencia, haciéndole creer que alcanzó una conclusión valiosa gracias a su esfuerzo y talento (Barthes, 1974, p.49-54).
El entimema permite que sea el oyente quien disfrute completando una estructura formal de pensamiento.
La creencia es otro elemento del entimema que se considera como aporte aristotélico a la retórica. Según
Barthes, el filósofo concibe el entimema como razonamiento silogístico; en vez de estimarlo solo como
eliminación de una premisa, la entiende en términos de premisas o conclusiones contenidas por creencias.
La materia de la argumentación retórica es el sentido común, aquello estimado por el oyente como creíble:
lo que aparece como verdadero, sin serlo necesariamente. La retórica no pretende obtener y enseñar la verdad, entendida como realidad cierta, sustancia o esencia necesaria de las cosas (Abbagnano, 1993; Ferrater
Mora, 1965). La persuasión se refiere de manera exclusiva a las realidades aparentes, a las ilusiones en
torno a las cosas, a lo que se cree que es. El discurso político puede entenderse como un tratado acerca de
lo probable. Según Barthes, la materia del mensaje retórico es lo que la audiencia tiene como real, aunque
lo real no exista. Las premisas aristotélicas de la argumentación asumen un carácter verosímil. La verosimilitud es aquello que parece verdadero, sin pretender serlo (1974, p.17-18).
El discurso retórico recrea situaciones creíbles por el público, aunque los acontecimientos no hayan sucedido de esa manera. En Aristóteles, la regla del silogismo es precedida por otra norma, aquél aviso según
el cual es preferible un verosímil imposible que un posible verosímil: “más vale contar lo que el público
cree posible, incluso si es posible científicamente, que contar lo que es posible realmente, si este posible
es rechazado por la censura colectiva de la opinión corriente” (1974, p.17-18). La retórica se esfuerza en
adaptarse al nivel del público, con mensajes dotados de sentido común, razonamientos cortos y de sencilla
conclusión. El discurso se elabora siguiendo un saber compartido por un grupo social, es decir, se sostiene
en los estereotipos.
El arte de confeccionar discursos consiste en aplicar, según el caso, las reglas descritas. La primera
clasificación de la retórica se elabora a partir de tal estimación. Al ser el oyente la finalidad que persigue
todo empeño persuasivo: la retórica dirige toda su actividad, y su producción queda condicionada por las
exigencias del público. Las audiencias son de dos tipos: un espectador que juzga la habilidad desplegada
por el retórico; o un árbitro que evalúa lo ya ocurrido o aquello que va a acontecer. El primer caso se refiere
a la retórica demostrativa. Los discursos de este tipo se producen con temas que halagan o critican la ejecución de una actividad. La retórica demostrativa se enfoca en el presente, el ahora, y evalúa la belleza o
fealdad de una ejecución, su rendimiento. Ante este modelo, los oyentes se expresan aplaudiendo o pitando.
El segundo caso es el género persuasivo de tipo forense o judicial. Este discurso retórico se elabora a
partir de los juicios sobre lo ya acontecido. La retórica forense se remite al pasado, considera las acciones
según su justicia y su confección muestra dos rutas: la condena o la absolución. De último permanece el
discurso deliberativo, que condiciona la retórica a la evaluación del futuro. Este discurso busca persuadir
en relación con lo provechoso o lo perjudicial de las decisiones. La retórica deliberativa suele oscilar entre
esparcir esperanzas en la audiencia o infundirles temor.
Dicha clasificación del oyente revela que el juicio es la naturaleza fundamental de las audiencias; y
los públicos evalúan la realidad de manera absoluta. Este concepto de la persuasión permite estructurar
la política alrededor de dos núcleos: la acción y el discurso. Toda expresión política buscaría disponer los
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juicios de la audiencia a favor o en contra de una acción. El público es un árbitro de todo cuanto acontece
en la ciudad política. La acción política puede examinarse con criterios estéticos, prácticos o morales y sus
juicios llegan a ser categóricos. El persuasor vendría a ser un sujeto que acude ante el juicio del público
para afianzar o modificar su posición.
La antigua Roma (siglo I a.C.).
Antecedentes históricos.
En la Roma clásica se concreta otro avance retórico en la forma de la oratoria. Su desarrollo se produce
durante la crisis y caída de la República; en un contexto de cambio y transformaciones desde una forma de
gobierno aristocrática, cuya expresión máxima era el Senado, hacia un gobierno donde las decisiones sobre
los asuntos públicos estarían concentrados en un principado. Es en esta etapa clásica cuando se aprecian
intensas luchas políticas, que emplean constantemente la violencia en cualquiera de sus modalidades, y
que cristalizan finalmente en aquella guerra civil donde Julio César y sus partidarios se enfrentan contra
Pompeyo y sus seguidores aristócratas.
La figura del político Marco Tulio Cicerón destaca en la formación o consolidación de tales conflictos.
Cicerón despliega una parte importante de su actividad política en el Senado, donde ejecuta una labor
oratoria reconocida para la época y la posteridad. Cicerón concebía a la oratoria como una herramienta indispensable para asegurarse alguna influencia en el Senado y en el pueblo romano. Tal era la trascendencia
de la oratoria, que Cicerón sitúa al orador en su ideal republicano. El orador sería una figura dedicada a la
dirección de los asuntos públicos, que cuenta principalmente, en su accionar político, con la fuerza persuasiva de la palabra para resolver los conflictos (Grimal, 1986).
El ideal del orador se oponía a la figura ya existente del emperador, magistrado que se apoyaba en el
uso de la fuerza como recurso de gobierno: “La autoridad soberana era lo que se llamaba el poder militar
(imperium). Gracias a ella el funcionario que la ejercía poseía el más amplio derecho de mandar y ordenar
o de prohibir e impedir; dirigía los asuntos de la comunidad (res publica), especialmente en lo que a la
justicia y el ejército se refiere” (Bloch, 1942, p.33). Los esfuerzos dedicados por Cicerón a la reflexión de
la oratoria son de gran valor, y quedando expuestos en escritos como los Dialogos del Orador, El Orador y
la Retórica a Herennio.
Cicerón: la retórica como expresión operática.
Cicerón representa el momento culminante en la estimación de la oratoria como acción política. El
ciudadano romano no oponía el discurso a la práctica política: le consideraba una expresión de la última.
Tal manera de apreciar a la retórica parece haber sido inaugurada con Catón. Pierre Grimal sostiene que
en la evolución del debate sobre la elocuencia, cuya finalidad es en definitiva la voluntad de actuar, Catón:
“aparece como precursor. Es uno de los primeros -tal vez el primero- que quiso que sus discursos fuesen publicados, más que por la vanidad de autor, sin duda con el propósito de prolongar su acción” (1986, p.187).
La visión ciceroniana de la retórica es ante todo política. Sus aportes al arte de la persuasión son difíciles
clasificar en la tipología de Roland Barthes. Cicerón no es, ni parece pretender ser un técnico, un educador y
mucho menos un científico de la retórica. Su preocupación no se inclina a la búsqueda del lucro, ni defender
o subvertir una moralidad. Su labor consiste en una práctica que sitúa a la retórica al servicio del gobierno,
así como a las expresiones culturales. La retórica es un instrumento político y su empleo ha puesto en evidencia los efectos deseables que puede producir en el ambiente político.
Los aportes de Cicerón al arte de la persuasión son las del hombre político, el individuo que reflexiona
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sobre una herramienta no por su valor intrínseco, sino para perfeccionar su uso, con miras a conseguir el
éxito político. Pierre Grimal afirma que Cicerón no aprecia la cultura como destino cierto del hombre romano, tampoco el abandono por completo de cualquier cultivo humanista, sino: “el que se afana por ser,
ante el pueblo y en el Senado, un «buen consejero»; por consiguiente, el que es capaz de descubrir o al
menos reconocer la verdad acerca de cada problema” (1986, p.188-189). La conexión de la reflexión a la
acción política, claro está, no está exenta de los intereses que se defienden, sino que surge en el auge de los
conflictos.
La retórica es en esencia expresión para Cicerón. Ésta es vista como una herramienta al servicio de la
fiel manifestación de los pensamientos y afectos. La expresión retórica debe ir más allá de la argumentación; o la disposición de las partes del discurso; y el empleo de las figuras elocuentes. A su entender, el
orador también ha de observar la pronunciación. El discurso adquiere con ello movimiento, perdiendo la
estática del lenguaje escrito. La pronunciación representa la acción del discurso; es el ritmo que busca y
entabla una especie de danza entre el orador y el oyente, y en el cual el primero le conduce hacia donde
su voluntad indique; también es el tono que le imprime suavidad, agudeza o fuerza al discurso. El orador
perfecto es aquél que expresa los afectos con su acción y que conmueve las pasiones de los oyentes.
En sus Diálogos del Orador, Cicerón (1946) señala que la pronunciación exige la manipulación del semblante. El orador tiene en su rostro a la mejor forma expresiva, en especial sus ojos, ellos reflejan muy bien
las variaciones de las emociones. Los ojos serían el espejo del alma. La pronunciación exige también del
gesto, con ella declara la totalidad de una idea. En este repertorio resalta luego el sonido. Para ello conviene
que el orador eduque su voz con esmero, siempre atento a la dicción y a la adecuada respiración. En escena
entra, finalmente, el cuerpo humano apreciado en su totalidad. El buen orador asume una postura erguida,
fuerte y varonil; cual si se tratase de un director de orquesta, sigue el ritmo de las palabras pronunciadas con
sus manos. El orador, con su pie, debe golpear el piso con fuerza, al inicio o al final de su acción discursiva.
Cicerón sostiene la necesidad de que el orador mantenga sus brazos alzados, listos para lanzar el rayo de
la elocuencia.
La voz exige un tratamiento más extenso, al ser uno de los fundamentos de la pronuntiatio. En El Orador, Cicerón (1967) clasifica las formas retóricas según el estilo de voz, a saber: el majestuoso o grave, el
sencillo o agudo, y el intermedio o templado. Cada una de las categorías son definidas según las escalas en
la modulación de los sonidos; siendo amplificador el primero, simplificador el segundo y el último representa una escala de tipo intermedio. La escala más baja le corresponde al estilo sencillo, propio de quien
enseña, el que intenta desarrollar una argumentación. El estilo sencillo es una imitación del uso ordinario
de la lengua. Por su forma llana y modesta, el orador se aleja de lo llamativo. La sobriedad impera en este
discurso.
El segundo estilo es el grandilocuente, propio de quien pretende vencer a los contrarios, por la vehemencia o contundencia en el hablar. La oratoria majestuosa es la dicción inflamada, la modulación de la voz que
se dirige a encender las emociones. Esta oratoria es la que gobierna los ánimos. Ésta tiene la capacidad de
implantar o arrancar una opinión, el éxito político sólo puede obtenerse con esta acción discursiva. El estilo
moderado, en cambio, es un punto medio entre las anteriores, propio de quien busca agradar al oyente. Se
deleita con una conversación amena, alejada de los excesos propios de la sobriedad o el hablar suntuoso. La
voz no abandona el ritmo y la tonalidad; el ritmo introduce una sucesión de voces y pausas que le adhiere
al discurso un movimiento necesario para atraer y mantener la atención de la audiencia.
El buen orador sabe cuándo emplear cada uno de los estilos. El sentido de la oportunidad es fundamental. Cicerón sostiene la necesidad de aprender a reconocer la ocasión aplicar cada acción discursiva. Dicho
aspecto es tratado como lo decoroso, es decir, tomar en cuenta al oyente: condición, jerarquía, autoridad,
edad, además del lugar y el tiempo de ejecución. Lo decoroso sería lo apropiado conforme al oyente y las
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circunstancias. Las audiencias no pueden ser tratados con el mismo discurso, tanto en palabras como en
tonalidades. La retórica consiste en acomodar, en cada caso, los argumentos, las pruebas, las figuras, la
disposición y la pronunciación.
El requisito de calibrar el momento se relaciona con la clase de asunto a tratar y los riesgos propios
de los estilos de oratoria. El estilo sencillo sirve para tratar temas corrientes; bajo en ritmos, conduce a la
monotonía y al aburrimiento. Este discurso se aplica en la enseñanza: permite alcanzar un estado de ánimo sosegado, favorable para el aprendizaje. La oratoria moderada se emplea en asuntos de trascendencia
media, por lo que se procura generar agrado: podría agotar al oyente, con su inclinación a complacer los
diversos gustos. El estilo majestuoso se usa en las grandes ocasiones, al arrancar sonoros aplausos. La grandilocuencia conlleva un mayor riesgo. El orador puede aparecer como un insensato o con poca cordura, por
las muestras de desequilibrio que exige su desempeño, aventurándose así al desprecio del público.
Barthes califica a la oratoria como teatralidad; quizá sea más adecuado catalogarla como expresión
operática. El orador aparece como un actor, dispuesto a variar las tonalidades de su discurso, según lo exija
el decoro de cada situación. No es un actor común, sino uno que está convencido plenamente en lo que
dice; éste cree profundamente en el papel que interpreta. En los Diálogos del Orador, Cicerón afirma que
el oyente no puede sentir dolor, odio, envidia, temor y tampoco puede mover al llanto o misericordia, si
tales afectos no se encuentran inscritos en el orador. Conmover a una audiencia requiere una perturbación
idéntica en el ánimo del orador.
3.- MÉTODO
Diseño
El presente artículo consiste en una revisión de la literatura sobre la retórica antigua. La revisión ha
sido selectiva, enfocándonos en autores que se han constituido en referencia sobre la materia, en la Grecia
y la Roma antiguas. El estudio presenta, por consiguiente, un diseño exploratorio, no experimental, y de
naturaleza cualitativo.
Instrumentos
La investigación aplica un nivel de análisis documental-biliográfico de tipo transversal; se apoya en lecturas contemporáneas de textos clásicos, indagando básicamente en torno a fuentes primarias. El análisis de
la retórica antigua, como categoría del discurso político, requiere acudir a las fuentes directas por su mismo
carácter controversial. Es importante precisar que, en relación con la escuela sofística, origen del debate
retórico antiguo, casi no se disponen de documentos o bibliografía de sus autores fundamentales.
Procedimiento
El procedimiento aplicado consistió en la revisión exhaustiva de la bibliografía sobre la temática de la
retórica, la persuasión y la propaganda políticas, visto que el discurso en democracia consiste en una apelación permanente por votar en favor de una candidatura. Es fundamental resaltar la consulta de especialistas
de la comunicación política, con una reconocida trayectoria y visión clave en el área, y con cuyos concursos
se facilitó la elaboración de un mapa temático exhaustivo. La recuperación de la literatura no representó
dificultad alguna, mientras que el proceso de revisión y extracción cuidadosa de la información fluyó en
torno a la elaboración de fichas bibliográficas contentivas de ideas y notas de trabajo.

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4.- CONCLUSIONES
El descrédito de la retórica sólo se descarta en la década de los cincuenta del siglo XX. La aparición del
Traité de l’argumentation, de Chaim Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca; así como los aportes del Grupo de
Lieja (Dubois, Edeline, Klikenberg, Minguet, Pire y Trinon), le otorgan una estabilidad científica e institucional. Los estudios neorretóricos se caracterizan por una separación entre la teoría de la argumentación y
la teoría de las figuras; y también por una diferenciación entre la retórica de la ficción literaria y la retórica
de lo cotidiano.
Los estudios modernos de retórica se enfocan, como nuevo paradigma, en descubrir y explicar las reglas
del juego comunicativo, en lugar de formular los preceptos necesarios para la confección conveniente de
los discursos. Una explicación a este revolución en el análisis de los discursos, y del político en particular,
obedece a las posibilidades técnicas que ofrece la misma modernidad. La reflexión clásica difícilmente
podía asumir una aproximación descriptiva y explicativa del fenómeno discursivo, dadas las casi insalvables dificultades de conservar físicamente un discurso. Los estudios modernos de retórica se alejan del
tratamiento especulativo de los discursos, puesto que en la actualidad se cuentan con los instrumentos para
la grabación y reproducción material de los mismos.
Las contribuciones de la retórica antigua a la disciplina de la comunicación política son de distinta
índole. En primer lugar, el discurso político nace como objeto de análisis. Con los sofistas aparece la problemática fundamental de todo lenguaje: la brecha entre el discurso y la realidad. Esta escuela antigua se
enfoca tanto en identificar las dificultades del acto humano de comunicar, como en ampliar las posibilidades
expresivas del lenguaje. Por otro lado, el artefacto retórico, o la máquina, en palabras de Roland Barthes,
como productos de una cultura y civilización, queda constituido, a saber: la inventio, la elocutio, la dispositio, la pronuntiatio y la memoria.
Las dos primeras piezas, el razonamiento y la cualidad emocional de los discursos políticos, son elementos esenciales en el desarrollo de la comunicación política y los mensajes electorales, en tanto vías
acertadas para operar como mecanismos persuasivos. La dispositio y la memoria, poco valoradas en su
potencialidad comunicativa, fueron ejes de la propaganda hitleriana. En este esquema totalitario, el primer
elemento fue definido como la orquestación, y consistía en la organización de los mensajes y su difusión. La
segunda pieza se planteó en términos de la repetición incensante del mensaje, hasta adherirse en las mentes
y los corazones de los receptores.
El desarrollo de ambas estructuras retóricas, una argumentativa y lógico-racional, y otra emotiva o
pasional y de naturaleza psicológica, se verifica en Aristóteles, considerado por ello como precursor de
nuestra cultura de masas. Los esfuerzos por construir mensajes políticos ajustados a las formas de pensar
y sentir del público, precepto fundamental del marketing político (political consulting), son próximos en
la época clásica y en la modernidad; si bien en nuestra sociedad contemporánea predomina la noción de
una democracia de masas. De allí el desarrollo de técnicas de medición de opinión pública, cuantitativas
y cualitativas, como las encuestas, los talleres focales y el análisis etnográfico, principalmente. Asimismo,
en la reflexión clásica se identifican las principales áreas que configuran los estudios de comunicación política: un emisor, un receptor, un canal o medio de transmisión (pronuntiatio) y un mensaje, tanto en lo que
concierne a sus contenidos (inventio), como a sus continentes (elocutio).
La retórica ha sido recuperada para la comprensión de los procesos electorales. En su Political Campaign Communication, Judith Trent y Robert Friedenberg definen las elecciones como eventos donde se
producen distintos intercambios retóricos o funciones comunicativas. Las campañas electorales son descritas como actos retóricos, pues reflejan contextos sociopolíticos que despliegan estrategias de persuasión.
El mensaje retórico es el mismo: “Voten por mi candidatura”. Para Trent y Friedenberg, en los distintos
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momentos de las campañas electorales se ejecutan dos clases de intercambios retóricos: una instrumental
o pragmática, que realiza contribuciones específicas y tangibles en la decisión del elector; y una retórica
simbólica o de consumación, que pretende satisfacer expectativas y requerimientos de naturaleza ritual.
Ambas dimensiones se resumen en el mitin electoral (political convention), tanto en su esfuerzo persuasivo, como en su carácter de fiesta electoral. La utilidad comunicativa de ambos tipos retóricos se centran
en activar o reforzar a los partidarios con argumentos que les permitan identificar y superar los desafíos
de la campaña electoral (pragmática); y en despertar o consolidar los vínculos que les cohesionan como
miembros de una comunidad política (ritual). Es importante señalar que Angel Alvarez, en su trabajo ¿Para
qué sirve la publicidad electoral?, propone una metodología de análisis de contenido de los anuncios electorales, con base en la clasificación aristotélica de los oyentes. El planteamiento central consiste en clasificar
los discursos políticos, según si es el mensaje se inclina a premiar o castigar el pasado; esperanzar o atemorizar el futuro; y aclamar o pitar la realización presente. La aplicación de este esquema de análisis sería un
objetivo en futuros trabajos de investigación empírica.
En la Era Digital, la retórica se constituye en una variable a ser estimada en el desarrollo de la comunicación estratégica. La capacidad de las organizaciones para articular discursos que conecten con públicos
globales, que demandan información a diario y al instante, con coberturas permanentes de eventos y proyectos, representa una dimensión fundamental en la construcción de imagen corporativa. Como indican Daniel Barredo y Daniel de la Garza (2016), en su Comunicación Estratégica. Metodología y Resultados de un
Análisis de Imagen Corporativa, la comunicación organizacional contemporánea enfatiza la necesidad de
potenciar el uso de las redes sociales. En tal sentido, sería valioso indagar la estructura discursiva presente
en las comunicaciones de la Era de la Posverdad política, como las fakes news o bulos informativos, y sus
efectos en los consumidores; o la confección de mensajes electorales, con una combinación de ataques y
escándalos, a través de plataformas digitales 2.0 como Twitter, la cual sólo ofrece 280 caracteres de espacio.
Asimismo, en esta Era de la Información y la Posverdad, la dispositio y la memoria han adquirido una
significación tan relevante, que quizá se han convertido en el mensaje mismo. El desarrollo de la inteligencia artificial (AI), y la aparición de los bots y los trolls, permite inundar las redes sociales con mensajes
repetitivos, simulando una interactividad generadora de espirales de opinión que pueden ser determinantes
en ambientes electorales con resultados estrechos.
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los espacios, la tipografía y los colores.

•

Revisión final del editor: El editor otorga la aprobación definitiva.

•

Publicación: Los artículos se encuentran en la etapa final del proceso, listos para ser publicados.

•

Tipo de artículos aceptados. Los autores pueden postular a Revista Política, Globalidad y Ciudadanía tres tipos de artículos: Originales resultados de proyectos de investigación científica y
tecnológica, revisiones bibliográficas y reseñas.

•

Artículos de investigación científica y tecnológica: Documentos que presentan de manera, detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminada. La estructura contiene título,
resumen, abstract, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Debe
presentar 30 referencias, preferiblemente, citando a otros artículos de revistas científicas, los cuales
deben estar citados al interior del documento. Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación.

•

Artículos de Revisión: Documentos resultantes de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los hallazgos de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza

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por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
•

Reseñas: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema particular.

Funciones del Comité Editorial y Científico.
•

Para su operación, la revista cuenta con un comité editorial y un comité científico conformado por
investigadores nacionales e internacionales. El papel de estos comités es trazar la política y la estrategia de la revista con el fin de lograr un posicionamiento significativo en la comunidad científica
de las Ciencias Políticas y velar por la calidad de los trabajos en ella publicados.

Comité Editorial.
•

Es el órgano compuesto por docente-investigadores reconocidos en el área de ciencias políticas y
relaciones internacionales, con afiliación institucional en México y amplia trayectoria investigativa.
Su función en primera instancia consiste en asesorar al editor-jefe y coeditor en la gestión editorial
de la revista, además de evaluar el desempeño de ésta y formular recomendaciones para mejorarla.

Sus funciones están enfocadas a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar la política editorial en conjunto con el editor-jefe
Velar por el cumplimiento de todos los procesos editoriales para garantizar el rigor y el valor
científico de los artículos publicados
Asesorar en la planificación estratégica de la revista
Apoyar en la asignación de árbitros
Verificar y aprobar los números publicados en las ediciones de la revista
Aprobar las líneas temáticas
Realizar convocatorias para la postulación de artículos
Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión
Proponer temáticas de números especiales
Sugerir bases de datos para la indexación de la revista.

Comité Científico.
•

Es el cuerpo de investigadores reconocidos en el campo de las ciencias políticas y relaciones internacionales, con afiliación institucional extranjera que tiene la función de garantizar la credibilidad de la revista. Además, es el encargado de evaluar permanentemente la calidad científica del
contenido publicado y asesorar al comité editorial en cuanto a la actualización de los lineamientos
y políticas editoriales con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las publicaciones. Son
funciones de este comité:

•
•
•

Participar junto con el comité editorial en la formulación de la política editorial
Asesorar al comité editorial en el establecimiento de los criterios de calidad
Invitar a miembros reconocidos de instituciones internacionales a que publiquen sus artículos en
la revista
Promocionar la revista en eventos, conferencias y espacios de difusión.

•

Política de acceso abierto
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía proporciona acceso abierto inmediato a su contenido,

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sobre el principio de que la investigación libremente disponible para el público apoya un mayor
intercambio global de conocimientos. La revista está autorizada en el marco de la Licencia Creative
Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 – México, que permite a terceros descargar
las obras y compartirlas con otros, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. Se deja en claro, que los autores no
asumen ningún costo por el proceso editorial de sus artículos ni su publicación. Todos los costos
editoriales son asumidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León como institución editora.
Copyright.
•
•
•
•
•

El copyright de Revista Política, Globalidad y Ciudadanía pertenece a la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Para la reproducción del material publicado en esta revista se deberá solicitar autorización a la Coordinación de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dirección: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, Monterrey, Nuevo León, México.
C.P. 64930. http://www.facpoliticas.uanl.mx/
E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@uanl.mx
Una vez aceptado un artículo para su publicación, el autor (es) traspasa los derechos de copyright a
la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía.

Frecuencia de publicación.
•

La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía publica de manera semestral, de enero a junio y de
julio a diciembre.

Declaración de conflictos de interés
•

Los autores no evidenciaran conflictos producto de relación con cualquier tipo de institución o asociación comercial o de otra índole, en relación con lo divulgado en el artículo. Es decir, dar conceptos negativos o juzgar de manera muy positiva lo publicado por intereses personales, competencias
académicas, pasión intelectual.

•

Los autores que postulen artículos de investigación, artículos de revisión, y reseñas a la Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía, deben garantizar que sus procedimientos y metodologías se
ajustan a los códigos éticos de publicación cuya garantía constará por escrito en el formato aceptación o compromiso de cesión de derechos patrimoniales de autor y declaración de conflictos de
intereses, el cual se solicitará conjuntamente con el envío del artículo para su revisión preliminar,
haciendo plenamente responsable al o los autores de prácticas poco éticas, discriminatorias, ofensivas, agresivas, etcétera; en las que hayan podido incurrir dentro de la investigación de donde deriva
el artículo.

•

Del mismo modo el autor está obligado a informar los conflictos de interés que pueda tener su trabajo en caso de que los tenga. La persona que haga el envío del manuscrito para publicación será
identificada como el garante del trabajo en su totalidad y con él se establecerán las comunicaciones
relacionadas con el proceso de edición.

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Normas de ética en investigación.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía acoge las buenas prácticas del Comité de ética en Publicación (COPE, por sus siglas en inglés, Committe on Publication Ethics), el cual se encarga de la
ética y moral de las publicaciones científicas. La revista toma como referente las normas internacionales para editores y autores y las incorpora dentro de su proceso de gestión editorial estableciendo
una guía ética para el editor, los autores y los revisores.

Equipo editorial.
•
•

El equipo editorial debe realizar sus funciones editoriales basadas en las buenas prácticas de edición
científica fomentando la transparencia, la originalidad, la integridad y la calidad de todas las publicaciones.
Debe adoptar medidas para la detección de plagio, auto plagio, fraude por falsificación o manipulación de datos, publicación redundante o duplicada.

Editor
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El editor es el responsable de todo lo publicado en la revista, debe basar sus decisiones en la validez
del trabajo y en la importancia que tenga para los lectores; por lo tanto, se hace libre de expresar
de forma crítica pero responsable y respetuosa sus impresiones derivadas de la revisión de los
artículos.
Las decisiones de aceptar o rechazar un artículo para publicación deben ser objetivas y basarse
únicamente en la importancia, originalidad y claridad del objeto de estudio.
Debe sostener una comunicación cordial y respetuosa con los miembros del equipo editorial, comités científicos y editorial, autores y revisores.
Debe fomentar un comportamiento responsable y disuadir de las malas prácticas editoriales.
Debe actuar como garante de la confidencialidad de la información contenida en los manuscritos
recibidos y en los comentarios de evaluación.
Debe proporcionar información actualizada sobre los criterios de autoría siguiendo las normas
éticas internacionales en publicación.
Debe tomar medidas correctivas en caso de plagio u otra mala conducta.
Debe informar a los autores si el artículo será admitido a proceso de evaluación por pares.
Podrá retirar artículos publicados en caso de una mala práctica comprobada.

Autores
•
•
•
•
•
•
•

Los autores deben tener un compromiso con el desarrollo ético y responsable de sus investigaciones.
Sus trabajos de investigaciones deben ser producción propia, inédita y original. No deben tener
plagio ni auto plagio.
Deben proporcionar de forma correcta sus datos personales
Los artículos deben ser coherentes con el contenido del trabajo, es decir, el problema de investigación identificado debe corresponder con los objetivos del artículo, la metodología, los resultados
y las conclusiones.
Deberán enviar de forma transparente y original toda la documentación requerida por el equipo
editorial
Deben proporcionar el uso de permisos si se utilizó recursos de otros autores (imágenes, etc.).
Deben confirmar que la propuesta del manuscrito no ha sido enviada a otra revista.

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•

Se comprometen a declarar cualquier posible conflicto de interés.

Revisores
•
•
•
•
•
•

Los revisores deben adoptar una posición integral al momento de evaluar los artículos, la revisión
debe ser objetiva en relación con el contenido del trabajo.
Las decisiones de los revisores deben estar fundamentadas en el rigor y la calidad científica.
Sus comentarios deben estar argumentados mostrando siempre respeto por el trabajo del autor.
Deberán informar al editor en caso de detectar similitud entre el trabajo que revisa y alguna obra
publicada, o si tiene conocimiento de una obra similar en proceso de revisión.
Los revisores no tendrán acceso a los datos de los autores del artículo que evalúan y tampoco podrán exigir información acerca de ellos.
Deberán enviar las evaluaciones en el tiempo estipulado por la revista.

Privacidad y Confidencialidad.
•
•
•
•

La identificación de información de organizaciones y empresas no deberá ser publicada en el artículo sin previo consentimiento de manera escrita para la publicación.
El editor no expondrá la información de los artículos, el estatus de revisión por árbitros y la aceptación o negación de la publicación.
Los árbitros deberán respetar los derechos de propiedad privada de los autores, por ende, no podrán
en ningún caso discutir su trabajo de manera pública o apropiarse de las ideas de los autores. Prohibiéndose compartir información con otro árbitro.
La evaluación del árbitro permanecerá en anónimo y no deberán ser expuestos en forma pública sin
permiso del autor y el editor.

Política Anti-Plagio.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía se rige por la normativa de la Organización mundial de
propiedad intelectual, la cual rige para México a través de la Ley Federal del Derecho de Autor. Por
esta razón todos los artículos presentados a la revista serán sometidos a verificación con software
anti-plagio.

Política de preservación de archivos digitales.
•

La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía utiliza para la conservación de sus archivos digitales
el sistema LOCKSS para crear una herramienta de archivo distribuido entre bibliotecas colaboradoras, a las que permite crear archivos permanentes de la revista con fines de conservación y
restauración.

Publicación duplicada.
•

•

La publicación del artículo que coincide en su contenido y estructura con otro trabajo previamente
publicado en medio magnético o en papel, sin otorgarle crédito a la fuente inicial, constituye una
violación ética de las normas de publicación de la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Bajo
las siguientes situaciones:
Reproducción completa de un artículo previamente publicado, unión de dos artículos o más para
producir otro artículo, utilización de la muestra de un artículo original reportando diferentes resultados, adición de nuevos datos a un artículo preliminar, utilización de parte de las muestras de un

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estudio con los mismos resultados y muestras y resultados diferentes del artículo original.
Solicitud de aclaración.
•
•

Si un autor considera que se ha tomado una decisión inapropiada sobre su publicación, entonces
puede solicitar una aclaración mediante una comunicación formal enviada al Editor a través de
correo electrónico revista.politicas@uanl.mx.
Dependiendo de la complejidad de la situación, esta podrá ser resuelta directamente por el Editor en
su defecto el Comité Editorial quienes analizaran la situación planteada a fin de dar una respuesta
oportuna.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Campus Mederos Ave. Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, C.P. 64930. Monterrey, México. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
Tel: (52)- 8183294000
Monterrey - México
Contactos:
revista.politicas@uanl.mx

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Publishing Policy

Mission.
We are a quality scientific journal which seeks the socialization of knowledge of the Political Science and
International Relations academic community through reflection and critical debate of its published articles,
contributing to the construction of knowledge that will help the academic and organizational development,
locally, nationally and internationally.
Vision.
To be, by 2024, a reference journal for the academic world due to its periodicity, scientific quality, reference
in impact databases, accepted in bibliographic bases with a scientific selection committee (BBCS).
Object and Scope of the Journal.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is a scientific journal on Political Science and International Relations (Social Sciences) that promotes the exchange, dissemination and transfer of
knowledge in the field, with emphasis on the area of Politics; for this purpose, it is based on the
political reality of Latin America and the rest of world. It relies on the quality of scientific production considering systematics and rigor; it uses the Double Blind Review methodology in its peer
review process; it publishes original articles, results of research projects and literature reviews
under the guidelines of the publishing standards of the American Psychological Association (APA),
sixth edition.

•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics; it is edited semi-annually, January-June and July-December, and it is distributed
since 2015 under the support of the Universidad Autonoma de Nuevo León , in electronic format in
Open Access. It spreads its work in Spanish and English and it is addressed to the scientific community in Politics, mainly to researchers and teachers who deal with the field of Political Science
and international Relations.

Líneas Temáticas.
Cuerpos Académicos
• Public administration
• International Trade and Business
• Political Communication
• International Regional Studies
• Educational Management and Politics
• Energy Management and Sustainability
• University Governance
• Citizen Participation and Human Rights

Subáreas Scopus
• Political Science
• Political Science and International
Relations
• Sociology and Political Science

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Editorial Management Process.
•

Application and Reception of an Article: This stage begins with the submission of the article by the
author through the Open Journal Systems (OJS) platform. The author must send the article in Word
format, along with his curriculum vitae. Once the article is applied, the reception of the article and
the acknowledgment of receipt are automatically made.

•

Prior Editorial Review: Editors will evaluate the applied articles and determine if they are within
the scope of the journal in a maximum of 72 hours from receipt. In this phase, a review of the
editorial quality and the contribution to the knowledge of the applied article is made. Its structure
(form and content) is reviewed, verifying that the publishing standard of the American Psychological Association (APA) is complied with. If the applied article does not comply with the established
editorial criteria, the author will be notified of the editorial decision; if, on the contrary, the article
exceeds the prior review stage, it is immediately reviewed by peers.

•

Peer Review: This evaluation is done under the modality of double-blind method, that is, the article
will be sent in complete anonymity. In this stage, two reviewers’ experts in the subject, based on
the editorial policies, and taking into account an evaluation format, analyze the assigned article.
The reviewers will have a period of fifteen (15) days to carry out their corresponding review. Once
the evaluators issue their concept, the main author is informed. If the article is not accepted by the
peers, the main author is communicated subtly. If the article is accepted with some suggestions, the
anonymous evaluation is sent to the author to make the corresponding adjustments.

•

Editorial Review (after pairs): The editor will verify thoroughly that the authors have made the
corrections suggested by the peer.

•

Style Review: Once the editor has verified that the corrections have been made, the article will be
sent to style correction. In this stage, the proofreader will be responsible for checking aspects of
writing composition and text style.

•

Translation: After the style correction, the article is sent to an expert in the second language in order
to translate the abstract and the keywords.

•

Layout (Edition): This stage seeks to guarantee the aesthetic appearance of the article adapting
spaces, typography and colors.

•

Final Editor Review: The publisher grants final approval.

•

Publication: The articles are in the final stage of the process and they are ready to be published.

Type of Accepted Articles.
The authors can apply three types of articles to Revista Política, Globalidad y Ciudadanía: Original
containing results of scientific and technological research projects, literature reviews and reviews.
•

Scientific and Technological Research Articles: Documents that include thorough original results of
completed research projects. The structure contains title, summary, abstract, introduction, method,
results, discussion, conclusions and references. It must submit 30 references preferably quoting
other articles from scientific journals, which must be mentioned within the document. A scientific
article is a written and published report that describes original research results.

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•

Review Articles: Resulting documents from research that analyze, systematize and integrate the
findings of published or unpublished research on a field in science and technology in order to
justify for progress and developmental trends. It features a careful literature review of at least 50
references.

•

Reviews: Resulting document from the critical review of literature on a particular topic.

Fnctions of the Publishing and Scientific Committee.
•

For its operation, the journal has a publishing committee and a scientific one made up of national
and international researchers. The role of these committees is to draw the policy and strategy of the
journal in order to achieve a significant position in the scientific community of Political Science and
to ensure the quality of the work it publishes.

Publishing Committee.
•

It is the body made up of renowned teachers-researchers in the area of Political Science and International Relations, with institutional affiliation in Mexico and extensive research experience. Its
function in the first instance consists of advising the editor-in-chief and co-editor in the editorial
management of the journal, as well as evaluating its performance and formulating recommendations to improve it. Its functions are focused on:

		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suggesting databases for indexing the journal
Designing the editorial policy working with the editor-in-chief
Ensuring compliance with all editorial processes to guarantee the scientific rigor and
value of published articles
Advising on the strategic planning of the journal
Supporting the allocation of arbitrators
Verifying and approving the issues published in the editions of the journal
Approving the main topics
Making calls for the submission of articles
Promoting the journal in events, conferences and diffusion spaces
Proposing topics for special issues
Suggesting databases for indexing the journal.

Scientific Committee.
•

It is the group of renowned researchers in the field of Political Science and International Relations
, with foreign institutional affiliation that has the function of guaranteeing the credibility of the
journal. In addition, it is in charge of permanently evaluating the scientific quality of the published
content and advising the editorial committee regarding the updating of guidelines and editorial
policies in order to contribute to the continuous improvement of publications. The functions of this
committee are:
•
•

To participate along with the publishing committee in the formulation of editorial policy,
To advise the editorial committee in the establishment of quality criteria,

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•
•

To invite renowned members of international institutions to publish their articles in the
journal, and
To promote journal in events, conferences and dissemination spaces.

Open Access Policy.
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía provides immediate open access to its content, on the
principle that research freely available supports a greater global exchange of knowledge. The journal is authorized under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 Mexico License, which allows third parties to download the works and share them with others,
provided their authorship is acknowledged, but they cannot be changed, nor can they be used commercially. It is clear that authors do not assume any cost for the editorial process of their articles or
their publication. All editorial costs are assumed by the Universidad Autonoma de Nuevo Leon as
a publishing institution.

Copyright.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía copyright belongs to the Research Coordination of the
School of Political Science and International Relations of the Universidad Autonoma de Nuevo
Leon.
For reproduction of the material published in this journal, authorization must be requested to the
Research Coordination of the School of Political Science and International Relations of the Universidad Autonoma de Nuevo Leon.
Address: Universidad Autonoma de Nuevo Leon, School of Political Science and International Relations, Praga &amp; Trieste, Col. Residencial las Torres, Monterrey, Nuevo León, Mexico. CP 64930.
http://www.facpoliticas.uanl.mx/.
E-mail: revista.politicas@uanl.mx; revistapoliticas.uanl@gmail.com; publica.policas@uanl.mx
Once an article has been accepted for publication, the author (s) transfers the copyright to Revista
Política, Globalidad y Ciudadanía.
Frequency of Publication
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is published semi-annually, January to June and July to
December.

Declaration of Conflict of Interest
•

The authors will not evidence conflicts arising from any type of commercial or other institutional
association, in relation to what it is disclosed in the article. That is, giving negative concepts or
judging in a very positive way what it is published due to personal interests, academic competences, or intellectual passion.

•

Authors who submitt research articles, review articles, and reviews to Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, must guarantee that their procedures and methodologies conform to the ethical
publishing codes whose guarantee will be included in the format acceptance or commitment of
assignment of patrimonial rights of author and declaration of conflict of interest, which will be requested jointly with the sending of the article for its preliminary revision, making the authors fully

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responsible for unethical, discriminatory, offensive, aggressive practices, among others; in those
that may have incurred within the research from which the article derives.
•

In the same way, the author is obliged to report any conflict of interest that his work may have,
if this is the case. The person who sends the manuscript for publication will be identified as the
guarantor of the work as a whole and communication will be established with him/her during the
editing process.

Research Ethics Standards:
•

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía welcomes the good practices of the Committee on Publication Ethics (COPE), which is responsible for the ethics and moral of scientific publications. The
journal considers the international standards for editors and authors as reference and it incorporates
them into its editorial management process, establishing an ethical guide for the editor, the authors
and the reviewers.

Publishing Team
•
•

The editorial team must perform its editorial functions based on good scientific publishing practices, promoting transparency, originality, integrity and quality of all publications.
It must adopt measures for the detection of plagiarism, self-plagiarism, fraud by falsification or data
manipulation of data, redundant or duplicate publication.

Editor
•

•
•
•
•
•
•
•
•

The editor is fully responsible for what it is published in the journal; he/she should base his/her
decisions on the validity of the work and the importance it has for readers; therefore, he/she is free
to express his/her opinions, derived from the review of the articles, critically but responsibly and
respectfully.
Decisions to accept or reject an article for publication must be objective and based only on the
importance, originality and clarity of the object of study.
He/she must maintain a cordial and respectful communication with the members of the editorial
team, scientific and editorial committees, authors and reviewers.
He/she must encourage responsible behavior and discourage bad editorial practices.
He/she must act as guarantor of the confidentiality of the information contained in the manuscripts
received and in the evaluation comments.
He/she must provide updated information on the authorship criteria following the international
ethical standards of publication.
He/she must take corrective action in case of plagiarism or other misconduct.
He/she must inform the authors if the article will be admitted to the peer evaluation process.
He/she can remove out published articles in case of a proven practice.

Authors
•
•
•
•

Authors must be commited to the ethical and responsible development of their research.
Their research work must be produced by themselves, unpublished and original. They should not
be plagarised self-plagarised.
They must provide their personal information correctly.
The articles must be coherent with the content of the work, that is, the identified research problem
must correspond to the objectives, the methodology, the results and the conclusions of the article.

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•
•
•
•

They must send in a transparent and original way all the documentation required by the publishing
team
They must provide permits if resources of other authors’ resources were used (images, etc.).
They must confirm that the proposal of the manuscript has not been sent to another journal.
They agree on declaring any possible conflict of interest.

Reiewers:
•
•
•
•
•
•

The reviewers must adopt an integral position when evaluating the articles; the review must be
objective considering the content of the work.
The reviewers’ decisions must be based on accuracy and scientific quality.
Their comments should always be stated respectfully regarding the author’s work.
They should inform the editor if they detect similarity between the work they are reviewing and any
other published article, or if they are aware of a similar work under review.
The reviewers will not have access to the author’s personal information, nor will they be able to ask
for information about him/her.
They must send the evaluations in time and according to the journal’s requirements.

Privacy and confidentiality:
•
•
•
•

Information about organizations and companies should not be published in the article without prior
written consent for the publication.
The editor will not expose the articles’ information, the status of review by arbitrators and the publication’s acceptance or refusal.
The arbitrators must respect the authors’ private property rights; therefore, they cannot, in any case,
discuss their work publicly or appropriate their ideas. It is forbidden to share information with
another arbitrator.
The arbitrator’s evaluation will remain anonymous and should not be publicly exposed without the
author’s and editor’s permission.

Privacy and confidentiality:
•
•

Anti-Plagiarism Policy
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía is governed by the rules of the Intellectual Property
World Organization, which governs Mexico through the Federal Law of Copyright. For this reason,
all articles submitted to the journal will be subject to verified using anti-plagiarism software.

Privacy and confidentiality:
•
•

Policy for the Preservation of Digital Files
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía uses the LOCKSS system for preserving its digital files
to create a tool of distributed file among collaborating libraries, which allows them to create permanent files of the journal for conservation and restoration purposes.

Duplicate Publication:
•

The article’s publication that coincides in content and structure with another previously published
work in magnetic media or on paper, without granting credit to the initial source, constitutes an
ethical violation to the publication standards Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Under the
following situations:

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•

Complete reproduction of a previously published article, joining two or more articles to produce
another one, use of the sample of an original article reporting different results, as of new data to a
preliminary article, use of part of the samples of a study with the same results and different samples
and results of the original article.

Clarification Request:
•
•

If an author considers that an inappropriate decision has been made about his/her article, he/she can
submit a clarification request by means of a formal communication sent to the Editor through email
revista.politicas@uanl.mx
Depending on how complex of the situation might be, this can be resolved directly by the Editor or
the Editorial Committee who will analyze the situation in order to give a timely response.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Campus Mederos. Praga &amp; Trieste. Col. Residencial Las Torres. CP 64930. Monterrey,Mexico. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
Tel: (52) - 8183294000
Monterrey, Mexico
Contact:
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Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o los autores

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma
de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-103,
ISSN 2395-8448

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Director
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Factultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones
Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía

Editores
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Asistentes Editoriales:
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Los derechos de copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Se autoriza la reproducción
siempre y cuando se utilice las citas y referencias de cada autor.
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La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral en los
campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la promoción del
desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con responsabilidad ética,
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las instancias de este proyecto.
Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en el sistema
Open Access, desde enero de 2015. Busca convertirse en un medio insoslayable para la publicación de
artículos científicos, inéditos, y producto de una investigación en español e inglés, de autores nacionales
e internacionales los cuales ceden todos los derechos de publicación al editor, sometiéndose los artículos
a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del
desarrollo científico, el aprendizaje y el desarrollo desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Autónoma de
Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y social, en el entorno local, nacional e
internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación superior,
funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento. A través de esta revista
científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el desarrollo de la ciencia política,
incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo de colaboradores está comprometido con el
fortalecimiento de los criterios de calidad científica, editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.
Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote integral
education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it fosters cultural and
ideological development of society. This institution is in charge of forming responsible and ethical leaders
who must have historical commitment and who must have the purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific
journal of this institution, links directly to all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of publishing scientific
articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English, by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process,
Double Blind Review, before they are selected to be published in order to achieve the goal of promoting
scientific development and learning in Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of The School of Political Science and
International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection and critical debate in order
to construct knowledge that will end up enriching academic, organizational and social development in
local, national and international contexts. Política, Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers,

�students, public officials, businessmen, trade associations and the entire knowledge society. Intellectual
production and research done for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor
crew is committed to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the
new Redalyc Model guidelines.

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Tabla de Contenido
Editorial.......................................................................................................................................................11
La Nueva Gobernanza de los sistemas universitarios.............................................................................14
The new gobernance of University Systems
Barbara, Kehm, Universidad de Glasgow, Alemania
Repensando un modelo inclusivo de educación desde el pensamiento complejo para la enseñanza de
los derechos humanos.................................................................................................................................20
Rethinking an inclusive model of education from complex thinking for the teaching of human rights
Laureano, Redondo-Duran, Universidad Simón Bolívar, México
La Paradiplomacia Universitaria: La internacionalización de la educación superior en América.....37
University Paradiplomacy: The internationalization of Higher Education in latin America
David Horacio, García Walman
Paulina Jimenez Quintana
María Gabriela Zapata Moran, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Análisis Epistemólogo de los Estudios de género en la Universidad Pública Norestense....................49
Epistemological Analysis of Gender Studies at the Norestense Public University
Olga Nelly, Estrada-Esparza, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Las Competencias de egreso y su relación con el mercado laboral en el área de las Ciencias Políticas.................................................................................................................................................................56
The Graduation Skills and their relationship with the labor market in the area of political Sciences
Luis Gilberto, Ramos-Peña, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Estratégias didácticas para la esperanza de los conceptos ecológicos de individuo, población, comunidad y ecosistemas en el municipio de Palermo y el área protegida parque vía isla Salamanca..................................................................................................................................................................75
Didactic strategies for the teaching of the cological concepts of the individual, population, community and
ecosystems in the municipality of Palermo and the protected area Via Parque Isla de Salamanca
Albaro Enrique, Candanoza-Henríquez, Institución Universitario ITSA, México
Politica Editorial.........................................................................................................................................90

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/10

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Editorial
“Reflexionar sobre la educación, es debatir el futuro”
Daniel de la Garza Montemayor
Editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0001-6962-9059

Cómo referenciar la editorial:
Montemayor, D. (2018). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11-13. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/98/99
En la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, es una revista académica que está interesada en la promoción de trabajos académicos multidisciplinarios, pues partimos de la convicción de que algunas líneas
de investigación que se encuentran en pleno desarrollo necesitan del talento y el aporte de personas con
aptitudes distintas en las que se pueda lograr una plena convergencia.
En este sentido, esta edición vigente contiene aportaciones valiosas en un tema que entrelaza a todos los
enfoques que son de interés para esta revista: la educación. Por esta razón, se revisará el ámbito educativo
desde su gobernanza, pasando por la manera en que los programas de estudio pueden abonar a una cultura
de paz y una mayor equidad de género, así como a la incidencia en asuntos importantes para la localidad.
También se exponen trabajos en los que se profundiza en la internacionalización de la educación y la manera en que los programas de estudio se encuentran alineados con aquello que demanda el mercado laboral. A
continuación, realizaremos una breve exposición de los artículos que contiene esta obra.
En esta edición contamos además con la destacada participación de la Dra. Bárbara Kehm de la Universidad de Glaslow, con un tema importante que nos permite identificar algunas pautas fundamentales dentro
del sistema educativo. En la medida en que ningún proceso o institución académica se mantiene estática,
el artículo de Kehm tiene la virtud de demostrar de forma documentada que el concepto de gobernanza
universitaria también forma parte de su contexto.
Partiendo del mismo tema, el especialista Laureano Redondo-Durán, de la Universidad Simón Bolívar
nos describe cómo la educación puede contribuir a construir la paz social. En un momento en el que la
cultura de los derechos humanos avanza en buena parte del contexto internacional, Redondo-Durán señala
la ausencia de una educación que se encuentre inmersa en la priorización de crear consciencia sobre los
derechos humanos, una circunstancia necesaria para contribuir a construir condiciones sociales en donde
se fortalezca la paz.
Además de una cultura de paz, es importante el proceso de internacionalización que siguen las universidades. Sobre esto, David Horacio García Waldman, Paulina Jiménez Quintana y María Gabriela Zapata
Moran escribieron una disertación en torno a las estrategias empleadas en este importante tema, tomando
en cuenta a tres países que son clave en el contexto latinoamericano: Brasil, Argentina y Chile.
Cuando se refiere a políticas progresivas, éstas también parten desde el proceso educativo. Por ello la
destacada participación de Olga Nelly Estrada-Esparza quien realiza un análisis sobre el discurso que revela
cómo algunos de los preceptos más retrógadas en cuestión de género no terminan de ser superados desde el
ámbito educativo. Para lograr avanzar en la agenda de equidad de género por la que varias generaciones han
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luchado, es importante que el ámbito educativo pueda tener una transformación acorde con ese progreso
social.
También es importante destacar la aportación de Luis Gilberto Peña-Ramos, quien establece algunas
de las competencias que requiere el material. Este análisis es importante, porque establece una serie de
consideraciones que pueden tomarse en cuenta cuando cualquier Universidad revise sus respectivos programas de estudio, con el fin de que las competencias que se ofrecen puedan empatar con las demandas de
un mercado laboral complejo.
Por último, Alberto Enrique Candanoza-Henríquez concluye este número, con un ejemplo en torno a
cómo se puede conectar la educación con mejorar el medio ambiente. En otras palabras, es posible desde el
aula el poder fortalecer algunas alternativas que puedan incidir de manera positiva en el entorno.
Nos gustaría concluir con el compromiso que tiene la revista con la difusión científica que contribuya
al mejoramiento de distintas disciplinas. En esta edición, nos complacemos en presentar diferentes perspectivas y estudios en torno al proceso educativo, que resulta fundamental para coadyuvar en transformar
y mejorar el entorno que nos rodea.
Editorial
“Reflexionar sobre la educación, es debatir el futuro”
Daniel de la Garza Montemayor
Editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0001-6962-9059

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/10

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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/10

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La Nueva Gobernanza de los sistemas universitarios
The new gobernance of University Systems
Barbara, Kehm1
Universidad de Glasgow
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.8-1		

https://orcid.org/0000-0002-8890-9029
RESUMEN

El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en estudiar y clasificar los
regímenes de gobernanza de las universidades a nivel internacional, sus dinámicas de cambios y tendencias evolutivas, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la
revisión documental se encontró que: la gobernanza universitaria es un concepto que tiene una constante evolución,
adaptándose a los diversos panoramas y diferentes perspectivas. En conclusión, las políticas educativas responden cada
vez más a una arena internacional en las que están sucediendo la configuración de agendas, los desarrollos de criterios
y directrices.
Palabras clave: Gestión pública, gobierno, gobernanza, política, universidad..
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review, which objective was to study and classify the governance
regimes of universities at international level, their dynamics of changes and evolutionary tendencies, with a qualitative
approach, non-experimental design, under transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review,
it was found that: university governance is a concept that has a constant evolution, adapting to different scenarios and
different perspectives. In conclusion, educational policies respond more and more to an international arena in which the
configuration of agendas, the development of criteria and guidelines are happening.
Key words: Government, governance, management public, politics, university.

Cómo referenciar este artículo:
Kehm, B. (2018). La Nueva Gobernanza de los sistemas universitarios. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía,
4(8), 14-19. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/99

Recibido: 06 de Enero 2018 - Aceptado: 30 de Febrero 2018

1
Doctora en Literatura Alemana por Universidad Ruhr Bochum. Docente Investigadora en la Escuela de Educación de la Universidad de Glasgow. Email: Barbara.Kehm@glasgow.ac.uk
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 14-19. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/99

�La Nueva Gobernanza de los sistemas universitarios

1.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo contiene diversas recopilaciones de investigaciones realizada por académicos universitarios europeos, quienes se han desempeñado en el sector universitario y responsables de políticas
educativas universitarias, así mismo, el documento cuenta con puntos de vista de Europa y América Latina.
El concepto de gobernanza sirve para explicar los mecanismos de la coordinación de actividades de los
distintos, aunque interdependientes, actores en un campo determinado. También se puede describir mecanismos de coordinación y dirección en el marco de los procesos económicos. En pocas palabras, el término
gobernanza significa procesos de regulación y coordinación orientados al bienestar, que ayudan a resolver
problemas sociales.
La gobernanza universitaria tiene que pasar por un proceso de innovación para poder adaptarse con
mayor facilidad, vivimos en un mundo que está en constante cambio y cada día es más dinámico, así que,
el sistema universitario ha pasado por una constante evolución en sus diversas ramas de estudio con el fin
de adaptarse a las nuevas necesidades.
El desarrollo de nuevas herramientas y enfoques es vital para diseñar nuevos sistemas universitarios, sin
embargo, los cambios en la gestión pública son más escasos y difíciles, y no solo porque son los que exigen
mayor financiación adicional, sino por su ejecución. Así que hay que crear políticas universitarias que se
puedan implementar en todas sus ramas y en la vida diaria de los estudiantes y docentes.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Gobernanza y gestión publica
La gobernanza y la nueva gestión pública son parte de la agenda europea para modernizar la universidad
y hacerla más responsable de las necesidades sociales y económicas en la era de la sociedad del conocimiento. Es un claro ejemplo de cómo se puede implementar exitosamente las políticas públicas, para mejorar la economía y la sociedad de cualquier país, todas las universidades y gobiernos afrentan un gran reto,
que es investigar e implementar acciones a favor de los estudiantes, docentes y ciudadanos.
Mucho se habla sobre lo que más se necesita es una idea unificada de la universidad del siglo XXI que
pueda establecer una base para renovar la confianza de la sociedad en la institución, sin embargo, lo que
más se necesita son nuevas formas de evaluar y enseñar con bases fundamentales para el desarrollo de una
mejor sociedad. La innovación se puede dar, teóricamente, en todas y en cada una de sus funciones, en cada
una de ellas, el cambio es más fácil o difícil, tiene mayor o menor impacto y requiere más o menos financiación, pero se debe de realizar para poder avanzar.
El libro menciona que la gobernanza a nivel sistémico implica una nueva relación entre universidad,
Estado y sociedad, que muy seguido se necesitan cambiar de enfoques y crear una nueva visión y gestión
pública; esto me parece excelente ya que su intención principal es que dejen de ser instituciones burocráticas a organizaciones gestionadas y así, crear una mayor participación en el Estado como actores.
Como en todos lados, existen los conflictos de poder, que hasta donde debe de llegar la participación de
una universidad y que tipo de esquema organizativo se necesita para alcanzar la excelencia, garantizar la
curiosidad libre y demostrar responsabilidad social y cultural.
La nueva gestión pública es la primera narrativa, que vio la luz a finales de los años setenta como parte
de las reformas conservadoras de Margaret Thatcher. Esta combina jerarquías y mercados, y, básicamente,
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Kehm,Barbara

refuerza el papel de los gestores, además de obligar a las universidades a diversificar las bases sobre las
que se fundaron.
La segunda narrativa se centra en la gobernanza en red, que emergió en los años noventa, trata sobre el
Estado-Nación y su pérdida de funciones, autoridad y responsabilidad en dominios regionales y supranacionales, la distribución de poder es más difusa y pluralista. Esto obliga a las universidades a operar estratégica
y simultáneamente en distintas redes en los campos regional, nacional e internacional.
La tercera narrativa, también llamada Neoweberiana, es sobre revitalización democrática de instituciones públicas altamente burocratizadas. Esto se puede observar en muchos países latinoamericanos, donde
se observa una mayor participación en las decisiones institucionales y en las políticas de desarrollo público.
Así que, las narrativas se enfocan mucho en la profesionalización de la gestión pública y en que las instituciones públicas satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Con estas tres narrativas y sus implicaciones
en la gobernanza universitaria, los autores intentan predecir algunos síntomas e instrumentos para la gestión
institucional. También proponen una agenda de investigación adicional, para poder desarrollar sus reformas
educativas y planes de estudio de la mano.
Cada vez más, la gobernanza universitaria se entiende como una combinación de relaciones verticales
como jerarquías y mercados, y de relaciones horizontales como redes de actores. Las políticas nacionales,
se están adaptando a estos nuevos contextos y condiciones, tratando al mismo tiempo de salvaguardar la
tradición nacional, sin embargo, se necesitan modernizar todos sus aspectos para poder competir a nivel
internacional con otras universidades.
La combinación de diferencias y semejanzas en la gobernanza universitaria se puede demostrar con el
modelo de ecualización de la gobernanza, aunque finalmente necesita operar en cada dimensión con una
lista de indicadores apropiados, tienen la intención de transformar las actitudes de la profesión académica y
la manera en la que tradicionalmente hacen su trabajo en la enseñanza y la investigación. Un factor importante en este desarrollo es la profesionalización y la orientación gestora de los líderes de las universidades.
Rectores o presidentes ya no son vistos como los primeros entre iguales, con un poder de decisión relativamente limitado, sino como ambiciosos gerentes de entidades corporativas.
En la actualidad, los universitarios y ciudadanos ya no creen que el gobierno pueda realizar un cambio
verdadero en la sociedad, así que existe una presión más fuerte para ejecutar acciones que si funcionen; los
ciudadanos cada vez están más involucrados para crear políticas públicas y ser un parteaguas en el gobierno.
El enfoque principal es la cuestión de cómo las universidades, en tanto que organizaciones, reaccionan
a cambios de condiciones en su ambiente, como los estudiantes y docentes lograr adaptarse, con qué facilidad, etc. Esto es muy importante para lograr una mayor participación en las políticas públicas y aumentar
el rating universitario y político.
Uno de los economistas más citados, Paul E. Samuelson (1954) menciona que para que un bien sea
considerado público ha de cumplir dos prerrequisitos: no ser excluyente y no tener rivalidad. Lo primero
conlleva que cada uno puede usar o tener acceso a dicho bien sin excepción; mientras que lo segundo significa que el uso del bien por un individuo no debe mermar su disponibilidad para otros usuarios.
En el texto se debate si la educación debe de ser un bien privado o público, ya que recibe financiamiento
por parte del gobierno y organizaciones y tienen que seguir con las reformas educativas que implementan
los legisladores. En el campo de la educación superior esto va más por el dado de un proceso de privatización y a la introducción de fuerzas mercantiles, por ejemplo, en forma de competencia por la reputación y
por la financiación. Con esto, la naturaleza de la universidad se ha acercado más a lo que se entendería por
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�La Nueva Gobernanza de los sistemas universitarios

un bien privado susceptible de ser comercializado tal como lo prevé el Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios.
El escepticismo sobre si la educación aún representa un bien público ha crecido en los últimos treinta
años bajo el influjo de políticas neoliberales en las reformas del sector público, sin embargo, se necesita
encontrar un balance y ser más transparente en sus políticas universitarias.
Mediante la adopción de nuevas estrategias y modalidades, los gobiernos buscan inducir cambios en la
conducción de las universidades: nuevas formas de gobernanza, fijación de prioridades y metas, autoevaluación en función de indicadores de desempeño, foco en la eficiencia interna y externa, atención hacia las
demandas y expectativas de partes interesadas ajenas a la comunidad universitaria, ganancias de productividad académica, generación de excedentes, contribución al desarrollo regional y local, internacionalización,
etc.
Vale resaltar que, a lo largo de todos estos años, las universidades están pasando por un proceso de
innovación por medio de acreditaciones internacionales, con el fin de adaptarse a todas las necesidades
que diario se presentan y así poder competir con universidades no solo locales, sino, internacionales. Este
libro aborda puntos muy bien estructurados de cómo ha sido la evolución de los actores han influido en los
cambios de las políticas públicas y universitarias.
Las organizaciones internacionales o supranacionales han ido ganando influencia en las políticas para
la educación superior en el mundo. Cada vez se las universidades crecen con las influencias de estas organizaciones internacionales, para poder tener un mejor nivel universitario, considerando sus influencias e
impacto social y así, provocar una internacionalización de las políticas universitarias.
Cuestiones de competitividad y problemas de escasez de fondos, llevaron a nuevas exigencias de especialización y creación de perfiles líderes, igualmente, no todas las universidades deberían seguir ofertando
un amplio espectro de programas y servicios donde tengan lagunas y no se pueda implementar correctamente, es preferible tener un programa investigador variado. La especialización y el esfuerzo en establecer
un perfil posiblemente único podría ser una solución a la escasez de fondos y a la alta competitividad. La
búsqueda de la excelencia o primeros puestos en rankings nacionales o internacionales ha provocado una
mayor participación de los sistemas universitarios nacionales. Las consecuencias se pueden ver en el surgimiento de nuevos subsistemas y redes que tienen cierto impacto en la lógica de los sistemas universitarios.
Para sobrellevar las nuevas responsabilidades en su gestión, las universidades han creado nuevos puestos de trabajo en todas las áreas de la universidad, así como de gestión o han delegado más responsabilidades estratégicas a los trabajos administrativos, esto con el fin de crear un ambiente más competitivo y poder
alcanzar un mejor lugar en la tabla de posicionamientos.
Los nuevos profesionales en la universidad, producto de estos cambios, suelen estar altamente cualificados y llevan a cabo tareas determinantes tanto en los procesos de docencia e investigación como de gestión
al más alto nivel. Preparan y mantienen asuntos de alto nivel, ofrecen servicios o desempeñan funciones
que hacen de puente entre las unidades básicas y la dirección central. De este modo, los objetivos de las
universidades en todos los niveles están identificados mediante actividades de gestión con el fin de aumentar la eficiencia y la efectividad.
Aún queda mucho que hacer para reforzar todas estas áreas de competitividad, una herramienta que
ayuda a mejorar las relaciones entre universidades internacionales es crear pactos entre ellas para implementar los intercambios académicos, las capacitaciones, mejorar la calidad educativa, entre muchas otras
acciones. El número de acciones con las que las reformas internas de las estructuras en las universidades se
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Kehm,Barbara

implementan es muy alto, esto quiere decir que, al implementar nuevos puestos y la mejora de un salario,
los docentes aumentan su rendimiento en el trabajo para lograr un mayor desempeño.
La introducción de reformas inspiradas en la nueva gestión pública en las universidades tiene como
objetivo alcanzar una doble transformación, la combinación de instrumentos varía según el país o la institución. Se debe de realizar una combinación de todos los recursos que tengan para poder realizar reformas
exitosas e implementarlas correctamente.
El libro también toca unos puntos muy importantes, sobre como las dificultades e inconvenientes que
han tenido que superar para conseguir un determinado objetivo y mejorar en todos los aspectos las ramas
de la educación.
El ámbito de la gestión universitaria, el día a día, trae consigo una serie de situaciones que resultan
complicadas y dificultan la labor del gestor. Actualmente en la sociedad, cada día, los gobiernos tienen la
responsabilidad de generar cambios y mejoras en las instituciones, imponer nuevos retos educativos, para
poder realizar nuevos modelos educativos.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la nueva gobernanza de los sistemas universitarios, se consultaron un total de ocho referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas,
argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a la nueva
gobernanza de los sistemas universitarios. Una vez recopilada y analizada la información se construye el
documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a
los objetivos trazados (Oliveros et al, 2018, p. 72).
4.- CONCLUSIONES
Finalmente, se concluye que las políticas educativas responden cada vez más a una arena internacional
en la que están sucediendo la configuración de agendas, los desarrollos de criterios y directrices, el establecimiento de objetivos y la clasificación más resistentes y difíciles de modificar son las ideologías emanadas
de cada uno de los regímenes de gobernanza universitaria y de sus principales elementos que los dispositivos organizacionales, de economía política y jurídica que los acompañan, que estos hacen que la gestión
universitaria tenga sus fortalezas y sus debilidades.
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�La Nueva Gobernanza de los sistemas universitarios

Lo que estos desarrollos educativos para los gobiernos y las autoridades necesitan saber que las responsabilidades y las políticas sobre la gobernanza en la educación superior en un nivel sistémico han dejado de
ser una responsabilidad exclusiva de los gobiernos nacionales. Algunas responsabilidades se han trasladado
hacia arriba, a niveles supranacionales; otras, hacia abajo, al nivel institucional a través de una desregulación y otras, hacia fuera, a agencias dependientes o semiindependientes.
Esta es una gran tarea que todos tenemos y que aún no se ha podido completar, se necesitan realizar
políticas públicas de alto impacto para poder mejorar las políticas universitarias, también los cambios que
se han realizado por las reformas educativas en la gobernanza han hecho a las universidades pasar de instituciones administradoras a organizaciones, las relaciones entre las universidades y el gobierno público han
sido redefinidas y basadas en nuevas ideas sobre qué debe ser dirigido y cómo.
Así mismo, la idea de generar nuevos líderes universitarios y políticos, para poder tener una mayor participación directa e indirectamente es muy importante, ya que son actores en esta nueva etapa universitaria.
Este artículo establece por puntos una comparación de la gobernanza universitaria en Europa con otros
países de Latinoamérica, donde se habla que aun que en cada país tenga su propio avance en estas áreas,
aún queda mucho por hacer de la mano con el gobierno y sus reformas educativas.
REFERENCIAS
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Universidades.
González García, Y. (2008). El reto de la autonomía universitaria. Universidades, Año LVIII.
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Meléndez Guerrero, M. A., Solís Pérez, P. C. y Gómez Romero, J. G. I. (2010). Gobernanza y gestión de la
universidad pública. Revista de Ciencias Sociales (RCS), XVI, 2, 210-225
Oliveros, O.; Waked, D.; Peña, C. y Lechuga, J. (2017). Diagnóstico Sobre la Planeación del Mercadeo en
las Pymes de Boyacá. Revista Desarrollo Gerencial, 9 (2), 68– 87.
Rubio, F. (2012). Innovación y buenas prácticas en el gobierno y la gestión de universidades. Revista de
Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC).
Schumpeter, J. (1978). Teoría del desenvolvimiento económico. México: Fondo de Cultura Económica.
Quinta Reimpresión.
Schwartzman, S. (1996). El papel de la universidad en el desarrollo social. Revista de Educación Superior,
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 14-19. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/99

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Repensando un modelo inclusivo de educación desde el pensamiento complejo para la enseñanza de
los derechos humanos
Rethinking an inclusive model of education from complex thinking for the teaching of human rights
Laureano, Redondo-Duran1
Universidad Simón Bolívar
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.8-2 		

https://orcid.org/0000-0002-1923-7433
RESUMEN

El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en analizar la educación en
relación con los derechos humanos en Latinoamérica. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se encontró que:
realizar un análisis del sistema educativo en la región latinoamericana es muy compleja y es necesario mirar hacia otras
vías para poder realizar este análisis. Se concluye que existe una falencia en materia de educación de derechos humanos
lo que no permite tener una verdadera cultura de paz.
Palabras clave: Creatividad, crisis, comportamiento, derechos humanos, dialogo y multiculturalidad.
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review, which objective was to analyze education in relation to human
rights in Latin America. The method of analysis was applied, with a qualitative approach, non-experimental design,
under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review it was found that: carrying out an
analysis of the education system in the Latin American region is very complex and it is necessary to look towards other
ways to conduct this analysis. It is concluded that there is a lack of human rights education which does not allow for a
true culture of peace.
Key words: Creativity, crisis, behavior, human rights, dialogue and multiculturalism

Cómo referenciar este artículo:
Redondo-Duran, L. (2018). Repensando un modelo inclusivo de educación desde el pensamiento complejo para la
enseñanza de los derechos humanos. Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 4(8), 20-36. Recuperado de
http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/100

Recibido: 11 de Enero 2018 - Aceptado: 02 de Marzo 2018

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Magíster en Educación. Profesor Investigador, Universidad Simón Bolívar. Email: lredondo@unisimonbolivar.edu.co
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 20-36. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/100

�Repensando un modelo inclusivo de educación desde el pensamiento ...

1.

INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos les pertenecen a todas las personas desde el primer momento de su vida, independientemente de sus escenarios y calidades únicas. Por eso la educación de los derechos humanos en todo
momento histórico ha sido de suma importancia para la educación del futuro y sin olvidar la importancia de
estos en el pasado. Los derechos humanos son un tema bastante discutido. En esta cultura dominante, que
hemos catalogado como “postmoderna” y que de la modernidad solo ha mantenido la tecnología, es una
cultura cada vez más al lado de los derechos humanos. Según el programa mundial para la educación en derechos humanos (en curso desde 2005): Los derechos humanos deben ser entendidos dentro del movimiento
magno de pensadores, filósofos y ciudadanos del mundo. Ellos han pensado en reivindicar en la historia los
derechos de todos los ciudadanos, resaltar su dignidad y mirar su alteridad en un contexto que siempre ha
sido el contexto de la violencia y la guerra que es también obligación de todos los formadores planetarios.
En esta dirección se puede considerar de particular interés, de la misma manera, asociar las ideas que
guardan relación con el tema de la interculturalidad y los procesos de aprendizaje, tales como lo enseña
el pedagogo Paulo Freire: “El dialogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza
la reflexión y acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado,
no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas en un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un
simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes” (Freire, 1998: 101).
Existen otras formulaciones de orden históricas que también hacen referencia al tema desde una perspectiva similar con respecto a los derechos humanos y la multiculturalidad. Estos hacen énfasis sobre el
reconocimiento a la paz y a las diversidades. Afirman: que no puede obviarse bajo ninguna circunstancia los
procesos de guerras internas vividas en países de América Latina entre los años 1970 y el 2000 en la región
Centro americana y en países de américa del sur respectivamente. Siendo que los procesos de amnistía y
de paz consecutivamente permitieron la apertura a espacios de negociación en el seno de las sociedades
nacionales. Fue precisamente el país guatemalteco quien sirvió como paradigma para entender lo cruel de
una guerra que arrasó de manera inmisericorde con una gran parte de una cultura histórica como fue la
Maya. Pero no hay mal que por bien no venga; este conflicto permitió una paz y un tránsito democrático y
solidario, haciendo posible el reconocimiento de las diversidades étnicas (Moya, 2009).
América latina al igual que otros espacios del universo ha sido y sigue siendo el escenario de la violencia de todo tipo. Sin embargo, podemos afirmar que en todas las sociedades del mundo existe la violencia y
se piensa en la paz. En todo caso es admisible la idea expuesta por Morín, al reflexionar en torno a la cultura
y a la violencia. Por eso plantea la imperiosa necesidad de “desocultar, de revelar, en y por su diversidad,
la unidad de la especie, la identidad humana, los universales antropológicos. La identidad del hombre, es
decir, su unidad/diversidad compleja se vio ocultada y traicionada, en el corazón mismo de la era planetaria
por el desarrollo especializado/compartimentado de las ciencias” (Morín, 2006: 64).
Esta situación nos conduce directamente a mirar de una manera diferente, y por decirlo así sería una
forma de hacer compleja la situación y llevarla al aula a través de una flexibilidad transhumanista, con el
dialogo con los otros por medio de un método transdisciplinar ya que la educación no está a la altura de los
tiempos y después de la unidad, viene la complejidad y haciendo posible un verdadero pensamiento crítico,
que no separe, que no sea visto estudiado el problema desde el ojo de una sola disciplina sino que una y
permita estudiar todos los problemas de manera transdsiciplinar en un tejido, denominado: pensamiento
complejo.
Asistimos hoy a un debate bastante neurálgico. Estamos ante un problema bastante gigante que nos insta
a cambiar y hacer del proceso de aprendizaje un sistema que permita a las nuevas generaciones formarse
de manera integral, que permita un giro cualitativo hacia la educación. Es preciso cambiar profundamente
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el pensamiento y la enseñanza. Su forma profunda contribuirá principalmente a realzar sobre los peligros
enormes y la comunidad de destino, al mismo tiempo, hará posible y visible la acción transformadora desde
la base. Hay que hacerles frente a los desafíos que nos presenta la posmodernidad y los planteamientos
venidos desde la tercera ola de la que nos habla de manera contundente el teórico (Toffler, 1987).
Es preciso a la vez, globalizar y desglobalizar, crecer y decrecer, desarrollar, e involucionar, conservar
y transformar. Es una obligación en este sentido del que se refiere, deshacernos de las alternativas globalización/desglobalización,crecimiento/decrecimiento,desarrollo/involución,conservación/ transformación
como premisas necesarias que no serán nada fácil de transitar y de lograr, dichas alternativas como tal
expresan un pensamiento dicotómico, segmentados y al mismo tiempo simplificador, propio de la clásica
ciencia positivista, que es reductora y compartimentado en el contexto de la ciencias en este caso de la
educación, que es el tema que estamos estudiando. (Morin &amp; Delgado, 2016).
La creatividad, hoy en el aula es muy importante para destacar y despertar el sentido del amor de los
seres humanos y la construcción de un modelo de formación personalizante. La educación debe ser trasparente y debe estar orientada hacia al mantenimiento de las estructuras sociales y económicas. Entonces
habrá una sociedad nueva, cuando tengamos hombres nuevos, los cuales sean gestores y creadores. Estos
hombres se forjan en contacto “el que es la verdad”, el único que entrega la auténtica libertad humana, y si
de humanismo se trata es importante asumir junto con la educación católica, ya que esta es liberadora por
ser evangelizadora. Para la iglesia en este caso la católica, educar al hombre es parte integral de su verdadera misión predicadora y evangelizadora. Esta educación según el documento de la misma iglesia tiene como
finalidad anunciar de forma explícita al cristo liberador.
Se tiene en cuenta también en esta polémica, las contribuciones que hace Dewey en torno a la forma
de como capacitar a los jóvenes, para compartir una vida en común, y cuál será la forma más eficaz para
alcanzar este objetivo en una sociedad compleja como este afirma: “que no es posible que niños y jóvenes
aprendan directamente por medio de la participación en las actividades realizadas por las personas adultas.
Por esta causa aparecen las denominadas Instituciones Intencionadas, con el objeto de preparar a la juventud de manera tal que este pueda llegar a ser un miembro adulto con la capacidad y disposición de participar
y desenvolverse de manera permanente en su propia comunidad” (Dewey, 1917: 18).
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La Complejidad del proceso creativo
Los cambios sociales y culturales que ha provocado la globalización, el impacto cultural, radicalizado por el modelo neoliberal, que se ha convertido en una potente ideología hasta los momentos actuales
más conocida, sigue adquiriendo un carácter de sacralidad, hasta transformarse en una especie de religión
nueva, con los elementos también reforzados como una nueva idolatría, imponiendo un mercado único,
representado este por la ideología neoliberal, que excluye y condena a la miseria a los más pobres (Peresson
Tonelli, s.f.).
Haciendo referencia al problema del mercado neoliberal, es oportuno vincular el todo con las partes,
de pronto son aquellos que ese modelo mercantilista y utilitarista no tiene en cuenta; tal como lo presenta
(Goicovic, 2015): son los cambios sociales y culturales que la globalización a la que estamos referencia
han provocado en la humanidad y que son estos los que han abierto la necesidad de desarrollar importantes trasformaciones en los procesos de aprendizajes en las nuevas generaciones, siendo que existen ya las
posibilidades de mirar otras alternativas que enfrenten estas formas de exclusión en todos los ámbitos, en
especial la educación en los niveles de la educación superior con nuevas urgencias de educación.
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Existe una relación muy estrecha entre la creatividad y la educación. El tema es expuesto desde muchos
ámbitos de lo educativo, por ejemplo, asumimos la posición que al respecto nos brindan algunos teóricos:
La creatividad radica especialmente en la capacidad y la actitud para dejar huellas de tipo personal, social
e institucional. Esto permite generar un:
•
•
•
•

Potencial personal o grupal, producto de la interacción de un conglomerado de dispositivos socioculturales, psicoactivos y biológicos donde la potencia mental vinculada a lo emocional resulta
clave.
Una orientación especialmente hacia una actitud abierta y flexible, con disponibilidad para sacar
provecho de los estímulos brindados por el medio.
Comunicación y expresión de ideas, comportamientos y realizaciones que tienen como resultado la
originalidad, de interés personal, como un bien social y de la colectividad en común
de proyección hacia los demás, de orden personal con la capacidad de impactar y con la posibilidad
de transformar el entorno de los seres humanos en pro de una mejor vida (Saturnino &amp; Violant,
2003)

Un modelo educativo basado en la inclusión y convivencia
Hablar para una educación para la inclusión, la convivencia y los derechos humanos para el territorio de
la América Latina, nos obliga a revisar y resignificar el concepto educación, máxime si se trata de formar
en los valores de convivencia pacífica, el fenómeno de la inclusión o en su defecto los derechos humanos.
Desde hace muchos años se vienen pregonando diversos discursos sobre el proceso de aprendizaje y sus
diferentes problemas en nuestro territorio colombiano. No se puede decir que estos modelos propuestos
desde afuera hayan sido todos exitosos o en su defecto desastrosos. Lo que si hay que tener en cuenta es
que estos en los momentos actuales ya no dan respuestas positivas a las generaciones actuales, ni tienen la
posibilidad de hacer posible el cambio que requiere nuestra sociedad.
Se supone que hablar de una educación con los viejos sistemas o paradigmas, para ser un poco más explícito ya no tiene ninguna respuesta. A propósito de este punto, nos dice (Morín &amp; Delgado, 2016: 35): “El
saber científico sobre el mundo, situado por encima de las comunidades y las personas, se enfrenta hoy a
nuevos problemas para los que no tiene respuesta, por que escapan a su racionalidad instrumental subyacente” Esto nos convoca a mirar el papel que ha mantenido Las ciencias, desde la modernidad; estas ciencias
nos hicieron creer que todos los fenómenos se podían conocer, mirar conducir, incluso de manera exacta y
sin equívocos en favor de la humanidad, hoy en pleno siglo XXI estas ciencias enfrentan a un conjunto a
conjunto de fenómenos de todo tipo, que no pueden ser estudiados desde una sola mirada, y estos requieren
de múltiples disciplinas para poder ser comprendidas como problemas.
Dentro de este cumulo de problemas el proceso de aprendizaje es esencial para entender y transformar el
mundo de hoy, tomar conciencia del papel de esas redes electrónicas donde la información acumulada podría tomar las riendas de esa creatividad y por ende de la conducta humana de este siglo, sabias las apreciaciones destacadas desde la óptica de los retos de la educación en la modernidad liquida: “Después de todo,
el aprendizaje y la educación fueron creados a la medida de un mundo que era duradero, esperaba continuar
siéndolo y apuntaba hacerse aún más duradero de lo que había sido hasta ese entonces. En ese mundo duradero, la memoria era considerada como un valor positivo. Asistimos hoy a un mundo volátil de cambios
instantáneos y erráticos, costumbres solidas establecidas y arraigadas por la tradición, marcos cognitivos y
procesos de aprendizajes sólidos también, la plena validez de los valores sólidos y estables, esos objetivos
hoy quizás se tornan desventajosos y producen una quiebra entre el ayer y el hoy en el denominado mercado
del conocimiento. Por ese motivo, la llegada de la sociedad moderna liquida significó la desaparición de las
utopías centradas en la sociedad y en general de la misma sociedad denominada “buena” (Bauman, 2005)
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Para ser efectivo y hacerles frente a los retos dilucidados desde la modernidad liquida al problema de
los problemas y poder transformar el pensamiento, es necesaria la reinvención de la educación que integre
y permita comprender que las poli crisis ocultan y develen a cada vez una crisis mayor, que es la crisis de
la humanidad que puja por alcanzar a ser humanidad, ya que el contexto en que se desenvuelve la vida y
la educación en los momentos actuales , es el de la poli crisis de la humanidad: una poli crisis que a su vez
solicita la creatividad y audacia para enfrentar los abismos que se nos vienen encima cada vez más. Necesitamos con urgencia reinventar una educación superior para que se formen hombres capaces de combatir
con los desafíos globales y planetarios de esas polis crisis (Morin &amp; Delgado, 2016).
Es de esta manera como lograremos una sociedad que ponga en práctica los valores de la solidaridad y
el respeto por las diferencias de los demás; donde todos quepamos.
Fines de este modelo educativo
La finalidad de la educación en todo momento siempre ha sido la de contribuir enormemente a la integración y cohesión social. Pero a pesar de este propósito en algunas sociedades se viene desarrollando una
práctica de exclusión y marginamiento a grandes masas. A esto se le puede sumar, otros fenómenos que
demuestran la falta de cobertura en educación, salud, recreación y aspectos tales como la falta de oportunidades a las personas con discapacidad de todo tipo, generando una enorme desigualdad, siendo el resultado
una exclusión a todos los grupos étnicos y comunidades afrodescendientes habitantes del territorio nacional.
En este sentido el propósito consiste primordialmente en mirar y desarrollar un modelo inclusivo de
educación para los derechos humanos para el contexto de América Latina que sea acorde a las urgentes
necesidades de su entorno sociocultural y la puesta en marcha de políticas educativas que permitan la
convivencia sana de las comunidades a pesar de las grandes diferencias que por año los distancian; siendo
que la educación intercultural es clave para desarrollar una eficiente educación en los derechos humanos
asumida de una manera crítica dirigida hacia una buena comprensión hacia la diversidad étnico-cultural,
una dirección que permita de igual forma hacer realidad o materializar los vínculos positivos entre los distintos grupos culturales, hacerle frente a la xenofobia, la discriminación y la exclusión. (Walsh, 2009: 9-11).
Heterogeneidad de la sociedad latinoamericana y los derechos humanos
América se encuentra catalogada como una sociedad multicultural en la que se puede encontrar diversas culturas. Esta sociedad abarca lo diverso del conjunto de costumbres de todas estas comunidades. Lo
multicultural guarda una relación muy cercana con la problemática que vive el mundo por la discriminación planetaria. Existe Una variada gama de conceptos que involucran de forma sistemática el análisis y
conceptualización de la diversidad en todos sus ámbitos. Existe un sistema intelectual que involucra la
multiculturalidad, y es precisamente la producción norteamericana.
Desde esa perspectiva intelectual denominada norteamericana, solo se hizo uso del término multicultural desde una visión, que hacía uso de la “tolerancia” y el respeto por la “diversidad” desde lo meramente
social. Estos lineamientos emergen al coger el hatillo o sea en otras palabras, que cada grupo se ubique en
su lugar sin perturbar al otro. Al mismo tiempo y desde esa misma perspectiva se desarrollan y se hacen
practicas las decisiones de políticas públicas, cuyo objetivo está dirigido exclusivamente a garantizar la
igualdad en el acceso a los múltiples servicios que debe ofrecer el Estado o los gobiernos de turno a las
personas (CENEP, 2008).
Contando con el apoyo de pensadores, antropólogos, geógrafos y sociólogos, es pertinente tomar en
cuenta sus diferentes percepciones y afirmaciones sobre el fenómeno del multiculturalismo en el actual
milenio, y de igual forma los vínculos existentes entre educación y derechos humanos para la mejor conviRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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vencia, la formación integral y el uso apropiado del Estado social de derecho y la igualdad de oportunidades
en el caso de Colombia. Por ejemplo: la diferencia cultural se cree, afectan la igualdad de oportunidades.
El multiculturalismo cree que deberíamos extender los derechos humanos a los derechos culturales. La
cultura, en un vasto sentido en donde se incluye la lengua, la pertinencia nacional y las creencias religiosas,
es un tejido necesario para que el conjunto de individuos pueda optar su propio modo de vida y su manera
de trabajar (Puyol, 2008: 67-81).
Bien no se descarta bajo ninguna circunstancia que el multiculturalismo y la globalización son temas
análogos y vinculados con lazos muy visibles. Pero el aumento desmesurado de las desigualdades económicas y sociales ha llevado al mundo ha conllevado a la emigración desde las zonas menos desarrolladas
a zonas más avanzadas del planeta, existiendo un impacto y extendiéndose de personas con culturas diferentes, pero la globalización y su adorado modelo neoliberal ha supuesto el deterioro de muchos derechos
sociales y el estado de bienestar, incrementando lógicamente las desigualdades en estos países avanzados
en su interior (Abella, 2003: 135). El resultado de todo este proceso es la gran indiferencia de los habitantes
que viven de forma cómoda y poseen una calidad de vida optima, y no carecen de nada; mientras que llegan
buscando afanosamente nuevas alternativas para salir de la pobreza y con la esperanza de un retorno próximo a sus países de origen, esta situación ensombrece el panorama e insta a los gobiernos a buscar soluciones a tan grave problema. Decimos al unísono una frase que nos enseña a respetar los derechos humanos a
los diferentes: Negar a los extranjeros la entrada en nuestra ciudad, y a nuestros ciudadanos el permiso para
viajar por los demás países, es una cosa que no se puede hacer en absoluto, pues se calificaría de bárbara e
inhumana por los demás hombres; nos echarían en cara que teníamos la horrible costumbre de excluir de
nuestro país a los extranjeros y que nuestras costumbres eran rudas y salvajes” (Platón, 1999).
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza: “Toda persona tiene derecho
a la educación… tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” Sin duda alguna la UNESCO tiene una
larga tradición en materia de educación de derechos humanos, de manera tal que ha venido afianzándose de
forma universal, al reafirmar una visión humanista de la educación, afirmando que la educación no puede
resolver por sí sola todos los grandes problemas surgidos por el denominado desarrollo, pero una visión
holística, humanística de la educación puede conducir y contribuir a la adquisición de un nuevo modelo de
desarrollo.
En ese modelo de manera apremiante debe estar vinculado la propuesta de un desarrollo sostenible, las
discusiones para lograr una paz duradera en todo el planeta, la inclusión y la justicia social, y la suma de
principios tan importantes dentro de un modelo económico excluyente como es el capitalismo. A este modelo se le debe sumar también la formación ética y axiológica, siendo que una verdadera visión humanística
y holística del desarrollo debe afrontar y erradicar la violencia, la discriminación hacia las comunidades
homosexuales, la intolerancia, las xenofobias y los odios hacia las demás creencias religiosas que existen
en el mundo. En lo concerniente a la tarea educativa se cree que es por medio de esta tarea que es posible
dejar a tras o erradicar las practicas utilitaristas, economicistas, consumistas de miradas cortas para integrar
una mirada que mire las miradas y haga posible las dimensiones múltiples de la existencia humana. Esta
holística nos embarca en una nave que permite el ingreso de: discapacitados, miembros de la comunidad
LGTIBIT, minorías indígenas y afrodescendientes, y todo ser humano (UNESCO, 2015).
La ceguera propia de un modo de conocimiento, que, al desarrollar la compartimentación, fragmentación de los saberes, permite la desintegración de los grandes problemas fundamentales y globales que exigen un conocimiento interdisciplinar; el occidental-centrismo, que nos ubica en el sitial de la racionalidad
nos entrega la ilusión de ostentar lo universal. Por lo tanto, no es solo nuestra ignorancia, también es nuesRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tro conocimiento lo que nos produce esa ceguera y la misma ignorancia (Morín, 2011). Retomando estas
afirmaciones se mira las desventajas que traen el modelo de educación parcelario que divide y fomenta la
separación de saberes. Eso en estos momentos genera esas cegueras e ilusiones. El conocimiento que proponemos es venido, del término humano es rico, contradictorio, ambivalente: de hecho, como dice Morín,
es demasiado complejo para las mentes formadas en el culto de las ideas claras y distintas. El conocimiento
que estamos proponiendo es complejo: porque reconoce que el sujeto humano que estudia esta también
incluido, inmerso en su objeto. Este concibe inseparablemente unidad y diversidad humanas: el hombre es
un ser bio-pisco-socio-cultural e histórico (Morín, 2001, p. 17).
Atendiendo a estas afirmaciones, son contundentes y acertadas las frases de algunos pensadores: “Una
concepción compleja del análisis de lo social debe oponerse, por tanto, a la forma como se ha institucionalizado su conocimiento, que ha reconocido en cada disciplina una parcela estrecha de su objeto de estudio
y aún ha fragmentado de manera interna cada ciencia, destruyendo así la multidimensional dad, el acercamiento multiparadigmático y sus múltiples interacciones” (Luengo, 2009, pp. 1-2).
La economía ha producido riquezas múltiples e inauditas y al mismo tiempo miserias en todos los
ámbitos es precisamente la falta de control la que da rienda suelta a la riqueza de pocos contra la pobreza
de muchos. Por eso se dice que la globalización es lo peor que le ha podido suceder a toda la humanidad.
Estamos abocados a perder el tren de la historia. Esto debería enseñarnos que este mundo del siglo XXI será
un mundo dominado por grandes asociaciones de países, que se integran cada vez más; este será un mundo
de grandes transaccionales y de múltiples redes comunicacionales. Mucha razón tenía Octavio Paz cuando
decía estas palabras para un mundo como el nuestro: “Gentes de las afueras, moradores de los suburbios de
la historia, los latinoamericanos somos los comensales no invitados que se han colado por la puerta trasera
de occidente, los intrusos que han llegado a la función de la modernidad cuando las luces están a punto de
apagarse -llegamos tarde a todas partes, nacimos cuando ya era tarde en la historia, tampoco tenemos un
pasado o, si lo tenemos, hemos escupido sobre sus restos, nuestros pueblos se echaron a dormir durante
un siglo y mientras dormían los robaron y ahora andan en andrajos , no logramos conservar ni siquiera lo
que los españoles dejaron al irse, nos hemos apuñalado entre nosotros…” (Paz, 1993 citado por Moena
Gonzales, 1997, p.237).
El desarrollo del desarrollo produce y acentúa sus crisis y lleva de la mano a la humanidad a grandes
desastres en cadena. Es en otras palabras más apropiada, lo que nos muestra el sociólogo Ulrich Beck. En
este sentido nos plantea que vivimos el pasaje desde la modernidad industrial hacia una sociedad del riesgo,
por medio de una metamorfosis producida por la confrontación de la modernidad con las consecuencias no
deseadas de sus propias opciones. El concepto de riesgo implica invertir la relación entre pasado, presente
y futuro. Entonces el futuro adopta su lugar como causa de la experiencia y la acción actual. Nos dirigimos
hacia esa metamorfosis. Existe un peligro nuclear que se agrava cada vez más por las mismas cegueras del
conocimiento, siendo que toda crisis implica la necesidad de superar la misma historia humana (Beck, s.f.)
Existe una clara apreciación que guarda relación con los juicios que se han adelantado en esta parte del
trabajo; y son precisamente las palabras del Teólogo y filósofo francés: Teilhard de Chardin quien distingue
en el universo un “fuera” y un dentro. Nos dice él que el error grande de las ciencias fue el considerar solamente el “fuera” como si todo se redujera a un simple mecanicismo, a una máquina, pero hay que asegurar
la continuidad física en todas sus fases, a este vasto desarrollo ampliado a distintas miradas de elementos
esparcidos en la inmensidad de los tiempos, un solo mecanismo sin ninguna duda es: la educación; y yo le
agregaría a este juicio para este siglo XXI una educación integral.
Una educación que se continua y emerge bajo forma reflexiva al igual que en sus dimensiones sociales,
el trabajo biológico hereditario que desde sus génesis hace emerger el mundo dirigiéndolo hacia zonas de
conciencia cada vez más elevadas. En esta dirección sobre el presente son ricas las palabras de reflexión
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filosófico-teológicas de Teilhard que desde la educación se opera a la vez directa e indirectamente la incorporación del mundo al verbo encarnado para vivir y comprender lo humano. En el momento presente
y sobre el planeta tierra es menester tener en cuenta las apreciaciones desarrolladas por Fontalvo, Peralta
(2008) Página 15, al referirse especialmente al concepto de calidad de la educación, está afirmando este investigador que la formación humana va cogida de la mano en su relación con los sujetos y goza de manera
inmanente del acompañamiento de los desafíos sociales y también culturales. Por lo tanto, la calidad de la
educación y por ende la formación en Derechos humanos se extiende a las necesidades e intereses al igual
que los retos de la condición Humana y toma de manera diferente el concepto de reforma, palabra modesta
pero implícitamente con un sentido de importancia en el aprendizaje de los humanos, pues ella implica
cambio en el pensamiento y reforma de la sociedad. El sentido de formación compleja entonces apunta
hacia el futuro en una sociedad planetaria violenta e incomprensiva cada vez más.
Los usos y costumbres indígenas y el respeto a los derechos humanos
Tratar el tema de los usos y costumbres indígenas, lo mismo el respeto a los derechos humanos, no es
cosa que se pueda apreciar de manera simplista. Hacerlo desde una sola mirada implica dejar por fuera muchos aspectos que son importantes para un estudio serio y concienzudo. Existe en ciertas comunidades indígenas una cosmovisión de orden particular que los identifica y los hace fuertes a pesar de la intromisión del
blanco a sus tierras y la progresiva globalización avasallante del terrateniente que los despoja de sus tierras
y pretende aniquilar su cultura. Caso particular que llama poderosamente la atención y que es significativo
para una mayor comprensión de sus usos y costumbres, como también el respeto por los derechos humanos:
“Somos hijos de la tierra
Somos generaciones de vida
Somos pueblos en resistencia”
(Risaralda, 2012)
Desde el punto de vista histórico, existen muchas versiones que ventilan el problema y lo acomodan a
unos intereses particulares, omitiendo muchas situaciones que descubren y enrostran el grave problema que
viven nuestros indígenas en Colombia.
El verdadero propietario de la tierra en nuestra geografía nacional, son los indígenas. Ellos son víctimas
del conflicto que durante muchos años ha conmovido al país, y los viene desplazando hacia las principales
ciudades. En cuanto al respeto de los derechos humanos, se puede argumentar que dichos derechos solo
privilegian un universalismo abstracto, que no tiene espacio para las comunidades indígenas y que poseen
un lenguaje distinto. La idea sería tenerlos a todos en cuenta e insertar las políticas multiculturalitas dentro
de las estrategias de esos derechos humanos que tenga la posibilidad también de gozar del derecho a la
distintivita, el derecho a lo propio, derecho a lo preferente y a su mejoramiento, económico y social. (UNICEF, s.f.).
La globalización a la que asistimos, nos conduce a mirar nuevas formas de comprensión y articulación
que permita la humanización de lo humano. Siendo que el lenguaje legitimo para hacer visible el problema
que afronta muchas comunidades indígenas en el planeta, como el despojo de sus tierras, el marginamiento y desplazamiento y el desconocimiento de su cultura, sea la praxis de una democracia y la posibilidad
de crear muchos derechos humanos multiculturales en un contexto de la diversidad y legalizar las luchas
indígenas sin politizar, ni mucho menos darle el carácter de terrorismo (FIDH, 2004). Es por medio de un
diálogo intercultural que es posible establecer la capacidad para proteger y al mismo tiempo impulsar el
respeto a los derechos humanos, tal cual como se encuentra escrito en el Convenio Europeo de derechos humanos, son entonces la democracia y el Estado de derecho, con el fin de promover el entendimiento mutuo.
Aquí también existe la direccionalidad de brindar protección y la puesta en práctica la diversidad cultural
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y la concepción de la dignidad humana; y le agregamos también la enseñanza de la condición humana y
la comunicación. Estos puntos consagrados la mayoría en este libro, hace posible dirigir y reconocer las
diferencias existentes conforme a los valores universales. Explica también este libro, que, para seguir catapultando este propósito del diálogo intercultural, es camisa de fuerza ajustar y afianzar diversos aspectos
relacionados a la gestión democrática de esa diversidad. Afirma de forma coherente el consejo de Europa
que está completamente convencida de que todos tenemos la responsabilidad moral y común de crear una
sociedad en la que todos quepamos, vivamos con los mismos derechos, y obviamente los mismos deberes.
Aquí también es requerirle incluir a los pueblos indígenas y a las negritudes en todo el mundo. Esto debe
regir para todos. (Consejo de Europa, 2008).
En Colombia todos estamos marcados por la violencia en distintas facetas. La violencia está presente en
todos los ámbitos. Desde la llegada de los invasores españoles quienes impusieron la esclavitud por medio
de las instituciones socioeconómica dictadas desde la metrópolis europea. A propósito de la violencia y
sus orígenes históricos, resulta importante recordar, que fue el oro la presa que más codiciaba el Blanco
Español. Fue la base para exterminar la mano de obra indígena. Para la muestra un botón: “en efecto Fray
Antonio de Montesinos, en la tosca iglesia improvisada y techada de paja, en vísperas de Navidad del año
1.511, se inició una cruzada que haría historia, Fray Antonio de Montesinos en el pulpito y frente a todos los
grandes de la isla pronunció el famoso sermón que transformaría los destinos del mundo nuevo:
… me he subido aquí -les dijo-yo soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene
que, con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón, la oigáis; la cual voz o será la más
nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura, la más espantable que jamás pensasteis oír…Todos
estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes
gentes. Decid. ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a
questos indios?” (Liévano, 1987).
La historia es una ciencia que nos permite ventilar los acontecimientos históricos de una manera dialéctica. Precisamente es ella la ciencia más apropiada para conocer en detalle, la barbarie en que un pueblo
como el indígena de América Latina, fue sometido, empleando la cruz y la espada. A este sometimiento hay
que anexarle las denominadas instituciones socio-económicas, que sirvieron como forma de esclavitud y
exterminio casi en su totalidad de la mano de obra indígena; pero la colonia permitió la creación de impuestos para ser pagados al erario español por parte de los criollos.
Hoy pagamos un precio muy alto, porque después de todo las violaciones e imposiciones, aún continúan
por una clase dirigente genuflexión del imperio americano. La llegada del colono blanco nos marcó y nos
sigue sometiendo a su capricho, con políticas, y guerras genocidas. El narcotráfico y el empleo de la mano
de obra indígena para sembrar y recoger los denominados cultivos ilícitos ha sido la desgracia. No ha existido en nuestro país una verdadera reforma agraria que favorezca a los campesinos e indígenas que son los
verdaderos dueños y tienen en su poder los títulos de propiedad que nos muestra la misma historia. Ese ha
sido el camino nuevo emprendido por los indígenas y hombre pobres del campo; después de la revolución
cubana en el año 1959 se inició en Colombia la denominada violencia, un conflicto entre liberales pobres
y conservadores pobres. Se alzan voces que afirman de manera consistente (Ospina, 2007): que cuando
una sociedad no es capaz de realizar a tiempo las reformas requeridas y que el orden social reinante exige
para su continuidad la historia las resuelve por sí misma y a su manera con costos elevadísimos para todos.
Siendo que el Frente nacional organizado por los azuzadores liberales y conservadores frenaron las posibilidades de un desarrollo constitucional, moral y político que acrecentó el poder de estas elites burguesas.
(Ospina, 2016). Pero este no es el final de este cuento.
Surgen entonces los primeros brotes de inconformismo liderado por los liberales. La aparición de una
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guerrilla Liberal con influencias político-ideológica de la Habana Cuba, quienes lideraron un proceso
emancipa torio del imperialismo norteamericano, con el derrocamiento de Fulgencio Batista en el año de
1959.Las guerrillas en sus inicios estaban influenciadas por la filosofía y modelos de la URSS. Pero todo
tiene su final. La perestroika, permitió el derrumba del bloque socialista que se mantuvo aproximadamente
hasta la década de los ochentas. Entonces entro a jugar un papel muy importante el narcotráfico, una patología social que, para Colombia, ha producido los actos de violencias más salvajes e inhumanos, y con un
acompañante; el paramilitarismo. Güerilla, Paramilitarismo y Estado, forman una trilogía digna de analizar
y de estudiar con mucho detenimiento para poder entender un conflicto que comenzó hace ya mucho tiempo, es la historia la que puede brindarnos la información real de estos sucesos y la responsabilidad que le
compete a cada uno de estos organismos. Pero se hace la salvedad que esta responsabilidad es más que todo
del gobierno de turno.
El resultado de estos sucesos; es un sin número de desparecidos, desplazados, asesinatos y el genocidio
más brutal de la historia colombiana. En este escenario, reina la injusticia, la impunidad, la corrupción,
elementos que son necesarios para descubrir el gigante problema de una nación como la nuestra. Según
Amnistía Internacional, en el conflicto armado interno que vive nuestra nación, hasta el 1 de diciembre
del año 2016, la Unidad de víctimas, establecida por el gobierno, ha registrado casi 8 millones de víctimas
del conflicto que data desde el año de 1985, entre los que había unas 268 mil víctimas de homicidios, la
mayoría civiles, más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado; alrededor de 46 mil víctimas
de desaparición forzada; al menos 30 mil casos de tomas de rehenes; más de 10 mil víctimas de torturas; y
aproximadamente más de 10.800 víctimas de minas terrestres denominadas, también quiebra patas).
Las luchas del indio que bajo de la montaña al valle de la civilización
La base de la cultura de un pueblo es sin duda su práctica, su experiencia cotidiana y su proyección
histórica, su modo de vida, su legado social que le va dando forma a su forma de pensar, de expresarse, de
entender su mundo propio y el mundo de los demás, incluyendo su todo espiritual mental conformado por
elementos interdependientes, en un fondo colectivo de saberes, creencias, mitos, valores y fines, conglomerados de actitudes y su ideología sui generis, o propias de sí mismas. Este recorrido de orden cultura nos
permite ver muy de cerca la situación del indígena en Colombia. Toda la desgracia comenzó con la incursión del blanco europeo, pero luego vinieron otros episodios desgarradores con la llegada de latifundistas
que se apropiaron de las tierras, usurparon sus propiedades y desbarataron poco a poco sus creencias, hoy
son los que han llegado tarde a la modernidad (Vasco, s.f.).
La cultura está asociada al mundo de la construcción e invención a la gran creatividad. En un mundo
predador como el nuestro, donde la educación se dedica a llenar la cabeza de todos, o sea una cabeza repleta
y no una cabeza bien puesta. Si entendiéramos estos aspectos los recursos de los pobres negros y campesinos pobres no serían jamás esquilmados. A este problema hay que agregarle otro pedazo que siempre se
deja por fuera de todo programa gubernamental. Es el componente denominado el narcotráfico. Es por esto
y mucho más que al indio se la ha perseguido en todos sus intereses morales materiales y también espirituales por la llamada civilización y esta se los ha arrebatado. El indio se debate entre la vida y la muerte de
sus tradiciones:
Mis intenciones son de todo corazón proteger el futuro de mi raza que duerme todavía en la ignorancia,
para hacerle frente al enemigo de nosotros los indígenas, y que conozcamos la pradera de nuestros grandes
destinos, y no corramos como mujeres enamoradas abandonando el cariño de sus padres, a buscar la gran
sociedad del estado de la civilización, porque nosotros los indios tenemos más memoria, y se nos presente
la inspiración más ligera que el relámpago. El indio se pasea mejor y más rápido que la abeja en todas las
flores del jardín de las ciencias” (Quintín, 1973).
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Pese a que existen muchos propósitos para proteger a los indígenas, afrodescendientes y campesinos
en el territorio nacional…Esa idea es más que toda una ilusión, una utopía y proyecto solo imaginario en
la mente de los gobernantes de turno. En un país de alta violencia como Colombia, es urgente enfrentar el
asunto de las violencias, porque son múltiples las formas de expresión y materialización de esos actos violentantes, por medio de una formula apropiada que integre a toda la sociedad en general. Sabido es que en
nuestro país se han elaborado distintas reformas parciales en cuanto a la educación, aunque aparentemente
se tiene en “cuenta” las comunidades indígenas habitantes de nuestro territorio, incluso se predica y se
visibiliza el tema de sus derechos, pero solo es pura letra muerta. Estos grupos indígenas, los afrodescendientes, los pobres son excluidos, incluso vistos por la sociedad de ricos y pobres como objetos. El trato
que reciben estos es de carácter degradante y xenofóbica. Se cree que es por medio de la educación que se
puede realizar un trabajo o una especie de reforma al pensamiento que logre hacer transformar las mentalidades humanas, e inculcar en los niños el respeto a las diferencias o en otros aspectos en un lenguaje menos
coloquial las denominadas alteridades.
La educación es un proceso de formación permanente. Eso significa que es inacabada, es un constructor
de orden epistemológico y axiológico, supeditada a los grandes cambios impuestos por la tecnología de este
siglo XXI. El educador de hoy debe estar untado de estos cambios y presente a los cambios emitidos desde
la denominada postmodernidad. Postmodernidad que nos induce a ver y asumir el mundo de manera no
lineal y ortodoxa. Para nadie es un secreto que la postmodernidad es el producto de la derrota del proyecto
de la modernidad emitida durante la ilustración y la caída de los grandes conceptos filosóficos y políticos
que no lograron sus fines como se anunció en esos siglos por los pensadores de ese momento histórico.
En este proceso, si es posible de usar el término de carácter Marxista muy popular en la década de los
sesentas: dialéctico. Que significa cambio, transformación y quizás mejoría para algunos legos de la política, la sociología y la historia. Se emplea una afirmación que describe y es la punta de lanza del tema de la
educación intercultural y la democracia en sus pros y contras; como la siguiente: “En algunos países de la
región Andina se desarrollaron profundas reformas estatales en las décadas pasadas a través de asambleas
constituyentes, que produjeron resultados óptimos para el tenido institucional de la democracia. Eso puede
significar unos avances en materia democrática, social, educativa , que ajuicio personal es un avance en
medio de esta vorágine de violencia generalizada y auspiciada por los medios de comunicación más sofisticados máxime si en los años noventa se logró incorporar instituciones de democracia participativa en
sus constituciones políticas o carta magna y se reconoce el carácter multicultural y pluriétnico de sus sociedades y puso en la palestra el debate plurinacional de la sociedad con el reconocimiento de los derechos
colectivos indígenas y la praxis de reconocimiento entre democracia, diversidad social e interculturalidad(Nicolás Trotta y Pablo Gentili,2016).
Todos estos avances son importantes, si se tienen en cuenta que todo podría ser letra muerta sino se
difunde a las nuevas generaciones y se les inculca la existencia de estas formas de democracia. Es por
medio de una educación en derechos humanos, como eje transversal que sería posible realizar ese sueño
de una sociedad más justa y solidaria, respetuosa de las diferencias y portadora de un sistema que abarque
las múltiples diferencias surgidas en esta postmodernidad. Este proceso debería tener como acompañante
inigualable las propuestas venidas desde los saberes de la educación para el futuro. Freire plantea: que la
educación, es entonces, un campo de prácticas y valoración social y culturalmente asumidas por lo que se
valora al sujeto.
El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso dialógico que permite la otredad y la nostridad, es un
proceso comunicativo cargado de sentimientos y relaciones humanas, capaces de transformar al hombre y
no es una tabula rasa como se dijo en Existe en el ser humanos un ethos. De aquí se desprende los procesos
de la ética del que la pléyade de pensadores nos ha persuadido desde hace muchos siglos atrás desde los
más materialistas como Nietzsche hasta los más idealistas como Santo Tomás de Aquino. Al margen de
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esta discusión el hombre es un proyecto que merece ser educado. La educación en derechos humanos es la
alternativa de eso que no quepa la menor duda. Este proceso no es un conjunto de leyes y decretos escritos
en manuales de derechos, sino que deben estar acompañados de procesos vivenciales que acompañen a los
padres de familia, comunidades indígenas, afrodescendientes en un todo la vida y el respeto de esta. Hay un
concepto propio de esa predicación de la enseñanza de los derechos humanos: La dignidad es un valor que
se debe mostrar en los diferentes actos de la sociedad; es desde la cuna que debe ser predicado a través de
actos y asumido como un valor humano en todas las etapas de la vida.
En torno al concepto de dignidad humana y su proceso de aplicabilidad al campo pedagógico y la enseñanza de los derechos humanos se encuentra presente y se suma a una percepción digna de tener en cuenta
en todo proceso de aprendizaje que dé cuenta de los derechos. Hay un término propio de la categoría de los
derechos humanos: la dignidad. Esta goza de diferentes significaciones y repercusiones, está presente en las
constituciones españolas desde 1812. Siendo que el término se aplicaba como factor de distinciones, o de
prestigio que hacían diferenciar unas personas de otras, pero hay que establecer las diferencias que no son
por su patrimonio material, sino por su patrimonio moral. Suponemos que, con el logro de los derechos del
hombre y el ciudadano, quedó establecido no solo la dignidad humana, sino la misma condición humana.
(Chueca, 2015).
Existe muchas fórmulas para afrontar los graves problemas de violación de los derechos humanos en el
planeta; lógicamente que la más ajustada a nuestros tiempos y creo que a los tiempos pasados, fue y seguirá
siendo la educación. Se ha venido haciendo un recorrido desde los griegos hasta nuestros días actuales del
siglo XXI y no cabe la menor duda que es la educación la vía más segura para transformar la sociedad;
acogemos significativamente el concepto de vivir en nuestra convulsionada sociedad: Vivir es una aventura.
El error y la ilusión dependen de la naturaleza misma de nuestro conocimiento. Eso desde la perspectiva de
los derechos humanos, quiere significar, que el error y la ilusión van a depender de nuestro conocimiento y
vivir es afrontar sin cesar el riesgo de los errores.
El problema no se puede analizar desde una mirada simple, sino desde miradas complejas, siendo que
la fórmula que lo visualiza es la propuesta del pensamiento complejo. Todo lo que se enseña en las aulas de
clases en todas las etapas constituye en cierto modo, una ayuda para vivir. Es necesaria el aporte brindado
por las ciencias humanísticas y las científicas. Pero lo más esencial seria unirlas y de esa manera construir
una cultura permanente y auxiliar de nuestras vidas donde quepamos todos, sin discriminación de ninguna
especie. (Morin, Edgar) Enseñar a vivir: manifiesto para cambiar la educación-1 Edición ciudad Autónoma,
Buenos Aires: Nueva Visión, 2015).
El papel de la mujer en la cosmovisión indígena
Los problemas de violencia contra la mujer, es un fenómeno que también afecta terriblemente a la
mujer indígena en toda la América Latina., atacando de forma directa el principio básico del derecho a la
vida. Derecho que siempre ha sido vulnerado y desconocido por muchos gobiernos y dictadores de todo el
multiverso. Según el documento de la CSW57, marzo del 2013 y gracias a la agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID y la Fundación Ford, quienes por medio de este documento
Violencia y Mujeres Indígenas, han facilitado una información adecuada y transparente para conocer y
visibilizar más de cerca este asunto que poco alcance ha tenido en el contexto de la sociedad del siglo XXI.
Es poco lo que se ha dado a conocer por las instituciones gubernamentales sobre la violencia contra
la mujer indígena. Llama poderosamente la atención para todos aquellos que tenemos la oportunidad de
abordar de una manera más visible los problemas que padecen las mujeres en ciertas comunidades indígenas. Tan olvidados están que estos problemas pasan inadvertidos para los ministerios de cultura y otros
ministerios; el problema es bastante complicado, tan complicado que a veces nadie quiere comprometerse
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a denunciar el despojo de sus tierras sagradas y tesoros invaluables para sus creencias religiosas y ancestrales. Para los Blancos, estos aspectos son de poca valía; a estos blancos solo les interesa son sus tierras, y el
despojo que de estas tierras extensas se haga.
Pero el problema no termina allí. La agencia española de Cooperación Internacional AECID, informa en
sentido estrecho de salvaguardar la vida y brindar posibilidades de desarrollo que hagan más saludable, activa y propositiva la vida de la mujer indígena. Las mujeres en todo momento de la historia de estos pueblos
han encabezado la lucha por el territorio ya que la mujer indígena es la propulsora sobre la biodiversidad,
de tal manera que todo tipo de violencia contra la mujer indígena afecta una u otra forma la existencia de
los pueblos indígenas y la destrucción de una riqueza tradicional y la diversidad de la sociedad en su todo.
Es digno de resaltar y tomar como derrotero el informe efectuado por esta agencia CSW57 con la misma fecha y la fundación Ford; quienes afirman que los países que reúnen el mayor número de indígenas
(87%) lo constituyen México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia y más de la mitad de sus integrantes
lo conforman las mujeres. Pero lo más asombroso de todo este proceso es la exclusión de la mujer, siendo
el racismo y la discriminación y las xenofobias constituyentes de una política provenientes de Estados y
gobiernos propulsores de exclusión y abandono de estas comunidades ricas en cultura y de una espiritualidad incomparable. Entonces la invisibilzación de todos sus derechos hace imposible o mejor dicho limitan
el acceso a los sistemas jurídicos y a la participación justa de los derechos, tales como acceso a la salud,
educación, salud, participación política. Existen parámetros dictados por las organizaciones internacionales
que promulgan acuerdos y tratados que garantizan y demandan sus derechos Colectivos e individuales, de
igual manera el reconocimiento de sus territorios soberanos-llámese resguardos para el caso de Colombia o
reconocimiento jurídico de su hábitat natural.
La propiedad en el mundo indígena
La tierra es la vida del indígena. “La Tierra resume los diferentes aspectos simbólicos que son la base
no solo de la riqueza y el poder, sino también de la cultura” (Nobre y Brito, 2017. P.8). Los verdaderos propietarios de las tierras en América son los indígenas. “La Tierra resume los diferentes aspectos simbólicos
que son la base no solo de la riqueza y el poder, sino también de la cultura” (Nobre y Brito, 2017. P.8). Esto
puede ser analizado tomando como punto de partida la carta del gran jefe Sehtal. Este significa históricamente la relación existente entre la tierra y el espíritu indígena. No solo en Colombia nuestra tierra, sino
también en ese mundo denominado global. Por eso es significativo tomar este mensaje cuando el presidente
de los Estados Unidos, Franklin Pierce en el año 1854 le dirige una carta al Gran Jefe Seattle de la tribu
SUWAMISCH para que le vendiera los territorios del noroeste de los EE.UU.
Es muy importante conocer la respuesta entregada por el gran jefe Seattle, donde afirma que cada
pedazo de la tierra es sagrado, los ríos son nuestros hermanos y calman la sed de cada criatura viviente.
Pero sigue el exterminio propiciado por el hombre blanco que se cree dueño de todo; el exterminio de los
animales, la desaparición de la fauna, miles de pájaros y mariposas que hacen parte del paisaje bello que
constituye el gran concepto de poder de los indígenas en sus tierras. La tierra lo es todo para el indígena en
todas las partes del mundo, desde el polo norte hasta la Patagonia.
Sin embargo, el mundo occidental ha establecido una política hegemónica en lo político, en lo económico, pero imponiendo una visión única de ver al mundo. Las privatizaciones de las tierras están a la orden
del día. En Colombia por ejemplo los grupos paramilitares despojaron a sangre y fuego grandes extensiones
de tierra. Tierras que como se ha dicho son sagradas. La explotación de dichas tierras sigue en manos de
grandes empresas internacionales que usufructúan los bienes de esos territorios. El campesino y el indígena
han sido víctimas de la violencia acaecida en Colombia durante muchos años de guerras entre el Estado
y los grupos insurgentes. Son miles de indígenas que han venido a las grandes metrópolis, junto con sus
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pocas cosas y han engrosado las filas de la miseria y sentándose en barrios tuguriales y Presa de la violencia
urbana, que también ha desencadenado problemas sociales y enfermedades que diezman dicha población
y lo doblegan al sufrimiento y al desprecio. (La torre Restrepo, 1/03/14 11:23) nos ilustra sobre este punto,
afirmando: “frente a este disputa de intereses, los Estados dueños del monopolio de producción del Derecho
se han desplazado en una dirección más garantista de los derechos de los pueblo indígenas” Ello significa
que con esto se busca responder al conjunto de demandas y protestas de esos grupos étnicos Existen algunos
instrumentos de orden legal e internacional que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y lo reafirman en sus proclamas, como la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de todos los pueblos
indígenas del año 2007 y acogida y ratificada por 143 países del mundo. Por aquí está la cosa en materia
de propiedad indígena. Pero a pesar de todas estas ratificaciones, siguen en Colombia las explotaciones y
desplazamientos de indígenas de sus propios territorios; caso especial los indios Cogui en la sierra Nevada
de santa marta, que es su lugar de origen, y el santuario donde viven con su familia. Este es su mundo.
“Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas comparten una vulnerabilidad en especial con los conflictos de tierras” (Alfonso, Grueso y otros. P.202) Estas comunidades también comparten
algunos mecanismos de protección legal, tales como el derecho a su identidad cultural y el derecho a la
consulta previa. Ese derecho a la consulta previa es desarrollado por el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo Declaración Universal de los pueblos Indígenas de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de igual manera el conjunto de criterios adjuntos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Constitucional Colombiana. La consulta previa: Para (Rodríguez Morris y otros,
2010) según el programa de justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Colombia, especificando en la consulta previa a Pueblos Indígenas toma al (CDR) tras la entrada en vigor del
Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra estos pueblos de
minorías étnicas a partir del año 1969.
Este ente como lo es el (CDR) tiene como objetivo recomendar medida especificas a los estados pertenecientes y firmantes de dichos convenios, sobre todo en situaciones donde se desarrollen actos discriminatorios contra estas minorías étnicas, de igual manera tiene la funcionalidad de recibir quejas en casos
específicos donde se discrimine y se atente culturalmente contra sus costumbres y creencias de todo ámbito.
(Rodríguez, 2014) Afirma: Teniendo en cuenta la importancia jurídica que posee un instrumento como
este el de la consulta previa, que se constituye en un instrumento jurídico que hace reconocimiento de los
derechos políticos, culturales, territoriales y sociales de las comunidades étnicas sentadas en el territorio
nacional, siendo que este es el teatro de los acontecimientos que les permite el logro de su verdadero desarrollo atado a sus costumbres ancestrales y tribales. Todas estas costumbres deben respetarse y vincularse
directamente con algunos de estos aspectos:
La consulta previa: Se relaciona con cualquier medida legislativa que lesiones los intereses de estas
comunidades. Participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten ciertas actividades, explotación de recursos mineros y demás; Enseñarles a sus niños a escribir y leer respetando su propia lengua, es
necesario consultarse de manera imperiosa los planes de desarrollo a esas comunidades y de manera transparente con un lenguaje claro, de respeto, culturalmente adecuada, de buena fe y lograr el consentimiento.
En fin, una concertación dialógica que integre también el consentimiento libre, previo e informado, basado
en el respeto a la libertad y a la libre determinación de todos los pueblos herederos de las culturas.
Criterio etnolinguistico y derechos diferenciados de autogobierno
En cuanto a este aspecto, vale la pena anunciar lo interesante que es tomar al pie de la letra este punto
sin omitir cualquier detalle. El criterio etnolingüístico, resulta muy interesante desde el punto de vista histórico. Histórico, porque nos revela la gran riqueza de lenguas y dialectos ricos que conllevan a babelizar el
rico mosaico de formas de comunicación entre estas comunidades, dignas de tener en cuenta en un estudio
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que se relaciona con los derechos humanos. Se trata pues de dilucidar ese rico mosaico y asociarlos a los
derechos diferenciados. A propósito, diferenciados. ¿Por qué diferenciados? Existe entonces el derecho a
exigir derechos nuevos derechos positivos y legales y es una necesidad que poseen las minorías étnicas de
reconocimiento de sus capacidades deliberativas. Kymlicka atiende en ese sentido la pertinencia cultural a
un mismo Estado a una etnia, aunque este no hace claridad sobre la pertinencia a un grupo oprimido.
En este sentido se piensa la interculturalidad. Hay una visión ofrecida desde la invitación ofrecida a
entender el derecho diferenciado desde (Abya-Yala/América Latina Edwin Cruz Rodríguez, 2013) Para
Kymlicka,1969 más allá de la tolerancia y la coexistencia: respeto y convivencia el multiculturalismo tiene
la gran pretensión de conciliar los valores de la filosofía liberal-tolerancia, libertad individual, igualdadcon los derechos diferenciados con el empleo del grupo requisito para salvaguardar la igualdad , justicia
y quizás la libertad entre las culturas múltiples. Eso quiere significar o darnos a entender que los derechos
del autogobierno son concernientes a una autonomía política, a la territorialidad jurisdiccional que vuelvan
permisiva la autodeterminación de esos pueblos al igual que su desarrollo propio y de acuerdo a sus ideas
y pensamientos culturales y políticos.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149). El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo
consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la teoría del modelo inclusivo de educación desde
el pensamiento complejo, se consultaron un total de veintiún referencias bibliográficas utilizándose como
instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y
crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos al modelo
inclusivo de educación desde el pensamiento complejo. Una vez recopilada y analizada la información se
construye el documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones
conforme a los objetivos trazados (Oliveros et al, 2018, p. 72).
4.- CONCLUSIONES
De este artículo se desprende un sin número de apreciaciones muy importantes en el ámbito educativo
y en especial en la educación para los derechos humanos en el contexto de la educación a todos los niveles
existentes. Aquí se ha acudido una revisión exhaustiva sobre las falencias de algunas propuestas venidas
de gobiernos y políticos de turnos que carecen de sentido y no conducen a una verdadera cultura de paz, ni
se respeta, ni valora la diversidad cultural, ni se han mostrado verdaderos avances que sean bienvenidos y
tomados en cuenta por el actual modelo de aprendizaje que nos rige; a nuestra consideración se viene otras
debilidades que son también significativas, tales como la imposibilidad de enseñar el conjunto de saberes
sobre derechos humanos con la mirada fija hacia las competencias y el conglomerado de leyes, tanto nacioRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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nales como internacionales, ya que estas deben estar también acompañadas de manera inmanente hacia una
apertura a la otredad, si de respetar a los demás se trata. Pero se sigue cometiendo las mismas falencias de
otrora. Por eso la vía que proponemos es la pedagogía compleja como exploración de una nueva esperanza
para la humanidad, desenado que todos los educadores del planeta sean los protagonistas de esta reforma al
pensamiento; siendo que la ética del género humano debe considerarse como afirma Morín como el bucle:
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La Paradiplomacia Universitaria: La internacionalización de la educación superior en América
University Paradiplomacy: The internationalization of Higher Education in latin America
David Horacio, García Walman1
Universidad Autónoma de Nuevo León
https://orcid.org/0000-0002-0623-4874

DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.8-3			

Paulina, Jiménez Quintana2
Universidad Autónoma de Nuevo León
https://orcid.org/0000-0003-3460-5668
María Gabriela, Zapata Moran3
Universidad Autónoma de Nuevo León
https://orcid.org/0000-0002-4386-084X

RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consiste en analizar el impacto que las
universidades tienen como agentes de Paradiplomacia en la esfera internacional a través de sus procesos y estrategias
de internacionalización para lo cual se tomó el caso de algunas Universidades de tres países latinoamericanos, Chile,
Argentina y Brasil. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel
documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se realiza un breve análisis en el cual se encontraron
diferentes estrategias de internacionalización, así como los procesos históricos que llevaron a las Universidades a expandirse. Se concluye que la internacionalización de la educación superior en América Latina sigue enfrentando retos,
sin embargo, las estrategias implementadas por estos países han lanzado a sus Universidades al mercado internacional.
Palabras clave: Internacionalización de la educación, Latinoamérica, movilidad estudiantil, paradiplomacia.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, which objective is to analyze the impact that universities have as
agents of Paradiplomacy in the international sphere through their internationalization processes and strategies for which
the case of some Universities of three Latin American countries, Chile, Argentina and Brazil were taken. The method of
analysis was applied, with a qualitative approach, non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review, a brief analysis is carried out in which different internationalization strategies
were found, as well as the historical processes that caused the Universities to expand. It is concluded that the internationalization of higher education in Latin America continues to face challenges, however, the strategies implemented
by these countries have launched their universities to the international market.
Key words: Internationalization of education, Latin America, student mobility, paradiplomacy.
Cómo referenciar este artículo:
García Walman, D., Jiménez Quintana, P., &amp; Zapata Moran, M. (2018). La Paradiplomacia Universitaria: La
internacionalización de la educación superior en América. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 4(8), 37-48.
Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/101
Recibido: 11 e Enero 2018 - Aceptado: 02 de Marzo 2018

1
Doctor en Filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios, y Diplomacia. . Email: david.
garciaw@uanl.mx Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-0623-4874
2
Maestra en Ciencias del Emprendimiento y la innovación para un mundo sostenible. Email: paulina.jimenezq@uanl.edu.mx. Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-3460-5668
3
Doctorando en Filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios, y Diplo.macia. Email:
gabrielazapmor15@gmail.com. Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-4386-084X
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1.

INTRODUCCIÓN

La educación superior se encuentra inmersa en un ambiente altamente competitivo a nivel internacional;
sin embargo, a través del tiempo la colaboración (o cooperación) ha dejado en claro las ventajas que conlleva para las mismas. El éxito de estos esfuerzos de colaboración y la cooperación depende de una serie de
factores, y una preocupación central de estos acuerdos y su potencial para persistir en la medida en que los
problemas de autonomía institucional pueden abordar el éxito.
Los programas de intercambio han forzado el contacto entre diferentes sistemas educativos en diferentes países y han constituido el primer paso en los cambios en la educación superior que nacieron con la
Declaración de Bolonia. Esta realidad se debe al hecho de que podemos apreciar cómo las habilidades de
comunicación interculturales y multilingües ofrecen a los profesionales mejores oportunidades de trabajo y
ventajas competitivas para sus negocios (Rondeau &amp; Dejanon , 2016).
En la presente investigación se plantea el papel de las universidades latinoamericanas en el proceso de
internacionalización y como estos esfuerzos y estrategias han creado un ambiente de diplomacia alternativa, que los lleva a exponer y potencializar sus regiones o países.
La paradiplomacia cobra un sentido importante en el contexto de la internacionalización de las universidades, pues es a través de estas relaciones internacionales paralelas que el profesional y el investigador
fortalecen sus capacidades para el futuro.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Paradiplomacia Universitaria: Convenios y acreditaciones
En 1961, el historiador diplomático Rohan Butler definió “paradiplomacia” como el ejercicio de diplomacia personal y paralela que complementa o compite con la política exterior regular del gobierno
(Butler, 1961). Aunque excluyendo cualquier forma de agencia gubernamental, esta definición conlleva las
connotaciones que hacen de la “paradiplomacia” un concepto polémico hoy en día. También está presente
la consideración de la paradiplomacia como una forma no gubernamental de mediación alternativa, ahora
fomentada significativamente por las nuevas tecnologías de los medios.
Por su parte, Cornago (2000) define a la paradiplomacia como la participación de gobiernos no centrales
en las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos ad hoc con entidades privadas o
públicas del extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y culturales, así como cualquier
otra dimensión externa de sus competencias constitucionales. Por otro lado, Duchacek (2009) hace una clasificación entre la paradiplomacia directa e indirecta. “La paradiplomacia directa se da cuando la región o
subgrupo tiene una actuación directa en la escena internacional y tiene las verdaderas relaciones al exterior.
En cambio la paradiplomacia indirecta, se usa cuando desde el interior se hace presión para moldear las
políticas que usara el gobierno central al exterior” ( p. 20).
Es importante para esta investigación definir la Paradiplomacia, pues es una via en que las Universidades pueden crear convenios que después se pueden extrapolar entre los Estados como regiones, por lo tanto,
la internacionalización de la educación puede en este sentido ser parte del proceso de la Paradiplomacia
indirecta.
La educación superior es la base del desarrollo del recurso humano del país, por lo que su papel en la
internacionalización representa un pilar crucial en el desarrollo de la competitividad del Estado. También
se habla de las relaciones de los gobiernos no centrales con centros culturales, de otros Estados incluyendo
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relaciones con los gobiernos de Estados extranjeros y se distingue de la diplomacia clásica que es específica
sectorialmente, más que en representar a toda una unidad territorial (Iglesias &amp; Zubelzú, 2008).
De igual manera Iglesias y Zabelzú (2008) hablan de la peculiaridad de cada institución o región y la
importancia de hacer estudios diferentes en ellas, la internacionalización no ha sido un proceso equitativo y
por lo tanto es posible identificar notables diferencias en los perfiles de gestión, la capacitación en recursos
humanos y los diseños institucionales que contribuyan a una efectiva gestión internacional.
Aunque existen autores como Ivo Duchacek (1984) y Soldatos Panayotis (1988) que remarcan que las
Universidades no pueden ser parte del fenómeno de la Paradiplomacia, existen estudios como el de Martins
Senhoras (2009) que no solo habla de ciertos actores fuera del Estado central, sino que también incluye
también a todos los actores que tienen una actividad internacional, siendo o no estatales; así, las empresas
o las universidades pueden hacer paradiplomacia pues emplean ciertos elementos que son fundamentales
del concepto.
Pues, aunque existen estrategias por parte de las universidades, todavía hay mucho que hacer en cuanto
al tema de internacionalización de la educación superior y del papel de las universidades en la cooperación
internacional en sus regiones. Ruiz (2014) lo establece de la siguiente manera: “No se trata solo de enviar
alumnos y docentes sino también de recibir, de generar convenios, hacer investigaciones no solo a un nivel
local o de país si no en cooperación con otro país que puede ser de beneficio para ambos. El principal reto
es la conciencia sobre la importancia de la internacionalización de la educación, muchas instituciones en
América Latina y el Caribe no reconocen el valor en traer estudiantes extranjeros a sus instituciones, no
comprenden aún que cuando esto se da, se genera ya una habilidad en múltiples grados, una multiculturalidad y un cambio paulatino en la cultura universitaria.” (p.54).
La fuga de cerebros es otro de los problemas a los que se enfrenta la educación superior en América
Latina, en la tabla 1 se muestra la relación entre los estudiantes nacionales adscritos a la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizan una estancia o intercambio en el extranjero y los estudiantes extranjeros
que ingresan a la universidad de igual manera.
La OCED definió en 2005 a la educación superior como un nivel o una etapa de estudios posterior a la
educación secundaria. Dichos estudios se adelantan en instituciones de educación terciaria, como universidades públicas y privadas, institutos de educación superior y politécnicos, así como en otros tipos de escenarios como escuelas de secundaria, sitios de trabajo, o cursos libres a través de la tecnología informática y
gran variedad de entidades públicas y privadas.
En concreto, para los fines de esta investigación las acciones internacionales en materia cultural y educativa que lleva a cabo las universidades donde se incluyen dentro de la llamada diplomacia pública específicamente en su componente cultural (diplomacia cultural), en virtud de que éstas se dirigen a públicos
en el exterior entre los que se consideran universidades, cuerpos académicos, institutos de investigación,
comunidades de diásporas, gobiernos, empresas, comunidades culturales, entre otros.
Para el caso de las motivaciones que originan el quehacer internacional de las universidades, consideremos que para Duchaceck (1990), éstas, sus académicos, los think tanks, los medios de comunicación, así
como los líderes políticos, constituyen “grupos de presión” al interior del Estado que rompen con el supuesto de su unidad racional. En este sentido, al encontrarse al interior del Estado agentes con las condiciones
suficientes para ser considerados actores internacionales, se pone en evidencia el ejercicio cotidiano de la
puesta en marcha de una dimensión internacional multinivel.
Las universidades, como agentes sociales, han visto afectado su desarrollo, al igual que otros actores,
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debido a los procesos de la globalización y el avance de las tecnologías de la comunicación y la información, que poseen una incidencia negativa en la planificación y la política educativa (Law &amp; Pelgrum, 2004).
Tanto es así que muchas de estas instituciones se sujetan a procesos de certificación y acreditación
internacional de sus planes educativos, internacionalizan sus currículos y ponen en práctica políticas de
educación intercultural, estudios en el extranjero, así como el establecimiento de convenios con pares internacionales (Middlehurst, 2008).
Se parte de la idea de que las acreditaciones internacionales son importantes para fomentar la Paradiplomacia a través de la interacción de las instituciones evaluadoras y las Universidades, además de que es
importante mencionar que las acreditaciones influyen en el ranking con el que está valorado las universidades y que a su vez es un factor importante en la decisión de los alumnos extranjeros.
México
La necesidad de algún proceso de acreditación surgió primero con problemas asociados con la definición institucional, vastas diferencias en la calidad institucional sin una base ampliamente aceptada para
determinar la calidad y dificultades encontradas por estudiantes e instituciones en la transferencia de créditos (Bogue, 1992, p 36). Por su parte Davenport (2001) asevera que, en los últimos años, el cambio en
el énfasis de la acreditación ha sido dramático. Antes de 1980, los estándares de acreditación se centraban
principalmente en los procesos, procedimientos e insumos, que se cree forman estudiantes bien educados
y preparados.
Los factores determinantes que han influido en la internacionalización de la educación en México y por
ende en los gobiernos estatales provienen de recomendaciones internacionales realizadas principalmente
por la UNESCO y sus manifiestos sobre educación superior (Declaración sobre la Educación Superior en
América Latina y el Caribe, de La Habana en 1996 y la Declaración Mundial sobre la Educación Superior
en el Siglo XXI de París en 1998) y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) con el programa de Gestión de las Instituciones de Educación Superior (IMHE): a través de ellos,
los Estados, entre ellos México, se han comprometido a impulsar reformas a la educación superior encaminadas a mejorar su competitividad y la de sus instituciones educativas, así como establecer políticas para
fortalecer la dimensión internacional de la educación superior (Angulo, 2015).
Hasta hace poco la Universidad Autónoma de Nuevo León, no había reportado esfuerzos importantes
en cuanto a la acreditación de sus programas, hoy en día cada vez más programas son acreditados internacionalmente por distintos organismos para mejorar su calidad y ser más competentes en el catálogo
internacional.
Los esfuerzos de la UANL, son recientes, en 2010, la Universidad Autónoma de Nuevo León no reportó
Programas Educativos (PE) acreditados internacionalmente (UANL, 2010), es hasta 2011 cuando aparece
el primer dato siendo seis los PE que contaban con dicha acreditación, esta cifra se ha quintuplicado en proporción ya que para 2015 son 32 PE los que han alcanzado una acreditación internacional (UANL, 2015).
Por lo que se refiere a los convenios de colaboración e intercambio académico con instituciones extranjeras
firmados por año se observa que la cifra se duplicó para 2015. Este dato suena relevante por los beneficios
que dicha gestión ha de reportar. Resultaría de interés conocer los términos en los que se elaboran y que
acciones contemplan, así como analizar el impacto de los mismos.
A pesar de los logros y actividades mencionadas, se deben redoblar esfuerzos no solo en el área de la
acreditación sino también en el área de la cooperación y las relaciones que se crean. A pesar de que se han
llevado a cabo cambios desde el rediseño curricular y la incorporación de la movilidad estudiantil al interior de las instituciones, hasta las tareas de investigación y gestión en las universidades, aún es necesario
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mejorar los mecanismos de coordinación y de reconocimiento mutuo entre las instituciones para establecer
un marco local regional e internacional para cooperación y colaboración (Buendía, 2012). Esto resulta importante para establecer mecanismos y estructuras que permitan la cooperación internacional y fomenten
las relaciones internacionales de maestros, investigadores y estudiantes.
La cantidad y diversidad de estructuras es extensa: desde relaciones simples entre colegas de diferentes
instituciones, hasta redes, asociaciones, alianzas, asociaciones, consejos, coaliciones, pactos, federaciones,
colaboraciones y consorcios. La “cooperación interinstitucional” aparece en la literatura como un término
general, capaz de incluir cualquier cosa, desde el simple intercambio de información hasta las estructuras
mucho más formales de colaboración y consorcios (Bjork, 1984).
En este sentido, Berliner (1997) ofreció una definición de cuatro formas de asociación: trabajo en red,
coordinación, cooperación y colaboración en ella caracterizó el trabajo en red como un intercambio muy informal de información, con una participación mínima de los demás. La coordinación es un poco más formal
porque involucra a más personas, con un intercambio de ideas y algo de acceso a servicios y productos, pero
las organizaciones siguen trabajando de manera independiente. El siguiente nivel, que se refiere a la cooperación, es una relación formal con organizaciones que trabajan juntas pero que aún conservan su autonomía.
Aunque los esfuerzos de la universidad autónoma de Nuevo León han sido de importancia, es necesario
seguir fomentando la movilidad estudiantil y los convenios de cooperación, pues no se presenta un flujo
constante de los mismos, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 1. Internacionalización de la UANL

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Existen algunas universidades que han podido ejercitar la Paradiplomacia e impulsar su ciudad o región
el caso más importante en el país es la Universidad Autónoma de México, de tal manera que ya cuenta con
oficinas o sedes abiertas en otros países, hasta el año 2018 la Universidad Autónoma de México, contaba
con 14 sedes en el exterior, de acuerdo al El coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales (CRAI)
de la UNAM, Francisco Trigo En Estados Unidos se tienen dos escuelas de extensión en San Antonio y
Chicago y tres centros de Estudios Mexicanos en Seattle, Los Ángeles y Tucson, por el lado europeo la
sede abierta en Alemania se ubica en el edificio internacional de la Universidad Libre de Berlín, y también
se tiene presencia en España, Francia e Inglaterra (2018). A estas se refiere el coordinador como “nuestras
embajadas para apoyar a alumnos y profesores en esas naciones, para promover y facilitar el intercambio
con otras universidades” (Trigo, 2018).
Por lo tanto, en un alto grado la UNAM promueve y ejecuta las funciones centrales de la paradiplomaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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cia, en la siguiente tabla se muestra la relación entre el número de estudiantes y el número de convenios
internacionales firmados por año, como es posible observar en la siguiente tabla.
Tabla 2. Convenios y Movilidad UNAM

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Consecuentemente, la importancia de la paradiplomacia y la cooperación entre actores a nivel internacional no se ha incorporado de manera definitiva en las agendas gubernamentales ni tampoco en las políticas educativas de los gobiernos estatales de México, debido a la carencia de diversos elementos tales como
recursos económicos, interés gubernamental, visión internacional y estrategia de vinculación internacional
en materia de educación superior. Pese a la insuficiencia de estos elementos, en general, las entidades federativas cuentan con un marco jurídico educativo local que les permite actuar internacionalmente y también
han establecido acuerdos interinstitucionales en este sector (Angulo, 2015).
El número de estudiantes de movilidad y de convenios firmados podría considerarse poco representativo
en el caso de algunas universidades en México, por lo que hay que redoblar los esfuerzos en las estrategias
de internacionalización, reformular planes de desarrollo que estén íntimamente relacionados con las características del lugar, de la universidad y de los objetivos a alcanzar.
Chile: La internacionalización después de la dictadura
Las Universidades en Chile han demostrado una participación mayor en la arena internacional en los
últimos años, a pesar de que no hace mucho vivían oprimidas por una dictadura militar, lo cual las colocaba
con un sesgo negativo en los medidores internacionales a diferencia del resto de Latinoamérica en cuanto a
la exposición global y a la búsqueda de la excelencia incluso a nivel nacional.
La política internacional de la transición constituyó un determinante significativo del estilo transnacional en las relaciones exteriores. En adelante, los procesos políticos regionales ejercerían gran influencia en
la definición de las prioridades de la política exterior, lo que afectaría el uso de determinados instrumentos
políticos y diplomáticos, particularmente en el ámbito del multilateralismo (Wilhelmy, 2003).
De acuerdo a Wilhelmy (2003) en Chile, varias instituciones académicas y centros de estudio jugaron
un rol relevante en la constitución de grupos de trabajo que aportarían antecedentes analíticos y prácticos
para la confección de la política exterior de los gobiernos de la transición. Destacados actores de dicha
política, como José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Juan Somavía, Juan Gabriel Valdés, Carlos Portales y
Alberto van Klaveren hicieron aportes esenciales desde la fase programática, basándose en sus relevantes
conocimientos especializados. Posteriormente, varios de ellos asumirían altas responsabilidades oficiales.
Por otra parte, como un modo de reinsertar al país en el escenario internacional tras el aislamiento imRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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puesto por los 18 años de dictadura, los gobiernos democráticos, desde 1990, promovieron el fomento de
iniciativas tendientes a fomentar la internacionalización de la educación superior (Castillo, 2016).
En el análisis de los estudiantes que deciden estudiar en América Latina y el Caribe los estudiantes
móviles provienen en su mayoría de dentro de la misma región: siete de cada diez alumnos extranjeros que
estudian en alguna universidad latinoamericana son de origen latinoamericano (Geldres, 2013).
La academia es cada vez más internacional en sus alcances “los programas que impulsan la internacionalización en Latinoamérica son los intercontinentales como ALFA y COLOMBUS; convenios subregionales, como el Convenio Andrés Bello, Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM),
para MERCOSUR; redes iberoamericanas (RIACES) y agencias regionales (IESALC). Cada vez son más
las alternativas de postular a programas de diversos países, redes entre universidades regionales y mundiales que otorgan financiamientos becas a estudiantes latinoamericanos” (López, 2008).
Las políticas no tan sólo apuntan a incorporar la dimensión internacional en las actividades de índole
académica sino también en las de administración y gestión, lo cual implica apoyar a las diversas instancias
de las estructuras universitarias y los docentes para realizar contactos, para buscar pares internacionales y
para obtener el financiamiento adecuado para llevar adelante sus proyectos y programas.
Respecto a la satisfacción de los estudiantes en relación a su experiencia de movilidad internacional,
se identificó el idioma de origen afecta la relación de los estudiantes extranjeros con profesores y alumnos
locales, impactando el grado de satisfacción con la experiencia total. En general, los estudiantes extranjeros
tuvieron una buena percepción del programa y de su experiencia, fortaleciendo sus competencias académicas, personales e interculturales. Sin embargo, algunos manifestaron su disconformidad en relación con
algunos profesores y estudiantes locales, como también con los paros estudiantiles y los servicios de hospedaje de bajo nivel en las dos ciudades donde vivieron. El estudio sugiere que las universidades en destinos
emergentes deben capacitar a sus profesores y alumnos para integrar a los estudiantes extranjeros, así como
agregar servicios de hospedaje para satisfacer las necesidades de éstos (López, 2008).
En este contexto, el proyecto “Consolidación de la Internacionalización de la Investigación y Postgrado
de la Universidad de Chile” surge como una oportunidad de reforzar el enfoque internacional en la institución y constituirse en un polo relevante para el desarrollo de la investigación y la formación doctoral
a nivel regional y global, ofreciendo alternativas formativas para jóvenes talentos provenientes de otros
países, capacidades instaladas para llevar adelante proyectos de investigación cooperativa y para impulsar
el desarrollo de redes internacionales de cooperación (Chile, 2019).
Argentina: Una política exterior local
La internacionalización de la educación superior es una de las tendencias clave del desarrollo. Existen
varios enfoques sobre cómo lograr la competitividad y el rendimiento en la educación superior y la movilidad académica internacional; programas de intercambio de estudiantes, asociaciones son algunos de los
aspectos que pueden desempeñar un papel importante en este proceso.
En Latinoamérica se han creado redes de cooperación que han ayudado a fortalecer las relaciones entre
las Universidades y a promover las regiones de una manera más local. A finales de la década de los 90,
se crea el Programa de Desarrollo del Sector Educativo del MERCOSUR, el cual amplió las bases para el
desarrollo del proceso de internacionalización de la educación superior, mediante la configuración de políticas regionales en materia educativa, que vienen a instalar la internacionalización de la universidad como
asunto prioritario para los gobiernos, instituciones y actores universitarios (Ramírez, 2017). En un contexto
internacional, donde está cambiando la arquitectura de la cooperación, resurgen programas de Cooperación
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Sur-Sur como instrumentos que invitan a elaborar proyectos de desarrollo endógeno, de características
horizontales y fomento de la integración regional (Oregioni, 2015) .
En Argentina, los gobiernos vienen impulsando desde el año 2003 líneas de acción y financiamiento
en materia de políticas públicas de fomento de la internacionalización que han potenciado las actividades
de cooperación de las internacionales de las universidades y ha impulsado su posicionamiento en la región
(Astur &amp; Larrea, 2012).
Ramirez (2017) habla del caso en Argentina, en el cual se menciona que la internacionalización de la
educación superior como tema de agenda de políticas educativas, viene a instalarse en Argentina hacia el
año 2000, en un contexto nacional e internacional con tendencias que favorecen la integración y la cooperación entre los países. Frente a este escenario, indagó sobre cuáles han sido las implicancias de las acciones
de internacionalización en las últimas décadas en las universidades argentinas y en qué medida estos procesos han colaborado o contrarrestado a la mayor dependencia académica o al despliegue de estrategias al
interior de las instituciones de educación superior, tendientes a la internacionalización en casa.
A partir de la primera década del siglo XXI, cuando en el país se comienza a configurar un dispositivo político, desde el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, con la
implementación de programas que fomentan la internacionalización de las universidades argentinas como
Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional de las Artes, se viabilizó en mayor o menor
grado la inclusión y la participación de todas las universidades nacionales; Esto, a su vez, generó un proceso
dinámico y cambiante al interior de las instituciones, en el que algunas universidades se alinearon de una
manera más proactiva, otras se adecuaron al nuevo contexto de forma más reactiva y otras en algunos casos
excepcionales se vieron fraccionadas por encuentros y desencuentros de los propios actores, que asumieron
posiciones antagónicas ante este proceso (Ramírez, 2017).
La internacionalización de la educación superior a nivel nacional e institucional en cualquier país debe
entenderse como el proceso de integración de una dimensión internacional o intercultural internacional
dentro de las funciones principales del sistema educativo. En el caso argentino, crearon un proceso en el
que el gobierno estaba involucrado en el proceso de internacionalización de las Universidades a través de
políticas de cooperación.
En este marco, se ha tratado de mostrar que aquellas universidades que ya tenían incorporada en su
proyecto institucional la esfera internacional, a priori de las políticas nacionales impartidas, sus acciones y
estrategias institucionales en estos últimos años asumieron una posición más proactiva, que giró en torno a
gestionar las actividades ya existentes, a las nuevas estructuras, funciones y roles internos creados, orientándose más hacia la búsqueda de un sentido propio, alineados a las tendencias de la internacionalización
en casa y privilegiando la cooperación solidaria (Ramírez, 2017).
Brasil: El Estado nacional y la educación superior
Los sistemas nacionales de educación superior de los países en desarrollo como es el caso de Brasil y de
los países de América Latina y el Caribe viene pasando a lo largo de las últimas tres décadas por un intenso
proceso de transformación.
Este proceso multidimensional tiene que ver con la expansión de la matrícula en la educación superior,
de manera convergente con la experiencia de otras regiones del mundo, como las de Norteamérica, Europa,
Asia y África (Acevedo, 2004).
El debate sobre la enseñanza superior en Brasil atravesó el siglo XX acompañando el agravamiento de
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las asimetrías que ese sistema perpetúa como por ejemplo la masificación de la matrícula, ocurrida desde
los gobiernos militares. En Brasil, la internacionalización de la educación superior viene cargada de tensiones entre una postura global y una postura local. Aunque la incidencia de la producción en el país sea pequeña, lleva una visión positiva y posibilita prever el crecimiento de la importancia de la internacionalización
en la educación. Este hecho es acentuado por la fuerza del Estado en las determinaciones de la Enseñanza
Superior en el país y se refleja en los marcos regulatorios nacionales (Acevedo, 2004).
La dimensión nacional refleja discusiones sobre la presencia del estado evaluador y, más recientemente,
en cuanto al nivel internacional en contextos de liberalización de la educación. En el caso brasileño, retrata
la fuerte presencia del estado nacional en la educación superior (Afonso, 2015).
Por ejemplo en el gobierno Lula Da Silva, la política externa mantuvo una postura multilateralista, con
características de una política influenciada por la fuerte liderazgo personal del presidente, aunque existir la
acción diplomático activo y dinámica de Celso Amorim, en el gobierno de Lula, Brasil aumento el perfil de
la relaciones con la países africanos, con el fin de no solamente promover las relaciones económicas, sino
también el rescate de la llamada la deuda humana, social y cultural (Vigevani, 2007).
En el caso específico brasileño, en términos comparativos entre los periodos de gobierno de Lula da
Silva y el gobierno de Dilma Rousseff, se notó una secuencia en el aumento de alumnos en la enseñanza
superior, teniendo en cuenta el aumento de instituciones de enseñanza superior en Brasil y los programas
lanzados durante el período de gobierno Lula da Silva para acceso a la enseñanza superior, como el PROUNI y el REUNI, que se mantuvieron durante el gobierno de Dilma. Al analizar el número de alumnos que
estudian en el extranjero, fue posible observar que no hubo una clara la diferencia en el flujo de estudiantes
de movilidad (Piva, 2018).
La internacionalización de sus Universidades refleja posturas paradigmáticas de la formación de recursos humanos de alto nivel para competir en un mercado internacional en el que el tránsito por países desarrollados exige calificación. Representa también en menor escala la apertura a los países latinoamericanos
y africanos en un paradigma de solidaridad (Moog, 2018).
Brasil se enfrenta a otro problema para su región y es el idioma pues son pocos los países que hablan
portugués, y por otro lado las instituciones de enseñanza superior de alto nivel enfrentan la competencia
de nuevas unidades; lo cual ha forzado, junto con el incumplimiento a adoptar mecanismos de control, el
financiamiento externo en lo que no ha dejado de ser atendido generosamente por el Estado.
El funcionamiento del mercado producirá una cierta selección y las menos equipadas para el objetivo
están desapareciendo con la misma velocidad que anuncian sus productos. Es notable el fortalecimiento
de la enseñanza privada para la que migran profesores jubilados o con baja remuneración en la enseñanza
pública. Este es un punto de difícil equilibrio dado los rumbos de la economía y las asimetrías sociales y
regionales del país (Piva, 2018).
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
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El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual del tema “La paradiplomacia Universitaria: La Internacionalización de la educación superior en América Latina.” se consultaron un total de treinta y nueve
referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron
interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a la paradiplomacia universitaria. Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento objeto de
este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados
(Bascón et al, 2016, p. 39).
4.- CONCLUSIONES
Los retos de las Universidades en Latinoamérica ante la globalización y la internacionalización no son
fáciles, pues luchan contra gobiernos fallidos o repletos de corrupción, el idioma y la falta de consciencia
ante un panorama internacional, como lo fue revisado en los casos anteriores. De esta manera, encontramos
dos dificultades principales: la primera y más importante para los macro actores sociales es que las universidades del hemisferio norte logran seguir manteniendo en funcionamiento por el gran número de estudiantes
extranjeros que los países envían para estudiar en los países desarrollados; y la segunda es la posibilidad
de generar intercambio de conocimiento, mejorando la formación de los estudiantes de los países en desarrollo, que generalmente son países con poca inversión en educación y que pagan para enviar una parte de
sus jóvenes para formarse. En ese segundo caso, algunos jóvenes brillantes pueden no regresar a su país
de origen, siendo capturados por los países desarrollados para formar parte de empresas, investigaciones,
por lo que se encuentra un problema grave de fuga de cerebros, y las universidades latinoamericanas no se
presentan atractivas para el desarrollo profesional de los estudiantes, sin embargo, los esfuerzos expuestos
en este artículo son palpables.
La nueva economía y la nueva sociedad basada en el conocimiento deben rediseñar el sistema de educación superior sólo para proporcionar las habilidades apropiadas y las habilidades para afrontar los nuevos
desafíos; las universidades deben comprender la nueva posición en la que se encuentran como receptores
de estudiantes internacionales y el impacto positivo que eso tiene en sus regiones y países.
Por tal motivo, es importante que se asuma el reto y que existan las políticas de internacionalización
necesarias y adecuadas tanto a nivel institucional como local para promover la diplomacia paralela que
podría ser el resultado de la cooperación entre Universidades.

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México, ISSN 2395-8448. pp 37-48. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/101

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Análisis Epistemólogo de los Estudios de género en la Universidad Pública Norestense
Epistemological Analysis of Gender Studies at the Norestense Public University
Olga Nelly, Estrada-Esparza1
Universidad Autónoma de Nuevo León
https://orcid.org/0000-0002-3400-569X

DOI: https://doi.org/10.29105/pgc4.8-4
RESUMEN

El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en analizar la inclusión de la
disciplina del análisis de los estudios de género para una reflexión epistemológica sobre la trascendencia que tiene la
educación lingüística. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel
documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se encontró que: existe una transformación positiva
tanto en hombres como en mujeres al ingresar a la universidad y estar en contacto con los estudios de género, ya que
abre una puerta a la sensibilización de una nueva cultura y proporcionan la capacidad para distinguir la desigualdad
social en que han vivido las mujeres desde la antigüedad. En conclusión, se tiene que la universidad además de proporcionar conocimientos y valores se necesita que sea igualitaria para ambos sexos.
Palabras clave: Educación, genero, igualdad, mujeres y universidad.
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review, which objective was to analyze the inclusion of the discipline
of gender analysis for an epistemological reflection on the importance of linguistic education. The method of analysis
was applied, with a qualitative approach, non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic
level. After the documentary review it was found that: there is a positive transformation in both men and women when
entering university and being in contact with gender studies, since it opens a door to raising awareness of a new culture
and provides the ability to distinguish the social inequality in which women have lived since ancient times. In conclusion, it is necessary that the university, in addition to providing knowledge and values, to be equal for both sexes.
Key words: Education, gender, equality, women and university.

Cómo referenciar este artículo:
Estrada-Esparza, O. (2018). Análisis Epistemólogo de los Estudios de género en la Universidad Pública Norestense.
Revista Politica, Globalidad y Ciudadanía, 4(8), 60-70. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/102

Recibido: 29 de Enero 2018 - Aceptado: 01 de Abril 2018

1
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Doctora en Estudios de Género. Email: olganelly@yahoo.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3400-

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1.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación ofrece algunos avances que se han hecho desde el aula universitaria para implementar una nueva mirada y eliminar la discriminación por el hecho de ser estudiante del sexo femenino
o con alguna discapacidad. Asimismo, se habla de algunas prácticas misóginas que perjudican la imagen y
trabajo de las mujeres en las diferentes áreas de la sociedad y dentro de la institución educativa y se plantean
diferentes estrategias para eliminar estereotipos que dañan a las mujeres. Existe la necesidad de discutir este
tema para poder alcanzar el estatuto social de igualdad. Los cambios demográficos y laborales que se ha
tenido en América Latina y México han modificado el lugar social de las mujeres, por consiguiente, existe
una mayor inserción de mujeres en la matrícula en el nivel superior, así como docentes universitarias, pero
no en la toma de decisiones del espacio de poder. El techo de cristal todavía está muy arraigado en el deber
ser de las mujeres y esto ha provocado que no haya suficientes mujeres en los cargos altos tanto de la educación como el de la industria.
La expresión de techo de cristal se refiere a la barrera transparente o discriminación sutil contra las
mujeres que les impide llegar a los puestos jerárquicos más altos en organizaciones o en la universidad. En
estudios recientes que examinan ampliamente el techo de cristal (Chernesky, 2003) continúan poniendo de
manifiesto que la situación de desventaja de las mujeres en este ámbito persiste. Estos impedimentos contra
las mujeres son establecidos por el sistema patriarcal a través de dogmas, narraciones y el lenguaje sexista
para que un gran porcentaje de mujeres no cuestionen su capacidad para desarrollar su profesión desarrollar
y a la par que su familia. Leer la historia de las mujeres hace visible su abierta participación y evolución de
sujetos domésticos a seres activos, dejando historia de lo que hacen y provocando reacciones en la lucha
por el empoderamiento de sus propias vidas. Este estudio demuestra que todavía hay mucho por hacer y
cambiar el imaginario de subordinación que han tenido las mujeres en la sociedad y en el campo educativo
para mejorar el estilo de enseñanza-aprendizaje para no seguir reproduciendo y generando más inequidad
en las universidades, y por consiguiente, en el mundo.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
En el siglo XIV, los varones eruditos, influenciados por la visión Aristotélica de la inferioridad de las
mujeres, debatían sobre la conveniencia y argüían las desventajas que la educación de las mujeres traería a la sociedad; sin tomar en cuenta que Platón propugnó por igual educación para unas y otros; en La
República o de lo Justo opinó: “si reclamamos para las mujeres idénticos servicios que para los hombres,
fuerza será que les demos una misma educación”. Platón, (2000 p.93) Aunque en otros discursos Platón
era misógino sabía que la educación era buena para ambos sexos y quedó registrado para testimonio de la
humanidad. Durante siglos predominó el discurso de la inferioridad de las mujeres y se repiten las ideas
filosóficas y sobre todo las aristotélicas e influyen en gran medida en Jean-Jacques Rousseau (2004) para
continuar con esas ideas hasta en la actualidad, pero gracias a los estudios de género que implementaron las
estudiosas de la historia, filósofas, activistas sociales y feministas en general se habló de la opresión femenina y se visibilizó la gran injusticia en la cual vivían las mujeres. Con esto dilucidaron nuevos discursos
a favor de los derechos de las mujeres hasta llegar a la academia universitaria por primera vez a finales de
los años setenta en la UNAM. La UNAM fue la primera universidad en México en incorporar los estudios
de las mujeres en la cátedra.
En la problemática de la educación desde los pueblos precolombinos ha sido diferente tanto para hombres como para mujeres, con el objetivo de que prevalezcan los usos y costumbres de la hegemonía masculina. Las imágenes que reproducimos desde el nacimiento aunado con los estereotipos de género como
el deber ser mujer y estar al cuidado del otro son las representaciones sociales que han sido fundamentales
para manipular y predecir la realidad y el comportamiento de las mujeres a través de la objetivación y el
anclaje histórico, de acuerdo con Moscovici (2008). La educación ha sido androcéntrica y por lo tanto se
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debe de construir a una educación incluyente y no sexista par la mejor convivencia de todos los seres humanos. Por tal razón el objetivo de esta investigación es poder reflexionar que para brindar una educación de
calidad se necesita incluir y contar con la perspectiva de género en la curricular para una mejor enseñanza
y sobre todo conocer la trascendencia que tiene la educación lingüística no sexista en el logro de la equidad
de género con un análisis epistemológico del lenguaje. En este sentido, el filósofo y pensador francés, Edgar
Morín comenta que la nueva educación del siglo XXI es asumida por la UNESCO: “Se trata de armar cada
mente en el combate vital para la lucidez” (Morín, 1999, p. 34) lo que implica educar la individualidad
desarrollando habilidades para pensar la vida y el mundo de manera más igualitaria y sin distinción de
sexos. Para nuestro presente se necesita una educación y un lenguaje incluyente que permita darse cuenta
de falacias, de falsos discursos que carecen de congruencia y que solo incitan a reproducir estereotipos que
dañan y discriminan a las mujeres, niñas y niños.
Por lo tanto, la autora de este trabajo señala la necesidad y la importancia de una educación que posea un
enfoque de género transversal con un lenguaje incluyente donde mujeres y hombres se vean, se traten y se
conciban como pares y donde prevalezcan una cultura y un lenguaje no sexista, de igualdad y sin discriminación ante la urgencia de que la educación asuma su tarea para dilucidar este mal que aqueja cada vez más
a la sociedad mexicana. (Estrada, 2012). Se trata de revisar los discursos educativos, los planes y programas
escolares para que contribuyan a forjar una cultura de no discriminación y a eliminar los estereotipos que
dañan y denigran a las mujeres y que los estudios de género lo han hecho evidente, por tanto, epistemológicamente es necesario analizar los discursos en la cotidianidad y en el aula escolar.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
En este trabajo se propone al estudio del discurso como la herramienta transdisciplinar que permite
dar sentido de la cultura hegemónica que ha hecho invisible a nuestra percepción la discriminación del
género femenino. La incorporación de la perspectiva de género en los cambios educativos y sociales como
lo menciona Pacheco (2010) y revisar en la historia de la educación femenina y los roles impuestos por la
cultura sexo-género y el imaginario del rol del deber ser entre los sexos de manera cualitativa. Se discute
sobre la pertinencia de adoptar un enfoque epistemológico para fomentar el pensamiento crítico y explicar
las relaciones de poder en el discurso que determinan la desigualdad entre mujeres y hombres con Cazés y
García (2007).
Para la construcción del marco teórico-conceptual del discurso como herramienta transdisciplinar, se
consultaron un total de veintiún referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a los retos para
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el discurso como herramienta transdisciplinar. Una vez recopilada y analizada la información se construye
el documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme
a los objetivos trazados (Oliveros et al, 2018, p. 72).
4.- RESULTADOS
Históricamente a las mujeres se les ha restringido el ejercicio de sus derechos sociales, educativos,
económicos, políticos, culturales, sexuales y reproductivos mediante prácticas discriminatorias y excluyentes, basadas en estereotipos de género y lenguaje sexista. Ante la situación de evidente desigualdad,
la reflexión que en este trabajo se construye, abona a la toma de conciencia para erradicar los procesos de
naturalización de la violencia que existen en la sociedad (Bourdieu, 2003). A finales del siglo XX, a partir
de nuevos modelos educativos, los movimientos sociales internacionales, el movimiento de mujeres, los
avances científicos y el fenómeno de la globalización, la educación de las mujeres se vuelve más promisoria
y de matrícula masiva.
Esto implica la formación de una nueva representación social, de un imaginario social con atisbos
de libertad contrario al imaginario del ideal patriarcal. Flores y Estrada (2016). Por lo tanto, la supuesta
liberación de la mujer y el movimiento feminista, hicieron eco en cuestionar la representación social de
subordinación, así como también en la educación que recibían de manera diferenciada a través de textos con
una escritura y un lenguaje sexista y patriarcal. Por lo tanto, incluir la perspectiva de género en las materias
escolares, brindar capacitación a las y los maestros para que su lenguaje no sea discriminatorio, racista,
clasista y misógino es tarea de todos y de la institución universitaria. Por ejemplo, el fundador del Instituto
de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) lamentó que en la televisión mexicana existan personajes como La
India María, Los Xochimilco, Chano y Chin, ya que este tipo de series degradan la imagen de los indígenas
y de las mujeres en general. Con estos programas que se trasmiten, se puede observar solo un ejemplo de
la naturalización de la lengua y su discurso misógino que se sigue reproduciendo estereotipos que dañan el
entorno social, lo violenta y denigra. De acuerdo con Montesino “la producción colectiva de conocimiento
hace de la representación una forma de pensamiento social” (2007, p. 70).
Otros ejemplos encontrados en las entrevistas hechas lo vemos en la universidad como, por ejemplo:
existen usos que demuestran sexismo en los hablantes. Este hecho devela, por supuesto, la ideología y los
prejuicios existentes en la valoración de los roles sexuales que los hablantes de esa sociedad poseen. Este
punto de vista referente al uso desigual de sentidos de las palabras (García, 1994, p. 22) se encuentra, por
ejemplo, en la diferencia de sentido que se percibe entre las expresiones consignadas en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Ejemplo.

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Observamos en letra cursiva las expresiones lingüísticas y entre paréntesis los sentidos que adoptan
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al ser empleadas por los hablantes mexicanos. Estos “duales aparentes”, dice el autor, constituyen una
herencia del pasado, son expresivos de valores sociales hoy en revisión, que figuran en todas las lenguas
pertenecientes a sociedades de hábitos patriarcales (García, 1994, p. 31). Son expresiones similares donde
se emplea el mismo adjetivo para cada vocablo que designa cada género y sin embargo, como se ve, existe
una carga semántica valorativa en sentido negativo en las expresiones que se refieren al sexo femenino con
respecto a las que aluden al sexo masculino.
La pertinencia de la revisión del sexismo y la exclusión en la lengua radica en que, en este país, la situación es cotidiana. Las y los alumnos universitarios hablan con naturalidad y con un lenguaje sexista. Y,
si no se atiende esta área en el estudio del discurso en el ámbito educativo, se seguirán reproduciendo los
patrones sexistas en la lengua, por ignorancia. Nos apropiamos de las palabras de García Meseguer para
enunciar que “Estos ejemplos son una muestra del sexismo lingüístico que hemos heredado y que nos invade a todos, por causa de una costra cultural de carácter patriarcal” (1994, p. 21). La universidad tiene que
ser garante de la inclusión de un lenguaje incluyente para todas y todos. Entre los resultados se encontró que
las y los estudiantes que habían tomado cursos y diplomados de género tenían un lenguaje más incluyente
y de respeto a la diversidad racial y de género que vivimos en la sociedad.
5.- CONCLUSIONES
La universidad que se desea es una institución que además de proporcionar conocimientos y valores
que sea igualitaria para ambos sexos. La escuela es un pilar fundamental para contrarrestar estas formas
de exclusión social. Sin embargo, existe un sistema de género dentro de la institución que hace que las
personas, hombres y mujeres, actúen de acuerdo con reglas no escritas de lo que es propio para una mujer
y para un hombre, es decir, las diferencias de género establecidas socialmente permean en la universidad y
las instituciones académicas. Blázquez, (2008, p.63).
Las y los docentes universitarios necesitan una permanente reflexión de cómo se relacionan con las
alumnas y los alumnos, para no continuar ayudando a construir una realidad estereotipada, donde, desde el
momento que nace un nuevo ser, se le viste, se le habla, canta, se juega con él o con ella, de forma diferente
si ha nacido mujer o varón. Gonzalvo, (1987).
En la teoría y en la ley se habla de igualdad entre hombres y mujeres, el modelo de educación que se
transmite en la práctica real en las organizaciones contribuye a desarrollar una cultura, unas “formas de
hacer”, unas costumbres y unas prácticas implícitas contrarias a los planteamientos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Amorós, (1994, p.56). Se ha observado que en el ámbito educativo se
proclama habitualmente que éste es un espacio igualitario donde existe y se practica la igualdad y el trato
no discriminatorio entre las y los profesionales y las y los alumnos que lo integran, pero la realidad es que
no se ha logrado esa igualdad en la vida cotidiana. Por ello, se puede convertir en uno de los espacios menos receptivos al análisis y el debate sobre la desigualdad de género en la cultura organizativa implícita,
al considerar que es una tarea “ya realizada”. Ejemplo: (más mujeres universitarias como maestras y menos directivas en los planteles, a pesar de ser un trabajo feminizado.) y como dice, Amy Guttman, en una
profesión que, sin embargo, está bastante feminizada, la presencia de mujeres en cargos de organización y
directivos decrece sustancialmente. Guttman, (2001, p.45).
De acuerdo con Morín, se debe dejar atrás la barbarie de la incomprensión, subordinación y exclusión
que se hace a través del lenguaje sexista y de los discursos patriarcales en contra de las mujeres para conformar una comunidad terrenal, una ciudadanía planetaria. Este pensador suscribe que la educación de este
siglo debe estar sustentada en una conciencia humanizada, empática. Informar y transmitir conocimiento
sobre materias aisladas unas de otras —y que poco tienen que ver con la convivencia— dejó de ser suficiente hace décadas para formar individuos cabales que puedan interactuar y trabajar colaborativamente en
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un mundo tan complejo. La iniciativa que se necesita es deber de toda la comunidad para una sociedad más
igualitaria. Se deberán realizar más cursos y clases donde se explique la historia social de la imposición de
la subordinación de las mujeres para comprender que fue una imposición por el sistema sexo-género para
que no se repitan estas supuestas normas sociales y así alcanzar la ciudadanía y democracia tanto en la
universidad como en la sociedad que el siglo XXI necesita.
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DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.8-5
RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación, cuyo objetivo consistió en determinar si las competencias
empleadas dentro de la licenciatura en Ciencia Política son las adecuadas. Se aplicó el método de análisis, con un
enfoque cuantitativo, diseño no experimental, bajo un nivel correlacional. Tras el análisis de los resultados se encontró
que: existe correlación entre las competencias de egreso con las competencias laborales que el trabajo exige en los tres
principales aspectos de demanda laboral. Se concluye que resulta importante que los egresados puedan adaptarse a las
demandas del empleo, y esto se logra con el cumplimiento y desarrollo de competencias que le permitan situarse en un
contexto competitivo que exige calidad educativa y adaptación al cambio.
Palabras clave: Ciencias políticas, competencias, egresados, investigación, mercado laboral.
ABSTRACT
This article is the product of a research, which objective was to determine if the competences used in the Bachelor
of Political Science are adequate. The method of analysis was applied, with a quantitative approach, non-experimental
design, under a correlational level. After analyzing the results, it was found that: there is a correlation between the
competences of graduation and the labor competences that work requires in the three main aspects of labor demand. It
is concluded that it is important that graduates can adapt to the demands of employment, and this is achieved through
the fulfillment and development of skills that allow them to be placed in a competitive context that demands educational
quality and adaptation to change.
Key words: Political sciences, competencies, graduates, research, labor market.

Cómo referenciar este artículo:
Ramos-Peña, L. (2018). Las Competencias de egreso y su relación con el mercado laboral en el área de las Ciencias
Políticas. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 4(8), 56-74. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/
index.php/RPGyC/article/view/103

Recibido: 08 de Febrero 2018 - Aceptado: 10 de Abril 2018

1
Profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: luis_ramos_@hotmail.com.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 56-74. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/103

�Las competencias de Egreso y su relación...

1.

INTRODUCCIÓN

La finalidad de este artículo es describir la importancia y las competencias del perfil de egreso de la
licenciatura en Ciencias Políticas, como una doctrina que forma parte de las Ciencias Sociales, tomando
en cuenta distintas perspectivas nacionales y a nivel internacional y así mismo, se toma esta información
como referencia para analizar los factores que influyen directamente en el desarrollo de las competencias.
El aprendizaje mediante el modelo por competencias genera un conjunto integrado de conocimientos,
capacidades y habilidades. En este sentido, la UNESCO (2000) afirma que:
´´Ser competente implica poder realizar una actividad profesional, resolver problemas o desarrollar
proyectos en tiempo oportuno movilizando integralmente un saber realizar, conjuntamente con los saberes
conceptuales pertinentes y con capacidades diversas de acción y de relación, con el fin de obtener resultados
de calidad. Implica conocer lo que se realiza, tener conciencia de sus consecuencias y capacidad de evaluar
la acción. Supone capacidad para aprender, innovar y generar nuevos conocimientos´´.
De manera que, competencias en las ciencias sociales y en específico en la ciencia política se define
como la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en
conocimientos, pero no se reduce a ellos ya que brindan la oportunidad única de abrir un importante espacio
de reflexión.
El motivo es definir las competencias que determinan el perfil de egreso deseado y el más adecuado para
un desarrollo eficiente de esta profesión, además que influyan de manera positiva en el mercado laboral de
las ciencias políticas.
En la actualidad se está llegando incluso a la creación de institutos y centros dentro de las mismas universidades dedicados a la formación de habilidades y competencias profesionales, conscientes de la importancia de esta formación no sólo para determinadas titulaciones sino hacia la totalidad de los estudiantes en
las diferentes titulaciones (Hofstadt y Gómez 2006).
Por lo que respecta a este estudio, el centro de la investigación se basará en el perfil de Egreso en Nivel
Superior de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En la actualidad, nos encontramos con tiempos donde la sociedad de nuestro país se ha mostrado insatisfecha y con un hartazgo hacia las personas que se encuentran gobernando y decidiendo el rumbo de
nuestro país; incluso, manifiestan su hartazgo hacia las personas que intentan contender a un cargo de
elección popular debido a que los perfiles que presentan estas personas son iguales o similares a los que se
encuentran en función ejerciendo el poder; de ahí emana la necesidad de analizar, cuidar y mantener perfiles
de Politólogos a la altura de la situación que exige el país y que concuerde con lo que la sociedad demanda
de sus gobernantes.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Antecedentes Históricos
Tradicionalmente, un título universitario era el único requisito que se necesitaba para ejercer una profesión; hoy en día, según manifiesta Hofstadt y Gómez (2006) se consideran aspectos en los que nunca se
había pensado que se muestran como los más valorados y como mejores predictores del posterior éxito
profesional, o al menos se les da una importancia que antes no tenían, sobre todo cuando son las empresas
las que opinan sobre los requisitos que deben cumplir los titulados universitarios.
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Para Kedrov (1967), la ciencia es un importantísimo elemento de la cultura espiritual, la forma superior
de los conocimientos humanos; es un sistema de conocimientos en desarrollo, los cuales se obtienen mediante los correspondientes métodos cognoscitivos y se reflejan en conceptos exactos, cuya veracidad se
comprueba y demuestra a través de la práctica social, y permite prever y transformar la realidad en beneficio
de la sociedad.
Al respecto, las competencias disciplinares básicas de ciencias sociales están orientadas a la formación
de ciudadanos reflexivos y participativos, cualidades que tenían los ciudadanos que dieron origen a la
Ciencia Política, conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio, pero que con el pasar del tiempo
se fueron perdiendo. Su desarrollo implica que puedan interpretar su entorno social y cultural de manera
crítica, a la vez que puedan valorar prácticas distintas a las suyas, y de este modo, asumir una actitud responsable hacia los demás.
Al respecto, las competencias disciplinares básicas de ciencias sociales están orientadas a la formación
de ciudadanos reflexivos y participativos, cualidades que tenían los ciudadanos que dieron origen a la
Ciencia Política, conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio, pero que con el pasar del tiempo
se fueron perdiendo. Su desarrollo implica que puedan interpretar su entorno social y cultural de manera
crítica, a la vez que puedan valorar prácticas distintas a las suyas, y de este modo, asumir una actitud responsable hacia los demás.
El licenciado en Ciencia Política debe obtener a lo largo de su periodo formativo no sólo conocimientos
teóricos, sino capacidades para el trabajo en grupo y la negociación, adaptación a través de la formación
continua, uso de nuevas tecnologías e idiomas, aptitudes y una ética que les lleve a ser curiosos, creativos,
innovadores y emprendedores; toda una serie de herramientas imprescindibles para adaptarse a situaciones
y entornos laborales diferentes y cambiantes (Díaz, 2010).
En este sentido, las competencias permiten poner el acento en los aprendizajes imprescindibles de la
vida diaria, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, hasta
poder lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa e incorporarse a la vida laboral en un nivel
digno de desempeño.
Aproximación a las Competencias
El ser humano no sólo busca sobrevivir, sino explicar y desarrollarse en el mundo mismo. Así la naturaleza y sus fenómenos causaron intriga en los seres humanos, mismos que hicieron un gran esfuerzo a lo
largo de los años para poder dar respuesta a ellos y lograr desenvolverse de una mejor manera.
Fue inevitable que el hombre se preguntara en el camino de su desarrollo sobre las características o los
aspectos que los ubicaban en una mejor posición respecto a sus semejantes. Una vez desarrollada la capacidad de comunicación el hombre empezó a buscar respuesta ante lo que pasaba a su alrededor. Mediante
el auxilio de los poderes crecientes de la observación y el análisis lógico fue ensanchando constantemente
la esfera de la especulación política.
En este sentido, y tomando en cuenta estas características o aspectos de superación personal ante la
sociedad, surgen las competencias, las cuales brindan al estudiante un ambiente más propicio para su formación científica, profesional y humanista ya que ofrece mejores condiciones para su desempeño laboral,
que será el primer reto a enfrentarse una vez terminados sus estudios profesionales.

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3.- MÉTODO
Diseño
Esta investigación es de tipo Transversal, no experimental y correlacional. Al respecto, con la recolección de datos obtendremos la identificación entre nuestras variables. Se contempla un desarrollo de
corte correlacional-causal, el cual describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables
en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto.
Enestos diseños, en su modalidad únicamente causal, se reconstruyen las relaciones a partir de la variable
dependiente, en otras a partir de la independiente y en otras más sobre la base de variabilidad amplia de las
independientes y dependientes (León y Montero, 2003).
La investigación no experimental según Hernández (2010) establece que estamos más cerca de las
variables formuladas hipotéticamente como reales y, en consecuencia, tenemos mayor validez externa, por
ende, existe posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos y situaciones comunes.
Por tal motivo se expondrá la información para posteriormente analizar los resultados obtenidos, a fin
de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento y al beneficio de los egresados
de esta licenciatura, por consiguiente, poder verlos reflejados en un óptimo desempeño laboral.
Participantes
La población total de la que es objeto de estudio esta investigación consta de 270 egresados del 2008 al
2016 de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas
perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en el campus Mederos.
El estudio se realizó en el Septiembre de 2017 y concluyo en Febrero de 2018, con egresados de la
licenciatura, tomando en cuenta una muestra representativa de 162 personas, lo cual representa el 60% de
la población a efecto de estudio, de las cuales el 40.7% lo representan mujeres, es decir una muestra de 66
personas del género femenino, y un 59.1% hombres, es decir 96 personas del género masculino, todas ellas
dentro del rango de 21 años de edad hasta 35 años.
Instrumento
Para la realización del estudio se desarrolló una encuesta que consta del llenado de información personal
y de un formulario de 45 preguntas, de las cuales 35 corresponden a la escala de Likert, 8 cerradas dicotómicas, 1 cerrada politómica y 1 abierta.
Se realizó pilotaje con 30 encuestas previo a la implementación con el total de la muestra, dando como
resultado del pilotaje que el instrumento es confiable, tomando como variable dependiente las competencias
de egreso.

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Tabla 1. Prueba de fiabilidad de la consistencia interna del instrumento con el Alpha de Cronbach.

Elaboración propia, 2018.
Procedimiento
En el presente artículo se hace uso de la técnica de la encuesta, aplicadas a un grupo de egresados de
manera presencial y vía web, siguiendo una metodología cuantitativa descriptiva correlacional no probabilístico, ya que se pretende conocer las competencias predominantes a través de la descripción exacta de
las actividades, situaciones y procesos que van incluidos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y
desempeño laboral.
4.- RESULTADOS
El 54.9% de los encuestados manifiesta que su formación profesional en el aspecto teórico fue Buena
mientras que en la práctica el 50% manifestó fue regular.
Gráfico1. ¿Cómo considera que fue su formación profesional en lo práctico?

Fuente: Elaboración propia, 2018.

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Gráfico 2. ¿Cómo considera que fue su formación profesional en lo teórico?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Con respecto a la necesidad de dominar otro idioma aparte del español, solamente el 6.1% de los encuestados manifiesta que ha sido de bastante utilidad el uso de otro idioma en el desempeño de su trabajo,
mientras que un 9.3% opina que no ha sido nada útil. Mientras que los que sí han utilizado de alguna u otra
manera otro idioma ocupan el 84.6%, siendo el idioma inglés con un 86.4% el más utilizado.
Gráfico 3. ¿Utiliza o ha utilizado otro idioma para el desempeño de su trabajo?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Gráfico 4. ¿Cuál otro idioma ha utilizado para el desempeño de su trabajo?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Como se puede observar, la mayor concentración de respuestas es regular con un 38.3% de utilización
de otro idioma. Del total de los encuestados, el 33.3% manifestó que la unidad de aprendizaje de Ciencia
Política resultó ser la de mayor utilidad en su desempeño laboral, seguida por Derecho con un 28.4%,
después Políticas Públicas con un 16%, Gestión Pública con 12.3% y por último con 9.9% Sistemas Electorales.
Gráfico 5. Tomando en cuenta las materias cursadas en su carrera profesional ¿Cuál considera que ha
sido de mayor utilidad para su desempeño laboral?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
En cuanto a las unidades de aprendizaje que menor utilidad han brindado a su desempeño laboral aparece con un 35.2% Ambiente y Sustentabilidad y con menos del 2% de las menciones la unidad de aprendízaje
de Economía, lo cual nos resulta interesante su poca mención haciendo alusión a que sí es importante para
su desarrollo laboral.
Gráfico 6. Tomando en cuenta las materias cursadas en su carrera profesional ¿Cuál considera que ha
sido de menor utilidad para su desempeño laboral?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Destaca el bajo porcentaje de opiniones que recibió la materia de Economía, ya que ésta en realidad representa una materia que recibe mucha importancia para los egresados de esta licenciatura.
El 77.8% de los egresados encuestados trabajaron previo a concluir sus estudios profesionales y de manera equilibrada un 38.9% en algo relacionados con su carrera profesional y el otro 38.9% no.

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Gráfico 7. ¿Trabajó antes de concluir sus estudios?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
El 38.9% de los estudiantes confeccionaban sus competencias y habilidades académicas en el
campo laboral previa a la culminación del curso, lo cual eleva en gran medida la habilidad de la ejecución
de sus conocimientos, ya que este porcentaje es muy similar con el porcentaje de los egresados que continuo con el trabajo que previamente contaba durante el curso de su licenciatura con un 37.7%. Un 16.7%
tardó menos de un mes en encontrar trabajo y un 21.6% tardó de uno a menos de tres meses en encontrarlo.
Gráfico 8. Al concluir sus estudios ¿Cuánto tiempo demoró en obtener un empleo?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
El factor que más ha determinado la posición laboral actual de los egresados ha sido las Relaciones
Personales con un 29.6%, la productividad con un 28.4%, la experiencia profesional con un 22.2% y el
historial académico con un 19.1%.
Gráfico 9. ¿Qué factor ha determinado en mayor medida su posición laboral?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Tomando en cuenta lo ya citado por Bandala (2012), surgen las siguientes posibles respuestas en cuanto
al conocimiento indispensable para el futuro laboral inmediato. El 39.5% de los encuestados prevé a futuro
el conocimiento sobre Políticas Públicas Sociales como el más importantes e indispensable, seguido con
un 27.2% por conocimientos económicos, 25.3% por Programas y apoyos Federales, 6% conocimiento
de Sistemas Políticos y por último con un 2% conocimientos sobre el orden Internacional e Instituciones
Internacionales.
Gráfico 10. De las siguientes opciones ¿Qué conocimiento prevé a futuro como indispensable para su
desarrollo laboral?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Los acontecimientos del pasado y actuales de la humanidad han arrastrado a la Ciencia Política a un
proceso de disputa de sistemas o doctrinas que tratan de posicionarse de mejor manera y dominar el orden
internacional, en algunos casos radicales y de minoría tratando de aniquilar al estado, sus formas democráticas y las Instituciones, una mayoría justificando el actual de la autoridad, otros casos con intenciones de
cambio y revolución y por último el surgimiento de especulaciones al futuro y la modernidad.
Casualmente la Ciencia Política se ha visto envuelta en las grandes crisis de la historia. De cualquiera
que haya sido la índole del conflicto nacional o internacional, éste siempre va acompañado del acontecer
político. Por lo que podemos decir, que la restauración de la Ciencia Política es tomar conciencia de los
principios y no repetir los procesos teóricos del pasado.
La ciencia política debe ser capaz de generar nuevos principios y conocimientos a través de una labor
técnica y teórica que surja de situaciones concretas de la historia, teniendo en consideración el conocimiento y las experiencias empíricas.
De lo anteriormente mencionado, se desprenden las siguientes habilidades como una mejor opción
para su desarrollo laboral. El 27.7% de los egresados contestó que la habilidad indispensable a futuro será
aplicar métodos y técnicas de investigación política, seguido con un 22.8% de técnicas de comunicación
política, 19.8% interpretar procesos políticos, 18.5% análisis del comportamiento de actores políticos y por
último 11.7% de actitud analítica y autocrítica ante acontecimientos políticos.

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Gráfico 11. De las siguientes opciones ¿Qué habilidad prevé a futuro como indispensable para su
desarrollo laboral?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
El 56.1% de los encuestados manifiesta que el grado en que las actividades que desempeña laboralmente
en su cargo tienen alta y muy alta relación con su carrera profesional. Un 30.9% que es regular, mientras
que un 13% manifiesta que es muy bajo.
Gráfico 12. ¿Grado en el que las actividades desempeñadas en su cargo laboral tienen relación con su
carrera profesional?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Existe una brecha amplia de exigencia entre la competencia laboral del uso de la metodología de la
investigación como necesaria para desenvolverse de mejor manera y la competencia de egreso que recibió
el estudiante al momento de egresar de la Licenciatura.
Gráfico 13. ¿Usa la metodología de investigación para realizar sus actividades en los diferentes ámbitos laborales?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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El empleo de la metodología de la investigación previo a la toma de decisiones en el ámbito laboral es
importante para las Ciencias Sociales también, ya que con ella se tomará en cuenta contextos históricos de
situaciones que se han repetido en el transcurso de los años y que dichos acontecimientos bien pudieran
darnos la respuesta que necesitamos.
En cuanto a la realización de investigación electoral, el mercado laboral exige mucho el dominio
de esta competencia que se manifiesta como una falta de preparación en esta área por parte de los egresados.
Gráfico 14. ¿Realiza investigación electoral?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
El dominio de los principios de planeación estratégica para la toma de decisiones por parte de los egresados es regular, mientras que la exigencia laboral resulta ser bastante para el dominio de esta competencia,
por lo que se traduce como una insuficiencia en el dominio de dicha competencia.
Gráfico 15. ¿Aplica los principios de la planeación estratégica en la toma de decisiones?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Solamente 7 personas que representan el 4.3% de los egresados encuestados labora en algo que no tiene
nada de relación con la administración pública, 24 personas o el 15% tiene poca relación, 38 personas o el
23.8% tiene regular relación, mientras que un 48 personas sí tiene mucha relación con ella y 43 bastante
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relación con la administración pública, ocupando entre estas dos opciones un 56.8%.
Gráfico 16. ¿Labora en la administración Pública en cualquiera de sus ámbitos de gobierno?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
La demanda laboral de egresados se inclina más por la administración pública con un 54%, seguido con
un 27% por mercadotecnia política y un 19% por políticas públicas.
Gráfico 17. En donde labora, ¿por qué aspectos se inclina más la demanda de egresados?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Tomando en cuenta los tres aspectos que menciona la Tabla 18 respecto a la demanda laboral, formulamos las siguientes competencias en relación a estos tres aspectos, partiendo del cuestionamiento hacia el
egresado sobre su competencia de egreso y hacia el mismo sobre la competencia laboral que su trabajo le
exige:
Políticas Públicas.
Esta competencia muestra bastante relación y relevancia respecto a lo que ofrece el egresado y a lo que
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exige su posición laboral.
Gráfico 18. ¿Diseña Políticas Públicas o programas de Gobierno?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Dentro de la Gestión de proyectos, programas o políticas públicas de desarrollo social, económico,
existe un margen interesante de más de veinte puntos porcentuales de diferencia por encima de la exigencia
de la competencia laboral.
Gráfico 19. ¿Gestiona Proyectos de desarrollo social, económico y político?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
El conocimiento del marco normativo del Derecho para el diseño de políticas públicas muestra de manera equilibrada los mismos resultados entre las exigencias de las competencias.

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Gráfico 20. ¿Usa el conocimiento del marco normativo como una orientación central en el proceso de
diseño de políticas públicas?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Administración Pública
Dentro del Aspecto de la Administración Pública encontramos en esta competencia el mayor margen
entre lo que exige la competencia laboral, siendo de menor a mayor escala el interés sobre el dominio de
esta competencia y lo que ofrece el egresado, ya que éste manifiesta desconocer esta competencia.

Gráfico 21. ¿Utiliza las herramientas de finanzas públicas para aplicar correctamente el presupuesto

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Aunque en menor grado que la anterior competencia, gestionar recursos financieros en los diferentes
niveles gubernamentales también muestra una diferencia significativa en el dominio de dicha competencia.

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Gráfico 22. ¿Gestiona y aplica programas y recursos de nivel federal en los ámbitos estatal y municipal?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Las variables muestran resultados muy similares en la implementación de la competencia en la
toma de decisiones, lo cual significa que los egresados se encuentran bien posicionados laboralmente, cumpliendo con un rol importante en la toma de decisiones de la organización.
Gráfico 23. ¿Toma decisiones de carácter administrativo en el diseño de las áreas de administración?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
Mercadotecnia Política
En este este aspecto, y en particular en la competencia de comunicación social existe una amplia
diferencia entre el valor que le da la competencia laboral frente a la competencia que ofrece el egresado.

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Gráfico 24. ¿Realiza tareas de comunicación social que le permitan establecer un contacto con la
población?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
El uso de las estadísticas electorales para el diseño de campañas políticas efectivas tiene una muy
estrecha similitud.
Gráfico 25. ¿Utiliza las estadísticas electorales para el diseño de campañas efectivas?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
El uso y dominio de paquetes estadísticos para el análisis de mercadotecnia electoral muestra al
igual que la competencia anterior mucha similitud, sin embargo, en esta ocasión el empleador tiene una
mayor ponderación en el grado de nula utilización, presentándose, así como la única competencia en la cual
es mayor el grado de irrelevancia por parte de los empleadores.
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Gráfico 26. ¿Maneja paquetes estadísticos para realizar análisis de mercadotecnia electoral?

Fuente: Elaboración propia, 2018.
En la tabla 28, podemos observar el grado de asociaciones entre el perfil de egreso con el que cuenta el
egresado y el perfil necesario en su actividad laboral. Se puede observar que las competencias con las que
cuenta el egresado (r = .766, p &lt; .01) tienen importante nivel de asociación con las competencias aplicadas
en el mercado laboral, respondiendo con este elemento a la comprobación de la hipótesis central de la investigación.
Tabla 2. Perfil de Egreso y su relación con el Perfil del Empleador

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia, 2018. Nota: La composición del perfil de egreso y el perfil laboral se realizó
determinando el promedio los indicadores de evaluación de cada variable
5.- CONCLUSIONES
Resulta primordial que los egresados puedan adaptarse a las demandas del empleo, y esto se logra con el
cumplimiento y desarrollo de competencias que le permitan situarse en un contexto de gran competitividad
donde se exige calidad y capacidad de cambio, en un contexto de reducción de recursos públicos.
Encontramos que el dominio de otro idioma por parte de un egresado en ciencia política, si bien pudiera
considerarse importante, sobre todo el idioma inglés por encima de los demás, el uso de este idioma no es
muy frecuente.
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La Unidad de Aprendizaje que los egresados valoran como más útil es la ciencia política y el derecho,
dejando a la materia de Políticas Públicas en un tercer lugar, sin embargo, casi un 40% de los encuestados
prevé a las Políticas Públicas Sociales como conocimiento indispensable para el desarrollo laboral.
La Unidad de Aprendizaje que los egresados mencionan resulta de menor utilidad para su desempeño
laboral es Ambiente y Sustentabilidad. Es de destacar que solamente 1 persona de las 162 encuestadas
mencionó a la Unidad de Aprendizaje de Economía como la de menor utilidad y es que esta materia es
considerada por casi el 30% de los egresados como indispensable para el desarrollo laboral.
En cuanto a las habilidades indispensables para su desarrollo laboral, la más mencionada es Aplicar
métodos y técnicas de investigación, y es que más del 50% de los egresados utiliza en gran medida la metodología de la investigación dentro del desempeño de su cargo administrativo, sin embargo no para realizar
investigación electoral que es donde se presenta una falta de conocimiento y habilidad a desarrollar. Seguida por la habilidad de técnicas de comunicación como indispensable para el desarrollo profesional, ya que
los egresados consideran que las Relaciones Personales son el factor que más ha determinado su posición
laboral, seguida por la productividad, la experiencia profesional y el historial académico.
El 80% de los egresados encuestados manifiestan que laboran en el sector público desde cualquiera de
sus ámbitos, y que es precisamente la Administración pública el aspecto que tiene más demanda por parte
de los empleadores, seguida por la mercadotecnia política y por último las políticas públicas.
La competencia que tiene mayor relevancia y uso en el campo laboral es, en primer lugar, saber gestionar proyectos de desarrollo social, económico y político; en segundo, seguida inmediatamente, saber
cómo aplicar los recursos económicos de nivel federal en los ámbitos estatal y municipal y en ambas existe
un margen considerable para realizar algunos cambios y hacer mayor énfasis en ellos para lograr acortar
la distancia que existe entre el dominio que considera tiene el egresado sobre esta competencia y lo que le
exige su posición laboral y en un tercer lugar, diseñar Políticas Públicas o programas de Gobierno en el cual
existe una similitud dentro de las dos variables.
Algunas otras competencias que son necesarias para formar un perfil de egreso adecuado son el emprendimiento, manejo de estadísticas financieras, capacidad de negociación y diplomacia, solución de conflictos, responsabilidad social, reglas de operación de programas, innovación y liderazgo.
Con este estudio podemos determinar que existe mucha correlación entre las competencias de egreso
con las competencias laborales que el trabajo exige en los tres principales aspectos de demanda laboral.
Solamente existe una competencia con una diferencia considerable dentro de cada uno de los tres aspectos.
REFERENCIAS
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Estratégias didácticas para la esperanza de los conceptos ecológicos de individuo, población,
comunidad y ecosistemas en el municipio de Palermo y el área protegida parque vía isla Salamanca.
Didactic strategies for the teaching of the cological concepts of the individual, population, community
and ecosystems in the municipality of Palermo and the protected area Via Parque Isla de Salamanca
Albaro Enrique, Candanoza-Henríquez1
Institución Universitario ITSA
https://orcid.org/0000-0002-6555-0797

DOI: https://doi.org/10.29105/pgc4.8-6
RESUMEN

El presente artículo es producto de una investigación, cuyo objetivo consistió en examinar la necesidad de vincular
la riqueza de especies y recursos naturales con los cuales cuenta el municipio de Palermo, con un enfoque cuantitativo,
diseño no experimental, bajo un nivel descriptivo transversal. Tras el análisis de los resultados se encontró que: existe
un interés por la riqueza de especies y recursos naturales con los cuales cuenta el parque natural de isla Salamanca,
en el departamento del Magdalena, al sector educativo y específicamente a los docentes de la Institución Educativa
Departamental Rural Palermo, sede Caño Valle y sede principal, para mejorar sus prácticas pedagógicas e investigativas. Se concluye que el impacto que generó la estrategia didáctica; a través de las salidas de campo fue positiva, por
toda la dinámica de saberes y experiencias que generó en los maestros y que les permitió adquirir herramientas para
fortalecer sus procesos pedagógicos y de aula, por lo que se recomienda seguir fortaleciendo al interior de las I.E rural
del municipio de Palermo.
Palabras clave: Didáctica, ecológico, ecosistema, enseñanza, Salamanca
ABSTRACT
This article is the product of a research, which objective was to examine the need to link the richness of species
and natural resources that the municipality of Palermo has, with a quantitative approach, non-experimental design,
under a transversal descriptive level. After analyzing the results, it was found that: there is an interest in the richness
of species and natural resources which exist in the natural park of Isla Salamanca, in the department of Magdalena, by
the educational sector and specifically by the teachers of Institución Educativa Departamental Rural Palermo, Caño
Valle headquarters and main headquarters, to improve its pedagogical and research practices. It is concluded that the
impact generated by the didactic strategy, through the field trips, was positive due to all the dynamics of knowledge and
experiences that it generated in the teachers and that allowed them to acquire tools to strengthen their pedagogical and
classroom processes, so it is recommended to continue strengthening within the rural EI of the municipality of Palermo
Key words: Didactic, ecological, ecosystem, teaching, Salamanca
Cómo referenciar este artículo:
Candanoza-Henríquez, A. (2018). Estratégias didácticas para la esperanza de los conceptos ecológicos de individuo,
población, comunidad y ecosistemas en el municipio de Palermo y el área protegida parque vía isla Salamanca.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 4(8), 75-89. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/104
Recibido: 23 de Febrero 2018 - Aceptado: 09 de Abril 2018

1
Magister en Gerencia de sistemas de Gestión Integral, Docente Catedrático de la Institución Universitario
ITSA. Email: Profesorcandanoza@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 8, Julio - Diciembre 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 75-89. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/104

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1.

INTRODUCCIÓN

La paulatina preocupación del ser humano, frente a la defensa y manejo responsable de los recursos que
tiene la naturaleza, permitió que este artículo se enmarcará en el área de educación ambiental y desarrollo
sostenible específicamente en la enseñanza de la ecología y a partir de allí generará sinergias entre sectores
(medio ambiental – educativo) frente a las zonas de reserva natural que tiene el municipio de Palermo y las
zonas rurales de Caño Valle y Caño Clarín, y a su vez establecer la preservación de los bosques, especies
presentes, conectividad entre bosques y servicios eco sistémicos que ellos brindan, a fin de mejorar los
niveles de apropiación que presentan los docentes de ciencias naturales de las Instituciones Educativas Departamentales Rurales de Palermo, sede Caño Valle y la Institución Educativa departamental rural Palermo,
sede principal , en sus prácticas pedagógicas y de aula y su articulación al contexto local.
La isla de Salamanca recibió la denominación ‘Vía Parque’ porque permite al visitante contemplar bosques de manglar, ciénagas y playas excepcionales desde la carretera que comunica Barranquilla con Santa
Marta. Fue declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). Además, esta área,
junto con el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, fueron declaradas en 1998
como Sitios Ramsar de importancia mundial, y en noviembre de 2000, como Reservas de la Biosfera por la
UNESCO. La isla de Salamanca es, en realidad, un agregado de pequeñas islas formadas por acumulación
de sedimentos del delta del Magdalena, sobre el fondo de una antigua bahía; comunicadas por pequeños
canales, integran una barrera que separa la Ciénaga Grande de Santa Marta del mar Caribe (Colparques,
2018).
Cuando hacemos mención a las áreas protegidas se crea una conexión entre la preservación de especies
de fauna y flora, debido a que ellas en sí mismas se convierten en un hábitat propicio para el conocimiento
e interdisciplinariedad tanto en lo social, económico, político, ambiental y educativo. De allí deriva su
importancia y riqueza.
A fin de abordar este artículo, se dio apertura con un estado del arte, que permitió analizar el tema de
las áreas protegidas en otros argumentos, en torno a las áreas protegidas a nivel de Centroamérica, Honduras, México y Colombia. Como referente teórico se trabajó el modelo pedagógico constructivista con el
autor David Ausubel y su teoría sobre el aprendizaje significativo; además de los aportes de la Enseñanza
para la Comprensión de David Perkins. El referente conceptual en la cual se ajusta el artículo es en la enseñanza de la ecología, retomando como aspectos legales la Constitución Colombiana de 1991, el Decreto
único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible1076 de 2015, la Ley 2372 de 2010 del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los Estándares Curriculares de Ciencias Naturales del Ministerio
de Educación Nacional. Para el diseño metodológico, el cual se desarrolló en las Instituciones educativas,
se propuso una investigación mixta que permitió arrojar tanto datos de tipo cualitativo como cuantitativos,
para lo cual se desarrolló un test, encuestas, formaciones y salida de campo.
Se evidenció que existen falencias en algunos de los contenidos propios de la enseñanza de la ecología
y la dificultad para asociar las riquezas del contexto como eje articulador de prácticas educativas. Como
producto final se establecieron algunas ideas o recomendaciones que permitirán proyectar el conocimiento
de las Áreas Protegidas en Instituciones Educativas Departamentales Rurales de Palermo, sede Caño Valle
y la Institución Educativa departamental rural Palermo, sede principal y seguir fortaleciendo los diferentes
semilleros de investigación con los cuales cuentan.
Este documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: primero se presentan unos aspectos preliminares donde se ubican el título de la investigación, la descripción del problema, justificación
y objetivos. Luego un marco referencial el cual incluye el modelo constructivista y la enseñanza para la
comprensión, además de los marcos legales y espaciales y todos los contenidos disciplinares de la ecología.
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Tercero el diseño metodológico que abarca los instrumentos o materiales y la implementación de la estrategia didáctica y finalmente la sistematización de la información, conclusiones y recomendaciones.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Antecedentes
Las áreas protegidas son zonas geográficamente determinadas, con la intención de conservar la diversidad biológica que en ellas se encuentra, a nivel de especies de fauna y flora. Se convierten en escenarios
propicios para intervenir a nivel administrativo, por todos los servicios ecosistémicos que ellos ofrecen con
propósitos dirigidos al bienestar social, local y regional.
La coyuntura de las zonas de reserva natural a nivel pedagógico se da dentro del currículo de las ciencias naturales, el cual ofrece desde la enseñanza básica, media y académica diversos módulos y temáticas
relacionadas con el reconocimiento de las riquezas del entorno y la preservación de los recursos naturales.
Siendo concretamente en la media académica grados décimo y undécimo, propuestos por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) donde se hace mención dentro del componente del entorno vivo y de los procesos biológicos al tema objeto de estudio.
De ahí la propuesta de articular dicho contenido a las áreas protegidas, como un hábitat favorable para el
establecimiento de comunidades que interactúan en el biotopo lo que facilita su uso en labores pedagógicas
para enseñar las interacciones entre los organismos.
En el caso de nuestro país, específicamente En el sector de la islã de Salamanca recibió la denominación
‘Vía Parque’ porque permite al visitante contemplar bosques de manglar, ciénagas y playas excepcionales
desde la carretera que comunica Barranquilla con Santa Marta. Fue declarada Área de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA). Además, esta área, junto con el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, fueron declaradas en 1998 como Sitios Ramsar de importância mundial, y en
noviembre de 2000, como Reservas de la Biosfera por la UNESCO. La isla de Salamanca es, en realidad,
un agregado de pequeñas islas formadas por acumulación de sedimentos del delta del Magdalena, sobre el
fondo de una antigua bahía; comunicadas por pequeños canales, integran una barrera que separa la Ciénaga
Grande de Santa Marta del mar Caribe.Colparques(2018).
Teoría de Enseñanza para la Comprensión
Los diversos saberes disciplinares se apoyan en teorías que les permiten tener una mayor fundamentación de las ideas o conceptos que desean exponer. De este artículo se sustentó en la teoría de Enseñanza para la Comprensión de David Perkins (Stone, 2005) y en el Modelo Pedagógico Constructivista que
aborda a tres investigadores: David Ausubel, Jean Piaget y Vygotsky (1970). Enfocando el proyecto con la
ayuda del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1983).
Al hablar de la teoría constructivista, se debe recordar que se apoya en la psicología cognitiva, la cual
se basa “en que para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por
el propio sujeto que aprende a través de la acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir” (Ausubel, 1983).
Lo anterior se fundamenta a su vez, en lo propuesto por los autores (Hiltz &amp; Turoff, 1993) “el aprendizaje cooperativo se define como un proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo o los esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la interacción tanto de estudiantes
como profesores. El conocimiento es visto como un constructo social, y por lo tanto el proceso educativo
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es facilitado por la interacción social en un entorno que facilita la interacción, la evolución y la cooperación
entre iguales”.
Por su parte, desde la Teoría de Enseñanza para la Comprensión, propuesta por David Perkins (2005),
podemos darnos cuenta de que no todo lo que se aprende en la secundaria causa en los estudiantes un aprendizaje de tipo significativo, debido a que los contenidos son memorizados y repetidos sistemáticamente,
lo que provoca un desfase o reducción de temas complejos abordados por la ciencia. Se retoma la idea del
autor, a fin de vincular el objeto de estudio de este artículo, que si bien no hace parte literal del currículo;
por su importancia hace parte de los temas complejos de ser abordados y tratados por la ciencia y por ende
en la enseñanza y que no necesariamente deben ser abordados a través de la memorización.
Por otro lado, la propuesta de la enseñanza para la comprensión es que los conocimientos perduren a lo
largo de toda la vida y no que se olviden con facilidad, debido a que fueron aprendidos no de forma sustancial, sino errada y no lograron impactar la vida de quien aprende, ni muchos menos establecer vínculos o
relaciones con otros campos del saber (Blythe &amp; Perkins, 1999).
De igual forma como se ha indicado en este documento, el tema elegido para la capacitación de los
docentes es el de áreas protegidas, con el fin de suministrar las herramientas académicas relacionadas con el
objeto de su aprendizaje. Lograda la formación de los docentes, se espera la transmisión de sus conocimientos a los estudiantes estableciendo la creatividad en ellos y estimulando unos saberes de forma significativa.
En relación con las áreas protegidas objeto de estudio de este artículo; fue preciso contar con las contribuciones de diferentes fuentes bibliográficas, algunas locales como el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible del gobierno colombiano y El Sistema de Parques Nacionales Naturales. Además, se
indagó en aquellas búsquedas que permiten un acercamiento al concepto de áreas protegidas y cómo estas
se pueden convertir en una estrategia didáctica para enseñar algunos conceptos de ecología, como son:
individuo, población, comunidad y ecosistemas.
Ahora bien, con el fin de contextualizarnos un poco frente al objeto de estudio de esta propuesta de este
artículo, que gira en torno a procesos ecológicos y que pretende articular las áreas protegidas en relación
a los conceptos de individuo, población, comunidad y ecosistema, es necesario considerar que el término
ecología surgió en 1866 con el zoólogo alemán Ernst Haeckel. (Nasón, 1991).
“El termino ecología deriva de las palabras griegas oikos, que significa “casa” y logia, que significa
“estudio de”. Literalmente la ecología es el estudio de la casa. El autor antes citado lo llamó Oecologie y
definió su ámbito de aplicación como el estudio de las relaciones entre los animales y su ambiente” (Smith
Smith, 2001).
De este modo, al hablar del concepto clave en la propuesta se abarca el de población, “el cual es un
conjunto de individuos de la misma especie que habitan un área determinada, que comparten cierto tipo
de alimentos y que, al reproducirse, intercambian información genética. Las poblaciones pueden ser mono
específicas u homogéneas o poli específicas y heterogéneas. Las primeras además de convivir en un área
determinada realizan el intercambio de información genética, de ahí que presenten los mismos parámetros
en términos de natalidad, mortalidad, crecimiento”. (González &amp; Medina, 1995).
3.- MÉTODO
Diseño
En este sentido, se utilizó el método basado en la acción participante; que permitió la recolección de
la información proporcionada por los docentes de la Institución Educativa Rural de Palermo, en relación
a sus prácticas pedagógicas y de esta manera se establecieron unas conclusiones o análisis a partir de sus
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experiencias.
Se considera importante señalar que el método acción participante se concibe como: “Un método de
estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando
la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar” (Nistal, 2008).
Debe señalarse, que en cuanto a lo cualitativo se resaltan las múltiples realidades subjetivas que derivan
de las prácticas pedagógicas y experiencias de los docentes en la enseñanza de las ciencias naturales en la
media académica.
Se utilizó un enfoque de investigación mixta, porque integró tanto elementos cualitativos como cuantitativos. En el aspecto cualitativo “proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa,
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias” (Hernández, 2010). En lo cuantitativo
porque “tiene en cuenta el fenómeno y sus componentes, define variables, ofrece predicciones y explica las
relaciones entre variables existentes” (Hernández, 2010).
Instrumentos
Se aplicaron encuestas a los docentes participantes evaluando las percepciones de los educadores a
través de la visita de campo.
Participantes
Se hizo intervención en la Institución Educativa Rural de Palermo, teniendo como muestra representativa a un grupo de veinte (20) docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental, de la formación
básica secundaria y media académica.
Procedimiento
Se desarrollaron las siguientes fases a fin de darle cumplimiento a los objetivos específicos: Para conocer los saberes previos de los docentes en relación a la planificación de sus clases; se desarrolló una encuesta diagnóstica, donde debían seleccionar si estaban completamente de acuerdo, en desacuerdo, acuerdo o
completamente en desacuerdo a algunas afirmaciones en aspectos tales como: Saberes previos, Objetivos
de clase , Uso de materiales, Actividades de aprendizaje, Gestión de aula-evaluación formativa, Realización
de proyectos pedagógicos, Sistematización de experiencias significativas e Integración de las TIC. Una vez
recabada la información se sintetiza a través de gráficos y luego se realizan las conclusiones a la luz de los
objetivos.
4.- RESULTADOS
El cuestionario contaba de cuatro opciones de respuesta (A. Completamente de acuerdo, B. De acuerdo,
C. En desacuerdo y D. Completamente en desacuerdo) fue realizado por 29 docentes de las Instituciones
educativas Rurales de Palermo, sede Caño Valle y la Institución Educativa l rural Palermo sede principal.

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Saberes Previos

Gráfico 1. Apreciación de Docentes del nivel de conocimiento de los estudiantes en la planeación de
las actividades

Fuente: Elaboración propia, 2018.
De acuerdo al grafico 1, el 89,99% (26 docentes) responden completamente de acuerdo cuando tiene
en cuenta el nivel de conocimeinto de los estudiantes al planear las actividades y el 10,34% (3 docentes)
responden de acuerdo.
Objetivos de la Clase
Gráfico 2. Apreciación de Docentes del diseño de las clases de ciencias

Fuente: Elaboracion propia, 2018.
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De acuerdo al grafico 2, el 93,10% (27 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
que las clases de ciencias estan diseñadas teniendo en cuenta los estandares basicos de competencias y los
DBA (Desempeños Basicos de Aprendizaje) y el 6,90% (2 docentes) responden de acuerdo.
Gráfico 3. Apreciación de Docentes sobre la planeación de los objetivos de la clase

Fuente: Elaboracion propia
De acuerdo al grafico 3, el 93,10% (27 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
que la planeación del objetivo de la clase orienta a los estudiantes en la actividad y su propósito y el 6,90%
(2 docentes) responden de acuerdo.
Gráfico 4. Apreciación de Docentes sobre la relación entre las actividades y el objetivo

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al grafico 4, el 96,55% (28 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
que las actividades estan relacionadas con el objetivo de aprendizaje y el 3,45% (1 docentes) responden de
acuerdo.
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Uso de Material

Gráfico 5. Apreciación de Docentes sobre el uso de material educativo

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al grafico 5, el 82,76% (24 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
sobre el uso de material educativo para el desarrollo de la clase el 13,79% (4 docentes) responden de acuerdo y solo 1 docente responde que esta en desacuerdo.
Actividades de Aprendizaje
Gráfico 6. Apreciación de Docentes sobre el uso de material educativo y la promoción del aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al grafico 6, el 68,97% (20 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
sobre el uso de material seleccionado y la promocion del aprendizaje en el mas alto nivel previsto y el
31,03% (9 docentes) responden de acuerdo.
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Gráfico 7. Apreciación de Docentes sobre la inclusión de actividades que refuerzan competencias y
componentes en ciencias naturales

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al grafico 7, el 75,86% (22 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
sobre la inclusion de actividades que refuerzan competencias y componentes en ciencias naturales y el
24,14% (7 docentes) responden de acuerdo.
Gráfico 8. Apreciación de Docentes sobre la organización de grupos de aprendizaje cooperativo

Fuente: Elaboracion propia.
De acuerdo al grafico 8, el 72,41% (21 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
sobre la organización intencional de grupos cooperativos par apoyar el aprendizaje de los estudiantes y el
27,59% (8 docentes) responden de acuerdo.
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Gestión de Aula- Evaluación Formativa

Gráfico 9. Apreciación de Docentes sobre el proceso de evaluación en las clases

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al grafico 9, el 93,10% (27 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
sobre tener en cuenta el proceso evaluativo en las clases mientras el 6,9% (2 docentes) responden de acuerdo.
Gráfico 10. Apreciación de Docentes sobre la planeación detallada de la clase

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al gráfico 10, el 89,66% (26 docentes) responden completamente de acuerdo cuando opina
sobre tener en cuenta la planeacion detallada de las clases mientras el 10,34% (3 docentes) responden de
acuerdo.
Realización de proyectos pedagógicos e investigativos que promuevan el aprendizaje.
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Gráfico 11. Apreciación de Docentes sobre la realización de proyectos pedagógicos e investigativos

Fuente: Elaboracion propia.
De acuerdo al grafico 11, En el aspecto realización de proyectos pedagógicos e investigativos que promuevan el aprendizaje, el 27,59% (8 docentes) responde con la menor calificación y el 17,24% (5 docentes)
responde con la mayor calificacion. Obteniendose un promedio de 2,82 en este aspecto.
Apreciación de Docentes sobre la sistematización de experiencias significativas.
Gráfico 12. Sistematización de experiencias significativas.

Fuente: Elaboracion propia.
De acuerdo al grafico 12, el aspecto sistematizacion de experiencias signficativas, el 13,79% (4 docentes) responde con la menor calificación, mientras que el 44,83% (13 docentes) responde con la mayor
calificacion. Obteniendose un promedio de 3,69 en este aspecto.
Integración de las tecnologías de la información y comunicación en su práctica pedagógica.

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Gráfico 13. Apreciación de Docentes sobre la integración de las TIC a la práctica pedagógica

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al grafico 13, el aspecto Integración de las tecnologías de la información y comunicación en
su práctica pedagógica, el 17,24% (5 docentes) responde con la menor calificación, mientras que el 44,83%
(13 docentes) responde con la mayor calificacion. Obteniendose un promedio de 3,79 en este aspecto.
Generación de procesos creativos al interior del aula de clase.
Gráfico 14. Apreciación de Docentes sobre la realización de proyectos pedagógicos e investigativos

Fuente: Elaboración propia.
Según el grafico 14, en el aspecto Generación de procesos creativos al interior del aula de clase, el
17,24% (5 docentes) responde con la menor calificación, mientras que el 58,62% (17 docentes) responde
con la mayor calificacion. Obteniendose un promedio de 4,0 en este aspecto.

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Apropiación de la bioética en las prácticas de enseñanza
Gráfico 15. Apreciación de Docentes sobre la apropiación de la bioética en las prácticas de enseñanza

Fuente: Elaboración propia.
En el grafico 15, el aspecto Apropiación de la bioética en las prácticas de enseñanza, el 20,69% (6
docentes) responde con la menor calificación, mientras que el 24,14% (7 docentes) responde con la mayor
calificacion. Obteniendose un promedio de 3,2 en este aspecto.
5.- CONCLUSIONES
Se cumplió a cabalidad con el desarrollo de los objetivos propuestos. En cuanto al objetivo general se
desarrolló la propuesta didáctica a través de las diferentes actividades lúdicas de forma más amena a los
estudiantes y para identificar las riquezas naturales del corregimiento de Palermo, caño clarín y caño valle
localidades pertenecientes al municipio de sitio nuevo magdalena, a través de sus áreas protegidas como lo
es el parque vía Isla Salamanca. Las apreciaciones de los docentes en el aspecto de planificación de la clase
muestran altos resultados en relación con: el nivel de conocimiento de los estudiantes, el cumplimiento de
los objetivos planteados, el uso del material didáctico disponible para el desarrollo de las actividades de
aprendizaje y la gestión de la evaluación. Sin embargo, las apreciaciones docentes presentan que se debe
mejorar en aspectos como la realización de proyectos pedagógicos e investigación que promuevan el aprendizaje y en la apropiación de la bioética en las prácticas de enseñanza.
Finalmente, el impacto que generó la estrategia didáctica a través de la salida de campo que se realizaron los días 20 de abril ,15 de mayo de 2018, en el sector de caño Valle, caño Clarín y sede principal del
IED zona rural de Palermo, corregimiento de Sitio Nuevo departamento del Magdalena, la práctica fue muy
positiva, por toda la dinámica de saberes y experiencias que generó en los maestros y alumnos y que les
permitió adquirir herramientas para fortalecer sus procesos pedagógicos y de aula. Se recomienda seguir
fortaleciendo al interior de las I.E del municipio de Palermo, la enseñanza de la educación ambiental desde
una mirada interdisciplinar; que permita el reconocimiento de las áreas protegidas del municipio no solo
para la conservación de sus especies en fauna y flora; sino como eje articular de nuevas formas de acceder al
conocimiento del entorno biológico. A continuación, se presentan algunos aspectos que se podrían realizar
en un futuro para emprender investigaciones similares o fortalecer la investigación realzada:
Incorporar dentro del currículo un área o subtema de obligatorio la consecución; en torno a las áreas
protegidas como lo es el parque vía isla salamanca, con el objeto de empezar a conocer las riquezas que se
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México, ISSN 2395-8448. pp 75-89. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/104

�Estrategias didácticas para la enseñanza...

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tienen; y que perfectamente se articulan a la enseñanza de las ciencias naturales. Seguir capacitando a los
docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental, de las diferentes instituciones educativas
del corregimiento de Palermo, en los contenidos disciplinares de su área, para cualificarlos y contar con
diversas estrategias didácticas y métodos mediados a través del uso de las TIC para hacer más llamativo el
proceso de enseñanza en los estudiantes. Contar con diversos agentes del sector público como privado y
de los directos responsables del proceso educativo (secretaria de educación municipal-alcaldía municipal,
secretaria de medio ambiente y desarrollo agropecuario) para realizar e incentivar este tipo de actividades
y salidas de campo de forma regular, a las zonas de reserva para medir los niveles de impacto que se están
generando en estos corredores biológicos y desde el campo generar diferentes proyectos de investigación
que den cuentan de las problemáticas locales más relevantes. Seguir fortaleciendo comunidades de aprendizaje con las entidades municipales.
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                    <text>Año. 4, No 7, Enero-Junio 2018. ISSN 2395-8448

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Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o los autores

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de
Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-95,
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Presidente Vicepresidente
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Universidad de San Diego Universidad de Concepción
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EQUIPO EDITORIAL
Director
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Factultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones
Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía

Editores
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Dr. Francisco Gorjón Gómez
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Asistentes Editoriales:
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Los derechos de copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Se autoriza la reproducción
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�Presentación

La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral en los
campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la promoción del
desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con responsabilidad ética,
compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y latinoamericana. La
revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, revista científica de esta institución, se articula a todas
las instancias de este proyecto.
Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en el sistema
Open Access, desde enero de 2015. Busca convertirse en un medio insoslayable para la publicación de
artículos científicos, inéditos, y producto de una investigación en español e inglés, de autores nacionales
e internacionales los cuales ceden todos los derechos de publicación al editor, sometiéndose los artículos
a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble ciego, a fin de liderar un espacio de promoción del
desarrollo científico, el aprendizaje y el desarrollo desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Autónoma de
Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio para la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y social, en el entorno local, nacional e
internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación superior,
funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento. A través de esta revista
científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el desarrollo de la ciencia política,
incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo de colaboradores está comprometido con el
fortalecimiento de los criterios de calidad científica, editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.
Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote integral
education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it fosters cultural and
ideological development of society. This institution is in charge of forming responsible and ethical leaders
who must have historical commitment and who must have the purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific
journal of this institution, links directly to all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of publishing scientific
articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English, by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process,
Double Blind Review, before they are selected to be published in order to achieve the goal of promoting
scientific development and learning in Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of The School of Political Science and
International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection and critical debate in order

�to construct knowledge that will end up enriching academic, organizational and social development in
local, national and international contexts. Política, Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers,
students, public officials, businessmen, trade associations and the entire knowledge society. Intellectual
production and research done for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor
crew is committed to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the
new Redalyc Model guidelines.

�Tabla de Contenido
Editorial.......................................................................................................................................................11
De la democracia participativa al gobierno Abierto: hacia una delimitación conceptual...............................................................................................................................................................14
From participatory democracy to Open government: towards a conceptual delimitation
Carlos Gómez Díaz de León, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
La transformación biopólítica del Estado-Nación “El arte de gobernar a las poblaciones en el neoliberalismo”...........................................................................................................................................................31
The bio-political transformation of the Nation-State “The art of governing populations in neoliberalism”
Gustavo García Rojas, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
The political communication as an influencer of public opinion on human rights issues. Case Study:
San Salvador Atenco...................................................................................................................................42
La comunicación política como un influenciador en asuntos de derechos humanos. Caso de Estudio: San
Salvador Atenco
Pedro Rúl, Rivera-Hernandez
Felipe de Jesús, Marañon-Lazcano, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y América Latina en las primeras década del
siglo XXI......................................................................................................................................................55
Diplomatic relations of Mexico with the United States and Latin America in the first decades of the 21st
centurySan Salvador Atenco
José Manuel, Vázquez-Godina, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Turbulencia con los datos personales, entre lo Público y lo Privado.....................................................68
Turbulence of Personal Data, between Public and Private
José Guillermo, García-Murillo, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Percepción de las instituciones formales e informales en la formación ciudadana de las Niñas y los Niños................................................................................................................................................................82
Perception of formal and informal institutions involved in the civic education of children
Moncerrat, Arango Morales, Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Politica Editorial.........................................................................................................................................95

�11
Editorial

Jorge Isaac Lechuga-Cardozo
Coeditor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0002-0999-5468
Cómo referenciar la editorial:
Lechuga-Cardozo, J. (2018). Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 11-28. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/94/83
Hoy por hoy gran parte del mundo ha sido testigo de transformaciones fundamentales, tanto en las relaciones entre los estados y sus sociedades nacionales, así la emergencia de las redes sociales, la revolución
de las telecomunicaciones, la tendencia al multilateralismo y la diversificación de los asuntos políticos,
exigen de la política actual sea un instrumento para la negociación, el intercambio de ideas y la acción, lo
que supone un reto para los actores gubernamentales. En este sentido, el presente volumen, los autores,
muestran resultados de sus investigaciones relacionadas democracia, gobierno, comunicación política, diplomacia y Habeas data.
De modo que la revista Política, Globalidad y Ciudadanía, revista científica editada por la Facultad de
Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consiente de
la necesidad del estudio y reflexión de las ciencias sociales, presenta a la comunidad académica-científica,
nacional e internacional un nuevo número, en la que se pueden consultar investigaciones relacionadas con
las distintas áreas de las ciencias sociales. Como es el caso de la investigación desarrollada por Carlos Gómez Díaz de León, presenta un estudio cuyo objetivo consistió en consistió en reflexionar sobre el concepto
de democracia como una forma de participación política de la sociedad en su conjunto. Se concluyó, que
las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas han provocado reformas trascendentales en el
modelo de gobierno, afectando de esta manera el funcionamiento de las democracias modernas.
Por su parte, Gustavo García Rojas, presenta un artículo producto de una revisión bibliográfica con
el objetivo de debatir sobre las transformaciones conceptuales clave en lo referente al papel del estado o
el “arte de gobernar” desde la postura crítica de la biopolítica. Se encontró que se articula este cambio de
concepciones histórico con las formulaciones críticas de la colonialidad y la forma política del estado de
excepción en la trayectoria de transformaciones que ha tenido el papel del estado-nación como forma privilegiada de poder en el capitalismo. En el presente capitulo se abordará de manera general.
Asimismo, Pedro Paul Rivera Hernández y Felipe de Jesús, Marañón-Lazcano presentan un artículo
el cual tuvo como objetivo analizar el impacto de la comunicación política en el estudio de caso de San
Salvador Atenco, donde las fuerzas policiales y los ciudadanos se enfrentaron, generando una serie de
violaciones de los derechos de este último y afectando la imagen de los políticos asociados con el tema,
se concluye haciendo una reflexión de la contribución que la mediación tiene en la búsqueda del respeto
a los derechos humanos y cómo esta afecta la percepción de los actores políticos involucrados en el caso.
Al mismo tiempo, José Manuel Vázquez Godina en su artículo cuyo objetivo fue analizar las Relaciones Diplomáticas a lo largo del tiempo de México con Estados Unidos y México con América Latina. Se
encontró que las relaciones que México ha sostenido con Estados Unidos y Latinoamérica han sido controvertidas, esto ha generado que los objetivos de la política exterior de México planteados por los diferentes
jefes de estado consideren como una variable de mayor influencia al país vecino del norte.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/9

�12
Ahora bien, José Guillermo García Murillo en su artículo cuyo objetivo consistió en mostrar evidencia del Hábeas Data como un instrumento en el sistema Jurídico Mexicano. Se encontró que La protección
de datos personales en México reviste de una garantía Constitucional y facultades conocidas como derechos
ARCO, vinculándose a la esfera del derecho a la información y libertad de expresión, pero, además, como
un límite para proteger la privacidad, intimidad y la dignidad de los individuos. El límite del derecho a la
información es el respeto que debe de tenerse a la vida privada de las personas quienes son las únicas facultadas para dar su consentimiento y que se pueda difundir su información.
Finalmente, es importante resaltar, que el presente número de la revista Política, Globalidad y Ciudadanía comprende el análisis y reflexiones de diversos asuntos de las ciencias sociales con el ánimo de
contribuir a un debate con pares de diferentes instituciones y cooperar de nuevos conocimientos que generen aportación social.
Editorial
Jorge Isaac Lechuga-Cardozo
Coeditor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
https://orcid.org/0000-0002-0999-5468
Today, a great part of the world has witnessed fundamental transformations, both in relations between
states and their national societies, as well as the emergence of social networks, the telecommunications
revolution, the tendency to multilateralism and the diversification of political affairs demand the current
politics be an instrument for negotiation, the exchange of ideas and action, which is a challenge for governmental actors. In this sense, the present volume, the authors show results of their research related to
democracy, government, political communication, diplomacy and Habeas data.
So that Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, a scientific journal edited by the School of Political Sciences and International Relations of Universidad Autónoma de Nuevo León, aware of the need for
the study and reflection of social sciences, presents the national and international academic - scientific community a new number in which you can consult research related to the different areas of social sciences. As
is the case of the research carried out by Carlos Gómez Díaz de León, he presents a study which objective
was to reflect on the concept of democracy as a form of political participation of society as a whole. It was
concluded that the economic, social and technological transformations have caused transcendental reforms
in the government model, that affect the functioning of modern democracies.
On the other hand, Gustavo García Rojas, presents an article that is the product of a bibliographic review with the objective of discussing the key conceptual transformations regarding the role of the state or
the “art of governing” from the critical position of biopolitics. It was found that this change of historical
conceptions is articulated with the critical formulations of coloniality and the political form of the state of
exception in the path of transformations that the role of the nation-state has had as a privileged form of
power in capitalism. This chapter will be addressed in a general way.
Likewise, Pedro Paul Rivera Hernández and Felipe de Jesús, Marañón-Lazcano present an article
which aimed to analyze the impact of political communication in the case study of San Salvador Atenco,
where police forces and citizens clashed, generating a series of violations of the rights of the latter and
affecting the image of the politicians associated with the issue, it is concluded by reflecting on the contribution that mediation has in the search for respect for human rights and how this affects the perception of the
political actors involved in the case.
At the same time, José Manuel Vázquez Godina in his article, which objective was to analyze DiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/9

�13
plomatic Relations throughout the time between Mexico and the United States, and between Mexico and
Latin America. It was found that the relations that Mexico has had with the United States and Latin America
have been controversial, this has generated that the objectives of Mexico’s foreign policy proposed by the
different heads of state consider the neighboring northern country as a variable of greatest influence.
Now, José Guillermo García Murillo in his article, which objective was to show evidence of Habeas
Data as an instrument in the Mexican Legal System, it was found that the protection of personal data in
Mexico has a Constitutional guarantee and powers known as ARCO rights, linking to the sphere of the right
to information and freedom of expression, but also as a limit to protect the privacy, intimacy and dignity of
individuals. The limit of the right to information is the respect that must be given to the private life of people
who are the only ones empowered to give their consent for their information to be disseminated.
Finally, it is important to highlight that the present issue of the journal Revista Política, Globalidad
y Ciudadanía includes the analysis and reflections of various social science issues with the aim of contributing to a debate with peers from different institutions and cooperating with new knowledge that generates
social contribution.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/9

�14
De la democracia participativa al gobierno abierto: hacia una delimitación conceptual
From participatory democracy to open government: towards a conceptual delimitation
Carlos Gómez Díaz de León1
Universidad Autónoma de Nuevo León
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.7-1 			

https://orcid.org/0000-0001-6796-5569

RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en reflexionar sobre el concepto de democracia como una forma de participación política de la sociedad en su conjunto. Se aplicó el método de
análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras
la revisión documental se encontró que: debido a las profundas transformaciones que se viven a nivel mundial producto
de los distintos movimientos sociales, políticos y económicos, inducen a la reflexión serena y aguda sobre las mejores
formas de organizar las instituciones gubernamentales y sobre todo el papel del ciudadano en los sistemas políticos. Se
concluye que las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas han provocado reformas trascendentales en el
modelo de gobierno, afectando de esta manera el funcionamiento de las democracias modernas.
Palabras clave: Democracia, Gobierno, Gobierno Abierto, Legitimidad Democrática, Participación Ciudadana.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, which objective was to reflect on the concept of democracy as a
form of political participation of society as a whole. The method of analysis was applied, with a qualitative approach,
non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review, it was
found that: due to the profound transformations that are experienced worldwide as a result of the different social, political and economic movements, they induce a serene and acute reflection on the best ways to organize government
institutions and especially the citizen’s role in political systems. It is concluded that the economic, social and technological transformations have caused transcendental reforms in the government model, thus affecting the functioning of
modern democracies.
Key words: Democracy, government, open government, democratic legitimacy, citizen participation.

Cómo referenciar este artículo:
Gómez Díaz, C. (2018). De la Democracia participativa al Gobierno Abierto: hacia una delimitación conceptual.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 14-30. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/
article/view/86
Recibido: 05 de Julio 2017 - Aceptado: 30 de Agosto 2017

1
Doctorado en Derecho Público en Sceaux Francia, Docente Investigador en la Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Publica, Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: dr.cgomez56@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 14-30. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/86

�De la Democracia participativa al Gobierno Abierto...

1.

INTRODUCCIÓN

Desde los tiempos más remotos de la historia de la humanidad los hombres se han preocupado por
organizar su comunidad a fin de decidir sobre los aspectos que conciernen a todos, a la colectividad. Esta
actividad es precisamente lo que conocemos como política; la sociedad se organiza por medio del gobierno,
y de acuerdo con los teóricos y filósofos de la ciencia política, la mejor forma de participar en este proceso
ha sido la democracia.
Muy probablemente ningún otro concepto haya sido tan analizado en la historia de la teoría y la filosofía
política como este último concepto, la democracia. En efecto, a pesar de contar con más de dos siglos y
medio de existencia como categoría social y de una experiencia efímera en la antigua Grecia, la democracia sigue siendo hoy, en pleno siglo XXI objeto de debates y controversias entre politólogos y académicos
sociales que tratan de explicar sus condiciones, características, valores, medios, contextos, etc. Sin lugar a
dudas es lícito afirmar que la democracia se ha convertido en el modelo moderno de sistema de gobierno
por excelencia.
El proceso de desarrollo histórico del concepto desde la acuñación del concepto por parte de los antiguos griegos ha venido renovando su significado llevándola a diversos momentos y características que han
dado lugar a calificativos que pueden ser contrastados y que revisten una connotación muy diversa. Desde
las célebres clasificaciones de Aristóteles de las distintas formas de gobierno, pasando por Maquiavelo
clasificación de las formas de organización de los Estados, y con la caracterización de la democracia que
nos ofrece Tocqueville, hasta la identificación de las condiciones actuales que conforman los modelos democráticos modernos (Sartori, 2008; Bobbio, 2000; Cerroni, 1997, entre otros filósofos políticos recientes).
Por eso, como bien lo señala Bovero de una forma muy original y analógica (2002), en la era moderna del
concepto y para su construcción teórica y empírica es necesario agotar su “gramática”, y podemos pasar de
los sustantivos o la cosa por definir, a los adjetivos, es decir a los calificativos o modalidades, y de éstos a
los verbos de la democracia, es decir las dinámicas que involucra, y con ello no agotaríamos los diversos
ángulos bajo los cuales puede analizarse esta institución.
Por lo anteriormente expuesto, el tema resulta de especial interés en momentos en que se están viviendo
profundas transformaciones a nivel mundial producto de movimientos sociales, económicos y políticos que
inducen a la reflexión serena y aguda sobre las mejores formas de organizar las instituciones gubernamentales y sobre todo el papel del ciudadano en los sistemas políticos. Esto último en razón de la potencialización que han dado a la participación ciudadana dos fenómenos estrechamente relacionados y que afectan
directamente el funcionamiento y la dinámica gubernamental. Primeramente, el vertiginoso desarrollo tecnológico del sector de telecomunicaciones, información digital, ingeniería artificial, robótica, entre otros
aspectos. Desde la perspectiva de la comunicación y la información este extraordinario desarrollo ofrece
una ventana de interacción entre el gobierno y el ciudadano que incluso se convierte en un desafío por la
necesidad de su adecuada regulación y uso mesurado. En segundo lugar, desde la perspectiva de la sociedad
civil, la emergencia de las redes sociales como consecuencia del desarrollo tecnológica arriba mencionado,
proporciona mayores espacios de comunicación, reflexión, organización e intervención de la ciudadanía en
los asuntos públicos.
En este contexto, la categoría gobierno también se ha visto influenciada por los vertiginosos cambios en
el entorno global y local en función de las exigencias ciudadanas de mayor eficacia, calidad y posibilidades
de participación en los procesos deliberativos de las políticas públicas. Como veremos en este trabajo la
categoría ha llegado a su punto más actual con la caracterización del Gobierno Abierto. Se identifica como
un modelo de gestión (Mariñez Navarro, 2013, pág. 42); implica un conjunto de cambios en la perspectiva
de la cultura organizacional y de gestión. Con la interacción de sus elementos rectores que son la transparencia, la participación y la colaboración, y su plataforma que son las tecnologías de la información, el
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 14-30. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/86

15

�16

Díaz de León, C.

gobierno abierto se ha convertido en una nueva forma de fortalecimiento de las capacidades del gobierno y
la modernización de la administración pública (Mariñez Navarro, pág. 43).
La crisis gubernamental en términos de eficiencia, eficacia y legitimidad (Cabrero: 1997), va conformando condiciones de ingobernabilidad en las cuales se ponen en entredicho las capacidades gubernamentales para dirigir y dar cumplimiento a los objetivos del Estado en términos de progreso, estabilidad y paz
social. Es por ello que a partir del último tercio del siglo XX aparece el concepto de gobernabilidad y en la
última década como una extensión de éste los analistas y académicos han acuñado el término gobernanza
apelando a una nueva forma de gobernar a la sociedad con la sociedad. Si a ello añadimos el espectacular
desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y en general de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´S), ello ha contribuido a revitalizar un concepto referido a esta colaboración entre ciudadano
y gobierno, por un lado, y la utilización de las tics para fomentar, mejorar y hacer eficiente el proceso de
gobierno, por otro, con lo cual aparece el concepto o más bien categoría social de Gobierno Abierto. En
esta forma, se articula una relación muy estrecha entre los elementos del modelo democrático con los
paradigmas que las nuevas tecnologías abren a las reformas del Estado moderno y en particular desde la
perspectiva de la participación.
En este marco general, en el presente trabajo partiremos del análisis teórico de los elementos de la
democracia moderna a partir de los postulados de Tocqueville y que conforman el centro de la teoría democrática liberal es decir la igualdad y la libertad, para ir explicando su derivación al modelo representativo
y posteriormente su gradual transformación hacia el gobierno abierto. Para ello analizaremos también los
postulados del régimen de derecho que garantiza el modelo democrático y todo el entramado institucional
que da el marco normativo al proceso de gobierno acorde a la estructura institucional de la división de poderes propuesta por la teoría clásica de Montesquieu.
Metodológicamente, desde un enfoque cualitativo se utilizará el análisis discursivo a partir de los textos
de Tocqueville, Bobbio, Bovero, Cerroni, Sartori y algunos clásicos de la ilustración francesa. Para ello
se discurrirá sobre la evolución de la democracia directa hacia la democracia representativa hasta analizar
las características de los alcances que tiene el gobierno abierto desde la perspectiva democrática. El punto
central del análisis será la participación como un componente indispensable del modelo democrático y su
legitimidad como factor de permanencia. La hipótesis del trabajo plantea que, a través de la participación
colaborativa del ciudadano en la gestión pública, el Gobierno Abierto se convierte en un elemento revitalizador de la democracia en este siglo XXI. Específicamente, partimos de la premisa que la fortaleza y la funcionalidad del acceso a la información como derecho ciudadano, de la transparencia como política pública,
de la rendición de cuentas como mecanismo de responsabilización, y la colaboración como característica
funcional, constituyen las bases de una administración abierta y de un gobierno democrático fundado en el
Estado de derecho.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La democracia de Tocqueville
Para propósitos del presente trabajo, partiremos de la noción de democracia que nos ofrece uno de los
autores que con mayor lucidez y al mismo tiempo simplicidad ha estudiado el modelo democrático. Sobre
una metodología comparativa y empírica, Alexis de Tocqueville nos ofrece un retrato inigualable de la democracia como sistema de gobierno al describir el sistema político norteamericano. La base sobre la cual se
genera según este autor el modelo democrático es la igualdad de condiciones (Tocqueville, 2012, pág. 31).
Considera que el desarrollo de esta cualidad además de ser providencial tiene las siguientes características:
“universal, durable, que escapa a la potestad humana y todos los acontecimientos, como todos los hombres,
sirven para su desarrollo” (pág. 33). Si bien considera también a la libertad como un valor intrínseco a la
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democracia, la subordina a la igualdad como producto precisamente de ese factor generador que es la igualdad de condiciones. Esto lo explica magistralmente al ponderar la igualdad versus la libertad en la segunda
parte del segundo volumen de su obra al expresar: “No difiriendo entonces ninguno de sus semejantes, nadie podrá ejercer un poder tiránico, pues en este caso, los hombres serán perfectamente libres, porque serán
del todo iguales, y perfectamente iguales porque serán del todo libres, siendo este el objeto ideal hacia el
cual propenden siempre los pueblos democráticos” (pág. 463). Para complementar el modelo, Tocqueville
coincide con sus contemporáneos (Rousseau y Montesquieu) en el sentido que la soberanía reside en el
pueblo y nos explica los principios de representación y del gobierno de la mayoría. En Norteamérica nos
dice este autor, “el pueblo nombra a quien hace la ley y a quien la ejecuta (…) nombra directamente a sus
representantes y los escoge cada año, a fin de tenerlos completamente bajo su dependencia”, también integra los jurados que castigan las infracciones a la ley, y finalmente concluye, “la mayoría es la que gobierna
en nombre del pueblo” (pág. 191). En este breve análisis incluye los tres poderes que constituyen la base del
modelo democrático sustentado en la división de poderes propuesto por Montesquieu Con estos elementos
conceptuales ofrecidos por Tocqueville se construyen los argumentos y estudios que han conformado la
teoría democrática identificada como formal en los debates modernos sobre la democracia y que veremos
con más detalle en el siguiente apartado.
De la democracia formal a una democracia representativa
En la historia del pensamiento político la democracia se ha convertido en el valor ideal de las formas
de gobierno modernas. A pesar de algunas críticas derivadas de visiones limitadas, las cuales sin lugar a
dudas no tienen fundamentación sólida, ya que consideran que esta forma de gobierno nacida en la tradición
teórica occidental de la antigua Grecia no es aplicable en ciertos contextos como es el caso de las culturas
orientales y de países pobres, en los cuales este sistema ha tenido un desempeño más deficiente que los
regímenes autoritarios (Sen: 2007), el modelo democrático es el “menos peor de los regímenes políticos”,
o de manera positiva la mejor forma de gobierno y organización política y social.
Desde la perspectiva de la teoría clásica de la democracia liberal (Bobbio, 2002; Sartori, 2008), los
sistemas políticos modernos y que además pueden caracterizarse como democráticos están sustentados en
dos sólidos pilares: en primer lugar, un conjunto de normas jurídicas que regulan el funcionamiento orgánico del sistema, así como las relaciones necesarias entre los actores participantes en el juego político. Esto
constituye precisamente el régimen de derecho que se constituye en la piedra angular del sistema.
En segundo lugar, ante la imposibilidad de que la sociedad en su totalidad, es decir de que todos y cada
uno de los individuos integrantes de la comunidad política puedan participar directamente en las decisiones
públicas, aparece la institución de la representación como un componente fundamental de las democracias
modernas y que permite un funcionamiento relativamente ágil y eficaz del sistema político.
Así, la democracia se construye a partir de un sistema institucional y complejo de separaciones y equilibrios entre poderes, un entramado de límites y vínculos a su ejercicio, de garantías establecidas para la
tutela de los derechos fundamentales, de técnicas de control y reparación frente a sus violaciones y de una
continua comunicación entre autoridad y ciudadano que vitaliza la legitimidad del proceso de gobierno.
Este complejo sistema de vínculos y equilibrios, desde la perspectiva formal, no es otra cosa que el
régimen de derecho en sentido restringido. En sentido amplio esta ingeniería institucional es el marco
constitucional que regula el funcionamiento de las instituciones públicas y que se convierte en la garantía
fundamental de la democracia y desde el punto de vista sustancial, es decir como sistema de derechos fundamentales establecidos frente a cualquier tentación despótica en el ejercicio del poder, en garantía de la
igualdad y de la representación de las necesidades de todos.
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En palabras de Cerroni (1991) estos procedimientos y controles establecidos como garantía de la representación y del principio de la mayoría integran las reglas de la democracia moderna. Junto a estas dos
reglas encontramos las referidas a otros elementos constitutivos del juego democrático:
•

•
•
•
•
•
•

Regla del consenso: condición sine qua non; es la institucionalización de la confrontación pública, a través de la cual las opiniones y las preferencias dejan de ser idiosincrasia privada, pueden
matizarse, corregirse y modelarse por acción recíproca, converger y reagruparse, y de esta manera
constituir la base de decisiones (públicas) ponderadas.
Regla de la competencia: confrontación de opiniones y competidores
Regla de la mayoría: ninguna decisión tomada por la mayoría debe limitar los derechos de las
minorías
Regla de la minoría: posibilidad de alternancia
Regla del control: poder controlable
Regla de la legalidad: sin violencia
Regla de la responsabilidad: cada uno es responsable de conformar la voluntad general, el interés
público, sacrificando otros intereses.

En esta forma, el modelo democrático procesal-formal se estructura normativamente mediante este
conjunto de reglas, pero no logra asegurar la participación efectiva de amplios grupos de la sociedad en la
toma de decisiones. Por ello es necesario encontrar fórmulas que fomenten esa participación ciudadana a
través de mecanismos y canales plurales y abiertos a la expresión de la ciudadanía. Es a través del capital
social que se legitima el régimen al incorporar a la sociedad civil en los objetivos sociales comunitarios.
Por otra parte, en estrecha relación con el tema de la participación, desde la evolución de la teoría institucional se va conformando un marco teórico sobre la importancia de las relaciones, las normas y los valores2 en los procesos de desarrollo democrático y va construyéndose la noción de capital social (Kliksberg:
2004) y sus implicaciones sobre las políticas públicas, sobre todo en las orientadas hacia la lucha contra la
desigualdad, la pobreza y la marginalidad. El sustrato esencial de esta noción son las relaciones que derivan
de la participación de los individuos y grupos en objetivos comunes. Es precisamente a partir de esos objetivos comunes que podemos incorporar este concepto de capital social a nuestro análisis político.
Con base en estos tres componentes, democracia, capital social y participación, constituyen los principales fundamentos teóricos de cada uno de estos constructos sociales y se trata de vincularlos en la búsqueda de un modelo que articule la participación ciudadana para lograr las metas del desarrollo democrático.
De la democracia representativa a la democracia participativa.
En este marco conceptual, debemos de entender por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación
posible de los interesados (Bobbio, 1984). Estas reglas establecen: quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y, bajo qué procedimientos. Respecto de la modalidad de decisión, la regla básica de la
democracia es la regla de la mayoría.
Es necesario que los representantes, es decir, aquellos llamados a tomar decisiones o que seleccionen
a quiénes van a tomar las decisiones, cuenten con alternativas reales y estén en condiciones de elegir entre
unas y otras. Quienes deciden deben tener garantizados los derechos de opinión, expresión, reunión, asociación, etc. (los derechos “inviolables” del individuo).
2

Entre estos valores destacan: confianza, reciprocidad, asociavitidad, civismo, ética.
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Por otra parte, según Robert Dahl (1999: p. 47), existen cinco criterios que un gobierno democrático
debe satisfacer a fin de asegurar que todos los miembros de la sociedad sean políticamente iguales: 1) Participación efectiva; 2) Igualdad de voto; 3) Alcanzar una comprensión ilustrada; 4) Ejercitar el control final
sobre la agenda; 5) Inclusión de los adultos.
A su vez, la satisfacción de estos estándares exige un sistema institucional que cumpla con ciertas características: primero, que esté a cargo de representantes electos; segundo que garantice elecciones libres,
limpias y frecuentes; tercero que garantice la libertad de expresión; cuarto que provea información alternativa; quinto que permita la libertad y la autonomía asociativa; y, sexto, que incluya en la ciudadanía a la
totalidad de los adultos.
Sin embargo, desde la perspectiva de O’Donnell, las modernas democracias son democracias en el
sentido de que cumplen con los criterios de Robert Dahl antes mencionados, pero no son democracias
representativas y menos aún participativas, por lo que las denomina democracias delegativas. Este tipo de
democracias las concibe más bien como una disfunción de la democracia ante la falta de representatividad
de los intereses colectivos, así como de un control efectivo sobre ellos, con lo que busca expresar una forma
de gobierno autoritaria legitimada a través de elecciones democráticas, en el marco de una estructura administrativa autoritaria. Del planteamiento de Dahl llama la atención su reiterada insistencia por el control
de la agenda pública por parte de la ciudadanía como un mecanismo de ajuste permanente para garantizar
la efectiva representatividad de los intereses de la sociedad. Por ello insiste en revisar y controlar ciertos
aspectos a fin de reducir los riesgos de la degeneración a un sistema oligárquico. Estos son: 1) La estabilización de las desigualdades sociales; 2) la deformación de la conciencia cívica; 3) la distorsión de la agenda
pública y, 4) la usurpación del control final sobre la política.
Como podemos apreciar, estas ideas nos advierten las limitaciones del enfoque reduccionista de la democracia a elecciones y votos. Además, se circunscribe al ámbito político.
Superando este enfoque formalista, Bobbio, afirma que la democracia representativa quiere decir que
las deliberaciones colectivas, es decir, las deliberaciones que involucran a toda la colectividad no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin. De esta forma,
en un Estado representativo, las principales deliberaciones políticas son realizadas por los representantes
elegidos, en este caso, el titular del Poder Ejecutivo y los representantes en el Poder Legislativo, tanto en
el ámbito federal, como estatal y municipal. No obstante, Bobbio (1986) considera que una de las tareas
pendientes de la democracia es rebasar el ámbito estrictamente político y trascender a los espacios empresariales y de los aparatos administrativos. El desarrollo de la democracia debe medirse a partir del incremento
no tanto de los que tienen derecho a participar sino de los espacios para la participación. Es aquí donde se
abre la ventana del gobierno abierto como condicionante del desarrollo democrático. Mientras en los dos
grandes sectores de poder que caracterizan a las sociedades avanzadas, a saber, las empresas y el aparato
administrativo, no se vean procesos democráticos en los cuales se tengan espacios de participación, la democracia estará muy limitada. Esa es la oportunidad que ofrece el Gobierno Abierto.
Guillermo O’Donnell señala que la representación implica, por un lado, el reconocimiento del derecho
de los representantes de hablar en nombre de los que dicen representar y, por otro lado, la capacidad de los
representantes de lograr que los representados concuerden habitualmente con lo que ellos deciden.
Las democracias representativas que nosotros conocemos son democracias en las que por representante
se entiende una persona que tiene las siguientes características:
•

En cuanto goza de la confianza del cuerpo electoral, una vez elegido ya no es responsable frente a
sus electores y en consecuencia no es revocable;

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•

No es responsable directamente frente a sus electores, precisamente porque él está llamado a tutelar
los intereses generales de la sociedad civil y no los intereses particulares de esta o aquella profesión.

Por su parte, como mencionamos más arriba, Bovero identifica cuatro verbos o acciones típicas a través
de los cuales se desarrolla el juego democrático, es decir, el funcionamiento de la democracia. Uno de ellos
es “representar”. La representación puede ser considerada democrática sólo cuando los órganos representativos reflejan las diversas tendencias políticas de los ciudadanos sin exclusiones y en las proporciones
representativas.
No obstante, Bobbio se refiere a la representación como una de “las promesas incumplidas de la democracia”, ya que afirma que la norma constitucional según la cual los legisladores serán los representantes
de la nación en su conjunto y no de grupos de interés particular es el más violado de todos los principios.
Esto en razón de que en las decisiones se atiende a los intereses corporativos y/o particulares y no al interés
general.
En el pensamiento de Bovero, así como más expresamente en el de Rawls, lo fundamental es el debate,
es decir que la democracia debe verse en términos de razonamiento público, con la debida oportunidad
del debate público, así como de la participación interactiva y del encuentro razonado. Sin embargo, este
razonamiento está sustentado en ciertas exigencias sociales que contribuyan al discernimiento objetivo y
justo, tales como la incorporación de información pertinente, la pluralidad de puntos de vista, discusiones
y debates públicos y abiertos. Solo así se logra el razonamiento constructivo y eficaz (Sen: p. 45). Por eso,
el modelo participativo del capital social que es el que se adopta en este trabajo, se inserta mucho más en la
visión comunitarita y neo republicana de la democracia que subraya la inclusión de la sociedad civil en la
toma de decisiones colectivas que ofrece Taylor (Aguilera: p. 61).
En esta visión, “la noción de sociedad civil comprende la multitud de asociaciones libres que existen
fuera del patrocinio oficial y que con frecuencia están dedicadas a propósitos considerados generalmente
no políticos. Ninguna sociedad puede considerarse libre si no permite el funcionamiento de estas organizaciones voluntarias”. Así, la categoría de ciudadano está determinada por el grado de compromiso con la
participación en el espacio público con fundamento en valores, deberes y virtudes sociales, tales como la
solidaridad, la justicia social, la equidad y la igualdad formal y material.
En este marco, consideramos que el modelo de democracia participativa y su vinculación con el capital
social se fundamenta desde tres argumentaciones: primero en la postura de ciudadanía de Marshall y de la
Carta de Derechos y deberes del ciudadano de 1948, en segundo término, en la propuesta de democracia
participativa de Dewey y por último en considerar a la participación ciudadana como fuente de legitimidad
democrática. A continuación, ampliaremos brevemente estas argumentaciones.
La participación política: una responsabilidad ciudadana
El concepto de ciudadanía está estrechamente relacionado con el de democracia. De hecho, es consustancial a la democracia, es decir que no se puede concebir una democracia sin ciudadanos. En este orden de
ideas, la crisis de la democracia se debe a un déficit de ciudadanía. Así lo sentencia Victoria Camps (2010:
p. 10) cuando afirma que “las democracias liberales adolecen de capital social, los ciudadanos no viven
cohesionados y no se sienten motivados para hacerse cargo de unas obligaciones que conciernen a todos”.
Desde la perspectiva histórica, la construcción de la ciudadanía se ha acompañado de la conquista y evolución gradual de los derechos fundamentales, que según Thomas Marshall (1997) pasó de los derechos
civiles a los derechos políticos y después a los derechos sociales.

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De acuerdo con la categorización que nos ofrece Marshall al integrar el concepto de ciudadanía con
tres elementos: el civil, el político y el social. El elemento civil consiste en los derechos necesarios para
gozar de la libertad individual (libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión,
el derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos, y el derecho a la justicia). Esta libertad se ejerce en el
continuo intercambio que los individuos realizan entre sí y que corresponden fundamentalmente al ámbito
privado.
Con respecto al elemento político, si bien Marshall se refiere al derecho a participar en el ejercicio del
poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como electo de los miembros
de tal cuerpo; podemos decir, que hoy en día existen muchas otras formas de participación ciudadana, ya
sean formales o informales, mediante las cuales se puede incidir directa o indirectamente en los asuntos
públicos, sin que ésta se reduzca al fenómeno electoral, es decir a la emisión del sufragio. En efecto, podemos afirmar que se ha venido ampliando el radio de la participación dando lugar incluso a lo que se ha
denominado gobierno abierto. De ello discutiremos más adelante.
Por su parte, el elemento social se refiere a todo el conjunto de prerrogativas que van desde el derecho
a un mínimo de bienestar económico y seguridad, hasta llegar a considerar el derecho a participar del patrimonio social y al vivir de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad.
Sin embargo, según Jordi Borja (2002), los derechos que configuran la ciudadanía en nuestros días son
mucho más complejos que en el pasado y se tienen que adecuar a poblaciones y exigencias sociales mucho
más diversificadas e individualizadas. Este autor señala que la construcción histórica de la ciudadanía obedeció a dos procesos fundamentales: por una parte, a la ampliación de los derechos formales de las personas
y por otra parte, al desarrollo de los contenidos reales de los derechos mediante políticas públicas que redujeran las desigualdades sociales y culturales, sin las cuales, los derechos políticos son formales y ficticios,
lo cual supone dar contenidos materiales a los derechos teóricos, ampliando incluso su formulación inicial
y añadiendo nuevos derechos.
En la actualidad, la globalización nos exige establecer cartas de derechos universales, estructuras representativas de regulación y participación en ámbitos supra estatales y políticas públicas que garanticen estos
derechos en los distintos ámbitos, a saber: en contextos internacionales, nacionales y locales.
Esta idea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la consagró en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y particularmente del artículo 29:
•
•

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre
y plenamente su personalidad.
2En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

De esta forma vemos que los derechos no vienen solos, sino más bien como dice Borja (2002), la ciudadanía es un concepto dialéctico entre derechos y deberes, ya que todos los derechos comportan evidentemente los deberes correspondientes por parte de sus titulares, sin lo cual los derechos pierden eficacia para
el conjunto de la ciudadanía. En la misma dirección, Puyol (2010: p. 55) apunta que el ciudadano es sujeto
de deberes y obligaciones que le vinculan a la vida colectiva y lo comprometen a una visión política con
cierta institucionalidad, y con contenido de justicia social.
En este sentido, le corresponde al Estado como máxima instancia de articulación social, garantizar el
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pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, para efectos de este trabajo centraremos nuestra
atención en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, específicamente en el derecho de participación
como un elemento fundamental de la democracia como afirma Víctor Abramovich (2006), que al mismo
tiempo permita alcanzar los derechos sociales como componentes fundamentales del desarrollo democrático.
La educación cívica y la democracia participativa de Dewey
Desde la visión pragmatista del filósofo estadounidense John Dewey, la democracia es una lucha incansable por la libertad y la igualdad. Por lo tanto, la democracia participativa la plantea desde un enfoque
que tiene como base fundamental la educación cívica. En este sentido converge con las ideas de la filósofa española Camps (2010: p. 15), quien sentencia parafraseando a Aristóteles: “de nada sirven las leyes
más útiles, aún ratificadas unánimemente por todo el cuerpo civil, si los ciudadanos no son entrenados y
educados en el régimen”. A partir de prácticas de convivencias plurales y pacíficas es posible construir un
sistema de decisiones públicas maduro y sólido que sea eficaz en la conducción de la vida comunitaria. Para
Dewey, la democracia consiste en un proyecto ético político, un modo de vida personal y colectiva que se
debe incorporar concretamente en las prácticas cotidianas. Es precisamente a partir de esta concepción que
se puede apreciar el vínculo teórico entre gobernanza democrática y participación a través del capital social
que destacamos en este estudio. De acuerdo con Aguilera (2009, p 64), “Dewey ve en la democracia moral
exigencias que vinculan a los individuos y a los grupos.
La sociedad es un entramado de relaciones intersubjetivas, donde los individuos son resultados, productos y agentes participantes de este enjambre social. De este modo, a los individuos se les puede exigir
participar según su capacidad y sus necesidades en la actividad y en los valores del grupo”. Más adelante
el propio Dewey al destacar el valor moral de la democracia, nos ofrece su coincidencia con la perspectiva
institucional que muchos años después perfeccionaría Douglass North y que también guarda una estrecha
relación con el capital social. Si la democracia tiene un significado moral, éste consiste según Dewey en
que “… establece que la prueba suprema de todas las instituciones políticas y todos los dispositivos de la
industria está en la contribución de cada una de ellas al desarrollo acabado de cada uno de los miembros de
la sociedad”. El filósofo norteamericano considera a la democracia como un reflejo de la educación cívica
que debe estar presente en las prácticas cotidianas del ciudadano; un ideal de vida comunitaria. Por lo tanto,
concibe la moral como consecuencia de esa práctica fundada en el valor supremo de desarrollar nuestras
capacidades y las de la colectividad a partir de problemáticas concretas generadas en la propia realidad y
que dan oportunidad de generar los aprendizajes individuales y colectivos que enriquecen el desarrollo
social. Finalmente sentencia: “Una sociedad es democrática en la medida en que facilita la participación en
sus bienes de todos sus miembros en condiciones iguales y que asegura el reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de vida asociada”. Podemos apreciar como involucra
no solamente a individuos, sino que enfatiza el rol de los grupos sociales. Así, por un lado, los individuos
deben participar según su capacidad en la actividad y valores del grupo y por otro, los grupos deben liberar
y ayudar a desarrollar todas las potencialidades de los individuos de acuerdo con el interés de la comunidad.
La participación ciudadana, fundamento de la legitimidad democrática
La legitimidad es la piedra angular del modelo democrático. Si los valores son la igualdad y la libertad,
la legitimidad es su condición funcional. De manera general, decimos que una cosa o situación es legítima
cuando se considera justa, relacionada con la justicia. En sentido estricto (Levi: 2013: p. 862.) a la política
se refiere “a un atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de
un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesaria (…) recurrir a la fuerza”. Por lo
tanto, se requiere un alto nivel de consenso para que a un gobierno se le considere como legítimo. En este
sentido, la legitimación se presenta como una necesidad que tiene la autoridad por obtener el consenso. Sin
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embargo, hay suficiente evidencia de que la manipulación del consenso existe también en los regímenes
democráticos (Levi, 2013, pág. 865). Los tipos de modelos más conocidos de legitimidad son los propuestos por Max Weber y por Karl Deutsch. El primero (Weber, 1970) nos propone tres tipos de legitimidad en
función del origen de la autoridad; 1) la legitimidad tradicional, fundada en las costumbres y tradiciones
arraigadas en la comunidad; 2) la carismática; sustentada en las cualidades y virtudes del líder; y 3) la
formal o racional, que se basa en las normas establecidas y del derecho que de éstas derivan. Por su parte,
Deutsch nos propone tres tipos de legitimidad según ciertas circunstancias (Política y Gobierno, págs. 2729); 1) Por procedimiento, se refiere a la forma en que se accede al poder en un gobierno, es decir al nivel
de aceptación y compatibilidad que los gobernados tienen respecto al gobernante y a su forma de acceso
al puesto; 2) Por representación, en función de la delegación de poder que, a través de la designación de
los representantes, los electores transfieren a sus gobernantes; y 3) Por resultados. Se refiere sobre todo
a lo que se hace en la política, es decir además del principio de racionalidad y de representación, apela a
la compatibilidad de lo que el gobierno hace, las políticas respecto a lo que la comunidad desea, espera y
valora. Así, la legitimidad racional, por delegación y por resultados se complementan para configurar ese
consenso que evita que se califique a un gobierno como ilegítimo, con lo cual se corre el riesgo de violentar
la estabilidad del régimen o degenerar en una tiranía, una revolución e en otra forma de rompimiento del
conjunto social (Deutsch, pág. 28).
En los sistemas políticos modernos es la representación la forma en la cual la participación política se
traduce en gobierno, en decisiones, en acciones y en políticas públicas. En un primer momento se conforma en las decisiones que mediante los procesos legislativos se convierten en decretos, leyes, programas,
políticas lineamientos que prefiguran la gestión pública. En un segundo momento esta representación se
convierte en acción mediante la gestión pública que convierte esas decisiones en bienes y servicios que
ininterrumpidamente intentan satisfacer las exigencias y demandas de la sociedad procurando su progreso
y desarrollo social.
No obstante, si bien la participación es una demanda latente por parte de la sociedad, ésta no siempre se
materializa si no se cuenta con un sistema político adecuado (Instituciones representativas y partidos políticos). En este sentido, debe considerarse que la representación tanto en el legislativo como en el ejecutivo
debe darse con compromiso, transparencia y sencillez. No se puede esperar una participación ciudadana
libre, consciente e informada cuando el lenguaje de las autoridades es demagógico (retórico) y/o encriptado
(sumamente rebuscado), o cuando no se ofrecen medios efectivos para participar en la elaboración y ejecución de las decisiones. Y sin estas premisas, de conformidad con los criterios que nos propone Dahl, es
imposible hablar de gobiernos democráticos modernos 3.
La participación requiere por parte del ciudadano la credibilidad en el gobierno por lo menos en tres
aspectos: 1) Que se considere verdaderamente democrático (legitimidad), 2) Que el proceso sea honesto, es
decir con plena transparencia de los actores al momento de intervenir en éste; y 3) Que sea eficiente, que no
represente altos costos ni a las entidades públicas ni a los ciudadanos. Representativo a todos los niveles,
descentralizado y defensor decidido de las libertades de la sociedad. Honesto y eficiente en todas las administraciones públicas, transparente en su funcionamiento y gasto, flexible y dialogante en su relación con la
ciudadanía. Es en este marco en el cual se abren las posibilidades para fortalecer la democracia mediante el
impulso del gobierno abierto.
En efecto, la descentralización efectiva del Estado (consolidando y creando entes regionales, locales y
barriales con competencias y recursos) y la modernización del gobierno (no para eliminar la gestión pública

3
Ver supra, p. 7. No se cumplen los criterios relativos a la participación, la comprensión ilustrada y el control
de la agenda que propone este autor en su modelo democrático.
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sino para hacerla más productiva, competitiva frente a proveedores alternativos de servicios públicos) son
requisitos para implementar la participación democrática.
La participación y el gobierno abierto
La actual situación de escasez de recursos públicos y de mayores demandas sociales en las localidades
de base (la necesidad de reactivación económica y de la creación de empleos; las demandas de seguridad
pública; de salud; de educación; de construcción y rehabilitación de vivienda; vialidad y transporte público,
entre otros) ofrece la participación como una alternativa para movilizar los recursos potenciales latentes en
la colectividad mediante la cooperación y la solidaridad social. Sin embargo, esta participación no sustituye
la opacidad, la ineficacia, la insensibilidad y la baja productividad de un gobierno, sino que una gestión
pública justa y activa y unos programas ambiciosos e innovadores que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones de vida de la ciudadanía, son condiciones previas para el desarrollo de la participación.
La participación se basa en el contenido material de ésta, es decir, en expectativas fundadas de progreso individual y colectivo, pero también en que exista un conjunto de mecanismos institucionales y que se
reconozcan estos derechos ejercitables. Y son las mayorías populares y marginadas las que más necesitan
esta institucionalización.
La regulación de los derechos difusos (consumo, urbanismo, medio ambiente, comunicación social,
servicios públicos, etc.) mediante las cartas al ciudadano; la participación en la elaboración y ejecución
de programas de actuación pública; la autogestión de servicios con el apoyo de la Administración; la intervención de la democracia de base en las instituciones representativas (Derecho de Audiencia Pública,
Comisiones Mixtas, etc.) son aspectos pendientes de la agenda participativa en los diferentes ámbitos de
gobierno. Todos ellos se ven potenciados mediante el modelo de gobierno abierto.
Se deben fortalecer los espacios públicos y a los interlocutores colectivos para potenciar la participación. Si bien éstos ya existen, (organizaciones sociales, cívicas, sindicales, culturales, ambientales, de
interés común, entre otras) tienen características y fortalezas distintas. Unos se distinguen por su representatividad, otros por sus iniciativas, otros por su capacidad de gestión y organización. Por otra parte, hay que
considerar las intervenciones individuales y espontáneas que derivan de la interactuación entre ciudadano
y gobierno a través de la administración pública. En todo caso, es necesario establecer el equilibrio entre
la participación pública y la participación de la sociedad civil de conformidad con la naturaleza de la intervención social y de la propia organización.
La voluntad de un gobierno participativo se manifiesta por el apoyo que brinda a las organizaciones
sociales locales y/o nacionales sin exigir ningún tipo de dependencia administrativa o partidaria. La participación debe considerarse un método de gobierno, un estilo de hacer política en el estado, en y con la
sociedad, que supone cumplir con los requisitos previamente señalados: la racionalización de la gestión
pública y la descentralización de las políticas de estado. La cultura democrática se desarrolla en un contexto
dialéctico de pluralismo y consenso, de confrontación y de negociación, que sólo puede ofrecer un estado
descentralizado y participativo, en un contexto de gobernanza.
Por su parte, Kliksberg (2001) nos propone seis tesis que justifican la participación ciudadana y que, a
su vez, nos muestran el papel que ésta juega en el gobierno abierto:
1.
2.

La participación genera resultados. En la esfera social, la participación ciudadana produce resultados muy superiores a otros modelos tradicionales de organización, incluyendo los de tipo burocrático y paternalista.
La participación tiene ventajas comparativas. Los proyectos de infraestructura cuando se organizan
alrededor de la participación intensa de la comunidad, permite alcanzar metas que van más allá de

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los propósitos directos de las obras y proyectos. Se podrían denominar los “meta o supra objetivos”.
Entre ellos los siguientes:
• Eficiencia y productividad: es decir, el uso óptimo de recursos escasos.
• Equidad: en términos de la distribución igualitaria y permanente entre diversos sectores de la
comunidad de los beneficios de un proyecto.
• Sostenibilidad: significa la prolongación de la vida útil y los beneficios de un proyecto en el
largo plazo.
Estas ventajas comparativas arrojan, en conjunto, resultados superiores a los modelos burocráticos
o paternalistas que se organizan de arriba abajo.
La participación contribuye a mejorar la gerencia pública y la administración.
La participación enfrenta resistencias e intereses poderosos.
Para fortalecer la participación se requieren políticas y estrategias activas. La idea subyacente es
reemplazar la democracia pasiva por una democracia activa, inteligente y viva. En esta última
habría canales abiertos de comunicación para que el ciudadano se mantenga bien informado; para
que pueda hacer llegar su opinión a las instituciones políticas por diversos medios, no únicamente
los días de votación; para lograr una influencia continua y genuina sobre la administración pública.
La participación es inherente a la naturaleza humana. Es un fenómeno que “eleva la dignidad humana y crea la posibilidad de desarrollo y realización. Trabajar a favor de la participación es, sin
duda, devolver un derecho fundamental a los marginados…”.

En suma, podemos afirmar con Pichardo Pagaza (2004) que la participación ciudadana es una pieza
clave en la legitimidad y en la gestión eficaz de políticas públicas por lo cual debe en todo momento estar
en la voluntad política de todo gobernante que se reclame como democrático.
La participación ciudadana, el espacio público y el gobierno abierto
7. Reconociendo que la legitimidad democrática trasciende la participación electoral, la democracia
representativa y la democracia procedimental, entonces el reto se plantea a nivel del funcionamiento del gobierno, es decir de la propia gestión pública. Esto implica que los gobiernos deben
concebirse como plataformas de democracias participativas cuyos elementos constitutivos son la
transparencia, la rendición de cuentas, y la colaboración de ciudadanos con las administraciones
públicas apoyados en las tecnologías de información y en un modelo de gestión basado en la ética y
la confianza (Mariñez Navarro, pág. 45). En este sentido, la evolución de la participación ciudadana
se inserta en la agenda de la administración pública y en la misma medida contribuye al fortalecimiento de la democracia a través del gobierno abierto. Ello es evidente en las consideraciones
teóricas que se han enfocado en el tema de la participación ciudadana en reuniones y cumbres internacionales (Sánchez González, pág. 57), pero también en la legislación que ha venido ampliando
los mecanismos y espacios de comunicación entre ciudadanos y gobiernos, y que se ha reflejado
en nuestro país a nivel nacional y local dando mayor relevancia a la participación ciudadana en el
gobierno.
Gobierno abierto en México
El concepto de gobierno abierto tiene sus orígenes en el siglo pasado en un artículo de Wallace Parks
titulado Open Governement (1957) en el cual este autor se refiere a la necesidad de reducir la opacidad en el
gobierno y favorecer la publicidad de la información. Medio siglo después, el concepto resurge en la agenda
internacional con el Memorandum de Barack Obama sobre transparencia y gobierno abierto de enero de
2009. Como consecuencia de ello, se consolidad el tema en la agenda gubernamental con la iniciativa del
mismo Obama sobre la Alianza para el Gobierno Abierto de septiembre de 2011, a la cual se adhieren 8
países: Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. A partir de
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esta iniciativa se diseña en nuestro país el primer Plan de Acción promovido originalmente por la Secretaría
de la Función Pública y algunas organizaciones de la sociedad civil. El plan incluía 18 compromisos, sólo
uno de la sociedad civil por lo cual no fue muy bien recibido por parte de este sector. Por ello, se propuso
la creación de un Secretariado Técnico Tripartita, (STT) como órgano de gobierno de la AGA México,
conformado por una representación en igualdad de condiciones y poder de decisión de las tres partes involucradas: el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales(INAI) y las OSC. Como resultado de esta instancia, se formuló un Plan
de Acción Ampliado con 36 propuestas y compromisos siendo los más numerosos los referidos al manejo
eficiente y eficaz de los recursos.
De acuerdo a un estudio realizado en 2015, los avances en México eran pobres y limitados. En el ranking sobre GA efectuado por el Proyecto Mundial de Justicia (WPJ), México alcanzó una calificación de
.56 sobre .100; ocupo el lugar 42 entre 102 países en el Índice de Gobierno Abierto, y el sexto lugar de 19
países de América Latina. Según este índice la mejor posición de nuestro país fue en el ejercicio del derecho
a la información, en el que se ubicó en el lugar 29; en mecanismo de queja alcanzo el sitio 34; en legislación
y datos de gobierno fue el número 64 y en participación cívica se posicionó en el 67 (Bautista Farías, 2016).
A partir de entonces, debido a diversos acontecimientos relacionados con actos de corrupción que estremecieron al gobierno federal y varios estatales (ODERBRECH, La estafa Maestra, La Casa Blanca, entre
otros), los avances en materia de gobierno abierto fueron prácticamente nulos, con excepción de algunos
avances realizados a nivel local.
Conceptualización de Gobierno Abierto
Son más las discordancias que los acuerdos cuando se habla de Gobierno Abierto. Para muchos significa
cambio tecnológico más participación y colaboración ciudadana, para otros consiste en una nueva forma de
gobernar, por lo cual implica un modelo de gestión pública más aun una nueva cultura de gestión que genera cambios en procesos, en las organizaciones públicas y en las relaciones, fortaleciendo las capacidades
del gobierno y la modernización de la administración pública. En este sentido se inscribe la concepción de
Insulza (Insulza, 2012, pág. 9), que sostiene que GA es una política pública que incluye la transparencia,
participación y colaboración de los ciudadanos en donde la información y los datos gubernamentales desempeñan un papel esencial. Los países que integran la Alianza por el Gobierno Abierto coinciden en sus
cuatro principios constitutivos que son indivisibles: la transparencia, la participación ciudadana; la rendición de cuentas y las tecnologías e innovación. En muchos casos, las críticas al concepto se centran en que
es tendencialmente prescriptivo ya que se refiere a un deber ser sin que opere realmente en la forma en que
se concibe.
Por nuestra parte, coincidimos en que se debe entender como un modelo de gobierno y de gestión que
impacta de forma sustancial y simultánea el modelo político y el quehacer administrativo, potenciando las
capacidades gubernamentales, y mejorando la eficiencia y la eficacia institucional a través del uso de los
tics y de la transferencia y reutilización de datos e información pública entre ciudadanos y organizaciones
públicas. Por otra parte, refuerza la vitalidad democrática al reforzar la transparencia y la rendición de
cuentas. La transparencia resulta una dimensión clave para el Gobierno Abierto, ya que la visibilidad y
publicidad del gobierno son premisas fundamentales de la democracia y el acceso de los ciudadanos a la
información es condición de una rendición de cuentas responsable y oportuna. Ambas dan apertura a la
participación y extienden las posibilidades de que la administración pública sea aceptada como un sistema
de interacción y comunicación para fortalecer el principio de publicidad en favor de los gobernados. Es, por
lo tanto, una cualidad del poder democrático que permite la ampliación de la legitimidad (Uvalle Berrones,
2007, pág. 46) Ya mencionaba Bobbio que una de las promesas incumplidas de la democracia era precisamente la visibilidad del poder. En pleno siglo XXI todavía enfrentamos opacidad en la toma de decisiones
gubernamentales y en los procedimientos de la gestión pública. Es a través del GA que tenemos la oporRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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tunidad de ampliar el horizonte democrático desde la administración pública. Insulza percibe claramente
esta oportunidad describiendo los impactos del GA al permitir la participación ciudadana en las decisiones
públicas (Insulza, pág. 10), iniciar la interacción ciudadano-gobierno más colaborativa mediante el internet,
fomentar la transparencia y promover la rendición de cuentas. En este aspecto, para algunos especialistas
puede ser considerado como un modelo de reingeniería de la vida democrática de la sociedad en red, ya que
fortalece la democracia participativa, vincula a los tomadores de decisiones con los ciudadanos, posibilita
las decisiones en función de preferencias y opiniones, genera valor público mediante la co-creación, aprovechando el empoderamiento ciudadano (Bojorquez 2012: 175).
Desde la perspectiva de la gestión y la función gubernamental, Oszlak destaca varios elementos que
inciden en las relaciones ciudadano, gobierno y los resultados de este último. En primer lugar, la facilitación que la tecnología ofrece para la comunicación e interacción recíproca entre ciudadanos y gobierno;
en segundo, los canales que tiene el gobierno posibilitan la contribución de los ciudadanos en la toma de
decisiones mediante las opiniones ofrecidas sobre las políticas públicas, pero también en el seguimiento,
control y evaluación de los resultados de la gestión pública y, en tercer lugar, el involucramiento ciudadano
en la responsabilización en estos nuevos roles colaborativos. La clasificación de las acciones emprendidas
por los diferentes gobiernos durante los últimos años ofrece una amplia gama de propósitos subyacentes
en estas acciones. Este es el esquema identificado por el estudio de Oszlak (Oszlak &amp; Kaufman, 2014, pág.
7): 1. Ampliar la información Pública disponible para la ciudadanía; 2. Garantizar y mejorar el ejercicio del
derecho a la información pública; 3. Mejorar el acceso a los servicios públicos y sus canales de entrega; 4.
Proteger los derechos de usuarios y funcionarios; 5. Incrementar la transparencia en la gestión pública; 6.
Promover la participación ciudadana en la gestión gubernamental; y 7. Aumentar la capacidad institucional
para una gestión abierta.
En estas argumentaciones observamos que el proceso participativo y el resultado de éste es influir en
la gestión pública como protagonista y no solamente como receptor de bienes y servicios. Por lo tanto,
afirma Oszlak (2014, pág. 26), trasciende con mucho el proceso de consulta pública. Mediante el proceso
de información, intercambio, consulta de datos y la participación del ciudadano y de organizaciones de la
sociedad civil, como interlocutores en el diseño e implementación de las políticas públicas, se democratiza
la gestión pública. Esta constituye a nuestro parecer la contribución más importante del modelo de gobierno abierto al sistema democrático moderno. Por lo tanto, se requieren nuevas estrategias que amplíen las
posibilidades de participación activa y los espacios públicos para que la colaboración ciudadano-gobierno
se traduzca en mejores gobiernos, eficientes, transparentes, sujetos a la rendición de cuentas y al estado de
derecho, y con una mayor legitimidad sustentada en los resultados de su gestión. Es así que se arriba a la
democracia deliberativa.
Gobierno Abierto y Democracia deliberativa
De acuerdo con el análisis de las acciones arriba mencionadas en el estudio de Ozslak y Kaufman sobre
Gobierno Abierto, en nuestra opinión, el rubro que mayormente incide en la democracia deliberativa es el
referido a Promover la participación ciudadana en la gestión estatal. Incluso así lo afirma expresamente
el autor en cuestión cuando subraya que “la participación ciudadana otorga a los gobiernos una pátina de
legitimidad que mejora las condiciones de gobernabilidad y constituye un paso positivo hacia la construcción de una democracia deliberativa” (pág. 26). El fundamento en el que basan su argumentación es la
Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada por el CLAD en 2009
y adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la cual se reconoce
plenamente el derecho de la ciudadanía a intervenir activamente en las diferentes fases de la gestión pública. El documento, afirma Ozslak, sostiene implícitamente, que los pilares de una democracia plena son
los derechos de información, participación, asociación y expresión sobre lo público, es decir “el derecho
genérico de las personas a participar en la gestión pública colectiva e individualmente”. Y estos principios,
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valores que plantea la Carta, y los elementos que constituyen las premisas de gobierno abierto, a saber:
acceso a la información, transparencia, participación, colaboración, se corresponden totalmente. Esto nos
permite afirmar que es precisamente la participación el elemento crítico que tanto desde la perspectiva de
la democracia, como de la conceptualización y la práctica del Gobierno Abierto lo que da contenido a la
esencia de ambas categorías. No se puede concebir la democracia sin la participación como tampoco se
puede entender el gobierno abierto sin la participación ciudadana en la gestión pública. Esto se traduce en
la trascendencia de una democracia deliberativa a una democracia colaborativa. Una prueba de ello es precisamente el último eje de las acciones del gobierno abierto descritas por el estudio de Oszlak que se orienta
a aumentar la capacidad institucional para una gestión abierta.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual del tema de la democracia participativa al gobierno
abierto: hacia una delimitación conceptual, se consultaron un total de veintiún referencias bibliográficas
utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos en relación a Democracia y participación ciudadana. Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento
objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos
trazados (Bascón et al, 2016, p. 39).
4.- CONCLUSIONES
Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas han provocado reformas trascendentales en
el modelo de gobierno, afectando de esta manera el funcionamiento de las democracias modernas. Una
consecuencia evidente de ello ha sido la emergencia del gobierno abierto. Como hemos tratado de exponer
en el presente trabajo el gobierno abierto se puede describir como un enfoque aglutinador de esfuerzos por
mejorar las capacidades del gobierno y modernizar las administraciones públicas bajo los principios de la
transparencia y apertura, de la participación ciudadana en la gestión pública y la colaboración entre gobernantes y gobernados en las políticas públicas.
De conformidad con nuestra hipótesis podemos afirmar que el modelo de gobierno abierto contribuye
al fortalecimiento del modelo democrático ya que permite incentivar la participación ciudadana y a través
de la accesibilidad de datos, de su política de transparencia y del desarrollo de plataformas y canales de comunicación con la población, ampliando los espacios públicos. De esta forma, abona a desarrollar el juicio
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político ciudadano sobre los problemas públicos y la forma de resolverlos, abriendo así las posibilidades de
colaboración y co-creación de valor público. Por lo tanto, cuantos más ciudadanos estén implicados en este
proceso, mayor será la fortaleza de la democracia, mejor funcionará el sistema, mayor será su legitimidad
e igualmente, mayor su capacidad para controlar al gobierno e impedir abusos de autoridad y corrupción.
En este sentido y partiendo de la premisa que en la democracia siempre debe de asegurarse el control del
ciudadano sobre los gobernantes, todos los componentes del modelo contribuyen a fortalecer este proceso
de control. El control del poder es una condición de la democracia que requiere instituciones que faciliten
una mejor comunicación entre las administraciones públicas y los ciudadanos. Transparencia, rendición de
cuentas y evaluación ciudadana son procesos que permiten que los ciudadanos tengan oportunidad de conocer qué, cómo, con qué, porqué el gobierno y la administración pública hacen lo que hacen y asi se puede
evitar el abuso, la arbitrariedad y la corrupción. En este sentido, con un gobierno de ciudadanos que cuentan
con medios para monitorear efectiva y oportunamente la gestión pública, nos acercamos verdaderamente a
la democratización de la administración pública. Hacia allá nos conduce el gobierno abierto.
En fundamento a estas argumentaciones, podemos concluir que la hipótesis y la premisa formulada
al inicio de documento se constatan en la medida en que un gobierno democrático debe tener como ejes
los elementos que forman el andamiaje institucional del gobierno abierto: acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, colaboración en la gestión pública, predictibilidad y mejora de la gestión.
En función del desarrollo de las dos vertientes fundamentales de un gobierno abierto se fortalecerá la democracia colaborativa. Estas vertientes son: por una parte, la apertura de datos públicos, que pretende la
transparencia y una mayor eficiencia en el servicio público, permitiendo reutilizar los datos públicos para
nuevas actividades económicas y la rendición de cuentas ante los ciudadanos; y por la otra, la apertura y
desarrollo de medios sociales y espacios públicos, que procuran facilitar la comunicación entre gobierno y
ciudadanos y la participación ciudadana, aprovechar el conocimiento y experiencia de los ciudadanos para
ayudar en los provisión de los servicios públicos, la colaboración en redes internas y entre dependencias y
entidades de las administraciones públicas.
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La transformación biopólítica del Estado-Nación “El arte de gobernar a las poblaciones en el
neoliberalismo”
The bio-political transformation of the Nation-State “The art of governing populations in neoliberalism”
Gustavo García Rojas1
Universidad Autónoma de Nuevo León
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.7-2 			

https://orcid.org/0000-0001-6502-0684

RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en debatir sobre las transformaciones conceptuales clave en lo referente al papel del estado o el “arte de gobernar” desde la postura crítica de
la biopolítica. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. La revisión documental construye una articulación entre este cambio de concepciones
histórico con las formulaciones críticas de la colonialidad y la forma política del estado de excepción en la trayectoria
de transformaciones que ha tenido el papel del estado-nación como forma privilegiada de poder en el capitalismo. En
el presente capitulo se abordarán estas cuestiones de manera general. Se concluye con la introducción de la concepción
de Necrocapitalismo para comprender la forma en que los estados controlan a sus poblaciones como una determinación
del cálculo económico global en el mundo contemporáneo.
Palabras clave: Biopolitica, Colonialidad, Estado de Excepción, Necrocapitalismo.
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review, which objective was to discuss the key conceptual transformations regarding the role of the state or the “art of governing” from the critical stance of biopolitics. The method of
analysis was applied, with a qualitative approach, non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review it was found that: this change of historical conceptions is articulated with
the critical formulations of coloniality and the political form of the state of exception in the path of transformations that
the role of the nation-state as a privileged form of power in the capitalism has had. This will be addressed in a general
way in this chapter. It is concluded that the conception of Necrocapitalism is introduced to understand the way in which
states control their populations as a determination of the global economic calculation in the contemporary world.
Key words: Biopolitics, coloniality, state of exception, necrocapitalism.
Cómo referenciar este artículo:
García Rojas, G. (2018). a transformación biopólítica del Estado-Nación “El arte de gobernar a las poblaciones en el
neoliberalismo”. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 31-41. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/
index.php/RPGyC/article/view/87

Recibido: 16 de Julio 2017 - Aceptado: 08 de Septiembre 2017

1
Doctor en Ciencias Sociales, con especialización en Relaciones de Poder y Cultura Política, en la UAM-Xochimilco
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 31-41. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/87

�La transformación biopólítica del Estado-Nacion...

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1.- INTRODUCCIÓN

Controlar y regular la gestión de la población es uno de los efectos del proceso que Michel Foucault
describe como la transición de una sociedad de soberanía a una sociedad de control y la transformación de
la gestión de la tarea de gobernar que trae aparejado éste. Ubicado en el siglo XVI en la Europa occidental,
dicho proceso consistió en lo que el filósofo francés caracterizó como una interiorización de las tareas de
gobierno, a diferencia de las formas de las sociedades de soberanía anteriores al siglo XVI (y a la construcción de estados monárquicos centralizados) que concebían a las tareas de gobernar como un acto exterior2
y al estado como fuente exclusiva o predominante de poder. Para Foucault, la tarea de gobierno puede ubicarse en una pluralidad de espacios (la familia, el trabajo, el estado) por lo que el poder puede entonces ubicarse en una gama amplia de ámbitos y no puede ubicársele en un solo lugar privilegiado - e.g. el estado3.
Tanto o más importante que lo anterior, es un efecto que contiene una importancia toral: el predominio
del modelo de la economía (racionalidad, cuantificación, estadística) en la gestión de gobierno, se instituye
en esta época también, coincidente con el surgimiento de la economía política, predominio que ha permanecido en forma intermitente a lo largo de dos siglos.
La discusión entonces, sobre lo que Foucault llama “gubernamentalidad” como paradigma del “arte de
gobernar” es decir, de controlar y gestionar las poblaciones y las distintas esferas de la vida, se ubica en el
ámbito político contemporáneo en el inicio de diversas teorizaciones académicas (y prácticas de gobierno)
de la economía que él llama indistintamente “liberales” y “neoliberales” en Alemania y Estado Unidos, al
final de la segunda guerra mundial4.
Estas teorizaciones surgen como una reacción al predominio de políticas económicas intervencionistas
y estatistas en buena parte del mundo de posguerra, identificadas con la figura de John M. Keynes. Foucault
analiza al diseño del estado alemán pos-nazismo y de la teorización económica de la escuela de Chicago en
EE. UU como modelos de “fobia al estado” 5 en los que se teoriza al estado interventor como mutilador de
libertades esenciales y obstructor del desempeño adecuado de la economía.
En el caso norteamericano específicamente, representado por los economistas de Chicago, el modelo
busca “extender la racionalidad del mercado, los esquemas de análisis que éste propone y los criterios de
decisión que sugiere a ámbitos no exclusiva o no primordialmente económicos, como familia, natalidad,
delincuencia y política penal”6. Foucault ubica en esta extensión del modelo general de la economía en
todos los ámbitos de la gestión gubernamental al concepto que da nombre a su curso de enero de 1979:
la Biopolítica. Él mismo aporta varias definiciones dispersas de lo que entiende por este término, de entre
varias adelanto una que pueda servir como herramienta de discusión que aparece en el resumen del curso
ya citado:
“…la manera como se ha procurado, desde el siglo XVIII, racionalizar los problemas planteados a la
práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos como pobla-

2
Michel Foucault Seguridad, Territorio y Población, Curso del college de France (1977-1978) FCE, Buenos
Aires, 2006,(1978) pp.139-160
3
Michel Foucault, “Gubernamentalidad”, Giorgio Gabriel y Fermín Rdz. Comps. Ensayos sobre biopolítica.
Excesos de vida, Paidós, Buenos Aires, 2007 (1978), pp.187-215
4
Michel Foucault, El Nacimiento de la Biopolítica, Curso del College de France, FCE, Buenos Aires
2007(1979), pp.93-122
5
Nacimiento de la Biopolítica, p.94
6
Nacimiento de la Biopolítica p.365
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�García Rojas, G.

ción: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas…”7
El paso a las sociedades de control que funda el arte de gobernar o las tecnologías llamadas de gubernamentalidad se caracteriza por un denodado esfuerzo del control de las poblaciones en todos los ámbitos posibles, esfuerzo apuntalado por una invasión continua y sistemática de la racionalidad económica (liberal)
en dichos ámbitos. En lo que sigue trataré de engranar la discusión foucaultiana de biopolítica y biopoder
con debates que han derivado de esta concepción pero que se desmarcan en varios puntos de la concepción
general del autor francés. Trataré de ubicar las continuidades y las rupturas en la discusión temática de varios autores que han dado un uso divergente de estos conceptos para referir a ámbitos de realidad distintos
a los que refirieron en su concepción en las alocuciones del College de France.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
El Biopoder y la Nuda vida
En su discusión sobre los estados de excepción, el politólogo italiano Giorgio Agamben utiliza el concepto de biopoder aplicado a una noción retomada del filósofo marxista Walter Benjamín, la de “Nuda
Vida”8 Agamben utiliza la concepción general de biopoder para explicar la forma en que se establecieron
estados de excepción en el mundo del siglo XX como paradigma general de gobierno, una vez más referido
geográficamente a Europa Occidental. Estos estados de excepción tienen en el estado alemán de 1933-1945
y en los campos de concentración nazis, un paradigma del más alto grado de excepción como regla9. La
nuda vida hace referencia a la vida reducida a su cualidad biológica, como vida desechable. Refiere a una
figura del antiguo derecho romano que calificaba como Homo Sacer a aquella persona que no calificaba
para ser sacrificada a los dioses, por lo tanto, su asesinato no obtenía la calidad de delito, era matable, desechable10.
Los Lager nazis son para este autor el modelo del estado de excepción como campo de indefinición en el
que los sujetos son despojados de todo derecho y cualidad de ciudadanos (bios) y reducidos a la zoé o vida
biológica. Esto los convierte en materia humana disponible, de ahí la matanza, la experimentación médica
utilizando como conejillos de indias a los internos de los campos y otras formas de mortificación de la vida
y de los cuerpos11.
El paradigma de los campos de concentración como campos de exterminio en donde la regla era la ausencia del derecho entendido en su forma liberal de derechos políticos y civiles individuales es extrapolado
por Agamben como la forma de los estados que se construirán en el futuro con los campos de concentración
como modelo trágico y destino inevitable. La relación con Foucault de Agamben se da en torno al concepto del estado de excepción como forma de gobernar la vida, pero a diferencia del primero, el exemplae
histórico que propone como materia de análisis es el de un estado nacional, que se constituye en una gran
fábrica de muerte, lo que lo aleja de la concepción general y de la forma de análisis foucaultiano de los
micro poderes.

7

Ibid, p.359

9

Giorgio Agamben Estado de Excepción. Homo Sacer II, Pre-textos, Valencia, 2003

8
El concepto es utilizado en Walter Benjamín, “Para la crítica de la violencia” en Angelus Novus, Edhasa,
Barcelona, 1971, p.194
10
11
2000

Giorgio Agamben Homo sacer I. El poder soberano y la Nuda Vida, Pre-textos, Valencia, 1998
Giorgio Agamben Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III, Pre-textos, Valencia

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 31-41. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/87

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�La transformación biopólítica del Estado-Nacion...

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La biopolítica no es un efecto de la pluralidad de formas que adquiere el poder sino una forma específica en que el poder estatal se transforma en una máquina de biopoder que transforma a los sujetos en vida
biológica inerme, despojada de la cualidad humana colectiva que solo le confiere su constitución en sujeto
político.
La concepción de Agamben es muy sugerente por cuanto provee un ejemplo históricamente situado de
las consecuencias de la biopolítica, a diferencia de lo que en Foucault es una discusión general sin referentes empíricos claros. Pero esta forma de análisis contiene limitaciones que es importante señalar y que
vistos a la luz de determinantes históricos y geográficos adquieren un nuevo sentido de interpretación.
Necropolítica y Colonialidad
El biopoder y la biopolítica son una expresión contemporánea de las formas mundiales de control de
la vida mediante su utilización o simbiosis con la producción de mercancías y el ensanchamiento de los
mercados. A estos objetivos corresponde una forma específica de política como soberanía en la cual se implementan una serie de dispositivos que forman un repertorio de acciones tendientes al dominio.
El colonialismo es una forma privilegiada de ampliar los horizontes del capital hacia otras fronteras. El
filósofo camerunés Achille Mbembé ha dado un giro importante a las tesis de la biopolítica y del estado de
excepción, relacionado con esta problemática. La concepción de Agambén sobre los campos de exterminio
nazis como forma histórica privilegiada de los estados de excepción y de biopoder, es históricamente
incompleta puesto que existieron fenómenos anteriores a los campos alemanes, fuera de Europa, en donde
el control y gestión de la vida (y el derecho de muerte) fueron ejercitados como política cotidiana sobre
grandes extensiones de población y que implicaron formas de terror tanto o más (históricamente hablando)
graves que las de los campos de exterminio nazis.
Para Mbembé, el colonialismo histórico y contemporáneo son formas de establecer estados de excepción en donde se construye a una parte de la humanidad, -los colonizados, como material humano disponible. Mbembé plantea que a través de mecanismos como el racismo, la separación y el aislamiento territorial,
los habitantes de países colonizados fueron constituidos en nuda vida a manos de las naciones imperiales
que los consideraban en tanto fuerza de trabajo disponible para la producción de la metrópoli.
A este fenómeno Mbembé lo bautiza como “Necropolítica” que consiste en:
“…la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de los cuerpos
y las poblaciones”12
El camerunés encuentra que la necro política tiene en la plantación y la colonia
dos de sus manifestaciones políticas explícitas como fenómeno de excepción. El trabajo esclavo en las
plantaciones es una forma en la que la biopolítica se transforma para dar paso a una espiral de muerte:
“Como instrumento de trabajo, el esclavo tiene un precio. Como propiedad, el o ella tienen valor. Su
trabajo es necesitado y usado. El esclavo es pues, mantenido vivo, pero en un estado injurioso, en un mundo
fantasmal de horror y crueldad intensa…la vida esclava, es en muchos sentidos una suerte de muerte-en-vida” 13.

12
Achille Mbembé, “Necropolitics” en Public Culture 15 (1):11-40, Duke University press, Durham (todas las
traducciones en adelante G.G.R)
13
“Necropolitics”, p.21
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�García Rojas, G.

Los esclavos sufren una intensa violencia cotidiana gratuita que no tiene otro objeto que infundir terror.
Es en este ataque constante a la vida en la que se encuentra la necro política de manera nítida. El esclavo,
nos dice Mbembé sufre una triple pérdida en este proceso: la pérdida del hogar, del derecho sobre el cuerpo,
y del status político, en los hechos es una forma de “expulsión de la humanidad”. La plantación es pues
una forma de poner en juego la vida en la que los seres humanos pierden su cualidad de vida política y
se convierten en nuda vida disponible para ser desechada e intercambiada por otra que tenga un valor de
cambio equivalente.
Por otra parte, el fenómeno de la colonización es producto del cruce de tres elementos según el autor
africano: la biopolítica, el estado de excepción y el estado de sitio. Estos elementos se concatenan con la
raza para producir una forma renovada de terror, según las palabras del autor:
La selección de razas, la prohibición de casamientos mixtos, la esterilización forzada, aún el exterminio
de pueblos sometidos tiene su primer terreno de prueba en el mundo colonial. Aquí se puede ver la primera
síntesis entre masacre y burocracia, esa encarnación de la racionalidad occidental. Hannah Arendt desarrolla la tesis de que existe un vínculo entre el nacionalsocialismo y el imperialismo tradicional…Lo que
uno puede ver en la segunda guerra mundial es la extensión sobre los pueblos “civilizados” de los métodos
previamente reservados a los “salvajes”14.
Para Mbembé existen dos formas políticas contemporáneas que sirven como ejemplo empírico de la forma en que se engranan los tres elementos arriba mencionados, el recién fenecido régimen de Apartheid en
Sudáfrica, y el más actual de la ocupación de los territorios palestinos por el estado de Israel. La separación
y el cercamiento eran elementos comunes a los dos casos, también en ambos había una orientación racial
y de clase en la dominación ejercida por los poderosos. En el caso sudafricano las villas y asentamientos
reservados para la población negra eran parte del diseño de gobierno de la forma de control de la población
y sus movimientos, no había manera de salir de esos lugares o de entrar en otros, sin ser apercibido y vigilado. En el caso palestino, el estado de sitio se muestra en el control y el sometimiento habitual a castigos
colectivos sin aparente sentido contra el pueblo palestino cometidos por el ejército y los colonos ilegales
de Israel. Estas son formas contemporáneas de colonialidad en las que el necro poder muestra sus peores
formas, pero el argumento de Mbembé es también extensivo al colonialismo tradicional y al más alejado
históricamente de la conquista y colonización de América, en todos estos la vida humana es tratada y usada
como vida desechable en base a la interiorización y deshumanización del otro, -e.g. el genocidio cometido
contra los Pueblos Indígenas por los colonizadores españoles y portugueses.
En el fondo del planteamiento de Achille Mbembé se encuentra la idea de centrar desde la “diferencia
colonial”15 el argumento de la biopolítica y los estados de excepción y extender la crítica de los efectos perniciosos de la modernidad occidental a los pueblos colonizados por ella, y sobre todo a éstos. La modernidad de Occidente se impuso a la fuerza en buena parte del mundo y fue en el mundo no-occidental en donde
se registraron los más largos y extendidos ejercicios de terror biopolítico que en algún momento tocaron
el corazón imperial desde donde irradiaba a todo el mundo la razón. Desde esta perspectiva el análisis del
filósofo africano avanza en un sentido descolonizador de lo que significa el horror para los sujetos de mundo poscolonial y saca la discusión del ámbito de intelectuales metropolitanos como Foucault y -Agamben,
planteando la posibilidad de que sus argumentos tengan un verdadero carácter universal y no se los analice
desde el ámbito de la diferencia imperial exclusivamente.

14
“Necropolitics” p.23
15
Walter D. Mignolo “El pensamiento des-colonial. Desprendimiento y apertura. Un manifiesto” Ponencia presentada en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Coimbra, Portugal (Primavera 2006) http://redalyc.
uaemex.mx/ Tristestópicos
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Las formas del Necrocapitalismo

Esta razón, sin embargo, era producto -y en esto traigo a Foucault otra vez a la mesa- de un modo de
organizar la sociedad fundado en la preeminencia del modo de producción económica y de su disciplina,
la economía política en todas las esferas de la vida humana. El capitalismo es un modo de producir en la
sociedad que invade esferas y mundos de la vida de manera sistemática, la producción de la muerte y la
sistematización del terror y la tortura se encuentran imbricados en el modelo de racionalidad de la empresa
capitalista, pero no es sino en el modelo del imperialismo clásico y del establecimiento de colonias y de
formas de acumulación colonial, poscolonial o neocolonial que estos fenómenos adquieren una diáfana nitidez. Los procesos de colonización tienen una duración más allá de las luchas de liberación de los pueblos
y se traducen en prácticas de sometimiento internas y externas.
S.B Banerjee acuña un término para referir a estas realidades en base al cruze del análisis de los autores
citados aquí (Foucault, Agamben, Mbembé) con la escuela de economía política marxista y propone un
concepto-síntesis de dos tradiciones radicales pero contrapuestas, Necrocapitalismo, al que es necesario
entender como una práctica que: Opera a través del establecimiento de soberanías coloniales…y de cómo
estas soberanías son establecidas en la economía política actual, donde el negocio de la muerte puede ser
establecido a través de estados de excepción…la necro política se interesa en la producción de la muerte,
o la subyugación de la vida al poder de la muerte, entonces es posible hablar de una necro economía –un
espacio de dejar vivir o exponer a la muerte16.
El elemento del colonialismo y del papel jugado por la empresa multinacional como actor estelar del
necro capitalismo planteado por Banerjee contiene dos elementos importantes a analizar, la acumulación
por desposesión y los estados neoliberales de excepción.
La acumulación por desposesión es un concepto entresacado de un segmento poco atendido del tomo
I de El Capital de Marx, sobre la acumulación originaria17. El geógrafo David Harvey ha desarrollado la
temática sobre la acumulación capitalista y sus prolegómenos en base a esta discusión de Marx, pero reactualizándola a fenómenos contemporáneos y la ha llamado acumulación por desposesión, ésta consiste en
…encontrar nuevos campos para la acumulación de capital. Uno de los mayores impedimentos para esta
acumulación era el hecho de que el capital no se podía introducir en la salud, en la educación, en la vivienda
pública, así que parte del programa de flexibilización (neoliberal) era convertir todo esto en una mercancía
para que el capital privado pudiese gestionarla. Después se privatizó el agua, todo tipo de actividades estatales públicas, y finalmente llegó el desmantelamiento del estado de bienestar. Pienso que deberíamos ver
esto como parte de un largo proceso histórico que podemos llamar, en referencia a las privatizaciones en
el campo británico, el “enclosure of the commons”, el cierre de los campos comunales, la privatización de
la propiedad comunal. Notad que, con el neoliberalismo, el capital utiliza a los gobiernos para privatizar,
y curiosamente en el siglo XVIII también fue el gobierno británico quien cerró los “commons”. Como la
privatización abre nuevas oportunidades para la acumulación, los capitalistas pueden decir que tenemos una
economía muy dinámica, pero el precio que hay que pagar por ello es que la gente pierde sus derechos comunales en todos los dominios que se privatizan. Por esa razón le llamo “acumulación por desposesión”18.

16
S.B Banerjee “Live and Let die. Colonial modernities and the Death worlds of Necrocapitalism” ponencia
presentada en el Taller de Estudios de Gerencia Crítica, Atlanta, agosto 2006
17
Karl Marx, cap. XXIV, “La llamada acumulación originaria”, en El Capital, Tomo I, ed. FCE, México, 1972
(1946) pp.607-649
18
Araceli Varela y Marcos Bariño “Los nuevos rostros del imperialismo. Entrevista a David Harvey” en Herramienta. Revista de Debate y Crítica Marxista, www.herramienta.org
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 31-41.. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/87

�García Rojas, G.

La búsqueda de nuevos terrenos para la acumulación de capital o de terrenos antes vedados a la mercantilización y a la creación de valor son parte del entramado necro capitalista en términos de la diferencia
colonial, las metrópolis imperiales (nuevas y antiguas) requieren de nuevos campos para la acumulación y
sus colonias o satélites los pueden proveer través de la Privatización de la tierra y el subsecuente desplazamiento forzado de campesinos, la conversión de propiedad pública en privada, las restricciones al uso
público de recursos de propiedad común, las practicas neocoloniales de apropiación de bienes, el control
de los recursos naturales en las ex-colonias, y la supresión de formas indígenas alternativas de consumo y
producción19.
Para Banerjee la acumulación por desposesión es un elemento inseparable de los nuevos diseños del
capital en el mundo de la economía global. Este fenómeno de acumulación que deprecia la vida en forma
sistemática requiere un tipo de soberanía y de tecnologías de gobierno adecuados para sus fines. Banerjee
recurre al trabajo teórico y etnográfico de la antropóloga feminista malaya Aihwa Ong para explicar el diseño específico de gobierno correspondiente a las necesidades del capital ya mencionadas, haciendo acopio
de las categorías acuñadas por ella, como “soberanía gradual” y “neoliberalismo como excepción”20 explica como en el neoliberalismo asiático se ha diseñado un trato diferencial para poblaciones fragmentadas
de por sí (por raza, clase, etnia, género y región) como producto de la relación de los estados con el capital
trasnacional, este trato diferenciado se acompaña asimismo por una reconfiguración del poder a manos de
corporaciones trasnacionales en zonas especiales de procesamiento de exportaciones (como en las zonas de
maquiladoras en la frontera norte de México). Como resultado de esta interacción se crean áreas diferenciadas de soberanía; en algunas hay una presencia fuerte del estado y en otras mandas el mercado global y el
capital extranjero “la soberanía estatal se dispersa porque el capital y los mercados globales con la colusión
de los gobiernos crean estados de excepción en donde priva la coerción, la violencia y el asesinato”21.
Asimismo, los territorios son “limpiados” de rebeldes (ciudadanos fuera de la ley) para dar paso a concesiones, oleoductos y minas. El papel del estado en este sentido se reduce a resguardar ciertos derechos
democráticos en la esfera estrictamente política, mientras en la esfera económica estos mismos derechos
son socavados de manera sistemática por la explotación y la violencia.
Poblaciones dispensables en el mundo de la neocolonialidad
Desde otros registros discursivos se ha dado cuenta a lo largo de la historia de los procesos arriba descritos, pero en base a interpretaciones lejanas a la tradición posestructuralista. Desde el marxismo la problemática de los países descolonizados de África ha sido analizado desde la lógica de acumulación de capital
y las transformaciones estructurales del patrón mundial de acumulación de capital. El antropólogo francés
Claude Meillassoux llega a conclusiones en mucho análogas a las planteadas por Banerjee dando cuenta
de las formas de utilización instrumental de la vida como parte de los procesos de reacomodo mundial del
capital, en lo que refiere a la demografía de la población africana y a los gritos de alarma lanzados desde las
metrópolis y los organismos multilaterales acerca de la superpoblación de ese continente.
Meillassoux describe el proceso por el cual los países africanos merced a procesos históricos de desarrollo capitalista de los cuales tienen poco o ningún control, son colocados en una situación de dependencia
alimentaria, al mismo tiempo que crece su población. De manera paralela el trabajo en sus países se pierde
cada vez más, y la demanda de mano de obra en los países centrales disminuye, Meillassoux plantea que

19
S.B Banerjee, “Live and Let die…” Op. cit. p.9
20
Brett Neilson y Gigi Roggero “Neoliberismo comme una tecnologia di governo, economia sovranità e cittadinanza. Un’intervista con Aihwa Ong” Il manifesto Quotidiano Comunista http://www.ilmanifesto.it traducción GGR
21
“Live and Let die”… p.12
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 31-41. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/87

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…la población que creció en estos decenios (1950-1970) bajo los efectos de una política de importación
alimenticia y de existencia de empleos está hoy en una situación de sobrepoblación relativa. El problema
para la economía capitalista que la creó, es hacerla desaparecer sin hacerse cargo. Ideológicamente se la
presenta como una superpoblación absoluta, confundiendo la población actual con las predicciones de una
futura población gigantesca y aterrorizante, pero en este momento imaginaria…el control de la demografía
de los pueblos explotados por medios demográficos (control de la natalidad, esterilización, etc.) fracasó.
Por tanto, se establece una forma de control mediante el hambre, la enfermedad y la muerte, más eficaz y
más cruel, con el pretexto de la “racionalidad económica” y el “ajuste estructural”: la lección de Malthus
fue comprendida22.
El diagnóstico sobre el futuro que espera a las poblaciones de África, de terror y muerte, parece validarse de manera constante cuando escuchamos de una nueva masacre, de abusos cometidos contra sectores
vulnerables (mujeres y niñ@s), de una nueva plaga de hambre en otro país de África. La política de muerte
que el capitalismo tiene reservada a sectores de la población mundial que se consideran irrelevantes es una
forma de vida desnuda anterior al nazismo y que lo sobrevive hasta esta fecha. Para el África y para otras
poblaciones del mundo periférico esta ha sido una constante de vida que solo ha tenido respiros históricos
intermitentes.
Un caso de excepcionalidad latinoamericana
Un caso de surgimiento de amplios sectores de población como vida desnuda y del establecimiento de
la excepcionalidad como norma de vida es el caso de Colombia, desde hace decenios, pero agravado con lo
que con el último gobierno se ha llamado “política de seguridad democrática”. Diversas organizaciones de
víctimas de la violencia estatal han denunciado el carácter esencialmente represivo de este diseño político
de gobierno y la relación de imbricación entre los más altos mandos del gobierno, la policía y e l ejército
con los carteles del narcotráfico y especialmente con los grupos paramilitares de derecha.
De manera tal que la seguridad democrática tiene un único objetivo, acabar con las organizaciones
insurgentes armadas, y en primer lugar con las FARC y suprimir por el medio que sea a las organizaciones
sociales, sindicales y populares que luchan contra las políticas del gobierno, haciendo tabla rasa de todas
ellas, identificándolas como “colaboradores de la guerrilla” lo que equivale a declararlos vida inservible,
matable. Ningún estado latinoamericano tiene el registro que tiene Colombia de desapariciones forzadas,
y ejecuciones extrajudiciales, además del desplazamiento forzado de sectores enteros de población campesina e indígena por la acción genocida de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo
paramilitar.
Se ha registrado incluso la forma en que las AUC son contratadas por empresas multinacionales, ganaderos y terratenientes y narcotraficantes para hacerse de tierras en determinados sectores geográficos, ya
no como producto de un conflicto entre distintas organizaciones civiles armadas, sino como parte de una
planeación deliberada de acumulación por desposesión23. Para las empresas, los paramilitares aseguran un
“entorno seguro para los negocios” mediante la desaparición y asesinato de dirigentes sindicales y de obreros, y en el caso de desplazamientos forzados, la tierra que ha sido abandonada es concedida a terratenientes
para el cultivo de productos agroindustriales o la ganadería. De esa forma avanzan las “inversiones” y los

22
Claude Meillassoux L’economie de la vie. Demographie du travail ed. Page Deux, Paris, 1997, pp.106-109,
traducción GGR
23
Cfr. Iván Cepeda-Castro “Los paramilitares: Dispositivo del modelo “democrático” de control social” en sitio
digital del equipo Nizkor, 29 de septiembre 2003, Internet, ver http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/cepeda8.
html
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 31-41.. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/87

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negocios en ese país, mediante la siembre del terror para la población que se insubordina.
Paradójicamente todo esto ocurre en un entorno de democracia y elecciones libres y de existencia formal del estado de derecho. De la manera como ONG ha estudiado para Asia la forma en que en el neoliberalismo existen formas graduales de soberanía y en algunos sectores el estado simplemente ha acordado
no hacer nada para hacer cumplir la ley o ha impuesto una forma de legalidad de excepción que permite
mediante la ambigüedad una manga ancha para permitir vivir o dar la muerte. Así en Colombia, el estado
tolera y solapa a los cárteles del narcotráfico y a las AUC, porque son parte de su diseño de gobierno de la
población y herramienta de las clases dominantes nativas y del capital transnacional para abrir nuevas zonas
a la acumulación y ensanchar el horizonte de sus ganancias.
3.- MÉTODO
Diseño
La discusión contenida en esta investigación documental se enmarca en la tradición cualitativa interpretativa de los debates teóricos en Ciencias Sociales (Álvarez-Gayou, 2003; Vasilachis, 2006) referidas
al estado, a su caracterización y sus transformaciones (Osorio, 2004; Abrams, Gupta y Mitchell, 2015). Se
encuadra en las concepciones de investigación naturalista no-experimental de los fenómenos sociopolíticos
con un alcance de nivel exploratorio (Borsotti, 2007) de la construcción de nuevas interrogantes sobre la
naturaleza del estado en el contexto de las grandes transformaciones ocurridas desde el último tercio del
siglo XX.
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual del tema la transformación biopolitica del Estado-Nación, se consultaron un total de veinte referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las
ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con la intención de realizar una comprensión del problema de la investigación se recopilaron fuentes
secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos con
relación a Biopolítica y Estado Nación. Una vez recopilada y analizada la información se construyó el
documento objeto de este trabajo. Finalmente se construyeron una serie de conclusiones relativas a los
objetivos trazados
4.- CONCLUSIONES
De manera harto coincidente el marxismo y la tradición que proviene del posestructuralismo plantean
diagnósticos muy emparentados acerca de la forma en que los diseños del poder crean tecnologías de gobierno o esferas de dominación para controlar la vida humana sea para hacerla florecer o para extinguirla,
según el momento histórico y el grupo específico de población que se trate. Existen, sin embargo, diferencias que es imposible soslayar, respecto del lugar de enunciación (la diferencia imperial o la diferencia colonial), respecto del compromiso político con los sujetos de las investigaciones y respecto de la conveniencia
o no de plantear caminos emancipatorios o prescripciones para luchar contra este tipo de diseño de poder.
Desde la visión foucaultiana, no es deseable plantear otro diseño de poder, pues este podría desembocar
igualmente en otra forma opresiva. No así desde la visión general del marxismo, que plantea a la investigación como una parte de la tarea política de lucha contra la explotación y de liberación de los oprimidos.
La adscripción de cada investigador o académico es más bien parte de una decisión ética y un compromiso político como sujetos. Por lo pronto, algunos de los autores revisados aquí dan cuenta del significado
de las Ciencias Sociales como crítica de lo existente y proveen herramientas para aquellos que desde otros
espacios plantean la lucha por un mundo en donde la muerte no sea el destino inexorable para muchos seres
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40
humanos.
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41

�42
The political communication as an influencer of public opinion on human rights issues. Case
Study: San Salvador Atenco
La comunicación política como un influenciador en asuntos de derechos humanos. Caso de Estudio:
San Salvador Atenco
Pedro Paul, Rivera-Hernandez1
Universidad Autónoma de Nuevo León
https://orcid.org/0000-0002-2137-2538
Felipe de Jesús, Marañon-Lazcano2
Universidad Autónoma de Nuevo León
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.7-3 			

https://orcid.org/0000-0002-0705-6336

ABSTRACT
Jaime Cárdenas (1996) defines the Rechtsstaat as the framework that allows the balance between the concepts of
apparatus and community, which through an institutional design seeks the way to serve the country ordered by a series
of laws around a constitution. Therefore, one of its primary objectives is the maintenance of social order, where the
media can play a decisive role to be a watchful eye of the social events. In this way, this study analysis the impact of
political communication within the case study of San Salvador Atenco, where police forces and citizen clashed, generating a series of violations of the rights of the latter and affecting the image of politicians associated with the issue. There
is a brief reflection on the contributions that mediatization has in the search for respect for human rights and how this
affects the perception of the political actors involved in the case.
Keywords: Human rights, political communication, and public opinion.
RESUMEN
Jaime Cárdenas (1996) define el Estado de Derecho como el marco que permite el equilibrio entre los conceptos
de aparato y comunidad, que a través de un diseño institucional busca la manera de servir al país ordenado por una
serie de leyes entorno a una constitución. Por lo tanto, uno de sus objetivos principales es el mantenimiento del orden
social, donde los medios pueden desempeñar un papel decisivo para ser un ojo vigilante de los eventos sociales. De esta
manera, este estudio analiza el impacto de la comunicación política dentro del estudio de caso de San Salvador Atenco,
donde las fuerzas policiales y los ciudadanos se enfrentaron, generando una serie de violaciones de los derechos de
estos últimos y afectando la imagen de los políticos asociados con el tema. Hay una breve reflexión sobre las contribuciones que la mediatización tiene en la búsqueda del respeto de los derechos humanos y cómo esto afecta la percepción
de los actores políticos involucrados en el caso.
Palabras Clave: Derechos humanos, comunicación política y opinión pública.
Cómo referenciar este artículo:
Rivera-Hernandez, P. R., &amp; Marañon-Lazcano, F. d. (2018). The political communication as an influencer of public
opinion on Human Rights issues. Case Study: San Salvador Atenco. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía,
42-54. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/88
Recibido: 23 de Julio 2017 - Aceptado: 13 de Septiembre 2017
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Doctor en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas. Email: pedro_riverahdz@hotmail.com
Doctor en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas. Email: felipe.maranonl@uanl.mx
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 42-54. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/88

�The political communication as an influencer of public...

1.

INTRODUCCIÓN

This article has the objective to explain the link there is between public opinion and human rights, considering the influence of media about interest as a boosting tool. These phenomena will be described using
political communication as the causal because of the impact it causes into society to build an image upon
an event, whether this image is partially true or false.
For Fulya Sen (2014), communication represents an essential and very important human need as well as
a basic human right. The right to communication should be considered in the framework of the freedom of
expression and the pluralist democracy.
It is well known by the Mexican citizens and it has been revealed to audiences worldwide how human
rights are violated as an every-day practice by the Mexican Government. Such organizations as it is the
United Nations High Commissioner for Human Rights in its report ‘Double injustice. Ayotzinapa case’ has
indicated that the acts of torture and other human rights violations represent, precisely, a double injustice.
On one hand, the guarantees of personal integrity and due process of the detainees are violated and, on the
other, they affect the right to the truth for the victims and society.
Because as the representative of this organ in Mexico mentioned, Jan Jarab, “those who suffer torture do
not necessarily tell the truth but rather what the torturer wants”, renewed action on the part of the authorities
in charge of procurement of justice should be taken, in order to avoid an institutional practice of committing acts of torture, as well as their tolerance and concealment. Also, the role of political communication
by influencing political opinion should have a larger weight on the power of the Government to encourage
public policies to help reach agreements with society. However, this mechanism should also be free from
manipulation and corruption, with the right of freedom of speech as the main motive of truth.
2.- THEORICAL FRAMEWORK
Human Rights
One of the ways in which the establishment of a culture of peace in society can be achieved is through
community mediation. This mechanism serves to achieve peaceful solutions and in response to differences
that arise within communities. Its inclusion as a public policy -that is, as a Government action- makes a
number of contributions to society. In order to achieve this, these policies must achieve a cultural change
and, consequently, strengthen the acts of Government and society that allow for unrestricted respect for
human rights, while also seeking to consolidate a democratic State governed by the rule of law.
In an era like the one we live in today -with unlimited access to sources of information, connected all the
time with each other, with many investigations, laws and regularizations- it is difficult to find people who
are not familiar with the concept of human rights. It is quite normal to hear about them, to make comments
about them and to believe that we know for sure what they mean and how they are applied. In reality, this
term corresponds to modern times since historically speaking human rights have had a long journey through
different times to become what we now know and that somehow we try to recognize any individual and give
them the respect they deserve.
The creation of the concept human rights is influenced by four “generations” forged throughout history.
The first generation, where the civil and political rights were created by the French Revolution raised the
issue of non-interference by the State in the lives of citizens; however, over time it became clear that these
rights were not sufficient and that they needed to be supplemented, which leads to the second generation.
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They arose when a written paper was no longer sufficient, but rather the practice of these rights that included the improvement of economic and cultural aspects was required. Thanks to Bobbio (quoted by Pérez
Luño, 2005:25) it is clear to us that the Mexican Constitution of 1917 and the German Constitution of 1919
influenced the momentum of this generation of rights. In both countries, rights were already demanded in
relation to employment, housing, fair wages, health services and rest, among others.
The emergence of the third generation of human rights took place in the 1970s, and it housed a whole
range of different prerogatives, such as the right to development, the environment and peace. This generation, as can be seen, is focused on peoples and communities; it was born in response to the need for cooperation among nations.
The last and fourth generation of human rights speak of equality between individuals and also require
the State to make no distinction between men and women and to have access to all rights in an equitable and
egalitarian manner. In addition, the aim is to ensure that there is no discrimination of any kind, including
nationality, political orientation, gender, etc.
In light of the foregoing, to speak of community mediation as a public policy and more precisely, as
an instrument for the protection of human rights, is of importance for the consolidation of a democratic
system. The State, as a body organized jointly with citizens and civil society organizations, is obliged to
implement actions that result in greater protection of the rights of every individual as a member of the State.
The discipline of public policies arises to fill a knowledge gap, to know how government decisions
are made and to know whether they are based on rational data, analysis and calculations, which increase
the effectiveness of the decided action, or whether they are based on other criteria (Aguilar Villanueva,
2010:19).
The political and technical components of public policy are well articulated, with no tensions, when
the actions decided by the government have sufficient social acceptance and produce results. Other times,
the two components of public policy do not correspond, they confront each other and one tries to prevail
over the other, which happens when political considerations lead to promising valuable, beautiful social
situations that are not feasible or are senselessly expensive, or when public policy makers do not care
much about the political consequences, perhaps disastrous, that their technically sound decisions provoke
(Aguilar Villanueva, 2010). In this way, it is clear that citizens need to be involved in the creation of public
policies that are ultimately aimed at satisfying their needs, including the protection of human rights.
With the reform of article 17 of the Constitution, in 2008, a reference point for community mediation
was presented and, therefore, another way of protecting human rights. In accordance with the constitutional
reform in the area of security and justice -and with all the work carried out in forums, meetings of legislators with experts in mediation, academics and society in general-, there is a guideline for the design and
implementation of public policies aimed at including a culture of peace in our daily actions. This is intended
to reduce confrontation between members of society.
It can be said that human rights are related to public policies because, since they are clearly regulated
by our Constitution, it is up to the State to carry out governmental actions, specifically public policies that
allow it to guarantee their respect. It is also stressed that they ensure the well-being of citizens and that there
is harmony and respect for our rights. For this reason, it is important to consolidate community mediation
as another tool that seeks to achieve a culture of peace in which respect for the rights that we all have as
citizens prevails.
Through community mediation, problems that are considered to have no legal relevance can be contaiRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ned and the conflict prevented from reaching other levels; that is to say, community mediation creates an
institutionalized space for conflict resolution through the intervention of professionals trained to prevent
disputes from turning into violent actions, the result of court battles, and, therefore, from disrupting social
order. Community mediation plays an important role because its implementation can prevent the breakdown of the social order within the community and thus consolidate peace, understood as part of human
rights. This procedure includes an interactive process related to the transmission of information between
political actors, media and the public which is defined by the concept of political communication according
to Norris (2000).
Political Communication
Political communication is composed of two big concepts difficult to tackle, politics and communication. There are four major definitions of political communication managed by some theorists (Grestlé,
2005):
•

•

•

•

Instrumental and reductionist conception, which is essentially based on the fact that political communication is constituted by the set of techniques and procedures available to political actors to seduce and manage public opinion. However, this definition dissociates policy communication since
it emphasizes its technocratic character, considering communication as a tool to manage image and
politics as the image itself
Ecumenical vision, which defines political communication as an interactive process related to the
transmission of information among political actors, the media and the public (Norris, 2000). Although this raises a circulation of communication without obstacles, it has the drawback of referring
to the notion of exchange that implies a more symmetrical than complementary communication,
that is, everything happens as if equality prevailed in the realization of communicative exchanges.
Competitive conception (Blumer &amp; Gurevich, 1995), which refers to the competence to influence
and control through mainstream media, public perceptions of major political events and what is at
stake. A struggle for the control of collective representations, emphasizing the role of the cognitive
and symbolic of political processes and insisting on the media
Finally, the deliberative conception unites the technological fascination with communication and
politics. This means that it is in the discussion, in the public and collective debate, where the
conditions for democracy will be found, including all citizens. That is, this vision is linked to the
definition of deliberative democracy (Grestlé, 2005).

These definitions of political communication have two aspects: one emphasizes communication and
the other emphasizes politics. It will depend on the theorists and researchers the use of the inclination that
is made of the political communication. It is evident that the political implies the social and the communication is, also of evident form, a social bond. Both the problems and solutions of a collective or political
group are socially carried out by transmitting to the masses directly and indirectly through the use of the
same citizenship or the media.
Specifically, Dader (2008) proposes the following definition, which in some way groups the concepts
explored up to now: “Political communication is the production, diffusion and exchange of symbols and
cognitive representations about politics, with the consequent generation of perceptions and reactions about
that policy “(p. 3).
As Roth (2015) mentions, political leaders usually take the coverage given by traditional media to an
issue (when there is a free press) as a substitute for public opinion. However, there are two relatively recent
and notable changes in this traditional understanding of shaming human rights. First, the rise of social media means that there are more people influencing public opinion than traditional journalists, more ways in
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which people can learn about human rights issues as well as through the dominant media, and more ways
in which policy makers can discern the views of a relevant public than by consuming news through newspapers and broadcasts. Second, some human rights violators have become much more sophisticated about
the use of the media, both traditional and social, to influence world opinion.
This role played by the media has led, as Dader (2008) points out, to a conversion of societies towards
the mediocracy, that is, media-centered democracy, as the main link between political communication and
the mass media communication.
Nowadays, there is an extensive literature on the interaction between media and politics, which, although largely focused on electoral processes, also addresses issues such as infotainment or personalization,
which target issues other than politics of elections. However, the vast majority of these works describe
specific experiences without looking too much at the general trends that can already be identified in the
behavior of the media. On the other hand, the focus of these approaches is worked from the perspective of
cultural studies, or from the communication sciences, and not with a vision that integrates from the object
of study to political science.
For Wolton (1989), political communication is an indispensable process for the contemporary political
space, it allows the confrontation of political discourses: ideology and action for politicians, information
for journalists, communication for public opinion and polls. These three discourses are in constant tension,
each one of them keeps a part of the democratic political legitimacy and tries to interpret the political reality
of the moment, excluding the other.
As established by Mendé &amp; Smith (1999) “The mass media mobilizes before the event; the politicians
before the action; public opinion before the hierarchy of issues and concerns that do not obey either the
pace of political action or the mass media. This demonstrates the differences in time scale and concern that
exist in each of the actors… the fundamental role of political communication is to avoid the seclusion of
the political debate itself, integrating the issues of all kinds that acquire political interest and facilitating
the permanent process of selection, hierarchy and elimination, providing sufficient elasticity to the political
system. It serves to address the main contradiction of the democratic political system: to alternate a system
of opening up to new problems with a system of closures destined to avoid that everything is in permanent
debate.” (p. 202).
Political communication offers the preamble for public opinion, since this is where it arises. It takes
place starting the subject of interest, later media oversees disseminating the information and finally the
people interested generate a criterion upon which they debate with others. As to the government, it serves
as an incentive to act and produce strategies such as public policies like community mediation in order to
give a solution to the problem established.
Public opinion
According to Jürgen Habermas (1994), public opinion was born at the end of the 17th and the beginning
of the 18th century at the cafes and bars of Paris and London where people met to debate different issues of
common interest. These places became centers of discussion and argumentation; the cities were centers of
literary advertising and began to have significant political and literary weight. The discovery of America,
wars, literary novelties or courtly news were the most-talked-about topics at these bars and cafes.
It is from the bourgeois revolutions and the alliance between the people and the bourgeoisie that the
popular classes will begin to feel themselves as an active political subject. It is beginning to be observed
that the opinions of private individuals could evolve into public opinion through a rational-critical debate of
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a public made of citizens, which was open to all and free from domination (Pareja and Echeverría, 2014).
The institutions of mass communication, mentions Habermas (1994), gradually replaced in importance
the bars and cafes. The commercialization of mass communication altered the critical nature of the social
sphere. What once was a forum for rational and critical debate became another field of cultural consumption.
The French are considered the inventors and disseminators of the public opinion, Noelle-Neumann
ensures that the first user of the combination of opinion and public as a united expression was Rousseau.
He saw public opinion as a way of carrying out the common will, which was given through egalitarian and
reasoned debate.
Botero Montoya (2006) indicates that Necker (Minister of finance of the French Crown) was in favor of
the total publicity of state activities and stated that “only the crazy, the pure theorists or the apprentices fail
to take into account public opinion”.
Moving on to the 1900s, the change in public opinion studies was becoming increasingly clear within
the social sciences as it turned into a major object of study for sociologists, psychologists and political
scientists.
Throughout history, many generations of authors have tried to give a concept to public opinion, but
there is no generally accepted definition. Public opinion is currently considered one of the most important
and decisive concepts in the social sciences, alluding to a social phenomenon.
Efforts to define the term have led to expressions of frustration such as “public opinion is no the name
of anything, but a classification of a set of things” (Davison, 1968).
Pareja and Echeverría (2014) mention that public opinion can be understood as a concept that articulates a social phenomenon in which there is a series of ideas, thoughts and beliefs around diverse themes of
collective character.
Public opinion is then understood as the freedom to express and opinion on general or public affairs of
the State (“common good”, “public necessity”, “general interest”…) and, in connection with this, on the
content and form of State government that is, on the content and form of governmental decisions relating
to such general affairs. (Aguilar Villanueva, 2017).
Another of the definitions that help to understand public opinion in a simpler way is the following:
Public opinion is the result of individual opinion on topics or subjects of common interest and that
originate, first, in human communicative forms, in individual processes and then, in collective processes to
varying degrees, depending on the nature of the information shared by individuals, and at the same time influenced by the particular interests of the social groups that are affected (Reyes Montes, O’ Quínn Parrales,
Morales y Gómez, &amp; Rodríguez Manzanares, 2011).
Considering the definition above given it can be understood that the individual opinions of each citizen
are born from the information they receive about a topic of common interest. Califano (2015) tells us that
Harold Lasswell said that those who control the media will have an important advantage in presenting this
knowledge throughout society. Public opinion is the key to their deliberative policy proposal, which is an
alternative for overcoming the democratic deficits of contemporary politics.
A high-profile case of public opinion in Mexico occurred in 2001 when the then president, Vicente Fox,
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announced the construction of a new airport in the areas of Texcoco, San Salvador de Atenco and Chimalhuacán.
This caused some discontent among the inhabitants and let to marches and demonstrations against the
construction. The People’s Front in Defense of the Land (FPDT) was also created. This fact is remembered
due to the violent events that happened and the countless human rights violations that took place.
Throughout the conflict, the collective resistance against the construction of the airport had two fronts
of struggle: legal and social mobilization.
Kuri Pineda (2010) explains that once this news was made public in Mexico, numerous positions emerged within the Mexican public opinion on which of the two candidacies to build the new airport represented
the best alternative in economic, ecological, urban and aeronautical terms.
This author also mentions that the airport conflict was an intense process of confrontation that marked
the communities, in such way that the people still experience the division between those who decide to
participate in the movement and those who were willing to sell their land.
In conclusion, this mega-project gave rise to various forms of citizen participation in a formal and informal, community, organizational, institutional and autonomous manner. A new relationship between the
government and citizens was experienced (Moreno Sánchez, 2014).
3.- METHODOLOGY, SAMPLE PERIOD AND DATA USED
The purpose of this study is to understand all the parts of the Salvador Atenco`s case, and thus be able
to understand better from the inside and how political communication, public opinion and human rights are
related in this event.
Up to this point, we have seen that the process, which proceeds creating a public opinion, starts with
the violation of any human right that is publicly exposed, it can be through television, radio, magazines
or newspaper (Pareja and Echeverría, 2014). However, journalist aren’t the only people publishing about
the matter nor are they doing it only by the “traditional method”; the subject jumps into Internet and it’s
being posted and commented on by anyone in the world who may be able to watch it. This is where public
opinion starts to happen (Habermas, 1994). This specific space, virtual or non-virtual, where people share
their thoughts about a topic. Therefore, the research questions are the following:
•
•
•

Did the government’s political communication regarding the ‘San Salvador Atenco’ case have a
positive impact on public opinion?
Did the attack on the human rights of the inhabitants of San Salvador Atenco received the necessary
exposure from the media?
Did the media generate in public opinion an idea of human rights violations in the case of San
Salvador Atenco?

4.- RESULTS
The case study is known as a research method that is characterized by the use of cases from unique
social or educational entities in which it has to carry out a systematic and in-depth examination of them.
It differs from sample research in that the case is pre-selected because it offers better and greater learning
opportunities in the field (Stake 1995).
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For Yin (1989), the case study consists of the detailed description and analysis of unique social units or
educational entities. Whereas for Stake (1998) it is the study of the particularity and complexity of a singular case, to understand its activity in concrete circumstances.
It is a qualitative research method that can measure and record the behavior of the people involved
within a studied phenomenon (Yin, 1989). It is mainly characterized by the investigation of several phenomena in which it seeks one or more answers to the questions that may arise as the investigation progresses.
The case study is interested in the characteristics of a project design, as well as the results of a program or
social intervention experience. Other characteristics of the case study, according to the author Pérez Serrano
(1994) are:
•
•
•
•

It is particularistic: this means that it is characterized by an idiographic approach, aimed at understanding the singular reality.
It is descriptive: a rich qualitative description is obtained as the final product of a case study.
It is heuristic: because it discovers new meanings, broadens the experience or simply confirms what
was already known with a strategy aimed at decision making.
It is inductive: it is based on inductive reasoning to generate hypotheses and discover relationships
and concepts from the detailed system where the case takes place.

Cases are unique social situations or entities that deserve to be investigated. Case studies may be composed of single or multiple case studies (depending on their units of analysis), but their purpose is to understand the particularity of the case (Serván and Muñoz, 1999). Yin (1989) distinguishes three different
types of objectives:
•
•
•

Exploratory: the results of which can be used as a basis for asking research questions
Descriptive: tries to describe what happens in a particular case
Explanatory: facilitates interpretation

Types of cases:
Values case: Each individual has a scale of values. Two people may meet affectively in a “here and
now”, but as soon as they approach an issue from their respective core values they will find themselves in
antagonistic positions
Incident case: The ultimate aim is to actively seek out additional information from the participants in
order to clarify the individual processes of the decision.
Case of reasoned solution: It differs from the incident case in that there is no additional information
here: the group has to be satisfied with the data of the case and concentrate its efforts on reconciling the
various solutions in order to find a reasonable solution.
Case where imagination is applied: From imagination promote in the group a representation of the case
based on real situations.
Real search case: It can be used when there has previously been an ideological discussion or an awareness process about a particular problem shown in the news or the media, where some questions are made
upon a selected case, which is the type we are doing for this study.
Thematic case: What is of interest is not the case itself but the substance of the case. Stake (1998) points
out that due to their characteristics, a case study is difficult to structure with defined steps, but Montero and
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León’s proposal (2002) develops a five-phase method.
•
•
•
•
•

The selection and definition of the case.
Preparation of a list of questions.
Location of data sources.
Analysis and interpretation.
The preparation of the report.

Description of San Salvador Atenco´s Case
After a year of announcing the start of construction of a new airport in Mexico City, President Vicente
Fox postponed the project indefinitely. The movement was defined from the beginning of 2001 as a way of
manifesting itself in the construction of Mexico City’s international airport, this project was considered as
an urban proposal that should be developed.
The main protagonists of the movement are communal land holders from a locality near Mexico City,
belonging to the popular sectors where there is a transformation of the actor-subject: a) The actors of this
movement identify and structure themselves based on a certain identity, demands and principles, with the
particularities of the socio-cultural condition of the social category to which they belong; b) by their own
demands or claims regarding their condition, and c) by the organizational and institutional characteristics
of the environment in which they operate (Munck, 1995).
The municipality of Atenco is located in the central part of the Valley of Mexico and in the eastern part
of the State of Mexico; it is separated from the former Federal District (current Mexico City) by the municipalities of Nezahualcóyotl and Ecatepec. It is located 22 kilometers from Mexico City and belongs to the
region of Texcoco. It is bordered to the north by the municipalities of Acolman and Tezoyuca, to the south
by the municipality of Texcoco, to the east by Chiautla, Tezoyuca and Chiconcuac, and to the west by the
municipality of Ecatepec.
Most of the social movements that have emerged in Mexico’s history are a reflection of class conflict,
but in this case it is a struggle of a joint community to express the class in which they live. Its form depends
on the state of the political system and social organization.
All social movements have a raison d’être and are constituted in class relations. The case of Atenco
helps us to visualize it as a regional, social movement that receives coverage and diffusion because its
background is based on the struggle with the local space, as well as the defense of something that can be
considered as delicate: the possession of land in the Metropolitan Area of Mexico City. Alain Touraine
(2005) considers that social movements are above all cultural movements, very different from those whose
socio-economic orientations had been anchored in industrial societies. Such is the case of Atenco.
The conflict may have been initiated for the purpose of maintaining a single element, but its characteristics imply differences according to the place and order of events; orientations or resources, social or cultural
characteristics may also be helpful in defining the movement’s strategy. The actors of a movement do not
form a social environment that can be defined by common choices, by a personal and collective social identity. A social movement, on the other hand, is constantly trying to question the social definition of roles, the
functioning of the political game, the social order.
At the beginning of the social conflict, 2001, there were no major education centers in the municipality,
as in Texcoco, but in 2011 the Universidad Mexiquense del Bicentenario, known as the “Unidad Académica
Universitaria Atenco” (Atenco University Academic Unit), located in the Santa Isabel Ixtapan community,
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was already in operation and offers two degrees: Industrial Engineering and Information and Communication Technologies Engineering.
In 2001, the President of the Republic was Vicente Fox, who presented the proposal to build the best
urban work of the six-year term with the installation of the international airport of the largest metropolitan
area in Latin America. It would be located in Mexican territory and specifically in the municipalities of
Atenco and Texcoco. Undoubtedly Vicente Fox and the then secretary of communications and transportation, architect Pedro Cerisola Weber were the main actors in the airport project. The decrees of expropriation of land in the Texcoco region gave them constitutional powers to build and operate an airport. The State
has the power to ensure the free movement of goods and persons by air and their movement by air or land
may not be limited to one territory or one physical space.
The Atenco problem took another direction in 2006 with the repression of the state government and the
executive branch of government. The social movement has continued with less impact in Atenco, but not in
other latitudes or in the MCMA, where it is recognized as a “social movement”, in which several social and
political actors participate. This continues, but the issue is no longer limited to disagreements between the
federal government and the communal land holders, who carry machetes as a defense and icon no longer
of the land, but of citizen demands for justice, freedom, human rights, employment and security, among
others. It should be remembered that each social movement is associated with the social data itself and with
the historical cultural processes that are the fruit of a democracy and rationality at a given time.
Atenco has had to face and get used to a poorly organized and planned urban development in its different
localities; this has required a greater supply of public services (drinking water, electricity, drainage, among
others); the redeﬁnition of the population in its territory; and the change of land use in the last decade from
agricultural to urban, semi-industrial, or commercial. This municipality has become an extension of the
great city, since its traditions, its forms of organization, its cultural expressions, its values and the ways of
life of its inhabitants are intertwined. They receive the inﬂuence of the region and of a modernity where
the different actors are structured from a certain identity, from certain principles, with the socio-cultural
condition and the characteristics of an area that belongs to the State of Mexico, but receives the inﬂuence
determining of the most important metropolis of the country and of Latin America.
5.- CONCLUSIONS
In this part, the article will give an answer to the established research questions above. The first questions inquired if the political communication offered by the government regarding the Atenco case had
had a positive impact on public opinion. According to the described case, the answer is a negative one. As
previously seen, public opinion is studied as a reflection of a series of collective thoughts, behaviors and
customs that play the role of reference of the opinions held by individuals. Public opinion, from this perspective, is linked to the prevailing set of beliefs in a given community. Thus, if the State is not able to reach
the whole audience through this communication channel that encompasses emotions, thoughts, experiences
and values then the government just simply won’t have the capacity to create a link with the community
and therefore, the public policies proposed by the government won’t have the participation of the citizens
and they won’t be good enough to satisfy their necessities. The clear example of this is the fact that even
when Fox decided to back out and public “apologies” were made, it was also Enrique Peña Nieto who said
“There won’t be a negotiation. The law will be applied, and the rule of law will be enforced.” That had a
larger and negative impact for the Government, due mainly to the images that had been infiltrated. Thus, the
government’s political communication regarding this case did not have a positive impact on public opinion.
To the second question the answer would have to be an affirmative one. At the moment it was some
pretty big news, but then again, so was Ayotzinapa or any femicide case. However, all these events have
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Rivera Hernández, P. &amp; Marañón Lazcano, F.

in common the same characteristic: they gain popularity for some time and then become history. All of a
sudden nobody remembers about it and it doesn’t mean the situation has been solved. In the case of Mexico, the citizens decide to forget and forgive. No movement has become strong enough to actually make a
change on society, even when it received sufficient exposure from media. Regarding the ‘forget &amp; forgive’
concept we mean that as no rightful action is taken from the government, impunity reigns. Leading to the
attitude of thinking that not any achievement from the population towards the government makes a difference and they decide to not care anymore, so they eventually forget which later turns into forgiveness. At
the time the Atenco case occurred, Fox was certainly the President of the Mexican Republic, but Enrique
Peña Nieto was the then governor of the state where the events happened: State of México. After his speech
previously mentioned, he didn’t seem to gain any popularity, thus after Fox and Calderon he became the
current President of the Mexican Republic: people forget and forgive. Overall, the case did have enough
exposure by the media at the time, but it seemed tackled by the effervescence effect that hunts every other
event in our country.
The third question asks if the media generated in the public opinion an idea of human rights violations.
And as established before, it did. Media captured the moments by photos, by testimonials, by recording it
and it was able to transmit it; at this moment the process of developing a public opinion as such had taken
place and people were critical about it, however it didn’t cause a bigger impact. Neither on the population to
take up a different strategy to reach the Government, nor the State to also stop using the ‘old-way’ methods
(violently) that only leads us backwards as a society.
At the end, if we were to analyze the three answers as a whole rather than separately, we would see how
they are connected. It all starts with the violation of human rights which manages to be noticeable. After the
media has captured attention on the audience, the Government makes an announcement regarding the topic,
using political communication as a method and finally, this political communication creates and impact on
the citizens to formulate a criteria based on the situation, this is called public opinion which normally agrees
with the fact that human rights are being violated. Nevertheless, this cycle of three is not strong enough to
stop the abuse, at least not in Mexico and that is why with these conclusions the necessity and importance
of further case studies is highlighted, as well as encouraged.
The importance of studying this matter lies in identifying the role of public opinion as a spokesperson
through political communication who can demand an answer to the violation of the human rights of citizens. A way to accomplish it could be by the press, since it acts as a counterweight tool and a mediator
between the citizenship and the achievement of their rights. Political communication comes along with a
public opinion made of social consciousness thanks to the capacity of the media in publicizing abuses of
violations, spreading facts and facilitating the exercise of rights.
Also, the determination of different aspects that could cause the violations of human rights. For example, most experts argue that human rights violations should decrease with economic development, however
it’s proven by Dreher, Gassebner &amp; Siemers (2012) that they increase with economic growth. Mitchell y
McCormick (1988) support this idea when they mention that the better the economic situation, measured by
the quantity and quality of goods and services available, the less potential for conflict and therefore repression. Which is why further studies should include what external factor may influence the cycle of political
communication and public opinion regarding the violation of human rights and that also may indicate the
cause of why it hasn’t alone accomplished to lower the levels of this abuse.
Finally, it should be stressed that it is not enough to simply create and give the public a perspective on
certain issues, in this case the violation of human rights, but to make an effort to educate citizens and to
teach them to be active with the media. This includes a twofold task: on one hand, to have the capacity to
reconstruct the culture offered by the media and on the other, to inform, train and transform education in
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�The political communication as an influencer of public...

human rights and peace, constituting an important instrument for building a new culture (Tuvilla, 1997).
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Relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y América Latina en las primeras década
del siglo XXI
Diplomatic relations of Mexico with the United States and Latin America in the first decades of the 21st
centurySan Salvador Atenco
José Manuel, Vázquez-Godina1
Universidad Autónoma de Nuevo León
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.7-4 			

https://orcid.org/0000-0003-2161-2770

RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en analizar las relaciones diplomáticas a lo largo del tiempo de México con Estados Unidos, y México con América Latina. Se aplicó el método de
análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la
revisión documental se encontró que: las relaciones que México ha sostenido con Estados Unidos y Latinoamérica han
sido controvertidas, esto ha generado que los objetivos de la política exterior de México planteados por los diferentes
jefes de estado consideren como una variable de mayor influencia al país vecino del norte.
Palabras clave: Administración, diplomacia, estado, política, relaciones internacionales.

ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review, which objective was to analyze diplomatic relations throughout
the time between Mexico and the United States, and between Mexico and Latin America. The method of analysis was
applied, with a qualitative approach, non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level.
After the documentary review, it was found that: the relations that Mexico has had with both the United States and
Latin America have been controversial, this has caused that the objectives of Mexico’s foreign policy proposed by the
different heads of state consider the neighboring country of the north as a variable of greater influence.
Key words: Administration, diplomacy, state, politics, and international relations

Cómo referenciar este artículo:
Vázquez-Godina, J. M. (2018). Relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y América Latina en las
primeras década del siglo XXI. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 55-67. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/89

Recibido: 02 de Agosto 2017 - Aceptado: 13 de Octubre 2017

1
Posdoctorado en Filosofía con Orientación en Relaciones Internacionales, Negocios, y Diplomacia, Doctorado en Gerencia y Políticas Educativas. Email; jose.vazquezgd@uanl.edu.mx
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�Relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y América...

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1.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América, México y América Latina han sido
controvertidas a través del tiempo, esto ha generado que los objetivos de la política exterior de México
planteados por los diferentes jefes de estado consideren como una variable de mayor influencia al país
vecino del norte. Desde el nacimiento como Estado-Nación, México ha estado influenciado por la política
de Estados Unidos.
Los antecedentes más cercanos, se encuentran durante el período de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo,
donde influyen los factores internos y externos en la elaboración e implementación de los objetivos de
la política exterior; uno de los factores que más influyó fue la cercanía con Estados Unidos, los lazos de
amistad entre los mandatarios políticos de una nación y otra, así como las tendencias de la globalización
económica y el triunfo del capitalismo en el sistema internacional.
Posteriormente, con la llegada del nuevo siglo, llega una serie de cambios en el sistema internacional,
así como en el país, con la llegada a la presidencia de la República del Partido Acción Nacional (PAN),
derrotando al partido oficial, hegemónico, que había permanecido en el poder por cerca de 70 años, se
percibía un cambio de rumbo en la política exterior del país, sin embargo, la influencia de Estados Unidos
permanece, a pesar de los cambios políticos internos.
De esta manera el tiempo que va del Siglo XXI, México ha tenido cuatro presidentes, que se consideran
como las olas del mar, de pronto hay mucha participación en el sistema internacional y después va disminuyendo, pero es necesario que cada mandatario realice un buen diagnóstico de la situación social, política
y económica en la cual se encuentra el país y el mundo, con la intención de elaborar objetivos de la política
exterior a corto mediano y largo plazo, de acuerdo a estos objetivos, generar estrategias que permitan alcanzarlos y ser evaluados por el poder legislativo, para que al mismo tiempo se implementan los instrumentos
diplomáticos que ayuden a lograr cada uno de los objetivos.
Durante el gobierno de Peña Nieto, la diplomacia mexicana se encargó de promover los intereses nacionales, participando en los esfuerzos internacionales a favor del desarrollo sostenible y la cooperación, de la
paz y la seguridad –aspiración que se resume en la noción de responsabilidad global. A partir de esta visión,
se desplegó una intensa política exterior que profundizó en el diálogo y la cooperación con otras naciones,
fortaleciendo la presencia de México en foros multilaterales y regionales (SRE, 2015).
Desde los inicios de la Administración de Peña Nieto, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), asumió como tarea principal la consolidación internacional de México.
Con el objetivo de promover la producción mexicana en el extranjero, fortaleció los lazos comerciales con
países de diversos continentes; de esta manera la Agenda del Gobierno Federal tuvo como misión lograr un
crecimiento en la productividad, respaldada bajo una política exterior que tenía como misión promover el
comercio internacional y atrae la Inversión Extranjera Directa (IED).
A inicios de la administración de Enrique Peña Nieto las relaciones bilaterales entre México y Estados
Unidos habían dejado atrás algunos problemas como el de migración y narcotráfico. En el ámbito económico, el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) se fortaleció al firmarse un acuerdo de reconocimiento
mutuo en materia aduanera único en el mundo, como un importante impulso al comercio exterior, que haría
de Norteamérica una región más competitiva. Sin embargo, durante el año 2015, la red consular en Estados
Unidos expandió su capacidad de documentación consular en un 50% con respecto al 2014, debido al incremento de la demanda, y a los problemas migratorios, aumentando el número de pasaportes.
Para el caso de América Latina, México ha ido fortaleciendo sus relaciones diplomáticas a través de la
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integración de la Alianza del Pacifico (AP), siendo esta una institución internacional de carácter regional
con mayor madurez, gracias a la integración de países observadores; de esta manera México tiene Tratados
de Libre Comercio con diez países latinoamericanos y con trece países acuerdos económicos, es el primer
socio comercial de América Latina y el Caribe en Belice; el segundo en Brasil; el tercero en Cuba y Honduras; y el cuarto en Chile y El Salvador.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Antecedentes
La participación de un país en el escenario internacional, depende del perfil de la persona que se encuentra en el poder, del conocimiento cognoscitivo, es decir de su trayectoria educativa, de su literatura,
el tipo de universidad en la cual fue preparado, todo esto influye al momento de tomar decisiones claves
para el país que en esos momentos se encuentra representando, ya que las experiencias, la influencia de los
modelos educativos son los que lo llevarán a tomar decisiones a nivel global.
De esta manera, partiendo de esta idea, las relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y
América Latina, fortalecerlas e incrementarlas parte de un modelo neoliberal del cual está influenciado el
presidente Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), debido a que desde el momento que inicia la presidencia,
la política exterior mexicana toma un rumbo diferente, la visón, los objetivos, las metas y los instrumentos
diplomáticos se incrementan, ya no es solamente Estados Unidos, ahora se integra Europa, Asia y África,
pretendiendo una diplomacia total.
Considerando las ventajas de los factores internos y externos que se estaban presentando en esos momentos, como fue la caída del muro de Berlín y la integración de Alemania, la desintegración de URSS
y el triunfo del capitalismo, de esta manera de acuerdo a Holsti, para un cambio de postura se requiere la
percepción de aquellos tomadores de decisiones, que conozcan las condicionantes de situación política,
económica y social del país y del sistema internacional, combinado con el deseo personal de reestructurar
las relaciones diplomáticas del Estado con sus similares de la sociedad global.
En esos momentos se inicia la globalización, con un presidente influenciado por el modelo neoliberal,
que pretendía cambiar la imagen de México frente a la sociedad internacional, convencer al gobierno de
Estados Unidos, George Bush que el futuro de las relaciones internacionales, la paz mundial y la seguridad
internacional no se encontraban en las armas, sino, en una diplomacia comercial, las alianzas comerciales,
para poder competir era necesario la firma de un tratado comercial donde se incluyera Canadá.
De esta manera los cambios no son por si solos, ya que, para poder integrar a México al sistema internacional, fue necesario hacer lo mencionado por Herman y Holsti que mencionan que al re direccionar la
política exterior de un país, no es solamente por un cambio de gobierno o de régimen, sino, que los cambios
vienen de los ajustes, los programas, los problemas, las metas y la orientación del país en el sistema internacional. Para entender las condiciones que promueven una redirección fundamental en política exterior,
Hermann sugiere cuatro áreas de conocimiento. 1) Sistema Político interno, 2) toma de decisiones en la
burocracia, 3) cibernética, y 4) aprendizaje.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), parecía que
las relaciones entre ambas naciones eran cordiales, que todo era felicidad, pero los problemas seguían
siendo como hace cien años, la inseguridad en las fronteras, se agregaba el narcotráfico, la migración, los
polleros, etc., los reclamos por parte de Estados Unidos al presidente de México, se debía a la falta de una
patrulla fronteriza que vigilara la situación de los migrantes del país y centroamericanos.
La cercanía con Estados Unidos, no permitió que se alejara de América Latina, ya que la forma medianRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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Relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y América...

te la cual había llegado a gobernar, obligo a Carlos Salinas a buscar una legitimidad a través de resultados,
siendo el programa Solidaridad con mayor éxito en sus primeros tres años, que le permitió ser considerado
como uno de los ejemplos en Latinoamérica, promovió la integración de América Latina y el Caribe, en
aquellos momentos se cumplían quinientos años del descubrimiento de América, para lo cual se organizan
foros, reuniones y encuentros entre los países iberoamericanos.
Al que realmente le toca lidiar con la problemática entre ambas naciones es al presidente Ernesto Zedillo de León (1994-2000), ya que se enfrenta a la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba,
mejor conocida como Helms-Burton en 1996, el gobierno de Bill Clinton amenaza a México con dejar de
comprar el producto e incrementar los aranceles a las empresas que invertían en Cuba, siendo una de las
empresas perjudicadas CEMEX, la situación llegó al punto de intentar de romper el TLCAN.
Más adelante con el gobierno de Vicente Fox, parecía que la situación cambiaría, con un gobierno
mexicano que llego gracias a la democracia, con una legitimidad y credibilidad por parte de los ciudadanos,
desea ingresar y participar en el escenario de la arena política mundial, solicita al gobierno norteamericano
para que respaldo su candidatura para ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es aceptado y por tercera vez México participaría en un órgano de gran importancia para el desarrollo de la política
internacional.
Todo aquello, parecía una luna de miel, hasta que llegaron los primeros problemas, en la Asamblea
llevada a cabo en Monterrey, Vicente Fox le solicita a Fidel Castro, que la situación no estaba en un ambiente estable, por lo que le pedía no tener acercamientos con George W. Bush, que diera su conferencia y
se retirara del evento.
Al respetar esta decisión, al pie de la letra, Fidel Castro, esperaba un respaldo por parte de Vicente Fox,
sin embrago en la Asamblea en Ginebra, no sucede nada, la decisión de México es abstenerse, algo que le
molesta a Castro, sale enojado de la reunión, se reedita la conversación con Fox y la manda a los medios de
comunicación, quienes hacen su trabajo, se convierte en un chisme de vecindad que termina con la renuncia
de Jorge Castañeda, quien ocupaba el puesto de Secretario de Relaciones Exteriores.
De acuerdo a Rafael Velázquez (2004), posterior a los acontecimientos en Monterrey, N.L. y las votaciones en Ginebra, los resultados fueron una relación entre México y Cuba prácticamente congeladas,
debido a que varias actividades entre ambas naciones se cancelaron por parte de las autoridades mexicanas.
Así también provocaron la renuncia del embajador mexicano en Cuba a finales del 2002, la cancelación
de las fiestas del día de la independencia de México, e inclusive existieron amenazas del Servicio Exterior
para hacerle auditorias sobre malos manejos, por lo que Pascoe (2004), mencionó en su carta de retiro que
México se alejó de Cuba cuando se acercó a Estados Unidos.
Posterior a este conflicto, se va suscitar el atentado terrorista al Wallet Street, generando una serie de
problemas internos y externos en Estados Unidos, la política exterior norteamericana cambia de giro, ahora
su preocupación ya nos es el mercado, es la seguridad internacional, e inclusive Bush menciona “están con
Estados Unidos o con el terrorismo”. Para la siguiente reunión en Ginebra es debatir la invasión de Estados
Unidos a Irak; presentándose otro grave problema para el gobierno de Fox, ya que por un lado está el compromiso con Estados Unidos y por otro el cumplimiento de los principios de la Política Exterior de México.
Las decisiones que se toman en materia de política exterior de estos tres sexenios es debido a la influencia que tienen de Estados Unidos, que toman una directriz diferente a la de los anteriores mandatarios, que
se arropan de funcionarios públicos con las mimas ideologías neoliberales, con un grupo de asesores que
contaban con un amplio conocimiento de la problemática nacional e internacional, que sabían que para
lograr que el país fuera tomado en cuenta en materia de seguridad internacional y del mercado global, se
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deberían de hacer una serie de reformas en materia social, política y económica.
Una de las reformas que ayuda al crecimiento y al cambio, es la reforma educativa de 1993, con la
intencionalidad que los futuros ciudadanos y egresados de las universidades públicas y privadas estudiaran
ingeniería automotriz, para que el país contara con recurso humano en el sector automotriz, para lo cual promueve las universidades tecnológicas y las preparatorias técnicas, logrando que para el año 2 mil México
ocupara el primer lugar en producción de piezas de autos.
Las decisiones que toma los mandatarios, pueden ser de manera horizontal o vertical, es decir, que al
momento que exista una situación internacional en la cual se pide la postura del país, el presidente considera al grupo de asesores (políticos, económicos, religiosos, medio ambiente, etc.) o bien la decisión pude ser
unipersonal, pero siempre se deben de considerar los factores endógenos y exógenos, procurando mantener
el orden y la paz internacional.
Factores internos y Externos que han influido en las Relaciones diplomáticas de México con Estados
Unidos en el siglo XXI
Los objetivos de la política exterior mexicana se han caracterizado por no ser demasiados, ya que cada
mandatario establece de cuatro a seis, con la intención de cumplirlos, pero esos objetivos deben de estar
respaldados en un diagnóstico de la situación política, social y económica que vive el país, así como el sistema internacional; siendo estos los factores internos y externos que influyen al momento de establecerlos
(objetivos), posterior a ellos se establecen las metas a corto, mediano y largo plazo para lograrlos, al mismo
tiempo que se generan las estrategias e instrumentos diplomáticos.
El siglo XXI trajo para México cambios en la estructura política, que le permitieron al gobierno de
Vicente Fox alcanzar su legitimidad al interior y al exterior, gracias a la forma democrática mediante la
cual llegó, ayudó a dirigir una política exterior basada en los principios democráticos y derechos humanos,
convirtiéndose en el Presidente de historia de México que más cumplió con los principios de la política exterior; sin embargo fue traicionado por su poca experiencia en la función pública, la cual podemos clasificar
como poca eficiente al no poder manejar al mismo tiempo la política interna y externa.
Uno de los factores externos que influyeron en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos
fueron los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, esta situación genera que el país vecino cambie
sus objetivos de la política exterior y después de estarle apostando al comercio exterior, al desarrollo del
capitalismo, ahora es la seguridad internacional y el orden internacional y los enemigos son los terroristas,
al mismo tiempo que señala a México y Colombia como los principales de América Latina del problema
del narcotráfico de drogas, por lo tanto se genera un programa para disminuir está situación.
Aquellos atentados terroristas del 9/11 significaron para Estados Unidos, y el resto del mundo un cambio radical en la política exterior, algo que México no logro entender, ya que nunca realizo ajustes a sus
objetivos, debido a que si gobierno de Washington daba un giro 180 grados en su política exterior, Vicente
Fox también debió de hacer lo mismo, sin embargo las pretensiones del gobierno mexicano era culminar
su período con la firma de un convenio para ayudar a los indocumentados mexicanos que se encontraban
en Estados Unidos.
Al inicio del sexenio de Vicente Fox, los objetivos de la política exterior estaban claros, apoyar en todo
a Estados Unidos y dejar de hacerlo con la Isla de Cuba, e incrementar la participación del país en la arena
política internacional, se dejó a un lado el nacionalismo mexicano, se cambiaron los intereses políticos del
Estado; se pide el apoyo de Estados Unidos para ocupar un escaño en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que busca convencer a George W. Bush de que el caso de los indocumentados
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�Relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y América...

60
entrara a la Agenda política de su país.

Las relaciones diplomáticas de México-Estados Unidos llevadas a cabo durante el gobierno de Vicente
Fox, las podemos analizar a través de los tres niveles de análisis, ya que de acuerdo Kenneth Waltz (2007),
los problemas existentes entre entidades políticas e independientes (naciones), las causas que originan el
conflicto entre ellos se encuentran en los tres niveles de análisis: el sistémico, el estatal y el individual.
Los cambios ideológicos del gobierno entrante, apoyados por las tendencias de la globalización, la visión de las naciones Unidas, que no eran otras que las de Estados Unidos, pero lo que más le preocupaba a
Cuba era esa nueva generación de políticos, con otro visón, ya que, en el año 2000, Jorge Castañeda declaró
en Miami, “las puertas del Centro Cultural están abiertas”, provocando que cientos de cubando comenzaran
a pedir acilo político en la embajada mexicana de la Habana Cuba.
Durante su primer año, el gobierno de Vicente Fox, se la pasó negociando la entrada al Consejo de Seguridad y su alejamiento con la Isla de Cuba, cuando inicia el año 2001 se organiza el Foro de las Culturas
en Monterrey Nuevo León y el gobierno de Washington le pide al mexicano que no deseaba encontrarse
con Fidel Castro, para lo cual se le solicita al gobierno cubano vía telefónica acudir a la reunión por la
mañana y después del almuerzo retirarse entres otras recomendaciones, para lo cual el Presidente de Cuba
amablemente acepta.
Pero la política internacional es como un juego de grandes ligas, hay que saber jugar, algo que Vicente
Fox nunca pudo comprender, si la decisión al inicio de su gobierno fue apoyar en todo a Estados Unidos,
eso es lo que debió de haber hecho, sin embargo en la Conferencia de Ginebra, a Fox se le presenta un conflicto, por un lado se encuentra la presión de Estados Unidos, que exige el apoyo, por otra parte se encuentra
Fidel Castro que solicita la recompensa, es decir un voto a su favor por parte de México, devolviendo el
favor, y también se encontraba el Congreso del Estado, que a través de un memorándum, exigía a Vicente
Fox cumplir con los principios de la Política Exterior, estipulados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Otro de los factores externos que influyeron en la política exterior del gobierno de Vicente Fox, fue las
nuevas tendencias en las relaciones internacionales del sistema internacional, que se caracterizaba por la
formación de bloques regionales, como le venía haciendo tiempo atrás países europeos al formar la Unión
Europea, al igual que Asía y África, de este mismo modo pretendía hacer Estados Unidos hacer algo similar, uniendo a los países de América y formar un solo bloque económico, que llevaría como nombre Área
de Libre Comercio para América (ALCA), que a la postre le atrajo graves problemas al Presidente Fox; de
corte diplomáticos, la mayoría de ellos innecesarios como fue el caso de Argentina y Venezuela posterior a
una reunión en Mar del Plata, Argentina.
De esta manera el sexenio Vicente Fox, se caracterizó por estar a favor del Área Comercial de América
propuesta por Estados Unidos, sin embargo, existían países latinoamericanos que no se encontraban totalmente a favor, como Brasil; que por cuestiones históricas, no le convencía integrar este bloque, debido a
que en décadas pasadas, había solicitado ayuda a Estados Unidos para salir de su crisis económica, no tuvo
respuesta positiva, por tal motivo la negativa por parte de este país, se observa como una venganza.
Los roces políticos entre los gobiernos latinoamericanos con Estados Unidos, debido a que la idea surgió del gobierno de Washington, y que México estuviera apoyándolo, les parecía algo fuera de serie, debido
a que durante toda la historia México se mantenía al margen o bien apoyaba a los latinoamericanos, por lo
que esta decisión generó que los países sudamericanos rechazaron la propuesta, lograr una Área de Libre
Comercio para las Américas (ALCA) fue imposible, dejando a México como uno de los peores negociadores diplomáticos, ya que no hizo su tarea de convencer a los mandatarios de votar a favor de esta iniciativa.
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Las esperanzas norteamericanas culminaron cuando Vicente Fox, que durante la Cumbre de Mar de
Plata, no pudo defender la propuesta del Área Comercial, sin tener el respaldo de los vecinos, al contrario,
fueron demasiadas críticas y fricciones con algunos países como fue el caso de Argentina y Venezuela, a
tal grado que ocasiono un berrinche de George W. Bush, su salida de la cumbre y un rompimiento de las
relaciones diplomáticas con México, donde los resultados fue que nunca se firmó el convenio de los indocumentados.
En palabras del propio Rafael Velázquez, menciona que, bajo un criterio cualitativo, las relaciones de
México se centraron básicamente en Estados Unidos y al final del sexenio, la política exterior de Vicente
Fox no tuvo la suficiente capacidad para mejorar las condiciones internas del país. Es decir, Fox deja en el
2006 una situación menos favorable en términos sociales, económicos y políticos que las que recibió (R.
Velázquez 2008).
Los factores internos y externos de aquel momento fueron muy poco aprovechados por el gobierno
de Vicente Fox, para llevar a cabo una política exterior más eficiente, debido a se enfocó básicamente en
un solo país: Estados Unidos; que de acuerdo a Rafael Velázquez (2008), la política exterior hacia otras
regiones estuvo influenciada indirectamente por este país, en especial frente a América Latina y el Caribe.
Es decir, la diversificación de las relaciones internacionales de México se mantiene como un mito; ya que
a pesar de ser uno de los objetivos del PND referentes a la política exterior, el mayor socio comercial, a
donde van dirigidas las exportaciones e importaciones es Estados Unidos, por tal motivo nunca deja de ser
el principal socio comercial de México.
Factores internos y Externos que han influido en las Relaciones diplomáticas de México con América
Latina en el siglo XXI
De acuerdo a la manera mediante la cual Vicente Fox llega a la presidencia de la República, se podía
esperar una política exterior enfocada a la democracia, a la protección de los derechos humanos y a los
principios de la participación ciudadana en la elección de sus mandatarios, que las relaciones diplomáticas
de México con los países de América Latina, se manifestarán de acuerdo a lo que mencionó Raúl Villanueva
embajador de Chile en México en año 2004; que “México, es el “puente geopolítico” entre el Sur y el Norte
del hemisferio Occidental, está llamado a transformar las relaciones culturales y económicas antiguas con
Estados Unidos, para crear una comunidad única integrando las Américas del Norte y del Sur” ( Sudarev,
V. 2013).
En estos momentos, Vicente Fox, no se da cuenta de la dimensión de su poder político, no solamente el
que se encuentra establecido en el artículo 89 constitucional, sino, aquel que tenía por encima de la Carta
Magna, gracias a su legitimidad, ya que el poder político es uno de los puntos centrales de la política exterior, tal como lo afirma Hans Morgenthau, que para alcanzar los objetivos planteados por los estados en el
sistema internacional es prerrequisito tener poder, de esta forma la persona que se encuentra dirigiendo al
Estado podrá alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.
El poder político se manifiesta de diferentes maneras, pude ser explícito o implícito, de acuerdo a los
estudios realizados por Cabello, M. (2013), la globalización en todas sus manifestaciones, incluyendo la
democrática, tiene como resultado que el ambiente de otros sistemas estatales influya de tal forma que no
puedan desarrollarse las políticas sectoriales nacionales sin tomar en cuenta las que se aplican en otros
países, ya sea por disposiciones jurídicas de carácter internacional, o como influjo de las políticas públicas
aplicadas en otra latitud, y que cusan sus efectos no sólo en el sistema estatal donde se suscitan, sino en
terceros ajenos.
El pretender ampliar la influencia de México en los países de América Latina, no era otra cosa que una
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respuesta a los cambios globales en la naturaleza del poder de la política internacional, que ha enfatizado el
poder suave (Soft power), definido como la capacidad de influir indirectamente en la conducta o los intereses de otras entidades políticas por medios culturales, económicos o ideológicos, y del multilateralismo,
definido como la concertación de varios estados en cuestiones políticas específicas (Harlan Koff, 2013).
Cuando las relaciones informales de poder son asimétricas, la integración tiene un impacto negativo
en la cohesión social, mientras que cuando estas relaciones son simétricas, la colaboración transfronteriza
mejora la cohesión. Al integrarse los Estados entre sí, buscan mantener una cohesión solidaria y de cooperación para que los efectos positivos se reflejen en el grupo; que de acuerdo a la teoría realista el Estado-Nación al igual que los seres humanos buscan la sobrevivencia y lo logran a través de la integración ya
sea para dominar a los demás o bien los débiles para protegerse de los fuertes.
Las relaciones diplomáticas de México con América Latina y el Caribe siempre habían sido de amistad,
pero, durante el Gobierno de Vicente Fox se percibe un déficit debido a su forma de actuar frente a los países de Latinoamérica, esto a que desde sus inicios tomó la bandera de la democracia, enfocado a un modelo
neoliberal, haciendo saber al país de Cuba que las relaciones diplomáticas cambiarían; de acuerdo a Jorge
Castañeda (2015), esto se lo hacen saber desde el primer día como gobierno panista, que todo cambiaría,
que ellos (gobierno) no tendrían las mismas complacencias como había sucedido durante el gobierno priista.
Por otra parte las relaciones diplomáticas de México con los países de América Latina habían sido de
cooperación política, ayudarse y protegerse de los ataques militares y económicos de las potencias, sobre
todo de los Estados Unidos de América, varias de las ocasiones los acercamientos fueron de carácter político, sobre todo durante la Guerra Fría, que más de una ocasión la integración tenía el objetivo de protegerse
de los embates norteamericanos, quien buscó aprovechar las ventajas dela desintegración latinoamericana.
La actividad de México frente al Continente de América Latina es de una manera de aliados; ya que de
acuerdo a teóricos del realismo como Morgenthau, Wraith y Waltz, mencionan que la política exterior es
una actividad racional dirigida al logro de la mejor opción de política. Ellos promueven la idea del Estado
como un agente racional unitario, aunque en muchas de las ocasiones al tomar una decisión en momentos
de crisis para muchos no sea la adecuada y que posteriormente es estudiada bajo la lupa con la intencionalidad de conocer los errores que posteriormente son cuestionados pero que en ese momento fue eficiente
(Attiná, Flavio, 2001).
Sin embrago percibimos que las relaciones diplomáticas de México con América Latina han vivido un
parte aguas, un antes y después del 2000, anterior a esta fecha, a la que le llamaremos como lo dice Vargas
llosa “la dictadura perfecta”, en la cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI), domino por cerca de
70 años y las relaciones eran de cordialidad, después llega otra era la cual fue bautizada por el presidente
Vicente Fox como “el día del nacimiento de la democracia” y los cambios se reflejaron al interior y exterior,
el trato con Cuba ya no fue igual, y en esos momentos comenzaron los problemas de México con los países
de Latinoamérica.
Sin embargo, el problema no es a quien apoyo, sino, que no se tomaron las decisiones acertadas en política internacional, que existieron momentos en la historia de Vicente Fox en las cuales se tenía que tomar
una postura, y en esa encrucijada, prefirió la neutralidad, basándose en los principios de la política exterior,
que decidir apoyar a Estados Unidos o no, más cuando eres el número trece en participar y la tendencia ya
está decidida.
De esta manera podemos afirmar que los cambios que ha sufrido el sistema internacional en política y
economía, ha ocasionado que los Estado redefinan su política exterior por lo que Méndez (2009, p.34), nos
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menciona que el tema de la construcción de una nueva política exterior, implica redefinir nuestro entendimiento de los actores sociales. La propuesta debe quedar planteada en un marco de complejidad, donde
las decisiones no se tomen en consideración a corto plazo o por tendencias políticas de fuerte contenido
ideológico.
Al igual que Seara (1983, p.37) y Velázquez (2008, p.67), Méndez (2009, p.16), dicen que la nueva
política exterior debe de reflejar un entendimiento de los el Poder Ejecutivo y el Senado e inclusive ser
factor para darles cuerpo y viabilidad a los nuevos actores que están conformando las nuevas necesidades
del sistema tanto global y regional. Cuando analizamos el sexenio de Felipe Calderón, nos damos cuenta de
la congruencia entre los objetivos, lineamientos y acciones de política exterior; debido a que algunas de las
metas planteadas al inicio de su sexenio fue recuperar la imagen del en el sistema internacional, colaborar
en la construcción del orden mundial y contribuir al desarrollo nacional; estas metas son el embalse de
una política exterior de cualquier país, sin embargo, no son las medidas específicas que solucionarían los
problemas externos y mucho menos internos de cualquier país por lo que hacía falta ser más específico y
puntual en cuanto a política exterior se refiere (Covarrubias, A. 2013).
Los factores externos que influyeron en la política exterior del gobierno de Felipe Calderón se encontraba la necesidad de mejorar las relaciones con Cuba, el caso del golpe de Estado en Honduras, convocar
a la Cumbre de la Unidad para formar la CELAC, gestionar un asiento no permanente en el Consejo de
Seguridad, participar en el Grupo de Río o ser sede de las reuniones del G20 y la COP16, empero, cualquier
país que este realmente interesado en la participación productiva y activa en el ámbito internacional, estas
medidas son las que deben de tomarse sean o no convenientes para la ideología política interna del país.
Por otra parte uno de los factores internos que influyen en los objetivos de la política exterior es la manera mediante la cual obtiene el poder, debido a que existen muchas dudas de su legitimidad al ganar la elección con un margen de 0.62% a su oponente que era Manuel López Obrador del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), es por esta razón, que una de sus prioridades fue restablecer el orden interno y no la
política exterior; que de acuerdo a Covarrubias, A. (2013), esta es la consecuencia por la cual el Presidente
de la República no contaba con un proyecto claro en esta área.
Debido a los problemas de inseguridad que se estaban viviendo en el país, los lineamientos de política
exterior se convirtieron en un medio para satisfacer intereses internos; la idea primordial era apoyar el desarrollo económico, social y político del país participando en esquemas de cooperación internacional, que
de acuerdo Covarrubias (2013), el Plan Nacional de Desarrollo presentó los siguientes puntos en materia
de política exterior: Política exterior como palanca del desarrollo nacional; México parte de la construcción
del orden mundial; mayor cooperación con EUA; diversificación de la agenda de la política exterior; y
ayudar a los mexicanos en el exterior.
Otro de los factores internos que influyen al momento de diseñar los objetivos de la política exterior del
gobierno de Felipe Calderón es la inseguridad que vive el país, terminarla se convierte en una prioridad; de
esta manera utiliza la diplomacia con Estados Unidos para generar una cooperación bilateral con el objetivo
de culminar con el crimen organizado y el tráfico de armas llegada del vecino del norte. Ejemplo de esta
cooperación bilateral se encuentra la Iniciativa Mérida, la cual es considerada uno de los proyectos más importantes de Calderón; por medio de Iniciativa, el gobierno de Barack Obama destinó recursos económicos
para los estados fronterizos de México; en el primer año, se destinaron 1,400 millones de dólares a México
en equipo y entrenamiento.
En general podemos decir que el sexenio de Felipe Calderón en materia de política exterior su relevancia la dividimos en dos etapas, la primera que se dedica a solucionar los problemas internos del país, así
como los conflictos con aquellos países con los cuales el gobierno anterior había tenido problemas diplomáRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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ticos; en la segunda etapa, la política exterior es activa, con el Plan Pueble-Panamá, la Alianza del Pacifico,
como estrategias para promover el desarrollo económico y social del país.
Los factores externos que influyeron en la formulación de los objetivos de la política exterior mexicana durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la tendencia de integración de América del Norte; la
cooperación con Centroamérica y el Caribe; la interlocución efectiva con América del Sur; la alianza con
Asia-Pacífico; la integración de la Unión Europea (UE). Se observa que durante este sexenio se adopta una
política exterior pragmática, proactiva y moderna, basada en una nueva realidad, orientada más al sector
económico, fortaleciendo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Otro de los factores que influye en la política exterior es el factor económico, como el impulso a mejorar
la integración regional para poder competir con Asia, principalmente China, a través de las inversiones,
con la Alianza del Pacifico, se pretende mantener una competencia con el ASEAN, donde ahora es realizar
un diagnóstico interno, para identificar los productos nacionales que se le pueden ofrecer a China y poder
competir. Por otra parte, durante este período se crearon políticas de cooperación con Centroamérica con la
finalidad de enfrentar de una manera más eficaz el crimen organizado.
Por otra parte, el factor externo que mayor influyo en la política exterior del gobierno de Peña Nieto
es el cambio de gobierno en Estados Unidos, ya que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la
política exterior mexicana sufre cambios que se dan a conocer a través de su página oficial, identificando
dos grandes prioridades que son:
a) Fortalecer la presencia de México en el mundo, diversificando los vínculos políticos, comerciales,
de inversión, turismo y cooperación con las regiones de todo el mundo (América Latina y el Caribe, Centroamérica, América del Sur, Europa, Reino Unido, Asia Pacífico, Medio Oriente y África). Para ello, el
gobierno mantendrá una agenda equilibrada, pragmática y oportuna, profundizará las relaciones bilaterales
y el dialogo político con actores clave, y defenderá las mejores causas de la comunidad internacional en
foros y mecanismos multilaterales.
b) Construir una nueva etapa de diálogo y negociación, en la relación bilateral con Estados Unidos
de América. En este punto queda claro que México está obligado a tomar acciones para defender su interés
nacional. El presidente mexicano ha manifestado los principios y los objetivos que se respetarán durante las
negociaciones. Son cinco los principios para la negociación: el respeto a la soberanía nacional, el respeto al
Estado de Derecho, una visión constructiva y propositiva, la integración de Norteamérica, la negociación
integral. Los objetivos de la negociación se resumen en diez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compromiso para garantizar un trato humano y respetuoso a los migrantes,
Proceso de repatriación ordenado y coordinado, respetando los protocolos y acuerdos.
Trabajo conjunto en la promoción del desarrollo en los países de Centroamérica.
Libre flujo de remesas.
Colaboración para detener el ingreso ilegal de armas y dinero de origen ilícito.
Libre comercio entre Canadá, E.E. U. U. y México.
Incluir los nuevos sectores, como el sector energético, las telecomunicaciones y el comercio electrónico.
8. Mejorar los salarios de los mexicanos.
9. Proteger el flujo de inversiones.
10. Promover una frontera que una y no que divida.
A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2012-2018), implementado a los inicios del gobierno de Peña Nieto, contemplaba que la política exterior sería una herramienta para el desarrollo nacional,
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buscando que se reflejara en una mayor cooperación internacional, acuerdos de libre comercio, promoción
de exportaciones, inversión extranjera, en el cual el objetivo fundamental estaba dirigido a diversificar la
agenda de política exterior en el entorno internacional; la coyuntura internacional llevó al gobierno nacional, hacer cambios concretos en su política externa, todo esto, debido a la diplomacia coercitiva practicada
por Donald Trumps.
De acuerdo a todo lo anterior, podemos afirmar que su política exterior se basó en la cooperación internacional para el desarrollo, como una expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, un medio para impulsar
al bienestar y la prosperidad del país y de la comunidad internacional. Se comenzó el año 2017, muy activo
a nivel internacional, con un Presidente de Estados Unidos amenazante, que para los mexicanos era un debate si cumpliría con las amenazas o bien hasta qué punto llegaría a cumplirlas. Existían muchos escépticos,
que mantenían la esperanza de un arrepentimiento, mientras que los realistas le apostaban a que llegando
a la casa blanca iniciaba un apocalipsis para los mexicanos que se encontraban radicando ilegalmente en
Estados Unidos.
Esos cambios, provocaron que México modificara las estrategias de su política exterior hacia este país,
ya que uno de los puntos a tratar es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que de acuerdo al presidente norteamericano Donald Trumps no existían ventajas económicas
para su país. A principios de la renegociación se percibía un interés por parte del gobierno mexicano de
llevar en buenos términos el tratado, pero por otra parte el gobierno norteamericano tenía poco interés, sin
embargo, para marzo del 2018, los intereses cambian, ahora México mostraba poco interés y Estados Unidos mucho, debido a la tendencia de las votaciones.
Por consiguiente, la política exterior seguida por Peña Nieto, estuvo marcada por factores internos y
externos. En su artículo, La Política Exterior del presidente Enrique Peña Nieto, Luz María de la Mora
Sánchez establece que se destacó por ser una “política exterior pragmática, proactiva y moderna” (De la
Mora, 2017). Además, quedó de manifiesto que México se movería según las vicisitudes y realidades del
momento, y no mediante política de principios como algunos de sus antecesores.
A finales del gobierno de Peña Nieto se presenta otro problema, que es el caso de los migrantes centroamericanos que utilizaban al país de México como trampolín para llegar a Estados Unidos; las Caravanas
que llegan de Centroamérica, lo hacen en un momento en la cual existe un vacío de poder en el país, es decir
hay un presidente electo, pero que todavía no toma posesión del poder, por otra parte hay un presidente que
le queda un mes de poder, pero que ya no quiere, ni desea meterse en problemas.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la teoría del método funcional, se consultaron un
total de diecinueve referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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yectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a la Relaciones
diplomáticas de México con Estados Unidos y América Latina en las primeras décadas del siglo XXI. Una
vez recopilada y analizada la información se construye el documento objeto de este trabajo. Por último, se
realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados (Lechuga, 2018, p. 196).
4.- CONCLUSIONES
Las relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos y América Latina, en estas primeras décadas
del siglo XXI, han estado influenciadas por los factores internos y externos; en los primeros se encuentran
desde la formación académica de los mandatarios, su trayectoria política, el medio ambiente que los rodea,
hasta los grupos sociales, políticos y económicos internos que tienen sus propios objetivos y misiones, que
buscan de una u otra manera influir en la formulación de los objetivos de la política exterior.
Por otra parte, se encuentra la posición geográfica del país, sus recursos naturales, su nivel de analfabetismo, cantidad de instituciones de educación superior, la innovación, la tecnología, pero sobre todo el
porcentaje que se le destina al desarrollo de la innovación, la tecnología e investigación del Producto Interno Bruto (PIB); que todo ello te permite tener la capacidad para negociar en la arena política internacional.
Pero al momento del diseño de los objetivos de la política exterior, no solamente influyen los factores
internos, sino, que también se encuentras todos aquellos elementos del sistema internacional, que se deben
de considerar, como es la distribución del poder político y económico, entender las tendencias de las relaciones internacionales, que se encuentran encaminadas a la política, a lo social y a la economía.
Cada uno de los mandatarios que les tocó dirigir al país, se han encontrado con una serie de factores endógenos y exógenos, que han ayudado a diseñar la política exterior, sin embargo, también hay que también
considerar que hay momentos de la vida política, en la cual hay que saber tomar decisiones, es decir una
política exterior pragmática, donde está en riesgo la paz y el orden del sistema internacional.
Hoy en día es necesario realizar una evaluación del sexenio de Peña Nieto, en los albores de lo que será
la nueva Política Exterior establecida por López Obrador, es menester realizar un análisis de las acciones
emprendidas a lo largo de estos seis años, y con ello, emitir un juicio de valor positivo o negativo como
resultado del total de las actividades en materia de política exterior.
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Turbulencia con los datos personales, entre lo Público y lo Privado
Turbulence of personal data, between Public and Private c
José Guillermo, García-Murillo1
Universidad Autónoma de Nuevo León
DOI: http://dx.doi.org/10.29105/pgc4.7-5 			

https://orcid.org/0000-0002-3856-9281

RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en mostrar evidencia del
Hábeas Data como un instrumento en el sistema Jurídico Mexicano. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque
cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental
se encontró que: La protección de datos personales en México reviste de una garantía Constitucional y facultades
conocidas como derechos ARCO, vinculándose a la esfera del derecho a la información y libertad de expresión, pero,
además, como un límite para proteger la privacidad, intimidad y la dignidad de los individuos. El límite del derecho a
la información es el respeto que debe de tenerse a la vida privada de las personas quienes son las únicas facultadas para
dar su consentimiento y que se pueda difundir su información. Se concluye que los datos personales protegen los datos
sensibles del ciudadano que de revelarse pudieran causar un menoscabo en su dignidad o una discriminación por sus
preferencias. La legislación mexicana requiere de un análisis sobre la función y eficacia en el ejercicio de este derecho,
así como el establecimiento del Hábeas Data del Derecho comparado.
Palabras clave: Acceso, datos personales., cancelación, oposición y rectificación.
ABSTRACT
This article is the product of a bibliographic review, which objective was to show evidence of Habeas Data as an
instrument in the Mexican Legal System. The method of analysis was applied, with a qualitative approach, non-experimental design, under a transversal documentary-bibliographic level. After the documentary review it was found that:
The protection of personal data in Mexico has a Constitutional guarantee and powers known as ARCO rights, linking
to the sphere of the right to information and freedom of expression, but also as a limit to protect the privacy, intimacy
and dignity of individuals. The limit of the right to information is the respect that must be given to the private life of
people who are the only ones empowered to give their consent for their information to be disseminated. It is concluded
that personal data protects the sensitive data of the citizen that, if revealed, could cause impairment of their dignity or
discrimination based on their preferences. The mexican legislation requires an analysis of the function and efficacy in
the exercise of this right, as well as the establishment of the Habeas Data of Comparative Law.
Key words: Access, personal data, cancellation, opposition and rectification.
Cómo referenciar este artículo:
García-Murillo, J. G. (2018). Turbulencia con los Datos Personales, entre lo Público y lo Privado. Revista Política,
Globalidad y Ciudadanía, 62-73. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/106
Recibido: 11 de Agosto 2017 - Aceptado: 29 de Octubre 2017

1
Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México;Email: garmurg@hotmail.com. ORCID: 0000-0002-3856-9281
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México, ISSN 2395-8448. pp 68-81. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/106

�Turbulencia con los Datos Personales...

1.

INTRODUCCIÓN

El derecho a la información tutela dos garantías: la primera de ellas es que el ciudadano pueda accesar
a toda la información pública a fin de contar con datos de calidad para la toma de decisiones, en la vida democrática del Estado, es una condición indispensable. La otra garantía se refiere a una acción de protección
a la confidencialidad, se trata de respetar la vida privada e íntima, en la cual ni el estado y ningún otro sujeto
tiene derecho a invadir la esfera particular de las personas. Estamos frente a un derecho a la protección de
los datos personales y por lo tanto, la información debe de ser reservada. Esto es, el ejercicio de exigir que
las asociaciones públicas transparenten su información, ponerla en una caja de cristal donde todos podamos
visualizarla y, por lo tanto, evaluar y criticar su actuación y comportamiento.
En contraste, los individuos no son cajas de cristal, su derecho está sustentado en la idea de que sus actos
están en una dinámica de lo personal y en el caso de exponerlos pueden enfrentar serios daños irreversibles.
En esa ponderación siempre es más importante el derecho a la intimidad y la dignidad del individuo, sus
datos sensibles deben de estar resguardados, tales como: preferencias ideológicas, sexuales, religiosas, sindicales, políticas, salud, e inclusive el domicilio y la edad, a fin de evitar una trazabilidad del individuo que
lo identifique o sea identificable, exponiéndolo o vulnerándolo, de ahí el axioma que determina: “Quiero
estar solo y que me dejen estar solo”.
La protección de datos personales es un tema cuyo estudio se ha difundido en el panorama internacional y que implica además, el análisis de características muy particulares que lo delimitan y proporcionan
un ámbito propio, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la información, el cual se define
como el conjunto de normas jurídicas relativas al ejercicio, alcance y limitaciones de las libertades de
expresión e información por cualquier medio; en este contexto, la protección de datos personales es el derecho que impone límites al derecho a la información, toda vez que limita el uso de información personal
conservada en bases de datos electrónicas, especialmente en la información sensible, es decir, toda aquella
que pueda originar discriminación.
El Jurista Eduardo Mongoa Real opina lo siguiente:
“La vida social moderna nos muestra que con frecuencia se observa una posición entre el derecho
de un sujeto al secreto de su vida privada y el derecho de los demás a estar informados de lo que
sucede dentro de la sociedad de la que todos forman parte. ¿Podría, por ejemplo, sostener un jefe de
estado que una alteración nerviosa, profunda que padece debe quedar sustraída del conocimiento
de los demás ciudadanos por ser algo que concierne a su esfera privada personal? En la vida
privada de un ser humano parece plantear exigencias que chocan con la necesidad de otros, de
tener una amplia información sobre lo que sucede en la vida social. Son casos en que el derecho
a la vida privada se presenta como puestos a la libertar de información que reclaman los demás
miembros del cuerpo social”. (2)
En efecto, la tesis principalista da como resultado un ejercicio de argumentación jurídica en caso de una
coalición de derechos, cuál de los dos debería de prevalecer, algunos juristas afirman que todos los derechos
deben de estar armónicamente integrados y que se complementan entre sí, de tal suerte, que la formula x
+ y = q como de facto se genera una conjunción, sin embargo, puede haber un tercero excluido bajo la fórmula xy, necesariamente en la disyunción, una debe de prevalecer, bajo la idea garantista de la ponderación
cuando la finalidad es la dignidad del ser humano, si bien es cierto, que los derechos humanos no se pueden
fundamentar, también es innegable que en una pugna, en un conflicto debe de existir el principio de aplicar
lo que sea más favorable a la dignidad de la persona.
En el análisis del principalísimo se debe dejar en claro que entre el derecho de libertad de información,
sus características deben de ser públicas, amplias y de máxima publicidad, sin que exista de por medio ninRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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guna limitación, pero en contraste en la esfera privada es frecuente que un sujeto argumente su necesidad
de mantener confidencialidad en torno a su vida privada; por lo tanto, ser una figura pública no plantea que
sea una exigencia del derecho a la información dar cuenta de sus actividades intimas y para ello, oponerse
a cualquier posibilidad de intromisión para acceder a su vida privada.
El 20 de febrero del 2014 el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolvió sobre el caso para el acceso al expediente clínico del Presiente Enrique Peña Nieto, fue
un amparo interpuesto por Article 19 y fue negado en primera instancia conforme al proyecto presentado
por el Magistrado Joel Carranco, bajo el siguiente argumento:
“Que no existe diferencia alguna entre el presidente de la república y cualquier ciudadano, la ley
protege los datos personales de toda persona independientemente del cargo que ostente, por lo
tanto, la información del expediente clínico es confidencial. Durante el debate el Magistrado Julio
Hernández difirió sobre ese argumento, señalando que no es lo mismo el presidente de la Republica
a cualquier otra persona o funcionario público, y advirtió que si bien existe información dentro del
expediente médico que es relevante, el documento completo debe ser confidencial. Sin embargo,
estos argumentos no tuvieron eco alguno en los otros dos magistrados (Joel Carranco y Carlos
Compson) al respecto, algunos periodistas y críticos opinaron que la autoridad debe de realizar
versiones publicas cuando existan parte de los expedientes que sean de interés público y otras que
sean confidenciales, sin restringir absolutamente el derecho al acceso a la información.” (3)
Los críticos mantuvieron también su posición argumentando que el estado de salud de los altos funcionarios mexicanos en el desempeño de sus encargos no podrá conocerse jamás, cualquiera de ellos tiene garantizado que los datos sobre el perfil psicológico que tenían al momento de tomar decisiones trascendentes
serán siempre confidenciales sin importar si estuvieron incapacitados por alguna enfermedad, según consta
en los lineamientos y resoluciones elaboradas por el IFAI:
“Los comisionados del IFAI llegaron a esa resolución tras analizar una solicitud de acceso a la información planteada por este semanario (Proceso), mediante la cual se pretendió conocer el expediente médico
del presidente Felipe Calderón, después de que se fracturó el hombro izquierdo en una caída de bicicleta en
los pinos el 30 de agosto del 2008”. (4)
En ese entonces, continúa el reporte diciendo, el Estado mayor presidencial les bastó mencionar que
los datos sobre la salud física y psicológica están clasificados como confidenciales, aún más, argumentaron
que las evaluaciones hechas a Calderón durante su gobierno permanecen bajo resguardo desde el momento
en que se practicaron, por lo que a diferencia de otros casos de datos reservados no es necesario esperar a
que alguien solicite esos datos para pedir su difusión. En el caso del expediente de salud del presidente, la
confidencialidad es automática. Caso cerrado.
El pasado 14 de noviembre del 2018, ciudadanos y organizaciones civiles se manifestaron exigiendo
que los candidatos y el presidente de la República desde hace tres sexenios, muestren un informe médico
las condiciones de salud en las que toman decisiones y ejercen el poder.
“Tenemos Derecho como sociedad a esa información para nosotros tomar nuestras decisiones (…)
es una decisión pública que sigue vigente porque es importante conocer esta situación, no sólo en
términos de salud física, sino mental; hay que saber quién está tomando las decisiones del estado
mexicano”.
“Sin embargo, la presidencia y luego el INAI, determinaron la negativa de acceso a la información,
al clasificar al tema como un asunto íntimo del titular del Ejecutivo Federal, bajo el argumento de
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proteger el derecho a la vida privada de los presidentes, por encima del derecho a la información
de los ciudadanos”, comentaron especialistas de la UNAM.
De lo anterior se desprende, que la libertad de la información es un concepto prácticamente limitado por
dos consideraciones que según algunos juristas deben de prevalecer el sentido de la seguridad nacional o el
de la protección de datos personales, me parece que es un debate que sigue siendo abordado desde nuestras
universidades de una manera incompleta y sesgada, habría que revisar este asunto a la luz del derecho comparado para avanzar en el campo jurídico de restituir a la libertad de información una consideración integral
sobre nuestro derecho a conocer como se gobierna y en qué condiciones se gobierna.
Pero reflexionemos, si las personas ejercitan su derecho, cualquiera que sea en su naturaleza en la forma
y modo que establece la ley, no se puede herir el derecho de otro, cuyo límite es el límite del derecho ajeno,
ya que no se concibe que dos personas distintas, tengan, sobre el mismo objeto, dos derechos iguales en
especie y contenido, por lo que, podemos inferir que cuando se ocasiona un perjuicio a alguien por el que se
deba responder o hubo extralimitación del derecho, se ejercitó en modo o forma distintos a los establecidos
por la ley y que el perjuicio sea una consecuencia de esa extralimitación o de esa manera normal de actuar el
derecho, nos encontramos frente a los abusos del derecho. Así, cualquiera que, con motivo del ejercicio del
derecho, comete una falta de la que resulta un daño a otro, está obligado a repararlo. Se sostiene en seguida,
que el ejercicio del derecho es culpable en los dos casos siguientes:
Primero, cuando la persona que lo ejercita ha obrado únicamente con la intención de perjudicar; y segundo, cuando ha cometido una imprudencia que un hombre muy diligente colocado en la misma situación
no hubiere cometido. Se piensa que fuera de esos casos el ejercicio del Derecho, aunque produzca un daño,
no engendra la obligación de repararlo, contrario a cualquier concepto individualista sobre las libertades
absolutas del Derecho que se ejercen dentro de los límites marcados, nadie tiene derecho a exigir cuenta al
titular, no solamente sobre el modo que lo ejerció, sino tampoco sobre cuál fue su intensión en el momento
de obrar; esto quiere decir, que nadie tiene el derecho a preguntarte por qué y cómo lo causó, aun cuando
cause perjuicio a otro sin beneficio alguno para él, y aunque al hacerlo haya tenido en mira ese daño y
negándose en todo momento a corregir, rectificar, atenuar o permitir la réplica de lo demás, partiendo del
presupuesto del que se encontraba con la obligación de informar y en el uso de su libertad de expresión, sin
tener ningún interés económico individual o social, el daño que se comente a los individuos en particular
o a la sociedad en su conjunto no puede ser permitido, ya que el objeto del derecho y su uso se miden por
su utilidad.
La ponderación en todo caso, es si el servidor público o el propio Presidente de la República accede
a dar la información que el pueblo en su estricto derecho de estar informado se lo piden bajo su propia
autonomía, el funcionario puede acceder a entregarla sin que por eso se pudiera violentar la garantía de
protección a los datos personales, porque en aras de la confianza, credibilidad y la seguridad debe de actuar
dando su consentimiento para que se revele en todo o de forma reduccionista la información que en la esfera
de protección respecto de su persona pudiera otorgar la información proponiendo un dialogo abierto con
una perspectiva crítica, poniendo encima de la mesa argumentos y razones para dar o no dar la información.
No estamos ante una argumentación simplista que no requiera de una difícil labor de contrapesar derechos
e intereses legítimos en conflicto. En definitiva, se trata de que la sociedad se sienta segura, atendida e
informada.
El razonamiento entronca con los postulados básicos del interés público, aquí el espacio de libertad
individual no sólo viene restringido por el espacio de libertad equivalente del que también gozará el resto
de los ciudadanos, sino que, además, la propia comunidad en el interés público impone ciertos límites a la
libertad del individuo.
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Ahora bien, reflexionemos sobre la creación de los derechos fundamentales de un sistema normativo
con las siguientes ventajas:
1.
2.
3.
4.
5.

Confieren a sus titulares un verdadero derecho en el sentido técnico jurídico de la palabra;
Proporcionan medios de defensa y reconocimiento en el plano jurídico para asegurar sus garantías;
Están inspirados en principios étnicos que le confieren un mínimo contenido ético al estado y su
derecho, el cual debe inspirar no sólo la creación de normas, sino, la actuación misma de los poderes públicos, los cuales no pueden en un principio atentar hacia esos valores;
Dan pauta para la actividad del Estado y también inspiran la regulación que este emite para la
relación entre los particulares, al ser principios étnicos, jurídicos ya incorporados, que sirven para
establecer los criterios de conducta válidos para los individuos;
Generar una obligación implícita del estado para hacer realidad en la medida de lo posible, los fines
que persiguen estos derechos, este es, debe crear las condiciones que sean necesarios tanto formal
como materialmente para hacer posibles estos derechos.

Los derechos fundamentales constituyen básicas pautas valorativas que deben regir en y para el Estado,
pueden contribuir a la teoría de la ley para darle una consistencia racional, no sólo desde el punto de vista de
la expedición de los objetivos que debe perseguir y las razones por las cuales debe restringir esos derechos
fundamentales (Legitimidad). Es decir, puede contribuir a la creación de una teoría de la legitimidad de las
normas jurídicas.
La ley ha llegado a ocupar un lugar destacado dentro de las Instituciones modernas. En base a ella, no
sólo se da forma y existencia a este tipo de organización, sino, que es el vehículo de su expresión, de tal
grado que al Estado moderno sólo se le concibe como Estado de Derecho.
La idea del Estado de Derecho ha quedado insuficiente, ya que sólo se preocupó por el aspecto formal
de su exteriorización de los objetivos sociales que deberían de perseguir. En su defecto, se pugna por un
estado social y democrático de derecho, que luche por la consecución de los objetivos sociales y la afectiva
realización de los objetivos superiores en una comunidad.
Si la concepción actual del Estado se ha revisado, es necesario también cambiar el concepto de ley.
El concepto de ley, es igual que el concepto de los derechos fundamentales, es necesario examinarlos
dentro del proceso histórico filosófico que ha generado su aparición y transformación, así podemos comprender la tarea que se ha encomendado y las principales dificultades por las que han atravesado, dentro de
ese procedimiento podemos intentar la reelaboración del concepto de ley que nos ayude a transformar los
requerimientos actuales de los estados contemporáneos (que ya se han escrito en la delimitación al derecho
a la información en el contexto internacional).
Las tareas de limitar los derechos fundamentales pueden producir la neutralización de la garantía jurídica, que presenta el reconocimiento del derecho positivo; y puede producir la desvalorización de todo el
sistema jurídico cuando el Legislativo tenga que regular los valores que tiene que respetar. Y los principios
morales que respaldan estos derechos pueden ser desconocidos por otra clase de valores o políticas, que no
estén colocados en el ámbito constitucional, en el mismo rango que los mencionados derechos fundamentales.
Se admite, sin resquemor alguno, que los personajes de la escena pública han de soportar las críticas
adversas de una forma más resignada que las personas privadas. Es el precio que deben pagar por las luces
de la notoriedad y fama.
A tal efecto, la doctrina distingue dos categorías de personas públicas: por un lado, aquellos que alcanRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 4 No. 7, Enero - Junio 2018, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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zan la notoriedad cuyo pensamiento y acción tienen trascendencia decisiva en la vida de la comunidad general; y, por el otro, aquellos que poseen popularidad, pero cuya conducta no produce efectos significativos
en el destino común de la sociedad.
En el primer grupo se incluye a los hombres de Estado y a los políticos, y en el segundo, a los deportistas, los artistas y los científicos, etcétera.
El carácter de persona publica o de vida privada incide, así mismo, en la evaluación de la relevancia
pública de la información que, como tal, justifican su divulgación por medio de la prensa.
Las figuras públicas disponen de un ámbito más estrecho de protección de su intimidad, ya que son personas que, por sus actos, modo de vivir, fama o por haber adoptado una profesión que confiere al público
un interés legítimo en sus actividades, se han convertido en personajes públicos.
El estrechamiento de la tutela se debe a que estas personas han buscado, en muchos casos, la publicidad
y, aún más, la han admitido, de modo que en razón de sus propios actos no pueden rechazarla. Otras veces,
ocurre que las personas involucradas en la información ocupan cargos públicos, páginas adentro iremos
determinando cuales son los alcances y límites de la Protección de Datos Personales.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
La libertad de Expresión e Información.
El Artículo 19 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos establece:
“Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer previa censura ni exigir fianza a los censores o a los autores, ni coartar la libertad de
imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún
momento podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito”. (5)
La libertad de expresión se complementa con el derecho a la información, de ahí que la tesis sustenta la
necesidad de hacer efectivo el derecho a la información en México, mantiene una relación inmediata con el
artículo sexto constitucional, ambos preceptos deben fortalecer mediante una legislación que haga explícito
el derecho a la información consagrado en dicho artículo, el cual establece:
“La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en
el caso de que ataque a la moral, los derechos de los terceros, provoque algún delito o perturbe el
orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. (6)
Las libertades informáticas sólo se explican en el fondo si satisfacen un derecho fundamental: el derecho a la información del público. La libertad de expresión en el campo del derecho a emitir ideas, opiniones y juicios de valor; el derecho de buscar, procesar y difundir hechos de carácter noticioso, constituyen
herramientas de intermediación entre las fuentes públicas y privadas y el destinatario final, la libertad de
información será garantizada por el Estado. Esta oración asegura una condición de igualdad y de certeza
para que todos los mexicanos obtengan una información oportuna, veraz, objetiva y plural, ya sea por medio de comunicación o directamente de los órganos del estado manteniendo la libertad de información en
el acceso a las fuentes directas, así quedó consagrado en el artículo sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, no omito señalar que las libertades de expresión e información tienen 5 limites
previstos en la propia Constitución:
a)

Derecho a la vida privada. Que es un límite a estas libertades informativas;

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b)
c)
d)
e)

Respeto a la moral pública;
Respeto al orden público;
Respeto a la Paz Pública, y
Respeto al derecho de terceros.

Bajo este criterio, se sostiene que la vitalidad de la democracia depende de la participación ciudadana;
la desinformación o el ocultamiento de información es contrario a las bases esenciales de una sociedad democrática, constituyendo una característica de los regímenes autoritarios y totalitarios. La información es
un bien público que debe ser protegido por la democracia, ya que el pluralismo informativo y la recepcion
de las diversas informaciones de relevancia pública, es de gran trascendencia para el control de los asuntos
públicos y de gobierno por la ciudadanía.
El artículo 16 de la Constitución es la dimensión del derecho que protege la vida privada y los datos personales en una idea de orden obliga a todos aquellos sujetos que controlen o administren datos personales
a mantenerlos en confidencialidad en sus sistemas de información, con la excepción de que el sujeto titular
de los derechos haya otorgado un consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar
a efecto de posibilitar el acceso a su información como persona física, identificada o identificable. Estamos
hablando del derecho a hacer, existir, pensar, a vivir y actuar como entes valiosos cuya integridad implica
el respeto pleno a su dignidad. No puede existir una ciudadanía democrática en la que no se proteja este
derecho en su doble naturaleza de conocer y preservar la privacidad.
En síntesis, se debe de resguardar la información que le haya sido otorgada de manera confidencial al
estado o la información de datos personales, los cuales deben de tener un tratamiento con un registro correcto, sin incurrir en error o falsedad, lo que incluye así mismo su actualización; y no proveer datos a nadie sin
la autorización del titular o requerimiento de una autoridad competente por alguna razón de importancia; y
evitar su extravío, destrucción o deterioro.
Concepto de Vida Privada y Pública.
Todo derecho individual queda limitado por los derechos y libertades de los demás. Aquí es donde surge
la difícil cuestión relativa al derecho que los demás tienen a estar debidamente informados, puede restringir
o anular el derecho a la vida privada de alguien.
El derecho a la vida privada aparece como un sustrato necesario de los valores sociales, pero no nació
como construcción jurídica, sino posteriormente a las declaraciones universales de derechos a comienzos
del siglo pasado, en derecho a la privacidad se ha visto constantemente vulnerado por la complejidad de la
vida actual, sobre todo, en las grandes ciudades.
La vida privada ha sido una condición siempre presente en el hombre como un único ser capaz de llevar
una actividad social interactuando con objetos exteriores, creando una relación exógena, de dentro hacia
fuera, cualquiera que sea el ámbito en que opera social, político o cultural, y a su vez desarrolla una actividad que radica en el propio ser y en lo que lo rodea de modo próximo e inmediato.
La vida pública es la vida social del hombre, que se desarrolla normalmente en contacto con sus semejantes, vida profesional, vida académica, vida mundana, en una palabra: vida exterior. Se podría decir, a la
inversa, que la vida privada es la vida familiar, personal del hombre, su vida interior, espiritual; ésta constituida por el conocimiento íntimo de la persona y que de ser publica, poder turbarlo moralmente afectando
inclusive su pudor o recato con la excepción de que esa misma persona dé su consentimiento para volverla
pública.
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El derecho a la privacidad de las personas está protegido en el artículo 7 de nuestra constitución, en
el párrafo que prescribe como limite a la libertad de prensa el respeto a la vida privada; en el artículo 16
constitucional que establece:
“Nadie puede ser molestado a su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento”.
Y en este mismo artículo lo que se conoce como los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación
y oposición a datos personales.
Los datos se pueden clasificar con los siguientes criterios:
“Nominativos: es el dato de una persona física o jurídica conocida o identificada y que a su vez se
divide en directos cuando lo identifica sin necesidad de proceso alguno; indirectos cuando permite
la identificación, pero no lo hace de forma directa, sino agrupando datos.
La identificación más simple o sencilla para identificar a la persona puede ser el nominativo pero
indirecto, es el uso de dato estadístico o científico que no identifica persona alguna porque la
información archivada no se refiere a él, sino a sus actividades y también existen datos que no
afectan a la sensibilidad de las personas porque se trata de información irrelevante o anodina
que por las características que tiene no permite herir los sentimientos más íntimos de la persona
revelada ni afectar su derecho a la privacidad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con
afirmar que el dato irrelevante no afecta el derecho a la intimidad, porque hemos visto cómo se pude
procesar la información y lograr de ella perfiles y costumbres cambiando las reglas de la colección
(caso de los directorios telefónicos)”.
En cualquier caso, ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, en ningún caso
se puede exigir a ninguna persona que dé a conocer su afinidad o voto con un partido político ni cualquier
otro dato que por sus características ideológicas o religiosas, origen racial, salud o vida sexual puedan
generar efectos discriminatorios, en síntesis la dualidad entre lo público y lo privado tiene una dicotomía
entre aquello que el público tiene derecho a conocer y lo que el ciudadano tiene derecho a conservar para
su intimidad personal, de ahí, se puede inferir el termino como el derecho a la soledad.
La Protección de Datos Personales como Límite al Derecho a la Información.
La búsqueda de información se realiza en una etapa previa a la reunión y compilación de datos, noticias,
investigaciones, acciones, en las cuales se puede llegar a comprometer la vida privada de las personas,
ahí mismo inicia el conflicto que debe ponderarse ¿qué es más importante la libertad de información o la
libertad de intimidad? Es posible que podamos establecer jerarquías y en un criterio principalista se podría
inferir a través de una prueba de daño, cual es el menor daño que se puede producir de frente al mayor
beneficio que de dar a conocer o no una información cual sería el bien común y la autoridad pública, sin
embargo, en el contexto de la vida privada es necesario reconocer que aun invocando la libertad de la información no puede socavarse la dignidad individual que exige la persona humana donde se pone en juego:
la honra, la propia imagen, la reputación, etcétera. Si se vulneran la persona experimenta un daño moral al
sufrir la violación de su privacidad, al sentirse desprotegida o invadida su intimidad y ese agravio inicia en
el mismo momento de la recolección y obtención de la información, sin embargo, pueden existir algunas
excepciones, tales como el interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada
de una persona sin su previo consentimiento.
La igualdad como estándar valorativo del derecho se rompe cuando existe una dominación de dominio
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de quien posee la información sobre la persona, todo dominio personal restringe en la libertad e impone
desigualdad entre quien posee información y quien no tiene acceso a ella. El jurista Osvaldo Alfredo Gozaíni considera que las averiguaciones a datos personales son una actividad lícita siempre y cuando la forma
de practicarla no se inmiscuya con artilugios en la vida privada o con maniobras engañosas para obtener el
conocimiento necesario y lograr la información.
En la recóndita intimidad del ser humano recuérdese aquello:
“De que un individuo no es uno sólo. Es, primero, el que es y que sólo Dios conoce; es, en segundo
lugar, el que él cree que es; es también el que los demás creen que es y, por último, es el que él cree
que los demás creen que es”.
Bajo esta afirmación, se desarrollan dos teorías, la de las “esferas” y las del “mosaico”. En la teoría
de las esferas se desarrolla una esfera secreta en la cual, nadie tiene acceso e incluso, el mismo individuo
mantiene a veces en el subconsciente esto es, todo aquello que el individuo genera en su propio imaginario
y actúa conforme a lo que él pretende o cree ser.
La esfera íntima es aquella en la que no deja entrar absolutamente a nadie, es él y su conciencia. En
la esfera de confianza acceden unos cuantos cercanos a él, la esfera individual se divide en dos: propia y
privada. En esta esfera están las relaciones personales, el caso de los clientes, amigos, familiares. La esfera
social, el individuo es consciente de su propia fama prestigio y es observado por una colectividad, la esfera
pública, el individuo busca posicionarse en la sociedad y provoca que los demás se introduzcan ahí.
En la teoría mosaico, se advierte de que el sujeto no solo es una información, sino un complejo de ellas
y de una manera sintéticamente relacionadas una a una pueden configurar un mural de la imagen del individuo, es aquí donde un dato aislado dado a una persona o conocido por ella, puede no suponer invasión de
la vida privada, pero si quien accede, es otra persona distinta, entonces se puede dar una trazabilidad de los
gustos o preferencias de esa persona (el uso de una tarjeta de crédito puede ser un hecho aislado y puede
ser un dato aislado, pero cuando analizamos los movimientos constantes de la persona, podemos tener una
trazabilidad de sus comportamientos, preferencias, gustos, relaciones, lugares de interés, necesidades y más
datos que pueden llegar a vulnerar o a conocer su vida privada).
De lo anterior, queda claro que la forma en que se puede dar manejo en datos personales, aplicando la
teoría del mosaico (redes sociales, teléfonos celulares, etcétera), se puede afectar la intimidad de las personas y se puede analizar en las áreas de la actividad económica, administrativa, política y de seguridad
social donde se evidencia un creciente proceso de informatización y se puede dar entonces, en la realidad
un control de la conducta humana a partir de sus propios datos.
Así se configuró el derecho a la intimidad como forma de amparar a las personas y garantizar el derecho
a no ser molestado.
Sin embargo, hasta la fecha no podemos afirmar que exista un concepto unívoco del derecho a la intimidad siempre hay una dificultad inclusive para poder definirlo:
“Se emplean por igual las expresiones intimidad, vida privada o esfera privada, ámbito intimo o
privado, y la, cada vez más común, privacidad, un neologismo que, como los anteriores, sirve para
referirse a ese deseo de disfrutar lo personal y la pretensión consiguiente de exigir a los demás el
respeto y, en su caso, su protección legal”.
Los límites al derecho a la información en la obtención y recuperación de los datos de la persona deben
de tener como consecuencia la obtención de los datos propios de la persona, así como la propia negativa
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del propio sujeto del derecho a suministrarlos: esto es, la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. Otro límite a la información esta referenciado, garantizado el deber
de secreto pues los responsables de administrar información otorgada en lealtad y confidencialidad en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional.
El derecho de acceso consiste en cualquier momento la persona tiene derecho a solicitar gratuitamente
información de sus datos de carácter personal en posesión de los sujetos obligados, en el derecho de rectificación y cancelación, los responsables del tratamiento de datos personales deben de informar a la brevedad
posible cuando los datos sean inexactos o incompletos y se debe de permitir el ejercicio del derecho de la
rectificación y cancelación de esa información sin exigir ninguna contraprestación.
El derecho de oposición es cuando el individuo se opone a que cualquier información de datos personales deba de publicarse e impida que cualquier información deba de transferirse u otorgarse a un tercero
sin su autorización.
El derecho a ser informado consiste en la garantía que tiene cualquier sujeto titular de los datos para ser
informado de que sus datos van a ser utilizados y de la finalidad para la que se van a utilizar.
La información está vinculada con el acceso cuando la misma sea un requisito indispensable para que
el interesado pueda ejercitar derechos de defensa conforme a la misma.
“La esencia de cualquier tratamiento de datos personales es el consentimiento del titular de los datos,
pues en dicho requisito se manifiesta el bien protegido, es decir, el derecho a la autodeterminación.
El consentimiento debe ser siempre un consentimiento informado, es decir, un consentimiento que
se dé conociendo y teniendo en cuenta la situación”.
De lo anterior queda claro, que la protección de datos personales no debe correr ningún riesgo para el
sujeto de verse perjudicado, con la divulgación de los mismos, pues de antemano el titular de los datos es
quien tiene el derecho a la autodeterminación.
Tratamiento de los Datos Personales.
El tratamiento de los Datos Personales mantiene como una condición importante de licitud el seguimiento, algunos principios que son relativos a la calidad de la información que se encuentra en esos datos.
El tratamiento de Datos Personales define los siguientes principios:
•
•

•

Principio de lealtad; este principio es el deber de cuidado y determina la forma licita y cuidadosa
en que deberán de tratarse los datos personales que han sido suministrados en algunos estados bajo
este principio “se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.”
El principio de finalidad; establece que los datos personales deben ser recogidos con unos fines determinados y explícitos y se debe de explicar la finalidad con la cual será utilizados, se permite que
dicha información pueda utilizarse para fines distintos de aquello para los cuales fueron recogidos,
pero exige que haya compatibilidad. Esos fines pueden ser históricos, estadísticos o científicos, los
cuales se consideran compatibles, la incompatibilidad surge si estos pudieran darse para fines de
carácter comercial, económico, de vinculación social, etcétera. En este principio se hace énfasis al
Derecho al olvido, el cual, establece que toda la información debe de ser dada de baja o cancelada
de los archivos, toda vez que ha cumplido con la finalidad para la cual la información fue recogida.
Principio de pertinencia, exactitud y conservación; Este principio se relaciona en forma directa con
el principio de finalidad, pues los datos deben de ser pertinentes, exactos y deben de conservarse
durante el tiempo necesario en función de la finalidad.

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•

•

•

Principio de consentimiento del interesado; El requisito del consentimiento para el tratamiento de
datos personales es una condición necesaria donde debe de mediar la manifestación de la voluntad,
libre, inequívoca, especifica e informada, esto quiere decir que para que exista el consentimiento, el
sujeto debe estar previamente informado del tratamiento de datos personales que se va a efectuar.
Principio de interés público; este es el criterio legitimador que, en ausencia del consentimiento, el
estado puede dar un tratamiento necesario a los datos personales para el cumplimiento del interés
público, en este principio, se comprende que la actividad administrativa siempre deberá perseguir
la salvaguarda del interés general.
Interés legítimo, se considera legítimo todo aquello que aún sin el consentimiento en el tratamiento
de datos personales existe un interés público que debe prevalecer sobre los intereses del afectado.
Aquí siempre se debe de realizar un acto de ponderación entre el interés público y los intereses del
afectado.

De lo anterior podemos poner como ejemplo el recurso de revisión de Datos Personales 004/2018 del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante el cual, se señala que el Consejo
de la Judicatura del Estado de Jalisco determina que las notificaciones que se realicen por volatín judicial,
gaceta o periódico judicial se debe de expresar el nombre con apellido completo de las partes y justifica su
acto de conformidad con lo establecido en el artículo 1068 del Código de Comercio, el ITEI, revoca esa resolución y determina que el sujeto obligado es responsable de proceder a la cancelación de datos personales
cuando dichos datos no son materia de juicio activo, sino que corresponden a un juicio ya concluido. En
el principio de observancia, el sujeto obligado es responsable de observar los principios de licitud, lealtad,
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, por lo
tanto se resolvió que cuando un juicio ha causado ejecutoria el titular de los derechos ARCO puede solicitar
la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a
fin de que los mismos ya no estén en su posesión, dejando de tratar y oponerse al tratamiento de sus datos
personales y dejar que se cese el mismo, por consiguiente fue precedente revocar la resolución emitida por
el sujeto responsable porque se consideró que el Boletín Judicial publicaba el nombre de un ciudadano
que consideraba que la difusión de los datos personales del boletín Judicial propiciaba una expresión de
discriminación a su persona, honor y reputación y por tal motivo, ejercía su derecho de oposición, pues lo
afectaba en su persona, ya que aparecía como una persona que enfrento un juicio por una situación económica, dañando su honor y reputación, siendo que como se observa del resultado de la búsqueda, nunca
hubo un juicio en el que se le condenara por cualquier situación siendo que en la publicación transgrede la
presunción de inocencia, de tal manera que el ITEI requirió a la unidad de transparencia del Consejo de la
Judicatura reponer el procedimiento y se dé trámite a la resolución de oposición para los derecho ARCO,
así lo resolvió el 2 del mes de mayo de 2018 la Presidenta del Pleno, Cynthia Cantero Pacheco.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).

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�Turbulencia con los Datos Personales...

Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de si es necesario o no establecer un instrumento de
Hábeas Data en el sistema Jurídico Mexicano, se consultaron un total de veinte y ocho referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde
una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a si es necesario o no establecer un instrumento de Hábeas Data en el sistema Jurídico Mexicano. Una vez recopilada
y analizada la información se construye el documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las
recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados (Bascón, 2016, p. 37).
4.- CONCLUSIONES
En la actualidad, es necesario seguir trabajando desde el ámbito académico en la transferencia del conocimiento para forjar una cultura del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos
personales, a fin de alcanzar mejores y mayores estándares para un buen sistema de protección de datos
personales y para ello, se requiere el ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos para ejercer los
derechos denominados ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), derecho que sólo podrá
limitarse por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o
para proteger los derechos de terceros; y por otra parte, reconocer que los datos personales en el derecho
a la información y en la libertad de información tiene una naturaleza autónoma, además es preciso que en
México se tome en consideración la experiencia internacional en la materia para lograr una legislación
eficaz, se requiere trabajar en una acción sumarísima como la de Hábeas Data.
Se debe de reconocer que la corriente sociológica del derecho es una combinación positivista y realista
en el sentido de que toma el sistema jurídico positivo como el objeto de estudio y del realismo jurídico o
sociológico si este es funcional y eficaz, a fin de construir un parámetro axiológico de orden y seguridad
jurídica.
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Percepción de las instituciones formales e informales en la formación ciudadana de las Niñas y los
Niños
Perception of formal and informal institutions involved in the civic education of children
Moncerrat, Arango-Morales1
Universidad Autónoma de Nuevo León
DOI: http://doi.org/10.29105//pgc4.7-6			

https://orcid.org/0000-0002-8399-8448

RESUMEN
El presente artículo es producto de una investigación, cuyo objetivo consistió en determinar si las niñas y niños
de 10 a 12 años de los municipios de Monterrey y Guadalupe Nuevo León, perciben el valor libertad de expresión
necesario para coadyuvar en la formación ciudadana, en la institución informal televisión. Se aplicó el método mixto,
descriptivo, exploratorio, transversal a través de la técnica la encuesta. Tras la aplicación de los cuestionarios a una
muestra de 384 niños y niñas, se encontró que: las niñas y los niños perciben que sus personajes televisivos favoritos
manifiestan uno de los valores necesarios en la formación ciudadana, la libertad de expresión. Los menores expresan
sus ideas, utilizando para ello, la comunicación tanto verbal como no verbal, pero también utiliza acciones como: insultando y ofendiendo a los demás personajes. Se concluye que la escuela y la televisión son instituciones formales e
informales que contribuyen a la formación ciudadana de las niñas y los niños, estas desempeñan un papel fundamental
como formadores de opinión, por lo que son determinantes para lograr una sociedad más equitativa que ayude a crear
un capital activo para el mantenimiento del orden, las costumbres y tradiciones de México.
Palabras clave: Formación Ciudadana, Libertad, Menores, Instituciones Formales e Informales y Televisión.
ABSTRACT
This article is the product of an investigation, which objective was to determine whether girls and boys from 10
to 12 years of age in the municipalities of Monterrey and Guadalupe Nuevo León, perceive the value of freedom of
expression necessary to contribute to citizen training, in the informal television institution. The mixed, descriptive,
exploratory, cross-sectional method was applied through the survey technique. After applying the questionnaires to a
sample of 384 boys and girls, it was found that: girls and boys perceive that their favorite television characters manifest
one of the necessary values in citizen training, freedom of expression. Children express their ideas, using both verbal
and non-verbal communication, but also use actions such as: insulting and offending other characters. It is concluded
that school and television are formal and informal institutions that contribute to the civic education of girls and boys;
they play a fundamental role as opinion makers, and are therefore decisive in achieving a more equitable society that
helps create an active capital for the maintenance of order, customs and traditions of Mexico.
Key words: Citizen Education, Liberty, Smaller, Formal and Informal Institutions, Televisión.
Cómo referenciar este artículo:
Arango Morales, M. (2018). Percepción de las instituciones formales e informales en la formación ciudadana de las
Niñas y los Niños. Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, 82-94. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/
index.php/RPGyC/article/view/159
Recibido: 20 de Agosto 2017 - Aceptado: 30 de Octubre 2017

1
Doctora en Filosofía con orientación en Ciencias Política por la Universidad Autónoma de nuevo León.
Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de nuevo León. Email:
monserrat.arangom@uanl.mx
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�Percepción de las instituciones formales...

1. INTRODUCCIÓN
La Formación Ciudadana se inicia de manera informal en la familia, a través del ejemplo de acciones y
actitudes de los padres, y de manera formal en la escuela a través de materias relativas a la educación cívica,
de esta manera, los futuros ciudadanos estarán mas preparados y comprometidos con el bien común, ya que
la consolidación de una ciudadanía solo puede darse a través de la educación, y si esta es desarrollada desde
la infancia dentro de los espacios educativo formales e informales, los menores adquirirán valores cívicos
que podrán ser interiorizados y desarrollados a plenitud en su desenvolvimiento en sociedad.
Los menores de edad se desenvuelven de manera natural a través de distintos factores, como edad, el
conocimiento, la convivencia y por su puesto la televisión, respecto a ellos Oliva y Castro (2012) apuntan
que actualmente el proceso educativo se encuentra rebasado por el avance tecnológico, y que si bien aún no
se encuentra generalizado es previsible pensar que pronto cubrirá todo los espacios, igual que ocurrió con
la televisión y cuya presencia se encuentra en casi todos los hogares mexicana.
Sobre lo anterior, es importante señalar que componentes como la educación, la cultura política y la
participación ciudadana son aspectos ligados a los asuntos públicos, y que “son atributos sociales que
pueden contribuir a que la incipiente democracia mexicana alcance mejores estadios de calidad” (Téllez y
González, 2013, p. 102).
La instituciones formales como la escuela y las informales como la televisión, son elementos necesarios
para lograr que los niños que serán los futuros ciudadanos tengan una educación en las cuestiones de la
comunidad y puedan tener mayor participación en los asuntos públicos, por ello, es necesario que se desarrollen desde temprana edad los valores democráticos, ya que si estos se interiorizan profundamente, el
régimen alcanza estabilidad y su respuesta es socialmente eficiente (Téllez y González, 2013, p. 98).
Por tanto, la disposición hacia la democracia es producto del aprendizaje social, y de ahí se deriva la
importancia de la influencia en la interiorización de las normas que son las que establecen las libertades individuales y la adhesión a los principios democráticos (Corvera, 2010), de esta manera, la ciudadanía precisa del desarrollo de las capacidades individuales para que se puedan ejercer los derechos, y la institución
académica aparece como el principal factor que los gobiernos tienen para educar a los futuros ciudadanos.
Bajo esta mirada, la primera competencia que se le presenta a la institución educativa en la adquisición
de valores, es la Televisión; esta herramienta transmite normas o las contradice, presentan valores o antivalores, pero de cualquier manera contribuye a forjar una determinada visión del mundo. La televisión es una
herramienta que también educa, aunque ésta educación no sea lo que se espera. La Televisión llegó para
quedarse ya que forma parte de la cotidianidad de la vida familiar y no solo de las familias urbanas sino
también de las urbanas.
El contexto actual del desarrollo de las niñas, niños y adolescentes están experimentando cambios
importantes en la construcción de su identidad, por ello, la Televisión adquiere importancia, porque trata
aspectos socio morales que generan que los menores se identifiquen con ciertos programas y personajes,
que generan concepciones de vida y prejuicios, entre otros, este medio de comunicación, aumenta la posibilidad de socialización cuando sus “contenidos responden a expectativas, necesidades o intereses previos
del grupo de referencia” (Medrano y Airbe, 2008, p. 54).
Es por ello, que la educación es el factor más importante a la hora de empoderar a los futuros ciudadanos, y es que fuera del contexto escolar es complicado transmitir a los menores valores cívicos. Aún así,
evidentemente, hay que aprovechar también la educación no formal, como los medios masivos de comunicación (Ferrete, 2011).
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Instituciones Formales e informales en la formación ciudadana de los menores
La ciencia política sienta sus raíces en el estudio de las instituciones, teorías como el conductismo y
la elección racional argumentan que los individuos no se ven obligados por las instituciones formales o
informales a tomar elecciones, sin embargo existen estudios que demuestran que instituciones como la Televisión influyen en los infantes al ser un sector vulnerable y exponerse de tres a cuatro horas diarias a ella
(Aldea, 2004; Cerda, 2009; Lazo, 2005), y que pueden ser influenciados a construir su propia perspectiva
del mundo, creando una visión falsa de la realidad.
Sobre esta influencia y desde la perspectiva de Guy Peters (2003) la formación de las instituciones
públicas da inicio debido a la necesidad de orientar el comportamiento inestable de los individuos y por la
necesidad de orientarlos hacia un bien común, estas instituciones han sido definidas por Scott (citado en
Guy Peters, 2003) como: “ estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras que brindan estabilidad y significado al comportamiento social (p.159). Esta estabilidad se debe a la versión de la actividad
reguladora del Institucionalismo que se apoya en las reglas para definir las instituciones; este enfoque tiene
como razón regular el comportamiento de la sociedad, por lo que las reglas, van a las Instituciones y estas
a su vez serán un medio a través de la cual se influirá sobre los individuos.
Tomando como base la información expuesta, se asume que las instituciones son sistemas que regulan
las conductas tanto individuales como colectivas, y estas tienen sin duda como primer referente los valores
que se adquieren en el transcurso de la vida y han sido interiorizados mediante la repetición de las acciones,
de ahí la importancia de la socialización con las instituciones por parte de los menores.
Respecto a estos valores, Frondizi (1945, citado en Uvalle Berrones R., 2011) postula que tanto en la
concepción como en la funcionalidad de la sociedad, los valores son referentes obligados dado que en términos de gobierno, son inherentes para su estructuración, vigencia y funcionalidad, alguno de ellos son: el
bienestar, equidad, desarrollo, igualdad, justicia y calidad de vida. Este mismo autor señala otros valores
como: el civismo, civilidad, tolerancia y respeto, ya que son parte de la conducta de los actores (ciudadanos), las organizaciones e instituciones en diversos momentos del quehacer colectivo. Por tanto, se asume
que las instituciones se ven influenciadas por los valores que cada individuo trae consigo.
Para este trabajo, una de las organizaciones institucionales informales más importantes es la de la industria del entretenimiento, y de entre ellas: la Televisión. La Televisión como institución se relaciona con lo
que es público y privado, y conceden importancia a las relaciones que establecen no solo con las personas
sino también con organizaciones sociales, culturales, políticas y económicas en las sociedades modernas
(Elizalde 2013). Douglas North (1993 citado en Elizalde 2013) asume que la Televisión es una institución,
porque funciona como patrón y guía para la interacción humana y que esta interacciones son distintas en
cada país, ya que las personas se encuentran condicionadas para actuar cada que cambian de sociedad aunque desarrollen acciones similares.
La Televisión como Institución Informal
La Televisión podría ser al mismo tiempo una organización y una institución. Una organización porque
está conformada por el grupo de personas que la forman, que tienen objetivos que persiguen como organización y una forma de planeación, en tanto que la institución es el conjunto de reglas, normas sociales y
valores que condicionan la conducta de esas personas para que desarrollen una acción ordenada (Douglas,
1993, citado en Elizalde 2013).
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�Percepción de las instituciones formales...

Por tanto, el personal que labora al interior de la institución Televisión, deben tener conocimiento de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, para cumplir con su responsabilidad social, y generar contenidos aptos para los menores
que contribuyan a su formación difundiendo información de conformidad con los objetivos de la educación.
Este conocimiento es importante debido a que laTelevisión y las nuevas tecnologías se relacionan
con los Niños desde temprana edad, y dependiendo del tipo de formación educativa que cada sociedad
practique, es el tipo de ciudadano que tendrá. La Televisión a través de las actividades lúdicas que llevan a
cabo, realizan la socialización neesaria para que se interiorisen las costumbres y valores de la comunidad y
los individuos aprenden a conducirse en ella. De acuerdo con los modelos teóricos de Bandura y Gerbner
(Igartúa, 2008), los niños pueden aprender una gran cantidad de cosas sobre la vida social viendo televisión,
puede modelar sus comportamientos y fomentar la interiorización de temas como: roles sexuales, ancianos,
las profesiones, los tipos de familia, las minorías étnicas e inmigrantes entre otros.
Tomando en cuenta que el objeto de estudio de este trabajo de investigación son las y los niños de 10 a
12 años, que se encuentran en una etapa en la que están construyendo su identidad, y donde adquieren categorías fundamentales de evaluación y juicio (Lagroye, 1994), se presenta como importante conocer cuáles
son sus programas y personajes favoritos para conocer que es lo que los menores están consumiendo. Dada
la etapa en la que se encuentran y que tienen acceso ilimitado a la televisión, probablemente se encontrarían
frente a mensajes opuestos a los aprendidos en la familia y la escuela, y ello podría reforzar y perturbar sus
creencias o actitudes sobre temas en los que necesitan ser guiados por padres o maestros.
La Televisión, tanto en su sistema de señal abierta como de paga, se consideran factores que generan
socialización, ya que cumplen un papel decisivo en la conservación de opiniones y cuyo efecto principal
es consolidar las representaciones de diversos temas, entre ellos los políticos (Lagroye ,1994), este autor
argumenta que estas creencias son analizadas por los diversos receptores y recibidas de manera selectiva
por los individuos, desde esta mirada, el rol de la familia sigue siendo fundamental en el desarrollo ciudadano de los menores, ya que es en este espacio, donde los menores escuchan los comentarios de los adultos
referente a la vida política de la sociedad, y es en la familia donde se encuentra la herramienta Televisión
y en esta socialización, se exponen diversas opiniones, que “sirven para conservar y reforzar las opiniones
preexistentes” (Lagroye, 1994, p. 400).
La Televisión en la formación de valores
Los valores se manifiestan como referentes de funcionalidad de una sociedad y los contextos que ayudan a su adquisición se presentan como importantes de investigar, ya que estos generan conductas que son
el resultado de dicha influencia (Instituto Federal Electoral, 2000). Uno de estos contextos con los que el
Niño tiene contacto directo y en algunas ocasiones sin supervisión de la familia, es la Televisión. Sobre el
contenido de esta herramienta es que se establece un análisis respecto a su contribución en la formación de
valores.
La Televisión como institución, exponen valores que son importantes para ésta investigación, por ello,
el concepto valor lo entenderemos como los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento
a fin de realizarnos como individuos y que reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones, siendo
además la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas, permitiéndonos regular
nuestra conducta para el bienestar colectivo y tener de esta manera una convivencia armoniosa (Jiménez J.
C., 2008).
Por tanto, la crisis en la formación de los valores solo es posible modificarla a través de instituciones
estructuradas y bien organizadas como la familia, pero, como ya se ha indicado anteriormente, los menores
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están recibiendo aprendizaje no solo por medio de la institución educativa formal (escuela) sino también a
través de la televisión con la que los niños tienen constante contacto y que también es una herramienta que
proporciona aprendizaje. Este instrumento tecnológico cumple un doble papel, por una parte su actividad es
vital para el desarrollo económico de cualquier país y por otra, hacen realidad los derechos fundamentales
de las personas, a través de la libertad de expresión (Unión, 2012).
Otros aspectos formadores de valores como conductas, actitudes y expresiones verbales y no verbales
que se repiten, pueden ser tomadas por los infantes como un conocimiento común, por lo que resulta necesario analizar la calidad de los contenidos de programas televisivos consumidos por la niñez, ya que el lenguaje que se encuentra en los contenidos audiovisuales, es un fuerte estímulo en su relación con los medios
que genera influencia en su capacidad lingüística (Fernández y Mª DoloresTur Viñes, 2005).
De esta manera, y aunque estos trabajos exponen datos que manifiestan que los programas contienen
mensajes auditivos y visuales negativos, existen otras opiniones que afirman que la Televisión por sí solo
no enseña nada, que para que pueda realmente tener efecto sobre los menores, es necesario que los niños
se conecten con sus propias experiencias e ideas a los mensajes que se transmiten (Alonso, Mantilla y Vázquez, 1995, en Digón Regueiro, 2008).
Respecto a la emisión de estaciones televisivas, el Estado de Nuevo León recibe señal abierta de las
siguientes televisoras: Televisa (10 y 5); Televisión Azteca(13 y 7); Canal Once (Instituto Politécnico Nacional); Canal 40 (Propiedad de Televisora del Valle de México y sus contenidos son producidos por Televisión Azteca); Canal 22 (Televisión de la República Mexicana (TRM TV UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) en sinergia con la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE),
responsable de la red de señal satelital educativa EDUSAT); Canal 12(Multimedios Estrellas de Oro); Radio y Televisión de Nuevo León; Canal 53 (Universidad Autónoma de Nuevo León).
Cada una de estas 11 estaciones televisivas cuenta con una programación que genera entretenimiento e
información para diferentes públicos, mucha de ella generada para una cultura diferente. El canal once del
IPN, lanzó el 24 de agosto de 2015, una barra infantil, que inicia sus transmisiones de lunes a viernes de
ocho y media de la mañana a cinco de la tarde; sábado de ocho a doce del mediodía y los domingo de ocho
a una de la tarde, sin embargo, los contenidos siguen siendo extranjeros.
Respecto a los contenidos, Abelman y Atkin (2000, citados en Igartua, 2008) realizaron un estudio con
una muestra de 700 niños de entre 7 y 12 años, con la que buscaban demostrar los principales motivos por
los que los menores se exponían a la Televisión, en donde se determinaron cinco factores principales: a)
pasar el tiempo o por habito, b) búsqueda de entretenimiento, c) información, d) compañía y e) escape. Además comprobaron que los niños que observaban en mayor cantidad la televisión son aquellos que buscan:
entretenimiento, el hábito y el escape, mientras que los niños que buscaban en la televisión información y
compañía mostraban un menor nivel de consumo televisivo.
Formación ciudadana en las Niñas y los Niños
Para efecto de este trabajo de investigación, el concepto de ciudadanía, será tomado del Instituto Nacional Electoral (INE, 2007) quién manifiesta que el término representa una relación entre el individuo y
el Estado como consecuencia de una serie de derechos y obligaciones. Con ello se entiende que un ciudadano es miembro de una comunidad política y que al igual que los otros miembros de ella, tiene derechos
y obligaciones.
Dentro de la comunidad y en un sistema político democrático, el argumento principal de acción depende
no solo de sus estructuras básicas sino también de las cualidades y actitudes de los ciudadanos, de ahí que
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la relación entre democracia y educación sean indisolubles. Por tanto, el sistema político no puede desentenderse de la educación de los individuos ya que es el responsable de que los sujetos estén interesados en
la cosa pública (Corvera, 2010).
Weber (citado en Corvera, 2010) afirmaba que todo hombre es producto de la estructura social de su
época y que él mismo contribuye a modelarlas y cambiarlas. Visto de esta manera, la calidad de los ciudadanos es una condición dentro del Estado que alude a sus derechos, y a los que los individuos tienen
acceso por el hecho mismo de ser ciudadanos de una nación y por haber cumplido la edad requerida, esta
calidad también dependerá de los procesos de formación ciudadana que le proporcionan al ciudadano las
competencias para vivir en la democracia.
Hablar de ciudadanía implica entenderla -como se expresó en el Consejo Europeo en el 2000 y publicado en el Measuring Active Citizenship -como un medio que empodera a los ciudadanos con el objeto de
que tengan voz en su comunidad, un sentimiento de pertenencia a ella, valorar la democracia y comprender
la diferencia con otras culturas (Hoskins et al., 2006 citado en IFE, 2014). El ejercicio de esta ciudadanía
en un gobierno democrático implica que debe existir un sistema legal que garantice los mismos derechos e
igualdades para todos los ciudadanos (IFE, 2014), en este sentido el Estado de Derecho resulta notable en
la protección de los ciudadanos.
En la actualidad, la democracia es considerada como la mejor forma de gobierno y organización de la
vida social, sin embargo, Aguilera (2008) apunta que esta forma de gobierno se expone como muy fragil
y vulnerable ya que depende fundamentalmente de la consolidación institucional del Estado de Derecho y
una sólida ética alcanzada a través de una educación ético-cívica. Tomando esto como base, se puede argumentar que una de las finalidadades de la educación, es lograr una comunidad reforzada en valores como la
justicia, el respeto y la igualdad de género entre otros (Aguilera, 2008).
La libertad como valor ciudadano
Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por su multiculturalidad y pluralidad de ideas,
en ellas, es posible visibilizar diversos valores, entre los que podemos mencionar: la Libertad, la Igualdad
y la Tolerancia. Dichos valores, son elementos necesarios para generar la formación ciudadana, así como
son precisos en la construcción de un gobierno democrático, y constituyen además tres factores elementales
para la convivencia en comunidad.
Esta convivencia nos remite a la noción de Libertad, y al de la acción libre de los hombres, determinando la necesidad de ella en términos de decidir no solo sobre lo dado sino sobre lo posible, teniendo además
como misión y fin, el de “asegurar la vida en el sentido más amplio” (Arendt citada en Sánchez, 2008,
p.13), hacer esto, es hacer posible que el individuo persiga sus fines en términos de paz y tranquilidad y que
permita además convivir con otros en una organización política.
Como consecuencia de esta convivencia, se debe tomar conciencia de la Libertad en la medida en que
se realiza mediante contacto con los demás, y no en términos de una Libertad interior, ya que la Libertad es
entendida como un status del hombre libre, que le permite de forma física, desplazarse de un lado a otro y
encontrarse con otros individuos utilizando para comunicarse la acción y la palabra (Benítez, 2008).
Así mismo, la Libertad no puede manifestarse separando los derechos y deberes individuales de los
colectivos, ya que una comunidad depende del sentido comunitario de sus ciudadanos y los deberes individuales que están relacionados con los colectivos en la búsqueda de proyectos en común y sobre los que
deben dedicar buena parte de sus esfuerzos y recursos (Thesing, 1999). Por ello, la Libertad debiera ser
vista como un factor que permite la asimilación e interiorización de valores que expone el individuo como
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ser individual y que al mismo tiempo los expone como ciudadanos, ya que solo de esta manera se lograría
la unificación de los valores en aras de lograr un beneficio para todos los ciudadanos.
Es por ello que una democracia requiere que sus ciudadanos sean autónomos, críticos y reflexivos, capaces de generar una participación e integración de proyectos en común (Aguilera, 2010), y esto solo se logra
mediante la educación de los futuros ciudadanos. Esta educación formal e informal debe fundamentarse en
el reconocimiento de los derechos de libertad -sin la protección de esos derechos la democracia sería imposible-ya que se presenta como inconcebible pensar que a los individuos se les prohibiera ejercer su derecho
a la elección (Woldenberg, 2007). Esta libertad a la elección debe ser aprendida desde la infancia, ya que
es durante esta etapa que se adquieren las evaluaciones y juicios, constituyéndose también las actitudes que
forman las creencias (Lagroye, 1994).
Si es durante la infancia que los menores aprenden a ejercer la elección es donde mayor cuidado se
debe tener, sobre todo en la supervisión de los programas que consumen, así como las redes sociales a las
que tienen acceso y las personas con las que se conectan por parte de los padres, ya que son los menores
quienes eligen lo que más los satisface, los que los mantienen entretenidos, y bajo esta mirada, los menores
pueden aprender observando caricaturas, películas y programas unitarios de Televisión, que la violencia es
un concepto que puede generar risas, porque en ellos se generan imágenes donde los personajes pueden
ser lastimados de diversas formas y siempre resulta divertido sin que exista una reacción (castigo) frente
al evento. Programas con este tipo de contenidos, representan un problema para la Formación Ciudadana,
ya que los niños construyen su personalidad al identificarse con acciones, actitudes y lenguajes con los que
tiene constante contacto.
La Televisión es una herramienta que se encuentra presente en cada hogar como un instrumento que
genera entretenimiento, los niños se encuentran en constante contacto con ella, y es a través de su observancia que puede descubrir normas y creencias con el objeto de asimilarlas y más adelante reproducirlas
en su conducta en relación con sus pares. Lagroye (1994) señala que el Niño trata de observar actividades
que podrían considerarse como normales por parte de quienes lo rodean, familia, pares, escuela y los medios masivos de comunicación (MMC); trata de aprender aunque sea de forma confusa las creencias que
se encuentren acorde con esas actitudes sobre la base de la repetición. Si a través de los MMC, los niños
escuchan las noticias y las reafirman con los comentarios de su familia, implica valoraciones de actitudes
frente al poder (padres). Por tanto, aprenderá de acuerdo a las acciones realizadas por el Estado, que vive
en una sociedad democrática o no (Lagroye, 1994).
5. MÉTODO
Diseño
El presente estudio tuvo como Objetivo realizar un trabajo exploratorio que generara evidencia respecto
de la percepción que las Niñas y los Niños de 10 a 12 de los municipios de Monterrey y Guadalupe, Nuevo
León, tienen de sus programas y personajes televisivos favoritos. El método seleccionado es cuantitativo,
de donde el instrumento de medición es el cuestionario. Esta herramienta consiste en un conjunto de preguntas respecto a las variables que se van a medir y su contenido estuvo conformado por preguntas cerradas
y abiertas.
Participantes
Conforme a datos del INEGI (2010), en Nuevo León se contaba con una población de 4,653, 458 Individuos. La población objeto de este estudio, Niñas y Niños con edades entre los 10 y los 12 años, resultaron
en un total de 92, 562, por lo que la muestra representativa, se calculó en 384 que viven en los municipios
de Monterrey y Guadalupe NL. Aplicándose una muestra real de 500 cuestionarios. Se obtuvo una muestra
no probabilística ya que la selección fue referida por las y los directores de las escuelas primarias públicas,
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de dichos municipios, siendo quienes seleccionen los grupos a los que se les aplicó el cuestionario. Dicha
selección se realizó al azar, ya que se consideró que en algunas escuelas se cuenta con dos y hasta con tres
grupos de quinto y sexto año de primaria.
Procedimiento
Se utilizaron análisis no paramétricos, que se limitan a analizar las propiedades nominales de los datos
y, añaden el termino de distribución libre para referirse a los contrastes que no necesitan establecer supuestos sobre las poblaciones originales de las que se extrae la muestra (Hernández et al., 2006). A partir de
la información proporcionada por la muestra, se podrá conocer cuál es el comportamiento de la población
con un riesgo de error en términos de probabilidades. Este trabajo utilizó el sistema SPSS para realizar el
análisis de los datos.
4. RESULTADOS
Los resultados generados a partir del análisis de los datos capturados de 500 cuestionarios en el sistema
SPSS, en las que se aplicaron 33 reactivos (preguntas abiertas y cerradas ) y cuyo objeto de estudio son
las Niñas y Niños de 10, 11 y 12 años de Monterrey y Guadalupe, Nuevo León, arrojaron información que
permite determinar si las niñas y los niños perciben que sus personajes televisivos favoritos expresan libremente sus ideas y de que forma llevan a cabo la expresión de este valor. Además se buscó determinar si el
valor señalado anteriormente es interiorizado a través de expresiones y actitudes que los menores realizan
en su vida diaria.
Este trabajo de investigación inició por establecer cuál era el programa y el personaje favorito de las Niñas y los Niños, concluyendo que el programa de mayor preferencia de los menores de ambos sexos es Bob
Esponja, coincidiendo este mismo personaje como el de mayor gusto. Con la obtención de estos datos, era
necesarios determinar si los menores perciben que su personajes favoritos expresan sus ideas libremente.
Al preguntar a los Niños si el personaje favorito de su programa preferido expresaba libremente sus
ideas y pensamientos, independientemente de lo que digan los otros personajes, el 88.2% (n=441) contesto
que sí, mientras que el 11.8% (n=59) respondió que no.
Tabla No. 1. Frecuencia
¿Tu personaje favorito expresa libremente sus ideas y pensamientos?
Si
No

Frecuencia
441
59
Fuente: Elaboración propia. N=500

Porcentaje
88.2
11.8

Una vez establecido que los personajes favoritos expresan libremente sus ideas, lo siguiente era que
señalaran que tanto espresan sus ideas y pensamientos, encontrandose los siguientes resultados:
Tabla No. 2. Frecuencia
¿Qué tanto expresa tu personaje favorito sus ideas y pensamientos?
Mucho
Poco
Nada

Frecuencia
325
163
12
Fuente: Elaboración propia. N=500

Porcentaje
65.0
32.6
2.4

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Los niños respondieron que mucho con 65.0% (n=325), poco con 32.6% (n=163) y nada con 2.4%
(n=12). Si los personajes favoritos expresan sus ideas mucho, poco o nada, ahora era importante conocer
las formas en que expresan sus ideas los personajes, encontrándose que los códigos arrojados fueron: comunicándose, con 47.4% (n=237); con acciones positivas 17.4% (n=87); divertida y emocionada con 15.0%
(n=75); con acciones negativas con 7.4% (n=37) y haciendo tonterías con 6.6% (n=33).
Tabla No. 3
Tabla de contingencia ¿Tu personaje favorito expresa libremente sus ideas y pensamientos, independientemente de lo que digan los otros personajes? ¿Qué tanto expresa sus ideas?
¿Tu personaje favorito expresa libremente sus ideas y
pensamientos, independientemente de lo que digan los otros
personajes?
No
Si

¿Qué tanto expresa sus ideas?

Poco
7.4%
25.2%
Fuente: Elaboración propia. N=500

Mucho
2.6%
62.4%

El grupo muestra, afirmó con un 87.6% que sí; mientras que solo el 10.0% respondió que no y de hecho,
los menores perciben que suelen expresar mucho sus ideas, con un 62.4% de los Niños así lo perciben; sin
embargo, hay un 25.2% que cree que solo puede hacerlo poco. Estos datos arrojan información que describe que los menores perciben la Libertad de expresión en un gran porcentaje, lo cual es importante, porque
demuestra que los infantes entienden la Libertad de un hombre respecto a otro (Espejel Mena, 2005).
Esta percepción se expone como vital ya que según Lagroye, (1994) la Libertad a la elección debe
ser aprendida desde la infancia, ya que es durante esta etapa que se adquieren las evaluaciones y juicios,
constituyéndose también las actitudes que forman las creencias. Este valor debe ser conocido y reafirmado
en los futuros ciudadanos si es que se quiere que formen parte de una sociedad en términos de expresarse
libremente y toma de decisiones, independientemente de si los individuos que los rodean estén de acuerdo
o no con él.
Una vez definido que los menores perciben que el valor Libertad es expresado por su personaje favorito,
el siguiente objetivo específico era identificar la forma en que esa Libertad era expresada por el personaje
favorito, del programa de mayor audiencia de las Niñas y los Niños.
Tabla No. 4. Frecuencia
¿En qué forma expresa sus ideas el personaje?
Comunicándose
Con acciones positivas
Divertida y emocionada
Con acciones negativas
Haciendo tonterías
No expresa sus ideas
No sabe

Frecuencia
237
87
75
37
33
15
7
Fuente: Elaboración propia. N=500

Porcentaje
47.4
17.4
15.0
7.4
6.6
3.0
1.4

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La tabla arroja datos que exponen que los menores perciben que sus personajes favoritos, utilizan la comunicación para expresar sus ideas independientemente de lo que piensen los demás. Se expone que la acción más recurrente es: a) comunicándose con 47.4% (n=237) cuyo código significa: lo hace libremente, de
manera inteligente, seria, respetuosa y directa; seguido de b) con acciones positivas con 17.4% (n=87)que
significa: canta, baila, construye, ayuda a los demás, aconseja; además, c) de manera divertida y emocionada con 15.0% (n=75), que se interpreta como: juega, ríe, se pone alegre, bromea; acciones negativas con
7.4% (n=37) que significa: peleándose, insultando, agrediendo verbalmente, hace lo que quiere y se burla.
Este trabajo de investigación determinó la forma es que los personajes favoritos de los menores expresan la libertad de expresión, y como ya se mostró anteriormente, lo hacen a través de la comunicación
verbal y no verbal entre otras, y si la comunicación y las acciones positivas son factores relevantes en la
expresión de las ideas, entonces se presenta como importante conocer cómo perciben los menores, el Respeto de los personajes a las ideas de los demás.
Tabla No. 5
Tabla de contingencia ¿Qué tanto consideras que tu personaje favorito respeta las ideas de los demás
personajes? Sexo del entrevistado
Qué tanto consideras que tu personaje favorito
respeta las ideas de los demás personajes?
Mucho
Poco

Hombre

131
26.2%
100
20.0%
Fuente: Elaboración propia. N=500

Mujer

Total

160
32.0%
92
18.4%

291
58.2%
192
38.4%

Sobre el valor Respeto, se encontró que es percibido por ambos sexos como que sí se respetan mucho las
ideas de los otros 58.2% (n=291; y en un comparativo, el sistema arrojó datos que muestran que las mujeres
perciben que si se respetan mucho las ideas con un 32.0% (n=160); mientras que los hombres perciben
que se respetan mucho con 26.2% (n=131). De forma general, el 58.2% de los menores perciben que no
tienen una verdad absoluta y por lo tanto pueden aprender a solucionar los conflictos que se les presenten
utilizando la comunicación para llegar a puntos de acuerdo, escuchando siempre la opinión de los demás.
La LFTYR (2014) manifiesta que las Niñas y los Niños aprenden a crearse una valoración interna, que
les permite aprender que sus acciones físicas, personalidad y capacidades, serán evaluadas en función de
ciertos estándares y que por lo tanto podrían ser sujetos de la aprobación de sus pares o incluso ser rechazados, por ello, siguen las acciones que la mayoría realiza y están pendientes de lo que necesitan hacer o tener
para seguir perteneciendo a un grupo, ya que esta pertenencia les otorga protección y seguridad.
En nuestra sociedad los individuos se relacionan con otros a fin de lograr sus metas, como consecuencia de esta convivencia, toman conciencia de los límites de su libertad ya que esta es entendida como un
status mediante la cual puede desplazarse de un lado a otro y encontrarse con otros individuos utilizando la
palabra para expresar sus ideas. Esta valoración puede demostrar que los menores están conscientes de la
importancia de la toma de decisiones y de la libertad de expresión, en la realización de actividades y convivencia en sociedad, en donde el diálogo y el respeto se presentan como variables básicas para el desarrollo
del menor en sus relaciones de pares y familiares.

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5. CONCLUSIONES
El Objetivo General de este trabajo de investigación era determinar si el valor de la libertad de expresión
se encontraba presente en el programa favorito de las Niñas y los Niños de 10 a 12 años de Monterrey y
Guadalupe, NL., para lograr lo anterior, se les pregunto a los menores si su personaje favorito expresaba
libremente sus ideas y pensamientos, independientemente de lo que digan los otros personajes.
Se concluye que las Niñas y los Niños perciben que los personajes favoritos expresan mucho sus ideas,
utilizando para ello, la comunicación tanto verbal como no verbal, generando para ello expresiones como:
diciendo lo que piensa, cantando, dialogando, hablando con familiares y amigos, incluso, con acciones
como: insultando y ofendiendo a los demás personajes. Los datos muestran que los menores encuestados
detectan que sus personajes favoritos expresan sus ideas en términos positivos, y que prefieren entablar
ante todo un diálogo para expresar cuestiones con las que podrían no estar de acuerdo, y tratar a través de
la comunicación establecer ideas y pensamientos para llegar a un disenso y de esta manera lograr acuerdos
antes de generar posibles confrontaciones que terminarían en problemas.
La percepción de la Libertad de expresión, de los personajes favoritos, incluyen no solo acciones verbales, sino también no verbales, ya que también se comunican gesticulando con las manos y haciendo gestos
con el rostro para atraer aún más la atención en los asuntos que tienen por compartir. Asimismo, dentro del
código acciones positivas se detectó que tratan también de comunicar sus ideas a través de actividades artísticas como hacer dibujos, cantar, o bailar. Esto coincide con lo que Huizinga (2000) argumenta, las grandes
ocupaciones de la convivencia humana están impregnadas de juego, y un ejemplo de ello es el lenguaje,
primer instrumento de comunicación que el hombre creó para comunicarse, enseñar y mandar. Bajo esta
mirada, los menores pueden aprender observando las gesticulaciones que sus personajes realizan, además
de escuchar caricaturas, películas y programas unitarios de Televisión.
De esta manera, la comunicación en sus diferentes variables, siempre será una mejor opción por encima
de la violencia, y aunque la violencia es un concepto que puede generar risas -porque en ellos se exponen
imágenes donde los personajes pueden ser lastimados de diversas formas y en ocasiones se escuchan risas
al final de cada acto- pueden ser capaces de entablar un diálogo para llegar a acuerdos mutuos sin generar
actos violentos o imponer su opinión.
Lo anterior responde de manera afirmativa que los menores perciben que los personajes si manifiestan
Libertad de expresión, tanto de manera positiva como negativa, probablemente por encontrarse en procesos
de desarrollo donde el análisis de la situación se encuentra en vías de adquisición. Este trabajo también
responde el objetivo de identificar si los menores detectan la forma en que se comunican. Queda expuesto
que sus personajes favoritos expresan mucho sus ideas.
En las sociedad los individuos se relacionan con otros a fin de lograr sus metas, como consecuencia de
esta convivencia, toman conciencia de los límites de su libertad ya que esta es entendida como un status mediante la cual puede desplazarse de un lado a otro y encontrarse con otros individuos utilizando la palabra
para expresar sus ideas. Esta valoración puede demostrar que los menores están conscientes de la importancia de la toma de decisiones y de la libertad de expresión, en la realización de actividades y convivencia en
sociedad, en donde el diálogo y el respeto se presentan como variables básicas para el desarrollo del menor
en sus relaciones de pares y familiares.

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                  <text>Política, globalidad y ciudadanía, es una revista científica de calidad, que busca la socialización del conocimiento de la comunidad académica de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, a través de la reflexión y el debate crítico, de sus artículos publicados, contribuyendo en la construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional en el entorno local, nacional e internacional. Inicia en el 2015 y es publicada semestralmente y se mantiene activa.</text>
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                <text>El diseño y los contenidos de La hemeroteca Digital UANL están protegidos por la Ley de derechos de autor, Cap. III. De dominio público. Art. 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.</text>
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                    <text>Año. 3, No 6, Julio-Diciembre 2017. ISSN 2395-8448

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Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o
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Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-86,
ISSN 2395-8448

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�Presentación
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral en los
campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la promoción del
desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con responsabilidad ética,
compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional, nacional y latinoamericana. La
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Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación superior,
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fortalecimiento de los criterios de calidad científica, editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos del Modelo Redalyc.
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ideological development of society. This institution is in charge of forming responsible and ethical leaders
who must have historical commitment and who must have the purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific
journal of this institution, links directly to all the instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of publishing scientific
articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English, by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These articles go through an evaluation process,
Double Blind Review, before they are selected to be published in order to achieve the goal of promoting
scientific development and learning in Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of The School of Political Science and
International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection and critical debate in order
to construct knowledge that will end up enriching academic, organizational and social development in
local, national and international contexts. Política, Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers,
students, public officials, businessmen, trade associations and the entire knowledge society. Intellectual
production and research done for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor
crew is committed to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to the
new Redalyc Model guidelines.
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�Tabla de Contenido

Editorial...........................................................................................................................10
Inglés
De la reforma energética a los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos ...................................................................................................................................16
From the energy reform to the exploration contracts and the hydrocarbon extraction
Gaspar Franco
Yolanda Villegas
Anayantzín Almanza
Gobernando el desarrollo sustentable: de la gobernanza global a la gobernanza multinivel....................................................................................................................................32
Governing the sustainable growth: from the global governance to the multilevel governance
Walid, Tijerina
Universidad Autónoma de Nuevo León
Impactos a la biodiversidad por parques eólicos en el noreste de México...................41
Biodiversity impacts from wind parks in the northeastern part of mexico
Franco Gerardo Robles Guerrero
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Las consideraciones metodológicas para la evaluación de políticas y programas de
energía en México............................................................................................................50
Methodological consideration for the politics evaluation and energy programs in Mexico
Abel Villarreal
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

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�Cooperación internacional para el desarrollo de energías renovables: energía eólica y
solar en el mundo............................................................................................................62
International cooperation for the development of renewable energies: wind and solar
energy in the world
Alejandro, Castillo-Maldonado
Universidad Autónoma de Nuevo León
Politica Editorial.............................................................................................................73
Publiching Policy.............................................................................................................80

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�10
Editorial
Co-beneficios y retos para la transición energética
El objetivo número siete de Desarrollo Sostenible para la agenda 2030 de la ONU convoca a un plan de
acción para garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Las metas
concretas para lograr dicho objetivo son (United Nations, 2015):
7.2 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
7.a Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología
relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias
7.b Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos
y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con
sus respectivos programas de apoyo
Los sistemas energéticos están en el corazón del ODS7 pero impactan el resto del resto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Los sistemas energéticos abarcan todos los componentes humanos,
ambientales e industriales involucrados en la extracción, producción, conversión, distribución y uso final
de energía. Una perspectiva multidisciplinaria, global y sistémica es necesaria para entender la complejidad
de los flujos de provisión y uso de energía y facilitar intervenciones efectivas que impulsen cada una de las
metas de la transición energética.
México es un país con enorme potencial de recursos energéticos renovables. Una transición energética
que cumpla con los objetivos del ODS7 promete numerosos beneficios sociales, infraestructurales y ambientales para impulsar el capital humano y económico del país.
Energía y medioambiente
El reporte de la UNEP “Opciones para Energías Verdes” presenta un análisis de los beneficios de la transición hacia energía renovables para la salud humana, ecosistemas y la conservación de recursos primarios
(UNEP-IRP, 2017). El estudio concluye que cambiar hacia energías renovables implica una reducción drástica de contaminación por partículas en suspensión, toxicidad humana, polución del aire y contribución al
cambio climático. Así mismo, las energías renovables implican menor eutrofización marina y de agua dulce
y una reducción de emisiones tóxicas ambientales. El reporte también señala que proyectos hidroeléctricos
masivos pueden afectar la biodiversidad y cambiar ecosistemas de manera irreversible. Adicionalmente, se
mencionan los riesgos de las turbinas eólicas para las especies áreas. Aspectos que requieren de atención
especial en un país mega diverso como lo es México.
A pesar de que construir la infraestructura de generación renovable requiere grandes cantidades iniciales de acero y cobre, el estudio concluye que a largo plazo esta estrategia ahorraría recursos minerales. En
resumen, transformar los servicios energéticos hacia renovables presenta beneficios en todas las categorías
relevantes comparadas con un mix de hidrocarburos (Hertwich et al., 2014; UNEP-IRP, 2017). Esto significa que lograr el ODS7 facilita la lucha contra el cambio climático (ODS13), la salud pública (ODS3), la
conservación de vida terrestre y marina (ODS14-15) y conservar los recursos hidrológicos (ODS6).

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Energía y calidad de vida
La provisión universal de servicios de energía modernos y asequibles contribuye a el nivel de vida y
bienestar humano. De esta manera, el ODS7 tiene un papel importante en los esfuerzos de erradicar pobreza
(ODS1). Cumplir la transformación energética elevará el nivel de vida por medido de facilitar la provisión
de servicios básicos tales como servicios a la salud, educación (ODS3–4) e infraestructuras de saneamiento
(OSD 7,9). El acceso a energía mejorará las condiciones de vivienda y de vecindarios (OSD1,11), facilitando la generación de empleos (OSD8) y mejorando los sistemas de provisión de bienes básicos (OSD2).
Igualmente, el acceso a energía está ligado a la equidad de género, al ecualizar las oportunidades de educación (Pachauri &amp; Rao, 2013) (ODS 5). El acceso a energía también impulsa la equidad de clases sociales nacional e internacional, al ecualizar el acceso a tecnologías e información (Fuso Nerini et al., 2017)
(ODS10). Estos son sólo algunos ejemplos de las múltiples sinergias entre el objetivo de lograr acceso universal a energía limpia y otros objetivos sociales que impactan la calidad de vida (Fuso Nerini et al., 2017).
Los retos de la transición energética requieren de mayor gobernabilidad de los sistemas de energía. Instituciones justas y transparentes, que operen bajo un estado de derecho, incluyendo la participación y consulta ciudadanía. Las instituciones líderes deben ser incorruptas y operar de manera transparente, auditable
y con información pública fidedigna. El reto es mayor en México, donde cuantiosas poblaciones rurales
dependen directamente de los recursos naturales y uso de suelo. Por ejemplo, proyectos hidroeléctricos de
gran escala que no consideren las necesidades y condiciones de las comunidades, resultarán en conflictos
sociales, políticos y dificultaran el sustento de dichas comunidades (Fuso Nerini et al., 2017). Proyectos
que impacten el uso de suelo para parques eólicos, solares o producción de biomasa para biocombustibles
pueden desencadenar conflictos similares al competir con tierras de cultivo o afectar el acceso de las comunidades a recursos naturales. Estos ejemplos señalan la importancia de la consulta y participación ciudadana, así como el papel fundamental de los recursos naturales para la calidad de vida de muchas comunidades
mexicanas. Prevenir dichos conflictos requiere a una política radicalmente distinta, que utilice mecanismos
de co-creación y co-desarrollo junto con las comunidades para garantizar éxito de los proyectos. De esta
manera quizás micro turbinas hidroeléctricas en lugar de mega-presas, pueden lograr el mismo objetivo
ODS7 sin los impactos sociales y ambientales, por ejemplo.
Energía e infraestrucura
Todas las infraestructuras físicas y sociales dependen de energía para su construcción, mantenimiento y
operación a lo largo de su vida útil. Energía confiable implica infraestructuras confiables para operar hospitales y clínicas, sistemas de tratamiento de agua, comercio y actividad industrial etc. En un sentido más
amplio, los diversos sistemas energéticos mueven ciudades y comunidades (ODS11) y hacen posible una
vida urbana de calidad y segura (Fuso Nerini et al., 2017).
Adicionalmente, nuevas infraestructuras serán requeridas para lograr el acceso universal a energía moderna. El reto es implementar una combinación adecuada de infraestructuras descentralizadas y centralizadas coordinadas bajo una red eléctrica inteligente que balancee la generación renovable e involucre a los
consumidores como activos para regular la red. Además, otro de los retos particulares para las llamadas
“soluciones inteligentes” del desarrollo sustentable es el obstáculo que los sectores energéticos tradicionales, sobre todo los dependientes de energías fósiles, presentan para el acceso de nuevas tecnologías, sectores
y actividades energéticas (definido en inglés como “institutional lock-in”) (ver Foxon, 2014). Para evitar
estos bloqueos institucionales, las políticas públicas de infraestructura e innovación deben comenzar a idear
incentivos para que los agentes económicos desarrollen actividades empresariales en sectores de energías
alternativas; por otro lado, se deben fortalecer en paralelo a órganos reguladores (como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Federal de Competencia) para que sancionen prácticas monopólicas dentro
de los sectores energéticos.

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Gobernabilidad
Claramente, lograr el ODS7 no puede ser aislado del resto de los objetivos. Una transición energética
con visión sistémica dependerá de diálogos intersectoriales entre instituciones y ministerios, públicos y
privados. El reto es establecer una visión nacional que se traduzca a esfuerzos locales públicas y privados,
apoyados en colaboraciones globales. Para esto, se requieren nuevas formas de dialogo, de crear responsabilidad y empoderamiento colectivos a través de sectores sociales y establecer consensos que sean respetados más allá del mandato en turno. Para lograr esto, se requiere un formato radicalmente distinto de toma
de decisiones. Las decisiones deben integrar visiones y objetivos tanto verticales como horizontales y con
una visión de muy largo plazo (Fuso Nerini et al., 2017)
Para que las políticas puedan apoyarse en ciencia de calidad, la investigación debe ser interdisciplinaria.
Esto requiere colaboración entre disciplinas y diferentes actores sociales trabajando bajo una cultura abierta
de compartir información, datos y conocimiento. Una aproximación científica holística requiere de una
visión clara del papel que juegan diferentes disciplinas científicas y las preguntas relevantes que deben ser
esclarecidas desde múltiples perspectivas para facilitar políticas efectivas y robustas.
El objetivo para México requiere de madurez institucional y científica. Solo así podremos maximizar
las sinergias y minimizar los riesgos implicados en una transición energética que estimule el resto de los
objetivos de desarrollo.
REFERENCIAS
Foxon, T. J. (2014). Technological Lock-in and the Role of Innovation. En Atkinson, G., Dietz, S. y
Neumayer, E. (Eds.) Handbook of Sustainable Development. Northampton: Edward Elgar Publishing.
Fuso Nerini, F., Tomei, J., To, L. S., Bisaga, I., Parikh, P., Black, M., … Mulugetta, Y. (2017). Mapping
synergies and trade-offs between energy and the Sustainable Development Goals. Nature Energy,
3(January), 1–6. https://doi.org/10.1038/s41560-017-0036-5
Hertwich, E. G., Gibon, T., Bouman, E. ., Arvesen, A., Suh, S., Heath, G. a., … Shi, L. (2014). Integrated
life-cycle assessment of electricity-supply scenarios confirms global environmental benefit of lowcarbon technologies. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(20), 201312753. https://
doi.org/10.1073/pnas.1312753111
Pachauri, S., &amp; Rao, N. D. (2013). Gender impacts and determinants of energy poverty: Are we asking
the right questions? Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(2), 205–215. https://doi.
org/10.1016/j.cosust.2013.04.006
UNEP-IRP. (2017). Green Energy Choices : The Benefits, Risks and Trade-Offs of Low-Carbon Technologies
for Electricity Production. United Nations Environment Programme,.
United Nations. (2015). Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Department of Economic and Social Affairs, 1–29.

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Editorial
Aim number seven of Sustainable Development of United Nations’ agenda calls for an action plan to
ensure and guarantee global access affordable, reliable and modern energy services. The concrete goals in
order to achieve that objective are (United Nations, 2015):
7.2 To increase considerably the renewable energy proportion in the set of energetic sources
7.3 To duplicate world’s average of energetic efficiency improvement
7.a To increase international cooperation in order to ease the access to research and technology related to clean energy, including renewable sources, energetic efficiency, cutting-edge technologies,
less polluting fossil fuels and the promotion of investment in energetic infrastructure and clean
technologies.
7.b To expand infrastructure and to improve the technology in order to provide sustainable modern
energetic services for developing countries, particularly the least advanced countries, the small ones,
the ones that do not have coastlines, working according to its support programs.
Energetic systems are in the heart of SDG7 but they affect the rest of the Sustainable Development
Goals (SDG). Energetic systems involve all human components, from environmental to industrial ones
involved in the extraction, production, conversion, distribution and use of energy. A global, multidisciplinary and systematic perspective is needed to understand the complexity of provision flow and energy use
and likewise, it is needed to ease effective interventions that impulse each and every goal of the energetic
transition.
Mexico is a country that has a huge energetic renewable sources potential. An energetic transition that
fulfills the SDG goals promises numerous social, infrastructural and environmental benefits to impulse
human resource and the country’s economy.
Energy and Environment
In the UNEP report “Green Energy Options” presents an analysis of the transition benefits on its way
to human health, ecosystems, and primary resource conservation (UNEP-IPR, 2017). The report concludes
that changing our way to renewable energies implies a drastic reduction of pollution produced by suspended particles, human toxicity, and air pollution y climate change contribution. Likewise, renewable energies
imply less marine and freshwater eutrophication as well as a reduction of toxic environmental emissions.
The report also states that massive hydroelectric projects could affect biodiversity and could also change
ecosystems in an irreversible way. In addition, wind turbine risks for the bird species are mentioned. All the
aspects mentioned before are supposed to be taken seriously and they deserve to have special attention if
we consider that Mexico is as diverse as it is.
Even though building the infrastructure of renewable energy generation requires big amounts of steel
and copper, the report includes the fact that in long term this strategy would conserve mineral resources.
In summary, the attempt of transforming energetic services into renewable ones brings all kind of relevant benefits compared to a mix of fossil fuels or hydrocarbons (Hertwich et al., 2014; UNEP-IRP, 2017qq).
This means that achieving SDG7 eases the fight against climate change (SDG13), public health (SDG3)
earthly and sea life conservation (SDG14-15) and hydrologic resource conservation (SDG6).
Energy and quality of life
Global affordable, reliable and modern energy services supply contributes to life level and human wellbeing. Thus, the SDG7 has a crucial role in the efforts to eradicate poverty (SDG1). Fulfilling the energetic
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transformation will rise living standards by means of easing the supply of basic services such as healthcare
services, education (SDG-4) and sanitation infrastructure (SDG7.9). Energy access will improve living
conditions (SDG1.11) while it eases job creation (SDG8) as it improves basic services supply systems
(SDG2). Likewise, energy access is linked to gender equity, as it equalizes education opportunities (Pachauri &amp; Rao, 2013) (SDG5). Energy access also impulses equity in terms of social classes nationally and
internationally, as it equalizes the access to the use of technology and information (Fuso Nerini et al., 2017)
(SDG10). These are only some examples of the multiple synergies between the objectives of fulfilling
global energy sources access and other social objectives that impact life quality (Fuso Nerini et al., 2017).
Energetic transition challenges require a greater governability of energy systems, fair and transparent
institutions that work under a rule of law, including citizen participation and consultation.
Leading institutions should not be corrupt and they should work in a transparent, auditable way using
reliable public information. The challenge is even bigger in Mexico, where many rural populations depend
directly on natural resources. For example, hydro electrical big projects that do not consider the community
needs and conditions will end up in social and political conflicts and the will interfere with these communities’ development. (Fuso Nerini et al., 2017). Projects that impact land use for wind or solar parks, or
biomass production might either bring similar conflicts when competing with farmlands or might affect the
access to natural resources for the communities. These examples show the importance of citizen participation and consultation, as well as the crucial role of natural resources for many Mexican small communities
in terms of quality of life. In order to prevent those conflicts, a radically different policy is required, one
that uses co-creation and co-development mechanisms along with communities to guarantee the project
success. Thus, maybe hydro electrical micro turbines might fulfill the objective stated in SDG7 without
social and environmental impacts.
Energy and infrastructure
Every physical and social infrastructure depends on energy to be constructed, to be maintained throughout its useful life. Reliable energy implies reliable infrastructures to work on hospitals, water treatment
systems, trade and industrial activity. In a wider sense, diverse energetic systems make cities and communities move (SDG11) and the make urban life possible (Fuso Nerini et al., 2017).
In addition, new infrastructures will be required to fulfill global access to modern energy. The real
challenge is to implement an adequate combination of decentralized and centralized infrastructures, coordinated under a smart electrical web that balances the creation of renewable energy and that involve consumers as actives to regulate this web. Furthermore, another challenge for the so called “smart solutions”
of sustainable development is the obstacle that traditional energetic sectors might present for the access of
new technologies, sectors and energetic activities (defined in English as “institutional lock-in) (see Foxon,
2014). In order to avoid these institutional impasse, public infrastructure and innovation policies should
create incentives in order the economical agents develop entrepreneurial activities in alternative energy
sectors; on the other hand, controller institutions should be strengthen (for example Comisión Reguladora
de Energía o la Comisión Federal de Competencia) in order for them to punish monopolist practices among
energy sectors.
Governability
Clearly, fulfilling SDG7 cannot be isolated from the rest of the objectives. An energetic transition that
contains a systematic vision will depend on the sectorial dialogs among private and public institutions and
ministries. The real challenge is to establish a national vision that can be translated into public and private
local efforts, supported on global collaborations. In order for this to be possible, new forms of dialog are
required. It is also required to create a sense of responsibility and empowerment throughout social sectors
as well as it is needed to establish a consensus that is respected. In order to achieve this, a radically different
format of decision making is needed. Decisions must integrate visions and objectives in long term.
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In order for the policies to be supported, research must be interdisciplinary. This requires collaboration
among disciplines and different social actors, while they work in an information sharing culture. A scientific
holistic approximation requires a clear vision of the role that different scientific disciplines play, and the
relevant questions that should be clarified from multiple perspectives in order to ease effective policies.
Mexico’s objective requires institutional and scientific maturity. Only in that way we would be able to
maximize the synergies and to minimize the implicated risks in an energetic transition that stimulate the
rest of the development objectives.
References
Foxon, T. J. (2014). Technological Lock-in and the Role of Innovation. En Atkinson, G., Dietz, S. y
Neumayer, E. (Eds.) Handbook of Sustainable Development. Northampton: Edward Elgar Publishing.
Fuso Nerini, F., Tomei, J., To, L. S., Bisaga, I., Parikh, P., Black, M., … Mulugetta, Y. (2017). Mapping
synergies and trade-offs between energy and the Sustainable Development Goals. Nature Energy,
3(January), 1–6. https://doi.org/10.1038/s41560-017-0036-5
Hertwich, E. G., Gibon, T., Bouman, E. a., Arvesen, A., Suh, S., Heath, G. a., … Shi, L. (2014). Integrated
life-cycle assessment of electricity-supply scenarios confirms global environmental benefit of lowcarbon technologies. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(20), 201312753. https://
doi.org/10.1073/pnas.1312753111
Pachauri, S., &amp; Rao, N. D. (2013). Gender impacts and determinants of energy poverty: Are we asking
the right questions? Current Opinion in Environmental Sustainability, 5(2), 205–215. https://doi.
org/10.1016/j.cosust.2013.04.006
UNEP-IRP. (2017). Green Energy Choices : The Benefits, Risks and Trade-Offs of Low-Carbon
Technologies for Electricity Production. United Nations Environment Programme,.
United Nations. (2015). Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Department of Economic and Social Affairs, 1–29.

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De la reforma energética a los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos
From the energy reform to the exploration contracts and the hydrocarbon extraction
Gaspar Franco1
Yolanda Villegas2
Anayantzín Almanza3
RESUMEN
El presente capítulo abordará temas relacionados con los recursos y las reservas energéticas con las que cuenta el
país, algunas de las razones por las que fue considerada necesaria la reforma energética –enfatizando la situación en
producción e inversiones del sector hidrocarburos en el cual se encontraba nuestra nación–, aspectos principales que
involucra la reforma energética y los principales acontecimientos referentes a su implementación, hasta llegar a los
contratos que tiene ahora México en vigor.
Palabras clave: Reforma energética, contratos, hidrocarburos, política pública, Mexico
ABSTRACT
The present chapter will address issues related to the energy resources and reserves that the country has, some of the
reasons why the energy reform was considered to be – emphasizing the situation of production and investments from
the hydrocarbon sector at which our nation was -, main issues that involve the energy reform and the main highlights
referred to its implementation, to reach into the current contracts that Mexico has.
Key words: Energy reform, contracts, hydrocarbons, public policy, Mexico

Cómo referenciar este artículo:

Franco, G., Villegas, Y., &amp; Almanza, A. (2017). De la reforma energética a los contratos de exploración
y extracción de hidrocarburos. Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 16-31. Recuperado de http://
revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/75

Recibido: 15 de Enero 2017 - Aceptado: 02 de Marzo 2017

1
Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos electo por el Senado de la República. Master en
Habilidades Directivas por parte de la Universidad Autónoma del Carmen.
2
Doctora en Estudios Humanísticos con foco en Ciencia, Tecnología y Sociedad por el ITESM. .
3
Ingeniera Petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 16-31. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/75

�De la reforma energética a los contratos...
1.

INTRODUCCIÓN

La reforma energética de 2013 (“Reforma Energética”) representó un cambio de rumbo en el desarrollo
de México. En este sentido, se estima que, al ser nuestro país un estado con bastos recursos y reservas de
hidrocarburos para realizar actividades de exploración y extracción, las entidades gubernamentales involucradas y la sociedad en su conjunto, deberán continuar avanzando ahora con la implementación y el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la Reforma Energética.
En esta línea de pensamiento, en este capítulo se abordarán de manera general temas relacionados con
los recursos y las reservas con las que cuenta el país, algunas de las razones por las que fue necesaria la Reforma Energética –enfatizando la situación en producción e inversiones del sector hidrocarburos en el cual
se encontraba nuestra Nación–, aspectos principales que involucra la Reforma Energética y los principales
acontecimientos referentes a su implementación.
Los recursos petroleros
México se ha caracterizado por ser un territorio con una gran diversidad en recursos petroleros, ya que
cuenta con campos en zonas terrestres, campos en zonas marinas someras, profundas y ultra profundas,
áreas no convencionales en Chicontepec, recursos no convencionales en diferentes estados de la república,
campos de gas en la cuenca de Burgos, campos de aceite extrapesado y diversos campos maduros (Fuentes,
2011). Lo anterior se ejemplifica visualmente en la Figura 1 (Rangel, 2014) siguiente:
El presente capítulo abordará temas relacionados con los recursos y las reservas energéticas con las que
cuenta el país, algunas de las razones por las que fue considerada necesaria la reforma energética –enfatizando la situación en producción e inversiones del sector hidrocarburos en el cual se encontraba nuestra nación–, aspectos principales que involucra la reforma energética y los principales acontecimientos referentes
a su implementación, hasta llegar a los contratos que tiene ahora México en vigor.
Figura 1. Recursos en México

Los recursos y reservas con las que cuenta México se encuentran ubicados en ocho cuencas petroleras denominadas: Tampico-Misantla, Burgos, Veracruz, Sabinas, Aguas Profundas, Plataforma de Yucatán,
Cinturón Plegado de Chiapas; de las cuales, en seis de ellas se han extraído más de 58 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. De hecho, al 1 de enero de 2017 se tienen cuantificados y certificados más
25 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reservas 3P. Adicionalmente, en esas cuencas
se estima que cuentan con más de 112 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en cuanto a
recursos prospectivos (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2017). A continuación, se muestra la Tabla 1,
generada con información publicada en la página web de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”).

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 16-31. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/75

17

�Franci, G &amp; Almazan, A &amp; Villegas, Y

18

Tabla 1. Reservas y Recursos de México (miles de millones de barriles de petróleo equivalente).
Reservas
Recursos Prospectivo
Prod.
Cuenca
1P
2P
3P
Conv.
No. Conv.
Acumulada
-90%|
-50%
-10%
Sureste
49.3
7.74
12.46
17.6
14.5
Tampico-Misantla
6.3
1.02
3.65
6.49
2.3
34.7
Burgos

2.3

0.19

0.33

0.41

3.2

10.8

Veracruz

0.9

0.13

0.16

0.17

1.4

0.8

Sabinas
Aguas Profundas

0.1
0

0
0.06

0.01
0.16

0.01
1.17

0.4
27.8

13.9

Plataforma de Yucatán

1.8

Cinturón Plegado de Chiapas

1.2

Total

58.9
9.16
16.77
25.86
52.6
Fuente: (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2017)

60.2

Asimismo, es importante mencionar que el país cuenta con más de 700 campos que se componen de
más de 1,300 yacimientos, los cuáles son clasificados dependiendo sus grados API, escala de gravedad específica que desarrolló el Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute) para medir
la densidad relativa de diversos líquidos de petróleo expresada en grados (Schlumberger Limited, 2017).
Conforme al Acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoen su capítulo I, clasifica al petróleo tomando en cuento los grados API (Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México,
2015), como se muestra en la Tabla 2:
Tabla 2. Yacimientos de aceite clasificados por sus grados API conforme al Acuerdo emitido por la
SHCP
Clasificación grados API
Núm. de yacimientos
Super ligero
39.0&lt;API
146
Ligero
Mediano
Pesado
Extra pesado

31.1&lt;API≤39.0
22.3&lt;API≤31.1
10.0&lt;API≤22.3

224
181
163

API≤10.0

20

Fuente: Elaboración propia
Es decir, derivado de esta clasificación, los 734 yacimientos de aceite se dividen en súper ligero, ligero,
mediano, pesado y extra pesado. Por otro lado, de conformidad con la clasificación de la Administración de
Información Energética (“EIA” por su nombre en inglés -Energy Information Administration-), esos yacimientos de aceite se pueden clasificar en ligeros, intermedios y pesados, tal y como se muestra en la Tabla 3:

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Tabla 3. Yacimientos de aceite clasificados por sus grados API acorde a la EIA
Clasificación grados API
Ligero
Intermedios
Pesado

Núm. de yacimientos
38.0 &lt; API

168

38.0≤API&lt;22.0
API≤22.0

383
183

Fuente: Elaboración propia con datos de la EIA
Como se puede observar, el país cuenta con esta gran variedad de recursos, ofreciendo un gran reto y
oportunidad para todo el sector de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y representa un territorio
donde se pueden poner a prueba las diversas tecnologías para la diversidad de recursos petroleros. Además,
de acuerdo con el BP Outlook 2017, se pronostica que en el año 2035, el petróleo, el gas y el carbón, seguirán siendo las fuentes dominantes de energía que alimenten el mundo, representando más de tres cuartas
partes de los suministros totales de energía en 2035 (BP, 2017). Lo anterior se muestra en la Figura 2:
Figura 2. Energía dominante hasta 2035

Fuente: BP Energy Outlook (2017)
Esto general que en nuestro país se sigan realizando actividades para contar con el suministro de energía
derivado de la producción de aceite y gas.
Diagnóstico del sector petrolero en México
En el año 2013, se observó que la producción del país había sufrido una disminución en la producción
del petróleo de aproximadamente 900 mil barriles diarios, a pesar de la realización de mayores inversiones.
Esta situación puede considerarse natural en la actividad petrolera debido a que cada vez más frecuentemente, los operadores se enfrentan a mayores retos en acumulaciones de hidrocarburos de mayor complejidad y más alejadas a lo que se realizó en el pasado (PEMEX, 2014). En este tenor, la Figura 3 contiene el
diagnóstico de producción petrolera y las inversiones correspondientes:

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Figura 3. Diagnóstico de producción de petróleo e inversiones en exploración y producción

Fuente: Gobierno de la República (2013)
Respecto a la producción y consumo de gas, se ha observado que, en el 2013, se estaban importando
alrededor de 34% para satisfacer el consumo nacional, lo que generó en el país una mayor dependencia
por el gas, haciéndolo vulnerable en el tema de seguridad energética, conforme se muestra en la Figura 4:
Figura 4. Diagnóstico de Producción y consumo de gas.

Fuente: Gobierno de la República (2013)

Actualmente, la producción de aceite está por debajo de los dos millones de barriles por día y la importación de gas rebasa el 70%. Por lo que, con la incursión de más de 70 empresas petroleras en el sector de
Exploración y Extracción de hidrocarburos, se espera revertir tal declinación e incluso, llegar a niveles de
producción de más de 3 millones de barriles en la próxima década.
Reforma Energética
El 12 de agosto de 2013 fue presentada por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Energética. Dicha Reforma Energética fue aprobada en el Senado
de la República el día 11 de diciembre de 2013, y el 12 de diciembre del mismo año, fue aprobada por la
Cámara de Diputados, siendo el 18 de diciembre declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal,
quedando promulgada por el Ejecutivo y publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2013 (Presidencia de
la República de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).
Dicho proceso de Reforma Constitucional en Materia Energética, resultó ser un parte aguas en la forma
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en que el Estado venía ejerciendo sus funciones en materia de abasto, uso de recursos y en general, en la
manera en que se desarrollaba la política energética del país.
Atendiendo a una perspectiva legal, la Reforma Constitucional cobra vital importancia, al tratarse de
un cambio al texto de la norma suprema de nuestro sistema jurídico, mismo que requiere de formalidades
esenciales descritas en la propia Constitución, en su artículo 135.
Asimismo, resulta importante mencionar que desde una óptica técnico-económica y social, representa
el primer paso a la modernización del sector energético mexicano, en el que se permite la participación de
privados, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la Exploración y Extracción de Hidrocarburos,
lo cual permite mantener la rectoría de estas actividades al Estado. De esta manera, el marco jurídico que
derivó de la Reforma Energética tanto constitucional como de legislación secundaria, reglamentos y regulación, fue resultado directo de la necesidad de crear un entorno jurídico confiable y certero que brindara
a los participantes del sector, seguridad en la toma de decisiones de inversión para el beneficio del país.
En la Reforma Energética se observó la modificación de tres artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la adición de 21 artículos transitorios, con lo cual dio inicio a una nueva etapa
para el país, puesto que con ello se estaba abriendo el sector energético a la inversión privada sin privatizar
a la empresa que por más de 70 años se hizo cargo de la industria petrolera.
Es así, como se da un paso decisivo, marcando el rumbo del sector energético en México y, en específico, en el sector de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. El artículo 25 constitucional, refiere a que
el Gobierno seguirá siendo responsable de las áreas estratégicas, en las cuales se incluyen la Exploración y
Extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como de los organismos y empresas productivas del
Estado. También menciona que la equidad social, productividad y sustentabilidad, aparecen como criterios
para apoyar e impulsar a los sectores social y privado, cuidando siempre el medio ambiente.
En el artículo 27 de la Constitución, se aborda que, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos
sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, esto permanecerán siendo propiedad de la Nación, por lo que
deberá expresarse así en las Asignaciones y los Contratos, los cuales serán la forma en la que se podrán
realizar actividades de Exploración y Extracción del petróleo y demás hidrocarburos, con el fin de obtener
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo.
Además, deja claro que las Asignaciones serán con empresas productivas del Estado y los Contratos
serán con las empresas productivas del Estado o con Particulares. En el artículo 28 constitucional se establece que el Poder Ejecutivo contará con la CNH y la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) como
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Además, se menciona que el Estado contará con
un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo,
cuya institución fiduciaria será el banco central, teniendo como objeto principal el recibir, administrar y
distribuir los ingresos derivados de las Asignaciones y Contratos4.
El 11 de agosto de 2014, fueron publicadas en el DOF 21 Leyes Secundarias (Secretaría de Gobernación, 2014), de las cuáles 9 leyes nuevas se expidieron y 12 leyes existentes se reformaron, tal y como se
muestra en la Tabla 4:

4
Lo antes mencionado está contenido en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía publicada en el DOF en fecha 20
de diciembre de 2013: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&amp;fecha=20/12/2013
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Tabla 4. Leyes Secundarias.
Leyes nuevas
Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
Ley de Hidrocarburos
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Ley de la Industria Eléctrica
Ley de Energía Geotérmica

Leyes reformadas
Ley de Inversión Extranjera
Ley Minera
Ley de Asociaciones Público-Privadas
Ley Federal de los Derechos

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Aguas Nacionales

Ley General de Deuda Pública
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicios
del Sector Público
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionado con
las mismas
Fuente: Senado de la República (2013)
A manera de resumen, se tiene que como resultado de las adecuaciones al marco jurídico fueron emitidas de 9 Leyes Secundarias nuevas y 6 reglamentos a dichas leyes; y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 12 Leyes existentes, además de emitirse 2 reglamentos con el objeto de modernizar y hacer viable la ejecución de las atribuciones y facultades de los órganos reguladores coordinados,
previstas en el nuevo marco normativo del sector energético, situación que es toral para el desarrollo óptimo
del mercado de hidrocarburos y de otras energías en México.
Ronda Cero
El 13 de agosto de 2014, se llevó a cabo el que pudiera ser el primer acto de implementación de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos, la denominada “Ronda Cero” que dio cumplimiento al Sexto
Transitorio del Decreto de Reforma (Secretaría de Energía, 2015). La Secretaría de Energía (“SENER”)
con la asistencia técnica de la CNH, determinó asignarle a Petróleos Mexicanos (“Pemex”) un portafolio
diversificado mediante la modalidad de Asignaciones, es decir, el 100% de lo que solicitó en reservas 2P
y el 68% de lo que solicitó en recursos prospectivos (Secretaría de Energía, 2015; Comisión Nacional de
Hidrocarburos, 2017).
El 21 de marzo de 2014, Pemex sometió a consideración de la SENER la adjudicación de las áreas en
exploración y campos en producción con las que contaba la capacidad de operar a través de la figura de
Asignaciones; para ello, debió acreditar que contaba con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. En la Figura
5 que se muestra a continuación, se observa que de las reservas 2P nacionales, lo solicitado y otorgado a
Pemex al 1 de enero de 2014, representó el 83% que corresponde a 20.6 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente; por su parte, lo asignado a Pemex en recursos prospectivos representó el 31% de la
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cifra nacional que corresponde a 34.8 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Lo restante,
pasaría a formar parte del Estado; es decir, al 1 de enero de 2014, 4.2 mil millones de barriles de petróleo
crudo equivalente de Reservas 2P y 77.4 mil millones de barriles de petróleo (Secretaría de Energía, 2015).
Figura 5. Porcentaje otorgado a Pemex derivado de la Ronda Cero

Fuente: Secretaría de Energía (2015)
Así, Pemex estaba dando el primer paso para su fortalecimiento como empresa productiva del Estado al
contar con 489 Asignaciones, de las cuales, a 108 Asignaciones se les realizarían actividades de Exploración, a 286 Asignaciones se le realizarían actividades de Extracción y 95 Asignaciones que formaban parte
del Estado y eran campos en producción, se le asignaron a Pemex para que las Asignaciones continuarán
con dicha producción por un periodo de dos años o hasta que el Estado las licite como se muestra en la
Figura 6:
Figura 6. Asignaciones otorgadas a Pemex.

Fuente: Plan Quinquenal (Secretaría de Energía, 2017)
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Lo anterior se efectuó con la intención de que dicho primer paso de la implementación de la Reforma
Energética, también resultara similar a la experiencia de las Reformas de Brasil (1997) y Colombia (2009),
países donde el mecanismo de “Ronda Cero” fue eficaz para fortalecer a las empresas estatales, estimular
la participación de otras compañías que contribuirían a la producción de hidrocarburos y para incrementar
la renta petrolera del Estado (Secretaría de Energía, 2015).
Plan Quinquenal
Del resultado de la Ronda Cero, los campos y áreas petroleras que conservó el Estado servirían para seleccionar las 14 áreas de la primera convocatoria en aguas someras, adjudicándose 2 áreas; las 5 áreas de la
segunda convocatoria, adjudicándose 3 áreas; y las 25 áreas de la tercera convocatoria en campos terrestres,
adjudicándose 25 áreas. Todas las anteriores licitaciones formaron parte de la Ronda 1 a la que por primera
vez se enfrentaba el país con gran éxito debido a los altos estándares de transparencia con los que se regía
el proceso para llevar a cabo el acto de apertura y presentación de propuestas (Secretaría de Energía, 2015).
El 30 de junio de 2015, se presenció otro gran paso de la implementación de la Reforma Energética, la
SENER presentaba y publicaba del Plan Quinquenal 2015-2019 (Secretaría de Energía, 2015), el cual se
elaboró a partir de la propuesta de la CNH y de los resultados de las licitaciones anteriores. Este documento
sentaría las bases para la definición de las rondas de licitación a realizarse en los años venideros (Comisión
Nacional de Hidrocarburos, 2017).
A partir de esa fecha, se inició el proceso de evaluación y modificación a tal Plan Quinquenal, que
involucró la participación de los gobiernos locales y de la industria, el cual concluyó el 30 de septiembre
de 2015 (Secretaría de Energía, 2015). El 2 de marzo de 2017, se anunció la Evaluación 2016 y Nueva
Estrategia 2017 del Plan Quinquenal (Secretaría de Energía, 2017) como parte de su continua evaluación,
recomendando que:
• Se abrieran todas las áreas para la nominación;
• Las áreas para licitación se dividieran en cuatro categorías: Aguas Profundas, Aguas Someras, Terrestres no convencionales (Lutitas y Chicontepec), y Terrestres convencionales;
• Se programaran dos procesos licitatorios por año, en el primer semestre para áreas en aguas profundas y terrestres no convencionales y, en el segundo semestre, para áreas en aguas someras y
terrestres convencionales; y
• Se estandaricen los tamaños de las Áreas Contractuales de acuerdo con su categoría.
El 24 de enero de 2018, se presentó la actualización del Plan Quinquenal denominada Evaluación 2017
(Secretaría de Energía, 2018), la cual, en comparación con la versión demarzo de 2017, presentó un incremento en la superficie de las categorías de terrestres no convencionales y de aguas profundas, de 239 mil a
más de 262 mil kilómetros cuadrados, y en los recursos prospectivos, de 42 mil 681 a 43 mil 267 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente.
Por último, se adiciona que se llevará a cabo por lo menos un proceso licitatorio por año por cada una
de las 4 categorías. Con el Plan Quinquenal se tiene la oportunidad de visualizar lo que el Estado pondrá
disponible en las próximas licitaciones y así los interesados podrán planear mejor sus estrategias de participación en el sector, al poder contar con información sobre el tipo de áreas y retos que se podrían tener en
el corto y mediano plazo.
Previo al Proceso Licitatorio
Como se señaló, el Plan Quinquenal es la base para la definición de las áreas que se van a licitar y, finalmente, para llevar a cabo su anuncio, por lo que se deben considerar dos procesos anteriores:
• La selección de áreas a licitar y definición del modelo de contrato; y
• La selección de áreas conforme al artículo 29 y 31 de la Ley de Hidrocarburos (Secretaría de
Gobernación, 2014).
En el primer proceso, la SENER selecciona las Áreas Contractuales conforme a los criterios que la
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misma establezca, con la asistencia técnica de la CNH, como se muestra en la Figura 7:
Figura 7. Proceso selección de Áreas

Fuente: (Franco Hernández, 2017)
Básicamente, inicia con la solicitud de asistencia técnica que envía la SENER a la CNH en la cual
incluye los criterios a considerar para dicha selección y si existe nominación por parte de la industria. A
partir de la tercera licitación de la Ronda 1, se incluye lo que se señala en el Plan Quinquenal. Por su parte,
la CNH analiza dicha información mediante indicadores, los cuales variarán dependiendo de la ubicación
de las áreas, ya sean terrestres (convencionales o no convencionales) o marinas (aguas someras o aguas
profundas). Para el caso de áreas terrestres se evalúa el volumen original y remanente, la reserva remanente,
el valor presente neto (“VPN”), el factor de recuperación (“Fr”), entre otros. Sin embargo, para las áreas
en zonas marinas, algunos indicadores son la cobertura sísmica, si cuentan con pozos, si cuentan con áreas
contiguas a áreas adjudicadas o áreas que estén en licitación, etc (Secretaría de Energía, 2015).
Con ello, se permite jerarquizar las áreas, proponer la unión de ciertas áreas o la inclusión de nuevas
áreas en la propuesta de CNH que emite a la SENER con previa aprobación del Órgano de Gobierno. En
el segundo proceso previo, diversas Entidades Gubernamentales intervienen para la determinación del modelo de contratación para la licitación conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos
(Secretaría de Gobernación, 2014):
Figura 8. Proceso determinación del modelo de contratación

Fuente: Franco (2017)
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La SENER envía a la SHCP y a la CNH la propuesta de modelo de Contrato. Dicho modelo de Contrato
corresponderá a los mencionados en el Cuarto Transitorio del Decreto de Reforma que son: de servicio,
de utilidad o producción compartida, o de licencia. Tanto la SHCP y la CNH emiten su opinión al respecto
en los plazos dictados por la ley aplicable. Así que la SENER determina el modelo, así como las condiciones técnicas del Contrato. Por su parte, la SHCP determinará las condiciones económicas relativas a
los términos fiscales y la Secretaría de Economía (“SE”) emitirá su opinión sobre el porcentaje mínimo de
Contenido Nacional.
La Comisión Federal de Competencia Económica emite su opinión sobre los criterios de precalificación
y el mecanismo de adjudicación que se apeguen a las mejores prácticas de la industria, así como a los principios generales en materia de libre concurrencia y competencia económica, dando paso a que la SENER
elaboré los documentos finales que son enviados a CNH.
Desde noviembre de 2014, como se muestra en la Figura 9, la CNH ha emitido 29 opiniones al modelo
de contratación y de éstas sólo en 6 ocasiones se ha diferido de la propuesta realizada por la SENER:
Figura 9. Estadística de las opiniones al modelo de contratación

Fuente: Franco (2017)
Proceso Licitatorio
Una licitación da inicio con la publicación de la convocatoria en el DOF con base en el artículo 23 de
la Ley de Hidrocarburos (Secretaría de Gobernación, 2014) y finaliza con la firma de los Contratos de las
áreas adjudicadas, como se muestra en la Figura 10:

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Figura 10. Proceso de una licitación

Fuente: Franco (2017)
En las Disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, se define a una licitación como el conjunto de actos, etapas, bases, información
y procedimientos para la adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. La
entrega de los documentos pertinentes a la licitación se realiza de manera presencial, a través de medios
electrónicos o por una combinación de ambas, salvaguardando la transparencia y seguridad del proceso.
En la Figura 11, se muestran las etapas del proceso licitatorio, las cuales varían dependiendo del tipo de
licitación; es decir, si las áreas de la licitación se ubican en Aguas Someras y Aguas Profundas, el proceso
cuenta con 7 etapas. Sin embargo, para las áreas que se ubiquen en zonas Terrestres, se adiciona la etapa
denominada “Visitas a Áreas Contractuales”, cuya finalidad es que los Interesados en la licitación conozcan
las Áreas Contractuales de la misma, proporcionándoles una mayor certeza de las áreas por las que quieren
invertir, ya que visualizan si cuentan con infraestructura, de qué tipo, y todo lo relacionado con las áreas
de interés:
Figura 11. Etapas del proceso licitatorio de acuerdo con su ubicación

Fuente: Franco (2017)
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Conviene señalar que una vez concluido el periodo para inscribirse en la Licitación correspondiente,
no se realiza modificación alguna a los requisitos de Precalificación, ya que únicamente existirán, en caso
de ser necesarias, aclaraciones o interpretaciones. Por su parte, la SHCP determina los valores que serán
aceptables respecto cada una de las dos variables que componen la Propuesta Económica, a más tardar en
la fecha que se publique la versión final de las Bases. Lo anterior, con base en el artículo 9 del Reglamento
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Lo antes mencionado, también está contenido en diversas Bases de Licitación publicadas en el portal
digital (https://rondasmexico.gob.mx/). De las 13 licitaciones concluidas con 125 Áreas para la E&amp;E en:
Aguas Someras, Campos Terrestres y Aguas Profundas, México cuenta con 91 Áreas adjudicadas, de las
cuales 69 cuentan con un Contrato firmado, 3 se encuentran en proceso de firma y 19 se adjudicaron el pasado 31 de enero de 2018. En esta última licitación participaron 71 empresas, de las cuales 36 son internacionales y 35 son mexicanas. Además, se tiene una prospección de inversiones de más de 150 mil millones de
dólares y actualmente se tiene el compromiso de perforar 129 pozos en el corto plazo para ir comprobando
el potencial petrolero de las áreas adjudicadas (Secretaría de Gobernación, 2015).
Lo anterior, permitirá estar en posibilidades de continuar aprovechando las principales fuentes de energía que se demandarán en el futuro, en tanto se van desarrollando e incrementando el uso de diferentes
fuentes de energía, que en suma diversifiquen y complementen la matriz energética mundial y nacional.
Retos en el sector de Exploración y Extracción de Hidrocarburos
Hablar de una exitosa Reforma Energética, requiere del cumplimiento de grandes retos como los que ha
señalado el Comisionado Presidente de la CNH, Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina (2017), entre ellos, la
generación de mayor ingreso nacional, la consolidación de la industria doméstica, las licencias sociales y la
seguridad o autosuficiencia energética.
En adición a dichas premisas, es importante que el Estado vigile que los Asignatarios y Contratistas
realicen las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo las mejores prácticas para
la evaluación del potencial de Hidrocarburos, la incorporación de reservas, la delimitación del área, que
la tecnología a utilizar y el Plan de Desarrollo permitan maximizar el factor de recuperación, el aprovechamiento del Gas Natural y la medición de los Hidrocarburos; todo ello procurando que se realicen con
apego a los principios de transparencia, honradez, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y
eficiencia, y sobre todo, que se permita promover el desarrollo de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en beneficio del país de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley
de Hidrocarburos (Secretaría de Gobernación, 2014) y el artículo 39 de la Ley de Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética (Secretaría de Gobernación, 2014). Asimismo, otro reto fundamental
será la Administración de los Contratos y de las Asignaciones Petroleras, la cual permite dar seguimiento a
los mismos mediante el cumplimiento de cada etapa o fase que se compone.
En el 2008 Panadero (2008), prevé lo anterior publicando un artículo en el que describe el paquete de
reformas no aborda algunos problemas, como las medidas para mejorar la exploración, la exploración y
producción en aguas profundas y el mandato del director general corporativo y la cuales presentan como
tiene como objetivo mejorar la compañía petrolera nacional ‘Pemex’, mejorar el gobierno corporativo en
Pemex mediante la reestructuración y expansión de la junta directiva, y otorgar a Pemex una mayor flexibilidad para diseñar modelos contractuales para bienes y servicios. Por otra parte se identifican las reformas
de Noruega, Venezuela y Ecuador, su impacto social y empresarial (Hallmark, Jones, McCulley, &amp; Wood,
2010; Lander, 2005; Núñez, Sánchez, Sotelo, Miranda-Medina, &amp; Osorio, 2017).
Finalmente, el corolario de este artículo radica en el hecho de que, en la opinión de los suscritos, el éxito
de la Administración de Contratos Petroleros y de las Asignaciones Petroleras dependerá en gran medida
del compromiso de cada una de las diferentes Entidades Gubernamentales, de la sinergia que generen entre
ellas y sus contratistas, de la oportunidad de las decisiones que se vayan tomando en la ejecución de los
Contratos y Asignaciones, del espíritu de servicio de cada uno de los servidores públicos que genuinamente
buscan el beneficio para México, de informar de manera oportuna y transparente sobre el desempeño de los
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contratos petroleros y, de forma indispensable, de la participación de la sociedad para demandar de manera
proactiva que sus instituciones realicen las atribuciones que por ley tienen encomendadas.
REFERENCIAS
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Ciudad de México: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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comisiones/energia/docs/reforma_energetica/presentacion.pdf
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de https://www.gob.mx/cnh
Franco Hernández, G. (2017). Módulo de Implementación Contractura del Diplomado en Materia de
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Gobernando el desarrollo sustentable: de la gobernanza global a la gobernanza multinivel
Governing the sustainable growth: from the global governance to the multilevel governance
Walid, Tijerina1
Universidad Autónoma de Nuevo León
RESUMEN
El presente artículo aborda las aportaciones que la gobernanza del desarrollo sustentable ha dejado y su utilidad
como referente para planes del desarrollo de México. Se realiza un análisis documental sobre gobernanza global,
regional y nacional de las políticas emanadas sobro desarrollo sustentable. Se identifican las propuestas provenientes
de las naciones unidas, las de la comisión europea y la agenda nacional que se desarrolla en la actualidad que aborda
la temática en cuestión. Se pudo concluir que los retos que el desarrollo sustentable genera en las agendas de políticas
públicas se encuentran vigentes, en lo referente a la coordinación, continuidad e implementación efectiva.
Palabras clave: Desarrollo sustentable, gobernanza multinivel, Unión Europea, gobernanza global

ABSTRACT
The present article addresses the contributions that the sustainable growth governance has left and its utility as a
standard for Mexico development plans. A documental analysis is executed about global, regional and national governance of emitted policies about sustainable development. Proposals coming from the United Nations are identified such
as the ones of the European Commission, and the currently national agenda that address the current issue. It was possible to conclude that the challenges generated by the sustainable development in the public policy agendas are valid,
with regard to the coordination, continuity and effective implementation.
Key words: Sustainable growth, multilevel governance, European Commission, global governance

Cómo referenciar este artículo:
Tijerina, W. (2017). Gobernando el desarrollo sustentable: de la gobernanza global a la gobernanza
multinivel. Políticas, Globalidad y Ciudadanía, 32-40. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/
index.php/RPGyC/article/view/76

Recibido: 22 de Enero 2017 - Aceptado: 18 de Marzo 2017

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Walid Tijerina es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, Inglaterra. Es profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL.
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México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 32-40. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/76

�Gobernando el desarrollo sustentable
1. INTRODUCCIÓN
En las conformaciones del sistema internacional, los procesos de integración regional y de cooperación
han tomado particular protagonismo en definir la agenda del desarrollo. La implementación que estados
soberanos hacen eventualmente de esta agenda está influida en gran manera por ejercicios de prospectiva
política por parte de organismos como las Naciones Unidas, a nivel global, o como la Unión Europea, a
nivel regional. A final de cuentas, entre estos dos mecanismos (de cooperación y de integración, respectivamente) existe una retroalimentación constante en la que objetivos del desarrollo sustentable cada vez se
arraigan más en los tratados y directivas de esas agendas (Aponte, 2013).
A partir de los relativamente recientes Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se
ha enviado un mensaje muy claro a la comunidad internacional de que la sustentabilidad se ha posicionado
cada vez más como uno de los ejes rectores de nuestro desarrollo (Organización de las Naciones Unidas,
2015). Entre los objetivos de las Naciones Unidas y la implementación de países, no obstante, prevalece el
riesgo en las fallas y alcances. En esta línea de ideas, a nivel Naciones Unidas parece haberse definido ya
una agenda de “sustentabilidad fuerte”, donde los recursos naturales son considerados insumos esenciales
que no pueden ser substituidos por manufacturas o por el factor humano –es decir, donde el capital natural
de un país se mantiene separado del capital manufacturero (Van der Bergh, 2007, p. 66). Ello se proyecta,
en términos de las Naciones Unidas (2015), al recomendar “políticas y herramientas en torno a un gran impulso ambiental, con una alineación integrada y coherente de todas las políticas públicas –normativa, fiscal,
de financiamiento de la inversión, de planeación y de inversión pública, social y ambiental.” (Organización
de las Naciones Unidas, 2015).
Por otra parte, según reluce en compromisos internacionales y sus agendas nacionales de desarrollo,
los países aún esbozan proyectos de desarrollo más enfocados hacia una “sustentabilidad débil”, donde el
énfasis en el crecimiento económico continúa combinando los capitales natural y manufacturero, dando pie
posteriormente a consideraciones de resiliencia ambiental (Van den Bergh, 2007).
La prevalencia de esta discordancia entre los alcances de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las
agendas de política pública a nivel nacional genera, por tanto, interesantes retos a la llamada “gobernanza
multinivel” en la temática ambiental. Según la definición de Marks (1993) la gobernanza multinivel es un
“sistema de negociación continua entre gobiernos anidados en distintos niveles territoriales” junto con distintas redes de política pública que involucran a gobiernos supranacionales, nacionales, regionales y locales
(p. 392). En consecuencia, uno de los obstáculos tradicionales para los distintos niveles de gobierno en una
agenda de sustentabilidad como ésta es el grado de coordinación que lleguen a tener los distintos niveles
de gobierno.
A su vez, Hooghe &amp; Marks (2003) han resaltado como un organismo de integración tan ambicioso
y experimental como la Unión Europea se ha apoyado en mecanismos flexibles y descentralizadores de
gobierno a fin de adaptarse a las distintas necesidades y contextos que una política pública pudiera exigir
a nivel nacional y local. De acuerdo con estos autores, “el gobierno centralizado no está preparado para
acomodar intereses divergentes” (Hooghe &amp; Marks, 2003, p. 6). Y a la fecha, un modelo gubernamental
flexible como el de la Unión Europea pareciera ser el más apropiado para aterrizar las nuevas prerrogativas
del desarrollo sustentable.
Desde sus precedentes más antiguos (la Comunidad Europea del Carbón y del Acero signada en el Tratado de París de 1951), la Unión Europea se ha caracterizado por su capacidad de asumir los variados intereses nacionales en busca de consolidar un frente regional más sólido hacia el mundo exterior. Gradualmente,
los tratados firmados por los miembros de esta integración evolucionaron hasta el culminar en el Tratado
de Maastricht de 1993, donde por primera vez en la edad moderna se firma un mecanismo de integración
regional que incluía una moneda comunitaria (Cano, 2015; Poptcheva, 2014; Morilloc, 2006).
La política monetaria entonces fue uno de los primeros reflejos de la difusión de poderes y soberanía
que se estaba llevando a cabo de los tradicionales Estados-nación al entre supranacional en que se convirtió
la Unión Europea. En los albores de este siglo, sin embargo, el creciente impacto de la globalización ha
generado problemas sustantivos en materia de rendición de cuentas. Ahora, consecuentemente, el reto al
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que se enfrente la Unión Europea no se refiere solamente a cuestiones de funcionalidad o eficiencia, sino
también a cuestiones de proximidad y rendición de cuentas a nivel de suelo. Un reto que, a final de cuentas,
contiene lecciones importantes para el reto multinivel de políticas públicas que los nuevos Objetivos del
Desarrollo Sostenible y las nuevas prioridades de sustentabilidad representan para cualquier país signatario.
La gobernanza de la sustentabilidad y los Objetivos del Desarrollo Sostenible
Dos fenómenos son los que, en particular, han incrementado los retos del Estado contemporáneo: la
globalización y la democratización. En primera instancia, la globalización, agudizada a partir de 1990
con las tecnologías de la información, ha desdibujado las fronteras nacionales que hacían eco en el Estado
moderno desde que, en 1648, el Tratado de la Paz de Westfalia conjugó a las fronteras territoriales con la
soberanía de un gobierno. Esto ha dado pie a una creciente integración en aspectos no sólo políticos, sino
económicos, sociales y culturales también. Al mismo tiempo, en el ámbito democrático, la Tercera Ola de
la Democratización (Huntington, 1993)creó nuevas oportunidades para niveles gubernamentales que estaban tradicionalmente supeditados al gobierno nacional, tanto en gobiernos federales como unitarios. Uno
de los ejes impulsores para la democratización de los sistemas políticos desde finales del siglo pasado fue
precisamente la rendición de cuentas y la proximidad entre el agente formulador de políticas públicas (el
funcionario) y el agente receptor de ellas (el ciudadano).
Por estas mismas razones son por las cuales la gobernanza ha sido implementada gradualmente a nivel
global. En palabras de Rosenau (1995) la gobernanza global “fue concebida para incluir los sistemas de
gobierno de todos los niveles de la actividad humana” (p. 13) generando un impacto a nivel transnacional.
Son entonces aquellos fenómenos globales y transfronterizos a los que la comunidad internacional ha pretendido dar respuesta mediante métodos de gobernanza, donde actores de la sociedad civil y organismos no
gubernamentales se convierten en actores proactivos. Y éste ha sido el caso particularmente en la problemática del cambio climático, teniendo ejemplos como la Convención Marco de la Naciones Unidas para el
Cambio Climático firmada en 1992, pasando después al Protocolo de Kioto en 1997: en palabras de Mette
(Mette, 2004) estos ejemplos de “regímenes internacionales surgen porque los estados reconocen que la
globalización exige la cooperación internacional” (pp. 86-7).
Las señales hasta ahora apuntan a que la gobernanza global ha surgido para quedarse cuando se trata
de perseguir una agenda sustentable del desarrollo. En el siglo 21, los países se han visto afectados cada
vez más por los impactos adversos del cambio climático. En consecuencia, los evolventes compromisos
globales, ya sea mediante tratados internacionales u organismos internacionales, evidencian cómo el desarrollo sustentable se ha convertido en una de las agendas prioritarias de los gobiernos. Y es aquí donde
las Naciones Unidas se han esforzado por continuar marcando la pauta al redactar, en 2015, los Objetivos
del Desarrollo Sostenible como el esfuerzo de prospectiva política más reciente de la gobernanza global en
temática ambiental (Organización de las Naciones Unidas, 2015).
Ahora bien, en estos objetivos, es el número 7 el cual aborda en específico el reto principal que la presente obra ha abordado: la transición energética. Para las Naciones Unidas, existen tres prerrogativas a la
hora de contemplar los objetivos energéticos de las siguientes décadas. Primero, el acceso universal a los
servicios modernos de energía; segundo, mejorar el rendimiento o eficiencia de dichos servicios; y, tercero,
aumentar el uso de fuentes renovables, es decir, impulsar la transición energética de los Estados miembros
(Organización de las Naciones Unidas, 2015).
Para el caso de la transición energética de los países hacia energías renovables y limpias, el objetivo 7.a
establece que de aquí al año 2030 se debe:
(…) aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología
relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias (Organización de las Naciones Unidas, 2015).
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�Gobernando el desarrollo sustentable
Así entonces, lo citado anteriormente es el objetivo marco que los Estados miembros de las Naciones
Unidas deben seguir en torno a la transición energética. Paralelo a este esfuerzo de la gobernanza global por
aterrizar de manera más tangible el desarrollo sustentable a lo largo y ancho del mundo, tenemos otro esfuerzo de gobernanza, aunque a nivel regional. En el caso de la Unión Europea, que bien pudiera ejemplificar lecciones de aplicación de políticas públicas para otros países, su gobernanza se ha denominado “multinivel”, considerando inercias evolutivas que van más allá de movimientos descentralizadores o federalistas.
El caso de la Unión Europea: Visión 2020
En el año 2008, la crisis financiera tuvo resonancia con aquella Gran Depresión de 1929 para conformar
una de las mayores crisis económicas de la historia. La burbuja inmobiliaria, que creció con base créditos,
hipotecas y endeudamiento insostenible por parte del sector financiero de Estados Unidos, tuvo implicaciones globales. En Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa se llegó a una recesión económica en que
se perdieron porcentajes su bstanciales de empleos. Ya el reto que cada nación tenía para 2009 era, por tanto, estructurar su recuperación económica. Sin embargo, los esfuerzos acelerados por reactivar la economía
de los distintos países representaron, a su vez, un auge en la emisión de contaminantes. De acuerdo con Peters et.al. (2012, p. 2), en el 2010 las emisiones de carbono por combustión de energías fósiles y producción
cementera aumentaron en un 5.9% a nivel global, borrando la reducción de 1.4% que se había tenido en el
2009. ¿Se estaba cristalizando un borrón y cuenta nueva de tratados y protocolos internacionales contra el
cambio climático a fin de dinamizar las economías de los países?
Ya para el año 2010, la Unión Europea reconoció que estos esfuerzos precipitados de recuperación estaban echando abajo cerca de medio siglo de cooperación internacional en pro del medio ambiente. ¿Cómo
entonces regresar a esa senda sustentable del progreso económico? Para fortuna de los países miembros de
la Unión Europea, el mecanismo gubernamental que hasta entonces los había integrado cada vez más sería,
a su vez, una de las herramientas idóneas para implementar de nueva cuenta las prioridades del desarrollo
sustentable en las distintas plataformas de gobierno: ya fuera a nivel supranacional (instituciones europeas),
a nivel nacional o a nivel local (mediante gobiernos municipales o provinciales) (Poptcheva, 2014).
El primer impulso, no obstante, surgió claramente de la Unión Europea mediante el acuerdo de uno de
sus pilares institucionales: la Comisión Europea. Dicha Comisión, que es una especie de gabinete gubernamental de la Unión, lanzó en 2010 la iniciativa “Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Las tres prioridades que en su conjunto conformaron esta estrategia fueron:
i. Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
ii. Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos,
que sea más verde y competitiva.
iii. Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión
social y territorial.
En el eje rector del crecimiento sostenible, las metas puntuales fueron que se redujeran las emisiones
de gas de efecto invernadero en un 20% en comparación con el año 1990, que se incrementaran hasta en
un 20% las fuentes de energía renovable y que se aumentara en un 20% la eficiencia energética. De igual
forma, con la finalidad de respaldar esta estrategia de Europa 2020 se formularon siete “iniciativas emblemáticas” con temáticas como la innovación, el impulso a la juventud, la digitalización de la economía, la
eficiencia energética, el combate a la pobreza, la política industrial y el fomento a empleos de mayor valor
agregado.
Como en los nuevos retos transfronterizos, el impulso al desarrollo sustentable a nivel regional ha
significado una continua curva de aprendizaje que se ajusta particularmente a las cualidades adaptativas
de la gobernanza multinivel. Al considerar esta interminable curva de aprendizaje en que las instituciones
europeas continúan redefiniendo sus funciones, autores como Jessop (2016) han caracterizado a la Unión
Europea como un “régimen político que funge como un laboratorio en tiempo-real para experimentos de
gobierno y gobernanza con implicaciones para el rediseño de comunidades políticas, política y políticas
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públicas” (p. 8), donde los errores son señales no para borrar alguna agenda (como en este caso el desarrollo
sustentable) del panorama europeo, sino para corregir el rumbo.
En el caso de la Unión Europea, la creciente integración supranacional de los países miembros implicó
en su inicio una migración de capacidades y funciones estatales hacia arriba –es decir, hacia las instituciones
pilares de la Unión Europea, como la propia Comisión. A finales del siglo pasado, no obstante, la dinámica
migratoria de funciones estatales se fue modificando. Debido a criterios funcionales (Tranholm-Mikkelsen,
1991), las atribuciones estatales que se habían cedido a instituciones supranacionales fueron regresando
gradualmente a gobiernos nacionales y subnacionales a fin de proveer mayores márgenes de eficiencia y
respuesta gubernamental.
Ahora bien, a partir de la estrategia supranacional de Europa 2020, el Parlamento Europeo en conjunto
con el Consejo Europeo lanzaron dos directivas claves como marcos legales para que los estados miembros siguieran profundizando en la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de carbono y
aumento de eficiencia energética. Primero, la Directiva de Energías Renovables del año 2009 para impulsar
la transición hacia energías renovables mediante estipulaciones vinculantes para los estados miembros;
y, segundo, la Directiva de Eficiencia Energética del año 2012, con la cual se ha buscado cumplir con los
objetivos de eficiencia energética para el año 2020 al establecer estándares de desempeño y mecanismos
fiscales para incentivar políticas públicas y prácticas empresariales que contribuyan a dicha meta (Eurostat,
2016, p. 92).
Finalmente, y haciendo eco con los ejercicios de política pública desarrollados actualmente por países
como México, las instituciones pilares de la Unión Europea desglosaron las metas de transición energética
según los contextos y capacidades de sus estados miembros a fin de que cada uno de ellos pudiera desarrollar su propio Plan Nacional de Energías Renovables (Benavides, Santiago, &amp; Ortiz, 2015). Estos planes
nacionales se convirtieron en una obligación vinculante para cada estado miembro, a través de los cuales
reportan avances provisionales a la propia Comisión Europea, ya sea englobando las economías nacionales
o desglosador por sectores industriales (Eurostat, Op. Cit., p. 99).
A través de estos mecanismos de gobernanza es que las políticas públicas ambientales europeas se han
convertido en uno de los ejemplos más progresivos a nivel global (Jordan, 2012). Y la oficina estadística
de la Unión Europea, la Eurostat, es la encargada de brindar estos resultados a manera de seguimiento. En
reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, se ha reducido del 90.3% de emisiones en el año
2008 a 77.1% en 2014, superando ya la meta de llegar a un 80% en comparación con los índices de 1990;
asimismo, de 2008 a 2014 se ha aumentado el uso de energías renovables de un 11% a un 16%, en camino
para llegar a la meta de 20% para el año 2020 (Eurostat, 2016, p. 9).
En palabras de la Eurostat (2016), “la transición hacia una economía baja en carbono no es sólo una
estrategia para prevenir un cambio catastrófico del clima. Las políticas climáticas y energéticas contribuyen al objetivo central de la Estrategia Europa 2020 de permitir un crecimiento sostenible” (p. 88). Aquí es
entonces donde podemos atisbar los comienzos de un reemplazo de iniciativas de sustentabilidad fuerte en
sustitución de aquellas con sustentabilidad débil (Van den Bergh, 2007). Es decir, al menos a nivel supranacional, ya sea por parte de las Naciones Unidas o por parte de la propia Unión Europea, se ha posicionado
cada vez más a las prerrogativas de los recursos naturales como eje rector de los planes de desarrollo.

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�Gobernando el desarrollo sustentable
Figura 1. Emisiones globales de carbono por combustión de energías fósiles (En millones de toneladas de CO2)

Fuente: Eurostat (2016, p. 96) con datos de la Agencia Internacional de Energía
Estos son algunos indicios de cómo los ejercicios de gobernanza y de prospectiva de políticas públicas
–es decir, de planeación estratégica a largo plazo–, han dado resultados positivos en la Unión Europea. En
palabras de Loorbach (2010), lo que ha estado facilitando la gobernanza multinivel es una administración
transicional (transitional management) del desarrollo sustentable en los países europeos, donde los procesos de formulación e implementación de políticas públicas en la materia son cada vez más difusos no sólo
entre actores de gobierno, sino entre actores no gubernamentales y de la sociedad civil.
¿Habrá lecciones de la Unión Europea que se puedan tomar para la transición gubernamental y energética de México? De inicio, pareciera ser que sí. A partir de los compromisos de México ante el reciente
Acuerdo de París, el gobierno federal y gobiernos estatales, como se verá en la siguiente sección, han sido
cada vez más enfáticos en posicionar el desarrollo sustentable como una agenda prevalente a corto, mediano y largo plazo.
El desarrollo sustentable en México: nuevos ejercicios de gobernanza
En diciembre de 2016, México firmó el llamado “Acuerdo de París”, el cual se formuló dentro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dicho acuerdo representa un compromiso que pudiera dividirse en tres vertientes principales: mantener el aumento de la temperatura por
debajo de 2º C, incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y, por
último, facilitar el financiamiento de una transición hacia modelos económicos con bajas emisiones de carbono. Incluso, en ámbitos internacionales, se llegó a resaltar que México fue de los pocos países en llegar
a la Conferencia COP21 de París con un compromiso ya redactado para mitigar el cambio climático (IEA,
2016, p. 11). Pero, ¿qué pasos ha dado México para implementar esos compromisos desde dicha fecha?
Para darle frente a nuevos retos nacionales y transnacionales, el gobierno federal ha desplegado ya
mecanismos de gobernanza tendientes a afrontar las complejidades particulares de la coordinación entre
distintos niveles de gobierno y distintos sectores de lasociedad –destacando en este último caso a los sectores público, privado y académico. Bajo este orden de ideas, México implementó recientemente el Sistema
Nacional de Derechos Humanos y Empresas como un ejercicio de gobernanza multinivel donde se buscaba
recabar las inquietudes y aportaciones de los principales actores relacionados a la materia, ya fueran públicos o privados.
Con ello, México se ha esforzado en dar respuesta a los Principios Rectores de las Naciones Unidas
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sobre derechos humanos y empresas (Cantú, 2017), temática en donde, a su vez, se inserta el desarrollo
sustentable y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales relacionados con el mismo.
En este ejercicio a nivel nacional, se han realizado consultas públicas con otros niveles y dependencias de
gobierno, con agentes empresariales y sindicales y con representantes de la comunidad académica para dar
cabida a una gobernanza donde la propia ciudadanía forme parte en aportar
De igual forma, para dar respuesta a los compromisos adquiridos en el combate al cambio climático
liderado por las propias Naciones Unidas, México desplegó una plataforma gubernamental parecida. En
evidente asimilación de los variados retos que el compromiso sobre el cambio climático representaba, el
gobierno federal se dio a la tarea de concebir un Sistema Nacional de Cambio Climático para “promover
la aplicación transversal de la política nacional de cambio climático en el corto, mediano y largo plazos
entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno” (SNCC, 2014, I. a). El objetivo de este Sistema es
proveer una plataforma conjunta para que todos los actores relevantes en la materia puedan crear sinergias
de trabajo.
El Sistema, en consecuencia, está conformado por la Comisión Intersecretarial del Cambio Climática
(consistente en 14 secretarías del gobierno federal), el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), el
Consejo de Cambio Climático (como órgano de consulta), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático, el Congreso de la Unión, junto con las entidades federativas y municipios. El reto, claramente,
está en coordinar los distintos niveles gubernamentales en consecución de los objetivos trazados por el
Acuerdo de París.
A su vez, cabe resaltar que México, junto con el Reino Unido, fue de los primeros en contar con una ley
nacional –en este caso, la Ley General de Cambio Climático— que abordara las estrategias e instituciones
encargadas de mitigar los efectos adversos del cambio climático (SEMARNAT, 2015, p. 48). Para respaldar
dicha Ley, se publicó por parte del gobierno federal la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión
10-20-40 como “eje rector y orientador de la política nacional” con el reto de reducir a nivel nacional las
emisiones de carbono en un 30% para el 2020 y 50% en 2050, con relación a los niveles del año 2000 (SEMARNAT, 2015. p. 48).
A la fecha, sin embargo, el gran reto a nivel nacional parece ser no sólo la coordinación de los distintos niveles de gobierno involucrados en las estrategias del cambio climático, sino también el seguimiento
puntual de los avances y compromisos adquiridos por México tanto a nivel global (con el Acuerdo de
París) como a nivel nacional (con la Estrategia Nacional de Cambio Climático). En el primer apartado, las
lecciones y continua curva de aprendizaje gubernamental de la experiencia de la Unión Europea pudieran
servir como punto de partida para optimizar la coordinación en México entre niveles gubernamentales y
entre sectores público y privado. Tras una lectura de los componentes del Sistema Nacional de Cambio Climático, se detectan mecanismos como “consultas sociales” que pudieran consolidarse aún más para fungir
como un puente o vínculo más estrecho con actores de la sociedad civil, laboratorios de ideas (think tanks)
y organizaciones no gubernamentales líderes en la materia.
Es aquí donde resalta el experimento gubernamental llevado a cabo por Nuevo León que bien pudiera
trasladarse a nivel federal, principalmente para abatir el problema de la falta de continuidad de políticas
públicas como las del desarrollo sustentable a largo plazo. Esta entidad se ha convertido en pionera al
aterriza los objetivos 2030 de las Naciones Unidas mediante plataformas de gobernanza respaldadas en el
modelo de “triple hélice”, con participación constante del gobierno, sector privado y academia (Consejo
Nuevo León, 2015). A nivel nacional, se instaló en el 2017 el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, con un modelo similar al del estado de Nuevo León; sin embargo, ha carecido de los
mecanismos de seguimiento y evaluación que, hasta la fecha, sí se han cristalizado en la entidad del noreste.
Para el logro de esta agenda se hace necesario que se incluyan procesos de análisis de cambio climático,
la economía circular, la inclusión (Núñez, Sánchez, Sotelo, Miranda-Medina, &amp; Osorio, 2017; Alandete &amp;
Miranda-Medina, 2012), energías renovables,emisiones de co2, desarrollo sustentable, servicios ecosistémicos, gobernanza, la biomasa, la evaluación del ciclo de la vida y la educación para la paz.

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�Gobernando el desarrollo sustentable
CONCLUSIONES
Los retos que el desarrollo sustentable genera en las agendas de políticas públicas siguen presentes,
principalmente al considerar temas de coordinación, continuidad e implementación efectiva. No obstante,
las nuevas prácticas de gobernanza a nivel global y regional están marcando una senda del desarrollo con
mayores posibilidades de éxito. Es aquí donde se debe valorar la experiencia de mecanismos gubernamentales multinivel de un organismo como el de la Unión Europea, donde el énfasis está en la capacidad de
coordinar agendas a largo plazo entre actores de distintos niveles gubernamentales y de distintos sectores
–como el público, el privado y el académico.
En México, el Sistema Nacional de Cambio Climático involucra a todas las dependencias gubernamentales relevantes a nivel nacional y subnacional; sin embargo, tiene amplias áreas de oportunidad en cuanto
al involucramiento del sector privado y al seguimiento puntual, mediante informes y resultados, de los
progresos de la mencionada Estrategia Nacional de Cambio Climático. A la fecha, es el ejercicio de “triple
hélice” del Consejo Nuevo León el que ha demostrado mayores alcances al momento de coordinar una
agenda sustentable a largo plazo con mecanismos evaluativos de acompañamiento.
En especial, lo que ejercicios coordinados de “triple hélice” pudieran aportar en la agenda del desarrollo
sustentable es abatir uno de los problemas principales del desarrollo de un país como México: la falta de
continuidad en sus políticas públicas. Como han repasado distintos autores (ver Migdal, 2001), la ausencia
de una meritocracia en México y las constantes alternancias de personal gubernamental en cada cambio
de administración presidencial o de gobiernos subnacionales dificultan la implementación de ejercicios de
prospectiva política. Una agenda compartida entre sectores públicos, privados y académicos, por tanto, se
debe comenzar a impulsar cada vez como primer paso para remediar la discontinuidad de planes de desarrollo.
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Impactos a la biodiversidad por parques eólicos en el noreste de México
Biodiversity impacts from wind parks in the northeastern part of Mexico
Franco Gerardo Robles Guerrero2
Universidad Autónoma de Nuevo León.,México
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en analizar cómo el noreste de
México desde la reforma energética de 2013 ha tenido un aumento de producción de energías renovables, destacándose
la energía eólica, esto debido a condiciones orográficas que generan condiciones climáticas favorables. Se aplicó el
método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se encontró que, Si bien la producción eólica mitiga la dependencia de combustibles
de origen fósil, pormenoriza el hecho por el cual la instalación y operación de parques eólicos desencadena impactos
a la biodiversidad, en especial a especies con capacidad voladora (aves, murciélagos y mariposas), entre los que se
destacan; colisiones con aerogeneradores, disturbio ambiental, así como modificación de hábitat. Se concluye que es
evidente el crecimiento de la industria eólica que mantiene y mantendrá el noreste del país.
Palabras clave: Biodiversidad, Impacto, Noreste de México, Parques Eólicos, Reforma energética.
ABSTRACT
The present article is a product of a bibliographical revision, which aim consisted of analyzing how the northeastern
part of Mexico, from the energy reform of 2013, has had an increase of renewable energy production, becoming prominent the wind energy, this due to orographic conditions that generate friendly weather conditions. The analysis method
was applied, with a quality approach, non-experimental design, under a cross documental-bibliographical level. Following the documental review, it was found that, although the wind power relieves the fossil fuel dependence, itemizes
the fact whereby the installation and the operation of wind parks causes impacts to the biodiversity, specially to flying
capacity species (birds, bats, and butterflies), in particular; collisions with wind turbines, environmental disturbance,
as well as habitat changes. It is concluded that it is clear the growth of the wind industry that sustains and will sustain
the northeastern part of the country.
Key words: Biodiversity, impact, Northeastern part of Mexico, Wind Parks, Energy reform.

Cómo referenciar este artículo:
Robles Guerrero, F. G. (2017). Impactos a la biodiversidad por parques eólicos en el noreste de México.
Política, Globalidad y Ciudadanía, 41-49. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/
RPGyC/article/view/78
Recibido: 29 de Enero 2017 - Aceptado: 23 de Marzo 201

2
Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante su desarrollo profesional (2008 a la fecha) ha tenido la oportunidad de participar en múltiples proyectos con
regulación tanto federal, como estatal de la LGEEPA (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente), colaborando con instituciones tanto públicas como privadas. Su trabajo actual consiste en evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos de generación energías renovables, derivados de la implementación de la Reforma Energética
(2013).
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1.- INTRODUCCIÓN

El noreste de México, comprendido por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se encuentra subdividido en un total de 12 sub-provincias fisiográficas –delimitación del territorio nacional por
presentar características similares de orografía, diversidad taxonómica, así como afinidad estructural en
cuanto al ambiente circundante, (CONABIO, 1990)— entre las que podemos destacar; por su extensión
territorial, las denominadas “Sierras y Llanuras Coahuilenses”, “Llanuras de Coahuila y Nuevo León”,
“Llanura Costera Tamaulipeca”, las cuales albergan una abundante biodiversidad, llegándose a reportar
especies tanto residentes como migratorias, dando como resultado una zona de suma importancia en cuanto
a riqueza de especies se refiere.
Desde la implementación de la reforma energética aprobada en el 2013 en nuestro país, la cantidad de
parques eólicos ha tenido un alza importante en varios estados de la república, si bien el estado de Oaxaca
es el que cuenta con el mayor número de parques eólicos, así como la mayor producción de Megawatts,
presentando una producción registrada de 2,756 Mw , cabe mencionar que los estados de Tamaulipas,
Coahuila y Nuevo León acumulan un total de más de 1500 Mw (AMDEE, 2018) vienen siguiendo sus
pasos a una velocidad constante, no solo por su producción actual, sino también por su constante esfuerzo
en la construcción de infraestructura para la obtención de una mayor producción de Mw, prospectando una
producción al 2020 de 5,076 Mw por Oaxaca, seguido de 2,265 Mw en Tamaulipas, así como una producción de 750 y 710 Mw para Coahuila y Nuevo León respectivamente (AMDEE, 2018).
Aunque la producción eólica se implementa con el fin de amortizar la dependencia de energía fósil que
el actual funcionamiento de la infraestructura socio-cultural sostiene, su establecimiento acelerado pormenoriza el impacto que genera tal amortización en las poblaciones residentes y migratorias que se desarrollan
en las entidades federativas antes mencionadas. Donde en mayor escala, los grupos de organismos más
afectados son Aves, Mariposas y Murciélagos, esto por presentar una relación directa en el vuelo de los
mismos sobre las áreas donde se construyen tales complejos energéticos (Sokavool, 2009,2012).
Los impactos generados y a generar en las poblaciones de aves, mariposas y murciélagos dan como
resultado la perdida de nichos ecológicos (servicio ambiental generado por cada especie en su área de
desarrollo (Hubbel, 2001), mediante los que se obtiene un equilibrio ambiental, que al perderse daña las
condiciones establecidas perdiéndose la estabilidad ecológica del sistema natural de las especies con su
entorno. Así mismo la pérdida de flujo génico producto del detrimento de individuos podría vulnerar grupos
de especies ante posibles eventos climáticos adversos, resultando en una carente capacidad de adaptación
debido a la reducción de variabilidad genética. Es así que en el siguiente capítulo se abordarán escenarios
tanto actuales como prospectivos del panorama relacionado a la industria eólica instalada y prospectada a
implantarse en el país.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICOS
Noreste de México.
El noreste de México se encuentra comprendido en orden Este a Oeste, por las entidades federativas de
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mismas que en conjunto cubren una extensión territorial de 296,000
km2 contemplando un total de 14 sub-provincias fisiográficas delimitadas por la CONABIO en 1990.
Del total de sub-provincias fisiográficas comprendidas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y
Coahuila, tres de ellas son las que presentan mayor importancia, denominadas: “Sierras y Llanuras Coahuilenses”, “Llanuras de Coahuila y Nuevo León”, “Llanura Costera Tamaulipeca”, (CONABIO, 1990). Esto
por presentar la mayor cobertura territorial de las entidades federativas y a su vez por ser las áreas con el
mayor desarrollo de parques eólicos.
Las condiciones orográficas de cada una de estas sub-provincias, dan como resultado condiciones geográficas óptimas para el desarrollo de fuertes corrientes de aire, generando así una buena productividad de
los parques eólicos y justificando la inversión necesaria para generar la implementación de los complejos
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energéticos en el noreste del país.
Parques Eólicos
La energía eólica tiene su origen en el movimiento de masas de aire, mejor conocidas como viento,
el viento proviene del sol, ya que, mediante su calor, se generan gradientes de temperatura entre distintas
zonas geográficas, dando como resultado cambios de presión que propician el desplazamiento de las masas
de aire antes mencionadas, dando como producto la materia prima de los parques eólicos.
De tal forma que el viento se encuentra disponible en cada rincón de la tierra, más sin embargo la
constancia e intensidad del mismo es lo que hace atractiva una zona para el desarrollo de un parque eólico.
En general las zonas costeras, las llanuras interiores abiertas, así como los valles transversales y las zonas
montañosas presentan la mayor afinidad para solventar las necesidades energéticas para desarrollar un
parque eólico rentable.
Cabe mencionar que el noreste de México cuenta con tales condiciones, iniciando por Tamaulipas con
exposición costera al este, colindando con el Golfo de México, seguido de La Llanura Costera del Golfo,
en su camino al oeste, la llanura costera se conecta con la Sierra Madre Oriental, misma que atraviesa los
tres estados implicados. Consecuentemente entre tal accidente orográfico se
localizan múltiples valles
y con rumbo al norte se desarrollan grandes llanuras que hacen de esta región una promesa ferviente para la
industria eólica, mismas que en conjunto logran un escenario ideal para el florecimiento eólico del noreste.
Impactos a la biodiversidad
Los grupos de organismos con mayor vulnerabilidad a la instalación de parques eólicos son los denominados fauna voladora, incluyéndose aves, murciélagos y en el presente caso, donde se analiza la región
noreste del país, cabe resaltar a Danaus plexippus también conocida como mariposa monarca.
Los impactos de los parques eólicos a la vida silvestre pueden ser divididos en tres grandes grupos
(Tiago et. al., 2018):
• Colisión
• Disturbio ambiental
• Modificación de hábitat
Dentro de cada una de estas subdivisiones de impacto podemos diversificar en cada una de ellas, siendo
así que, en la primera, correspondiente a “colisión” las puede haber tanto directas como indirectas (etapa de
operación, ver inciso 4). Directas, ejemplar ya sea ave, murciélago o mariposa choca en el aerogenerador,
mayormente en aspas de éste, generando ya sea muerte instantánea o fractura de algún apéndice locomotor
que en muchos casos impide el reinicio de vuelo para quedar en tierra como presa fácil a depredadores; por
otra parte, se encuentra la colisión indirecta, en este caso restringida solamente a murciélagos. Tal fenómeno se denomina “baro-trauma”, fenómeno mediante el cual el gradiente de presión atmosférica generado
por el girar de las aspas del aerogenerador propicia que cuando el individuo transita cercano a ellas, tal
gradiente de presión genera una expansión y contracción súbita en los pulmones del ejemplar, generándose
un infarto respiratorio fulminante (Erin et al., 2008).
Así mismo los impactos correspondientes al disturbio ambiental suelen generar menos alarma debido
a que no se ve la fatalidad, más sin embargo están presentes durante construcción y operación del parque
eólico (ver inciso 4), donde estudios recientes sugieren que tales impactos generan alta susceptibilidad
al ambiente debido al desequilibrio ecológico que generan (Tiago et. al., 2018). De manera general, los
efectos de tal impacto podrían ser el desplazamiento de especies, alteración de rutas migratorias, así como
perdida de nichos ecológicos clave en la estabilidad poblacional de un sistema ambiental.
Por último, cabe destacar el tercer impacto, resultando en la modificación del hábitat, mismo que genera
desplazamiento de especies, disminución en la disponibilidad alimenticia para la comunidad biótica presente en la zona, impacto al paisaje, tanto en construcción como en operación del parque eólico generando
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fragmentación de hábitat, desencadenando un efecto de barrera de especies (Primack, 1998), pudiendo llegar a restringir comunicación entre poblaciones, resultando en aislamiento genético, dando lugar a una falta
de adaptabilidad a posibles cambios en estructuras poblacionales, generando así, en el peor de los casos,
una posible extinción de especies.
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en su compromiso con el cuidado del medio ambiente, crea desde el 2010 la Norma Oficial Mexicana “NOM-059-SEMARNAT-2010”,
misma que tiene como objetivo identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres con riego en
la república mexicana, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría para
las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia
obligatoria en todo el territorio nacional.
Donde establece los criterios de conservación de la especie (Estatus) como sigue:
•
•
•
•

Probablemente extinta en el medio silvestre (E). Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido.
En peligro de extinción (P). Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el
territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica.
Amenazadas (A). Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o
mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad.
-Sujetas a protección especial (Pr). Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad.

A continuación, se enlistan algunas de las especies con susceptibilidad a impacto por parte de grupo
taxonómico de Aves (Tabla. 1) consecutivamente se presentará un segundo listado con relación a los murciélagos (Tabla. 2) y un tercero con relación a mariposas (Tabla. 3).
Tabla 1. Aves con estatus en la NOM 059 con riesgo de impacto en industria eólica en Noreste del
país.
Especie

Botaurus lentiginosus
Accipiter cooperi
Parabuteo unicinctus
Buteo lineatus
Buteo swainsoni
Geranoaetus albicaudatus
Buteo albonotatus
Aquila chrysaetos
Charadrius montanus
Asio flammeus
Vireo atricapilla
Geothlypis tolmieii
Ictinia mississippiensis

Nombre común

avetoro del eje
neo-volcánico
gavilán de Cooper
aguililla rojinegra
aguililla pecho rojo
aguililla de Swanson
aguililla cola blanca
aguililla aura
águila real
chorlo llanero
búho cuerno corto
vireo gorra negra
chipe de Potosí
milano de Mississipi

Familia

Estacionabilidad

Estatus NOM
059-SEMARNAT-2010

Ardeidae

Migratorio

A

Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Charadridae
Strigidae
Vireonidae
Parulidae
Accipitridae

Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio
Migratorio

Pr
P
Pr
Pr
Pr
Pr
A
A
Pr
p
A
Pr

Fuente: Elaboración propia, (2017).
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 41-49. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/78

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Tabla 2. Murciélagos con estatus en la NOM 059 con riesgo de impacto en industria eólica en Noreste
del país.
Especie
Cheronycteris
Mexicana
Leptonycteris
nivalis
Euderma maculatum
Lasionycteris
noctivagans
Myotis
planiceps

Nombre común

Familia

Estacionalidad

Estatus NOM 059-SEMARNAT-2010

murciélago trompudo Phyllostomidae

Migratorio

A

murciélago hocicudo
mayor

Phyllostomidae

Migratorio

A

murciélago pinto

Vespertilionidae

Migratorio

Pr

murciélago pelo plateado

Vespertilionidae

Migratorio

Pr

murciélago cabeza
plana

Vespertilionidae

Endémica

P

Fuente: Elaboración propia, (2017).
Tabla 3. Mariposas con estatus en la NOM 059 con riesgo de industria eólica en noreste del país.
Especie
Nombre común
Familia
Estacionalidad
Estatus NOM 059-SEMARNAT-2010
Danaus
mariposa monarca
Danaidae
Migratoria
Pr
plexippus
Fuente: Elaboración Propia, (2017).
Industria Eólica en México
La industria eólica en México inicia en 1994 con el parque eólico “Venta I” ubicado en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca; proyecto a cargo de la CFE, su inauguración fungió como prototipo en exploración
hacia un mercado prometedor, el proyecto constó de siete aerogeneradores con una producción de 225 Kw,
iniciando así la era eólica en la república mexicana. Posterior a ello se realizaron las evaluaciones pertinentes, donde a la par se iniciaron las negociaciones e inversiones necesarias para llegar al 2007 (Campo-Márquez et. al., 2009), año en el que se generó el segundo parque eólico llamado “Venta II” continuando con el
proyecto de la energía eólica, mismo que a la fecha continúa en constante crecimiento.
Prueba de ello es que al 2016 se contaba con presencia de parque eólicos en 10 estados de la república,
al presente, se cuenta con industria eólica en 14 estados y al 2020 se prospecta presencia de parques eólicos
en 17 entidades federativas. Del total de estados se destacan y se destacarán Oaxaca, Yucatán, Tamaulipas,
Coahuila, Nuevo León y Baja California (AMDEE, 2018).
Cabe resaltar que los datos anteriores ponen en evidencia la importancia que presenta la región noreste
del país, esto debido a las condiciones climáticas con las que se cuenta, manteniéndose relativamente constantes durante todo el año (García, 1998) generando así la confianza en inversionistas y desarrolladores de
tecnología. Lo cual asegura una producción constante de energía renovable por al menos 30 años.
Industria Eólica en el Noreste de México
Tamaulipas es el estado a la fecha cuenta con un total de tres parques eólicos en operación distribuidos
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en los municipios de Llera, Güemes y Victoria mismos que prospectan una generación de más de 1361 Mw
de energía. Así mismo, mantiene una construcción de siete parques eólicos más (El Financiero, 2017), donde uno de ellos a construirse en Reynosa, Tamaulipas, resultará en el de mayor tamaño del país con un total
de 123 aerogeneradores con una altura de 120 metros, mismos que en conjunto generarán un total de 424
Mw (Acciona, 2017). Es así que la entidad federativa se prospecta para ser el productor de una quinta parte
del total de energías renovables en todo el país para el 2019, actualmente contando con una producción del
14% prospectan llegar al 19%.
En Nuevo León, actualmente, la entidad cuenta con tres parques eólicos en operación ubicados en los
municipios de Santa Catarina (REVE, 2013) y General Bravo “Ventika” y “Ventika II” (REVE, 2016) que
en conjunto acumulan alrededor de 300 Mw de producción. Así mismo en la actualidad se lleva a cabo la
construcción del parque eólico “El Mezquite” en el municipio de Mina que contará con una producción total de 250 Mw, se prospecta iniciará operaciones el primer trimestre de 2019 (REVE, 2017). Es importante
mencionar que actualmente se encuentra en fase de preparación el proyecto de un parque eólico para el municipio de China, a cargo de la empresa EPM de origen colombiano, misma que planea iniciar construcción
de un establecimiento con capacidad de producción de hasta 267.75 Mw (REVE, 2018).
Coahuila, a su vez, cuenta con un parque eólico en operación “Eólica de Coahuila” ubicado en el municipio de General Cepeda con una capacidad de 200 Mw (EDPR, 2018), aunado a esto, uno más se encuentra
en fase de construcción al norte del estado, ubicado en el municipio de Ciudad Acuña denominado “Amistad” con una producción de 200 Mw, así como dos más denominados “Carabina I” y “Carabina II” mismos
que se encuentran en fase de obtención de permisos.
Resulta evidente visualizar el noreste del país como una potencia en cuanto a energía eólica se refiere.
Por lo tanto, resulta imperativo observar las interacciones que presentan dicha infraestructura con los ecosistemas, esto con el fin de determinar los impactos que se pudieran generar, así como una ruta para desarrollar las medidas de mitigación necesarias para obtener una producción sostenible. Donde de continuarse
con la tendencia hasta ahora tomada, la cantidad de parques eólicos en el noreste del país tendrá un aumento
que podría alterar circunstancialmente el equilibrio ecológico de los sistemas ambientales comprendidos.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual del tema Derechos humanos y responsabilidad empresarial en el sector energético, se consultaron un total de veintiocho referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva
analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de doRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 41-49. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/78

�Robles Guerrero, F
cumentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos en relación a biodiversidad eólica. Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento objeto de este trabajo.
Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados (Bascón et
al, 2016, p. 39).
CONCLUSIONES
A través del desarrollo del presente capítulo se hace notar el evidente crecimiento en industria eólica que
mantiene y mantendrá el noreste del país, mismo que cuenta con una correlación de productividad directamente proporcional a la costa del Golfo de México, donde a mayor cercanía a la costa, mayor productividad eólica. Iniciando por Tamaulipas con datos de productividad bastante prometedores, perfilándose para
equiparar productividad con el Istmo de Tehuantepec seguido de Nuevo León y Coahuila que llaman a la
inversión por su constancia de viento a lo largo del año.
Desafortunadamente tal producción conlleva un efecto secundario que se traduce en el impacto a las
poblaciones silvestres de flora y fauna. Afectando directa e indirectamente al equilibrio ecológico que
mantienen las zonas donde se desarrollarán los complejos eólicos (en el caso de no tener previo impacto).
Es así que las medidas de mitigación que se proponen y autorizan en la obtención de permisos deberán ser
aplicadas al pie de la letra, esto con el fin de garantizar la preservación de los medios naturales en los que
se desarrolla la industria.
Así mismo, las medidas de mitigación deberán ser orientadas a priorizar la conservación sobre la producción. Es importante generar investigación acerca del modelaje poblacional relacionado a impactos de
cambio de hábitat y desplazamiento de especies, acción que resultará en obtención de información circunstancial en el entendimiento global de los impactos generados por la industria eólica.
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Las consideraciones metodológicas para la evaluación de políticas y programas de energía en
México
Methodological consideration for the politics evaluation and energy programs in Mexico
Abel Villarreal1
Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxic
RESUMEN
El presente artículo describe algunas consideraciones metodológicas para la evaluación de políticas y programas
relacionados con el sector energético, en específico dentro del contexto del sistema de evaluación mexicano. Lo anterior
se debe a que el sistema de evaluación de México no está diseñado para realizar evaluaciones ad hoc a los programas de
energía, es decir, de aquellos relacionados con el sector eléctrico o de los hidrocarburos, sino para realizar evaluaciones
cuyo interés principal es el componente social y, más específicamente, el de la reducción de la pobreza. Provocando
un desajuste entre los elementos a observar en un programa social y un programa energético, cuyos fines, medios y
elementos, entre otras cuestiones metodológicas, son muy diferentes, y en algunos casos contradictorios, a aquellos
cuyo contenido es predominantemente social.
Palabras clave: Política energética, sistema de evaluación, programa energético, evaluación
ABSTRACT
The present article describes some methodological considerations for the politics evaluation and programs related
to the energy sector, specifically within the context of the Mexican evaluation system. This is due to the Mexico evaluation system that is not designed to evaluate the energy programs ad hoc, in other words, those related to the electric
or hydrocarbon sector, but to create evaluations which main interest is the social component and, specifically, the one
from the poverty reduction. Causing a mismatch between the elements to observe in a social and energy program,
which aims, means and elements, among other methodological issues, are completely different, and in some occasions,
contradictory, to those whose content is merely social.
Key words: Energy policy, evaluation , evaluation system, energy program,

Cómo referenciar este artículo:
Villarreal, A. (2017). La consideraciones metodológicas para la evaluación de políticas y programas de
energía en méxico. Política, Globalidad y Ciudadanía, 50-61. Recuperado de http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/article/view/79

Recibido: 02 de Febrero 2017 - Aceptado: 07 de Abril 2017

1
Profesor – Investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Plantel
Casa Libertad. Academia de Ciencia Política y Administración Urbana.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 50-61. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/79

�Las consideraciones metodológicas para la evaluación...
1.

INTRODUCCIÓN

El sistema de evaluación mexicano puede es considerado como uno de los sistemas evaluadores más
innovadores desde la década de los noventa por su gran aportación a la construcción de herramientas metodológicas para el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas de combate a la pobreza (Castro et al,
2009). En cierta forma, una gran parte de los países en desarrollo, sobre todo de América latina y del Caribe,
utilizan la experiencia mexicana para replicar los modelos en sus propios sistemas de evaluación. Pero es
precisamente en este punto en donde reside una de sus mayores debilidades: su enfoque exclusivamente
social. En efecto, el sistema de evaluación mexicano utiliza en sus metodologías, sobre todo en sus análisis
ex ante y durante, el enfoque del desarrollo social y no otros enfoques metodológicos acordes al tipo de
políticas que se pretenden evaluar.
Lo anterior puede observarse en las herramientas metodológicas proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL 2015) o en el mismo Modelo Sintético
de Información de Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que se refleja en
sus informes de evaluación, pues hasta la fecha se considera a estas instituciones como las únicas entidades
gubernamentales con la experiencia y capacidad técnica en evaluación de programas públicos. En éstas, las
evaluaciones de diagnóstico de programas nuevos, de diseño de los programas, de consistencia y resultados, de evaluación específica de desempeño, de procesos y de impacto, contienen en su mayoría variables
e indicadores creados específicamente para evaluar programas de desarrollo social o programas presupuestarios con la finalidad del desarrollo social o del combate a la pobreza, pero no para otro tipo de programas,
como los de índole energético.
Por lo anteriormente expuesto, la postura inicial de este trabajo consiste en mencionar, en primer lugar,
algunas metodologías para la evaluación de las políticas y programas del sector energético, y en segundo,
en plantear que las variables e indicadores utilizados para evaluar programas públicos en México, desde un
punto de vista social, son los más adecuados, pero no para evaluar en su totalidad otros programas con una
naturaleza distinta a la social. En otras palabras, los programas relacionados con el sistema de seguridad y
de justicia, los de movilidad y de transporte, de infraestructura o los programas culturales deberían de ser
evaluados con metodologías acordes a su sector y no someterlos en todas sus fases a un enfoque de tipo
social. Lo anterior aplica con mayor razón a las políticas y programas de energía, pues su objetivo final
no es sólo contribuir a reducir las enormes brechas de desigualdad que existen en el país, sino también
para otro tipo de fines y subrayamos fines porque en general se confunden los medios con los fines que
persigue un determinado sector, fines que requieren observaciones diversas, a saber, garantizar la seguridad
energética del país, contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, asegurar la rentabilidad del
sector energético para el Estado, fomentar la igualdad, la equidad y la justicia energética, e incluso, lograr
la democratización de la energía para sus ciudadanos.
Para ilustrar mejor esta postura, construiremos este trabajo sobre tres premisas básicas; en primera
instancia, mencionaremos algunos marcos metodológicos aplicados a la evaluación de las políticas y los
programas de energía; en segundo lugar, mostraremos los tipos de evaluación existentes y las variables que
desencajan con el tratamiento energético; y en tercer sitio, ilustrando las variables utilizadas en otros sistemas de evaluación y que podrían introducirse en las metodologías de evaluación de México. .
Metodologías utilizadas en la evaluación de los programas de energía
El objetivo principal de este segmento es comentar y reflexionar, pues hasta allí llega su alcance, sobre
el marco metodológico más adecuado para evaluar políticas y/o programas relacionados con el sector energético, bien sea con la industria de los hidrocarburos o de la electricidad.
A su vez, reiteramos que una política, un plan o un programa de energía; entendida la primera como la
directriz principal de un gobierno, y los segundos, como las estrategias y los diseños con que se llevarán a
cabo esas directrices; son ante todo un medio y no un fin en sí mismo. Es decir, toda política y todo programa de energía es un medio para conseguir algo más, pero un medio que debe ser correctamente definido,
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�Villareal, A

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que debe ser congruente con los objetivos nacionales e internacionales, que debe estar bien administrado
en cuanto a su eficiencia (relación costo-beneficio), su eficacia (logro de resultados independientemente del
costo), su calidad (ejecutado de la mejor forma posible); y armónico con un conjunto de valores nacionales
que marcan el rumbo de una determinada sociedad y protegido por un conjunto de instituciones.
Así, por ejemplo, puede que la política energética de un país como Alemania vaya acorde con algunas
directrices principales relacionadas con la seguridad energética, pero al final, de esas directrices se desprenderán un conjunto de planes nacionales, programas por sector y proyectos específicos que son, en suma,
el aterrizaje concreto de esas directrices principales. O bien, como en el caso de México, cuya principal
directriz, entendida como política, es, ante todo, garantizar el abastecimiento energético “oportuno” y a
precios “accesibles” para el conjunto de actores que necesitan de los insumos energéticos (PESENER,
2013). También en este caso, de esa directriz se desprenderán un conjunto de planes, programas, estrategias
y proyectos encaminados a darle fondo y forma a esa directriz y a sus objetivos secundarios. Sea cual sea
el caso, los países replican modelos1, establecen políticas e instrumentan planes, programas y proyectos
ejecutados por un conjunto de instituciones con conocimientos científicos y técnicos y que deberán resolver
un problema determinado a fin de coadyuvar al logro de esos objetivos planteados.
Si bien podría afirmarse que, aunque sus evaluaciones están basadas en métodos reconocidos y aceptados, no siempre éstas estarán exentas de tendencias, prejuicios, errores o de una u otra manera, pre condicionados por paradigmas científicos y perspectivas teóricas aprendidas durante su socialización y que
impregnarán sus conclusiones futuras. Por ello, los resultados de dichas evaluaciones, independientemente
del tipo de evaluación del que se trate, pueden llegar a conclusiones también diferentes (Kuhn, 1980).
Pero entonces, ¿existe o no un tipo ideal de evaluación o una forma correcta de llevar a cabo una evaluación? Como toda construcción científica mucho depende del contexto en que se lleve a cabo una evaluación. Diferentes sistemas de evaluación de distintos países, regiones o comunidades pueden tener disímiles
tipos de evaluaciones o elementos constitutivos dentro de un mismo tipo de evaluación, puede también que
tengan distinto nombre, diferente peso o formas de conceptualización. Lo cierto es que, para llevar a cabo
una determinada evaluación es necesario partir de las preguntas principales, a saber, para qué queremos
una evaluación, quién la necesita, qué se pretende obtener o modificar con dicha evaluación, qué aspecto
de la realidad necesitamos conocer, y con base en ello determinaremos el tipo de evaluación, sus premisas
teóricas, sus métodos y sus técnicas, y por ende, las conclusiones a las que llegaremos.
Metodologías de evaluación de políticas energéticas
Si de evaluar políticas o programas de energía se trata, existen múltiples enfoques y métodos para
llevarlos a cabo, en gran parte, la mayoría de ellos se observa en las políticas energéticas nacionales y en
indicadores que sirvan de comparación con otros países. A su vez, cada uno de estos enfoques enfatiza en
aspectos que son importantes para un país en particular o para la agencia que diseñó las metodologías y los
indicadores, en estos casos tenemos metodologías que analizan un aspecto en particular del área energética.
Es decir, es imposible contar con una teoría universal que abarque absolutamente todos los aspectos de la
evaluación de políticas energéticas. Lo que si tenemos en cambio, son variables o categorías que son de mayor peso para una agencia u otra, como la sustentabilidad y/o la sostenibilidad, la participación ciudadana,
la seguridad energética o de criterios económicos como la eficiencia y la intensidad energética.

1
Es preciso diferenciar entre un modelo energético y una política energética, en el caso de este ensayo entendemos la política como la postura o la directriz principal que asume un gobierno, lo cual no significa que dicha directriz
sea la misma en su forma oficial y en la práctica. Es decir, una política puede ser diversificada en la norma oficial pero
concentrada en un solo negocio en la práctica. En cambio, un modelo, que puede contener un conjunto o diferentes
tipos de políticas es más bien un arquetipo o el arquetipo de un conjunto de políticas que es replicado a su vez por otros
actores.
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Indicadores Energéticos de Desarrollo Sostenible
De esta forma, en el plano internacional tenemos la propuesta de los Indicadores Energéticos para el
Desarrollo Sostenible (IEDS). Estos indicadores fueron creados en 1999 por Arshad Khan y Garegin Aslanian de la sección de Planificación y Estudios Económicos de la Organización Internacional de Energía
Atómica (OIEA). Dichos indicadores, como mencionamos anteriormente, son indicadores energéticos de
seguimiento en el contexto del desarrollo sostenible. Es decir, que introducen una categoría a considerar
por cualquier sistema de evaluación, la sostenibilidad de los programas públicos, en este caso por el sector
energético. Estos han sido referentes de los indicadores de Desarrollo Sostenible adoptados por los estados
miembros de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales al amparo del Programa 21 y de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Estos indicadores de seguimiento de la política energética, fueron tratados en un texto por el Organismo
Internacional de Energía Atómica en conjunto con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas (DAESNU), la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el EUROSTAT2, y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Los IEDS, como son llamados, son utilizados por la mayoría de
los países que conforman las Naciones Unidas para evaluar sus sistemas energéticos y hacer un seguimiento
de sus progresos en lo tocante a la consecución de objetivos y metas de desarrollo sostenible fijados a nivel
internacional (OIEA, 2008).
Los indicadores están divididos en tres dimensiones: la social, la económica y la medioambiental, a su
vez, están divididos por siete temas: equidad, salud, perfiles de uso y producción, seguridad, atmósfera,
agua y tierra; y 19 subtemas. Contienen un total de 30 indicadores conocidos en su versión original como
Energy Indicators for Sustainable Development o EISD.
Comencemos por la primera dimensión; la dimensión social. Esta dimensión asume que la disponibilidad de energía tiene una repercusión directa sobre la pobreza, las oportunidades de empleo, la educación,
la transición demográfica, la contaminación en ambientes cerrados y la salud, y posee implicaciones relacionadas con el género y la edad (OIEA, 2008). La equidad social es un pilar del desarrollo sostenible y
abarca la imparcialidad y universalidad con las que se distribuyen los recursos energéticos, se facilita el
acceso a los sistemas de energía y se formulan precios para garantizar su asequibilidad. El principio que la
rige es que la energía debería ser un bien al alcance de todos y a un precio justo, y no como un negocio de
pequeños y poderosos grupos. En tanto, asume también que el uso de la energía no debería perjudicar a la
salud humana, sino más bien promoverla. No obstante, la producción de energía conlleva la posibilidad de
provocar daños o enfermedades, puesto que favorece la contaminación o los accidentes. Uno de los objetivos entonces, consiste en reducir o eliminar esos impactos negativos (OIEA, 2008).
De esta manera, la dimensión social se subdivide en dos temas; el primero es la equidad y el segundo la
salud. En el primero, los subtemas son la accesibilidad; que se mide por el porcentaje de hogares sin electricidad o energía comercial, o muy dependientes de energías no comerciales; el subtema de la asequibilidad,
que se mide obteniendo el porcentaje de ingresos de los hogares dedicado a combustibles y electricidad; y
el subtema de las disparidades que mide el uso de la energía en los hogares de ingreso y combinación de
combustibles utilizados. Por parte del tema de la salud existe el subtema de la seguridad, y éste se mide
analizando el número de víctimas mortales de accidentes por la energía producida por la cadena de combustibles.
Por otra parte, la dimensión económica asume que las economías modernas dependen de un suministro
de energía seguro y adecuado, y los países en desarrollo necesitan tenerlo garantizado como condición sine
qua non para su industrialización. Todos los sectores de la economía; residencial, comercial, transporte, servicios y agricultura, exigen servicios de energía modernos. A su vez, estos servicios fomentan el desarrollo
económico y social a nivel local, elevando la productividad y promoviendo la generación local de ingresos.

2
El EUROSTAT es la Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea y que produce y armoniza datos
estadísticos de sus estados miembros.
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El suministro de energía afecta a los puestos de trabajo, la productividad y el desarrollo (OIEA, 2008).
De esta manera, se divide la dimensión económica en dos temas y 9 subtemas. El primero es por patrones de uso y producción, este se divide a su vez en el subtema del uso global, donde se mide el uso de la
energía per cápita; la productividad global, que mide el uso de la energía por unidad del PIB; la eficiencia
del suministro, que mide la eficiencia de la conversión y distribución de la energía; el subtema de la producción que es la relación entre las reservas y la producción y la relación entre los recursos energéticos y
la producción; el subtema del uso final de la energía, que mide las intensidades energéticas de la industria,
las intensidades energéticas del sector agrícola, las intensidades energéticas del sector comercial y de los
servicios, la intensidad energética de los hogares y la intensidad energética del transporte; el subtema de la
diversificación (combinación de combustibles), que mide los porcentajes de combustibles en la energía y
la electricidad, el porcentaje de energía no basada en el carbono en la energía y electricidad y el porcentaje
de energías renovables en la energía y la electricidad. El subtema de los precios que registra los precios de
la energía de uso final por combustible y por sector. Por su parte, el tema de la seguridad se divide en el
subtema de las importaciones, que mide la dependencia de las importaciones netas de energía y el subtema
de las reservas estratégicas de combustibles, que mide las reservas de combustibles críticos por consumo
del combustible correspondiente.
En cuanto a la tercera dimensión, la dimensión medioambiental, la OIEA justifica que:
La producción, distribución y consumo de energía dan lugar a presiones sobre el medio ambiente
en el hogar, el lugar de trabajo y la ciudad y a nivel nacional, regional y mundial. Los impactos
ambientales dependen en gran medida de la forma en que se produce y se utiliza la energía, de la
combinación de combustibles, de la estructura de los sistemas energéticos y de las medidas de reglamentación conexas en materia de energía y de la estructura de los precios. Las emisiones de gases
procedentes de la quema de combustibles fósiles también contaminan a la atmósfera. Las grandes
presas hidroeléctricas causan el encenagamiento de las aguas y los dos ciclos de combustible, basados respectivamente en el carbón y en la energía nuclear, emiten algún tipo de radiación y generan
desechos. Las turbinas eólicas a su vez pueden desfigurar un hermoso paisaje y la recogida de leña,
acarrear la deforestación y la desertificación (OIEA, 2008).
De esta manera, la dimensión del medio ambiente contiene el tema de la atmósfera, que se divide en el
subtema del cambio climático, este mide las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por la producción y uso de energía, per cápita y por unidad de PIB; y el subtema de la calidad del aire, que se divide
a su vez en dos indicadores, el indicador de las concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos
en zonas urbanas y el indicador de emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de los sistemas
energéticos.
El tema del agua, que tiene como subtema la calidad del agua y el indicador de descargas de contaminantes en efluentes líquidos procedentes de los sistemas energéticos, incluidas las descargas de petróleo;
el tema de la tierra que se divide en el subtema de la calidad de los suelos, este mide las zonas del suelo en
las que la acidificación supera la carga crítica; el subtema de los bosques, que mide la tasa de deforestación
atribuida al uso de energía; el subtema de la generación y gestión de desechos sólidos, que mide la relación
entre la generación de desechos sólidos y las unidades de energía producida, el indicador dos, que mide la
relación entre los desechos sólidos adecuadamente evacuados y el total de desechos sólidos generados; el
indicador tres, que mide la relación entre los desechos sólidos radiactivos y las unidades de energía producida; el indicador cuatro, que mide la relación entre los desechos sólidos radiactivos en espera de evacuación
y el total de desechos sólidos radiactivos generados.
Como dijimos en un principio, estos son en general los indicadores más utilizados por los países que
conforman las Naciones Unidades y que cuentan con un enfoque predominantemente medioambiental.
Indicadores Políticos y de Sustentabilidad
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha desarrollado también otra propuesta de
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�Las consideraciones metodológicas para la evaluación...
indicadores para evaluar y dar seguimiento a las políticas energéticas de los países de América Latina y el
Caribe (CEPAL). Dicha propuesta de indicadores difiere de la propuesta de la Organización Internacional
de Energía Atómica y de las Naciones Unidas porque asume la existencia de intereses políticos presentes
en las políticas nacionales de los países latinoamericanos y por tener, al menos, una herencia de las percepciones históricas sobre la dependencia de la periferia con respecto a las potencias occidentales.
Lo anterior puede notarse en el rescate de los indicadores de la CEPAL se realizaron en un estudio del
2009, denominado: Política Mexicana e Indicadores de Sustentabilidad (Sheinbaum, Rodríguez, &amp; Robles,
2009). En su estudio, analizan la sustentabilidad del sistema energético mexicano basado en estos indicadores de la CEPAL para los años de 1997 al 2006. En este estudio se destaca, que si bien los temas e indicadores de sustentabilidad que presenta la metodología de la OIEA (2005), tienen una mayor desagregación
en términos de los sectores de consumo final de la energía, usos finales e impacto en la atmósfera, el agua y
el suelo; los indicadores de la CEPAL (2003) reconocen con mayor amplitud las dimensiones económicas
y sobre todo las políticas, dimensión que está ausente en la propuesta de indicadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica y que es de gran interés para el análisis del sistema energético mexicano.
En pocas palabras, el estudio insiste que desde 1982 la política nacional energética de México no ha respondido a los criterios de independencia y sustentabilidad, sino de priorizar los objetivos de apertura de los
mercados y de la integración energética con América del Norte. Algunas de las conclusiones a las que han
llegado destacan el cambio de modalidad de coordinación sectorial que responde al desmantelamiento de
los organismos energéticos de México y a los criterios de apertura de mercado; promoción del gas natural,
concentración de los recursos públicos en la extracción de petróleo crudo y empleo de capital privado; utilización de PEMEX y CFE como instrumentos al servicio de las políticas de estabilidad macroeconómica;
búsqueda de la seguridad energética, ya no en el ámbito nacional sino en un marco regional (en el marco
de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte: ASPAN). Bajo este marco, es que se
analizan los indicadores de la CEPAL aplicados a la realidad mexicana.
Básicamente, los indicadores de evaluación de la sustentabilidad del sistema energético mexicano se
asientan en 8 temas y 12 indicadores. El primero de ellos es la autarquía energética. Esta también es llamada
autosuficiencia energética ya que implica que un país pueda garantizar el suministro energético de largo
plazo mediante recursos propios y, por lo tanto, dependa cada vez menos de las importaciones. Este tema
se divide entonces en dos indicadores: importación de energía primaria e importación de hidrocarburos.
El segundo tema se refiere a la robustez frente a los cambios externos. Este término es a la vez una categoría que expresa la vulnerabilidad económica del país ante cambios externos relacionados con el sector
energético, como el precio internacional del crudo. Para medirla, se diseñaron tres indicadores: valor de las
exportaciones de crudo con respecto al PIB, participación del ingreso petrolero en el total de los ingresos
nacionales y peso relativo del endeudamiento en la inversión del sector petrolero.
En tanto, el tercer tema, llamado productividad energética, se define como lo inverso a la intensidad
energética, que a su vez puede medirse como el consumo nacional de energía por unidad del PIB. Mientras
menor sea la intensidad energética, la productividad y la eficiencia energética del país aumentan. El cuarto
tema tiene que ver con la cobertura eléctrica. Este se mide sobre todo midiendo el porcentaje de viviendas con electricidad. El quinto tema es la cobertura de necesidades energéticas básicas. Para evaluar esta
categoría se definen dos indicadores: eficiencia de transformación entre energía final y útil per cápita y
equidad en el gasto de energía por deciles para diversas fuentes. La energía útil se define como la cantidad
de energía que llega a la vivienda (energía final), multiplicada por la eficiencia en su uso. De acuerdo con la
metodología de la CEPAL, la energía útil se calcula conforme a las eficiencias establecidas por el Sistema
de Información Económica y Energética (SIEE) de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
Por su parte, la equidad en el gasto de energía se presenta a través del índice de Gini, que muestra la concentración en el gasto de diferentes energéticos por decil de ingreso monetario. El sexto tema es la pureza
relativa del uso de la energía y se mide a través de las emisiones de bióxido de carbono, el principal gas de
efecto invernadero que provoca el cambio climático global. Estas emisiones se calculan de acuerdo con la
metodología del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 1996) para el consumo de energía
de los sectores de uso final y la energía consumida para la generación eléctrica y el propio sector energético,
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reportado en el balance nacional. Para medir esta pureza relativa se utilizan dos indicadores: las emisiones
totales y las emisiones per cápita. El séptimo tema es la participación de las energías renovables, esta se
define como el porcentaje de renovables respecto al consumo nacional total. Incluyen la hidro energía, la
geo-energía, la energía eólica, las biomasas de leña, bagazo de caña y otras fuentes. El octavo tema es el
alcance de recursos fósiles, este se estima como el cociente de las reservas de hidrocarburos (incluyendo reservas probadas, probables y posibles o 3p) entre su producción bruta anual. Dichos indicadores se sustentan con las cantidades relacionadas con la producción de petróleo para la exportación, los descubrimientos
de pozos petroleros y la inversión en exploración.
Como vemos, la propuesta de la CEPAL toma en cuenta los criterios de sustentabilidad mencionados
anteriormente, pero añaden un componente ausente en la metodología de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y este es el componente político. Palabras como soberanía, independencia o autosuficiencia
están ausentes de la primera propuesta.
En resumen, en el ciclo de vida de las políticas públicas la evaluación bien sea en sus formas ex ante,
durante o intermedia y ex post, es de suma trascendencia para el éxito de una política pública. El éxito en
este caso, es el logro de los objetivos planteados con calidad, eficiencia y eficacia, pero para ello es necesario fortalecer metodológicamente los instrumentos de evaluación. Como mencionamos anteriormente, las
metodologías de evaluación utilizadas en México cuentan con un componente eminentemente social o de
seguimiento presupuestario, priorizando categorías e indicadores propios de los programas sociales y no de
los programas de energía. Los instrumentos pueden estar precedidos por paradigmas científicos. Entre estos
métodos, los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos sobresalen por encima del método comparado o el método histórico, aunque si de evaluar una política o un programa se tratase, no debería descartarse
pues todo depende de la pregunta con la cual iniciemos la evaluación. Dicho de otra manera, si tenemos
en claro quién desea una evaluación, para qué y qué busca específicamente podemos proceder al tipo de
evaluación que más corresponda a la pregunta planteada.
Así por ejemplo, si lo que deseamos conocer es si un programa o una política está correctamente diseñada bajo la normatividad vigente o la estructura mínima de un programa entonces utilizaremos una
evaluación de diseño de programa bajo el método cuantitativo o cualitativo; si en cambio lo que deseamos
es conocer si se cumplieron los objetivos planteados, entonces no hay duda, necesitamos una evaluación
de resultados; si por el contrario queremos conocer de qué manera ha impactado un programa dado en una
comunidad en específico, entonces debemos remitirnos nuevamente a la premisa anterior, depende de la
pregunta, esto es, si deseo conocer el impacto en el bolsillo de los hogares de una comunidad, entonces
escogemos una evaluación de impacto bajo métodos cuantitativos
De las premisas anteriores podemos continuar planteándonos preguntas que deriven en instrumentos y
métodos específicos o bien, de una combinación de ellos, pero básicamente una evaluación debe tomar en
cuenta ciertas premisas que se encuentran más allá del propio instrumento de evaluación. Dicho de otra
manera, adecuar el instrumento a la naturaleza del programa.
Antes de iniciar una evaluación hay que tomar en cuenta varias cosas: en primer lugar, bajo qué modelo
energético estamos. Aquí entendemos por modelo básicamente como una forma de hacer las cosas y que
puede ser replicado, un modelo energético bien puede estar orientado hacia criterios basados en la dependencia de los combustibles fósiles y una política rentista o bien, en un modelo orientado hacia el desarrollo
sustentable. También es necesario conocer cuál es la política nacional energética bajo la cual dependen
todos los programas, planes y proyectos. Esto para saber hacia dónde apunta un programa o para ver de qué
manera converge o aporta una determinada política. Posteriormente, también es importante conocer cuáles
son los fines y los medios bajo los cuales operarán los programas en el cumplimiento de una política energética nacional, es decir, hacia dónde quiere ir un país a diferencia de a dónde va.
Así las cosas, podemos preguntarnos, cómo se encuentran entonces los instrumentos de evaluación en
México, qué tan adecuados son para la interpretación de programas relacionados con el sector de energía,
bien sea en el ámbito de los hidrocarburos o de la electricidad, dónde están sus incompatibilidades y cómo
pueden cambiarse, o mejor dicho, qué categorías, variables e indicadores pueden cambiarse para mejorar
los instrumentos. En las siguientes líneas comenzaremos por realizar una descripción de los instrumentos
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�Las consideraciones metodológicas para la evaluación...
de evaluación, sus incompatibilidades y los puntos de cambio.
La evaluación de los programas de energía en México
En términos generales, la evaluación de los programas de energía se ha concentrado sobre todo en tres
tipos de evaluación: evaluación de diseño, evaluación de consistencia y resultados y evaluación de impacto.
A su vez, las evaluaciones han sido realizadas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y por algunas
consultoras privadas pero de ninguna manera es una práctica extendida entre las universidades mexicanas
o entre las organizaciones de la sociedad civil. Casi todas las evaluaciones realizadas se encuentran en las
bases de datos del CONEVAL o de la SHCP desde, por lo menos, el 2008. La gran mayoría de estas evaluaciones cumplen al pie de la letra con las guías metodológicas contenidas en los términos de referencia del
mismo CONEVAL (2013) y de la SHCP. Sin embargo, adolecen de dos aspectos: 1) no son equipos multidisciplinarios los que realizan las evaluaciones, o bien son ingenieros, o bien son especialistas de políticas
públicas; y 2) los instrumentos de evaluación no encajan completamente con el contenido de los programas
pues la metodología, como mencionamos en la introducción de este trabajo, no corresponde en su totalidad
con la temática energética, sino con los programas de desarrollo social. Es decir, la gran mayoría de los
elementos contenidos en las guías metodológicas corresponden al análisis de un buen diseño de programa,
pero coloca la mirada en aspectos del desarrollo social, de la arquitectura del programa o de la ingeniería
del mismo, razón por la cual los fines, que en materia de energía interesan, quedan ausentes.
La combinación de estos dos desfases da como resultado evaluaciones que en el fondo están bien hechas, acordes a los términos de referencia y requisitos del CONEVAL o de Hacienda pero que se quedan
cortas con las pretensiones de lo que debe llevar un buen programa de energía, en especial si lo que nos
interesa es conocer el aporte de un determinado programa a los fines de la política energética y conocer la
ruta o el camino real que sigue la política nacional. O bien, conocer qué tipo de política se está construyendo
en el país y que beneficios está dando como resultado de la operación de sus programas en aspectos como
la democracia, el bienestar social, la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética, la ciencia, la
tecnología y el empleo, etc. También, qué distancia hay entre lo que se dice que se va a hacer y lo que hay.
Dicho de otra manera, la distancia entre la política energética formal y la real.
Comenzaremos con el primer problema en cuestión. La gran mayoría de las evaluaciones realizadas no
pertenecen a equipos multidisciplinarios que combinen el análisis de un experto en materia de energía y
otro u otros expertos en materia de políticas públicas. Esto genera que algunos de los análisis hechos por
los especialistas de un campo dejen de lado aspectos que desde otra disciplina puedan ser mejor comprendidos y explicados. Pongamos sólo un ejemplo: el de las centrales eólicas de Juchitán Oaxaca. Aquí muchos
economistas verían a primera vista elementos como la producción, el consumo, la eficiencia energética o la
intensidad energética; por su parte, los especialistas en políticas públicas tratarán en un primer momento de
observar la congruencia entre las metas, los indicadores, las líneas de acción, o los objetivos estratégicos,
pero un sociólogo o un antropólogo estaría más interesado en observar la manera en que dichas inversiones
o megaproyectos y el personal a su cargo interactúan y afectan a una comunidad que habite en esos lugares.
Lo que obtendremos con la suma de las disciplinas son nuevos lentes con los cuales observar un mismo
fenómeno y acercarnos más a su complejidad real. Es por esta razón que sostenemos que algunas de las
evaluaciones realizadas, por lo menos en las observaciones realizadas en las respuestas que colocan en sus
informes finales, nos parece que podrían tener un salto cualitativo si fueran compuestos por especialistas
de distintas materias.
Algunas de las evaluaciones a los programas de energía que se han hecho desde esta, unidisciplinariedad tienen su antecedentes desde el 2008, sin embargo, el componente energético en otros programas
puede encontrarse desde el año 2007, así por ejemplo, investigadores de la Universidad de Berkeley en
California (Gertler, Fuchs &amp; Sturdy, 2008), evaluaron el impacto del componente energético del Programa
Oportunidades en el bienestar de los hogares beneficiarios del Programa y en el gasto que éstos realizan en
energéticos. Su metodología es básicamente cuantitativa basada en análisis econométricos sobre el gasto de
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los hogares y el impacto de los subsidios y las políticas de focalización versus las políticas universalistas.
Para el 2008 encontramos más evaluaciones en programas de energía, esta vez, evaluaciones con la metodología del CONEVAL aplicados sobre todo a PEMEX y CFE.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), realizó en el 2008 una evaluación
de diseño al programa presupuestario B001: producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos a
la empresa Petróleos Mexicanos. También en el 2011 con una evaluación de consistencia y resultados al
programa presupuestario E011: comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos de PEMEX.
En el 2008, el Centro de Investigación en Energía de la UNAM realizó algunas evaluaciones de diseño
para la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), en ella, el Centro evaluó los
programas P008. Seguimiento y evaluación de políticas públicas para el aprovechamiento sustentable de la
energía; programa E009. gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía; programa
G007. supervisar el aprovechamiento de la energía; y el F012. Promoción en materia de aprovechamiento
sustentable de la energía. Los resultados de la evaluación señalan como principales debilidades: falta de
claridad y precisión en la definición de Fin, Propósito, Componentes y Actividades del Programa; contenido de la matriz de indicadores ya que carecen de lógica vertical y horizontal; ausencia de una estructura de
trabajo aprobada oficialmente; falta de manuales de organización y procedimientos, así como de un programa específico de trabajo; personal insuficiente para la realización de actividades del programa, entre otros.
Sánchez (2014), Inició con la evaluación de diseño del programa presupuestario 562: operación,
mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica a
cargo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad; Evaluación de
consistencia y resultados 2014 del programa presupuestario E570: operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica; Evaluación de consistencia y resultados
2014 del programa presupuestario K027, Mantenimiento e infraestructura a cargo de la Comisión Federal
de Electricidad; Evaluación de consistencia y resultados 2014 del programa presupuestario E562: Operación, mantenimiento y recarga de la nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica; y
evaluación de consistencia y resultados 2014 del programa presupuestario E563: suministro de energéticos
a las centrales generadoras de electricidad de la CFE.
Las evaluaciones se han concentrado sobre todo en diseño y consistencia y resultados desarrolladas por
el CIE, la Facultad de Ingeniería y el INAP han encontrado que una gran parte de las categorías a analizar
no han encajado plenamente a través de los instrumentos y por lo tanto se han generado evaluaciones parciales. Así por ejemplo, en estos dos tipos de evaluaciones, de diseño y de consistencia y resultados, encontramos categorías que no están encajando en las evaluaciones pero que también pueden encontrarse en el
resto de los tipos de evaluaciones como las evaluaciones de programas nuevos, estratégicas de desempeño,
de procesos y de impacto.
CONCLUSIONES
En el terreno de la evaluación de las políticas públicas y más específicamente en la evaluación de las
políticas nacionales energéticas y los programas relacionados con el sector energético, no existe, ni un marco teórico único ni un marco metodológico que goce de amplio consenso entre la comunidad evaluadora o
estudiosa de las metodologías de evaluación. En nuestras conclusiones el punto central se encuentra en la
pregunta principal, en algunos casos en las hipótesis, y/o en las preguntas centrales que surjan por parte del
interesado en la evaluación. Que bien pueden ser múltiples actores, están desde el principal responsable del
programa, los académicos o los ciudadanos interesados en el rumbo de un programa o en los mismos interesados hacia los cuales se les está aplicando el programa. En el mundo, existen no sólo múltiples modelos,
políticas, programas o proyectos con objetivos y formas distintas al resto de países, incluso dentro de una
misma región, sino también diferentes enfoques teóricos y metodológicos con los cuales analizar dichas
políticas o programas y México no es la excepción.
Más aún, en México se carece de experiencia para la evaluación de políticas y programas relacionados
con el sector energético y tal vez, las únicas instituciones en México que están adquiriendo una especializaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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�Las consideraciones metodológicas para la evaluación...
ción en el terreno de la evaluación de programas de energía sean: La Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Sede FLACSO, La Facultad de Ingeniería de la UNAM, el ahora, Instituto de Energías Renovables también de la UNAM, el Instituto Nacional de Administración Pública de la UNAM, la Universidad
La Salle en Guanajuato y la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Pero también, en estas instituciones no existen métodos consensuados para le
evaluación de la política energética y sus evaluaciones se basan en los instrumentos diseñados por el CONEVAL o de la Secretaría de Hacienda.
A decir verdad, tampoco en otros países se cuenta con esa metodología unificada de evaluación y a la
mejor manera de avanzar en el camino hacia una evaluación de calidad es reflexionando, investigando y
haciendo meta-evaluaciones a los instrumentos bajo el método comparativo. Si, como hemos visto, las
metodologías de evaluación en México carecen de los elementos necesarios para una evaluación de políticas energéticas ad hoc a su naturaleza, ello no significa que en otros países se haya encontrado el eslabón
perdido de la evaluación, sino que se encuentran a su vez en una misma curva de aprendizaje, es decir, nadie
ha llegado al punto final de la evaluación. Sin embargo, lo que a todas luces se destaca es que en materia
de evaluación energética muchos países le llevan años de ventaja al sistema de evaluación de México donde se privilegia el énfasis en la arquitectura y la ingeniería de los programas, pero no la naturaleza de los
programas ni sus fines.
En otras palabras, es como analizar el diseño y el funcionamiento de una embarcación, pero no su
destino o su rumbo. Por ello, la propuesta inicial de este trabajo es comenzar por señalar sus debilidades,
incompatibilidades y propuestas de recambio por los fines, medios y puntos de acuerdo en el análisis comparativo con otros sistemas de evaluación, como la introducción de las dimensiones políticas, económicas,
sociales y ambientales.
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Cooperación internacional para el desarrollo de energías renovables: energía eólica y solar en el
mundo
International cooperation for the development of renewable energies: wind and solar energy in the world
Alejandro, Castillo-Maldonado1
Universidad Autónoma de Nuevo León
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en mostrar evidencia del
estado de la cooperación internacional para el desarrollo de las energías renovables, particularmente la energía eólica
y solar. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se encontró que: Debido a la disminución en las reservas
internacionales y caída de los precios del petróleo, las energías renovables (ER), no sólo pueden ser una opción de
un desarrollo sustentable, sino también pueden ser fuente de nuevos empleos e innovación. En el presente capitulo se
abordará de manera general. Se concluye que se requiere determinar las características de las energías renovables en
el mundo, así como las acciones que han tomado diversos países para promoverlas de manera local y a través de la
cooperación internacional.
Palabras clave: Cooperación internacional, desarrollo, sustentabilidad global, energía renovable, energía eólica,
energía solar.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, whose aim consisted in showing evidence of the international
cooperation status for the development of the renewable energies, especially solar and wind energies. The method of
analysis was applied with a qualitative approach, non-experimental design, under a documentary-literature cross sectional level. After the documentary review, it was found that: due to the decrease on the international reserves and the
drop on oil prices, renewable energies (RE) can not only be a sustainable option, but can also be a source of innovation
and new jobs. In this chapter it will be reviewed in a general way. It is concluded that it is necessary to determine the
renewable energies characteristics in the world, likewise the actions that several countries have taken to promote them
in a local way and through the international cooperation.
Key words: International cooperation, development, global sustainability, renewable energy, wind energy, solar
energy.

Cómo referenciar este artículo:
Castillo-Maldonado, A. (2017). Cooperación internacional para el desarrollo de energías renovables:
energía eólica y solar en el mundo. Política, Globalidad y Ciudadanía, 62-72. http://revpoliticas.uanl.
mx/index.php/RPGyC/article/view/80
Recibido: 14 de Febrero 2017 - Aceptado: 18 de Abril 2017

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Maestría en Relaciones Internacionales por Universidad Autónoma de Nuevo León, Email: alejandro.fpoliticas@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 62-72. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/80

�Cooperación internacional para el desarrollo...
1.- INTRODUCCIÓN
La sustentabilidad global y el desarrollo de nuevas alternativas energéticas están entrelazados a la
cooperación internacional para el desarrollo, es por ello que resulta importante determinar el estado de
las energías renovables en el mundo, particularmente la energía eólica y solar, así como las posibilidades
de que se traduzcan en desarrollo. Se propone determinar las características de las energías renovables en
el mundo, debido a que “la finitud de las fuentes fósiles y su impacto al medio ambiente. La estructura
energética mundial es no sustentable y se requiere de un cambio de paradigma energético basado en la eficiencia energética y el uso de fuentes alternas como las energías renovables (ER). La demanda energética
mundial está en continuo aumento a un ritmo de crecimiento anual del 2.47%” (Estrada, 2013). Es así que
las acciones que han tomado diversos países para promoverlas de manera local y a través de la cooperación internacional son de importancia para analizar la situación actual y el futuro de las ER.
Durante las últimas décadas ha cobrado importancia significativa el interés por el medio ambiente, como resultado de una preocupación genuina sobre el estado que guarda el planeta, “los costos de
adaptación al cambio climático serán colosales: sugiere que para 2030, el mundo tendrá que gastar más
de 200,000 millones de euros anuales en medidas como construir barreras de defensa contra inundaciones, transportación de agua para agricultura y reconstrucción de infraestructura afectada por fenómenos
climáticos” (Parry et al. 2009)2.
Temas como medio ambiente, calentamiento global, efecto invernadero, contaminación son escuchados por los diversos medios informativos y estudiados desde cualquier ámbito relacionado con la ciencia
y la academia; incluso se han creado carreras universitarias como las de ingeniería ambiental, administración de la energía y desarrollo sustentable entre otras, las cuales buscan formar profesionistas e investigadores en la materia.
El clima depende de un gran número de factores que interactúan de manera
compleja. (…) Cuando un parámetro meteorológico como la precipitación o la
temperatura sale de su valor medio de muchos años, se habla de una anomalía
climática ocasionada por forzamientos internos, como inestabilidades en la atmósfera y/o el océano; o por forzamientos externos, como puede ser algún cambio en la intensidad de la radiación solar recibida o incluso cambios en las características del planeta (concentración de gases de efecto invernadero, cambios en
el uso de suelo, etc.) resultado de la actividad humana. (Magaña, 2004)
La importancia creciente de los problemas de seguridad energética y la cooperación internacional en
el sector de la energía ha fomentado los esfuerzos por concretar una energía sin fronteras, es decir, cooperación internacional en energías renovables y tecnología verde. Uno de los problemas más importantes a
los que se enfrentan tanto la comunidad internacional como el derecho internacional es la reconciliación
energética y ambiental. Los precios inestables, el calentamiento global, la dependencia de las importaciones de energía y los crecientes costos de producción hacen que sea necesario desarrollar nuevas fuentes de
energía. Las economías más importantes quieren salvaguardar su seguridad energética en tecnologías de
bajas emisiones. Entonces, una posible solución al problema del fortalecimiento de la seguridad energética internacional y el desarrollo sostenible es el uso de tecnologías verdes y fuentes de energía renovables.
Se requiere determinar qué puede hacer la comunidad internacional para materializar la idea de la solidaridad en el ámbito de la energía, las acciones que deberían tomarse para apoyar el desarrollo de fuentes
de energía renovables, los temas de las nuevas tecnologías energéticas; las fuentes de energía renovables,
incluida la energía eólica y los nuevos combustibles para el transporte. La seguridad energética y la cooperación internacional, nuevas políticas ambientales y tecnologías verdes; y un nuevo tema, la seguridad

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Traducción libre del autor

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y gobernanza energética.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO

Energías renovables en el mundo: energías eólica y solar
Sin bien la preocupación ha llevado a los gobiernos de los países y a las organizaciones de la sociedad
civil y organismos no gubernamentales a desarrollar mecanismos de cooperación y desarrollo internacional en materia ambiental, que buscan contrarrestar el fenómeno del calentamiento global, a esto también
se le puede sumar la reciente situación de la industria petrolera, cuyos precios han mostrado una caída
significativa en el último trienio, provocando una posible crisis energética de hidrocarburos global. “Este
contexto de declinación de las reservas del “petróleo fácil” es ya evidente. Muchos de los campos de
petróleo y gas del mundo están llegando a su madurez” (Estrada, 2013).
En general todos los países del mundo, ya sean desarrollados como Alemania, Estados Unidos y
Rusia; o los también llamados Small States como Dinamarca, Estonia e Islandia, y los países emergentes
como Brasil, China, Colombia y México necesitan para su desarrollo e inclusión en la arena internacional
desarrollar una infraestructura que incluya cada vez más a las energías modernas, debido a los altos consumos energéticos de sus poblaciones en la actualidad e inclusive como estrategia de seguridad energética
nacional y como parte de su política exterior y como medio de defensa ante el actual ambiente de seguridad internacional. Es por esta razón que “la instalación y uso de Fuentes No Convencionales de Energía
(FNCE), tales como la energía eólica y la fotovoltaica, al igual que todo proyecto que se ejecute en una
región, tienen asociados unos impactos ambientales, sociales y económicos que se deben evaluar con el
n de tomar decisiones tales como el lugar de ubicación del proyecto, el tamaño de la instalación, etc. Con
el fin de considerar todos los posibles impactos de un proyecto de este tipo se deben evaluar los impactos
en las 3 fases principales de su ejecución: construcción, operación y desmantelamiento” (Pasqualino et al.
2015).
De acuerdo a IEA, (2014) y REN21 (2014) citado en Beltrán Téllez et al. (2017):
El papel de la energía solar puede pasar de ser un margen pequeño de contribución, como se considera actualmente, a llegar a ser la más importante fuente
energética en el 2050, debido a que este tipo de energía tiene el potencial más
amplio de todo el portafolio de energías disponibles, con un 40 %.
La energía del viento o eólica, está basada indirectamente en la energía del sol.
Una pequeña proporción de la radiación solar recibida por la Tierra se convierte
en energía cinética. La causa principal es el desequilibrio entre la salida de
energía neta de altas latitudes y la entrada de energía neta a bajas latitudes. La
rotación de la Tierra, características geográficas y gradientes de temperatura,
afectan la localización y naturaleza del viento requiere que la energía cinética
se transforme en energía mecánica (movimiento de las aspas) y ésta en energía
eléctrica, a través de generadores, para que llegue a ser útil.
Para comprenderlo de una mejor manera, “el viento, que es el aire en movimiento, es causado principalmente por el efecto térmico en capas bajas de la atmósfera. En la capa próxima a la superficie terrestre,
hasta 15 km, llamada troposfera, el aire es calentado indirectamente por la radiación solar. Esta energía es
absorbida por la tierra e irradiada a la troposfera, que absorbe una parte. Las diferencias térmicas provocan, a su vez, diferencias de presión que originan la circulación de masas de aire facilitando el intercambio de calor entre el ecuador y los polos” Brizuela (2004).
Sin duda la energía solar en sus distintas formas (directa e indirecta) es la energía renovable más
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abundante, ya que puede aprovecharse desde la radiación solar directa o difusa hasta la energía eólica,
hidráulica y biomasa.
Existen diversas situaciones que han propiciado la búsqueda de nuevas fuentes de energía, de acuerdo
a Estrada (2013):
Entre los factores que han permitido el desarrollo de los mercados de las Fuentes Renovables de Energía (FRE), se pueden mencionar a los siguientes:
• El alza de los precios de los hidrocarburos que llegó a 139 USD por barril en junio del 2008 y que
podrían llegar a los 150 dólares por barril o más en los años venideros.
• El mercado mundial de emisiones de CO2 que está en 19 USD la tonelada y en el futuro podría
llegar hasta los 40 o 60 dólares la tonelada.
• Las políticas voluntarias de varios Estados (Unión Europea, Estados Unidos, China, India, Brasil)
más iniciativas locales que crean incentivos especiales para usar tecnologías FRE.
• El progreso acelerado que han tenido las tecnologías renovables.
•
Figura 1. Capacidad total de generación eléctrica mundial, 2007-2016 (MW)

Fuente: Secretaría de Energía (SENER), México.
Como se ha mencionado efectivamente muchos gobiernos de países se han inclinado por establecer
políticas públicas con el fin de proteger al medio ambiente, y esto ha generado un incremento en la participación de la capacidad instalada de energías renovables a nivel mundial.

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Figura 2. Participación de las energías renovables en la capacidad instalada mundial, 2007 y 2016

Fuente: Secretaría de Energía (SENER), México.
Cooperación internacional para el desarrollo de las energías renovables
La cooperación internacional en materia de combate al cambio climático en la actualidad y como
resultado de la preocupación por el medio ambiente ha propiciado la creación de mecanismos de cooperación internacional que buscan contrarrestar los efectos dañinos al medio ambiente, entre ellos el
Consejo Mundial de Energía y su programa para los futuros líderes, Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático, PIIC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el
Protocolo de Kioto y la Conferencia de las Partes de París en 2015, “cuyo objetivo es lograr un acuerdo
universal, jurídicamente vinculante, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de
limitar el aumento de la temperatura global del planeta a 2 °C respecto a los niveles preindustriales. La
Conferencia de París constituye la culminación de un largo proceso de negociación, arduo y difícil, para
renovar los compromisos asumidos por las Partes en 1997. Como en anteriores Conferencias, su conclusión exitosa requerirá grandes dosis de trabajo, paciencia y habilidad negociadora, puesto que el proceso
de negociación ha sufrido un desgaste importante a lo largo de estos años, especialmente desde 2009. La
situación ya no es la misma que llevó a finales de los noventa a subscribir de modo entusiasta el Protocolo
de Kioto. De hecho, desde su entrada en vigor, todo el proceso se encuentra lastrado por la falta de apoyo
y de confianza entre las Partes,4 especialmente de los actores principales en la escena internacional.”
(Campins, 2015)
Es importante mencionar que para poder continuar con las metas establecidas en diversos foros internacionales y al ritmo que se ha incrementado en las últimas décadas, es necesario seguir invirtiendo en
I+D+E+i+e, es decir, investigación y desarrollo, educación, e innovación y emprendimiento, ya que es a
través de la convergencia de estas, incluyendo la creación de empresas y empleos en el sector, generando
el desarrollo tecnológico y económico que propicia el crecimiento.
Beltrán Téllez et al. (2017) menciona que “en cuanto al desarrollo tecnológico, los 10 principales
fabricantes de turbinas, que capturaron el 73.2 % de ventas del mercado mundial en 2015, frente al 77 %
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en 2012, se distribuyeron de la siguiente manera: China (5), Europa (4), y EE. UU. (1). En el 2015, China
dominó el mercado con el 28 %, seguida por Dinamarca con 11.8 % y EE. UU. con un 9.5 % (REN21,
2015; REN21, 2016). En el 2015, la marca Goldwind obtuvo el primer lugar en ventas, con un 12.5 %,
Vestas el segundo con el 11.8 %, GE Wind el tercero y Siemens obtuvo el cuarto lugar (REN21, 2014;
REN21, 2015; REN21, 2016).”
La cooperación internacional, como ya se ha mencionado incluye no sólo la cooperación entre Estados, sino también entre organizaciones no gubernamentales (ONG´s), empresas, universidades, individuos y organizaciones internacionales, incluyendo las principales actividades de la población, tal como
menciona el Consejo Mundial de Energía (2014):
En colaboración con otras organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de
Comercio (OMC), el CME aspira a influir en los debates a nivel regional e internacional para
mejorar el acceso a los mercados y superar las barreras comerciales transnacionales a las que
se enfrentan los bienes y servicios energéticos. Las recomendaciones de nuestras Reglas para
el comercio ya han sido aprovechadas por los miembros del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico, quienes han acordado poner un límite del 5% a las tasas arancelarias para 54 tipos
de bienes “ecológicos”.
En este caso el comercio internacional afecta el cambio climático debido al consumo de energía
derivada de la transportación de insumos y mercancías, así como la emisión de CO2 por los medios de
transporte utilizados, y este proceso incluye la logística inversa, para reciclaje o por defectos en su producción, provocando un proceso extra en el que también se consume energía y se genera contaminación
por transporte y almacenaje.
Acciones que se han tomado en el mundo para promoverlas de manera local: los casos de Dinamarca,
España y Estonia
Aunque existen países en los que el fenómeno del cambio climático se ha tomado muy seriamente y
han mostrado grandes avances en la búsqueda, desarrollo y utilización de fuentes de energía renovables
como la eólica y la solar, también hay países que se han quedado rezagados o bien que aún se desconoce el potencial que tienen en esta materia, como es el caso de Rusia, que, “con poca experiencia rusa en
este sector, escaso conocimiento tecnológico sobre las energías renovables y estructuras inadecuadas del
mercado interno, el desarrollo de un sector nacional de bioenergía sólida no es nada fácil. Por lo tanto, los
desarrollos de pellets de madera del noroeste de Rusia no pueden remontarse a nuevas políticas federales,
solo en parte a la demanda local y la estimulación, y significativamente a los conductores extranjeros. La
gran demanda de la UE de pellets de madera y la intensificación de la colaboración con empresas extranjeras y organizaciones líderes en el campo de la investigación, la tecnología y el comercio de bioenergía
sólida han desencadenado estos desarrollos. Pero es un largo camino antes de que Rusia sea liberada de su
adicción a los combustibles fósiles, como reiteradamente prometieron los funcionarios gubernamentales”
(Pristupa y Mol, 2015).
El caso de Dinamarca.
Uno de los países líderes en la generación de energía eólica en el mundo es Dinamarca, de acuerdo a
la Asociación Danesa de la Industria Eólica (2014):
Una mirada rápida a los números lo dice todo: en Dinamarca, las turbinas eólicas son una parte
vital del sistema energético, ya que proporcionan alrededor del 39% de la electricidad danesa en
2014. En enero de 2014, las turbinas eólicas entregaron un promedio del 63% del consumo total.
Hoy, Dinamarca usa la mayor parte de la energía eólica por ciudadano en el mundo. El porcentaRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 6, Julio - Diciembre 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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je récord destaca la posición de Dinamarca como líder en la búsqueda del sistema energético más
renovable y competitivo en costos del futuro.
Dinamarca es un ejemplo en generación de energía eólica, además de ser uno de los pioneros en el
mundo, sigue buscando ser referencia en el sector, y se espera que para el 2022 la generación combinada
de energías renovables alcance el 70% de la energía danesa.
El caso de España
España es sin duda alguna uno de los países en el mundo en donde el desarrollo de energías renovables, principalmente la eólica y solar han tenido un éxito incomparable, ya que ha contribuido también a
la creación de empleos en un momento de crisis económica interna, y al ser también un país exportador de
generadores de energía eólica y paneles solares ha provocado el ingreso de divisas extranjeras.
Jiménez (2011) menciona que:
En relación a la meta de energías renovables, a mediados del año 2005 el gobierno español publicó el “Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-2010”, el cual buscaba revisar las
metas fijadas en el plan anterior (período 2000-2010), además de definir nuevas acciones para
alcanzar dichos objetivos. El objetivo principal era que a finales del 2010 las energías renovables
cubrieran el 12% del consumo primario energético, pero también se buscaba que estas energías
produjeran el 30,3% del consumo bruto de electricidad y proveyeran el 5,8% de la energía utilizada en el transporte.
Sin embargo, a pesar de este éxito, es preciso que se mantenga e incremente la capacidad española de
generación de energía eólica y solar para no quedar rezagada de los nuevos países que están invirtiendo
exitosamente en este tipo de energías.
El caso de Estonia.
La capacidad de generación de energía eólica en el Mar Báltico ha sido aprovechada por varios países
nórdicos como Noruega, Suecia, Finlandia y por supuesto Dinamarca cuyo caso ya se ha expuesto en este
trabajo de investigación. Sumado a ellos, los Países Bálticos, Lituania, Letonia y Estonia han iniciado
desde hace tiempo también sus respectivos proyectos de generación de energía eólica, siendo también
pioneros en la cooperación internacional en esta materia. De acuerdo al Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicación de la República de Estonia (2015), “se han establecido mecanismos de cooperación
acorde con la Directiva Europea (2009/28/EC, Art. 6-8), en el cual se establece que cualquier Estado
Miembro puede conjuntamente con otro colaborar para alcanzar sus propias metas de generación de energía renovable. Es decir que pueden solicitar a otro Estado Miembro que produzca energía renovable para
ellos financiándole las instalaciones ofreciendo como ventaja para el Estado productor mejorar en sus
estadísticas ambientales.” Menciona también lo siguiente:
• El objetivo de energía renovable de la UE 2020 para Estonia es del 25%.
• En 2006, la participación de la energía renovable en el consumo final bruto de energía de Estonia
fue del 16%.
• Hoy se espera que Estonia tenga un excedente de energía renovable hasta el año 2020 ya que la
participación de ER alcanzó el 25% ya en 2011.
• Experiencia y confianza en el comercio internacional de emisiones.
• Entre 2010-2011, más del 50% de las ventas de cuotas gubernamentales de CO2 (AAU) del excedente del mundo se han hecho por Estonia. Durante 2010-2013, las ventas de AAU-s por parte de
Estonia ascendieron a 392 millones de EUR.
• Impulsor pionero en la Implementación Conjunta (JI). Estonia ha implementado 12 proyectos
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exitosos en cooperación con Finlandia, Austria, Suecia y la Nordic Environment Finance Corporation.
• Se adoptará pronto una base jurídica para permitir las negociaciones de los mecanismos cooperativos de ER con otros Estados miembros de la Unión Europea.
• Ecofys: un consorcio creado por la Comisión Europea ha explorado la implementación práctica
de mecanismos de cooperación ER. De sus cinco estudios de caso, uno fue sobre la Transferencia
Estadística entre Estonia y Luxemburgo.
Con ello se han establecido ya diversas granjas eólicas en el territorio de Estonia, que goza de un litoral al Mar Báltico y una multitud de islas, muchas de ellas deshabitadas que sirven de sitio perfecto para
continuar con el ambicioso plan estonio en materia energética. Cabe mencionar que al ser Estonia un país
que en su historia reciente ha alcanzado un alto nivel tecnológico, gracias a sus políticas de promoción de
las nuevas tecnologías y fomento a la cultura del emprendimiento, en el cual incluso el acceso a internet
de alta velocidad es gratuito y establecido como un derecho ciudadano básico en su propia Constitución.
Entonces al ser un país interconectado resulta de importancia vital, y parte de su seguridad nacional
contar con un sistema de energía moderno, eficiente, seguro y autosuficiente, como es el caso de la energía eólica.
Figura 3. Energía eólica en Estonia: Granjas eólicas funcionando en el país.

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicación, República de Estonia
Contribución de las energías renovables y la cooperación internacional para el desarrollo: Proyecto
de la Agencia Islandesa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICEIDA, por sus siglas en
inglés), de saneamiento de agua en Malawi.
La cooperación internacional abarca no sólo el proceso de promoción, investigación y desarrollo de
energías renovables, sino también el desarrollo de comunidades vulnerables mediante la utilización de
fuentes de energía renovable, como es el caso del proyecto islandés de agua y saneamiento en el distrito
de Mangochi, Malawi:
Un proyecto que puede ser un pionero para proyectos similares en otras áreas en el futuro, ya
que afecta positivamente en la vida cotidiana local. En cooperación con el gobierno de Malawi,
ICEIDA gestiona un proyecto de agua y saneamiento en el lago Malawi en el distrito de Mangochi, Nankumba, con el principal objetivo de mejorar el acceso al agua potable y mejores instalaciones sanitarias para prevenir el estallido de enfermedades relacionadas con el agua como
el cólera. El sistema de agua en Mangochi está alimentado con energía solar, y existen grandes
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expectativas de que dichos sistemas en el África subsahariana rural se alimentarán de esa manera
(ICEDA, 2009).
El ejemplo de Islandia en materia de cooperación internacional para el desarrollo utilizando fuentes
de energía renovable, en este caso de energía solar, no solamente fomenta la creación de energía, sino
que a su vez ayuda a mejorar las condiciones de vida de la población de un país en desarrollo utilizando
la energía solar como instrumento para el saneamiento de agua, lo cual sirve de ejemplo para otros países
que buscan cooperar con otros en el desarrollo y utilización de energías renovables.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual del estado de la cooperación internacional para el
desarrollo de las energías renovables, particularmente la energía eólica y solar, se consultaron un total de
diecisiete referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que
fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos al estado
de la cooperación internacional para el desarrollo de las energías renovables, particularmente la energía
eólica y solar. Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento objeto de este
trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados
(Bascón et al, 2016, p. 39).
CONCLUSIONES
La tendencia mundial actual de energía verde y la inversión sustancial en tecnología de energía limpia
está proporcionando un rápido aumento en las oportunidades de cooperación internacional y de negocios
para los especialistas en la materia que incluye no solamente a los gobiernos de los distintos países del
mundo, sino también a organizaciones internacionales, investigadores, tecnólogos, científicos, operadores,
empresas productoras de equipos de generación de energía eólica y paneles solares, empresas especialistas en carga de proyectos que tienen las capacidades requeridas en la gestión de la cadena de suministro
de equipos de gran tamaño.
De acuerdo a Jiménez (2016), “el cambio climático es un tema de interés global y local. Para ser
analizado de manera holística es necesario su énfasis en la parte de la economía y su gobernanza que
implica consideraciones científicas y prácticas”. Es por esta razón que resulta primordial incrementar no
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sólo la cooperación internacional en sector de energías renovables, sino también la investigación científica
del mismo. Durante este trabajo de investigación se han encontrado dificultades por la poca información
confiable y actual sobre un tema que resulta de importancia relevante para el desarrollo sustentable del
mundo; se ha encontrado también que, si bien existen en el mundo diversos mecanismos de cooperación
internacional puestos en marcha desde la década de 1970 incluso, tales como redes temáticas, acciones
que incluyen I+D+E+i+e (Investigación, Desarrollo, Educación, Innovación y Emprendimiento) que
coadyuvan a la investigación y transferencia tecnológica y mejora de competitividad y colaboración entre
las empresas y países líderes en el sector de energías renovables, eólica y solar, primordialmente. Aún se
requiere de una mayor y más estrecha cooperación entre los distintos actores internacionales y nacionales
previamente mencionados para poder alcanzar las metas establecidas en los diversos foros internacionales, así como plantear retos todavía más ambiciosos como los que algunos países ya se han estado implementando, como son los casos de China, Dinamarca, Estonia, Estados Unidos, Islandia y México.
En este sentido se puede ver que en muchos países siguen mencionando las ER como una tarea
pendiente a futuro, y siguen basando su economía y desarrollo en fuentes energéticas no renovables, las
cuales se basan en modelos energéticos que pronto podrían ser obsoletos por el alto costo económico y
por su impacto negativo al medio ambiente.
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                    <text>Año. 3, No 5, Enero - Junio 2017. ISSN 2395-8448

�REVISTA POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA
REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
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POLÍTICA,
GLOBALIDAD Y
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Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor o
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Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, pp. 1-91,
ISSN 2395-8448

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SECRETERIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
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SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL
Dr. Gerardo Tamez González
Director Factultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones
Director Revista Políticas, Globalidad y Ciudadanía
Dr. Daniel Buquet Dr. Hernando Rojas
Universidad de la República, Uruguay University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos
Dr. Ismael Crespo Martínez Dr. José Manuel Sabucedo Cameselle
Universidad de Murcia, España Universidad de Santiago de Compostela, España
Dr. José Luis Dader García Dra. Katarzyna Krzywicka
Universidad Complutense de Madrid, España UMCS-Marie Curie Sklodowska University, Polonia
Dr. Manuel Alcántara Sáez Dr. Francisco Ganga Contreras
Universidad de Salamanca, España Universidad de los Lagos, Chile.

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�REVISTA POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA
REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
RELACIONES INTERNACIONALES
ISSN-23958448

EQUIPO EDITORIAL
Dr Benjamin Temkín Yedwab
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Dr Jorge Schiavon Uriegas
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Dra. Karla Valverde Viesca
Universidad Nacional Autónoma de México
Dra. Laura Medellín Mendoza
Universidad Autónoma de Nuevo León
Dr. Rafael Velázquez Flores
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Dr. Víctor López Villafañe
Universidad Autónoma de Zacatecas
Dr. Ricardo Uvalle Berrones
Universidad Nacional Autónoma de México

Coordinador / Coordinator: Dr. Luis Alberto Paz Pérez
Email: revista.politicas@uanl.edu.mx

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�REVISTA POLÍTICA, GLOBALIDAD Y CIUDADANÍA
REVISTA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
RELACIONES INTERNACIONALES
ISSN-23958448

Los derechos de copyright a la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía. Se autoriza la
reproducción siempre y cuando se tilice las citas y referencias de cada autor.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Campus Mederos. Praga &amp; Trieste. Col. Residencial Las Torres. CP 64930.
Edificio de postgrado de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
segundo piso, Oficina No. 1
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía
Tel: (52) - 8183294000 Ext 2280
Monterrey, Mexico

revista.politicas@uanl.mx
daniel.delagarzam@uanl.mx
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�Presentación

La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución dedicada a la formación integral
en los campos de las ciencias, las humanidades y la tecnología, la investigación científica y la
promoción del desarrollo cultural e ideológico de la sociedad, formando líderes y dirigentes con
responsabilidad ética, compromiso histórico y con el propósito de fortalecer la identidad regional,
nacional y latinoamericana. La revista digital Política, Ciudadanía y Globalidad, revista científica
de esta institución, se articula a todas las instancias de este proyecto.
Política, Ciudadanía y Globalidad circula semestralmente en presentación electrónica, y en
el sistema Open Access, desde enero de 2015. Busca convertirse en un medio insoslayable para
la publicación de artículos científicos, inéditos, y producto de una investigación en español e
inglés, de autores nacionales e internacionales los cuales ceden todos los derechos de publicación
al editor, sometiéndose los artículos a una evaluación de árbitros, bajo la modalidad doble ciego,
a fin de liderar un espacio de promoción del desarrollo científico, el aprendizaje y el desarrollo
desde la región Noreste de México.
Más en específico, es un instrumento para la socialización del conocimiento de las comunidades académicas que engloba la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
Autónoma de Nuevo León, y es un espacio para la reflexión y el debate crítico, propicio para la
construcción de conocimiento que redunde en el desarrollo académico, organizacional y social,
en el entorno local, nacional e internacional.
Política, Ciudadanía y Globalidad está dirigido a investigadores, estudiantes de educación
superior, funcionarios públicos, empresarios, gremios, y a toda la sociedad de conocimiento. A
través de esta revista científica, se divulga la producción intelectual y la investigación para el
desarrollo de la ciencia política, incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. El equipo de
colaboradores está comprometido con el fortalecimiento de los criterios de calidad científica, editorial, visibilidad e impacto en la comunidad científica, como respuesta a los nuevos lineamientos
del Modelo Redalyc.
Presentation
Our university, Universidad Autónoma de Nuevo León is an institution dedicated to promote
integral education in the fields of science, humanities and technology, scientific research and it
fosters cultural and ideological development of society. This institution is in charge of forming
responsible and ethical leaders who must have historical commitment and who must have the
purpose of strengthening the regional, national and Latin American identity. The digital magazine
Política, Ciudadanía y Globalidad, a scientific journal of this institution, links directly to all the
instances of this project.
Política, Ciudadanía y Globalidad, has circulated each semester on its electronic version in
Open Access system, since January 2015. It is trying to become a relevant medium in terms of
publishing scientific articles derived from research studies done, etiher in Spanish or English,
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�by national and international authors who give in the rights for the editor to publish them. These
articles go through an evaluation process, Double Blind Review, before they are selected to be
published in order to achieve the goal of promoting scientific development and learning in Northeastern Mexico.
It is also a tool for the socialization of the academic communities of The School of Political
Science and International Relations of our institution. Likewise, it is a space for reflection and critical debate in order to construct knowledge that will end up enriching academic, organizational
and social development in local, national and international contexts.
Política, Ciudadanía y Globalidad is aimed towards researchers, students, public officials,
businessmen, trade associations and the entire knowledge society. Intellectual production and
research done for politics development is disclosed in this scientific magazine. Contributor crew
is committed to the scientific, editorial, visibility and impact criteria enhancement, in response to
the new Redalyc Model guidelines.

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�Tabla de Contenido

Editorial...........................................................................................................................11
Inglés
La observación de segundo orden y el método funcional, una mirada de gran angular en sociología..............................................................................................................15
The second-order observation and functional method, a look of wide angle in sociology
Aldo Mauricio, Lara-Mendoza
Universidad Autónoma del Estado de México
Claudia Elisa, López-Miranda
Universidad Autónoma Metropolitana
Programa comedores comunitarios de la cruzada nacional contra el hambre. el
asunto de la participación ciudadana...........................................................................34
Community dining program of the national crusade against hunger. the issue of citizen
participation
Daniel, Campuzano-Martínez
Universidad Autónoma del Estado de México
La importancia de la profesionalización del servicio público. avances y retrocesos
en materia de profesionalización en el estado de nuevo león....................................44
The importance of professionalization of the public service. advances and setbacks in
professionalization in the state of nuevo león.
Xunaxhi Monserrat, Pineda-Rasgado
Universidad Autónoma del Estado de México
Análisis de la problemática de mortalidad materna en el estado de nuevo león en la
actualidad ......................................................................................................................57
Analysis of the maternal mortality problematic in nuevo león state nowadays
Gerardo, Tamez-González
Hannia Melissa Treviño Treviño
Universidad Autónoma de Nuevo León

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�10

Financiando esfuerzos contra el cambio climático en américa latina............................65
Afinancing efforts against climate change in latin america
Sandra, Guzmán
Mariana, Castillo
Alin, Moncada
Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)
Politica Editorial.............................................................................................................78
Publiching Policy.............................................................................................................85

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/7

�11
Editorial
La revista Política, Globalidad y Ciudadanía, revista académica editada por la Facultad de Relaciones
Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pretende consolidarse
como un espacio de convergencia en la que investigadores tanto de México, como del extranjero puedan
publicar los resultados de sus investigaciones y de esta manera coadyuvar a la consolidación de las ciencias
sociales. Adicional a esto, la revista tiene la misión de estar a la vanguardia en cuanto a las incipientes líneas
de investigación que en la actualidad contribuyen a buscar evolucionar la disciplina.
El volumen que el lector tiene en sus manos contiene temas tan relevantes para la vida pública internacional como lo es la discusión metodológica en la investigación, la participación ciudadana, el servicio
público, temas de emergencia social, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, las energías
renovables y el crecimiento sustentable. Lo que distingue las obras que se incluyen en esta edición, es precisamente que abordan temas de relevancia y de avanzada dentro del estudio general de la Ciencia Política.
Dentro del primer artículo, que se encuentra a cargo de los autores Aldo Mauricio Lara Mendoza y Claudia Elisa López Miranda, de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma
Metropolitana, respectivamente, se realiza una aportación importante en materia de discusión metodológica. A través de una exhaustiva revisión bibliográfica, los autores contribuyen a la comprensión y debate
sobre el método funcional del que Niklas Luhmann es uno de los principales exponentes.
En el caso de un análisis de políticas públicas, Daniel Campuzano-Martínez de la Universidad del Estado de México, realiza un estudio documental con el fin de constatar la eficacia de la aplicación del programa
de Comedores Comunitarios que correspondió a la estrategia de “Cruzada contra el hambre” que emprendió
el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este caso, se trata de un análisis necesario que sirve como muestra
de un ejercicio en el que la academia contribuye a evaluar los programas de gobierno y presentar algunas
observaciones puntuales en torno a aquello que fue objeto de estudio.
El tema de la profesionalización del servicio público es clave dentro del estudio de la Administración
Pública. Por esa razón, el artículo de Xunaxhi Monserrat Pineda Rasgado resulta relevante en cuanto realiza
un recorrido importante en torno al servicio profesional de carrera, tanto en el contexto global como en el
nacional, para terminar de aterrizar en lo que acontece en el Estado de Nuevo León. La obra cumple con
ofrecer una óptica amplia sobre las posibilidades y realidades concretas de los servidores públicos en uno
de los estados económicamente más prósperos de México.
La obra de Gerardo Tamez González y Hannia Melissa Treviño, reflexiona sobre la búsqueda universal
de la reducción de la mortalidad materna, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
y cómo se ha materializado en el Estado de Nuevo León. Resulta un ejercicio importante en cuanto a que
pone en perspectiva la respuesta institucional regional frente a desafíos que han generado consensos en el
terreno internacional.
El cambio climático por su parte ha ameritado incontables análisis en medios de comunicación, discusiones públicas por parte de expertos, como un tema en la agenda pública internacional de suma importancia. Es por ello por lo que la reflexión de Sandra Guzmán, Mariana Castillo y Alin Moncada, se vuelve
relevante, en cuanto a que reconoce que este es un problema que debe de abordarse de manera conjunta por
parte de la sociedad civil, el sector público y privado en su conjunto, siendo un esfuerzo transnacional que
requiere de acciones múltiples.

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/7

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Un abordaje necesario en cuanto a la materia de la responsabilidad de las empresas en la importante
cuestión de los derechos humanos es el que podemos identificar en la obra de Humberto Cantú Rivera,
quien se enfoca en el sector energético. Es un esfuerzo bien documentado que argumenta a favor de la
necesidad de que los estados nacionales protejan, ante todo, el bienestar de las personas por encima de los
intereses económicos que invierten en el sector.
Sobre el mismo sector estratégico en materia energética, Alejandro Castillo pondera en “Cooperación
internacional para el desarrollo de energías renovables: energía eólica y solar en el mundo”, reflexiona
sobre las posibilidades de estas energías. Es sin duda un tema relevante, en cuanto a que el desgaste de las
fuentes tradicionales de energías obliga a una discusión social, en torno al actual panorama y las necesidades de las energías renovables.
Finalmente, la edición cierra con un asunto fundamental para el cumplimiento de México de los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) en el plano internacional por parte de Katya Pérez Guzmán, Isela
Elizabeth Tellez León del International Institute for Applied Systems. En este artículo se realiza una introspección interesante de algunas medidas y cambios de paradigma que podría adoptar el Estado mexicano en
la ruta del desarrollo sustentable.
Como es posible identificar, son diversos los asuntos que aborda esta edición. Sin embargo, un elemento
en común es que se abordan algunas de las incipientes líneas de investigación que sin duda serán objeto de
un posterior y más profundo desarrollo por parte de la academia en varios contextos. En ese proceso, esta
aportación que realiza la revista Política, Globalidad y Ciudadanía, tiene la misión de contribuir a un debate
con pares de diferentes instituciones y cooperar a la construcción de una amplia bibliografía que contribuya
a la claridad, análisis y estudio de estos temas de suma relevancia para la sociedad.
Daniel Javier de la Garza Montemayor
Editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/7

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Editorial

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, academic magazine edited by the School of Political Science and International Relations from Universidad Autonoma de Nuevo Leon, intends to become a merging
place where researchers, not only from Mexico but also from overseas, can publish their research results,
so they can contribute to the social sciences consolidation. In addition to this, the magazine has the mission
to be at the forefront in terms of the early standards of research that nowadays contribute to pursue the
discipline evolution.
The volume that the reader has in his/her hands includes so relevant topics for the international public
life such as the methodological discussion in the research, the citizen participation, the public service, social emergency issues, the global warming and the care of the environment, the renewable energies and the
sustainable growth. What distinguishes the projects included in this edition is precisely that they address
significant and advanced issues within the general study of the Political Science.
In the first article, that is in hands of the authors Aldo Mauricio Lara Mendoza and Claudia Elisa López
Miranda from Universidad Autonoma del Estado de México and Universidad Autonoma Metropolitana,
respectively, there is an important contribution in terms of methodological discussion. Throughout a profound bibliographical revision, the authors contribute to the comprehension and debate from the functional
method from which Nicklas Luhmann is one of the main expositors.
In the case of a public policy analysis, Daniel Campuzano-Martinez from Universidad del Estado de
México, conducts a documental study with the purpose of proving the effectiveness from the Soup Kitchens
program application that corresponded to the National Crusade Against Hunger taken by the Enrique Peña
Nieto government. This case, deals with a necessary analysis that acts as a sample of a situation where the
academy contributes to evaluate the government programs and to present some prompt observations related
to what was the subject of study.
The public service professionalization issue is crucial in the Public Administration study. That is why,
the Xunaxhi Monserrat Pineda Rasgado’s article is relevant in respect of conducting an important path
related to the career professional service, not only from the global context but also from the national one,
concluding with Nuevo León. The work offers an expansive view about the possibilities and concrete realities of the public servers in one of the most economically successful states from Mexico.
The work of Gerardo Taméz González and Hannia Melissa Treviño, reflects about the universal searching of the maternal mortality reduction, as part of the Millennium Development Goals and how it has
been embodied in Nuevo León. It results an important practice because it puts into perspective the regional
institutional answer in the face of challenges that have generated general agreements in the international
field.
The climate change has merited countless analyses in terms of communication, public arguments from
experts, as a really important topic from the public international agenda. That is why, the observation from
Sandra Guzman, Mariana Castillo and Alin Moncada becomes relevant in terms of accepting that this is a
problem that must be addressed jointly by the civil society, the public and private sector in group, being a
multinational effort that requires multiple actions.
A necessary approach in terms of Corporate Responsibility related to the important issue of human rights is the one that we can identify in the Humberto Cantú Rivera’s work, who focuses on the energy sector.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/issue/view/7

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It is a very well documented effort that arguments in favor of the necessity that the national states protect,
primarily, the well-being of people above the economic interest that contribute in the sector.
About the same strategical sector in the energy field, Alejandro Castillo deliberates in “International
cooperation for the development of renewable energies: solar energy and wind power in the world”, reflects
about the possibilities from this energies. It is certainly a relevant topic, in respects that the deterioration of
the traditional energy sources forces a social argument, regarding the actual overview and the renewable
energies’ necessities.
Lastly, the edition closes with a fundamental issue about the Mexico’s achievement of the Sustainable
Development Goals in the international field by Katya Pérez Guzmán, Isela Elizabeth Téllez León from
International Institute for Applied Systems. in this article, an interesting introspection about some actions
and paradigm shifts that the Mexican state could adopt in the sustainable development path is made.
As it is possible to identify, there are diverse issues in this edition. However, a common element is that
some standard lines of research are addressed, which will be the aim of a later and profound development
from the academy in different contexts. In this process, that contribution that Revista Política, Globalidad y
Ciudadanía conducts, has the mission to contribute in a peer to peer debate from different institutions and to
cooperate in the elaboration of an ample bibliography which contributes to the clarity, analysis, and study
of those significant issues for the society.
Daniel Javier de la Garza Montemayor
Editor Revista Política, Globalidad y Ciudadanía

Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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La observación de segundo orden y el método funcional, una mirada de gran angular en
sociología
The second-order observation and functional method, a look of wide angle in sociology
Aldo Mauricio, Lara-Mendoza1
Universidad Autónoma del Estado de México
Claudia Elisa, López-Miranda2
Universidad Autónoma Metropolitana
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en mostrar evidencia de la
relación entre el método funcional y la observación de segundo orden. Se aplicó el método de análisis, con un enfoque
cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental
se encontró que: Luhmann trabajó a principios de los años 70 de forma más intensa en torno al método funcional. A
partir de los años 80 y hasta su muerte incorporó el cálculo de la forma de George Spencer Brown y la teoría de la second order cibernetics. Se concluye que a partir de los aportes teóricos de Luhmann y Spencer se reorganizó el método
funcional.
Palabras clave: Desparadojización, Equivalencia funcional, observación de segundo orden, método funcional.

ABSTRACT
This article is the product of a literature review, whose aim consisted in showing evidence of the relationship between the functional method and the second-order observation. The method of analysis was applied with a qualitative
approach, non-experimental design, under a documentary-literature cross sectional level. After the documentary review, it was found that: Luhmann worked intensively at the beginning of the 70’s, centering on the functional method.
Since the 80’s and until his last day, he integrated George Spencer Brown’s form of calculus and the second-order
cybernetics theory. It can be concluded that the functional method was reorganized from the theorical contributions of
Luhmann and Spencer.
Key words: De-Paradoxofication, Fuctional Equivalent, Second-order Observation, Fuctional Method.

Cómo referenciar este artículo:
Lara-Mendoza, A, &amp; López-Miranda, C. E. (2017). La observación de segundo orden y el método funcional, una mirada de gran angular en sociología. Política, Globalidad y Ciudadanía, 15-33.

Recibido: 02 de Julio 2016 - Aceptado: 05 de Septiembre 2016

1
2

Maestrante en Administración Pública y Gobierno en la Uaemex. aldomauriciolaramendoza@gmail.com
Doctorante en Sociología en la UAM. ely_lopezm@hotmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 15-33. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/33

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La observación de segundo orden y el método funcional...
1- INTRODUCCIÓN
Iniciaremos con una definición sucinta de método funcional (MF), el método funcional consiste en
relacionar varias causas que son funcionalmente equivalentes para producir el mismo efecto. El presente
texto tiene la intención de clarificar cómo se lleva a cabo este proceso y de responder cuál es el criterio de
selección de una causa para producir cierto efecto y con relación a qué función cumple dicho efecto.
Interesa, además, enfatizar la relevancia de este método para la investigación sociológica, pues, a pesar
de sus rendimientos, existe una serie de prejuicios en torno a él, que, como sostienen Marco Estrada y Edgar
Guerra (2012), se deriva, en gran medida, de las críticas a la Teoría Funcionalista Parsoniana.
Se piensa que, desde el método funcional, 1) el sistema social es concebido en términos de orden y
equilibrio, en este contexto, la estructura debe mantener una función (status quo); por tanto, 2) descuida el
cambio y el conflicto social y 3) no cuenta con actores sociales auténticos sino, únicamente, con portadores
de funciones sociales, a través del ejercicio de roles específicos (Estrada y Guerra, 2012: 265). A dichas
objeciones, se suman las corrientes críticas, cuya vocación política impide establecer un diálogo entre sus
propios marcos teóricos y otras propuestas como la autopoiesis (Maturana y Varela: 2003) o el método
funcional3.
Finalmente, nos parece sustancial agregar una quinta crítica, según la cual el MF no cumple con los
requerimientos mínimos de la ciencia y señalar que, justamente, uno de los objetivos del presente trabajo
es refutar los cinco prejuicios mencionados, que responden, por un lado, a la presión de la vocación política
y por otro, al desconocimiento de la propia lógica del método funcional. Para ello se pretende exponer,
brevemente, en qué consiste el método funcional, posteriormente, daremos cuenta en qué consiste la observación de segundo orden y, por último, haremos una relación entre el método funcional y la observación
de segundo orden.
2- FUNDAMEDAMENTO TEÓRICO
Método Funcional
A diferencia de los métodos de corte objetivista de la ciencia, cuya pretensión es encontrar causas fijas
a efectos ‘concretos’, el MF problematiza las condiciones de posibilidad de cualquier fenómeno social y
abstrae un criterio de referencia a partir del cual se buscan diversas soluciones. Estas soluciones, al momento de dirigirse a un mismo problema son equivalentes funcionalmente entre sí; en otras palabras, “hechos
sociales que exteriormente parecen distintos, pueden ser tratados como equivalentes funcionales” (Pintos,
1999:564).
Desde este punto de vista, no basta explicar las causas por los efectos que producen, se debe tener en
cuenta las razones a partir de las que los efectos se relacionan con la realización de la función de un sistema
social particular, que puede ser un sistema interaccional, organizacional, algún subsistema funcional de la
sociedad o un sistema de protesta (movimiento social).
Esta forma de atender los problemas se denomina funcional-estructuralista y no estructural-funcionalista. Es necesario plantear la función abstracta del sistema en un entorno o dentro de un sistema, así como
el problema (también abstracto) de referencia y la equivalencia entre las posibles soluciones del mismo.

3
“Mouffe, por ejemplo, ve en Luhmann, el arquetipo ejemplar de neo-conservador tecnócrata, quien desea
‘transformar problemas políticos en administrativos o técnicos’ y ‘restringir el campo democrático de decisiones a,
cada vez más, áreas bajo el control de supuestos expertos neutros’ (Mouffe, 1993, p. 48)” (Rasch, 1997: 112) [“Mouffe, for instance, sees in Luhmann the type of technocratic neo-conservative who wishes to ‘transform political problems into administrative and technical ones’ and ‘restrict the field of democratic decisions by turning more and more
areas over to the control of supposedly neutral experts’ (Mouffe, 1993, p. 48)”] Muchas veces la discusión teórica es
reemplazada por atribuciones morales del tipo; neo-conservador, de derecha, tecnócrata, pro-sistema, Schmittiano,
etc. Logrando, por mucho, un ‘diálogo’ que se puede continuar por vía de la polémica.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 15-33. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/33

�Lara-Mendoza, A &amp; López-Miranda,C
Desde un punto de vista funcional, en lugar de centrar la discusión sobre la existencia o no de las causas, por
ejemplo, de si realmente existe un ´ecocídio´ o si realmente hay un maltrato contra los perros, es necesario
observar que cada uno de estos temas cumple la misma función para un movimiento de protesta en relación
a la sociedad, a saber, de alarmar a la sociedad, lo que permite enlazar la protesta en la comunicación (Luhmann, 1998: 358-362)4.
Todo ello, en contraste con la imagen común en la Sociología, de funciones mecánicas subordinadas
al mantenimiento de estructuras o del status quo; en un contexto donde dichas estructuras son vistas como
causas y el mantenimiento del sistema como el fin de las funciones. En la lógica del método funcional,
“mantenimiento” tiene que ver con garantizar la reproducción de las operaciones, es decir, garantizar la
autopoiésis, a saber, la producción de una diferencia, la diferencia entre sistema/ entorno y no alguna estructura (Luhmann, 2007: 45).
El método funcional vincula posibilidades que en un momento se encontraban aisladas, al ponerlas en
estrecha relación con un problema de referencia, “el sentido del análisis funcional reside en la apertura de
un ámbito de comparación” (Luhmann, 1973: 19), permite poner en equivalencia procesos que en su carácter puramente concreto no tendrían forma de ser comparados.
Desde tal punto de vista los efectos aislados aparecen como equivalentes,
intercambibles entre sí, funcionales, mientras que como procesos concretos son
incomparablemente distintos. Una función es por lo tanto — […] de acuerdo con
la definición de Kant —‘la unidad de la acción de ordenar diversas ideas bajo otra
común’ (Luhmann, 1973: 21).
A partir de ello podemos reflexionar en torno a las relaciones entre nexos causales y preguntar por lo que
se ha dejado de lado en dichas construcciones. El observador tiene que preguntarse por lo no dicho, puesto
que “algo puede tener un efecto cuando está presente y cuando no está presente” (Arnold y Robles, 2000:
58). También es necesario enfatizar el carácter temporal de los elementos que se ponen en relación, ya que,
siempre que se habla de las construcciones causales es relación a un sistema y en relación a la reproducción
de sus elementos5.
El análisis funcional tampoco se preocupa por buscar generalizaciones, tan recurrentes en el pensamiento metafísico-ontológico. Las generalizaciones tienen por objetivo clasificar los objetos investigados, en
tanto y cuanto que Son. Desde este punto de vista no tiene sentido entonces buscar lo que no son, porque se
encontraría en la contextura de la Nada. El método funcional, en contraste, presupone “que algo puede ser y
también no ser” (Luhmann, 1973: 23, cursivas añadidas) El valor de la función, no está dada por sí misma,

4
Por ejemplo; “el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto no es sino la manera de proceder, del pensamiento para apropiarse lo concreto, para reproducirlo mentalmente como cosa concreta” (Marx, 1978:
269). Luhmann va más allá de Marx pues, con la herramienta del constructivismo operativo, se pregunta, además,
por las condiciones de posibilidad de la misma abstracción. Presupone un objeto de estudio complejo y precisamente
por eso, necesita de una teoría compleja para abordarlo (es decir, presupone que se trata de sistemas reales, que se
describen a sí mismos); “[...] Esto excluye un programa científico que intente explicar lo concreto, así como reducir
este programa, es decir, renunciar a múltiples detalles, conformarse con una comprensión aproximada de lo concreto,
porque el problema no sólo reside en la complejidad inaprensible de lo concreto, sino en su discontinuidad temporal.
Esta comprensión nos obliga a un cambio radical del programa científico. La pregunta central, entonces, ya no es:
¿cómo ha surgido este o aquel estado concreto? Más bien debe plantearse: ¿cómo es posible la abstracción?” (Luhmann, 1998: 266).
5
La situación es la misma cuando hablamos de un elemento como el enunciado que es parte de una formación discursiva. Esto se relaciona estrechamente con la definición funcional Foucultiana del enunciado; por su
“explicación funcional: un enunciado no es una unidad sino “una función que atraviesa el campo de estructuras y las
unidades posibles” (Foucault, 1972: 126 y 127)” (en Stäheli, 2008: 284) Para Foucault el análisis de la función enunciativa, consiste en estudiar al enunciado no a partir de “una relación específica que la concierne a ella misma, y no a
su causa, no a sus elementos” (Foucault, 2010: 117, cursivas añadidas) sino a través de la formación discursiva de la
cual forma parte y sirve.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 15-33. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/33

17

�18

La observación de segundo orden y el método funcional...
no es ninguna esencia, ya que la función por sí misma es pura abstracción.
Cuando la lógica trata proposiciones incompletas, por ejemplo, “... es azul” como
funciones sintácticas, ello no significa sino que de tal modo queda abier
t o
un ámbito de comparación limitado, constituido por determinadas posibili d a
des de completar lo que falta y convertir la oración en una verdadera declaración.
“El cielo”, “mi automóvil”, “una violeta” son posibilidades de complemen
to equivalentes a esta función. La función pura es pues una abstracción. No da
ningún sentido sintáctico acabado (Luhmann, 1973: 20 y 21).
Más al ponerla en relación a una determinada formulación teórica, es posible restringir las posibilidades
a las opciones que se abren, en consecuencia, los resultados se logran estructurar. El valor del MF depende
de la definición precisa del punto de referencia funcional y al revés, “dicha definición tiene la misión de
constituir el ámbito de equivalencia y sólo es justificable a través de esa capacidad de ordenamiento” (Luhmann, 1973: 21). De esta forma, el método funcional tiene una relación autológica con los presupuestos que
evoca y lo justifican. Por un lado, el valor del mismo depende de las relaciones que despliega con referencia
a la misma función que enuncia y por el otro, el análisis funcional prueba su pretensión de veracidad al
compararse a sí misma con las funciones que designa en los objetos que busca aprehender.
El método funcional busca sustituir un funcionalismo de la ciencia causal, por un funcionalismo de las
equivalencias (Luhmann, 1973: 23). El funcionalismo no busca justificar algún tipo de efecto y después
encontrar una respectiva causa legítima que garantice la producción de tal efecto. Antes bien, la referencia a un tipo de efecto particular debe servir de estímulo para comparar y equiparar determinados hechos
causales6. Pues el criterio aceptable está dado por motivos prácticos o teóricos que constituyan el foco de
interés, que el método funcional “utiliza como punto de partida constante para el problema de la relación
causal equivalente” (Luhmann, 1973: 26).
De la misma forma, pueden existir causas que se consideren problemáticas, por lo cual se justifica como
criterio de referencia para compararlo con otras posibilidades, es decir con otras causas. Por ejemplo, si
para tomar una foto se requiere de la luz del sol, se puede buscar una lámpara que cumpla la misma función, es decir, provocar una causa similar (luz) para producir un efecto equivalente (iluminar) sin tener que
esperar la salida del sol.
Otro ejemplo de corte más sociológico, expuesto por Estrada Saavedra (2010: 432-434), son los diversos proyectos con miras a una formación hegemónica, por los que las comunidades indígenas modificaron
su organización autopoética. Tanto la constitución del ejido como forma de producción de la vida social
principalmente durante el Cardenismo, la civitas christi, instaurada por los catequistas de la diócesis de San
Cristóbal, así como el intento de instaurar una mini república de masas en los ejidos con poder popular por
parte de líderes maoístas y finalmente, la constitución de las comunidades indígenas como comunidades
armadas rebeldes (bases de apoyo del EZLN), más que ser vistos como proyectos equivalentes para la liberación, pueden ser asumidos como equivalentes funcionales para la instauración de un orden social.
Hasta este punto, debe quedar claro que el método funcional no es solo una forma causal entre otras7.
6
“La función no es ningún efecto a producir, sino un esquema lógico regulador, que organiza un ámbito de
comparación de efectos equivalentes. Caracteriza una posición especial a partir de la cual pueden ser comprendidas
en un aspecto unitario diversas posibilidades.” (Luhmann, 1973: 20) Nosotros podríamos agregar que la función es
una distinción, que busca a su vez tratar de ser la forma más clara de complejizar su objeto de estudio, a los sistemas.
Explicaremos posteriormente en qué consiste la observación a partir de una distinción cuando hablemos de observación de primer y segundo orden.
7
“La metafísica de Aristóteles [...] distingue cuatro casos de causación: la formal, la material, la eficiente y la
final. Todos estos casos siguen el mismo esquema inferencial, en el cual un efecto está ligado a una causa a través de
una regla de transformación. Sin embargo, en el caso de la causa eficiente, la regla de transformación es usualmente
interpretada como una “ley de la naturaleza”, con la causa precediendo al efecto, y en el caso de la causa final, la
secuencia temporal de causa y efecto se invierte: una acción ahora es causada por una meta en el futuro —un propóRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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En este caso, la relación de subordinación se invierte, la causalidad es un “caso especial de la aplicación de
categorías funcionales” (Luhmann, 1973: 10, cursivas nuestras). Esto se debe, entre otras razones, a que el
funcionalismo parte de una concepción del mundo como horizonte último, es decir, como aquel entramado
de remisiones irrebasable. Desde esta perspectiva el horizonte ya no es el mundo como estado objetivo
donde todas las cosas se encuentran relacionadas a partir de su diferencia con el Ser y en armonía con éste.
En tanto que el “Universo es, lógicamente hablando, ‘mono-contextural’. Todo ahí, pertenece a la contextura universal del Ser objetivo. Y lo que no pertenece a él, es solo la nada” (Günther, 1973: 3)8.
Tampoco es aquel cosmos, ni universitas rerum donde la totalidad se relaciona a través de la naturaleza.
Si se opta por tomar en cuenta la relación entre las causas y sus posibles sustituciones funcionales, resulta
que “ya no es posible interpretar la causa y el efecto como determinados estados del ser y verificar la causalidad como relación invariable entre una causa y un efecto. No resulta posible justificar la exclusión de
todas las otras causas y efectos” (Luhmann, 1973: 25)9.
La principal consecuencia de lo anterior es la imposibilidad de la ciencia de poder verificar todas las
demás causas que podrían influenciar y producir el mismo efecto, pues al limitar el mecanismo causal a
explicar un efecto a partir de una sola causa, la comprobación de “la exclusión de todos los otros factores
causales no puede ser realizada efectivamente” (Luhmann, 1973: 25 y 26). Y en este punto no se puede
llevar a cabo el famoso principio de falsabilidad de Popper. Pues la relación entre una causa y su efecto no
es considerada de forma óntica, sino con relación a su riqueza problemática. El caso de que ‘A’ sea capaz de
influir ‘B’ carece de sentido dentro del análisis funcional. Ya que de lo que se trata es de buscar si “A, C, D,
E son funcionalmente equivalentes en su propiedad de influir a B” (Luhmann, 1973: 39) .
Es por esto que, para Luhmann, no existe, ni tampoco es necesario buscar, un fundamento de la reproducción de un sistema a partir de la invariabilidad de causas y efectos, el análisis funcional no procede a
partir de la exclusión de todas las otras causas posibles y la designación de una, sino de la:
Inclusión. Porque no interpreta la permanencia de un sistema en términos de constantes […] relaciones entre causas y efectos. Su tarea es más bien descubrir rendimientos que son equivalentes en su función de resolver problemas particulares
de los sistemas. En este caso los rendimientos no necesitan tener algo en común
excepto, por su puesto, su función de resolver problemas del sistema10 (Bednarz,
1984: 358).
Muchas veces se interpreta el análisis funcional como definición entre constantes y variables, cuando las
mismas constantes y variables se deben buscar en los propios sistemas sociales11, o como una relación entre

sito— siendo el agente impulsor el deseo o la obediencia. La causa finalis parecería ser en la metafísica de Aristóteles
el verdadero primer principio: “Todo sirve a un propósito” (Von Foerster, 1991: 95-96).
8
Universe is, logically speaking, “mono-contextural”. Everything there is belongs to the universal contexture of objective Being. And what does not belong to it is just Nothingness.
9
Básicamente el mismo argumento es usado por Bednarz, “En el lenguaje de la causa y el efecto, esto
significa que una función no es cumplida cuando se descubre que A causa a B sino cuando se descubre que A, C, D
etc. son equivalentes en su capacidad de causar a B.” (Bednarz, 1984: 349) [In the language of cause and effect this
means that a function is not fulfilled when one discovers that A causes B but when one discovers that A,C,D, etc. are
equivalent in their ability to cause B]
10
[inclusion because it does not interpret the permanence of a system in terms of constant (invariant) relations between causes and effects. Its task is rather to discover performances which are equivalent in their function of
solving particular system problems. In this case the performances need have nothing in common except, of course,
their function of solving system-problems]
11
De hecho así proceden aún muchas investigaciones, manejando variables y constantes de forma arbitraria,
más bien, el analista funcional debe observar las constantes y variables que de hecho ya imponen cada sistema social.
Así por ejemplo una organización incluye a un número de miembros y excluye a los que no lo son y esto lo hace
independientemente si un cientista social decide investigar sólo un número arbitrario de estos miembros, en este caso,
el cientista debe correlacionar sus variables y constantes con los límites que se impone la propia organización y no de
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diversos componentes interactuantes estáticos, o como una serie de reglas a seguir y como un catálogo de
funciones privilegiadas que se deben cumplir12.
Existe una estrecha relación entre el método funcional y la fenomenología Husserliana, pues ambos
conciben al mundo como horizonte último de posibilidades que se diferencian y se reproducen constantemente en la actualidad operacional del sistema.
En escritos posteriores a los 80s, Luhmann se da a la tarea de incorporar los aportes de la fenomenología trascendental husserliana a la teoría de sistemas. El método funcional, por ejemplo, se relaciona con
el concepto de sentido, en tanto que buscar ordenar una serie de alternativas (posibilidades que se buscan
actualizar) a un problema de referencia. Sin que, de cualquier forma se busque determinar todo lo posible,
dado que la remisión a más posibilidades siempre es posible.
En la contingencia y la remisión a otras posibilidades se puede observar, con claridad, la relación entre
el sentido y el análisis funcional, “el método funcional comparativo y la presentación del concepto de las
posibilidades problemáticas de Husserl […] interpretan las alternativas como posibilidades determinadas
de solución para un problema”13 (Bednarz, 1984: 354).
Finalmente, no hay que perder de vista, que el método funcional requiere de un marco teórico sistémico
que le faculte para formular los problemas teóricos que servirán como criterios funcionales de referencia.
La ganancia se obtiene de la riqueza teórica en la comparación entre rasgos estructurales entre sistemas
de diverso tipo (como las organizaciones, sistemas interaccionales, sistemas funcionales, movimientos de
protesta). Sin un marco teórico sólido el método funcional “operaría, por decirlo así, en un vacío” (Bednarz,
1984: 26)14. El potencial del análisis funcional va de la mano con el potencial y la relación que existe entre
éste y la diferenciación sistema/ entorno de la teoría de sistemas.
En este sentido, es necesario distinguir entre referencia funcional y sistemas sociales como objetos de
investigación (Luhmann, 1973: 47), con el uso del método funcional no se buscarán “problemas a secas,
sino problemas para un sistema” (Galindo, 2008: 59). Los aportes de la teoría de sistemas dan pie a “superar los problemas derivados del relativismo implicado en la búsqueda de problemas” (Galindo, 2008: 59).
Operación de observación
Para esclarecer la relación entre el método funcional y la observación de segundo orden, es necesario
aclarar en qué consiste la operación de la observación15. Una observación es hecha por un observador cuando este distingue algo de todo lo demás16. Cuando el observador puede sacar algo del unmarked space del

manera arbitraria.
12
De esta forma describe Bobbio el análisis estructural-funcionalista de un sistema: “Con ‘sintaxis sistémica’
nos referimos en cambio al conjunto de tales reglas, o sea al ‘modelo’ resultante de las varias ‘funciones’ que regulan
la interacción de las partes que componen un sistema. Es a través de este concepto que nace el verdadero y propio
‘sistema observante’ la armazón-hipótesis que produce los instrumentos aptos para la búsqueda de las relaciones políticas empíricas que constituyen los s. [sistemas] Políticos ‘reales’” (Bobbio, 1998: 25). Está de más mencionar que
Bobbio entiende a los sistemas como reales/ analíticos, un prejuicio ontológico común.
13
[the comparative functional method and Husserl’s presentation of the concept of problematic possibilities
now becomes clear. Both interpret alternatives as definite possibilities of solution to a problem]
14
[would operate, as it were, in a theoretical vacuum if it was not supplemented by a theory of social systems
which would “concretize”, “...the class of functionally equivalent alternatives... so that explanations or predictions
become possible]
15
“denominemos la reproducción de los elementos acontecibles como operación. Siempre que se hable, en lo
sucesivo, de las «operaciones» de un sistema, nos referiremos a esto” (Luhmann, 1998: 68).
16
Hay que ser cuidadosos con el término “observador”, pues se utiliza dicho concepto, a diferencia de “persona”, “sujeto”, “individuo”, etc. precisamente para no reducir el alcance del mismo, pues se suele pensar en “seres
humanos”. Cuando hablamos de observador nos podemos referir entonces a; un sistema psíquico, un organismo vivo,
una célula, el sistema nervioso, una organización, una maquina inteligente (computadora), un movimiento de protesta, un sistema social, entre otros. Un observador es entonces a todo aquél al que se le pueda atribuir una observación
observable con la excepción de Dios “el diablo como observador de Dios ya no lo está; y mucho menos aún sus
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mundo17. La forma de la observación consiste en la distinción entre indicar/ distinguir. La forma entonces
tiene dos lados, el lado que se marca y el otro lado, del cual se distingue cuando se indica. Aquí la forma
de la observación, del indicar distinguiendo, parece algo simple18, incluso trivial. No obstante, el asunto se
vuelve sumamente complejo (no trivial) cuando observamos cómo funciona la operación de la observación.
La complejidad radica en el ejercicio de observar cómo observa el observador que observa a otro observador (observación de tercer orden).
Se toma por dado que “no podemos hacer una indicación sin dibujar una distinción”19 (Spencer, 1979:
01). Cada vez que hacemos una indicación, cada vez que nombramos algo como algo, la distinción marca
una diferencia en términos operativos, podemos pensar que se trata de dos operaciones. ¿Por qué puede
parecernos que se trata de dos operaciones? En un principio, una operación es la de indicar (se indica algo),
a pesar de que ese algo indicado, crea un límite que en el momento de ser creado es invisible para el observador. Ese límite es el que separa la indicación de lo distinguido. La operación de distinguir puede ser vista
como una no-operación simultanea inobservable que se ejerce forzosamente a espaldas del observador, en
sentido estricto es una no-operación (dado que no se puede estar en los dos lados, sino solo en uno, el otro
lado más bien se presupone). Podemos decir que no se puede empezar con la indicación sin antes haber
distinguido.
A esto se refiere Luhmann con respecto a los rames de toda distinción en la cual se trazan dos límites,
el límite interior del marco, ‘esto es’ y el límite del mismo marco que excluye, ‘esto es, no es esto otro’
(Luhmann, 1995: 44). La forma de dos lados no aparece en ninguno de los lados, empero, un observador
puede tratar de designarla. Cuando busca observar los dos lados el observador se ve castigado por la paradoja20. Incluso (y con mayor razón) cuando la dirige a su propia observación, cuando se índica a sí misma:
es verdad que soy un mentiroso.
El carácter autorreferencial del enunciado al referirse a sí mismo, hace de él una paradoja, pues si miento digo la verdad y si digo la verdad miento. Consecuentemente el acto de observar se tiene que dirigir a
otra cosa que no sea así misma. Por lo tanto, la distinción no aparece en ninguno de los dos lados, siempre
se oculta, permanece latente; “si observar es distinguir, entonces la distinción no es observable; pues no
puede ser indicada ni como un lado de la distinción ni como el otro” (Luhmann, 1999: 129). Aunque claro,
se puede utilizar una metaforma y distinguir distinciones (Luhmann 2007: 43 y 294). Por ejemplo, se puede
distinguir un amor verdadero (a diferencia del falso) de una decisión política legítima (y no ilegítima), pero
en este caso, sólo se repite el problema.
El observador en su operación de indicación no puede distinguirse a sí mismo al mismo tiempo. Consecuentemente “el observador es el parásito de su observación” (Luhmann, 1999: 129). La observación es
entonces la primera diferencia que es distinguida por otro observador, que a su vez se vuelve la primera
diferencia para otro, esto da como rendimiento un cálculo; “es decir una secuencia de indicaciones que, al
ser cumplidas, dan determinados resultados que, para cada observador del observador, si cumple con las
mismas indicaciones, serán los mismos resultados” (Luhmann, 1996: 59).
Ello podría malentenderse, pensar que apunta a interpretaciones de base intersubjetiva, sin embargo,
la cuestión es más complicada. No sólo se trata de la realidad de los objetos en el mundo constatada por

competidores, los teólogos” (Luhmann, 1999: 64) Y aquél cuya observación se le pueda distinguir de otras, es decir,
que su observación sea observable.
17
La misma opinión de la operación de la distinción es defendida por Maturana y Varela: “El acto de señalar
cualquier ente, cosa o unidad, está amarrado a que uno realice un acto de distinción que separa a lo señalado como
distinto de un fondo” (Maturana y Varela, 2003b: 24).
18
Se trata de una estructura compleja que no es observable, más que teóricamente, pues en el mundo cotidiano no es necesario darse cuenta del asunto. Por ejemplo, cuando se dice; ‘el té, aún no está caliente.’ ya se distinguió
entre té de café, refresco etc., también lo caliente de lo frío, así como servir ahora de tener que esperar para servirlo.
19
[we cannot make an indication without drawing a distinction].
20
Para un trato de la paradoja de forma más exhaustiva ver el apartado ‘Paradoja y política de la desparadojización’[QUÉ TEXTO, DÓNDE, QUÉ AÑO]
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un ‘yo’ y por un ‘otro yo’. No se trata entonces solo de la capacidad operativa de la distinción utilizada
por los observadores y su correspondencia o no correspondencia entre sus indicaciones. Dos observadores
si utilizan la misma distinción (viz, azul/ no azul) pueden constatar que el cielo es azul. Sin embargo, el
principal “problema reside en la relación que las dos versiones de subjetividad tienen […] aunque cada uno
de nosotros desde su propio punto de vista es el Yo subjetivo y cualquier otro sujeto es un Tú objetivo, la
situación es revertida desde el punto de vista de cualquier Tú”21 (Günther, 1979:7).
Además del problema anterior, una de las principales razones por las que no podemos suponer una realidad intersubjetivamente consensuada o no consensuada sobre el mundo, se debe a que primeramente, la
forma de sujeto/ objeto no permite que el sujeto se observe como un objeto de su propia observación. Dicho
en otras palabras, no permite que el sujeto se vea en su observación como aquel residuo ineliminable de su
observación, aunque solamente lo pueda hacer posteriormente. No existe una respuesta satisfactoria desde
el paradigma del sujeto a esta cuestión22.
Parte del problema recae “en […] el modelo clásico de pensar con una concomitante ontología monocontextual que no ofrece ningún lugar para el observador”23 (Günther, 1973: 4). El problema del sujeto,
como mencionamos, no es solamente que la realidad intersubjetivamente construida no se pueda sostener
en el paradigma de la conciencia24, sino igualmente sus lastres ontológico-teóricos y su asimetrización de
la forma sujeto/ objeto que sólo permite la reflexión de uno de sus lados, a saber, del lado del sujeto. El
sujeto es el único que puede conocer al mundo. No tiene entonces la forma de explicar la relación entre el
‘Yo’ y el ‘otro Yo’ y el papel de intercambio que constantemente se realiza25. Incluso en la autoobservación:
el Yo subjetivo de las formas cognitivas puede confrontarse con cualquier otro Yo
en una relación de intercambio. O, para hablar en términos más abstractos de un
algoritmo: lo que es una relación (que significa un relator) debe volverse ahora
un relato y lo que era previamente un relato debe elevarse a la posición de relator
(Günther, 1979: 20)26
Lo que lo subordina constantemente a suponer una versión unidireccional, unilateral y parcial de la ‘realidad’, es decir, a una construcción intersubjetiva del mundo. Igualmente hay que tener en cuenta (y aquí se
esconde la relación entre autorreferencia y heterorreferencia, que es un producto secundario de la diferencia
entre sistema/ entorno) que en cualquier operación de observación se encuentra otra distinción (claro, esto

21
[problem lies in the relation both versions of subjectivity have [...] Although everyone of us from his
own viewpoint is the subjective Ego and any other subject is an objective Thou the situation is reversed from the
viewpoint of any Thou.]
22
Aunque claro, se puede recurrir a una solución trascendental, en versión kantiana o neokantiana.
23
[in the history of logic and of epistemology that the classic pattern of thinking with its concomitant mono-contextural ontology offered no place for the observer]
24
Por ejemplo Habermas da una salida a través del lenguaje. Así menciona que “un pasaje del paradigma de
la filosofía de la conciencia o el paradigma de la filosofía del lenguaje consiste en un corte de la misma profundidad.
A partir de este momento, los signos lingüísticos, que sirven sólo como instrumentos o equipo de las representaciones, adquieren, como reino intermediario dos significados lingüísticos, […] Las relaciones entre lenguaje y mundo,
entre proposiciones y estados de cosas, remplazan las relaciones sujeto-objeto” (Habermas, 1990:15) [A passagem
do paradigma da filosofia da consciência para o paradigma da filosofia da linguagem constitui um corte de igual profundidade. A partir deste momento, os sinais lingüísticos, que serviam apenas como instrumento e equipamento das
representações, adquirem, como reino intermediário dos significados lingüísticos, (...) As relações entre linguagem e
mundo, entre proposição e estados de coisas, substituem as relações sujeito-objeto]
25
Esto no hay que confundirlo con el intercambio de roles por ejemplo, en un sistema interaccional entre
espectador/ actor. Pues en este caso se trata de una condicionalización interna asimétrica que tiene otros fines según el
problema de referencia y sistema de referencia. Nosotros hablamos en este punto de un problema del conocimiento.
26
[the subjective Ego of cognizance forms with any other Ego it may confront an exchange relation. Or, to
speak in the more abstract terms of an algorithm: what is a relationship (which means a relator) may now become a
relatum and what was previously the relatum may now be elevated to the position of a relator]
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solo puede ser visto, cuando un observador observa la forma de la operación del observar utilizando dicha
diferencia: referencia interna/externa, pero no antes ni después). Así “La referencia (lo que designa una
observación), ciertamente tiene que ser distinta de la operación que refiere; pero esta distinción debe entenderse de manera puramente funcional […] que caracteriza únicamente la correspondiente operación de la
observación” (Luhmann, 1996: 60). Esto es así, porque cualquier operación de observación tiene un carácter autorreferencial. Inclusive se encuentra implícito cuando un sistema se refiere sobre algo del entorno, es
decir, cuando se trata de una operación (interna) heterorreferencial27. Puesto que toda operación es interna,
el sistema no puede utilizar sus operaciones para tener un contacto con en el entorno. No puede superar
su diferencia entre sistema/ entorno. De aquí que sea muy distinto decir, que un sistema (como el sistema
sociedad) no puede entablar relaciones directas con el entorno, pero si puede comunicar sobre el entorno.
Asimismo, la relación entre la operación/ observación, es una relación de complementariedad, no es
ninguna relación causal, en tanto que no podemos decir que la operación es la causa y la observación el
efecto (Luhmann, 1996: 61). La operación es ciega, pues el observador no puede saber si su observación al
mismo tiempo, por ejemplo, es verdadera o falsa. Esto depende de una observación posterior que se dirija a
la anterior para la que vale lo mismo28. La “distinción de la frase ‘A es’ y ‘Es verdad que A es’, sólo puede
ser llevada al cabo mediante una observación de la operación del conocimiento, mediante una observación
del observar, en la que la primera observación ‘A es’, se distingue de las demás” (Luhmann, 1999: 76).
Por esta razón, los errores y las falsedades tienen la misma realidad operativa que los aciertos y verdades29, en tanto que indicaron algo, no podían saber al mismo tiempo si su oración era acertada o verdadera,
para hacerlo se necesitaba una observación posterior que se dirija a su observación para saberlo.

27
Por ejemplo, un Estado sistema político puede distinguir entre su forma de operar de la de una organización
de su entorno como una ONG, entretanto no se confunden sus decisiones políticas con los comunicados de dicha
organización. Puede entonces el Estado distinguir entre las comunicaciones políticas (autorreferencia) y la ONG
como tema (heterorreferencia). Además no hay que perder de visión que la distinción auto/ heterorreferencia, es una
construcción interna del sistema. Se lleva a cabo por operaciones internas del sistema. Por lo que la distinción “(contacto-con-el-entorno / heterorreferencia-capaz-de-enlace-sólo-interna)” (Luhmann, 2007: 66-67) no es posible. Y el
observador que lo hace, lo hace con observaciones que son operaciones internas que pertenecen a un sistema.
28
“Cuando un observador opera con la distinción verdadero/falso, él no puede, al mismo tiempo, distinguir si
esa operación asimismo es verdadera o falsa” (Luhmann, 1999: 76).
29
Aquí podemos distinguir entre realidad/ objetividad. La realidad “está dada con la realización de la
operación” De cualquier forma “no es posible sacar conclusiones de la realidad a partir de la realización operativa
de las observaciones, con respecto a su objetividad. Dicho de otra manera, la realidad de la observación no surge
de una extensión hacia un mundo que exista independiente del observador” (Luhmann, 1996:62). A menos que una
comunidad de observadores cometan el mismo ‘error’ (operacionalmente interno) de suponer una realidad que existe
independientemente de ellos. Lo que nos permite constatar la operación y por tanto la realidad es la forma de “lo que
sucede a diferencia de lo que no sucede. Utiliza esta diferencia consigo mismo para observar algo que no es la operación misma” (Luhmann, 1996:64). Ya mencionamos que si la observación se dirigiera a sí misma al mismo tiempo,
caería en una paradoja. Lo que conduciría al observador observar su propia imposibilidad que la hace posible. O sea,
tampoco la observación cuando observa un objeto puede observarse con la diferencia de lo que sucede/ no sucede. Ni
puede observar al mismo tiempo el objeto que observa a diferencia de otros objetos. Estas observaciones son post-racionalizaciones. Productos de un observador de segundo orden. No disponibles en la simultaneidad, que precisamente
el carácter de simultaneo significa que es in-influenciable. Además no es que la observación después cuando se dirige
a una observación antes echa, pueda decir algo sobre la objetividad de la misma. Esto nunca lo puede hacer un observador, pues en su operar ninguna observación, ni la de segundo orden puede suponer que exista una realidad objetiva
y otra ilusoria. Por ejemplo, hay un experimento que practica Maturana sobre una salamandra rotándole el ojo 180°
grados. La salamandra entonces cuando se le pone un gusano enfrente reacciona con 180° de ‘desviación’ (desviación
para un observador que distingue a la salamandra de su entorno, la salamandra misma no usa esta distinción). La pregunta es sí la salamandra aprendería a corregir su puntería. Sin embargo ya la misma manera de formular la pregunta
es auto-engañadora para el biólogo que se la formula. Entonces podíamos decir que la salamandra “se equivoca, (...)
está apuntando a un gusano ilusorio: (...) está confundiendo ilusión con realidad” pero la misma distinción ilusión/
realidad es en sí misma ilusoria. Lo que pasaba era que “el cerebro de la salamandra en su operar no se equivoca,
hace lo único que puede hacer y en su operar no tiene sentido (...) [la] equivocación. La salamandra no tiene cómo
distinguir en su experiencia visual entre gusano real y uno ilusorio, y nosotros tampoco” (Maturana, 2009: 187).
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Es por estas razones que cualquier observación incluso la de segundo orden obra de forma acrítica, ingenua y ciega con respecto a su propia referencia, pues no la puede distinguir. En el momento en que indica,
presupone su referencia. Cualquier intento por buscar fundamentar la forma de la distinción en la unidad
de una identidad, cae en otra distinción30. Aunado a esto, el observador no puede observar ni el principio
ni el final de su observación. Para lograr tal fin necesitaría de una observación posterior que le permitiera
distinguir entre el comienzo y el final de su observación: “ a no ser que emplee otra distinción distinta a
aquella con la que ha empezado y distinta a la que utiliza para continuar después de haber acabado” (Luhmann, 1999: 113). En ambos casos el observador es aquel objeto inobservable atado a la operación y por
esta razón principal, no puede observarse al mismo tiempo. Mientras que el tiempo tiene una relación de
simultaneidad con el entorno, el observador sólo puede observar el pasado o futuro en el presente. El futuro
nunca llega. “‘El tiempo está fuera de quicio’, y es por eso que nunca hay un comienzo o un fin del tiempo”
(Laclau, 1995: 94)31.
La solución a esta paradoja de la distinción se encuentra en la dimensión temporal. El tiempo es la dimensión que permite desparadojizar la paradoja de la distinción. Igualmente, para cualquier operación, el
pasar de un lado de la forma al otro lado se usa inevitablemente tiempo:
De forma que, para cualquier observador el tiempo está dado antes que nada por
el hecho de que toda distinción se constituye por dos lados, y para pasar de uno a
otro se necesita una operación y con ella también se precisa de tiempo. Por tanto:
la diferencia entre simultaneidad y diferencia, entre antes y después es el tiempo
(Zamorano, 2008: 64, cursivas nuestras).
Puesto que los dos lados de la forma están dados simultáneamente, el mundo se encuentra dado así
mismo en lo simultáneo y es lo que nos permite movernos de un lado a otro de la forma. Es lo que hace que
tenga sentido describir algo como temporal, porque solo tiene sentido el cruce cuando se está en un lado y
se puede cruzar el límite de la forma hacia el otro lado y cuando se condiciona temporalmente este crossing.
Finalmente, la relación entre operación/ observación es una relación circular. Cualquier observación
como operación es ciega, no se puede observar a sí misma. La operación es un elemento que reproduce el
sistema. Pero la observación también es posible, pues de otra forma no sabríamos nada de las operaciones.
Incluso una contradicción no puede renunciar a tener un rendimiento funcional de reproducir al sistema.
Puede presentarse un caso en el que la contradicción se aparezca y se llegue a un momento de indeterminación en el sistema, que permita al sistema reaccionar sin cognición32. Sin embargo, se reacciona, es decir, se
logra mantener una capacidad de enlace, incluso si la capacidad de enlace es negativa.
En consecuencia, podemos decir que la autopoiésis del sistema jamás se interrumpe, a menos que el
sistema cese33. En este entendido, la constante reproducción autopoiética del sistema social vuelve más
30
Para Spencer Brown, la forma de la observación es la distinción que consiste en indicar/ distinguir, que es
ella misma la distinción entre indicar y distinguir. Se trata de una forma auto-contenida. De una diferencia, no de una
identidad que le deba su condición de posibilidad a algo externo a sí misma. Aquí podemos alegar el cambio de paradigma de la teoría de sistemas; “se está hablando de la diferencia entre identidad y diferencia, y no de la identidad
entre identidad y diferencia” (Luhmann, 1998: 34) Asimismo hay que tomar en cuenta que el Ser no permite distinciones, no sé puede sacar nada del Ser con respecto al ente, “Si nosotros estamos buscando distinciones, tenemos que
movernos en el reino de lo particular. El Ser en general no muestra distinción alguna.” (Günther, 1973: 1) [“If we are
looking for distinctions we have to move into the realm of the particular. Being-in-general shows no distinctions.”]
Aunque hay que tener precaución, porque Luhmann, también menciona la distinción medium/ forma y variación/ selección como otras diferencias directrices. El cambio de paradigma va más allá de la distinción sistema/ entorno -para
más véase la entrevista a Niklas Luhmannn, 1992.
31
[“The time is out of joint,” but because of that there is never a beginning-or an end-of time.]
32
Sin cognición porque se actúa discriminando sin conocimiento del entorno. Contradicción en el sentido de
una construcción semántica, no en el sentido puro de la lógica formal
33
Es el caso del carácter efímero de los sistemas interaccionales y las organizaciones que llegan a un punto
en que cesan. Es posible porque se mantiene de trasfondo a la sociedad misma. Estos pueden terminar y empezar de
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comprensible la relación operación/ observación. Porque si no es posible escapar a las operaciones del sistema y siempre que se observa se utilizan, entonces podemos entender que la relación entre ambas, es una
relación circular doble que se separa por latencias:
En resumen, la correspondencia entre operación y observación es doblemente circular y ambos círculos se mantienen separados a través de latencias. Por un lado,
las observaciones son operaciones que reproducen de manera autopoiética a los
sistemas operativos, pero no son capaces de observarse a sí mismas. Por otro,
todas las operaciones pueden observarse mediante observaciones dirigidas hacia
ellas; de otro modo no sabríamos nada acerca de ellas (Luhmann, 2007: 425-426).
Observación de segundo orden y método funcional
En el apartado anterior explicamos en qué consiste la operación de observar y mencionamos implícitamente en qué consiste la observación de segundo orden, en la que profundizaremos en este aparatado, al
tiempo que haremos explícita su relación con el método funcional.
La observación de segundo orden consiste en una sencilla demanda: ‘Observa al observador’34 Esto
significa, poner atención en la distinción que utiliza. En otras palabras, el observador de segundo orden que
busca observar la distinción del observador de primer orden, para ello requiere utilizar otra distinción, si utilizara la misma distinción entonces solamente se trataría de colocar “a una serie de sujetos que contemplan
el mismo mundo (nivel de la ‘intersubjetividad’)” (Pintos, 2004: 20), permaneciendo aún en la dimensión
de observaciones de primer orden.
En contraste, el observador de segundo orden busca preguntar: ¿qué es lo que el observador de primer
orden deja de lado cuando utiliza esa distinción? ¿Qué no puede ver el observador de primer orden? ¿Por
qué esa distinción y no otra? Y el principal paso del observador de segundo orden es que él puede pasar de
preguntas del tipo ‘qué’, al tipo ‘cómo’ (Niels, 2003: 63).
En este sentido, el observador de segundo orden puede preguntar ¿cómo observa el observador de primer orden? luego entonces también podría preguntarse sobre los presupuestos que el observador de primer
orden da por sentados.
El observador de segundo orden puede buscar desparadojizar la paradoja que se encuentra en la base
de la distinción del observador de primer orden. En este sentido él puede distinguir su distinción. Sin embargo, alguien se puede preguntar ¿Qué se gana con esto, de qué sirve observar cómo observa el observador de primer orden? No se gana certidumbre ciertamente. Tampoco garantías para generar o exhortar al
consenso. Ni promete ninguna seguridad al observador. Mucho menos permite plantear leyes generales, al
contrario, busca producir incertidumbre y tratar de normalizarla (Luhmann, 2006: 277).
Es necesario aclarar ¿cómo es posible lograr la normalización? Ya habíamos mencionado que la observación de la observación de los observadores tiene como rendimiento un cálculo, pero cabe señalar que este
cálculo es de un tipo particular, a saber, un cálculo recursivo35. Entonces la realidad de las observaciones se

nuevo, precisamente porque la sociedad permanece siempre realizable. Los sistemas de interacción, las organizaciones, los subsistemas funcionales y los movimientos sociales reproducen a la sociedad, pues utilizan comunicación.
Aunque estos estén condicionados por la diferencia directriz respectiva.
34
Así Luhmann menciona que: “Y donde el teórico trascendental buscaría en el dominio de la libertad ciertas
bases incondicionales de todo conocimiento empíricamente dependiente; allí, la cibernética de las relaciones de la
observación indicaría: ¡observa al observador!” (Luhmann, 1996: 61).
35
“Dado que en estos casos de clausura uno introduce el resultado de una operación de nuevo en esa misma
operación, se habla de ‘operaciones recursivas’ (de re: de nuevo, y currere: introducir)” (Foerster, 1991: 146). Podemos entonces decir, que la recursividad reside en “(...) relacionar cada contingencia individual, como contingencia,
con otras contingencias seleccionadas en el contexto de la construcción de asignaciones de probabilidad o respectivamente, redundancias” (Baecker, 2005: 29) [(...) in linking every individual contingency, as a contingency, with other,
selected contingencies in the context of constructing allocations of probability or, respectively, redundancies.]
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encuentra en la facticidad y validez de las operaciones del observador, y no se basa en buscar el consenso
o disenso, es decir, tampoco consiste en la relación de “los esquemas de diferencias de otros observadores
y ajustarse a sus puntos de observación” (Arnold, 2000: 95). Tampoco reside en el observar al observador
mismo36. Su garantía de realidad se encuentra en el entramado o red recursiva cerrada de observaciones.
Entonces podemos afirmar que “la operación no es posible como resultado aislado, se da mediante un
cálculo recursivo de cálculos. El cálculo de cálculos conduce a valores propios37” (Luhmann, 2006: 284).
Cabe aclarar, no hay que confundir los valores propios del sistema y la forma en que se producen los objetos
e identidades a los cuales se dirigen sus observaciones. Si bien la repetición de las designaciones condensa
las identidades, esto es dentro de un entorno no idéntico, históricamente contingente, donde las circunstancias siempre son no idénticas y siempre distintas en su diferencia con el sistema38. El sistema no es capaz
de penetrar operativamente hacia el entorno39. Por esta circunstancias podemos decir que debido a que en
la sociedad contiene una gran variedad de auto-descripciones de sí misma40 se genera una gran masa de
observaciones de las observaciones (observaciones de 2° orden) que generan una realidad en la que ya no
hay forma de sostener una razón vinculante, ni mucho menos hablar de un metarrelato en el cual una de las
partes representaría al todo; “Uno cae siempre en nuevas distinciones de distinciones, que en todo lo que se
piensa y dice siempre llevan consigo también el otro lado. Así de inflado, el mundo es una gigantesca black
box” (Luhman, 2006:289)41.
Y sólo por la razón anterior, se hace necesarios entonces restablecer estas intransparencias e irresolubles
enredos de la comunicación creada por la observación de segundo orden “y se podrá recomendar que se
vuelvan transparentes por lo menos algunas estructuras de interacción y que se conformen nuevamente con
una observación de primer orden, whitening the black box” (Luhman, 2006:289)42. Se vuelve a exhortar por

36
La ganancia en observar al observador es que todo lo otro se deja de lado, con esta reducción de complejidad se llega al mundo y sólo en el observar como observan otros se puede empezar a ampliar (construir) la complejidad. Hay que recordar que sólo mediante la reducción de complejidad se llega a una ampliación del conocimiento (y
por tanto de la complejidad misma) (Luhmann, 1996: 125 y 126). Por ejemplo, la hoja en blanco es complejidad en
bruto. Para empezar a ampliar la complejidad hay que empezar a marcar distinciones (escribir en la hoja) para comenzar a construir complejidad.
37
Esto es muy notable en un ejercicio matemático muy sencillo. Cuando se aplica la raíz cuadrada iterativamente al resultado del resultado de cualquier número, el resultado cada vez se acercara más al uno, es decir, a un
valor propio (eigen).
38
Tampoco hay que olvidar que el sistema es su diferencia con el entorno. No hay que entender al sistema
como si estuviera aquí y por otro lado el entorno se encuentra allá como si se tratara de identidades dadas. Como si
se tratara de sujetos y objetos. Por ejemplo, es común cometer el error al suponer que “Luhmann (1996) sustituye
los conceptos tradicionales de subjetividad y objetividad por los de autorreferencia y heterorreferencia.” (Del Angel,
2008: 30) La respuesta de Luhmann a ese prejuicio ontológico común sería la siguiente; “sería cometer un error lógico muy simple el tener al «auto» de la autorreferencia por el observador mismo […] El observador es la unidad de la
diferencia de autorreferencia / heterorreferencia. No puede por tanto, nombrarse a sí mismo. Permanece invisible para
sí mismo.” (Luhmann, 2007: 27-28).
39
Se podría decir en consecuencia que”(...) el sistema como una función de sí mismo en participar con un
entorno cambiante, es solo el mismo cuando nunca es el mismo. (Baecker, 2005: 94) [The system, as a function of
itself in engaging with a changing environment, is only the same in never being the same]
40
Los movimientos de protesta por ejemplo tienen diversas descripciones de sí mismos: i.e., movimientos de
regeneración, movimientos ambientalistas, movimientos revolucionarios, movimientos anticapitalistas, movimientos
anti-globalización. Y algunas descripciones (muchas veces externas), desde el sistema ciencia como; movimientos
antisistémicos, movimientos sociales y no por último movimientos de protesta, entre otros. Como ejemplo, véase,
(Wall, 2005).
41
Esta black box, la explica de forma pedagógica Gregory Bateson: “representa todo un conjunto de partes y
a esa caja le ponen un rótulo que indica lo que ese conjunto de partes se supone que hace, (...) [n]o es una explicación
de cómo lo hace.” (Bateson, 1998: 67)
42
Para este tipo de problemas, se dice que la sociedad ha creado una serie de instituciones, semánticas, dispositivos de inmunidad que se pueden nombrar como “entendimiento”. Que va desde una identidad vinculante, hasta
prescripciones terapéuticas, como cualquier tipo de exhorto a la moral, a lo normativo, que relacionan elementos de
diverso género: como son, institutos de “transparencia” de la extensión de la corresponsabilidad, etc. que se encuentra
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consiguiente a la dimensión intersubjetiva, al carácter vinculante; de lo normativo, del rol, de la persona,
de los valores y como caso límite a la razón misma. Se busca volver de nuevo a la observación de primer
orden para hacer transparente lo intransparente, para hacer manejable la complejidad qué sale del cálculo
recursivo resultado de las observaciones de observaciones:
Se aprende por segunda vez el lenguaje. Se aprende nuevamente a distinguir entre
significante y significado, entre lo presente para todos los observadores de primer orden y aquello que se pueda observar como su observación. Esta diferencia
rompe con el llamado consenso con todo y los requerimientos tradicionales de
sinceridad, veracidad y cumplimiento de un contrato. Hay formas operativas del
sistema que funcionan porque no se les toma en serio (Luhmann, 2006: 291, cursivas nuestras).
Esto nos permite constatar dos situaciones particulares:
1) Que no se puede ver que no se puede ver lo que no se puede ver43 y; 2) que el observador de segundo
orden puede ver lo que el observador de primer orden no puede ver44. Es necesario precisar este punto.
Es totalmente falso suponer que “si se quiere saber, hay que observar lo que sea observar. Una vez
más: habría que saber lo que no se sabe para llegar a saber eso que no se sabe” (Del Angel, 2008: XII).
El observador de segundo orden puede ver lo que el observador de primer orden no puede ver, justamente
porque utiliza otra distinción. Es decir, el observador puede distinguir dicha distinción al utilizar otra. Pero
esta distinción no le permite observar el punto ciego del observador de primer orden directamente. Solo le
permite formular lo que el observador de primer orden no puede ver por medio de negaciones.
“El observador de segundo orden puede observar como observador […] al observador de primer orden
solamente cuando ve que este observador no ve que él no ve lo que no ve. Esto se puede formular (observar) solamente con la ayuda de negaciones” (Luhmann, 2007b: 26, cursivas nuestras). Si el observador de
primer orden observa con la distinción útil/ inútil y dice que todos los párrocos son inútiles. El observador
de segundo orden puede ver que el observador de primer orden no puede ver lo agraciado/ no agraciado
de los párrocos. Precisamente porque no puede distinguir lo indistinguible con la distinción que usa en ese
momento (o sea, no puede observar lo agraciado/ no agraciado en la medida en que utiliza la distinción útil/
dada en “los documentos, actas y pruebas las que ganan importancia, así en un mundo constituido en el campo de la
observación de segundo orden son los entendimientos los que cobran importancia” (Luhmann, 2006: 290).
43
De la misma forma Maturana y Varela “Nuestra experiencia visual es de un espacio continuo y, a menos
que hagamos estas manipulaciones ingeniosas, no percibimos que de hecho hay una discontinuidad que debería aparecer. Lo fascinante con el experimento del punto ciego es que no vemos que no vemos” (Maturana y Varela, 2003b:
8). Trivializaríamos la cuestión si suponemos de nuevo una dimensión ontológica donde los sujetos ven o no ven
y cuando ven que no ven, entonces ya están viendo. El asunto es que esto se llega a saber mediante ejercicios muy
específicos, pero en general partimos, en que el punto ciego es la condición de la posibilidad del observar.
44
Empero, la distinción del observador de 2° orden permanece oculta pues nadie la estaría diferenciando, a
menos que se trate de un observador de 3°orden para el cual vale lo mismo. Es necesario esclarecer en este punto, que
la observación de segundo orden no significa una “mejor” observación, o una observación prestigiada o privilegiada
que le permita situarse con autoridad frente a otros observadores. Como hemos estado sosteniendo a lo largo de este
artículo, tanto la observación de primer y segundo ordenes, ambas tienen un punto ciego, lo cual no les hace tener un
conocimiento más justo de la realidad. Por mucho la observación de segundo orden es más reflexiva, en el sentido
de la prudentia. Además podemos decir que “la ciencia no puede adjudicarse la autoridad que resultara de haber
descubierto y ocupado el único acceso correcto al mundo real y poder comunicar eso a otros” (Luhmann, 1996: 78).
Como muchas posiciones críticas sobre la sociedad ufanan o como la misma reputación y autoridad científica (como
equivalente de la verdad) muchas veces sostiene. Tampoco podemos declararnos como aquella clase de vanguardia o
intelectual orgánico qué tiene una visión más certera y por lo tanto más real de la realidad. Antes bien “el teórico del
conocimiento se reconocerá como una rata dentro de un laberinto y deberá reflexionar desde qué nicho observa a las
otras ratas” (Luhmann, 1999: 78). Asimismo el observador de segundo orden siempre puede regresar la distinción que
se encuentra en la base de la observación y por ejemplo preguntarse si la distinción acción comunicativa/estratégica
es ella misma comunicativa o estratégica.
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inútil).

El valor de la observación de segundo orden:
resulta incomprensible si nos aferrarnos a la unidad de un sujeto cognoscente al
que se enfrenta un objeto que el sujeto ve o no ve, que puede ver o puede no ver.
Entonces la comprobación sólo excluye la contradicción de que el sujeto ve lo que
no ve, y así sigue siendo trivial (Luhmann, 1998b: 60, cursivas nuestras)45

La principal tentación es regresar a la ontología monocontextual en donde las cosas se encuentran de
lado del Ser o de la Nada, en la cual no vale un tercio incluido como excluido, que en este caso, se trataría de
la posición de cualquier observador. Pero, la receta metodológica que el observador de segundo orden debe
seguir, si quiere saber algo de cómo proceder con la distinción del observador de primer orden, es observar
cómo este último desparadojiza la paradoja que se encuentra en la base de su distinción. La cual, mientras
se mantenga en el nivel de contemplación, no puede ser observada. Entonces el observador de segundo
orden utiliza en su distinción la forma paradoja/ desparadojización y puede utilizarla, al igual que cualquier
observador, solamente designando un lado u otro lado de la forma, pues si buscara observar ambos lados,
cómo se sabe, se volvería paradójica su observación, se vería castigado por ella46. Entonces el observador
de segundo orden necesita, con respecto a la distinción de quién observa, “temporalizarla en una sucesión
del problema (paradoja) y la solución del problema (desparadojización)” (Luhmann, 1996: 75)
De esta forma podemos conectar la observación de segundo orden con el método funcional, que nos
permite observar las diversas opciones que pueden sustituirse en una relación de equivalencia y sirven para
cumplir dicho fin, a saber, para la desparadojización de la paradoja del observador47. La observación de
segundo orden, asimismo “puede comparar diversas observaciones, y sobre todo observaciones científicas
y cotidianas desde el punto de vista de la desparadojización de su paradoja” (Luhmann, 1996: 78).
El método funcional es también una observación hecha por un observador, entonces, aquél observador
que utiliza el método funcional parte de una distinción. Podemos entender la distinción del método funcional como la diferencia entre problema/ múltiples soluciones equivalentes del problema.
Dicho de otra forma, “como unidad de la diferencia de problema y múltiples soluciones equivalentes
y funcionales del problema, no importando si son conocidas una o más soluciones del problema o no”48.
A decir de Luis Pintos, otra forma de observar al método funcional es a través de “la distinción ‘causalidad / posibilidad’. En lugar de entender a la ciencia por sus causas, se tiene la opción de buscar los “equivalentes funcionales” (Pintos, 1999: 564) Esto abre la opción de poder responder no solo preguntas del tipo
‘cómo’ sino también del tipo ‘qué’. Es decir, con la observación de los observadores pasamos a preguntas
de tipo ‘cómo’ y una vez resuelto este problema, por medio del análisis funcional podemos regresar a los
45
Esta confusión se repite una y otra vez a lo largo del trabajo de tesis doctoral de Juan Soto Del Angel. A
lo largo de su trabajo sostiene y repite ad nauseam que la paradoja del conocimiento consisten en saber lo que no se
sabe. Y procede de manera contraria a lo propuesto por Luhmann, a saber, procede trivializando la observación de
segundo orden. Véase pp. (Del Angel, 2008: viii, xii, 7, 10, 50, 166, 167, 252, 319, 348, 366, 369).
46
Así por ejemplo, en el famoso mito islámico es castigado Iblis (Lucifer). Puesto que él era de los ángeles,
los más queridos de Dios, hasta que Dios le dio la instrucción de adorar a Adán. Él sabía que Dios era el único digno
de adoración, pero al mismo tiempo sabía que no podía desobedecer a Dios, tenía frente así una paradoja que no podía desparadojizar. En cualquier caso este se convertía en un observador de Dios: “Experimenta la instrucción como
paradoja, como contradicción entre la instrucción y la propia voluntad de Dios (una distinción que él mismo inventa
para explicar su comportamiento)” (Luhmann, 2009b: 219). El castigo del observador es entonces no poder observar
la unidad de la distinción que a fin de cuentas es la unidad de una diferencia. Los movimientos de protesta al distinguirse de la sociedad (y en esa diferencia se encuentra la unidad de su diferencia) en lugar de descender al infierno,
ascienden.
47
Que puede ser, como se ha tratado de aclarar: un sistema de protesta.
48
“Solamente cuando se pregunta con la precisión suficiente, se obtienen como respuesta equivalencias tangibles. ¿Cómo puede conocerse con más exactitud algo que se encuentra muy alejado? Yendo hacia allí o por medio de
unos prismáticos.” (Luhmann, 2007b: 103)
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problemas del tipo ‘qué’. Si se toma en serio lo anterior, podemos decir que:
desde una perspectiva funcionalista todo lo que se deja incorporar se vuelve contingente, a saber, se lo expone a una comparación con otras posibilidades. La
abstracción del problema de referencia regula el alcance de esta modalización, es
decir, la proporción de diversidad que puede aún describirse como solución equivalentemente funcional del mismo problema (Luhmann, 2007b: 103).
Contingente, en el sentido de que todo aquello que entra en tensión con otras alternativas equivalentes
se asimila a sí mismo como no necesario, ni tampoco imposible, que podría ser pues, de otra forma y que
también podría seguir siendo como es. En este sentido, la teoría de sistemas y la second order cibernetics
logra colocarse de lado de teorías con un enfoque postontológico49, por un lado, “la observación de segundo orden es una observación de primer orden especializada en la ganancia de complejidad [...] que se
efectúa en la medida en que renuncia a la conformación última de validez y de seguridades ontológicas y
en la medida en que no puede apelar a formas esenci[alistas]” (Luhmann, 2009: 169). Y por el otro lado, la
extracción del plexo causal del método funcional vuelve cualquier solución contingente.
En este sentido, es posible argumentar que “las funciones son siempre construcciones de un observador” (Luhmann, 2007b: 103, cursivas nuestras) de otra forma presupondríamos una realidad objetiva, única
y absoluta e independiente del observador50.
3- METODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la teoría del método funcional, se consultaron un
total de cuarenta y dos referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y
proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.

49
Similar a la teorías desarrollada por Foucault, Laclau y Kosselleck, según Niels, 2003.
50
Lo que no significa que el constructivismo operativo no necesite presuponer conocimiento para abordar
cualquier problema del conocimiento o de su objeto. Tampoco que el constructivismo sea un anti-realismo. No niega
que exista una realidad externa, sino que la condicionalización de las construcciones internas del sistema se dan,
precisamente porque no se puede conocer esta realidad externa (pues el entorno es como es). Por lo que la realidad
de cualquier conocimiento se encuentra en la facticidad de sus operaciones que la hacen posible, sin la necesidad de
recurrir a una instancia externa. A lo único que recurre es a los componentes que le son dados por medio de la operación del distinguir indicando, de las cuales en el entorno no existe ninguna correspondencia, ni relación punto por
punto. Entonces “los constructivistas radicales ven en este paso de lo «aunque imposible» a lo «porque imposible»,
una radicalización liberadora que puede hacer que la reflexión de dos mil años sobre el conocimiento se tenga por
inútil” (Luhmann, 1999: 71).
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Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a las teorías del
actor red y redes de internacionalización de la empresa. Una vez recopilada y analizada la información se
construye el documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones
conforme a los objetivos trazados (Lechuga, 2018, p. 196).
CONCLUSIONES
Estos argumentos son relevantes por varias razones, en primer lugar, exponen la amplitud de perspectiva que permite el MF y la observación de segundo orden, pero, por otro lado, son una muestra fehaciente de
que las críticas en torno al supuesto ‘conservadurismo” de la teoría luhmanniana y el método funcional no
tienen origen en la reflexión teórico-metodológica, sino en el prejuicio y el desconocimiento.
Como sostiene Torres (en Luhman, 1998: 17), en nuestro medio, es común el rechazo al trabajo de Niklas Luhmann, bajo la queja de que su teoría resulta demasiado compleja. Ello tiene efectos hondos en el
pensamiento sociológico, pues, como señalamos, o se critica a Luhmann desde la falta de comprensión o,
sencillamente, se descarta como explicación posible. Esta situación ilumina la necesidad de elaborar ejercicios de ‘traducción’, de clarificación de la teoría luhmanniana y los recursos que involucra, con el ánimo
de entablar diálogos académicos que excluyan perspectivas políticas o morales.
El método funcional, como señalamos, consiste en relacionar varias causas que son funcionalmente
equivalentes para producir el mismo efecto, e intenta identificar cuál es el criterio de selección de una causa
para producir cierto efecto y con relación a qué función lo cumple. Partir del reconocimiento del carácter
abstracto de las funciones y de los problemas de referencia, observar la equivalencia entre las posibles soluciones del mismo, permite una mirada de gran angular, desontologiza, complejiza, transita por ‘lugares’
que, con el uso de otros métodos, quedan completamente invisibilizados.
En este sentido, reiteramos, a propósito del ‘carácter conservador’ atribuido al MF, que el funcionalismo no busca justificar algún tipo de efecto y después encontrar una causa que garantice la producción
del mismo, más bien, utiliza la referencia a un tipo de efecto particular como estímulo para comparar y
equiparar determinados hechos causales. Por ello, no procede a partir de la exclusión de todas las otras
causas posibles y la designación de una, sino de la inclusión, pues su pretensión es identificar rendimientos
equivalentes en la resolución de problemas particulares de los sistemas sociales.
Esta manera de proceder sólo es posible a partir de una construcción particular del concepto de observación, a saber, observar como el trazo de una distinción, como el ejercicio de sacar algo del unmarked space
del mundo, como una operación que no adquiere sustancia alguna, sino que únicamente actualiza un lado
de una forma, una forma que siempre aparece como ‘invisible’ para quien observa y que por ello reclama
la perspectiva del segundo orden.
La observación de segundo orden permite identificar la distinción que utiliza el observador de primer
orden, con ello es posible clarificar ¿qué es lo que el observador de primer orden excluye cuando utiliza esa
distinción?, ¿qué es lo que ésta no le permite ver?, ¿por qué esa distinción y no otra? Dicha estrategia se
traduce en una ‘crítica’ más profunda que cualquiera planteada por las ‘teorías marxistas’, en el sentido de
que presenta una imagen compleja del mundo, que excluye explicaciones unilaterales y simplistas.
Mirar desde el segundo orden, permite acceder a un concepto de realidad que sólo puede ser resultado
de una red de observaciones cuya ‘consistencia’ y validez se explica sólo a partir de su facticidad. Es decir,
en la base del orden social no aparece ningún tipo de consenso o instrucción ontológica, sino un entramado
de observaciones recursivas.
Pensar, desde la teoría de sistemas, a la sociedad moderna como resultado de una multiplicidad de observaciones permite reconocer que siempre existe ‘el otro lado’, que quien observa es incapaz de percibir
las discontinuidades y las distinciones de las que parte la propia observación, es decir, es incapaz de ver
lo que no ve, por tanto, es en este sentido que la observación de segundo orden se convierte en un recurso
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imprescindible en la sociología, pues permite ver lo que el observador de primer orden no puede.
Sólo en este contexto adquieren relevancia las posibles soluciones a los problemas, que no fueron
seleccionadas. Bajo este concepto de realidad la noción de contingencia juega un papel central, pues la
selección de una solución a un problema de referencia sólo es una entre otras soluciones posibles, es decir,
es contingente.
A partir de ello es posible comprender, por un lado, la importancia de la relación entre el método funcional y la observación de segundo orden en la propia teoría luhmanniana y por otro, la relevancia de este
binomio para el pensamiento sociológico, en el sentido de que, el MF, permite, también reconocer que su
observación es una observación hecha por un observador, en este sentido, puede ser observada.
Finalmente consideramos importante enfatizar que la discusión desarrollada en el presente artículo refuta las críticas (prejuicios) señaladas al inicio de la exposición. Pues frente a la idea de que, por herencia
parsoniana, el método funcional de Niklas Luhmann concibe al sistema en términos de orden y equilibrio,
por tanto, las estructuras deben mantienen una función estática, es necesario recordar, que tal y como sostiene Galindo (2008: 58) en la reconstrucción que Luhmann elaboró del método funcional, buscó, fundamentalmente, rescatarlo de las premisas del estructural funcionalismo parsoniano.
Mientras que, para Parsons, la existencia del sistema social depende sólo de cuatro funciones, para Luhmann, como ya se demostró, la idea de función y estructura no permanece estática, por el contrario, éstos
son vistos como componentes dinámicos que pueden ser transformados. El reconocimiento del dinamismo
en el sistema, es decir, de que todo sistema social se compone de elementos basalmente inestables y que
en este sentido las estructuras están supeditadas a las operaciones, responde a la segunda crítica, citada en
las primeras líneas de este texto, que sostiene que el método funcional descuida el cambio y el ‘conflicto’.
Por otro lado, la perspectiva formal del método funcional anula toda noción de actores portadores de
funciones; como se especificó, para Niklas Luhmann la función no tiene sustancia, tampoco es un efecto
a producir, ésta es únicamente un esquema lógico regulador, que organiza un ámbito de comparación de
efectos equivalentes.
Reservamos el final de este artículo a la crítica según la cual el método funcional ‘no cumple con los
requerimientos mínimos que demanda la ciencia’, porque consideramos sustancial, subrayar que pocas rutas de análisis permiten una imagen tan amplia de los problemas sociológicos, como la que logra el método
funcional.
La posibilidad de observar las diversas opciones que pueden sustituirse en una relación de equivalencia
y logran desparadojizar la paradoja del observador, el ejercicio de comparar diversas observaciones, científicas y cotidianas, la forma problema/ múltiples soluciones equivalentes del problema amplían la visión
científica, como no lo había hecho antes ninguna perspectiva. La ‘duda metódica’ que se logra con la visión
funcionalista es una innovación revolucionaria en sociología.
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Programa comedores comunitarios de la cruzada nacional contra el hambre. el asunto de la
participación ciudadana1
Community dining program of the national crusade against hunger. the issue of citizen participation
Daniel, Campuzano-Martínez
Universidad Autónoma del Estado de México
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en conocer cuáles han sido los
mecanismos de participación y construcción ciudadana a partir de la implementación del programa Comedores Comunitarios que forma parte de la estrategia federal denominada Cruzada Nacional contra el Hambre. Se aplicó el método
de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal.
Tras la revisión documental de un estudio de caso se encontró que: existe un problema alimentario que se contrasta en
el artículo con la posición oficial con parámetros de investigadores y críticos entorno a este fenómeno social en los tópicos de ciudadanía y participación ciudadana; asimismo, se describe los objetivos y propósitos de la Cruzada y del programa Comedores Comunitarios con el fin de conocer si existe un contraste entre su formulación y su implementación.
Palabras clave: Ciudadanía, Comedores Comunitarios, Cruzada, Participación ciudadana, Política social.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, whose aim consisted in knowing what the civic engagement and
building mechanisms have been from the implementation of the Soup Kitchens Program that is part of the federal strategy called National Crusade Against hunger. The method of analysis was applied with a qualitative approach, non-experimental design, under a documentary-literature cross sectional level. After the documentary review of a case study,
it was found that: there is a food problem that is contrasted in the article with the formal position of the researchers
and critics parameters around this social phenomenon in the topics of citizenship and civic engagement; likewise, the
goals and proposes of the Crusade and the Soup Kitchens Program are described in order to know if there is a contrast
between the formulation and the implementation.
Key words: Citizenship, Soup Kitchens, Crusade, Civic Engagement, Social Policy.

Cómo referenciar este artículo
Campuzano-Martínez, D. (2017). Programa comedores comunitarios de la cruzada nacional contra el
hambre. el asunto de la participación ciudadana. Política, Globalidad y Ciudadania, 34-41.
Recibido: 15 de Julio 2016 - Aceptado: 20 de Septiembre 2016

1
Maestrante en Administración Pública y Gobierno, Universidad Autónoma del Estado de México. Correo:
dcampuzano29@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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�Programa comedores comunitarios de la cruzada nacional...
1- INTRODUCCIÓN
A pesar de los diversos esfuerzos institucionales por atender el problema del hambre en el mundo, en
la actualidad un número exorbitante de personas carece todavía de los alimentos necesarios para disfrutar
de una vida activa y saludable. Las estimaciones más recientes indican que unos 795 millones de personas
de todo el mundo, lo que equivale a algo más de una de cada nueve, estaban subalimentadas en el período
2014-2016 (FAO, FIDA, PMA, 2015).
En nuestro país en las últimas tres décadas las diferentes administraciones han combatido la pobreza
con políticas focalizadas de corte asistencial, teniendo como eje el otorgar transferencias de recursos a los
pobladores en situación vulnerable y con ello atender las principales carencias que afectan la dignidad y calidad de vida de las personas, si bien, algunas metas y objetivos de dichos programas han sido reconocidos
por su aporte social, actualmente la mitad de la población del país continua en pobreza, lo que demuestra
que la visión de los programas asistencialistas, instaurados en los últimos años, no han resuelto problemas
fundamentales, prevaleciendo la carencia de acceso a una sana alimentación.
La actual administración federal, ha trazado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013- 2018 la
orientación de las políticas del Gobierno para los próximos años con el fin de que “todos los mexicanos tengan un acceso efectivo a los derechos de la Constitución, en un México Incluyente, con una Política Social
de Nueva Generación, enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos”.2
En este sentido, según describe el PND se proponen políticas sociales que giran en torno al ciudadano,
ubicándolo como un agente de cambio, protagonista de su propia superación a través de su organización y
participación activa.
En enero de 2013, con el argumento de combatir la pobreza y especialmente el hambre, el gobierno
federal anuncia la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia nacional que alinea programas y acciones, así como permite la creación de programas nuevos, entre los cuales sobresale el
programa Comedores Comunitarios3 que a la fecha lleva instalados más de 5 mil a lo largo del país.
El Estado de México ha sido una de las entidades con mayor número de comedores instalados, llegando
a dos mil comedores en el presente año4 no obstante, a la fecha no hay registros académicos que permitan
conocer cuáles han sido hasta ahora los resultados de la implementación de los Comedores Comunitarios,
ya que más allá de conocer las cifras oficiales, el objetivo del proyecto es conocer el alcance que este programa ha tenido para disminuir la carencia por acceso a la alimentación, y no sólo eso sino saber cómo
su instalación ha propiciado mecanismos de participación social y construcción ciudadana y cómo estos
aspectos han dado influido en la implementación del programa.
2- FUNDAMENTO TEÓRICO
Para realizar el proyecto se ha tomado en consideración la amplia gama de conceptos oficiales y académicos que permiten conocer el marco de la investigación, entre los cuales identificamos algunas palabras
clave como: pobreza, pobreza extrema, pobreza de alimentación, hambre, nutrición, entre otras, que son
referentes dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Se comienza este apartado señalando una conceptualización a partir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval)5, organismo federal encargado de evaluar los programas sociales. El
Coneval identifica a una persona en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social (en
los seis indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación), y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios básicos que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias
y no alimentarias.
Siguiendo este criterio una persona se encuentra en pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias
sociales (de las seis posibles) y su ingreso es menor al valor de la línea de bienestar mínimo; mientras que
una persona considerada en situación de pobreza extrema de alimentación refiere cuando ésta se encuentra
en pobreza extrema y presenta carencia por acceso a la alimentación.
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Campuzano-Martínez, D
A nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) entiende al concepto hambre como una sensación incómoda o dolorosa causada por no ingerir en un
determinado momento suficiente energía a través de los alimentos. El término científico para el hambre es
privación de alimentos.
La nutrición se entiende cuando en el consumo de alimentos existe un aprovechamiento biológico de
éstos. En contraposición la Desnutrición es un término usado para explicar la carencia a nutrientes que
se puede caracterizar por una alimentación suficiente de ingesta alimentaria, pero carente por ejemplo de
micronutrientes. De acuerdo con Carlos Monteiro la desnutrición es un padecimiento provocado por una
alimentación insuficiente en energía y nutrientes o por un inadecuado aprovechamiento biológico de los
alimentos ingeridos, generalmente debido a enfermedades de tipo infeccioso (Gordillo y Gómez, 2005:
165-166).
Sin embargo, desde la perspectiva de diversos investigadores estos conceptos pueden tomar diversas
extensiones, por ejemplo, Vizcarra, Mondragón y Thomé (2011: 8)7 definen la pobreza como:
(…) un síndrome situacional en el que se asocia ya no solo el infraconsumo y la desnutrición, sino
también el subconsumo y la mala nutrición, asociada a precarias condiciones de vivienda, bajos niveles
educacionales, malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de
desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizás la adscripción a
una escala particular de valores, diferenciada en alguna manera de la del resto de la sociedad.
En la perspectiva socio-antropológica Messer8 (1980, citado en López y Espinoza 2002: 9) ubica al
hambre como: (…) un fenómeno que debe ser abordado a partir del estudio de las relaciones entre los individuos y el alimento; se le estudia, tanto en forma longitudinal, como transversal.
Las relaciones pueden abarcar: las vías de selección de alimento, los ritos y tradiciones generados en
torno a un determinado tipo o grupo de alimento, así como la denominada cultura alimentaria.
Tomando la definición de Young8 (1975, Ídem: 7) el hambre podría ser entendida como la necesidad de
uno o varios elementos que son esenciales para mantener la homeostasis, el crecimiento, la reproducción o
el funcionamiento normal de un organismo, además de que el hambre la ubica como:
(…) una infamante y endémica patología social, y un detonante universal que genera violencia; a su vez,
éstas se articulan en un nudo gordiano indisoluble que no sólo rompe los moldes y esquemas de tiempo y
espacio, sino que crece como monstruo vociferante en las entrañas del hombre nuevo que hemos gestado
ante la indiferencia cómplice de quienes todo lo tienen, y han usurpado para sí mismos los frutos de la tierra.
(Ídem)
Pese a ello, el Programa Nacional México Sin Hambre (PNMSH)6 definió el hambre como la situación
que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema de alimentación, es decir, que su ingreso corriente total no le permite adquirir la canasta alimentaria aunque utilice todos sus recursos para ese propósito, y enfrenta tres o más carencias sociales, entre las que se incluye la carencia de acceso a la alimentación.
Ésta es la población objetivo del Programa.
En este sentido se da cuenta que no existe una conceptualización de los factores que influyen en el
“hambre”, sino más bien son elementos de medición que focalizan a la población factor que no permite
comprender correctamente el problema. Pues como rescata Arzate (2014: 119).
Las situaciones de hambre suponen no sólo identificar las magnitudes y efectos físicos de la carencia
alimentaria, sino identificar cómo se produce y reproduce socialmente dentro de las familias y las comunidades, es decir, conocer la manera en que se reproduce la distribución inequitativa de estos alimentos en
función de la edad, el sexo y la clase social de los individuos.
Otro de los términos que resulta indispensables para comprender el rumbo de un programa o política
alimentaria, es el de Soberanía Alimentaria. La Soberanía Alimentaria es un término que en las últimas dos
décadas ha tomado relevancia por la resistencia que representa hacia el modelo de mercado predominante
neoliberal. En este término existe un factor intrínseco para comprender el fenómeno alimenticio desde su
raíz, procurando la participación efectiva de los pueblos para decidir su forma alimentaria en cuanto a sus
tradiciones y cultura. De acuerdo con la Declaración de Nyéleni (2007:1) la Soberanía Alimentaria es “el
derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma
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sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
Lo cual desde esta perspectiva “pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el
corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas” (ídem) además “da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga
el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca
la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental,
social y económica” (ídem: 2)
Las Cifras Actuales
De acuerdo con las últimas cifras del Coneval, entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza
se incrementó de 45.5 a 46.2 por ciento. Por lo que en 2014 el total de población en situación de pobreza
ascendió a 55.3 millones de personas, respecto a las 53.3 millones personas en los dos años previos, lo que
representa un incremento de aproximadamente 2 millones de personas.
En cuanto al tema alimentario, la Carencia por Acceso a la Alimentación pasó de 23.3 por ciento a 23.4,
es decir de 27.4 a 28.0 millones de personas.
Números exactos sin redondeo son estimados para los Estados Unidos Mexicanos en 53,349 900 para
el año 2012 y en 55,341 560 para el año 2014.
Cuadro 1. Evolución de la Carencia por acceso a la alimentación 2008-2014 en México

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval. Comunicado de prensa no. 005. México,
d.f., a 23 de julio de 2015.
Pese a que la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de personas, una reducción de aproximadamente 90 mil personas, los números absolutos reflejan que algo se está haciendo mal, incrementando
la población en pobreza multidimensional sobre todo en las población urbana2.
Para el caso del Estado de México se contabilizaron 8 millones 269 mil 900 personas que viven en condiciones de pobreza, mientras que los dos años anteriores se reflejaba una cifra de 7 millones 328 mil 700
personas (2012); es decir, se pasó de un 45.3 por ciento en 2012 a un 49.6 por ciento para 2014.
En cuanto a la población en situación de pobreza extrema en la entidad se pasó de 5.8 por ciento en
2012 a 7.2 por ciento en 2014, lo que equivale que de 945 mil 700 personas ascendió a un millón 206 mil
900 pobladores. Para el caso de la Carencia por Acceso a la Alimentación, ésta tuvo una evolución de 17.7
por ciento a 21.3, equivalente a 2 millones 858 mil en 2012, ascendió a 3 millones 550 mil 300 habitantes.

2
Las diferencias entre las zonas rural y urbana se vieron marcadas por un notable incremento en la segunda
quedando de la siguiente manera. El porcentaje de la población rural en pobreza pasó de 61.6 a 61.1 por ciento y en el
caso de la población urbana la pobreza pasó de 40.6 a 41.7 por ciento.
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Campuzano-Martínez, D
Cuadro 2. Evolución de la Carencia por acceso a la alimentación 2008-2014 en el Estado de México.

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval. Pobreza 2014, Estado de México
Los datos que se presentan aquí sirven como referencia para más adelante exponer mediante análisis
y conclusiones como ha sido la evolución de la pobreza, pero sobre todo de las carencias alimentarias lo
cual a agrandes rasgos presentan cifras negativas, sobre todo al abordarse en números absolutos, más que
en porcentaje lo cual refleja la inquietud que los programas de esta índole en general no han combatido las
causas que lo originan.
La Cruzada Nacional contra el Hambre
En enero de 2013, el actual Gobierno de la República Mexicana, echó a andar en el Estado de Chiapas
la estrategia nacional denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) con una serie de objetivos
que enuncian un combate coordinado entre gobierno, sector privado y sociedad.
Según la página oficial SINHAMBRE.com10 la Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia
de política social, integral y participativa que pretende una solución estructural y permanente a un grave
problema que existe en México: El hambre.
Sus objetivos son:
Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;
Eliminar la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;
Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;
Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento; transporte, distribución y comercialización;
Promover la participación de comunitaria para la erradicación del hambre.
Por ello mediante el cruce de datos, es que la CNCH ubicó en todo el país a 7.01 millones de personas
que viven en Pobreza Extrema de Alimentación, personas a quienes va dirigida la atención de la estrategia,
ubicadas en todos y cada uno de los 32 estados del país, y en los 2 mil 457 municipios que hay en México.
En este contexto y con información del programa se describe a continuación el total de personas en
Pobreza Extrema de Alimentación según el cruce con las carencias encontradas, es decir:
3 de cada 10 no cuenta con servicios de salud.
4 de cada 10 tiene rezago educativo.
5 de cada 10 habita en viviendas de materiales de baja calidad, con piso de tierra y espacios inadecuados.
7 de cada 10 no cuenta con servicios básicos en la vivienda.
9 de cada 10 no tiene seguridad social.
Ahora bien, no se debe dejar de señalar la suspicacia frente a las cifras que buscan describir el estado
social en cuanto al fenómeno de la pobreza, sobre todo si se trata de estadísticas susceptibles en su manejo
por cuestiones de conveniencia, pues como lo describe Arzate (2005):
(…) el conjunto de métodos cuantitativos para medir desigualdades sociales en países en desarrollo
tienen ante sí un importante obstáculo: la poca fiabilidad de las estadísticas oficiales; ya que la mayor parte
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de las veces estas son modificadas por las autoridades locales o los funcionarios encargados de los diversos
programas de la política social; los fines políticos son regularmente la causa de tales alteraciones.
Al día de hoy esta estrategia de combate al hambre ha marcado etapas de ejecución; en la primera de
ellas se incluye la atención de 400 municipios con cerca de la mitad de la población total en Pobreza Extrema de Alimentación; mientras que la segunda etapa se incorporó a 612 municipios más con el objeto de
alcanzar a 5.5 millones de personas en pobreza extrema alimentaria lo que representaría el 78.4 por ciento
de la población objetivo.
Uno de los componentes del Sistema Nacional México Sin Hambre fue la creación de Comités Comunitarios, establecidos como “el Órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea
urbana, rural o indígena, electos de manera democrática en Asamblea General”. Este Comité Comunitario
tendría por funciones:
1. Promover la organización de los miembros de la comunidad, estableciendo la
Asamblea General como órgano de decisión de la comunidad.
2. Detectar y priorizar la problemática existente en la comunidad.
3. Informar a los miembros de la comunidad acerca de los avances del Plan Comunitario
4. Establecer los mecanismos de corresponsabilidad entre la comunidad y los tres órdenes de gobierno.
5. Participar en los procesos de ejecución, supervisión, control y seguimiento de proyectos y acciones
de los Programas Sociales Federales
A partir de lo cual se pretendía dar un cambio en la política social que había combatido a la pobreza y
al hambre, ya que los Comités Comunitarios generarían sus propios planes de política social acorde a las
necesidades diarias que ellos vivían. De la misma manera orientarían los apoyos recibidos de las instancias
de gobierno, a las familias que más lo necesitaran. Cada Comité estaría integrado por once miembros que
fungirían un cargo específico: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal de Control y Vigilancia, Vocal de
Educación, Vocal de Comisión Salud, Vocal de Comisión Seguridad Social, Vocal de Comisión Calidad de
Vivienda, Vocal de Comisión Servicios Básicos de Vivienda, Vocal de Comisión Alimentación, Vocal de
Comisión Ingreso.
Programa de Comedores Comunitarios
A partir del Decreto6 por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
(SINHAMBRE), a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se instrumenta el Programa de
Comedores Comunitarios. Su propósito, implica el desarrollo de procesos de organización comunitaria y el
diseño de procedimientos que permitan que la población se involucre y responsabilice en la operación de
los comedores para atender a las personas objetivo del Programa.
Su Objetivo General es el desarrollar, fortalecer y consolidar una estrategia de atención alimentaria y
nutricional, proporcionando alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficiente, a grupos poblacionales
con problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla y en inseguridad alimentaria, a partir del fomento de
la participación comunitaria, y con ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación.
Sus Objetivos Específicos son:
Mejorar la situación nutricional de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 65 años y aquellas personas que determine
el Comité Comunitario por su condición de pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la
alimentación (en adelante, Población Atendida o Población Objetivo) mediante la instalación y operación
de Comedores Comunitarios.
Promover la inclusión social de la Población Atendida por los Comedores, a través de acciones integrales que involucren a las familias y a la comunidad, para avanzar en dinámicas sociales incluyentes que
permitan aportar a la transformación positiva de su entorno.
Impulsar acciones de orientación nutricional entre la Población Atendida de los Comedores, que sustente el desarrollo de una cultura alimentaria nutricional.
Su propósito reside en brindar solución a las necesidades de alimentación a los sujetos de atención,
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identificados dentro de las comunidades, cuyas condiciones de edad, discapacidad, pobreza extrema y de
carencia alimentaria los hacen elegibles para recibir acceso al consumo de alimentos nutritivos y la transformación de hábitos alimenticios para una vida saludable.
En este sentido la instalación de los Comedores también pretenden representar lugares incluyentes de
cohesión social, donde se fomente la relación familiar y comunitaria, la sana convivencia, la comunicación,
el encuentro, la participación, etcétera.
Además en ellos se pretende difundir y generar hábitos alimentarios, incluyendo ingredientes tradicionales y naturales de la región, conjuntamente busca coadyuvar al desarrollo de habilidades y destrezas de
producción de alimentos básicos y derivados que garanticen su aprovisionamiento cotidiano y que repercutan en mejorar los hábitos alimenticios de toda la comunidad en la que operen.
Así todas las características descritas anteriormente constituyen la conformación de entes sociales y la
coordinación de órdenes de gobiernos y de estructuras ciudadanas que presentan un nuevo enfoque para
combatir la pobreza de manera tácita y pragmática.
Por ello el presente proyecto construye un marco metodológico que permita mostrar en la práctica cómo
es que los usuarios transforman su acción social en un espacio público, y así conocer la trascendencia del
programa.
3- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Asimismo la metodología cualitativa proporciona información acerca de “si los objetivos de las políticas han sido logrados, cuáles han sido los efectos en los comportamientos tanto de la ciudadanía como
la burocracia, la forma en que pueden operar adecuadamente y si es posible ampliar su cobertura”. (ídem)
De esta forma Hernández, Batista y Fernández, 2014 (2014) identifican las grandes bondades de la recolección de información y los modelos de análisis de este enfoque, entre los cuales se encuentra que: Los
datos son de primera mano, provienen de los actores en su ambiente natural, por lo que las descripciones
son mejores que los obtenidas mediante técnicas como la encuesta; los datos proporcionan percepciones de
los actores, con ello hay una mayor cercanía sobre el sentir ciudadano, de manera que se puede interpretar
la forma en que piensan, sienten y actúan.
Además la importancia de utilizar acercamientos cualitativos también permite conocer y comprender
la acción social de los sujetos sociales en desventaja y en situación de riesgo. Por lo que una investigación
(evaluación) desde la perspectiva cualitativa, al tener como objetivo el estudio de un programa social de
manera transversal, se encuentra en la necesidad de cuestionarse cómo los programas gubernamentales se
filtran en el tejido social, y al hacerlo generan procesos de acción social que comienzan a construir formas
de reproducir la vida dentro, en, y a los bordes de los procesos de desigualdad, lo cual significa “echar una
mirada a la densidad de los micro-procesos moleculares de la acción: construcción social de grupos organizados” (Arzate, 2015: 35) como cocineras, vecinos, campesinos, escuelas, trabajo comunitario y solidario,
etc.
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).

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�Programa comedores comunitarios de la cruzada nacional...
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la participación ciudadana, se consultaron un total
de treinta y cuatro (34) referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y
proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a las de la
participación ciudadana. Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento objeto
de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos trazados (Lechuga, 2018, p. 196).
CONCLUSIONES
Se puede deducir que los comedores comunitarios propician un incremento alimenticio (más no totalmente nutricional) entre los beneficiarios, sin embargo, contrario a la pretensión del Plan Nacional de
Desarrollo este programa da muestra de una política asistencial que no generará agentes (ciudadanos) que
transformen su realidad, ni que otorgue las condiciones para un desarrollo favorable.
En el rubro alimentario es necesario establecer una persona autorizada (promotor o coordinador) que
este calificado para reconocer el aporte nutricional que se da a la población que asiste a los comedores
comunitarios, más allá que haya existido o no capacitación no se 19 cuenta con una persona que supervise
el aporte nutricional lo que se podría perder de vista el objetivo principal del programa, el cual va más allá
de tan sólo alimentar.
En cuanto a la perdurabilidad del programa será necesario evaluar la viabilidad de la permanencia del
programa de comedores comunitarios una vez que la administración presente culmine, ya que usualmente
estos programas de corte asistencialista son emergentes y temporales, por lo cual no cuentan con ninguna
base sólida y el presupuesto otorgado es sumamente fluctuante.
El ciudadano debería ser concebido como ciudadano, agente de cambio y productor de su vida: Es importante reconocer que estos programas asistencialistas pueden atacar de cierta medida el hambre y la pobreza, sin embargo, no combaten de fondo las causas reales que las originan. Es por ello necesario resaltar
que para que las personas pobres pueden funcionar como agentes de cambio, deben de tomar las riendas de
su vida y por ende el Estado debería de propiciar no sólo medidas emergentes de apoyo, si no brindar las
herramientas necesarias para que logren auto-sustentabilidad y desarrollo, más allá de tan sólo estar esperando un beneficio del propio gobierno a cambio de redes clientelares de apoyo político.
El hambre es un hecho real y crudo que ha cobrado la vida de personas alrededor del mundo combatirla
no es tan sólo un tema del discurso político sino una necesidad primordial para evitar muertes. Su combate
y erradicación son necesarios para buscar el desarrollo en entornos armónicos y comunidades sostenidas,
sociedades comprometidas y ciudadanos que sepan defender sus derechos a la vida.
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La importancia de la profesionalización del servicio público. avances y retrocesos en materia de
profesionalización en el estado de nuevo león
The importance of professionalization of the public service. advances and setbacks in professionalization
in the state of nuevo león.
Xunaxhi Monserrat, Pineda-Rasgado1
Universidad Autónoma del Estado de México
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en mostrar evidencia de la
importancia de la profesionalización del servicio público en el Estado de Nuevo León. Se aplicó el método de análisis,
con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión
documental se encontró que: Por años, distintos países han realizado esfuerzos por consolidar un sistema de profesionalización que aseguren la carrera dentro del sector público a las personas más capaces. En México, por ejemplo,
se cuenta con una ley que tiene aplicación a nivel federal para el Sistema Profesional de Carrera, sin embargo, en el
presente estudio se intenta brindar un panorama general de las circunstancias en que este sistema de profesionalización
se encuentra en las entidades federativas y de manera específica en el Estado de Nuevo León, primer gobierno estatal
independiente.
Palabras clave: Desparadojización, Equivalencia funcional, observación de segundo orden, método funcional.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, whose aim consisted in showing evidence of the importance of
the public service professionalization in the state of Nuevo León. The method of analysis was applied with a qualitative approach, non-experimental design, under a documentary-literature cross sectional level. After the documentary
review, it was found that: efforts have been made by different countries for years in order to consolidate a professionalization system that assures the career within the public sector to the most capable people. In Mexico, for example, there
is an applicable law at a federal level for the Career Professional System, however, in this study, it is intended to give
an overall picture of the circumstances of this professionalization system is in the federal entities and in a specific way
in the state of Nuevo León, first independent state government.
Key words: De-Paradoxofication, Fuctional Equivalent, Second-order Observation, Fuctional Method.

Cómo referenciar este artículo: Pineda-Rasgado, X. M. (2017). La importancia de la profesionalización
del servicio público. avances y retrocesos en materia de profesionalización en el estado de nuevo león.
Política, Globalidad y Ciudadanía, 41-53.

Recibido: 30 de Julio 2016 - Aceptado: 15 de Septiembre 2016

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Maestrante en Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Nuevo León. Email: xmpinedar@gmail.com
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�La importancia de la profesionalización del servicio público...
1- INTRODUCCIÓN
El desarrollo constante de las sociedades vuelve cada vez más complejas las responsabilidades del Estado. Hoy por hoy, pareciera inconcebible que las personas responsables de aspectos como la seguridad, la
economía, las finanzas, la educación, entre otras, carezcan de algún tipo de especialización en la materia.
En el entendido de que el gobierno, a través de la administración pública debe procurar el bienestar social,
resulta indispensable la existencia de un cuerpo de funcionarios del estado que se encarguen no solo de representar el poder público, sino que con base en leyes y ordenamientos administrativos ejerzan dicho poder
a fin de satisfacer de la mejor manera las necesidades públicas.
La naturaleza misma de las tareas del Estado exige que las personas que encabecen la administración
pública cuenten con cierta preparación, conocimientos, habilidades y aptitudes específicas que les permita
desempeñar de manera satisfactoria su labor. Es entonces, bajo la premisa anterior que destaca la importancia del estudio de la implementación del Servicio Civil de Carrera dentro del sector público.
Ahora bien, el interés por los sistemas de carrera dentro de las administraciones públicas no es un tema
nuevo. En México, por ejemplo, existe desde el año 2003 una Ley del Servicio Profesional de Carrera con la
cual se busca establecer un sistema de profesionalización en la administración pública federal que pudiera
garantizar la integración de un cuerpo de funcionarios y servidores públicos preparados y capaces para el
desempeño de la función pública. Sin embargo, esta es una política pública que sigue siendo cuestionable
debido a que no se percibe como que el sistema de profesionalización funcione de la manera esperada.
Estudios como el de Sánchez (2017) comprueban lo anterior, pues a través del análisis de datos proporcionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de una solicitud de acceso a la información
pública, le es posible señalar que el sistema de carrera no está operando de manera correcta, pues ni siquiera
se está cumpliendo con la Ley que rige el SPC. Los datos analizados por Sánchez muestran que el número
de puestos ocupados con titulares y eventuales son mucho mayores a los puestos reportados como sujetos
al SPC, así mismo señala que los servidores públicos no están cumpliendo con la capacitación que la ley
señala como obligatoria. En ese contexto, surge el interés por estudiar la situación en la que se encuentran
los gobiernos locales en materia de profesionalización, y de manera específica el gobierno de Nuevo León.
Con base en el Manual de Administración Pública que emite la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Pardo (2005b) señala que para la implementación de un Servicio Civil de Carrera deben existir dos
elementos básicos: una ley de administración del personal público así como un organismo responsable de
su aplicación. En ese sentido, el presente estudio resulta ser de carácter exploratorio, pues busca ofrecer un
acercamiento al conocimiento de las recientes condiciones del gobierno estatal en materia de profesionalización de la función pública. El objetivo es indagar en la legislación existente a fin de poder explicar cuál
es el marco jurídico que actualmente rige la profesionalización en el gobierno estatal, si existe un Servicio
Civil de Carrera que coadyuve la gestión de los recursos humanos dentro del aparato administrativo, cuál o
cuáles son los organismos que operan dicho sistema y de qué manera funciona.
En la primera parte del documento se busca definir y diferenciar los conceptos sobre los que versa esta
investigación, el Servicio Civil de Carrera y la Profesionalización. Posteriormente, se busca resaltar la
importancia que guarda la existencia de los sistemas de carrera para frenar prácticas antiéticas dentro del
servicio público. En el penúltimo apartado se explica cuáles son los esfuerzos reales que han existido por
parte del gobierno federal y algunos gobiernos locales por instaurar un Servicio Profesional de Carrera.
Finalmente, a la luz de la teoría y la experiencia federal, podrán señalarse los avances y retrocesos que ha
mostrado el gobierno de Nuevo León en materia de profesionalización, así como la aparente ambigüedad
que existe sobre la prevalencia de un Sistema de Carrera para la burocracia neoleonesa.
2- FUNDAMENTO TEÓRICO
Servicio Civil de Carrera y Profesionalización
México es un país que cotidianamente asume a su gobierno con poca capacidad para responder a las
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Pineda-Rasgado, X
necesidades de los ciudadanos. Incluso, el término burocracia se ha diluido y se ha alejado de lo que Weber
(2001) entendía como el cuerpo de funcionarios del estado, responsables de representar y ejercer el poder
público. Sin embargo, en la cultura popular, la burocracia se percibe como el grupo de personas e instituciones que entorpecen la resolución de problemas públicos. Buena parte de este ideario cultural respecto
a la burocracia se debe en buena medida a la falta de profesionales estables dentro de los gobiernos y al
uso faccioso de esta como recurso del poder político y de los intereses corporativos totalmente opuestos al
modelo weberiano (Echebarría, 2008).
En la introducción de este documento se hizo mención de distintos conceptos que pudieran originar confusión pues pudieran parecer sinónimos, Servicio Civil de Carrera (SCC) y Profesionalización. De acuerdo
con Pardo (2005b) el SCC es: “un conjunto de acciones sistemáticas mediante las cuales los servidores
públicos pueden ingresar, permanecer y desarrollarse profesionalmente dentro de la administración pública,
proporcionando a su vez niveles altos de eficiencia y eficacia que redunden en el cumplimiento óptimo de
los objetivos institucionales como respuesta a las demandas públicas que el gobierno recibe por conducto
de su aparato administrativo” (p. 9). Es decir, la autora describe netamente un sistema que permite gestionar
de manera ordenada los recursos humanos.
Además, los miembros de este tipo de sistemas constituyen un cuerpo apolítico y permanente de funcionarios que forman la espina dorsal de una determinada administración. Los elementos esenciales de
un sistema de carrera son una ley básica de administración de personal y un organismo responsable de su
aplicación (Naciones Unidas, 1962). Los principios fundamentales dentro de los sistemas de carrera son: el
mérito, y la igualdad de oportunidades.
El principio del mérito supone que los cargos públicos deben estar ocupados por las personas más capaces y preparadas, es decir, aquellos que “merecen” las designaciones gracias a sus conocimientos, habilidades y aptitudes (Dussauge, 2002). Por otra parte, la igualdad de oportunidades establece que el acceso a los
cargos no puede estar condicionado por la situación económica, social o por el género de los aspirantes. La
igualdad implica que cualquier persona interesada en un puesto de la estructura burocrática puede acceder
a él sin discriminación alguna, con las únicas limitaciones de sus propias capacidades y por supuesto, las
necesidades del cargo (Dussauge, 2002).
Vale la pena rescatar un tercer elemento, este es el referente a la estabilidad en el cargo. Esto significa
que los funcionarios lleven a cabo sus responsabilidades sin suponer que los cargos son de su propiedad,
pues ellos se encuentran sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa. Es por eso que los
funcionarios deben estar en constante perfeccionamiento. La estabilidad del cargo es un mecanismo que
permite evitar la existencia de un sistema de botín que ampare movimientos y despojos dentro de la administración (Pardo, 2005a).
Los rasgos característicos de los servicios de carrera son, principalmente, la selección mediante exámenes competitivos; las restricciones a la remoción arbitraria del cargo; la exigencia de neutralidad política a
los funcionarios que aspiran a entrar y permanecer; y la existencia de un cuerpo regulador independiente
que vigile el funcionamiento integral del sistema. El objetivo principal de estos sistemas, es conseguir la
permanencia de los funcionarios más capaces a pesar de los cambios es la estructura política del gobierno
(Pardo, 2005a). En otras palabras, lograr la estabilidad dentro del aparato administrativo pese a la inestabilidad política que pudiera existir.
Los sistemas de carrera en el servicio público no es una propuesta netamente reciente, como tampoco lo
es la falta de confianza en las instituciones, la corrupción, el clientelismo, la falta de personal público especializado, etcétera, en los diferentes gobiernos. Pero todo esto último es lo que ha llevado a distintos países
a tratar de implementar un Servicio de Carrera en sus gobiernos que sirva como instrumento para corregir y
reivindicar la imagen de las administraciones públicas, mismas que en su mayoría se han convertido, frente
a los ciudadanos, en un sinónimo de la ineficiencia gracias a la falta de capacidad de los servidores públicos
para atender las necesidades sociales.
Muchos gobiernos alrededor del mundo, incluido México, reconocen que la adopción de un sistema
como este permitiría a la función pública combatir el deficiente desempeño del servicio público, y brindará la capacidad necesaria a los servidores para cumplir con las tareas que les competen, así como poder
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�La importancia de la profesionalización del servicio público...
desarrollar mayores y mejores políticas públicas. Eso trae como resultado no solo la existencia de un buen
gobierno, efectivo en respuesta y con servicios de calidad, sino que además combatirá de manera positiva
la crisis de legitimidad que actualmente atraviesan.
Lo conceptualizado sobre el Servicio Civil en los párrafos anteriores puede provocar cierta confusión
con la definición que retoma Longo (2008) sobre la profesionalización. Según el autor, la Carta Interamericana de la Función Pública define en su preámbulo que la profesionalización es “la garantía de posesión
por los servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio,
la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y
valores de la democracia” (p. 45).
Según explica Longo (2008), existe una relación entre la posesión de estos atributos con la existencia
de un sistema de gestión del empleo. Es decir, que los principios de eficacia y eficiencia son compatibles
con el mérito e imparcialidad de los sistemas de carrera. En otras palabras, la idea de profesionalización
consiste en hacer más profesional al servicio civil. En este punto resulta pertinente recordar el paradigma de
la Nueva Gestión Pública, pues es este nuevo enfoque de la administración pública el que de alguna manera
origina y pone sobre la mesa la importancia de la profesionalización de las burocracias.
En las últimas décadas del siglo XX, surge en distintos países un nuevo modelo de gestión pública
llamado Nueva Gerencia Pública (NGP). La idea principal de este modelo residía en obtener una mayor
eficiencia en el trabajo gubernamental implementando en el quehacer público los métodos y prácticas que
se aplican en las organizaciones del sector privado.
La llegada de este nuevo paradigma dentro de la administración, consistía en un modelo que va del
énfasis en la política pública, a uno en las capacidades gerenciales; de un fuerte énfasis en los procesos, a
un énfasis en los resultados; de jerarquías ordenadas, a la competencia en espacios de mercados, o cuasi
mercados; de seguridad en el trabajo y salarios precisos para la burocracia, a evaluación del desempeño y
firma de contratos específicos amarrados a la obtención de ciertos resultados (Arellano, 2002).
La Nueva Gerencia Pública surge como respuesta a los problemas que presenta la Administración Pública Tradicional. Según Hood y Hughes (citados en Martínez, 2003b), la Administración Pública Tradicional
presentaba dos grandes problemas. En primer lugar, la propia eficiencia del modelo burocrático se veía
afectada por el excesivo celo respecto a las reglas y los procedimientos.
En segundo lugar, la siempre falaz separación entre políticos y administrativos, la pretendida despolitización de la burocracia, la deshumanización de los procesos racionalizadores o las propias condiciones
de trabajo que imponía el modelo generaban dificultades en la tarea de control políticos (Martínez, 2003b)
En ese sentido, el modelo burocrático tradicional pasa a un modelo postburocrático que trae consigo una
perspectiva diferente. En primer lugar, se pasa de enfocar las necesidades y perspectivas propias a enfocar
las del cliente o ciudadano; Segundo, el modelo burocrático se define asimismo tanto por la cantidad de
recursos que éste controla como por las áreas que éste desempeña, mientras que el postburocrático se define asimismo por los resultados que éste alcanza para sus clientes; Tercero, el burocrático se enclava en la
rutina, el potsburocrático modifica sus operaciones en respuesta a las cambiantes demandas de sus servicios
(Martínez, 2003b)
Cuarto, el burocrático insiste en seguir sus procedimientos estandarizados, el postburocrático se construye de la elección al interior de sus sistemas de operación atendiendo a un propósito; y quinto, el burocrático establece planes y políticas, el postburocrático engrana una comunicación de dos vías con sus clientes
para revisar y evaluar la estrategia de sus operaciones (Martínez, 2003b).
A partir de estos elementos, la profesionalización se convierte en una herramienta fundamental de la
NGP para trata de superar algunos de los problemas típicos de las administraciones tradicionales, tales
como que, al permanecer estas sin vigilancia, se vuelven corruptas e incompetentes, además que se desarrolla dentro de ellas una burocracia más poderosa y prácticamente inamovible. El objetivo es convertir a
las burocracias tradicionales en un cuerpo de funcionarios y servidores públicos altamente capacitados para
atender de manera más eficiente las demandas ciudadanas.
La periódica evaluación del desempeño que se propone dentro del modelo profesional intenta acabar
con esas prácticas. Primeramente, reduciendo el cuerpo de funcionarios al servicio del Estado, tratando de
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establecer un sistema que no deje de lado la continuidad en el servicio pero que también permita contar con
una nueva burocracia capaz y profesional.
Clientelismo político: Ausencia de ética pública
Además de la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el servicio público, la profesionalización es
también el mecanismo que busca terminar con lo que, en Estados Unidos, durante el siglo XIX, se conoció
como spoil system, en español conocido como clientelismo político o sistema de botín (Pardo, 1995).
Resulta lógico entender que el clientelismo político es la antítesis de los sistemas de carrera, el llamado
“amiguismo” o “compadrazgo”, son expresiones que permiten entender de una manera burda el significado
del clientelismo político, que no es otra cosa más que la práctica de nombrar a ciertas personas para detentar
cargos dentro de la burocracia por motivo de lealtad a cierta persona en el poder o a un partido político.
Desafortunadamente, el nepotismo es algo que se da con mucha frecuencia en los gobiernos y lo que deja
en evidencia es la ausencia de una formación ética del servicio público.
Por otra parte, el servicio de carrera tiene como principal eje de función, el mérito. Y por qué no decirlo,
también la lealtad, pero no a cierta persona, sino a la administración como tal. El ingreso al servicio, así
como la promoción dentro del mismo se fundamentan en un sistema meritocrático, completamente contrario a lo que sucede en las prácticas clientelares. El sistema clientelar se conforma por grupos de personas
que giran en torno a un poderoso patrón que reparte los cargos como método de ingreso al servicio. Este
patrón jerárquicamente puede fungir como presidente, secretarios de estado, gobernadores o alcaldes, según sea el caso (Zapata, 2016)
Estos valorarán con base en su propio beneficio y conveniencia a aquellos que habrán de ocupar los cargos públicos. En este sistema de botín, el requisito principal para ser seleccionado es la absoluta lealtad que
demuestren a la persona que los eligió, dejando prácticamente en último término cuan preparados y aptos
se encuentran para ejercer dichos cargos. En este sentido, el objetivo principal de esta burocracia clientelar
consiste en cumplir única y exclusivamente con las tareas que les haya establecido el poderoso que los eligió, siendo éste el único al cual importe entregar cuentas, ya que ello permitirá obtener como recompensa
el aseguramiento del puesto o un ascenso, según sea el caso (Hernández, 2000).
De modo que aquel funcionario que no forme parte de esta dinámica en la que la prioridad es satisfacer
los intereses de quien esté al mando, puede ser removido de su cargo sin tomar en cuenta su trayectoria o si
aportó algún beneficio para la institución o para la sociedad. De cierta manera este sistema también podría
considerarse finito y a la vez cíclico, ya que cada clientela con su respectivo patrón disfruta de un tiempo
determinado de labores para que al término de su administración ésta sea sustituida para dar paso a la siguiente clientela, la cual habrá de regirse bajo los mismos esquemas y principios.
Como resultado se obtiene una interminable lista de funcionarios que además de no estar profesionalizados, enfrentan una enorme inestabilidad laboral que usualmente desemboca en la inexistente continuidad
de las políticas y acciones del gobierno anterior. Todo esto ha ocasionado daños profundos a las administraciones públicas, ya que este problema ha tenido tanta presencia en los gobiernos que el mismo sistema
administrativo de alguna manera ha aprendido, heredado y continúa reproduciendo estas viciadas prácticas.
Son estas acciones las que han deteriorado la imagen del gobierno, y lo han convertido ante los ojos
de la sociedad en un ente que carece de credibilidad y de capacidad de gestión de las tareas estatales. Una
burocracia conformada por elementos sin ningún tipo de aptitud para el servicio público, da como resultado un baja calidad en los servicios públicos, carencia de política pública y la casi inexistente capacidad
de respuesta de los gobiernos a las necesidades sociales. En esa lógica, el servicio de carrera debe buscar
remediar ese problema permitiendo la existencia de un gobierno eficaz que goce de una continuidad en sus
quehaceres sin importar la eventual renovación de aquellos ocupan los cargos superiores (Pineda, 2017).
Un servicio público no profesionalizado se convierte en un freno para el desarrollo de las administraciones, impide el establecimiento de filtros que aseguren la especialización y capacitación de los servidores
y que a la vez se resistan a la instrumentación de mecanismos de mejora. Es por ello por lo que resulta
imprescindible tomar medidas y llevar a cabo acciones que permitan la creación y el fortalecimiento de meRevista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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�La importancia de la profesionalización del servicio público...
canismos que aseguren un servicio público integrado por personas aptas y capaces para gestionar las tareas
que les sean encomendadas, y que su lealtad esté fundamentada en el objetivo de atender las necesidades
sociales.
Servicio Profesional de Carrera en México
Tal y como se señaló con anterioridad, el esquema de la nueva gerencia pública se asienta sobre la idea
de construir un modelo diferente de gobierno que funcione bajo preceptos empresariales, es decir que,
tomando como ejemplo las prácticas de trabajo del sector privado se pretendía lograr un gobierno más eficiente y eficaz a través de la profesionalización del servicio público. En este contexto México comienza a
tomar medidas orientadas a este nuevo enfoque a finales de la década de los ochenta, sin embargo, en tema
de profesionalización, no es hasta el año 2003 que el interés genuino por profesionalizar al servicio púbico
toma lugar.
Previamente se hizo la distinción entre Servicio Civil y profesionalización, se dijo que ambos conceptos
son complementarios en horas no solo de asegurar un sistema que tenga como base fundamental el mérito,
sino que también posea una esencia de la búsqueda de la eficiencia y eficacia en el servicio, trascendiendo
la visión burocrática del cumplimiento exclusivo de la norma, a la búsqueda de resultados.
En ese tenor, el gobierno federal mexicano, busca consagrar esa complementación de conceptos y en el
año 2003 publica en el diario de la federación la Ley del Servicio Profesional de la Administración Pública
Federal. Esta ley tenía por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo
del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal
Centralizada.
La ley se piensa también como una herramienta de gestión del capital humano que permitiría al gobierno federal organizar de manera adecuada al personal que acceda al sector público garantizando el ingreso,
el desarrollo y la permanencia de servidores mediante el mérito y la evaluación permanente del desempeño.
Al respecto, Martínez Puón (2003a), señala que esta ley más que de carácter laboral, es de carácter administrativo porque lo que crea es un régimen especial para los servidores públicos denominados “de confianza”.
De manera clara, la ley señala a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como el órgano encargado de
dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento del sistema en las dependencias de la administración central
y vigilar que se cumpla con los principios rectores de la norma. No obstante, cabe señalar que la operación
del sistema quedará a cargo de cada una de las dependencias de la administración federal (Artículo 2º).
Las facultades que se otorgan a la SFP para cumplir su labor se señalan en su artículo 69º de la ley, entre
las que se rescatan: emitir los criterios y establecer los programas del sistema, elaborar el presupuesto anual
para la operación del mismo, administrar los bienes y recursos, expedir los manuales de organización y
procedimientos, dar seguimiento a la implantación y operación del sistema en cada dependencia y en caso
de ser necesario, dictar las medidas correctivas que se requieran.
De igual manera, debe encargarse de aprobar los mecanismos y criterios de evaluación, promover y
aprobar los programas de capacitación y actualización, establecer mecanismos necesarios para conocer la
opinión ciudadana respecto al funcionamiento del sistema, y revisar de manera periódica la operación del
Sistema en las diversas dependencias.
Profesionalización en las Entidades Federativas
En 2007, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) realizó un estudio diagnóstico sobre los sistemas de profesionalización existentes en 21 de las 32 entidades federativas
del país. El objetivo del estudio consistía en valorar en términos de consistencia y funcionalidad las tendencias organizativas, de planeación y de los procesos de los sistemas de profesionalización que operan en
distintas entidades federativas disponer de elementos de análisis para la formulación del Modelo de Sistema
de Profesionalización tipo para servidores públicos de las administraciones estatales (INAFED, 2007). El
reporte del INAFED ofrece una valoración general sobre las condiciones del sistema de profesionalización
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en términos normativos, organizacionales y de funcionamiento. El documento no se centra en el análisis
específico de cada Estado, por lo que a partir de la información proporcionada por cada estado, se brinda un
panorama general de las administraciones locales.
La publicación de la ley del servicio profesional a nivel federal fue un avance importante en la materia
debido a que esto impulsó a distintas administraciones locales a realizar esfuerzos orientados a mejorar el
sistema existente, y en algunos casos, a construir uno que les permita construir una burocracia profesional
y capaz, que contribuya de manera positiva al desempeño del gobierno y a la mejora continua (INAFED,
2007). Las particularidades que se registran en las entidades federativas respecto a la profesionalización
son diversas. En algunos casos, entidades que al menos cuentan con una ley clara que regule el sistema,
tal es el caso de Zacatecas2, o el entonces Distrito Federal3. Por otra parte, estados que simplemente no se
tiene un marco normativo claro, y en algunos otros se logra observar cómo aún se encuentran en proceso
de desarrollo, es decir, no existen aún los elementos suficientes que permitan evaluar su funcionamiento.
Profesionalización del Servicio Público en el Estado de Nuevo León
Tal y como se ha tratado de explicar a lo largo del texto, establecer un sistema de profesionalización requiere de varios elementos técnicos y de organización. Es necesario contar con una normativa clara que defina el objetivo del sistema, la manera en que debe operar, el órgano encargado de su ejecución, etcétera. No
obstante, vale la pena partir del entendido que la profesionalización, tal y como lo estudia Arroyo (2010),
es una política pública que en primera instancia debe ser un elemento que integre la agenda política, pues
mucho depende el adecuado funcionamiento del sistema de la voluntad del poder político para conseguirlo.
El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 cuenta con nueve capítulos, de los cuales se rescatan el tercero, Gobierno Eficaz y Transparente, y el octavo, Prioridades de Gobierno. En ambos apartados se señala
la importancia y a necesidad de fortalecer la capacidad de acción del gobierno, hacer del aparato estatal
un gobierno capaz de responder a las necesidades ciudadanas. De manera específica, el tema 2 del tercer
capítulo, de manera clara señala la profesionalización del servicio público como algo imperativo de este
nuevo gobierno.
Lo anterior sirve para confirmar lo que se mencionaba al principio de este texto, los gobiernos verdaderamente entienden que la profesionalización se ha vuelto en un imperativo de los gobiernos, como un
mecanismo que puede ayudar a la lucha contra la corrupción que tanto ha permeado en las administraciones
públicas. Abogar por la profesionalización del servicio público parece incluso un discurso indispensable
dentro de las plataformas de gobierno, sin embargo, tal parece que los esfuerzos reales y tangibles no acompañan ese entendido.
El estado de Nuevo León cuenta con una Ley del Servicio Civil, publicada en el Periódico Oficial del
estado el 26 de junio de 1948, reformada por última vez el 29 de diciembre de 2017, y tiene por objeto
regular las relaciones de trabajo del gobierno del estado con sus servidores, además de ampliarse para los
trabajadores de los ayuntamientos. Esta legislación protege al trabajador desde el momento en que toma
posesión del empleo o el cargo para el que haya sido designado o desde que aparezca su nombre en nómina
o lista de raya (INAP, 19999). En otras palabras, a nivel estatal, esta es la ley que rige la relación laboral
de los trabajadores públicos con el gobierno, señala entre otras cosas, los derechos y obligaciones de los
trabajadores, horas laborales, descansos, salarios, entre otras cosas. Es decir, no es una norma que contemple la existencia de un sistema público de carrera que regule el ingreso, la capacitación, la promoción y la
separación del cargo4.
2
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado
y Municipios de Zacatecas. 10 de junio de 2003.
3
Gaceta Oficial del Distrito Federal. Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del
Distrito Federal. 13 de junio de 2000.
4
Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León. Disponible en: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_del_servicio_civil_del_estado_de_nuevo_leon/
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No obstante, de acuerdo con la investigación de Arroyo (2010), el estado de Nuevo León tuvo un
importante avance en la materia, pues como parte del Plan Estatal de Desarrollo 2004 – 2009, así como
del Programa Sectorial de Modernización Administrativa y Competitividad Gubernamental, el sistema de
profesionalización se formaliza mediante el Decreto que establece el Estatuto de Profesionalización para
el Servicio Público del Estado de Nuevo León, en el cual se define el marco jurídico básico que regula el
Sistema de Profesionalización de la Administración Pública de Nuevo León.
Con el mismo decreto se creó el Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del Estado
de Nuevo León como órgano rector del sistema, disponiendo para el desarrollo e implementación de la
política, de infraestructura administrativa, capital humano, recursos tecnológicos y materiales, así como de
la asignación de presupuesto para administrar, operar y desarrollar el sistema de profesionalización y los
subsistemas que lo integran (Artículo 29º).
Sin embargo, el problema principal para que este estatuto se cumpla es que debería estar vigente. De
acuerdo con el mismo estatuto, en su artículo 42º señala que le corresponde a la Oficialía Mayor de Gobierno administrar y operar el Subsistema de Ingreso; desarrollar y administrar el Catálogo General de Puestos
de la Administración Pública Estatal, en atención a las necesidades de profesionalización y en coordinación
con el Instituto de Profesionalización; así como coordinar, integrar, analizar, validar y registrar los perfiles
de puestos.
En la reforma de 2016 a la Ley orgánica de la administración pública estatal establece una nueva estructura orgánica en la que se sustituye a dicha oficialía por una Coordinación Ejecutiva de la Administración
Pública del Estado. Lo lógico hubiera sido reformar y actualizar esa información en el estatuto de profesionalización, sin embargo, no fue así. En el mejor de los casos, pudiera suponerse que en la práctica, el
sistema de profesionalización operaría omitiendo ese detalle de forma en la normatividad, sin embargo tal
suposición resulta imposible debido a que una vez revisada la estructura de gobierno mediante la información pública en el portal del gobierno estatal, el Instituto de Profesionalización no se contempla en ningún
sitio web, ni forma parte de algún organigrama. Ese instituto no se contempla en el listado de dependencias
públicas que se encuentra disponible en el portal del gobierno del estado5.
La misma reforma a la ley orgánica del año 2016, sustituye el texto del artículo 31 que Arroyo (2010, p.
17) había tomado para su investigación, en la cual se señalaba en su fracción VII “llevar a cabo programas
y acciones... relativos a establecer la profesionalización del servicio público en el Estado”. El texto actual
de ese mismo artículo es el siguiente: “La Secretaría de Administración es la dependencia encargada de administrar los recursos humanos, materiales y servicios que requiera la Administración Pública del Estado”,
el mismo artículo 31 señala que a la Secretaría de Administración le atañe la responsabilidad de programar
y celebrar los contratos por los cuales se realicen las contrataciones de recursos humanos, así como tramitar
los nombramientos, promociones, cambios de adscripción, licencias, bajas y jubilaciones de los servidores
públicos del Poder Ejecutivo.
De más está decir, que esta reforma de 2016 a la ley orgánica, no solo deja de lado al estatuto del servicio profesional y al instituto de profesionalización como elementos que rijan la integración del servicio
público, sino que además dota de total discrecionalidad al poder ejecutivo para contratar y nombrar a
funcionarios y servidores públicos de la manera que más le convenga. Sin mencionar que se minimiza de
manera exponencial la importancia de la implementación de un sistema profesional en el gobierno estatal
pues la gestión de los recursos humanos del ejecutivo estatal, solo quedaron bajo la responsabilidad de una
Dirección General perteneciente a la Secretaría de Administración.

5

Dependencias del Gobierno Estatal. Consultar en: http://www.nl.gob.mx/dependencias
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3- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la importancia de la profesionalización del servicio público en Nuevo León, se consultaron un total de cuarenta y dos referencias bibliográficas utilizándose
como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a la profesionalización del servicio público en Nuevo León. Una vez recopilada y analizada la información se construye
el documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme
a los objetivos trazados (Lechuga, 2018, p. 196).
CONCLUSIONES
Estos argumentos son relevantes por varias razones, en primer lugar, exponen la amplitud de perspectiva que permite el MF y la observación de segundo orden, pero, por otro lado, son una muestra fehaciente de
que las críticas en torno al supuesto ‘conservadurismo” de la teoría luhmanniana y el método funcional no
tienen origen en la reflexión teórico-metodológica, sino en el prejuicio y el desconocimiento.
Como sostiene Torres (en Luhman, 1998: 17), en nuestro medio, es común el rechazo al trabajo de Niklas Luhmann, bajo la queja de que su teoría resulta demasiado compleja. Ello tiene efectos hondos en el
pensamiento sociológico, pues, como señalamos, o se critica a Luhmann desde la falta de comprensión o,
sencillamente, se descarta como explicación posible. Esta situación ilumina la necesidad de elaborar ejercicios de ‘traducción’, de clarificación de la teoría luhmanniana y los recursos que involucra, con el ánimo
de entablar diálogos académicos que excluyan perspectivas políticas o morales.
El método funcional, como señalamos, consiste en relacionar varias causas que son funcionalmente
equivalentes para producir el mismo efecto, e intenta identificar cuál es el criterio de selección de una causa
para producir cierto efecto y con relación a qué función lo cumple. Partir del reconocimiento del carácter
abstracto de las funciones y de los problemas de referencia, observar la equivalencia entre las posibles soluciones del mismo, permite una mirada de gran angular, desontologiza, complejiza, transita por ‘lugares’
que, con el uso de otros métodos, quedan completamente invisibilizados.
En este sentido, reiteramos, a propósito del ‘carácter conservador’ atribuido al MF, que el funcionalismo no busca justificar algún tipo de efecto y después encontrar una causa que garantice la producción
del mismo, más bien, utiliza la referencia a un tipo de efecto particular como estímulo para comparar y
equiparar determinados hechos causales. Por ello, no procede a partir de la exclusión de todas las otras
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causas posibles y la designación de una, sino de la inclusión, pues su pretensión es identificar rendimientos
equivalentes en la resolución de problemas particulares de los sistemas sociales.
Esta manera de proceder sólo es posible a partir de una construcción particular del concepto de observación, a saber, observar como el trazo de una distinción, como el ejercicio de sacar algo del unmarked space
del mundo, como una operación que no adquiere sustancia alguna, sino que únicamente actualiza un lado
de una forma, una forma que siempre aparece como ‘invisible’ para quien observa y que por ello reclama
la perspectiva del segundo orden.
La observación de segundo orden permite identificar la distinción que utiliza el observador de primer
orden, con ello es posible clarificar ¿qué es lo que el observador de primer orden excluye cuando utiliza esa
distinción?, ¿qué es lo que ésta no le permite ver?, ¿por qué esa distinción y no otra? Dicha estrategia se
traduce en una ‘crítica’ más profunda que cualquiera planteada por las ‘teorías marxistas’, en el sentido de
que presenta una imagen compleja del mundo, que excluye explicaciones unilaterales y simplistas.
Mirar desde el segundo orden, permite acceder a un concepto de realidad que sólo puede ser resultado
de una red de observaciones cuya ‘consistencia’ y validez se explica sólo a partir de su facticidad. Es decir,
en la base del orden social no aparece ningún tipo de consenso o instrucción ontológica, sino un entramado
de observaciones recursivas.
Pensar, desde la teoría de sistemas, a la sociedad moderna como resultado de una multiplicidad de observaciones permite reconocer que siempre existe ‘el otro lado’, que quien observa es incapaz de percibir
las discontinuidades y las distinciones de las que parte la propia observación, es decir, es incapaz de ver
lo que no ve, por tanto, es en este sentido que la observación de segundo orden se convierte en un recurso
imprescindible en la sociología, pues permite ver lo que el observador de primer orden no puede.
Sólo en este contexto adquieren relevancia las posibles soluciones a los problemas, que no fueron
seleccionadas. Bajo este concepto de realidad la noción de contingencia juega un papel central, pues la
selección de una solución a un problema de referencia sólo es una entre otras soluciones posibles, es decir,
es contingente.
A partir de ello es posible comprender, por un lado, la importancia de la relación entre el método funcional y la observación de segundo orden en la propia teoría luhmanniana y por otro, la relevancia de este
binomio para el pensamiento sociológico, en el sentido de que, el MF, permite, también reconocer que su
observación es una observación hecha por un observador, en este sentido, puede ser observada.
Finalmente consideramos importante enfatizar que la discusión desarrollada en el presente artículo refuta las críticas (prejuicios) señaladas al inicio de la exposición. Pues frente a la idea de que, por herencia
parsoniana, el método funcional de Niklas Luhmann concibe al sistema en términos de orden y equilibrio,
por tanto, las estructuras deben mantienen una función estática, es necesario recordar, que tal y como sostiene Galindo (2008: 58) en la reconstrucción que Luhmann elaboró del método funcional, buscó, fundamentalmente, rescatarlo de las premisas del estructural funcionalismo parsoniano.
Mientras que, para Parsons, la existencia del sistema social depende sólo de cuatro funciones, para Luhmann, como ya se demostró, la idea de función y estructura no permanece estática, por el contrario, éstos
son vistos como componentes dinámicos que pueden ser transformados. El reconocimiento del dinamismo
en el sistema, es decir, de que todo sistema social se compone de elementos basalmente inestables y que
en este sentido las estructuras están supeditadas a las operaciones, responde a la segunda crítica, citada en
las primeras líneas de este texto, que sostiene que el método funcional descuida el cambio y el ‘conflicto’.
Por otro lado, la perspectiva formal del método funcional anula toda noción de actores portadores de
funciones; como se especificó, para Niklas Luhmann la función no tiene sustancia, tampoco es un efecto
a producir, ésta es únicamente un esquema lógico regulador, que organiza un ámbito de comparación de
efectos equivalentes.
Reservamos el final de este artículo a la crítica según la cual el método funcional ‘no cumple con los
requerimientos mínimos que demanda la ciencia’, porque consideramos sustancial, subrayar que pocas rutas de análisis permiten una imagen tan amplia de los problemas sociológicos, como la que logra el método
funcional.
La posibilidad de observar las diversas opciones que pueden sustituirse en una relación de equivalencia
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y logran desparadojizar la paradoja del observador, el ejercicio de comparar diversas observaciones, científicas y cotidianas, la forma problema/ múltiples soluciones equivalentes del problema amplían la visión
científica, como no lo había hecho antes ninguna perspectiva. La ‘duda metódica’ que se logra con la visión
funcionalista es una innovación revolucionaria en sociología.
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Análisis de la problemática de mortalidad materna en el estado de nuevo león en la actualidad
Analysis of the maternal mortality problematic in nuevo león state nowadays
Gerardo, Tamez-González1
Hannia Melissa Treviño Treviño2
Universidad Autónoma de Nuevo León
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en mostrar evidencia de la
mortalidad materna como un elemento clave de la teoría del desarrollo humano, así como los distintos entornos institucionales, políticos y sociales que brindan el acceso a la salud en el estado de Nuevo León, como uno de los factores
principales para avanzar hacia una sociedad sustentable con un nivel alto de calidad de vida. Se aplicó el método de
análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras
la revisión documental se encontró que: la medición de indicadores de salud en el estado de Nuevo León son diseñados
sobre la base de las instituciones mundiales en salud, que brindan información esencial y especifica respecto a la salud
materna.
Palabras clave: Mortalidad materna, objetivos del desarrollo del milenio, salud reproductiva.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, whose aim consisted in showing evidence of the maternal mortality
as a key element of the theory of human development, as well as the different institutional, political and social settings
which provide access to healthcare in the state of Nuevo León, as one of the main factors to move towards a sustainable
society with a high-quality life level. The method of analysis was applied with a qualitative approach, non-experimental
design, under a documentary-literature cross sectional level. After the documentary review, it was found that: the measuring of the health indicators in the Nuevo León State are designed on the basis of the global institutions on health,
which provide vital and specific information regarding to maternal health.
Key words: Maternal Mortality, Millennium Development Goals, Reproductive Health.

Cómo referenciar este artículo: Tamez-González, G., &amp; Treviño Treviño, H. M. (2017). Análisis de la
problemática de mortalidad materna en el estado de nuevo león en la actualidad. Revista Políticas,
Globalidad y Cuidadanía, 57-64.

Recibido: 03 de Agosto 2016 - Aceptado: 05 de Octubre 2016

1
Doctor en Gerencia y Política Educativa, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT,
perfil PROMEP.
2
Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. hannymelissa@hotmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
México Monterrey, México, ISSN 2395-8448. pp 57-64. http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/article/view/55

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Análisis de la problemática de mortalidad materna...
1- INTRODUCCIÓN
En la actualidad la mortalidad materna es considerada como uno de los primordiales marcadores de
inequidad en el ámbito mundial e internacional, haciendo mención al estado de salud de la población y,
enfocándonos en las mujeres. El reducir el índice de la mortalidad materna ha sido considerado como una
prioridad en las políticas de salud, sobre todo desde la que los países miembros de las Naciones Unidas
crearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que en el año 2000 incluían la reducción en 75%
de la razón de mortalidad materna (RMM) global.
La mortalidad materna atenta contra los derechos humanos. Por consiguiente, la clasificación de los
derechos humanos relacionados con la mortalidad materna propuesta por Rebecca Cook, señala la violación
de los derechos en situaciones de exclusión, la deficiencia de los sistemas de salud y la falta de apoyo a la
mujer durante el embarazo y el parto.
Pisanty-Alatorre (2017), menciona que la divergencia en la RMM entre países ha sido ampliamente
documentada, al grado que ha sido nombrada “la mayor discrepancia de todas las estadísticas de salud
pública”. Sin embargo, la RMM muestra importantes diferencias al interior de los países, y México no es la
excepción. El Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) da a conocer cada año un análisis de las cifras
de mortalidad materna generadas por la Secretaría de Salud (SSA).
“Actualmente, con todos los avances médicos con los que cuenta la humanidad, la muerte materna es
considerada entre los principales problemas de salud pública; una violación a los derechos humanos de las
mujeres, particularmente a sus derechos sexuales y reproductivos” mencionó al respecto el IPAS (International Pregnancy Advisory Services, 2016).
Algunos de los indicadores que fueron seleccionados dentro de este contexto están propuestos en el Objetivo 5: (mejorar la salud materna) de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por la Organización de las
Naciones Unidas. Una de las características identificadas de estos indicadores, es que se tiene información
de diferentes años de observación, con la cual se puede apreciar su tendencia. Por consiguiente, bajo estas
circunstancias, formando parte con las “trayectorias de atención”, nos permite entender que, para que una
mujer muera de “muerte materna”, deben seguir factores que pueden incluir, desde la falta de ingresos, la
deficiencia de estado nutricio y la falta de medios de transporte, hasta la disminución de acceso de carácter
económico, geográfico o cultural a los servicios médicos. Estos factores se manifiestan de manera desigual
y no aleatoria en espacios o territorios concretos.
Algunas de las causas conocidas, que han dado origen a esta problemática son: el rezago social, la
escolaridad, la atención prenatal, los embarazos previos, las causas obstétricas indirectas (neumonías), la
enfermedad hipertensiva del embarazo y el aborto, las cuales son cada vez más relevantes y tienden a incrementar, en relación a la hemorragia obstétrica y la infección puerperal.
Ahora bien en el artículo se analiza como problema la mejora de los indicadores de Salud Materna con
respecto a los indicadores del Observatorio de Mortalidad Materna en México, los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, en el estado de Nuevo León. Se plantea como
pregunta problema: ¿Cuáles son las causas de la mortalidad materna en el estado de Nuevo León? Siguiendo una metodología cualitativa se realizó una investigación teórica con fuentes secundarias, se presentan
elementos cuantitativos como apoyo a la pregunta, con el objetivo de analizar las causas de mortalidad
materna en el estado de Nuevo León.
2- FUNDAMENTO TEÓRICO
Panorama de Salud Materna en Nuevo León.
Para comprender de una mejor manera la problemática de la salud materna en el estado de Nuevo León
y sus factores, resulta fundamental dar cuenta a la comprensión de diversos conceptos básicos y análisis de
los mismos: salud materna, salud reproductiva, teoría del desarrollo, objetivos del milenio, embarazos. De
esta manera le daríamos un enfoque más específico y esencial a la salud materna.
Con respecto a la Organización Mundial de Salud la salud materna es conocida por constituir todos los
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aspectos de la salud desde el embarazo, al parto hasta el postparto. Aunque la maternidad es una experiencia de felicidad y alegría para muchas mujeres, en otras ocasiones es sinónimo de tristeza, enfermedad e
incluso muerte.
De acuerdo a este contexto, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó
a cabo en el Cairo en 1994, se señaló que “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico,
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.”
Según las Naciones Unidas, en la Cumbre del Milenio de septiembre del año 2000, señala que “los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son las metas, cuantificadas y cronológicas, que el mundo ha
fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: hambre, enfermedad, pobreza de
ingresos, falta de vivienda adecuada, exclusión social, problemas de educación y de sostenibilidad ambiental, entre otras.”
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 y al Hospital General de México, se
denomina embarazo, gestación o gravidez (del latín gravitas) al período que transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado al momento del parto.
Ilustración 1: Cómo avanzó México para alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio

Fuente: Naciones Unidas, 2016, Recuperado de http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/
mdg-report-2015_spanish.pdf
En la imagen presentada anteriormente, se observan los resultados finales de los objeticos con relación a
los indicadores establecidos por las Naciones Unidas, en México, el cuál se concluye que los únicos 2 objetivos no logrados son el objetivo 4. Reducir la mortalidad Infantil y el objetivo 5. Mejorar la Salud Materna,
objetivos que requieren ser atendidos a través de políticas públicas del gobierno federal.

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Análisis de la problemática de mortalidad materna...
Salud Materna
Este artículo hace mención, describe y analiza la trayectoria del índice de mortalidad materna (MM)
con base a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible. En septiembre
del año 2000 en la Cumbre del Milenio en Nueva York, convocados por las Naciones Unidas, 190 países
plasmaron en los Objetivos del Milenio diversos aspectos a nivel internacional en relación con la salud y al
índice de desarrollo humano; dichos objetivos están orientados a mejorar las condiciones socioeconómicas
y ambientales de los países para alcanzar una mejor calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo algunos
de sus indicadores fundamentales son la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna.
La ONU junto con la Declaración del Milenio fijó el 2015 como fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM son las metas u objetivos que el mundo se ha fijado para
eliminar la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades, para promover la igualdad de género, la salud,
la educación y la sostenibilidad ambiental. Así mismo, se expresan algunos de los derechos humanos básicos, como los derechos a la salud, la educación y la vivienda. Ese logra destacar que el panorama general
con respecto a lograr los ODM se ha tornado difícil. El gran crecimiento económico que se ha generado en
algunos países en desarrollo en los últimos 5 años, hacía pensar que al menos el objetivo número 1 relativo
a la pobreza podría alcanzarse en todo el mundo, pero se acentúo un gran golpe debido a las crisis de los
alimentos, los combustibles y los mercados financieros, lo cual crea nuevos riesgos. Como meta de medio
plazo se sigue esperando una disminución de la proporción de madres en situación grave de salud materna
en el mundo en desarrollo, pero se considera que será a un ritmo menor al que se había previsto antes, debido a la desaceleración del crecimiento económico.
Al partir del 2015, se dio a conocer el paso a una nueva agenda Internacional, debida al incumplimiento
de los ODM, lo cual ahora se conocen como Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Esto no hace referencia a la desaparición de los ODM si no que los ODS no solo complementan si no también profundizan
el trabajo ya realizado para la mejoría de la calidad de vida de las personas.
Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos) Nuevo León
Gráfica 1 Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos) Nuevo León

Fuente: Recuperado de http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/Default.aspx?Param=GRAODM005000200010,28,019,2014,False,False,False,False,False,False,False,0,0,E
En la gráfica anterior se observa la razón de mortalidad que abarca desde el año de 1990 hasta el 2015,
se muestra la meta nacional establecida por las Naciones Unidas, y se logra destacar la desestabilidad que
se ha presentado a lo largo de esos años.
Al haberse cumplido el tiempo estimado de los ODM, las Naciones Unidas pactaron en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales encontramos la reducción de la RMM general a menos
de 70 muertes por 100 000 nacidos vivos para el año 2030.
Así, para enfrentar ese enorme reto y procurar la reducción esperada de la mortalidad materna en los
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años siguientes conforme a los ODM, habría que fortalecer seriamente acciones tendientes a mejorar los
procesos de atención vinculados con el embarazo, parto y puerperio en todas las entidades federativas,
puesto que se sabe con datos de 2009 que la gran mayoría de las muertes maternas ocurren en instituciones
públicas de salud.
Según Sergio Arellanos Balderas, la Secretaría General de Salud, en el 2009, implementó una estrategia
que daría beneficio a la reducción de la mortalidad materna e impulsaría mejores prácticas sanitarias. Gracias a ello se firmó el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud, en el cual se establece que todas las mujeres que
presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas en cualquiera de las unidades de salud de dichas
instituciones, sin importar su condición de afiliación.
Cabe señalar que el Diputado Sergio Arellano Balderas, del H. Congreso del Estado de Nuevo León,
propuso atender de emergencia a embarazadas en el año 2016, haciendo referencia a la nueva agenda de las
Naciones Unidas con fecha limite al 2030. Hace mención a la falta de educación, alimentación nutricia, de
soporte social y de infraestructura médica, los cuales se conocen como factores directamente asociados a la
salud materna, y hace referencia la falta de equidad de las clases sociales.
Aunque se puede observar que ha disminuido, desde el 2010 al presente año en Nuevo León, el índice
de mortalidad materna, la Observación de Mortalidad Materna de Nuevo León menciona que el número de
fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos, es de 20 mujeres muertas.
Ilustración 2 Numeralia 2015 Nuevo León

Fuente: Recuperado de http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Numeralia_2015_26mar.pdf
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Por consiguiente, en el 2015 se plantearon diversas reformas a la Ley General de Salud, en la Ley del
Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
todas relacionadas con las urgencias obstétricas, obligando a los establecimientos médicos a tomar las
medidas necesarias que aseguren la valoración médica de la embarazada y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales, para que pueda ser transferida a otra unidad médica
con el fin de preservar su vida e integridad física, sin restricciones de ningún tipo.
Por lo anterior, se estableció el siguiente decreto:
“DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el artículo 31 bis y se adiciona el artículo 31 bis 1 de la Ley Estatal de Salud, para
quedar como sigue:
Artículo 31 bis.- La atención a la salud de la mujer comprende, principalmente, los programas de prevención de cáncer cérvico uterino, cáncer mamario, así como la prevención y control de riesgo preconcepcional y de enfermedades de trasmisión sexual, sin menoscabo de los servicios proporcionados mediante la
atención materna infantil y la planificación familiar.
Artículo 31 bis 1.- Los servicios de salud referidos en el artículo 20 de la presente Ley, prestarán atención expedita a embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través
de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o de su afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. “
En el estado de Nuevo León, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología (2017), la RMM
alcanzó un valor de 32.6 defunciones maternas por cien mil nacimientos estimados, lo cual representa una
reducción de 8.7 defunciones porcentuales. Y en datos más recientes, en julio 2 del 2018, la RMM calculada es de 28.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, con un decremento de 15.9 puntos
porcentuales respecto a los datos registrado el año pasado.
3- METODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual de la teoría del método funcional, se consultaron un
total de diecisiete referencias bibliográficas utilizándose como instrumento las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos a la mortalidad materna en Nuevo León. Una vez recopilada y analizada la información se construye el documento
objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme a los objetivos
trazados (Lechuga, 2018, p. 196).
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�Tamez-González, G &amp; Treviño Treviño, H
CONCLUSIÓN
En Nuevo León la tasa de mortalidad materna durante el periodo 1990 a 2010 presentó una reducción
de 11 puntos, pasando de 37.6 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos en 1990, a 26.6 en 2012, y en
lo que va del año 2018 se ha calculado 28.3 defunciones. Esto indica que se ha mejorado la atención médica desde el periodo de gestación hasta el alumbramiento, lo cual es importante resaltar las condiciones
de salud de los infantes y de las mujeres embarazadas a nivel nacional. Los problemas de las mujeres en
gestión de salud deberían ser un factor primordial en nuestro estado, y no una fatalidad o un problema que
sea complejo con una difícil decisión.
“La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el 95% de la muerte materna es prevenible con el conocimiento existente, si la mujer recibe oportunamente atención digna y de calidad, pues esta
problemática es expresión de la inequidad y desigualdad y de la falta de empoderamiento de las mujeres”,
menciona el informe SAPI-ISS-74-15 presentado por la Cámara de Diputados, firmado por la Investigadora
Parlamentaria Claudia Gamboa Montejano y la Maestra Sandra Valdés Robledo.
Es por lo anterior que se debe lograr la equidad de género en Nuevo León, además el gobierno
debe crear políticas públicas enfocándose en la salud materna, y resolver esta problemática.
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Financiando esfuerzos contra el cambio climático en américa latina
Afinancing efforts against climate change in latin america
Sandra, Guzmán1
Mariana, Castillo2
Alin, Moncada3
Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)
RESUMEN
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en presentar una visión sobre
la evolución del financiamiento climático a nivel global, y cómo éste ha impactado en la región de América Latina, con
particular énfasis en la participación del financiamiento en materia de energías alternativas y renovables. Se aplicó el
método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se realiza un breve análisis de cómo se ubica México en estas discusiones y las
necesidades nacionales que se derivan de los procesos internacionales como el Acuerdo de París. Se concluye que se
requiere una acción conjunta, coordinada y determinante de todos los actores involucrados. Los gobiernos nacionales
y locales, el sector privado, los fondos multilaterales, la banca, la sociedad civil, etc.
Palabras clave: América Latina, cambio climático, desarrollo sustentable, y financiamiento.
ABSTRACT
This article is the product of a literature review, whose aim consisted in submitting a vision about the evolution of
the funding of climate change in a global level, and how this has had an impact on the Latin America region, with a
special focus on the funding participation with regard to alternative and renewable energies. The method of analysis
was applied with a qualitative approach, non-experimental design, under a documentary-literature cross sectional level.
After the documentary review a brief analysis is done about where Mexico is in these arguments and the needs that arise
from the international processes such as the Paris Agreement. It concludes that it is necessary a coordinate, determining
and joint action from all of the involved actors. The local and national governments, the private sector, multilateral
funds, banking, civil society, etc.
Key words: Latin America, Climate Change, Sustainable Development, Funding.

Cómo referenciar este artículo:
Guzmán, S., Castillo, M., &amp; Moncada, A. (2017). Financiando esfuerzos contra el cambio climático en
américa latina. Política,Globalidad y Ciudadanía, 65-74.
Recibido: 23 de Agosto 2016 - Aceptado: 26 de Octure 2016

1 Master en Política y Regulación Ambiental por la London School of Economics and Political Sciencie (LSE).
2 Coordinadora de la Agenda Naciaonal, Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe (GFLAC).
alin.moncada@gmail.com
3 Coordinadora de Comunicación Estratégica, Grupo de Financiamiento Climático de Americe Latina y el Caribe
(GFLAC). alin.moncada@gmail.com
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, Vol. 3 No. 5, Enero - Junio 2017, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
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Financiando esfuerzos contra el cambio climático...
1.- INTRODUCCIÓN
Las soluciones a los impactos y consecuencias del cambio climático se han ido constituyendo desde
un enfoque multi nivel y multi sector, debido a un creciente reconocimiento de que la acción unilateral, o
uni-sectorial no servirán para contrarrestar los impactos hasta ahora ocasionados por el problema.
A nivel global, se han hecho estimaciones sobre el costo del cambio climático y sobre el costo de la
inacción (Stern, 2006, 2009). Aunque los montos han variado de estudio a estudio, se calcula que el costo
de atender el problema podría representar al menos el 2% del producto interno del mundo; sin embargo, se
habla de que el costo de la inacción podría significar hasta el 20% (Stern, 2006, 2009).
Estas estimaciones han generado un debate internacional que hoy se ha traducido en una creciente
discusión sobre los medios necesarios para financiar las acciones requeridas, con el propósito de reducir
las emisiones que causan el problema, así como para financiar acciones que incrementen la resiliencia y
disminuyan la vulnerabilidad.
En este capítulo, se presenta una visión sobre la evolución del tema de financiamiento climático a nivel
global, y cómo esto ha impactado a la región de América Latina, con un particular énfasis en la participación del financiamiento en materia de energía renovable. De igual forma, se presenta un breve análisis de
cómo se ubica México en estas discusiones y las necesidades nacionales que se derivan de los procesos
internacionales, como lo es el Acuerdo de París.
2.- FUNDAMENTO TEÓRICO
Perspectivas del financiamiento climático a nivel global
El tema de financiamiento ha sido uno de los pilares de las discusiones globales desde la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972, en la que ya se hablaba
de los costos que la destrucción ambiental podría traer a los países. Estos argumentos sentaron las bases
para que el tema de financiamiento se colocara en la agenda de la Conferencia de Río de Janeiro en 1992
de la que se derivaron la creación de las Convenciones de Biodiversidad, de Desertificación y de Cambio
Climático. En dicha Conferencia de 1992, hubo un planteamiento inicial basado en la responsabilidad de
los países desarrollados en la generación de los problemas ambientales existentes y, por ende, la responsabilidad que tienen de brindar recursos financieros, tanto para llevar a cabo sus propias acciones, como para
apoyar la acción de países en desarrollo.
En este sentido, la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), fue la que estableció la relación donante-receptor que perduró por años. El Artículo 3º de
la CMNUCC apuntala que “las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que
figuran en el anexo II, proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de
los gastos convenidos que efectúen las Partes que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones”
(CMNUCC, Artículo 3).
Al respecto, la Convención señala en su Artículo 5º que “las Partes que son países en desarrollo y las
demás Partes desarrolladas que figuran en el anexo II tomarán todas las medidas posibles para promover,
facilitar y financiar, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el
acceso a ellos, a otras Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo, a fin de que puedan
aplicar las disposiciones de la Convención” (CMNUCC, Artículo 5).
Este mandato es el que ha guiado de manera primaria la visión del financiamiento para atención del
cambio climático, no obstante, su interpretación se ha dado en función de las necesidades de los países.
Si bien, se reconoce que los países desarrollados son los que proporcionarán recursos, el Artículo 5 señala
que los países en desarrollo deben promover, facilitar y financiar también tecnologías y conocimiento para
atender el problema.
Aunque hay un manifiesto de que las diversas partes deben tomar medidas, ha existido discrepancia en
la interpretación de esto. Por una parte, dentro del grupo de países en desarrollo, se encuentran diversos
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países, como la mayoría de países africanos y los denominados países menos desarrollados, cuyas capacidades económicas son restringidas. Por otra parte, esta misma clasificación incluye a países como China,
India, Brasil y otros, que se encuentran en una trayectoria de desarrollo y crecimiento económico distinta,
y por tanto su incorporación dentro de esta clasificación ha sido puesta en tela de juicio, por considerarse
economías de renta media que no deberían recibir más fondos de cooperación.
Este debate es el que perduró en el marco de las negociaciones de cambio climático durante años, hasta
hace poco con la creación, aprobación y entrada en vigor del Acuerdo de París. El Acuerdo, si bien reconoce que los países desarrollados deben mantener el liderazgo en la provisión y movilización de flujos de
financiamiento, también reconoce y da la bienvenida a que “otras partes” en capacidad de hacerlo, provean
de financiamiento para la atención del cambio climático (Acuerdo de París, Artículo 9).
Lo anterior, ha traído nuevos debates a la esfera internacional, como la manera en que los países deben
definir lo que es y lo que no es financiamiento climático y en qué momento dicho financiamiento debe ser
o no contabilizado. Esto debido a que en 2009 se propuso y en 2010 se acordó, que los países desarrollados
transferirán 100 mil millones de dólares anuales a países en desarrollo a partir de 2020 (COP15, Copenhague y COP16, México).
Aunque no existe un sustento que justifique la cifra de los 100 mil millones, es la cifra que ha guiado
el debate internacional, y el mayor cuestionamiento ha sido la manera en que los países alcanzarán dicha
transferencia y la importancia de definir las fuentes que serán parte de esta transferencia, es decir, si serán
fuentes públicas o si también se contarán fuentes privadas.
Para ello, el Comité Permanente de Financiamiento llevó a cabo en 2014 su primera evaluación bianual
de flujos de financiamiento de cambio climático, con el fin de conocer las cantidades transferidas para 2011
y 2012. En dicho estudio se observó que en 2011 se transfirieron 340 mil millones de dólares, mientras que
en 2012 se transfirieron 650 mil millones (SCF, 2014).
En un segundo estudio publicado en 2016, el Comité identificó que en 2013 se transfirieron 687 mil millones de dólares y en 2014, 741 mil millones (SCF, 2016). Los resultados obtenidos en estos dos estudios
muestran que las cifras son superiores a los 100 mil millones comprometidos en 2009; sin embargo, el debate se ha concentrado en la definición de lo que el Comité contempló en estas estimaciones y la necesidad
de revisar que no se traten de cifras que hayan sido doblemente contadas.
En este sentido y derivado del Acuerdo de París, actualmente se encuentran en proceso de definición
las modalidades de contabilidad de financiamiento provisto y movilizado. Si dichas modalidades son implementadas a cabalidad, esto permitirá definir con claridad qué será y qué no será contabilizado como
financiamiento climático y, por ende, cuál es la cifra que realmente está fluyendo y con ello, identificar las
brechas existentes entre lo que se tiene y lo que se necesita.
Tales modalidades podrían ayudar a definir lo que la comunidad internacional debería entender como
financiamiento climático, ya que a la fecha no existe una definición universalmente aceptada.
La relevancia de esta discusión radica en que, mientras existe una creciente necesidad de actuar en materia de mitigación y adaptación, aún no existe una definición de qué tipo de actividades serán consideradas
como mitigación o adaptación. Un ejemplo de esta discrepancia se presentó en 2015 cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y la Iniciativa de Política Climática (CPI),
presentaron un informe sobre el estatus del financiamiento global de cara al cumplimiento de los 100 mil
millones de dólares, y dentro de su metodología se determinó que ciertas actividades no deberían ser consideradas como cambio climático, aun cuando los donantes así lo consideren. Este fue el caso de proyectos
relacionados con “carbón limpio” promovidos por países como Japón (OECD, CPI, 2015).
La importancia de la definición de financiamiento climático también radica en que en 2015 los países
parte de la CMNUCC, fueron llamados a someter sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs).
Éstas son acciones que los países, tanto desarrollados como en desarrollo, proponen poner en marcha para
cumplir con el Acuerdo de París y así evitar un aumento de la temperatura global de más de 2°C e idealmente en no más de 1.5°C.
Dichas contribuciones son de carácter nacional, es decir, que fueron definidas por países partes y presentan una serie de propuestas y medidas que están dispuestos a implementar como nación. Algunos países
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sometieron contribuciones que los países están dispuestos a implementar de manera incondicional, es decir,
con sus propios recursos, mientras que la mayoría de los países presentaron contribuciones condicionadas
a la existencia de apoyo financiero (CMNUCC, 2015).
En este sentido, la importancia de definir qué es el financiamiento climático, será un factor que ayudará
a definir cuáles de las acciones integradas por los países serán susceptibles de financiamiento internacional
o no. Esto es particularmente relevante para una región como América Latina que es altamente vulnerable
pero también responsable del 9% de las emisiones globales (CEPAL).
El financiamiento climático en América Latina
Estudios realizados por organismos como el Overseas Development Institute (ODI) y la Fundación
Heinrich Böll, muestran que la región de América Latina y el Caribe no es la principal receptora de financiamiento climático y que la región de Asia Pacífico es la que recibe la mayor cantidad de fondos en ese rubro.
Por otro lado, del financiamiento climático recibido en Latinoamérica, se ha comprobado que existe una
inequitativa distribución de los fondos. Históricamente Brasil y México han sido los mayores receptores del
financiamiento climático de la región (55%), habiendo conseguido entre ambos países más de 1,500 millones de dólares entre 2003 y 2016. (ODI, HBF, 2016). Este financiamiento se refiere principalmente a fondos
climáticos como el fondo de adaptación, el Fondo Verde del Clima, y otros en operación bajo la CMNUCC.
De igual forma, se ha identificado que la mayor parte del financiamiento se dirige a acciones de mitigación, pese a ser una región altamente vulnerable y requerir atención específica en el tema de adaptación al
cambio climático. Esta tendencia se confirma también con el estudio del Comité, ya citado, que ha detectado que 70% del financiamiento climático se va a mitigación y sólo 25% a la adaptación.
Por otro lado, de acuerdo a un estudio llevado a cabo por el Grupo de Financiamiento Climático para
Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), se identifica que la mayor parte de los países de la región hacen mención sobre la necesidad de tener recursos financieros para cumplir con sus compromisos. Sin embargo, el
estudio muestra que pocos países han integrado cifras sobre las necesidades de financiamiento y estrategias
claras de cómo desean implementar dichas contribuciones (GFLAC, 2015).
El estudio señala que pese a reconocer la necesidad del financiamiento, aún existen limitaciones en la
identificación e integración del tema de financiamiento como eje transversal en las políticas climáticas.
En la revisión de casos, el GFLAC identificó que los dos principales instrumentos que se han utilizado
para la provisión de financiamiento internacional son préstamos y donaciones (Estudios de GFLAC en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Perú, 2014-2015).
Tabla 1. Flujos internacionales de financiamiento climático en ocho países latinoamericanos (en
millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Un aspecto fundamental en este sentido es la visión de financiamiento que se ha creado a nivel internacional, la cual está centrada en la cooperación internacional, cuando existen una diversidad de mecanismos
financieros que pueden ser parte de la provisión de recursos para la atención del problema.
En este sentido, el GFLAC también propone la revisión no sólo de los flujos que se reciben de cooperación internacional, sino también aquellos que se asignan vía los presupuestos públicos. En estudios
realizados por la organización sobre gasto público en materia de cambio climático se ha encontrado que, si
bien el gasto relacionado con cambio climático se ha incrementado, en general los países destinan menos
del 1% de su presupuesto público a financiar acciones de cambio climático, con la excepción de Guatemala,
Honduras y Nicaragua (GFLAC, 2017).
Tabla 2. Gasto público nacional relacionado con el cambio climático en América Latina (siete países)

Fuente: Elaboración propia, 2017.
Financiamiento para la transición energética en Latinoamérica
En América Latina y el Caribe, la principal fuente de emisiones es el sector energético que representa el
42% de las emisiones totales de la región (CEPAL, 2015b). Esto resulta particularmente relevante ya que se
espera que la demanda de energía primaria de la región sea al menos 80% más alta que los niveles actuales
(IDB, 2016), significando así un enorme riesgo de aumento de emisiones en la región. Para hacer frente a
la creciente demanda energética de Latinoamérica a la vez que se mantengan los compromisos climáticos,
será entonces de suma importancia tener una oferta de energía baja en emisiones y por las condiciones de
la región, la opción que parece óptima son las energías renovables.
Latinoamérica es una región altamente favorecida por la naturaleza: cuenta con radiación solar muy
alta, fuertes vientos en diversas zonas, corrientes de agua vastas, yacimientos geotérmicos, etc. El potencial
de la región se ha ido aprovechando cada vez más y se ve reflejado en la creciente inversión en energías
renovables que fue de 4.6 miles de millones de dólares en 2005 y aumentó drásticamente a 16.4 miles de
millones de dólares en 2015.
Costa Rica, por ejemplo, cuenta con una oferta eléctrica más limpia que países como Estados Unidos o
Australia. El país tico genera más del 99% de su electricidad a través de 5 fuentes renovables: hidroeléctrica
(78%), eólica (10%), geotermia (10%), biomasa y solar (1%) y en noviembre de 2017 rompió su propio
record al abastecer su demanda eléctrica exclusivamente por renovables durante 300 días del año.
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De 2005 a 2009, Brasil fue el país que atrajo el mayor monto de inversiones en renovables en la región
(70%), sin embargo, desde 2010 esa diferencia ha ido a la baja y cada vez más, la inversión en renovables
se distribuye en más países y a través de la región (ver Imagen 1). En 2015 la inversión en renovables destinada a Brasil fue del 40%.
Figura 1. Inversión en energía renovable en Latinoamérica por país

Fuente: IRENA, (2016).
Cabe señalar que el sector energético en donde más se ha invertido ha sido el eléctrico y cada vez más se
ha dejado de lado a los biocombustibles. Por otro lado, es necesario también identificar que las inversiones
corresponden a un incremento en la capacidad instalada eléctrica y la producción de electricidad renovable
(ver Imágenes 2 y 3). No basta con invertir mucho (o poco), pues la inversión va asociada al precio de la
tecnología en la que se invierte, es decir que, para medir la efectividad de la inversión en renovables, la
capacidad instalada y generación eléctrica deben observarse también al alza.
Figura 2. Capacidad eléctrica renovable (excluyendo grandes hidroeléctricas

Fuente: IRENA, (2016).
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Figura 3. Generación eléctrica renovable (excluyendo grandes hidroeléctricas)

Fuente: IRENA, (2016).
Latinoamérica tiene las emisiones de carbono más bajas por la generación de electricidad, sin embargo,
todavía existen 15 millones de personas en la región sin acceso a electricidad. El reto será entonces proveer
esa necesidad eléctrica a través de fuentes renovables y, sobre todo, que la mezcla energética total de la
región tenga una mucho mayor participación de renovables (ver Imagen 4).
Figura 4. Total de suministro de energía primaria en Latinoamérica en 2013

Fuente: IRENA, (2016).
Se espera que el pico de emisiones mundial por la generación de energía se dé en 2050, mientras que, de
acuerdo con el reporte New Energy Outlook 2017, el pico de emisiones por la producción de electricidad se
dará mucho antes, en 2026. Esto debido al retiro de emisiones de China por la generación eléctrica a través
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de carbón. El New Energy Outlook 2017 provee también un pronóstico alentador para México, al establecer
que para 2040 el país generará el 80% de su electricidad a través de renovables (la energía solar se espera
que tome un rol más importante y el país se convierta 29% más eficiente en el uso de electricidad). Sin
embargo, el reporte también hace referencia a que la tasa de crecimiento de renovables no será suficiente
para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones globales.
A pesar de que 2016 vio un decremento del 23% respecto a 2015 en la inversión mundial en energías renovables, hoy en día atestiguamos cifras alentadoras que indican que Latinoamérica va por un buen camino.
El desarrollo de renovables se ha enfrentado a estructuras políticas y de instituciones fuertemente basadas
en los combustibles fósiles en Latinoamérica (por ejemplo, México, Brasil y Venezuela), sin embargo, poco
a poco las renovables han despegado y el propio mercado ha demostrado que hacen sentido económico para
la región. Por ejemplo, en 2016 Honduras proveyó el 9.8% de su electricidad a través de solar fotovoltaica,
mientras que en Uruguay la energía eólica abasteció el 22.8% de la demanda eléctrica. Por su parte, varias
islas caribeñas como Aruba, Curazao, Bonaire y San Eustaquio, alcanzaron niveles de energía renovable
superiores al 10% de su mezcla total.
En el mundo, se ha observado que, a pesar de las tendencias positivas, la tasa de desarrollo de renovables no será suficiente para lograr los compromisos del Acuerdo de París. Es necesario entonces acelerar el
desarrollo de renovables y para ello se necesitan mitigar las barreras existentes que en cada caso les impiden
despegar. Se han identificado dos aspectos clave para poder atraer inversiones privadas, ya sean locales
o internacionales: 1) el acceso al financiamiento de los proyectos y de la infraestructura asociada, y 2) el
compromiso y credibilidad de las entidades públicas a través de un marco legal específico, transparente y
constante en el tiempo (CEPAL, 2012).
Será importante también implementar medidas de incentivación de renovables no sólo en el desarrollo
de electricidad renovable, sino de energía renovable en su totalidad (calor, combustibles, etc.). Por otro
lado, para poder incrementar la participación de renovables de manera sustentable, será clave adoptar medidas de eficiencia energética mucho más agresivas para disminuir la energía “fósil” que actualmente no
se aprovecha.
Es un hecho que hay condiciones alentadoras en la región latinoamericana para el desarrollo de energías
renovables, sin embargo, es necesario fortalecer este ímpetu con políticas claras y condiciones favorables
para los inversionistas. Latinoamérica cuenta con el potencial natural, pero falta asegurar las demás condiciones para convertirlo en líder mundial.
Presupuesto público en materia de cambio climático en México
A nivel internacional se ha hablado mucho de la importancia de transferir recursos financieros para invertir en diversas actividades en materia de mitigación y adaptación y esta discusión se ha centrado mucho
en la transferencia de fondos de países desarrollados a países en desarrollo. Sin embargo, el llamado del
Acuerdo de París abre una nueva discusión que es la participación del financiamiento que viene de “otros
países” que también están haciendo contribuciones, esto se refiere a países en desarrollo.
El papel que los países en desarrollo tendrán en el financiamiento climático también será crucial, y esto
se relaciona con el rol de sus presupuestos públicos. El caso de México es significativo, pues es el segundo
país emisor en la región. Estudios en progreso muestran la evolución del gasto público y lo limitado que ha
sido la participación del mismo en las acciones de política climática (Guzmán, 2018).
En 2008 la partida presupuestal para el Programa Especial de Cambio Climático no existía, en 2009
se creó y se le asignaron recursos, mismos que en 2010 y 2011, en el contexto de la COP16 que se llevó a
cabo en Cancún en diciembre de 2010, aumentó. Sin embargo, en 2012 dicho presupuesto tuvo una caída
del 62%, y para 2013 dicha partida presupuestal desapareció.
En el mismo año, se creó el Anexo 16 para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que
en 2013 tuvo un ingreso de $3,956 millones de pesos mexicanos (mdp). Esta cantidad se ha aumentado de
manera muy limitada desde entonces, llegando a recibir $4,746 mdp en 2016 que sólo representa el 0.9%
del total del presupuesto.
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El objetivo del Anexo es identificar el monto del gasto público asignado para hacer frente al cambio
climático en las entidades relacionadas con el problema, en este caso los miembros de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) (Guzmán, S, 2018). De acuerdo con Guzmán, la cantidad de
dinero identificada desde 2013 hasta 2017, respectivamente, ha estado entre $34,514 y $36,878 mdp, con
la cantidad más baja en 2017 (2018).
Figura 5. Evolución de la asignación presupuestaria al Anexo sobre cambio climático.

Fuente: INECC, (2017).
En 2017, la Oficina de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),
que se encarga de evaluar el progreso de la política climática en México de acuerdo con la Ley General de
Cambio Climático (LGCC), llevó a cabo una evaluación sobre el funcionamiento de este Anexo. Con base
en esta evaluación, se identificaron tres aspectos clave, entre otros:
1.

2.

3.

No existe una metodología para definir claramente qué constituye actividades de cambio climático.
Se identificó que las personas que organizan la información presupuestaria no son las mismas que
quienes están a cargo del diseño real de los programas. En ese sentido, no existe una correlación
entre los objetivos de la política y la asignación del presupuesto público.Si bien la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) está a cargo de la provisión de metodologías para la creación
de estos Anexos, la metodología que ellos brindan no incluye la consideración o los criterios del
cambio climático para definir lo que cuenta como cambio climático. Sólo incluye disposiciones
relacionadas con la presentación de la información presupuestaria.
No existe una correlación entre lo que se incluyó en el Anexo y las medidas incluidas en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), que según la Ley es el documento que debe definir
las disposiciones presupuestarias para implementar las actividades incluidas en el programa. Esto
significa que no todos los programas incluidos en el Anexo son parte del PECC, y otros programas
incluidos en el PECC no son parte del Anexo. El informe del INECC señala que los servidores públicos entrevistados expresaron que no toman en cuenta sus compromisos establecidos en el PECC,
pero que la prioridad para las dependencias es el cumplimiento de sus objetivos sectoriales (2017:
27) que van más allá del cambio climático.
El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y la CICC, que son los dos organismos con
atribuciones para definir la orientación para incorporar el cambio climático dentro de los procesos
de planificación y particularmente para el cumplimiento de los objetivos incluidos en el PECC,
no han proporcionado orientación para incorporar el cambio climático dentro del gasto público, y
por lo tanto, tal ejercicio aún no se ha integrado en el Anexo. En la misma línea, se identificó que
el papel del Congreso como entidad con la atribución de aprobar el presupuesto, no ha jugado un
papel en el proceso de integración del cambio climático en la aprobación del presupuesto cada año.

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El presupuesto público en general ha sufrido recortes, sin embargo, los recortes más importantes se han
dado en el sector ambiental. Por ejemplo, la propuesta de Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF)
2017 para medio ambiente presenta una reducción del 47% con respecto a lo aprobado en 2016.
La asignación de recursos para la atención al cambio climático, se vincula también con la protección
de derechos humanos fundamentales, consagrados en la Constitución Mexicana. En este sentido, existen
sub-funciones dentro del ramo de medio ambiente que son claves para la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos. El caso de la sub-función “Administración del Agua” presenta una reducción de
más de $1,700 mdp, lo cual significa una caída real de 25.68%. Mientras que la sub-función “Ordenación de
aguas residuales, drenaje y alcantarillado” tiene un recorte de $3,802 mdp, lo que en términos reales se traduce en una reducción de 31.3%. Más aún, sub-funciones como “reducción de la contaminación” y “otros
temas de Protección Ambiental”, muestran un recorte de $340 mdp, es decir, una caída real de 25.29%, y
la segunda de $17,016 mdp, lo que representa, en términos reales, una reducción del 63.27% (PAN, 2016).
Esto no sólo es un problema para el sector en general, sino para temas de alta relevancia para el país
como el cambio climático. En el caso del presupuesto para cambio climático, aunque la tendencia de la
asignación presupuestal ha mostrado algunas mejoras en recientes años, ésta no es suficiente.
Lo anterior quiere decir que, aunque el tema de cambio climático ya no es sólo uno de tipo ambiental,
sino de tipo transversal que requiere de la participación de más sectores y que además afectará a otros tantos, el país sólo gasta 0.9% de su presupuesto en atender este tema. No obstante, México se ha colocado
como líder en la agenda internacional de cambio climático y desde el GFLAC señalamos que no existe
congruencia entre las acciones y compromisos establecidos a nivel internacional y las acciones que el país
realiza a nivel nacional.
3.- MÉTODO
Diseño
El enfoque investigativo de la presente investigación es cualitativo, de acuerdo con Hernández, Batista
y Fernández (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).
Alcanzando un diseño no experimental “Que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández,
Batista y Fernández, 2014, p. 149).
El alcance establecido es el exploratorio “emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema
poco estudiado o novedoso” (Hernández, Batista y Fernández, 2014, p. 91).
Instrumentos
Para la construcción del marco teórico-conceptual del financiamiento de esfuerzos contra el cambio climático, se consultaron un total de treinta y ocho referencias bibliográficas utilizándose como instrumento
las ideas, argumentos y proyectos que fueron interpretados desde una perspectiva analítica y crítica.
Procedimiento
Con relación a la comprensión del problema de la investigación se recopilan fuentes secundarias de
documentos académicos. En el marco de referencia se definen los conceptos básicos relativos al financiamiento al esfuerzo contra el cambio climático. Una vez recopilada y analizada la información se construye
el documento objeto de este trabajo. Por último, se realizan las recomendaciones y conclusiones conforme
a los objetivos trazados (Bascón et al, 2016, p. 39).

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CONCLUSIONES
Estado será clave en el desarrollo de renovables, pues se requieren mitigar aceleradamente las barreras
que impiden su desarrollo para poder asegurar más inversiones en la región que se den de manera Cada vez
es más evidente que, para alcanzar los objetivos que se establecieron en el Acuerdo de París, será necesaria
una acción conjunta y determinante de todos los actores involucrados. Los gobiernos nacionales y locales,
el sector privado, los fondos multilaterales, la banca, la sociedad civil, etc. deberán coordinar en conjunto
y eficazmente las acciones que nos permitan mantener a nuestro planeta por debajo de un aumento de temperatura de 1.5°C.
Para lo anterior, se requiere que los países establezcan de manera clara los costos para alcanzar las metas
establecidas en sus contribuciones nacionales, así como la identificación de los recursos que actualmente
reciben y hacia donde se están destinando estos recursos, para verificar que efectivamente están alineados
con las prioridades establecidas a nivel nacional en materia de cambio climático.
Como se presentó en este artículo, es necesario contar con metodologías para contabilizar el financiamiento climático, en las que se establezca qué actividades van a ser consideradas como financiamientos
climáticos y cuáles no. Contar con información precisa sobre el financiamiento climático, es fundamental
para apoyar la toma de decisiones tanto a nivel internacional como nacional, de modo que los actores relevantes puedan reconocer dónde hay vacíos en la provisión de financiamiento y orientar efectivamente sus
esfuerzos para solventar esas deficiencias.
A pesar de las diferencias metodológicas que se traducen en cifras distintas, la información existente
muestra que la mayor parte de los recursos se destinan a acciones de mitigación, requiriendo mayores esfuerzos para dirigir recursos para reducir vulnerabilidad e incrementar resiliencia. En cuanto a mitigación,
hablando particularmente del sector energético de Latinoamérica, la inversión en energías renovables es una
clara medida que se deberá de tomar para evitar que la región aumente desmesuradamente sus emisiones.
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                    <text>��Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 4. Agosto-diciembre 2016, pp. 1-18
ISSN: 2395-8448

La consulta popular en México: un replanteamiento para superar la
inoperabilidad a la luz de los primeros resultados y los modelos
Latinoamericanos.

Popular consultation in Mexico: a reformulation to overcome the
inoperability in the light of the first outcomes and Latinamerican models

Emanuel López Sáenz
Secretario Técnico de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión.
E-mail: emanuel.lopezsaenz@gmail.com
Fecha de envío: 16 de marzo 2016
Fecha de aceptación: 4 de julio 2016

Resumen.
La figura de la consulta popular surge recientemente en el marco jurídico mexicano a la par de
figuras como la iniciativa ciudadana y los gobiernos independientes.
En razón de este nuevo instrumento de participación democrática, es necesario cuestionarnos
sobre la eficiencia del mismo, evaluando los aspectos a mejorar –en caso de haberlos- para darle
plena vigencia a la intención hoy en día más enfática, de crear lazos más sólidos entre el Gobierno
y la participación de sus ciudadanos, situación que fortalece la gobernabilidad de un país.
Surge dicho planteamiento, ya que en un análisis de los primeros casos para llevar a cabo
diversas consultas populares en la jornada electoral del año 2015, todas las solicitudes estudiadas
fueron desechadas por el Máximo Tribunal, quien tiene a su cargo previamente el análisis de la
constitucionalidad de las consultas, determinando que todos los temas planteados estaban
prohibidos por la Constitución.
Lo anterior ha llevado a un debate reciente en distintas latitudes sobre la pertinencia de
replantear la figura, ya que actualmente aún y cuando es un modelo de participación que busca
1

�empoderar al ciudadano, viendo la experiencia del 2015 y con el fin de dar plena vigencia al
derecho ciudadano de participar, es pertinente estudiar las limitantes constitucionales para no
caer en el absurdo de tener por un lado el requisito constitucional de la trascendencia nacional,
y por el otro, la inconstitucionalidad y por lo tanto, la inoperancia de la consulta por la amplitud
de las restricciones de la Carta Magna.
Por todo lo expuesto se entró a un estudio metodológico de derecho comparado, para efectos
de revisar la normatividad y las mejores prácticas de países que cuentan con figuras de consulta
popular similares, lo que arrojó como resultado algunas conclusiones.

Palabras clave: Consulta popular, derecho constitucional, derecho comparado.

SUMMARY
The figure of popular consultation recently emerged in the Mexican legal framework alongside
the citizen initiative and the independent governments.
By virtue of this new tool of democratic participation, it is necessary to question about the
efficiency of it (a question that must be analyzed in the other two), assesing the aspects to be
improved –if applicable- in order to give full validity to the emphatic attempt, to create more
solid links between the government and the participation of its citizens, condition that
strengthens a country’s governance.
This approach arises, since an analysis of the fisrt cases to conduct varied popular
consultations in the electoral day from 2015 was done and all the requests studied were dismissed
by the Highest Court, who is previously in charge of the analysis of the constitutionality of the
consultations, stating that, all the raised issues were prohibited by the Constitution.
This has led to a recent debate in different latitudes about the suitability of reformulate the
figure, since it is nowadays a model of participation that seeks to empower the citizen, however,
from the 2015 experience and with the aim of providing full validity to the civilian right of
participating, is convenient to study the constitutional limitations not to plumb in the depths of
2

�absurdity having on one side the constitutional requirement of national transcendence, an on the
other hand, the inconstitutionality and therefore the inoperativity of the consultation by the
extent of the contitutional restrictions.
For all these reasons, a methodological study of comparative law was initiated, for purposes
of studyng the regulations and best practices from countries that already count with similar
consultation figures, which cast some conclusions.

Key words: popular consultation, constitutional right ,comparative law.

1. Introducción, Marco Teórico y Pregunta de Investigación
La figura de la consulta popular surge recientemente en el marco jurídico mexicano a la par de
las figuras como la iniciativa ciudadana y los gobiernos independientes.
En razón de este nuevo instrumento de participación democrática, es necesario cuestionarnos
sobre la eficiencia del mismo, evaluando los aspectos a mejorar –en caso de haberlos- para darle
plena vigencia a la intención hoy en día más enfática, de crear lazos más sólidos entre el Gobierno
y la participación de sus ciudadanos, situación que fortalece la gobernabilidad de un país.
Dicho planteamiento surge, ya que en un análisis de las primeras peticiones para llevar a cabo
diversas consultas populares en la jornada electoral del año 2015, todas fueron desechadas por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene a su cargo previamente el análisis de la
constitucionalidad de aquellas, concluyendo que, todos los temas planteados estaban prohibidos
por la Constitución.
Lo anterior ha llevado a un debate reciente en distintas latitudes que nos lleva a la siguiente
pregunta de invesitgación: ¿es de replantear la figura de consulta popular?. Esto ya que
actualmente aún y cuando es un modelo de participación que busca empoderar al ciudadano,
viendo la experiencia del 2015 y con el fin de dar plena vigencia al derecho ciudadano de
participar, es pertinente estudiar las limitantes constitucionales para no caer en el absurdo de
tener por un lado el requisito constitucional de la trascendencia nacional, y por el otro, la
inconstitucionalidad y por lo tanto, la inoperancia de la consulta por la amplitud de las
restricciones de la Carta Magna.
3

�Es por esto que, mediante un estudio metodológico de derecho comparado, se presenta esta
investigación, para efectos de revisar la normatividad y las mejores prácticas de países que
cuentan con figuras de consulta popular similares, presentando las conclusiones
correspondientes.
2. Metodología de estudio
La presente investigación se abordará siguiendo los métodos deductivo y comparado.
El método deductivo, será a partir del análisis y recopilación de información que sobre el
tema en particular existe (lo general), derivando en argumentos que nos permitan llegar a una
conclusión aplicable al caso mexicano (lo particular).
El segundo, el método comparado, se realizará partiendo de la perspectiva de varios
comparatistas. Es necesario, primeramente definir el derecho comparado, en específico, el
derecho público comparado, por ser la consulta popular, una figura jurídica de derecho
público, para posteriormente destacar algunos elementos esenciales del método que usaremos
como base.
Analizando, definiciones de distintos comparatistas, y tomando los elementos esenciales de
cada definición para construir un concepto, se puede definir al derecho público comparado1
como: la rama del derecho público entendida como operación intelectual (Scarciglia, 2006), o
manera de analizar o de confrontar sistemas jurídicos de derecho público, o los componentes
del mismo (como institutos, normativas, interpretaciones jurisprudenciales, etc.), que tiene por
finalidad principal el operar una confrontación de aquellas reglas jurídicas que concurren de
diversas maneras a imprimir un cierto orden al conocimiento en función de ciertos objetivos
(Bognetti,1994), organizándolo sistemáticamente en el sector que les compete; propone
clasificaciones2 de institutos y sistemas, por medio de analogías y diferencias, creando modelos
dotados de prescripción (Pegoraro &amp; Rinella/ Astudillo 2006); cuya misión no termina en la
indagación a fines meramente especulativos, sino con la posibilidad de utilizar el resultado de la
investigación incluso a nivel práctico.

1

Es importante hacer énfasis que las bases de la ciencia del derecho público comparado han sido
desarrolladas por los privatistas-comparatistas, y que aún existen discrepancias en una definición común.
2
Cappelletti, Pegoraro, Rinella, Scarciglia, entre otros, mencionan el hecho de proponer
clasificaciones y utilizar los resultados a nivel práctico (aunque de manera incidental) dentro de sus
denominadas fases o etapas de la comparación.

4

�En este entendido, el iuscomparatista Lucio Pegoraro (Op. Cit.) menciona que precisando las
finalidades que se propone un estudio de derecho comparado y teniendo claro los mismos, se
puede diferenciar entre la comparación pura y la instrumental: siendo la primera “estudios de
derecho comparado en sentido estricto, a través de un enfoque empírico, plural, bottom-up y
encaminado a construir un tertium comparationis”; y la segunda “estudios nacionales, que representan
un auxilio para estudios, elaborados con un enfoque top-down, en los cuales la exigencia es
aquella de encuadrar un fenómeno en el marco de un ordenamiento, para conocer mejor un
derecho interno” (Pegoraro, 2011), utilizando modelos ya existentes o fenómenos homólogos
para conseguir dicho fin.
Por otra parte, Giullaume Tusseau (2012) señala que en una clasificación, las categorías
seleccionadas debe existir pertinencia en el objeto de estudio y los elementos pre-seleccionados.3
Por último, en todo estudio comparado, para poder analizar o confrontar ordenamientos
jurídicos, el comparatista debe individualizar los sistemas jurídicos que va a comparar (Enriquez,
2010), y de ahí reconocer aquellos modelos que están presentes en los diversos sistemas jurídicos
y que actúan de modo penetrante en la demostración y decisión de cuestiones jurídicas –
formantes–4. En la clasificación de los formantes, tenemos a aquellos verbalizados, que son los
que determinan el derecho vigente, considerados formantes dinámicos o activos (Pegoraro 2012)
pues son aquellos que producen directamente derecho autoritativo: en todos los casos se
encuentra la legislación; en el common law, y en algunos casos también en el civil law, la
jurisprudencia; y por último, la doctrina.5
3
“Un criterio de clasificación de las Constituciones formales como aquel que considere el número par
o dispar de artículos –continua el autor francés – responde a las exigencias del tipo lógico, y así, permitiendo
atribuir a cada Constitución una sola categoría, permite clasificar todas las Constituciones formales. Pero es
posible dudar del interés intelectual que despierte en los juristas un criterio como éste. Parece al contrario, más
interesante aún el hecho que una Constitución instaure un gobierno republicano o una monarquía, que ponga o
no un Estado federal, y se llega así a la tercera propiedad de una buena clasificación: la pertinencia. Mientras
las dos primeras propiedades son objetivas, ésta última es subjetiva y depende de la finalidad de la investigación
comparativa. La elaboración de una clasificación revela un lado utilitarista. Culminando por elaborar conceptos
funcionales en vista de la realización de objetivos intelectuales.
4
La expresión formantes fue utilizada por primera vez por Rodolfo Sacco para indicar a los diferentes
conjuntos de reglas y proposiciones que, en el ámbito del ordenamiento, contribuyen a generar el orden jurídico
de un grupo. Sacco, Rodolfo, “Legal formants: a dynamic approach to comparative law”, American Journal of
Comparative Law, Berkeley, núm. 2, vol. 39, 1991, p. 343 ss; Sacco, Rodolfo, Introduzione al diritto
comparato, 5a. ed., Turín, Utet, 1992, p. 43 ss., en Pegoraro, Lucio y Rinella, Angelo, Introducción al derecho
público comparado. Metodología de investigación, 1ª. ed., trad. de César Astudillo, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 49 ss.
5
Para profundizar en los temas introductorios sobre el método comparado véase: López Sáenz,
Emanuel, Las aportaciones de Lucio Pegoraro al derecho público comparado dentro del derecho procesal
constitucional: Caso Coahuila de Zaragoza, en Judicatus, Revista del Poder Judicial del Estado de Nuevo León,
Enero-Junio, 2015, 3ra Época, Año 3, Número 5, pp. 143 ss.

5

�Ahora bien, con base en todo lo anterior, y respecto al caso concreto que nos ocupa, es
decir, la figura jurídica conocida como “consulta popular”, podemos señalar los siguientes
elementos y ruta a seguir:


Éste será un estudio de derecho comparado instrumental, ya que es un estudio
nacional, en el que la comparación de otros modelos jurídicos será un auxilio para
la presente investigación, con el objeto de valorar la consulta popular mexicana.



Se restringirá la comparación únicamente a aquellos modelos latinoamericanos,
buscando tomar algunos modelos en ese marco de referencia. Por otra parte, se
justifica la pertinencia del presente estudio ya que es un modelo de reciente
creación y operación en nuestro país, y en razón de los resultados de
improcedencia, huelga analizar las casusas y formas de superación de dicha
improcedencia.



Respecto a los formantes, serán utilizados aquel legislativo, y el judicial, es decir, la
regulación del modelo de consulta popular interno y latinoamericano, tomando
como punto de partida los antecedentes judiciales en México.


3. La consulta popular en México: su regulación y primeras experiencias



3.1 Formante legislativo: la regulación actual de la consulta popular



3.1.1 Antecedentes: la reforma constitucional, esta forma de participación ciudadana
tiene su origen en el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 9 de agosto del año 2012, motivada por el fortalecimiento de la
democracia participativa, en aras de crear instancias complementarias y subsidiarias a ésta,
ya que éste mecanismo tiene “la “virtud de estimular la participación política de los ciudadanos más
allá de las elecciones, al permitirles intervenir en la discusión pública de temas de relevancia nacional que
ameritan un pronunciamiento explícito de los ciudadanos que corre paralelo al debate y a las decisiones
que se adoptan por los órganos representativos del Estado.”6



3.1.2 Surgimiento de la Ley Federal de Consulta Popular, la figura jurídica de la
consulta popular se materializa jurídicamente en nuestro marco nacional como un
instrumento de participación ciudadana de democracia semi directa, en razón de la apenas
creada Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35

6

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, Senado de la República (Cámara de origen), Ciudad
de México, gaceta parlamentaria no. 255, miércoles 27 de abril de 2011.

6

�de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial
de la Federación en fecha 14 de marzo del 2014.


La consulta popular en el sistema mexicano es el mecanismo de participación por el cual
los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto emitido por el que expresan su opinión
respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, misma que se efectúa el día de
la jornada electoral federal correspondiente.



Conforme a la Ley Federal de Consulta Popular, se reputan con carácter de trascendencia
nacional los temas que contengan los siguientes elementos: que repercutan en la mayor
parte del territorio nacional, e impacten en una parte significativa de la población.



Además, por mandato constitucional no pueden ser objeto de consulta popular la
restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del
Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza
Armada permanente.



Cabe mencionar que el resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes en los casos en que la
participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal.



Las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a
petición de: el Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento
de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o los
ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos
en la lista nominal de electores.



Para el ejercicio del derecho del ciudadano para participar en las consultas
populares, la petición de las mismas deben pasar previamente por el tamiz
constitucional con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
declaración de constitucionalidad de la materia de la consulta popular, de tal suerte
que el Constituyente Permanente además del juicio de amparo, las controversias
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, ha otorgado al Máximo
Tribunal Constitucional del país un nuevo medio de control de constitucionalidad,
es decir, las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas
populares. Adicionalmente, conforme al artículo quinto de la Ley Federal de
7

�Consulta Popular, se faculta a la Suprema Corte de Justicia para analizar y resolver
respecto a la trascendencia nacional del tema sujeto a consulta, únicamente
tratándose de aquellas solicitadas por ciudadanos.


3.1.3 Proceso de consulta popular ciudadana y de legisladores.



Ya que las experiencias que se tuvieron en el primer ejercicio consistieron en
peticiones ciudadanos y de legisladores, como veremos más adelante, se hace una
breve explicación de las etapas a seguir en el ejercicio de consulta popular con base
en el contenido de la Ley Federal de Consulta Popular, desde la presentación de su
solicitud hasta la publicación de la convocatoria cuando son aprobadas éstas en
ambos casos.




CONSULTA POPULAR CIUDADANA

1. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTA POPULAR. Del 15 de
marzo al 15 septiembre del año previo a las elecciones federales). (Art. transitorio
segundo y ley)



2. LUGAR DE PRESENTACION. Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la
Unión (Art. 20)



3. PROCEDIMIENTO.



3.1. CIUDADANOS PRESENTAN AVISO DE INTENCIÓN A PRESIDENTE
DE CÁMARA. Dicho aviso deberá presentarse en el formato que la Cámara determine.
(Art. 14)



3.2. PRESIDENTE DE MESA EMITE EN 10 DÍAS HÁBILES CONSTANCIA
DE PRESENTACIÓN DE AVISO DE INTENCIÓN Y FORMATO DE
OBTENCIÓN DE FIRMAS. Dicha constancia debe publicarse en Gaceta
Parlamentaria y ser acompañada de formato para obtención de firmas de apoyo. El
formato de firmas de apoyo lo determinaran las Cámaras del Congreso de la Unión, previa
consulta al Instituto, y deberán contener por lo menos: tema planteado, propuesta de
pregunta, no. folio de cada hoja, nombre, firma, clave de elector u OCR de credencial,
fecha de expedición. (Art. 14 y 15)



3.3 PRESENTACIÓN DE PETICIÓN DE CONSULTA POR ESCRITO A
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CÁMARA. La solicitud de petición
deberá contener: argumentos por los que se considera de trascendencia; la pregunta que
se propone; nombre completo y domicilio del representante para recibir notificaciones; y,

8

�anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos que representan al 2% de
la lista nominal de electores y su firma, además de la clave de elector y el OCR de la
credencial. (Art 21 y 23)


3.4 RECEPCIÓN DE PETICIÓN POR CÁMARA Y LA REMITE AL INE PARA
VERIFICACIÓN DE PORCENTAJE (2% DE LISTA NOMINAL DE
ELECTORES). Recibida la petición por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
que corresponda, éste la publicará en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta de la misma y
solicitará al Instituto que en un plazo de treinta días naturales, verifique que ha sido
suscrita, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista
nominal de electores; (Art. 28)



a) EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL 2% DE LISTA NOMINAL: EL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DESECHA LA SOLICITUD.
En el caso de que el Instituto determine que no cumple con el requisito del
porcentaje mínimo, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que
corresponda, publicará el informe en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y
procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido; (Art. 28)



b) EN CASO DE CUMPLIR CON EL 2% DE LISTA NOMINAL:
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA REMITE A SCJN LA
PETICIÓN PARA ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. En el caso
de que el Instituto determine que se cumple el requisito del porcentaje mínimo, el
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda, publicará el
informe en la Gaceta Parlamentaria y enviará la petición a la Suprema Corte de
Justicia, junto con la propuesta de pregunta de los peticionarios para que resuelva
sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales; (Art. 28)



3.5. ANALISIS DE LA SCJN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD. Recibida
la solicitud del Presidente para verificar la constitucionalidad de la petición de
consulta popular y calificación de la trascendencia nacional, la Suprema Corte de
Justicia deberá: (Art. 16 y 28)



a) REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE CONSULTA. Calificar
la trascendencia nacional (art. 5); resolver sobre la constitucionalidad de la materia
de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia
de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje
9

�neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido
positivo o negativo.


b) MODIFICACIÓN A PREGUNTA. Realizar las modificaciones conducentes
a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la
consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.



c)

NOTIFICACIÓN A CÁMARA CORRESPONDIENTE SOBRE

RESOLUCIÓN. Notificar a la Cámara correspondiente su resolución dentro de
las veinticuatro horas siguientes a que la emita.


d) EN CASO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE CONSULTA Y
CARENCIA DE TRASCENDENCIA NACIONAL: SE ARCHIVA. En el
supuesto de que la Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad de la
materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara revisora,
publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su
archivo como asunto total y definitivamente concluido;



3.6. EN CASO DE CONSTITUCIONALIDAD DE CONSULTA:
CONGRESO EXPIDE Y PUBLICA EN DOF CONVOCATORIA DE
CONSULTA POPULAR. Si la resolución de la Suprema Corte de Justicia es en
el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, el Congreso por
conducto de sus Mesas Directivas expedirá la Convocatoria de la consulta popular,
la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en
el Diario Oficial de la Federación. (Art. 28)



4. CONTENIDO DE CONVOCATORIA (art. 30) Fundamentos legales
aplicables; fecha de la jornada electoral federal en que habrá de realizarse la
consulta popular; breve descripción de la materia sobre el tema de trascendencia
nacional que se somete a consulta; la pregunta a consultar, y lugar y fecha de la
emisión de la Convocatoria. El Instituto Nacional Electoral será responsable de la
organización y desarrollo de la consulta popular; correspondiéndole al Consejo
General aprobar: el modelo de papeletas de consulta, documentación necesaria
para realizar la consulta y lineamientos para la organización y desarrollo de la
misma. (Art. 35 y 36)


CONSULTA POPULAR DE LEGISLADORES

10

�

1. REQUISITOS.



1.1 SOLICITUD DEL 33% DE INTEGRANTES (165 DIPUTADOS o 42
SENADORES). Solicitud por el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara
y se presentará en la Cámara de la que se es integrante, con el derecho de retirarla hasta
antes de la publicación de la convocatoria de consulta en el DOF. (Frac II Art. 12, 18 y
19)



1.2 CONTENIDO DE PETICIÓN DE CONSULTA. La petición de consulta deberá
contener: nombre completo y firma de los 165 diputados o 42 senadores; propósito de
consulta y argumentos por los que se considera de trascendencia; la pregunta que se
propone; y designación de representante de legisladores promoventes para recibir
notificaciones. (Art. 21 y 22)



2. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTA POPULAR. Del 15 de
marzo al 15 septiembre del año previo a las elecciones federales). (Art. transitorio
segundo y Ley)



3. PROCEDIMIENTO (ART. 27)



3.1.- RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CONSULTA Y TURNO A
COMISIÓN PARA DICTAMEN. El Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de origen da cuenta de la solicitud de consulta y la turnará a la Comisión
de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia
de la petición, para su análisis y dictamen.



3.2.- DICTAMEN SE SOMETE A VOTACIÓN DEL PLENO DE
CAMARA DE ORIGEN Y REVISORA. El dictamen de la petición deberá ser
aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso en el que se calificará la
trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta; en caso
contrario, basta que una de las Cámaras no lo apruebe para que se procederá a su
archivo como asunto total y definitivamente concluido; (art. 5, 6 y 27)



3.3.- CAMARA REVISORA REMITE A SCJN DICTAMEN PARA
REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD. Aprobada la petición por el
Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte de Justicia junto con
la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su
constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

11

�

3.4.- ANALISIS DE LA SCJN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD.
Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición
de consulta popular, la Suprema Corte de Justicia deberá:



a) REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE CONSULTA. Resolver
sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la
pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o
contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y
produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.



b)

MODIFICACIÓN A PREGUNTA. Realizar las modificaciones

conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la
materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.


c)

NOTIFICACIÓN

A

CÁMARA

DE

ORIGEN

SOBRE

RESOLUCIÓN. Notificar a la Cámara de origen su resolución dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que la emita.


d) EN CASO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE CONSULTA: SE
ARCHIVA. En el supuesto de que la Suprema Corte de Justicia declare la
inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara revisora, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará
cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;



3.5.- EN CASO DE CONSTITUCIONALIDAD DE CONSULTA:
CONGRESO EXPIDE Y PUBLICA EN DOF CONVOCATORIA DE
CONSULTA POPULAR. Si la resolución de la Suprema Corte de Justicia es en
el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, el Congreso expedirá la
Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto
para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.



4. CONTENIDO DE CONVOCATORIA (art. 30) Fundamentos legales
aplicables; fecha de la jornada electoral federal en que habrá de realizarse la
consulta popular; breve descripción de la materia sobre el tema de trascendencia
nacional que se somete a consulta; la pregunta a consultar, y lugar y fecha de la
emisión de la Convocatoria. El Instituto Nacional Electoral será responsable de la
12

�organización y desarrollo de la consulta popular; correspondiéndole al Consejo
General aprobar: el modelo de papeletas de consulta, documentación necesaria
para realizar la consulta y lineamientos para la organización y desarrollo de la
misma. (Art. 35 y 36)

3.2 Formante judicial: los resultados de la consulta popular para la jornada electoral del
2015
3.2.1 Las solicitudes de consulta popular presentadas en 2014, analizando la primera
praxis en la materia, para efectos de llevar a la jornada electoral federal del año 2015, conforme
a los plazos legales, fueron presentadas un año antes diversas consultas populares, entre ellas
cuatro peticiones ciudadanas y una más por integrantes del Senado de la República del Congreso
de la Unión, sin que se haya dado el caso de la solicitud del Ejecutivo Federal.
Las peticiones ciudadanas consistieron en las siguientes preguntas:
1. ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de
una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?
2. ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares,
nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la
petroquímica y la industria eléctrica?”.
3. ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución en materia energética?
4. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las
200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?
Por otra parte, la petición realizada por los legisladores fue la siguiente: ¿Está usted de acuerdo
en que se emita una ley que fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los
servidores públicos, y que reduzcan en 50 por ciento las que actualmente perciben el presidente
de la República y altos servidores públicos de la Federación?
3.2.2 Análisis del Senado de la República y de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, aquella solicitada por integrantes del Senado de la República, proponía consultar la
13

�reducción del salario a servidores públicos, fue desechada por el mismo órgano legislativo
argumentando su improcedencia por tratarse de un tema de gasto e ingresos del Estado,7 por lo
que no fue materia de estudio de la Suprema Corte de Justicia.
Las otras cuatro solicitudes, todas ciudadanas, fueron estudiadas y posteriormente desechadas
por el Máximo Tribunal, determinando que si bien es cierto se cumplía con el carácter de
trascendencia nacional, cierto también fue que la materia de las consultas carecían de
constitucionalidad por encontrarse en los supuestos contenidos en el apartado tercero de la
fracción VIII de la Carta Magna, es decir, de los temas prohibidos a ser sujetos de consulta. Tal
fue el caso de la consulta en materia de reducción de los integrantes del Congreso Federal,
desechada por trastocar los principios consagrados en el artículo 40 de la Carta Magna y estar
relacionada con la materia electoral; así como aquellas dos consultas respecto a la reforma
energética y una más en materia de salarios mínimos, las cuales fueron calificadas de
inconstitucionales por versar sobre los ingresos y gastos del Estado.8
4. Algunos modelos latinoamericanos de consulta popular
Se puede observar en la experiencia latinoamericana que el modelo de consulta popular forma
parte también del marco jurídico de diversas naciones.
Tal es el caso de Argentina, en la que se faculta al Congreso, a iniciativa de la Cámara de
Diputados para someter a consulta popular un proyecto de ley, previendo la imposibilidad de
que sean vinculantes las consultas respecto de aquellos procedimientos de sanción que se
encuentren especialmente regulados por la Constitución Nacional mediante la determinación de
la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación.9
Por su parte, Colombia establece que el Presidente de la República, con la firma de todos los
ministros y previo aval del Senado de la República, podrá consultar al pueblo las decisiones de
trascendencia nacional, otorgando carácter de obligatoria la decisión del pueblo.10 Su legislación
secundaria establece que no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen

7

Senado de la República, Comunicado 397/2014, miércoles 22 de octubre de 2014.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comunicados no. 189/2014 de 29 de octubre de 2014, 193/2014 de
30 de octubre de 2014 y 194/2014 de 3 de noviembre de 2014.
9
Artículo 40 de la Constitución de la Nación Argentina y artículo 1º de la Ley Secundaria no. 25432.
10
Artículo 104 de la Constitución Política de Colombia.
8

14

�modificación a la Constitución Política, ni proyectos del articulado ni la convocatoria a una
asamblea constituyente.11
En el Ecuador se prevé el mecanismo de consulta popular para reformar la Constitución,
pudiendo el Ejecutivo solicitar se convoqué a la consulta, a petición de gobiernos autónomos
descentralizados y la ciudadanía, no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la
organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. En todos los
casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las
preguntas propuestas.12
Podemos observar que en Guatemala existe la multicitada figura, contemplando que las
decisiones de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos
los ciudadanos,13 previendo inclusive que las reformas del Congreso de la República no entrarán
en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular,14 estableciendo como
excluyentes de reformaste, y por ende, de ser sometidas a consulta toda cuestión que se refiera a
la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia
de la República, o aquellos que resten efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la
alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.15
5. Conclusiones
De todo lo expuesto se puede destacar que la consulta popular es un modelo de participación
semi democrática que busca empoderar al ciudadano, el cual al igual que la iniciativa ciudadana,
son muestra de una reingeniería jurídica teniente a la transición hacia una democracia más
participativa. Sin embargo, en vista de las primeras resoluciones

respecto a la

inconstitucionalidad de todas las consultas populares presentadas para la jornada electoral del
2015, y con el fin de dar plena vigencia al derecho ciudadano de votar sobre temas de
trascendencia nacional, es pertinente replantear las limitantes constitucionales para no caer en el
supuesto incongruente de lograr por un lado el requisito constitucional de la trascendencia
nacional, y por el otro, la inconstitucionalidad y por lo tanto la inoperancia e inviabilidad de la
consulta. Ante la amplitud de las restricciones contenidas en la Carta Magna, observando que
11

Artículos 49 y 51 de la Ley Secundaria no. 134.
Artículo 104 de la Constitución Política de la República del Ecuador.
13
Artículo 173 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
14
Artículo 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
15
Artículo 281 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
12

15

�estas son la causa de la problemática, fue oportuno observar la normatividad en otros países del
Continente.
De la exposición respecto de la experiencia latinoamericana, se muestra que, si bien es cierto,
existen restricciones constitucionales sobre los temas sujetos a consulta, cierto también es que
en algunos casos las limitaciones versan sobre los procedimientos legislativos especiales, como
lo son aquellos exclusivos de alguna de las Cámaras del órgano legislativo, o que requieren
mayoría calificada, como lo es en Argentina, los asuntos relativos a tributos o a la organización
político administrativa del país, como es el caso de Ecuador, la prohibición de reformar la
Constitución Política en Colombia e igualmente ciertos principios constitucionales en
Guatemala.
En el caso de México, los supuestos no distan tanto de los anteriores, lo que nos lleva a
reflexionar en que la inoperancia posiblemente no atienda a un problema en la regulación
constitucional, sino posiblemente en la falta de matización en la legislación secundaria de las
restricciones constitucionales, ya que el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular se
encuentra en los mismos términos del numeral 3º del artículo 35 de la Ley Suprema.
Es por lo anterior que, en búsqueda de que el derecho vigente sea derecho viviente, se debe
reflexionar en aquellos matices que permitan la viabilidad de consultar a la ciudadanía asuntos
de trascendencia nacional, por lo que una posible reforma a la legislación secundaria con el fin
de delimitar los alcances del artículo 11, podría ser una forma de superar la problemática
presentada en estas primeras experiencias.
Por último, huelga decir que ante este nuevo modelo es de destacarse que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación robustece sus facultades incidiendo directamente en la democracia semi
directa, facultad que el Constituyente Permanente le otorgó, dando así lugar al nuevo control de
constitucionalidad sobre la participación ciudadana.
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18

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 4. Agosto-diciembre 2016, pp. 19-42
ISSN: 2395-8448

Determinates do comportamento eleitoral nas eleições legislativas em
Moçambique 1994-201416
Determinates of the electoral behavior in the legislative elections in
Mozambique

ACRISIO PEREIRA VICTORINO
Universidade Federal do Pará - UFPA. IFCH - PPGCP. Rua Augusto Corrêa, 01, Fone/Fax: (91) 8395-8526. Email: acrisio.victorino@gmail.com
Estudante de Mestrado em Ciência Política na Universidade Federal do Pará. Graduado em Administração Pública
na Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique. Atuando principalmente nas áreas de Sistema Eleitoral, Estudos
eleitorais, Comportamento Eleitoral, Competição Política e Partidária.
CO- AUTOR
CARLOS AUGUSTO DA SILVA SOUZA
Universidade Federal do Pará - UFPA. IFCH - PPGCP. Rua Augusto Corrêa, 01, Fone/Fax: (91)3201-7441. Email: carlossouza@ufpa.br
Doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ, Professor da
Universidade Federal do Pará, onde exerce atualmente a função de Coordenador do curso Pós-graduação em
Ciência Política. Desenvolve estudos na área de Estudos eleitorais, Competição Política e Partidária, Geografia
Eleitoral, Produção Legislativa.
Fecha de envío: 8 de enero 2016
Fecha de aceptación: 6 de abril 2016

Resumo
O presente artigo apresenta como objetivo, analisar a influência do nível de escolaridade
e pobreza na variação do comportamento do eleitorado nas eleições legislativas em Moçambique
de 1994 a 2014. A pesquisa parte da evidência que há uma tendência de mudança do
comportamento do eleitor ao longo das eleições já realizadas em Moçambique. Neste sentido,
16

Agradeço ao Professor Dr. Rafael da Silva da Universidade Estadual de Maringá pelas
relevantes indicações bibliográficas que ajudaram na construção deste artigo, a Professora
Dra. Eugênia Rosa Cabral do Programa de Pós-graduação em Ciência Política da
Universidade Federal do Pará – PPGCP-UFPA do pelas preciosas sugestões

19

�procurou-se avaliar os fatores determinantes para essa variação comportamental. A metodologia
foi mista (qualitativa e quantitativa), baseada nos dados eleitorais de 1994 a 2014, relacionando
com duas variáveis: nível de escolaridade e o nível de pobreza no país. Os resultados da pesquisa
indicam que a variação do comportamento de eleitorado moçambicano estão relacionados com
os baixos índices de escolaridades e com altos níveis de pobreza.
Palavras-chave: voto branco, voto nulo, abstenções, eleições legislativas de 1994 a 2014
Abstract
This article has as objective to analyze the influence of level of education and poverty on
the variation of voter behavior in the legislative elections in Mozambique from 1994 to 2014.
The research part of the evidence that there is a trend of voter behavior change over the elections
already held in Mozambique. In this sense, we tried to evaluate the determinants for this
behavioral change. The methodology was mixed (qualitative and quantitative), based on electoral
data from 1994 to 2014, relating to two variables: level of education and the level of poverty in
the country. The survey results indicate that the variation of the Mozambican electorate behavior
are related to the low levels of education levels and high levels of poverty.
Keywords: white vote, null vote, abstentions, legislative elections 1994-2014

Introdução
A cada ano eleitoral em Moçambique a Comissão Nacional de Eleições, bem como o
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, promovem campanhas com vista a sensibilizar
o eleitor a participar nos pleitos eleitorais, por meio do exercício consciente do voto, destinado
aos partidos apresentados ou a legendas, decidindo desta forma o futuro do país. Contudo, se
verifica desde as eleições de 2004 um crescimento da não participação eleitoral por parte dos
eleitores ativos nas eleições legislativas.
É neste contexto que esta pesquisa pretende investigar quais fatores tem, possibilitado
a expansão do comportamento eleitoral alienado em Moçambique pós-democratização e para
isso procuramos relacionar tais dados com indicadores socioeconômicos. A questão de fundo,
que motivou este estudo, é se a pobreza e a educação estimula, retrai ou não afeta no nível de

20

�abstenção, votos nulos e em branco nas eleições legislativas no país. Partimos da ideia na qual,
quanto mais pobre o eleitorado maior tende a se absterem nas eleições legislativas, e quanto
menos alfabetizado tende a votar em branco e nulo. Para melhor entendimento do assunto, a
abstenção; os votos brancos e nulos serão agrupados na mesma categoria, a da alienação 17
eleitoral. Apesar de ser um procedimento polêmico usaremos este conceito por ele agrupar a não
participação materializada na abstenção, bem como a participação materializada nos votos
brancos e nulos.
Do ponto de vista teórico, utilizamos a teoria da escolha racional para entender a relação
entre o comportamento eleitoral alienado, educação e a pobreza. Utilizamos uma metodologia
mista (qualitativa e quantitativa) na análise. A pesquisa foi desenvolvida com uma base de dados
secundários, isto é, dados oficiais sobre os indicadores socioeconômico disponível nos sites do
Ministério de Planificação e Desenvolvimento (MPD); Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano (MINEDH); Instituto Nacional de Estatística (INE) (); Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Utilizamos, também, os resultados
eleitorais agregados, disponíveis no órgão de gestão eleitoral Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral (STAE) e Comissão Nacional de Eleições (CNE). Nestes termos,
fizemos associação da medida de produtividade qualitativa e quantitativa, que foram os
resultados eleitorais de Moçambique e as condições socioeconômicas relacionadas com os
processos eleitorais.
A pesquisa teve o cunho analítico pelo fato de ter usado a pesquisa bibliográfica do
debate sobre alienação eleitoral desenvolvido por Santos (1987); Lima (1990); Nicolau (2002a,
2003b); Figueiredo (2008); Borba (2008); Ramos (2004a, 2006b, 2009c). A análise dos dados
baseou-se em uma modelagem estatística e na construção de tabelas e gráficos, que permitiu a
interpretação, criando correlações. Sendo assim, este trabalho possui a seguinte estrutura: além
desta introdução, a segunda parte é reservada a um breve debate sobre o comportamento
eleitoral alienado. Na terceira parte fizemos uma breve apresentação sobre os resultados relativas
a participação eleitoral e a alienação eleitoral, na quarta parte são apresentados e analisados os
dados empíricos sobre a relação existente entre pobreza e abstenção eleitoral e a relação existente

17

Para melhor adequação ao nosso estudo usaremos o termo comportamento eleitoral
alienado.

21

�entre o nível educacional e os votos nulos e brancos em Moçambique e a última parte reservada
as considerações finais.
Um Debate Sobre o Comportamento eleitoral alienado
Estudos mostram que nas democracias representativas o voto é uma condição
preponderante da participação política. Este pressuposto assenta-se na ideia de que primeiro a
participação eleitoral é uma das formas de participação que envolva um maior número de
cidadãos em regimes democráticos e segundo que esta é uma das formas de participação exercida
com frequência que varia de 4 ou 5 anos, dependendo do país (LEWIS BECK, 1988). Portanto,
há uma um crescimento do comportamento alienado do eleitor ativo nos regimes democráticos
a exemplo do que se vê em Moçambique onde este fenômeno tem oscilado desde 1994 até as
últimas eleições de 2014.
Para Ramos (2004a, 2006b, 2009c), as democracias representativas contemporâneas são
caracterizadas por eleições frequentes dos seus representantes, onde o processo eleitoral possui
dois distintos resultados preliminares, tais como: o total de votos válidos, e o somatório de votos
brancos, nulos e abstenções designado por comportamento eleitoral alienado18. Portanto, nem
todos os eleitores ativos participam nas escolhas dos seus representantes nas eleições legislativas,
ou seja, existe uma tendência atualmente do eleitorado aptos a votar, alienar seu voto, seja por
fatores, políticos, ecológicos ou socioeconômico. Nota-se, especialmente desde a década
noventa, que o nível de abstenção eleitoral, bem como os votos nulos e brancos nas democracias
representativas tem atingido números alarmantes quer na Europa, Estados Unidos, América
Latina e África19.
Sendo o voto em democracias representativas uma condição fundamental da participação
eleitoral e a evolução da não participação eleitoral, materializada nas taxas de abstenção e a
participação eleitoral materializada nos votos em branco e nulo, denominado por
comportamento eleitoral alienado 20 , este fenômeno é visto no cenário da democracia
representativa como um problema para legitimidade dos representantes e das instituições
democráticas (COSTA, 2007; FILGUEIRAS, 2008). Entretanto, a alienação eleitoral é um
elemento crucial da deslegitimação da democracia representativa, pois na medida em que
18

Por um lado o comportamento eleitoral alienado pode ser resultado de falhas mecânicas (como a não
familiaridade com o boletim de votos por parte dos indivíduos que exercem seu voto pela primeira vez, à posição
do partido no boletim de voto, entre outras falhas), por outro lado incapacidade de acesso e a distância entre a
residência e o local de votação e o clima, este conjunto de possibilidades não representam a escolhas, mas sim
restrições.
19
Ver em, Justel (l995); Perea (1999); Lane e Ersson (l987); Freire (2000) e Magalhães (2002) e Wattenberg
(1999 e 2000) e Brito (2007) sobre dados de vários países.
20
Autores como Santos (1987); Silva (2014); Costa (2006) designam por Alienação Eleitoral.

22

�somente uma minoria exerce seu poder cívico efetivamente, há uma maioria que opta por um
comportamento alienado, ou seja somente uma minoria legitima o processo democrático. No
contexto moçambicano, este fenômeno começa ser mais evidente em 2004, onde o
comportamento eleitoral alienado foi de 73%, ou seja, somente 37% participaram de forma
efetiva na escolha dos representantes.
No que concerne à participação eleitoral na vertente da alienação eleitoral, se manifesta
através de duas modalidades de voto (branco e nulo). Existe uma discordância em relação aos
teóricos especializados sobre seu significado. De um lado, temos autores favoráveis à tese dos
votos brancos e nulos como expressão de protesto e de descontentamento do eleitor (SANTOS
1987; BORBA, 2009). De outro, há pesquisadores que defendem que esses votos são reflexos
da baixa sofisticação política do eleitorado, que se materializaria, em parte, nas dificuldades
cognitivas para operar de maneira correta a urna eletrônica ou cédulas eleitorais (NICOLAU,
2002a; 2003b).
O nível da não participação eleitoral se tem tornado um fenômeno universal, atingido
maior proporções em democracias representativas, onde o voto é facultativo21. Porém, apesar
da sua magnitude, não há um consenso na literatura em relação ao significado deste fenômeno.
Duas razões explicativas: 1- a literatura sustenta a necessidade de determinados índices de não
participação eleitoral para a estabilidade do regime democrático, Almond e Verba (1963); Lipset
(1967), 2- olham o fenômeno com preocupação, apontando indícios de desgaste social, apatia e
desinteresse pela política (VITULLO, 2001a; 2002b; KINZO, 2005).
Podemos afastar o pré-conceito do comportamento eleitoral, e mencionar o termo não
participação, que envolve aqueles que não participaram diretamente da escolha de seus
representantes políticos, uma vez que estão inseridos no contingente de eleitores aptos a
participar do processo de votação, tido como abstenção eleitoral. A abstenção, que aparece em
muitos estudos como uma variável de menor magnitude, tende a crescer em países onde o voto
é facultativo em detrimento dos países onde o voto é obrigatório, pois neste contexto o voto é
um poder-dever e não direito. Neste sentido, a abstenção inclui não apenas os eleitores inscritos,
mas sim todos os cidadãos e cidadãs que estão aptos a participar nos pleitos eleitorais e não o

21

Uma visão, tanto dos debates internacionais, quanto aos dados sobre comportamento
eleitoral alienado em Moçambique veja em Terenciano (2016); Brito (2007); Silva (2014);
Costa (2006); Santos (1987) e Ramos (2004a, 2006b, 2009c).

23

�fazem, em situações onde o voto é facultativo este eleitorado ativo tende decidir votar ou não
dependendo das suas condições socioeconômicas.
Teóricos como Santos e Figueiredo afirmam que a não participação eleitoral é, por um
lado, uma consequência mental ou cultural de qualquer sociedade e, por outro lado, é
eminentemente uma ação técnica, onde as pessoas participam quando e se as suas ações são
compreendidas, por elas mesmas, como sendo capazes de produzir resultados esperados, ou seja,
os cidadãos só participam em pleitos eleitorais quando acreditam que suas ações serão efetivadas
(SANTOS, 1987; FIGUEIREDO, 1991). Em relação a este fenômeno, Lima (1990), faz menção
a ideia de “comportamento eleitoral alienado”, como sendo aqueles eleitores que compreendem
e vivem de forma consciente o cenário político e que por algum motivo decidem não participar
no âmbito da escolha dos seus representantes.
Esta suposição em torno do comportamento eleitoral alienado22 está centrada na política,
onde a motivação dos interesses e valores é muito pratica, ou seja, está relacionada à ação. Os
resultados políticos são baseados por algum valor, onde as consequências dos atos nem sempre
condizem com as intenções dos agentes (RAMOS, 2004a). Para Ramos (2004a, 2006b), esta
segunda suposição resulta do caráter prático do político: desde os votos validos depositados
quanto a alienação eleitoral são comportamento dos eleitores. E por último, a terceira suposição,
centra-se na ideia que a intenção e os resultados não são opostos.
No entanto, apesar das motivações que cada fenômeno que constitui o comportamento eleitoral
alienado seja oposto entre si (votos nulos genericamente são relacionados a protesto, votos em
brancos, ao desinteresse, e abstenções, a rejeição aos candidatos, sistema, ou ao comodismo), o
impacto causado pelo comportamento eleitoral sob o distanciamento da legitimidade do sistema
representativo é idêntico para as três formas avançadas de ação (RAMOS, 2004a).

Em torno deste debate, sobre votos validos e alienação eleitoral, podemos referir que o
voto valido é a presença de escolha dos representantes pelos eleitores, e a alienação eleitoral é a
falta da escolha dos representantes, sendo que toda ação social é sujeita a uma intenção, então

22

O termo alienação eleitoral em Ramos (2004a, 2006b, 2009c) é denominado por
“alheamento eleitoral”

24

�se torna fundamental observar o comportamento do eleitorado alienado (votação por meio de
voto branco, nulo e abstenção) ligado a comportamento político (apatia e protesto), e, por
conseguinte as possíveis motivações (alienação, satisfação ou insatisfação política), que são
dimensões subjetivas do processo político (RAMOS, 2006b, 2009c).
Entretanto, algumas características são importantes serem avançadas para explicar a ideia
de alienação eleitoral no contexto moçambicano: 1º, Os votos em branco e nulo representam a
correlação existente entre a baixa sofisticação política e baixo índice de escolaridade Santos
(1987); Ramos (2004a); Figueiredo (1991); Lima (1990), e 2º Abstenção, que é a não participação
do eleitor ativo no processo eleitoral, que está associada ao fator da pobreza, principalmente aos
eleitores de baixa renda (SANTOS, 1987; BRITO, 1995).
Neste contexto, o voto em branco e o voto nulo apresentam uma não escolha. Ressaltese que a doutrina costuma distinguir entre os eleitores que votam nulo, aqueles que o fazem
deliberadamente e os que o fazem por ignorância ou erro, sem consciência da impropriedade de
sua escolha (RAMOS, 2004a, 2009c). Em relação à anulação intencional de votos, agrupa-se um
determinado comportamento de insatisfação política do eleitor ativo em relação aos seus
representantes. Por último, a abstenção se determina por um não comparecimento do eleitor
ativo e escrito nas urnas no dia da votação, e é uma clara demonstração de apatia ou protesto
eleitoral em relação às instituições democráticas, bem como a não identificação do eleitorado
com o candidato ou partido.
As primeiras abordagens sobre esse fenômeno centravam-se principalmente no
procedimento de aglutinação em um único fenômeno, a alienação de distintos comportamentos
do eleitorado (os votos brancos, nulos e as abstenções), para os quais se estabeleceu uma mesma
base causal (LIMA JÚNIOR, 1990). Segundo o autor, pode-se objetivar, no entanto, que a
interpretação do comportamento eleitoral alienado, na medida em que agrega manifestações
eleitorais diferentes, esteja equivocada do ponto de vista dos fatores determinantes da alienação.
Ou, simplesmente: o que leva o eleitor a se abster não é exatamente o que leva o eleitor a votar
em branco ou a anular o voto (LIMA JÚNIOR, 1990).

25

�O estudo de Jairo Nicolau (2002a, 2003b) problematiza os votos brancos e nulos, e
defendem a tese de que, principalmente os votos nulos, devem ser compreendidos como
resultado da baixa sofisticação do eleitorado, especialmente no aspecto da escolaridade. Para o
autor, isso fica evidente ao comparar as taxas de votos nulos antes e depois da instauração da
urna eletrônica, quando se verifica uma queda substancial dos votos brancos e nulos. No
contexto moçambicano onde o nível de população alfabetizada e vivendo na pobreza ainda é
muito maior, sendo que a maior parte do eleitorado se encontra vivendo sob esses problemas,
pode ser um fator importante para perceber o crescimento do comportamento eleitoral alienado,
onde a dificuldade de manusear as cédulas eleitorais faz com que muitos votos sejam anulados
por erro na escrita ou pintura no nome do partido bem como o absentismo.
De um lado, alienação eleitoral entende-se como a manifestação num processo de
eleições, onde os indivíduos, aptos e escritos para exercer seu poder de escolha dos
representantes políticos não o fazem, por outro lado entende-se, por alienação eleitoral a
ausência de uma escolha dos representantes em determinada eleição, de indivíduos que, aptos a
votarem, por variadas razões, não o fazem, ou seja, ou se abstêm, ou votam nulo ou em branco
(COSTA, 2007; RAMOS, 2009b). Contudo, podemos afirmar que os autores alegam que as
variáveis ligadas a idade, renda e condições ecológicas estão diretamente ligadas a abstenção
eleitoral, enquanto que, a escolarização, as questões técnicas e de regras institucionais estão
ligadas a participação materializada através do voto branco e nulo.
O que nenhum dos trabalhos acima ostentou como variável de análise as condições
socioeconômicas e de que forma esta pode influenciar na, não participação, bem como na
participação materializada nos votos brancos e nulos. É notória uma expressiva literatura
internacional sobre o chamado “voto econômico” Kiewiet (1983); Lewis-Beck (1988); Kinder,
Adams e Gronke (1989); Duch (2001) e seu impacto principalmente no plano do
comparecimento eleitoral Downs, (1999); Aldrich (1993), tais análises ainda não foram
devidamente incorporadas ao estudo do tema do comportamento eleitoral alienado em
Moçambique.
Key Junior (1966), explica que os estudos sobre as teorias do voto racional, partem da
premissa, que é: se o crescimento econômico vai bem, os representantes ganham os votos; em
contra partida, se o crescimento econômico vai mal, os indivíduos podem alienar seu voto ou
votar em novos representantes. Esta tentativa teórica e epistemológica de reduzir o eleitor a um
mero juiz que busca punir e recompensar seus representantes é uma forma quase frágil de

26

�analisar o comportamento político e eleitoral (FIGUEIREDO, 2008). Contudo, a partir desta
lógica, é possível associar o exercício do voto, não o mero sentido julgador, mas como uma ação
que pretende ser instrumental, ou estratégica de ponto de vista do eleitor.
Um indivíduo racional de ponto de vista de Downs, se comporta da seguinte forma:
[…] Ele sempre pode tomar uma decisão quando confrontado com
uma série de alternativas; Ele classifica todas as alternativas na ordem
de sua preferência; Seu ranking de preferência é transitivo; Ele sempre
escolhe entre todas as alternativas possíveis, aquela que fica em primeiro
lugar no ranking ordenado de preferência; Ele sempre toma a mesma
decisão quando é confrontado com as mesmas alternativas […]
(DOWNS,1999, p: 28).
Mais uma vez, o elemento economia, é um vetor importante para explicar o não
comparecimento eleitoral (MONROE, 1979; KIEWIET, 1983; KRAMER &amp; GOODMAN,
1975). Desta forma, podemos nos referir que em uma sociedade onde o voto é facultativo, as
pessoas tendem a recorrer à alienação23 dependendo das condições de existência, como é o caso
da escolaridade, pobreza, índice de satisfação com o governo, podem determinar na escolha dos
eleitores, ou de participar politicamente e eleitoralmente escolhendo seus representantes, ou
simplesmente recorrendo a alienação eleitoral nos moldes que está sendo apresentada neste
estudo.
Neste contexto todos os que tomam decisões racionalmente incluindo (partidos
políticos, grupos de interesse e governos), presume-se que possuem as mesmas qualidades, isto
é, a racionalidade. Portanto, um homem racional, sempre opta pela alternativa que lhe
proporciona maior utilidade, ou seja, consideramos que a sua decisão apresenta os pressupostos

23

Seria basicamente o contrário da síndrome de alienação política que foi apresentado por
Figueiredo, citando Robert Lane (1962, p. 162). Que postulam as 3 síndromes de alienação?
Postulam a ideia segunda qual, o indivíduo ou eleitor perante o cenário político, assume que:
1 – eu sou objeto e não sujeito da vida política, eu não tenho influencia e não partido, porque
politicamente falo em voz passiva; 2- o governo não cuida e nem administra no meu interesse;
3- Eu não aprovo o processo de tomada de decisão, as regras são injustas, ilegítimas.
Destacamos com maior ênfase a segunda síndrome, que mais se enquadra na ideia de que, se
a economia está bem, então não necessito participar, e se há variações na economia, então os
eleitores, sobretudo os racionais, como estamos vindo enfatizar, votam para destituir o
governo dia.

27

�racionais, como a informação suficiente, previsibilidade, custo e benefício voltado para o jogo
ótimo (DOWNS, 1999). Assim, um eleitor ao agir racionalmente leva em consideração os
benefícios esperados, resultantes da atividade governamental para escolher o candidato ou
partido que lhe trará a maior utilidade ou opta por alienar seu voto.
A decisão de participar de uma eleição ou não, o eleitor realiza um cálculo que inclui a
tarefa de escolher um candidato, os custos referentes ao deslocamento e as possíveis vantagens
que podem ser obtidas caso decida votar. Se tais benefícios esperados superarem os custos, o
eleitor participa da eleição (DOWNS, 1999). Mas também, é possível associar a teoria do voto
positivo, na medida em que os benefícios extraídos do ato de votar consigam compensar seu
custo de votação, isto é, o eleitor tende a participar de forma constante quando suas ações são
realizadas de alguma forma.
Das Abstenções, Votos Brancos, Nulos e Alienação Eleitoral em Moçambique
O Cenário político moçambicano inicia em 1975, com sua independência do regime
colonialista. Entre 1975 até 1990, o país passou por períodos de intenso conflito derivado da
guerra civil estabelecida entre duas forças políticas que procuravam através da luta armada
assumir o controle do poder político: A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a
Resistência nacional Moçambicana (RENAMO).
Em 1990, após quase 16 anos de guerra civil é assinado um Acordo Geral de Paz24 entre
as duas principais forças políticas o que permite a Promulgação de uma nova Constituição que
instaura o regime multipartidário que possibilitou o surgimento de novos partidos políticos e a
realização das primeiras eleições multipartidárias em 1994. Desde então, foram realizadas 9
eleições25, sendo 5 eleições Presidências conjugada com eleições e 4 eleições Municipais.
Nas primeiras eleições legislativas, concorreram 14 partidos 26, sendo que apenas três
obtiveram votos suficientes para ultrapassar a clausula de barreira imposta pela legislação, para
preencher os 250 assentos na Assembleia da República. Das cadeiras disponibilizadas 129 foram

24

O Acordo Geral de Paz foi assinado em Roma em 4 de outubro de 1992entre o partidoEstado (FRELIMO) e a RENAMO, que era o movimento de resistência, considerada como
desestabilizador do País, que colocou o fim da guerra civil em Moçambique de 1976-1992.
25
As eleições presidenciais e legislativas foram realizadas nos seguintes anos: 1994, 1999,
2004, 2009 e 2014; as Municipais em: 1998, 2003, 2008 e 2013.
26
Ver em Brito (1995); Terenciano e Sousa (2016)

28

�ocupados por deputados eleitos pela FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), 112
pela RENAMO (Resistência Nacional de Moçambique) e 9 foram ocupados pela UD (União
Democrática de Moçambique)27, os 11 partidos restantes alcançaram conjuntamente 12,7% do
total dos votos, sem que nenhum tenha alcançado a cláusula de barreira de 5% exigida pela lei
eleitoral28 oriunda do Acordo Geral de Paz, no seu Protocolo III. Portanto, desde as eleições de
1994 é possível notar uma evolução e oscilação em torno das abstenções, votos nulos e brancos
como se pode observar na Tabela 1:
Tabela 1: Participação absoluta e relativa as Abstenções, votos brancos, nulos e alienação
eleitoral nas eleições legislativas em Moçambique: 1994-201429
Anos
Abstenção
Votos brancos
Votos nulos
Alienação eleitoral
Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

1994

744.544

13%

457.382

3%

173.691

7%

1.375.617

23%

1999

2.345.711

30%

463.011

11%

239.172

5%

3.047.894

46%)

2004

5.820.100

63%

166.560

5%

110.062

5%

6.096.722

73%

2009

5.503.405

56%

349.499

8%

143.893

8%

5.996.797

72%

2014

5.721.478

52%

445.371

8%

245.145

2%)

6.411.994

62%

Fonte: CNE. Elaborado pelo autor (2016)
Como se pode observar na Tabela 1, entre 1994 e 2004, houve um crescimento
acentuado na taxa de alienação eleitoral, principalmente a abstenção eleitoral, passando de 13%
em 1994, para 30% em 1999 e 63% em 2004 e reduzindo para 56% e 52% em 2009 e 2014
respectivamente.
A explicação para essa redução do índice de abstenção eleitoral, nas últimas duas eleições
é que, primeiro, em 2007, houve um registro eleitoral de raiz e foram eliminados os cadastros de
muitos eleitores que já haviam perdido a vida e continuavam na lista dos eleitores aptos a
votarem, segundo, os idosos que já não tinham condições de participar nas eleições e terceiro,
os eleitores que mudaram de residência e que teriam duplo cadastro, possibilitando assim um

27

União Democrática de Moçambique, que foi uma coligação que teve em voga se juntar entre partidos
pequenos para alcançar a clausula de barreira. Ver em Terenciano e Souza (2016)
28
Ver a legislação eleitoral de 1994.
29
Números de eleitores escritos em: 1994 – 6.148.842; 1999 – 7.099.105; 2004 – 9.142.151; 2009 –
9.890.655 e 2014 – 10. 964.377.

29

�maior controlo da Comissão Nacional de Eleições, sobre os reais eleitores inscritos e reduzindo
deste modo à possibilidade de um aumento artificial de total de eleitores aptos a votar.
Evolução da participação eleitoral nas eleições legislativas em Moçambique
Autores como Nicolau (2002a, 2003b); (Brito) 2006; Figueiredo (1991); Filgueiras (2008);
Mazula (1995a, 2006b) argumentarem que os diferentes tipos de sistema político-partidário
possibilitam a maior ou menor participação eleitoral, concretamente afluência nas urnas de voto,
sendo, entre esses fatores, as regras eleitorais, bem como o regime de voto (obrigatório ou
facultativo) existente. Pois alguns autores alegam que em regimes de voto facultativo o nível de
participação eleitoral tem reduzido ao longo dos anos, mas existem estudos que também
mostram que em países onde o voto é obrigatório também há essa tendência de redução da
participação de eleição à eleição.
Porque a nossa análise é baseada nos resultados das ações não participativas agrupadas
em três categorias (votos em branco, votos nulos e abstenções) que pode se dar por diferentes
motivos, a alienação eleitoral, precisa ser contextualizada em situações empíricas específicas para
que sua explicação se torne clara de acordo com o cenário que se pretende analisar. Os autores
utilizados referem-se a sistemas eleitorais de voto obrigatório 30 e alguns se referem ao voto
facultativo, daí que, consideramos importante na discussão no cenário político Moçambicano31
devido ao crescimento progressivo do comportamento eleitoral alienado nas eleições legislativas
em Moçambique.
No contexto moçambicano, onde o regime de voto é facultativo, é visível essa tendência
decrescente e contínua da participação eleitoral em relação ao comportamento eleitoral alienado,
ao longo das eleições, onde podemos afirmar que o número de participação eleitoral desde 2004
tem sido baixo em relação a não participação eleitoral, o que não têm chegado a atingir os 50%.
Isto quer dizer que há um decréscimo nos níveis de participação eleitoral em Moçambique em
uma linha oscilatória, conforme observaremos no Gráfico 1:
Gráfico 1: Participação Eleitoral relativa as eleições legislativas em Moçambique no período de
1994-2014

30Ver
31

em Borba (2008); Ramos (2009c) e Silva (2014).
Sistema eleitoral de voto facultativo.

30

�100%
90%
80%
70%
60%
50%

Participação Eleitoral

40%
30%
20%
10%
0%
1994

1999

2004

2009

2014

Fonte: CNE, Elaborado pelos autores (2016)
As dinâmicas da participação eleitoral em Moçambique são adversas, e em cada pleito
eleitoral teve variações em termos dos percentuais de participação. Ora, nas eleições fundadoras
de 1994, que instituíam a democracia multipartidária, a participação dos eleitores inscritos foi de
87%, isso nas onde a abstenção eleitoral situou-se em torno de 13%. Esta tendência se manteve
até as segundas eleições de 1999, onde houve uma participação de 70% dos potenciais eleitores,
com a abstenção eleitoral a situar-se em 30%. Alguns estudos desenvolvidos por Mazula (1995);
Brito (2005); Sitoe (2006); Nuvunga (2010), afirmam que, essa tendência de nível d2e
participação deveu-se a vários fatores. De um lado, as eleições de 1994 e 1999, e os eleitores
votavam pela paz, ou seja, para pôr fim definitivo da guerra que assolou Moçambique por cerca
de 16 anos, e por outro lado as pessoas foram movidas pela vontade de exercer seu poder de
voto pela primeira vez, onde o trabalho levado a acabo pelas instituições nacionais e
internacionais no âmbito da educação cívica32 foi fundamental para essa tendência (MAZULA,
1995; MAIA, 1995; NAMBURETE, 1995).
Essa tendência de maior nível participação teve seu auge do declínio nas eleições de 2004,
onde a participação eleitoral foi de 37% dos potenciais eleitores, tendo a abstenção eleitoral
chegado a atingir 73%. Isso mostra por um lado, que as pessoas se fizeram presente no processo
de registro eleitoral, mas não exerceram seu poder cívico de ir votar por alguma razão.

32

Por um lado, a CNE disponibilizou uma equipa de 1.600 agentes de educação cívica, por outro lado as
diversas confissões religiosas e ONG’s também criaram equipas de agentes de educação cívica, que trabalharam
em paralelo. Ver: in Mazula, (1995).

31

�Acadêmicos como Brito (op. cit) e Nuvunga (op. cit) advogam que o declínio na participação
eleitoral nas eleições de 2004 estão ligadas a dois pressupostos todos eles relacionados aos
problemas ecológicos. Por um lado, os problemas ecológicos é uma explicativa relevante para
compreender a baixa participação eleitoral, sendo que estas eleições decorreram num cenário de
chuvas intensas ao longo do todo país. Por outro lado, a não atualização dos cadernos eleitorais
fez com que existisse a duplicação do número de eleitores ativos nos cadernos eleitorais.
Em relação ao nível de participação nas eleições de 2009 e 2014, se nota um crescimento
mais ou menos significante em relação às eleições de 2004, onde o nível de participação foi de
44% e 48% respectivamente. Neste contexto, se verifica que a abstenção ainda continua num
nível acentuado, ou seja, a participação materializada nos votos (validos, nulos e brancos) ainda
continua inferior aos 50%, sendo que em 2009 e 2014 a abstenção se situou em 56% e 52%
respectivamente. Consideramos que essa redução insignificante das abstenções nas últimas
eleições, pode ser explicada pelo fato de que em 2007, ocorreu novamente um registro eleitoral
de raiz, o que possibilitou a eliminação de cadastros duplos bem como de eleitores que já haviam
perdido a vida e os idosos que já não tinham condições de exercer seu ato cívico, possibilitando
assim a redução da abstenção eleitoral. Vis-à-vis aumento da participação eleitoral.
Evolução da Alienação Eleitoral nas Eleições Legislativas em Moçambique
Desde as primeiras eleições legislativas de 1994, há uma indicação de redução da
participação eleitoral em Moçambique, onde o nível de abstenção, votos em branco e nulo têm
crescido de forma regular. Este crescimento, de certa forma revela um desinteresse dos cidadãos
em relação ao sistema político, que também pode ser um sintoma de crise do sistema
democrático representativo (BRITO, 2010).
De acordo com Lewis Beck (1988), existe uma tendência generalizada em países onde o
voto não é obrigatório, de ocorrer redução da participação popular em pleitos eleitorais ao longo
do tempo. Na Europa, por exemplo, por volta da década de quarenta, a participação rondava
em torno dos 86%, apresentando decréscimo em torno de 78% a 80% nos anos 1990, desde
então veem descendo de eleição a eleição, concretamente nos anos 2000 (LEWIS BECK, 1988).
Para o caso de Moçambique, onde o voto é facultativo, a participação eleitoral foi de 87% em
1994, descendo para 70% em 1999, passando para 37% em 2004, sendo que em 2009 e 2014 a
participação eleitoral se situou em 44% e 48% respectivamente, podemos assim dizer que ao

32

�longo das eleições já realizadas, o comportamento alienado dos eleitores tem oscilado de forma
significativamente33.
Este fenômeno, sobre comportamento alienado é notável nas eleições moçambicanas
pós-democratização, com um percentual de 23% em 1994, em 1999 tendo ocorrido o dobro do
percentual de 1994 em relação a alienação eleitoral isto é 46%, passando para 73% e 72% nos
anos 2004 e 2009 respetivamente e em 2014 tendo se fixado em 62%, como vemos no Gráfico
2:
Gráfico 2: Participação relativa da Alienação Eleitoral, nas eleições legislativas em
Moçambique, entre 1994-201434
80%
70%
60%
50%
40%

Alienação Eleitoral

30%
20%
10%
0%
1994

1999

2004

2009

2014

Fonte: CNE. Elaborado pelo autor (2016)
Observe que, Moçambique há uma tendência de crescimento oscilatório do
comportamento eleitoral alienado em relação à participação eleitoral, apesar das oscilações
percentuais em cada pleito eleitoral, ainda continua sendo maior o número dos eleitores que
tende a optar por alienar seu voto durante as eleições. Para Ramos (2004a, 2006b) são vários
motivos que influencia o eleitor ao alienar seu voto desde os fatores políticos, ecológicos e
socioeconômicos como já havíamos referenciado anteriormente.

33

De acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições as taxas de abstenção, votos brancos e nulos nas
eleições legislativas em Moçambique foram de: 1994 -13%, 3% e 7%; 1999-30%, 11% e 5%; 2004-63%, 5% e
5%; 2009-56%, 8% e 8% e por fim 2014-52%, 8% e 2% respetivamente.
34
A percentagem da abstenção foi calculada tendo em conta o número total de votantes e a percentagem de
voto branco e nulo foi calculada de acordo com os votos contidos na urna.

33

�Alguns estudos levado acabo por Mazula (1995); Sitoe, (2006) Brito, (2010) consideram
que as organizações internacionais bem como as nacionais 35 foram importantes para que as
primeiras bem como as segundas eleições em Moçambique fossem realizadas em um ambiente
cordial o que permitiria o seu Sucesso, pois para estes autores, as primeiras como as segundas
eleições multipartidárias em Moçambique eram vista, não só como uma mudança da conjuntura
política, social, mas também, como meio da efetivação e consolidação dos acordos de paz
celebrados em Roma, assinado em 1992, no âmbito do fim da guerra civil que durou quase 16
anos, por isso o n’nível de alienação foi muito baixo em relação as outras eleições como podemos
ver no Gráfico acima.
De acordo com Figueiredo (1991), os indivíduos participam no ato eleitoral, quando suas
ações são compreendidas, por elas mesmas, e que tem a capacidade de produzir resultados
desejados, ou seja, alienação eleitoral tende a ser maior quando o nosso voto nas eleições
anteriores não teve nenhum impacto na nossa vida. No contexto moçambicano pósdemocratização, nota-se um maior nível de alienação eleitoral em relação ao nível de participação
eleitoral desde 2004 nas eleições legislativas.
Um olhar sobre os determinantes socioeconômicas do comportamento do eleitor
Moçambicano
Para Santos (1987) a abstenção bem como os votos nulos e brancos estão associado as
condições socioeconômicas dos indivíduos, privilegiando, sobretudo, o aspecto educacional e
renda. A escolarização bem como a renda, tem sido apontada como fatores que predispõe
favoravelmente o indivíduo para a participação política. Nas eleições legislativas de 2009 e 2014
em Moçambique o nível de educação aumentou e o da pobreza reduziu e ao mesmo tempo a
alienação eleitoral também sofreu uma ligeira redução, conforme ilustra o Gráfico 3 e 4.
Podemos assim afirmar que, a melhoria de condições de vida (redução da pobreza) bem como
o nível elevado de escolaridade, permite com que os níveis de alienação eleitoral reduzam de
forma significante. Estas explicações já tinham sido fundamentadas teoricamente por Santos
(1987) que mostra que os níveis de escolaridade e a redução da pobreza são elementos chaves
para explicar a variação e redução dos índices de alienação.
Programas de educação cívica do STAE e CNE; de algumas ONG’s como AWEPA, NDI, Fundação
Friedrich Ebert, CARITAS; PNUD; ONUMOZ; Santo Egídio; National Democratic Institute; SARDC, CSC,
ONU.
35

34

�A visão econômica do comportamento eleitoral é sustentada, principalmente, pela
intrínseca ligação existente entre as condições socioeconômicas que se encontra aliada na
possibilidade dos representantes eleitos serem responsabilizados pelo crescimento e
desenvolvimento socioeconômico dos representados (Martins, 2010). Desta forma, podemos
considerar que o fator econômico, influencia na maior ou menor abstenção eleitoral, no âmbito
da escolha dos representantes, nas eleições legislativas em Moçambique, conforme
observaremos no Gráfico 3:
Gráfico 3: Relação relativa entre nível da população vivendo na Pobreza e abstenção eleitoral
nas legislativas em Moçambique.

88%
69%

63%
54%

56%
55%

52%
42%

30%
13%
1994

1999

2004

2009

2014

Abstenção

13%

30%

63%

56%

52%

Pobreza

88%

69%

54%

55%

42%

Abstenção

Pobreza

Fonte: CNE; MPD –INE 2013, Elaborado pelo autor (2016)
O fenômeno do comportamento eleitoral alienado em Moçambique encontra-se
dividido em dois momentos, sendo o primeiro que vai de 1994 a 1999 onde este fenômeno é
relativamente baixo mesmo tendo a pobreza em níveis alarmantes, neste primeiro momento os
eleitores afluíram em massa nas urnas com vista a efetivar o processo de acordos de paz que
passava por meio de realização das primeiras eleições multipartidárias bem como na expetativa
de ver suas condições melhorarem. No segundo momento que parte de 2004 até as últimas
eleições em 2014 podemos notar uma racionalidade do eleitor que vendo suas condições não
melhorarem opta por alienar seu voto.

35

�Esses resultados permitem, ilustrar até que ponto a pobreza é um elemento crucial na
participação política, no geral, e em particular as eleições. Para Santos (1987), esse exercício é,
em parte, condicionado pelo acesso ás cabines de votação, extensão territorial e pelo grau de
urbanização que representam custo de deslocamento do potencial eleitor, mas fatores
socioeconômicos influenciam significativamente na alienação eleitoral.
Podemos compreender a partir do Gráfico 3, que apesar do nível acentuado da pobreza
88% em 1994, a abstenção eleitoral em Moçambique foi de 13%, isto deveu-se a mudança da
conjuntura política nacional, com implementação do sistema multipartidarismo e com
consequente realização das primeiras eleições em 1994, fez com que a abstenção fosse baixa
mesmo tendo o nível de pobreza extrema. Teóricos como Mazula (1995); Maia (1995);
Namburete (1995); Brito (1995); Sitoe (2006,) afirmam que a comunidade internacional, os
lideres tradicionais, os agentes de educação cívica, bem como as instituições governamentais
tiveram um papel preponderante para a maior afluência dos eleitores nas 1as eleições, para além
desses autores difundirem a ideia na qual, o voto de cada cidadão poderia mudar o futuro de
Moçambique, os eleitores ativos vinham esse processo como um meio de melhoria das suas
condições de vidas afetadas pela guerra civil que durou aproximadamente 16 anos.
Em 1999, é possível perceber como os eleitores ativos, em tese devido a não melhoria
das suas condições de vida, começam abster o seu voto de forma gradual, onde podemos
confirmaram um aumento acima dos 100% de eleitores em relação às eleições de 1994, passando
deste modo dos 13% para 30%, com o nível de pobreza a manter-se ainda elevado 69% ou seja
em relação a 1994 a pobreza reduziu num percentual de 19%, o que podemos assim dizer, que
os eleitores que não sentiram o impacto da redução da pobreza nas suas vidas, se absterem, pois
como referenciado por Martins (2010); Santos (1987); Figueiredo (2008); Downs (1999), tais
eleitores tende a escolher seus representantes em função da melhorias das condições que se
fizeram sentir na última vez em que exerceu seu dever cívico. Nota-se que em 1999, uma gradual
relação entre o nível de pobreza e o aumento da abstenção, nas eleições legislativas em
Moçambique.
Em 2004 e 2009, a abstenção eleitoral nas eleições legislativas foi de 63% e 56% respectivamente.
Esse aumento considerável deveu-se ao nível de pobreza que ainda se situa acima dos 50%,
sendo que em 2004 a pobreza era de 54% e em 2009 a pobreza era de 55%, nota-se uma subida
insignificante da pobreza em 2009 em relação a 2004, contudo, apesar da pobreza ter reduzido
em 15% em relação a 1999, ainda continua alta nível, o que poderá ter levado os eleitores a se

36

�absterem, pois as suas condições de vida não terá melhorado de forma significante. Estudos
desenvolvidos por Santos (1987); Lima (1990); Nicolau (2003); Silva (2013), alegam que a taxa
de abstenção eleitoral tem como um dos fatores determinantes, o retorno esperado da
participação eleitoral anterior, pois o eleitor encontra-se numa relação de custo-benefício no
momento de exercer seu voto, sendo a melhoria das condições socioeconômicas um fator que
predispõe favoravelmente o indivíduo a participar nas eleições.
Em relação ao período de 2014, podemos notar que por um lado temos uma redução da
pobreza para o nível inferior a 50%, e por outro lado temos uma redução da abstenção. Contudo,
notamos no Gráfico 3, que o nível de pobreza reduziu num percentual de 13% em relação ao
período de 2009, passando desta forma a se situar em 42%, e ao mesmo tempo notamos uma
redução do da abstenção em 4% em relação a 2009, ou seja a melhoria insignificativa de
condições de vida de alguns eleitores ativos possibilitou em tese na redução da abstenção de
forma ligeira. Desta forma, notamos aqui que a melhoria das condições socioeconômica pode
influenciar na abstenção eleitoral, esta ideia também sustentada por autores como Santos (1987);
Key (1966); Figueiredo (2008); Borba (2008); Silva (2013), na qual as pessoas tendem a recorrer
à abstenção eleitoral dependendo das condições socioeconômicas, bem como a insatisfação do
eleitor ativo em relação ao representante (candidato ou partido). Sendo assim, podemos afirmar
que a pobreza é um fator importante na influência do comportamento do eleitor.
Como já havíamos referenciado, o voto em branco e o voto nulo apresenta uma não
escolha. A doutrina costuma distinguir, dentre os eleitores que votam nulo, aqueles que o fazem
deliberadamente e os que o fazem por ignorância ou erro, sem consciência da impropriedade de
sua escolha, em relação à anulação intencional de votos, agrupa-se um determinado
comportamento de insatisfação política do eleitor ativo em relação aos seus representantes
(RAMOS, 2009a). Portanto, podemos considerar que o fator educacional, influencia na maior
ou menor ocorrência de votos nulos e brancos, nas eleições legislativas em Moçambique,
conforme observaremos no Gráfico 4:
Gráfico 4: Relação relativa entre a nível da população analfabeta e voto branco e nulo nas
legislativas em Moçambique

37

�60%

60%
53%

48%

43%

7%
3%
1994

11%
5%

5%

1999

2004

2009

8%
2%
2014

Voto Nulo

7%

5%

5%

8%

2%

Voto Branco

3%

11%

5%

8%

8%

Nivel de Analfabetismo

60%

60%

53%

48%

43%

8%

Fonte: CNE, MINED-INE 2014, Elaborado pelo autor (2016)
Como se pode verificar no Gráfico 4, há uma correlação oscilatória entre o fator
educacional e a variação dos votos nulos e brancos nas eleições legislativas em Moçambique.
Apesar de um alto nível da população analfabeta 60% em 1994 e 1999, os votos nulos passaram
de 7% em 1994 para 5% em 1999 e os votos em brancos de 3% para 11% respetivamente, isto
se deve a baixa sofisticação do eleitorado, pois este processo requer um mínimo de
conhecimento em ralação ao manuseio dos boletins eleitorais, sendo que o eleitorado
moçambicano nestas eleições é composto maioritariamente por eleitores analfabetos, poderá ter
levado à esses níveis de votos nulos e brancos, nota-se uma redução de votos nulos e ao mesmo
tempo um crescimento de votos em branco nas eleições de 1999 em relação as de 1994, sendo
que o percentual de eleitores analfabetos se mantem. Autores como Santos, (1987); Lima, (1990);
Nicolau, (2003b) são consensual ao alegarem que, a baixa sofisticação do eleitorado,
especialmente no aspecto escolaridade, tende a cometer falhas mecânicas devido a não
familiaridade com o boletim de voto por parte dos indivíduos que exerceram seu voto pela
primeira vez.
Nas eleições de 2004 e 2009 e 2014 o voto branco nas eleições legislativas passou de 5%
para 8% nos dois pleitos eleitorais e de 5% para 8% em 2009 e 2% em 2014 número de votos
nulos. Nota-se uma queda de votos brancos em relação as eleições de 1999 e uma queda em
torno dos votos nulos em relação às eleições anteriores a 2014, isto se deve a uma redução da
população analfabeta em 17% de 1994 para 2014, podemos assim afirmar que existe uma relação

38

�entre o nível de escolaridade e os votos nulos e brancos, pois é possível verificar no Gráfico 4,
pois se verifica, que quanto mais escolarizado o eleitor moçambicano, menor tende a ser o
número de votos nulos e brancos, num contexto de voto facultativo que são as eleições
moçambicanas. Estudos levado a cabo por Santos (1987); Lima (1990); Ramos (2009); Silva
(2013), mostram que, os votos em branco e nulo representam a correlação existente entre a baixa
sofisticação do eleitorado e baixo índice de escolaridade.
Considerações finais
Este artigo procurou analisar o comportamento eleitoral, buscando perceber porque os
eleitores tende a alienar cada vez mais seu voto através dos votos (brancos, nulos e abstenções),
nas eleições legislativas em Moçambique de 1994 a 2014. A motivação principal para realização
desenvolvimento dos argumentos do presente artigo realização foi o crescimento significante da
alienação eleitoral no cenário das eleições legislativas em Moçambique, tendo atingindo uma
percentagem máxima de 67% em 2004, e se mantendo ainda em acima de 50% nas eleições de
2009 e 20014.
Buscamos assim na nossa analise, fazer uma relação entre a pobreza e abstenção eleitoral
bem como uma relação entre o nível de escolaridade e os votos nulos e brancos, com vista a
perceber até que ponto a pobreza e a escolaridade influência no comportamento dos eleitores
ativos, ou seja, o comportamento eleitoral (alienação eleitoral) se relaciona com o nível de
desenvolvimento socioeconômico. Assim, o comportamento eleitoral alienado pode ser
explicado, também, em função do contexto socioeconômico, no qual as condições sociais
objetivamente vividas explicam as atitudes e o comportamento político dos eleitores ativos.
Partimos da ideia de que o voto implica uma escolha, no processo de adesão a
participação eleitoral, onde o contexto socioeconômico onde os indivíduos estão inseridos pode
determinar uma maior ou menor adesão ou o posicionamento político do eleitor. Os resultados
da pesquisa sustentam que as condições socioeconômicas, concretamente a pobreza e a
escolaridade explica, em uma grande parte, doo fenômeno da alienação eleitoral, embora existam
outros fatores que influencia este fenômeno da alienação para cada eleição.
Portanto, fica claro que, nas eleições legislativas do período de 1994 a 2014, a variável
estabelecida para este trabalho não é a única possível e tão pouco, por si só, explica as taxas de
alienação eleitoral. O que se procurou demonstrar é que a pobreza e a escolaridade são um dos

39

�fatores chaves para explicar manifestação do comportamento eleitoral por parte dos eleitores
ativos ao longo das eleições legislativas em Moçambique, num cenário de voto facultativo.
Em suma, o que se pode afirmar das duas questões levantadas, na qual se centrava na
influência da pobreza e o nível de escolaridade no comportamento eleitoral, podemos concluir
que foi possível notar uma relação de causa e efeito, de que a abstenção bem como os votos
nulos e em brancos estão relacionados com o elevado nível de pobreza do eleitorado, a baixa
sofisticação do eleitorado, especialmente nos baixos níveis de escolaridade

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42

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 4. Agosto-diciembre 2016, pp. 43-78
ISSN: 2395-8448

Mina y mentira: el caso de Magdalena Teitipac, Tlacolula de Matamoros,
Oaxaca.
The mine and the lie: the case of Magdalena Teitipac, Tlacolula of
Matamoros, Oaxaca.

Eusebio Jacinto Cruz Pérez y Minerva Vázquez Ramos
Estudiantes investigadores en Administración Pública
Universidad de la Sierra Sur
ejacinto95@gmail.com
Fecha de envío: 16 de marzo 2016
Fecha de aceptación: 4 de mayo 2016

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar el conflicto social y las diferentes acciones colectivas
surgidas por la implementación de un proyecto minero en la comunidad indígena de Magdalena
Teitipac, municipio perteneciente al Distrito 17 de Tlacolula de Matamoros, ubicado en la región
de Valles Centrales de Oaxaca, con la finalidad de evidenciar los actores, intereses y lógicas en
disputa por la apropiación de territorios campesinos e indígenas. Se presenta una investigación
etnográfica en la cual se describe la vida comunitaria y se presentan los conflictos que enfrentó
la población ante un proyecto neoliberal: la explotación de una mina de oro por parte de la
empresa canadiense “Plata Real”, así mismo se describen las respuestas de los actores sociales,
que lograron impedir la imposición del proyecto impulsado por diferentes niveles de gobierno
y corporaciones con capital nacional y extranjero, sin la consulta y aprobación de las poblaciones
campesinas e indígenas propietarias de las tierras en los que éstos pretenden desarrollarse. Se
plantea que este tipo de proyecto no representó una opción de desarrollo para la comunidad, y
por el contrario generó contaminación que perjudicó el agua y la convivencia de la comunidad.
Palabras clave: movimientos sociales, minería, defensa del territorio.

43

�Abstract
This job has an objective to analyze the social conflictive in the different collective actions arising
from the implementation of a mining project in the indigenous community of Magdalena
Teitipac municipality that belongs to the district 17 of Tlacolula of Matamoros, located in the
region of Valles Centrals of Oaxaca, with the finality of showing the actors, interest and logical
in dispute for the appropriation of peasants and indigenous territories. ethnographic research
presented in which community life described is presented the conflicts that faced the population
before a neoliberal project: the exploitation of a gold mine by the Canadian company “Plata
Real”, likewise described the answers of the social actors, who managed to prevent the
imposition of the project, driven for different levels of the government and corporations with
domestic and foreign capital, without the query and approval of rural and indigenous populations
owners land in which they intended to develop. It is proposed that this type of project does not
represent an opinion for a development option for the community, and conversely genre
pollution that damaged the water and coexistence of the community.
Key words: social movements, mining, territorial defense.
En 2007 a la comunidad de Magdalena Teitipac llegó la empresa canadiense Plata Real con la
finalidad de explorar y explotar el oro y la plata de la comunidad. La minera firmó un contrato con
las autoridades de Bienes Comunales (quienes son las encargadas de la administración y protección
de los recursos naturales de la comunidad) para la explotación de dichos minerales.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Economía, en el año 2007 la Dirección General
de Regulación Minera otorgó a la empresa Plata Real, filial de la corporación canadiense, la
concesión 230489 titulada el “Doctor” para explorar y explotar oro y plata en una superficie de casi
9 mil 653 hectáreas de tierras comunales de Magdalena Teitipac, con una vigencia del 6 de
septiembre de 2007 al 5 de septiembre de 2057 (Colectivo, 2013). Sin embargo los conflictos
generados en la comunidad hicieron posible la revocación del permiso
Magdalena Teitipac es un municipio que pertenece al Distrito 27, Tlacolula de Matamoros, que
se encuentra ubicado en la región Valles Centrales del Estado de Oaxaca. La comunidad está situada
a 1,730 metros de altitud sobre el nivel del mar. Cuenta con una extensión territorial de 39.13 km²,

44

�lo que corresponde al 0.1% del total estatal. Se encuentra a 45 kilómetros de la capital del Estado
y colinda al norte con los municipios de Santa Cruz Papalutla y Tlacolula de Matamoros; al sur con
Santo Tomás Jalieza, distrito de Ocotlán y San Bartolomé Quialana; al oeste con San Juan Teitipac;
al este con San Miguel Tilquiapan (INAFED, 2016).
Plata Real es una compañía canadiense filial de Brigus Gold Corp. (antes Lineal Gold Corp.)
dedicada a la exploración y explotación de minerales como oro y plata. Para que una empresa
comience a trabajar primero necesita investigar y hacer un estudio en la zona donde se planea
trabajar, sacar muestras, si existe o no rentabilidad. En esta etapa se ocupan mapas, sobrevuelos,
fotografías aéreas, estudios geológicos, geofísicos hasta aquí aun no requieren títulos mineros o
concesiones pero si el permiso de los dueños del lugar y del municipio. Posteriormente si a la
empresa le conviene, busca a las autoridades para establecer un contrato (CIDVT, 2016).
En un principio, relatan los habitantes de la comunidad, comenzaron a sobrevolar avionetas,
sobre todo en la parte del cerro; después las avionetas comenzaron a tirar flechas en el cerro.
Posteriormente se tuvo conocimiento que la empresa había detectado minerales en la comunidad,
así que buscó a la autoridad del municipio para establecer un acuerdo en el cual permitieran la
extracción del mineral en el cerro del Jacalote y Loma colorada de la comunidad.
Las transnacionales mineras pagan a México sólo un equivalente al 1.18% de los recursos
obtenidos del territorio nacional, concesionando alrededor del 25% de los 2 millones de km 2 que
lo conforman, por un tiempo de 50 años. Para poder explorar y explotar un mineral la minera
necesita tener un permiso del gobierno por lo tanto este le cobra una cuota que oscila entre $5 y
$111 pesos semestrales por hectárea. Según un Informe del resultado de la fiscalización superior
de la Cuenta Pública 2010 (presentado en febrero del año pasado) resulta que la mayor utilidad para
México por la extracción de oro fue de apenas 10.61%, en 2008 (Ramírez, 2013). El valor de la
producción minera estatal en Oaxaca durante el periodo enero-diciembre de 2010 ascendió a 1,061,
931,058.00 pesos participando con el 0.56% del valor total nacional (Alexandri, 2011).
El informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente al
ejercicio 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son “simbólicos” y
“contrastan” con el valor de los recursos extraídos del territorio nacional (Ramírez E. , 2012).
Puesto que vivimos en un modelo de desarrollo neoliberal que no tiene en su lógica la maximización
de los derechos fundamentales, sino del beneficio económico, el respeto hacia la identidad es casi
nula puesto que la actual Ley Minera violenta el derecho de consulta de los pueblos originarios y
promueve la contaminación al medio ambiente.

45

�Por el contrario el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concede a
los pueblos el derecho de consulta y decisión sobre sus prioridades, en cuanto a su proceso de
desarrollo, y el proceso de afectación en la vida y creencias de las comunidades, como un
compromiso internacional, con carácter de ley suprema en el derecho mexicano. Es difícil que este
convenio se constituya como una herramienta de acceso a la justicia para los pueblos, debido a
diversas barreras como el costo de un proceso ante el Tribunal Supremo. El convenio busca superar
las prácticas discriminatorias que afecten a los pueblos y hacer posible que estos participen en los
procesos de consulta y tomar decisiones que afecten sus vidas (Gálvez, 2003).
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Art. 27 constitucional, se
establece que los minerales del subsuelo pertenecen a la nación y no a los propietarios de los
terrenos, a excepción del territorio de pueblos originarios (Cruz, 2010). La minería representa una
seria amenaza que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en todo el país, pues implica la
afectación y supervivencia de los pueblos, su ambiente y su modo de vida.
En la comunidad de Magdalena Teitipac, se llegó a un acuerdo y se firmó un contrato por cinco
años con la Autoridad de Bienes Comunales36, dando fe y validez al acto la presencia del visitador
agrario, representante de la Procuraduría Agraria. En el periodo siguiente, el C. Fructuoso Martínez,
representante de bienes comunales en el periodo 2009-2011, renovó el contrato con Philip Frank
Pyle, vicepresidente de exploraciones Gold Corporation, el 27 de mayo del 2009. Cuentan los
habitantes que el C. Fructuoso Martínez recabó firmas de algunos comuneros, “mañosamente”, sin
consultar a todo el pueblo.
Cuando llegó la empresa Plata Real prometió varios beneficios a la comunidad de Magdalena
Teitipac, entre los que destacan: excavación de un pozo profundo, construcción de un centro de
salud y rehabilitación de la carretera; generando empleos para los habitantes de la comunidad
(Zánchez, 2016). Sin embargo, con el paso del tiempo las promesas se quedaron solo en palabras
ya que no se llevó a cabo ninguna de las ayudas que se les había propuesto en un inicio, por el

36

En ese entonces desempeñaba el cargo el Ciudadano Andrés Molina Martínez.

46

�contrario lo que recibieron fue un exceso de contaminación del medio ambiente, principalmente
en el agua.
La industria minera se lleva a cabo sin exigencia de un informe de impacto ambiental y sin la
consulta previa a las comunidades que impactarán. En la comunidad de Magdalena Teitipac, se le
permitió a la empresa Plata Real iniciar operaciones de exploración y explotación de metales
siempre y cuando no utilizara herramientas y materiales que perjudicaran el ambiente natural. La
insistencia en la preservación del medio ambiente se debe a que la tierra es, en su mayoría, de tipo
comunal y las modificaciones que pueda sufrir ocasionan daños en la salud de los seres humanos y
animales.
Comunal significa que es común y no puede enajenarse, por lo tanto, no se pueden establecer
acuerdos de manera unilateral o con unos cuantos comuneros, se necesita la aprobación de toda la
comunidad. La característica de los pueblos con tierras comunales es que además de contar con
una porción de tierra para vivir y trabajar, cuentan con otras tierras que explotan entre toda la
comunidad aportando trabajo solidario, y lo que se hace con ellas se decide en asambleas del pueblo
(García, 2016).
En muchos de los pueblos originarios de Oaxaca, la naturaleza y la tierra son consideradas
patrimonio colectivo y éste es cuidado y protegido en beneficio de la comunidad quienes lo
resguardan generación tras generación. Cada tres años se nombra a una Autoridad de Bienes
Comunales que se encarga de coordinar la protección del patrimonio de la comunidad; se trata de
los propios habitantes que se van rotando la coordinación de esta responsabilidad. Esta Autoridad
de Bienes Comunales es nombrada democráticamente en la Asamblea y sus miembros no perciben
remuneración alguna por ser beneficiarios y usuarios de los bienes comunes, es un servicio que
parte de la responsabilidad y de la tradición que aún persiste en el pueblo.
En Magdalena Teitipac se encuentran 705 viviendas con una población de 4,296 habitantes 2057
hombres y 2208 mujeres. La relación mujer/hombre es de 1,073. El ratio de fecundidad de la
población femenina es de 2.62 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos
es del 20,94% (14,34% en los hombres y 27,08% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de
2.98% (3.32 en hombres y 2.69 en mujeres) (INAFED, 2005).

47

�La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas considera como indígena a
todo aquel en el que el jefe o la jefa, su cónyuge o algunos de los ascendientes habla una lengua
indígena (CONEVAL, 2014). Por otro lado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) reconoce la estimación de la población indígena, tanto a partir del
habla de una lengua como de la consideración de su pertenencia a un grupo étnico (CONEVAL,
2010). En Magdalena Teitipac el 83,73% de los adultos habla alguna lengua indígena, por lo que el
CONEVAL lo considera un municipio indígena. En la comunidad se habla la lengua zapoteca y
aunque los habitantes saben español, prefieren usar su lengua materna y transmitiéndolo a las
nuevas generaciones.
La marginación como fenómeno estructural expresa la dificultad para propagar el progreso en
el conjunto de la estructura productiva, pues excluye a ciertos grupos sociales del goce de beneficios
que otorga el proceso de desarrollo. De esta forma, el índice de marginación está concebido con el
interés particular de ser una medida que dé cuenta de las carencias que padece la población (De la
Vega Estrada, 2011). La desigualdad de oportunidades, la desventaja social en el proceso de
desarrollo, el rezago educativo y los bajos servicios sanitarios son algunos de los parámetros que
CONAPO toma en cuenta para declarar que una comunidad se encuentra en alto grado de
marginación. En este sentido, Magdalena Teitipac se considera como una comunidad indígena con
un alto grado de marginación.
La empresa Plata Real que se había comprometido a respetar el medio ambiente y no
contaminarlo, violó el acuerdo pues no era rentable seguir trabajando con herramientas y materiales
rudimentarios como la barreta y una compresora, que según los habitantes de la comunidad era lo
que utilizaron en un principio para realizar sus actividades de explotación de minerales.
Necesariamente la empresa tendría que utilizar máquinas que facilitaran el trabajo y que le fuese
menos costoso, aunque esto implicara mayor contaminación sin medir las consecuencias.
La comunidad de Magdalena Teitipac se dedica principalmente a la agricultura. El tipo de suelo
de la comunidad es propicio para cultivar y producir el maguey, aunque la mayor parte de la
población se dedica a cultivar maíz, frijol, calabaza, garbanzo y alfalfa. Estas personas no perciben
remuneración al realizar este trabajo, porque es para autoconsumo. La gran mayoría de sus cultivos
son de temporada o temporal como ellos le llaman; siembran con la esperanza de que llueva. En
general la población carece de ingresos monetarios, salvo quienes son beneficiarios de algún

48

�programa social con los cuales se encuentran satisfechos. La madre tierra es considerada el medio
principal del que sirven los habitantes para proveer sus alimentos puesto que se dedican a la
agricultura de autoconsumo y subsistencia.
Gran parte de la población ha dejado las tierras sin cultivarlas, debido al fenómeno de la
migración a Estados Unidos de América, lo que no les causa mayor problema, porque una vez
acumulada cierta riqueza buscan otras fuentes de empleo en la tierra que los vio nacer. Pueden
optar por alguna actividad que les genere ingresos como alguna miscelánea, carnicería o panadería;
también pueden inscribirse en algún programa social y obtener beneficios, pues en la actualidad
hay diferentes programas y proyectos productivos implementados por el Gobierno Federal y estatal
para ponerlos a disposición de la población.

El clima que predomina en la comunidad de Magdalena Teitipac es templado con lluvias en
verano. La flora la comprende una vegetación de pastizales y plantas semidesérticas. Con algunas
plantas comestibles como los chepiles, tepiches, flor de calabaza, nopales y calabazas. Muchas de
las plantas son cultivadas para autoconsumo. En este lugar crecen encinos, pinos, eucaliptos y otras
especies. Dentro de los hogares pueden cultivar duraznos, manzanas, naranjas, guayabas y nanches.
En el caso de plantas medicinales se puede encontrar el poleo, ruda, albahaca, romero, calavera y
las hojas de pirul. En esta comunidad aún prevalece, como parte de su cultura, el tratar las
enfermedades utilizando las plantas. Como se puede observar, la comunidad de Magdalena Teitipac
es una comunidad eminentemente rural, puesto que es en el campo donde se cultiva, entre otras
plantas, la flor de cempasúchil y algunas enredaderas con flores silvestres; esta comunidad vive de
lo que cultiva.

La fauna local es de tipo silvestre, en su mayoría la constituye el gorrión, el tzenzontle, la paloma,
el gavilán, el murciélago y uno que otro aguilucho. Animales salvajes como la liebre, el tlacuache,
el coyote, la zorra, el armadillo y, según los pobladores, rara vez es observado en el bosque algún
ejemplar de venado y gato montés, mismos que son protegidos por la autoridad de Bienes
Comunales evitando que sean cazados y causen su extinción. En cuanto a los reptiles existen
lagartijas, serpientes, coralillos y otras especies de víboras. Entre los principales insectos se pueden

49

�observar principalmente mariposas, grillos, chapulines, alacranes y tarántulas. Este tipo de fauna es
la que se puso en riesgo con la llegada de la minera.

Según el colectivo oaxaqueño, por testimonio del extesorero, se sabe que el expresidente del
Comisariado de Bienes Comunales, Marcelo Fructuoso Martínez intentó el reparto de 28 de los 30
mil dólares entregados por la filial de la canadiense Linear Gold Corporation entre ellos, pero él se
rehusó porque el dinero era de toda la comunidad. De los 30 mil dólares recibidos por parte de la
minera, se gastaron dos mil en el pago de certificación de documentos para el Procampo.
Concluido el periodo de Fructuoso Martínez a cargo de Bienes Comunales, correspondió tomar
el cargo a Hipólito Aguilar, quien, como nueva autoridad no estuvo de acuerdo con el contrato,
aunque no era el primero, pues el señor Fernando Martínez Molina, tesorero del excomisariado de
Bienes Comunales se había negado a firmar porque sabía que la gente del pueblo no estaba de
acuerdo. La minera, al ver que no tenía total apoyo, decidió generar empleos temporales para los
habitantes. Este empleo consistió en sembrar arbolitos para reforestar la zona, y a cambio pedían
copia de la identificación oficial (Credencial de Elector) a modo de reunir cierta cantidad y
presentarlas como personas que estaban conformes con que la minera siguiera ahí.
Este tipo de proyectos mineros viene a ocasionar molestia a la comunidad y perjudica la
convivencia entre las personas. Ante el incumplimiento del objetivo de la compañía, seguir
explotando la mina por la vía legal, se inclina por la discrecionalidad del uso de métodos y
mecanismos para sobornar. Lo que ocasionó la minera fue el rompimiento del tejido social por lo
que la comunidad se dividió pues algunos estaban a favor y otros en contra por distintas
perspectivas. Provocando así el rompimiento del tejido social de la comunidad de Magdalena
Teitipac, por lo tanto se ignoran las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, mantener y fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, entre otros.
La inconformidad de las personas iba en aumento. El problema que más resintieron los
habitantes de Magdalena Teitipac fue el de la contaminación del agua, pero ese no fue el único
problema, pues a raíz de que la minera se había establecido en la comunidad la gente comenzó a
inconformarse ya que el ruido que producían los carros de la empresa, sobretodo en la madrugada,
era molesto según algunos vecinos de la comunidad. Además de eso, habían arrancado árboles para

50

�abrirse paso hacia el cerro. Así mismo, los beneficios que la minera había prometido no se veían
reflejados por ningún lado.
Sucedió que el 5 de junio de 2012, el señor Laurencio Méndez López se dio cuenta de que sus
animales habían consumido el agua del río cercano al lugar donde la empresa extraía los minerales,
unos días después sus animales murieron a causa de ello. En un principio la comunidad le dio poca
importancia al acontecimiento pero después se percataron de que el agua del río había resultado
contaminada por las actividades que la minera estaba realizando, resultó riesgoso porque aquel río
es del cual la mayoría de los habitantes se proveen del vital líquido.
Magdalena Teitipac es uno de los 417 municipios que en Oaxaca se rigen por sus usos y
costumbres; son los habitantes de la comunidad quienes, sin intermediación de partidos políticos,
deciden directamente sobre sus bienes y eligen a los encargados de cuidarlos, así como de coordinar
el trabajo de los habitantes durante un determinado periodo. Por esta razón, se decidió, por parte
de las autoridades convocar a una Asamblea para tratar este asunto. En realidad la máxima
autoridad es la Asamblea Comunitaria que se reúne frente al palacio municipal cuando lo solicita el
cabildo o la autoridad de Bienes Comunales. En ocasiones, como en este caso, se convoca a la
Asamblea con carácter de urgente y se atienden los problemas emergentes.
Estructura y Organización de la autoridad municipal de Magdalena, Teitipac.

51

�Presidente
municipal

Alcalde

Tesorero

Sindico
municipal

Regidor de
educación

Regidor de
seguridad
pública

Secretario

Regidor de
hacienda

Topiles

Suplente

A la cabeza de la Administración Municipal del cabildo está el Presidente Municipal, seguido de
Síndico Municipal y 3 regidores: Hacienda, Educación y Seguridad Pública. Además, el
Ayuntamiento para realizar sus funciones se auxilia de un Tesorero Municipal, Secretario
Municipal, un Alcalde Constitucional. Cuenta también con una autoridad de Bienes Comunales,
conformada por un comisariado, que es quien lo dirige, un secretario, un tesorero, y algunos
vocales. La función de esta autoridad es cuidar, vigilar conservar y administrar, conjuntamente con
el cabildo, los recursos naturales con los que cuenta la comunidad.
Según los usos y costumbres, las personas nombradas para cualquier cargo no reciben
remuneración alguna salvo aquellas que ocupan cargos de alto rango y que estén dispuestos y
previstos por la Ley. En esta comunidad aun predomina el tequio, el sentido del servicio a la
comunidad como actividad para colaborar en beneficio de ellos mismos que es parte de su cultura.

52

�Para organizarse, los asuntos de la comunidad están divididos en comités, los cuales son: comités
de las diferentes escuelas (primaria, secundaria y preescolar), comité de agua potable, comité de luz,
comité del panteón, comité de la clínica, comité de obras. Los miembros de estos comités son las
personas de la comunidad, nombradas por el pueblo en una Asamblea para encargarse de los
asuntos de su comité respectivo y que a su vez se integran por un presidente del comité un
secretario, un tesorero y los vocales correspondientes según se requieran.
Las personas que se encargan de dirigir los comités o de integrarlos son nombrados por la
autoridad municipal en función de los que le corresponda según su servicio; es decir se comienza
con cargos pequeños en sentido de responsabilidad hasta llegar a ser presidente de un comité o
regidor, incluso presidente municipal. Esta actividad tradicional al mismo tiempo es un servicio que
se le brinda a la comunidad por ser parte de ella. Son ellos, y en coordinación con las autoridades,
nombradas en Asamblea, quienes plantean las necesidades y se encargan de velar por el buen
funcionamiento de los servicios y los asuntos que le competen a la comunidad.
Tomando en cuenta esto, un grupo de vecinos en coordinación con la Autoridad de Bienes
Comunales decidió convocar a una Asamblea en la cual trataron este asunto de la minera y el daño
que comenzaba a ocasionar, o peor aún, lo que causaría si continuara trabajando. En la Asamblea
se planteó el asunto con el objetivo de buscar las estrategias para resolverlos; se escuchó a los
habitantes de la comunidad. En la Asamblea se decidió y determinó nombrar a un Comité de
Lucha por Defensa del Territorio que se encargaría de llevar este asunto, así como dar por
terminado el contrato con la minera, considerando más importante la vida que el dinero o los
empleos que la empresa podría ofrecerles.
La primera instancia a la que acudieron los habitantes de la comunidad fue a la Procuraduría
Agraria, pero los resultados no fueron los esperados, así que se decidió tomar medidas de presión
pues era un asunto urgente. Posteriormente se originó el conflicto social y las diferentes acciones
colectivas surgidas por la implementación de un proyecto minero en la comunidad indígena; se
planteó que este tipo de proyecto no representa una opción de desarrollo para la comunidad, y por
el contrario genera contaminación que perjudica el agua y la convivencia entre las personas.
Un movimiento social es considerado como un grupo de individuos y organizaciones que
protestan porque su visión del mundo es distinta, además de tener una identidad colectiva que

53

�les permite a los participantes poner su acción de protesta en una perspectiva amplia. Por eso
surgen y son precisamente estos los que se encargan de oponer resistencia a la imposición de
formas racionales orientadas a las metas por los actores y defender lo que consideran, según su
perspectiva, lo correcto (De Jesús Lozano, 2013).
Se mostró, por parte de la población, una gran capacidad de organización y reflejo de lo que
es la solidaridad. Ante la falta de atención de las autoridades estatales surgió un movimiento
social, que básicamente protege su visión del mundo, además de tener una identidad colectiva
que les permite emprender y luchar por lo que consideran adecuado. Con el problema que se
desarrolló en la comunidad se generó conciencia, pues las personas tiene una visión distinta de
la realidad, de tal forma que su perspectiva es diferente y reaccionan cuando se atenta contra su
identidad pero sobre todo cuando se pone en riesgo su vida, en este caso el agua que resultó
contaminada por la minera.
Ante la ineficiencia de la vía institucional, se optó por la movilización. La participación de la
mujer es reciente y en este escenario tuvo fuerte presencia. Por otro lado, la resistencia popular
busca impedir que el daño causado por la minera siga avanzando y no solo resarcir as
consecuencias. Fue en febrero de 2013 que la Asamblea determinó expulsar a la compañía minera.
La decisión de expulsar a la empresa Plata Real fue anunciada entre sonidos de caracol y gritos de
“viva zapata”, “¡Que se largue del pueblo!”, “¡No queremos a la mina!”, “¡Queremos agua limpia,
no contaminación!” como parte de la resolución (Colectivo, 2013).
La primera acción colectiva implementada por los habitantes fue tomar la carretera cercana a la
comunidad que permitía el acceso al lugar donde la empresa trabajaba, utilizando barricadas a modo
de presión para que la minera suspendiera el trabajo y se retirara. Después de un tiempo, la empresa
se dedicó a fabricar delitos a los habitantes, principalmente a los que dirigían la demanda, con el fin
de seguir imponiendo su proyecto. Se les tachó de provocadores, que les gustan los problemas. Los
habitantes exigían ya no solo la expulsión definitiva, sino la cancelación de procesos penales de sus
compañeros del pueblo, que participaban activamente en las acciones de protesta. En febrero de
2013 la Asamblea general determinó expulsar a la compañía Plata Real por lo que ésta decidió
retirar su maquinaria. En julio del mismo año, dicha decisión fue ratificada mediante sesión de
cabildo el día 17 de agosto, sin embargo el conflicto en la comunidad continuó. Finamente en junio

54

�de 2015, a las personas que se les había dictado órdenes de aprehensión fueron liberadas por falta
de pruebas.
En la Asamblea celebrada por los comuneros el día 8 de agosto de 2015 y en presencia del
Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo de Vigilancia, el Presidente, el Síndico, y el Regidor
de Hacienda Municipal, así como el Comité por la Defensa de la Integridad Territorial y Cultural
de Magdalena Teitipac y la participación de 400 ciudadanos, decidieron respaldar el trabajo
realizado por el C. Pedro Aguilar Aguilar y responsabilizaron a la empresa minera Plata Real por la
fabricación de delitos hacia ellos, criminalizando la defensa del territorio a partir de la fabricación
de diversos delitos contra los defensores comunitarios (Colectivo, 2013).
Actualmente los habitantes se encuentran molestos con la situación vivida y expresan que el
dinero no es lo más importante “¿dinero para qué? Si cada quien va a tener un costal de dinero no
nos va a servir porque lo más importante es la vida, proteger la naturaleza y sobre todo el agua que
es lo que les da vida a las personas, porque si el agua resulta contaminada pone en riesgo su
supervivencia” menciono el C. Hipólito Aguilar excomisariado de Bienes Comunales. Aunque iba
a haber muchos empleos de todas maneras se iba a contaminar, como se puede apreciar algunos
de los arroyos y pozos de la comunidad se han secado, y en el pueblo aún se respira molestia.
Los habitantes han acudido a varios foros a platicar sobre su experiencia y unir a más pueblos
en contra de proyectos neoliberales que buscan beneficiarse engañando a la gente de las
comunidades.
Gracias a su organización y movilización con movimientos regionales y organizaciones civiles la
comunidad de Magdalena Teitipac comparte la idea de que la minería no representa una opción
de desarrollo y sólo busca beneficiarse a costa de contaminar el medio natural (De Jesús Lozano,
2013).
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios es una organización a la que se unió la
comunidad de Magdalena Teitipac. Esta organización formada en el año 2009 como un espacio
plural, diverso y propositivo está integrada por organizaciones civiles, sociales y comunitarias, con
acciones para fortalecer la resistencia y la generación de propuestas por las comunidades y pueblos
en defensa de su territorio y sus recursos naturales. El Colectivo Oaxaqueño ha venido
acompañando los procesos de los pueblos y sus bienes comunales para generar estrategias
organizativas y legales con el fin de frenar la imposición de proyectos mineros, así como alertar de

55

�la importancia para prevenir e impedir que se instalen en los territorios indígenas y campesinos
(Colectivo, 2013).
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios difundió información en la que se
menciona que en el sexenio de Calderón (2006-2012) se concesionaron cerca de 700 mil hectáreas
del estado de Oaxaca para la industria minera. En Oaxaca existen 41 concesiones de expropiación
minera, de las cuales 35 están en exploración, 3 en operación y tres suspendidas, mismos que han
dejado conflictos en las comunidades donde se lleva a cabo, además del daño al medio ambiente
dijeron ONG´s al anunciar “el foro de minería en el estado de Oaxaca” (Herández, 2016). Linear
Corporation fue una de las beneficiadas. La minera canadiense también tenía una gran cantidad de
concesiones en Chiapas. Derivado del conflicto que vivió la comunidad de Magdalena Teitipac se
enunció la leyenda: “pueblo prohibido para la minería”; es el pueblo que dice no a la minería y sí a
la vida. Para el 2008 las concesiones para la exploración y explotación mineral alcanzaban un millón
de hectáreas alrededor del 12.5% del territorio Oaxaqueño.
Los conflictos medioambientales han ganado pulso en América Latina y en México, pues se ha
manejado que estos se dedican, mediante diversas estrategias, al despojo y expropiación de los
territorios, ganando a su paso dominación, control y ser dueños de la naturaleza para usarla en
explotación y mercantilización mediante discursos de progreso y desarrollo, para así desarrollar sus
proyectos extractivitos (De Jesús Lozano, 2013).
Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México
es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos provocados por
empresas mineras en cuanto a contaminación y falta de consulta previa a las comunidades. De
acuerdo con la Secretaría de Energía, en el estado de Oaxaca existe una gran diversidad de
minerales.
La gran pregunta es cómo contrastar las ideas en sus dos vertientes; por un lado convencer a las
personas de la comunidad, que admitan la inversión para después gozar de los beneficios que esto
pudiera generar; a través del crecimiento y desarrollo económico. Por otro lado entenderlos y
otorgarles el respeto que se merecen los pueblos originarios, en su forma de auto determinarse,
decidir sobre los asuntos internos y que finalmente tiene un impacto positivo o negativo en su vida.
Lo que ocurrió en este caso de estudio pareciera complejo pero es simple; existe una respuesta a

56

�una acción que no les parece y que no están acostumbrados a vivir, pues como se ha señalado, su
manera de concebir la realidad es distinta.
Se ha enseñado de generación en generación a transformar a la naturaleza de acuerdo a las
necesidades que la sociedad requiera, dominándola a su antojo, siendo tan fuerte esto que el
ambiente se ha ido deteriorando a gran paso gracias al crecimiento de las fuerzas productivas,
creando así problemas de carácter global como el cambio climático, poniendo la supervivencia de
la humanidad en estado de riesgo, encontrándonos así con una paradoja: resolvemos problemas
con la ciencia cuando la sociedad junto con ella los han creado por culpa de ponernos en cierto
grado de superioridad con la naturaleza olvidándonos del colectivo, enfatizando el individualismo
y exteriorizándonos a tal punto que el desarrollo y la modificación de la naturaleza nos han llevado
a crear un hábitat donde creemos que satisfacemos las necesidades para la convivencia social,
olvidándonos de la manutención de la vida (De Jesús Lozano, 2013).
Hay algo que se llama respeto y la población originaria la merece no se puede permitir que a
costa del beneficio de unos se perjudique a otros más. No es ajeno para nosotros entender que
desde afuera, Oaxaca es visto como un estado anárquico con comunidades indígenas que tienen
sus propias normas consuetudinarias que no respetan la Constitución y que la violan
constantemente debido que poseen un cierto grado de autonomía, sin embargo esto no implica que
no haya ley es solo que es diferente la forma de ver las cosas; es una perspectiva distinta.
La Asamblea es la Autoridad máxima en la comunidad. Los problemas se solucionan en ella
como es el caso del proyecto minero: se plantean los problemas, se ven las soluciones; se ven las
prioridades, se proponen soluciones con la ayuda y la participación de la comunidad a través de sus
respectivos comités. Esta forma de atender las necesidades y solucionar los problemas no es la
panacea pero llama la atención ver que funciona y funciona bien.es un referente de lucha y
resistencia.
En todo sistema de organización, como en cualquier otro, existen problemas, pero el sistema
de usos y costumbres es el que constituye una forma menos peor que las demás, es una alternativa
a la forma de gobernar. La coordinación y la colaboración con los ciudadanos de cerca y de manera
directa permite al Ayuntamiento tomar decisiones, con lo cual resuelven los problemas, aplicando
sus propias leyes. Porque es responsabilidad y función del pueblo evitar que las autoridades

57

�cometan errores. Lo que se evidenció a lo largo de este trabajo es la capacidad que tuvieron los
habitantes de la comunidad de Magdalena Teitipac para organizarse, de manera tal que dio como
resultado la expulsión de la minera canadiense Plata Real y que, actualmente Magdalena Teitipac es
un lugar prohibido para la explotación de minerales pues no representa una opción de desarrollo
extraer este tipo de recursos.

Bibliografía
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De Jesús Lozano, I. (2013). PROYECTOS MINEROS EN LA SIERRA NORTE DE
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Zánchez, B. (06 de Junio de 2016). Magdalena Teitipac: Plata real. (E. Cruz, Entrevistador

Resumen
Este artículo se erige como una reflexión acerca de la literatura especializada sobre las
Revoluciones de Color. Por una parte, señala los aciertos que se han dado en el tratamiento
académico de esta dinámica propia del espacio Euroasiático entre el año 2000 y 2006. Por otra
parte, se propone ofrecer una opción a los desafíos derivados del estudio de este tema incluyendo
a los movimientos sociales dentro del espectro de análisis. Inicia exponiendo el porqué las
Revoluciones de Color no pueden considerarse como revoluciones en el sentido clásico del

58

�término debido, principalmente, a su componente no violento y al acotado alcance de sus
resultados. Posteriormente, el artículo avanza hacia la construcción de una definición integradora
de Revolución de Color y, finalmente, concluye resaltando la riqueza de incluir otro tipo de
actores colectivos dentro del análisis, tales como los movimientos sociales.
Palabras clave: Revoluciones de Color, literatura especializada, movimientos sociales, aciertos,
desafíos.
Abstract
This article offers a reflection on the specialized literature on the Color Revolutions. On
the one hand, it points out the successes within the academic treatment of the dynamic that
occurred in the Eurasian region between 2000-2006. On the other hand, it offers an option to
the challenges faced when studying this issue by including social
movements within its spectrum of analysis. It begins by describing
the reasons why the Color Revolutions cannot be considered
revolutions in the classic sense of the term given, principally, their non-violent nature and the
restricted nature of their results. Later, the article advances towards the construction of an
integrated definition of a Color Revolution and finally, concludes highlighting the value of
including other types of collective actors within the analysis, including social movements.
Keywords: Color Revolutions, specialized literature, social movements, successes, challenges.

Siglas

Organizaciones No Gubernamentales

ONG

Revoluciones de Color

RC

Unión Europea

UE

59

�Entre el año 2000 y 2006, Eurasia postcomunista 37 fue escenario de masivas protestas
postelectorales, encaminadas a denunciar el fraude y a exigir la anulación de los resultados obtenidos
en los comicios. Estos eventos, denominados Revoluciones de Color (RC a partir de ahora), generaron
una transferencia de poder no prevista en los cauces institucionales en países tales como la antigua
República Federal de Yugoslavia (RFY a partir de ahora), hoy Serbia38; Georgia y Ucrania, mientras
que en Azerbaiyán y Bielorrusia estuvieron seguidos por el afianzamiento de gobiernos de tinte
autoritario39.La denominación de RC se debe justamente a que estos eventos rememoran la manera
pacífica en la que se puso fin al monopolio del poder político del Partido Comunista checoslovaco
mediante la Revolución del Terciopelo de 1989 y asimismo, busca destacar el marco no violento y el
fuerte componente simbólico que caracterizó a estas protestas.
Esta explosión de RC trajo consigo un gran interés académico que busca dar cuenta de dichos
fenómenos desde diversas aproximaciones tales como las precondiciones institucionales y sociales, los
detonantes de las RC y las razones del éxito o el fracaso de las mismas, entre otras. Con relación a los
actores políticos que protagonizaron las RC, la mayoría de los estudiosos han centrado sus
investigaciones en la figura de los líderes políticos, prestando poca atención al rol desempeñado por
otro tipo de actores como los movimientos sociales. Es por tanto que el presente artículo se erige
como un intento por ampliar la escasa referencia hecha a dichos actores políticos colectivos,
vinculándolos a un marco teórico más amplio.
El desmoronamiento de la URSS estuvo seguido por la expansión universal de la democracia,
en la que se promovió una concepción minimalista de la misma. Esto es, un método político entendido
como un concierto institucional para llegar a ciertas decisiones políticas, esencialmente a la designación
de los gobernantes (Schumpeter, 1983). En este sentido, muchos de los estudiosos del tema continúan
asignándole un gran peso a la figura del Estado y al régimen político, especialmente a partir de las
propuestas derivadas de los enfoques neo-institucionales propuestos por autores tales como Linz y
Stepan (1996) y O´Donnell y Schmitter (1986), y las propuestas desarrolladas por internacionalistas
como Carr, Niebuhr, Schwarzenberger, Kennan, Kissinger, Wight, Bull, Aron y Hoffmann, que
desconocen el aporte que actores no estatales han hecho a este proceso (Salomón, 2002).
Sin embargo, la tarea de la promoción democrática no solamente ha estado en manos de los
Estados. En este proceso, y sobre todo a partir de la llamada tercera ola democrática, también han
intervenido diferentes actores dentro de los que se destacan los movimientos sociales, los partidos
En términos geográficos, Eurasia comprende Europa y la mayor parte de Asia, pero no el subcontinente Indio ni el
Chersky Range, área montañosa al noreste de Siberia. La tradición europea ha considerado históricamente a Europa y Asia
como continentes separados a través de una línea divisoria ubicada entre los Dardanelos, el Bósforo, las montañas del
Cáucaso, el rio Ural y los montes Urales, habiéndose normalizado esta propuesta a lo largo del mundo. Estos dos grandes
espacios a su vez se subdividen en regiones tales como Europa Occidental, Europa del Este, Sureste Asiático, Asia Central
y Asia Occidental, con marcadas diferencias culturales, religiosas, históricas y lingüísticas. A menudo, también se emplea
el término Eurasia en la política internacional como una forma neutral para referirse al área comprendida por los Estados
postsoviéticos (Sengupta, 2009).
37

38La

RFY estuvo vigente hasta 2003, fecha en que pasó a denominarse Serbia y Montenegro. Esta última dio lugar a dos
Estados independientes cuando Montenegro declaró su independencia el 3 de junio del 2006. Puesto que el epicentro de
la Revolución Negra se desarrolló en Belgrado, capital de Serbia, y Montenegro no tuvo un rol protagónico durante estos
eventos, a partir de este momento y a lo largo de todo el texto se hará referencia a la Revolución Negra de Serbia.
39La

Revolución de los Tulipanes de Kirguizistán de 2005, al ser un proceso donde se presentaron niveles relativamente
altos de violencia tanto por los manifestantes como por las fuerzas de seguridad del Estado, no encaja completamente en
el modelo ideal de las RC y por ende ha sido excluido tanto del análisis del presente artículo como de gran parte de la
literatura especializada sobre este tema. Cuando se incluye en los trabajos adelantados por expertos (véase Marat, 2006),
se suele destacar que los niveles de violencia del caso kirguizo difieren significativamente del resto de RC.

60

�políticos y las organizaciones internacionales, entre otros (Huntington, 1994). La participación de estos
actores en el fomento de las prácticas democráticas, ha contribuido a la estructuración de una
definición de la democracia más allá de lo procedimental, inscrita en la consecución de principios
como la igualdad en las relaciones sociales y económicas así como en la participación popular
extendida en los procesos de toma de decisiones en todos y cada uno de los niveles de la política
(Collier y Levitsky, 1998).
Ahora bien, la tarea de redefinir lo que significa el fortalecimiento de la democracia debe superar
el carácter residual de los actores de la sociedad civil. Debe ser formulada a partir del elemento de la
oposición política, tal y como fue concebida por Dahl (1996), y no en los términos tradicionales que
aluden al conjunto partidos en controversia con el proceso de formación de la voluntad política y de
la toma de decisiones. La oposición debe entenderse como aquella integrada por diversos actores no
estatales con diversos intereses, responsables en la actualidad de los procesos de cambio social, de la
transformación de las formas tradicionales de participación política y de la transición hacia una nueva
forma de entender la democracia misma como se observa en los párrafos siguientes sobre cada una
de las RC.
En Serbia, las elecciones presidenciales que desataron las manifestaciones tuvieron lugar el 24
de septiembre de 2000. En esta oportunidad, la Comisión Federal Electoral anunció que puesto que
ninguno de los candidatos en contienda había alcanzado más del 50% de los sufragios, debía realizarse
una segunda vuelta, en la que se elegiría al Presidente de entre los dos aspirantes con mayor número
de votos obtenidos: Slobodan Milošević, del Partido Socialista Serbio y, Vojislav Koštunica, candidato
de la coalición de partidos denominada Oposición Democrática de Serbia. Este anunció fue seguido
por las protestas que tuvieron lugar entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre del 2000, y que serían
bautizadas como la Revolución Negra de Serbia40. Este nombre se deriva del color identificativo del
movimiento social Otpor (Resistencia), cuya elección simbolizaba por una parte la radicalización de la
postura de la oposición política y, por otra parte, pretendía ser una parodia de los uniformes usados
por las fuerzas de seguridad del Estado.
En Georgia, el fraude perpetrado en las elecciones parlamentarias del 2 de noviembre del 2003
generó movilizaciones en la capital, Tiflis, y posteriormente a lo largo del territorio nacional. El 22 de
Noviembre, fecha en que se inauguraron las sesiones del Parlamento, Mikhail Saakashvili, Ministro de
Justicia, irrumpió en el recinto portando una rosa, hecho simbólico que junto al uso de esta flor por
parte de los miembros del movimiento social Kmara (Basta), llevaría a bautizar las movilizaciones de
noviembre de 2003 como la Revolución Rosa. De esta manera, Saakashvili quería demostrar que estaba
desarmado y que en nombre de los georgianos pedía pacíficamente la renuncia del Presidente Eduard
Shevardnadze, quien ante la intensificación de las movilizaciones dimitió al día siguiente. Así pues, la
Suprema Corte anuló los resultados de las elecciones parlamentarias y las reprogramó para marzo del
2004, a la vez que convocó nuevas elecciones presidenciales para el 4 de enero del mismo año.
En Ucrania, luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 21 de
noviembre del 2004, la Comisión Electoral declaró la victoria de Víktor Yanukovich, del Partido de
las Regiones, sobre Viktor Yuschenko, candidato de la coalición Nuestra Ucrania. Este
pronunciamiento desató una oleada de protestas que se prolongó hasta el 8 de diciembre, fecha en
40La

Revolución Serbia del 2000 también se conoció inicialmente como la Revolución Buldócer, debido a la repetición por
parte de diferentes medios internacionales de la imagen de un Buldócer estacionado frente al Parlamento durante las
protestas del 5 de octubre del 2000. Esta imagen sería interpretada como un símbolo del deseo de los serbios por terminar
de raíz con el régimen de Milošević, pero posteriormente perdería fuerza frente a la propuesta más difundida e interiorizada
por los serbios de identificar las protestas postelectorales con el nombre de Revolución Negra.

61

�que se acordó realizar la repetición de la segunda vuelta 18 días después. Dichas protestas serían
bautizadas con el nombre de Revolución Naranja, debido a que los manifestantes y los activistas del
movimiento social Pora (Es la hora), inundaron las calles con banderas y atuendos de este color, elegido
por la oposición para simbolizar el despertar democrático, frente al tradicional azul con amarillo
(colores de la bandera ucraniana) utilizado por el partido de gobierno.
En Azerbaiyán, las elecciones parlamentarias del 6 de noviembre del 2005, otorgaron 116 de los
125 escaños disponibles a los partidos simpatizantes del presidente IlhamAliev, cabeza del Partido
Nueva Azerbaiyán, frente a nueve escaños obtenidos por el bloque opositor Azadliq (libertad). De
nuevo, y tomando como referente el caso ucraniano, los activistas del movimiento social YeniFikir
(Nuevo Pensamiento) junto con la oposición, protagonizaron una segunda Revolución Naranja, pero
a diferencia de la vivida en Ucrania, las protestas iniciadas el 9 de noviembre del 2005 fueron disueltas
de manera violenta por las fuerzas de seguridad 17 días después de iniciadas y los resultados electorales
fueron ratificados.
Finalmente, las elecciones presidenciales bielorrusas del 19 de marzo del 2006, en las que el
Presidente-candidato Aleksandr Lukashenka (independiente entre 1992 y 2007) superó por más de 80
puntos porcentuales a Aleksandr Milinkevič, candidato de la coalición opositora. Por la Libertad,
dieron paso a una serie de protestas entre el 20 y el 25 de marzo del 2006, que se denominaron
Revolución Azul. Este nombre se debe a la utilización de chaquetas de bluyín por miembros del
movimiento social Zubr (Bisonte), quienes eligieron este símbolo ampliamente asociado a la cultura
occidental para expresar su simpatía hacia los valores democráticos a los que se oponía Lukashenka.
Al igual que en Azerbaiyán, las protestas en Bielorrusia terminaron siendo dispersadas violentamente
por las fuerzas de seguridad y Lukashenka fue reelegido como Presidente del país.
Como puede vislumbrarse en los párrafos anteriores, los movimientos sociales tuvieron una
presencia constante y significativa dentro de las RC y fueron parte importante de la oposición política
que desafió el statu quo establecido en dichos países. Para efectos del presente artículo, se adopta la
siguiente definición de movimiento social:
Actores colectivos de carácter movilizador (y, por tanto, un espacio de participación) que
persiguen objetivos de cambio a través de acciones (generalmente no convencionales) y que para
ello actúan con cierta continuidad, a través de un alto nivel de integración simbólica y un bajo
nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas de acción y organización
variables. (Ibarra, Martí i Puig y Gomá, 2002, p.29)
Debido a la complejidad de estos procesos y a la multiplicidad de actores intervinientes en los
mismos, un solo enfoque resultaría insuficiente a la hora de abordar las dinámicas revolucionarias
referenciadas. Así pues, y a pesar de la existencia de varias aproximaciones tal y como se mencionó en
párrafos anteriores, la literatura sobre el tema ha priorizado el rol de las élites, tanto gubernamentales
como de oposición, dejando por fuera de las líneas de investigación a otro tipo de actores relevantes.
En breve, se ha indagado con mayor profundidad sobre los actores sujeto del desafío que sobre los
actores retadores. Es por tanto que este artículo propone una aproximación complementaria para el
estudio de las RC, que incluya a los movimientos sociales dentro del espectro de análisis. De esta
manera no se busca competir con las aproximaciones clásicas, sino enriquecerlas y robustecer las
propuestas existentes. Para ello, la primera parte del documento ofrece una reflexión acerca del porqué
las RC no pueden considerarse como revoluciones en el sentido clásico del término, para

62

�posteriormente, brindar una definición propia que no solamente agrupa y resume los principales
elementos señalados por los autores más representativos, sino que responde a las siguientes preguntas:
¿qué son las RC?, ¿dónde ocurrieron?, ¿cuándo sucedieron?, ¿quiénes fueron sus protagonistas?,
¿cuáles fueron sus principales características?, y ¿cuál era su objetivo?.
Subsiguientemente se realiza un breve recorrido por las clasificaciones propuestas acerca de la
literatura sobre las RC, destacando las taxonomías realizadas por autores tales como Tucker (2007),
Silitski (2010) y Polese y Ó Bechaín (2011) y, finalmente, se ofrece una nueva clasificación de dicha
literatura de acuerdo a la formulación de tres interrogantes: ¿cuál fue el detonante de las RC?, ¿por qué
algunas tuvieron éxito mientras otras fracasaron? y; ¿por qué se detuvieron en el 2006? En el
tratamiento de cada una de estas tres preguntas queda de manifiesto la falencia existente a la hora de
dar cuenta del aporte realizado por los movimientos sociales en las RC, especialmente en lo referente
a la unidad de la oposición, la convocatoria de actores sociales y la movilización postelectoral, y por
ende la pertinencia de este artículo concebido como un intento por contribuir a llenar este vacío.
Hacia una Definición de las RC
Desde el estallido de la primera RC, la Revolución Negra de Serbia del 2000, el término RC
comenzó a ser utilizado de manera amplia, primero por los medios de comunicación y posteriormente
dentro de la literatura académica que buscaba dar cuenta de estos eventos.
Resulta evidente que las definiciones de revolución como las propuestas por Tilly (1978) o
Skocpol (1979)41, no capturan la esencia de las RC en una forma adecuada (Tudoroiu, 2007). Siguiendo
con este orden de ideas, aunque las RC conservan ciertos rasgos de las revoluciones clásicas tales como
el papel preponderante que ocupa la ideología, el descrédito público del orden vigente y la subsistencia
de la participación de movimientos de masas, la principal diferencia radica en que no fueron violentas
(Fairbanks, 2007). Sumándose al debate de si estos eventos constituyen ejemplos de revoluciones en
el sentido clásico, Way (2008) sostiene que desde una perspectiva socio-científica estos eventos no
deberían ser considerados como revoluciones sino como cambios de régimen o simples degradaciones
autoritarias. Igualmente, Tucker (2007) asevera que en estos casos la palabra revolución no conlleva
las consecuencias de cambio profundo y de largo plazo ligadas a este tipo de eventos, sino que en los
casos exitosos como el de Serbia en el 2000, Georgia en el 2003 y Ucrania en el 2004, hace referencia
al hecho que las fuerzas de oposición lograron derrocar el régimen vigente, mientras en los casos
fallidos como el de Azerbaiyán en el 2005 y Bielorrusia en el 2006, las protestas postelectorales
estuvieron seguidas por el fortalecimiento de la regla autoritaria.
Dependiendo del enfoque y del mayor o menor peso asignado a determinados factores, la
definición de RC propuesta por cada autor puede hacer énfasis en ciertos elementos y variar de manera
moderada (ver Tabla 1).
41Era

de esperar que las revoluciones socialistas – de acuerdo al Marxismo clásico se suponía que seguirían después y se
aprovecharían de los logros de las revoluciones burguesas-democrática- hubieran ocurrido únicamente en países que
nunca hubieran establecido sistemas políticos democráticos-liberales en primer lugar (Skocpol, 1994). Para Tilly (1978),
una revolución consiste en “una transferencia por la fuerza del poder del Estado, proceso en el cual al menos dos bloques
diferentes tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en el que una fracción importante de la
población sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques”. Por su parte, Skocpol
(1979) hace referencia al término de revolución social, definidas como “rápidas transformaciones básicas del estado de una
sociedad y las estructuras de clase, acompañadas y en parte logradas a través de revueltas populares desde abajo”, y se
acerca al mismo medianteuna perspectiva estructural. Para la autora resulta determinante encontrar regularidades en
situaciones históricas dadas que son las que explican este tipo de revoluciones (De Andrés y Ruíz Ramas, 2009).

63

�No obstante, a pesar de las diferencias existentes, las definiciones propuestas comparten cinco
elementos comunes: 1) las RC no deben entenderse como revoluciones en sentido clásico del término
de acuerdo a lo expuesto anteriormente; 2) el espacio geográfico en el que se desarrollaron se
corresponde con el de Eurasia postcomunista; 3) la temporalidad en que se presentaron comprende
desde el año 2000 hasta el 2006; 4) el núcleo duro de las definiciones lo constituye las protestas
postelectorales y; 5) se subraya el fuerte contenido simbólico y la no violencia que caracterizó estas
protestas.
En un intento por recoger y sintetizar los principales elementos expuestos por los principales
autores de este tema, se ha planteado una definición propia de las RC que busca responder los
siguientes interrogantes: ¿qué son las RC?, ¿dónde ocurrieron?, ¿cuándo sucedieron?, ¿quiénes fueron
sus protagonistas?, ¿cuáles fueron sus principales características?, y ¿cuál era su objetivo?
Teniendo en mente estas preguntas se ofrece la siguiente definición: las RC fueron protestas
postelectorales que tuvieron lugar en Eurasia postcomunista entre el año 2000 y 2006. Fueron
detonadas por el fraude electoral, protagonizadas por la oposición y se caracterizaron por un fuerte
contenido simbólico y el uso de la no violencia. Mientras en el corto plazo reivindicaban el
reconocimiento de resultados electorales legítimos o la realización de nuevos comicios libres y justos,
en el largo plazo el objetivo recaía en la institucionalización de un sistema democrático. El nombre de
RC hace alusión a la manera pacífica en que se desarrolló la Revolución de Terciopelo checoslovaca
de 1989 y a su vez se deriva de la utilización simbólica de colores o nombres de flores empleados
como elementos de identificación por parte de la oposición, particularmente por los movimientos
sociales, actores relevantes tanto para el surgimiento y la caracterización, como para el desenlace
específico de los eventos revolucionarios.

Tabla 1. Definiciones de las RC
Definición

Autor
Valerie
Sharon
(2009)

Bunce y
Wolchik

Han adoptado una definición más neutral: Revoluciones Electorales, para destacar el hecho que las
protestas ocurrieron dentro de un marco de elecciones fraudulentas.

64

�Katya Kalandadze y
Mitchell
A.
Orenstein (2009)

Comparten la definición de McFaul (2005), excepto por la violencia; elemento que para los autores
ayuda a distinguir entre revoluciones electorales exitosas y fallidas. En las revoluciones exitosas no
hay rasgos de violencia, mientras las revoluciones fallidas son a menudo reprimidas por medios
violentos. Lo que hace únicas a las revoluciones electorales es la presencia masiva de manifestantes
en favor de un rasgo clave de la democracia: unas elecciones libres y justas que le den a la oposición
la oportunidad de ganar. El hecho de que le gente tome las calles para defender sus derechos
democráticos le da a las revoluciones electorales un sentido de legitimidad, interna e internacional, de
las que otras protestas masivas pueden carecer.

Michael
(2005)

McFaul

Se refiere a revoluciones electorales y hace énfasis en cuatro rasgos: 1) una elección fraudulenta sirve
como catalizador para las protestas electorales; 2) La oposición hace uso de medios extra
constitucionales, dentro de los que se cuentan protestas masivas, para defender la causa democrática;
3) Debido a la disputa de los resultados electorales tanto gobernantes como candidatos de la
oposición declaran su autoridad; y 4) Ambos bandos evitan cualquier uso significativo de la violencia.

Abel
Polese
y
Donnacha
Ó
Beachaín (2011)

Cada vez con mayor aceptación pero no de manera universal se hace referencia a las revoluciones de
color como protestas postelectorales que tuvieron lugar en Serbia, Georgia y Ucrania y a las
demostraciones que tuvieron lugar en otros Estados postsoviéticos. El significado simbólico del color
no debe ser subestimado. Un color en algunas ocasiones ha sido la vía para expresar la discrepancia
sin necesidad de hablar, ha tenido un impacto visual sustancial y ha sido el símbolo que unió
emocionalmente y políticamente a los manifestantes. No se estima que el término revolución de color
sea engañoso, desprovisto de valor descriptivo porque se han centrado en la sustancia más que en la
forma de las protestas.

Vitali Silitski (2010)

Las revoluciones de color son cambios políticos a lo largo del mundo postcomunista que pueden ser
divididos en tres categorías: 1) elecciones transformadoras; 2) evoluciones electorales como tal; y 3)
levantamientos populares postelectorales.

Joshua
(2007)

Término para referirse a los eventos acontecidos entre los noventa y dos mil en ciertos países de
Europa del Este y las Repúblicas postsoviéticas. El uso de la palabra revolución no implica que
conlleva las consecuencias de largo plazo de esos eventos, sino que se usa para identificar que las
fuerzas anti-régimen fueron exitosas derrocando el régimen en vigor. Específicamente lo empleó para
referirse a la Revolución Negra de Serbia en 2000, la Revolución Rosa de Georgia en 2003, la
Revolución Naranja de Ucrania en 2004 y la Revolución de los Tulipanes de Kirguizistán en 2005.

Tucker

Lucan Way (2008)

Las RC corresponden a la segunda ola de transiciones en Europa del Este y Europa Central. En
muchas definiciones socio-científicas estos eventos no deberían ser considerados revoluciones sino
cambios de régimen o simples degradaciones autoritarias. Sin embargo, por simplicidad y en línea
con muchos observadores de las revoluciones de color, usa el término para referirse a los casos
postcomunistas de cambio autoritario.

Aciertos: Las Primeras Clasificaciones de la Literatura sobre las RC
Desde comienzos del siglo XXI y hasta la actualidad, se ha producido una abundante bibliografía
sobre las RC. Joshua A. Tucker (2007), fue el primero de los autores en proponer una clasificación
de la literatura existente y expuso que hasta ese momento, las explicaciones sobre las RC seguían una
de las siguientes tres vertientes: el primer set de explicaciones ubicó a las RC dentro del amplio marco
del mundo de la post Guerra Fría, donde se vislumbraba una tensión entre oriente y occidente dentro
del panorama europeo. La segunda aproximación se centró en la naturaleza de los movimientos de
oposición, haciendo especial énfasis en las coaliciones de partidos políticos y; una tercera línea,

65

�enfocada a explicar el éxito de las RC, argumentó sobre la inhabilidad de los Presidentes - candidatos
para consolidar sus regímenes autoritarios (ver Figura 1).
Tucker (2007) criticó las orientaciones anteriores, al señalar que se trataban de análisis basados
esencialmente en las élites y como contraprestación, propuso explorar qué pasaría cuando se pone en
el centro del análisis a la masa pública que participó en estas protestas. Siguiendo este orden de ideas,
el autor se preguntó ¿por qué los manifestantes de las RC eligieron la calle luego del fraude electoral?
La respuesta ofrecida por este autor establece que cuando hay grandes agravios por parte del régimen
y la manifestación produce altos costos frente a pocas oportunidades de éxito, la mayoría de los
ciudadanos decide no desafiar el régimen. En el caso de las RC, el fraude electoral es concebido como
un elemento clave a la hora de resolver el problema de la acción colectiva, particularmente en
sociedades donde los ciudadanos han sufrido grandes agravios por parte del régimen, y por ende
funciona como detonante de la movilización.

Figura 1. Clasificación de la literatura sobre las RC (Tucker, 2007)
Tres años más tarde, Vitali Silitski (2010) ofreció una nueva recopilación de la literatura relativa
a las RC, en la que identificó dos paradigmas dominantes en este campo. El primero se centraba en
las precondiciones domésticas requeridas para el cambio de régimen, tales como una débil capacidad
represiva para combatir los desafíos de la oposición democrática y eventualmente, el conflicto creado
entre la intención del grupo dominante para garantizar la sucesión de su autoridad y la necesidad de
su legitimación democrática. El segundo enfoque hacía referencia al efecto bola nieve o de contagio,
y criticaba la comprensión de los eventos revolucionarios desde la aproximación de las precondiciones
domésticas, puesto que fallaba a la hora de explicar el porqué transiciones electorales similares en el
espacio euroasiático postcomunista tuvieron lugar aún en contra del escepticismo no sólo de los
analistas y observadores, sino también de las sociedades en las que se generó un cambio de régimen
(ver Figura 2).

66

�Figura 2. Clasificación de la literatura sobre las RC (Silitski, 2010)
La recopilación más reciente sobre la literatura relativa a las RC fue generada por Polese y Ó
Beachaín (2011). Estos autores sostienen que aunque el debate de las RC ha sido enmarcado
principalmente dentro de la pugna estructura vs agencia, no deben dejarse de lado otros factores
explicativos tales como la difusión y el rol de la oposición política. Además de esto, Polese y Ó
Beachaín han sido los primeros autores en introducir a la sociedad civil como actor relevante dentro
de las RC (ver Figura 3).
Aunque partidarios de la propuesta que hace énfasis en la estructura, e innovadores de la misma
al incluir en el espectro de análisis a actores no estatales, también reconocieron el importante aporte
realizado por los estudiosos de las RC que han optada por la agencia, entendida como el “conjunto de
acciones deliberadas, detalladas, coordinadas y profundamente planeadas tomadas por un amplio
rango de jugadores políticos internacionales pero especialmente domésticos” (Bunce y Wolchik, 2009,
p. 23).

Abel Polese y
Donnacha Beachaín
(2011)

Estructura
(Way, 2005)

Agencia
(Bunce y Wolchik,
2006)

Difusión
(Beissinger, 2007)

Oposición

Sociedad Civil

Figura 3. Clasificación de la literatura sobre las RC (Polese y Ó Bechaín, 2011)
Una vez mencionadas las principales recopilaciones realizadas hasta el momento sobre la
literatura relativa a las RC (Tucker, 2007; Silitski, 2010 y; Polese y Ó Bechaín, 2011), acto seguido se

67

�propone una nueva clasificación que integra los elementos más relevantes de las propuestas expuestas
anteriormente y que pone de manifiesto la necesidad de integrar a los movimientos sociales dentro del
análisis teórico sobre las RC. Siguiendo con este orden de ideas, la literatura ha sido agrupada con el
objetivo de dar respuesta a tres interrogantes: ¿cuál fue el detonante de las RC?, ¿por qué algunas
tuvieron éxito mientras otras fracasaron?, y ¿por qué se detuvieron en el 2006?
Desafios: Hacia una Nueva Clasificación de la Literatura
¿Cuál fue el detonante de las RC?
Con relación al primer interrogante: ¿cuál fue el detonante de las RC? se han ofrecido diferentes
respuestas a partir del modelo de la difusión, el fraude electoral, la dinámica de la post Guerra Fría y
la elección institucional propia de estos países. A continuación se abordará brevemente cada una de
estas cuatro propuestas. Siguiendo a Polese y Ó Beachaín (2011), no es posible encontrar un punto
claro del inicio de las RC, pero se puede argumentar que su referente directo más importante fueron
las elecciones parlamentarias del 25 y 26 de septiembre de 1998 en Eslovaquia. En esta oportunidad,
los cuatro partidos que configuraron la oposición lograron hacerse con la victoria frente a la coalición
tripartita que apoyaba al Gobierno de Vladimír Mečiar. Aunque técnicas electorales similares a las
desplegadas por la oposición eslovaca habían sido empleadas durante años por movimientos de
oposición en las regiones post-socialistas, Eslovaquia proveyó el prototipo de estrategia que sería
desarrollada de manera amplia dentro de las RC y acuñó los elementos clave para la explosión de las
protestas postelectorales. Esta experiencia inspiró el surgimiento y desarrollo de otros movimientos
en la región, que con cada éxito revolucionario y con el acceso a nuevos recursos, fueron mejorando
paulatinamente la estrategia inicial.
En este sentido, hay tres aspectos de la campaña eslovaca particularmente valiosos para el
proceso de aprendizaje de los movimientos sociales en las RC: 1) la coordinación de una campaña
cívica con líderes de la oposición, lo que generó que diferentes frentes trabajaran en conjunto en torno
a metas comunes. 2) El establecimiento de redes con actores externos tales como los Estados Unidos
y la Unión Europea (UE a partir de ahora), cuya intervención ayudó a limitar el nivel de represión
durante la campaña electoral e incidió en la prevención del fraude electoral en 1998. 3) La campaña
desplegada por el movimiento OK’98, Obcianska Kampan (Campaña de educación cívica), basada en la
no violencia y cuyo éxito a la hora de atraer votantes a las urnas hizo de ésta una de las principales
estrategias adoptadas por los movimientos posteriores. La elección presidencial del 2000 en Serbia
constituyó una de las máximas expresiones de esta última estrategia, puesto que los activistas de Otpor
lograron que cientos de miles de jóvenes apáticos frente a la política, transformaran su percepción en
torno a las elecciones y votaran por primera vez en unos comicios que cambiaron radicalmente el
escenario político serbio.
Siguiendo con este orden de ideas, desde el modelo de la difusión las RC deben ser entendidas
como eventos interconectados y no sólo como producto de las decisiones tomadas por los actores en
el ámbito local. Los vínculos entre los casos de democratización han sido la norma, en vez de la
excepción y, a su vez, esos vínculos han afectado los resultados (éxito/fracaso) revolucionarios. Dicho
de otro modo, los actores de las RC, principalmente los movimientos sociales, se prestaron entre sí
tácticas, formas organizativas, consignas e incluso logos. De este modo, a diferencia de autores como
Way (2008) quien sostiene que las RC no deberían pensarse como eventos de una ola interrelacionada,
puesto que cada una pudo haber ocurrido aún si los demás casos en el vecindario no se hubieran

68

�materializado y aún sin la influencia de redes transnacionales, cada RC exitosa produjo una experiencia
que fue conscientemente adoptada por otros, expandida por las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG a partir de ahora) y emulada por movimientos sociales locales, formando el contorno de un
modelo de difusión (Beissinger, 2007).
Los elementos básicos de este modelo giran en torno a seis aspectos: 1) el fraude electoral
entendido como el detonante de las movilizaciones masivas en contra de los regímenes pseudodemocráticos, 2) El soporte externo para fortalecer a los movimientos democráticos locales, 3) La
organización de grupos radicales de jóvenes que emplearon tácticas de protesta no convencional antes
de las elecciones, con la finalidad de minar la popularidad del régimen y exigir la renuncia de los
Presidentes – candidatos autoritarios, 4) El establecimiento de una oposición unida, 5) La presión
diplomática externa y un amplio e inusual monitoreo electoral, y 6) Una movilización masiva y no
violenta ante el anuncio de fraude electoral, estrategia propuesta por el gurú de la resistencia pacífica
en occidente, Gene Sharp.
El segundo elemento propuesto para responder a la pregunta de cuál fue el detonante de las RC
hace énfasis en el fraude electoral. Las RC, tanto la Revolución Negra de Serbia del 2000, la Rosa de
Georgia del 2003, la Naranja de Ucrania del 2004, la Naranja de Azerbaiyán del 2005 y la Azul de
Bielorrusia del 2006, comparten el rasgo común de girar en torno a una elección fraudulenta (Tucker,
2007). En todos los casos, una elección (presidencial o parlamentaria) tuvo lugar y los resultados
fueron vistos como ampliamente manipulados por el régimen en vigor. Como resultado, se generaron
protestas masivas encabezadas por movimientos sociales, que en Serbia, Georgia y Ucrania decantaron
en el reconocimiento de la victoria de la oposición, mientras que en Azerbaiyán y Bielorrusia
estuvieron seguidas por el afianzamiento de las élites tradicionales en el poder. De acuerdo a este
planteamiento, el fraude constituiría un importante marco dentro del cual se crean las oportunidades
para movilización, porque parafraseando a Beissinger (2007), los regímenes se tornan más vulnerables
durante el ciclo electoral.
Por otra parte, se encuentran dos conjuntos de explicaciones de tipo geopolítico sobre el
detonante de las RC (Tucker, 2007). Como se mencionó anteriormente, el primer set de explicaciones
ubica estos eventos dentro del marco de la post Guerra Fría, específicamente en la pugna librada entre
Oriente y Occidente dentro del contexto europeo. Este argumento a menudo toma una de las dos
formas siguientes: 1) la primera aproximación se centra en la ayuda ofrecida por varios actores de
occidente a los miembros de la oposición en Eurasia postcomunista, temerosos de que el liderazgo de
sus países podría llevarlos a un patio de permanente exclusión europea, en general, y de las
instituciones europeas tales como la UE, en particular, 2) Especialmente popular en Rusia, la segunda
aproximación generada dentro de esta perspectiva ubica a las RC en el contexto de las luchas
geopolíticas de la post Guerra Fría por el dominio entre Rusia y Occidente, específicamente sobre
áreas que habían sido largamente consideradas bajo la esfera de la influencia soviética.
El segundo conjunto de explicaciones se ha centrado en la naturaleza de los movimientos de
oposición política (conformados principalmente por coaliciones de partidos), en cada uno de los países
escenario de las protestas postelectorales. En pocas palabras, ha subrayado cómo los grupos de
oposición han aprendido a lo largo del tiempo a ser más efectivos, bien sea gracias a sus experiencias
previas, o a través de la transmisión de información de actores externos y en particular, de actores
pertenecientes a países que han experimentado su propia RC.
Finalmente, la última explicación sobre cuál fue el detonante de las RC se deriva de la presencia
del presidencialismo patronal en esta región del mundo. Este tipo de institución está marcada por
oscilaciones regulares y razonablemente predecibles entre periodos de alto cierre político y periodos

69

�(algunas veces repentinos) de apertura política, incluyendo los fenómenos típicamente llamados RC.
La apertura sólo termina en último caso en verdadera democratización si envuelve un cambio en las
instituciones fundamentales del presidencialismo patronal. En suma, las RC deben ser entendidas no
como avances democráticos sino como fases de contestación en los ciclos del régimen, y resultan
exitosas si gana la oposición (Hale, 2006).
A pesar de que la pregunta ¿cuál fue el detonante de las RC? ha encontrado respuestas en el
modelo de la difusión, el fraude electoral, la dinámica de la post Guerra Fría y la elección institucional,
no debe subestimarse la influencia de los movimientos sociales en los orígenes de las RC, en tanto
estos actores resultaron determinantes a la hora de movilizar a la sociedad en contra del fraude
electoral. No solo esto, fueron los movimientos sociales quienes en la mayoría de los casos modelaron
los símbolos (colores y flores) que identificaron a estos eventos y, quienes atravesaron las fronteras
nacionales para capacitar a nuevos activistas en lugares con conato de revolución, contribuyendo de
esta manera a la creación de un complejo, diverso y creativo repertorio de contienda política. Una vez
presentada esta primera clasificación relativa al origen de las RC, se expondrán los principales
planteamientos de la literatura concerniente al éxito o fracaso de dichos eventos, entendido este como
el cambio o permanencia del régimen que se retaba.
¿Por qué Algunas RC fueron Exitosas y otras Fracasaron?
Con relación a la segunda pregunta ¿por qué algunas RC tuvieron éxito mientras otras
fracasaron?, los académicos han hecho énfasis principalmente en los factores estructurales y los
factores contingentes. Mientras que dentro de los primeros se destaca el papel de las élites, dentro de
los segundos se hace mención al Modelo Electoral propuesto por Bunce y Wolchik (2009). No
obstante, y aunque estas dos propuestas han dominado el grueso de la literatura sobre el tema en
cuestión, también se han ofrecido otras propuestas, muchas veces complementarias a las dos grandes
vertientes, dentro de las que cabe destacarse la fuerza del ejemplo.
Antes de hacer referencia a los factores estructurales y contingentes, debe mencionarse que
McFaul (2005) fue el primero en proponer una lista de elementos comunes que unen los casos de
Serbia en el 2000, Georgia en el 2003 y Ucrania en el 2004 como casos de éxito revolucionario. Estos
casos de ruptura autoritaria se parecen entre sí y se diferencian de otras transiciones democráticas, en
cuatro aspectos críticos: 1) en los tres casos, el inicio para el cambio de régimen fue una elección
nacional fraudulenta, no una guerra, una crisis económica, una división entre las élites dominantes, un
choque externo, un factor internacional o la muerte del dictador, 2) Los retadores democráticos
desplegaron medios extra-constitucionales para defender la constitución democrática existente, en vez
de buscar generar nuevas reglas del juego político, 3) Cada país acogió por un tiempo la competencia
entre retadores y retados y los clamores simultáneos para mantener la autoridad soberana, uno de los
sellos de la situación revolucionaria, 4) Todas las situaciones revolucionarias terminaron sin violencia
masiva. Por otra parte, los Presidentes – candidatos ordenaron el uso de métodos coercitivos
incluyendo asaltos a periodistas y candidatos de la oposición y la clausura de medios independientes.
No obstante, no llamaron al ejército o a las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas, como sí
ocurrió en los casos de fracaso que tuvieron lugar en Azerbaiyán y Bielorrusia.
Dentro de los factores necesarios para el éxito, Mc Faul (2005) cita los siguientes: 1) la vigencia
de un régimen semi-autoritario en vez de uno totalmente autoritario, 2) La existencia de un Presidente
- candidato impopular, 3) La conformación de una oposición unida y organizada, 4) La capacidad de
saber rápidamente que los resultados electorales fueron falsificados, 5) Contar con suficientes medios
independientes para informar a los ciudadanos sobre el fraude electoral, 6) La presencia de una

70

�oposición política capaz de movilizar manifestantes para protestar en contra del fraude, y 7) Evidencia
de divisiones entre las fuerzas coercitivas del Estado.
Igualmente señala que así como los factores anteriormente citados son determinantes para el
éxito de las RC, hay otros factores que no fueron importantes, dentro de los cuales se cuentan los
siguientes: 1) el estado de la economía o el nivel económico alcanzado por los países no jugó un rol
causal uniforme en los casos de avance democrático, 2) Los tres países tuvieron historias recientes de
tensiones étnicas o problemas que incluían guerras abiertas. No obstante, una completa resolución de
las disputas fronterizas no constituyó una precondición para el avance democrático, 3) Las divisiones
entre las líneas duras y suaves que apoyaban a los Presidentes – candidatos autoritarios también figuran
como poco importantes a la hora de impulsar el cambio democrático, 4) La relación entre las élites
políticas en el poder y occidente no tuvo un peso particular, 5) Los programas de asistencia
democrática de occidente jugaron un rol visible en todos los casos. Sin embargo, la ayuda extranjera
no jugó un rol independiente en ninguno de los avances, pero contribuyó a la conflictividad
aumentando o disminuyendo el valor relativo de cada uno de los siete factores mencionados en el
párrafo anterior como necesarios para el éxito revolucionario, y 6) La calidad de los recursos positivos
o plataformas elaboradas por la oposición en cada país, también parece bastante insignificante.
A partir de la propuesta de Mc Faul (2005) se generó un interés por determinar los elementos
facilitadores del éxito en las RC, siendo los más ampliamente expuestos los factores estructurales y los
factores contingentes. Way (2008), argumenta que los factores estructurales, en oposición a las
dinámicas electorales y de difusión, constituyen la causa real de las recientes olas de triunfos electorales
sobre los dictadores en Eurasia postcomunista. Para el autor, las RC son casos de fracaso autoritario
en vez de casos de democratización. El colapso autoritario trajo democracia en la forma de elecciones
libres y justas y el fin de serias presiones del gobierno sobre los medios. En contraste, la crisis
autoritaria permitió la emergencia de nuevos gobiernos que retomaron muchos de los mecanismos
autoritarios usados por sus predecesores, incluyendo fraude electoral y supresión de los medios.
En breve, Para Way (2008) la crisis autoritaria está relacionada positivamente con la fortaleza de
los lazos con occidente y negativamente con la fortaleza del partido autocrático o del Estado del
régimen vigente. En este sentido, se deben tener en cuenta tres elementos: 1) la presencia de un solo
partido reinante y altamente institucionalizado, 2) Un extensivo y bien fundado aparato coercitivo
que ha ganado un conflicto significativo, y 3) control discrecional del Estado sobre la economía, de
jure o a través de la captura de una gran riqueza mineral como el petróleo o el gas.
En contraprestación a esta propuesta, surgió la iniciativa de que los vínculos entre los casos de
democratización han sido la norma en vez de la excepción y que dichos vínculos han afectado los
resultados (éxito/fracaso) de las RC (Beissinger, 2007). En los fenómenos modulares, la influencia del
ejemplo puede substituir algunos vacíos propios de la desventaja estructural permitiendo a algunos
grupos menos avanzados estructuralmente comprometerse en una acción exitosa gracias a la influencia
del ejemplo previo de otros casos. De esta manera, la imitación de éxitos precedentes es el mecanismo
básico que conduce a la expansión del fenómeno modular. El proceso del ejemplo se diferencia de
otros de contagio debido a que no se define por la proximidad o conformidad, sino por la analogía y
beneficios obtenidos a través de la asociación con el éxito previo.
Por otra parte, el cómo responden las instituciones al proceso modular sugiere si el impacto de
este proceso cambia sustancialmente o no. Esto dependerá, como es obvio, de las vías tomadas por
las instituciones dentro de dicho proceso. Indagando sobre esta dinámica, Beissinger (2007) ha
identificado cuatro condiciones que no necesitan estar presentes pero que aumentan las posibilidades
del éxito revolucionario. Estas son: 1) un grado representativo de apertura política; 2) una tradición

71

�reciente de protesta, 3) la existencia de diferencias regionales entre grupos culturales dominantes, y 4)
control de la oposición sobre los gobiernos locales. Siguiendo la línea argumentativa desarrollada por
Way (2008), Beissinger (2007), se han identificado seis condiciones estructurales que podrían ser
necesarias para el éxito revolucionario: 1) la presencia de fraude electoral, 2) una significativa
representación de la oposición en el legislativo, 3) el año de enrolamiento en la educación superior, 4)
unos lazos débiles entre el régimen y los militares, 5) la presencia significativa de diversas ONG
promotoras de la democracia, y 6) La ausencia de una economía exportadora de energía.
Dimitrov (2009) respalda la propuesta de Way (2008), que sostiene que los niveles de fortaleza
del régimen y los vínculos con occidente ayudan a explicar la crisis del autoritarismo, pero añade el
factor de la popularidad de los Presidentes - candidatos como elemento que puede contribuir a dar
cuenta de la resistencia autoritaria en la región. Así pues, los Presidentes - candidatos deben tener a su
disposición tres estrategias para asegurar su popularidad: 1) populismo económico: el gasto social y el
compromiso con las políticas de redistribución económica aumentan su aprobación pública, 2)
nacionalismo anti-occidente: en algunos países donde el sentimiento público no está a favor de
occidente, los Presidentes - candidatos pueden tener éxito previniendo la unidad de la oposición a
través de la retórica anti occidental; y 3) Control exitoso de los medios: incluye eliminar críticos del
régimen y control estatal sobre la prensa escrita, televisión e información electrónica. Controlar a los
medios les garantiza a los líderes autoritarios cobertura positiva y le niega a la oposición una plataforma
de participación. Estas tres estrategias producen altos niveles de legitimidad del régimen así como de
estabilidad del mismo.
En contraposición a la propuesta de los factores estructurales, y de una manera más cercana a
la propuesta que se busca desarrollar, en la que se destaca el rol de los movimientos sociales dentro de
las RC, Bunce y Wolchik (2009) señalan que la clave del éxito revolucionario recae en los factores
contingentes. En crítica abierta a la propuesta ofrecida por Way (2008), las autoras sostienen que los
científicos sociales no pueden o no deberían reducir sus explicaciones causales a la influencia de una
categoría sencilla de causas, puesto que la estructura, la agencia y el proceso, todos son elementos
importantes. Es por tanto que no solo debe tenerse en cuenta el rol distintivo de las elecciones,
entendidas como espacios para el cambio político, sino también la difusión trasnacional de un modelo
particularmente efectivo para derrotar al dictador, denominado por las autoras como el Modelo
Electoral.
Por otra parte, así como ha sido importante para el éxito de las RC el aprendizaje de los
movimientos de oposición, el fracaso revolucionario ha estado influenciado por el aprendizaje de las
élites para reversar o neutralizar las estrategias de la oposición. Algunas élites políticas han sido
capaces de producir un antídoto para lo que consideraron un virus del color. Han tomado nota de las
lecciones derivadas del fenómeno de las RC y han estado suficientemente unidas, tomando decisiones
efectivas, mientras aseguran la obediencia tanto de los centros formales como de los centros
informales de poder dentro del Estado (Polese &amp; Ó Bechaín, 2011).
En este orden de ideas, la supervivencia del régimen, y por extensión el fracaso de la RC,
depende ampliamente de la capacidad de la élite gobernante de digerir las lecciones sobre cuál es la
mejor manera de neutralizar o contrabalancear las estrategias de los movimientos de la oposición. Se
sugiere que ha existido una estrategia, o set de acciones, que los regímenes han adoptado para frenar
el triunfo de las situaciones revolucionarias, de tal modo que las fallas a la hora de aprender esta
estrategia, o de aplicarla correctamente, podrían abrir el camino para las fuerzas de la oposición y el
cambio político en un país. Así pues, con cada intento de RC, las élites de Eurasia postcomunista
refinaron su comprensión de los procesos. En este sentido, si querían evitar compartir el destino de
Serbia, Georgia o Ucrania, las élites tendrían que tomar acciones preventivas en diferentes niveles. La

72

�mayoría de los regímenes que habían presenciado el éxito de las RC en esos tres países, comenzaron
a identificar las características clave de las RC y a tomar medidas para asegurar que los actores de la
sociedad civil no fueran capaces de lograr el mismo grado de libertad que en dichas sociedades.
El movimiento más notable con relación a estas actitudes fue la evaporación de la tolerancia
para las ONG, particularmente aquellas que habían sido identificadas como colaboradoras de los
movimientos de oposición. La contrarrevolución también avanzó en otras dimensiones: los medios
cayeron bajo un estricto control estatal, se suprimió y/o persiguió a los movimientos que intentaron
emular al Otporde Serbia, al Kmara de Georgia o al Pora de Ucrania y, se prohibió la entrada de activistas
extranjeros al país. Asimismo, los gobiernos que buscaban prevenir RC en sus territorios, crearon
movimientos juveniles pro-régimen como Nasha Rusia (Nuestra Rusia), con el objetivo de
contrarrestar el peso de los movimientos juveniles de oposición. En último lugar, algunos regímenes,
principalmente aquellos con importantes recursos naturales o con significativa importancia estratégica,
encontraron que podían escapar de la censura de occidente (Polese &amp; Ó Bechaín, 2011).
Finalmente, Kalandadze y Orenstein (2009) han adoptado el término revolución electoral
propuesto por Bunce y Wolchik (2009) y han analizado todos los casos que se han presentado desde
1991, distinguiendo entre revoluciones electorales exitosas y fracasadas. A modo de conclusión
afirman que las revoluciones electorales exitosas han mostrado ningún o insignificante progreso
democrático en sus etapas posteriores. Las revoluciones electorales han resultado poco efectivas a la
hora de promover el avance de la democratización, puesto que ponen demasiado énfasis en las
elecciones mismas y no en otros obstáculos fundamentales para la democratización de regímenes
híbridos y autoritarios.
Es así que la democratización ha sido lenta o nula en esos países, principalmente a causa de la
permanencia de sus profundos problemas estructurales, que las revoluciones electorales no estaban
equipadas para resolver. Las elecciones fraudulentas fueron sólo la punta del iceberg en esos países,
donde persisten otros problemas tales como la falta de una cultura de competencia política, una
estructura de partidos políticos poco desarrollada, conflictos de poder más allá del círculo electoral,
corrupción y falta de Estado de derecho, sólo por mencionar algunos. Sumado a esto, todos los países
que han experimentado una RC permanecen pobres o relativamente pobres y, dos de ellos, Georgia y
Serbia, mantienen disputas territoriales. Para terminar, se abordará el interrogante ¿por qué se
detuvieron las RC en el 2006?
¿Por qué se detuvieron las RC en el 2006?
Gran parte de las respuestas a dicho interrogante ha girado en torno a tres ejes fundamentales:
el agotamiento del modelo, el aprendizaje del modo de obrar de la oposición por parte de los líderes
autoritarios y, el efecto Darwin.
Con relación al agotamiento del modelo, Beissinger (2007) sostiene que el peso del ejemplo
afecta el comportamiento de la siguiente manera: la influencia del ejemplo aumenta gradualmente con
el tiempo y con cada éxito revolucionario. Eventualmente, llega a un punto culmen que proviene tanto
del peso acumulativo de los ejemplos de éxito como de la acción emulativa multiplicada rápidamente
a través de los grupos. Posteriormente, el modelo modular enfrenta un segundo momento donde el
efecto del ejemplo en las acciones subsecuentes comienza a disminuir rápidamente y se apaga
eventualmente.
Así mismo Bunce &amp; Wolchik (2009) sostienen que puesto que el modelo se expandió, los
autócratas fueron puestos en preaviso y comenzaron a desarrollar estrategias de contención,

73

�quitándole de esta manera fuerza a la red opositora. Aunque los activistas locales emularon los
procesos observados fuera de sus países, lo hicieron sin mucha planificación y con grandes
constricciones de tiempo y recursos. Como todas las dinámicas de difusión, la expansión del modelo
electoral fue dispareja a través de la espacialidad y temporalidad, y tuvo diferentes consecuencias
locales, hasta que eventualmente llegó a su fin.
Con relación a la propuesta basada en el aprendizaje de los líderes autoritarios, se sostiene que,
las RC provocaron que las élites políticas en el poder de Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y
otros países de Eurasia postcomunista reforzaran los esfuerzos domésticos para prevenir desafíos de
la oposición. Las medidas anticipadas incluyeron restricciones de grupos de la sociedad civil y
persecuciones y sanciones a la oposición, así como limitaciones a la asistencia democrática (Polese y
Ó Beachaín, 2011).
El efecto Darwin propuesto por Silitski (2010), describe la contra-reacción a la ola de RC en las
autocracias de Eurasia poscomunista. Éstas se blindaron ante las posibles amenazas al poder
autoritario, mediante el fortalecimiento de las tendencias y la regla autocrática reinante en estos
Estados. Mientras el efecto Darwin explica la contra-reacción autocrática interna, esto es, los esfuerzos
locales para adelantarse a la posibilidad del cambio de régimen, el efecto regional explica la resistencia
exterior al contagio democrático. Por una parte, como la ola de revoluciones golpeó la región hostil al
cambio de régimen, provocó la consolidación de las autocracias sobrevivientes a través de la
convergencia autoritaria. Esta fue expresada en medidas conjuntas, interacciones y alianzas entre los
Estados y regímenes en lo que había un interés por la extinción y reversa de la ola de democratización.
Por otra parte, la ola de revoluciones coincidió y aceleró la reafirmación permanente de la hegemonía
regional rusa, debido al temor de contagio expresado por el Kremlin, en tanto dichos procesos de
transformación democrática podría minar su posición dominante en la región. Esta reafirmación de
poder, facilitada por la dependencia de los países postsoviéticos de Rusia, debilitó las expectativas para
el sostenimiento de los avances democráticos y reforzó el autoritarismo en la región.

Rodríguez (2014)

Detonantes de las RC
-Modelo de la difusión
(Polese y ÓBechaín,
2011)
-Fraude electoral
(Tucker 2007)
-Dinámica post Guerra
Fría
(Tucker, 2007)
-Elección institucional
(Hale, 2006)

Éxito y fracaso de las
RC
-Factores estructurales
(Way, 2008)
-Modelo Electoral
(Bunce y Wolchik,
2009)

Finalización de las RC
-Agotamiento del modelo
(Beissinger, 2007)
-Aprendizaje líderes
autoritarios
(Polese y ÓBechaín,
2011)
-Efecto Darwin
(Silitski, 2010)

Figura 4. Clasificación de la literatura sobre las RC (Rodríguez, 2014)

74

�Conclusión
Durante la primera mitad del siglo XXI el espacio Euroasiático fue testigo de una oleada de RC.
Este fenómeno, en el que se revirtieron procesos electorales fraudulentos mediante protestas masivas,
comenzó con la Revolución Negra de Serbia en el año 2000 y continuó con la Revolución Rosa de
Georgia en el 2003 y la Revolución Naranja de Ucrania del 2004.
Posteriormente, pero esta vez sin éxito, prosiguió con las Revoluciones Naranja de Azerbaiyán
en el 2005 y Azul de Bielorrusia en el 2006. Puesto que las movilizaciones postelectorales se
desarrollaron sin violencia, al menos por parte de los manifestantes, y estuvieron revestidas con un
fuerte contenido simbólico, cada una de ellas fue bautizada con el color adoptado a manera de
distintivo por los movimientos de oposición.
Un rasgo notable de este fenómeno fue que estuvo acompañado por el ascenso de movimientos
sociales conformados principalmente por jóvenes estudiantes, tal y como puede observarse con Otpor
de Serbia, Kmara de Georgia, Pora de Ucrania, Yeni Fikir de Azerbaiyán y Zubr de Bielorrusia. Aunque
en el escenario Euroasiático de estos comienzos de siglo, los movimientos sociales desempeñaron
un papel significativo dentro de las RC, gran parte de los estudios sobre el tema han centrado su
foco de atención en actores tales como las élites gobernantes autoritarias o los partidos de
oposición. Ha sido por tanto el interés de este artículo asumir el desafío de contribuir a la
ampliación del espectro analítico, mediante la inclusión de otro tipo de actores relevantes para la
acción colectiva.
Las RC no deben entenderse como revoluciones en el sentido clásico del término, puesto que
sus dinámicas, desarrollos internos y alcances distan bastante de los resultados expuestos por
estudiosos de los fenómenos revolucionarios tales como Tilly (1978) o Skocpol (1979). Al abordar las
RC deben tenerse en cuenta ciertos elementos particulares tales como el espacio geográfico en el que
se desarrollaron las protestas postelectorales: Eurasia postcomunista; la temporalidad en la que se
presentaron: entre el año 2000 y 2006; el detonante: el fraude electoral y principalmente; el fuerte
contenido simbólico y la no violencia que revistieron dichas protestas, esta última característica
ampliamente construida desde la estructuración y la puesta en marcha del discurso y el repertorio de
contienda política desplegado por los movimientos sociales.
Expuesto lo anterior, se ha planteado una nueva clasificación de la literatura existente sobre las
RC. Dicha iniciativa ha sido construida en torno a tres grandes temas: la génesis de las RC, las posibles
causas de éxito y fracaso de las mismas y, el porqué se extinguieron en el año 2006. A partir de este
abordaje es posible dar cuenta del importante rol desempeñado por los movimientos sociales en las
RC, a la par que se avanza hacia una comprensión más profunda sobre este tipo de actores, sus
dinámicas y logros, desde una perspectiva comparada.

75

�Referencias
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77

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 4. enero-junio 2016, pp. 78-98
ISSN: 2395-8448

La Economía Popular y Solidaria en Ecuador. Estudio sobre la
implementación de herramientas comunicacionales en organizaciones
manabitas.
The Popular and Solidarity Economy in Ecuador. A study on the
implementation of communication tools in Manabi.
Rosa Cedeño Rengifo.42
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)
Fecha de envío: 15 de enero 2015
Fecha de aceptación: 6 de marzo 2015

RESÚMEN:
En los últimos cinco años, se ha considerado a la Economía Popular y Solidaria (en adelante,
EPS) como el motor fundamental del sistema económico ecuatoriano. De acuerdo a la
Constitución del país, la EPS se centra en proporcionar a la población el Buen vivir (Sumak
Kawsay) como modelo de desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas. Las
herramientas comunicacionales, por su parte, permiten la potenciación de un producto dentro
de un imaginario determinado, ya que a través de ellas, los pequeños grupos familiares,
asociaciones, cooperativas, emprendimientos, propios de la EPS, tienen la oportunidad de dar a
conocer los productos y servicios que sus microempresas ofrecen. La utilización, en definitiva,
de diferentes medios y estrategias comunicacionales puede abrir un espacio de dialogo, de
interacción y de información en general; es la oportunidad de llegar a otros espacios geográficos

42

La autora agradece al DCI de la ULEAM el financiamiento al proyecto El capital intelectual: Un enfoque
hacia la economía popular y solidaria de Manabí, de cuyos resultados parciales versa este artículo.

78

�y la posibilidad de conseguir mejores negocios. En un estudio de campo con asociaciones de la
Economía Popular y Solidaria en Manabí (Ecuador) se pudo observar que las microempresas
encuentran en la potencialidad de las herramientas comunicacionales su principal atractivo para
incorporarse al gigante mercado digital que internet constituye. Es la dimensión comunicacional
y los posibles beneficios económicos, el acceso a la sociedad del conocimiento y la información,
lo que impulsa la apropiación por parte de este sector de las clases populares a querer darse a
conocer y ser parte del mundo digital. Motivos estos que analizaremos con detenimiento en la
siguiente presentación.
PALABRAS CLAVES:
Economía popular, herramientas comunicacionales, organizaciones sociales, buen vivir.

SUMMARY:
Last five years, it has been considered the Popular and Solidarity (EPS) Economy as the key
driver of Ecuadorian economic system. According to the Constitution of that country, the EPS
is focused on providing the population live in the Good Living (Sumak Kawsay) as a model of
development and improving the quality of life of people. Communicational tools, meanwhile,
allow the enhancement of a product within a certain imagined, because through them, small
family groups, associations, cooperatives, enterprises have the opportunity to know the markets
and services their microenterprises offer. The different media and communication
implementations use ultimately can open a space for dialogue, interaction and information in
general; It is the opportunity to reach other geographical areas and the possibility of getting
better business. Most microenterprises are in the potential of communication tools main
attraction. It is the communication dimension and potential economic benefits, access to the
knowledge society and information, prompting the appropriation by this sector of the popular
want to be known and be part of the digital world classes. These reasons we will discuss in detail
in the following presentation.
KEYWORDS:
Popular economy, communication tools, social organizations. Good Living.
INTRODUCCIÓN

79

�En Ecuador, según Jácome (2014), las experiencias económicas concernientes con los principios
de la Economía Social y Solidaria han estado presentes a lo largo de la historia. Sin embargo,
durante el siglo XX se excluyó de la historia económica nacional, para en los últimos seis años
pasar a ser considerada como uno de los aspectos estructurales del régimen económico actual.
De acuerdo al objetivo número 6 del Plan Nacional del Buen Vivir, la economía popular y
solidaria se centra en proporcionar a la población el “Buen Vivir” como modelo de desarrollo.
Este modelo implica, entre otros aspectos, mejorar la calidad de vida de la población
fortaleciendo la vínculo social, los valores comunitarios y la participación activa de los individuos
(Plan Nacional del Buen Vivir, 2008).
Actualmente, Ecuador es un paradigma de desarrollo alternativo basado en nuevas relaciones
entre la economía, la sociedad y la naturaleza; fundamentada en una estrategia sostenible de
satisfacer las necesidades básicas de la población, mediante la inclusión financiera y social y lograr
una sociedad más equitativa (Banco Central de Reserva, 2012a). La población nacional en
condiciones de pobreza ha disminuido en forma significativa del 36.74% en el 2007 hasta situarse
en 25.6% en el 2013, es decir 26 de cada 100 personas disponen ingresos menores a $78.10
dólares al mes (Banco Central de Reserva, 2012b). Por ello, la economía popular y solidaria se
orienta hacia la disminución de la pobreza e instaura la organización de la población con
proyectos productivos y sociales que les ayuden a obtener ingresos para darles una vida digna
(Plan Nacional del Buen Vivir, 2008).
En el desarrollo de los primeros años del gobierno del Presidente Rafael Correa se reorganizaron
los ingresos y se redujo la pobreza (un millón cincuenta mil ecuatorianos dejaron de ser pobres
por ingresos, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012). Según el informe "Panorama Social
de América Latina 2012", publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
el Ecuador es el país que más redujo desigualdades en América Latina entre 2007 y 2011: ocho
puntos (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, 2012a).

La reducción de las brechas en los ingresos es un triunfo considerable, en un espacio geográfico
donde están agrupadas las mayores desigualdades sociales del mundo (Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, 2013).

80

�Según Suarez (2016), antes del gobierno actual, la economía del Ecuador se vio afectada por
diversas crisis; sin embargo surge en los últimos seis años un nuevo suceso económico que busca
el bienestar colectivo y una óptima distribución de la riqueza con los grupos sociales segregados;
La EPS aparece ante la necesidad de reformar la calidad de vida de obreros, artesanos, jornaleros,
transportistas, agricultores, entre otros integrantes de clase económica baja y desempleada,
mismos que ante la crisis económica conciben nuevas ideas a través de emprendimientos
populares y solidarios con el propósito de mejorar su calidad de vida (Políticas públicas para la
economía popular y solidaria que buscan impulsar un sistema económico más social y solidario
en el Ecuador, 2016).
Ante esto, se aprobó la vigente Constitución en el 2008, donde se reconoció la importancia y
presencia de la economía popular y solidaria dentro de la economía ecuatoriana y es así como se
elabora un marco jurídico e institucional que avalan el funcionamiento de la economía popular
y solidaria (EPS) en Ecuador. En 2014, aparece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
y su respectivo reglamento; también se creó el Instituto Nacional de Economía Popular y
Solidaria y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, organismos gubernamentales
que son los llamados a respaldar el funcionamiento del sistema social y solidario en Ecuador
(Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2014).
Las políticas de la economía popular y solidaria son estrategias de oportunidades que les
corresponde impulsar los recursos públicos nacionales y locales para fortalecer capacidades y
resolver necesidades en la mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos y sus futuras
generaciones (SENPLADES, Secretaria Nacional de planificación y Desarrollo, 2013).
Mendoza (2013), comenta que es necesario y urgente que las microempresas utilicen las
herramientas comunicacionales, puesto que traen infinidad de beneficios a las asociaciones,
como: comunicarse con sus clientes, grupos u otras organizaciones que puedan estar interesadas
en sus productos, servicios o gestión; además de lograr la responsabilidad de apoyar en la
transformación social, apoyado en el desarrollo de concientización, organización y reunión de
los grupos sociales en busca del bienestar de la colectividad.
Vivimos en la sociedad de la información y la comunicación, razón por la que son nuevos
modelos los que gobiernan el éxito de los negocios. Naisbitt (1987) comenta que de acuerdo a
cómo progresamos en el establecimiento de la economía apoyada en la información, nos
tropezamos con la necesidad de re direccionar el planeta.

81

�Amado (1992), declara que a medida que transcurre el S.XXI, el éxito empresarial está respaldado
en la información agregada a la imagen o la comunicación corporativa.
Castells y Valls (2003) exponen que las herramientas tecnológicas-comunicacionales son
elementos protagónicos de la sociedad; desde niños hasta personas de la tercera edad se han
convertido en usuarios del accionar tecnológico, convirtiéndose también en consumidores
potenciales; pero estas herramientas deben adecuarse a la cultura y necesidad de cada
microempresa.
Con el progreso de la ciencia y la tecnología, las microempresas han involucrado sus intereses
económicos incentivando a los clientes a elegir, participar e interactuar a través de las redes
sociales, logrando así potenciar e incrementar clientes, ganancias y producción (Quiroz, 2015).
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en su artículo 1, establece que la
economía popular y Solidaria es “la forma de organización económica, donde sus integrantes,
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer
necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada
al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación
de capital” (Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2014).
Para Coraggio (1991), la economía popular encierra a todos los grupos domésticos que no
dependen de un jefe que les pague un sueldo, ni de ahorros o riquezas acumulados; sin embargo
trabajan de manera independiente para satisfacer sus necesidades. El reto aquí es que estos
grupos esparcidos, logren organizarse en un proyecto común para ser más fuertes y enfrentar
desafíos globales.
Lisboa (2001) sugiere que en el transcurso en que la economía popular avanza y se desarrolla,
centrado en las clases populares y dando protagonismo a los grupos sociales, se crea una nueva
posibilidad de transformación, dejando que el progreso ya no esté centralizado en el Estado, en
las élites vanguardistas y sea la economía popular, integrada por los microempresarios los que

82

�vayan poco a poco edificando un espacio de economía propia con formas colectivas de
producción.
Núñez (1995) opina que la economía popular, asociativa y autogestionaria es la manera más
eficaz por la cual los productores-trabajadores-populares, sin convertirse en capitalistas, lograrán
emprender estrategias de mercado y competir con el capitalismo y su economía de desarrollo.
Los objetivos de la Economía Popular y Solidaria son los siguientes:
Tabla 1. Ecuador: Objetivos de la economía popular y solidaria
Detalle
a)

Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria en el sector financiero
popular y solidario en el ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el
estado.

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidad y en sus unidades económicas productivas y con el
Estado.
c)

Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la
Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular y solidario.

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones
sujetas a esta ley.
e)

Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y
acompañamiento.

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaría (2014)
También se encuentra sustentada en principios, mediante las cuales se guiarán las personas y las
organizaciones entre ellas, como indica la siguiente tabla:
Tabla 2. Ecuador: Principios de la economía popular y solidaria
Principios
a)

La búsqueda del buen vivir y del bien común.

b)

La prevalencia del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los
individuales.

83

�c)

El comercio justo y consumo ético y responsable.

d)

La equidad de género.

e)

El respecto a la identidad cultural.

f)

La autogestión.

g)

La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas.

h)

La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaría (2014)
La PEA o población económicamente activa de Ecuador en el 2012 era de 45.8%, mientras que
la informal o economía popular y solidaria era de 46.8%, servicio doméstico 2.8% y no
clasificados 4.6% (incluidos en la economía popular y solidaria); por lo que el gobierno promueve
y contribuye a la consolidación del sistema económico social y solidario, bajo los siguientes
aspectos (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012):
a) Impulsar la creación e implementación del marco jurídico e institucional que permitan
reconocer y fortalecer la economía popular y solidaria.
b) Generar conocimiento e información sobre la diversidad y heterogeneidad de este sector.
c) Establecer mecanismos que permitan dinamizar las compras públicas a favor de las
organizaciones de la economía popular y solidaria.
d) Fortalecer a los actores de la economía popular y solidaria del sector financiero popular y
solidario a través de políticas y programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento,
con énfasis en los sectores de producción, comercialización, servicios y finanzas en el marco de
las dinámicas territoriales.
HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES
De acuerdo a Franco (2010), las herramientas comunicacionales son aquellas que utilizan la
tecnología, programas y aplicaciones, llamados también software como medio para desarrollar y
enviar información a otras personas, sin estar presente o cerca y sin pagar un valor por su
funcionamiento y uso.
Castro (2013), sostiene que la tecnología es productora de información y a la vez provee
conocimiento rápido que permite crear un nuevo punto de vista competitivo, innovando la

84

�gestión corporativa y el modelo de las microempresas tradicionales, incluso puede dar a conocer
una marca, un servicio o un producto; ya no se fundamenta simplemente en volantes o en
los anuncios de radios o televisión, sino en la web o redes sociales como Facebook, twitter,
Instagram, YouTube, entre otras.
Hoy en día es común observar en las publicidades de distintas marcas y empresas frases
como: Búscanos en Facebook o Síguenos en Twitter, mismas que motivan a los consumidores
o clientes y personas en general a seguir sus gestiones y novedades, como estrategia para
conservar relaciones más accesibles y rápidas (Franco, 2010)
Para Castells y Valls (2003), el campo en el que giran las herramientas comunicacionales cambia
constantemente; las microempresas deben engancharse rápidamente a este ritmo para ir a la par
de la tecnología con sus publicidades y mejorar su producción y rentabilidad utilizando
herramientas de comunicación adecuada; uno de los ejemplos los encontramos en las redes
sociales, las nuevas plataformas: Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Instagram, Whatsapp.
Aquino (2014), dice que la utilización del conjunto de técnicas de la comunicación en las
diferentes actividades micro empresariales mejora el éxito productivo micro empresarial. Los
emprendedores deben asesorarse con especialistas para entrar a la vanguardia de la publicidad
digital, hacer reajustes de valores, visión, misión, objetivos; para poder brindar un óptimo
servicio. A través de páginas web, redes sociales, promocionan sus productos o servicios,
describiéndolos, agregando el precio, dirección, imágenes y otros aspectos que involucren el
enganche con el cliente.
De acuerdo a Alarcón (2003), la tecnología y la investigación en los actuales momentos, obligan
a las personas a manejar medios tecnológicos para comunicarse, situación que se aprovecha para
crear empresas en línea, potenciar marcas, servicios y productos; obteniendo de esta manera
ventajas sobre la competencia. Los más usados por las microempresas en cuanto a redes sociales
se refiere son: Facebook, Twitter, youtube, Instagram, Whatsapp y el portal web, que se han
convertido en herramientas indispensables en las empresas y microempresas, porque son
el punto de entrada inmediato de muchos clientes a nivel local, nacional e internacional que
encuentran información las 24 horas del día.

85

�Desde el 2008 en la zona 4 (Manabí y Santo Domingo), el Instituto Nacional de Economía
Popular y Solidaria ejecuta proyectos de emprendimientos de la EPS. Actualmente están
registrados en este organismo 686 microempresas, diferenciadas entre cooperativas de
transporte, cooperativas de ahorro y crédito -205 cooperativas- y 481 asociaciones. Dentro de
las asociaciones están: servicios de alimentos, artesanías, limpieza, textiles, pesqueros, agrícolas,
ganaderos, vivienda, comerciantes minoristas, turismo, construcción –albañiles-, mantenimiento
eléctrico, exequias (Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2014).
Según el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (2011); en
Manabí existen organismos del estado y locales que deben promover el desarrollo de forma
integral, lo que incluye especialmente la parte productiva; todos en mayor o menor medida están
impulsando iniciativas que promueven emprendimientos. El principal organismo para promover
estas actividades, en virtud de su competencia, es el GAD de Manabí que recorre los diferentes
cantones organizando ferias agrícolas, ganaderas, artesanales, gastronómicas, turísticas; De esta
manera da a conocer los servicios y productos de los microempresarios a través de redes sociales,
televisión, radio, periódicos. El siguiente gráfico muestra la publicidad en Facebook que hizo el
GAD de Manabí a varias microempresas, misma que también se publicaron en otros medios
comunicacionales. El evento triplicó las expectativas propuestas.

Gráfico 1. Manabí: GAD MANABÍ
Fuente: Facebook
De acuerdo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2016), las microempresas
asociadas al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria cuentan con vida jurídica,
registro único de contribuyente –RUC-, código de organización, entre otros requisitos. Pero son

86

�muchos más los grupos familiares que se asocian y tratan de surgir de manera independiente con
sus pequeños negocios y es a estos grupos a los que el GAD de Manabí apoya, mismos que luego
pasan a formar parte del IEPS (Catastro de organizaciones del sector no financiero, 2016).
Tabla 3. Manabí: Instituciones Públicas de Manabí y el estado que apoyan las
microempresas.
INSTITUCION

PROVINCIA

CONSEJOS PROVINCIALES

1

MUNICIPIOS CANTONALES

22

JUNTAS PARROQUIALES RURALES

53

JUNTAS PARROQUIALES URBANAS

35

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR
Y SOLIDARIA
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SENPLADES
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD –
MCPEC
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
- MIPRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
ACUACULTURA Y PESCA - MAGAP
MINISTERIO DE TURISMO – MINTUR

1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

1

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
- MIPRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
ACUACULTURA Y PESCA - MAGAP
MINISTERIO DE TURISMO – MINTUR

1

TOTAL
Fuente: AME, CONCOPE, CONAJUPARE

1
1
1
1
1

1

1
1
123

El Ministerio de Industria y Productividad (2016), informa que la promoción al desarrollo de los
espacios poco considerados, requiere que se garanticen los derechos establecidos en la
Constitución, para tratar de integrar servicios y productos, con doble perspectiva: una visión
general y un alto nivel de solidaridad. Esto se logra promoviendo a través de las diferentes

87

�herramientas comunicacionales, las actividades productivas y las cadenas de valor pero, sobre
todo, dando paso al impulso a la investigación, la ciencia y la tecnología, aplicadas a las
necesidades específicas de cada provincia.
El Consejo de la Producción es un organismo del que forman parte las instituciones del
Gobierno Nacional que tienen relación con la producción y beneficios de los pequeños y
medianos productores. Este apoyo que se describe a continuación es acompañado por diferentes
estrategias comunicacionales para motivar la efectividad de emprendimientos (Consejo de la
Producción, 2010):
 La organización de los productores y la asociatividad, que se promueve mediante la
asistencia técnica, el mejoramiento competitivo de calidad y productividad, los planes
para lograr que los productores se especialicen, la cooperación institucional, entre otros.
 El financiamiento, dinero que se utiliza para mejorar y expandir la producción,
desarrollar nuevos cultivos y mejorar la capacidad de producción.
 Aseguramiento y reaseguramiento de cosechas para protegerse de los riesgos propios de
la actividad agrícola, del clima o de desastres naturales.
 Crear tecnología y compartir esos conocimientos para el desarrollo productivo en
función de la realidad local, del equilibrio ambiental, del clima e, inclusive, de la cultura
para la producción.
 Fomentar la formación de los pequeños y medianos productores y sus organizaciones
para que puedan desarrollar con eficiencia todas las actividades de producción y
administración de la unidad productiva.
 Programas de apoyo a redes y sistemas de comercialización campesina, siempre
pensando en el comercio justo y solidario.
Así, según el Centro de Apoyo Tecnológico (2011), las asociaciones o micro empresas diseñadas
con esquemas de inclusión tecnológica, terminan convirtiéndose en generadoras de empleos en
los sectores donde las fuentes de trabajo no son representativas.
De acuerdo a información del Ministerio de Industria y Productividad (2016), para que las
asociaciones y cooperativas ganen más mercado deben crear estrategias de marketing que son
herramientas eficaces en la comercialización y promoción de los productos y servicios que
venden los miembros de las microempresas.

88

�El uso de las herramientas comunicacionales según Castells (2002) se ha convertido en una
necesidad, porque se ha podido percibir la carencia de conocimiento en el momento de vender
o informar a la cartera de clientes que buscan nuevas opciones prácticas que son proporcionadas
a través de la comunicación digital en el contexto de la globalización en el cual se pregona la
igualdad de los derechos. Ante esta ola de posibilidades tecnológicas y la presencia de la
competencia, los microempresarios deben actuar rápido o terminarán por desaparecer sus
negocios, tal como lo muestra el siguiente gráfico:
Gráfico

2.

Manabí:

Catastro

de

organizaciones

del

sector

no

financiero.

Fuente: Dirección nacional de información técnica y estadística, 2016.
En Manabí son muchas las microempresas que están en proceso de liquidación entre otros
aspectos, como resultado del anonimato y la resistencia a entrar en contacto con la tecnología y
medios comunicacionales. Ante la invisibilidad de los productos y servicios que ofrecen las
asociaciones y cooperativas ¿Son necesarias las herramientas comunicacionales para dar a
conocer, ofertar y extender su mercado?
METODOLOGÍA
Para adentrarnos en el entorno de las microempresas manabitas se recurrió a la metodología
basada en la observación participante. Según DeWalt, B. y DeWalt, K. (1998), la observación
participante es el desarrollo que facilita a los estudiosos a ilustrarse de las acciones de los grupos
humanos en observación en el contexto nativo, mediante la indagación y actuación de acciones.
Este estudio se centra en siete asociaciones de la Economía Popular y Solidaria con las que se
ha compartido conocimientos durante seis meses aproximadamente. Después de detectar las
necesidades en diferentes visitas iniciales -dos o tres, de acuerdo a lo que ofertan y a la
disponibilidad de los socios- se procede al levantamiento de información. Posteriormente se han

89

�realizado dos visitas por mes para observar el proceso de cambio y mejora en caso del uso de las
diferentes herramientas comunicacionales y lo contrario en las microempresas que no consideran
la tecnología como aliado para darse a conocer y vender. La observación participante es usada
para responder y disipar dudas en la investigación, para comprobar o generar teorías o probar
hipótesis (DeWALT &amp; DeWALT 2002).
A continuación las microempresas con las que se está trabajando:
a) Asociación “Tropitagua”, se encuentra en el sitio Sosote, cantón Rocafuerte, provincia de Manabí.
Está integrada por 37 socios con talleres y tiendas, donde el marfil vegetal o tagua lo convierten en
variadas piezas de artesanías - adornos para casa, oficinas, bisuterías, llaveros, entre otros. Esta
microempresa cuenta con una página web www.tropitagua.com y se encuentra en las redes sociales
como Facebook. Tienen clientes no solo locales y provinciales, sino también nacionales y extranjeros
y la posibilidad de exportar a Italia y España sus productos (Informativo Instituto de Economía
Popular y Solidaria de Manabí, 2015).

Gráfico 3. Sosote-Manabí: Visita de campo a los talleres y tiendas que integran la Asociación
Tropitagua.
Fuente: Elaboración propia.
b) Asociación “Elicia Zambrano” se encuentra en el cantón Santa Ana, está conformada por
diez Señoras de la tercera edad que se dedican al tejido y elaboración del sombrero de paja
toquilla; con ayuda de familiares y miembros del Instituto de Economía popular y solidaria, han
entrado al mundo de la comunicación y están teniendo presentaciones en ferias locales,
provinciales y regionales, además de ventas fuera de la provincia (Informativo Instituto de
Economía Popular y Solidaria de Manabí, 2015).

Gráfico 6. Santa Ana-Manabí: Visita de campo a los talleres de la Asociación Elicia Zambrano.
Fuente: Leiberg Santos

90

�Gráfico 4. Santa Ana-Manabí: Visita de campo a la asociación Elicia Zambrano en Santa Ana.
Fuente: Leiberg Santos.
c) Cooperativa de Transporte Manabí (CTM), era parte de las cooperativas populares que
trabajaban entre Manta y Portoviejo en las terminales terrestres de estas dos ciudades; sin
embargo dada la utilización de medios comunicacionales como radio, televisión, redes sociales;
ha logrado incrementar clientela, mejorando así su servicio que ahora es ejecutivo, con televisión,
climatizador y wifi; tienen su propia terminal y se están extendiendo hacia otros cantones como
Santa Ana (folleto informativo CTM, 2016).

Gráfico 5. Manabí: Cooperativa de transporte ejecutiva CTM
Fuente: Facebook
d) Asociación de pequeños trabajadores agropecuarios “Cuatro de junio”, se encuentra en el sitio
La Laguna de la parroquia Rocafuerte del cantón del mismo nombre. Es una pequeña
microempresa dedicada a la producción agrícola y ganadera de la localidad. Están
incorporándose al mundo comunicacional con ayuda de estudiantes universitarios que hacen sus
prácticas de vinculación con la sociedad, ya han participado en varias ferias locales y regionales
dándose a conocer y como resultado el logro de ventas.
e) Asociación de producción textil modas y diseño "Asopromodis", se encuentra en la parroquia
Los Esteros del cantón Manta. Esta microempresa se dedica a confeccionar ropa de damas,
caballeros y niños. Conocen poco de herramientas comunicacionales, pero están siendo
asesoradas y su nombre e imagen que estaba en el anonimato está dándose a conocer con

91

�resultados favorables. Son muchos los pedidos que tienen, lo que ha hecho que se integren
nuevas socias. Por ahora se las encuentra en redes sociales y publicidad radial.
f) Asociación de producción pesquera de armadores y pescadores artesanales y afines “10 de
junio”, se encuentra en la parroquia San Vicente del cantón del mismo nombre. Esta asociación
ha fusionado a los armadores de las pequeñas embarcaciones y a los pescadores, quienes están
apostando a las herramientas comunicacionales en las que se están involucrando, el éxito del
servicio y los productos que ofrecen. También en asesoría de estudiantes universitarios que
hacen servicio comunitario en la localidad.
g) También es parte del estudio la Asociación “Fortaleza femenina” que se encuentra en la
parroquia Leónidas Proaño del cantón Montecristi. Esta Asociación está integrada por diez y
ocho damas que se dedican a preparar alimentos para albergues e instituciones educativas del
estado. La microempresa no está inmersa en las herramientas comunicacionales; es conocida
solo por las tres instituciones a quienes brindan el servicio y no tienen una visión clara de lo que
desean en el futuro; incluso su organización interna es deficiente (Informativo Instituto de
Economía Popular y Solidaria de Manabí, 2015).

Gráfico 6. Montecristi-Manabí: visita de campo a la asociación fortaleza femenina en Leónidas
Proaño – Montecristi.
Fuente: Elaboración propia.
La información de las observaciones realizadas se registra a través de notas de campo que
contienen la cercanía paulatina del investigador con la cotidianidad de los grupos estudiados, y
la información que gradualmente va conociendo (Wright Mills, 1990, p. 36), además de
fotografías y grabaciones de audio y video.
Se realizaron entrevistas enfocadas a los Presidentes de las microempresas y la directiva,
participaron entre seis y ocho miembros. La técnica de grupos focales dirige la investigación a

92

�ser participativa y obtener información cualitativa; siendo una conversación espontanea hay
probabilidad de obtener información más detallada (Valles, 2000).

RESULTADOS:
De manera general, en las observaciones realizadas, todas las cooperativas y asociaciones
necesitan de las herramientas comunicacionales para dar a conocer, ofertar y extender su
mercado.
En las visitas se evidenció que todas las microempresas tienen necesidades comunicacionales,
unas más urgentes que otras y que han ido mejorando poco a poco con la aceptación de estas
herramientas. Entre las debilidades encontradas están:
a)

Poca y ninguna comunicación mediante redes sociales, lo que hace urgente el
requerimiento de mantenerse comunicados, con bajos costos. De acuerdo a Peborch
(2010), las redes sociales desempeñan tres objetivos: Desarrollan la productividad,
expanden conexiones entre las áreas y alivianan el rango y promocionan la autoorganización y son espacios transformadores que ayudan a optimizar el movimiento
productivo, puesto que ofrece al microempresario adelantarse a la competencia,
permitiéndole realizar marketing colaborativo, además de sondear las posibles
necesidades de la clientela, detectar el perfil y formar una interacción con el
consumidor para crear la marca.
La difusión mediante redes sociales ayuda a conocer los beneficios de productos y
servicios que ofrecen al mercado local, nacional e internacional. Correa Navas (2011),
comenta que las microempresas están iniciando una interacción en las redes sociales,
para mejorar el proceso de marketing y organizar una colectividad de consumidores,
a través de fan page, otras herramientas de la web 2.0 y la publicidad en internet y
redes sociales, donde la interacción con los diferentes públicos y la exhibición les
ayuda a conservar relaciones por más tiempo.

b)

Necesidad de diseñar un plan de publicidad tradicional. A pesar de que hay quienes
critican esta estrategia y la suponen arcaica frente a la online, todavía son muchos los
que piensan que es efectiva y rentable. En sus inicios es lo que usan algunas
asociaciones y otras que se resisten a entrar en contacto con tecnología y medios

93

�comunicacionales es lo que se les aconseja para salir del anonimato. Entre las
publicidades tradicionales que han usado y se les aconseja a las que se resisten están:
- Anuncios para los medios de masas: televisión, la radio, la prensa (diarios) y las
revistas.
-Carteles en los espacios públicos: vallas, en paredes de edificios, en paradas de
autobús y otros transportes, en esquinas con semáforos, pudiendo ser estáticos o
animados.
-Folletos, trípticos que se dejan en las puertas de las casas o se entregan en la calle.
-Asistencia a ferias, con ubicación en stand y que no solo sirve para obtener nuevos
clientes, sino también hacer contactos con otros microempresarios.
c)

Desarrollo de marca como Asociación, debido a que solo algunos asociados cuentan
con ello y se requiere fortalecerse como institución, para en el futuro exportar. La
marca es una ventaja para la competencia, es la visión, la fuerza propulsora con la
que se puede diferenciar a la microempresa de otra y hoy la única manera de destacar
en el mercado es a través de la marca (Aaker, 2000).

d)

Desarrollo de empaques y envolturas; estos diseños se necesitan para exhibir en
forma adecuada los productos y poder trasladarlos de un lugar a otro sin riesgos de
romperse con la manipulación; a esto se le agrega la connotación simbólica del
producto, lo que fortalece la imagen (Mason. 2000).

e)

Desarrollo organizativo, ya que algunas no cuentan con una organización
institucional, razón por la que no poseen misión, visión y objetivos de los asociados.
Es necesario para el desarrollo de una empresa o microempresa tener claro lo que
desea a corto y largo plazo, las relaciones humanas deben ser optimas, manejar
estabilidad y orden, procesos de cambio e innovación, mecanismos de coordinación
y control, promoción de autonomía y creatividad (Dávila, 2000).

f)

Capacitación en temas de liderazgo, autoestima, marketing, publicidad, relaciones
públicas, trabajo en equipo y servicios de calidad. Las empresas están manejadas por
personas que ofrecen servicios o productos a otras personas, razón por la que quienes
integran las organizaciones deben capacitarse para promover el crecimiento personal,
incrementar la productividad, calidad y excelencia en el desempeño laboral (Aguilar,
2004).

94

�g)

Desarrollo de nuevos mercados para ampliar la oferta de servicios de sus productos.
Crear, expandir y formar tejidos o redes de contactos con otros empresarios y de
otras regiones, constituye, uno de los objetivos de las organizaciones (Dabat, 2000).

h)

Diseño y estudio técnico de instalaciones. Se requiere una mejor disposición de las
instalaciones dado que algunas microempresas elaboran productos alimenticios. Este
estudio admite la proposición e investigación de las opciones tecnológicas, de
infraestructura, equipos, maquinarias, materia prima e instalaciones necesarias en la
elaboración de productos y servicios; además de costo de inversión. (Bernal, 2007).

CONCLUSIONES
Después de las observaciones realizadas en las visitas a las diferentes asociaciones de la
Economía Popular y Solidaria de Manabí, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
1.- El proceso de desarrollo de la economía popular y solidaria está estrechamente vinculado al
fomento de emprendimientos como vía para alcanzar el Sumak Kawsay (Buen vivir), es por esto
que requiere de la ayuda de un sinnúmero de herramientas que den a conocer a públicos externos
a su comunidad, productos y servicios.
2.- Las herramientas comunicacionales, facilitan el momento y el lugar que el usuario desee para
acceder a la información y realizar una compra o consultar datos sobre los productos o servicios
que ofrecen las Asociaciones y Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria.
3.- Cada día gana mayor aceptación la comercialización de productos dentro de las redes sociales,
motivo por la que los microempresarios deben estar involucrados con el uso de las herramientas
comunicacionales como un método efectivo para dar a conocer sus productos y servicios,
generando la expansión de las mismas.
4.- Las herramientas comunicacionales brindan a los emprendedores la posibilidad de fortalecer
los vínculos con sus clientes y crear relaciones con potenciales compradores, mediante
herramientas de bajo costo o de manera gratuita, para que luego puedan competir con las
medianas y grandes empresas que poseen mayor número de recursos y que invierten día a día en
publicidad u otras estrategias de promoción para capturar la atención del mercado.
5.- La calidad de las artesanías de tagua en Sosote o el servicio que brinda la cooperativa de
transporte CTM o la supremacía de los productos agrícolas y ganaderos que la provincia ofrece,

95

�son conocidas y han incrementado sus ventas y logrado las familias un mejor nivel de vida con
el uso de diferentes herramientas comunicacionales (Ministerio de Industria y Productividad,
2016).
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REFERENCIAS DE GRÁFICOS:
Gráfico 1. Manabí: GAD MANABÍ (2016).
Gráfico 2. Manabí: Catastro de organizaciones del sector no financiero (2016).
Gráfico 3. Sosote-Manabí: Visita de campo a los talleres y tiendas que integran la
Asociación Tropitagua.
Gráfico 4. Santa Ana-Manabí: Visita de campo a la asociación Elicia Zambrano en
Santa Ana.
Gráfico 5. Manabí: Cooperativa de transporte ejecutiva CTM (2016).
Gráfico 6. Montecristi-Manabí: visita de campo a la asociación fortaleza femenina en
Leónidas Proaño – Montecristi.
REFERENCIAS DE TABLAS:
Tabla 1. Ecuador: Objetivos de la economía popular y solidaria (2014);
Superintendencia de Economía Popular y Solidaría.
Tabla 2. Ecuador: Principios de la economía popular y solidaria (2014);
Superintendencia de Economía Popular y Solidaría.
Tabla 3. Manabí: Instituciones Públicas de Manabí (2015) Ministerio de Industria y
Productividad.

98

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 4. enero-junio 2016, pp. 99-136
ISSN: 2395-8448

Problemas de comunicación que afectan la adaptación de personas de
origen indígena que emigran a Nuevo León

Communication problems affecting indigenous adaptation who migrate to
the city
Los autores son docentes e investigadores de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Julieta Flores Michel
julieta.floresmc@uanl.edu.mx
Sergio G. Torres Flores
sergiotorres63@hotmail.com
Roberto Silva Corpus
robertosilvac61@gmail.com
Fecha de envío: 31 de febrero 2016
Fecha de aceptación: 4 de mayo 2016

Resumen
Las personas que emigran para buscar nuevas oportunidades en otras regiones enfrentan
diferentes problemas de adaptación al nuevo medio; ya sea que migren al extranjero o a otras
ciudades de su país de origen, desde la perspectiva de la Comunicación, se observan diferentes
obstáculos que dificultan dicho proceso. Cuando los emigrantes son de origen indígena estos
problemas pueden derivar además en discriminación. Bajo este contexto se planteó la pregunta:
¿Cuáles son los problemas que dificultan la adaptación de personas indígenas que emigran al
estado de Nuevo León? Se trabajó con una metodología cualitativa con la técnica de entrevista
de profundidad con siete familias de origen indígena radicadas en Ciudad Juárez en el estado de
Nuevo León. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia durante octubre de 2015.
Como resultados sobresalientes se encontró que en el caso los sujetos de estudio, diversas

99

�familias viven en una misma colonia dentro del municipio de Juárez lo que disminuye el
problema de pérdida de sus costumbres ya que conviven cercanamente. Señalan que uno de los
principales problemas es el idioma cuando son emigrantes de primera generación, no cuando ya
tienen familia que los ayuda a adaptarse a las nuevas costumbres y a aprender el castellano.
Aspiran a incrementar sus estudios para buscar nuevas oportunidades y consideran que no son
discriminados. Los resultados pretenden servir como base para generar estrategias que
minimicen los problemas derivados del choque cultural de este grupo de emigrantes. En este
proyecto participaron estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UANL.
Palabras clave: comunicación, adaptación social, indio sudamericano, discriminación, medio
urbano
Summary
The persons who migrate to look for new opportunities in other regions face different problems
of adjustment to the new way. Already be that they migrate abroad or to other cities of his native
land, from the perspective of the Communication are observed different obstacles that impede
the above mentioned process. When emigrants are of indigenous origin of these problems can
lead to discrimination. In this context the question was raised: What are the challenges to the
adaptation of indigenous people migrating to the state of Nuevo Leon? We worked with a
qualitative methodology with depth interview technique with seven families of indigenous origin
rooted in Ciudad Juarez in the state of Nuevo Leon. a non-probability sampling was applied for
convenience during October 2015. The results are intended to serve as a basis to generate
strategies that minimize the problems arising from cultural shock of this group of emigrants.
Within the categories of analysis are the language, the use of communication technologies and
discrimination. In this project students participated degree in Communication Sciences of the
UANL.
Keywords: communication, social adaptation, South American Indian, discrimination, urban
environment

100

�Problemas de comunicación que afectan la adaptación de personas de origen indígena
que emigran a Nuevo León
La investigación es una actividad que, en el contexto académico universitario en general,
se promueve y desarrolla más en el nivel de posgrado que en el de licenciatura; situación que
suele presentarse entre otros factores, debido a que las tesis no son ya requisito de titulación.
Por lo anterior, los autores de este artículo, con el fin de promover la formación de
investigadores(as) en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad autónoma
de Nuevo León (UANL), han vinculado la teoría del método científico a la par de su
implementación en investigaciones transeccionales bajo la asesoría y dirección en este caso, de
investigadores del Cuerpo Académico Estudios de Cultura, comunicación y Tecnologías de la
Información (CA-UANL-239 Consolidado). Bajo este contexto es que se desarrolla la
investigación presentada en el presente artículo.
El problema de estudio fue seleccionado debido a que la ciudad de Monterrey, capital
del Estado de Nuevo León, México es un foco de interés para personas de origen indígena
provenientes principalmente de los estados de San Luis Potosí (tenek, nahuas), Querétaro
(otomíes), Oaxaca (mixtecos, triquis), Veracruz (nahuas), entre otros. Si bien, es común que los
emigrantes sufran por discriminación cuando sin recursos materiales o una educación básica
dejan sus comunidades en búsqueda de nuevas oportunidades en la ciudad, este problema se
convierte en una doble discriminación al ser además de emigrante, indígena. Aunado a esta
situación el emigrante indígena tiene que pasar por un problema de adaptación al nuevo entorno,
que de no superarlo, difícilmente saldrá del círculo de emigrante – indígena = doble
discriminación.
La realización de esta investigación surge a partir de la preocupación por identificar los
problemas de comunicación que dificultan la adaptación de personas de origen indígena y
generalmente de contextos rurales, al emigrar a una ciudad capital con gran actividad comercial,
industrial y cultural como lo es la ciudad de Monterrey y otras ciudades del área metropolitana
en el Estado de Nuevo León en México.
En este artículo se presentan las preguntas, los objetivos y supuestos de investigación
para este problema, además se definen conceptos teóricos básicos y antecedentes del problema
planteado; de igual forma se describe la metodología y los principales resultados que llevan a
establecer las conclusiones y recomendaciones finales.

101

�Justificación y definición del problema
Los hombres primitivos fueron nómadas, obligados siempre a cruzar tierras que
ofrecieran sustento y abrigo; al menguar los recursos de la naturaleza o enfrentar climas adversos
estas antiguas familias se desplazaban nuevamente hacia otras tierras en búsqueda de nuevas
oportunidades para la manutención de su grupo familiar. Conforme fue avanzado el
conocimiento del ser humano para dominar a la naturaleza, fue creando herramientas que le
permitieron entre otras cosas dominar el fuego, el arte del cultivo de la tierra, la elaboración de
vestido y construcción de vivienda; hasta llegar a la Revolución Industrial con la producción en
masa de productos de consumo. El ser humano al controlar su entorno, pasó del nomadismo al
sedentarismo.
En la actualidad el desarrollo de la ciencia y la tecnología han facilitado aún más el
dominio del hombre sobre su entorno. Se eliminan por ejemplo, las barreras del tiempo y el
espacio gracias a los modernos medios de telecomunicaciones y por ende, se espera una mejor
calidad de vida para el hombre contemporáneo. No obstante, estos recursos tecnológicos y
científicos requieren de infraestructura e inversión monetaria; recursos que no siempre están al
alcance de toda la población. Lo anterior sin mencionar que los avances señalados traen consigo
un cambio de paradigmas que no siempre son fáciles de asimilar para toda la población, ya sea
por sus características generacionales o socioculturales, como el caso de los grupos de indígenas
que emigran a las ciudades.
Nuevo León, uno de los estados más importantes de México por su desarrollo comercial,
industrial y cultural contrasta con otros estados del país que tienen entidades municipales que se
encuentran en situaciones de extrema pobreza como Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca,
Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Durango (Vértigo, 2013). Si bien, Nuevo
León no escapa a la presencia de cinturones de pobreza en el área metropolitana y algunas zonas
rurales alejadas de la ciudad; resulta un estado considerado como un área de oportunidad por
contar con una importante zona industrial donde destacan las armadoras de carros, el comercio
y la construcción.

La migración es un problema mundial actual y grave, lo que resulta una

paradoja si tomamos en cuenta que el ser humano pasó hace miles de años del nomadismo al
sedentarismo como se comentó en un principio. Ya sea por motivos de guerras, terrorismo,
desastres naturales o problemas económicos; resulta imposible para muchas familias permanecer
y subsistir en sus lugares de origen.

102

�Adaptarse a nuevos contextos es difícil, pero a veces es vital, sobre todo si en el nuevo
territorio se avizoran mejores oportunidades de trabajo.
Es así como personas de origen indígena, ya sea jóvenes en forma individual o grupos
de familias, buscan el sueño de alcanzar una vida mejor en el estado de Nuevo León, sin que, en
muchas ocasiones, están familiarizados con el idioma castellano o con las costumbres y
tradiciones locales que, en muchas ocasiones, contrastan de gran manera con la cultura y modo
de vida de sus lugares de origen. Los cambios drásticos en hábitos y conductas pueden provocar
un desajuste y dificultad para su adaptación a la ciudad de destino. Por el contrario, el conservar
sus costumbres y cultura (idioma, vestido, tradiciones) puede de igual forma, ser motivo de
discriminación por parte de la sociedad que los recibe siendo esto un inconveniente de
adaptación para los emigrantes e incluso para los ciudadanos establecidos ya en el estado.
Además de lidiar con el idioma, las costumbres y tradiciones, cabe mencionar que el
encuentro con el uso de todo tipo de tecnología también suele ser un factor determinante para
que los emigrantes logren adaptarse, ya que el uso de las nuevas tecnologías también es una
barrera de comunicación por ser requisito para acceder a algunos trabajos.
Por lo anterior, la temática de esta investigación se centra en analizar el proceso de
adaptación de los emigrantes en una nueva cultura a través de la comunicación, el cual abarca
identificar los problemas de comunicación intercultural por los que atraviesan los emigrantes
indígenas, su adaptación con respecto al idioma, costumbres y el uso de tecnología, así como su
interés por superarse y a su nuevo contexto. En este sentido, el objetivo de esta investigación es
analizar la migración de indígenas con relación al problema social de su adaptación en el estado
de Nuevo León.
México es un país que posee una gran riqueza cultural que se manifiesta en la historia de
sus pueblos y en la variedad de lenguas y costumbres que caracterizan nuestra identidad nacional.
México, por ejemplo, se ubica en el lugar 61 de 187 en la medición anual del Índice de Desarrollo
Humano (Aristegui Noticias, 2013).
Los Pueblos Indígenas cuentan con 40,137 mil personas, de las cuales la población en
el Estado de Nuevo León representa apenas el 1% de la población de origen indígena. Los
Pueblos Indígenas son muy diversos y en este estado existen personas que hablan náhuatl,
huasteco, otomí y algunas lenguas zapotecas (Cuéntame 2010).
Cabe destacar que en el municipio de Juárez, en el estado de Nuevo León es donde se
encuentra la mayor concentración de personas de origen indígena. Debido a lo anterior, esta

103

�investigación se enfoca en familias que viven en dicho municipio para descubrir quiénes son los
más afectados y por qué al tratar de integrarse a una nueva sociedad.
Con base en lo anterior se plantean los siguientes objetivos, preguntas y supuestos de
investigación.
Objetivo general
Identificar los problemas de comunicación que afectan en el proceso de adaptación de
personas de origen indígena al radicar en la ciudad de Juárez, Nuevo León.
Objetivos particulares
a. Identificar los problemas de comunicación que inciden en el proceso de adaptación
de personas de origen indígena que radican en el municipio de Juárez, N.L.
b. Identificar de qué manera utilizan las TIC las personas de origen indígena que radican
el municipio de Juárez, N.L.
c. Mostrar cuales son las opciones de educación que las personas de origen indígena
consideran más importantes para su formación y progreso en la ciudad.
d. Identificar cuáles son los elementos que inciden en el proceso de adaptación de
personas de origen indígena que radican en la ciudad de Juárez, Nuevo León.
En la figura 1 correspondiente al planteamiento del problema se presentan la pregunta
de investigación general y las específicas, mismas que corresponden a cada uno de los
objetivos anteriores.
INSERTAR AQUÍ FIGURA 1. Planteamiento del problema

Supuestos de investigación
a. Los elementos que inciden en el proceso de adaptación de personas de origen
indígena que radican en la ciudad de Juárez Nuevo León son el idioma, el nivel
socioeconómico, nivel educativo y el manejo de las Tecnologías de Comunicación e
Información (TIC).
b. La discriminación afecta los procesos de adaptación de personas de origen indígena
que radican en Nuevo León.
c. Las TIC se utilizan más con fines de tener una comunicación personal que como
herramienta de trabajo.

104

�d. Las aspiraciones de las personas de origen indígena a la educación, es cursar el nivel
básico.
Delimitaciones y limitaciones
La presente investigación se realizó con la participación de estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la UANL con la asesoría de la Doctora Julieta Flores Michel y
los investigadores Torres y Silva. Se llevaron a cabo entrevistas integradas por 30 preguntas guía,
las cuales se aplicaron a siete familias de origen indígena que llevan tiempo radicando en el estado
de Nuevo León. Las familias se ubican en una comunidad en el municipio de Juárez, Nuevo
León. Las entrevistas fueron aplicadas en el mes de septiembre de 2015. Como limitante se
considera que se hizo solo una visita por familia, si bien se aplicó toda la guía de preguntas, en
posteriores visitas se podría haber obtenido información más detallada.
Conceptos básicos y estado del arte
Investigaciones a cargo de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en
coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2000 y 2006),
señalan que en México el 99% de los municipios cuenta con presencia indígena; cifras que se
refuerzan con estudios realizados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), lo
anterior, contrario a la creencia popular, indica que el tema indígena no es exclusivamente un
fenómeno rural (Fernández Ham, P. y otros 2006).
No obstante, en muchas ocasiones la presencia citadina de estos grupos, como se observa
en el área metropolitana de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, es por motivos de
migración ya que el estado no cuenta con grupos indígenas de origen. En el norte, centro y el
oeste de México habitan grupos como los Tarahumaras, Huicholes, Mazahuas, Otomiés,
Purépechas, Mexicas, Nahuas y los Yaquis. Mientras que en el sur y sureste del país los
Tlapanecos, Mixtecos, Mixes, Triquis, Zapotecos y los Yucatecos, entre otros.
Como se señaló anteriormente, estas migraciones pueden afectar a los grupos de
indígenas con problemas como: “La pérdida de identidad y la aspiración de pertenencia a la urbe
que lo rechaza, se convierten en fenómenos de marginación, discriminación y exclusión al que
se enfrentan día con día” (Mendoza, J. 2010, p. 2).
Cada año aumenta el número de inmigrantes en Nuevo León y principalmente en el
municipio de Monterrey, por lo que se crean asociaciones como Zihuame Mochilla (mujeres con
esperanza) que se dedica específicamente a dar atención y asesoría a las mujeres indígenas. Otros

105

�organismos importantes son por ejemplo: la Federación de Estudiantes Indígenas con la cual cuenta
la UANL y el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas. En el caso de la asociación “Mujeres con
esperanza”, se puede mencionar que:
Se dedica desde hace 10 años a trabajar con mujeres indígenas en el área
metropolitana. Se ubica en un colorido local frente a la Alameda, el centro de
reunión tradicional de la comunidad emigrante. —No es fácil que la gente se acerque
a nosotros, pero después de varios años aquí ha sido más fácil para nosotros
acercarnos a la gente de la Alameda —comenta Patricio (integrante de esta
asociación), quien aclara que no solo se limitan a reforzar en la comunidad indígena
la conciencia de sus derechos y de la identidad que muchas veces han reprimido para
adaptarse a la sociedad, sino que realizan otro trabajo muy importante capacitando
a servidores públicos del Instituto Estatal de Defensoría Pública (Pérez, 2014).
Muchos de los indígenas que llegan a la ciudad con la educación como meta piensan en
regresar algún día a sus poblaciones originarias. Pero la oferta laboral suele retenerlos aquí
haciendo que se establezcan ellos y sus familias. Sin embargo, especialmente en este sector se
mantiene una fuerte relación con sus orígenes.
La UANL cuenta con una Federación de Estudiantes Indígenas. —Aunque no están ahí
todos los que son —comenta Lilia Patricio—, tan solo en mi salón en la Facultad de Derecho
éramos dos—. La otra joven no hablaba su idioma original, por lo que ella misma no se
asumía completamente indígena. También el Área Médica y la Normal Superior cuentan con
notable población indígena. (Pérez, 2014).
De acuerdo a la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) la migración consiste en el movimiento de personas de un lugar a otro. La
migración puede ocurrir dentro del mismo país, o entre países. La migración es distinta del
turismo, ya que la migración se suele usar cuando las personas van a un lugar nuevo para
establecerse o vivir allí a largo plazo, y cuando crean vínculos significativos con el nuevo
lugar. Por otra parte, los emigrantes son personas que se van o huyen de su hogar hacia sitios
nuevos para buscar oportunidades, o un porvenir más seguro y mejor. Por lo tanto, el término
“emigrante” es amplio y puede referirse a solicitantes de asilo, refugiados, personas
desplazadas a nivel interno, trabajadores emigrantes y emigrantes irregulares. Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Red Cross UK 2009).

106

�La migración en este contexto, está presente con mayor fuerza en todo el mundo, en
Europa por los graves problemas de terrorismo y guerras; en América, por problemas del
orden económico principalmente. Sea cual fuera la causa, el emigrante afronta problemas de
adaptación y rechazo en las más de las veces.
La definición de indígena, por otra parte, remite a un concepto muy genérico, la Real
Academia de la Lengua Española (2016), por ejemplo indica que indígena es un vocablo del
latín y lo describe únicamente como “Originario del país de que se trata”. Debido a la
diversidad de pueblos indígenas, en ningún organismo del sistema de las Naciones Unidas se
ha adoptado una definición oficial de “indígena” pero se consideran los siguientes elementos:
a. Libre identificación como miembro de un pueblo indígena a nivel personal y aceptado
por la comunidad como miembro suyo.
b. Continuidad histórica con sociedades pre-coloniales y existentes antes de los
asentamientos.
c. Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes.
d. Sistemas sociales, económicos o políticos bien determinados.
e. Idioma, cultura y creencias diferenciados.
f. Son parte integrante de grupos que no son predominantes en la sociedad.
g. Deciden conservar y reproducir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales. por ser
pueblos y comunidades distintos.
La comunicación, perspectiva desde la cual se analiza el problema de estudio, no se limita
solo a un intercambio de mensajes. Es, sobre todo, una construcción de sentido. Un discurso
puede tener diferentes niveles de lectura a los que solo las personas con un buen
conocimiento de la cultura de origen pueden acceder. Gudyknust (1995).
Metodología
Para esta investigación se seleccionó el método cualitativo con un muestreo no
probabilístico a conveniencia (Explorable 2016), ya que se seleccionó una comunidad que se
localiza en la ciudad de Juárez, Nuevo León, donde radican el mayor número de familias de
origen indígena provenientes de otros estados de la República Mexicana.
El método cualitativo el cual se guía por áreas o temas significativos de investigación.
(Hernández y otros, 2010) puede desarrollar preguntas de investigación antes, durante o después
de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para

107

�descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y
responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es
la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. (Hernández y otros, 2010).
En las investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador y
a los participantes. La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en
relación con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias,
perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben
subjetivamente su realidad (Hernández y otros, 2010).
Muestro no probabilístico
Para la selección de los sujetos de estudio se eligió el muestreo no probabilístico por
conveniencia. Esta es una técnica donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a
todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados (Hernández y
otros, 2010). Se considera una muestra no probabilística cuando no se conoce la probabilidad de
inclusión en la muestra para todos los elementos seleccionados, o cuando parte del universo no
tuvo probabilidad de inclusión (Valencia, 1972). En conclusión, en este tipo de muestreo no
todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad de ser incluido en la muestra.
El investigador utiliza sujetos que están accesibles o representan cierta característica que son
vitales para el investigador. (McMillan &amp; Schumacher, 2001)
Según Cohen, Manion y Morrison (2003), es adecuado utilizar este tipo de muestreo
cuando no se intenta generalizar más allá de la muestra o cuando se está realizando un estudio
piloto. En el muestreo por conveniencia las muestras son seleccionadas porque son accesibles
para el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta
técnica es considerada la más fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva. (Explorable, 2009).
El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos
son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el
investigador.

108

�Las categorías de análisis en esta investigación fueron las diferentes edades de las
personas integradas en las familias, el trato que recibieron en la ciudad por su origen étnico, área
de estudios, género, uso de las TIC, pérdida o conservación de costumbres y tradiciones.
Sujetos de estudio
En esta investigación se realizaron entrevistas a siete grupos determinados de familias de
origen indígena que vivían en una misma colonia en el municipio de Juárez, Nuevo León,
México. Estas familias provienen de diferentes estados de la república mexicana. La recolección
de información se realizó durante la última semana de octubre de 2015. Durante la semana se
visitó a las siete familias para realizar la entrevista, los estudiantes participantes en la investigación
decidieron otorgar un presente como agradecimiento a las familias; no obstante, no se les dio a
conocer esta acción sino hasta que se culminó la entrevista para no sesgar el interés o la
honestidad en las respuestas de los entrevistados. La entrevista se realizó por separado a cada
integrante de la familia, con un entrevistador presente que recabó las respuestas de manera
escrita.
La primera familia consistía de cuatro integrantes: la madre de 33 años, el padre de 36
años, un hijo de 19 años y una hija de 17 años. Se les entrevistó el día lunes 26 de octubre en su
casa. La segunda familia se conforma por cinco integrantes: el padre de 46 años, la madre de 41
años, dos hijos varones de 25 y 23 años y una hija menos de 17 años. Se les entrevistó el día
martes 27 de octubre en su casa. La tercera familia está conformada por una pareja: el esposo de
27 años y la esposa de 25 años, se les entrevisto el día miércoles 28 de octubre en su casa. El día
jueves 29 de octubre se entrevistó a la cuarta familia que consistía de tres integrantes: el padre
de 45 años, la madre de 35 años y el hijo de 16 años. La quinta familia se entrevistó el día viernes
30 de octubre y estaba conformada por la madre de 42 años, el padre de 50 años y dos hijos
varones de 23 y 18 años de edad. El día sábado 31 de octubre se le entrevistó a la sexta familia
que estaba conformada por el padre de 47 años, la madre de 40 años y dos hijos varones de 22
y 17 años. Y por último el día 1 de noviembre se entrevistó a la séptima familia en su domicilio.
La familia está integrada por el padre de 63 años, la madre de 59 años, y tres hijos varones de 29,
27 y 20 años.
Técnicas e instrumentos
Se aplicó la técnica de entrevista con base en una guía de 30 preguntas. Se les aplicó por
separado a cada integrante, estuvo presente un entrevistador quien mencionaba las instrucciones
y el por qué de la entrevista y se iban anotando las respuestas del entrevistado. Al obtener todas

109

�las entrevistas se capturaron los datos y se analizaron las respuestas para concluir si los supuestos
serían o no aprobados.
Resultados
En total se entrevistaron a 27 personas, de las cuales 17 eran hombres y 10 mujeres. La
edad mínima de los sujetos de estudio fue de 16 años y 52 la máxima como se observa en la
figura 2.
INSERTAR AQUÍ FIGURA 2. Distribución de sujetos de estudio por género y
rango de edades

Con relación a las actividades que realizan los sujetos de estudio se encontró que más de
a mitad tienen un trabajo remunerado y sólo un 15% se dedica al estudio, lo que es poco
significativo tomando en cuenta que el 38% de la población son jóvenes en edad de estudiar (ver
figura 3).
INSERTAR AQUÍ FIGURA 3. Actividades a las que se dedican los sujetos de
estudio

Cabe destacar que la mayoría de los entrevistados que viven en pareja están casados y
ningunos eñaló ser divorciado(a) ni viudo(a) como se observa en la figura 4. La población de
edades similares originaria del estado de Nuevo León, por otra parte, ve con más posibilidades
las opciones de divorcio o unión libre que la del matrimonio.
INSERTAR AQUÍ FIGURA 4. Estado civil de los sujetos de estudio

La mayor parte de las personas de origen indígena provienen de San Luis Potosí, un
estado cercano a Nuevo León; pero también del sur de la República Mexicana, del estado de
Veracruz, por lo que la cercanía geográfica no es un indicador para la movilidad de estos grupos.
INSERTAR AQUÍ FIGURA 5. Lugar de procedencia de los sujetos de estudio

Con relación al idioma o lengua en la que más se comunican destaca el español, seguido
por el náhuatl; no obstante hay cinco lenguas más que tienen un índice poco significativo en
cuanto a su uso (ver figura 6). Cabe destacar que el 63% de las personas entrevistadas al llegar a

110

�la ciudad de Monterrey tenían conocidos o familiares por lo que esto facilitó el aprendizaje del
español; de igual forma, los ayudó a la adaptación de una nueva ciudad evitando así, la
discriminación o un mal trato. El 37%, por otra parte, no tenían a ningún familiar ni conocido
residiendo en la ciudad, lo que dificultó la adaptación de los sujetos de estudio en la ciudad, no
obstante, con el paso de los años lograron adaptarse al cambio.
INSERTAR AQUÍ FIGURA 6. Idioma o lengua en la que más se comunican los
sujetos de estudio

El fenómeno de la migración en los sujetos de estudio, ha tenido más impacto en los
últimos cinco años que hace una década tomando en cuenta el número de sujetos de estudio que
han emigrado de su lugar de origen a Nuevo León.
INSERTAR AQUÍ FIGURA 7. Tiempo que tienen de radicar en Nuevo León los
sujetos de estudio

Entre los resultados se observó como variable importante para buscar residencia en este
estado el hecho de contar con familia o amistades que ya radicaran en Nuevo León, ya que el
63% de los entrevistados señaló conocer a alguien antes de llegar. Esta situación particular ayudó
a los sujetos de estudio a lograr una mejor adaptación evitando así, la discriminación o un mal
trato. El 37% por el contrario, no tenían a ningún familiar ni conocido residiendo en la ciudad y
esto dificultó su adaptación en la ciudad, aunque con el paso de los años lograron adaptarse al
cambio.
Con relación al uso de tecnologías, en la figura 8 se muestra que el 70% de las personas
entrevistadas utiliza el celular como medio de comunicación, mismo que utilizan para conectarse
a redes sociales siendo Facebook y Whatsapp para estar en contacto con familiares y amigos; no
obstante, en sus trabajos no suelen utilizar las TIC (Tecnologías de Comunicación e
Información).
INSERTAR AQUÍ FIGURA 8. Por cuál medio se comunican los sujetos de estudio
Con relación al bienestar que implica el radicar en Nuevo León, el 48% considera que
su vida residiendo en la ciudad de Monterrey es igual que su lugar de origen; el 22% consideran

111

�que es mucho mejor; el 30% que es algo mejor y ninguno respondió que es peor. Justifican su
respuesta diciendo que no todas las personas son iguales y las personas con las que conviven son
buenas.
Por otra parte, con relación al trato que reciben en la ciudad de acogida, el 44% considera
que las personas de la ciudad los tratan bien, el 26% regular, el 19% muy bien y el 11% mal.
Justificando que los tratan mal haciéndoles gestos o simplemente ignorándolos. En total el 89%
justifica que no han recibido un mal trato de los regiomontanos y no han tenido ningún problema
de discriminación.
Finalmente, el 100% de los entrevistados considera como una opción de superación
personal continuar con su educación, destacando el realizar estudios profesionales, como se
observa en la figura 9.
INSERTAR AQUÍ FIGURA 9. Cómo continuarían su educación los sujetos de
estudio si tuvieran la oportunidad
Conforme a estos resultados, los supuestos de investigación se consideran como:
Supuesto
1. El

Aceptado
elemento

Rechazado

que

X

más incide en el
proceso

de

adaptación

de

personas de origen
indígena

que

radican en la ciudad
de Juárez, Nuevo
León es el idioma.
2. La

discriminación

X

afecta los procesos
de adaptación de
personas de origen
indígena

que

112

�radican en Nuevo
León.
3. Las TIC se utilizan
más con fines de X
tener

una

comunicación
personal que como
herramienta

de

trabajo
1. Las aspiraciones

X

de las personas
de

origen

indígena
educación,

a

la
es

cursar el nivel
básico.

Conclusiones
Los problemas de comunicación más frecuentes o significativos son el idioma ya que
algunas de las personas entrevistadas tenían otra lengua diferente al español y no comprendían
algunos términos. Sin embargo, esto no influye en el trato que reciben de los regiomontanos,
puesto que sienten que son tratados con respeto.
Otros de los puntos importantes es que el manejo de las TIC se limita a solo utilizar las
redes sociales en un contexto personal y no en el laboral por medio del teléfono móvil. Además,
las personas de origen indígena que residen en Nuevo León tienen aspiraciones de superación
en el ámbito académico, pero no cuentan con el apoyo económico y prefieren seguir laborando
en sus empleos actuales
Con base en la información obtenida en la investigación se ha descubierto que el
principal conflicto o factor en el proceso de adaptación de los pueblos de origen indígena que
radican en la ciudad es el idioma. Según los resultados, la mayoría de las personas indígenas que

113

�emigran de una ciudad a otra tienen más problemas en el ámbito de la comunicación, ya que
suelen no entender del todos los códigos usados por ciertos sectores de la población, ya sea
desde la jerga juvenil o palabras muy complejas cuyo significado no se encuentra en su lengua
de origen, haciendo que la comunicación con su nuevo entorno sea su principal conflicto.
El nivel educativo es un impedimento simple con un problema específico siendo este
encontrar buenos trabajos, aunque a la mayoría le gustaría seguir sus estudios ven más viable
tener la secundaria y preparatoria terminada para así tener más rápido un empleo. Aunque un
gran número de la población de origen indígena residiendo en Nuevo León tienen terminados
sus estudios en un nivel básico, según los resultados de la investigación, sugieren que la gran
mayoría aspira a tener estudios de carrera técnica o profesional ya que consideran que eso les
daría una mejor remuneración. Sin embargo se ven limitados por la necesidad de conseguir
trabajos de forma rápida, por lo cual optan por los estudios básicos como medio más eficiente,
esto a su vez dificulta la posibilidad de continuar con sus estudios por la falta de tiempo;
paradójicamente, no ven viable la educación en línea.

El manejo de las TIC se ve reducido en la mayoría de la población, siendo su mayor contacto
con las nuevas tecnologías las del uso del celular y con fines personales, no así la Internet para
fines laborales.
Los resultados han demostrado que la gran mayoría de las personas de origen indígena
no se han sentido discriminados o han recibido un mal trato, incluyendo que los residentes de la
ciudad los trata bien y con respeto. Por lo tanto no se considera que la discriminación sea un
problema muy grande para la adaptación de la mayoría de los sujetos de estudio.
Finalmente, es importante señalar que los resultados aquí obtenidos corresponden a
sujetos de estudio que forman parte de una comunidad particular de personas de origen indígena,
ya que viven en una misma colonia. Por este motivo podría observarse que los resultados aquí
encontrados podrían ser diferentes a las de personas de origen indígena geográficamente más
dispersas en Monterrey y su área metropolitana.

Recomendaciones

114

�A partir de la información obtenida, los estudiantes participantes en esta investigación
sugieren las siguientes acciones para facilitar la adaptación de personas de origen indígena en
Nuevo León:
a. Las instituciones que apoyan a las personas de origen indígena, les proporcionen becas
para que continúen con sus estudios.
b. Identificar a las personas de origen indígena dentro de los empleos e impartir
capacitaciones para el mejor manejo de las TIC.
c. Las organizaciones que los apoyan, los impulsen por medio de dinámicas a facilitar su
integración en la sociedad.
d. Se promueva la cultura de los indígenas como parte de la formación a la igualdad y
facilidad para la integración de los grupos indígenas.
e. Los investigadores que deseen retomar la investigación, investiguen cuales fueron los
motivos que decidieron emigrar a otra ciudad.
f. Participar en una de sus costumbres típicas con motivo de hacerlos sentir adaptados a
nuestra ciudad, sin discriminación alguna.
g. Convivir con ellos una semana y experimentar cuales son las dificultades que enfrentar
en su diario vivir.
h. Comparar la vida que tienen aquí con la que llevaban en su pueblo.
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Vértigo político (2013) Los 10 Estados con más pobreza en México. El Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). México. Obtenido de:
http://www.vertigopolitico.com/articulo/19394/Los-10-estados-con-ms-pobrezaen-Mxico

116

�Anexo 1. Estudiantes del curso de Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación que participaron en este proyecto
1578810

Francia Lizbeth Martínez González

1523662

Maximiliano Meza Mendoza

1702619

Katia Millely Pérez Segundo

1547370

Héctor Omar de la Fuente Guerra

1588343

Paola Viridiana Rojas Leal

1586512

Valeria Anahí Pérez Luna

1593696

Kevin Adrián Wilson Silva

1524485

Tania Yoali Mendoza González

1647515

Joel Huitzilihuitl Ávila Maturino

1457823

Armando Abimael Ramírez Molina

1520207

Diana Fabiola Ibarra González

Resumen
Este artículo se erige como una reflexión acerca de la literatura especializada sobre las
Revoluciones de Color. Por una parte, señala los aciertos que se han dado en el tratamiento
académico de esta dinámica propia del espacio Euroasiático entre el año 2000 y 2006. Por otra
parte, se propone ofrecer una opción a los desafíos derivados del estudio de este tema incluyendo
a los movimientos sociales dentro del espectro de análisis. Inicia exponiendo el porqué las
Revoluciones de Color no pueden considerarse como revoluciones en el sentido clásico del
término debido, principalmente, a su componente no violento y al acotado alcance de sus
resultados. Posteriormente, el artículo avanza hacia la construcción de una definición integradora
de Revolución de Color y, finalmente, concluye resaltando la riqueza de incluir otro tipo de
actores colectivos dentro del análisis, tales como los movimientos sociales.

117

�Palabras clave: Revoluciones de Color, literatura especializada, movimientos sociales, aciertos,
desafíos.
Abstract
This article offers a reflection on the specialized literature on the Color Revolutions. On
the one hand, it points out the successes within the academic treatment of the dynamic that
occurred in the Eurasian region between 2000-2006. On the other hand, it offers an option to
the challenges faced when studying this issue by including social
movements within its spectrum of analysis. It begins by describing
the reasons why the Color Revolutions cannot be considered
revolutions in the classic sense of the term given, principally, their non-violent nature and the
restricted nature of their results. Later, the article advances towards the construction of an
integrated definition of a Color Revolution and finally, concludes highlighting the value of
including other types of collective actors within the analysis, including social movements.
Keywords: Color Revolutions, specialized literature, social movements, successes, challenges.

Siglas

Organizaciones No Gubernamentales

ONG

Revoluciones de Color

RC

Unión Europea

UE

118

�Entre el año 2000 y 2006, Eurasia postcomunista 43 fue escenario de masivas protestas
postelectorales, encaminadas a denunciar el fraude y a exigir la anulación de los resultados obtenidos
en los comicios. Estos eventos, denominados Revoluciones de Color (RC a partir de ahora), generaron
una transferencia de poder no prevista en los cauces institucionales en países tales como la antigua
República Federal de Yugoslavia (RFY a partir de ahora), hoy Serbia44; Georgia y Ucrania, mientras
que en Azerbaiyán y Bielorrusia estuvieron seguidos por el afianzamiento de gobiernos de tinte
autoritario45.La denominación de RC se debe justamente a que estos eventos rememoran la manera
pacífica en la que se puso fin al monopolio del poder político del Partido Comunista checoslovaco
mediante la Revolución del Terciopelo de 1989 y asimismo, busca destacar el marco no violento y el
fuerte componente simbólico que caracterizó a estas protestas.
Esta explosión de RC trajo consigo un gran interés académico que busca dar cuenta de dichos
fenómenos desde diversas aproximaciones tales como las precondiciones institucionales y sociales, los
detonantes de las RC y las razones del éxito o el fracaso de las mismas, entre otras. Con relación a los
actores políticos que protagonizaron las RC, la mayoría de los estudiosos han centrado sus
investigaciones en la figura de los líderes políticos, prestando poca atención al rol desempeñado por
otro tipo de actores como los movimientos sociales. Es por tanto que el presente artículo se erige
como un intento por ampliar la escasa referencia hecha a dichos actores políticos colectivos,
vinculándolos a un marco teórico más amplio.
El desmoronamiento de la URSS estuvo seguido por la expansión universal de la democracia,
en la que se promovió una concepción minimalista de la misma. Esto es, un método político entendido
como un concierto institucional para llegar a ciertas decisiones políticas, esencialmente a la designación
de los gobernantes (Schumpeter, 1983). En este sentido, muchos de los estudiosos del tema continúan
asignándole un gran peso a la figura del Estado y al régimen político, especialmente a partir de las
propuestas derivadas de los enfoques neo-institucionales propuestos por autores tales como Linz y
Stepan (1996) y O´Donnell y Schmitter (1986), y las propuestas desarrolladas por internacionalistas
como Carr, Niebuhr, Schwarzenberger, Kennan, Kissinger, Wight, Bull, Aron y Hoffmann , que
desconocen el aporte que actores no estatales han hecho a este proceso (Salomón, 2002).
Sin embargo, la tarea de la promoción democrática no solamente ha estado en manos de los
Estados. En este proceso, y sobre todo a partir de la llamada tercera ola democrática, también han
intervenido diferentes actores dentro de los que se destacan los movimientos sociales, los partidos
En términos geográficos, Eurasia comprende Europa y la mayor parte de Asia, pero no el subcontinente Indio ni el
Chersky Range, área montañosa al noreste de Siberia. La tradición europea ha considerado históricamente a Europa y Asia
como continentes separados a través de una línea divisoria ubicada entre los Dardanelos, el Bósforo, las montañas del
Cáucaso, el rio Ural y los montes Urales, habiéndose normalizado esta propuesta a lo largo del mundo. Estos dos grandes
espacios a su vez se subdividen en regiones tales como Europa Occidental, Europa del Este, Sureste Asiático, Asia Central
y Asia Occidental, con marcadas diferencias culturales, religiosas, históricas y lingüísticas. A menudo, también se emplea
el término Eurasia en la política internacional como una forma neutral para referirse al área comprendida por los Estados
postsoviéticos (Sengupta, 2009).
43

44La

RFY estuvo vigente hasta 2003, fecha en que pasó a denominarse Serbia y Montenegro. Esta última dio lugar a dos
Estados independientes cuando Montenegro declaró su independencia el 3 de junio del 2006. Puesto que el epicentro de
la Revolución Negra se desarrolló en Belgrado, capital de Serbia, y Montenegro no tuvo un rol protagónico durante estos
eventos, a partir de este momento y a lo largo de todo el texto se hará referencia a la Revolución Negra de Serbia.
45La

Revolución de los Tulipanes de Kirguizistán de 2005, al ser un proceso donde se presentaron niveles relativamente
altos de violencia tanto por los manifestantes como por las fuerzas de seguridad del Estado, no encaja completamente en
el modelo ideal de las RC y por ende ha sido excluido tanto del análisis del presente artículo como de gran parte de la
literatura especializada sobre este tema. Cuando se incluye en los trabajos adelantados por expertos (véase Marat, 2006),
se suele destacar que los niveles de violencia del caso kirguizo difieren significativamente del resto de RC.

119

�políticos y las organizaciones internacionales, entre otros (Huntington, 1994). La participación de estos
actores en el fomento de las prácticas democráticas, ha contribuido a la estructuración de una
definición de la democracia más allá de lo procedimental, inscrita en la consecución de principios
como la igualdad en las relaciones sociales y económicas así como en la participación popular
extendida en los procesos de toma de decisiones en todos y cada uno de los niveles de la política
(Collier y Levitsky, 1998).
Ahora bien, la tarea de redefinir lo que significa el fortalecimiento de la democracia debe superar
el carácter residual de los actores de la sociedad civil. Debe ser formulada a partir del elemento de la
oposición política, tal y como fue concebida por Dahl (1996), y no en los términos tradicionales que
aluden al conjunto partidos en controversia con el proceso de formación de la voluntad política y de
la toma de decisiones. La oposición debe entenderse como aquella integrada por diversos actores no
estatales con diversos intereses, responsables en la actualidad de los procesos de cambio social, de la
transformación de las formas tradicionales de participación política y de la transición hacia una nueva
forma de entender la democracia misma como se observa en los párrafos siguientes sobre cada una
de las RC.
En Serbia, las elecciones presidenciales que desataron las manifestaciones tuvieron lugar el 24
de septiembre de 2000. En esta oportunidad, la Comisión Federal Electoral anunció que puesto que
ninguno de los candidatos en contienda había alcanzado más del 50% de los sufragios, debía realizarse
una segunda vuelta, en la que se elegiría al Presidente de entre los dos aspirantes con mayor número
de votos obtenidos: Slobodan Milošević, del Partido Socialista Serbio y, Vojislav Koštunica, candidato
de la coalición de partidos denominada Oposición Democrática de Serbia. Este anunció fue seguido
por las protestas que tuvieron lugar entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre del 2000, y que serían
bautizadas como la Revolución Negra de Serbia46. Este nombre se deriva del color identificativo del
movimiento social Otpor (Resistencia), cuya elección simbolizaba por una parte la radicalización de la
postura de la oposición política y, por otra parte, pretendía ser una parodia de los uniformes usados
por las fuerzas de seguridad del Estado.
En Georgia, el fraude perpetrado en las elecciones parlamentarias del 2 de noviembre del 2003
generó movilizaciones en la capital, Tiflis, y posteriormente a lo largo del territorio nacional. El 22 de
Noviembre, fecha en que se inauguraron las sesiones del Parlamento, Mikhail Saakashvili, Ministro de
Justicia, irrumpió en el recinto portando una rosa, hecho simbólico que junto al uso de esta flor por
parte de los miembros del movimiento social Kmara (Basta), llevaría a bautizar las movilizaciones de
noviembre de 2003 como la Revolución Rosa. De esta manera, Saakashvili quería demostrar que estaba
desarmado y que en nombre de los georgianos pedía pacíficamente la renuncia del Presidente Eduard
Shevardnadze, quien ante la intensificación de las movilizaciones dimitió al día siguiente. Así pues, la
Suprema Corte anuló los resultados de las elecciones parlamentarias y las reprogramó para marzo del
2004, a la vez que convocó nuevas elecciones presidenciales para el 4 de enero del mismo año.
En Ucrania, luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 21 de
noviembre del 2004, la Comisión Electoral declaró la victoria de Víktor Yanukovich, del Partido de
las Regiones, sobre Viktor Yuschenko, candidato de la coalición Nuestra Ucrania. Este
pronunciamiento desató una oleada de protestas que se prolongó hasta el 8 de diciembre, fecha en
46La

Revolución Serbia del 2000 también se conoció inicialmente como la Revolución Buldócer, debido a la repetición por
parte de diferentes medios internacionales de la imagen de un Buldócer estacionado frente al Parlamento durante las
protestas del 5 de octubre del 2000. Esta imagen sería interpretada como un símbolo del deseo de los serbios por terminar
de raíz con el régimen de Milošević, pero posteriormente perdería fuerza frente a la propuesta más difundida e interiorizada
por los serbios de identificar las protestas postelectorales con el nombre de Revolución Negra.

120

�que se acordó realizar la repetición de la segunda vuelta 18 días después. Dichas protestas serían
bautizadas con el nombre de Revolución Naranja, debido a que los manifestantes y los activistas del
movimiento social Pora (Es la hora), inundaron las calles con banderas y atuendos de este color, elegido
por la oposición para simbolizar el despertar democrático, frente al tradicional azul con amarillo
(colores de la bandera ucraniana) utilizado por el partido de gobierno.
En Azerbaiyán, las elecciones parlamentarias del 6 de noviembre del 2005, otorgaron 116 de los
125 escaños disponibles a los partidos simpatizantes del presidente IlhamAliev, cabeza del Partido
Nueva Azerbaiyán, frente a nueve escaños obtenidos por el bloque opositor Azadliq (libertad). De
nuevo, y tomando como referente el caso ucraniano, los activistas del movimiento social YeniFikir
(Nuevo Pensamiento) junto con la oposición, protagonizaron una segunda Revolución Naranja, pero
a diferencia de la vivida en Ucrania, las protestas iniciadas el 9 de noviembre del 2005 fueron disueltas
de manera violenta por las fuerzas de seguridad 17 días después de iniciadas y los resultados electorales
fueron ratificados.
Finalmente, las elecciones presidenciales bielorrusas del 19 de marzo del 2006, en las que el
Presidente-candidato Aleksandr Lukashenka (independiente entre 1992 y 2007) superó por más de 80
puntos porcentuales a Aleksandr Milinkevič, candidato de la coalición opositora. Por la Libertad,
dieron paso a una serie de protestas entre el 20 y el 25 de marzo del 2006, que se denominaron
Revolución Azul. Este nombre se debe a la utilización de chaquetas de bluyín por miembros del
movimiento social Zubr (Bisonte), quienes eligieron este símbolo ampliamente asociado a la cultura
occidental para expresar su simpatía hacia los valores democráticos a los que se oponía Lukashenka.
Al igual que en Azerbaiyán, las protestas en Bielorrusia terminaron siendo dispersadas violentamente
por las fuerzas de seguridad y Lukashenka fue reelegido como Presidente del país.
Como puede vislumbrarse en los párrafos anteriores, los movimientos sociales tuvieron una
presencia constante y significativa dentro de las RC y fueron parte importante de la oposición política
que desafió el statu quo establecido en dichos países. Para efectos del presente artículo, se adopta la
siguiente definición de movimiento social:
Actores colectivos de carácter movilizador (y, por tanto, un espacio de participación) que
persiguen objetivos de cambio a través de acciones (generalmente no convencionales) y que para
ello actúan con cierta continuidad, a través de un alto nivel de integración simbólica y un bajo
nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas de acción y organización
variables. (Ibarra, Martí i Puig y Gomá, 2002, p.29)
Debido a la complejidad de estos procesos y a la multiplicidad de actores intervinientes en los
mismos, un solo enfoque resultaría insuficiente a la hora de abordar las dinámicas revolucionarias
referenciadas. Así pues, y a pesar de la existencia de varias aproximaciones tal y como se mencionó en
párrafos anteriores, la literatura sobre el tema ha priorizado el rol de las élites, tanto gubernamentales
como de oposición, dejando por fuera de las líneas de investigación a otro tipo de actores relevantes.
En breve, se ha indagado con mayor profundidad sobre los actores sujeto del desafío que sobre los
actores retadores. Es por tanto que este artículo propone una aproximación complementaria para el
estudio de las RC, que incluya a los movimientos sociales dentro del espectro de análisis. De esta
manera no se busca competir con las aproximaciones clásicas, sino enriquecerlas y robustecer las
propuestas existentes. Para ello, la primera parte del documento ofrece una reflexión acerca del porqué
las RC no pueden considerarse como revoluciones en el sentido clásico del término, para

121

�posteriormente, brindar una definición propia que no solamente agrupa y resume los principales
elementos señalados por los autores más representativos, sino que responde a las siguientes preguntas:
¿qué son las RC?, ¿dónde ocurrieron?, ¿cuándo sucedieron?, ¿quiénes fueron sus protagonistas?,
¿cuáles fueron sus principales características?, y ¿cuál era su objetivo?.
Subsiguientemente se realiza un breve recorrido por las clasificaciones propuestas acerca de la
literatura sobre las RC, destacando las taxonomías realizadas por autores tales como Tucker (2007),
Silitski (2010) y Polese y Ó Bechaín (2011) y, finalmente, se ofrece una nueva clasificación de dicha
literatura de acuerdo a la formulación de tres interrogantes: ¿cuál fue el detonante de las RC?, ¿por qué
algunas tuvieron éxito mientras otras fracasaron? y; ¿por qué se detuvieron en el 2006? En el
tratamiento de cada una de estas tres preguntas queda de manifiesto la falencia existente a la hora de
dar cuenta del aporte realizado por los movimientos sociales en las RC, especialmente en lo referente
a la unidad de la oposición, la convocatoria de actores sociales y la movilización postelectoral, y por
ende la pertinencia de este artículo concebido como un intento por contribuir a llenar este vacío.
Hacia una Definición de las RC
Desde el estallido de la primera RC, la Revolución Negra de Serbia del 2000, el término RC
comenzó a ser utilizado de manera amplia, primero por los medios de comunicación y posteriormente
dentro de la literatura académica que buscaba dar cuenta de estos eventos.
Resulta evidente que las definiciones de revolución como las propuestas por Tilly (1978) o
Skocpol (1979)47, no capturan la esencia de las RC en una forma adecuada (Tudoroiu, 2007). Siguiendo
con este orden de ideas, aunque las RC conservan ciertos rasgos de las revoluciones clásicas tales como
el papel preponderante que ocupa la ideología, el descrédito público del orden vigente y la subsistencia
de la participación de movimientos de masas, la principal diferencia radica en que no fueron violentas
(Fairbanks, 2007). Sumándose al debate de si estos eventos constituyen ejemplos de revoluciones en
el sentido clásico, Way (2008) sostiene que desde una perspectiva socio-científica estos eventos no
deberían ser considerados como revoluciones sino como cambios de régimen o simples degradaciones
autoritarias. Igualmente, Tucker (2007) asevera que en estos casos la palabra revolución no conlleva
las consecuencias de cambio profundo y de largo plazo ligadas a este tipo de eventos, sino que en los
casos exitosos como el de Serbia en el 2000, Georgia en el 2003 y Ucrania en el 2004, hace referencia
al hecho que las fuerzas de oposición lograron derrocar el régimen vigente, mientras en los casos
fallidos como el de Azerbaiyán en el 2005 y Bielorrusia en el 2006, las protestas postelectorales
estuvieron seguidas por el fortalecimiento de la regla autoritaria.
Dependiendo del enfoque y del mayor o menor peso asignado a determinados factores, la
definición de RC propuesta por cada autor puede hacer énfasis en ciertos elementos y variar de manera
moderada (ver Tabla 1).
47Era

de esperar que las revoluciones socialistas – de acuerdo al Marxismo clásico se suponía que seguirían después y se
aprovecharían de los logros de las revoluciones burguesas-democrática- hubieran ocurrido únicamente en países que
nunca hubieran establecido sistemas políticos democráticos-liberales en primer lugar (Skocpol, 1994). Para Tilly (1978),
una revolución consiste en “una transferencia por la fuerza del poder del Estado, proceso en el cual al menos dos bloques
diferentes tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en el que una fracción importante de la
población sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques”. Por su parte, Skocpol
(1979) hace referencia al término de revolución social, definidas como “rápidas transformaciones básicas del estado de una
sociedad y las estructuras de clase, acompañadas y en parte logradas a través de revueltas populares desde abajo”, y se
acerca al mismo medianteuna perspectiva estructural. Para la autora resulta determinante encontrar regularidades en
situaciones históricas dadas que son las que explican este tipo de revoluciones (De Andrés y Ruíz Ramas, 2009).

122

�No obstante, a pesar de las diferencias existentes, las definiciones propuestas comparten cinco
elementos comunes: 1) las RC no deben entenderse como revoluciones en sentido clásico del término
de acuerdo a lo expuesto anteriormente; 2) el espacio geográfico en el que se desarrollaron se
corresponde con el de Eurasia postcomunista; 3) la temporalidad en que se presentaron comprende
desde el año 2000 hasta el 2006; 4) el núcleo duro de las definiciones lo constituye las protestas
postelectorales y; 5) se subraya el fuerte contenido simbólico y la no violencia que caracterizó estas
protestas.
En un intento por recoger y sintetizar los principales elementos expuestos por los principales
autores de este tema, se ha planteado una definición propia de las RC que busca responder los
siguientes interrogantes: ¿qué son las RC?, ¿dónde ocurrieron?, ¿cuándo sucedieron?, ¿quiénes fueron
sus protagonistas?, ¿cuáles fueron sus principales características?, y ¿cuál era su objetivo?
Teniendo en mente estas preguntas se ofrece la siguiente definición: las RC fueron protestas
postelectorales que tuvieron lugar en Eurasia postcomunista entre el año 2000 y 2006. Fueron
detonadas por el fraude electoral, protagonizadas por la oposición y se caracterizaron por un fuerte
contenido simbólico y el uso de la no violencia. Mientras en el corto plazo reivindicaban el
reconocimiento de resultados electorales legítimos o la realización de nuevos comicios libres y justos,
en el largo plazo el objetivo recaía en la institucionalización de un sistema democrático. El nombre de
RC hace alusión a la manera pacífica en que se desarrolló la Revolución de Terciopelo checoslovaca
de 1989 y a su vez se deriva de la utilización simbólica de colores o nombres de flores empleados
como elementos de identificación por parte de la oposición, particularmente por los movimientos
sociales, actores relevantes tanto para el surgimiento y la caracterización, como para el desenlace
específico de los eventos revolucionarios.

Tabla 1. Definiciones de las RC
Definición

Autor
Valerie
Sharon
(2009)

Bunce y
Wolchik

Han adoptado una definición más neutral: Revoluciones Electorales, para destacar el hecho que las
protestas ocurrieron dentro de un marco de elecciones fraudulentas.

123

�Katya Kalandadze y
Mitchell
A.
Orenstein (2009)

Comparten la definición de McFaul (2005), excepto por la violencia; elemento que para los autores
ayuda a distinguir entre revoluciones electorales exitosas y fallidas. En las revoluciones exitosas no
hay rasgos de violencia, mientras las revoluciones fallidas son a menudo reprimidas por medios
violentos. Lo que hace únicas a las revoluciones electorales es la presencia masiva de manifestantes
en favor de un rasgo clave de la democracia: unas elecciones libres y justas que le den a la oposición
la oportunidad de ganar. El hecho de que le gente tome las calles para defender sus derechos
democráticos le da a las revoluciones electorales un sentido de legitimidad, interna e internacional, de
las que otras protestas masivas pueden carecer.

Michael
(2005)

McFaul

Se refiere a revoluciones electorales y hace énfasis en cuatro rasgos: 1) una elección fraudulenta sirve
como catalizador para las protestas electorales; 2) La oposición hace uso de medios extra
constitucionales, dentro de los que se cuentan protestas masivas, para defender la causa democrática;
3) Debido a la disputa de los resultados electorales tanto gobernantes como candidatos de la
oposición declaran su autoridad; y 4) Ambos bandos evitan cualquier uso significativo de la violencia.

Abel
Polese
y
Donnacha
Ó
Beachaín (2011)

Cada vez con mayor aceptación pero no de manera universal se hace referencia a las revoluciones de
color como protestas postelectorales que tuvieron lugar en Serbia, Georgia y Ucrania y a las
demostraciones que tuvieron lugar en otros Estados postsoviéticos. El significado simbólico del color
no debe ser subestimado. Un color en algunas ocasiones ha sido la vía para expresar la discrepancia
sin necesidad de hablar, ha tenido un impacto visual sustancial y ha sido el símbolo que unió
emocionalmente y políticamente a los manifestantes. No se estima que el término revolución de color
sea engañoso, desprovisto de valor descriptivo porque se han centrado en la sustancia más que en la
forma de las protestas.

Vitali Silitski (2010)

Las revoluciones de color son cambios políticos a lo largo del mundo postcomunista que pueden ser
divididos en tres categorías: 1) elecciones transformadoras; 2) evoluciones electorales como tal; y 3)
levantamientos populares postelectorales.

Joshua
(2007)

Término para referirse a los eventos acontecidos entre los noventa y dos mil en ciertos países de
Europa del Este y las Repúblicas postsoviéticas. El uso de la palabra revolución no implica que
conlleva las consecuencias de largo plazo de esos eventos, sino que se usa para identificar que las
fuerzas anti-régimen fueron exitosas derrocando el régimen en vigor. Específicamente lo empleó para
referirse a la Revolución Negra de Serbia en 2000, la Revolución Rosa de Georgia en 2003, la
Revolución Naranja de Ucrania en 2004 y la Revolución de los Tulipanes de Kirguizistán en 2005.

Tucker

Lucan Way (2008)

Las RC corresponden a la segunda ola de transiciones en Europa del Este y Europa Central. En
muchas definiciones socio-científicas estos eventos no deberían ser considerados revoluciones sino
cambios de régimen o simples degradaciones autoritarias. Sin embargo, por simplicidad y en línea
con muchos observadores de las revoluciones de color, usa el término para referirse a los casos
postcomunistas de cambio autoritario.

Aciertos: Las Primeras Clasificaciones de la Literatura sobre las RC
Desde comienzos del siglo XXI y hasta la actualidad, se ha producido una abundante bibliografía
sobre las RC. Joshua A. Tucker (2007), fue el primero de los autores en proponer una clasificación
de la literatura existente y expuso que hasta ese momento, las explicaciones sobre las RC seguían una
de las siguientes tres vertientes: el primer set de explicaciones ubicó a las RC dentro del amplio marco
del mundo de la post Guerra Fría, donde se vislumbraba una tensión entre oriente y occidente dentro
del panorama europeo. La segunda aproximación se centró en la naturaleza de los movimientos de
oposición, haciendo especial énfasis en las coaliciones de partidos políticos y; una tercera línea,

124

�enfocada a explicar el éxito de las RC, argumentó sobre la inhabilidad de los Presidentes - candidatos
para consolidar sus regímenes autoritarios (ver Figura 1).
Tucker (2007) criticó las orientaciones anteriores, al señalar que se trataban de análisis basados
esencialmente en las élites y como contraprestación, propuso explorar qué pasaría cuando se pone en
el centro del análisis a la masa pública que participó en estas protestas. Siguiendo este orden de ideas,
el autor se preguntó ¿por qué los manifestantes de las RC eligieron la calle luego del fraude electoral?
La respuesta ofrecida por este autor establece que cuando hay grandes agravios por parte del régimen
y la manifestación produce altos costos frente a pocas oportunidades de éxito, la mayoría de los
ciudadanos decide no desafiar el régimen. En el caso de las RC, el fraude electoral es concebido como
un elemento clave a la hora de resolver el problema de la acción colectiva, particularmente en
sociedades donde los ciudadanos han sufrido grandes agravios por parte del régimen, y por ende
funciona como detonante de la movilización.

Figura 5. Clasificación de la literatura sobre las RC (Tucker, 2007)
Tres años más tarde, Vitali Silitski (2010) ofreció una nueva recopilación de la literatura relativa
a las RC, en la que identificó dos paradigmas dominantes en este campo. El primero se centraba en
las precondiciones domésticas requeridas para el cambio de régimen, tales como una débil capacidad
represiva para combatir los desafíos de la oposición democrática y eventualmente, el conflicto creado
entre la intención del grupo dominante para garantizar la sucesión de su autoridad y la necesidad de
su legitimación democrática. El segundo enfoque hacía referencia al efecto bola nieve o de contagio,
y criticaba la comprensión de los eventos revolucionarios desde la aproximación de las precondiciones
domésticas, puesto que fallaba a la hora de explicar el porqué transiciones electorales similares en el
espacio euroasiático postcomunista tuvieron lugar aún en contra del escepticismo no sólo de los
analistas y observadores, sino también de las sociedades en las que se generó un cambio de régimen
(ver Figura 2).

125

�Figura 6. Clasificación de la literatura sobre las RC (Silitski, 2010)
La recopilación más reciente sobre la literatura relativa a las RC fue generada por Polese y Ó
Beachaín (2011). Estos autores sostienen que aunque el debate de las RC ha sido enmarcado
principalmente dentro de la pugna estructura vs agencia, no deben dejarse de lado otros factores
explicativos tales como la difusión y el rol de la oposición política. Además de esto, Polese y Ó
Beachaín han sido los primeros autores en introducir a la sociedad civil como actor relevante dentro
de las RC (ver Figura 3).
Aunque partidarios de la propuesta que hace énfasis en la estructura, e innovadores de la misma
al incluir en el espectro de análisis a actores no estatales, también reconocieron el importante aporte
realizado por los estudiosos de las RC que han optada por la agencia, entendida como el “conjunto de
acciones deliberadas, detalladas, coordinadas y profundamente planeadas tomadas por un amplio
rango de jugadores políticos internacionales pero especialmente domésticos” (Bunce y Wolchik, 2009,
p. 23).

Abel Polese y
Donnacha Beachaín
(2011)

Estructura
(Way, 2005)

Agencia
(Bunce y Wolchik,
2006)

Difusión
(Beissinger, 2007)

Oposición

Sociedad Civil

Figura 7. Clasificación de la literatura sobre las RC (Polese y Ó Bechaín, 2011)
Una vez mencionadas las principales recopilaciones realizadas hasta el momento sobre la
literatura relativa a las RC (Tucker, 2007; Silitski, 2010 y; Polese y Ó Bechaín, 2011), acto seguido se

126

�propone una nueva clasificación que integra los elementos más relevantes de las propuestas expuestas
anteriormente y que pone de manifiesto la necesidad de integrar a los movimientos sociales dentro del
análisis teórico sobre las RC. Siguiendo con este orden de ideas, la literatura ha sido agrupada con el
objetivo de dar respuesta a tres interrogantes: ¿cuál fue el detonante de las RC?, ¿por qué algunas
tuvieron éxito mientras otras fracasaron?, y ¿por qué se detuvieron en el 2006?
Desafios: Hacia una Nueva Clasificación de la Literatura
¿Cuál fue el detonante de las RC?
Con relación al primer interrogante: ¿cuál fue el detonante de las RC? se han ofrecido diferentes
respuestas a partir del modelo de la difusión, el fraude electoral, la dinámica de la post Guerra Fría y
la elección institucional propia de estos países. A continuación se abordará brevemente cada una de
estas cuatro propuestas. Siguiendo a Polese y Ó Beachaín (2011), no es posible encontrar un punto
claro del inicio de las RC, pero se puede argumentar que su referente directo más importante fueron
las elecciones parlamentarias del 25 y 26 de septiembre de 1998 en Eslovaquia. En esta oportunidad,
los cuatro partidos que configuraron la oposición lograron hacerse con la victoria frente a la coalición
tripartita que apoyaba al Gobierno de Vladimír Mečiar. Aunque técnicas electorales similares a las
desplegadas por la oposición eslovaca habían sido empleadas durante años por movimientos de
oposición en las regiones post-socialistas, Eslovaquia proveyó el prototipo de estrategia que sería
desarrollada de manera amplia dentro de las RC y acuñó los elementos clave para la explosión de las
protestas postelectorales. Esta experiencia inspiró el surgimiento y desarrollo de otros movimientos
en la región, que con cada éxito revolucionario y con el acceso a nuevos recursos, fueron mejorando
paulatinamente la estrategia inicial.
En este sentido, hay tres aspectos de la campaña eslovaca particularmente valiosos para el
proceso de aprendizaje de los movimientos sociales en las RC: 1) la coordinación de una campaña
cívica con líderes de la oposición, lo que generó que diferentes frentes trabajaran en conjunto en torno
a metas comunes. 2) El establecimiento de redes con actores externos tales como los Estados Unidos
y la Unión Europea (UE a partir de ahora), cuya intervención ayudó a limitar el nivel de represión
durante la campaña electoral e incidió en la prevención del fraude electoral en 1998. 3) La campaña
desplegada por el movimiento OK’98, Obcianska Kampan (Campaña de educación cívica), basada en la
no violencia y cuyo éxito a la hora de atraer votantes a las urnas hizo de ésta una de las principales
estrategias adoptadas por los movimientos posteriores. La elección presidencial del 2000 en Serbia
constituyó una de las máximas expresiones de esta última estrategia, puesto que los activistas de Otpor
lograron que cientos de miles de jóvenes apáticos frente a la política, transformaran su percepción en
torno a las elecciones y votaran por primera vez en unos comicios que cambiaron radicalmente el
escenario político serbio.
Siguiendo con este orden de ideas, desde el modelo de la difusión las RC deben ser entendidas
como eventos interconectados y no sólo como producto de las decisiones tomadas por los actores en
el ámbito local. Los vínculos entre los casos de democratización han sido la norma, en vez de la
excepción y, a su vez, esos vínculos han afectado los resultados (éxito/fracaso) revolucionarios. Dicho
de otro modo, los actores de las RC, principalmente los movimientos sociales, se prestaron entre sí
tácticas, formas organizativas, consignas e incluso logos. De este modo, a diferencia de autores como
Way (2008) quien sostiene que las RC no deberían pensarse como eventos de una ola interrelacionada,
puesto que cada una pudo haber ocurrido aún si los demás casos en el vecindario no se hubieran

127

�materializado y aún sin la influencia de redes transnacionales, cada RC exitosa produjo una experiencia
que fue conscientemente adoptada por otros, expandida por las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG a partir de ahora) y emulada por movimientos sociales locales, formando el contorno de un
modelo de difusión (Beissinger, 2007).
Los elementos básicos de este modelo giran en torno a seis aspectos: 1) el fraude electoral
entendido como el detonante de las movilizaciones masivas en contra de los regímenes pseudodemocráticos, 2) El soporte externo para fortalecer a los movimientos democráticos locales, 3) La
organización de grupos radicales de jóvenes que emplearon tácticas de protesta no convencional antes
de las elecciones, con la finalidad de minar la popularidad del régimen y exigir la renuncia de los
Presidentes – candidatos autoritarios, 4) El establecimiento de una oposición unida, 5) La presión
diplomática externa y un amplio e inusual monitoreo electoral, y 6) Una movilización masiva y no
violenta ante el anuncio de fraude electoral, estrategia propuesta por el gurú de la resistencia pacífica
en occidente, Gene Sharp.
El segundo elemento propuesto para responder a la pregunta de cuál fue el detonante de las RC
hace énfasis en el fraude electoral. Las RC, tanto la Revolución Negra de Serbia del 2000, la Rosa de
Georgia del 2003, la Naranja de Ucrania del 2004, la Naranja de Azerbaiyán del 2005 y la Azul de
Bielorrusia del 2006, comparten el rasgo común de girar en torno a una elección fraudulenta (Tucker,
2007). En todos los casos, una elección (presidencial o parlamentaria) tuvo lugar y los resultados
fueron vistos como ampliamente manipulados por el régimen en vigor. Como resultado, se generaron
protestas masivas encabezadas por movimientos sociales, que en Serbia, Georgia y Ucrania decantaron
en el reconocimiento de la victoria de la oposición, mientras que en Azerbaiyán y Bielorrusia
estuvieron seguidas por el afianzamiento de las élites tradicionales en el poder. De acuerdo a este
planteamiento, el fraude constituiría un importante marco dentro del cual se crean las oportunidades
para movilización, porque parafraseando a Beissinger (2007), los regímenes se tornan más vulnerables
durante el ciclo electoral.
Por otra parte, se encuentran dos conjuntos de explicaciones de tipo geopolítico sobre el
detonante de las RC (Tucker, 2007). Como se mencionó anteriormente, el primer set de explicaciones
ubica estos eventos dentro del marco de la post Guerra Fría, específicamente en la pugna librada entre
Oriente y Occidente dentro del contexto europeo. Este argumento a menudo toma una de las dos
formas siguientes: 1) la primera aproximación se centra en la ayuda ofrecida por varios actores de
occidente a los miembros de la oposición en Eurasia postcomunista, temerosos de que el liderazgo de
sus países podría llevarlos a un patio de permanente exclusión europea, en general, y de las
instituciones europeas tales como la UE, en particular, 2) Especialmente popular en Rusia, la segunda
aproximación generada dentro de esta perspectiva ubica a las RC en el contexto de las luchas
geopolíticas de la post Guerra Fría por el dominio entre Rusia y Occidente, específicamente sobre
áreas que habían sido largamente consideradas bajo la esfera de la influencia soviética.
El segundo conjunto de explicaciones se ha centrado en la naturaleza de los movimientos de
oposición política (conformados principalmente por coaliciones de partidos), en cada uno de los países
escenario de las protestas postelectorales. En pocas palabras, ha subrayado cómo los grupos de
oposición han aprendido a lo largo del tiempo a ser más efectivos, bien sea gracias a sus experiencias
previas, o a través de la transmisión de información de actores externos y en particular, de actores
pertenecientes a países que han experimentado su propia RC.
Finalmente, la última explicación sobre cuál fue el detonante de las RC se deriva de la presencia
del presidencialismo patronal en esta región del mundo. Este tipo de institución está marcada por
oscilaciones regulares y razonablemente predecibles entre periodos de alto cierre político y periodos

128

�(algunas veces repentinos) de apertura política, incluyendo los fenómenos típicamente llamados RC.
La apertura sólo termina en último caso en verdadera democratización si envuelve un cambio en las
instituciones fundamentales del presidencialismo patronal. En suma, las RC deben ser entendidas no
como avances democráticos sino como fases de contestación en los ciclos del régimen, y resultan
exitosas si gana la oposición (Hale, 2006).
A pesar de que la pregunta ¿cuál fue el detonante de las RC? ha encontrado respuestas en el
modelo de la difusión, el fraude electoral, la dinámica de la post Guerra Fría y la elección institucional,
no debe subestimarse la influencia de los movimientos sociales en los orígenes de las RC, en tanto
estos actores resultaron determinantes a la hora de movilizar a la sociedad en contra del fraude
electoral. No solo esto, fueron los movimientos sociales quienes en la mayoría de los casos modelaron
los símbolos (colores y flores) que identificaron a estos eventos y, quienes atravesaron las fronteras
nacionales para capacitar a nuevos activistas en lugares con conato de revolución, contribuyendo de
esta manera a la creación de un complejo, diverso y creativo repertorio de contienda política. Una vez
presentada esta primera clasificación relativa al origen de las RC, se expondrán los principales
planteamientos de la literatura concerniente al éxito o fracaso de dichos eventos, entendido este como
el cambio o permanencia del régimen que se retaba.
¿Por qué Algunas RC fueron Exitosas y otras Fracasaron?
Con relación a la segunda pregunta ¿por qué algunas RC tuvieron éxito mientras otras
fracasaron?, los académicos han hecho énfasis principalmente en los factores estructurales y los
factores contingentes. Mientras que dentro de los primeros se destaca el papel de las élites, dentro de
los segundos se hace mención al Modelo Electoral propuesto por Bunce y Wolchik (2009). No
obstante, y aunque estas dos propuestas han dominado el grueso de la literatura sobre el tema en
cuestión, también se han ofrecido otras propuestas, muchas veces complementarias a las dos grandes
vertientes, dentro de las que cabe destacarse la fuerza del ejemplo.
Antes de hacer referencia a los factores estructurales y contingentes, debe mencionarse que
McFaul (2005) fue el primero en proponer una lista de elementos comunes que unen los casos de
Serbia en el 2000, Georgia en el 2003 y Ucrania en el 2004 como casos de éxito revolucionario. Estos
casos de ruptura autoritaria se parecen entre sí y se diferencian de otras transiciones democráticas, en
cuatro aspectos críticos: 1) en los tres casos, el inicio para el cambio de régimen fue una elección
nacional fraudulenta, no una guerra, una crisis económica, una división entre las élites dominantes, un
choque externo, un factor internacional o la muerte del dictador, 2) Los retadores democráticos
desplegaron medios extra-constitucionales para defender la constitución democrática existente, en vez
de buscar generar nuevas reglas del juego político, 3) Cada país acogió por un tiempo la competencia
entre retadores y retados y los clamores simultáneos para mantener la autoridad soberana, uno de los
sellos de la situación revolucionaria, 4) Todas las situaciones revolucionarias terminaron sin violencia
masiva. Por otra parte, los Presidentes – candidatos ordenaron el uso de métodos coercitivos
incluyendo asaltos a periodistas y candidatos de la oposición y la clausura de medios independientes.
No obstante, no llamaron al ejército o a las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas, como sí
ocurrió en los casos de fracaso que tuvieron lugar en Azerbaiyán y Bielorrusia.
Dentro de los factores necesarios para el éxito, Mc Faul (2005) cita los siguientes: 1) la vigencia
de un régimen semi-autoritario en vez de uno totalmente autoritario, 2) La existencia de un Presidente
- candidato impopular, 3) La conformación de una oposición unida y organizada, 4) La capacidad de
saber rápidamente que los resultados electorales fueron falsificados, 5) Contar con suficientes medios
independientes para informar a los ciudadanos sobre el fraude electoral, 6) La presencia de una

129

�oposición política capaz de movilizar manifestantes para protestar en contra del fraude, y 7) Evidencia
de divisiones entre las fuerzas coercitivas del Estado.
Igualmente señala que así como los factores anteriormente citados son determinantes para el
éxito de las RC, hay otros factores que no fueron importantes, dentro de los cuales se cuentan los
siguientes: 1) el estado de la economía o el nivel económico alcanzado por los países no jugó un rol
causal uniforme en los casos de avance democrático, 2) Los tres países tuvieron historias recientes de
tensiones étnicas o problemas que incluían guerras abiertas. No obstante, una completa resolución de
las disputas fronterizas no constituyó una precondición para el avance democrático, 3) Las divisiones
entre las líneas duras y suaves que apoyaban a los Presidentes – candidatos autoritarios también figuran
como poco importantes a la hora de impulsar el cambio democrático, 4) La relación entre las élites
políticas en el poder y occidente no tuvo un peso particular, 5) Los programas de asistencia
democrática de occidente jugaron un rol visible en todos los casos. Sin embargo, la ayuda extranjera
no jugó un rol independiente en ninguno de los avances, pero contribuyó a la conflictividad
aumentando o disminuyendo el valor relativo de cada uno de los siete factores mencionados en el
párrafo anterior como necesarios para el éxito revolucionario, y 6) La calidad de los recursos positivos
o plataformas elaboradas por la oposición en cada país, también parece bastante insignificante.
A partir de la propuesta de Mc Faul (2005) se generó un interés por determinar los elementos
facilitadores del éxito en las RC, siendo los más ampliamente expuestos los factores estructurales y los
factores contingentes. Way (2008), argumenta que los factores estructurales, en oposición a las
dinámicas electorales y de difusión, constituyen la causa real de las recientes olas de triunfos electorales
sobre los dictadores en Eurasia postcomunista. Para el autor, las RC son casos de fracaso autoritario
en vez de casos de democratización. El colapso autoritario trajo democracia en la forma de elecciones
libres y justas y el fin de serias presiones del gobierno sobre los medios. En contraste, la crisis
autoritaria permitió la emergencia de nuevos gobiernos que retomaron muchos de los mecanismos
autoritarios usados por sus predecesores, incluyendo fraude electoral y supresión de los medios.
En breve, Para Way (2008) la crisis autoritaria está relacionada positivamente con la fortaleza de
los lazos con occidente y negativamente con la fortaleza del partido autocrático o del Estado del
régimen vigente. En este sentido, se deben tener en cuenta tres elementos: 1) la presencia de un solo
partido reinante y altamente institucionalizado, 2) Un extensivo y bien fundado aparato coercitivo
que ha ganado un conflicto significativo, y 3) control discrecional del Estado sobre la economía, de
jure o a través de la captura de una gran riqueza mineral como el petróleo o el gas.
En contraprestación a esta propuesta, surgió la iniciativa de que los vínculos entre los casos de
democratización han sido la norma en vez de la excepción y que dichos vínculos han afectado los
resultados (éxito/fracaso) de las RC (Beissinger, 2007). En los fenómenos modulares, la influencia del
ejemplo puede substituir algunos vacíos propios de la desventaja estructural permitiendo a algunos
grupos menos avanzados estructuralmente comprometerse en una acción exitosa gracias a la influencia
del ejemplo previo de otros casos. De esta manera, la imitación de éxitos precedentes es el mecanismo
básico que conduce a la expansión del fenómeno modular. El proceso del ejemplo se diferencia de
otros de contagio debido a que no se define por la proximidad o conformidad, sino por la analogía y
beneficios obtenidos a través de la asociación con el éxito previo.
Por otra parte, el cómo responden las instituciones al proceso modular sugiere si el impacto de
este proceso cambia sustancialmente o no. Esto dependerá, como es obvio, de las vías tomadas por
las instituciones dentro de dicho proceso. Indagando sobre esta dinámica, Beissinger (2007) ha
identificado cuatro condiciones que no necesitan estar presentes pero que aumentan las posibilidades
del éxito revolucionario. Estas son: 1) un grado representativo de apertura política; 2) una tradición

130

�reciente de protesta, 3) la existencia de diferencias regionales entre grupos culturales dominantes, y 4)
control de la oposición sobre los gobiernos locales. Siguiendo la línea argumentativa desarrollada por
Way (2008), Beissinger (2007), se han identificado seis condiciones estructurales que podrían ser
necesarias para el éxito revolucionario: 1) la presencia de fraude electoral, 2) una significativa
representación de la oposición en el legislativo, 3) el año de enrolamiento en la educación superior, 4)
unos lazos débiles entre el régimen y los militares, 5) la presencia significativa de diversas ONG
promotoras de la democracia, y 6) La ausencia de una economía exportadora de energía.
Dimitrov (2009) respalda la propuesta de Way (2008), que sostiene que los niveles de fortaleza
del régimen y los vínculos con occidente ayudan a explicar la crisis del autoritarismo, pero añade el
factor de la popularidad de los Presidentes - candidatos como elemento que puede contribuir a dar
cuenta de la resistencia autoritaria en la región. Así pues, los Presidentes - candidatos deben tener a su
disposición tres estrategias para asegurar su popularidad: 1) populismo económico: el gasto social y el
compromiso con las políticas de redistribución económica aumentan su aprobación pública, 2)
nacionalismo anti-occidente: en algunos países donde el sentimiento público no está a favor de
occidente, los Presidentes - candidatos pueden tener éxito previniendo la unidad de la oposición a
través de la retórica anti occidental; y 3) Control exitoso de los medios: incluye eliminar críticos del
régimen y control estatal sobre la prensa escrita, televisión e información electrónica. Controlar a los
medios les garantiza a los líderes autoritarios cobertura positiva y le niega a la oposición una plataforma
de participación. Estas tres estrategias producen altos niveles de legitimidad del régimen así como de
estabilidad del mismo.
En contraposición a la propuesta de los factores estructurales, y de una manera más cercana a
la propuesta que se busca desarrollar, en la que se destaca el rol de los movimientos sociales dentro de
las RC, Bunce y Wolchik (2009) señalan que la clave del éxito revolucionario recae en los factores
contingentes. En crítica abierta a la propuesta ofrecida por Way (2008), las autoras sostienen que los
científicos sociales no pueden o no deberían reducir sus explicaciones causales a la influencia de una
categoría sencilla de causas, puesto que la estructura, la agencia y el proceso, todos son elementos
importantes. Es por tanto que no solo debe tenerse en cuenta el rol distintivo de las elecciones,
entendidas como espacios para el cambio político, sino también la difusión trasnacional de un modelo
particularmente efectivo para derrotar al dictador, denominado por las autoras como el Modelo
Electoral.
Por otra parte, así como ha sido importante para el éxito de las RC el aprendizaje de los
movimientos de oposición, el fracaso revolucionario ha estado influenciado por el aprendizaje de las
élites para reversar o neutralizar las estrategias de la oposición. Algunas élites políticas han sido
capaces de producir un antídoto para lo que consideraron un virus del color. Han tomado nota de las
lecciones derivadas del fenómeno de las RC y han estado suficientemente unidas, tomando decisiones
efectivas, mientras aseguran la obediencia tanto de los centros formales como de los centros
informales de poder dentro del Estado (Polese &amp; Ó Bechaín, 2011).
En este orden de ideas, la supervivencia del régimen, y por extensión el fracaso de la RC,
depende ampliamente de la capacidad de la élite gobernante de digerir las lecciones sobre cuál es la
mejor manera de neutralizar o contrabalancear las estrategias de los movimientos de la oposición. Se
sugiere que ha existido una estrategia, o set de acciones, que los regímenes han adoptado para frenar
el triunfo de las situaciones revolucionarias, de tal modo que las fallas a la hora de aprender esta
estrategia, o de aplicarla correctamente, podrían abrir el camino para las fuerzas de la oposición y el
cambio político en un país. Así pues, con cada intento de RC, las élites de Eurasia postcomunista
refinaron su comprensión de los procesos. En este sentido, si querían evitar compartir el destino de
Serbia, Georgia o Ucrania, las élites tendrían que tomar acciones preventivas en diferentes niveles. La

131

�mayoría de los regímenes que habían presenciado el éxito de las RC en esos tres países, comenzaron
a identificar las características clave de las RC y a tomar medidas para asegurar que los actores de la
sociedad civil no fueran capaces de lograr el mismo grado de libertad que en dichas sociedades.
El movimiento más notable con relación a estas actitudes fue la evaporación de la tolerancia
para las ONG, particularmente aquellas que habían sido identificadas como colaboradoras de los
movimientos de oposición. La contrarrevolución también avanzó en otras dimensiones: los medios
cayeron bajo un estricto control estatal, se suprimió y/o persiguió a los movimientos que intentaron
emular al Otporde Serbia, al Kmara de Georgia o al Pora de Ucrania y, se prohibió la entrada de activistas
extranjeros al país. Asimismo, los gobiernos que buscaban prevenir RC en sus territorios, crearon
movimientos juveniles pro-régimen como Nasha Rusia (Nuestra Rusia), con el objetivo de
contrarrestar el peso de los movimientos juveniles de oposición. En último lugar, algunos regímenes,
principalmente aquellos con importantes recursos naturales o con significativa importancia estratégica,
encontraron que podían escapar de la censura de occidente (Polese &amp; Ó Bechaín, 2011).
Finalmente, Kalandadze y Orenstein (2009) han adoptado el término revolución electoral
propuesto por Bunce y Wolchik (2009) y han analizado todos los casos que se han presentado desde
1991, distinguiendo entre revoluciones electorales exitosas y fracasadas. A modo de conclusión
afirman que las revoluciones electorales exitosas han mostrado ningún o insignificante progreso
democrático en sus etapas posteriores. Las revoluciones electorales han resultado poco efectivas a la
hora de promover el avance de la democratización, puesto que ponen demasiado énfasis en las
elecciones mismas y no en otros obstáculos fundamentales para la democratización de regímenes
híbridos y autoritarios.
Es así que la democratización ha sido lenta o nula en esos países, principalmente a causa de la
permanencia de sus profundos problemas estructurales, que las revoluciones electorales no estaban
equipadas para resolver. Las elecciones fraudulentas fueron sólo la punta del iceberg en esos países,
donde persisten otros problemas tales como la falta de una cultura de competencia política, una
estructura de partidos políticos poco desarrollada, conflictos de poder más allá del círculo electoral,
corrupción y falta de Estado de derecho, sólo por mencionar algunos. Sumado a esto, todos los países
que han experimentado una RC permanecen pobres o relativamente pobres y, dos de ellos, Georgia y
Serbia, mantienen disputas territoriales. Para terminar, se abordará el interrogante ¿por qué se
detuvieron las RC en el 2006?
¿Por qué se detuvieron las RC en el 2006?
Gran parte de las respuestas a dicho interrogante ha girado en torno a tres ejes fundamentales:
el agotamiento del modelo, el aprendizaje del modo de obrar de la oposición por parte de los líderes
autoritarios y, el efecto Darwin.
Con relación al agotamiento del modelo, Beissinger (2007) sostiene que el peso del ejemplo
afecta el comportamiento de la siguiente manera: la influencia del ejemplo aumenta gradualmente con
el tiempo y con cada éxito revolucionario. Eventualmente, llega a un punto culmen que proviene tanto
del peso acumulativo de los ejemplos de éxito como de la acción emulativa multiplicada rápidamente
a través de los grupos. Posteriormente, el modelo modular enfrenta un segundo momento donde el
efecto del ejemplo en las acciones subsecuentes comienza a disminuir rápidamente y se apaga
eventualmente.
Así mismo Bunce &amp; Wolchik (2009) sostienen que puesto que el modelo se expandió, los
autócratas fueron puestos en preaviso y comenzaron a desarrollar estrategias de contención,

132

�quitándole de esta manera fuerza a la red opositora. Aunque los activistas locales emularon los
procesos observados fuera de sus países, lo hicieron sin mucha planificación y con grandes
constricciones de tiempo y recursos. Como todas las dinámicas de difusión, la expansión del modelo
electoral fue dispareja a través de la espacialidad y temporalidad, y tuvo diferentes consecuencias
locales, hasta que eventualmente llegó a su fin.
Con relación a la propuesta basada en el aprendizaje de los líderes autoritarios, se sostiene que,
las RC provocaron que las élites políticas en el poder de Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y
otros países de Eurasia postcomunista reforzaran los esfuerzos domésticos para prevenir desafíos de
la oposición. Las medidas anticipadas incluyeron restricciones de grupos de la sociedad civil y
persecuciones y sanciones a la oposición, así como limitaciones a la asistencia democrática (Polese y
Ó Beachaín, 2011).
El efecto Darwin propuesto por Silitski (2010), describe la contra-reacción a la ola de RC en las
autocracias de Eurasia poscomunista. Éstas se blindaron ante las posibles amenazas al poder
autoritario, mediante el fortalecimiento de las tendencias y la regla autocrática reinante en estos
Estados. Mientras el efecto Darwin explica la contra-reacción autocrática interna, esto es, los esfuerzos
locales para adelantarse a la posibilidad del cambio de régimen, el efecto regional explica la resistencia
exterior al contagio democrático. Por una parte, como la ola de revoluciones golpeó la región hostil al
cambio de régimen, provocó la consolidación de las autocracias sobrevivientes a través de la
convergencia autoritaria. Esta fue expresada en medidas conjuntas, interacciones y alianzas entre los
Estados y regímenes en lo que había un interés por la extinción y reversa de la ola de democratización.
Por otra parte, la ola de revoluciones coincidió y aceleró la reafirmación permanente de la hegemonía
regional rusa, debido al temor de contagio expresado por el Kremlin, en tanto dichos procesos de
transformación democrática podría minar su posición dominante en la región. Esta reafirmación de
poder, facilitada por la dependencia de los países postsoviéticos de Rusia, debilitó las expectativas para
el sostenimiento de los avances democráticos y reforzó el autoritarismo en la región.

Rodríguez (2014)

Detonantes de las RC
-Modelo de la difusión
(Polese y ÓBechaín,
2011)
-Fraude electoral
(Tucker 2007)
-Dinámica post Guerra
Fría
(Tucker, 2007)
-Elección institucional
(Hale, 2006)

Éxito y fracaso de las
RC
-Factores estructurales
(Way, 2008)
-Modelo Electoral
(Bunce y Wolchik,
2009)

Finalización de las RC
-Agotamiento del modelo
(Beissinger, 2007)
-Aprendizaje líderes
autoritarios
(Polese y ÓBechaín,
2011)
-Efecto Darwin
(Silitski, 2010)

Figura 8. Clasificación de la literatura sobre las RC (Rodríguez, 2014)

133

�Conclusión
Durante la primera mitad del siglo XXI el espacio Euroasiático fue testigo de una oleada de RC.
Este fenómeno, en el que se revirtieron procesos electorales fraudulentos mediante protestas masivas,
comenzó con la Revolución Negra de Serbia en el año 2000 y continuó con la Revolución Rosa de
Georgia en el 2003 y la Revolución Naranja de Ucrania del 2004.
Posteriormente, pero esta vez sin éxito, prosiguió con las Revoluciones Naranja de Azerbaiyán
en el 2005 y Azul de Bielorrusia en el 2006. Puesto que las movilizaciones postelectorales se
desarrollaron sin violencia, al menos por parte de los manifestantes, y estuvieron revestidas con un
fuerte contenido simbólico, cada una de ellas fue bautizada con el color adoptado a manera de
distintivo por los movimientos de oposición.
Un rasgo notable de este fenómeno fue que estuvo acompañado por el ascenso de movimientos
sociales conformados principalmente por jóvenes estudiantes, tal y como puede observarse con Otpor
de Serbia, Kmara de Georgia, Pora de Ucrania, Yeni Fikir de Azerbaiyán y Zubr de Bielorrusia. Aunque
en el escenario Euroasiático de estos comienzos de siglo, los movimientos sociales desempeñaron
un papel significativo dentro de las RC, gran parte de los estudios sobre el tema han centrado su
foco de atención en actores tales como las élites gobernantes autoritarias o los partidos de
oposición. Ha sido por tanto el interés de este artículo asumir el desafío de contribuir a la
ampliación del espectro analítico, mediante la inclusión de otro tipo de actores relevantes para la
acción colectiva.
Las RC no deben entenderse como revoluciones en el sentido clásico del término, puesto que
sus dinámicas, desarrollos internos y alcances distan bastante de los resultados expuestos por
estudiosos de los fenómenos revolucionarios tales como Tilly (1978) o Skocpol (1979). Al abordar las
RC deben tenerse en cuenta ciertos elementos particulares tales como el espacio geográfico en el que
se desarrollaron las protestas postelectorales: Eurasia postcomunista; la temporalidad en la que se
presentaron: entre el año 2000 y 2006; el detonante: el fraude electoral y principalmente; el fuerte
contenido simbólico y la no violencia que revistieron dichas protestas, esta última característica
ampliamente construida desde la estructuración y la puesta en marcha del discurso y el repertorio de
contienda política desplegado por los movimientos sociales.
Expuesto lo anterior, se ha planteado una nueva clasificación de la literatura existente sobre las
RC. Dicha iniciativa ha sido construida en torno a tres grandes temas: la génesis de las RC, las posibles
causas de éxito y fracaso de las mismas y, el porqué se extinguieron en el año 2006. A partir de este
abordaje es posible dar cuenta del importante rol desempeñado por los movimientos sociales en las
RC, a la par que se avanza hacia una comprensión más profunda sobre este tipo de actores, sus
dinámicas y logros, desde una perspectiva comparada.

134

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política no electoral

Violence and Democracy: Implications of the victimización and
perception of insecurity on the political not electoral participation
Juan Pablo Bolaños
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
pablo.bolanos@cide.edu
Fecha de envío: 8 de febrero 2016
Fecha de aceptación: 24 de mayo 2016

Resumen
La violencia y la inseguridad provocan consecuencias negativas y permanentes sobre los
individuos que han sido victimizados por las modalidad más agresivas del crimen (violaciones,
robo en casa habitación, tortura y homicidio, entre otros). Las víctimas, a su vez, encuentran
incentivos y facilidades para influir de manera efectiva sobre su entorno político y social, por
medio de distintas formas de activismo; las cuales no necesariamente responden al espíritu
democrático y, en ocasiones, se asemejan más a modelos de comportamiento autoritario.
En términos generales, la presente investigación analiza la relación entre fenómenos
sociales de violencia con la opinión pública (percepción de inseguridad) y el comportamiento
político (medido como la adopción de formas de participación no electoral). Para ello, se sugiere
un modelo estadístico que mide la influencia de la victimización y de la percepción de inseguridad
sobre la participación política.
Palabras clave
- Violencia
- Democracia
- Participación política no electoral

137

�- Percepción de inseguridad
- México
Abstract
The violence and the insecurity provoke negative and permanent consequences on the
individuals who have been victimized by the most aggressive modalidad of the crime
(violations, theft in dwelling, torture and homicide, between others) The victims, in
turn, find incentives and facilities to influence in an effective way his political and social
environment, by means of different forms of activismo; which not necessarily answer
to the democratic spirit and, in occasions, are alike more models of authoritarian
behavior.
En términos generales, la presente investigación analiza la relación entre fenómenos
sociales de violencia con la opinión pública (percepción de inseguridad) y el
comportamiento político (medido como la adopción de formas de participación no
electoral). Para ello, se sugiere un modelo estadístico que mide la influencia de la
victimización y de la percepción de inseguridad sobre la participación política.
En su obra Leviatán, T. Hobbes (2014, versión) señala que «la obligación de los súbditos con
respecto al soberano no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual
[el soberano] tiene capacidad para protegerlos». Es decir, la provisión de seguridad a sus
ciudadanos es una de las obligaciones principales del Estado, y uno de los pilares sobre los cuales
reposa su existencia.
Como es sabido, el fenómeno de la violencia no es exclusivo de un país o región. En todo el
mundo, cada año ocurren más de un millón seiscientos mil homicidios. Cada día, suceden
alrededor de cuatro mil seiscientos asesinatos: cada hora más de ciento noventa. En México, en
2011, ocurrieron veintisiete mil doscientos trece homicidios. Setenta y cinco por día; tres cada
hora. En algunas entidades las tasas de homicidio superaban aquellas reportadas en zonas de
guerra.
Desde 2008 en México pasa lo que A. Schedler (2015) ha llegado a considerar como una
guerra civil económica; un fenómeno nunca antes visto en la historia nacional moderna. De ahí
la relevancia de elegir a México como caso de estudio para analizar las consecuencias de la
percepción de inseguridad y la victimización sobre la participación política no electoral de sus
ciudadanos.
Así, en términos generales, este artículo analiza la relación entre fenómenos sociales,
opinión pública y comportamiento político. Concentrándose en la manera en la cual la percepción

138

�ciudadana ante un fenómeno social de violencia, y las deficiencias en la capacidad del Estado para proveer
seguridad, se traducen en acciones políticas concretas.
Pregunta Central e Hipótesis
En este estudio se tiene como objetivo central contestar a la pregunta: ¿(1) si haber sido víctima48
de uno o más delitos considerados de alto impacto afecta el grado de participación política no
electoral49 de los individuos y; (2) si la percepción de inseguridad en el país afecta las formas de
participación política no electoral de los ciudadanos? Como se puede apreciar en la misma
pregunta central, este estudio se enfila hacia explicaciones a nivel micro con encuestas
individuales sobre victimización y percepción de inseguridad.
Como respuestas tentativas a la pregunta de investigación, (H1) se espera que a mayor
percepción de inseguridad haya mayor participación política no electoral, bajo el supuesto que
los ciudadanos buscan influir en política para encontrar una salida a sus demandas básicas de
seguridad. Asimismo, (H2) se espera que la población que ha sido víctima de algún episodio
criminal de alto impacto sea más propensa a la participación política no electoral que la población
en general.
Las hipótesis que aquí se presentan están basadas en dos grandes supuestos. Primero, (1)
y siguiendo lo expuesto por R. Sánchez Ferlosio (1987) , los ciudadanos que en un entorno
cultural occidental como el mexicano han experimentado en primera persona un episodio
criminal, encuentran que por su mera condición de víctimas (entendida como un sacrificio hecho
o cuota de sangre pagada), adquieren legitimidad moral entre las no-víctimas para liderar o
formar parte de movimientos sociales relacionados con el tipo de delitos a los que se enfrentaron
(por ejemplo, Javier Sicilia -que participa, en gran parte, dentro de los límites legales establecidos
y, por otro, las auto defensas en Michoacán -que buscan aplicar la ley por propia mano). Esto
no quiere decir que todas las víctimas tengan incentivos para entrar en formas de participación
48

Se entiende como 'víctima' si la persona encuestada o alguien que habite en su misma vivienda ha
sufrido, en los últimos doce meses, alguno de los crímenes considerados en la encuesta: robo personal, robo a
casa, robo de auto, homicidio, robo a comercio, secuestro y delitos sexuales.
49
Las definiciones que se adoptan para este término son las siguientes: "For the definition of political
participation this report follows an instrumental point of view and regards all activities to be political that are
voluntarily performed by citizens with the aim of influencing decisions at the different levels of a political
system"; "Participants participate voluntarily and their political activities are not part of their job (this would be
the case for professional politicians). Normally, those who take part pursue specific objectives with their activity
that mainly consist of exerting influence on political decisions". (Markus Steinbrecher, CIVICACTIVE Project:
Report on Non-Electoral Participation, Bamberg, Otto-Friendrich-Universität. s.a., p.2, consultado en línea en
www.ucd.ie/civicact/nonelectoralparticipation .doc).

139

�política del tipo que se señala; sino que, las víctimas que deseen canalizar su participación política
por medio de la creación o participación en movimientos sociales tienen, de entrada, la ventaja
de la legitimidad moral que su condición de víctimas les ofrece lo cual facilita la promoción de
sus demandas.
Segundo supuesto, (2) en México la ciudadanía aún confía lo suficiente en las
instituciones del Estado como para buscar canalizar por medios legales y jurídicos sus formas de
acción política. Se considera que los ciudadanos aún suponen que los medios del Estado son los
mejores para influir en las políticas de seguridad pública (o, al menos, que el Estado es aún mejor
canalizador de sus demandas que lo que podrían obtener actuando por propia mano). Para
mostrar esta confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad se utilizan datos de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública 2015, la cual tiene como propósito «generar nuevas respuestas
ante la percepción del miedo y la inseguridad que representa hoy el imaginario social y cultural
de una buena parte de la población». Ante la afirmación «Los policías son una autoridad legítima
y las personas deberían obedecer sus decisiones», sólo 32% afirmó estar muy/algo en
desacuerdo. 50 Asimismo, utilizando datos de la encuesta USAL-Colmex 2011, se justifica la
confianza ciudadana en los mecanismos judiciales mexicanos: únicamente 35% de los
encuestados dijeron tener muy mala/mala opinión de los jueces; 37% de los juzgados y; 44% del
ministerio público. Por lo cual, la confianza en las instituciones judiciales y de seguridad —aún
con sus deficiencias y claras áreas de oportunidad a desarrollar— es mayor que la desconfianza
o rechazo.
Mecanismo Causal y Marco Teórico
Al analizar las consecuencias de la victimización sobre el comportamiento político, R. Bateson
concluyó -tras analizar datos de países de los cinco continentes- que las víctimas del delito
adoptan una participación política más activa; con el riesgo de que «las víctimas del crimen
puedan desarrollar simpatías autoritarias al mismo tiempo que se vuelven políticamente más
activas» (Bateson, 2012, p. 570). Es decir, la activación de la participación política motivada por
violencia no responde a voluntades democratizadoras.

50

Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, Los mexicanos vistos
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ-UNAM,
2015.

140

�La violencia, la percepción de inseguridad y los eventos relacionados con estos
fenómenos sociales pueden provocar consecuencias negativas sobre la democracia. Al respecto, estudios
anteriores se han enfocado en tratar los efectos de la violencia sobre algunos factores específicos
de la psicología y sociología. Se argumenta que, al tratar los efectos de la violencia sobre los
individuos, resulta útil enfocarse en las consecuencias psicológicas que provoca el sentimiento de
inseguridad. Esto, bajo el entendido que los individuos reaccionan a la interpretación que dan de
su entorno y no a las características reales del entorno en sí.
Para las personas, el sentimiento de miedo no responde de manera necesaria a
consideraciones racionales de ningún tipo; cuando se entra en estado de paranoia social, el origen
del temor pierde relevancia y pasa a primer plano el análisis de las realidades que este miedo
construye o, en palabras de A. Maalouf, «a partir del momento en que una población tiene miedo,
lo que hemos de tener en cuenta es más la realidad del miedo que la realidad de la amenaza»
(Maalouf, A, trad.2009). En este sentido, se argumenta que la noción que se tenga sobre la
inseguridad afecta la forma de vida de las personas y manera en la cual entienden e interpretan
su entorno social.
Lo anterior, muestra parte de los efectos que tiene la violencia sobre el agregado social.
Cabe recordar que para una sociedad que se desarrolla en un marco de paz democrática, los
episodios de violencia significan aún más que sólo una ola criminal: representan un evento
mediático (y mediatizado) que los lleva a pensar que las imágenes e historias locales de violencia
presentadas en los medios les son muy cercanas y, por lo tanto, los coloca en posición de riesgo.
Es decir, la amenaza de la violencia -o la violencia misma- no tiene que ser real para que provoque
consecuencias. Basta con que eventos de violencia -aun siendo casos aislados- sean retomados
de manera sistemática por los sistemas de comunicación masiva para modificar la percepción de
seguridad.51
_________
Al estudiar los efectos de la violencia sobre las víctimas directas del delito, varios autores han
señalado que las consecuencias de la victimización afectan tanto la vida pública como privada de
las personas. Ya desde 1777, al tratar los efectos de la violencia, E. Burke señalaba que, «[los
51

Sobre este sentido, se retoma a John Condry (1994) cuando señala que: "la influencia de la televisión
depende de dos factores: la exposición y el contenido. Cuanto mayor es la exposición del espectador al
espectáculo televisivo, tanto mayor es, en general, la influencia ejercida por el medio"

141

�episodios prolongados de violencia] afectan de manera profunda la forma de las personas. Vician
su política; corrompen su moral, inclusive pervierten su gusto natural por, y defensa de, la
igualdad y la justicia».52 Asimismo, al tratar sobre episodios de violencia internacional, J. Keane
(2004) señala que,
[...] las mujeres que han sido violadas, o los hombres que han sido atacados y robados
en la calle, sufren de pesadillas ocasionales o de ataques de pánico durante el día, o
lloran de manera incontrolada. Durante y después de episodios de violencia, estos
síntomas son experimentados de manera más intensa y por periodos más prolongados
de tiempo; sin duda llegando a ocurrir mucho tiempo después de que las condiciones
de violencia que los originaron hayan desaparecido. Cuando llega la paz -de llegar-, los
individuos cargan la violencia interna con ellos. No experimentan ninguna alegría en la
'victoria' ni en la 'paz'. (p.123)
Así, la violencia causa estragos sobre los individuos a los que toca: al ser fuente de amenaza
constante de muerte, provoca que sus víctimas vivan con, y emanen, miedo (Keane, J, 2004,
p.122). Todo esto es incompatible con las actitudes individuales que se busca promover en
democracia. Los estragos que provoca en la confianza interpersonal de los individuos, y el
sentimiento de temor que experimentan las personas, lleva a que, como ha señalado A. Louw,
los ciudadanos «endurezcan sus actitudes respecto al crimen» (Louw, A, 2007. p.241); o, peor
aún, que apoyen regímenes que emplean medidas autoritarias.
En un estudio conducido por S. Mainwaring (2010) sobre el incremento de la
victimización criminal en América latina, se concluyó que la inseguridad en la región ha provocado
reducciones en el apoyo popular hacia la democracia. En este mismo sentido, empleando datos de la
encuesta USAL-Colmex 2011,53 se encontró que a mayor incidencia delictiva es menor el apoyo
individual hacia la democracia y aumenta la preferencia por regímenes de gobierno de corte
autoritario.54 La diferencia en el apoyo a la democracia entre quienes no fueron víctimas del delito
52

"[Episodes or prolonged violence] strike deepest of all into the manners of the people. They vitiate
their politics; they corrupt their morals; they prevent even the natural taste and relish of equality and justice"
(Burke, E., p.203)
53
Salvador Marti i Puig, et al (eds.), Democracy in Mexico: Attitudes and Perceptions of Citizens at
National and Local Level, (base de datos), Chapel Hill, NC, Institute for the Study of the Americas, (en prensa).
54
Las preguntas de cuestionario que se empelaron en este análisis son, por un lado, «¿Cuál de las
siguientes frases se parece más a su manera de pensar? (1) La democracia es preferible a cualquier otra forma
de gobierno; (2) En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático; (3)
A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático» y, por otro, se
construyó un índice que suma la incidencia delictiva sufrida por los individuos, a partir de la pregunta de
cuestionario: «A continuación le voy a leer una lista de delitos. Por favor dígame si en los últimos 12 meses,
usted o alguien de los que viven en este hogar fue víctima de alguno de ellos: [robo personal, robo a casa, robo
de auto, homicidio, robo de autopartes, robo a comercio, riñas, secuestro y delitos sexuales]». Cabe señalar que
en la tabla se muestra únicamente la incidencia delictiva de cero a tres episodios criminales ya que ahí se

142

�y quienes sufrieron tres delitos en los últimos doce meses es de -18 puntos, donde las víctimas
apoyan menos la democracia y más la adopción de regímenes autoritarios (+11 puntos). Estos
resultados se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Incidencia delictiva y aprobación de la democracia
¿Cuál de las siguientes frases se parece más a su manera de pensar?
Incidencia delictiva:
numero de veces que
una misma persona
fue víctima del delito
en el último año
0
1
2
3

(1) La democracia es
preferible a cualquier
otra forma de
gobierno
67%
64%
58%
49%

(2) En algunas
circunstancias, un
gobierno autoritario
puede ser preferible a
uno democrático
20%
22%
22%
31%

(3) A la gente como
uno, nos da lo mismo
un régimen
democrático que uno
no democrático
13%
14%
20%
20%

Total
100%
100%
100%
100%

En este sentido, para E. Barahona y C. Rivas (2011, pp. 240-241) el mayor peligro que
representan las tasas elevadas de criminalidad es la posible erosión de la democracia; y consideran
la opción que en un ambiente de inseguridad la ciudadanía encuentre algunas medidas
autoritarias como legítimas, por pensar que éstas son el mejor medio para reducir el crimen. Así,
explican las autoras, los episodios de violencia pueden presionar a la ciudadanía a apoyar políticas
de mano dura, con las consecuencias sobre la democracia que ello significa.
Al respecto, en el caso mexicano -y otros tantos en América latina- (Barahona, E., Rivas,
C., 2011, p.215) la ciudadanía identifica la debilidad de la democracia (más que a los gobiernos),
como la causa principal de la violencia; y no consideran que la violencia puede ser causa de malas
políticas gubernamentales o de cambios en los arreglos y estructuras políticas que han quebrado
acuerdos sociales con los que otrora se mantenía el orden y la seguridad pública.
Por último, y en contraste con los sustentos teóricos expuesto hasta el momento, se
encontró que en México las actitudes de las víctimas con respecto a la democracia muestran una
tendencia distinta que las actitudes de las personas que se sienten inseguras. Es decir, de acuerdo

concentra la mayor parte de los casos considerados en la muestra y que a partir de incidencias delictivas de
cuatro casos en adelante el tamaño de la N es muy reducida y menor a treinta.

143

�con datos de la misma encuesta USAL-Colmex, la percepción de inseguridad presiona al alza la
demanda de un régimen democrático, donde entre más se considere que ha aumentado la
violencia más se aprueba un régimen democrático. Los resultados se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Percepción de delincuencia y aprobación de la democracia
¿Cuál de las siguientes frases se parece más a su manera de pensar?
¿Usted diría que la
delincuencia ha
aumentado o ha
disminuido en nuestro
país?
Disminuido mucho
Disminuido algo
Ni aumentado ni
disminuido
Aumentado algo
Aumentado mucho

(1) La democracia es
preferible a cualquier
otra forma de
gobierno
59%
63%

(2) En algunas
circunstancias, un
gobierno autoritario
puede ser preferible a
uno democrático
21%
23%

(3) A la gente como
uno, nos da lo mismo
un régimen
democrático que uno
no democrático
20%
14%

64%

19%

17%

62%
67%

24%
20%

14%
13%

Total
100%
100%
100%
100%
100%

Metodología
Para dar respuesta a las interrogantes planteadas en este artículo, se emplea la base de datos de
la encuesta USAL-Colmex, 2011, (Marti, S. et al, 2011) la cual consiste en una muestra de 2,900
casos levantados por medio de entrevistas personales (cara a cara) en vivienda con un
cuestionario estructurado; con una población objetivo que consiste en adultos (hombres y
mujeres de 18 años cumplidos y más) que residen de manera permanente en territorio nacional.
Y, con representatividad por regiones de violencia (estados de alta, media y baja violencia) y con
una sobremuestra que vuelve representativos los resultados obtenidos para Guanajuato,
Guerrero, Estado de México, Distrito Federal y Veracruz; con lo cual es posible medir efectos
fijos por región. A continuación se describen la variable dependiente, las variables
independientes y las variables de control consideradas para el modelo:
I. Variable Dependiente:
En el modelo, la variable dependiente que se emplea consiste en si el encuestado dijo haber
participado, o no, en una de las nueve formas de participación política no electoral consideradas
en el cuestionario. Los fraseos de pregunta que se emplearon son: «Ahora le voy a leer una lista
de actividades políticas. Dígame si usted ha participado [o no ha participado] en alguna de ellas»
y «En alguna ocasión ha ido usted a su Ayuntamiento o Delegación política a proponer alguna

144

�idea, apoyar algún proyecto o realizar una demanda, o no lo ha hecho». Las opciones de respuesta
(formas de participación política no electoral) consideradas son: marchas, caravanas de
automóviles, mítines o actos masivos, firma de peticiones, reparto de volantes de casa en casa,
ocupación de edificios públicos (calles, carreteras o avenidas), participar en una campaña política
como colaborador y, participar en el Ayuntamiento. Al tratase de variables dicotómicas, se asignó
el valor 0 a la no participación y 1 a la participación en cada una de las formas de acción política
arriba mencionadas. Posterior a lo cual se procedió a sumar las variables dicotómicas para crear
un índice de participación política no electoral, con valores que van del 0 (no participa) a 9
(participa en todas las formas consideradas en la medición).
Tabla 3. Frecuencias de la variable dependiente: Participación política no electoral

Participación no
electoral
(frecuencia)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Frecuencia
1,482
584
275
193
111
80
53
38
59
25
2,900

Porcentaje
51.10
20.14
9.48
6.67
3.82
2.76
1.83
1.31
2.03
0.86
100.00

II. Variables Independientes:
Se consideran dos variables independientes para el modelo: (VI1) la victimización y (VI2) los
cambios en la percepción de inseguridad en el país. La primera de estas variables es de tipo
dicotómica y consiste en si el entrevistado dijo haber sido víctima en los últimos doce meses de
algún delito de alto impacto. La pregunta de cuestionario que se consideró para medir esta
variable lee: «Por favor dígame si en los últimos doce meses usted fue víctima de alguno de ellos»;
donde las opciones de respuesta son: robo personal, robo en casa, robo de auto, homicidio, robo
de autopartes, robo de comercio, riñas, secuestro y, finalmente, delitos sexuales.

145

�La segunda variable considerada mide los cambios en la percepción de seguridad en el
país: «En comparación con hace seis meses, ¿usted diría que la delincuencia ha aumentado o ha
disminuido en nuestro país?». Y, las opciones de respuesta son: ha aumentado mucho, ha
aumentado algo, no ha aumentado ni disminuido, ha disminuido algo y, ha disminuido mucho.

Tabla 4. Frecuencias de la variable independiente 1: Victimización

Victimización
(frecuencia)
0
1
2
3
4
5
6
7
Total

Frecuencia
1,831
668
261
90
29
4
1
1
2,885

Porcentaje
63.47
23.15
9.05
3.12
1.01
0.14
0.03
0.03
100.00

Tabla 5. Frecuencias de la variable independiente 2: Percepción de inseguridad

Percepción de la delincuencia
(frecuencia)
Disminuido mucho
Disminuido algo
Ni aumentado ni disminuido
Aumentado algo
Aumentado mucho
Total

Frecuencia
72
222
356
633
1,596
2,879

146

Porcentaje
2.50
7.71
12.37
21.99
55.44
100.00

�III. Variables de Control:
Las variables de control que se consideran son:55 (VC1) interés en política (medido a partir de
una pregunta de auto ubicación en la cual se cuestiona al entrevistado si él se considera una
persona que se interesa mucho, algo, poco o nada en la política); (VC2) la participación en
organizaciones sociales (considerando la participación activa en sindicatos, asociaciones
profesionales, partidos políticos y organizaciones ambientalistas); (VC3) la intención de voto
futuro (medido a partir de una variable dicotómica construida con la pregunta «Si hoy fueran las
elecciones para Diputados Federales, ¿por cuál partido votaría usted?», agrupando entre quienes
mencionaron un partido [1] y quienes dijeron no votar o no expresaron respuesta [0]); (VC4) si
ha realizado trabajo voluntario que implique donar tiempo; (VC5) asistencia a rituales religiosos
(a partir de la pregunta «En el último mes, en promedio, ¿con qué frecuencia asistió a servicios
religiosos?»); (VC6) confianza interpersonal (medido como una escala de auto ubicación de diez
valores que ubica al encuestado entre quienes consideran que las personas sólo se preocupan por
si mismas [1] y quienes opinan que las personas tratan de ayudar a los demás [10]); (VC7) edad
(a partir de 18 años en adelante); (VC8) ingreso (en las categorías que van del estrato A al G); 56
(VC9) la escolaridad (para lo cual se consideran las siguientes opciones: ninguna, primaria
incompleta/completa, secundaria incompleta/completa, carrera técnica, preparatoria y
universidad o más)57 y; (VC10) género.

55

Con base en lo expuesto por Henry E. Brady, Sidney Verba y Kay L. Scholzman (1995), las variables
que pueden influir sobre la acción política son: donación de tiempo y dinero así como la adopción de habilidades
ciudadanas. Asimismo, de acuerdo con Jan Teorell, Mariano Torcal y José Ramón Montero (2007) lo que
determina la participación política de los individuos es la intención de voto futuro, la participación en
organizaciones sociales y políticas, y la asistencia religiosa.
56
La pregunta considerada para medir los estratos de ingreso dice: «Sumando los ingresos de todas las
personas que trabajan en esta casa, ¿en qué letra ubicaría el ingreso mensual de este hogar?». Los estratos son
los siguientes: A. 0-1 salario mínimo (0-1,460); B. 1-3 sal. mín. (1,461-4,380); C. 3-5 sal. mín. (4,381-7,301);
D. 5-7 sal. mín. (7,302-10,221); E. 7-10 sal. mín. (10,222-14,601); F. 10-30 sal. mín. (14,602-43,803); G. 30 +
sal. mín. (43,804 y más).
57
Al tratar sobre la importancia que tienen las variables de control sobre la democratización de las
sociedades, cabe retomar -de manera breve- la discusión académica sobre la relevancia de la educación y el
ingreso. A continuación se hace un recuento de los argumentos.
Educación: Considerando la actitud ciudadana hacia la democracia, retomamos a S. M. Lipset para
quien el factor aislado más importante que diferencia a las personas que suministran respuestas democráticas
de las demás es la educación, por lo tanto establece que cuanto más elevada sea la instrucción, tanto más
probable es que se crea en los valores democráticos y se apoyen las prácticas de igual tipo. Así, «la educación,
si bien no hace de los hombres buenos ciudadanos, les facilita al menos que se conviertan en tales» (Seymour
Martin Lipset, op. cit., p. 34).
Ingreso: Además de un aumento en la educación, un aumento en la riqueza también sirve a la
democracia pues ambos factores alejan a las clases bajas de enrolarse en determinadas ideologías (adversas o

147

�Resultados
Los resultados obtenidos con el ejercicio de regresión resultan relevantes y reveladores para
contestar a la pregunta de investigación planteada en este artículo: (1) si haber sido víctima de
uno o más delitos considerados de alto impacto afecta el grado de participación política no
electoral de los individuos y; (2) si la percepción de inseguridad en el país afecta las formas de
participación política no electoral de los ciudadanos. Como se muestra a continuación (Gráfico
1) no se puede sustentar la primera hipótesis planteada («[H1] se espera que a mayor percepción
de inseguridad haya mayor participación política no electoral») y; no hay elementos para descartar
la hipótesis dos ya que se encontró una correlación significativa con tendencia positiva entre los
niveles de victimización y la participación no electoral de los ciudadanos («[H2] se espera que la
población que ha sido víctima de algún episodio criminal de alto impacto sea más propensa a la
participación política no electoral que la población en general»). Asimismo, en el apéndice 1 se
muestra los resultados de la estadística descriptiva para cada variable (numero de observaciones,
valores mínimos/máximos, media, desviación típica, oblicuidad y curtosis).

Gráfico 1. Gráfico de coeficientes

contrarias a la democracia) y los hacen menos receptivos a los extremismos políticos. Aún así, todos los estudios
que al respecto se han emprendido indican que la educación es más significativa que los ingresos o la ocupación
(Seymour Martin Lipset, op. cit., pp. 35-36 y 45).
Educación vs. Ingreso. Dos visiones: La literatura sobre desarrollo democrático presenta dos
argumentos divergentes. En primer lugar se encuentran aquellos autores que dan mayor peso a la educación, en
función de la evidencia que muestra que la contribución de la educación a la democracia es muy directa y fuerte,
modificando la conducta individual de la población y haciendo de su cultura política una más afín a los valores
democráticos (Seymour Martin Lipset, op. cit., p. 35) y donde «se entiende por régimen democrático un
conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más
amplia participación posible de los interesados» (Norberto Bobbio, op. cit., p. 18). Es decir, que encuentran una
asociación positiva entre la educación y la democratización de la población. Esto lleva a una cuestión irresuelta
sobre si las actitudes del público en general (cultura política) son una causa o un efecto del establecimiento o la
estabilidad de los regímenes democráticos en México (1990-2005), Foro Internacional, 4(2007), p. 927).
En segundo lugar están quienes, como M. Weber, sugieren que la democracia moderna, en su forma
más clara, sólo puede manifestarse bajo la industrialización capitalista (Seymour Martin Lipset, op. cit., p. 26).
Sin embargo, la discusión se remonta mucho tiempo atrás: desde Aristóteles hasta el presente se ha argumentado
que sólo en una sociedad opulenta en la cual relativamente pocos ciudadanos vivan en un nivel real de pobreza,
se puede hallar una situación en la cual la masa de la población participe de manera inteligente en política y
desarrolle la «autoconciencia suficiente para evitar sucumbir al llamado de demagogos irresponsables»; así, una
sociedad dividida en una gran masa empobrecida y una pequeña élite favorecida resulta ya sea en una oligarquía
(gobierno dictatorial del pequeño estrato superior) o en una tiranía (dictadura de base popular). Por lo mismo,
E.N. Muller y M.A. Seligson consideran que uno de los determinantes más importantes para el ámbito
democrático de un Estado es la desigualdad del ingreso (Ma. Fernanda Somuano, art. cit., p. 927).

148

�Conclusiones
A diferencia de lo planteado por la literatura que trata sobre los efectos de las percepciones de
inseguridad, se encontró que para el caso mexicano la percepción del estado que guarda la
violencia en el país no tiene efectos significativos sobre la participación política no electoral de
la ciudadanía. Es decir, se encontró que lo expuesto en la literatura en materia de percepción de
inseguridad y desarrollo democrático no se sustenta para el caso de México -al menos no con los
datos empleados. Esto resulta relevante ya que nos puede servir como una forma de señalar el
grado al que llega la inacción ciudadana en el país; donde a diferencia de otros casos de estudio,
en México el sentimiento de inseguridad no genera formas adicionales de acción política desde
el punto de vista del comportamiento individual de los ciudadanos. Cabe destacar lo grave de
este descubrimiento ya que refleja (1) los retos futuros que van a significar los estragos
psicológicos y psicosociales resultado de una sociedad reprimida en sus formas de participación
política y, (2) la falta de consolidación de los valores democráticos que llevan a la acción

149

�ciudadana encaminada a proteger la continuidad de las reglas y normas a seguir en un régimen
democrático. Lo anterior, de acuerdo con las teorías de consolidación de la democracia que
exponen la importancia de que los ciudadanos consideren que pueden influir de manera real
sobre la toma de decisiones en política por medio de su participación activa en el gobierno.
Asimismo, con los resultados del modelo, es posible asegurar que los índices de
victimización afectan al alza la participación política no electoral; es decir, a mayor incidencia
delictiva mayor la probabilidad de que el ciudadano incurra en formas de participación política
como asistencia a marchas, toma de edificios públicos, firma de peticiones y otras formas de
participación consideradas en el modelo.
Con los resultados obtenidos a partir de este análisis, se dibuja un escenario en el desarrollo
político de las sociedades mexicanas donde son las víctimas del delito las que se encuentran
empujando la participación política de los ciudadanos para influir en el Estado mexicano por
medio de demandarle que cumpla su tarea principal (y motivo de ser), que es la provisión de
seguridad a sus ciudadanos.
Como sociedad no podemos dejar que sean las víctimas las que carguen sobre su lomo
tanto los efectos adversos sobre la psique de vivir un episodio criminal, como la labor ciudadana
de exigir que el Estado cumpla sus tareas primordiales y fundacionales de provisión de seguridad.
Por lo cual resulta muy relevante -y materia de una investigación posterior- las formas que se
pueden impulsar desde la sociedad y los gobiernos, para fomentar la participación ciudadana en
torno a la consolidación de los valores democráticos.

Referencias
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Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis, (pp. 334-357)
London: Routledge.

151

�Apéndice 1: Estadística Descriptiva

152

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 4. Agosto-diciembre 2016, pp. 153-167
ISSN: 2395-8448

Laboratorio del Procomún y Teoría del Actor Red: Propuesta de
Aplicación al Proceso de Reforma a la Ley de Aguas en México
“Procomún” Laboratory and Actor-Network Theory: Proposal for
Application on the Reform Process of the Mexican Water Law
Yolanda Alicia Villegas González. Estudiante del Doctorado en Estudios Humanísticos con foco en Ciencia,
Tecnología y Sociedad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.
Actualmente se desempeña como Gerente Jurídico Internacional en Alfa, S.A.B. de C.V. Titular de la Comisión
de Energía de la ANADE, N.L. Licenciatura y Maestría en Derecho, Tecnológico de Monterrey, Campus
Monterrey. Ha cursado diplomados en Cornell University, Harvard University, Université de la Sorbonne, y
Georgetown University.
Fecha de envío: 1 de enero 2016
Fecha de aceptación: 13 de abril 2016

Si la antropología es el estudio comparativo de las sociedades, de la humanidad en lo que
tiene de ‘común’, ¿cabría acaso argumentar que entre todas las ciencias sociales es la
antropología la que mejor preparada está para afrontar la problematización de un
fenómeno (aparentemente) emergente como el ‘procomún’?
-Alberto Corsín58

Resumen/ Abstract
Este texto tiene la intención de incentivar el uso del Laboratorio del Procomún y de
la Teoría del Actor Red por la sociedad civil mexicana, de tal forma que se eficiente la

58

A mayor abundamiento, favor de consultar los artículos publicados por dicho autor en el
siguiente link, disponible al 06 de abril de 2016: http://medialabprado.es/person/alberto_corsin_jimenez

153

�participación de la ciudadanía en torno a un problema eminentemente social y con tintes de
seguridad alimentaria y nacional: la Reforma a la Ley de Aguas de México.
This text intends to encourage the use of the Mexican civil society of the “Procomún”
Laboratory and of the Actor-Network Theory in order to increase and improve the citizens’
participation in relation to an issue that can be characterized both as a social matter in terms
of food security governance, as well as a national security problem: the Mexican Water Law
Reform.

El presente artículo tiene la finalidad de presentar una propuesta para que se lleve a
cabo un MediaLab59 en un tema “procomún”, como lo es el caso de la Reforma a la Ley de
Aguas en México (la “Reforma”). En este sentido, se analiza además la racionalidad de
utilizar la Teoría del Actor Red de Bruno Latour como mecanismo para fundamentar la
necesidad de realizar foros donde efectivamente participen los distintos actores humanos y
actantes, en problemáticas que afectan gravemente a la sociedad.
Sobre el particular, es importante visualizar la problemática de la escasez del agua en
México como una cuestión que nos atañe a todos los mexicanos, y por ende, todos los
miembros de la comunidad debieran tener la oportunidad de participar en lo concerniente al
proceso de Reforma.
Y cuando menciono que todos debemos ser partícipes, lo expreso en el tenor de que
por lo menos los grupos más representativos de la sociedad civil (y no solo de los grupos
económicos preponderantes, como lo pueden ser las cementeras, los miembros de la
ANEAS60, algunas universidades de la Ciudad de México, los grupos de agricultores y el
propio Gobierno, a través de sus distintas instancias –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-)
tienen que ser escuchados a este respecto.
Habiendo dicho esto, y siendo que existe un área de oportunidad relevante para que
la comunidad en su conjunto exprese sus ideas y sea parte del cambio que se derive de la
Reforma, propongo la utilización de la fórmula del “Laboratorio del Procomún”, creada por

59 Para revisar este término y sus implicaciones, favor de remitirse a la siguiente página web,
disponible al 25 de abril de 2016: http://medialab-prado.es
60
ANEAS es el acrónimo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento
de México, A.C.

154

�Antonio Lafuente, la cual “tiene como objetivo articular un discurso y una serie de acciones
y actividades… Procomún busca expresar mediante un término nuevo una idea muy antigua:
que algunos bienes pertenecen a todos y que en conjunto forman una comunidad de recursos
que debe ser activamente protegida y gestionada” (MediaLab Prado, 2014).
El “Laboratorio del Procomún” es un claro ejemplo de cómo un foro que conjunta a
personas de diversos ámbitos, como lo es el del derecho, el periodismo, la política, la
ecología, el activismo, etc., coadyuva a la formación de grupos de trabajo que se reúnen
periódicamente para trabajar, ya sea en línea o de manera presencial, para debatir y planificar
acciones que aportan concientización en relación con el valor de los diversos “procomunes”,
y sobre los peligros que representan una amenaza a los mismos.
Para Antonio Lafuente:
“La noción de procomún es un concepto ancho, plural y elusivo. Ancho, porque
abarca una considerable diversidad de bienes naturales (selvas, biodiversidad, fondos
marinos o la Luna), culturales (ciencia, folclore, lengua, semillas, Internet), sociales
(agua potable, urbe, democracia, carnaval) y corporales, también llamados de la
especie (órganos, genoma, datos clínicos).
Plural, porque son tan múltiples como los muchos modos de existencia que adoptan
las comunidades, tanto en el plano local, como en el regional, estatal o internacional,
pues no hay comunidad sin un procomún donde asentarse.
Elusivo, porque siendo fundamental para la vida lo tenemos por un hecho dado. Un
don que sólo percibimos cuando está amenazado o en peligro de desaparición”
(MediaLab Prado, 2007).
Así las cosas, al calce de la descripción de Lafuente sobre el concepto de “procomún”
y en conexión con el agua y con la Reforma, podemos decir que siendo que la primera es un
bien natural social con base en el cual se sustenta la vida del ser humano, y que se encuentra
actualmente amenazada en cuanto al sobreuso, explotación y contaminación del recurso en
México, parecería lógico aplicar este tipo de modelo (“Laboratorio del Procomún”) para
examinar la Reforma y sus implicaciones a nivel comunitario.
El “Laboratorio del Procomún” podría llevarse a cabo siguiendo el modelo previsto
por MediaLab Prado para la “Cultura de lo Común”, y según las etapas que indican los

155

�autores Andoni Alonso y Antonio Lafuente (Alonso &amp; Lafuente). Consecuentemente, se
propone la siguiente metodología para utilizarse con actores de la comunidad (sociedad civil)
en el estudio de la Reforma:
Fase

Nombre

Descripción

1

Taller

Los interesados en el proyecto se reunirán en un taller que
se celebrará en un foro/auditorio, para adoptar las primeras
decisiones y atribuir las primeras responsabilidades.

2

Wiki

Cada

uno

de

los

autores

comprometidos

tomará

responsabilidades en la redacción de una o varias propuestas
en relación con la Reforma, y se enlistarán las principales
áreas de oportunidad y preocupaciones del grupo.
Asimismo, se creará un índice que permita captar
ordenadamente las diferentes aportaciones que los demás
miembros del proyecto quieran efectuar.
3

Libro

Una vez transcurrido el periodo fundacional (la duración
puede variar dependiendo del número de personas que
deseen participar, del alcance geográfico del proyecto, y del
lapso que los asistentes decidan otorgar para la presentación
de la Wiki), la Wiki quedará abierta a la colaboración de
cualquier persona que desee participar, miembros o no del
colectivo inicial, y seguirá creciendo como un proyecto
procomunal. Simultáneamente, el trabajo inicial podría
publicarse en el formato de libro (con licencia abierta y pdf
gratuito, además de accesible) para lograr otras formas de
complicidad, de sinergia y de lectura distintas a las que se
dan en la red. Además, se podrá presentar el resultado ante
los legisladores para que sea tomado en consideración en la
Reforma.

En conexión con la realización de un “Laboratorio del Procomún” para la Reforma,
es vital percatarse de que “convocar a la gente para discutir sobre el procomún (los bienes

156

�que creíamos de todos y de nadie al mismo tiempo que debemos legar a las generaciones
futuras) plantea el problema de identificar las comunidades que sostiene y son sostenidas por
estos bienes compartidos. No hay procomún sin comunidad, y viceversa” (Lafuente, 2008).
Para el caso del agua y de la problemática de su escasez, es notorio que existe
preocupación de la población por este tema, y que si se incentiva adecuadamente la
participación de la sociedad civil en este modelo, será bastante sencillo agrupar distintos
segmentos (escuelas, académicos, empresas, público en general, etc.) que opten por formar
parte del “Laboratorio del Procomún”.
La racionalidad detrás de conjuntar a la sociedad civil en el análisis de la Reforma,
tiene su origen en el hecho de que en muchas ocasiones los gobernantes y legisladores de
nuestro país toman decisiones que no apuntan al beneficio de la población, y que favorecen
a grupos de poder que cabildean para salvaguardar intereses de corto plazo, y que incluso
ponen en peligro o amenazan la sustentabilidad de las fuentes convencionales de agua.
Además, hemos sido testigos a lo largo de la historia política de México que dichos
grupos de poder han logrado vender sus ideas al Gobierno y al sistema legislativo nacional
so pena de altos costos tanto a nivel económico como ambiental.
Por ende, si (i) se logra aplicar una nueva forma de trabajo colaborativo (que simule
las prácticas de un laboratorio tradicional) al tema procomún de la escasez del agua, y (ii) se
convoca, en adición a miembros de la sociedad civil, a cierto número de expertos que
escuchen las exposiciones de invitados al “Laboratorio del Procomún”, discutiéndose
finalmente el contenido de la exposición, (a) se hace factible para la comunidad el clarificar
los fundamentos empíricos y los alcances teóricos del marco conceptual de la Reforma, y (b)
se institucionaliza la relación entre dichos expertos y el público en general.
El modelo que se plantea puede ser adoptado para una amplia gama de temas en
México, y tiene el propósito de generar un laboratorio de ideas compartido por la comunidad
en el que se apueste por un mundo hecho entre todos, un mundo común. Tal y como lo
menciona Antonio Lafuente en sus reflexiones sobre cómo puede evolucionar el
“Laboratorio del Procomún”:
“Un laboratorio sirve para hacer visibles aspectos ocultos (o desdibujados) de la
realidad, así como para reunir fragmentos diseminados del entorno, lo que explica
que muchos antropólogos o sociólogos afirmen que en la práctica un laboratorio crea

157

�la realidad. Y por eso no es sorprendente que la realidad pueda ser vista como un
laboratorio o que el laboratorio pueda ser visto como lugar de producción y
reproducción de la realidad. O, en pocas palabras, que cada vez es más difícil
distinguir dónde empieza y termina el laboratorio, o cuáles son sus fronteras. Tanto
es así, que hablar de laboratorio sin muros no implica apostar por algo inexistente o
ultimísimo, sino reconocer la dificultad para dibujar la línea divisoria entre el dentro
y el fuera de lo que (allí) sucede” (Lafuente, Laboratorio sin muros).
De lo anterior se desprende que el “Laboratorio del Procomún” genera un esquema
sin muros que crea una comunidad de practicantes alrededor de un problema, con una serie
de reglas que les permite producir resultados e interactuar con actores experimentados y sin
experiencia en la temática, con el objeto de “hacer visibles comunidades emergentes de
concernidos: darles la palabra, darles el tiempo, darles la experiencia, darles la tecnología,
darles los media, darles las palabras” (Lafuente, Laboratorio sin muros).
A mayor abundamiento,
“el procomún entonces es creado y recreado, conectado y reconectado: nace de la
interacción entre los concernidos que echan en falta algo que se les está negando y
que lo daban por hecho, heredado o inalienable. El procomún es un estado de
emergencia (por imprevisible y por urgente), surge del empoderamiento de los
afectados que reclaman derechos amenazados o destruidos. El procomún redime a los
públicos de su condición de súbditos/consumidores y fragmenta la sociedad en
comunidades resistentes a la realidad. No hay procomún sin comunidad: hacerlo
visible es el trabajo del laboratorio” (Lafuente, Laboratorio sin muros).
Del texto de Lafuente antes transcrito, podemos vislumbrar la importancia del
empoderamiento de los participantes del “Laboratorio del Procomún”, de tal forma que
puedan constituir elementos de lucha contra la realidad imperante. Esa lucha, en el caso de
la Reforma, es vital para lograr un cuerpo normativo ad-hoc con las necesidades de
suministro de agua para todos los sectores de la población mexicana. Debemos crear
“comunidad” para todos los “procomunes” y generar dinámicas de laboratorio con grupos,
acciones y objetivos claros, que coadyuven a la iniciación de nodos, redes de actores
“ciudadanos” y actantes en aras de concretar acuerdos con los órganos de gobiernos

158

�respectivos, que impidan la destrucción de tales bienes, o bien, que reduzcan la amenaza que
se posa sobre ellos.

Asimismo, es trascendental cambiar la visión sobre las formas y mecanismos de
acceso de las masas a la información y al conocimiento. Es relevante mencionar que “por un
largo periodo de tiempo, la infraestructura epistémica fue controlada por las élites, y sólo
para el beneficio de las élites” (King, 2012). Luego entonces, el “Laboratorio del Procomún”
permitiría efectuar un cambio en la infraestructura epistémica mexicana y puede incluso
lograr nuevas formas de conocimiento y de aportación ciudadana; se convertiría en un
proyecto donde se aplique el término de “Research in the Wild”61, y que sensibilice (al mismo
tiempo que obligue) en cierta medida a nuestros legisladores a tomar las mejores
consideraciones (o al menos las consideraciones consensuadas con múltiples grupos de
interés) en cuanto a la problemática de la escasez del agua en México.
Y es precisamente en este punto donde es pertinente volver al argumento esbozado
inicialmente por Lafuente, en el sentido de que la degradación de un bien implica el
debilitamiento de una comunidad. La explicación que este autor da en su artículo
“Comunidades de afectados, procomún y don expandido”, es particularmente interesante.
Antonio Lafuente concretamente expresa que:
“La relación entre procomún y comunidad es estructural, al extremo de que no hay
procomún sin comunidad, ni comunidad sin procomún. La noción de comunidad está
repleta de connotaciones tan complejas como delicadas… Nuestras comunidades
están formadas por personas que se sienten amenazadas y que echan en falta algo que
de pronto, desde que les ha sido arrebatado, consideran clave. Hablamos entonces de
comunidades de extraños, emergentes y en lucha. Lo que tienen en común, lo que
forzó su cohesión, tiene una doble naturaleza: de una parte, que a todos les aprieta el
zapato en el mismo sitio y, de otra, que han decidido luchar contra lo que consideran
una agresión. Hablamos entonces de comunidades de afectados que intentan ser de

61

Este concepto hace alusión a una nueva manera de investigar, en la cual participan actores
científicos y personas de una comunidad determinada (que no pertenecen al ámbito
científico) que tienen interés en la realización de tal actividad investigativa, y cuyo resultado
es la creación de sinergias entre la comunidad científica y la sociedad civil.

159

�empoderados y, en el extremo, de afectos” (Lafuente &amp; Corsín, Comunidades de
afectados, procomún y don expandido, 2010).
Con base en lo anterior, es menester señalar que el agua es un bien que debe ser
tutelado por los seres humanos con el mayor de los cuidados, y es, sin lugar a dudas, una
cuestión sobre la cual todos podemos unirnos y luchar. El empoderamiento intrínseco en las
comunidades que se crean en el “Laboratorio del Procomún”, apoya a la lucha en contra del
mal uso y de la pobre gestión que el gobierno mexicano ha realizado sobre el recurso hídrico.
Ahora bien, ya que he ilustrado la necesidad de optar por un foro como el del
“Laboratorio del Procomún”, es relevante señalar que uno de los principales temas a tratar
(cuando menos al inicio del laboratorio), es el de la identificación de los actores humanos y
actantes dentro del sistema gubernamental y privado del agua en México. Para ello, propongo
la utilización de la “Teoría del Actor Red” de Bruno Latour, y enmarco la importancia de
efectuar este ejercicio en el hecho de que la comunidad debe entender las situaciones fácticas
y las relaciones de poder que se entremezclan en el aparato estatal y no gubernamental, que
ayudan o que simbolizan por el contrario un deterioro en el uso sustentable del agua en
nuestro país.
Y más aún, el propio “Laboratorio del Procomún” puede ser una fuente de
investigación aplicada dentro de la teoría de Latour. Podría contemplarse como un caso de
estudio, y dada la importancia del fenómeno que se investiga, sería una gran oportunidad
para crear conocimiento compartido.
En este sentido, la “Teoría del Actor Red” es susceptible de aplicación porque los
participantes del “Laboratorio del Procomún”, requerirán conocer los paradigmas de ciencia
que cada actor (gubernamental y no gubernamental) detenta en relación con la escasez del
agua. Además, es necesario que los ciudadanos comprendan las redes que se encuentran atrás
de las decisiones y consideraciones a ser plasmadas en la Reforma.
Dado que para solventar el problema de la escasez del agua en México se requiere de
hacer cambios tanto a nivel de política pública, como a nivel legislativo, organizacional y de
forma de implementación de las políticas públicas y de la legislación, es menester reconocer
que como sociedad debemos estar al tanto de los aspectos tecno-científicos a ser aplicables
al manejo y gestión del vital recurso. Sobre el particular, vuelvo a insistir en la importancia
de examinar las prácticas cotidianas de los actores más relevantes en la materia. Un actor

160

�fundamental es la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”), y en este tenor, es factible
analizar las prácticas cotidianas de esta institución y con base en ello presentar sugerencias
claras y precisas a ser contempladas en la Reforma.
Tal y como lo señala John Law:
“La teoría del actor-red es una familia diversa de herramientas semiótico-materiales,
sensibilidades y métodos de análisis que tratan todos los elementos de los mundos
naturales y sociales como un efecto, generado permanentemente, de las redes de
relaciones dentro de las que están ubicados” (Law, 2007).
En este marco contextual, al revisar las redes dentro de la propia CONAGUA, los
participantes serán capaces de lograr instaurar mecanismos normativos que impidan que el
bien procomún continúe en peligro o amenazado. Y aquí es donde las potencialidades y
valoraciones sobre probabilidades (retomados por la “Sociedad del Riesgo”) de que los
peligros puedan limitarse o erradicarse con base en las propuestas de ley a ser retomadas en
la Reforma, así como en la cuestión de implementación por este órgano desconcentrado
(CONAGUA), adquieren particular relevancia.
Un tema que el “Laboratorio del Procomún” podría revisar, es el paradigma de
innovación que la CONAGUA ha adoptado en cuanto a la construcción de infraestructura y
de métodos para lograr el suministro de agua a todos los sectores de la población. Al
efectuarlo, sería prudente entonces que el pasado perdiera su poder para determinar al
presente, y que el futuro se construyera a partir de consideraciones consensuadas donde se
incentive, por ejemplo, la aplicación de nuevas tecnologías que sean más eficientes, eficaces,
sustentables y económicamente viables, al ser menos costosas.
En seguimiento a lo anterior, el “Laboratorio del Procomún” podría analizar las
políticas públicas en materia de agua de los últimos 25 años (periodo en el que ha estado
vigente la Ley de Aguas Nacionales), y las redes entre actores gubernamentales y privados
(verbigracia, las cementeras y los miembros de la ANEAS, entre otros) para proponer
regulación que impida que el conflicto de intereses prevalezca en el manejo/gestión del agua
y de su suministro a la población.
A la luz de lo expuesto, cabe hacer valer el hecho de que los ciudadanos tienen la
prerrogativa de resistirse contra el Estado cuando el mismo incumple con sus obligaciones

161

�de garantizar la seguridad y la paz públicas; y siendo el agua un recurso vital para la
supervivencia del ser humano, se insta porque los espacios y foros consagrados al estilo del
“Laboratorio del Procomún”, sean percibidos bajo esta concepción originaria de Thomas
Hobbes, como una forma de resistirse ante la ineficacia de los gobernantes y autoridades en
la materia, con respecto a la gestión hídrica en México.
En la actualidad, los ciudadanos somos conscientes de la escasez del agua y del estrés
hídrico en diversas áreas del país, por lo cual cívicamente hay que vislumbrar que “no hay
mejor abono para los riesgos que el negarlos” (Beck, 2001). Entonces, a efecto de disminuir
los riesgos en el tema del agua, hay que ganar empoderamiento como ciudadanos e influir en
la toma de decisiones de los agentes que se encuentran en el poder.
En este orden de ideas, es necesario tomar en cuenta lo previsto por Ulrich Beck en
torno a que “cuantos menos riesgos se reconozcan públicamente, más riesgos se producen”
(Beck, Retorno a la Teoría de la Sociedad del Riesgo, 2001). Por ende, el “Laboratorio del
Procomún” representa un formato que ayudaría a publicitar las áreas de oportunidad en la
legislación y en las concepciones de ciencia y tecnología de los actores y agentes
primordiales en la Reforma, causando así la reducción de riesgos futuros en el manejo del
agua.
Acorde con Ulrich, “muchas teorías sociales (incluidas las de Michael Foucault y las
de la Escuela de Frankfurt de Max Horkheimer y Theodor Adorno) pintan la sociedad
moderna como una prisión tecnocrática de instituciones burocráticas y conocimiento experto,
en las que las personas son meros engranajes de una máquina gigantesca de tecnocrática y
burocrática racionalidad” (Beck, Retorno a la Teoría de la Sociedad del Riesgo, 2001). En
mi opinión, estamos ante una Reforma que nos permite rechazar esta concepción social y que
puede establecer en la especie a la sociedad civil como un actor fundamental, aminorando la
cultura tecnocrática y burocrática de nuestro país.
Ahora bien, si tenemos presente que la “Teoría del Actor Red” pretende describir el
mundo natural y social como producto de redes de relaciones entre actores, será de interés el
entendimiento de los participantes del “Laboratorio del Procomún” en los “cómos” más que
en los “porqués”. Además, es pertinente utilizar dentro de dicho foro la “investigación en
libertad” realizada por los ciudadanos sensibilizados en el tema del agua, y preocupados
porque la Reforma cumpla adecuadamente con las necesidades de suministro de la población.

162

�De esta manera, se tiene que “la incorporación de otros actores [además de los agentes
gubernamentales y del cabildeo de la iniciativa privada en materia de agua] en procesos de
aprendizaje social en los que expertos y grupos de la sociedad civil cooperan en la
investigación, tiene como resultado, según Callon, que la investigación y la innovación se
transfieran de forma más natural a la sociedad” (Echeverría &amp; González, 2009). Y ello es
trascendente porque nuestra sociedad requiere conocer los aspectos tecno-científicos
imperantes para opinar sobre la mejor forma de cuidar los “procomunes”.
Además, es vital concientizarnos de que:
“… Tanto sociedad como naturaleza, antes que causas, son consecuencias, el efecto
de complejas negociaciones, alianzas y contraalianzas que forman parte de la
actividad de los científicos. Nada es autoevidente o ajeno a la necesidad de ser
explicado, ni siquiera distinciones tan aparentemente fundamentales como la
distinción entre seres humanos y no humanos… Tanto las entidades que
denominamos sociales como las llamadas naturales son construcciones o emergencias
de redes heterogéneas, de entramados compuestos por materiales diversos cuya
principal característica es precisamente la mencionada heterogeneidad que se da entre
ellos” (Tirado &amp; Domenech, 2005).
Luego entonces, podríamos afirmar que es de gran importancia la propuesta de incluir
a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones con respecto a la Reforma. Asimismo,
las relaciones que se entrelazan entre los actores y actantes involucrados en la Reforma son
tan complejas, que la única forma coherente y eficaz de que las ideas de la población sean
consideradas es a través de foros de discusión que estén representados por distintos gremios
sociales, y que tengan ese empuje y empoderamiento ante el Gobierno, y por qué no, ante las
diversas élites, a efecto de alcanzar consensos y de eliminar prácticas que ponen en peligro a
los “procomunes”.
En este mismo orden de ideas, “una de las propuestas más controversiales de la TAR
[Teoría del Actor Red] ha sido la introducción del concepto de “agencia” para referirse a la
capacidad de acción de los “no-humanos”” (Vaccari, 2008). Este concepto de “agencia” es
importante porque para el tema de la escasez del agua, hay que encontrar soluciones tecnocientíficas que nos permitan lograr el suministro sustentable del recurso hídrico, sin impedir
el crecimiento económico, agrícola e industrial del país. Las innovaciones serían actantes con

163

�gran influencia que constituirían un rompimiento con los paradigmas de ciencia adoptados
hasta el momento por la CONAGUA y demás organismos e instituciones vinculadas a la
gestión y al manejo del agua en México. Su “agencia” tendría tal relevancia, que causaría
disrupciones en los mercados del agua, y trastocaría por supuesto el modelo de infraestructura
utilizado en las últimas décadas por el Gobierno.
Precisamente por ello es que la realización del “Laboratorio del Procomún” debe
revestir singular importancia en este momento crítico. La gente requiere estar informada y
saber que le es posible participar en las decisiones que afectan a los “procomunes” y a la
comunidad. Y sobre todo, es fundamental que el conocimiento en la materia permee a la
sociedad civil para que puedan exigir la implementación de innovaciones tecno-científicas,
que disminuyan los gastos del erario público en infraestructura que, en la mayoría de los
casos, no resuelve el problema de fondo y que es llevada a cabo por intereses de índole
económico, más que por salvaguardar el recurso hídrico y su cabal suministro a la población.
La aplicación de la “Teoría del Actor Red” (en el ámbito del “Laboratorio del
Procomún”) para el caso de la Reforma es necesaria porque “la TAR [Teoría del Actor Red]
es un conjunto de pequeños relatos o historias. En ellos, el analista siempre pone su mirada
sobre relaciones y no sobre entidades fijas o estaciones establecidas. Del mismo modo, su
preocupación es siempre el cómo se producen las mencionadas relaciones, cómo éstas se
ensamblan, giran alrededor de ciertas entidades o constituyen otras nuevas” (Callén,
Domenech, López, Rodríguez, Sánchez, &amp; Tirado, Diásporas y transiciones en la Teoría del
Actor-Red, 2011). Consecuentemente, son bastas las sinergias que se pueden reproducir
derivadas (1) del estudio de los actores, actantes y redes de la Reforma –efectuado por parte
de los participantes del “Laboratorio del Procomún”-, y (2) del análisis de las pautas entre
dichos elementos al interior del propio “Laboratorio del Procomún” –es decir, del espacio de
reflexividad de los propios actores, actantes y redes del “Laboratorio del Procomún”-.
Tenemos pues que “la TAR [Teoría del Actor Red] permite reconceptualizar nuestra
imagen de la ciudad, las infraestructuras de movilidad de la misma y la participación
ciudadana en sus políticas de acción” (Callén B. , Domenech, López, Rodríguez, Sánchez, &amp;
Tirado, 2011).
Y si tenemos en cuenta que “las estructuras [sociales] se basan en jerarquías y poder,
que definen roles específicos de acción sobre las posiciones estratificadas que permiten

164

�castigar o recompensar, así como gobernar un sistema de difusión de la información que
permite o restringe la acción de los actores sociales” (Stinchcombe, 1975), entonces se vuelve
aún más importante la conceptualización y aplicación del “Laboratorio del Procomún” y de
la “Teoría del Actor Red” en la Reforma. Se requiere que la sociedad civil sea un actor con
preponderancia que impida la mala gestión de un recurso que es vital para la supervivencia
humana.
En otro tenor, y a mayor abundamiento respecto a los temas a tratar en el “Laboratorio
del Procomún”, los autores Hans K. Klein y Daniel Lee Kleinman a través de su escrito “The
Social Construction of Technology: Structural Considerations”, ejemplifican su visión de la
construcción social de la tecnología, con base en un caso de estudio, y manifiestan que el
resultado final de cualquier artefacto tecnológico está determinado por el tema social. Es
decir, por la construcción social, la cual puede ostentar un “marco tecnológico que promueva
ciertas acciones y que desincentive otras” (Klein &amp; Kleinman, 2002). Así las cosas, es
factible realizar un símil o analogía con el caso de la Reforma y de las implicaciones que el
uso de nuevas tecnologías puede generar en materia de agua. Si el paradigma tecnológico de
la CONAGUA, del Gobierno y de los legisladores en México no promueve la innovación y
la utilización de tecnologías en el manejo del agua, la Reforma carecerá de un aspecto
primordial, que es el de solventar la problemática de fondo. Este es pues un tema que sería
susceptible de análisis dentro del “Laboratorio del Procomún”.
Es así que, tal y como lo menciona Marcelino Cereijido, los científicos mexicanos se
han lamentado de que “en Latinoamérica no hay empresarios, sino fabricantes y vendedores”
(Cereijido, 1997). Y esta visión de ciencia y la falta de apoyo y promoción a la innovación,
han causado estancamiento en sectores como el agua y la agricultura, al no tener disponibles
nuevas tecnologías disruptivas que faciliten el manejo y la gestión del recurso hídrico. En
México se necesita de empresarios que impulsen la creación de tecnologías innovadoras que
apoyen la preservación de los “procomunes”.
Finalmente, he de decir que así como Bruno Latour y Steve Woolgar señalan en su
escrito “La vida en el laboratorio: La construcción de los hechos científicos”: “… No sólo
las afirmaciones de los científicos crean problemas para la elucidación histórica; también
ocultan sistemáticamente la naturaleza de la actividad que producen sus informes de
investigación… Por ello es necesario recuperar parte del carácter artesanal de la actividad

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�científica mediante observaciones in situ de la práctica científica” (Latour &amp; Woolgar, 2001);
nosotros, de una forma analógica debemos también, como sociedad civil, estar al tanto de lo
que ocurre con nuestros “procomunes”, y, en este caso, con la Reforma. Y qué mejor modo
de participar en este complejo proceso que a través de un “Laboratorio del Procomún” que
permita observar la práctica de los principales actores involucrados en la Reforma, de sus
paradigmas de ciencia, y por qué no, de la reflexividad que como grupos de interés podemos
ostentar del propio comportamiento alrededor de este foro, en virtud del cual, tal y como lo
expresa Juan Carlos Salazar Elena, resultará vital entender la manera en que “refuerzan estas
formas de coordinación” (Salazar Elena, 2007) sociales, y se entablan por ende objetivos
alcanzables y trascendentales para la vida humana.

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                    <text>��Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 3. enero-junio 2016, pp. 1-12
ISSN: 2395-8448

Las transformaciones del espacio público ecuatoriano contemporáneo:
estudios y reflexiones
The contemporary transformations of Ecuadorian public space: studies
and reflections
Tema: Las políticas de la Educación Superior en Ecuador dentro de la
acreditación de la calidad en América Latina: nociones sobre la
internacionalización universitaria
The politics of University Education in Ecuador within the quality
accreditation in Latin America: notions about the internationalization of
universities
Bahian Mondavi Sobbi
bahian.mondavi@uleam.edu.ec
mondavi.bahi@gmail.com
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ULEAM
Fecha de envío: 03 de agosto 2015
Fecha de aceptación: 15 de noviembre 2015

Resumen
El proceso de internacionalización de la Educación Superior en América Latina es cada
vez más visible y latente. Ecuador cuenta con la visión de un gobierno que busca la
internacionalización de la Educación Superior y con esto la movilización estudiantil al exterior.
En consecuencia, las universidades y escuelas politécnicas aumentan las exigencias en las que
basan sus sistemas de ingreso. Este mejoramiento de calidad requiere de una gran inversión
económica del Estado. Analizar las políticas de internacionalización en Educación Superior
adaptadas por el gobierno nacional y situarlas en el contexto regional implica reforzar a un equipo
de docentes con características y comportamientos distintos además de cambios contundentes
en Las competencias de los docentes, en un entorno heterogéneo y cambiante.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

1

�En Ecuador la interpretación de las leyes se guía en base a las tendencias políticas de
turno, por lo tanto, la ejecución de las políticas públicas se orienta a intereses de grupos políticos;
se propone alternativas para la ejecución de estos artículos de esta forma se evita que esto se
preste a interpretaciones de turno.
Este trabajo pretende hacer un análisis comparativo antes y durante el gobierno de la
Revolución Ciudadana1, en base a una revisión bibliográfica, y reflexionar acerca de la calidad y
exigencia de la educación actual en el contexto de la internacionalización de la Educación
Superior en América Latina.
Palabras clave: Educación Superior, internacionalización, Plan Nacional de Buen Vivir, Ley
Orgánica de Educación Superior
Abstract
The process of internationalization of University Education in Latin America is
increasingly visible and latent. Ecuador has the vision of a government that seeks the
internationalization of University Education and thus the student movement abroad.
Consequently, educational services tend to have a high qualifying requirements in their revenue
systems at universities and polytechnics schools. This quality improvement requires a substantial
financial investment by the State. Analyze policies of internationalization in University
Education adapted by the government and place them to the regional context involves
reinforcing a team of teachers with different characteristics and behaviors in addition to strong
changes in educational skills in the academic and scientific field.
In Ecuador the interpretation of laws is guided based on political trends shift, therefore
the implementation of public policies oriented to the interests of political groups; alternatives
for the implementation of such articles in this way prevents them to interpretations proposed
shift.
This paper aims to make a comparative analysis before and
during the government of “la Revolución Ciudadana” (based on a literature review) and reflect
on the quality and high standards of education today in the context of the internationalization
of Higher Education in Latin America.
Keywords: University Education, Internationalization, National Plan of Good Living,
University Education Law.

1

Se conoce como Revolución ciudadana al gobierno del Presidente Rafael Correa que inicia XXX
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

2

�El presente trabajo tiene como objetivo principal hacer un análisis comparativo de la
Educación Superior antes y durante el gobierno de la “Revolución Ciudadana” en Ecuador, tratando
de responder a las siguientes interrogantes: cómo se han ejecutado los artículos contemplados en la
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y cómo esto ha afectado en el funcionamiento de las
Instituciones de Educación Superior (IES) a través de un proceso de acreditación de las universidades
–guiado por estándares internacionales. Para este trabajo se toma como estudio de caso la intervención
del Consejo de Educación Superior (CES) en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).
Para el análisis respectivo se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica y se ha tomado la
experiencia del caso en estudio. El trabajo está dividido en tres partes. En el primero hablaremos sobre
el contexto político en los últimos años del país para poder entender cómo surge la Reforma
Constitucional, el Plan Nacional del Buen Vivir, y la LOES. Finalmente –y tomando en cuenta el caso
tratado- se propondrán alternativas para la ejecución de estas leyes para que las mismas no se presten
a interpretación de grupos políticos de turno.
1. Contexto político
1.1. Génesis del gobierno de la Revolución Ciudadana y Reforma Constitucional
La historia de la política en Ecuador durante los años 80s y 90s se caracteriza por la ola de
gobiernos neoliberales que no sólo invadieron al Ecuador sino a toda la región. Hasta antes de la
elección de Rafael Correa, los últimos tres presidentes electos (Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio
Gutiérrez) fueron destituidos tras protestas populares. Los breves periodos de estos presidentes, así
como el gobierno de los que les precedieron, se caracterizaron por una serie de políticas que tendían
a favorecer al sector privado y a la oligarquía tradicional de las principales ciudades del país.
Paralelamente a esta ola de gobiernos el movimiento indígena nacional (CONAIE) y otros
movimientos en representación de minorías políticas y étnicas se movilizaban en pro de sus derechos.
Durante el gobierno de Alfredo Palacios (2005-2007) Rafael Correa ejerció el cargo de ministro
de economía y finanzas, pero prontamente anunció su renuncia y así mismo su postulación a
presidente para las siguientes elecciones. Su campaña hace hincapié en la necesidad de una Reforma
Constitucional (la anterior había sido en 1998); así mismo “larga noche neoliberal”, en este y varios
sentidos más su discurso se identifica con el del resto de representantes de gobiernos autoproclamados
progresistas en la región.
Con la ayuda de Alberto Acosta, quien después fue el primer presidente de la Asamblea
Constituyente, Rafael Correa reúne el apoyo del movimiento indígena que fue el que desde la Reforma
de 1998 llevó la propuesta de un “Estado Plurinacional” y la conjugación de las leyes del país con
conceptos de la cosmogonía indígena tales como el Buen Vivir. Tras la elección en 2007, en 2008 se
consulta sobre la Reforma la cual fue aprobada por el voto popular. Una vez formulada la nueva
Constitución se la aprueba y el Ecuador inicia un proceso de reestructuración estatal y un nuevo rumbo
en el manejo de sus políticas públicas.
El eje de las políticas públicas del actual gobierno se basa en –y en contraposición a la sucesión
de políticas neoliberales de los gobiernos precedentes- un énfasis y mayor inversión en infraestructura

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

3

�pública, gasto social, educación y salud; también se pretende fortalecer el Estado, mejorar y agilizar su
burocracia, una mayor conexión y trabajo entre las instancias gubernamentales locales, cantonales,
regionales y nacionales.
La Constitución recoge el principio de Estado plurinacional y se orienta al logro del Buen vivir,
traducción al castellano del concepto del “Sumak Kawsay”, de la cosmogonía kichwa, la cual, se
supone, orienta las políticas del gobierno. El “Buen Vivir” es entendido básicamente como la no
explotación desenfrenada de la naturaleza y la realización de un estilo de vida sustentable y de calidad.
Sin embargo, desde la perspectiva indígena se hace hincapié en la no explotación de la naturaleza a
menos que sea imprescindible para las comunidades que conviven en el entorno natural a ser
explorado. En este sentido el gobierno para financiar el gasto público continúa con el extractivismo
(Dávalos, 2013).
1.2. Plan Nacional del Buen Vivir
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) elabora el “Plan Nacional
del Buen Vivir”2 que es el documento en el que se basa la dirección de las políticas públicas del actual
gobierno. Dentro del capítulo sexto (“Estrategias para el periodo 2009-2013”) de dicho documento
se encuentra el subcapítulo 6.5 sobre “Transformación de la educación superior y transferencia del
conocimiento a través de la ciencia, tecnología e innovación”. En este subcapítulo ya se puede observar
algunas de las intenciones del gobierno, entre ellas se destaca:
“La educación superior y la investigación asociada a ella deben concebirse como un bien
público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en su conjunto, más allá de su usufructo
individual o privado. (…) se debe garantizar igualdad de oportunidades para todos (…) Esto,
sin menoscabar la importancia de que operen criterios meritocráticos propios de la educación
superior. (…) En relación a esto último, debe implementarse un sistema de nivelación que
permita dar tratamiento a las desigualdades educativas existentes en los niveles inferiores. (…)
deberá ser política pública la inversión en talentos humanos que estudien prioritariamente en
áreas específicas ligadas a las necesidades de desarrollo del país, a través de becas de cuarto nivel
para estudios de maestría, doctorado y postdoctorado en universidades de primer nivel.” (Plan
Nacional del Buen Vivir, 2009)
Establece también la necesidad imperante de producción tecnológica y sobre la inversión estatal
en talento humano que produzca este conocimiento, así mismo se admite la grave falencia que tienen
los IES del país en investigación científica y académica.
En el siguiente apartado nos enfocaremos en dos aspectos de las medidas del gobierno
referentes a la educación: el Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA) y movilización estudiantil, y

2

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha elaborado tres: (2007-9), y los otros dos después de la Reforma
Constitucional (2009-13) y (2013-17). El documento es elaborado por un equipo, pero su principal figura es René
Ramírez, uno de los principales asesores del presidente.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

4

�en segundo lugar la intervención en las universidades -que no presentan los requisitos de lo que el
Estado ha definido como IES de calidad- por parte del CES.
2. Contexto de las IES en Ecuador
A saber, de las universidades en el Ecuador, estas se encontraban en estado de abandono y
condiciones precarias, y eran dependencias de los gobiernos y sometidos a las políticas trazadas por
las autoridades de turno. De acuerdo a Rama (2006), ha habido tres etapas en la gestión de la
Educación Superior en América Latina, la primera, un proceso que se da a principios del siglo XX
para administrar las universidades mediante co-gobierno. Ya durante el segundo proceso comienzan
a surgir universidades privadas pues los intereses de las mismas apuntaban al sector privado, esto
genera una desestandarización en la calidad de la Educación Superior en diferentes países. Por último,
la tercera reforma –y en la que Ecuador se encuentra- consiste un proceso- de “masificación e
internacionalización”, para Rama, este proceso
directa e indirectamente (…) está promoviendo la movilidad estudiantil como parte
constitutiva de las nuevas dinámicas de aprendizaje en la sociedad del saber, el establecimiento
de estándares internacionales de calidad sobre la educación superior, la presión hacia nuevas
pertinencias globales y locales (glocales) y la vinculación de los ciclos y procesos educativos a
escala global. (Rama, 2006, p. 13)
Las universidades privadas exponen escenarios basados en una lógica de mercantilización del
conocimiento y tratan a sus estudiantes como clientes, en su momento la Constitución y la LOES
quiso cambiar esta filosofía de ingreso.
Las universidades públicas, como es bien sabido, reciben sus fondos del Estado, pero hasta
antes de la LOES los estudiantes tenían que cancelar aranceles estudiantiles al matricularse, por su
parte algunas universidades privadas reciben fondos del Estado.3
Hasta cierto punto, la inclusión desde la perspectiva antropológica y socio-histórica dentro de
la Educación Superior, no ha sido comprendida por el Consejo de Educación Superior, ni por las
políticas implantadas por los distintos gobiernos (Room, 1995). Las universidades privadas proponen
políticas económicas localizadas únicamente a la relación de un tipo de ciudadanía. Sin embargo, en el
contexto ecuatoriano el sentido de no pertinencia con los derechos sociales, el bien común y la relación
salarial que fijan las autoridades de las universidades privadas hace que prevalezca la exclusión de los
estudiantes que no pueden sustentar los pagos exagerados que fijan las autoridades de las mismas.
En la actualidad el Estado garantiza el derecho a la educación –“gratuita y de calidad”- hasta el
tercer nivel, no es política la gratuidad en Educación Superior, sin embargo, ha estimulado su estudio
a través de becas en el extranjero y parcialmente en el interior. Por la caída del precio del petróleo la

3

Actualmente, el Estado debe una significativa suma de dinero a algunas universidades privadas, entre ellas la FLACSO
y al UASB.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

5

�cantidad de esas becas ha disminuido y los ex becarios que regresan al país no encuentran
oportunidades laborales
2.1. Sistema Nacional De Nivelación Y Admisión (SNNA) Y Movilidad Estudiantil
Aunque partidarios de la propuesta que hace énfasis en la estructura, e innovadores de la misma
al incluir en el espectro de análisis a actores no estatales, también reconocieron el importante aporte
realizado por los estudiosos de las RC que han optada por la agencia, entendida como el “conjunto de
acciones deliberadas, detalladas, coordinadas y profundamente planeadas tomadas por un amplio
rango de jugadores políticos internacionales pero especialmente domésticos” (Bunce y Wolchik, 2009,
p. 23).
El Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) es requisito obligatorio para los
bachilleres que desean ingresar a las IES públicas. Quienes desean acceder a la Educación Superior,
pueden inscribirse dos veces en el año académico, tienen la oportunidad de rendir pruebas en
razonamiento verbal, lógico matemático, y abstracto. Los puntajes referenciales mínimo y máximo
como ejemplo en ingenierías están entre 920 a 1000 en la Escuela Politécnica Nacional. Cada carrera
tiene sus propios puntajes, para citar el caso de Medicina los valores oscilan entre los 800 y los 1000
puntos.4
Además de lo mencionado habría que apuntar que debido a que el Plan Nacional del Buen Vivir
tiene ciertos objetivos que alcanzar (como la creación de tecnologías, empresas, entre otros) el Estado
estimula la formación de técnicos en ciertas áreas. Lamentablemente, esto ha generado una
categorización de las carreras (y a la postura de las universidades) en las que las carreras técnicas como
las ingenierías, y las del área de salud están en el “tope” del interés nacional, por lo tanto los estudiantes
con mejor puntaje pasarán a estas carreras y los de menor puntaje a carreras que no “produzcan”
como las sociales y humanas.5 Todo esto apunta a crear un régimen/cultura meritocrático (por eso
ahora los concursos públicos se llaman de “mérito y oposición”) en el país, régimen que por cierto es
virtual porque aunque ha disminuido la “entrada laboral por favores de conocidos”6 esta sigue siendo,
de hecho, la verdadera práctica para designar puestos y funciones laborales
Volviendo al tema del ingreso, los bachilleres pierden ánimo al no lograr el puntaje esperado
para la carrera deseada, y la presión familiar les lleva a iniciar estudios en la carrera que les ha sido
asignada por el sistema de ingreso dejando al margen sus preferencias.
En cuanto a los créditos (número de horas asignadas a la materia), las universidades no
establecen criterios unificados para guiarse basándose en ello, teniendo en cuenta que el número de
créditos son factores que influyen en la deserción y retención estudiantil. El CES tiene que considerar
que cuando los estudiantes se trasladan de universidad a pesar de ver materias con nombres distintos
4

Estos datos se pueden encontrar en la página del SNNA.
Cabe mencionar que el actual gobierno ha creado cuatro universidades ubicadas geográficamente en lugares
estratégicos (Yachay para la creación de tecnologías, Inkiam para el estudio de la biología de la Amazonía, la Universidad
Pedagógica y la de las Artes ubicada en Guayaquil), la Universidad de las artes aunque parte de estas carreras de “menor
puntaje” nace con la intención de promover la industria cultural nacional para así desarrollar un sentido patrióticonacional en la población alimentada además de una feroz campaña televisiva
6 En el país se dice “palanca”.
5

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

6

�(pero con contenidos similares, pues se debe respetar también la autonomía del docente) esta se puede
homologar; actualmente gran parte de la deserción estudiantil se debe a que en el proceso de traslado
no se convalidan materias y los estudiantes para no repetir materias simplemente abandonan la carrera.
La unificación de las mallas curriculares en las distintas carreras (pero no su homogeneización), y el
número de créditos en las asignaturas es necesaria para que los estudiantes no se perjudiquen al pasar
de una universidad a otra
A pesar de todo, lo que determina en el estudiante su decisión para continuar con el proceso de
su formación, es la integración social y académica que logre en la Institución (Cabrera, Betancourt,
Gonzáles y Álvarez, 2006).
2.2. La intervención del Consejo De Educación Superior (CES) en la Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí (ULEAM)
Con la nueva LOES las universidades fueron categorizadas de la “A” a la “E” siendo las “A”
las mejor ubicadas y que cumplen los estándares de calidad determinadas por el Consejo de
Evaluación, Acreditación Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (CEAACES), las “E”
las peores categorizadas.
En Manabí existen cuatro universidades públicas y una privada, siendo la ULEAM la tercera
más poblada del país. En atención de su tamaño, la ULEAM cuenta con un presupuesto de 60 millones
de dólares en el periodo del ex rector (mayor que el presupuesto manejado por el Municipio local de
la misma ciudad). La ULEAM es la única universidad pública de Manta, en un escenario donde la
creación e inversión de fondos para las universidades del país se ha concentrado en Guayaquil y
especialmente en Quito.
En la primera evaluación que realizó el CEAACES en el 2009, once IES fueron ubicadas en
categoría A, ocho públicas y tres privadas y 26 IES en la E. Estas últimas tenían que ascender de
categoría para el año 2013 cuando el CEAACES procedería a hacer la evaluación de desempeño
administrativo, académico y Organizacional, caso contrario estas IES serían clausuradas, durante este
periodo también se prohíbe a las IES abrir nuevas carreras y se suspendieron los cursos de posgrado.
La principal falencia que se presentó en todas las universidades fue el déficit de investigación
científica y académica, los proyectos de vinculación con la comunidad y la gestión administrativa.
Observando que esta primera evaluación fue anterior a la nueva LOES pero posterior a la
nueva Constitución, en este tiempo el gobierno de Alianza País estaba en proceso de consolidación
política en el poder. Ahora, posterior en el 2013 se hizo una nueva evaluación donde los intereses
políticos de los diferentes sectores y administradores de las IES fueron más notorios. La ULEAM fue
desplazada a categoría D sin basarse en los estándares de acreditación. El problema consistió
básicamente en que el rector vigente para entonces (el Dr. Medardo Mora quien ya llevaba más de
veinte años ejerciendo dicha función) no simpatizaba con los métodos del oficialismo y al no
responder a los comunicados oficiales del CEAACES, decidieron bajar de categoría a la misma.
Ahora bien, es verdad que durante la administración de Mora hubo una dudosa –clara- mala
rendición de cuentas, esto se puede apreciar en la cantidad de infraestructura construida y mal utilizada
en los predios de la sede, sus campus y extensiones, en lo que ya parecía cargo vitalicio para algunos
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

7

�directores departamentales en los altos cargos de la universidad, en la costumbre ya quasi naturalizada
de padrinazgo político y administrativo, en los programas de posgrados analfabetos y creados por
conveniencia y en la poca o en mejor de los casos nula investigación.7
Antes de pasar al proceso de intervención hablemos sobre el CES. Esta entidad existía ya en
Ecuador desde 1982, pero con el nombre Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas
(CONUEP), su función era básicamente la misma, pero con métodos diferentes (orientados a las
tendencias políticas de turno), la misma más tarde cambió de nombre a Consejo Nacional de
Educación Superior (CONESUP), durante este periodo hubo una proliferación indiscrimada de
universidades privadas. Dentro del CONESUP crearon el Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación (CONEA), el cual tuvo las funciones del CEAACES pero manejando criterios variados
dependiendo de la universidad (y de la afiliación política de sus administradores).
Ahora veamos el proceso de intervención en la ULEAM para tener un ejemplo de que la
práctica actual todavía sigue siendo la misma. La categorización de una universidad depende en gran
escala de la dirección política de sus administradores.
La ULEAM, como se mencionó anteriormente fue calificada en categoría “C” en el 2009 y
pasó a la “D” en 2013.
En el 2014 se convocó a elecciones universitarias en todo el país;
ULEAM no participó ya que estaba en proceso de presentar un plan de mejoramiento universitario a
CEAACES, inmediatamente fue notificado que se debería convocar a elecciones de nuevas
autoridades en el 2015. Esta resolución se consultó dentro del Órgano Colegial Académico Superior
(OCAS); los consejeros de OCAS sugirieron la prórroga de la estancia del rector en funciones,
Medardo Mora quien ya tenía en ese momento casi 29 años ejerciendo esta función.
Por su parte Medardo Mora desde la campaña de Rafael Correa en el 2007 no simpatizó con
su movimiento y, siendo él una figura pública, su posición era conocida por todos.
El CEAACES decidió el 15 de abril del 2015 intervenir la ULEAM, destituyó a Mora de su
función. El CES dicta la intervención y es la Comisión Interventora la que sostiene un plan de
fortalecimiento institucional para proceder con la universidad.
Por otro lado, la intervención fue de carácter integral, para ello el capítulo tres del “Reglamento
de Intervención y Suspensión de las Universidades” del CES establece que para intervenir una IES
debe haber un proceso en el que una Comisión Investigadora redacte un informe el cual pasará al
CES, después se procederá a una audiencia en el pleno del CES, se presentarán las pruebas y sólo
entonces se dictaminará una intervención, este proceso conlleva por lo menos seis meses.
El reglamento establece una excepción para este procedimiento y es la intervención inmediata,
de acuerdo al artículo 45 que dicta:
En caso de excepción, provocado por situaciones de violencia que produzca o pueda producir
grave conmoción social, que atente contra el normal funcionamiento institucional y los
derechos de la comunidad universitaria o politécnica y que no pueda ser resuelto bajo los
mecanismos y procedimientos establecidos por las Universidades y Escuelas Politécnicas, el
7

Decimos en “mejor caso” nula porque existían proyectos del tipo: “el ceviche de pescado con maní” con un
financiamiento de 11 200 dólares. Los descreídos pueden verificar esta información en http://www.uleam.edu.ec/wpcontent/uploads/2013/04/proyectosdeinvestigacion.pdf

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�Consejo de Educación Superior podrá resolver la inmediata intervención de la Institución. En
este caso, no se requerirá el informe previo del CEAACES ni seguir el procedimiento ordinario
previsto en el presente Reglamento. La Resolución de Intervención en el presente caso, tendrá
un máximo de vigencia de 90 días plazo, el mismo que podrá prorrogarse con el voto favorable
de al menos las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Educación Superior; de lo
contrario, quedará sin efecto. (CES, 2012, p. 18) 8
El artículo es claro y no se presta a interpretaciones, sólo en casos de violencia se puede
intervenir la universidad, este no era el caso de la ULEAM. Por su lado, el encargado del CES, Marcelo
Cevallos, indicó en una entrevista televisada que:
-(Cevallos)...lo que hemos hecho con esta medida es anticipar a hechos de conmoción que
podían configurar
-(entrevistador) Pero el CES no es clarividente…
-(Cevallos) En todo caso está tomada la decisión y están los hechos ahí, la historia juzgará
en su momento. (Programa Visión 360, 15 de mayo, 2016)
Mora sostiene que la intervención es ilegal –de hecho, no existen bases jurídicas para esta
intervención inmediata- y en el programa Visión 360 afirma que “el gobierno se la tomó
arbitrariamente”.
No se justifica la posición política y la indiscriminada cantidad de años que Mora llevaba en su
cargo, pero como dice Cevallos “están los hechos ahí”. La categorización de la ULEAM en “D” y su
intervención –aunque necesaria- fueron hechos de orientación política; siendo su dirección partidaria,
la comunidad universitaria no ha visto, hasta hoy, ningún cambio positivo en ningún ámbito. La
comunidad está entretenida, entre comunicados oficiales y discursos de autoridades, en su recategorización, en consecuencia, la mejora de la situación educativa en la universidad es nula pues lo
que se pretende es alcanzar los estándares del CEAACES.
Después de la salida de Mora sucedieron como rectores Antonio Hualpa por menos de un
mes, la Comisión Interventora Temporal por menos de dos semanas, Amalia Reyes por cinco meses
y finalmente Miguel Camino. Estas designaciones se basaron en la antigüedad de decanos en función,
en el pleno seno del Órgano Colegiado Académico Superior (OCAS).
Las elecciones, y lo que finalmente era el objetivo del CES, se dieron en febrero del presente
año teniendo como única lista aprobada la “A” conformada por Miguel Camino y dos simpatizantes
más del oficialismo. Desde entonces la situación en la universidad se ha relativamente estabilizado
pues se conoce que siendo Camino afín al gobierno, el peligro de que se cierre la universidad es mucho
menor que siendo Mora rector.
El caso de la ULEAM es un ejemplo más radical de la situación con las IES en Ecuador, pero
ilustra el supuesto proceso de transición que se vive, aunque no se desconoce los logros alcanzados,

8

Sin embargo, este artículo fue añadido en 2013.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

9

�se evidencia que, en todo caso, son superficiales. La universidad ecuatoriana se está volviendo una
universidad de apariencia y de etiqueta.
En las IES ecuatorianas no se discute qué modelo de universidad se quiere construir, cuál es
el papel de sus funcionarios, estudiantes y profesores, qué tipo de democracia interna se debe manejar,
cuál es su vínculo y su papel con la sociedad, o cuál es la producción científica-académica que se quiere
generar y cómo esta contribuye al cambio del país, no; se quiere alcanzar simplemente estándares
internacionales sin analizar si estos corresponden a las realidades de un colectivo, en este camino de
calco y copia, esta imitación de paso, está mal hecha pues persigue fines políticos.
Durante el periodo de transición para que las IES alcancen los estándares establecidos se han
presentado una serie de cambios reiterados a las leyes, a los procesos, normativas, régimen académico
y estructuras organizativas, para citar un ejemplo, a lo que hoy conocemos como proyectos de
vinculación con la colectividad se le cambió de membrete más de cuatro veces cuando el propósito es
siempre el mismo, en estos cambios “célebres” el tiempo que es factor importante para el desarrollo
de la producción académica es mal gastado.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

10

�Conclusión
Actualmente la situación de las IES en el Ecuador no es precisamente la aceptable. Sin embargo,
hay que reconocer que por lo menos con el fortalecimiento institucional del CES los administradores
de las IES son más prudentes en su manejo administrativo y recursos financieros, se ha impulsado un
sentido de superación académica en los profesores y estudiantes, hay mayor estabilidad en el régimen
académico, se ha levantado manuales de procesos y las condiciones de los estudiantes para titularizarse
cuenta con mayores opciones.
De todas formas, es necesario notar que en lo que a administración concierne las orientaciones
políticas de los administradores imponen la relación institucional entre el Estado y la IES en cuestión,
lo que nubla la transparencia en los procedimientos de transición en las IES (entiéndase en el alcance
de los estándares internacionales).
Como se vio en el caso de la ULEAM, la intervención que fue ilegal, debió ser regulada por
un organismo que no se deje orientar por partidismos políticos. S e sabe que los cargos en CEAACES
y en el CES son de confianza por parte del oficialismo y consecuentemente responden a sus intereses.
Como se propuso al principio, deben ser pensarse alternativas. Por ejemplo, para evitar la
politización de la evaluación de las universidades se podría pensar que como organismo anexo al
CEAACES (cuyos miembros seguramente serán tecnócratas del oficialismo) haya un grupo de
docentes cuya experiencia en las IES sea notables, y que ejerzan en diferentes instituciones del país y
con diferentes “categorías” que sean los que evalúen las universidades. Se Propone que los docentes
sean de universidades de contextos diferentes porque así se evitará reducir los criterios de evaluación
a perspectivas locales (por ejemplo un profesor de una universidad privada de la capital evidentemente
tendrá ciertos estándares y estará acostumbrado a procesos burocráticos diferentes a los de un docente
de una universidad pública y rural), en este sentido los resultados de la evaluación estarán más acorde
a los procesos de cambio en cada universidad pues no se puede esperar que universidades con
presupuestos diferentes, con realidades docentes y estudiantiles distintas cambien de la noche a la
mañana al mismo ritmo.
Este grupo de docente debe ser seleccionado sin criterios políticos, de raza, género, de
formación académica, etc. Pero se debe tener en cuenta que el grupo debe ser heterogéneo para que
logre ser representativo en su totalidad y el grupo pueda nutrirse de una mayor experiencia y puntos
de vistas.
En la práctica se ha visto que la intervención de las universidades no ha cambiado la realidad de
la misma pues la Comisión como agente externo no conoce las realidades internas o en todo caso se
tomaría bastante tiempo para entenderla, esto sucumbe en un proceso de cambio lento y fatigoso. El
cambio en las IES no puede darse desde afuera. El proceso de verdadera transformación, como en
prácticamente todo, debe darse desde las bases, medido no sólo por la producción científicoacadémico de las IES sino por su participación en la sociedad (en este sentido la sociedad también
tiene que evaluar a la universidad). Así mismo dicha transformación no sólo debe ser interna o externa,
sino que se debe compaginar diferentes esfuerzos; si bien el cambio se da desde adentro, éste debe ser
medido por herramientas externas para que este cambio no responda a intereses personales o políticos.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�Referencias
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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 3. enero-junio 2016, pp. 13-35
ISSN: 2395-8448

Factores determinantes para los estudiantes internacionales en la
selección de una universidad destino a través de la revisión de literatura:
un preámbulo para el estudio de los estudiantes internacionales en
México.
Factors determining international students in the selection of a university
destination through literature review: a preamble for the study of
international students in Mexico.
Dr. David Horacio Garcia Waldman
david.garciaw@uanl.mx
M.R.I. Patricia Rebeca Sepúlveda Chapa
paty_rs87@hotmail.com
Fecha de envío: 17 de octubre 2015
Fecha de aceptación: 20 de diciembre 2015

Resumen
El artículo aquí presente investiga los factores determinantes que influyen en la decisión de los
estudiantes internacionales en la selección de universidad destino al realizar un intercambio
académico en el extranjero a través de la revisión de la diferente literatura que ha abordado el
tema alrededor del mundo y la incipiente literatura existente en México, logrando agrupar
dieciséis dimensiones de la totalidad de factores encontrados. Para el caso de la literatura en
México los resultados indican que la principal problemática es la carencia de registros de
movilidad internacional en México.
Palabras clave: Internacionalización de la Educación Superior, factores determinantes,
selección de universidad, estudiantes internacionales.
Abstract
The article here investigate the determining factors that influence the decision of the
international students choice of the destination university through literature review in the main
research documents that have addressed the subject around the world and the incipient
literature that exists in Mexico, managing to group sixteen dimensions of the totality of the

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�factors found. For the case of the literature in Mexico the results indicate that the main
problem is the lack of records of international mobility in Mexico.
Keywords: Internationalization of Higher Education, Determining factors, college choice,
international students.

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�1. Introducción
El presente artículo aborda los factores determinantes que influyen en la decisión de los estudiantes
internacionales en la selección de universidad destino al realizar un intercambio académico en el
extranjero a través de la revisión de la diferente literatura que ha abordado el tema alrededor del
mundo, así como también la incipiente literatura existente en México. Los factores encontrados son
1. Financiamiento, 2. Desarrollo Profesional y Personal, 3. Ambiente multicultural, 4. Calidad
educativa, 5. Disponibilidad de información universitaria, 6. Recomendaciones, 7. Características
institucionales,
8. Interacción social, 9. Idioma, 10. Ambiente seguro, 11. Características del
País/Ciudad, 12. Ubicación geográfica, 13. Agentes educativos, 14. Características personales, 15.
Clima del país receptor, 16. Localización de la Universidad (Belleza y alrededores). Para el caso de la
literatura en México los resultados indican que existe una carencia de registros de movilidad
internacional en México, sin embargo se encontró que dentro de los estudiantes internacionales que
deciden estudiar en México, la región de procedencia implicaba orientaciones significativamente
diferentes en cuanto a sus motivadores para seleccionar México como país destino en su selección de
institución de educación superior.
2. Revisión de literatura
El desarrollo de la investigación inició con una búsqueda exhaustiva de documentos
bibliohemerográficos sobre el tema. Como resultado se encontró como predecesores los trabajos de
Abdolalizadeh (2014), Ruby (2007), y Jenkins (2007), los cuales fueron realizados en Estados Unidos
de América.
En el estudio realizado por Abdolalizadeh (2014), se analizaron los factores de selección de
universidad que influencian la toma de decisión de los estudiantes internacionales para asistir a la
universidad regional rural de Eastern Kentucky University en el otoño del semestre 2014. El análisis lo
realizó a través de cuatro categorías llamadas características institucionales, características del
programa, características mercadológicas y de reclutamiento, y otras características significativas;
teniendo por resultado del estudio que las características más importantes fueron las características del
programa; seguido por las características institucionales; donde las variables de facilidad y eficiencia
del proceso de admisión, y comunicación personal con el personal de la universidad son las más
importantes dentro de las características mercadológicas y de reclutamiento.
Posteriormente Ruby (2007), investigó la relación entre las variables predictoras y las variables
independientes para mejorar la comprensión de los factores que influyen en la elección de la
universidad en relación con los estudiantes internacionales de posgrado que comienzan una maestría
o un doctorado en una institución en los Estados Unidos en el semestre de otoño 2005.
Este estudio tuvo resultados estadísticamente significativos en las variables de características
académicas de programa y país de ciudadanía; se encontró que además de la edad, y la precepción de
las características de reclutamiento del país de ciudadanía, las características financieras fueron también
un hallazgo importante para todos los estudiantes sin importar su edad, sexo ni ciudadanía. Sin
embargo, los hallazgos más importantes para los estudiantes de doctorado y los estudiantes de país de
ciudadanía del sur de Asia son las características de reputación.

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�Finalmente el trabajo de Jenkins (2007) examinó por qué los estudiantes internacionales eligen
estudiar en la universidad Oklahoma State University a través de entrevistas a profundidad y narrativa
personal a todos los estudiantes internacionales de pregrado y postgrado actualmente inscritos en la
universidad Oklahoma State University durante el semestre de primavera 2007.
Teniendo por resultado la conformación de dos categorías de factores compuestos por
factores primarios como el valor y la reputación de un grado estadounidense, colegiatura, dificultad de
entrar a la universidad en su país de origen, asistencia financiera, recomendación de amigos y
familiares, tipo de enseñanza en las universidades estadounidenses, la aceptación de la transferencia
de créditos, y la influencia de un asesor, solo por mencionar algunos.
No se encontró evidencia respecto a que los tres trabajos antes analizados fueran replicados
en México en el cual hubo una escases significativa de información ya que sólo se encontraron en este
país dos estudios: uno de ellos de carácter estadístico, denominado Patlani: Encuesta Nacional de
Movilidad Estudiantil Internacional de México, donde se indagó sobre la movilidad estudiantil internacional
en las Instituciones de Educación Superior de México (Secretaría de Educación Pública, 2012). El
segundo es el estudio de Cantwell et al. (2009) denominado Exploring the orientations of international
students in Mexico: differences by region of origin, en el que se examinan las disposiciones, experiencias y
expectativas (orientaciones) de los estudiantes internacionales en un país en desarrollo para
comprender el fenómeno de flujos estudiantiles invertidos crecientes y el papel de la política
económica en la movilidad estudiantil internacional.
En este entorno de revisión de la literatura fueron identificados los siguientes constructos: el
desarrollo profesional y personal, las recomendaciones, las características personales, el
financiamiento, el ambiente multicultural, la calidad educativa, la disponibilidad de información
universitaria, las características institucionales, la interacción social, el idioma, el ambiente seguro, las
características del país/ciudad, la ubicación geográfica, los agentes educativos, el clima del país
receptor, y la localización de la universidad (belleza y alrededores) con el objetivo explorar los
elementos determinantes para la selección de una universidad por parte de los alumnos internacionales
que realizarán actividades de movilidad académica.
Desarrollo Profesional y Personal
En el estudio de Altbach (1991) al analizar los factores que promueven el flujo de estudiantes
internacionales de países en vía de desarrollo a países desarrollados, resuelve que uno de los elementos
que impactan a esta variable se encuentra en la necesidad de contar con mano de obra especializada
(Chen &amp; Barnett, 2000), incidiendo directamente en mejorar las oportunidades de empleo del
estudiante internacional (Hwang, 1998) y de tener un aprendizaje experimental, este último elemento
coincidiendo con el estudio de Jenkins (2007) para los estudiantes internacionales en Estados Unidos
de América y con el estudio de Lee (2013) respecto a los estudiantes internacionales estudiando en
Taiwán.
Al respecto del elemento de mejorar las perspectivas de carrera del estudiante internacional, el
estudio de Oosterbeek et al. (1992) analizó la relación interdependiente entre la selección de
universidad destino y el salario concluyendo que este no es un elemento determinante para la selección
de universidad, de Li &amp; Bray (2007) respecto a estudiantes de China estudiando en Hong Kong y
Macao, de Maringe &amp; Carter (2007) respecto a los elementos de oportunidades de carrera y de mercado
laboral que toman en cuenta los estudiantes africanos al estudiar en el Reino Unido, Verbik &amp;
Lasanowski (2007) relativo a las tendencias y los patrones de la movilidad internacional de estudiantes,
de Bhati &amp; Anderson (2012) respecto a los estudiantes de India buscando educación australiana en
Singapur, de Mubaira &amp; Fatoki (2012) como séptimo factor de importancia para la selección de
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�universidades de Sudáfrica por estudiantes internacionales y de Bhati et al. (2014) para los estudiantes
internacionales buscando educación australiana en Singapur puesto que representaba un treinta y tres
por ciento de importancia para la totalidad de dichos estudiantes.
Por su parte el estudio de Mazzarol et al. (1996) encontró que de los diecisiete factores que
fueron examinados entre los estudiantes internacionales en Australia, el más importante fue el
reconocimiento del estudio por futuros empleadores, coincidiendo con Yang (2007) respecto a la
selección de Australia como país destino por parte de los estudiantes internacionales.
Lee (2008) donde fueron elementos relevantes para los estudiantes internacionales en Estados
Unidos de América, de Pyvis &amp; Chapman (2007) al respecto de los estudiantes internacionales
buscando educación superior en el Reino Unido y de Eder et al. (2010) al respecto a los estudiantes
internacionales por llegar a los Estados Unidos de América a estudiar en sus universidades.
De manera particular el estudio de Cantwell et al. (2009) evidenció que los estudiantes de
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos eligieron México como su lugar destino para mejorar las
perspectivas de trabajo dentro y fuera de sus países de origen.

Recomendaciones
Aunando a las fuentes de referencias de padres y profesores, el estudio de Wagner et al. (1989)
determinó que los estudiantes se veían forzados a no elegir su campo de estudio preferido si contaban
con el apoyo propio o de sus padres y no por recibir o no apoyo de patrocinadores. El estudio de
Waters (1992) amplió los elementos que construyen esta variable, dado que en su estudio identificó
que el hecho de tener familiares y amigos (Bodycott, 2009; Cantwell et al., 2009; Eder et al., 2010;
Chou et al., 2012) radicando en el país destino es un influyente de la selección de universidad destino,
coincidiendo con la investigación de Bhati &amp; Anderson (2012). Por su parte el estudio de de Chen
(2007), de Lee (2013) y Özoğlu et al. (2015) determinaron que las recomendaciones provenientes de
profesionistas, colegas, compañero o conyugue, empleadores y estudiantes en el programa son
influyentes relevantes en la toma de decisión del estudiante.
Por su parte el estudio de Mazzarol et al. (1997), Chen (2007) y Lee (2008) concluyeron que
los principales influyentes en el proceso de toma de decisión del estudiante en orden de importancia
son los padres y familiares, y agentes educativos, en el caso de padres y familiares coincidiendo con
los estudios de Pyvis &amp; Chapman (2007), Li &amp; Bray (2007), Maringe &amp; Carter (2007), Jenkins (2007),
Ruby (2007), Muntasira et al. (2009), Bodycott (2009), Fletcher (2010), Eder et al. (2010), Baharun et
al. (2011), Lee &amp; Morrish (2012) Abdolalizadeh (2014) y Bhati et al. (2014).
Características personales
Los primeros resultados de la importancia de esta variable en la actividad humana están
establecidos a través del suceso de la migración, el desarrollo teórico inicia en el estudio de Lee (1966)
donde establece que el hecho de migrar conlleva un proceso de toma de decisión donde básicamente
se evalúan las condiciones de origen del sujeto a realizar la acción y las posibilidades de verse mejoradas
por un destino a elegir. En la perspectiva particular del flujo de estudiantes internacionales exportados
del tercer mundo a los países de occidente Altbach (1991) precisa que los determinantes que generan
estas condiciones se encuentran por una parte relacionadas al país de origen del estudiante en donde
factores como dificultades económicas, prosperidad económica, políticas económicas, cambios
políticos como revoluciones, y cambios educacionales toman un papel importante en la toma de
decisión de los estudiantes para su selección de lugar de destino, coincidiendo con Lee (2008), Li &amp;
Bray (2007), Maringe &amp; Carter (2007), Jenkins (2007), Park (2009), Bodycott (2009) y Bhati et al. (2014)
al respecto de los factores que empujan al estudiante al estudiar fuera de su país de origen.

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�De manera contraria el estudio de Mazzarol (1998) determinó que la relación entre lugar de
origen con la institución elegida y las variables estudiadas no tenían asociación significativa,
coincidiendo con lo declarado por Cantwell et al. (2009) donde el estudiante internacional le da mayor
importancia a los factores del lugar destino al que se dirige. Específicamente el estudio de Mazzarol &amp;
Soutar (2002) amplia los elementos que componen esta variable y obtiene resultados relevantes para
el estudiante internacional en cuestiones relativas a la baja calidad de los cursos locales en contraste
con la de otros países, dificultad para acceder a las universidades locales y la no disponibilidad del
cursos de interés en la localidad, situación que lo hace coincidir con los resultados de Yang (2007) al
respecto de los motivadores de los estudiantes chinos al salir a estudiar al extranjero.
Financiamiento
En lo relativo al impacto que tienen las cuestiones vinculadas a los costos en la selección de
universidades en el Reino Unido, de Yang (2007) relativo a los bajos costos de vida y de colegiatura
como factor para seleccionar Australia por los estudiantes de China, de Jenkins (2007) en lo relativo
al costo de la colegiatura como factor determinante para la selección de universidades estadounidenses
por los estudiantes internacionales, de Ruby (2007) en lo correspondiente a los bajos costos de
colegiatura como factor importante al seleccionar universidad de mayor a menor grado para mujeres
y hombres extranjeros estudiando en Estados Unidos de América respectivamente, de Soo &amp; Elliot
(2008) y Soo &amp; Elliot (2010) respecto al costo de la colegiatura como factor relevante de manera
discriminada según la institución que se elige durante la selección de universidad en Reino Unido por
los estudiantes internacionales, de Muntasira et al. (2009) en el costo de vida y otros costos como
factor motivante para estudiar en el extranjero, de Bodycott (2009) el costo de vida y de colegiatura
como factores que determinan la decisión de los estudiantes de China de estudiar en el extranjero, de
Cantwell et al. (2009) en lo relativo a la importancia de mayor a menor grado de los costos para los
estudiantes de Norteamérica, Latinoamérica y Europa al seleccionar una universidad en México, de
Malik (2011) respecto a las estrategias de reducción de costos de colegiatura y de vida que están
implementando países como Singapur, Tailandia y China para atraer estudiantes internacionales, de
Baharun et al. (2011) respecto a los costos educativos para la selección de universidad en Malasia por
estudiantes internacionales, de Bhati &amp; Anderson (2012) respecto a los costos de vida más bajos de
Singapur que Australia como factor decisivo de los estudiantes de India al buscar educación superior
australiana en Singapur en lugar de Australia, cuestión que resultó de la misma manera importante en
el posterior estudio de Bhati et al. (2014), en el de Mubaira &amp; Fatoki (2012) el factor financiero resultó
ser el de mayor importancia para la selección de Sudáfrica como lugar destino por los estudiantes
internacionales y de Lee (2013) los factores relacionados a los diversos costos resultaron ser los más
importantes al seleccionar Taiwán como lugar destino por los estudiantes internacionales.
Ambiente Multicultural
Los estudios más relevantes del impacto de esta variable en la selección de universidad destino
por parte de los estudiantes tiene como estudio incipiente la investigación de Discenza et al. (1985) en
la cual se identifican catorce atributos agrupados en dos dimensiones, académica y social, de los cuales
el atributo que suma elementos para la importancia de esta variable es la importancia que los
estudiantes estadounidenses dan a las actividades de entretenimiento cultural y social.
Al respecto de la similitud o diferencia cultural, el estudio de Baloglu &amp; Uysal (1996) determina
que estas dos condiciones son elementos que atraen al alumno internacional al lugar de destino ya sea
por afinidad o por vivir una experiencia nueva, consistente con los resultados del estudio de Altbach
(2004), de Gatfield &amp; Hyde (2005) ampliándolo también en el sentido de afinidad y tolerancia religiosa,
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�de Högskoleverket (2005) para los estudiantes internacionales en Suecia, de Kim et al. (2006) para las
motivaciones de viaje de los estudiantes en universidades estadounidenses, de Cubillo et al. (2006) al
respecto de los elementos que impactan su modelo de toma de decisión de universidad destino, de
Pyvis &amp; Chapman (2007) en los elementos que impactan la migración de estudiantes al Reino Unido,
de Li &amp; Bray (2007) para los estudiantes de China en Hong Kong y Macau, además estos mismos
estudiantes agregan que el no comprender la cultura occidental los llevaba a estudiar en dichas
universidades, de Verbik &amp; Lasanowski (2007) al respecto de las tendencias y patrones de la movilidad
internacional de estudiantes, de Jenkins (2007) en la cual los estudiantes internacionales en Estados
Unidos de América lo calificaron como una oportunidad de una educación de diversidad multicultural
que permite un mejor entendimiento del mundo, de Chen (2007) de los estudiantes internacionales en
Canadá provenientes del Este de Asia, de Cantwell et al. (2009) en cuanto a la diversidad cultural que
México representa para los norteamericanos, los europeos y los latinoamericanos, de Chou et al. (2012)
respecto a las diferencias culturales de los estudiantes internacionales en Taiwan, de Mubaira &amp; Fatoki
(2012) relativo a la diversidad cultural como elemento de importancia de los estudiantes
internacionales al seleccionar una universidad en Sudáfrica, de Bhati et al. (2014) respecto a la afinidad
cultural de los estudiantes internacionales provenientes de Taiwán e India inscritos en una institución
de educación superior australiana ubicada en Singapur y de Özoğlu et al. (2015) respecto a la
proximidad cultural y religiosa como elemento decisivo por el cual los estudiantes internacionales
decidían estudiar en Turquía.
Al respecto de la oportunidad de vivir una verdadera experiencia internacional el estudio de
Lawley &amp; Perry (1997) tiene como resultado para los estudiantes de Malasia y Tailandia como uno de
sus principales elementos de importancia en su proceso de toma de decisiones, coincidiendo con el
estudio de Bodycott (2009) en cuanto al proceso de selección de universidad destino y de Bhati &amp;
Anderson (2012) relativo al proceso de toma de decisión de los estudiantes de India al seleccionar
destino de estudio.
En la investigación de Mazzarol &amp; Soutar (2002) elementos como deseo de asimilar la cultura
(occidental) del país destino. La investigación de Muche &amp; Wächter (2005) que analiza a la comunidad
europea a través de la valoración de estudiantes provenientes de Brasil, China, India, México, Rusia y
Tailandia consideraron que la exposición a la multiculturalidad es un factor relevante en su proceso de
toma de decisión de lugar de destino.
De manera contrastante el estudio de Maringe &amp; Carter (2007) estudia el proceso de toma de
decisión de los estudiantes internacionales en las universidades del Reino Unido que son provenientes
de África teniendo como resultado que la décima preocupación de estos estudiantes al seleccionar su
universidad destino se encuentra el desgaste de su capital cultural, lo cual es coincidente con lo
expresado por los estudiantes chinos en la investigación de Li &amp; Bray (2007) al estudiar en Hong Kong
y Macao.
Por su parte el estudio de Hooley &amp; Lynch (1981) examinó el proceso de decisión de
estudiantes prospectos en las universidades del Reino Unido identificando que la pertinencia del curso
y la reputación académica eran atributos que aseguran la selección de universidad, coincidiendo con
los estudios de Counsell (2011) para los estudiantes provenientes de China al Reino Unido.
Calidad Educativa
Por su parte el estudio de Hooley &amp; Lynch (1981) examinó el proceso de decisión de
estudiantes prospectos en las universidades del Reino Unido identificando que la pertinencia del curso
y la reputación académica eran atributos que aseguran la selección de universidad, coincidiendo con
los estudios de Counsell (2011) para los estudiantes provenientes de China al Reino Unido. Ampliando
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�los elementos que componen esta variable, el estudio de White &amp; Hernandez (1990) delimitó que la
especialización del programa educativo, la reputación del programa académico (Bourke, 2000) y la
reputación de la universidad (Yang (2007), Chen (2007), Jenkins (2007), Ruby (2007), Mazzarol &amp;
Soutar (2008), Muntasira et al., 2009; Eder et al., 2010; Malik, 2011; Bhati &amp; Anderson, 2012; Mubaira
&amp; Fatoki, 2012; Lee, 2013; Abdolalizadeh, 2014; Bhati et al., 2014; Özoğlu et al., 2015) son elementos
que influenciaron el proceso de toma de decisión de los estudiantes participantes en el estudio.
El elemento de calidad de los profesores fue estudiado por Waters (1992) y Cubillo et al. (2006)
como uno de los factores que determinaba la selección de escuelas de graduados.
Disponibilidad de información universitaria
Los resultados del estudio de esta variable han indicado que la disponibilidad de información
universitaria es un factor relevante para permitir la percatación del atractivo de la institución por parte
del estudiante internacional (Krampf &amp; Heinlein, 1981; Pyvis &amp; Chapman, 2007, Ismail (2008),
Nurlida et al., 2010). De manera específica se establece la importancia que tiene en la decisión del
estudiante internacional factores como el contacto directo por parte de la universidad y la información
basada en libros, guías y/o catálogos, además de aquella que se encuentra a través de la internet según
Gatfield &amp; Hyde (2005), Burns (2006), Lee (2008), Jenkins (2007), Bhati &amp; Anderson (2012), Mubaira
&amp; Fatoki (2012) y Abdolalizadeh (2014).
De manera específica al respecto de la fuente de información, el estudio de Mazzarol et al.
(1997) puntualiza que la disponibilidad de información del programa destino es un factor importante
para la selección de universidades en Australia pero no algo importante cuando se selecciona una
universidad en Estados Unidos de América, lo cual se reitera en el estudio de Chou et al. (2012) donde
la falta de suficiente información al respecto del programa afectó la toma de decisiones de los
participantes.
Características Institucionales
Las conclusiones más importantes del estudio de esta variable han puntualizado la importancia
de los elementos que los constituyen, factores como la visita previa al campus destino y que el
programa destino pertenezca al ranking nacional han sido elementos que forman parte de las cinco
etapas en las que se consolida el proceso de toma de decisión del estudiante (Czinkota, Johnston, &amp;
Jelly, 1980).
Elementos como tamaño de la institución educativa, programas específicos, atmósfera social
del campus, pertenencia a rankings han sido estudiados por Litten &amp; Brodigan (1982) demostrando la
relevancia que tienen en cada una de las etapas de selección de institución educativa, al igual que los
resultados del estudio de Richardson &amp; Stacey (1993), Cubillo et al. (2006) y Maringe (2006). Las
investigaciones de Discenza et al. (1985), Turner (1998), Tackey &amp; Aston (1999), Urbanski (2000),
Burns (2006), Holdsworth &amp; Nind (2006), Ruby (2007), Nurlida et al. (2010), y Abdolalizadeh (2014)
puntualizaron la importancia de elementos como la atracción de la infraestructura y las instalaciones,
diversidad de cursos y disponibilidad de los mismos como variables a las que les atribuyen gran
importancia los estudiantes en su selección de institución educativa, últimos dos factores que también
identifican Hossler &amp; Gallagher (1987), Gagnon &amp; Cocolas (1988), Litten (1991), Roberts &amp; Higgins
(1992), Marceau (1983), Lindsay (1994), Kemp et al. (1998), Hwang (1998), Cubillo et al. (2006) y
Bodycott (2009) en sus investigaciones y los primeros dos factores coincidiendo con los resultados de
Bornsztein (1987), Terkla (1988), Altbach (1991), Baldwin (1991), Hossler &amp; Litten (1993), Harman

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�(1994), Belcher (1996), Connor et al. (1996), Cubillo et al. (2006), Malik (2011), Baharun et al. (2011)
y Mubaira &amp; Fatoki (2012) respecto a la infraestructura.
Otros elementos importantes dentro de esta variable están reflejados dentro de los estudios de
Broekemier &amp; Seshadri (1999), Ruby (2007) y Abdolalizadeh (2014) donde los estudiantes
participantes evaluaron como importante la disponibilidad de contar con alojamiento, además de otros
elementos pertenecientes a esta misma variable como son calidad de instalaciones, campus atractivo,
tamaño de la universidad (Mazzarol &amp; Soutar, 2008) y tamaño promedio de la clase.
Interacción Social
Los análisis más destacados del estudio de esta variable se emprenden en la investigación de
Krampf &amp; Heinlein (1981) al identificar los elementos que incrementarían con altas probabilidades la
matriculación de estudiantes, resultando que estos reaccionan positivamente hacia la selección de una
universidad cuando tienen conocimiento de que la misma cuenta con una atmosfera amigable, lo cual
también es coincidente con los estudios de (2007), Verbik &amp; Lasanowski (2007), Jenkins (2007), Ruby
(2007), Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), Petruzzellis &amp; Romanazzi (2010) y Mubaira &amp; Fatoki
(2012).
Ampliando la intervención de esta variable en la selección de una universidad a través del
estudio de Connor et al. (1996) en el cual se puntualizó la importancia que tiene para los estudiantes
internacionales el expandir sus contactos a nivel internacional, coincidiendo con los resultados de
Chung et al. (2009), Baharun et al. (2011), Lee (2013) y Abdolalizadeh (2014).
Siguiendo con este enfoque de diferenciación por las características de los estudiantes
internacionales, el estudio de Mazzarol et al. (1997) demostró que la importancia de este factor entre
los grupos de estudiantes internacionales participantes es diferente, donde los estudiantes provenientes
de Taiwán evaluaron en penúltimo lugar de importancia y los estudiantes de Indonesia en último lugar
de importancia, coincidente con la investigación de Li &amp; Bray (2007) entre estudiantes provenientes
de Hong Kong y Macao.
Desde un punto de vista de las dificultades que tienen los estudiantes internacionales de no
contar con una interacción social favorable, el estudio de Bourke (2000) clarificó que las dificultades
que experimentan los estudiantes internacionales son en segundo lugar las diferencias del sistema
social y en cuarto lugar el sentirse estereotipados socialmente por otros, coincidiendo con los
resultados de la investigación de Klieger (2005), de Strayhorn et al. (2008) y Chou et al. (2012).
Idioma
La mayor parte de los resultados de esta variable del idioma están desarrollados bajo la
determinación del idioma inglés, es así que Altbach (1991) determina que uno de los factores
atribuibles al país destino que afectan la magnitud y la dirección de los patrones del flujo de estudiantes
internacionales es el enfoque de las políticas educativas de determinado país en el aprovechamiento
del desarrollo de cursos de aprendizaje del idioma inglés, coincidente con los resultados de Malik
(2011) en los cambios organizacionales para la atracción de estudiantes internacionales.
En este mismo sentido Moogan et al. (1999) concluye que los estudiantes internacionales se
ven atraídos hacia un lugar de destino ante el deseo de mantener, aprender o mejorar un Nuevo idioma
que les permita realizar negocios con el país del idioma aprendido, coincidiendo con el estudio de
Gatfield &amp; Hyde (2005), Muche &amp; Wächter (2005), Davey (2005), Chen &amp; Zimitat (2006), Verbik &amp;
Lasanowski (2007), Engelke (2008), Muntasira et al. (2009), Bodycott (2009), Counsell (2011), Mubaira
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�&amp; Fatoki (2012) y Lee (2013). Desde una perspectiva de similitud de lenguaje los estudios de
Högskoleverket (2005) y Eder et al. (2010) puntualizan que el compartir un idioma en común
representa un factor importante para la atracción de estudiantes internacionales.
La condición del idioma inglés como atractivo de estudiantes internacionales no es exclusiva
para éste, lo cual se soporta en los resultados de la investigación de Racine et al. (2003) donde la
utilización del idioma francés en la impartición de los cursos es un atractivo relevante en la decisión
de elegir universidad destino y del idioma chino mandarín según los resultados de Chou et al. (2012).
Ambiente Seguro
En el caso de la investigación de Lawley &amp; Perry (1997) el nivel de seguridad personal del
estudiante internacional fue considerado como muy importante entre los estudiantes de Malasia y
Tailandia en Australia, mismo hecho que aumentaba el atractivo de este país, coincidiendo con los
resultados de los estudios de Maringe &amp; Carter (2007), Ruby (2007), Chen (2007), Bodycott (2009),
Cantwell et al. (2009), Bhati &amp; Anderson (2012), Mubaira &amp; Fatoki (2012), Abdolalizadeh (2014) y
Bhati et al. (2014).
Características del país/ciudad
La variable relacionada a las características del país/ ciudad destino ha sido estudiado
concurrentemente a través de distintas investigaciones
Los resultados más significativos relacionados con esta variable que es uno de los factores
más estudiados e importantes como motivador para elegir un destino para migrar (Lee E. S., 1966).
la misma manera la investigación de Mazzarol et al. (1997) evidenció que la reputación del
sistema educativo y el valor de obtener un grado en el país destino fueron factores de gran
importancia entre los estudiantes internacionales, al igual que los estudios de Chen &amp; Zimitat (2006),
Cubillo et al. (2006), Chen (2007), Park (2009), Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), y Bhati et al.
(2014).
En lo correspondiente al nivel socioeconómico de los países, los estudios de Chen &amp; Barnett
(2000) demuestran que los países con más altos niveles socioeconómicos mantienen los niveles más
altos de absorción de estudiantes internacionales, coincidente con los estudios de Srikatanyoo &amp;
Gnoth (2002) y Jenkins (2007). De forma contradictoria la investigación de Pimpa (2003) concluye
que la influencia y expectativas de la familia son más importantes que los elementos relacionados con
las características del país/ciudad. En lo relativo al visado y a las políticas migratorias del país el estudio
de Altbach (2004) lo cataloga como un factor importante para los estudiantes internacionales,
coincidente con las investigaciones de Yang (2007), Verbik &amp; Lasanowski (2007) y Bhati &amp; Anderson
(2012).
Ubicación geográfica
En la investigación de Martin (1996) para una universidad del sur de Australia se evaluó
como importante la distancia entre dicha universidad y el lugar de origen del estudiante, al igual que
la investigación de Pyvis &amp; Chapman (2007), Verbik &amp; Lasanowski (2007), Ruby (2007), Muntasira
et al. (2009), Bodycott (2009), Cantwell et al. (2009), Eder et al. (2010), Soo &amp; Elliot (2010), Bhati &amp;
Anderson (2012), Abdolalizadeh (2014) y Bhati et al. (2014).

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�Agentes educativos
La variable de agentes educativos ha estado presente de manera concordante en los trabajos
de investigación de: Maringe &amp; Carter (2007), Lee (2008), Cheung et al. (2011), Bhati &amp; Anderson
(2012), Chou et al. (2012), y Bhati et al. (2014).
Los resultados más relevantes de esta variable son para el estudio de Mazzarol &amp; Hosie (1996)
que el cuarenta y seis por ciento del total de los estudiantes reclutados habían sido influenciados por
los agentes educativos, lo cual coincide con los estudios de Lee (2008), Maringe &amp; Carter (2007),
Cheung et al. (2011), Bhati &amp; Anderson (2012), Chou et al. (2012), y Bhati et al. (2014) al respecto de
la importancia de los agentes educativos, otros representantes y embajadas como reclutadores y
asesores de estudiantes internacionales al seleccionar su universidad destino.
Clima del país receptor
Los resultados más sobresalientes de esta variable en cuanto a su aportación para ser un factor
determinante en la selección de universidad destino se encuentran, en la investigación de Lawley &amp;
Perry (1997) donde dieciocho personas pertenecientes a doce organizaciones ubicadas en Tailandia y
representativas de Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda a
través de entrevistas a profundidad evaluaron que el clima como determinante para la selección de
universidad destino no es considerada de importancia.
De manera contrastante la investigación de Mazzarol et al. (1997) enfocada en estudiantes
dirigidos a los sectores de educación superior, cursos intensivos de idioma Inglés para estudiantes
extranjeros (ELICOS), entrenamiento y educación vocacional (VET), y educación escolar en
Indonesia y Taiwán evidenció que la importancia de un clima confortable en el país destino como
variable si bien no fue lo que los hizo rechazar Australia como país destino, es una variable de gran
importancia al seleccionar la universidad destino donde aproximadamente el noventa por ciento de
los estudiantes de Indonesia así lo calificaron y aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de los
estudiantes de Taiwán, concordando en la importancia de esta variable con la investigación de Lee
(2013).
Para la investigación de Muntasira et al. (2009) los estudiantes que formaron parte de los focus
group concordaron en que la selección dependía del hecho de encontrarse en un lugar con clima
diferente al de su lugar de origen, contrastando los resultados de Bhati &amp; Anderson (2012) donde los
estudiantes de India en búsqueda de educación australiana en Singapur eligen esta educación por sobre
Australia por el hecho de que Singapur cuenta con un clima similar al de India.
Localización de la universidad
Los resultados más sobresalientes de esta variable han sido de gran importancia para la
selección de universidad destino en el caso del estudio de Mazzarol &amp; Soutar (2002) los cuatro grupos
de estudiantes (Taiwan, India, China e Indonesia) participantes en el estudio calificaron como
importante el hecho de encontrarse en un lugar excitante para vivir, lo cual es coincidente también
con los estudios de Ruby (2007), Adolalizadeh (2014) y Lee (2013), y la investigación de Altbach (2004)
pero identificado como un lugar con calidad de vida y atractivo cultural, asimismo en el estudio de
Gatfield &amp; Hyde (2005) donde los estudiantes de Singapur establecieron de importancia el hecho de
elegir Australia como un lugar donde podrían vivir nuevas experiencias, lo que también es coincidente
con los resultados de la investigación de Muntasira et al. (2009). En el caso del estudio de Klieger
(2005) el sesenta por ciento de los estudiantes entrevistados concordaron en la importancia de tener
actividades extracurriculares como consideración para la selección de universidad destino. Por otra
parte la experiencia del estudiante relacionada a este factor aseguran es un factor influyente en las
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�tácticas de reclutamiento de las universidades (Verbik &amp; Lasanowski, 2007). De manera contrastante
el estudio de Baharun et al. (2011) mostró que de los siete factores analizados, el factor de localización
de la universidad (belleza y alrededores) fue el menos importante con tan sólo un doce por ciento de
la importancia de los encuestados.
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Tabla 1: Razones e incentivos para el proceso de internacionalización de acuerdo con De Wit

Razones

1- Políticas

Componentes
Política exterior
Seguridad nacional
Asistencia técnica
Paz y entendimiento mutuo
Identidad nacional
Identidad regional

2-Económicas

Crecimiento económico y competitividad
Mercado laboral
Incentivos financieros

3-Sociales/Culturales

Identidad cultural y nacional
Entendimiento intercultural
Desarrollo personal
Desarrollo social

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30

�Razones

Componentes

4-Académicas

Extensión del horizonte académico
Mejora de la calidad
Perfil
Estándares académicos internacionales
Dimensión internacional de la enseñanza y
la investigación

5-Institucionales

Perfiles internacionales
Producción del conocimiento
Mejora de la calidad

Desarrollo de Recursos Humanos.
Alianzas Estratégicas.
6-Nacionales
Generación de ingresos/comercio.
Desarrollo Nacional y de Universidades.
Nota: Elaboración propia. Datos tomados de “The Dynamics of
International Student Circulation in a Global Context”, por H. de Wit
et al. (2011).

Tabla 2: Factores determinantes para la selección de universidad destino

VARIABLE

1- Financiamiento

AUTOR
Gatfield &amp; Hyde (2005), Shanka et al.
(2005), Högskoleverket (2005), Klieger
(2005), Jacobson (2005), Foskett et al.
(2006), Burns (2006), Chen &amp; Zimitat
(2006), Cubillo et al. (2006), Maringe
(2006), Yang (2007), Pyvis &amp; Chapman
(2007), Li &amp; Bray (2007), Maringe &amp; Carter
(2007), Chen (2007), Verbik &amp; Lasanowski
(2007), Jenkins (2007), Ruby (2007),
Strayhorn et al. (2008), Lee (2008), Soo &amp;
Elliot (2008), Ismail (2008), Muntasira et al.
(2009), Bodycott (2009), Cantwell et al.
(2009); Nurlida et al. (2010), Eder et al.
(2010), Petruzzellis &amp; Romanazzi (2010),
Soo &amp; Elliot (2010), Kondakci (2011),
Malik (2011), Baharun et al. (2011), Bhati &amp;
Anderson (2012), Mubaira &amp; Fatoki (2012),
Lee (2013), Abdolalizadeh (2014), Bhati et
al. (2014), y Özoğlu et al. (2015).

LUGAR-INV

Estados Unidos de América,
Reino Unido, Tailandia,
Malasia, Indonesia, Taiwán,
Irlanda, Nueva Zelanda,
Australia, Suecia, España,
Canadá, China, Alemania,
Francia, Japón, Singapur,
México, Sudáfrica, India,
Italia y Turquía.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

31

�VARIABLE

2- Desarrollo
Profesional y
Personal

3- Ambiente
Multicultural

4- Calidad Educativa

AUTOR
LGatfield &amp; Hyde (2005), Muche &amp;
Wächter (2005), Högskoleverket (2005),
Chen &amp; Zimitat (2006), Cubillo et al.
(2006), Maringe (2006), Yang (2007), Pyvis
&amp; Chapman (2007), Li &amp; Bray (2007),
Maringe &amp; Carter (2007), Verbik &amp;
Lasanowski (2007), Jenkins (2007), Lee
(2008), Cantwell et al. (2009), Eder et al.
(2010), Bhati &amp; Anderson (2012), Mubaira
&amp; Fatoki (2012), Lee (2013), y Bhati et al.
(2014).
Gatfield &amp; Hyde (2005), Muche &amp; Wächter
(2005), Högskoleverket (2005), Klieger
(2005), Kim et al. (2006), Chen &amp; Zimitat
(2006), Cubillo et al. (2006), Pyvis &amp;
Chapman (2007), Li &amp; Bray (2007),
Maringe &amp; Carter (2007), Verbik &amp;
Lasanowski (2007), Jenkins (2007), Ruby
(2007), Chen (2007), Lee (2008), Bodycott
(2009), Cantwell et al. (2009), Chung et al.
(2009), Eder et al. (2010), Malik (2011),
Counsell (2011), Bhati &amp; Anderson (2012),
Chou et al. (2012), Mubaira &amp; Fatoki
(2012), Abdolalizadeh (2014), Bhati et al.
(2014) y Özoğlu et al. (2015).
Gatfield &amp; Hyde (2005), Muche &amp; Wächter
(2005), Shanka et al. (2005), Davey (2005),
Jacobson
(2005),
Burns
(2006),
Holdsworth &amp; Nind (2006), Chen &amp;
Zimitat (2006), Cubillo et al. (2006),
Maringe (2006), Yang (2007), Pyvis &amp;
Chapman (2007), Maringe &amp; Carter (2007),
Chen (2007), Verbik &amp; Lasanowski (2007),
Jenkins (2007), Ruby (2007), Strayhorn et
al. (2008), Ismail (2008), Lee (2008),
Mazzarol &amp; Soutar (2008), Muntasira et al.
(2009), Bodycott (2009), Cantwell et al.
(2009), Nurlida et al. (2010), Eder et al.
(2010), Petruzzellis &amp; Romanazzi (2010),
Soo &amp; Elliot (2010), Malik (2011), Counsell
(2011), Bhati &amp; Anderson (2012), Mubaira
&amp; Fatoki (2012), Lee (2013), Abdolalizadeh
(2014), Bhati et al. (2014) y Özoğlu et al.
(2015).

LUGAR-INV
Estados Unidos de América,
Países
Bajos,
Australia,
Canadá, Nueva Zelanda,
Tailandia, Malasia, Irlanda,
Indonesia, Taiwán, China,
India, Suecia, Brasil, México,
Rusia, España, Francia,
Japón, Singapur, y Sudáfrica.

Estados Unidos de América,
Taiwán, Tailandia, Malasia,
Irlanda, Indonesia, China,
India, Reino Unido, Australia,
Canadá,
Suecia,
Brasil,
México, Rusia, España,
Alemania, Francia, Japón,
Nueva Zelanda, Singapur,
Sudáfrica Y Turquía.

Estados Unidos de América,
Taiwán, Australia, Reino
Unido, Australia, Canadá,
Nueva Zelanda, Indonesia,
Irlanda, China, India, Malasia,
Brasil, Rusia, Tailandia ,
España, Alemania, Japón,
Francia, Singapur, Suecia,
México y Turquía.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

32

�VARIABLE

5- Disponibilidad de
información
universitaria

6- Recomendaciones

7- Características
Institucionales

8- Interacción Social

AUTOR
Gatfield &amp; Hyde (2005), Burns (2006),
Pyvis &amp; Chapman (2007), Maringe &amp;
Carter (2007), Jenkins (2007), Ruby (2007),
Ismail (2008), Lee (2008), Nurlida et al.
(2010), Bhati &amp; Anderson (2012), Chou et
al. (2012), Bhati &amp; Anderson (2012),
Mubaira &amp; Fatoki (2012) y Abdolalizadeh
(2014).
Gatfield &amp; Hyde (2005), Pimpa (2005),
Shanka et al. (2005), Klieger (2005), Chen
&amp; Zimitat (2006), Cubillo et al. (2006),
Pyvis &amp; Chapman (2007), Li &amp; Bray (2007),
Maringe &amp; Carter (2007), Jenkins (2007),
Ruby (2007), Chen (2007), Lee (2008),
Muntasira et al. (2009), Bodycott (2009),
Cantwell et al. (2009), Fletcher (2010), Eder
et al. (2010), Baharun et al. (2011), Chou et
al. (2012), Bhati &amp; Anderson (2012), Lee &amp;
Morrish (2012), Lee (2013), Abdolalizadeh
(2014), Bhati et al. (2014) y Özoğlu et al.
(2015).
Gatfield &amp; Hyde (2005), Muche &amp; Wächter
(2005), Davey (2005), Jacobson (2005),
Burns (2006), Holdsworth &amp; Nind (2006),
Cubillo et al. (2006), Maringe (2006), Walsh
&amp; Beatty (2007), Hillenbrand &amp; Money
(2007), Maringe &amp; Carter (2007), Chen
(2007), Verbik &amp; Lasanowski (2007),
Jenkins (2007), Ruby (2007), Ismail (2008),
Lee (2008), Mazzarol &amp; Soutar (2008),
Muntasira et al. (2009), Bodycott (2009),
Cantwell et al. (2009), Ming (2010), Nurlida
et al. (2010), Eder et al. (2010), Petruzzellis
&amp; Romanazzi (2010), Malik (2011),
Baharun et al. (2011), Bhati &amp; Anderson
(2012), Mubaira &amp; Fatoki (2012), Lee
(2013), Abdolalizadeh (2014), y Bhati et al.
(2014).
Gatfield &amp; Hyde (2005), Muche &amp; Wächter
(2005), Klieger (2005), Chen &amp; Zimitat
(2006), Cubillo et al. (2006), Li &amp; Bray
(2007), Verbik &amp; Lasanowski (2007),
Jenkins (2007), Ruby (2007), Chen (2007),
Strayhorn et al. (2008), Bodycott (2009),
Cantwell et al. (2009), Chung et al. (2009),

LUGAR-INV
Estados Unidos de América,
Australia, Indonesia, Taiwán,
China, India, Reino Unido,
Malasia y Sudáfrica.

Estados Unidos de América,
Australia, Canadá, Nueva
Zelanda,
Reino
Unido,
Chipre, Irlanda, Australia,
Indonesia, Taiwán, China,
India, Australia, España y
Malasia.

Estados Unidos de América,
Taiwán, Australia, Reino
Unido, Canadá, Tailandia,
Malasia, Irlanda, Indonesia,
China, India, Brasil, México,
Rusia,
España,
Nueva
Zelanda, Alemania, Francia,
Japón, Suecia, Singapur e
Italia.

Estados Unidos de América,
Reino Unido, Indonesia,
Taiwán, Países Bajos, Irlanda,
Australia, República Popular
de China Y Sudáfrica.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

33

�VARIABLE

9- Idioma

AUTOR
Petruzzellis &amp; Romanazzi (2010), Baharun
et al. (2011), Chou et al. (2012), Mubaira &amp;
Fatoki (2012), Lee (2013) y Abdolalizadeh
(2014).

Gatfield &amp; Hyde (2005), Muche &amp; Wächter
(2005), Högskoleverket (2005), Davey
(2005), Chen &amp; Zimitat (2006), Verbik &amp;
Lasanowski (2007), Engelke (2008),
Muntasira et al. (2009), Bodycott (2009),
Eder et al. (2010), Malik (2011), Counsell
(2011), Chou et al. (2012), Mubaira &amp;
Fatoki (2012) y Lee (2013).

Shanka et al. (2005), Klieger (2005), Chen
&amp; Zimitat (2006), Maringe &amp; Carter (2007),
Ruby (2007), Chen (2007), Bodycott
10- Ambiente Seguro
(2009), Cantwell et al. (2009), Bhati &amp;
Anderson (2012), Mubaira &amp; Fatoki (2012),
Abdolalizadeh (2014), y Bhati et al. (2014).
Chen &amp; Zimitat (2006), Cubillo et al.
(2006), Yang (2007), Chen (2007), Verbik
11- Características
&amp; Lasanowski (2007), Jenkins (2007), Park
del País/Ciudad
(2009), Bodycott (2009), Cantwell et al.
(2009), Eder et al. (2010), Bhati &amp;
Anderson (2012) y Bhati et al. (2014).
Gatfield &amp; Hyde (2005), Shanka et al.
(2005), Davey (2005), Klieger (2005), Pyvis
&amp; Chapman (2007), Verbik &amp; Lasanowski
12- Ubicación
(2007), Ruby (2007), Muntasira et al.
geográfica
(2009), Bodycott (2009), Cantwell et al.
(2009), Eder et al. (2010), Soo &amp; Elliot
(2010), Bhati &amp; Anderson (2012),
Abdolalizadeh (2014), y Bhati et al. (2014).

LUGAR-INV

Estados Unidos de América,
Australia, Canadá, Nueva
Zelanda,
Reino
Unido,
Irlanda, Indonesia, Taiwán,
República Popular de China,
India, Suecia, Brasil, México,
Rusia, Tailandia, Sudáfrica,
Francia, Japón, Alemania,
Malasia Y Singapur.
Tailandia, Malasia, Estados
Unidos de América, Reino
Unido, Indonesia, Taiwán,
República Popular de China,
India, Y Australia.
Estados Unidos de América,
Tailandia, Malasia, Indonesia,
Taiwán, Australia, Canadá,
Nueva
Zelanda,
Reino
Unido, España, Y México.
Estados Unidos de América,
Australia, Taiwán, Tailandia,
Malasia, Nueva Zelandia,
Reino Unido, Indonesia,
República Popular de China,
Alemania, Singapur, Francia,
Suecia y México.

13- Agentes
Educativos

Australia, Canadá, Nueva
Gatfield &amp; Hyde (2005), Maringe &amp; Carter
Zelanda,
Reino
Unido,
(2007), Lee (2008), Cheung et al. (2011),
Estados Unidos de América,
Bhati &amp; Anderson (2012), Chou et al.
Singapur, y Malasia.
(2012), y Bhati et al. (2014)

14- Características
personales

Estados Unidos de América,
Muche &amp; Wächter (2005), Davey (2005),
Australia, Canadá, Nueva
Yang (2007), Li &amp; Bray (2007), Maringe &amp;
Zelanda,
Reino
Unido,
Carter (2007), Jenkins (2007), Lee (2008),
Indonesia, Taiwán, República
Park (2009), Bodycott (2009), Cantwell et
Popular de China, India,

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

34

�VARIABLE

AUTOR
LUGAR-INV
al. (2009), Kondakci (2011) y Bhati et al. Brasil,
México,
Rusia,
(2014)
Tailandia y Malasia.

Singapur, Tailandia, Malasia,
Muntasira et al. (2009), Bhati &amp; Anderson
Indonesia, Taiwán, Suecia y
(2012) y Lee (2013)
República Popular de China.
Estados Unidos de América,
16- Localización de
Gatfield &amp; Hyde (2005), Klieger (2005),
Indonesia, Taiwán, India,
la Universidad
Verbik &amp; Lasanowski (2007), Ruby (2007),
Australia, Reino Unido,
(Belleza y
Muntasira et al. (2009), Baharun et al.
Suecia y República Popular de
alrededores)
(2011), Lee (2013) y Abdolalizadeh (2014)
China
Nota: Elaboración propia.
15- Clima del país
receptor

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

35

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 3. enero-junio 2016, pp. 36-45
ISSN: 2395-8448

En pos de la mejora de la calidad electoral: la experiencia de la creación
del Observatorio Electoral de Bariloche
In pursuit of improving the quality of electoral processes: the experience
of creation of Electoral Observatory of Bariloche

Daniela Zacharías y Gilda Garibotti
Departamento de Estadística
Universidad Nacional del Comahue
Fecha de envío: 7 de marzo 2016
Fecha de aceptación: 24 de mayo 2016

Resumen
La observación electoral permite detectar problemas, inconsistencias y errores, en el
desarrollo de comicios, que van en detrimento del ejercicio del derecho al sufragio de los
ciudadanos. Además, en base a sus resultados, puede evaluarse la calidad de los comicios,
ayudando a legitimar el proceso democrático en su faz de elección de autoridades y
representantes.
En Argentina, la experiencia en observación electoral es escasa. En el año 2011 la Cámara
Nacional Electoral estableció un Registro de Entidades de Acompañamiento Cívico,
considerando la realización de actividades de observación tanto a nivel nacional como de
jurisdicciones específicas. En 2015, se creó el Observatorio Electoral en San Carlos de Bariloche
(ObserBar), como una iniciativa conjunta entre la Universidad Nacional del Comahue y la
Defensoría del Pueblo de Bariloche.
Este trabajo trata sobre la logística utilizada para la creación de ObserBar, presenta los
principales resultados de las observaciones realizadas durante 2015 y describe el impacto del
observatorio en la comunidad. Se realizaron cuatro observaciones, correspondientes a los
comicios municipales, provinciales y nacionales (primera y segunda vuelta electoral). Se
conformó una red de observadores con 115 voluntarios, con una amplia participación y
representación de la sociedad civil. En cada elección se observó entre 4% y 11% de las mesas
electorales.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

36

�La devolución a las autoridades electorales del diagnóstico realizado por ObserBar,
contribuyó a la planificación de cambios organizativos tendientes a introducir mejoras en el
proceso electoral.
La logística organizativa de ObserBar puede ser utilizada para la creación de
observatorios electorales en otras localidades.
Palabras clave: observación electoral, participación ciudadana, elecciones
Abstract
The electoral observation allows for finding problems, inconsistencies and mistakes in
the development of elections. These problems undermine the right to vote of citizens. Moreover,
based on the results of electoral observations the quality of elections can be assessed, helping to
legitimize the democratic process regarding the election of authorities.
In Argentina, there is little experience in electoral observation. In 2011 the National
Electoral Chamber established a registry of entities of civic accompaniment, giving leeway to
activities of electoral observation at the national level, and also in specific jurisdictions. In 2015,
the Electoral Observatory of San Carlos de Bariloche (ObserBar) was instituted, as a joint
initiative of the National University of Comahue and the Department of Protection of Citizens
from Bariloche.
This article describes the logistics used to set up ObserBar, gives the main results of the
observations done during 2015, and describes the influence of the electoral observatory on the
community. Four electoral observations were done during 2015, at the municipal, provincial and
national level (first and second poll). A total of 115 volunteers were recruited. Volunteers had
very diverse background, representing distinct sectors of society. In each election between 4%
and 11% of polling stations were observed.
The results of the observations were shared with electoral authorities. These
observations stressed the need to intensify the training of polling authorities and some work in
this direction was already organized after the first observed election.
The logistic of the organization of ObserBar can be used for the creation of electoral
observatories in other towns.

Keywords: election observation, civil participation, electoral processes

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

37

�En pos de la mejora de la calidad electoral: la experiencia de la creación del
Observatorio Electoral de Bariloche
Introducción
Los procesos electorales constituyen la expresión institucional de la voluntad popular en los
sistemas democráticos. Las distintas sociedades han establecido diferentes sistemas para realizar estos
procesos. Los sistemas electorales deben garantizar la transparencia y equidad de los comicios para
legitimar el poder de quienes resultan electos para ocupar los cargos en disputa. En muchos casos, la
legislación electoral incluye como mecanismo para legitimar los comicios y garantizar el respeto por el
derecho al voto de todos los ciudadanos, actividades de observación electoral.
En su versión más simple, la observación electoral consiste en realizar una serie de actividades
coordinadas y metodológicamente coherentes durante las jornadas electorales, para evaluar la calidad
de los comicios de manera independiente a la autoridad electoral a cargo. Para que los resultados de la
observación sean válidos, la actividad debe ser realizada por organismos u organizaciones aceptadas
como imparciales por los diferentes actores del proceso eleccionario. Los observatorios electorales
generalmente son establecidos por organizaciones internacionales como la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), organizaciones no
gubernamentales como Transparencia Internacional y el Centro Carter o por universidades nacionales
o privadas.
Numerosas experiencias en otros países y gobiernos locales, demuestran la efectividad de esta
práctica para identificar y prevenir errores, distorsiones y manipulaciones en los procedimientos de
logística electoral y de votación, así como para evaluar la calidad global de los procesos del día de
elecciones y proyectar, o verificar, los resultados oficiales (Estok, Nevitte, &amp; Cowan, 2002; Galván,
2015; Organización de los Estados Americanos, 2008)
La legislación electoral argentina no contempla la observación electoral, ni interna, ni
internacional. En el año 2011, ante reclamos de diversas organizaciones de la sociedad civil, la Cámara
Electoral Nacional publicó la Acordada N°128/11 en la que reconoce la importancia de la observación
electoral por parte de la ciudadanía como manera de contribuir al logro de comicios legítimos y crea
el Registro de Entidades de Acompañamiento Cívico. Actualmente hay 14 observatorios electorales
acreditados.
El municipio de San Carlos de Bariloche está ubicado en la Patagonia Argentina. Es el centro
urbano con mayor población de la provincia de Río Negro. Tanto a nivel municipal como a nivel
provincial, no se cuenta con acceso libre a registros sobre población electoral (número y distribución
de electores), ni a resultados electorales parciales y globales.
En 2015, docentes de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) y miembros de la
Defensoría del Pueblo de Bariloche (DPB) crean el Observatorio Electoral Bariloche (ObserBar),
primer observatorio electoral de la Patagonia.
El objetivo de este trabajo es describir la experiencia de la creación de ObserBar, de la selección
de las herramientas y modos de participación ciudadana, y del uso de una metodología estadística
válida para realizar observaciones electorales independientes en el municipio de San Carlos de
Bariloche.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

38

�En particular queremos resaltar los resultados que tienen que ver con la actuación del
observatorio, en su relación con la participación de la sociedad civil en la observación y defensa de los
derechos ciudadanos, salvaguardando uno de los pilares de la democracia: el voto.
Observatorio Electoral Bariloche
El observatorio electoral se creó a comienzos de 2015. Surgió como una iniciativa del
Departamento de Estadística de la UNC en Bariloche.
ObserBar cuenta con un equipo de coordinadores compuesto por docentes de la UNC y
miembros de la DPB, y un grupo de ciudadanos voluntarios que realizan la observación electoral el
día de los comicios.
¿Cómo trabajamos?
La puesta en marcha del observatorio para el día de las elecciones conlleva una serie de
actividades que se realizan antes, durante y después de la jornada electoral:





Antes de la elección: Convocatoria a observadores, diseño del muestreo de las mesas
electorales, elaboración de los instrumentos de recolección de datos y capacitación de
observadores.
El día de la elección: Observación en las mesas de votación asignadas y elaboración de la base
de datos.
Después de la elección: Análisis de los resultados y devolución de las observaciones a las
autoridades electorales, observadores y ciudadanos en general.

Durante el año 2015 ObserBar cubrió el desarrollo durante la jornada electoral de cuatro
comicios en la ciudad de Bariloche:
- Elecciones provinciales: domingo 14 de junio
- Elecciones municipales: domingo 6 de septiembre
- Elecciones nacionales: domingo 25 de octubre
- Balotaje: domingo 22 de noviembre
Las actividades llevadas a cabo por ObserBar fueron como sigue:
Antes de la elección: La convocatoria a observadores se realizó a través de correos
personalizados a distintos grupos de interés, folletería, notas en diarios, radio y televisión.
Se realizó observación en todos los centros de votación de la ciudad. En cada centro de votación
se seleccionaron aleatoriamente mesas de votación a ser observadas. La observación se realizó en los
siguientes tres turnos:

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

39

�Turno 1: Instalación de la mesa de votación y apertura de la mesa
Turno 2: Proceso de votación a mitad de jornada
Turno 3: Cierre de mesa y conteo de votos
A cada observador se le asignó una única mesa y turno de observación, en el centro de votación
donde le tocaba votar o en uno cercano.
Se diseñaron distintos instrumentos de recolección de información, de acuerdo a los turnos de
observación y a cada uno de los procesos electorales. Los instrumentos se elaboraron teniendo como
modelo los utilizados por organizaciones especializadas en misiones de observación electoral. Los
formularios incluyeron entre 11 y 14 preguntas, en su mayoría de opción múltiple. Los aspectos
observados en las cuatro elecciones fueron:






Turno 1: se recabó información sobre la hora de apertura del centro de votación, distribución
por sexo y asistencia a capacitación de autoridades de mesa, presencia de fiscales de partidos
políticos, entrega de materiales, instalación del cuarto oscuro, hora de apertura de la mesa de
votación.
Turno 2: se observaron aspectos relacionados con el flujo de electores: participación hacia la
mitad de jornada, tiempo que tarda en sufragar cada votante, cantidad de electores esperando
en la mesa para votar; elector informado acerca de cómo y dónde votar, presencia de fiscales,
proselitismo electoral, voto asistido, acondicionamiento del cuarto oscuro, entre otros.
Turno 3: se registró lo observado acerca de la presencia de fiscales, hora de cierre de mesa de
votación, cumplimiento del procedimiento estipulado para la realización del escrutinio, hora
de término del escrutinio, resultados de la votación.

Además, se elaboró un instrumento para obtener información acerca de la situación edilicia del centro
de votación: adecuación para personas con discapacidad, salidas de emergencia y matafuegos, baños,
entre otros aspectos; sobre la información que se proporciona al elector en este centro: existencia de
padrones electorales a la entrada del establecimiento, presencia de delegados electorales u otros agentes
que puedan brindar información al ciudadano.
Para cada una de las instancias de observación los voluntarios fueron capacitados en el
procedimiento a seguir y en la aplicación de los cuestionarios. La capacitación se realizó dos o tres días
previos a la elección. La duración aproximada fue de tres horas. Se enfatizó la importancia del respeto
del diseño maestral, indicándose a los observadores que debían realizar la tarea en la mesa de votación
asignada y no en otra. Se recalcó también el rol pasivo que tienen los observadores electorales: no
pueden interferir en el proceso, no emiten opiniones, no resuelven dudas ni conflictos.
Para cada proceso electoral se gestionó la acreditación de los observadores según las
disposiciones específicas de la autoridad electoral que correspondiera. Para las elecciones provinciales
las acreditaciones estuvieron a cargo de la DPB, en virtud de la potestad otorgada por un convenio
firmado con el Tribunal Electoral Provincial de Río Negro. En el caso de las elecciones municipales,
las acreditaciones fueron extendidas por la Junta Electoral Municipal de San Carlos de Bariloche. En
las elecciones nacionales fue la Cámara Electoral Nacional quien extendió las credenciales para los

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

40

�observadores. En todos los casos los voluntarios debían estar empadronados y no estar afiliados a
ningún partido político. 9
En las elecciones provinciales y municipales las autoridades competentes autorizaron la
observación en los tres turnos, mientras que la Cámara Nacional Electoral no autorizó la observación
del tercer turno correspondiente al escrutinio de ninguna de las dos instancias de elección nacional,
debido a que, según la Ley Electoral, en el escrutinio solo pueden estar presentes las autoridades de
mesa y los fiscales (Cámara Nacional Electoral de la República Argentina, 2015).
El día de la elección: En la primera experiencia, se estableció que los observadores se
comunicaban con el "centro de llamadas", ubicado en la DPB, para transmitir lo registrado en los
formularios. La información recibida fue ingresada en una base de datos. En las siguientes elecciones
se implementó una plataforma virtual para el ingreso de datos basada en un sitio web y una aplicación
para teléfonos móviles. Los datos, ingresados por el observador vía internet o aplicación móvil,
conformaban automáticamente una base de datos.
Después de la elección: Las observaciones fueron procesadas estadísticamente utilizando el
paquete estadístico R (R Core Team, 2015). Se analizaron los resultados teniendo en cuenta
ponderaciones correspondientes al diseño muestral. Se realizó una devolución de los resultados a la
ciudadanía y a las autoridades electorales.
Resultados y discusión
Se construyó una extensa y diversa red de observadores voluntarios. En total participaron 115
voluntarios, 30% hombres y 70% mujeres, la edad promedio fue 32 años y el desvío estándar 17 años,
rango de 16 a 75 años, 24% eran menores de 18 años. Esto pone en evidencia la importante
participación femenina, la diversidad etaria de los observadores y el interés de los jóvenes en la vida
cívica. En cada elección se observó entre 4% y 11% de las mesas electorales, la Tabla 1 describe la
cantidad de mesas observadas por turno y proceso electoral.
Tabla 1: Cantidad de mesas observadas por turno y proceso electoral

Elecciones
Provinciales
Elecciones
Municipales
Elecciones
Nacionales

Turno 1

Turno 2

Turno 3

32

33

25

16

29

28

11

16

--

9

El voto es obligatorio para personas de entre 18 y 70 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años y para
adultos mayores de 70 años.
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41

�Balotaje

15

21

--

Consideramos la construcción de esta red como uno de los mayores logros del proyecto. Para
su consolidación fue fundamental la comunicación permanente y personalizada con cada uno de sus
miembros. La coordinadora de la red mantuvo, durante todo el desarrollo del proyecto, intercambios
constantes con los voluntarios vía correo electrónico, teléfono y personal. Se discutieron las dudas, se
aceptaron sugerencias y, en todos los casos, se compartieron los resultados. Cada observador pudo
considerarse como parte esencial de un todo, comprendiendo que, para poder obtener un panorama
de toda la ciudad, era indispensable que cada uno cumpliera correctamente con su labor.
Un aspecto que contribuyó al éxito de la convocatoria de voluntarios fue la organización de
las observaciones en periodos cortos de trabajo de entre 1 y 3 horas, adaptados a horarios de su
conveniencia y en su mismo centro de votación. Durante los encuentros de información y discusión
de resultados los voluntarios transmitieron su satisfacción con el trabajo realizado, comentando
distintas situaciones observadas y falencias detectadas. Un punto remarcable es que varias de estas
personas, luego de participar como observadores en una elección, decidieron registrarse para actuar
como autoridades o fiscales de mesa como forma de aportar a mejorar el desarrollo de las siguientes
elecciones.
En las elecciones provinciales se encontró que las autoridades de mesa tenían grandes
dificultades para realizar el escrutinio: en muchos casos no conocían la manera de contar los votos
correctamente, no sabían cómo llenar las actas, entre otras falencias. De manera correspondiente,
cuando para esta misma elección se indagó por la capacitación de las autoridades de mesa, se obtuvo
como resultado que solo un 22% manifestó haber asistido a la capacitación. Un porcentaje similar
mencionó haber leído un instructivo. Más de la mitad (56%) no se había capacitado para desempeñarse
como autoridad de mesa y solo el 34% de las autoridades de mesa mencionaron tener experiencia
previa en dicha función. Para entender la extensión del problema, en esa ocasión el órgano electoral a
cargo de realizar las elecciones (Tribunal Electoral Provincial) no impartió ninguna capacitación a las
autoridades de mesa. Fue una organización civil (la Asociación Conciencia) quien, al conocer esta
situación y para llenar el vacío dejado por el órgano electoral, procedió a brindar una corta capacitación
a las autoridades de mesa dos días antes de la elección.
Cuando estas observaciones fueron dadas a conocer, el personal de la Junta Electoral
Municipal (que estaba a cargo de la organización de los siguientes comicios) tomó nota de esta
situación y propuso al observatorio colaborar en la organización de la capacitación de las autoridades
de mesa para las elecciones municipales. El día de los comicios municipales, los observadores
registraron que 77% de las autoridades de mesa había asistido a la capacitación, lo cual redundó en un
mejor desarrollo del escrutinio.
Otro aspecto que fue mejorado en las elecciones municipales, luego de atender los problemas
detectados por el Proyecto ObserBar en las elecciones provinciales, fue la adecuación de los centros
de votación en cuanto a la exhibición de padrones, habilitación de cuartos oscuros accesibles y
disposición de medidas de seguridad física (habilitación de salidas de emergencia, presencia de
matafuegos y señalización correspondiente).

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�La posibilidad de presenciar los escrutinios en la elecciones provinciales y municipales,
permitió realizar sendos conteos rápidos. A partir de los resultados obtenidos se realizaron
estimaciones estadísticas de los resultados generales que fueron muy cercanas a los resultados oficiales.
Con esto se demostró que el diseño muestral utilizado para las realizar la observación de estos procesos
fue adecuado, lo cual dio sustento a las recomendaciones realizadas.
En las elecciones nacionales, el observatorio no fue habilitado para presenciar los escrutinios.
Este aspecto está relacionado con la falta de legislación específica en el tema en Argentina, lo cual deja
librado a la buena voluntad de los distintos organismos electorales cuáles son las instancias en las que
se pueden realizar observaciones. Al momento de escritura de este trabajo, el Congreso de la Nación
se encuentra abocado a la discusión de una profunda reforma del sistema electoral. Si bien el debate
se centra sobre la oportunidad y conveniencia de implantar sistemas de voto electrónico, existe la
posibilidad de plantear la introducción de reglas claras para las actividades de observación electoral.
Esto redundaría en una mayor transparencia de los procesos electorales y, de acuerdo al esquema de
observación puesto en práctica en Bariloche, en mayores niveles de compromiso y participación de
los ciudadanos en estos procesos.
Los resultados de la observación, en toda su extensión, están presentes en el informe anual de
la DPB (Defensoría del Pueblo, 2015).
Conclusiones
A partir de la experiencia realizada se puede extraer varias conclusiones:
- Fue posible establecer un observatorio electoral en la ciudad de San Carlos de Bariloche
mediante la colaboración entre una universidad pública (UNC) y la Defensoría del Pueblo (DPB). Este
observatorio, primero en su tipo en la Patagonia, funciona gracias a la activa participación de
ciudadanos coordinados en una red de observadores.
- La red de observadores se compone de voluntarios. Se observó una mayor participación
femenina en la actividad y una amplia distribución etaria, con un fuerte componente de jóvenes. Este
aspecto se considera auspicioso dado que la participación temprana en estas actividades, redunda en
una toma de conciencia sobre la importancia del voto y el desarrollo de un fuerte compromiso con la
calidad institucional.
- Las observaciones realizadas permitieron detectar falencias en la organización de los comicios
y en la capacitación de las autoridades de mesa. Más aún, las herramientas estadísticas utilizadas
revelaron con precisión la extensión de dichas falencias. La publicación de los resultados y su discusión
con las autoridades electorales, ayudó a implementar mejoras en los comicios subsiguientes.
- Se destaca la necesidad de brindar adecuada capacitación a las autoridades de mesa, a los
fiscales partidarios y al personal de las juntas electorales afectados a tareas presenciales durante los
comicios.
- El proyecto ObserBar quedó instalado en la ciudad de San Carlos de Bariloche no solo como
una herramienta de observación electoral, sino también como un agente de capacitación y mejora de
la calidad de los comicios. En base a esta experiencia, ya se ha manifestado interés en extender las
tareas a la ciudad de Roca, Río Negro.

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�- Sería un avance considerable que la Ley Electoral argentina contemple y regule las actividades
de observación electoral, fortaleciendo así este importante instrumento de participación ciudadana.

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44

�Referencias
Cámara Nacional Electoral de la República Argentina. (2011). Acordada N°128/11.
Cámara Nacional Electoral de la República Argentina. (2015). Código Nacional Electoral
- Ley 19.945.
Defensoría del Pueblo. (2015). Informe 2015. Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
Version digital disponible en: http://www.defensoriabariloche.gob.ar/.
Estok, M., Nevitte, N., &amp; Cowan, G. (2002). El conteo rápido y la observación de
elecciones. Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI).
Galván, F. (2015). La observación electoral: Apuntes para su discusión en América
Latina. América Latina Hoy, 70, 17-36.
Organización de los Estados Americanos. (2008). Manual para las misiones de
observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos -SG/OEA.
R Core Team. (2015). R:A Language and Environment for Statistical Computing. Viena:
R Foundation for Statistical Computing.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 3. enero-junio 2016, pp. 46-67
ISSN: 2395-8448

Política Social y Clientelismo: La Creación del Perredismo
en la Ciudad de México: 2001 - 2006
Social Policy and Clientelism: The Creation of Perredismo in Mexico City:
2001 - 2006

Carlos Luis Sánchez y Sánchez
División de Estudios de Posgrado, Programa Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales; Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México

Fecha de envío: 12 de agosto 2015
Fecha de aceptación: 24 de noviembre 2015

Resumen
Durante el período 2000 – 2006, el incremento que experimentó el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), en sus niveles de identificación partidista en la Ciudad de
México, no tuvo una significación emocional tal y como la formulación teórica original sugiere
se basa la membrecía hacia un partido (Campbell et.al., 1960), por el contrario se postula el
desarrollo del perredismo obedeció a una lógica de desempeño gubernamental basado en la
construcción de apoyo por la vía de la política social, el cual generó un esquema de adhesión o
partidismo racional que se finca sobre parámetros de evaluación distintos a los que postula
Morris Fiorina (1981) y el Modelo de Gobierno de Partido Responsable.
La estrategia de comprobación de ésta hipótesis, se basó en un análisis a nivel agregado
que comprendió, con una base de datos propia, verificar la existencia de relaciones lineales entre
las variables independientes de gasto en los cuatro programas que comprendieron transferencias
de renta directa y el perredismo en cada una de las dieciséis delegaciones políticas en que se
divide la Ciudad de México.
La base se construyó con datos de los siguientes programas: 1. Programa de ayuda a
adultos mayores; 2. Programa de apoyo al empleo; 3. Programa de becas escolares, y 4. Programa
de apoyo a personas con discapacidad, y se le indexaron los datos correspondientes a los niveles

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�de perredismo de cada año por delegación a partir de los datos proporcionados por el
Departamento de Investigación del Grupo Reforma.
Con la finalidad de verificar la existencia o ausencia de relaciones lineales entre las
variables independientes de gasto y el perredismo, se diseñó un modelo de regresión en forma
de panel que posibilitó dar un seguimiento del aumento en los niveles de perredismo en las
delegaciones (unidades transversales) a lo largo del tiempo.
Palabras clave: Política social, Perredismo, Gobierno de Partido Responsable, Clientelismo,
Ciudad de México.
Abstract
During the period 2000-2006, the increase that underwent the Party of the Democratic
Revolution (PRD), in their levels of party identification in Mexico City, had no emotional
significance such as the original theoretical formulation suggests is based towards a party
membership (Campbell et.al., 1960). On the other hand, the development of the perredismo
obeyed a logic of government performance based on the construction of support by way of
social policy, which generated a schema of loyalty or partisanship rational that is based on
parameters of assessment different to Fiona Morris (1981) has postulated and the model of
Responsible Party Model
The strategy of verification of this hypothesis, was based on an analysis at an aggregate
level who contain, with its own database, verify the existence of a linear relationship between
the independent variables of expenses in the four programs that included transfers of direct
income and the perredismo in each of the 16 political delegations that divides Mexico City.
The base is built with data of the following programs: 1. Program of Assistant to Older
Adults; 2. Program of Support to the Employment; 3. Scholarship Program, and 4. Program of
Assistant to Handicap People, and have the data corresponding to the levels of perredismo of each
year indexed by delegation from the data provided by the Research Department of Grupo Reforma.
With the purpose of verify the existence or the absence of linear relations between
independent expenses variables and the perredismo, there is designed a model of regression in
form of a panel that allowed a follow-up of the increase in levels of perredismo in the delegations
(transverse units) along the time.
Key Words: Social policy, Revolutionary Democratic Party, Responsible Party Model, Clientelism,
Patronage, Mexico City

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�Política Social y Clientelismo: La Creación del Perredismo
en la Ciudad de México: 2001 - 2006
Introducción
El artículo plantea una forma distinta de comprender la forma en que el desempeño de
los gobiernos impacta en la formación de las identidades partidistas; a partir de una revisión de
la forma en que ha funcionado el modelo de representación-vinculación programática en
América Latina, se establece que la representación programática presenta limitantes para explicar
la formación del partidismo en las democracias que emergieron durante el período conocido
como “La Tercera Ola”.
Por el contrario, en éste trabajo se postula que el desempeño que explicar la formación
del denominado perredismo en la Ciudad de México, se basa en lo que se conoce como el
Patronage-based, party-voter linkage (Kitschelt y Wilkinson, 2007), un modelo de representación
basado en el intercambio particularizado, también denominado “representación clientelar”.
En este modelo, los vínculos entre partidos y ciudadanos se basan en incentivos
materiales directos, focalizados en individuos específicos o pequeños grupos que de antemano
se sabe son altamente receptivos –sobre todo por su grado de marginación y pobreza– a retribuir
electoralmente y/o con su adhesión al partido político que lo está beneficiando con recursos del
Estado en su ejercicio de gobierno.
En este contexto, la noción de partidismo o identidad partidista que aquí se presenta
descansa en la premisa de que es la racionalidad individual y no los procesos de socialización, lo
que permite la formación de una identidad colectiva, en este caso un nosotros perredista.
El Partidismo Racional
Con la publicación en 1985 de “Capitalismo y Socialdemocracia” Adam Przeworski y
John Sprague, demostraron la importancia que tienen las estrategias de representación de los
partidos políticos en la construcción de identidades colectivas.
Al respecto, el modelo de representación que ha primado en el grueso de las democracias
consolidadas, basado en la lógica de distribución y provisión de bienes públicos de índole
programática, se ha denominado Responsible Party Model (RPM) o Modelo de Gobierno de Partido
Responsable (GPR).
Basado en este esquema de funcionamiento de las democracias representativas, Morris
Fiorina (1981) desarrolló su concepto de identificación partidista como una suma continua del
desempeño previo de los partidos en el gobierno. La definición de Fiorina se vincula con el GPR
en el sentido de que los individuos tienen la capacidad de evaluar el desempeño de los partidos
en función de sus preferencias programáticas; preferencias que al ser implementadas generan las
condiciones para una evaluación retrospectiva que impactarían en los niveles de partidismo.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�En el modelo de gobierno de partido responsable, los partidos políticos constituyen los
principales vehículos de agregación de preferencias individuales que habrán de transformarse en
políticas públicas. El GPR ha inspirado una extensa teorización acerca de las condiciones que
hacen posible que los individuos seleccionen partidos que representen y traduzcan sus creencias
y preferencias en políticas concretas; partidos que representen y ejecuten sus demandas (Dalton,
1985; Powell, 1982).
El GPR postula que son tres los requerimientos que, relacionados con el comportamiento
de los individuos y de los partidos políticos, son necesarios para que un esquema de
representación programática se lleve a cabo en su dimensión de receptividad (responsiveness) y en
su dimensión de rendición de cuentas (accountability). Es decir, para que las creencias y
preferencias ciudadanas se transformen en políticas públicas y, con ello, se produzcan las
condiciones necesarias para que los representados, a través de las elecciones, sancionen de forma
positiva o negativa el ejercicio de gobierno se necesita:10
1) Divergencia entre las políticas preferidas por los partidos políticos11
Los individuos hacen una elección significativa sobre la base de una oferta diversa de los
partidos políticos en materia de políticas públicas. Sin esta oferta diversa o divergencia entre las
políticas, los individuos tienen pocas oportunidades de influir en las políticas de gobierno a través
de su voto.
2) Estabilidad intertemporal en las preferencias partidarias
Los partidos deben presentar políticas que sean razonablemente estables a lo largo del
tiempo; los cambios drásticos confunden al electorado acerca de lo que el partido está
defendiendo, lo cual le impide influenciar mediante su voto las políticas de gobierno. Por otro
lado, aun cuando los individuos puedan estar suficientemente informados sobre las políticas
coyunturales de los partidos, esto paradójicamente implica que ellos perciban la dificultad de
traducir sus propias preferencias en votos si, al mismo tiempo, perciben una alta probabilidad
de que los partidos cambien sus posturas políticas.
3) Voto de los electores basado en preferencias programáticas
Los individuos basan sus decisiones en una evaluación comparativa de las políticas de
los partidos en competencia con la intención de influir en los resultados del gobierno. Si no
existiera un voto sobre las políticas y la oferta programática de los partidos, los resultados no
estarían expresando un referéndum sobre las distintas visiones político-programáticas que los
partidos proponen.
Lo que subyace en este modelo de representación es una estrategia de vinculación,
distribución y agregación de demandas que no se refiere a bienes particulares o privados, sino a
la provisión de bienes públicos para una generalidad, donde hay que agregar las demandas de los
individuos, delimitar las preferencias comunes y actuar en consecuencia.
La representación programática conlleva una distribución que apela a categorías
abstractas y generales pero, sobre todo, produce una estructura de competencia en la que
10

Para una discusión más amplia sobre las distintas dimensiones de la representación política, véase Hanna
Pitkin, “El concepto de Representación”, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, pp. 283.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�se ponen a consideración y evaluación retrospectiva los resultados macroeconómicos
(Dorussen y Palmer, 2002, Gramacho, 2006).
El estudio de la formación del partidismo se ha desarrollado, en su mayoría, bajo las
premisas de representación/desempeño y competencia formuladas por el modelo de gobierno
de partido responsable. De acuerdo a esta línea de investigación, los gobiernos de partido en
democracias consolidadas presentan una gran diferencia entre sí respecto al amplio rango de
políticas sociales y económicas (Castles, 1982; Esping-Andersen, 1990; Huber y Stephens, 2001;
Klingemann, Hoffert y Budge, 1994).
Si bien las premisas del GPR han sido ya exploradas para explicar el cambio en las
preferencias políticas en México, especialmente en investigaciones sobre el impacto del
desempeño del gobierno en el voto (véase, por ejemplo: Buendía, 2000; Beltrán, 2000 y 2003;
Cinta, 1999; Magaloni, 1999; Poiré, 1999 y 2000; Morgenstern y Zechmeister, 2001), considero
que una adopción literal de las mismas se confronta con la específica capacidad de respuesta que
los partidos en el gobierno en México y América Latina han tenido en relación con las
preferencias y deseos de sus ciudadanos a la hora de formular políticas públicas. Lo anterior
conlleva una comprensión distinta respecto de la forma en que el desempeño gubernamental
impacta sobre el partidismo.
En América Latina, la existencia del modelo de representación-vinculación programática
ha sido rastreada desde distintas perspectivas, con los estudios de preferencias programáticas
entre votantes y líderes políticos (Ruiz Rodríguez y García Montero, 2003; Luna y Zechmeister
2005; Álcantara, 2004 y 2008), los análisis de corte institucionalista (Mainwaring y Scully 1995),
los estudios institucionales y de opinión pública (Payne, 2003), estudios comparados de los
niveles de institucionalización existente entre las realidades de Europa del Este, América Latina
y democracias consolidadas ( Torcal, 2005) y el análisis de Coppedge12 (1998)
Sin embargo, aún con la presencia de este cúmulo de trabajos, la presencia de una
representación programática, tal y como lo postula el GPR en América Latina, ha sido exigua. El
GPR ha enfrentado serias limitantes para explicar la realidad de las democracias que emergieron
principalmente durante la tercera ola de la democracia (Sartori, 1996). En ellas, la competencia y
el desempeño del gobierno se ha dado predominantemente sobre la base de lo que se conoce
como el Patronage-based, party-voter linkage (Kitschelt y Wilkinson, 2007), un modelo de
representación basado en el intercambio particularizado, también denominado “representación
clientelar”.
En este modelo, los vínculos entre partidos y ciudadanos se basan en incentivos
materiales directos, focalizados en individuos específicos o pequeños grupos que de antemano
se sabe son altamente receptivos –sobre todo por su grado de marginación y pobreza– a retribuir

Este último, centrado en las coyunturas críticas marcadas por el cambio en el modelo económico –de 1982 a
1990–, que habían afectado el perfil ideológico y las formas de organización de los partidos políticos en
América Latina; posibilitando divergencia programática entre los partidos denominados de derecha, que habrían
apoyado las reformas orientadas al mercado y los partidos de izquierda o centro izquierda, que se opusieron a
dichas medidas como la solución aducida para la crisis económica en el continente
12

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

50

�electoralmente y/o con su adhesión al partido político que lo está beneficiando con
recursos del Estado en su ejercicio de gobierno.13
En este contexto, la noción de partidismo racional que aquí se presenta si bien descansa
en la premisa de que es la racionalidad individual y no los procesos de socialización, lo que
permite la formación de una identidad colectiva, en este caso un nosotros perredista, la
evaluación que el individuo realiza no se lleva a cabo sobre la provisión de bienes colectivos
como el crecimiento económico, el empleo, la estabilidad monetaria, la seguridad social. Por el
contrario, en la también llamada rendición de cuentas clientelar, la evaluación que hacen los
individuos se hace sobre el beneficio mutuo y el intercambio de apoyo a cambio de una
retribución o transferencia de renta directa, o por el acceso a empleo y bienes y servicios de
distinta índole.
La Identidad Partidista en la Ciudad de México
El 2 de julio de 2006, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), consolidaba su
posición dominante en el espectro electoral de la Capital del País; con 42.37% de los votos
obtenía por tercera vez consecutiva la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; ganaba
catorce de las dieciséis delegaciones políticas y treinta y seis de los cuarenta distritos locales de
mayoría.
En un período de seis años, considerando las tres elecciones locales concurrentes, el
PRD había aumentado su nivel de votación en un 40.5% en promedio; este aumento implicaba
considerar que se había producido también una expansión en los niveles de identificación política
con el partido del Sol Azteca, reflejada tanto de forma paulatina, como de un proceso electoral
a otro.
Al respecto, un primer punto de referencia del cambio en los niveles de perredismo lo
ofrece precisamente el incremento observado del proceso electoral de 2000 al de 2006:

En este sentido, tal y como lo enuncia Menenguello (1998: 27): “El Estado ha adquirido un papel creciente
como elemento regulador de la vida y del funcionamiento de los partidos, y la experiencias de gobiernos vienen
ampliando las bases de su desarrollo organizativo a través de los recursos políticos allí producidos”. A través
de su participación en el gobierno, los partidos optimizan la atención de los intereses y necesidades de grupos
organizados, o enclaves sociales específicos.
13

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

51

�Como se puede observar en la figura 1, el incremento del perredismo fue de más de 18
puntos, mientras que en el caso del panismo y el priísmo se presenta un decremento de casi 8 y
poco más de 10 puntos porcentuales, respectivamente.
Por otra parte, con base en las encuestas delegacionales que realizó el departamento de
investigación del Grupo Reforma, se presenta la dinámica del partidismo en la Ciudad de México
que señala el incremento/decremento en el período 2001 – 2006.
Tabla 1. Crecimiento porcentual del Partidismo por Delegación en la Ciudad de México:
2000 – 2006
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta

Priísta
21
-13
-23
-16
-9
-27
-44
-9
-45
-26
-43
-26

Panista
-46
-32
-4
-38
-51
-43
-48
-23
-36
-29
-19
-14

Perredista
145
154
70
58
130
147
203
118
192
208
199
78

Independiente
-21
-26
-12
3
-15
-19
-20
-32
-38
-37
-18
-21

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52

�Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Promedio

-38
-18
-16
-6
-24

-33
-24
-36
-19
-31

130
88
111
71
131

-31
-25
-15
-25
-24

Como se puede observar, el perredismo es la única identidad partidista que se incrementa
en el período 2000 – 2006; considerando los distintos niveles de cada una de las dieciséis
delegaciones políticas este aumento fue en promedio de 131%. En contraste el priísmo y los
independientes decrecen en 24%, mientras que el panismo lo hizo en 31%.
En lo que respecta específicamente al perredismo, el crecimiento porcentual promedio
anual, indica que en delegaciones como Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Miguel
Hidalgo el perredismo crecio en promedio cada año en 25%, en Iztapalapa lo hizo en 24%;
mientras que en un grupo que va de Azcapotzalco a Tlahuac el crecimiento fue del 20% anual
en promedio, siendo las delegaciones Xochimilco, Benito Juárez y Coyoacán en donde la
identificación con el Sol Azteca creció menos en un 11% y 10% respectivamente.

La serie de mediciones que se han presentado son solo una muestra del aumento que se
produjo en los niveles de perredismo en un corto periodo de tiempo. Al respecto, se plantea que
este incremento del perredismo no ha dependido de la familia u otros grupos de referencia, sino
fundamentalmente del beneficio de políticas concretas que los individuos consideran en un
determinado horizonte de tiempo, como ejes articuladores del debate acerca de la direccionalidad
que debe adoptar el ejercicio de gobierno.
En este sentido, el objetivo siguiente es comprobar que la expansión del denominado
perredismo, observada durante el ejercicio de gobierno 2000-2006, obedeció a las características
particulares del modo de implementación de la política social. Es decir, este incremento no puede

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�explicarse sin considerar la conformación de nuevos vínculos partidarios bajo una lógica de
intercambio particularizado o de índole clientelar.
La construcción del partidismo perredista adquirió un cariz particular en respuesta a
nuevas pautas distributivas-retributivas, que modificaron las formas de vinculación clientelar, lo
cual amplió, a nivel agregado, los niveles de identificación con el PRD.
En el siguiente apartado se analizará el desempeño del gobierno basado en la política
social y su estrategia de implementación basada en una lógica de intercambio particularizado.
Se demostrará, finalmente, hasta qué punto la proyección del perredismo es consecuencia
de un estrategia fincada en nuevas formas de vinculación política, basadas fundamentalmente en
la política social adoptada por el PRD en su ejercicio de gobierno.
Por el Bien de Todos, Primero los Pobres
Durante el segundo periodo de gobierno del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en la Ciudad de México14, se inició formalmente un proceso de reincorporación de la
cuestión social en la agenda política; durante el periodo 2001-2006, la estrategia de gobierno del
PRD supuso un cambio sustancial que trasladó la atención –centrada hasta ese momento en la
necesidad de instituciones y procedimientos formales para la competencia política, al estado de
profunda desigualdad económica existente en el país y en la Ciudad de México.
En este sentido, el PRD fue claro en su planteamiento; sus líneas de acción como partido
en el gobierno se erigirían como una respuesta a la política económica vigente, con la posibilidad
de hacer patente por primera vez –de forma efectiva y bajo políticas públicas concretas– su
denuncia del modelo neoliberal.
El gobierno perredista buscaba rescatar las bases sociales, el carácter asistencial y el
Estado benefactor, interventor y regulador propios del modelo posrevolucionario y con
ello retornar a las bases tradicionales de legitimidad del sistema político, basado en un
pacto social, adoptando un proyecto económico tradicional (Bruhn, 1997, p. 17).
Esta toma de posición sobre las funciones que debería tener el Estado no sólo tendría
impacto en los objetivos y las prioridades que el Gobierno de la ciudad se había planteado, en
respuesta a la política social del Gobierno Federal, que era vista únicamente como un conjunto
de correctivos a las fallas e insuficiencias del mercado; la estrategia gubernamental en la
distribución del gasto social estaba en concordancia con el común denominador de los partidos
de izquierda o socialdemócratas, los cuales ejecutan transferencias sociales mediante la
intervención del Estado (Alesina 1992 y 1997; Boix, 1996) con el objetivo de maximizar la tasa
No obstante, desde 1997 para el Gobierno de la Ciudad de México, el objetivo de la política social sería “la
superación del grave deterioro social, a través de una política social integral, basada en una política económica
orientada al crecimiento sustentable con equidad [para lo cual se proponía] construir un nuevo paradigma para
la política social y enfatizar en el desarrollo de instrumentos de corresponsabilidad gobierno-sociedad”. Veáse:
Informe sobre Política Social del Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo
Social, 1997: 5.
14

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

54

�de crecimiento económico, priorizando el bienestar de los trabajadores y los sectores menos
favorecidos.
El propósito del gobierno perredista, desde el momento en que Andrés Manuel López
Obrador asumió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sería que todo el proceso de
implementación de la politica pública y la política social en particular se rigiera bajo el lema que
desde su campaña había enarbolado: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
A través del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006, se realizó
un diagnóstico de la problemática capitalina y se señalaba que la política social se convertiría en
el eje articulador de los programas que aplicaría el Gobierno de la Ciudad de México.
Con base en ésta directriz, se desarrolló el Programa Integral y Territorial de Desarrollo
Social (PITDS), el cual estaba integrado por un conjunto de programas sociales, cuya lógica de
aplicación dependía del grado de marginación existente en las dieciséis delegaciones políticas en
que se divide política y administrativamente la Ciudad de México.
De acuerdo con los criterios del gobierno capitalino, poco más del 58% de la población
de la Ciudad de México, se encontraba en condiciones de ser atendida por las trece vertientes
programáticas que integraron la Política Social del Gobierno; su implementación dependería,
primero, de dividir a la Ciudad de México en 1352 unidades territoriales; para posteriormente,
ubicar aquellas zonas que con los mayores niveles de marginación y pobreza, concentrarían a la
población objetivo de los programas sociales del gobierno perredista.
Tabla 2. Vertientes Programáticas de la Política Social de Gobierno del Distrito Federal:
2001 - 2006
Vertientes Programáticas de la Política Social de Gobierno del Distrito Federal: 2001 - 2006
Servicios Asistenciales
Construcción de Obras y Servicios
Prevención del Delito
Rescate de Unidades Habitacionales
Estancias Infantiles
Ampliación y Rehabilitación de Vivienda
Becas para Trabajadores
Construcción y Mantenimiento de Escuelas
Apoyos a Adultos Mayores
Apoyo a la Producción Rural
Apoyos a Personas con Discapacidad
Crédito a Microempresarios
Apoyo a niños y niñas en condiciones de pobre
Apoyo a Mercados Públicos
Desayunos Escolares

Bajo ésta lógica, la segmentación daría como resultado 767 unidades territoriales
distribuidas acorde al porcentaje de población en grado de marginación en las dieciséis
delegaciones políticas.
El Programa Integral y Territorial de Desarrollo Social (PITDS), daría prioridad a lo largo
del sexenio a los apoyos económicos directos que comprendieron los programas de: Adultos
mayores, Apoyo a personas con discapacidad, Apoyo a niños y niñas en condiciones de
vulnerabilidad, Becas para trabajadores. Del 2001 al 2006 se erogaron 19 mil 977 millones de

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

55

�pesos en estos programas, lo cual representó el 65.5% del presupuesto de la política social del
gobierno.

Como se puede observar en la gráfica anterior, el porcentaje de asignación de gasto en
los programas que representaron transferencia de renta directa, fue entre el 60% en el 2002 a
casi el 80% en 2006; en todo caso, cada año durante el sexenio estos programas fueron la
prioridad del Gobierno de la Ciudad de México15.
En lo que respecta al desglose de los apoyos económicos directos durante el sexenio, el
programa de Apoyo a Adultos mayores representó 78% del presupuesto, con 13 mil millones
505 mil 407 pesos, mientras que en el programa destinado a personas con discapacidad se ejerció,
con 2 mil 518 millones de pesos, el 15% del presupuesto.
La prioridad en el destino de gasto muestra que, en materia de programas de
transferencia de renta directa, la marginación no necesariamente fue el principal criterio de
distribución de las asignaciones en las dieciséis delegaciones políticas.
Al respecto, para tener mayor claridad en la forma en que se asignó el gasto, se presenta
1) cuáles fueron durante el sexenio, las delegaciones que ejercieron el mayor porcentaje de gasto
social considerando los cuatro programas de transferencia de renta 2) cómo se distribuyó el

15

La tasa de crecimiento promedio durante el sexenio en los Apoyos económicos directos fue del 17%, mientras
que la tasa de crecimiento en el período 2001 – 2006 fue del 121% en los programas de transferencia de renta
directa. Por otra parte, los programas de crédito fueron el segundo orden de prioridad en el sexenio y los
programas de suministro de insumos, y los programas de construcción y mantenimiento de servicios, si bien
comenzaron el sexenio con una inversión de 21%, representaron al final sólo 4.8% del presupuesto

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

56

�gasto de cada programa, en cada una de las diecises delegaciones y 3) cuál fue el programa
prioritario o la prioridad de gasto en cada delegación política.
Como se puede observar a continuación en la figura 4, en principio son cinco las
delegaciones que aglutinaron poco más del 56% del gasto en beneficios económicos directos
durante el sexenio: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyocán; el 43%
se distribuyó en las once delegaciones restantes; con un criterio distinto, como se puede
observar, al del grado de marginación que caracterizaba en ese momento a cada localidad. Éste
mismo grupo de demarcaciones fueron prioritarias en materia de gasto por programa; de tal
forma que el 51.34% del presupuesto del programa de Ayuda a Adultos Mayores; el 62% del
gasto del programa de Ayuda a Personas con Discapacidad; el 58.7% del programa de Becas
Escolares y el 55% del gasto del programa de Apoyo al Empleo, se concentró esencialmente en
las cinco delegaciones punteras: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Tlalpan y
Coyocán.

Por otra parte, hay que señalar que el gasto en los distintos programas se distribuyó en
diferentes porcentajes en cada demarcación; por ejemplo, en el caso de los programas que se les
destinó mayor presupuesto: Ayuda a Adultos Mayores y Ayuda a Personas con Discapacidad, su

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57

�presencia fue reducida en delegaciones como Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa, demarcaciones
con el mayor grado de marginación en la Ciudad de México.
La fuerza de los programas de transferencia directa si bien se hace patente en conjunto,
fuera de las delegaciones punteras, el grado de marginación y pobreza no fue el criterio de
asignación del gasto social durante el sexenio.
Si bien la concepción de la política social ha estado en consonancia con una plataforma
ideológica identificada con la oferta programática de los partidos de izquierda; la distribución del
gasto social ha seguido distintas estrategias, más acordes con criterios partidistas que con criterios
técnicos, que ponderen la marginación de las delegaciones como el eje principal en la asignación
de recursos.
En el siguiente apartado se muestra todo el proceso de verificación empírica entre el
gasto social principalmente en materia de transferencia de renta directa y el aumento del
perredismo en la Ciudad de México y en cada una de las dieciséis delegaciones políticas.
El Gasto Social y el Perredismo en la Ciudad de México
Con el fin de verificar la relación entre erogación en programas sociales e incremento del
perredismo durante el período 2001 – 2006, se elaboró una base de datos que comprendió la
sistematización de información estadística de los distintos programas que articularon la política
social del Gobierno de la Ciudad de México. Esto permitió observar la dinámica particular de
distribución del gasto de cada una de las siguientes vertientes programáticas.
1.

Apoyo a adultos mayores

2.

Apoyo a personas con discapacidad

3.

Apoyos a niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad

4.

Becas para los trabajadores

5.

Desayunos escolares

6.

Ampliación y rehabilitación de vivienda

7.

Crédito a microempresarios

8.

Apoyo a la producción rural

9.

Rescate a unidades habitacionales de interés social

10.

Mantenimiento de escuelas

11.

Apoyo a mercados públicos

12.

Estancias infantiles

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58

�La estrategia de análisis se centró en el diseño de un modelo de regresión tipo panel; éste
modelo permitió analizar la distribución del gasto en las delegaciones políticas, en tanto unidades
transversales, a lo largo del tiempo16 y permitió alcanzar el mayor nivel de individualidad del
impacto de las variables explicativas de gasto sobre la variable dependiente –perredismo por
delegación del 2001 al 2006–, e incorporar también en el análisis la variación del perredismo en
cada demarcación; documentando con ello los resultados de los efectos fijos.
Variables de análisis
La información de la totalidad de los programas y, en específico, la de aquellos que
representaron transferencias de renta directa a los beneficiarios se incorporaron al modelo en
términos per cápita. No obstante, como ya se mencionó, a fin de alcanzar el mayor efecto
individual de las variables de gasto –y dada la incidencia diferenciada que tuvieron los programas
y el peso específico que, en particular, tuvo el programa de apoyo a adultos mayores– se procedió
a verificar la existencia o ausencia de relaciones lineales17 entre las variables independientes de
transferencia de renta directa cuya dinámica y efecto hasta el momento hemos documentado: 1)
apoyo a adultos mayores 2) apoyo al empleo 3) becas escolares 4) apoyo a discapacitados.
Con ello, se observó un alto grado de asociación entre el gasto realizado en el programa
de ayuda a adultos mayores y el gasto en el programa de apoyo al empleo y, por otro lado, entre
el gasto en el programa de becas escolares y el gasto en apoyo a personas con discapacidad. No
obstante, el gasto en adultos mayores y apoyo al empleo no está relacionado linealmente con
becas escolares ni con apoyo a personas con discapacidad.
De esta manera, se formó un índice aditivo entre ambos grupos de programas y se
crearon dos nuevas variables: Gastopc1, conformada por el gasto conjunto per cápita de los
programas de ayuda a adultos mayores y apoyo al empleo; y Gastopc2, la cual representa el gasto
per cápita en becas escolares y apoyo a personas con discapacidad. Por otra parte, con el fin de
calcular el efecto de la totalidad de los programas sociales, se incorporó en el análisis la inversión
per cápita global. Finalmente, se agregó la variación del perredismo por delegación mediante un

16

Al plantear un modelo de regresión en forma de panel, los datos disponibles crecen y permiten analizar,
simultáneamente, la relación funcional entre nuestras variables tanto temporal como espacialmente. Algunos
beneficios de este tipo de modelos, en comparación, por ejemplo, con los denominados de series de tiempo o
de corte transversal, es que proporcionan una mayor cantidad de datos informativos, más variabilidad, menos
colinealidad entre variables, más grados de libertad y una mayor eficiencia. En este sentido, el problema de
investigación que interesa estudiar está definido, tanto temporal como espacialmente. El estudio abarca un
periodo de tiempo de seis años, que va del 2001 al 2006, en el Distrito Federal. A su vez, dentro de esta Entidad,
la unidad de observación son las delegaciones políticas. Ahora bien, un modelo de corte transversal no permite
estudiar la relación funcional planteada, ya que tendrían que correrse seis de estos modelos. Por lo que se refiere
a modelos de series de tiempo, se tendrían que realizar 16 modelos, uno para cada delegación. Pero la limitación
más importante es el número de observaciones que se tendrían para cada una de estas alternativas.
17
Dado que las variables de gasto, por su naturaleza, tendrían un alto grado de multicolinealidad, se realizaron
regresiones parciales entre estas variables para determinar qué tanto una variable independiente explica la
variación de las otras. Es decir, se estimó la Rj2 a fin de determinar cuál es la proporción de la variación total
que hay en una variable independiente a causa de las otras variables independientes de gasto. Estas regresiones,
y la comprobación de la existencia de relaciones lineales entre las variables independientes de gasto, se
efectuaron antes de la especificación del modelo y sirvieron para orientar la misma. Los pormenores de este
procedimiento y las especificaciones del modelo se pueden consultar en el apéndice metodológico
correspondiente.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

59

�análisis de efectos fijos,18 tomando como variable de referencia a la delegación Iztapalapa, dado
que fue la delegación que presentó un crecimiento constante en sus niveles de perredismo a lo
largo del sexenio y la de mayor gasto social asignado durante el período.
La incorporación del análisis de los efectos fijos por delegación permitirá vislumbrar si
frente a Iztapalapa, como la variable de referencia, cada una de las quince delegaciones restantes
contribuye, en mayor o en menor medida, a la identidad partidista perredista.
Interpretación y resultados
El modelo que a continuación se presenta valida la hipótesis que ha guiado este trabajo;
en el sentido de que el desarrollo del perredismo obedeció a una lógica de desempeño
gubernamental basado en la construcción de apoyo por la vía de la política social. En este caso
concreto, la estrategia de distribución del gasto social durante los años 2001 a 2006 habría tenido
un impacto en la expansión de los niveles de perredismo en la Ciudad de México.
Tabla 3. Gasto en política social: inversión per cápita e inversión per cápita conjunta de
programas de transferencia de renta directa y expansión del perredismo en la Ciudad de
México: 2001-2006
Variable independiente

Variables explicativas
Gasto social per cápita
Gastopc1:
adultos
mayores/apoyo al empleo
Gastopc2: programa de becas
escolares/apoyo a personas
con discapacidad
Efectos fijos
Azcapotzalco
Coyoacán
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Magdalena Contreras

Coeficiente

Perredismo
Error
Significancia
Estándar

.6242*

0.2183

0.0040

-5.8935*

1.8694

0.0020

2.3361**

1.1536

0.0430

-.2688*
-.2633*
-.7200*
-.2341*
-.2466*
-.3240*

.0533
.0841
.2245
.0515
.0670
.0570

0.0000
0.0020
0.0010
0.0000
0.0000
0.0000

La introducción de la estimación de efectos fijos se justifica, tal y como dice Wooldridge (2001), “cuando no
podemos considerar que las observaciones son muestras aleatorias de una gran población”. En el caso de contar
con datos sobre estados y provincias, a menudo conviene pensar en αi como parámetros que hay que estimar,
en cuyo caso empleamos métodos de efectos fijos. Utilizar efectos fijos conlleva permitir una intercepción
distinta para cada observación (en este caso cada delegación).
18

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60

�Milpa Alta
Álvaro Obregón
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Constante: Iztapalapa
Observaciones
OverallRˆ2
p&lt;0.01*

-.5177*
-.3434*
-.1604
-.2613
-.3006
-.5394*
-.1801*
-.4904*
-.4741*
31.1816
95
0.7951
p&lt;0.05**

.1894
.0446
.0596
0.353
.0681
.2099
.0553
.0668
.0514
19.7909

0.0060
0.0000
0.0070
0.0000
0.0000
0.0100
0.0010
0.0000
0.0000
0.1150

p&lt;0.10***

El cuadro muestra el modelo con las variables independientes de gasto per cápita y la
variable dependiente de identidad partidista perredista o perredismo. La primera variable, gasto
social per cápita, comprende el gasto por persona realizado en función de la totalidad de las
ramas programáticas que constituyeron la política social del gobierno. Los resultados nos indican
que la relación entre esta variable y el partidismo es positiva y significativa: a medida que el gasto
social per cápita de todos los programas que integraron el Programa Integrado Territorial para
el Desarrollo Social (PITDS) aumentó en una unidad porcentual, el perredismo lo hizo 0.62%.
Esto demuestra que el impacto individual de los programas, más allá de sus objetivos concretos
–mejora de unidades habitacionales, rehabilitación de viviendas, desayunos escolares etc.–, es lo
que prima en el aumento del partidismo durante este periodo.
Esta variable es de suma importancia, ya que demuestra el impacto en su conjunto de la
política social del gobierno en la percepción de cada uno de los beneficiarios de los distintos
programas. Esto también indicaría que el beneficio de los distintos programas puede ser
indirecto, ya sea por un familiar beneficiado, un amigo o por el simple hecho de concordar –
aunque la persona no sea beneficiaria– en la manera en que la política es aplicada. De esta
manera, en la medida en que se incrementa la inversión y los resultados son cada vez más visibles,
la probabilidad de identificarse con el PRD se incrementa.
En este sentido, existe una completa interacción e interconexión entre las distintas ramas
programáticas que integraron el grueso de la política social. Si bien hay programas que tuvieron
un mayor peso presupuestal, como el caso del apoyo a adultos mayores, este resultado no hace
sino evidenciar que la estrategia integral que el Gobierno de la Ciudad de México mantuvo desde
un principio tuvo éxito.
No obstante, al margen de las distintas motivaciones individuales que llevaron a los
integrantes de los diferentes segmentos beneficiados a, directa o indirectamente,
identificarse, reconocerse y formar parte de un “nosotros” perredista; lo que
primordialmente indica la incidencia de la inversión per cápita de los programas sociales
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�en la expansión del perredismo es el éxito de una acción conjunta en varios frentes o
segmentos de población. Entre ellos, se puede contar a los jóvenes, adultos mayores,
niños, mujeres solteras, desempleados de distinta índole e incluso pequeños empresarios
y trabajadores del sector rural. Desde otro ángulo, similar a los procesos susceptibles de
producir una acción colectiva, también puede mostrar el impacto positivo que produjo
la conformación de condiciones estructurales comunes, que permitieron a los distintos
beneficiarios percibir, evaluar y decidir lo que tienen en común (Melucci, 1999).
Por otro lado, si ponemos en el centro de la interpretación consideraciones
instrumentales, esta variable representaría el indicador económico sobre el cual los individuos
estarían evaluando el desempeño del gobierno; una de las causas principales del movimiento del
partidismo a nivel agregado (Erikson, MacKuen y Stimson, 1989). En este sentido, la inversión
en programas sociales se constituiría en la función representativa del desempeño económico que
durante este tiempo habría afectado la oscilación del perredismo en ese nivel.
Este argumento se refuerza al estudiar los coeficientes de los programas que
representaron beneficios directos. Éstos son mayores respecto a lo observado en la inversión
per cápita, pero, paradójicamente, su efecto sobre el perredismo es distinto.
Por un lado, en el gasto per cápita conjunto en los programas adultos mayores/apoyo al
empleo, la variable es significativa, pero el coeficiente negativo; mientras que el gasto per cápita
agregado en becas escolares/apoyo a personas con discapacidad es positivo, significativo e,
incluso, mucho mayor que el gasto social per cápita, dado que, ante un incremento de una unidad
porcentual, el perredismo aumentó en 2.33 por ciento.
Por otro lado, en lo que respecta a la variable Gastopc2: becas escolares/apoyo a
personas con discapacidad, contra todos los pronósticos, que hacían pensar que el gasto
conjunto encabezado por el programa de apoyo a adultos mayores habría de tener una mayor
incidencia, los programas de becas escolares/apoyo a personas con discapacidad fueron, en
términos de efectividad de la política pública, mucho más rentables en la conformación del
perredismo.
El perredismo por delegación
Con el fin de evaluar el efecto diferenciado del grado de partidismo por delegación, se
calcularon los efectos fijos 19 a través de variables dummies. Esto nos permite observar,
19

Los efectos fijos nos permiten medir la intersección diferencial de cada unidad observada; en el caso que nos
atañe, de cada delegación política. Ahora bien, se le llama efectos fijos dado que a pesar de que el coeficiente
de intersección puede variar para cada delegación, en realidad es invariable a lo largo del tiempo. En realidad,
lo que busca es identificar las diferencias que existen en las delegaciones en torno de nuestra variable
dependiente (identidad con el PRD), manteniendo constante el tiempo y el resto de las variables. Sin embargo,
los coeficientes de las variables gastosocial, bendirectos, etc., estimados en el modelo de regresión de panel, sí
consideran la variable tiempo.
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�manteniendo las variables de gasto constantes, cuál es la delegación en la que el perredismo
creció más. Como ya se mencionó, como parámetro de comparación se escogió a la delegación
Iztapalapa. Al tomar a esta demarcación como constante, podemos determinar el peso individual
de cada delegación.20 Con ello se puede observar, dado que los coeficientes son negativos y
significativos, que el análisis se hace en función del grado de cercanía a la constante, en este caso
Iztapalapa. En este sentido, todas las delegaciones contribuyen al perredismo por debajo del
promedio.
En primera instancia tenemos a las delegaciones cuya contribución a la identidad está
muy cerca del promedio: Tláhuac en 0.16%, Cuauhtémoc en 0.18%, Gustavo A. Madero en
0.23% e Iztacalco en 0.24%. Estos resultados son muy consistentes con el crecimiento
observado y el promedio sexenal de perredismo que cada una de estas demarcaciones presentó
durante los seis años analizados.
Luego se encuentra un grupo relativamente homogéneo, conformado por Tlalpan,
Coyoacán y Azcapotzalco; estas tres zonas contribuyen en 0.26%. Por su parte, la contribución
de Xochimilco, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón oscila entre el 0.30% en el primer caso
y 0.34%, pasando por 0.32% de Magdalena Contreras; lo cual las ubica en una posición
equilibrada en relación con la constante.
No ocurre así con Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Cuajimalpa y, por
supuesto, Benito Juárez. Estas delegaciones están muy por debajo del promedio, destacando
Cuajimalpa en 0.72%, y los enclaves panistas, Benito Juárez en 0.53% y Miguel Hidalgo en
0.49%. Las diferencias pueden obedecer a muy diversas causas, desde la predominancia del PAN
en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, hasta sus niveles de marginación, las características
individuales de la población, etcétera.
Lo interesante del análisis por efectos fijos es que, sin duda, existen factores
inobservables que están latentes en la contribución particular de cada delegación al perredismo
a nivel agregado. Entre dichos factores se encuentran la disminución y consecuente reconversión
de priístas y panistas; la adhesión de jóvenes, en tanto nuevos segmentos de población que
empiezan a participar políticamente; la influencia indirecta que pudieron haber tenido los grupos
beneficiados en su entorno más inmediato: familiar, comunitario, etc., de la que ya hemos hecho
mención; distintas formas de percibir el desempeño del gobierno, y la propia acción de los
partidos de oposición.

La intersección diferencial; en realidad es un coeficiente que evalúa el modelo de regresión en forma de panel;
este coeficiente es el β0 o constante del modelo. Para poder observar cómo varía la intersección en función de
las empresas, se introducen las variables dicótomas de intersección deferencial (variables dummies, una para
cada delegación política, quitando la de referencia, ya sea Benito Juárez o Iztapalapa). En realidad se desea
evaluar los coeficientes de intersección diferencial para cada delegación a fin de observar las diferencias que
existen en las unidades transversales (delegaciones). Si los coeficientes de efectos fijos (variables dummies de
cada delegación) son estadísticamente diferentes de cero, quiere decir que existen diferencias entre ellos; es
decir, diferencias en la identidad con el PRD en cada delegación. Al introducir las variables dummies, se elige
una como referencia, la cual por cierto no se incluye explícitamente en el modelo, ya que su coeficiente es el
β0. Por esta misma razón, el β0 se utiliza para calcular la intersección diferencial de cada delegación.
20
Permitiendo que la intersección varíe en cada una de ellas, pero asumiendo que los coeficientes de las
pendientes son constantes en cada una de las delegaciones (Gujarati, 2004: 619).
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63

�El hecho mismo de que una delegación como Iztapalapa –teniendo el nivel más alto de
marginación– se erija, como la demarcación de mayor contribución a la conformación del
perredismo, señala que existe una convergencia entre la acción del gobierno, la intención
individual y el efecto externo independiente –ajeno al control del individuo– que es la estructura
social.
Conclusiones
La política social del gobierno significó la modificación radical de la orientación vigente
hasta ese momento, no sólo en su aplicación –universalización en detrimento de la focalización–
. Esto no hizo sino expresar las preferencias ideológicas del partido en el gobierno sobre el grado
de compromiso que debe tener el Estado en la gestión de la desigualdad social; lo cual tuvo un
efecto concreto en la expansión de los niveles de perredismo.
La evidencia que hemos presentado hasta ahora demuestra que las preferencias
ideológicas del partido en el gobierno, sobre el papel que debe tener el Estado en el manejo de
la economía, determinó un desempeño que, centrado específicamente en la política social, generó
una expansión en los niveles de partidismo del PRD durante los años 2001 a 2006, en que ejerció
su segundo periodo de gobierno en la Ciudad de México.
Si bien el estudio del impacto de las políticas públicas de carácter social no es nuevo y
existen trabajos pioneros de suma importancia en este sentido –véase, por ejemplo, Moreno
(1997) o, más recientemente, Magaloni, Díaz Cayeros y Estévez, (2006)–, éstos en su mayoría se
han centrado en la incidencia que este tipo de políticas tiene en el comportamiento electoral, en
la aprobación presidencial o, de forma más general, en la formación de una opinión favorable al
gobierno en turno.
En este sentido, el presente trabajo quiere ofrecer una aproximación distinta, no sólo
con la introducción del partidismo como variable dependiente, sino por las implicaciones que el
incremento del perredismo –en función de la forma en que se aplicó la política social– tiene para
la comprensión de los vínculos que se establecen entre los individuos y los partidos políticos. Lo
anterior, cuando la evaluación de un gobierno y la formación de las preferencias se hace sobre
la base de un desempeño económico muy particular, en el contexto de una democracia
emergente, como la mexicana.

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

67

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 3. enero-junio 2016, pp. 68-85
ISSN: 2395-8448

Cultura

política y la percepción de Protección de los Derechos Humanos

en Brasil: una cara de la calidad de la democracia en el país

Political Culture and Perception of Human Rights Protection in Brazil: a
face of quality of democracy in the country

Bianca de Freitas Linhares
Valéria Cabreira Cabrera
Universidade Federal de Pelotas
E-mail: bipolitica@hotmail.com
Fecha de envío: 10 de septiembre 2015
Fecha de aceptación: 5 de noviembre 2015

Resumen
La cultura política de las sociedades se compone por la percepción de los ciudadanos
acerca de los fenómenos políticos. Por lo tanto, saber cómo los ciudadanos han entendido la
cuestión de la protección de los derechos humanos hace que sea posible conocer más de lo
comportamiento político brasileño, que se va a guiar el diseño de políticas públicas que fomenten
el apoyo a estos derechos y reafirman su importancia para la democracia. Siendo así, debemos
tener en cuenta la premisa de que la satisfacción con la actuación del Estado es un elemento
reconocido de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y más grande / mejor calidad
de la democracia. Principalmente porque, los estudios de cultura política han demostrado que el
número de ciudadanos brasileños que apoyan el sistema político, pero no están de acuerdo con
los aspectos institucionales democráticos, es alto. En este sentido, se pone en discusión cómo
los ciudadanos brasileños han entendido a lo largo del tiempo la protección de estos derechos
en Brasil. La hipótesis planteada fue que la percepción del ciudadano brasileño sobre la
protección de los derechos humanos se ha mantenido en el sentido negativo, es decir, que el
brasileño no considera tener estos derechos protegidos. La metodología adoptada fue
cuantitativa, con el análisis estadístico longitudinal de datos de opinión pública recogidos por el
instituto de investigación Latinobarómetro en las rondas de encuesta survey en 2007, 2008, 2009,

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

68

�2011 y 2015 en Brasil. Como resultado parcial, se encontró con todo esto dicho series de tiempo,
la mayoría de la población se siente poco o nada garantizado los derechos de protección del
medio ambiente, de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades con independencia
del origen de las personas, de la libertad de expresión (excepto 2009 y 2011), de la seguridad y la
seguridad social. Estos resultados ponen en duda la calidad de la democracia en Brasil.
Palabras clave: Derechos Humanos; Cultura Política; Calidad de la Democracia
Abstract
The political culture of the society consists of the perceptionof citizens about the political
phenomena.Therefore, know how citizens have understood the questionof the protection of
human rights It makes it possible to learn more about the Brazilian political behavior, which is
to guide the design of public policies to encourage support for these rights and reaffirm the
importance to democracy. Being like that, we must bear in mind the premise of which the
satisfaction with the action of the State is a recognized element of the confidence of the citizens
in the institutions and bigger / better quality of democracy. Mainly because, the studies of
political culture have demonstrated that the number of Brazilian citizens who support the
political system, but they do not agree with the institutional democratic aspects, it is high. In this
sense, it becomes in discussion how Brazilian citizens have understood over time the protection
of these rights in Brazil. The raised hypothesis was that the perception of the Brazilian citizen
on the protection of the human rights has been kept in the negative sense, that is to say, that the
Brazilian does not consider have these protected rights. The adopted methodology was
quantitative, with the statistical longitudinal analysis of information of public opinion gathered
by the institute of investigation Latinobarómetro in the rounds of survey survey in 2007, 2008,
2009, 2011 and 2015 in Brazil. As a partial result, met with all this this time series, the majority
of the population feels little or nothing guaranteed of protection of the environment, equality of
gender, equal opportunities irrespective of the origin of the people, freedom of expression
(except for 2009 and 2011), security and social security. These findings call into question the
quality of democracy in Brazil.
Keywords: Human Rigths; Political Culture; Quality of Democracy.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

69

�El final de la década de 1980 en el mundo académico se ha caracterizado por el estudio de las
condiciones de paso de los regímenes no democráticos para democráticos. Tales transiciones en las
décadas de 1970 y 1980 representaron un cambio de regímenes autoritarios a otros que todavía no se
conocen con certeza que la naturaleza haría. El estudio de estas transiciones se centró en la crisis de
los gobiernos no democráticos, proponiendo, en resumen, que la liberación de la acción política por
sí misma permite a los actores políticos ya instalados daría lugar al nuevo régimen con éxito. Por lo
tanto, el enfoque del análisis estaba equivocado, ya que la relación entre la elite de la política y la masa
de los ciudadanos fue pasada por alto. El resultado fue la ausencia de un análisis acerca de la
continuidad de ciertas características restantes del período autoritario. El mantenimiento de las
instituciones existentes en las dictaduras y la permanencia de la conducta autoritaria entre los
ciudadanos aparecen como puntos clave en el estudio de las nuevas democracias (Moisés, 1995).
Estudios, como el de Moisés (2008), apuntan a la existencia de tendencias autoritarias en la
cultura política del brasileño, que, mientras que prefieren la democracia a cualquier otra forma de
gobierno, tiene creencias, valores, opiniones, actitudes y comportamientos contrarios a este régimen
político y desconfían de las instituciones. La insatisfacción con la democracia y la desconfianza en las
instituciones democráticas indican que el ciudadano no cree que su derecho a la participación política
conduce a hacer frente a los problemas del país, como la corrupción o las dificultades económicas. En
este contexto, el hallazgo de Moisés llevó a conocer sobre la existencia de conexión entre la dualidad
de los valores políticos, la insatisfacción con la democracia y la desconfianza en las instituciones
(Moisés, 2008).
Una crítica prominente de la teoría de la transición, así, incluye la simplificación del significado
del período autoritario, que fue resumido a un veto sobre la coordinación libre de la acción política.
Sin embargo, a pesar de la retirada de dicho veto (que permitió la negociación de la transición entre
regímenes), características autoritarias se mantuvieron y trajeron restricciones a la transformación
política. Por lo tanto, en Brasil, donde las relaciones Estado- mercado y mercado-sociedad provocan
desigualdades sociales aún pendientes de compensación, saber cómo los derechos humanos son
percibidos por la población es un paso importante para descubrir más características relacionadas con
la cultura política de la democracia brasileña y, así, saber sobre la calidad de la democracia.
Hoy en día, cuando se habla la gente que se colocan fuera de la protección legal, se habla también
de aquellos que, a pesar de vivir en un estado democrático de derecho, por sus condiciones social,
económica, étnica o cultural, no aprovechan de la eficacia de los derechos básicos. El desafío actual es
revertir esta situación a partir de la inclusión de las minorías y las mayorías excluidas, a través de la
ocupación del espacio público y la participación popular en la reclamación de sus derechos. En Brasil,
hace sólo un poco más de veinticinco años se tiene la sensación de que vivimos en un estado
democrático de derecho, con los derechos civiles y políticos garantizados. Sin embargo, para muchos
brasileños esto ocurrió sólo en el ámbito jurídico-formal. Hay una falta de sincronización entre lo que
se espera en el país legalmente y lo que realmente ocurre en la sociedad brasileña, por lo que dentro
de una nación hay dos nociones diferentes de los derechos humanos: una de la ley y otra de la
población (Mondaini, 2008).
Por consiguiente, se acredita que el fato de la expresión ‘derechos humanos’ tener ganado un
ton negativo para muchos brasileños, les acordando de la impunidad o injusticia, debe, mínimamente,
llamar la atención de cualquier sociedad comprometida con los principios de igualdad y libertad y,
sobretodo, con la democracia. Teniendo en cuenta el protagonismo de la población en las democracias,
es partiendo de la opinión de los ciudadanos que se verifica, por ejemplo, la necesidad de
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

70

�formulaciones de políticas públicas. En este sentido, ponemos en discusión de cómo los ciudadanos
han entendido a lo largo del tiempo la protección de los derechos humanos en Brasil. La hipótesis
planteada fue que la percepción del ciudadano brasileño acerca de la protección de los derechos
humanos se ha mantenido en el sentido negativo, es decir, que el brasileño no considera tener estos
derechos protegidos. El estudio se presenta como longitudinal, que cubre un período reciente (20072015), en el que son tratadas las percepciones de los brasileños sobre los temas propuestos.
Métodos
La metodología adoptada para poner en marcha la investigación fue cuantitativa, con el análisis
estadístico longitudinal de datos de opinión pública recogidos por el instituto de investigación
Latinobarómetro en las rondas de 2007, 2008, 2009, 2011 y 2015 en Brasil. Para efectuar los cálculos,
se utilizó los programas SPSS 20.0 y Microsoft Excel 2010.
Fue seleccionado en el cuestionario una pregunta sobre la protección de las libertades, los
derechos, las oportunidades y la seguridad, la cual contenía trece (13) sub-preguntas, llamadas aquí
"variables sobre la protección de los derechos humanos". Estas trece (13) variables incluyen diversos
derechos humanos, a saber: la libertad de participar en la política, la libertad de elegir la profesión, la
protección del medio ambiente, la protección de la propiedad privada, la distribución equitativa de la
riqueza, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de oportunidades independientemente de su
origen, la libertad de expresión, la libertad de profesar cualquier religión, la protección contra la
delincuencia, la seguridad social, la solidaridad con los pobres y necesitados, y la oportunidad de
conseguir el trabajo. En este sentido, la pregunta busca conocer la opinión de los encuestados acerca
de cuanto están garantizados esos derechos en el país. Esta pregunta se repitió en todas las rondas
utilizadas en el artículo sin ningún cambio en la lista de los derechos y las alternativas de respuesta, lo
que permite el estudio longitudinal de la percepción de la protección de los derechos humanos con el
fin de hacer una comparación entre rondas.
Las opciones de respuesta disponibles fueron: completamente garantizado, algo garantizado,
poco garantizado y nada garantizado. El primer paso en el análisis de los datos fue determinar la
frecuencia de respuestas en cada ronda por separado utilizando el software SPSS 20.0. Luego,
utilizando el programa Microsoft Excel 2010, estas frecuencias de respuestas se analizaron para cada
una de las variables relativas a los derechos humanos.
Después, se decidió reducir las trece (13) variables a una sola variable que mejor expresase la
percepción de los ciudadanos brasileños en materia de protección de los derechos humanos, creando
así un índice. La realización de pruebas previas al análisis factorial con SPSS 20.0, para comprobar su
aplicabilidad en el caso, fue la primera preocupación que se ha tenido para la creación de este índice,
con el fin de demostrar la correlación entre las variables utilizadas. En este sentido, el primer resultado
que puede verse en la salida originado del análisis factorial fue la matriz de correlación correspondiente
a la Prueba de Correlación de Pearson. Para que el análisis de los factores sea válido, es necesario que
en la tabla generada en el output de SPSS los números de la línea "correlación" sean altos y que la línea
"Sig. (1-tailed)" sean bajos y siempre menores que 0,003. Por lo tanto, este primer paso fue un éxito y
demostró la correlación entre las variables en todas las rondas.
El segundo paso fue la realización de las pruebas Kaiser-Meyer Olkin (KMO) y de esfericidad
de Bartlett. El KMO realiza la comparación entre correlaciones y varía en un nivel de 0 a 1. En este
caso, el resultado de la prueba de KMO fueron mayores que 0,9 en todas las rondas usadas, lo que,
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

71

�según Pestana y Gageiro (2000), significa la existencia de alto nivel de correlación, lo que permite el
uso del análisis factorial. Mientras que en la prueba de esfericidad de Bartlett el nivel de significación
debe ser inferior a 0,05 y, por lo tanto, la correlación entre variables se prueba apropiada para análisis
factorial, a la vista se ha obtenido el valor de 0,000 en todas rondas.
Una vez verificada la validez del análisis factorial y la correlación entre las variables relativas a
los derechos humanos, se inició la construcción del propio índice. Como ya se ha mencionado, los
trece (13) sub-preguntas relativas a la protección de los derechos humanos fueron listadas en el
cuestionario y tomadas como variables. Por lo tanto, las respuestas de estas preguntas secundarias
(preparadas en 4 opciones) fueron sumadas y el resultado de esa suma se dividió por 13 (trece), o sea,
se ha calculado una media aritmética, a fin de crear una escala con valores de 1 (personas que
respondieron a todas las preguntas con la opción 1) a 4 (personas que respondieron a todas las
preguntas con la opción 4). En cuanto a la construcción del índice, se decidió dividir la escala de
percepción de derechos humanos en cuatro secciones intermedias, como sigue: 1 a 1,75 =
completamente garantizado; 1,76-2,33 = algo garantizado; 2,34-3,51 = poco garantizado; 3,52 a 4 =
no está garantizado. La elección de estas secciones tenía la intención de dividir la escala en grupos de
iguales intervalos, a fin de no favorecer o discriminar a ningún valor mostrado.
Por último, se generó con SPSS 20.0 las frecuencias de respuestas del índice en todas las rondas.
Después, estos resultados fueron transferidos a Microsoft Excel 2010, donde se construyó una tabla
de respuestas longitudinales, lo que permitió el análisis temporal del índice de percepción de Brasil en
materia de protección de los derechos humanos.
Resultados
Resultados teniendo en cuenta las variables aisladas
En esta sección se presentarán los resultados longitudinales de las frecuencias e respuestas de
las variables sobre protección de los derechos humanos aisladas. En la figura 1, está el resumen de los
porcentajes que se encontró; donde se ve 'C', 'A', 'P', 'N', 'NS / NR ', debe entenderse ‘completamente
garantizado’, ‘algo garantizado’, ‘poco garantizado', 'nada garantizado’ y ‘no sabía o no respondió’,
respectivamente.
Insertar aquí Figura 1

NS/NR

C

A

P

N

NS/NR

C

A

P

N

NS/NR

3,4

14,3

41,3

28,7

12,5

3,2

7,0

37,3

38,8

9,0

7,9

NS/NR
3,3

N

N
10,7

10,7

P
33,5

P

A
33,2

30,2

C
19,3

A

NS/NR
4,7

35,3

N
13,6

2015

C

P
30,3

2011

20,1

A
29,8

2009

C

2008

21,5

Particip.
Política

2007

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

72

�Figura 1 – Tabla de porcentajes de las variables aisladas
Fuente: Latinobarómetro (2007, 2008, 2009, 2011, 2015).

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

73
24,0
40,5
26,2
2,2
4,1
28,0
35,5
30,1
2,2
1,8
15,9
44,1
34,7
3,4

42,4

25,6

2,0

5,6

34,3

39,4

18,4

2,2

3,1

24,5

46,4

21,6

4,3

2,2

2,2

24,7

35,4

25,2

7,1

37,0

42,5

5,4

19,1

24,5

34,1

33,8

6,2

38,2

42,4

5,6

19,4

17,4

2,9

5,4

4,2

2,2

Solidar.
Pobres

Conseguir
Trabalho

7,3

36,8

42,4

12,2

1,3

3,0

30,1

38,5

24,6

3,8

4,3

19,9

39,7

28,9

7,2

3,1

24,0

41,4

25,4

6,1

5,7

30,4

39,0

19,1

5,8

Segurid.
Social

3,4

44,8

37,3

12,4

2,1

2,2

38,5

35,3

20,1

3,9

1,9

44,9

36,2

13,0

4,0

2,6

48,8

30,2

13,6

4,7

2,6

52,9

32,2

9,1

3,2

Contra
Crime

3,4

7,6

20,6

54,6

13,7

1,1

5,3

19,5

45,1

29,0

2,2

8,1

17,3

30,0

42,3

2,7

9,1

19,5

29,2

39,5

2,2

9,6

18,9

24,6

44,8

Professar
Religião

11,0

18,1

45,1

23,5

2,2

3,3

11,0

32,2

42,4

11,1

3,6

14,6

31,6

37,0

13,2

3,2

12,6

40,1

32,4

11,6

5,1

16,9

33,9

28,2

15,9

Liberdade
Expressão

6,0

18,2

49,6

24,0

2,2

2,0

23,1

39,5

29,2

6,1

3,9

18,9

39,3

29,2

8,7

3,3

26,8

39,8

22,9

7,1

4,7

24,3

37,3

24,3

9,3

S/ importar
Origem

5,5

17,6

39,7

33,8

3,3

1,6

18,9

36,7

32,6

10,2

2,2

13,4

34,1

35,5

14,9

2,3

18,0

37,0

31,4

11,2

2,7

19,9

33,9

30,9

12,7

Igualdade
Gênero

4,4

47,6

35,5

11,5

0,9

2,5

47,8

29,9

16,7

3,1

2,5

42,9

36,0

14,8

3,8

3,1

52,5

25,5

14,4

4,6

3,9

55,3

28,4

10,0

2,4

Distribuição
Riqueza

13,3

11,8

40,8

30,9

3,3

4,4

12,0

36,3

37,2

10,0

5,0

14,5

35,8

36,6

11,1

4,5

18,2

35,5

28,8

13,0

7,1

17,3

38,7

25,6

11,3

Propried.
Privada

6,0

18,2

49,6

24,0

2,2

1,7

19,3

39,0

31,5

8,6

3,1

20,7

42,2

25,7

8,3

3,0

24,5

39,9

24,1

8,6

3,8

24,0

41,3

22,3

8,6

Meio
Ambiente

5,0

7,0

26,6

50,7

10,7

1,9

8,4

27,5

41,8

20,4

2,3

10,5

36,4

33,2

17,6

2,4

13,3

36,0

32,8

15,5

2,5

14,0

33,9

31,1

18,6

Escolher
Profissão

�En cuanto a la libertad de participar en la política, se percibió que la alternativa ‘algo garantizado’
tuvo un crecimiento constante desde 2007 hasta 2011, con un ligero descenso en 2015. Esta alternativa
junto con la que se define como ‘poco garantizada’ fueron las más elegidas en todas las rondas de esta
variable. En 2007, 2008 y 2015 la mayoría de los brasileños dijo que la libertad de participar en la
política estaba ‘poco garantizada’ en el país, mientras que en 2009 y 2011 la mayoría consideró ‘algo
garantizada’ esa libertad. En contraste con esto, la alternativa ‘completamente garantizada’ se ha
reducido notablemente en este período: en 2007, el 21,5% señaló que la libertad de participar en la
política fue plenamente garantizada en Brasil; ya en 2015, sólo el 7% optó por esta alternativa.
Del mismo modo, en cuanto a la libertad de elegir la profesión, las opciones de respuesta más
elegidas fueron ‘algo garantizado’ y ‘poco garantizada’. El nivel de los ciudadanos que consideran la
libertad de elegir la profesión algo garantizado en Brasil aumentó gradualmente desde el 31,1% en
2007 a 50,7% en 2015. En otro sentido, el nivel de los brasileños que dice ser esta libertad ‘poco
garantizada’ en Brasil se ha ido disminuyendo desde 2009, cuando se obtuve el nivel de 36,4%,
alcanzando el 26,6% de las respuestas en 2015. Este resultado puede significar aumento de la
percepción positiva de la protección de este derecho en el país. Sin embargo, los resultados indican
que la percepción de plena garantía de la libertad de elegir la profesión es aún muy baja.
Además, según la mayoría de los brasileños, para todos los años estudiados, la protección del
medio ambiente es poco garantizada en Brasil. El nivel más bajo que se encontró sobre esta alternativa
fue de 39% en 2011, y la más alta de 49,6% en 2015. Por el contrario, en 2015 sólo el 2,2% de las
personas consideraran este derecho totalmente asegurado. Por otra parte, a pesar de venir en declive,
los niveles relacionados con la alternativa ‘nada garantizado’ son considerables, pues están alrededor
del 20% en todas las rondas.
Con respecto a la protección de la propiedad privada, también se observa la prevalencia de las
alternativas ‘algo garantizado’ y ‘poco garantizada’. El número de brasileños que eligió la opción de
respuesta ‘algo garantizado’ creció entre 2007 y 2011, cuando alcanzó el nivel de 37,2%, cayendo a
30,9% en 2015. La alternativa ‘poco garantizada’ consiguió niveles alrededor de 35% en las primeras
cuatro rondas, alcanzando el pico en 2015, con un 40,8% de opiniones. Tanto la alternativa
‘completamente garantizado’ como ‘nada garantizado’ sufrió descenso continuo desde 2007,
alcanzando respectivamente el 3,3% y el 11,8% en 2015, lo que permite la interpretación de que las
alternativas intermedias, que no exaltan ni deprecian la protección de este derecho en el país, se han
preferido.
La distribución equitativa de la riqueza es reconocidamente uno de los problemas más graves
que enfrenta Brasil, por lo que las opiniones de los ciudadanos no muestran otra cosa que no la
percepción de que se trata de un derecho ‘nada garantizado’ en el país, alternativa que logra niveles
siempre por encima de 47% en todas las rondas. Sin embargo, es importante subrayar que en 2007
esta opción de respuesta representó el 55,3% de las opiniones expresadas, asentando gradualmente
decreciente hasta el año 2015. Los niveles correspondientes a la alternativa ‘completamente
garantizada’ fueron siempre muy bajos: nunca superior a 4,6% (2008), alcanzando sólo el 0,9% de las
elecciones en el 2015.
En cuanto a la igualdad de género, los brasileños vienen considerando un derecho ‘poco
garantizado’ en Brasil. Solamente en la ronda de 2009 el nivel más alto se observó unto a la alternativa
‘algo garantizado’ y, sin embargo, con una diferencia de sólo 1,4 puntos porcentuales de la alternativa
‘poco garantizado’, segunda más elegida en la ronda. Después, los niveles más altos de esta variable a
lo largo del tiempo fue aquella indicativa de que el derecho está ‘nada garantizado’ en el país.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�En lo que respecta a la variable ‘igualdad de oportunidades sin importar el origen de cada uno’,
se encontró que la mayoría de los brasileños consideran este derecho ‘poco garantizado’, con niveles
en crecimiento gradual de 37,3% en 2007 a 49,6% en 2015. Por otra parte, el número de encuestados
que consideraran este derecho ‘para nada garantizado’ fue bastante relevante, alcanzando el nivel
máximo de 26,8% en 2008. Lo mismo ocurre con respecto a la alternativa ‘algo garantizado’, que tuve
niveles siempre más altos que el 22%, alcanzando el 29,2% en 2011.
Por lo que se refiere a la libertad de expresión, la mayoría de los ciudadanos creen que este
derecho ha sido poco o algo garantizado en Brasil. En 2007, 2008 y 2015 los niveles más altos entre
las respuestas encontradas fueron las de alternativa ‘poco garantizado' (33,9%, 40,1% y 45,1%,
respectivamente), mientras que en 2009 y 2011, los más altos porcentajes fueron encontrados en la
opción ‘algo garantizado’ (37% y 42,4%, respectivamente). Además, es importante señalar que los
porcentajes de brasileños que afirmaban estar ‘algo garantida’ la libertad de expresión en Brasil venia
en crecimiento gradual desde 2007, llegando a el nivel máximo de 42,4% en 2011 y presentado un
descenso significativo en 2015, cuando alcanzó el nivel del 23,5%. Por el contrario, el número de
ciudadanos que percibieron la libertad de expresión poco garantizada aumentó de 32,2% en 2011 al
45,1% en 2015.
En una forma sin precedentes hasta aquí, la mayoría de los brasileños ha considerado la libertad
de profesar cualquier religión ‘completamente garantizada’ en Brasil en las rondas de 2007, 2008 y
2009. A partir de la ronda de 2011, los niveles más altos fueron encontrados junto a la alternativa ‘algo
garantizado’. En este sentido, se ha verificado el crecimiento gradual de los niveles correspondientes
a la alternativa ‘algo garantizado’, que obtuvo 24,6% de las opiniones en 2007 y alcanzó 54,6% en
2015. La alternativa ‘completamente garantizado’ viene en sentido contrario, con la disminución de
44,8% en 2007 a sólo el 13,7% en 2015.
Del mismo modo ocurrió con la variable de la distribución equitativa de la riqueza, los niveles
de las personas que dijeron estar la protección contra el crimen ‘nada garantizado’ en Brasil fueron los
más grandes en todas las rondas (tuvo mayor nivel en 2007, 52,9%). En segundo lugar, la alternativa
más elegida en todas las rondas fue la que señaló la poca protección de este derecho en el país. Los
porcentajes relativos a la opción de respuesta “algo garantizado” partió desde el 9,1% en 2007, alcanzó
el 20,1% en 2011 y completó el 12,4% en 2015. En cuanto a la alternativa “completamente
garantizada”, los niveles siempre han sido más bajos y no pasaran el 4,7% (en 2008).
Además, para la mayoría de los ciudadanos en todas las rondas, el derecho a la seguridad social
está ‘poco garantizado’ en Brasil, con niveles que oscilan entre el porcentaje mínimo de 28,5% en 2011
y un máximo de 42,4% en 2015. Los niveles encontrados para las alternativas ‘algo garantizado’ y ‘nada
garantizado’ fueron altos y estas alternativas aparecieran en el segundo lugar como las más elegidas,
especialmente, con destaque para el nivel de 36,8% de brasileños que dijeron estar la seguridad social
‘nada garantizada’ en 2015. Los niveles relacionados con la opción ‘completamente garantizada’ fueron
bajas en todas las rondas, con el máximo porcentaje de 7,2% en 2009 y el mínimo de 1,3% en 2015.
Por otra parte, la solidaridad con los necesitados y pobres ha sido ‘poco garantizada’, segundo
la mayoría de los brasileños. Esta opción fue la más elegida en todas las rondas, con niveles que van
desde el 35,5% en 2011 a 44,1% en 2015. La segunda opción más elegida, también en todas las rondas,
es aquella indicativa de que el derecho está ‘nada garantizado’ en el país. Los porcentajes de la
alternativa ‘completamente garantizado’ para esta variable no superaron el 7,1% de la rodada de 2015.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�Por último, los ciudadanos consideraron que la oportunidad de conseguir un trabajo en Brasil
ha sido ‘poco garantizada’. El nivel más bajo de esta opción fue de 39,4% en 2011, situándose en torno
de 42% en 2007, 2008, 2009 y alcanzando el 46,4% en 2015. Como resultado, se encontró los niveles
más altos en la alternativa ‘nada garantizada’ (en 2007, 33,8%; en 2008, 25,2%; en 2009, 25,6%) y ‘algo
garantizado’ (en 2011, 34,3%; en 2015, 24,5%). Reafirmando la tendencia hasta el momento, la opción
menos preferida fue la indicativa de la plena garantía de este derecho en el país, con un nivel máximo
de 5,6% en 2008 y 2011.
En este sentido, se observa que Brasil está considerando al largo del tiempo los derechos
humanos poco o algo garantizados en el país. Las variables ‘libertad de expresión’, ‘libertad de elegir
la profesión’, ‘libertad para participar en política’ y ‘la protección de la propiedad privada’ tuvieron sus
máximos niveles encontrados entre estas dos alternativas. Sin embargo, de hecho, la opción de
respuesta que prevaleció fue la indicativa de poca garantía de este derecho, elegida mayoritariamente
con exclusividad para las variables ‘igualdad de género’, ‘seguridad social’, ‘solidaridad con los pobres’,
‘la protección del medio ambiente’, ‘oportunidad de conseguir un trabajo’ y ‘la igualdad de
oportunidades independientemente de su origen’. Así, se elaboró un gráfico con el análisis longitudinal
de la alternativa ‘poco garantizada’ para todas las variables aisladas sobre la percepción de los derechos
humanos en Brasil, lo cual está en la Figura 2.
Insertar aquí Figura 2
Participar da
politica
Escolher
profissão
Meio ambiente

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2007

2008

2009

2011

2015

Propriedade
privada
Justa distribuição
da riqueza
Igualdade de
gênero
Independente
origem
Liberdade de
expressão
Liberdade para
professar religião
Proteção contra o
crime

Figura 2 – Gráfico de la percepción temporal que los derechos humanos están poco protegidos en Brasil
Fuente: Latinobarómetro (2007, 2008, 2009, 2011, 2015).

Resultados considerando o índice de proteção de direitos humanos

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�Como se indicó en la sección ‘métodos’, las 13 (trece) variables sobre la protección de los
derechos humanos fueron reducidas a solo una variable, creándose un índice de percepción sobre la
protección de los derechos humanos en Brasil. En la Figura 3 está el gráfico del análisis longitudinal
de los resultados de las rondas de pesquisa survey para el Brasil en 2007, 2008, 2009, 2011 y 2015.
Insertar aquí Figura 3

60.0%

Completamente
Garantidos

50.0%

Algo Garantidos

40.0%
30.0%

Pouco Garantidos

20.0%

Nada Garantidos

10.0%
Missing

0.0%
2007

2008

2009

2011

2015

Figura 3 – Gráfico del análisis longitudinal de la percepción de la protección de los derechos humanos en Brasil
Fuente: Latinobarómetro (2007, 2008, 2009, 2011, 2015).

Los resultados muestran que los brasileños vienen al largo del tiempo percibiendo poco
garantizados los derechos humanos, con niveles entre el 48,7% en 2009 y el 53,9% en 2007. En
segundo lugar, de 2007 a 2011, apareció la opción ‘algo garantizado’, que alcanzó el pico de 33,3% en
2009, pero cayó considerablemente en 2015, cuando alcanzó sólo 16,2%. Así, se verificó el aumento
del número personas que no quisieron o supieron contestar la(s) cuestión(es). Importante ter presente
que, de cualquier forma, la alternativa menos elegida, con niveles siempre menores de 6%, llegando a
sólo 0,6% en 2015, fue aquella indicativa de la protección completa de los derechos humanos en el
Brasil.
Discusión
Los resultados obtenidos confirman la hipótesis que se sugirió, o sea, que el ciudadano brasileño
no viene percibiendo garantizados los derechos humanos. Este desenlace permite la aproximación con
el comprometimiento de la calidad de la democracia en el país. Esto porque, el fato de la actuación
estatal no alcanzar al ciudadano de forma plena revela su deficiencia, no obstante, pudiera ser ejecutada
regularmente en el ámbito institucional. Aunque la calidad de la democracia sea casi que
exclusivamente trabajada académicamente con objetivo de valoración, por medio del respeto o no de

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�pre-requisitos institucionales, se propuso el análisis de factores culturalistas para pensar la calidad de
la democracia en el Brasil.
Esto porque, parte de la literatura cree que los factores económicos e institucionales explican
suficientemente el sistema político democrático sin que sea necesaria ninguna observación cultural;
otra parte sostiene que la estabilidad de las democracias no puede ser estudiada sólo desde las
instituciones, es decir, afirma que la difusión de los valores y creencias democráticas entre los
ciudadanos importa. De acuerdo con Ribeiro (2011, p. 24), “a despeito da discussão sobre a
causalidade formal, dificilmente um analista poderia questionar a relevância de tais fatores culturais
nos dias atuais”. En la ciencia política, el enfoque teórico que mejor colabora en la exposición de la
interpretación propuesta aquí es la cultura política.
La cultura política es la rama de la ciencia política responsable por el estudio de los valores, las
creencias, las actitudes y las opiniones de los individuos de una sociedad y sus consecuencias. La idea
central que parte de esta corriente teórica es que los aspectos culturales y subjetivos sirven como
factores explicativos de ciertos fenómenos políticos, tales como los procesos de democratización en
todo el mundo. El concepto de cultura política se introdujo en las Ciencias Sociales por el trabajo de
Gabriel Almond y Sidney Verba, publicado originalmente en 1963, ‘The Civic Culture: political
atittudes and democracy in five nations’. En este estudio, desarrollado con la población de los Estados
Unidos, México, Inglaterra, Alemania e Italia, se utilizó por primera vez el método de investigación
survey para la comprensión de los fenómenos políticos. En resumen, los autores relacionaron la
estabilidad democrática a la existencia de un cierto tipo ideal de cultura política, la cultura cívica, el
modo cultural en el que la participación popular y la estructura del sistema político son congruentes
(Almond Y Verba, 1989).
La idealización de una cultura cívica fue una de las principales razones de críticas al enfoque
culturalista, que mostró sobrevaloración de la cultura política de países como los Estados Unidos y la
Inglaterra, a partir del modelo de la democracia liberal. Los resultados de ‘The Civic Culture’ señalaron
la existencia de la cultura cívica en los Estados Unidos, y algo muy cercano en Inglaterra (que no tuvo
la cultura política clasificada como cívica sólo debido al alto nivel de deferencia a las autoridades). Por
lo tanto, cuando se trabaja con la cultura política, el contexto histórico y social de la democratización
de los países objeto de estudio no puede ser pasado por alto, especialmente en América Latina, que
más tarde tuvo contacto con la política económica capitalista (Castro, 1998; Ribeiro, 2011).
En este sentido, la discusión que ahora se expone trae a flote el papel de la cultura política en la
calidad de la democracia. Se cree que, a pesar de la aproximación teórica a la calidad de la democracia,
formulada por primera vez por Diamond y Morlino (2004), ser predominantemente enfocada en el
funcionamiento de las instituciones políticas y dar lugar a análisis de valoración de esta calidad por
medio de las instituciones, este enfoque y la teoría de la cultura política no puede estar en las mesas
opuestas. Se dice esto porque es indudable la importancia del sesgo substancial en el estudio del grado
de democracia en las sociedades contemporáneas, que no puede ser verificado con el mero análisis
estructural y sistemática del régimen político. Sobre todo, porque incluso las instituciones políticas no
existen para otro propósito que el de mediar la relación entre el Estado y la sociedad.
La cultura política es, pues, una teoría de la democracia, cuyo objeto de estudio es el ciudadano.
Importante, en este sentido, es la comprensión de O'Donnell (2013) de que existen conexiones entre
la democracia y los derechos humanos que sirven para analizar la calidad de la democracia. Para este
autor es importante, en primer lugar, que se enfrenten el desafío de descubrir la existencia de algunos
derechos básicos comunes a todos los seres humanos, independientemente de las diferencias sociales,
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�culturales y biológicas de cada uno. En segundo lugar, los estudiosos y practicantes de los derechos
humanos deben exponer lo que está detrás de este conjunto común de derechos mínimos. Este
elemento subyacente, según O'Donnell (2013, p. 19) “(...) é uma concepção moral do ser humano
como um agente, quer dizer, alguém que está normalmente dotado de razão prática e de autonomia
suficiente para decidir qué tipo de vida quer viver (...)” (cursiva del autor). Este es el punto de conexión
entre la cultura política y el enfoque de la calidad de la democracia: el ciudadano como un político es
indispensable para el régimen.
Una característica importante de la democracia es la existencia de libertades para rodear las
elecciones (por ejemplo, de expresión, de asociación, de movimiento, etc.). En otras palabras, la
democracia implica más que la existencia de un régimen político democrático institucionalizado, es
decir, hay diferencia entre la democracia y el régimen democrático. Para la democracia es necesaria
también la efectividad de los derechos civiles y sociales, lo que hace que las democracias que tienen
una fuerte red de los derechos políticos, puedan tener una calidad limitada por su fragilidad en cuanto
a las otras formas de derechos (O'Donnell, 2013).
Dicho esto, el ciudadano como agente político depende no sólo de la existencia de un régimen
democrático institucionalizado de una red formal de los derechos políticos, sino también la efectividad
de los derechos civiles y sociales. La cuestión que está detrás de los derechos humanos, así, es la
equidad que se debe a los ciudadanos, que son capaces de decidir libre y responsablemente. Sin equidad
en la disponibilidad y eficacia de los derechos políticos, civiles y sociales, falta a los ciudadanos libertad
para aceptar voluntariamente sus obligaciones. En palabras de O'Donnell (2013, p 46), importan “as
situações impostas por diversas coerções severas que – físicas, econômicas, ou o que for – violam a
condição de agência”.
La democracia, en resumen, debe constituirse en un sistema legal mínimamente compatible con
los derechos de participación y las libertades políticas y que prescriba la prohibición de que cualquier
persona o institución esté por encima de la ley. Lo que se puede concluir es que el ciudadano - agente
sujeto de los derechos políticos, civiles y sociales - no es menor que la regla o el Estado, sino está
subordinado a la ley de la misma manera como estos y por lo tanto tiene un derecho legal de estar
tratado con respeto y justicia como cualquier otro ciudadano, bajo juramento en el cargo/servicio
público o no. El problema, sin embargo, es que las relaciones de poder que rodean las sociedades,
incluso las democráticas, refuerzan la tendencia de que se niegue a los ciudadanos muchos derechos
civiles y sociales, especialmente con la fuerte desigualdad social (O'Donnell, 2013).
En este sentido, O'Donnell (2013) establece que para la evaluación de la calidad de la democracia
es fundamental tener en cuenta si el sistema legal del país se extiende de forma homogénea en todo el
territorio nacional y llega a todas las clases, sectores y grupos y, aún, si las hay reglas en este sistema
legal (y si estas son efectivas) que prohíban la discriminación de los pobres, las mujeres, los extranjeros
y las diferentes minorías. El punto fundamental de este razonamiento es que, una vez que hay un
marco legal en este sentido, teniendo en cuenta la diversidad de contextos sociales, es el interés de
todos que de cada uno tenga derechos disponibles y efectuados, para que puedan gobernarse por sus
propias decisiones. Un sistema legal como tal, que tiene las libertades individuales y colectivas como
un bien público - disponible para el uso de todos -, es en sí mismo una democracia de alta calidad
(O'Donnell, 2013).
Someter uno a violencia física individual o negar su ciudadanía son, de acuerdo con el argumento
de que se viene discurriendo, formas de negarle la condición de agente en la democracia. La visión del
ser humano como un agente (o sujetos de derechos) es explícito en los derechos humanos desde su
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�nombre. Con respecto a la democracia, como la agencia es inherente a la razón misma de este sistema
político. El enlace, por lo tanto, entre los derechos humanos y la democracia, más allá de la obviedad
evidente, es el estado del agente individual, punto principal del raciocinio de O’Donnell, de lo cual se
apropia este artículo. En esta lógica, la calidad de la democracia, sin duda depende de cómo se tratan
los derechos humanos, ya sea por el Estado, ya sea por los ciudadanos.
O'Donnell (2013) considera que el sistema legal deficiente (o que insatisfactoriamente llega a la
población) tiene participación na formación de las opiniones expresadas por los ciudadanos. El autor
resume de la siguiente manera: el sistema legal no llega a ciertas regiones dominadas por grupos que
imponen sus propias reglas o se aplica con criterios discriminatorios a las minorías, como los pobres
y las mujeres. Es decir, los derechos básicos se les niega a muchos sectores de la población, que
constituye lo que el autor llama de ciudadanía de baja intensidad (O'Donnell, 2013).
Morlino (2012) señala que los valores democráticos que promueven la libertad y la igualdad ya
están presentes en la cultura europea y puedan llegar a otros países sometidos por la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por lo que el verdadero problema en los países donde
las dimensiones de la libertad y la igualdad comprometen su calidad es la falta de aplicación, debido al
hecho de que no existen las condiciones previas necesarias. El autor se refiere, en primer lugar, a la
ausencia de legitimidad plena, difusa y eficaz de las masas y de la élite política. Después, argumenta
que el significado económico y administrativo de aplicación no es adecuado (Morlino, 2012).
A pesar de la discusión propuesta por Morlino (2012) tratar del contexto europeo, el argumento
sigue siendo relevante, pues, principalmente, la cuestión de la legitimidad merece ser mencionada aquí.
Sobre esto afirma el autor:
In this sense, it is necessary to underline how the problem of legitimacy is a salient one.
In terms of democratic consolidation, legitimacy concerns the acceptance and support of
democratic rules and institution. In terms of responsiveness (see below), legitimacy is related to
the presence of attitudes and behaviours that confirm satisfaction with the existing democracy
(Morlino, 2012, p. 208).
Esta discusión remite al tema de la cultura política. Además de la necesidad de aprobación de
los outputs del Estado (Easton, 1965 apud Rennó et al., 2012), los individuos como ciudadanos
políticos - o como agentes - tienen un papel clave en la legitimación de la democracia, ya que deben
aprobar las normas e las instituciones democráticas. Es decir, a la democracia de determinada sociedad
no se puede considerar de alta calidad si la población no acepta o no aprueba las leyes y las instituciones
puestas (o si no se da cuenta de los inputs recibidos), ya que, en este caso, carece de legitimidad el
régimen. Del mismo modo, los comportamientos y actitudes de los ciudadanos deben estar destinados
a confirmar su aprobación al sistema político instalado, pues de esto también depende la legitimidad.
Para Rennó et al. (2012, p. 06) “(...) é necessária a retomada de uma discussão sobre valores, atitudes,
crenças, opiniões políticas e comportamentos dos cidadãos como indicadores da qualidade da
democracia (...)”.
La relación entre la legitimidad y la calidad democrática es “uma relação óbvia” en el
entendimiento de Rennó et al. (2012, p. 02). Según los autores, a estabilidad política en América Latina
puede profundizarse por la búsqueda del espacio político y por una mayor participación de la

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�población. La ausencia de estos espacios causa frustración, haciendo que la población vea el espacio
político relacionado a la cooptación, el clientelismo, el corporativismo, etc., lo que trae prejuicio a la
legitimidad de la democracia al alejar la población de la participación ciudadana (Rennó et al., 2012).
Easton (1965, apud Rennó et al., 2012) desarrolló en el trabajo que ya es un clásico de la
política, la diferenciación entre el apoyo difuso y apoyo específico al régimen político. Consideró el
primer como el apoyo incondicional originada de la adhesión latente a las instituciones básicas del
régimen; y el segundo como un apoyo condicional a las instituciones democráticas, o sea, el apoyo a
actores específicos solamente. A partir de esto, Booth y Seligson (2009, apud Renno et al., 2012)
definen la legitimidad como el apoyo difuso y específico a la democracia. El trabajo de estos autores
pretende identificar por qué razón, a pesar de la pérdida de apoyo, muchas democracias de América
Latina no sufren rotura. Esto porque, la falta de adherencia o la desconfianza de los ciudadanos en las
instituciones democráticas, como lo demuestran muchos estudios, muestra la disminución del apoyo
al régimen democrático y, sin embargo, la estabilidad del régimen no se deteriora (Rennó et al., 2012).
El hecho de que las democracias de América Latina están viviendo con la pérdida de
legitimidad del régimen sin romperse no quiere decir que estén libres de crisis y de cambios inminentes.
La legitimidad depende de factores culturales y del rendimiento del sistema - que determinan el apoyo
o no de los ciudadanos a la democracia y a sus mecanismos (RENNÓ et al., 2012). Es, por lo tanto,
que la percepción de los ciudadanos acerca de los derechos humanos trae relación con la calidad de la
democracia, porque la satisfacción de los ciudadanos con la protección de estos derechos, que se deriva
en gran parte de la acción del Estado, contribuye a la confianza en las instituciones políticas y, al fin,
a la legitimidad de la democracia. Por lo tanto, en el caso de Brasil, reconocidamente una democracia
de cultura política híbrida, con tendencias democráticas y también autoritarias, el régimen democrático
no se ha rompido, pero la caída de la legitimidad es evidente.
Diamond y Morlino (2004), cuando formulan las ocho dimensiones de análisis de la calidad de
la democracia (para recordar: libertad, igualdad, rule of law, accountability horizontal, accountability
vertical, competición, participación y capacidad de respuesta) dijeron que todas las dimensiones se
relacionan e se influencian. Sin embargo, es importante señalar que para cada una de las dimensiones
que los autores desarrollaron hay sub-dimensiones, que especifican de manera inequívoca los criterios
de evaluación utilizados en el nivel micro. A partir de eso, se desarrolla en los siguientes párrafos un
argumento que se piensa relevante para esta discusión.
La dimensión ‘rule of law’ (Estado de Derecho) es el cumplimiento de las normas legales, pero
no sólo eso. Trata también de los sistemas institucionales dirigidos a la eficacia de estas normas, ya
que la existencia de un sistema legal supone que éstos deben funcionar y añadir beneficios a la vida
social; e incluso cuando no lo hacen, que el ciudadano tenga los medios para conseguir los derechos
que están garantizados. Es en este sentido que en la dimensión del rule of law están inseridos otros
temas, como la seguridad individual en el país, el orden civil, la existencia de un poder judicial
independiente y libre de presiones externas para tomar e implementar decisiones, la existencia de un
sistema de justicia moderno, con mecanismos que permitan la igualdad de acceso a la justicia, entre
otras características (MORLINO, 2012). Así explica Morlino (2012, p. 197):
[The Rule of Law] connotes the principle of the supremacy of law that is, the Ciceronian
legum servi sumus, and entails at least the capacity, even if limited, to make authorities respect
the laws, and to have laws that are non-retroactive, publicly known, universal, stable, and

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�unambiguous. These caracteristcs as fundamental for any civil order and a basic requirement
for democratic consolidation (cursiva del autor).
Por lo tanto, partir de la dimensión ‘rule of law’ el enfoque discute el cumplimiento de las leyes
y la eficacia de los medios a su alcance. Aún, para discutir la disponibilidad de derechos, fueran
formuladas más dos dimensiones: ‘libertad’ e ‘igualdad’, llamadas dimensiones sustantivas. La libertad
y la igualdad son dos valores democráticos que aparecen en numerosas definiciones normativas de la
democracia. Según Morlino (2012, p. 205) en la mayoría de estos ajustes, “(...) those values can be
empirically translated into a set of political rights and civil rights for freedom and social rights for
equality/solidarity”. El criterio para evaluar la calidad de la democracia corresponde a comprobar la
disponibilidad por el Estado de derechos políticos, civiles y sociales.
Esto recuerda lo que se acabó de hablar acerca de los derechos que llegan insatisfactoriamente
a la población, ya que, de hecho, vimos que el brasileño cree que no están siendo reconocidos los
derechos humanos en su país. Es decir, con respecto a las dimensiones de la libertad y la igualdad, que
tratan de la disponibilidad de los derechos, la democracia brasileña cumplió con el requisito sólo en
parte, porque, a pesar de la Constitución Federal de 1988 estar llena de predicciones de los derechos
civiles, políticos y sociales, muchos de ellos no están garantizados en la práctica. Lo que pasa es que
muchas de las disposiciones constitucionales de Brasil son normas para el futuro, llamadas de
reglamentos programáticos, que se encuentran en la Constitución para orientar la actuación de los
líderes y representantes del pueblo. Un ejemplo de esto es el objetivo de construir una sociedad justa
y fraterna, el artículo 3º de la Constitución de la República Federativa de Brasil.
Esto no significa necesariamente (aunque haga comprensión de lo contrario) que la realidad
brasileña debe ser considerada inconstitucional porque, desde la promulgación, las normas
programáticas tenían la intención de reflejar sólo directrices de evaluación de la democracia brasileña.
Lo que pasa es que hoy en día esta persecución aún no tuvo impacto y la eficacia de muchos derechos
disponibles (por diversas razones, incluyendo el presupuesto) no se ha completado. Tomemos el caso
del derecho a la salud, que no llega a todos los ciudadanos, a pesar de estar dispuesto en la Carta
Constitucional de Brasil, mismo el país ofreciendo un Sistema Único de Salud al alcance incluso de los
no contribuyentes, como los extranjeros. Lo mismo ocurre con el derecho a la seguridad, que es
positivado, pero cada día las personas mueren, son robadas y sufren muchas formas de violencia en
Brasil (a menudo por quienes deberían garantizar la seguridad). Siguiendo esta lógica de pensamiento
O'Donnell (2013) dice que estas faltas de eficacia de los derechos básicos forman ciudadanos que no
entienden la sociedad y, por lo tanto, no reconocen a sí mismos y a lo demás como agentes de la
democracia, porque su ciudadanía es de intensidad limitada o baja, como denominó el autor.
En el caso de este estudio, se demostró que el ciudadano brasileño percibe que los derechos
humanos no están siendo plenamente garantizados en el país. Parece claro, en este sentido, que la
percepción de los ciudadanos brasileños en este tema afecta negativamente a la calidad de la
democracia en Brasil. La percepción de una baja efectividad de los derechos humanos, los cuales deben
ser garantizados por el Estado, puede indicar la fragilidad del sistema democrático del país, a pesar de
la consolidación de las instituciones democráticas. Por consecuencia, mismo habiendo instituciones y
acciones políticas que califican a Brasil como un país democrático, en el período analizado se observó
que la población no se siente contemplada en varios aspectos que son sus derechos, lo que aquí
entendemos cómo derechos humanos. Esta percepción demuestra que la calidad de la democracia

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�brasileña sigue siendo baja indica, al menos cuando se estudia desde la perspectiva culturalista de
Ciencias Políticas.

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83

�Referencias
Almond, G. A.; Verba, S. (1989). The Civic Culture - Political Attitudes and Democracy in Five
Nations. Stanford, EUA: Sage Publications.
Castro, H. C. O. (1998). Cultura política, democracia e hegemonia: uma tentativa de explicação
do comportamento político não democrático. In: CASTRO, H. C. O.; BAQUERO, M.;
GONZÁLES, R. S. (Orgs.). A construção da democracia na América Latina: estabilidade
democrática, processos eleitorais, cidadania e cultura política. Porto Alegre/Canoas: Ed.
UFRGS e Centro Educacional La Salle de Ensino Superior.
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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 3. enero-junio 2016, pp. 86-108
ISSN: 2395-8448

Entre el clientelismo y la confianza: vínculos y relaciones entre los
individuos y la institución política local.
Between clientelism and trust: links and relationships between individuals
and local political institution.

Edwin Cohaila
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Fecha de envío: 15 de septiembre 2015
Fecha de aceptación: 10 de diciembre 2015

Resumen
El clientelismo es una relación asimétrica que denota cierto aprovechamiento político
por parte de las autoridades, pero posibilita en los individuos la dotación de ciertos recursos. Si
bien el clientelismo tiene un halo de informal e ilegal, ha posibilitado aproximar a los individuos
a su institución. Las relaciones de confianza, por otro lado, procuran establecer vínculos entre
los individuos y la institución política, pudiendo estos perdurar, generando legitimidad, y
logrando una mayor satisfacción con la democracia local. Se intenta observar de qué manera
ambos conceptos están relacionados, pero sobre todo si a través de relaciones clientelares es
plausible construir relaciones de confianza. Se analizará la institución política local en dos
distritos de un mismo estrato zonal de Lima Metropolitana; a través de técnicas cualitativas y
cuantitativas; contemplándose, además, variables como la confianza interpersonal, satisfacción
con la democracia local, el trato de la autoridad local, con el objetivo de observar si juegan un
rol en las formas de relacionarse. Todo ello, es evaluado en modelos determinantes y logísticos.
Se encuentra predominancia del clientelismo como forma de establecer vínculos,
correlacionándose de manera directa con la confianza. Asimismo, el clientelismo logra explicar
la confianza en la institución política local; e igualmente, se observa una probabilidad de poder
confiar supeditada por relaciones clientelares. Por tanto, para construir confianza institucional
se entremezclan formas que uno diría que “atentan” contra el desarrollo de las instituciones y la
democracia, sin embargo, denotan ciertas prácticas que las relaciones formales no logran cubrir
en los individuos.

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�Palabras clave: Clientelismo, confianza institucional, confianza interpersonal, clientelismo
próximo.
Abstract
Clientelism is an asymmetrical relationship that implies certain political advantage by the
authorities, but above all individuals to have certain resources. Although clientelism has an
informal and illegal halo, it has enabled individuals to come closer to their institution. Trust
relationships seek to establish links between individuals and their political institution, which can
last, generating legitimacy, and achieving greater satisfaction with local democracy. It tries to
observe in what way both concepts are related, but above all, if through clientelistic relationships
it is plausible to build trust-worthy relationships. Local political institution will be analyzed in
two districts of the Lima´s same zone stratum; using qualitative and quantitative techniques.
Considering also variables, such as, interpersonal trust, local democracy satisfaction, local
authority behavior with local people, in order to observe if they play a role in the ways of relating
between each other. All this is evaluated in determinant and logistic models. Clientelism
predominates in the way to establish links. It correlates directly with confidence. Also, clientelism
can explain confidence in local political institution. And likewise, a probability of being able to
trust. Therefore, to build institutional trust, there as a variety of ways that one would say
"damage" the development of institutions and democracy, however, they show certain practices
that formal relationships can´t accomplish between individuals.
Keywords: Clientelism, institutional trust, interpersonal trust, near clientelism

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�Entre el clientelismo y la confianza: vínculos y relaciones entre los individuos y la
institución política local.21
Introducción
El presente artículo trata de observar la construcción de vínculos y relaciones que se dan
entre los individuos y la institución política local y cómo estos se entrelazan entre relaciones de
clientelismo y de confianza.
Se parte que ambos conceptos tienen la capacidad de establecer relaciones entre los
individuos y su institución local, aunque no bajo los mismos presupuestos; por tanto, se desea
observar qué tanto estas variables pueden estar relacionadas, y si es posible a través de una
generar, explicar o predecir el comportamiento de la otra. Para ello se analizan modelos
determinantes y modelos logísticos.
Este artículo está dividido en cuatro partes. En la primera se definen los conceptos que
se utilizan, destacando sus características, similitudes, pero también sus diferencias. Aquí se
notará que ambos conceptos pueden tener características similares como lo asimétrico, lo
voluntario o que pueden perdurar en el tiempo; sin embargo, también se analizará los fines y
presupuestos de ambos conceptos, destacando sus diferencias. En la segunda parte se establece
el diseño metodológico; aquí se notará la hipótesis planteada, la forma de recojo de información
y los modelos a utilizar. En la tercera parte se describe la forma de relacionarse que tienen los
individuos con su institución política local, donde se notará relaciones clientelares y un
clientelismo denominado como clientelismo próximo; se notará cierta recurrencia por parte de
las autoridades locales a relacionarse bajo formas clientelares con los individuos y con los
dirigentes vecinales, las cuales procuran relaciones y vínculos, acercando la institución local al
individuo; no obstante el individuo no es un simple actor, sino evalúa dicho procedimiento y
mientras le procura retribución participa de él. En la cuarta parte, a través de una muestra
representativa en la población de ambos distritos, se analizan modelos determinantes y modelos
logísticos, observándose una correlación directa entre ambos conceptos, un nivel de explicación
del clientelismo sobre la confianza institucional; y una probabilidad de ocurrencia de esta última
si es que se desarrollan este tipo de relaciones.
1. Definiendo los conceptos
1.1. La práctica del clientelismo

El clientelismo es una práctica utilizada para relacionarse, tanto por los individuos como
por las autoridades locales, la cual es factible de generar cierta satisfacción para ambas partes y,
en la medida de su uso, es factible de marcar cierta recurrencia, pudiendo perdurar en el continuo
del tiempo, lo que de antemano indica que cubre cierta “necesidad” por parte de los individuos.

21

Este artículo fue parte de una ponencia presentada en WAPOR Monterrey 2016.

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�Para Fenoglio (2007: 7 y ss.) el clientelismo político denota una relación social
particularista22 “en la cual se intercambian de manera personalizada favores, bienes o servicios
para apoyo político entre actores que controlan diferentes recursos de poder”. En ese mismo
sentido, Sosa (2010) menciona que esta práctica está ligada a la obtención de recursos públicos
y económicos para un uso político particular. Hopkin (2006: 8 y ss.), va un poco más allá e indica
que el clientelismo describe la distribución de beneficios selectivos a individuos o grupos
claramente definidos a cambio de apoyo político.
Para estos autores; el clientelismo denota, claramente, una práctica donde existe un
intercambio de ciertos recursos a cambio de apoyo político; sin embargo, es posible identificar
ciertas características adicionales:
-Diádica. El clientelismo es una relación entre dos, patrón y cliente. Así lo menciona
Landé (citado por Muno 2010: 4) y Hopkin (2006:2). Si bien son dos los que establecen esta
relación puede estar mediada por un intermediario entre ambos.
-Asimétrica. Esta relación refleja cierta desigualdad. Construida entre el patrón y cliente,
ambos no tienen el mismo poder en la relación (Rehren 2008:2 y ss). Para Scott (citado por
Muno 2010: 4), la asimetría se ve reflejada también porque el patrón se encuentra en estatus
social más alto.
-Duradera. La relación clientelar construida entre el patrón y el cliente puede perdurar
en el continuo del tiempo, teniendo mayor probabilidad esta, en la medida que el patrón disponga
o esté en la capacidad de intercambiar recursos y, bajo la forma cómo fue construida esta
relación.
-Recíproca. En la relación clientelar se da un intercambio; por un lado, el patrón ofrece
bienes o recursos, y por otro, el cliente da un apoyo político o voto; por tanto, ambos se ven
beneficiados, en dicha medida se puede hablar de reciprocidad.
-Voluntaria. En la relación clientelar, tanto la participación del patrón o cliente es
voluntaria, por tanto, nadie está forzado u obligado a entablarla23 y tampoco existe una necesidad
imperiosa a realizarla.
Se puede distinguir tres tipos de actores en esta relación: los clientes, los patrones y los
mediadores.
Los clientes son los individuos quienes dan el apoyo político a un patrón, a cambio suelen
recibir por parte del patrón bienes, favores o recursos. Este apoyo político se puede manifestar
de varias formas, como por ejemplo apoyo en una movilización, como personero político, votos
22

El término particularista usado por Fenoglio sigue el correlato acuñado por O’Donnell, quien lo
diferencia de la distinción. La distinción denota que las esferas públicas y privadas se diferencian; en
cambio lo particularista denota que desde una institución política se pueden establecer relaciones con el
objetivo de favorecer intereses privados.
23 No obstante, para Hopkin (2006:2) esta relación se da por cierta obligación, en la medida de que no
sería posible que el cliente pueda obtener cierto bien o recurso sino fuera por este tipo de relación. Más
allá de esta anotación, lo que se desea enfocar es que tanto el cliente o el patrón no están obligados a
entablar esta relación, y depende de su decisión entablarla.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�en una audiencia pública, etc. Si bien puede existir cierta desigualdad, ya que ambos no se
encuentran en la misma posición, no hay que olvidar que el cliente obtiene algo por este
intercambio24, es decir obtiene el bien o recurso, que puede manifestarse desde dinero, víveres,
acceso a una obra pública, etc.
Los patrones son quienes tienen una posición diferente en esta relación, y hasta cierto
punto dominante, ya que acceden a bienes, recursos; los cuales intercambian, con la diferencia
de que estos bienes no suelen ser suyos necesariamente, sino más bien del Estado. En la medida
de la recurrencia de dicho acceso e intercambio logran cierta lealtad en los otros actores de esta
relación; vale decir que existe una predominancia a lo que pueda dar para generar cierta lealtad.
Los mediadores son los individuos que se encuentran en una posición intermedia entre
el cliente y el patrón, son quienes se relacionan cara a cara con el cliente, pero no son los que
reciben el bien o recurso último, pero mantienen una cuota de poder frente al cliente; por tanto,
tienen una centralidad posicional (Auyero 2001:111); ya que para tener acceso al bien o recurso
del patrón se necesita contar con el apoyo de este mediador.
La relación entre el cliente y el patrón se establece por la acción. Torres (citado por
Fenoglio 2007: 28 y ss.) dirá que esta relación bilateral se realiza por intermedio de la acción. Si
bien es la acción la que establece esta acción, esta puede estar relacionada a un hecho fundacional.
Auyero relaciona este hecho a un “favor fundacional” (2001:109); este favor no implica
necesariamente que el patrón resuelva el problema que le acontece al cliente; pero el mostrar
preocupación o predisposición puede ser suficiente para que la relación quede entablada. Este
favor fundacional, sin embargo, no está exento de la acción entablada por ambas partes.
Si bien esta relación se establece por la acción, no implica que no se realice una evaluación
de esta. Los individuos (clientes) que participan observan la relación y evalúan si esta les ha
resultado satisfactoria ante sus requerimientos. En ese sentido, Muñoz (2013) indicará que los
individuos evaluarán la cantidad y calidad de los bienes; sin embargo, también habrá que apuntar
que se evalúa el esfuerzo realizado y si este compensa el tipo, cantidad y calidad del bien o
recurso.
Volviendo a la idea mencionada por Auyero, la preocupación por los clientes denota
cierto componente simbólico, ya que no importa solo “que se da” sino “cómo se da”; situación
que también forma parte de la evaluación. Asimismo, este componente simbólico ofrece,
también, una visión de las cosas, ya que denota una forma de cómo se puede conseguir un bien
o recurso, marcando una forma de proceder que puede ser repetida en otra situación, lo que
también denota cierto aprendizaje por parte de los individuos. Esto último ayuda a reducir la
complejidad social.
Esta relación construida no está exenta de poder romperse, y puede ocurrir bajo varias
circunstancias, ya que el cliente puede dejar de buscar al patrón, debido a que este ya no tiene la
capacidad de proveer bienes o recursos, e irse con otro 25 ; o los individuos pueden resultar
24

Fengolio dirá que el cliente se encuentra en una situación de desigualdad, pero Trotta (citado por
Fenoglio 2007: 27) dirá que hay que sacar la idea de que el cliente es víctima de políticos inescrupulosos
que se aprovechan de la situación de desigualdad, sino que obtienen réditos fruto de este intercambio.
25 Aunque dicha posibilidad siempre existe, implicará ciertos riesgos o costos; como indica Torres
(citado por Fenoglio: 2007: 29) el patrón puede verse perjudicado porque el cliente se fue con otro, y
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�oportunistas particularmente cuando no se identifican con un partido y no están vinculados
permanentemente con un patrón (Muñoz 2013).
1.2 La relación de confianza
La confianza es una cualidad que gozan ciertas relaciones, por tanto, bajo esa premisa no
toda relación que se establece entre los individuos o para con una institución gozan de dicha
cualidad26. Luhmann (1996) y Giddens (1993) indican que esta relación se estable entre dos.
La relación de confianza, además, conlleva un riesgo en sí. Riesgo, en el sentido, de que
no existe nada que garantice, previamente, que el resultado final sea de acuerdo a nuestro juicio.
En ese sentido se trata de una probabilidad, tal como apunta Gambetta (2000).
Del mismo modo, se puede identificar ciertas características de esta relación:
-Bilateral. La relación de confianza necesita para establecerse la conjunción de dos
sujetos, pudiendo ser estos individuos, organizaciones o instituciones.
-Voluntaria. En la relación de confianza no existe una obligación por parte de los sujetos
de entablarla, tampoco existe una necesidad; sino parte de la misma voluntad por parte de ellos,
pudiendo generar cierta retribución.
-Asimétrica. La relación de confianza designa una relación asimétrica, ambas partes no
se encuentran a un mismo nivel, en el sentido de que depende de otro para que la relación se
complete. Para Karpik (1996) la asimetría se observa como una delegación, donde se ha delegado
la última acción a otra persona o institución, por tanto, ya no depende de uno. Gambetta (2000)
dirá que se trata de la probabilidad de ocurrencia, la cual depende de otro.
-Perdura en la práctica. La relación de confianza, en la medida que se va recreando,
practicando, hace de ella más duradera y ayuda a reducir el riesgo.
Si bien no existe certeza plena del resultado final, lo que denota cierto riesgo (Luhmann
(2006), Q Fu (2004)); al establecer una relación de confianza, ambas partes han asumido un
compromiso. Este compromiso siempre está a prueba, y no existe certeza sobre este; pero es un
compromiso realizado por las partes, de que uno actuará de determinada forma y no defraudará
al otro.
La relación de confianza, también, tiene la capacidad de crear vínculos, haciendo que una
relación pueda ser más llevadera. Diaz Albertini (2010) dirá que esta relación puede generar la
acción colectiva, la cooperación. Para Luhmann (2006) y Laso (2010), además, la confianza
reduce la complejidad social; por tanto, la vida social se hace más sencilla.

podría perder el apoyo político; y para el cliente, este puede ser considerado como una persona con
poca lealtad, perdiendo la confianza como posible cliente.
26 Como se verá más adelante, en la construcción, práctica y recurrencia de esta relación es que se va
generando dicha cualidad en ella.
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�La relación de confianza se establece por la acción (Gambetta 2000, Giddens 1993); y a
través de ella, los sujetos expresan el conjunto de opiniones, valoraciones, actitudes. En ese
mismo sentido es que Mitzal (1996) indicará que en la acción se expresa una motivación y
capacidad. De alguna forma, por medio de la acción, expresamos una manera de cómo
entendemos las cosas y también como deseamos que sea.
La acción que ha permitido entablar este tipo de relación, implica una posición, una
posición del espacio donde uno se desarrolla. Barber (1983) dirá que implica un reconocimiento
del orden social existente como legítimo. Asume, también que ambas partes tienen
competencias, y que tienen la capacidad de cumplir las obligaciones; por tanto, plantea en el otro
cierta responsabilidad y compromiso, las cuales son similares a las que posee uno (Cohaila, 2015).
La relación de confianza no está exenta de la evaluación. En esta evaluación se vuelve a
repasar la forma cómo ha sido entablada, y si ha sido o no beneficiosa para las partes. Del mismo
modo, pueden recrearse dichas situaciones por los sujetos y ser comunicados a otros, marcando
ciertas pautas sobre lo aprendido, generando una institucionalización, y como menciona Berger
y Luckmann (1996) toda actividad humana es sujeta a la adición; y a partir de esta adición se
pueden realizar tipificaciones.
La institucionalización está presente cuando se realizan tipificaciones, y como la relación
de confianza puede generar tipificaciones también puede generar procesos de
institucionalización. Este tipo de procesos, en la medida de su recurrencia, generarán
mecanismos de legitimación. Como menciona Douglas (1999) toda institución necesita
legitimarse, así comprime las ideas dándole una forma común; pero sobre todo le da
herramientas para explorar la realidad donde habita.
La relación de confianza al igual que la institución necesitará legitimarse, pero solo en la
práctica constante despejará incertidumbres; por tanto, necesita ser practicada, y solo en esta
práctica constante se podrá observar que esta relación va tomando la cualidad de la que se
hablaba anteriormente.
1.3. Diferenciando la relación de confianza y el clientelismo
Tanto las relaciones clientelares como la relación de confianza procuran establecer
vínculos entre los individuos o entre un individuo y una institución, aunque no lo efectúan bajo
la misma forma.
En la relación de clientelismo, se observa claramente la desigualdad, ya que los individuos
tienen una marcada diferencia, donde uno tiene más cuota de poder que el otro, uno es
claramente quien detenta más poder y tiene acceso a los bienes o recursos; por tanto ambos no
se reconocen con las mismas capacidades; situación que es diferente en la relación de confianza,
donde ambas se reconocen con capacidades y también con necesidades, pero sobre todo como
un actor capaz de legitimar procesos y generar relaciones sólidas que son plausibles de perdurar
en el tiempo.
Si bien en ambas relaciones, el establecimiento se realiza a través de la acción. El fin de
esta acción difiere en este tipo de relaciones, ya que en el clientelismo se prioriza el recibir el bien
o recurso; en cambio en la relación de confianza, el establecimiento de vínculos está más allá de
obtener algo.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�La evaluación se da en ambos tipos de relación, sin embargo como en la relación
clientelar se prioriza el bien o recurso obtenido, este tomará prioridad al momento de dicha
evaluación, por tanto pesará más en su evaluación y en la generación de vínculos si el patrón
tiene la capacidad de conseguir los bienes o recursos; en cambio en la relación de confianza, si
bien el resultado también es importante, no se focaliza solo en él, permitiendo la evaluación
posibilita observar todo el proceso entablado.
La rutinización de procesos puede ser generado por ambos tipos de relaciones, por tanto,
lo aprendido podrá ser usado en otra circunstancia por el individuo, generando una tipificación;
sin embargo, en la relación de confianza es posible institucionalizar dichos procesos y
legitimarlos; en cambio en la relación clientelar sigue primando un halo de ilegitimo, por tanto
dichas tipificaciones no gozan de dicha cualidad.
Si bien ambas partes pueden manifestar un procedimiento por el cual se dan por sentado
que “las cosan son así” y que la manera de realizarla debe seguir una determinada forma, en la
relación clientelar se observa la desigualdad, en el sentido de que el cliente se ve “forzado” a
entablar ese tipo de relación; en cambio en la relación de confianza sigue primando la no
existencia de una obligación imperiosa, y que además ambas partes se reconocen con una
igualdad de capacidades y necesidades, pero que conjuntamente pueden establecer relaciones y
un entramado social.
2. Diseño Metodológico
Para observar la manera cómo se relacionan los individuos con su institución política, y
si estos se basan en relaciones clientelares o de confianza, se ha procedido a observar la
institución política local en dos distritos de Lima Metropolitana, que pertenecen a un mismo
estrato zonal, y que mantienen una misma historia de organización y fundación, ya que ambos
formaban parte de un solo distrito, estos distritos son San Martin de Porres y Los Olivos27.
La metodología utilizada para observar este tipo de relaciones que se da entre los
individuos y su institución política, combina herramientas cualitativas y cuantitativas. En la parte
cualitativa se entrevistó a dirigentes vecinales, funcionarios de los gobiernos locales y miembros
de organizaciones no gubernamentales que trabajan en los distritos. En la parte cuantitativa se
encuestó a la población de ambos distritos a través de una muestra representativa28.
Se arguye que los individuos, al momento de relacionarse, con la institución política local
utilizan formas habituales aprendidas, que vienen desde el mismo contexto, que lindan con el
clientelismo; pero que pueden generar relaciones de confianza. No obstante, la forma de
27

Hasta mediados de 1980 ambos distritos formaban parte de uno solo, el cual tenía el nombre de San
Martin de Porres, luego se separan formándose un nuevo distrito llamado Los Olivos. El aliciente de que
hayan sido uno ayuda a observar si existen condiciones que diferencien, ahora, a los distritos en su nivel
de confianza o clientelismo, habida cuenta que mantienen un mismo correlato histórico.
28 La muestra trabajada tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ± 4,4%. El diseño
muestral fue probabilística por etapas, tomando como marco muestral la cartografía digital actualizada
del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el 2007. Se realizó una muestreo sistemático de
viviendas con inicio aleatorio, se respetaron las cuotas de sexo y edad, y el nivel socioeconómico según
distritos.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�proceder de la autoridad local con los individuos genera construir vínculos que disfrazan un
trasfondo clientelar. Del mismo modo, el nivel de confianza general, confianza interpersonal,
satisfacción con la democracia, y el trato juegan un rol preponderante en la relación entre los
individuos y su institución política local.
El período estudiado (2010 – 2014) contempla el anterior al actual29, sin embargo, habrá
que indicar que dichas autoridades locales estuvieron por lo menos dos periodos consecutivos
en sus cargos.
3. Formas de relacionarse entre la autoridad local y los individuos
3.1. Clientelismo clásico
La práctica del clientelismo es recurrente en ambos distritos, aunque se observan
diferencias entre sí.
En la forma de relacionarse entre la autoridad local y las organizaciones locales se observa
la utilización del clientelismo, donde los miembros de las organizaciones vecinales ven que
obtienen recursos si es que apoyan a la autoridad local. En el distrito de Los Olivos, el
Dirigente_Olivos 30 , indica que “la municipalidad facilita ciertas cosas, pero solo a algunos
sectores que son consentidos”. Igual situación se observa en el distrito de San Martín de Porres,
Dirigente_SMP2 manifiesta que “hay dirigentes que apoyan esta forma porque hacen uso del
clientelismo”.
Pero no solo son recursos los exigidos por los “clientes” sino también puestos de trabajo.
Y los funcionarios municipales puntualizan que este requerimiento, no necesariamente, puede
realizarse. Para Funcionario_Olivos1 los miembros de organizaciones que apoyan al alcalde
desean un puesto de trabajo, “los que participan [organizaciones] quieren oportunidad en el
gobierno local, pero imposible que se abra laboralmente para todos”. Otro ejemplo claro es lo
relatado por Dirigente_Olivos4, quien le preguntó al exalcalde de Los Olivos: “yo le dije Ud.
daría trabajo en la municipalidad a una persona como yo, yo soy bachiller en administración, y
él me dijo que sí, desde esa época trabajo en la municipalidad”. Se observa, que esta práctica es
recurrente pero lo que llama más la atención es su naturalidad, es decir que se expresa y se hace
mención sobre esta sin ningún problema.
Si bien la organización vecinal puede conseguir un recurso o el individuo puede sacar
usufructo, ya sea obteniendo un puesto de trabajo; y la autoridad local consigue apoyo político
que le ayuda a mantener cierta “legitimidad” en el distrito; no quiere indicar que las

29

El período actual recién se encuentra a menos de la mitad; y las autoridades locales son nuevas en sus
cargos.
30

Los nombres de los entrevistados han sido cambiados por códigos según su grupo (dirigente,
funcionario local, miembro de organización no gubernamental) y el distrito de pertenencia. Este cambio
obedece al resguardo propio del Comité de Ética de la PUCP.
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�organizaciones vecinales e individuos no se den cuenta de que son “utilizadas”. Org_Local1 nos
va indicar lo que mencionan las organizaciones:
“Ellos me dicen, Ternero [exalcalde de San Martin de Porres] hoy día nos va a regalar tal cosa,
pero las organizaciones indican: acepto que me das. Existe manipulación, creo el lazo, pero no
soy tan ingenuo, las organizaciones saben, necesito algo acepto, sé hasta dónde vas, las
organizaciones se dan cuenta.”.
Existe un intercambio y cierta reciprocidad entre ambos. Así lo apunta Org_Local2:
“si tú me das algo yo te voy a dar algo, ahora las organizaciones dicen ´que es lo que das
para que te dé´, este intercambio que yo te ofrezco ahora ayuda para que después tú me
apoyes luego”.
Sin embargo, esto tampoco garantiza nada, así lo manifiesta Funcionario_SMP1, ya que
los vecinos muchas veces pueden cambiar de opinión: “muchas personas y dirigentes participan
con el objetivo de ciertos intereses, conseguir algo, pero, así como pueden estar con uno, al día
siguiente están con otro candidato y sin problemas”. Lo anterior manifiesta el riesgo que existe
en este tipo de relación; pero también que los clientes pueden no ser tan leales y cambiantes.
Sin embargo, más allá de los posibles contratiempos que puede generar cualquier
relación, la recurrencia a la práctica clientelar nos habla de una forma de acercar al individuo a la
institución política; permitiendo crear vínculos, como menciona Org_Local2 “que yo pueda
establecer lazos, pueda construir confianza”.
3.2.

Clientelismo próximo

El exalcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, ha permanecido como autoridad
local desde el año 1996 hasta el año 201431. Si bien ha tenido ciertos logros en su gestión, lo cual
se demuestra por las constantes reelecciones, se desea hacer notar cierta práctica en la forma de
establecer vínculos con los vecinos, a las que se denomina clientelismo próximo.
El exalcalde atendía los días jueves al público en general que podía acercarse, donde
escuchaba “los problemas o necesidades” de los vecinos, y luego entregaba una tarjeta con el
nombre de la persona en la municipalidad distrital que tenía que solucionar el problema del
vecino; manifestando al vecino que él haría seguimiento sobre la problemática su problemática.
Esta práctica clientelista puntual, prevé para el vecino una posible solución y, para la
autoridad local genera cierto rédito político, pero sobre todo le ayuda a tener legitimidad local.
Pero lo que se desea resaltar no es la simple práctica sino la forma de la relación. El exalcalde
31

Fue alcalde hasta diciembre de 2014, por seis periodos consecutivos. En el último proceso electoral
decidió postular a la alcaldía provincial de Lima sin éxito.
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�atiende al vecino, de alguna forma lo ubica como un actor que tiene un problema, reconociendo
su problemática como necesaria y que se tiene que solucionar. La relación es directa, cara a cara
y de forma horizontal, genera acercar al vecino, pero, sobre todo, como menciona Org_Local1:
“es un trato personalizado, directo”, generando ante el vecino que “queda bien, escucha, crea
vínculos”. Por tanto, se genera una forma de establecer relaciones, la cual fomenta, escuchar al
otro, acercarlo y genera cierta confianza, como menciona Org_Local2 “solo el hecho de haber
estado con él, y de haberlo escuchado, a la gente le da satisfacción, le genera un nivel de
confianza”.
Para Dirigente_Olivos1 la forma de proceder del alcalde dispone el diálogo, “el alcalde
te atiende, nunca se ha negado, cuando hemos requerido o solicitado una reunión, está dispuesto
al diálogo”. Este proceder de la autoridad genera, además, cierto reconocimiento, para
Funcionario_Olivos1, “es una relación horizontal con el vecino, el alcalde está atendiendo, y el
vecino reconoce”. Sin embargo, esta forma de deferencia no siempre garantiza una solución,
pero marca cierta predisposición a acercar al individuo “se atiende de forma personalizada, pero
no siempre se da solución, pero que se le escuche [al vecino], él [vecino] se siente satisfecho”.32
Este acercamiento propiciado por el exalcalde, genera cierta satisfacción del vecino, pero
no solo con la autoridad local, sino también con el gobierno local33. La recurrencia a esta práctica
obedece en gran parte a que los vecinos suelen comentar la existencia de esta forma de
“atención”, más próxima, cara a cara; lo que de cierta forma genera una rutinización e
“institucionalización”. Sin embargo, para esta forma de relación próxima se requiere de ciertas
habilidades, por tanto, no podría ser posible si es que la autoridad local no las dispone, para
Org_Local1 la autoridad local “es campechano, populoso, del pueblo”. Se observa, entonces,
que para que esta relación sea fructífera, ciertas habilidades por parte de la autoridad local, ya
que sin ellas sería difícil generar acercamientos para con la institución local34.
Por otro lado, la intermediación a la autoridad local, subraya que se recurre a ella para la
solución de una determinada problemática y no se realice la gestión en la propia institución local,
por tanto, ciertos procedimientos, que pueden ser transparentes, son dejados de lado.
Esta práctica habitual y recurrente, denota, también, que es posible generar relaciones y
procurar que los vínculos tengan una cuota de confianza.
4. La relación del clientelismo y la confianza
4.1 El nivel de clientelismo

32

De alguna forma, este proceder genera que, en esta relación clientelar, ya no todo esté supeditado a
recibir un bien o recurso.
33 Sigue habiendo una personificación de la autoridad local con la institución política (gobierno local),
por tanto, lo que la autoridad local haga o deje de hacer repercute en la institución política.
34 Si bien crea vínculos y lazos, aprovechando sus características particulares; aún no se aprecia una
diferencia entre quien detenta el cargo y la institución local; dicha separación no es observada.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

96

�Se evalúo la actitud clientelar de los individuos en relación con su institución política
local35. A nivel general, los individuos expresan poca actitud clientelar a la hora de relacionarse
con su institución local. La media asciende a 0,39336.
Tabla 1. Clientelismo a nivel general
Aspecto

Media

Clientelismo

0,393

Sin embargo, es posible advertir diferencias entre ambos distritos, observándose una
actitud clientelar mayor en el distrito de San Martin de Porres, la cual denota diferencias
significativas.

Tabla 2. Clientelismo según distritos
Aspecto
Clientelismo

Distrito

Media

San Martín de Porres

0,442

Los Olivos

0,351

T.test
3,89*

p-value&lt;0,001

En ambos distritos se observa una actitud clientelar que si bien no es moderada nos
manifiesta que dicha actitud está presente al momento de relacionarse con la institución local.
La diferencia puede estar supeditada en el distrito de Los Olivos por la forma de relacionarse
que realiza la autoridad local, la cual disfraza una práctica clientelista clásica, matizando este
proceder a partir de la escucha y atención que tiene con el vecino.

35

Para evaluar esta actitud se aplicó determinadas preguntas, que toman al final un valor que va de 0 a
1, 0 indicará “nada” de la actitud evaluada y 1 indicará “mucho” de dicha actitud. Las preguntas iniciales
fueron: a) la mejor forma de establecer relaciones con las autoridades locales es quedarme callado si es
que observo algo incorrecto así puedo recibir favores o beneficios de las autoridades locales, b) la mejor
forma de establecer relaciones con las autoridades locales es asistir a los eventos que realiza y
manifestar apoyo incondicional, así puedo recibir favores de las autoridades locales, c) la mejor forma
de establecer relaciones con las autoridades locales es asistir a las audiencias públicas y no criticar nada
ni dar opinión en contra, así puedo recibir favores o beneficios de la autoridad local.
36 Este valor de la media es bajo, ya que dicha actitud podría tomar valores de 0 a 1, siendo 0,5 una
posición intermedia.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

97

�Esta diferencia solo se observa a nivel general de los distritos, más no según sexo, grupos
de edad y nivel socioeconómico, por tanto, no existe una condición que haga tener más o menos
actitud clientelar37.
4.2. El nivel de la confianza institucional local
El nivel de confianza38 muestra un nivel de 0,40939. Este nivel manifiesta que la confianza
que expresan los individuos sobre su institución política local es baja40.
Tabla 3. Nivel de confianza en la institución política local
Aspecto
Confianza
Institucional

Media
0,409

En los distritos estudiados, el nivel de confianza marca diferencias entre ambos,
observándose una mayor confianza en el distrito de Los Olivos que en el distrito de San Martin
de Porres.
Tabla 4. Nivel de confianza a nivel de distritos
Aspecto

Distrito

Media

Confianza

San Martín de Porres

0,313

Institucional

Los Olivos

0,505

T.test
-12,670*

p-value&lt;0,001

37

Solo se observa una diferencia a nivel de dicho aspecto según nivel socioeconómico, pero solo entre
el A/B y el C, lo cual no advierte una tendencia según esta variable.
38 Para evaluar el nivel de confianza en relación a la institución política local, se evalúo bajo cuatro
aspectos: identificación, administración de recursos, eficiencia en la gestión y resolución de problemas.
Cada uno de estos cuatro aspectos fueron evaluados a partir de una pregunta ordinal, la cual fue
convertida en valores del 0 al 1. Para la construcción del índice de confianza se sumaron y dividieron
entre cuatro, por lo tanto, este índice toma valores del 0 al 1, donde 0 manifestará nada de confianza y 1
mucha confianza. Así mismo estos cuatro aspectos evaluados antes de construir el índice fueron
validados con un Alfa de Cronbach cuyo valor fue superior al 0,7.
39 Este valor es inferior a un valor intermedio que sería 0,5.
40 El nivel de confianza en la institución política local muestra valores que no distan de lo observado
hacia otras instituciones políticas, por otros estudios como el de LAPOP 2014, 2012, aunque la
diferencia es que en estos estudios no se recoge, con un valor representativo, un nivel de confianza a
nivel de la institución política local o gobierno local.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

98

�Esta diferencia está relacionada al nivel de clientelismo que se indicaba anteriormente, ya
que, en el distrito de Los Olivos, a partir de la forma de proceder del exalcalde se han ido
estableciendo vínculos constantes, próximos y continuos en el tiempo, los cuales han posibilitado
establecer relaciones de confianza. Si bien en el fondo son prácticas clientelares, la forma de la
relación preocupándose por él y teniendo un trato diferente, puede estar distrayendo lo clientelar
y manifestando cierta confianza.
Del mismo modo, que, en la relación clientelar, a nivel de la confianza no se observan
diferencias al interior de cada distrito según el sexo, grupo de edad y nivel socioeconómico.
3.4 Relación entre el clientelismo, confianza institucional local y otras variables
La relación entre el clientelismo y la confianza institucional local manifiesta una
correlación muy débil (el valor del coeficiente de Pearson41 nos da un valor de 0,096), pero con
un tipo de relación directa, por tanto, el incremento del clientelismo ayudará a que se incremente
la confianza institucional local. La relación entre ambos conceptos, puede hacer notar la idea de
que para la creación de vínculos y lazos se pueden generar a partir tanto de relaciones clientelares
como de confianza, lo que marca que ambos pueden tener límites estrechos.
Así mismo, la confianza institucional denota una relación directa con todas las variables
estudiadas, a excepción de la variable “trato” con la cual no muestra significancia. La confianza
muestra una relación más fuerte con la satisfacción con la democracia local y con la confianza
interpersonal. En cambio, el clientelismo muestra relaciones inversas con la confianza
interpersonal y con el trato.
Tabla 5. Correlación entre confianza, clientelismo y otras variables
Confianza
Institucional

Clientelismo

Confianza General

0,194**

0,017

Confianza Interpersonal

0,257**

-,305**

Confianza Institucional

1

,096*

Democracia Local

0,345**

0,034

Trato

0,082

-,322**

Satisfacción

con

la

41

El coeficiente de Pearson mide el tipo de relación y la intensidad, si es positivo indicará una relación
directa, y si es más cercano a +1 o -1 me indicará la intensidad de la relación.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

99

�Clientelismo

0,096*

1

*p-value&lt;0.05
**p-value&lt;0.01

4.4 Modelos determinantes de la confianza institucional
En general, se observa que el clientelismo puede explicar la confianza que el individuo
expresa en su institución política local, no obstante, dicha explicación es muy pequeña (Modelo
1), ni siquiera llega al 1%. El modelo 2 cuando se añade la confianza interpersonal y la confianza
general, el modelo puede explicar alrededor de un 10%. El modelo 3, al incluir la satisfacción
con la democracia local y el trato, explica alrededor del 20%.
Por tanto, para explicar la confianza en la institución local es plausible hacerla a través
de actitudes clientelistas, la creencia de cómo actuaran los otros, la forma de relacionarse en
entornos interpersonales; pero también el trato entre las partes cuando se establece alguna
relación y la satisfacción con la democracia local. Se observa que el individuo para confiar evalúa
tanto la forma de establecer relaciones, pero también como marcha el entramado social con
respecto a si la democracia funciona o no en el ámbito local; lo que denota de sobremanera la
noción de evaluación que se indicaba.
Tabla 6. Modelos determinantes de confianza institucional
Modelos determinantes

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Constante

0,391**

0,249**

0,098*

0,074*

0,124**

0,118**

Confianza General

0,013**

0,012**

Confianza Interpersonal

0,221**

0,161**

Variables Independientes
Clientelismo

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

100

�Satisfacción con la democracia
local

0,025**

Trato

0,008*

R2 / R2 ajustado

0,009

0,105

0,20

* p-value&lt;0.05 (bilateral)
** p-value&lt;0,01 (bilateral)

A nivel de los distritos estudiados, el comportamiento en ellos marca ciertas diferencias.
En San Martín de Porres se observa que el Modelo 1, donde solo participa el clientelismo, explica
hasta un 15,3%, mientras que la inclusión de las otras variables posibilita que el nivel de
explicación sea un poco mayor, dicho incremento no es muy significativo42. Se nota además que
el clientelismo y la confianza mantienen una relación directa. Esto ya se estaba observando al
momento de entablar relaciones por parte de la exautoridad donde primaba el tema de
clientelismo.
En el distrito de Los Olivos, se observa que el clientelismo no es una variable apropiada,
ya que su presencia no se percibe como significativa en ninguno de los tres modelos. Más bien,
la confianza general y la satisfacción con la democracia local si auguran explicar la confianza
institucional hasta en un 31,1%. Por tanto, la forma de proceder de la autoridad local,
estableciendo vínculos y lazos próximos, puede estar ocultando formas de relacionarse como el
clientelismo, y soslayando que dicho accionar procede de la confianza general.
Tabla 7. Modelos determinantes según distritos

42

El modelo de ambos distritos no presenta colinealidad entre las variables, más allá de que no sean
significativos.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

101

�Modelos determinantes

Modelos Distrito San Martin de

Modelos Distrito de Los

Porres

Olivos

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Constante

Modelo

Modelo

Modelo

1

2

3

0,22**

0,182**

0,116**

0,491**

0,0347** 0,287**

0,224**

0,245**

0,236**

0,043

0,073

0,044

Confianza Interpersonal

0,051

0,022

0,073

0,003

Confianza General

0,004

0,004

0,032**

0,029**

Variables Independientes
Clientelismo

Satisfacción

con

la

democracia local
Trato
R2 / R2 ajustado

0,153

0,175

0,009

0,031**

0,006

-0,006

0,192

0,003

0,169

*p-value&lt;0.05 (bilateral)
**p-value&lt;0,01 (bilateral)

4.5. Modelos logísticos de la confianza institucional

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

102

0,311

�De manera general, la probabilidad de que se pueda confiar en la institución local43 está
supeditada a la confianza general y a la confianza interpersonal, las cuales se aprecian mejor en
el modelo 2. Este modelo podría alcanzar a explicar hasta un 8%.
Tabla 8. Modelos Logísticos de la confianza institucional
Modelos Logísticos

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Constante

-0,528**

-2.22013**

-2,209635**

Variables Independientes
Clientelismo

-0,2684013 0,3046499

0,311185

Confianza General

0,1363162* 0,1381324*

Confianza Interpersonal

2,65475**

2.669053**

Satisfacción con la democracia
local

0,006142

Trato

-0,0076833

Pseudo R2 ajustado

0,0008

0,0801

0,0821

* Pr (z)&lt;0.05 (bilateral)
** Pr(z)&lt;0,01 (bilateral)

43

Para convertir la variable en una probabilidad se convirtió en 0 a los valores del índice de confianza
alcanzado hasta un nivel de 0,5; mientras que los valores superiores a este fueron catalogados con un
valor de 1.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

103

�A nivel de los distritos existen diferencias saltantes. En San Martin de Porres la
probabilidad de que se confíe en la institución política local pasa por el tema del clientelismo,
este se observa significativo en los tres modelos presentados, aunque dicha probabilidad es muy
pequeña. En Los Olivos, por otra parte, la confianza general se muestra más adecuada en los
modelos 2 y 3, aunque el modelo 2 que utiliza menos variables podría ser más adecuado, el cual
logra explicar más del diez por ciento.
En el distrito de San Martin de Porres si tiene cabida el clientelismo como una forma de
establecer relaciones y además tiene la capacidad de establecer una probabilidad de ocurrencia
de esta; la diferencia con el distrito de Los Olivos puede estar dado a que el proceder de la
exautoridad conjuga formas de proceder que soslaya formas clientelares.

Tabla 9. Modelos logísticos según distritos

Modelos Distrito San Martin de
Porres
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Modelos Distrito de Los Olivos
Modelo 1
Modelo 2 Modelo 3

-3,073**

-3,719**

-3,897**

0,2133

-1,843**

-2,207**

1,895*

2,252*

2,413*

-0,0195

0,4416

0,5144

Confianza Interpersonal

0,132

0,160

1,6626

1,7371

Confianza General

0,071

0,080

0,384**

0,385**

Modelos logísticos

Constante
Variables Independientes
Clientelismo

Satisfacción
con
democracia local

la

Trato
R2 / R2 ajustado
* Pr (z)&lt;0.05 (bilateral)

0,0389

0,0558

0,025

0,0029

-0,019

0,0355

0,084

0,000

0,1279

** Pr(z)&lt;0,01 (bilateral)

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

104

0,1316

�Los modelos determinantes y logísticos muestran que para construir relaciones o
vínculos podrían tener cabida tanto la relación de confianza como el clientelismo44. Las dos
mantienen una relación directa entre ambas. A nivel general, en los modelos determinantes
destaca, además, la forma cómo se establecen las relaciones y la satisfacción con la democracia
local. A nivel de los distritos estudiados, en San Martin se observa una preponderancia del
clientelismo; en cuanto al distrito de Los Olivos destaca la confianza general y la satisfacción de
la democracia local.
En los modelos logísticos el clientelismo aporta en la probabilidad de ocurrencia de la
confianza, pero esto solo se observa en el distrito de San Martin de Porres; situación que ya se
había denotado en los modelos determinantes. De igual manera, en Los Olivos la confianza
general procura la ocurrencia de la confianza institucional.
Conclusiones
-El clientelismo es una práctica utilizada tanto por las autoridades locales como por los
individuos. Es una forma recurrente, contemplada como habitual, que genera en ambas partes
ciertas retribuciones, para la autoridad local le provee de apoyo político; y para los individuos
(clientes) les proporciona acceso a bienes o recursos. La naturalidad y recurrencia con que se
expresa esta práctica denota que esta relación no formal, ayuda a cubrir ciertos vacíos; por tanto,
ayuda a aproximar a los individuos con su institución local.
-En la relación clientelar sigue primando que el cliente no es considerado un actor en
igualdad de condiciones que el otro. Puede reconocer la intención del otro (autoridad), pero sabe
hasta donde son sus límites. En cambio, en la relación de confianza, ambos actores se consideran
con una similitud de condiciones, con capacidades y también con limitaciones, lo que permite la
construcción de su propio espacio y entramado social. Situación que también se puede
vislumbrar en la relación clientelar, ya que también permite, a través de la evaluación y la
rutinización, aprender estrategias y comunicar procedimientos, sin embargo, en esta relación
sigue primando que en esta construcción la existencia de cierta desigualdad.
-Se mantiene la personificación entre la autoridad local y la institución política, no se
observa una separación; por ello la forma como la autoridad se desenvuelva y se relacione tendrá
consecuencias en la forma como el individuo se relacione con la institución local, por tanto,
establecer lazos próximos por parte de la autoridad con los individuos, posibilita también
mejorar la relación con la institución local. En el distrito de Los Olivos, el proceder que ha tenido
el exalcalde ha permitido acercar al vecino, reflejándose en un mayor nivel de confianza que en
el distrito de San Martín de Porres, ocultando o soslayando, también, procederes clientelares.
-La relación de confianza describe una relación directa con prácticas clientelares, por
tanto, generar estas últimas permite una mayor confianza en la institución política local. Esto
44

Si bien los modelos, tanto determinantes como logísticos no tienen una alta explicación o una alta
probabilidad de ocurrencia, que sean significativos y sean superiores a un diez por ciento ya nos indican
que algo puede estar ocurriendo con ambos conceptos, y que la relación directa encontrada establece un
tipo de relación entre ambas.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

105

�puede sonar incompatible, pero observando las formas de desenvolverse y relacionarse que han
tenido los individuos en estos distritos denota una herramienta útil y habitual, que se ve reforzada
porque ha sido capaz de conseguir satisfacción en ambas partes; por tanto, genera vínculos que
se ven añadidos de la cualidad de confianza.
-El clientelismo es capaz de explicar relaciones de confianza. Si bien, esta explicación se
observa como baja, demuestra que ambos conceptos pueden mantener límites delgados. Y si a
esto se le añade temas como satisfacción con la democracia, confianza interpersonal y el trato al
momento de establecer las relaciones, este nivel de explicación se incrementa. A nivel de los
distritos, en San Martin de Porres la pertinencia de esta variable, clientelismo, es más visible, en
cambio en el distrito de Los Olivos esta variable no lo es, esto puede estar supeditado a que el
exalcalde al establecer vínculos y formas de relacionarse próximas, rescata el valor de la confianza
general como modo de actuar y proceder y oculta temas clientelares, aprovechando sus recursos
y habilidades personales.
-La probabilidad de que a través de relaciones clientelares se pueda conjugar relaciones
de confianza no es pertinente. Solo se observa dicha pertinencia en el distrito de San Martin de
Porres, aunque la probabilidad de ocurrencia es menor de un diez por ciento. En el distrito de
Los Olivos se expresa mejor la pertinencia de la confianza interpersonal.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

106

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

108

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 2. Núm 3. enero-junio 2016, pp. 109-113
ISSN: 2395-8448

Reseña

Maldonado, Claudia y Pérez, Gabriela (comps.) (2015).
Antología sobre evaluación. La construcción de una disciplina. Ciudad de México:
Centro de Investigación y Docencia Económicas: Centro CLEAR para América Latina,
428 pp. ISBN: 9786079367619
Alberto Vélez Valdez
Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas , Universidad Autónoma de Nuevo León
Email: a.vvcreativo@gmail.com
Fecha de envío: 14 de septiembre 2015
Fecha de aceptación: 8 de diciembre 2015

La evaluación como disciplina de investigación puede considerarse como la última etapa
de una política pública o reforma legislativa. En esta Antología sobre evaluación. La construcción de una
disciplina, se encuentra una reunión de once artículos especializados, traducidos del inglés al
español y considerados significativos por su contribución a generar un modelo teórico más
robusto y acumular casos prácticos.
Una coincidencia entre la mayoría de los autores es la utilidad instrumental de la
evaluación para la gestión pública. Y es que la asignación de recursos económicos a una política
pública depende en mayor medida de una evaluación a su desempeño. Para conocer cómo y por
qué el Estado interviene en determinados problemas se requiere consultar evaluaciones a
políticas anteriores. Además, los hallazgos de una evaluación pueden servir como ejercicio de
rendición de cuentas al público, específicamente a los actores interesados que participan en tales
políticas.

Cómo entender la evaluación
Para adentrarse al concepto de evaluación, en el primer capítulo, Preparando el terreno, Carol
H. Weiss propone una definición lo más amplia posible y que podría gozar de mayor consenso
entre la comunidad de evaluadores. Esta es “la valoración sistémica de la operación y/o de los
impactos de un programa o política al compararlos con un conjunto de estándares implícitos o
explícitos para contribuir al mejoramiento del programa o política en cuestión”. Este primer
concepto servirá después para comprender los tipos de evaluación según su finalidad y sobre
todo por objeto de método, pues lo largo del texto se alude a evaluaciones diagnósticas, de
control, de desempeño, etcétera.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

109

�El antecedente de la evaluación a nivel mundial comienza como una práctica en los países
cuna del modelo de gestión pública como Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y
Australia. Los primeros ámbitos de aplicación fueron precisamente aquellos de prioridad
nacional como la educación, la salud o el empleo.
En el segundo y tercer capítulo, La evaluación con sentido: El enfoque basado en la teoría de
Huey-Tsyh Chen y ¿Qué se puede construir con miles de ladrillos? Reflexiones sobre la acumulación de
conocimientos en la evaluación de programas de Mark W. Lipsey, los autores discurren sobre
herramientas metodológicas comúnmente empleadas por evaluadores. Chen se manifiesta por
un diseño de investigación evaluativa basado en la experimentación aleatoria de tipo caja negra,
complementado con un marco teórico de la problemática que se trate, sea de desarrollo social,
seguridad pública, etcétera. Además, argumenta sobre la necesidad de los modelos teóricos en la
evaluación, puesto que adoptar uno idóneo permite a los gobiernos intervenir con acciones más
coherentes en los problemas públicos. Lipsey, en cambio, hace alusión a la teoría de la
intervención como base para el diseño de programas sociales con base en conocimiento mejor
agregado y sistematizado. En relación a esto desarrolla la propuesta del metanálisis como técnica
para producir generalizaciones a partir de hallazgos en cientos de evaluaciones. El potencial de
éste radica en identificar patrones significativos que expliquen el funcionamiento de programas
y abonen a la acumulación ordenada de conocimiento en el área de política.
Carol H. Weiss centra el cuarto capítulo, La interfaz entre la evaluación y las políticas públicas,
en el objeto común de la evaluación: las políticas públicas. Habla sobre cómo el uso directo de
la evaluación en el diseño de las mismas ha sido débil debido a la competencia con otras fuentes
de información, entre otros obstáculos en los canales de distribución y el proceso de toma de
decisiones. En cambio, a lo que la autora considera que la evaluación ha influido mayormente es
a la iluminación: proveer información nueva que puede corroborar o refutar el conocimiento
existente y ayuda a entender mejor las problemáticas sociales.
Si se esperaba encontrar un artículo sugerente sobre el papel ideológico del evaluador, el
quinto capítulo, La evaluación como defensa, de Jennifer Greene es el indicado. La autora explica un
modelo en donde el evaluador se apropia de la política pública a evaluar y deja de lado la
neutralidad de valores, tradicionalmente exigida para un trabajo objetivo e independiente. Bajo
la premisa de que la defensa es una condición inevitable de la investigación evaluativa, ejemplifica
con tres casos cómo el evaluador mejora la legitimidad de sus hallazgos al comprometerse con
el pluralismo democrático: incluir voces distintas de actores interesados en la calidad de una
política pública. Agrega que esto no implica necesariamente un trabajo menos profesional o
políticamente sesgado sino más abierto a la retroalimentación.
La tesis principal de Eleanor Chelimsky en el sexto capítulo, Los propósitos de la evaluación
en una sociedad democrática, es que la evaluación generalmente cumple tres propósitos, los cuales
pueden presentarse al mismo tiempo en una evaluación. Estos son 1) la obtención de
conocimiento para informar al público y acumular evidencia para una mejor comprensión de los
problemas e intervención de políticas posteriores; 2) la mejora de la capacidad de agencia, al
contribuir al desarrollo interno de la organización; y 3) la rendición de cuentas, que sirva como
contrapeso en la supervisión entre poderes. Al preguntarse si estos modelos pueden ser
importados por cualquier país, el criterio para hacerlo es si su forma de gobierno es democrática

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�y abierta a la crítica. A propósito de los gobiernos democráticos, señala el valor de una sociedad
desconfiada como aquella que investiga a su gobierno, lo evalúa y le exige cuentas. Aunque no
parezca, en una democracia desarrollada la desconfianza a niveles moderados es benéfica.
En el séptimo capítulo, Evaluación, gestión del conocimiento, mejores prácticas y lecciones aprendidas
de gran calidad, Michael Q. Patton ofrece una introducción a la jerga de la comunidad evaluadora.
Se centra en el uso del término mejores prácticas en alusión al conocimiento de un programa que
destaca por su función eficaz. El autor advierte de la escasa validez interna y externa de este
término al utilizarse prescindiendo del contexto en que se da. Un ejemplo es la incorporación
del modelo de gestión pública en un grupo reducido de países, que tardó más en aquellos
restantes debido principalmente a una cultura organizacional más resistente a los cambios de tal
modelo.
Patton propone el uso apropiado de un término con mayor validez y soporte empírico,
como el de lecciones aprendidas de gran calidad, basado en criterios más razonables y diversidad de
fuentes. Al considerar a la evaluación como una disciplina orientada a generar conocimientos,
enfatiza diferenciar el uso conceptual e instrumental de sus hallazgos, en donde se contribuye al
entendimiento de un problema o se produce una mejora a una política, respectivamente.
Aun cuando la evaluación se ha enfrentado a obstáculos para ser tomada en cuenta en
reformas administrativas, hay ejemplos de países que la han incorporado en alguna fase de las
mismas. Así lo demuestra Jean-ClaudeThoening en el octavo capítulo, La evaluación como
conocimientos utilizables para las reformas de la gestión pública. Considera que para llevar reformas al
sector público producto de la evaluación, es necesario aprender de al menos tres buenas
prácticas: centrarse en necesidades específicas de cambio; proveer conocimientos a partir de
datos empíricos y evaluar al interior mientas se implementa la reforma. Este enfoque gerencial
de la evaluación centrado en la eficiencia al interior de las organizaciones es también una forma
de impactar positivamente a la sociedad.
En el noveno capítulo, Más allá de la utilización. La influencia de la evaluación sobre las políticas,
Gary T. Henry y Melvin M. Mark hablan de la amplia variedad de efectos que una evaluación
puede producir para el mejoramiento social. Plantean que la influencia implica procesos de
cambio que pueden darse en tres ámbitos, como en el pensamiento de una persona o grupo
(individual), la interacción de los actores interesados (interpersonal) o en una organización
(colectivo). Para mayores detalles, da ejemplos sobre cómo los hallazgos de una evaluación
influyen en tales ámbitos a través de ciertos mecanismos. Asimismo, compara las ventajas del
término influencia con las limitantes conceptuales de los términos uso y utilización, ambos
empleados comúnmente como sinónimos por evaluadores.
Para finalizar, el décimo capítulo, El contexto social de la evaluación, Peter H. Rossi, Howard
Freeman y Mark W. Lipsey discurren sobre tres temas clave, la ecología social de la evaluación,
profesión, la ética y los estándares profesionales, así como el uso de la evaluación, todos desde
la experiencia estadounidense. Algunos de los puntos de conflicto entre evaluadores son las
diversas perspectivas sobre cómo resolver un problema. También puede ser la forma de
reaccionar ante hallazgos no deseados por parte de patrocinadores y beneficiarios así como los

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol. 2 Núm. 3. enero-junio 2016

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�malentendidos en la comunicación debido al léxico complicado que puede utilizarse y su
divulgación en formatos técnicos.
Los autores se cuestionan si en efecto la evaluación es una profesión reconocida
sociológicamente, debido a su diversidad intelectual prestada de otras disciplinas, la educación
de los evaluadores y sus esquemas laborales. En cuanto a los estándares de conducta y ética en
la profesión, existen esfuerzos importantes como la guía The program evaluation standards del
Comité Conjunto de Estándares para la Evaluación Educativa y la Guiding Principles for Evaluation,
de la Asociación Estadounidense de Evaluación. A manera de ejemplo, cita un estándar más
explicativo de los criterios de veracidad y utilidad empleados por Weiss y Bucuvalas, que también
puede tomarse como vinculatorio en el actuar de la comunidad evaluadora.

El estado de la evaluación en México
En México, Ballescá (2015: 15-16) identifica que los sistemas de monitoreo y evaluación
(MyE) en la gestión pública federal se consolidaron a partir de la creación en 2005 del Consejo
Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y la expedición en 2006 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A la fecha, las entidades muestran
distintos grado de avance al carecer de una legislación general que homologue los mecanismos
para hacer efectivo el modelo en las treinta y dos por igual.
En México, el principal ejemplo de evaluación a programas presupuestarios federales es
el Sistema de Evaluación de Desempeño, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. En áreas específicas destaca la evaluación por parte de organismos autónomos como el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) o el CONEVAL. Paralelo a los
estudios gubernamentales, existe la evaluación hecha por think tanks, universidades y
asociaciones civiles. Estos son relevantes para la generación de hallazgos desde una posición
menos auto evaluativa y desde un enfoque externo.
Si bien existen evaluaciones al interior y exterior de la organización pública, en la primera
existe mayor probabilidad de que al ser el organismo juez y parte, se obtengan hallazgos sesgados.
Esto puede suscitar cuestionamientos por parte de investigadores sobre si la autoevaluación en
el sector público es confiable, pues se da por supuesto que a los gobiernos les interesa resaltar
más los casos de éxito que los fracasos de sus acciones.

Conclusiones
Una vez leídas las aportaciones de cada uno de los autores y autoras, se puede observar a
la evaluación como una disciplina de avanzada y con un acervo amplio de conocimiento
acumulado. No queda más que reconocer a las compiladoras de la antología por su trabajo en la
selección de artículos significativos para la disciplina. No obstante, se pudieron haber incluido
obras de países latinoamericanos apoyadas por otros autores y organizaciones especialistas, de
igual forma sobresalientes por su aportación teórica y de casos.

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�En países con una gestión pública en modernización y desarrollo democrático medio
como México, la función de la evaluación es generar debate abierto y someter al escrutinio
público los hallazgos generados. En los órganos del Estado mexicano es apenas una herramienta
más para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Bibliografía
Ballescá, M. (2015). Construyendo un sistema de monitoreo y evaluación para un gobierno
subnacional, pp. 11-45. En Sanabria, P. (coord.) (2015). Avances y retos de la evaluación de
políticas públicas en gobiernos subnacionales. Ciudad de México: Centro de Investigación y
Docencia Económicas: Centro CLEAR para América Latina

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                    <text>�	&#13;  
Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp.1-2
ISSN: 2395-8448

	&#13;  

Presentación del primer número de
Política, Globalidad y Ciudadanía
Gerardo Tamez González
Doctorado en Gerencia y Política Educativa.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, Perfil PROMEP.
Pertenece al Cuerpo Académico «Gestión y política educativa».
Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL.
Email: gerardo.tamezg@uanl.mx

Es con enorme placer que presento el primer número de la revista arbitrada de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de
Nuevo León: Política, Globalidad y Ciudadanía.
El propósito de la revista es publicar artículos académicos de la más alta calidad en la
disciplina de la ciencia política, incluyendo todas las sub-áreas propias de la misma. Cabe
destacar que todos los artículos deben pasar por un riguroso proceso de revisión por pares a
doble ciego para asegurar la calidad de los mismos. De la misma forma, se publicarán reseñas
sobre libros de reciente publicación y que seguramente tendrán un gran impacto en la
disciplina. La revista se publicará dos veces al año (junio y diciembre) y se publicara tanto en
inglés como en español.
Este primer número cumple plenamente con los requisitos que se establecieron para el
éxito de la revista, incluyendo un riguroso proceso de arbitraje por pares. Los cinco artículos
de investigación y tres reseñas de libros son de la más alta calidad, ofreciendo aportes originales
y sólidos a diversas áreas de la disciplina y con referencia a zonas geográficas muy variadas. De
la misma forma, los autores provienen de instituciones de educación superior e investigación
en México, Brasil, Italia, Alemania y Colombia, ofreciendo una panorama de excelencia y
diversidad tanto nacional como internacional. Sin duda alguna este número ha marcado la
pauta para seguir en los futuros números.
Mi agradecimiento a los autores de los artículos de este primer número por compartir
sus trabajos y confiar en la revista para su publicación. Para nosotros es un gran honor contar
con sus aportes e inaugurar Política Globalidad y Ciudadanía con los resultados de sus
investigaciones. De la misma forma, es importante reconocer el trabajo de los revisores
ánonimos que ofrecieron retroalimentación y críticas constructivas para asegurar la calidad que
se busca en esta publicación. Quisiera destacar además el papel y el apoyo del comité editorial
de la revista, incluyendo las autoridades universitarias, el comité internacional y el comité
nacional, que ha sido crucial para la publicación de este primer número. Muchas gracias a
todos. De la misma forma, me parece importante reconocer la labor de varios profesoresinvestigadores de la Facultad de Ciencias Políticas a la hora de promover este importante
proyecto incluyendo la Subdirectora de Investigación, el Editor Responsable, al Coordinador
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

1	&#13;  

�Gerardo Tamez González

de LACOP quien promovió la fundación de la revista hace ya tres años, y por supuesto a la
Coordinadora de la revista un agradecimiento especial.
Política Globalidad y Ciudadanía ha superado una de las barreras más grandes al ver
publicado su primer número y conseguir la asignación de su ISSN. En los futuros meses
buscaremos incorporar la revista a diversos índices internacionales e nacionales y producir un
segundo número a la altura de éste primero. Es un gran reto pero la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública, busca producir una de las revistas de Ciencia Política más
importantes de México pero lo asumimos con gran satisfacción e ilusión. Les invitamos a
acompañarnos en este proyecto, como autores, revisores y lectores. Por lo pronto les invito a
leer y disfrutar los excelentes trabajos del primer número de la revista.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

2	&#13;  

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp. 3-23
ISSN: 2395-8448

¿Qué dice la literatura sobre las Revoluciones de Color?
Aciertos y Desafíos
What does the literature say about the Color Revolutions?
Successes and Challenges
Angélica Rodríguez Rodríguez

Docente de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte
Miembro del Grupo de Investigación Agenda Internacional – Universidad del Norte
E-mail: angrodriguez@uninorte.edu.co
Fecha de envío: 7 de marzo 2015
Fecha de aceptación: 24 de mayo 2015

Resumen
Este artículo se erige como una reflexión acerca de la literatura especializada sobre las
Revoluciones de Color. Por una parte, señala los aciertos que se han dado en el tratamiento
académico de esta dinámica propia del espacio Euroasiático entre el año 2000 y 2006. Por otra
parte, se propone ofrecer una opción a los desafíos derivados del estudio de este tema
incluyendo a los movimientos sociales dentro del espectro de análisis. Inicia exponiendo el
porqué las Revoluciones de Color no pueden considerarse como revoluciones en el sentido
clásico del término debido, principalmente, a su componente no violento y al acotado alcance
de sus resultados. Posteriormente, el artículo avanza hacia la construcción de una definición
integradora de Revolución de Color y, finalmente, concluye resaltando la riqueza de incluir
otro tipo de actores colectivos dentro del análisis, tales como los movimientos sociales.
Palabras clave: Revoluciones de Color, literatura especializada, movimientos sociales, aciertos,
desafíos.
Abstract
This article offers a reflection on the specialized literature on the Color Revolutions.
On the one hand, it points out the successes within the academic treatment of the dynamic
that occurred in the Eurasian region between 2000-2006. On the other hand, it offers an
option to the challenges faced when studying this issue by including social movements within
its spectrum of analysis. It begins by describing the reasons why the Color Revolutions cannot
be considered revolutions in the classic sense of the term given, principally, their non-violent

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3	&#13;  

	&#13;  

�nature and the restricted nature of their results. Later, the article
advances towards the construction of an integrated definition of a Color Revolution and
finally, concludes highlighting the value of including other types of collective actors within the
analysis, including social movements.
Keywords: Color Revolutions, specialized literature, social movements, successes, challenges.

Siglas

Organizaciones No Gubernamentales

ONG

Revoluciones de Color

RC

Unión Europea

UE

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Entre el año 2000 y 2006, Eurasia postcomunista 1 fue escenario de masivas protestas
postelectorales, encaminadas a denunciar el fraude y a exigir la anulación de los resultados obtenidos
en los comicios. Estos eventos, denominados Revoluciones de Color (RC a partir de ahora),
generaron una transferencia de poder no prevista en los cauces institucionales en países tales como
la antigua República Federal de Yugoslavia (RFY a partir de ahora), hoy Serbia2; Georgia y Ucrania,
mientras que en Azerbaiyán y Bielorrusia estuvieron seguidos por el afianzamiento de gobiernos de
tinte autoritario3.La denominación de RC se debe justamente a que estos eventos rememoran la
manera pacífica en la que se puso fin al monopolio del poder político del Partido Comunista
checoslovaco mediante la Revolución del Terciopelo de 1989 y asimismo, busca destacar el marco
no violento y el fuerte componente simbólico que caracterizó a estas protestas.
Esta explosión de RC trajo consigo un gran interés académico que busca dar cuenta de dichos
fenómenos desde diversas aproximaciones tales como las precondiciones institucionales y sociales,
los detonantes de las RC y las razones del éxito o el fracaso de las mismas, entre otras. Con relación
a los actores políticos que protagonizaron las RC, la mayoría de los estudiosos han centrado sus
investigaciones en la figura de los líderes políticos, prestando poca atención al rol desempeñado por
otro tipo de actores como los movimientos sociales. Es por tanto que el presente artículo se erige
como un intento por ampliar la escasa referencia hecha a dichos actores políticos colectivos,
vinculándolos a un marco teórico más amplio.
El desmoronamiento de la URSS estuvo seguido por la expansión universal de la democracia,
en la que se promovió una concepción minimalista de la misma. Esto es, un método político
entendido como un concierto institucional para llegar a ciertas decisiones políticas, esencialmente a
la designación de los gobernantes (Schumpeter, 1983). En este sentido, muchos de los estudiosos del
tema continúan asignándole un gran peso a la figura del Estado y al régimen político, especialmente
a partir de las propuestas derivadas de los enfoques neo-institucionales propuestos por autores tales
como Linz y Stepan (1996) y O´Donnell y Schmitter (1986), y las propuestas desarrolladas por
internacionalistas como Carr, Niebuhr, Schwarzenberger, Kennan, Kissinger, Wight, Bull, Aron y
Hoffmann, que desconocen el aporte que actores no estatales han hecho a este proceso (Salomón,
2002).
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En términos geográficos, Eurasia comprende Europa y la mayor parte de Asia, pero no el subcontinente Indio ni el
Chersky Range, área montañosa al noreste de Siberia. La tradición europea ha considerado históricamente a Europa y
Asia como continentes separados a través de una línea divisoria ubicada entre los Dardanelos, el Bósforo, las montañas
del Cáucaso, el rio Ural y los montes Urales, habiéndose normalizado esta propuesta a lo largo del mundo. Estos dos
grandes espacios a su vez se subdividen en regiones tales como Europa Occidental, Europa del Este, Sureste Asiático,
Asia Central y Asia Occidental, con marcadas diferencias culturales, religiosas, históricas y lingüísticas. A menudo,
también se emplea el término Eurasia en la política internacional como una forma neutral para referirse al área
comprendida por los Estados postsoviéticos (Sengupta, 2009).
1

2La

RFY estuvo vigente hasta 2003, fecha en que pasó a denominarse Serbia y Montenegro. Esta última dio lugar a dos
Estados independientes cuando Montenegro declaró su independencia el 3 de junio del 2006. Puesto que el epicentro de
la Revolución Negra se desarrolló en Belgrado, capital de Serbia, y Montenegro no tuvo un rol protagónico durante estos
eventos, a partir de este momento y a lo largo de todo el texto se hará referencia a la Revolución Negra de Serbia.
3La

Revolución de los Tulipanes de Kirguizistán de 2005, al ser un proceso donde se presentaron niveles relativamente
altos de violencia tanto por los manifestantes como por las fuerzas de seguridad del Estado, no encaja completamente en
el modelo ideal de las RC y por ende ha sido excluido tanto del análisis del presente artículo como de gran parte de la
literatura especializada sobre este tema. Cuando se incluye en los trabajos adelantados por expertos (véase Marat, 2006),
se suele destacar que los niveles de violencia del caso kirguizo difieren significativamente del resto de RC.
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Sin embargo, la tarea de la promoción democrática no solamente ha estado en manos de los
Estados. En este proceso, y sobre todo a partir de la llamada tercera ola democrática, también han
intervenido diferentes actores dentro de los que se destacan los movimientos sociales, los partidos
políticos y las organizaciones internacionales, entre otros (Huntington, 1994). La participación de
estos actores en el fomento de las prácticas democráticas, ha contribuido a la estructuración de una
definición de la democracia más allá de lo procedimental, inscrita en la consecución de principios
como la igualdad en las relaciones sociales y económicas así como en la participación popular
extendida en los procesos de toma de decisiones en todos y cada uno de los niveles de la política
(Collier y Levitsky, 1998).
Ahora bien, la tarea de redefinir lo que significa el fortalecimiento de la democracia debe
superar el carácter residual de los actores de la sociedad civil. Debe ser formulada a partir del
elemento de la oposición política, tal y como fue concebida por Dahl (1996), y no en los términos
tradicionales que aluden al conjunto partidos en controversia con el proceso de formación de la
voluntad política y de la toma de decisiones. La oposición debe entenderse como aquella integrada
por diversos actores no estatales con diversos intereses, responsables en la actualidad de los procesos
de cambio social, de la transformación de las formas tradicionales de participación política y de la
transición hacia una nueva forma de entender la democracia misma como se observa en los párrafos
siguientes sobre cada una de las RC.
En Serbia, las elecciones presidenciales que desataron las manifestaciones tuvieron lugar el 24
de septiembre de 2000. En esta oportunidad, la Comisión Federal Electoral anunció que puesto que
ninguno de los candidatos en contienda había alcanzado más del 50% de los sufragios, debía
realizarse una segunda vuelta, en la que se elegiría al Presidente de entre los dos aspirantes con
mayor número de votos obtenidos: Slobodan Milošević, del Partido Socialista Serbio y, Vojislav
Koštunica, candidato de la coalición de partidos denominada Oposición Democrática de Serbia.
Este anunció fue seguido por las protestas que tuvieron lugar entre el 24 de septiembre y el 5 de
octubre del 2000, y que serían bautizadas como la Revolución Negra de Serbia4. Este nombre se
deriva del color identificativo del movimiento social Otpor (Resistencia), cuya elección simbolizaba
por una parte la radicalización de la postura de la oposición política y, por otra parte, pretendía ser
una parodia de los uniformes usados por las fuerzas de seguridad del Estado.
En Georgia, el fraude perpetrado en las elecciones parlamentarias del 2 de noviembre del 2003
generó movilizaciones en la capital, Tiflis, y posteriormente a lo largo del territorio nacional. El 22
de Noviembre, fecha en que se inauguraron las sesiones del Parlamento, Mikhail Saakashvili,
Ministro de Justicia, irrumpió en el recinto portando una rosa, hecho simbólico que junto al uso de
esta flor por parte de los miembros del movimiento social Kmara (Basta), llevaría a bautizar las
movilizaciones de noviembre de 2003 como la Revolución Rosa. De esta manera, Saakashvili quería
demostrar que estaba desarmado y que en nombre de los georgianos pedía pacíficamente la renuncia
del Presidente Eduard Shevardnadze, quien ante la intensificación de las movilizaciones dimitió al
día siguiente. Así pues, la Suprema Corte anuló los resultados de las elecciones parlamentarias y las
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4La

Revolución Serbia del 2000 también se conoció inicialmente como la Revolución Buldócer, debido a la repetición
por parte de diferentes medios internacionales de la imagen de un Buldócer estacionado frente al Parlamento durante las
protestas del 5 de octubre del 2000. Esta imagen sería interpretada como un símbolo del deseo de los serbios por
terminar de raíz con el régimen de Milošević, pero posteriormente perdería fuerza frente a la propuesta más difundida e
interiorizada por los serbios de identificar las protestas postelectorales con el nombre de Revolución Negra.

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reprogramó para marzo del 2004, a la vez que convocó nuevas elecciones presidenciales para el 4 de
enero del mismo año.
En Ucrania, luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 21 de
noviembre del 2004, la Comisión Electoral declaró la victoria de Víktor Yanukovich, del Partido de
las Regiones, sobre Viktor Yuschenko, candidato de la coalición Nuestra Ucrania. Este
pronunciamiento desató una oleada de protestas que se prolongó hasta el 8 de diciembre, fecha en
que se acordó realizar la repetición de la segunda vuelta 18 días después. Dichas protestas serían
bautizadas con el nombre de Revolución Naranja, debido a que los manifestantes y los activistas del
movimiento social Pora (Es la hora), inundaron las calles con banderas y atuendos de este color,
elegido por la oposición para simbolizar el despertar democrático, frente al tradicional azul con
amarillo (colores de la bandera ucraniana) utilizado por el partido de gobierno.
En Azerbaiyán, las elecciones parlamentarias del 6 de noviembre del 2005, otorgaron 116 de
los 125 escaños disponibles a los partidos simpatizantes del presidente IlhamAliev, cabeza del
Partido Nueva Azerbaiyán, frente a nueve escaños obtenidos por el bloque opositor Azadliq
(libertad). De nuevo, y tomando como referente el caso ucraniano, los activistas del movimiento
social YeniFikir (Nuevo Pensamiento) junto con la oposición, protagonizaron una segunda
Revolución Naranja, pero a diferencia de la vivida en Ucrania, las protestas iniciadas el 9 de
noviembre del 2005 fueron disueltas de manera violenta por las fuerzas de seguridad 17 días después
de iniciadas y los resultados electorales fueron ratificados.
Finalmente, las elecciones presidenciales bielorrusas del 19 de marzo del 2006, en las que el
Presidente-candidato Aleksandr Lukashenka (independiente entre 1992 y 2007) superó por más de
80 puntos porcentuales a Aleksandr Milinkevič, candidato de la coalición opositora. Por la Libertad,
dieron paso a una serie de protestas entre el 20 y el 25 de marzo del 2006, que se denominaron
Revolución Azul. Este nombre se debe a la utilización de chaquetas de bluyín por miembros del
movimiento social Zubr (Bisonte), quienes eligieron este símbolo ampliamente asociado a la cultura
occidental para expresar su simpatía hacia los valores democráticos a los que se oponía Lukashenka.
Al igual que en Azerbaiyán, las protestas en Bielorrusia terminaron siendo dispersadas violentamente
por las fuerzas de seguridad y Lukashenka fue reelegido como Presidente del país.
Como puede vislumbrarse en los párrafos anteriores, los movimientos sociales tuvieron una
presencia constante y significativa dentro de las RC y fueron parte importante de la oposición
política que desafió el statu quo establecido en dichos países. Para efectos del presente artículo, se
adopta la siguiente definición de movimiento social:
Actores colectivos de carácter movilizador (y, por tanto, un espacio de participación) que
persiguen objetivos de cambio a través de acciones (generalmente no convencionales) y que
para ello actúan con cierta continuidad, a través de un alto nivel de integración simbólica y un
bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas de acción y organización
variables. (Ibarra, Martí i Puig y Gomá, 2002, p.29)
Debido a la complejidad de estos procesos y a la multiplicidad de actores intervinientes en los
mismos, un solo enfoque resultaría insuficiente a la hora de abordar las dinámicas revolucionarias
referenciadas. Así pues, y a pesar de la existencia de varias aproximaciones tal y como se mencionó

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en párrafos anteriores, la literatura sobre el tema ha priorizado el rol de las élites, tanto
gubernamentales como de oposición, dejando por fuera de las líneas de investigación a otro tipo de
actores relevantes. En breve, se ha indagado con mayor profundidad sobre los actores sujeto del
desafío que sobre los actores retadores. Es por tanto que este artículo propone una aproximación
complementaria para el estudio de las RC, que incluya a los movimientos sociales dentro del
espectro de análisis. De esta manera no se busca competir con las aproximaciones clásicas, sino
enriquecerlas y robustecer las propuestas existentes. Para ello, la primera parte del documento
ofrece una reflexión acerca del porqué las RC no pueden considerarse como revoluciones en el
sentido clásico del término, para posteriormente, brindar una definición propia que no solamente
agrupa y resume los principales elementos señalados por los autores más representativos, sino que
responde a las siguientes preguntas: ¿qué son las RC?, ¿dónde ocurrieron?, ¿cuándo sucedieron?,
¿quiénes fueron sus protagonistas?, ¿cuáles fueron sus principales características?, y ¿cuál era su
objetivo?.
Subsiguientemente se realiza un breve recorrido por las clasificaciones propuestas acerca de la
literatura sobre las RC, destacando las taxonomías realizadas por autores tales como Tucker (2007),
Silitski (2010) y Polese y Ó Bechaín (2011) y, finalmente, se ofrece una nueva clasificación de dicha
literatura de acuerdo a la formulación de tres interrogantes: ¿cuál fue el detonante de las RC?, ¿por
qué algunas tuvieron éxito mientras otras fracasaron? y; ¿por qué se detuvieron en el 2006? En el
tratamiento de cada una de estas tres preguntas queda de manifiesto la falencia existente a la hora de
dar cuenta del aporte realizado por los movimientos sociales en las RC, especialmente en lo referente
a la unidad de la oposición, la convocatoria de actores sociales y la movilización postelectoral, y por
ende la pertinencia de este artículo concebido como un intento por contribuir a llenar este vacío.
Hacia una Definición de las RC
Desde el estallido de la primera RC, la Revolución Negra de Serbia del 2000, el término RC
comenzó a ser utilizado de manera amplia, primero por los medios de comunicación y
posteriormente dentro de la literatura académica que buscaba dar cuenta de estos eventos.
Resulta evidente que las definiciones de revolución como las propuestas por Tilly (1978) o
Skocpol (1979) 5 , no capturan la esencia de las RC en una forma adecuada (Tudoroiu, 2007).
Siguiendo con este orden de ideas, aunque las RC conservan ciertos rasgos de las revoluciones
clásicas tales como el papel preponderante que ocupa la ideología, el descrédito público del orden
vigente y la subsistencia de la participación de movimientos de masas, la principal diferencia radica
en que no fueron violentas (Fairbanks, 2007). Sumándose al debate de si estos eventos constituyen
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5Era

de esperar que las revoluciones socialistas – de acuerdo al Marxismo clásico se suponía que seguirían después y se
aprovecharían de los logros de las revoluciones burguesas-democrática- hubieran ocurrido únicamente en países que
nunca hubieran establecido sistemas políticos democráticos-liberales en primer lugar (Skocpol, 1994). Para Tilly (1978),
una revolución consiste en “una transferencia por la fuerza del poder del Estado, proceso en el cual al menos dos
bloques diferentes tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en el que una fracción importante
de la población sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques”. Por su parte,
Skocpol (1979) hace referencia al término de revolución social, definidas como “rápidas transformaciones básicas del
estado de una sociedad y las estructuras de clase, acompañadas y en parte logradas a través de revueltas populares desde
abajo”, y se acerca al mismo medianteuna perspectiva estructural. Para la autora resulta determinante encontrar
regularidades en situaciones históricas dadas que son las que explican este tipo de revoluciones (De Andrés y Ruíz
Ramas, 2009).
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ejemplos de revoluciones en el sentido clásico, Way (2008) sostiene que desde una perspectiva sociocientífica estos eventos no deberían ser considerados como revoluciones sino como cambios de
régimen o simples degradaciones autoritarias. Igualmente, Tucker (2007) asevera que en estos casos
la palabra revolución no conlleva las consecuencias de cambio profundo y de largo plazo ligadas a
este tipo de eventos, sino que en los casos exitosos como el de Serbia en el 2000, Georgia en el 2003
y Ucrania en el 2004, hace referencia al hecho que las fuerzas de oposición lograron derrocar el
régimen vigente, mientras en los casos fallidos como el de Azerbaiyán en el 2005 y Bielorrusia en el
2006, las protestas postelectorales estuvieron seguidas por el fortalecimiento de la regla autoritaria.
Dependiendo del enfoque y del mayor o menor peso asignado a determinados factores, la
definición de RC propuesta por cada autor puede hacer énfasis en ciertos elementos y variar de
manera moderada (ver Tabla 1).
No obstante, a pesar de las diferencias existentes, las definiciones propuestas comparten cinco
elementos comunes: 1) las RC no deben entenderse como revoluciones en sentido clásico del
término de acuerdo a lo expuesto anteriormente; 2) el espacio geográfico en el que se desarrollaron
se corresponde con el de Eurasia postcomunista; 3) la temporalidad en que se presentaron
comprende desde el año 2000 hasta el 2006; 4) el núcleo duro de las definiciones lo constituye las
protestas postelectorales y; 5) se subraya el fuerte contenido simbólico y la no violencia que
caracterizó estas protestas.
En un intento por recoger y sintetizar los principales elementos expuestos por los principales
autores de este tema, se ha planteado una definición propia de las RC que busca responder los
siguientes interrogantes: ¿qué son las RC?, ¿dónde ocurrieron?, ¿cuándo sucedieron?, ¿quiénes
fueron sus protagonistas?, ¿cuáles fueron sus principales características?, y ¿cuál era su objetivo?
Teniendo en mente estas preguntas se ofrece la siguiente definición: las RC fueron protestas
postelectorales que tuvieron lugar en Eurasia postcomunista entre el año 2000 y 2006. Fueron
detonadas por el fraude electoral, protagonizadas por la oposición y se caracterizaron por un fuerte
contenido simbólico y el uso de la no violencia. Mientras en el corto plazo reivindicaban el
reconocimiento de resultados electorales legítimos o la realización de nuevos comicios libres y
justos, en el largo plazo el objetivo recaía en la institucionalización de un sistema democrático. El
nombre de RC hace alusión a la manera pacífica en que se desarrolló la Revolución de Terciopelo
checoslovaca de 1989 y a su vez se deriva de la utilización simbólica de colores o nombres de flores
empleados como elementos de identificación por parte de la oposición, particularmente por los
movimientos sociales, actores relevantes tanto para el surgimiento y la caracterización, como para el
desenlace específico de los eventos revolucionarios.

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Tabla 1. Definiciones de las RC
Definición

Autor
Valerie
Sharon
(2009)

Bunce y
Wolchik

Han adoptado una definición más neutral: Revoluciones Electorales, para destacar el hecho que las
protestas ocurrieron dentro de un marco de elecciones fraudulentas.

Katya Kalandadze
y
Mitchell
A.
Orenstein (2009)

Comparten la definición de McFaul (2005), excepto por la violencia; elemento que para los autores
ayuda a distinguir entre revoluciones electorales exitosas y fallidas. En las revoluciones exitosas no
hay rasgos de violencia, mientras las revoluciones fallidas son a menudo reprimidas por medios
violentos. Lo que hace únicas a las revoluciones electorales es la presencia masiva de manifestantes
en favor de un rasgo clave de la democracia: unas elecciones libres y justas que le den a la oposición
la oportunidad de ganar. El hecho de que le gente tome las calles para defender sus derechos
democráticos le da a las revoluciones electorales un sentido de legitimidad, interna e internacional,
de las que otras protestas masivas pueden carecer.

Michael
(2005)

McFaul

Se refiere a revoluciones electorales y hace énfasis en cuatro rasgos: 1) una elección fraudulenta
sirve como catalizador para las protestas electorales; 2) La oposición hace uso de medios extra
constitucionales, dentro de los que se cuentan protestas masivas, para defender la causa
democrática; 3) Debido a la disputa de los resultados electorales tanto gobernantes como
candidatos de la oposición declaran su autoridad; y 4) Ambos bandos evitan cualquier uso
significativo de la violencia.

Abel
Polese
y
Donnacha
Ó
Beachaín (2011)

Cada vez con mayor aceptación pero no de manera universal se hace referencia a las revoluciones
de color como protestas postelectorales que tuvieron lugar en Serbia, Georgia y Ucrania y a las
demostraciones que tuvieron lugar en otros Estados postsoviéticos. El significado simbólico del
color no debe ser subestimado. Un color en algunas ocasiones ha sido la vía para expresar la
discrepancia sin necesidad de hablar, ha tenido un impacto visual sustancial y ha sido el símbolo
que unió emocionalmente y políticamente a los manifestantes. No se estima que el término
revolución de color sea engañoso, desprovisto de valor descriptivo porque se han centrado en la
sustancia más que en la forma de las protestas.

Vitali Silitski (2010)

Las revoluciones de color son cambios políticos a lo largo del mundo postcomunista que pueden
ser divididos en tres categorías: 1) elecciones transformadoras; 2) evoluciones electorales como tal;
y 3) levantamientos populares postelectorales.

Joshua
(2007)

Término para referirse a los eventos acontecidos entre los noventa y dos mil en ciertos países de
Europa del Este y las Repúblicas postsoviéticas. El uso de la palabra revolución no implica que
conlleva las consecuencias de largo plazo de esos eventos, sino que se usa para identificar que las
fuerzas anti-régimen fueron exitosas derrocando el régimen en vigor. Específicamente lo empleó
para referirse a la Revolución Negra de Serbia en 2000, la Revolución Rosa de Georgia en 2003, la
Revolución Naranja de Ucrania en 2004 y la Revolución de los Tulipanes de Kirguizistán en 2005.

Tucker

Lucan Way (2008)

Las RC corresponden a la segunda ola de transiciones en Europa del Este y Europa Central. En
muchas definiciones socio-científicas estos eventos no deberían ser considerados revoluciones sino
cambios de régimen o simples degradaciones autoritarias. Sin embargo, por simplicidad y en línea
con muchos observadores de las revoluciones de color, usa el término para referirse a los casos
postcomunistas de cambio autoritario.

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Aciertos: Las Primeras Clasificaciones de la Literatura sobre las RC
Desde comienzos del siglo XXI y hasta la actualidad, se ha producido una abundante
bibliografía sobre las RC. Joshua A. Tucker (2007), fue el primero de los autores en proponer una
clasificación de la literatura existente y expuso que hasta ese momento, las explicaciones sobre las
RC seguían una de las siguientes tres vertientes: el primer set de explicaciones ubicó a las RC dentro
del amplio marco del mundo de la post Guerra Fría, donde se vislumbraba una tensión entre oriente
y occidente dentro del panorama europeo. La segunda aproximación se centró en la naturaleza de
los movimientos de oposición, haciendo especial énfasis en las coaliciones de partidos políticos y;
una tercera línea, enfocada a explicar el éxito de las RC, argumentó sobre la inhabilidad de los
Presidentes - candidatos para consolidar sus regímenes autoritarios (ver Figura 1).
Tucker (2007) criticó las orientaciones anteriores, al señalar que se trataban de análisis basados
esencialmente en las élites y como contraprestación, propuso explorar qué pasaría cuando se pone
en el centro del análisis a la masa pública que participó en estas protestas. Siguiendo este orden de
ideas, el autor se preguntó ¿por qué los manifestantes de las RC eligieron la calle luego del fraude
electoral? La respuesta ofrecida por este autor establece que cuando hay grandes agravios por parte
del régimen y la manifestación produce altos costos frente a pocas oportunidades de éxito, la
mayoría de los ciudadanos decide no desafiar el régimen. En el caso de las RC, el fraude electoral es
concebido como un elemento clave a la hora de resolver el problema de la acción colectiva,
particularmente en sociedades donde los ciudadanos han sufrido grandes agravios por parte del
régimen, y por ende funciona como detonante de la movilización.

Figura 1. Clasificación de la literatura sobre las RC (Tucker, 2007)
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Tres años más tarde, Vitali Silitski (2010) ofreció una nueva recopilación de la literatura
relativa a las RC, en la que identificó dos paradigmas dominantes en este campo. El primero se
centraba en las precondiciones domésticas requeridas para el cambio de régimen, tales como una
débil capacidad represiva para combatir los desafíos de la oposición democrática y eventualmente, el
conflicto creado entre la intención del grupo dominante para garantizar la sucesión de su autoridad y
la necesidad de su legitimación democrática. El segundo enfoque hacía referencia al efecto bola
nieve o de contagio, y criticaba la comprensión de los eventos revolucionarios desde la aproximación
de las precondiciones domésticas, puesto que fallaba a la hora de explicar el porqué transiciones
electorales similares en el espacio euroasiático postcomunista tuvieron lugar aún en contra del
escepticismo no sólo de los analistas y observadores, sino también de las sociedades en las que se
generó un cambio de régimen (ver Figura 2).

Figura 2. Clasificación de la literatura sobre las RC (Silitski, 2010)
La recopilación más reciente sobre la literatura relativa a las RC fue generada por Polese y Ó
Beachaín (2011). Estos autores sostienen que aunque el debate de las RC ha sido enmarcado
principalmente dentro de la pugna estructura vs agencia, no deben dejarse de lado otros factores
explicativos tales como la difusión y el rol de la oposición política. Además de esto, Polese y Ó
Beachaín han sido los primeros autores en introducir a la sociedad civil como actor relevante dentro
de las RC (ver Figura 3).
Aunque partidarios de la propuesta que hace énfasis en la estructura, e innovadores de la
misma al incluir en el espectro de análisis a actores no estatales, también reconocieron el importante
aporte realizado por los estudiosos de las RC que han optada por la agencia, entendida como el
“conjunto de acciones deliberadas, detalladas, coordinadas y profundamente planeadas tomadas por
un amplio rango de jugadores políticos internacionales pero especialmente domésticos” (Bunce y
Wolchik, 2009, p. 23).

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Abel	&#13;  Polese	&#13;  y	&#13;  
Donnacha	&#13;  Beachaín	&#13;  
(2011)	&#13;  

Estructura
(Way, 2005)

Agencia
(Bunce y Wolchik,
2006)

Difusión
(Beissinger, 2007)

Oposición

Sociedad Civil

Figura 3. Clasificación de la literatura sobre las RC (Polese y Ó Bechaín, 2011)
Una vez mencionadas las principales recopilaciones realizadas hasta el momento sobre la
literatura relativa a las RC (Tucker, 2007; Silitski, 2010 y; Polese y Ó Bechaín, 2011), acto seguido se
propone una nueva clasificación que integra los elementos más relevantes de las propuestas
expuestas anteriormente y que pone de manifiesto la necesidad de integrar a los movimientos
sociales dentro del análisis teórico sobre las RC. Siguiendo con este orden de ideas, la literatura ha
sido agrupada con el objetivo de dar respuesta a tres interrogantes: ¿cuál fue el detonante de las RC?,
¿por qué algunas tuvieron éxito mientras otras fracasaron?, y ¿por qué se detuvieron en el 2006?
Desafios: Hacia una Nueva Clasificación de la Literatura
¿Cuál fue el detonante de las RC?
Con relación al primer interrogante: ¿cuál fue el detonante de las RC? se han ofrecido
diferentes respuestas a partir del modelo de la difusión, el fraude electoral, la dinámica de la post
Guerra Fría y la elección institucional propia de estos países. A continuación se abordará
brevemente cada una de estas cuatro propuestas. Siguiendo a Polese y Ó Beachaín (2011), no es
posible encontrar un punto claro del inicio de las RC, pero se puede argumentar que su referente
directo más importante fueron las elecciones parlamentarias del 25 y 26 de septiembre de 1998 en
Eslovaquia. En esta oportunidad, los cuatro partidos que configuraron la oposición lograron hacerse
con la victoria frente a la coalición tripartita que apoyaba al Gobierno de Vladimír Mečiar. Aunque
técnicas electorales similares a las desplegadas por la oposición eslovaca habían sido empleadas
durante años por movimientos de oposición en las regiones post-socialistas, Eslovaquia proveyó el
prototipo de estrategia que sería desarrollada de manera amplia dentro de las RC y acuñó los
elementos clave para la explosión de las protestas postelectorales. Esta experiencia inspiró el
surgimiento y desarrollo de otros movimientos en la región, que con cada éxito revolucionario y con
el acceso a nuevos recursos, fueron mejorando paulatinamente la estrategia inicial.
En este sentido, hay tres aspectos de la campaña eslovaca particularmente valiosos para el
proceso de aprendizaje de los movimientos sociales en las RC: 1) la coordinación de una campaña
cívica con líderes de la oposición, lo que generó que diferentes frentes trabajaran en conjunto en
torno a metas comunes. 2) El establecimiento de redes con actores externos tales como los Estados
Unidos y la Unión Europea (UE a partir de ahora), cuya intervención ayudó a limitar el nivel de
represión durante la campaña electoral e incidió en la prevención del fraude electoral en 1998. 3) La
campaña desplegada por el movimiento OK’98, Obcianska Kampan (Campaña de educación cívica),

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basada en la no violencia y cuyo éxito a la hora de atraer votantes a las urnas hizo de ésta una de las
principales estrategias adoptadas por los movimientos posteriores. La elección presidencial del 2000
en Serbia constituyó una de las máximas expresiones de esta última estrategia, puesto que los
activistas de Otpor lograron que cientos de miles de jóvenes apáticos frente a la política,
transformaran su percepción en torno a las elecciones y votaran por primera vez en unos comicios
que cambiaron radicalmente el escenario político serbio.
Siguiendo con este orden de ideas, desde el modelo de la difusión las RC deben ser entendidas
como eventos interconectados y no sólo como producto de las decisiones tomadas por los actores
en el ámbito local. Los vínculos entre los casos de democratización han sido la norma, en vez de la
excepción y, a su vez, esos vínculos han afectado los resultados (éxito/fracaso) revolucionarios.
Dicho de otro modo, los actores de las RC, principalmente los movimientos sociales, se prestaron
entre sí tácticas, formas organizativas, consignas e incluso logos. De este modo, a diferencia de
autores como Way (2008) quien sostiene que las RC no deberían pensarse como eventos de una ola
interrelacionada, puesto que cada una pudo haber ocurrido aún si los demás casos en el vecindario
no se hubieran materializado y aún sin la influencia de redes transnacionales, cada RC exitosa
produjo una experiencia que fue conscientemente adoptada por otros, expandida por las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG a partir de ahora) y emulada por movimientos sociales
locales, formando el contorno de un modelo de difusión (Beissinger, 2007).
Los elementos básicos de este modelo giran en torno a seis aspectos: 1) el fraude electoral
entendido como el detonante de las movilizaciones masivas en contra de los regímenes pseudodemocráticos, 2) El soporte externo para fortalecer a los movimientos democráticos locales, 3) La
organización de grupos radicales de jóvenes que emplearon tácticas de protesta no convencional
antes de las elecciones, con la finalidad de minar la popularidad del régimen y exigir la renuncia de
los Presidentes – candidatos autoritarios, 4) El establecimiento de una oposición unida, 5) La presión
diplomática externa y un amplio e inusual monitoreo electoral, y 6) Una movilización masiva y no
violenta ante el anuncio de fraude electoral, estrategia propuesta por el gurú de la resistencia pacífica
en occidente, Gene Sharp.
El segundo elemento propuesto para responder a la pregunta de cuál fue el detonante de las
RC hace énfasis en el fraude electoral. Las RC, tanto la Revolución Negra de Serbia del 2000, la Rosa
de Georgia del 2003, la Naranja de Ucrania del 2004, la Naranja de Azerbaiyán del 2005 y la Azul de
Bielorrusia del 2006, comparten el rasgo común de girar en torno a una elección fraudulenta
(Tucker, 2007). En todos los casos, una elección (presidencial o parlamentaria) tuvo lugar y los
resultados fueron vistos como ampliamente manipulados por el régimen en vigor. Como resultado,
se generaron protestas masivas encabezadas por movimientos sociales, que en Serbia, Georgia y
Ucrania decantaron en el reconocimiento de la victoria de la oposición, mientras que en Azerbaiyán
y Bielorrusia estuvieron seguidas por el afianzamiento de las élites tradicionales en el poder. De
acuerdo a este planteamiento, el fraude constituiría un importante marco dentro del cual se crean las
oportunidades para movilización, porque parafraseando a Beissinger (2007), los regímenes se tornan
más vulnerables durante el ciclo electoral.
Por otra parte, se encuentran dos conjuntos de explicaciones de tipo geopolítico sobre el
detonante de las RC (Tucker, 2007). Como se mencionó anteriormente, el primer set de
explicaciones ubica estos eventos dentro del marco de la post Guerra Fría, específicamente en la
pugna librada entre Oriente y Occidente dentro del contexto europeo. Este argumento a menudo
toma una de las dos formas siguientes: 1) la primera aproximación se centra en la ayuda ofrecida por
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varios actores de occidente a los miembros de la oposición en Eurasia postcomunista, temerosos de
que el liderazgo de sus países podría llevarlos a un patio de permanente exclusión europea, en
general, y de las instituciones europeas tales como la UE, en particular, 2) Especialmente popular en
Rusia, la segunda aproximación generada dentro de esta perspectiva ubica a las RC en el contexto de
las luchas geopolíticas de la post Guerra Fría por el dominio entre Rusia y Occidente,
específicamente sobre áreas que habían sido largamente consideradas bajo la esfera de la influencia
soviética.
El segundo conjunto de explicaciones se ha centrado en la naturaleza de los movimientos de
oposición política (conformados principalmente por coaliciones de partidos), en cada uno de los
países escenario de las protestas postelectorales. En pocas palabras, ha subrayado cómo los grupos
de oposición han aprendido a lo largo del tiempo a ser más efectivos, bien sea gracias a sus
experiencias previas, o a través de la transmisión de información de actores externos y en particular,
de actores pertenecientes a países que han experimentado su propia RC.
Finalmente, la última explicación sobre cuál fue el detonante de las RC se deriva de la
presencia del presidencialismo patronal en esta región del mundo. Este tipo de institución está
marcada por oscilaciones regulares y razonablemente predecibles entre periodos de alto cierre
político y periodos (algunas veces repentinos) de apertura política, incluyendo los fenómenos
típicamente llamados RC. La apertura sólo termina en último caso en verdadera democratización si
envuelve un cambio en las instituciones fundamentales del presidencialismo patronal. En suma, las
RC deben ser entendidas no como avances democráticos sino como fases de contestación en los
ciclos del régimen, y resultan exitosas si gana la oposición (Hale, 2006).
A pesar de que la pregunta ¿cuál fue el detonante de las RC? ha encontrado respuestas en el
modelo de la difusión, el fraude electoral, la dinámica de la post Guerra Fría y la elección
institucional, no debe subestimarse la influencia de los movimientos sociales en los orígenes de las
RC, en tanto estos actores resultaron determinantes a la hora de movilizar a la sociedad en contra del
fraude electoral. No solo esto, fueron los movimientos sociales quienes en la mayoría de los casos
modelaron los símbolos (colores y flores) que identificaron a estos eventos y, quienes atravesaron las
fronteras nacionales para capacitar a nuevos activistas en lugares con conato de revolución,
contribuyendo de esta manera a la creación de un complejo, diverso y creativo repertorio de
contienda política. Una vez presentada esta primera clasificación relativa al origen de las RC, se
expondrán los principales planteamientos de la literatura concerniente al éxito o fracaso de dichos
eventos, entendido este como el cambio o permanencia del régimen que se retaba.
¿Por qué Algunas RC fueron Exitosas y otras Fracasaron?
Con relación a la segunda pregunta ¿por qué algunas RC tuvieron éxito mientras otras
fracasaron?, los académicos han hecho énfasis principalmente en los factores estructurales y los
factores contingentes. Mientras que dentro de los primeros se destaca el papel de las élites, dentro
de los segundos se hace mención al Modelo Electoral propuesto por Bunce y Wolchik (2009). No
obstante, y aunque estas dos propuestas han dominado el grueso de la literatura sobre el tema en
cuestión, también se han ofrecido otras propuestas, muchas veces complementarias a las dos grandes
vertientes, dentro de las que cabe destacarse la fuerza del ejemplo.
Antes de hacer referencia a los factores estructurales y contingentes, debe mencionarse que
McFaul (2005) fue el primero en proponer una lista de elementos comunes que unen los casos de
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Serbia en el 2000, Georgia en el 2003 y Ucrania en el 2004 como casos de éxito revolucionario.
Estos casos de ruptura autoritaria se parecen entre sí y se diferencian de otras transiciones
democráticas, en cuatro aspectos críticos: 1) en los tres casos, el inicio para el cambio de régimen fue
una elección nacional fraudulenta, no una guerra, una crisis económica, una división entre las élites
dominantes, un choque externo, un factor internacional o la muerte del dictador, 2) Los retadores
democráticos desplegaron medios extra-constitucionales para defender la constitución democrática
existente, en vez de buscar generar nuevas reglas del juego político, 3) Cada país acogió por un
tiempo la competencia entre retadores y retados y los clamores simultáneos para mantener la
autoridad soberana, uno de los sellos de la situación revolucionaria, 4) Todas las situaciones
revolucionarias terminaron sin violencia masiva. Por otra parte, los Presidentes – candidatos
ordenaron el uso de métodos coercitivos incluyendo asaltos a periodistas y candidatos de la
oposición y la clausura de medios independientes. No obstante, no llamaron al ejército o a las
fuerzas de seguridad para reprimir las protestas, como sí ocurrió en los casos de fracaso que tuvieron
lugar en Azerbaiyán y Bielorrusia.
Dentro de los factores necesarios para el éxito, Mc Faul (2005) cita los siguientes: 1) la
vigencia de un régimen semi-autoritario en vez de uno totalmente autoritario, 2) La existencia de un
Presidente - candidato impopular, 3) La conformación de una oposición unida y organizada, 4) La
capacidad de saber rápidamente que los resultados electorales fueron falsificados, 5) Contar con
suficientes medios independientes para informar a los ciudadanos sobre el fraude electoral, 6) La
presencia de una oposición política capaz de movilizar manifestantes para protestar en contra del
fraude, y 7) Evidencia de divisiones entre las fuerzas coercitivas del Estado.
Igualmente señala que así como los factores anteriormente citados son determinantes para el
éxito de las RC, hay otros factores que no fueron importantes, dentro de los cuales se cuentan los
siguientes: 1) el estado de la economía o el nivel económico alcanzado por los países no jugó un rol
causal uniforme en los casos de avance democrático, 2) Los tres países tuvieron historias recientes
de tensiones étnicas o problemas que incluían guerras abiertas. No obstante, una completa
resolución de las disputas fronterizas no constituyó una precondición para el avance democrático, 3)
Las divisiones entre las líneas duras y suaves que apoyaban a los Presidentes – candidatos
autoritarios también figuran como poco importantes a la hora de impulsar el cambio democrático, 4)
La relación entre las élites políticas en el poder y occidente no tuvo un peso particular, 5) Los
programas de asistencia democrática de occidente jugaron un rol visible en todos los casos. Sin
embargo, la ayuda extranjera no jugó un rol independiente en ninguno de los avances, pero
contribuyó a la conflictividad aumentando o disminuyendo el valor relativo de cada uno de los siete
factores mencionados en el párrafo anterior como necesarios para el éxito revolucionario, y 6) La
calidad de los recursos positivos o plataformas elaboradas por la oposición en cada país, también
parece bastante insignificante.
A partir de la propuesta de Mc Faul (2005) se generó un interés por determinar los elementos
facilitadores del éxito en las RC, siendo los más ampliamente expuestos los factores estructurales y
los factores contingentes. Way (2008), argumenta que los factores estructurales, en oposición a las
dinámicas electorales y de difusión, constituyen la causa real de las recientes olas de triunfos
electorales sobre los dictadores en Eurasia postcomunista. Para el autor, las RC son casos de fracaso
autoritario en vez de casos de democratización. El colapso autoritario trajo democracia en la forma
de elecciones libres y justas y el fin de serias presiones del gobierno sobre los medios. En contraste,
la crisis autoritaria permitió la emergencia de nuevos gobiernos que retomaron muchos de los

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mecanismos autoritarios usados por sus predecesores, incluyendo fraude electoral y supresión de los
medios.
En breve, Para Way (2008) la crisis autoritaria está relacionada positivamente con la fortaleza
de los lazos con occidente y negativamente con la fortaleza del partido autocrático o del Estado del
régimen vigente. En este sentido, se deben tener en cuenta tres elementos: 1) la presencia de un solo
partido reinante y altamente institucionalizado, 2) Un extensivo y bien fundado aparato coercitivo
que ha ganado un conflicto significativo, y 3) control discrecional del Estado sobre la economía, de
jure o a través de la captura de una gran riqueza mineral como el petróleo o el gas.
En contraprestación a esta propuesta, surgió la iniciativa de que los vínculos entre los casos de
democratización han sido la norma en vez de la excepción y que dichos vínculos han afectado los
resultados (éxito/fracaso) de las RC (Beissinger, 2007). En los fenómenos modulares, la influencia
del ejemplo puede substituir algunos vacíos propios de la desventaja estructural permitiendo a
algunos grupos menos avanzados estructuralmente comprometerse en una acción exitosa gracias a la
influencia del ejemplo previo de otros casos. De esta manera, la imitación de éxitos precedentes es el
mecanismo básico que conduce a la expansión del fenómeno modular. El proceso del ejemplo se
diferencia de otros de contagio debido a que no se define por la proximidad o conformidad, sino
por la analogía y beneficios obtenidos a través de la asociación con el éxito previo.
Por otra parte, el cómo responden las instituciones al proceso modular sugiere si el impacto de
este proceso cambia sustancialmente o no. Esto dependerá, como es obvio, de las vías tomadas por
las instituciones dentro de dicho proceso. Indagando sobre esta dinámica, Beissinger (2007) ha
identificado cuatro condiciones que no necesitan estar presentes pero que aumentan las
posibilidades del éxito revolucionario. Estas son: 1) un grado representativo de apertura política; 2)
una tradición reciente de protesta, 3) la existencia de diferencias regionales entre grupos culturales
dominantes, y 4) control de la oposición sobre los gobiernos locales. Siguiendo la línea
argumentativa desarrollada por Way (2008), Beissinger (2007), se han identificado seis condiciones
estructurales que podrían ser necesarias para el éxito revolucionario: 1) la presencia de fraude
electoral, 2) una significativa representación de la oposición en el legislativo, 3) el año de
enrolamiento en la educación superior, 4) unos lazos débiles entre el régimen y los militares, 5) la
presencia significativa de diversas ONG promotoras de la democracia, y 6) La ausencia de una
economía exportadora de energía.
Dimitrov (2009) respalda la propuesta de Way (2008), que sostiene que los niveles de fortaleza
del régimen y los vínculos con occidente ayudan a explicar la crisis del autoritarismo, pero añade el
factor de la popularidad de los Presidentes - candidatos como elemento que puede contribuir a dar
cuenta de la resistencia autoritaria en la región. Así pues, los Presidentes - candidatos deben tener a
su disposición tres estrategias para asegurar su popularidad: 1) populismo económico: el gasto social
y el compromiso con las políticas de redistribución económica aumentan su aprobación pública, 2)
nacionalismo anti-occidente: en algunos países donde el sentimiento público no está a favor de
occidente, los Presidentes - candidatos pueden tener éxito previniendo la unidad de la oposición a
través de la retórica anti occidental; y 3) Control exitoso de los medios: incluye eliminar críticos del
régimen y control estatal sobre la prensa escrita, televisión e información electrónica. Controlar a los
medios les garantiza a los líderes autoritarios cobertura positiva y le niega a la oposición una
plataforma de participación. Estas tres estrategias producen altos niveles de legitimidad del régimen
así como de estabilidad del mismo.

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En contraposición a la propuesta de los factores estructurales, y de una manera más cercana a
la propuesta que se busca desarrollar, en la que se destaca el rol de los movimientos sociales dentro
de las RC, Bunce y Wolchik (2009) señalan que la clave del éxito revolucionario recae en los factores
contingentes. En crítica abierta a la propuesta ofrecida por Way (2008), las autoras sostienen que los
científicos sociales no pueden o no deberían reducir sus explicaciones causales a la influencia de una
categoría sencilla de causas, puesto que la estructura, la agencia y el proceso, todos son elementos
importantes. Es por tanto que no solo debe tenerse en cuenta el rol distintivo de las elecciones,
entendidas como espacios para el cambio político, sino también la difusión trasnacional de un
modelo particularmente efectivo para derrotar al dictador, denominado por las autoras como el
Modelo Electoral.
Por otra parte, así como ha sido importante para el éxito de las RC el aprendizaje de los
movimientos de oposición, el fracaso revolucionario ha estado influenciado por el aprendizaje de las
élites para reversar o neutralizar las estrategias de la oposición. Algunas élites políticas han sido
capaces de producir un antídoto para lo que consideraron un virus del color. Han tomado nota de
las lecciones derivadas del fenómeno de las RC y han estado suficientemente unidas, tomando
decisiones efectivas, mientras aseguran la obediencia tanto de los centros formales como de los
centros informales de poder dentro del Estado (Polese &amp; Ó Bechaín, 2011).
En este orden de ideas, la supervivencia del régimen, y por extensión el fracaso de la RC,
depende ampliamente de la capacidad de la élite gobernante de digerir las lecciones sobre cuál es la
mejor manera de neutralizar o contrabalancear las estrategias de los movimientos de la oposición. Se
sugiere que ha existido una estrategia, o set de acciones, que los regímenes han adoptado para frenar
el triunfo de las situaciones revolucionarias, de tal modo que las fallas a la hora de aprender esta
estrategia, o de aplicarla correctamente, podrían abrir el camino para las fuerzas de la oposición y el
cambio político en un país. Así pues, con cada intento de RC, las élites de Eurasia postcomunista
refinaron su comprensión de los procesos. En este sentido, si querían evitar compartir el destino de
Serbia, Georgia o Ucrania, las élites tendrían que tomar acciones preventivas en diferentes niveles.
La mayoría de los regímenes que habían presenciado el éxito de las RC en esos tres países,
comenzaron a identificar las características clave de las RC y a tomar medidas para asegurar que los
actores de la sociedad civil no fueran capaces de lograr el mismo grado de libertad que en dichas
sociedades.
El movimiento más notable con relación a estas actitudes fue la evaporación de la tolerancia
para las ONG, particularmente aquellas que habían sido identificadas como colaboradoras de los
movimientos de oposición. La contrarrevolución también avanzó en otras dimensiones: los medios
cayeron bajo un estricto control estatal, se suprimió y/o persiguió a los movimientos que intentaron
emular al Otporde Serbia, al Kmara de Georgia o al Pora de Ucrania y, se prohibió la entrada de
activistas extranjeros al país. Asimismo, los gobiernos que buscaban prevenir RC en sus territorios,
crearon movimientos juveniles pro-régimen como Nasha Rusia (Nuestra Rusia), con el objetivo de
contrarrestar el peso de los movimientos juveniles de oposición. En último lugar, algunos
regímenes, principalmente aquellos con importantes recursos naturales o con significativa
importancia estratégica, encontraron que podían escapar de la censura de occidente (Polese &amp; Ó
Bechaín, 2011).
Finalmente, Kalandadze y Orenstein (2009) han adoptado el término revolución electoral
propuesto por Bunce y Wolchik (2009) y han analizado todos los casos que se han presentado desde
1991, distinguiendo entre revoluciones electorales exitosas y fracasadas. A modo de conclusión
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afirman que las revoluciones electorales exitosas han mostrado ningún o insignificante progreso
democrático en sus etapas posteriores. Las revoluciones electorales han resultado poco efectivas a la
hora de promover el avance de la democratización, puesto que ponen demasiado énfasis en las
elecciones mismas y no en otros obstáculos fundamentales para la democratización de regímenes
híbridos y autoritarios.
Es así que la democratización ha sido lenta o nula en esos países, principalmente a causa de la
permanencia de sus profundos problemas estructurales, que las revoluciones electorales no estaban
equipadas para resolver. Las elecciones fraudulentas fueron sólo la punta del iceberg en esos países,
donde persisten otros problemas tales como la falta de una cultura de competencia política, una
estructura de partidos políticos poco desarrollada, conflictos de poder más allá del círculo electoral,
corrupción y falta de Estado de derecho, sólo por mencionar algunos. Sumado a esto, todos los
países que han experimentado una RC permanecen pobres o relativamente pobres y, dos de ellos,
Georgia y Serbia, mantienen disputas territoriales. Para terminar, se abordará el interrogante ¿por
qué se detuvieron las RC en el 2006?
¿Por qué se detuvieron las RC en el 2006?
Gran parte de las respuestas a dicho interrogante ha girado en torno a tres ejes fundamentales:
el agotamiento del modelo, el aprendizaje del modo de obrar de la oposición por parte de los líderes
autoritarios y, el efecto Darwin.
Con relación al agotamiento del modelo, Beissinger (2007) sostiene que el peso del ejemplo
afecta el comportamiento de la siguiente manera: la influencia del ejemplo aumenta gradualmente
con el tiempo y con cada éxito revolucionario. Eventualmente, llega a un punto culmen que
proviene tanto del peso acumulativo de los ejemplos de éxito como de la acción emulativa
multiplicada rápidamente a través de los grupos. Posteriormente, el modelo modular enfrenta un
segundo momento donde el efecto del ejemplo en las acciones subsecuentes comienza a disminuir
rápidamente y se apaga eventualmente.
Así mismo Bunce &amp; Wolchik (2009) sostienen que puesto que el modelo se expandió, los
autócratas fueron puestos en preaviso y comenzaron a desarrollar estrategias de contención,
quitándole de esta manera fuerza a la red opositora. Aunque los activistas locales emularon los
procesos observados fuera de sus países, lo hicieron sin mucha planificación y con grandes
constricciones de tiempo y recursos. Como todas las dinámicas de difusión, la expansión del modelo
electoral fue dispareja a través de la espacialidad y temporalidad, y tuvo diferentes consecuencias
locales, hasta que eventualmente llegó a su fin.
Con relación a la propuesta basada en el aprendizaje de los líderes autoritarios, se sostiene que,
las RC provocaron que las élites políticas en el poder de Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y
otros países de Eurasia postcomunista reforzaran los esfuerzos domésticos para prevenir desafíos de
la oposición. Las medidas anticipadas incluyeron restricciones de grupos de la sociedad civil y
persecuciones y sanciones a la oposición, así como limitaciones a la asistencia democrática (Polese y
Ó Beachaín, 2011).
El efecto Darwin propuesto por Silitski (2010), describe la contra-reacción a la ola de RC en
las autocracias de Eurasia poscomunista. Éstas se blindaron ante las posibles amenazas al poder
autoritario, mediante el fortalecimiento de las tendencias y la regla autocrática reinante en estos

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Estados. Mientras el efecto Darwin explica la contra-reacción autocrática interna, esto es, los
esfuerzos locales para adelantarse a la posibilidad del cambio de régimen, el efecto regional explica la
resistencia exterior al contagio democrático. Por una parte, como la ola de revoluciones golpeó la
región hostil al cambio de régimen, provocó la consolidación de las autocracias sobrevivientes a
través de la convergencia autoritaria. Esta fue expresada en medidas conjuntas, interacciones y
alianzas entre los Estados y regímenes en lo que había un interés por la extinción y reversa de la ola
de democratización. Por otra parte, la ola de revoluciones coincidió y aceleró la reafirmación
permanente de la hegemonía regional rusa, debido al temor de contagio expresado por el Kremlin,
en tanto dichos procesos de transformación democrática podría minar su posición dominante en la
región. Esta reafirmación de poder, facilitada por la dependencia de los países postsoviéticos de
Rusia, debilitó las expectativas para el sostenimiento de los avances democráticos y reforzó el
autoritarismo en la región.

Rodríguez (2014)

Detonantes de las RC
-Modelo de la difusión
(Polese y ÓBechaín,
2011)
-Fraude electoral
(Tucker 2007)
-Dinámica post Guerra
Fría
(Tucker, 2007)
-Elección institucional
(Hale, 2006)

Éxito y fracaso de las
RC

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-Factores estructurales
(Way, 2008)
-Modelo Electoral
(Bunce y Wolchik,
2009) 	&#13;  
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Finalización de las RC
-Agotamiento del modelo
(Beissinger, 2007)
-Aprendizaje líderes
autoritarios
(Polese y ÓBechaín,
2011)
-Efecto Darwin
(Silitski, 2010)

Figura 4. Clasificación de la literatura sobre las RC (Rodríguez, 2014)
Conclusión
Durante la primera mitad del siglo XXI el espacio Euroasiático fue testigo de una oleada de
RC. Este fenómeno, en el que se revirtieron procesos electorales fraudulentos mediante protestas
masivas, comenzó con la Revolución Negra de Serbia en el año 2000 y continuó con la Revolución
Rosa de Georgia en el 2003 y la Revolución Naranja de Ucrania del 2004.
Posteriormente, pero esta vez sin éxito, prosiguió con las Revoluciones Naranja de Azerbaiyán
en el 2005 y Azul de Bielorrusia en el 2006. Puesto que las movilizaciones postelectorales se
desarrollaron sin violencia, al menos por parte de los manifestantes, y estuvieron revestidas con un

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fuerte contenido simbólico, cada una de ellas fue bautizada con el color adoptado a manera de
distintivo por los movimientos de oposición.
Un rasgo notable de este fenómeno fue que estuvo acompañado por el ascenso de
movimientos sociales conformados principalmente por jóvenes estudiantes, tal y como puede
observarse con Otpor de Serbia, Kmara de Georgia, Pora de Ucrania, Yeni Fikir de Azerbaiyán y Zubr
de Bielorrusia. Aunque en el escenario Euroasiático de estos comienzos de siglo, los movimientos
sociales desempeñaron un papel significativo dentro de las RC, gran parte de los estudios sobre el
tema han centrado su foco de atención en actores tales como las élites gobernantes autoritarias o
los partidos de oposición. Ha sido por tanto el interés de este artículo asumir el desafío de
contribuir a la ampliación del espectro analítico, mediante la inclusión de otro tipo de actores
relevantes para la acción colectiva.
Las RC no deben entenderse como revoluciones en el sentido clásico del término, puesto que
sus dinámicas, desarrollos internos y alcances distan bastante de los resultados expuestos por
estudiosos de los fenómenos revolucionarios tales como Tilly (1978) o Skocpol (1979). Al abordar
las RC deben tenerse en cuenta ciertos elementos particulares tales como el espacio geográfico en el
que se desarrollaron las protestas postelectorales: Eurasia postcomunista; la temporalidad en la que
se presentaron: entre el año 2000 y 2006; el detonante: el fraude electoral y principalmente; el fuerte
contenido simbólico y la no violencia que revistieron dichas protestas, esta última característica
ampliamente construida desde la estructuración y la puesta en marcha del discurso y el repertorio de
contienda política desplegado por los movimientos sociales.
Expuesto lo anterior, se ha planteado una nueva clasificación de la literatura existente sobre las
RC. Dicha iniciativa ha sido construida en torno a tres grandes temas: la génesis de las RC, las
posibles causas de éxito y fracaso de las mismas y, el porqué se extinguieron en el año 2006. A partir
de este abordaje es posible dar cuenta del importante rol desempeñado por los movimientos sociales
en las RC, a la par que se avanza hacia una comprensión más profunda sobre este tipo de actores,
sus dinámicas y logros, desde una perspectiva comparada.

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21	&#13;  

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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp. 24-52
ISSN: 2395-8448

	&#13;  

Synchronization in International Relations:
Triangular interactions between China, Latin American and the United States
Sincronización en Relaciones Internacionales:
Las relaciones triangulares entre China, Latinoamérica y Estados Unidos
Ana Soliz de Stange

Research Fellow/Doctoral Student at the GIGA German Institute of Global and Area Studies (Hamburg, Germany).
Email: ana.soliz@giga-hamburg.de
Website: http://www.giga-hamburg.de/de/team/soliz-landivar
Fecha de envío: 7 de mayo 2015
Fecha de aceptación: 14 de junio 2015

Abstract
Currently, there is an active debate about whether China’s rise is leading to it strengthening
relations with other states around the world, and about what the implications of that are for the
United States’ interests as the current global superpower. Concretely, the arrival of China in Latin
America—the “backyard” of the US—has raised questions about triangular interactions. Despite the
increasing attention being paid to empirical cases of triangular interaction, on the one hand, the
interactions between three states – or triangular interactions- have been far neglected in
International Relations (IR) theories and also there still lack suitable methodological instruments for
their evaluation. On the other hand, there is not enough empirical evidence currently available that
can explain how and to what degree states in triangular interactions may be synchronized.
In order to overcome the aforementioned theoretical and empirical gaps, this article
proposes: (1) to incorporate the principles of Physics—and specifically of Synchronization
Theory—into IR; (2) empirically analyze the interactions between China, Latin American countries
and the US from the Synchronization perspective.
Keywords: China, Latin America, United States, International Relations, Triangular interactions,
Synchronization
Resumen
Actualmente, se observa un activo debate sobre si la creciente presencia de China en otros
países alrededor del mundo, tiene implicaciones para los intereses de Estados Unidos, considerando
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�este último como la gran potencia a nivel global. Específicamente, la llegada de China a América
Latina – el “patio trasero” de los EEUU – ha dado lugar a preguntas sobre posibles interacciones
triangulares. A pesar de la creciente atención que se da a los casos empíricos de interacción
triangular, por una parte, las relaciones entre tres paises – o interacciones triangulares – no se han
sido abordadas por las teorías de Relaciones Internacionales (RRII), además de la falta de
instrumentos metodológicos adecuados para su evaluación. Por otra parte, actualmente no existe
suficiente evidencia empírica para explicar cómo y en qué medida los paises en interacciones
triangulares pueden sincronizar.
En búsqueda de superar las lagunas teóricas y empíricas anteriormente mencionadas, el
presente artículo propone: (1) incorporar los principios de la física – especialmente de la teoría de la
sincronización – a las RRII; (2) analizar de forma empírica las interacciones entre China, los países
latinoamericanos y los Estados Unidos desde la perspectiva de la sincronización.
Palabras claves: China, América Latina, Estados Unidos, Relaciones Internacionales, Interacciones
triangulares, Sincronización.

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�Introduction
Triangular relations are still an aspect of IR that—most noticeably in theoretical
approaches—has not been sufficiently studied. There are several empirical studies for these already
in existence, however, and consequently it is ultimately an appropriate theoretical framework and
suitable methods for studying triangular interactions that are missing. This theoretical and
methodological shortfall is reflected in the current impossibility to find whether triangular
interactions between states occur or to measure their degree of mutual correlation Triangular
interactions are basically the reciprocal communication between three states. The interactions can
involve mutual behavioral effects, as well as effects of one side on the other as long as the three
states interact. Interactions are possible regarding the different kind of matters over which states
interact, such as political, diplomatic, economic, military, technology, and cultural issues.
This article scrutinizes triangular interactions from interdisciplinary and eclectic approaches.
Taking an interdisciplinary approach is necessary due to the current limitations of IR theories and
methods for addressing all the factors involved in triangular interactions, where the exchange
between states is more complex due to the presence of a third state. In this case, the interdisciplinary
approach includes the adaptations of the Physics Synchronization theory into IR.
Eclectic approach refers to the use of different theoretical approaches in IR, in this case,
recurring mainly to realism, neo realism, as well as neo liberalism. “...What we refer to as analytic
eclecticism is distinguished by the fact that features of analyses in theories initially embedded in separate
research traditions can be separated from their respective foundations, translated meaningfully, and recombined as part
of an original permutation of concepts, methods, analytics, and empirics.” (Katzenstein &amp; Sil, 2008:111)
In Physics, Synchronization is understood “…as an adjustment of rhythms of oscillating
objects due to their weak interaction.” (Pikovsky, Rosenblum, &amp; Kurths, 2001). The oscillating
objects are two independent systems that are connected by a third mechanism. It is the third
mechanism, which permits the interactions between the two oscillating objects or systems.
Translating Synchronization into IR, it can be defined in its basic form as the correlated
cooperative and/or competitive interactions between three states in similar periods of time. One of
the three states plays the role of the third mechanism, which influences the interactions between the
other two states.
Thus, the main research questions are: how and to what degree does a triangular interaction
between states synchronize? To establish how Synchronization takes places, it looks for the
necessary contextual conditions to be present, e.g. time, the presence of failure and/or improvement
of bilateral demands compliance. The article assumes that although triangular interactions tend to
synchronize, triangular interactions are not per se synchronized. States synchronize when the
necessary conditions are present.
The degree of Synchronization indicates the intensity of the correlated interactions,
translated into more or less cooperative or competitive interactions, as well as the frequency of the
synchronized interactions in a period of time.
The empirical analysis will focus on the triangular interactions between China, Latin
American countries, and the US. There is no doubt that China has been the country with the most
exponential growth and greatest increase of power since the end of the Cold War. If we compare the
expansions of the BRIC countries, China is the leader in terms of an escalation of presence in the
international system in almost all areas: economic-commercial exchanges, investment, and military
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	&#13;  

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�expenditure for example. Therefore, the choice of China as the third state that interacts with other
regions and states is fully justified.
The choice to analyze the arrival of China in Latin America is made for geopolitical reasons.
First, this region is the sphere of direct influence of the US. One of the most important expectations
in IR—especially from a realist perspective—is that China’s rise is threatening US interests, as the
established power.
Second, the rise of China in Latin America is a relatively recent phenomenon (Dominguez,
2006; Jiang, 2006; Cesarin, 2006; Ellis E. , 2009; Fernandez &amp; Hogenboom, 2010). The increasing
presence of China during the last twenty years in Latin America has been unprecedented. At the
bilateral level, China has also established key Strategic Partnerships in Latin America—thereby
becoming the single most important cooperation partner for several different countries in the
region.
The aims of this article are thus to: (1) propose a theoretical framework to analyze triangular
interactions between states, focusing on the potential to Synchronize and (2) analyze whether and to
what degree the triangular interactions between China, Latin American countries and the US, over
political-diplomatic issues, and trade, have been synchronized.
For the empirical part, the article applies a mixed cross-method approach. Thus, it requires
case studies, including some quantitative techniques—such as the running average of the
interactions—and also a cross-correlation approach.
This article is divided into two main parts: the first contains the discussion and development
of the Synchronization approach framework; more briefly, the second includes the descriptive and
analytical scrutiny of China’s arrival in Latin America, with the empirical application of
Synchronization to the triangular interactions formed by the cases: Argentina–China–US, Brazil–
China–US, and Venezuela–China–US.
Triangular interactions in IR theories
In the literature, approaches to triangular interactions are as such almost nonexistent. However,
there are some interesting studies in triangular interactions, such as Dittmer (1981), Goldstein and
Freeman (1991), and Womack (2004). Dittmer (1981) developed the concept of “Strategic triangle”.
It was used to analyze the interactions between China, the Soviet Union, and the US during the Cold
War era. Dittmer (1981) elaborated a conceptual framework for strategic triangles and made a
classification system for them. He classified triangular interactions into three possible triangles:
“Ménage à trois,” “romantic triangle,” and “stable marriage.”
Nevertheless, one of the main limitations of Dittmer’s approach (1981) to the strategic triangle
was the fact that he analyzed it only from the perspective of triangular interactions being static. As a
result, Dittmer’s work could not be extrapolated to the dynamics of the international system,
wherein such interactions are anything but static. Thus, ten years after the Dittmer publications, the
empirical findings of Goldstein and Freeman (1991) would make the classification system earlier
proposed by Dittmer redundant.
Goldstein and Freeman (1991) also presented an empirical advancement on the strategic
triangle formed by China, the Soviet Union, and the US. They used some techniques of time-series
analysis, concluding that during the Cold War era the three countries had some kind of
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	&#13;  

27	&#13;  

�interdependency on each other. However, they nevertheless did not propose an alternative or
improve the existing theoretical framework for triangular interactions.
For his part, Womack (2004) expanded the concept of a strategic triangle, introducing
therein the concepts of an “asymmetric triangle” and “acknowledgment for deference” (AFD).
Womack adapts Dittmer’s strategic triangle concept to the post-Cold War era. He also criticizes the
bilateral level of analysis of Dittmer in the context of explaining triangular interactions. Due to the
Cold War era having come to an end, Womack proposed to adapt Dittmer’s strategic triangle into
his own Asymmetric Theory. Despite the commendable contributions of Womack to our further
understanding of triangular interactions, on one hand, for Womack as for Dittmer bilateralism is still
at the heart of the analysis; on the other hand, the theoretical assumptions of Womack are based on
Constructivism.
Dittmer’s “Strategic Triangle”
The term “strategic triangle”1 was used during the Cold War era for analyzing the interactions
between China, the Soviet Union, and the US, especially from the end of the 1970s after Nixon’s
visit to China. However, a concrete definition of a strategic triangle was never developed. Dittmer
proposed to develop a comprehensible conceptual framework, wherein the three main forms of
triangles are classified.
Dittmer claimed that a strategic triangle “may be understood as a sort of transactional game
among three players” (1981: 485). Despite this perspective, he still opted to use a qualitative
approach, which is not indeed wrong. But, instead he just included terms from game theory, but did
not formally apply its logic to his study as such.
The main question Dittmer poses is: “Why do states fall into patterned relationships with
one another in the first place, and of what do such relationships consist?” The hypothesis of
Dittmer is that “states (representing their constituent members, of course) experience needs that
cannot be adequately satisfied at the domestic level, leading them to enter into contact with those
countries that dispose of the pertinent values” (1981: 486).
The necessities of states include several kinds of requirements: to exchange goods and
services, but also information, propaganda, and/or espionage. He distinguished between the interstate exchange of benefits (positive) and the exchange of sanctions (negative) as trade and warfare.
Dittmer also clarified that the exchange between states can be reciprocal in the sense that for both
players there can be benefits or sanctions, but that these exchanges are not necessarily symmetrical.
The main questions that Dittmer addresses are actually general ones, which are not of
relevance primarily to the research of triangular interactions. However, one of the independent
variables that Dittmer did include was the third state. Dittmer proposed three independent variables
that may affect the type of exchange between states: value (positive/negative); symmetry
(strong/weak); and, how “both value and symmetry of any bilateral relationship are marginally
affected by each player’s relationship with the third player” (1981: 487).
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The concept of a “strategic triangle” was used by different authors during the Cold War era, but without being
comprehensively developed as a concept: Tatu, M. (1970) The Great Power Triangle: Washington–Moscow–Peking; Gottlieb,
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American Policy: A New Look at the Triangle; Pillsbury, M. (1975) US–Chinese Military Ties?; Pillsbury, M. (1977) Future Sino–
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�Dittmer refers to the effects that the third states can exact on a bilateral relationship as
“marginal,” but this was not thoroughly investigated by Dittmer. Bilateral relations can be measured
by their direct interactions. For its part, the third variable or third state can be understood more as
being related to indirect interactions. Unfortunately, Dittmer did not develop the third angle of these
interactions at all.
Dittmer also argues for the essentiality of maintaining symmetries between states, in order to
preserve balance between them. Balance means that there are no winners or losers. For him,
relations are more durable in a position of balance.
According to Dittmer there are two necessary conditions for a strategic triangle to exist:
First, all participants must recognize the strategic salience of the three principals.
Second, although the three players need not be of equal strategic weight, each
must be accepted by the other two as a legitimate autonomous player. Thus, the
relationship between any two participants will be influenced by each player’s relationship to the
third.” (Dittmer 198: 490–491).
Here it is important to highlight the elements of recognition between states, autonomy, and
mutual influence by the third state.
The approach of Dittmer to triangular relations is strongly influenced by perceptions, with
the classification of the different kinds of triangle being built on the basis of the perceptions that the
three players have of each other, and as such it is not about the material capabilities that each state
has. In the case of the relations between China, the Soviet Union, and the US, Dittmer characterized
it as a symmetrical amity wherein:
“[…] in the absence of international enforcement mechanisms, each player
must constantly and scrupulously monitor all transactions—for, aside from the
danger of cheaters, the perception of symmetry in such dealings is notoriously
subjective, and the data are nearly always equivocal. If confronted by evidence of
cheating, a player must either check such behavior or permit the relationship to
deteriorate from a positive to a negative one; otherwise that player submits willynilly to a losing negative–positive exchange” (Dittmer 1981, p. 488).
According to Dittmer, the symmetry between two players is not necessarily given by equal
power rather it is present in an “ideal-typical patron–client relationship, in which each player accepts
a different (but equally necessary) role in a shared division of labor” (1981, p. 488).
Thus it is possible in the case that a great power provides security to a small one, and the
latter compensates the former through its strategic policymaking (Japan and the US, and Cuba and
the Soviet Union for example). Thus, the great power will not try to establish an asymmetric
relation, so as to avoid the threat of the small one seeking relations with another great power
instead. Thus, it is possible to establish a strategic triangle between different powerful states and
smaller ones, with it always being the case that the relationships are “symmetrical”—at least in how
they are perceived.
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�Dittmer claims that there are at least three different kinds of relationship in these possible
triangles:
•

Ménage à trois. Symmetrical amities among all three players.

•

Romantic triangle. Amity between one pivot player and two wing players, but enmity
between each of the latter.

•

Stable marriage. Amity between two of the players and enmity between each and the third.

There is a special position that one state can reach in strategic triangles, that of the pivot.
The pivot position, for example, in a romantic triangle is the most advantageous one available,
permitting amities with two other players and enmities with none, thereby maximizing benefits while
minimizing expenditures for sanctions. […] The pivot must maintain positive relations with both
‘wing’ players while at the same time attempting to manage the level of tension between them
(Dittmer 1981, p. 510).
One of the advantages of the pivot is to play with the “threat of asymmetry” with the other
two states. It means that the pivot state can threaten the possibility of “getting married” to one of
them. Moreover, the pivot state has a key role in elevating or defusing conflicts between the other
two states “based on the inescapable triangularity of bilateral relationships: the pivot has the
capability to exacerbate tension by shifting its weight to one side or the other in the dispute, or to
assuage the conflict by declining to take sides” (Dittmer 1981, p. 512).
One of the limitations of the Dittmer approach to strategic triangles, however, is that the
author does not explain how to recognize each triangle or how to isolate a given triangle from the
other possible ones. The conditions of strategic triangles that Dittmer has proposed are not
limitations nor can they limit per se the admission of other players into the game. That makes more
sense, especially when Dittmer outlines that the players do not necessarily even know that they are
playing a game.
The “Three-Way Street” of Goldstein and Freeman
The work of Joshua S. Goldstein and John R. Freeman published in 1990 as the Three-Way Street:
Strategic Reciprocity in World Politics analyzes how states and specifically powerful nations cooperate
despite their conflictive interests. They used data on interactions between China, the Soviet Union,
and the US, in the years from 1948 to 1989. They looked to evidence whether Chinese–Soviet–US
relations responded to routine, reciprocal, or rational expectations. In other words, if these three
countries were behaving more cooperatively or competitively.
Goldstein and Freeman recognized the potential effects of Chinese behavior on the complex
and asymmetrical connections of US–Soviet relations, but they also found mutual influences on US–
Chinese and Soviet–Chinese relations. The central research question that Goldstein and Freeman
addressed was: “To what extent and how do great powers respond to each other’s behavior?”
(Goldstein and Freeman 1991, p. 17).
The three possible state behaviors posited by IR theorists were not proved by Goldstein and
Freeman: bureaucratic routine (states behave according their own interests, where we can identify
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�Classical Realism); reciprocity (behavior of states are influenced by other states, we can identify
authors from the Interdependence Theory); and, third, that states respond to rational expectations
(states respond not to the influence of other states, but behave according to rational expectations
where reciprocity is not immediately evident, and the problem is that empirical results are
contradictory) (Goldstein and Freeman 1991, p. 17).
With respect to triangular interactions, the authors also found that, “The results of these
simulations are more difficult to interpret with respect to triangular responses. Briefly, they affirm
that Sino–Soviet behaviors are more triangular than behaviors involving the United States: in their
actions toward each other, the Soviet and Chinese consistently take into account US behavior”
(Goldstein and Freeman 1991, p. 28).
The two authors empirically discovered that “great power behavior combines both
bureaucratic routine and reciprocity. Our results also reveal complex, asymmetrical connections
among US–Soviet, US–Chinese, and Soviet–Chinese relations—connections that imply the existence
of a strategic triangle” (Goldstein and Freeman 1991, p.18). Despite the innovation of Goldstein and
Freeman’s work, especially from an empirical, quasi-experimental perspective, they still used
traditional IR theories to explain and interpret their findings. As such, they conservatively explained
the empirical evidence according to traditional descriptions of states behavior as being a
combination of bureaucratic, routine, and reciprocal.
Goldstein and Freeman contributed mainly to confirm the existence of strategic triangles
between states, which can be also asymmetrical, where only a bilateral relationship (Sino-Soviet) is
affected by triangular US-Sino-Soviet influences (Goldstein &amp; Freeman, 1991, p. 30). However, one
of the limitations of Goldstein and Freeman’s findings are the reduction of states’ behavior in
triangular interactions as “reactive links” behaviors. Moreover, and despite the empirical findings of
Goldstein and Freeman (1991), there has not since been any conceptual or theoretical improvement
of our understanding of triangular interactions, apart from validating (Jervis 1976; Osgood 1962;
Larson 1988) or discarding (Snidal 1985; Wagner 1983) some theorists on great power behaviors.
Womack’s Asymmetry Theory and Asymmetric Triangles
Womack (2004) proposes Asymmetry theory and asymmetric triangles. Asymmetry Theory
argues that the system is multipolar, based on the strategic triangle formed by China, the Soviet
Union, and the US during the Cold War era. After the Cold War ended, multipolarism was expanded
by the presence now of at least five poles: the three aforementioned countries plus Japan and
Europe. The asymmetry between states is observed in a stable matrix of international relations, one
of which is multipolar. Womack criticizes, however, Multipolarity Theory, considering its focus to
be on “expanding the circle of powers” but not on analyzing why the expansion of power is
important (2004, p. 356).
Womack refers to the asymmetries of knowledge that states have. Perceptions are the main
variables that determine the behavior of states. According to Womack, “Asymmetry theory is a new
paradigm that addresses the effects of national disparities on international relations. It argues that
asymmetry inevitable creates differences in risk perception, attention, and interactive behavior
between states, and that it can lead to a vicious circle of systemic misperception” (2004, p. 351).
There is a small distinction to be made between the thinking of Wendt and Womack’s
constructivism; the latter says that the asymmetry of knowledge is primary produced by the capacity
and power that afterward leads to the divergence of perceptions. Disparity produces different
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

31	&#13;  

�“attentions” from the larger to the smaller country: “Asymmetry is defined by disparity. An
asymmetric relationship is one in which the disparity is great enough so that shapes the structure of
the relationship. […] Disparity implies that the larger side (A) has less to gain or lose in the
relationship than does the smaller side (B)” (Womack 2010, p. 322).
However, interactions between states are basically dynamic, where attention between states
cannot be defined as asymmetric or as disparities. Material capabilities permit us to affirm and
measure whether there is a disparity of capacities between countries. But in the case of attention, it
also depends on the context. The asymmetry between countries can be measured according to
different factors and it is also a complex process—but essentially some of the factors to consider are
population, economy, and military capacities.
According to Womack (2004), conflicts between states are produced by misperceptions, but
he does not reveal what kind of perceptions informs knowledge. Womack criticizes Realism and
Neorealism because he believes that powerful countries cannot impose their will on other states.
According to him, if powerful states want to maintain their preeminence in the long term, it is not
really viable for them to impose their will on others. Powerful states have the advantage of
opportunities and responsibilities as compared with smaller countries, but these exist inside a stable
matrix of international relations.
Womack further claims that between two states there is more than only one common
relationship; they simultaneously have two sub-relations between them: of A with B and of B with
A. He explains how for smaller state B these relationships are more important than they are for
state A. Here it is not important what the material or symbolic exchanges the interaction includes
actually are; what matters is what perceptions the states have about it.
Misperceptions are frequently present in these relationships. However when the differences
of attentions between states are continual, then eventually the misperception becomes systemic in
nature, leading to conflicts (Womack 2004). However, one can say that the different perceptions that
the actors have in a relationship does not mean that there are at least two different relations in
existence.
Basically, for any relationship to exist it is necessary to have two actors, two states that
interact, and of course each of them had their own perceptions—nevertheless, there can still be only
one relationship. Perceptions might also be more numerous if we observe a relationship at a
different point in time, because relationships are dynamics processes. As such, there will be more
than just two perceptions, as Womack himself argues.
One of Womack’s aims (2010) is to establish how asymmetries between states can affect
their relations. He accurately affirms vis-à-vis triangular interactions that: “The key feature of
triangular relationships in contrast to bilateral ones is the indeterminacy of simultaneous
interactions” (2010, p.402).
Womack classifies triangular interactions according to the positions that the states have as
players. There is one state that is the most powerful player (X), a second state with an intermediate
power position (Y), and finally the least powerful player of the three states (Z). The triangular
interactions are classified into four kinds of triangles: symmetrical; single head dual asymmetrical;
twin head dual asymmetrical; and, triple asymmetrical (Womack 2010).
•

Symmetrical triangle X=Y=Z
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

32	&#13;  

�•

Single head dual asymmetrical triangle X&gt;Y=Z

•

Twin head dual asymmetrical triangle X=Y&gt;Z

•

Triple asymmetrical triangle X&gt;Y&gt;Z

Critiques of approaches to triangular interactions
In more recent academic works, a little more has been written by scholars about triangular
interactions. However, there are some authors who are skeptical about these kinds of interaction or
this level of analysis. Thus, Lo noted that, “The notion of strategic triangulism, popular during the
Cold War, has made something of a comeback in recent years” (2010, p. 7). According to this
author, there are at least two elements—the decline of the US/the rising of China and the reemergence of Russia—that in apparent coincidence with each other are now facilitating the
formation of triangular relations between China, Russia, and the US.
Lo (2010) disagrees with this notion of a formation of triangular relations between the three
aforementioned powers. One of the problems from his point of view is the exaggeration of the
“strategic triangle” as a concept and as a form of genuine interaction: “Its value was exaggerated
even during the Cold War. Today, the utility of triangularism as a tool for understanding great power
relations is falling in inverse proportion to China’s rise as the next global power” (Lo 2010, pp. 7–8).
According to Lo (2010), it is not a multipolar world order that is emerging; rather what is
emerging is a new Sino–American bipolarity. “[It is] less stark than the bipolarity of the Cold War,
but world affairs will nevertheless come to be dominated by two superpowers, supported (or
undermined) by various second-rank powers and international institutions” (Lo, 2010, p. 8).
Lo (2010) refutes the notion of the existence of any kind of strategic triangle, essentially due
to the lack of three sufficiently powerful states currently interacting with each other: “An effective
triangle requires three sides that are, if not equal, at least sufficiently powerful and engaged to exert a
significant influence on the interactions within it. There is no such example in the contemporary
international system” (2010, p.10). However, triangles do not have to have the same equality of size,
as there are inter-state interactions that can be affected in different issue-areas.
The critiques of Lo (2010) regarding triangular interactions are reasonable due to the lack of
a solid theoretical framework for them, as well due to the currently limited volume of empirical
research that has been done on these three-way interactions.
Synchronization in International Relations
In Physics, authors agree that Synchronization is primarily a process, wherein minimally two
systems interact as a consequence of the information transmitted by a third mechanism. According
to (Boccaletti, Kurths, Osipov, Valladares, &amp; Zhou, 2002) in Physics “not always the word
synchronization will be taken as having the same colloquial meaning, and we will need to specify
what synchrony means in all particular contexts in which we will describe its emergence”
(Boccaletti, Kurths, Osipov, Valladares, &amp; Zhou, 2002, p. 3). Thus, Boccaletti et al. define the
Synchronization of chaotic systems as “a process wherein two (or many) chaotic systems (either
equivalent or nonequivalent) adjust a given property of their motion to a common behavior, due to
coupling or forcing” (2002: 3). For its part, Synchronization is understood as “an adjustment of [the]
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

33	&#13;  

�rhythms of oscillating objects due to their weak interaction” (Pikovsky, Rosenblum, &amp; Kurths, 2001,
p.8).
The etymology of the word Synchronization is from Ancient Greek, meaning “to share the
common time.” Thus, the word Synchronization used to be associated with the idea that
phenomena occur more or less simultaneously.
Synchronization as a physical phenomenon has been studied since the 17th century. The
Dutch mathematician Christiaan Haygens described the phenomenon of Synchronization by
observing how a pair of clocks reacted together and influenced each other through a third
mechanism, one which apparently was not interconnected with the other two. He arrived at the
conclusion that an external mechanism (wall) was interacting with two independent systems (clocks).
In other words, both clocks were informing each other through the medium of the wall. This
apparent simply verification led to the later construction of a Synchronization Theory in Physics.
Subsequently studies of Synchronization were expanded, with this phenomenon being
applied in Physics to several examples of Synchronization between different objects, such as, among
others, fireflies (Boccaletti, Kurths, Osipov, Valladares, &amp; Zhou, 2002, pp. 2–3). Additionally, the
theory has been used to explain “weather” behavior, and moreover human behaviors, for example to
explain why the applause in a theater tends to continue until it reaches a simultaneous rhythm.
As already mentioned above, this article proposes to use the concept of Synchronization in
IR. It can be defined as the correlated cooperative and/or competitive interactions between three
states in similar periods of time. One of the three states plays the role of the third mechanism, which
influences the interactions between the other two states.
Despite triangular interactions tends to synchronize, it is only possible when the three states
interact under certain conditions: when there is a mutual interaction in similar periods of time, the
presence of failure and/or improvement of bilateral demands compliance, and one of the states
plays as a “joker card”, then they will tend to synchronize their relationships.
The aforementioned conditions can be defined basically as the following:
•

Mutual interactions in similar periods of time. The mutual interactions include the bilateral
interactions as well as the eventual responses of the third state. There is not necessarily
simultaneous behavior of the three states, but the behavior of one state is slowly followed by
the other state.

•

Failure and/or improvement of bilateral demands compliance and therefore the expansion
of their relationship to a third state looking to satisfy national interests.

•

The third State plays as a “joker card”. In physical sciences, it is called the third mechanism,
which is in charge of transmitting the information between two independent systems. In IR,
it is the State that the other two states look recurrently to in order to resolve the failure of
bilateral demands.

There are currently no studies that measure these kinds of triangular interactions between states,
apart from the aforementioned studies of Dittmer (1981) and Goldstein &amp; Freeman (1991), which
are limited only to the analysis of the interactions of great powers, without offering an appropriate
conceptual framework to understand triangular interactions.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

34	&#13;  

�It is important to highlight that Synchronization identifies the existence of synchronized events
in a period of time. Synchronization recognizes that states respond to external stimulus, but the ways
in which they do so, depend mainly on internal factors. Synchronization uses material facts to
determine the effects of interactions between states. Nevertheless, even after the existence of
Synchronization has been proved in empirical cases there is still room for different interpretations of
it according to the particular IR theoretical approach taken. Thus, Synchronization is a kind of
starting point from which to better understand triangular interactions.
States as dynamic and autonomous systems
States are dynamic and autonomous systems. They are dynamic, which underlines the system’s
capacity to react in the face of an external stimulus. However, the reactions of states depend on the
domestic contexts of states and not on the international structures per se.
For its part, autonomous means that states have their own internal structures. Hence,
theoretically, one can isolate a state from the international system and yet this state will still be a state
without a loss of its characteristics. The importance of recognizing the characteristic of states being
autonomous systems is due to their capacity to react pragmatically in the face of external stimulus,
meaning reacting in such a way as to protect their national interests. Hence, Synchronization in IR
also concurs with those realist approaches that consider the state to be the main actor in the
international system.2
According to realist theory, states act in their own national interest, a behavior that is understood
in terms of power. However, a state’s behavior also has to be understood in pragmatic terms. Thus,
a state’s national interests are multiple, as are the issue-areas in which states interact with each other.
This pragmatism can include seeking power, as well as looking for prestige, for economic
development, for cultural influence, and so on.
This article understands the anarchy of states not as a lack of government, but as the capacity to
react however they want to external stimulus, with the near impossibility therewith for the observer
to predict how a state will react in a given context. Thus, the anarchy of the system is formed by the
anarchy of the states. According to Waltz (1979), the structure is what influences the behavior of
states; however, stimulus is not the same as influence.
In Synchronization I refer to the stimulus that the system exerts on states. The idea here is that
states are not passive subjects that are inherently influenced by the international structures alone.
Rather, while the international structures play an important role in the sense of continuously
providing an external stimulus to states it is, however, the latter who are the subjects pragmatically
responding to this stimulus and who also have reciprocal effects on those international structures.3
An important point in the Synchronization process is indeed that it does not focus on or analyze
the domestic or national structures of the states in question. Synchronization observes instead how
states receive stimulus from third states and how they respond, taking the results of these
interactions as the main sources of evidence for Synchronization.
	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  
However, this does not means that the Synchronization can also be applied to other actors in the international system,
such as transnational ones; the actors that are considered dynamic and autonomous systems are those that interact with
another actor playing the role of the third mechanism.
3 This is an assumption mainly from neo-classical realism.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015
2

	&#13;  

35	&#13;  

�In Synchronization, states are independent variables but also can be dependent ones depending
on the starting position that the researcher decides upon. 4 For example, we can observe the
Synchronization between Brazil and the US in their interactions with China (third state). In this case
the bilateral relationship Brazil–US could be the dependent variable, with China meanwhile being
the independent one. We could also attempt to analyze whether there is Synchronization in the
bilateral relationship between China and the US, wherein Brazil could play the role of the third state.
Thus, states interactions are not exclusively either independent or dependent variables.
States as the third state of interactions
A valid question to ask of Synchronization is why it is important to look at the third state in
order to analyze triangular interactions. On the one hand, doing so is a way to theoretically isolate a
state as the independent variable that could affect a bilateral relationship. 5 On the other, the
presence of this third state is an indispensable factor for the stimulation of the bilateral relationship.
To determine the intensity of effect that the third state has on a bilateral relationship is not
actually that easy.6 The intensity of the third state has to be in some way “weak.” When the third
state stimulates but also determines the kind of response of the states involucrate in the bilateral
relationship, we are not any more faced with Synchronization. In other words, the effects of the
stimulus produced by the third mechanism are just a stimulus, as it does not drive the response
itself. The response depends on the individuality of the states involved in the bilateral relationship.
The states decide according to their own pragmatic considerations if they are to opt for cooperative
or competitive behavior in response to the external stimulus.
Types of synchronization
Every state has different cooperative and/or competitive responses or frequencies (in the language
of Synchronization in Physics) in the face of the stimulus provided by the third state. State
interactions that are synchronized (coupling of the frequencies) is what in Physics is called “an
oscillatory period.” These can normally be measured per year, for example the oscillatory periods of
trade between Brazil and the US as a result of the former’s interactions with China.
The responses or reactions of states (cooperative or competitive) will normally be stable.
During this time, the interactions of the two parties within the bilateral relationship will tend to be
stable, with them taking on either a cooperative or competitive relationship (or a mixture of both).
However, some perturbations might appear that could produce changes in the behavior of the
states, but only temporarily—which could be the synchronized events.
	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  
This is also a principle of Physics. The classical example is of a train in motion.
Regarding the way to isolate variables, Waltz gives a valid answer when he argues that—despite everything in reality
being related to everything else—the task of theory is to “isolate one realm from all others in order to deal with it
intellectually” (1988, pp. 615–616).
6 It is a difficulty in Physics to determine what constitutes the “weak” or “strong” influence of the third mechanism prior
to the systems’ eventual unification: “Usually it is rather difficult, if at all possible, to determine strictly what can be
considered as a weak coupling, where the border between ‘weak and ‘strong’ lies, and, in turn, whether we are looking at
a synchronization problem or should be studying the new unified system. In rather vague terms, we can say that the
introduction of coupling should not qualitatively change the behavior of either one of the interacting systems and should
not qualitatively change the behavior of either one of the interacting systems and should not deprive the systems of their
individuality. In particular, if one system ceases to oscillate, it should not prevent the second one keeping its own
rhythm” (Pikovsky; Rosenblum; Kurths 2001: 17).
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4
5

	&#13;  

36	&#13;  

�Synchronization measures the coinciding of behaviors as well as opposing ones (mismatch)
so as to determine whether the synchronization of phenomena is occurring. Thus, Synchronization
can happen both in the same direction and in different directions as well. Thus, according to the
oscillatory periods observed in Synchronization, this article classifies Synchronization in IR as having
at least two possible forms7:
- Positive Synchronization: the results of the interactions between the states are showed visually
and under certain measurable parameters. The absence of Synchronization is 0, and a positive
Synchronization is a quantity superior to 0 and up to 1. Qualitatively explained, when states are
at least cross-correlated with an index superior to 0 and up to 1, the states interacts
cooperatively, which is called positive Synchronization.
In other words, the cooperative synchronization between three states indicates the degree of
similar collaborative responses of their behaviors with each other.
- Negative Synchronization: the principle is the same as in positive Synchronization however, in
a negative Synchronization, the cross-correlation index shows a result between -0 and -1. A
negative Synchronization indicates that the states are interacting in a competitive way.
The negative Synchronization between three states indicates the degree of similar antagonistic
responses of their behaviors with each other.
The may be several formula to apply for calculating Synchronization, depending of the data. In
this article, we applied a cross-correlation8, which supposes one has two time series Xk and Yk where
k runs from 1 to L.
At the first step one calculates averages:

Then one subtracts these averages from the time series

Then one calculates the variances

	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  
Physics distinguishes between unidirectional and bidirectional coupling as the basic forms of Synchronization.
However, there are in fact at least seven types of synchronization for chaotic systems (Boccaletti et al. 2002, pp. 3–4).
8 The author thanks Prof. Dr. Arkady Pikosky from the Departament of Physics and Astronomy at the University of
Postdam, for facilitating the formula.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015
7

	&#13;  

37	&#13;  

�Then one calculates the correlation coefficient as follows

This coefficient can vary from -1 to 1. Cxy close to 1 means a strong positive correlation. Cxy close to
-1 means a strong negative correlation (or also called anti-correlation). Cxy close to zero means no
correlation (they are “independent” processes).
Synchronization is not a simple verification of reactive behaviors between states. It is more
about how states in triangular interactions are correlated, sharing properties, and interests, among
others.
Triangular interactions between China, Latin American countries,
and the United States
In recent years, China has expanded its political, economic, technological, and cultural
presence on the global stage by making greater financial investments, developing new technology,
and establishing partnerships with states around the world. It has led to scholars striving to deduce
whether the interests of the US are now being affected by this turn of events (Gu, Humphrey, &amp;
Messner, 2007). The continued rise in China’s importance within the international system has been
identified as the single most important geopolitical challenge that the US will face in the coming
decades (Fukuyama, Ikenberry, &amp; Wright, 2005; Rudolf, 2006) or has been defined as the
relationship that will dominate the future of international politics and that will produce an eventual
transition from a unipolar to a multipolar order (Bergsten, 2008; Gu, Humphrey, &amp; Messner, 2007).
Hence, some academics have suggested in future a probable confrontation between the
US—as the current hegemonic power, albeit one in decline—and China—the rising power. As a
result, academic analyses include likely scenarios ranging from military confrontation between China
and the US (Brzezinski &amp; Mearsheimer, 2005) to intermediate conflicts between China and the
West over economic and geopolitical concerns (Kupchan, 2001) or, alternatively, to cooperative
behavior in international institutions, as proposed mainly by institutionalists, with the predicted
cultivation of cooperative relationships alongside peaceful transitions (Xintian, 2009)
However, the notion of conflicts arising from recent global power shifts has been present
since the Cold War era and is most visible in the Realist approach. On the one hand, some realist
scholars who placed a stronger focus on the security dimension of IR emphasize the potential for
conflict occurring due to: the uncertainties stemming from multipolarization (Waltz 1987); shifting
cost–benefit patterns that incentivize revisionist action in the course of a power transition
(Organski, 1968; Organski &amp; Kugler, 1980; Gilpin, 1981) and, the military overstretch of the
incumbent power (Kennedy, 1987).
For more recently scholars, such as neoclassical realists, the era of unipolarity is seen as being
far from over and hence they adjudge the possibility of direct conflict breaking out in the near future
to be relatively low (Ikenberry, Mastanduno, &amp; Wohlforth, 2009; Pape, 2005; Paul, 2005). On the
other hand, liberal-institutionalists—who place a stronger focus on political-economic issues—
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

38	&#13;  

�suggest that growing interdependencies and processes of institutionalization at both the global and
regional levels reduce the probability of conflicts occurring (Keohane &amp; Nye, 1977; Keohane, 1984;
Russet &amp; Oneal, 2001).
However, neither realists nor neo-institutionalists are able to explain the relationships that
exist as part of these triangular interactions. In the current process, the strong focus on the security
dimension does not, however, also explain the level of cooperation as well; it focuses mainly on the
powerful states, and not on the role of countries with limited resources, such as for example
Argentina and Venezuela in the current international system. For their part liberal-institutionalists—
with their strong focus on economic interdependence—are not able to satisfactorily address the
issue of a persistent level of competition between states. Also, it is not clear how this
interdependence plays out in other arenas aside from that of economics.
Although the complexity between China and the US is observed, it is necessary to include
the strategies implies for those countries in order to build alliances and how other rising but also
minor powers could be potentially play a role in the interactions between China and the US.
For its part, simultaneously to the China´s rising, countries in Latin America such as
Argentina, Brazil, and Venezuela have been furthering their goal of partner diversification, finding
therein China to be a convenient and supportive strategic partner, which is not the case of Mexico,
although it has signed a strategic partnership with China. As a result, official and academic concerns
have been articulated in the US about the possible implications of this China-related development
for the US’ own national interests and its relationships with the aforementioned Latin American
countries.
The growing presence of China in Latin America has a special meaning for the US with
regard to its own geographical and historical zone of influence. US officials as well as scholars have
thus scrutinized the increasing influence of China in Latin America. General Cradock, former US
Head of the Southern Command, declared the presence of China in Latin America to be “an
emerging dynamic that could not be ignored.”9 On the occasion of an official visit to Beijing in 2006,
Thomas Shannon, US Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, discussed the
increased presence of China in Latin America, as was also done in the subsequent meeting held in
Washington D.C. in 2007, as well as in Beijing in 2008. This discussion has also occurred in the
different reports of the US Congress’ US–China Economic and Security Review Commission.10
Moreover, Secretary of State Hillary Clinton said in 2009 that China and Iran were disturbing the
Latin American region.
According to Ellis (2005), the presence of China in Latin America is seen by the US as a
phenomenon that undermines its own power. Hakim (2006), Pérez Le-Fort (2006), and Hsiang
(2009) have also mentioned that for Latin American countries China seems to be an economic and
political alternative to US predominance.
The exponentially increasing presence of China in the Latin American region leads to deep
questions about whether and how China interactions with Latin American countries could
potentially be correlated with the bilateral Latin American–US relationships. In other words, to
corroborate evidence—in issue-areas beyond just the economic one—for possible changes in the
relationships between Latin American countries and the US due to the presence of China in the
	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  
9

In Pablo Bachelet, “China’s Latin influence is Growing, General Says,” The Miami Herald, March 10, 2005.
http://www.uscc.gov.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

10

	&#13;  

39	&#13;  

�region. There exists a gap in our knowledge that the literature until now has been unable to fill with
concrete evidence.
Applying Synchronization Empirically
This article applies the typical case approach to select the cases in Latin America; it is also
called the representative case (Gerring 2008). “The typical case exemplifies what is considered to be
a typical set of values, giving some general understanding of a phenomenon” (Gerring 2008, p. 648).
The advantage of the typical case approach is also its exploratory investigation also of the
phenomenon of Synchronization.
The typical case approach is also advantageous for this research because “depending upon
the results of the case study, the author may confirm an existing hypothesis, disconfirm that
hypothesis, or reframe it in a way that is consistent with the findings of the case study” (Gerring
2008, p. 650). The article also chooses to use a typical case approach given “that the probability of
the cases’ representativeness is high, relative to other cases” (Gerring 2008, p. 650). It also uses the
case study method because it enables case analysis and comparison. The use of comparative case
studies allows us to apply mixed methods, including also a combination of deduction and induction.
As well as these benefits, case studies also have an explanatory value or theory-building purpose
(Bennett 2004). Another reason to choose case studies is their advantages in identifying any new
hypotheses during the process of investigation (Bennett 2004). This chosen approach is thus also
useful for improving the theoretical framework of Synchronization.
Case Selection
Considering that there are several cases of triangular interactions in international relations,
the article conducts a comparative study of the political-diplomatic and commercial bilateral
relationships of Argentina, Brazil, and Venezuela with the US.
China, as the most intensely and extensively rising power in the international system during
the last two decades, has in recent years been increasing its political, economic, cultural, and
technological exchange with countries around the world.
The countries in Latin America are selected according to the Chinese side’s hierarchy vis-àvis bilateral interactions in the region, wherein Argentina, Brazil and Venezuela as Strategic
Partnerships of China11 are recognized as the most comprehensive and relevant interactions due to
the political and strategic gains to be had from them.
Thus, the chosen cases are the triangular interactions existing between Argentina–China-US,
Brazil–China-US, and Venezuela–China-US.

	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  

The other Strategic Partners of China in Latin America are Chile, Mexico, and Peru. The case of Chile is discarded due
to its recent establishment—this Strategic Partnership was signed in 2012, and is thus still under construction. Mexico is
a deviant case, as political, economic, and geographical reasons make it completely different to the others. The article
seeks to include only the cases that can be considered typical. In the case of Peru, meanwhile, despite signing up to a
Strategic Partnership with China in 2008 the country also signed up to a Free Trade Agreement with the Asian
country—and almost all of their bilateral interactions are circumscribed to this instrument, and not to the Strategic
Partnership.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015
11

	&#13;  

40	&#13;  

�Indicators to measure empirical cases
The indicators for the behavior of states in this article are focused mainly on politicaldiplomatic matters and trade interactions. However the indicators of Synchronization can be many,
depending on the area that the research is interested in investigating. It is important to consider that
the article does not pretend to apply empirically Synchronization in all areas of the triangular
interactions. It is a limited initial test for some indicators.
Thus, indicators of political exchange are the bilateral political-diplomatic interactions, in the
form of the bilateral agreements signed in the years from 1990 to 2012. The official reciprocal state
visits of presidents or heads of state are also part of these indicators. Likewise, the trade exchange is
included. The selection coincides with the end of the Cold War, and thus with the end of the
bipolarity of the international system. It is the period that also coincides with the exponential rise of
China and with the relative global supremacy of the US. The cut-off point being set at 2012 is
related to the availability of data. Each of the indicators is divided into quarterly sequences of time.
Testing Synchronization on the cases
In the case of Argentina–China–US vis-à-vis political-diplomatic interactions, the bilateral
agreements signed by this South American country with the US and China respectively were
analyzed first. The bilateral interactions between Argentina and the US included 122 bilateral
agreements signed between 1990 and 2012. The bilateral interactions between Argentina and China
included 62 bilateral agreements signed in the same period of time.
The results of the Synchronization of the bilateral agreements show that from 1990 until
1999 there was no correlation between the three states. However the years of 1999–2003 seem to
have been a period of Synchronization, with the three states interacting in correlation with each
other. Moreover, this was a period of positive Synchronization—meaning that the three countries
were interacting more or less cooperatively, without competitive responses to the triangular
exchange.
For its part, the period of 2004–2008 was one of negative Synchronization; with some kind
of Synchronization. This period coincided when the US stopped signing agreements with Argentina
in connection with the latter’s relationship with China. The period of 2009–2011 was one when
correlation was almost nonexistent (Graph 1).

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

41	&#13;  

�Graph 1. Synchronization Coefficient of Argentina–China–US due to their bilateral agreements,
1990–2012

0.4	&#13;  
0.3	&#13;  
0.2	&#13;  
0.1	&#13;  
0	&#13;  
-­‐0.1	&#13;  

1990-­‐1994	&#13;  

1995-­‐1998	&#13;  

1999-­‐2003	&#13;  

2004-­‐2008	&#13;  

2009-­‐2011	&#13;  

-­‐0.2	&#13;  

Synchroniza6
on	&#13;  Coeﬃcient	&#13;  
Bilateral	&#13;  
agreements	&#13;  
Argen6na-­‐
China-­‐US	&#13;  

-­‐0.3	&#13;  
-­‐0.4	&#13;  
-­‐0.5	&#13;  

Source: Author’s own compilation, based on data from the Foreign Affairs Ministry of Argentina.

	&#13;  

The indicator of reciprocal bilateral official state visits between the countries suggests
Synchronization from 1999 onward. The number of state visits by high-level officials was low: in the
case of Argentina–US it included 21 official visits; in the case of Argentina–China there were 28
such official visits in the years from 1990–2012.
Regarding the Synchronization of the reciprocal official state visits between Argentina–
China-US, the results indicate a permanent negative Synchronization between the three states. Only
in the last period of 2009–2012 is there almost no Synchronization. This last period also coincided
with the absence of Synchronization vis-à-vis the bilateral agreements (Graph 2).
Graph 2. Synchronization of Argentina–China–US due to their official state visits, 1990–2012

0	&#13;  
-­‐0.1	&#13;  

1990-­‐1994	&#13;  

1995-­‐1998	&#13;  

1999-­‐2003	&#13;  

2004-­‐2008	&#13;  

2009-­‐2011	&#13;  

-­‐0.2	&#13;  
Synchroniza6on	&#13;  
Coeﬃcient	&#13;  Oﬃcial	&#13;  
visi6ng	&#13;  Argen6na-­‐
China-­‐US	&#13;  

-­‐0.3	&#13;  
-­‐0.4	&#13;  
-­‐0.5	&#13;  
-­‐0.6	&#13;  
-­‐0.7	&#13;  

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

42	&#13;  

�Source: Author’s own compilation, based on data from Ministry of Foreign Affairs of Argentina and
Newspapers.
Finally, the commercial data shows the nonpresence of Synchronization between the cases.
There was an observable tendency to increase commerce—in the form of exports and imports—
between the cases, but only proportional with the global increase in trade and without correlation
between the three states.

Millones	&#13;  

Graph 3: Comparison of Argentina´s exports to China and the US, 1990-2012
3,000	&#13;  
2,500	&#13;  

Argen6na	&#13;  
exports	&#13;  
to	&#13;  US	&#13;  

2,000	&#13;  
1,500	&#13;  
1,000	&#13;  

Argen6na	&#13;  
exports	&#13;  
to	&#13;  China	&#13;  

0	&#13;  

I-­‐19
I-­‐91	&#13;  
I-­‐92	&#13;  
I-­‐93	&#13;  
I-­‐94	&#13;  
I-­‐95	&#13;  
I-­‐96	&#13;  
I-­‐97	&#13;  
I-­‐98	&#13;  
I-­‐99	&#13;  
I-­‐00	&#13;  
I-­‐01	&#13;  
I-­‐02	&#13;  
I-­‐20
I-­‐04	&#13;  
I-­‐05	&#13;  
I-­‐06	&#13;  
I-­‐07	&#13;  
I-­‐08	&#13;  
I-­‐09	&#13;  
I-­‐10	&#13;  
I-­‐11	&#13;  
I-­‐12	&#13;  

500	&#13;  

Source: Author’s own compilation, based on data from INDEC Argentina
In the case of Brazil–China–US vis-à-vis political-diplomatic interactions, the bilateral agreements
signed by Brazil with the US and China respectively were analyzed first. The bilateral interactions
between Brazil and the US included 74 bilateral agreements signed between 1990 and 2012. The
bilateral interactions between Brazil and China included 76 bilateral agreements signed in the same
period of time.
The results of the Synchronization calculated for the bilateral agreements show that between
1990 and 1994 these countries appear to have been involved in a period of positive Synchronization.
However, in the period of 1995–2003 there was no kind of Synchronization, due to the
nonexistence of correlations between the interactions.
For its part, the period of 2004–2008 was a period of negative correlations, with some kind
of Synchronization. In the period of 2009–2011 correlations were almost nonexistent, which could
be taken to indicate the absence of any triangular interactions (Graph 4).
The indicator of reciprocal bilateral official state visits between these countries
suggests at least that some kind of correlation occurred from 1999 onward. The number of state
visits by high-level officials in the case of Brazil–US was 21. In the case of Brazil–China, there were
28 such official visits in the period of 1990–2012.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

43	&#13;  

�Graph 4: Synchronization of Brazil–China–US due to their bilateral agreements, 1990–2012

0.6	&#13;  
0.4	&#13;  
0.2	&#13;  
0	&#13;  
-­‐0.2	&#13;  

1990-­‐1994	&#13;  

1995-­‐1998	&#13;  

1999-­‐2003	&#13;  

2004-­‐2008	&#13;  

2009-­‐2011	&#13;  

-­‐0.4	&#13;  

Synchroniza6
on	&#13;  Coeﬃcient	&#13;  
bilateral	&#13;  
agreements	&#13;  
Brazil-­‐China-­‐
US	&#13;  

-­‐0.6	&#13;  
-­‐0.8	&#13;  

Source: Author’s own elaboration, based on data from the Ministry of Foreign Affairs of Brazil.
The results of the application of the cross-correlation coefficient to the reciprocal official
state visits between Brazil–US and Brazil–China indicate a permanent negative correlation between
the three states. Only in the last period of 2009–2011 is there almost no correlation. This last period
also coincided with the absence of correlations vis-à-vis the bilateral agreements (Graph 5).
Graph 5: Synchronization of Brazil–China–US due to their reciprocal bilateral official state visits,
1990–2012

0.1	&#13;  
0	&#13;  
-­‐0.1	&#13;  

1990-­‐1994	&#13;  

1995-­‐1998	&#13;  

1999-­‐2003	&#13;  

2004-­‐2008	&#13;  

-­‐0.2	&#13;  
-­‐0.3	&#13;  

2009-­‐2011	&#13;  

Synchroniza6o
n	&#13;  Coeﬃcient	&#13;  
oﬃcial	&#13;  visi6ng	&#13;  
Brazil-­‐China-­‐
US	&#13;  

-­‐0.4	&#13;  
-­‐0.5	&#13;  
-­‐0.6	&#13;  
-­‐0.7	&#13;  

Source: Author’s own compilation, based on data from the Ministry of Foreign Affairs of Brazil and
Newspapers.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

44	&#13;  

�As with the previous case, also for Brazil–China–US no period of Synchronization was found for
the three countries vis-à-vis commercial exchange.

Millones	&#13;  

Graph 6: Comparison of Brazilian exports to China and the US, 1990-2012
16,000	&#13;  
14,000	&#13;  
12,000	&#13;  
Brazil	&#13;  
exports	&#13;  to	&#13;  
US	&#13;  

10,000	&#13;  
8,000	&#13;  
6,000	&#13;  

Brazil	&#13;  
exports	&#13;  to	&#13;  
China	&#13;  

4,000	&#13;  
0	&#13;  

I-­‐1990	&#13;  
II-­‐91	&#13;  
III-­‐92	&#13;  
IV-­‐93	&#13;  
I-­‐95	&#13;  
II-­‐96	&#13;  
III-­‐97	&#13;  
IV-­‐1998	&#13;  
I-­‐00	&#13;  
II-­‐01	&#13;  
III-­‐02	&#13;  
IV-­‐03	&#13;  
I-­‐05	&#13;  
II-­‐06	&#13;  
III-­‐07	&#13;  
IV-­‐08	&#13;  
I-­‐10	&#13;  
II-­‐11	&#13;  
III-­‐12	&#13;  

2,000	&#13;  

Source: Author’s own compilation, based on data from the Ministry of Commerce of Brazil
In the case of Venezuela–China–US vis-à-vis political-diplomatic interactions, the bilateral
agreements signed by this South American country with the US and China respectively were
analyzed. The bilateral interactions between Venezuela and the US included only eight bilateral
agreements signed between 1990 and 2012. The bilateral interactions between Venezuela and China
included 369 bilateral agreements signed in the same period of time.
The analysis of the data showed that there was no kind of correlation between the three
states regarding the signing of bilateral agreements, as was also true vis-à-vis reciprocal bilateral
official state visits. It is explained mainly for the absence of a triangular interaction, in reference to
the absence of concrete bilateral interactions between Venezuela and the United States (Graph 7,
graph 8).

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

45	&#13;  

�Graph 7: Comparison of the bilateral agreements and official visiting Venezuela-US and VenezuelaChina, 1990-2012
45	&#13;  
40	&#13;  

Venezuela	&#13;  
bilateral	&#13;  
agreements	&#13;  with	&#13;  
China	&#13;  Venezuela-­‐
US	&#13;  

35	&#13;  
30	&#13;  
25	&#13;  
20	&#13;  
15	&#13;  
10	&#13;  
0	&#13;  

I-­‐199
I-­‐91	&#13;  
I-­‐92	&#13;  
I-­‐93	&#13;  
I-­‐94	&#13;  
I-­‐95	&#13;  
I-­‐96	&#13;  
I-­‐97	&#13;  
I-­‐98	&#13;  
I-­‐99	&#13;  
I-­‐00	&#13;  
I-­‐01	&#13;  
I-­‐02	&#13;  
I-­‐200
I-­‐04	&#13;  
I-­‐05	&#13;  
I-­‐06	&#13;  
I-­‐07	&#13;  
I-­‐08	&#13;  
I-­‐09	&#13;  
I-­‐10	&#13;  
I-­‐11	&#13;  
I-­‐12	&#13;  

5	&#13;  

Venezuela	&#13;  
bilateral	&#13;  
agreements	&#13;  with	&#13;  
China	&#13;  Venezuela-­‐
China	&#13;  

Source: Author’s own compilation, based on data from the Ministry of Foreign Relations of
Venezuela B.R

18000.00	&#13;  
16000.00	&#13;  
14000.00	&#13;  
12000.00	&#13;  
10000.00	&#13;  
8000.00	&#13;  
6000.00	&#13;  
4000.00	&#13;  
2000.00	&#13;  
0.00	&#13;  

Exports	&#13;  
Venezuela	&#13;  to	&#13;  	&#13;  
US	&#13;  

Exports	&#13;  
Venezuela	&#13;  to	&#13;  	&#13;  
China	&#13;  
I-­‐199
I-­‐91	&#13;  
I-­‐92	&#13;  
I-­‐93	&#13;  
I-­‐94	&#13;  
I-­‐95	&#13;  
I-­‐96	&#13;  
I-­‐97	&#13;  
I-­‐98	&#13;  
I-­‐99	&#13;  
I-­‐00	&#13;  
I-­‐01	&#13;  
I-­‐02	&#13;  
I-­‐200
I-­‐04	&#13;  
I-­‐05	&#13;  
I-­‐06	&#13;  
I-­‐07	&#13;  
I-­‐08	&#13;  
I-­‐09	&#13;  
I-­‐10	&#13;  
I-­‐11	&#13;  
I-­‐12	&#13;  

Millones	&#13;  

Graph 8: Comparison of Venezuelan exports to China and the US, 1990-2012

Source: Author’s own compilation, based on data from COMTRADE
Comparing Synchronization between the cases
The empirical data presented here also indicates that the presence of China at in Argentina,
Brazil, and Venezuela has not produced simultaneous periods of Synchronization between the cases,
but rather that these periods occur at different points in time depending on the country in question.
Thus, it would be not possible to refer to some kind of Synchronization between China–US and the
South American region for example; rather, periods of Synchronization are limited to the level of
states and not to that of the region. Thus, we have Synchronization periods both between
Argentina–China–US and between Brazil–China–US in the political and diplomatic areas analyzed,
and no Synchronization between Venezuela-China-US in the analyzed areas.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

46	&#13;  

�Comparing the time sequence of the bilateral agreements signed by Argentina with China
and the US between 1990 and 2012, we can observe some kind of related events occurring since
2004. During the 1990s, the interactions between Argentina and the US were notably intense.
According to the Synchronization, there is a marked positive correlation in the period 1999–2003
and a marked negative correlation in the period 2004–2008.
In the case of Brazil–China–US, the bilateral agreements signed are especially numerous in
1993, 2004, and 2010. In 1993 the main form of interaction was that taking place in the arena of
technology. In both 2004 and 2010, however, technology-related mutual interests were
overshadowed by economic agreements. According to the Synchronization, there were an also a
positive correlation in the period 1999–2003 and a notable negative correlation in the period 2004–
2008.
Regarding official state visits, in the case of Argentina–China–US during the 1990s there is a
negative correlation between the countries. In the period 2009–2011 there was a tendency for the
correlation to be zero, with there being almost no periods of Synchronization between these three
countries. In the case of official visits between Argentina–China–US during the 1990s—and
especially in the period 1990–1995—there was also a negative correlation. However, and
representing a difference with the case of Argentina, while visits by US officials to Argentina were
frequent those by Chinese officials were often made to Brazil instead. However, in the case of Brazil
the situation changes in the period 1999–2011, when the correlation with China and US was
positive. This means that the visits from both sides, China and the US, were closely correlated with
Brazil.
Curiously, there are no correlations between the bilateral official visits and the signing of
bilateral agreements by Argentina–China–US. This could be taken to indicate that the interests
existing between these three countries are assigned only a minor diplomatic ranking, evidenced by
the lack of high-level visits made during the signing of the agreements. The case of Brazil is
different, however, as the majority of bilateral agreements were signed during the course of highlevel official state visits.
Comparing the periods of Synchronization between Argentina–China–US and Brazil–China–
US, it is observable that the first event or period was the case of Brazil–China–US, which was then
followed by the period of Argentina–China–US. Thus, there were no simultaneous interactions
between China and both countries in the region, with China instead apparently first interacting only
with Brazil.
Investigating periods of Synchronization on trade exchange between the different cases,
there was no evidence found that indicates correlations between the interactions of the different
states. Trade exchange showed a trend toward increasing, with some periods of decrease, especially
during the global financial crisis (2008–2009), but there is nothing to indicate that China, the South
American countries, and the US participate in some kind of triangular interaction in this particular
issue-area. It also reflects that the neccesary conditions to synchronize are not present in trade exchange.
There are pragmatic exchanges, differently from those in political and diplomatic arenas.
For their part, the regular correlations—both negative and positive—between Argentina–
China–US and Brazil–China–US show that the triangular interactions between China, the South
American countries, and the US are not necessarily static cooperative and/or conflictive interactions.
Both of these situations are ones that could be taken to evidence the pragmatism of their
relationships, which are sustained without the building of permanent alignments.
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

47	&#13;  

�The case of Venezuela–China–US did not reveal any kind of correlations, and consequently
the results indicate that the three countries—at least in the period 1990–2012—did not participate in
any kind of triangular interaction. Initially, in the official discourse of Venezuela the country’s
relationship with China was used as an instrument to gain more autonomy from the US. Thus, the
unilateral decision or foreign policy choice of a country to actively engage with other countries so as
to increase its interactions with one of them to the detriment of the other cannot be said to produce
or represent a triangular interaction.
The lack of triangular interactions in the case of Venezuela–China–US could be taken to
indicate that China and the US were interacting with Venezuela for reasons complete independent of
the latter’s own foreign strategy. It could thus be considered evidence of pragmatic policies being
pursued by China and the US. The supposedly more “ideological” interactions between Venezuela
and China thus did not actually exist, at least in the sense of links being cultivated to deliberately
harm US interests. The results that have been presented in this article indicate at least that the
exchanges of China in Venezuela in some political and diplomatic areas are not related to the
bilateral relationship between Venezuela and the US.
The Synchronization occurring in triangular interactions is not a permanent phenomenon,
but rather a dynamic one that is more or less often present in the cases examined in this article. The
presence or not of Synchronizations depends on the presence of certain conditions such as: mutual
interaction in similar periods of time, the presence of failure and/or improvement of bilateral
demands compliance, and one of the states playing as a “joker card”. If these conditions are
present, then they will tend to synchronize their relationships.
Thus, Synchronization is not present in all areas of interaction that were examined for these
cases: while it was mainly present in the political-diplomatic arena this was not the case in the
commercial exchanges occurring between the different countries. Trade is a permanent tendency
between states to increase their commercial exchange, without a real triangulation of the
interactions.
The finding of there being an absence of Synchronization in the arena of trade exchange is
one of considerable importance, in the sense that it refutes the conclusion reached by some of the
literature on the increasing economic presence of China in Latin America that this development
represents a serious threat to the economic interests of the US in the region. In light of this finding,
it might be the case that in reality these states act purely in economically-minded and pragmatic ways
and as such ideological considerations are not anywhere near as important as they have hitherto
been believed to be.
Final considerations
The general relevance of this article arises from it combining the study of the following key
topics: first, the new level of analysis in IR that is triangular interactions, which is as relevant as
bilateralism, considering its potential contribution to more comprehensive understanding of the
interactions between States; second, the testing of a new concept that incorporates principles of
Physics in IR under the nomenclature “Synchronization”; third, that Synchronization could also be
relevant in a way to anticipate desirable conducts of states in triangular interactions, where the
conduct of one of them follows the dynamic of the other states; finally, the potential empirical
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  

48	&#13;  

�findings and comparative outcomes from the triangular interactions between China, Latin American
countries, and the US.
The improvement in every science comes from taking risks, specifically by proposing new ways
to tackle phenomena. In this particular case, the risk was to take a theory from another science,
Physics, and thus to adapt it to the concepts of Synchronization to IR. I have sought to make an
innovative contribution by analyzing triangular interactions between states, due to the lack of
relevant literature thereon and to the uncertainties that remain in that empirical research which has
already been done on this phenomenon. As in Physics, there are several research techniques
available to the scholar wishing to analyze the possible presence of Synchronization. The kind of
technique to be applied will depend on the kind of data that is available.
Thus, this article represents a first proposal of a specific theoretical framework of triangular
interactions, as a particular level of analysis in IR. Future research could henceforth seek to
undertake more empirical applications of this innovative framework. The need for more empirical
cases in this regard is great, and the possibility now exists to conduct more complex and nuanced
analysis. For future research it will be both possible and also desirable to expand the application of
Synchronization to a larger population of cases including more political, economic, and other
indicators.

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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp. 53-72
ISSN: 2395-8448

	&#13;  

La dictadura argentina en el banquillo:
la trayectoria de la justicia y punición a los responsables por los
crímenes de lesa humanidad.
Argentina's dictatorship in the dock:
The path of justice and punishment for those responsible for
crimes against humanity.
Andrés del Río

Profesor adjunto en Ciencias Políticas en el Instituto de Educación de Angra dos Reis (IEAR) de la Universidad Federal
Fluminense (UFF).
Investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas, Estrategia y desarrollo (INCT-PPED).
Email: andres.delrio@gmail.com
Fecha de envío: 22 de mayo 2015
Fecha de aceptación: 15 de junio 2015

Resumen
La Argentina representa, hoy en día, el caso más avanzado en la punición a los responsables
de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (Sikkink, 2013). El
país selló por la opción favorable a la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad,
embarcada en un amplio reclamo social (Filippini, 2011). Pero los procesos, lejos de reducirse,
aumentan en tamaño ganando nuevas temáticas. En esta línea, Argentina tuvo un proceso de
revisión del pasado de la mano de la justicia. A pesar de que la trayectoria no fue lineal, como se
notará, es imposible entenderla sin observar los tribunales. En el presente trabajo, de forma breve,
describimos los principales eventos del proceso de justicia transicional argentina hasta la actualidad,
resaltando la participación en (y con) los tribunales. Observaremos también la posición sobre la
revisión del pasado violento de cada uno de los gobiernos en el periodo seleccionado 1983-2014. El
estudio intenta colaborar en el debate sobre los procesos de revisión del pasado violento en nuestra
región, innovando al observar en esta trayectoria los tribunales y la posición de los gobiernos en el
poder con relación a la impunidad.
Palabras claves: Derechos humanos, Cortes, Sistemas legales, Justicia transicional, Argentina

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�Abstract
Today, Argentina is the most advanced case in relation to the punishment of those
responsible for human rights violations during the last civilian-military dictatorship (Sikkink, 2013).
The country chose the favourable option of penal persecution of crimes against humanity, within
the context of broad social demands (Filippini, 2011). Yet rather than decreasing, these trials have
increased in size, generating new issues. In that sense, Argentina revised the past with the help of the
judiciary. Although the trajectory was not linear, as will be shown, it is not possible to understand it
without taking into account the role of the courts. This study will briefly describe the events of
Argentina’s process of transitional justice up until the present day, highlighting the participation in
(and of) the courts. Likewise, we shall also observe the position of each of the governments between
1983-2014 when revising of the violent past. The study aims to contribute to the debate on the
processes to revise our region’s violent past, with the innovation of taking into account the courts
and governments’ positions in relation to this impunity.
Keywords: Human rights, Courts, Legal systems, Transitional Justice, Argentina.

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�Introducción
Con el retorno a la democracia en diciembre de 1983, Argentina cerró el período del último
régimen cívico-militar atravesado por el terrorismo de Estado y la destrucción de la arquitectura
productiva del país. La transición del régimen no fue compartida con los militares. En ese sentido, la
pérdida de la Guerra de Malvinas en 1982 por los militares en el poder fue determinante para la
ausencia de negociación en la transición. Sin embargo, aquella transición no controlada por los
militares no significó una ausencia de legados autoritarios en la democracia. En el horizonte
democrático, hubo dos desafíos fundamentales: por un lado, la restitución de la Ley y los derechos
fundamentales; por el otro, la punición de los responsables por las violaciones a los derechos
humanos durante el último régimen cívico-militar.
Cada país enfrenta su pasado violento según sus posibilidades, estructuras institucionales y
movimientos sociales y políticos. Así, un frágil equilibrio se va gestando a partir de los diferentes
sectores y la diversidad de demandas de cada escenario nacional. En el proceso, la reconciliación no
tiene el mismo significado para todos los integrantes de la sociedad. El poder judicial tiene un papel
fundamental en la materialización de la justicia y la punición. Pero no siempre es parte de los
sectores que desean revisar el pasado, o no tienen una actitud activa en lo que respecta a la búsqueda
de la verdad y la punición. La justicia constituye más un espacio de lucha política y de negociación en
la reconciliación y la reconstrucción. De esa forma, la justicia puede volverse un actor de
importancia en la revisión, o bien un límite en la búsqueda de la verdad.
La Argentina representa, hoy en día, el caso más avanzado en la punición a los responsables de
violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (Sikkink, 2013). El país
selló, por la opción favorable a la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad, embarcada
en un amplio reclamo social (Filippini, 2011). Pero los procesos, lejos de reducirse, aumentan en
tamaño ganando nuevas temáticas. En esta línea, Argentina tuvo un proceso de revisión del pasado
de la mano de la justicia. A pesar de que la trayectoria no fue lineal, como se notará, es imposible
entenderla sin observar los tribunales. En el presente trabajo, de forma breve, describimos los
principales eventos del proceso de justicia transicional argentina hasta la actualidad, resaltando la
participación en (y con) los tribunales. Observaremos también la posición sobre la revisión del
pasado violento de cada uno de los gobiernos en el periodo seleccionado 1983-2014. El estudio
intenta colaborar en el debate sobre los procesos de revisión del pasado violento en nuestra región,
innovando al observar en esta trayectoria los tribunales y la posición de los gobiernos en el poder
con relación a la impunidad.
La Justicia Transicional y los Tribunales
La justicia transicional (JT) emerge como respuesta concreta a las violaciones sistemáticas a los
derechos humanos durante el último régimen autoritario. El concepto de justicia transicional fue
delimitado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UN Security Council, 2004) y de
forma clara Paul Van Zyl indica:
El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la
verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las
instituciones abusivas y promover la reconciliación. Lo anterior exige un conjunto incluyente

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�de estrategias diseñadas para enfrentar el pasado así como para mirar hacia el futuro con el fin
de evitar la recurrencia del conflicto y las violaciones. (Van Zyl, 2009, p.32)
En este sentido, el mismo autor remarca:
Las estrategias de justicia transicional deben considerarse un componente importante de la
construcción de la paz en la medida en que abordan las necesidades y los reclamos de las
victimas, promueven la reconciliación, reforman las instituciones estatales y restablecen el
Estado de derecho. (p.33)
La justicia transicional tiene cuatro dimensiones primordiales: la reparación a las víctimas, la
búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria, la reforma de las instituciones del Estado y
el restablecimiento de la igualdad de los individuos frente a la ley. Según el International Center for
Transitional Justice (ICTJ): “ninguna medida aislada es tan eficaz como todas combinadas” (Olsen,
Payne y Reiter, 2009, p.166).
Los estudios sobre justicia transicional poseen una interdisciplinariedad intrínseca al objeto de
estudio, un área altamente compleja de estudios de derecho, sociología, historia, ciencia política,
entre otras. Las diferentes dimensiones de la justicia transicional son trabajadas de las más diversas
formas. Pero en cuanto a la dimensión de la igualdad ante la ley, no existen muchos estudios que
hagan foco en la participación de los tribunales en el proceso de revisión y punición al pasado
violento reciente. Juzgar a los violadores es una parte crítica de la justicia transicional. Sin embargo,
los sistemas de justicia no siempre participan del proceso en forma activa. Como indica el
documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UN, 2011, p.9): “los sistemas de
justicia nacionales, en el proceso de justicia transicional, en general, no realizaron reformas
institucionales y presentan imposibilidades estructurales y de recursos humanos para conocer los
complejos casos de violaciones masivas a los derechos humanos”. Las continuidades institucionales,
particularmente en lo judicial, forman parte de los desafíos con los cuales la democracia debe lidiar.
El objetivo del presente trabajo es analizar la trayectoria histórica reciente de los principales
eventos de la justicia transicional argentina, observando la posición de cada gobierno con relación a
la revisión del pasado violento y la participación de (y en) los tribunales en el proceso de lucha por la
memoria, verdad y justicia.
El Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)
La vuelta a la democracia: la búsqueda de la verdad.
Tan pronto el Presidente Raúl Alfonsín, del partido Unión Cívica Radical, asumió el ejecutivo
nacional el diez de diciembre de 1983, envió un proyecto de ley al Legislativo Nacional1. Tenía por
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Cuando Ricardo Alfonsín era candidato presidencial había anticipado que derogaría la ley de pacificación nacional. Ítalo
Lúder, candidato por el Partido Justicialista, por el contrario, tuvo una posición moderada e intencionalmente ambigua.
1

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�finalidad revocar la Ley 22.924 (Ley de Pacificación Nacional) 2 , conocida como Ley de
Autoamnistía, “promulgada” por los militares cuatro mese antes de dejar el poder. Con esta ley, los
militares intentaban extinguir las responsabilidades penales de los agentes del Estado que violaron
sistemáticamente los derechos humanos. Convirtiéndose en la primera ley democrática, la Ley
23.040 revocó la autoamnistía comenzando el proceso de revisión y búsqueda de la verdad sobre las
atrocidades vividas durante la última dictadura. La misma sirvió como signo fundamental contra la
impunidad. La ley sancionada no solo revocó el decreto de autoamnistía sino que también lo declaró
de nulidad absoluta e insanable, anulando los efectos para el pasado.
El 15 de diciembre de 1983, basada en el decreto presidencial 187, se conformó una Comisión
de notables con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos durante el último
régimen Cívico-Militar 3 . El régimen autoritario, autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional, se desarrolló entre 1976 y 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP) estuvo integrada por: un presidente, seis secretarios y 12 miembros. El presidente fue
el reconocido escritor Ernesto Sábato. Otros miembros reconocidos fueron: el Dr. René Favaloro
(que renunciaría), Gregorio Klimovsky y Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros. Una de las
secretarias fue Graciela Fernández Meijide.
El 20 de septiembre de 1984, 280 días después, la Comisión presentó su informe final: el
Nunca Más. En él, recibieron nueve mil denuncias y oyeron más de siete mil testimonios, de los
cuales 1500 fueron de sobrevivientes. La Comisión llegó a documentar incriminaciones en cincuenta
mil folios. 8960 personas fueron dadas como desaparecidos y se localizaron trescientos ochenta
centros de detención clandestinos, los principales fueron: ESMA (Escuela Mecánica de la Armada),
La Perla, Olimpo y Mansión Seré (CONADEP, 1984). De esta forma, la CONADEP constituyó la
primera comisión exitosa, a nivel internacional, en investigar la desaparición forzada de personas, en
un contexto internacional desfavorable4. Como indica Crenzel:
El informe, Nunca Más, basado en una retórica jurídica, instaló una nueva verdad pública
sobre la desaparición al probar la existencia material del sistema, negada por sus autores, y
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Ley denominada de Pacificación Nacional, con el norte de ser medidas políticas y normativas tendientes a sentar las
bases de la definitiva pacificación del país (según indica la propia ley). La ley fue promulgada el 22 de septiembre de 1983
por el gobierno autoritario, antes de la asunción del presidente constitucional Alfonsín. En su primer artículo:
Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o
subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden,
asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas
a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza
o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o
encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos.
3 Conjuntamente con el decreto 187, debe tenerse en consideración los otros dos decretos fundamentales en este
proceso de justicia transicional: A) Decreto 157 de 13 de diciembre de 1983, Declárase la necesidad de promover la
prosecución penal con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, contra distintas
personas por actividades ilegales. Boletín oficial de 15-12-83. B) Decreto 158 de 13 de diciembre de 1983. Juicio sumario
ante consejo supremo de las fuerzas armadas integrantes de las juntas militares. Boletín oficial de 15-12-83.
4 Como indica Bohmer (2014, p.129): “La situación internacional no era favorable. La mayoría de los países de América
Latina estaban bajo dictaduras, el breve florecimiento de los derechos humanos en la región que la administración del
presidente norteamericano James Carter acompañó se había terminado y la guerra fría volvía a cobrar vigencia bajo
Ronald Reagan. El muro de Berlín todavía estaba en pie y Mandela todavía en prisión”.
2

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�postuló a la justicia y a la democracia como garantías para que el horror no se repitiera.
(Crenzel, 2014, p.42)
El informe Nunca Más sirvió como base para procesos penales y para juzgar a los miembros
de la junta militar, pero su validez como medio de prueba fue colocada en duda por la defensa de los
imputados.
La Ley 23.049, sancionada en febrero de 1984, modificó profundamente el Código de Justicia
Militar. Con la reforma se incorporó la posibilidad de intervención de la justicia civil en procesos
desarrollados en la justicia militar cuando existieran dilaciones injustificadas, sin necesidad de
alcanzar una sentencia definitiva. De este modo, la protección sistemática de la Justicia Militar y su
constante paralización de los juicios, cambió con la intervención de la justicia civil, dejando abierta la
posibilidad de continuar con el proceso de búsqueda de la verdad5. Así, a partir de los trabajos de la
CONADEP, surgió un proceso de judicialización, aunque el mismo se presentaba en un contexto
político delicado.
Juicio a las juntas militares.
El Juicio 13, como es conocido, fue el proceso judicial realizado por la justicia civil, en
oposición a la justicia militar, por orden del Presidente Raúl Alfonsín, contra las tres primeras juntas
militares de la dictadura debido a las graves y enormes violaciones a los derechos humanos
cometidos durante el período. El 22 de abril de 1985 el juicio comenzó.
El 9 de diciembre de 1985 se dictó una sentencia condenando a los cinco miembros de las tres
primeras juntas militares que gobernaron la Argentina: Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola,
Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti.
Todas las condenas se convirtieron en un evento sin precedentes para la justicia transicional a
nivel mundial y un gran paso en la consolidación del estado de derecho argentino. El Juicio a las Juntas
contribuyó a crear conciencia de que no existe más espacio en el país para gobiernos autoritarios. En
ese sentido, el juicio promovió el descubrimiento de la ley, en cuanto los ciudadanos percibieron un
sistema legal era más viable y legítimo, asentando la idea que nadie está por encima de la ley (Sikkink,

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Dice el Art. 10 de la Ley 23.049: El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas conocerá mediante el procedimiento
sumario en tiempo de paz establecido por los artículos 502 al 504 y concordantes del Código de Justicia Militar, de los
delitos cometidos con anterioridad a la vigencia de esta ley siempre que: Resulten imputables al personal militar de las
Fuerzas Armadas, y al personal de las Fuerzas de Seguridad, policial y penitenciario bajo control operacional de las
Fuerzas Armadas, y que actuó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de septiembre de 1983, en las operaciones
emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo.
Art. 11 - El art. 34, inc. 5 del Código Penal deberá ser interpretado conforme a la regla del art. 514 del Código de Justicia
Militar respecto de los hechos cometidos por el personal mencionado en el artículo anterior que actuó sin capacidad
decisoria cumpliendo órdenes o directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos
superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar. A ese efecto podrá presumirse, salvo evidencia en
contrario que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la
comisión de hechos atroces o aberrantes.
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�2013). Desde un sentido simbólico, el juicio a las juntas se trató de la más elocuente escenificación
de la igualdad ante la ley (Martin, 2014)6.
Pero el Juicio a las Juntas tuvo particularidades importantes: en el proceso, más de 800
testimonios fueron escuchados, y más de 700 casos fueron analizados a partir del informe Nunca
Más de la CONADEP. En el Juicio no fueron incluidos todos los casos documentados, habiéndose
elegido únicamente los casos trascendentales, siendo juzgados 281 casos 7 . Solo los máximos
responsables de la cadena de mando fueron juzgados. Los cuadros medios y los ejecutores directos
de los crímenes fueron dejados de lado.
La condena de los máximos responsables no significó el fin de la búsqueda de la verdad y de la
justicia. El Juicio a las Juntas legitimó muchos reclamos y denuncias. Con él comenzaron a abrirse
miles de procesos penales en el país. El destino de los casos dependía en gran medida de la
convivencia (o no) entre los jueces para avanzar en este tipo de procesos. Este movimiento de la
sociedad en busca de justicia en los tribunales fue generando malestar en el ámbito militar. Es en
este escenario que ocurrieron diversos acontecimientos con el objetivo de desestabilizar el gobierno
constitucional. Entre ellos, levantamientos militares, muy sensibles para la sociedad. Y con ellos, el
proceso de justicia se frenaría abruptamente.
Leyes de impunidad: punto final y obediencia debida.
Una de las consecuencias de las presiones de los militares fue la sanción de la Ley 23.492,
conocida como la ley de Punto Final. Esta fue sancionada por el Congreso el 23 de diciembre de
1986. La ley establecía en su artículo primero: "se extinguirá la acción penal contra toda persona que
hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el
10 de diciembre de 1983". La ley otorgó sesenta días para procesar a los acusados por los delitos de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Un plazo mínimo que generó desesperación
entre los movimientos sociales y de derechos humanos que buscaban avanzar en la justicia. Este
breve plazo produjo una enorme movilización en los tribunales, tanto por las presentaciones de los
movimientos de derechos humanos como de algunos jueces que no dejarían que el tiempo limitara
su trabajo.
A pesar de la enorme concesión de la ley, la presión continuó. La misma se tornó vivible para
la sociedad en la Semana Santa de 1987. Liderados por el “Carapintada” Teniente Coronel Aldo
Rico, una rebelión militar intentó ocupar la Escuela de Infantería de Campo de Mayo en reclamo a
los cientos de procesos presentados contra militares dentro del período habilitado. El apoyo popular
al gobierno democrático de Alfonsín fue amplio. Pero la rebelión tuvo como consecuencia la
sanción de otra ley de impunidad: la Ley 23.521 de Obediencia Debida. La misma establecía una
presunción, sin aceptar prueba en contrario (iuris et de iure), de Obediencia Debida. O sea, se absolvía
a los militares de rango intermedio y bajo acusados de violaciones a los derechos humanos en la
última dictadura por haber actuado presuntamente en virtud de la obediencia debida. Algunos de los
beneficiados por la norma fueron los reconocidos genocidas Alfredo Astiz, Antonio Bussi, Miguel
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Según Strassera el juicio a las juntas fue más justo, por calificarlo de alguna manera, que el de Núremberg, porque “allí
los jueces eran de las potencias que habían ganado la guerra. Acá el juicio fue hecho en un tribunal que tenía cien años.
Eran jueces que lo podrían juzgar a cualquiera, a uno mismo, no eran jueces especiales” (citado en Eliaschev, 2011).
7 En ese sentido, menos del 8% de los casos de desaparecidos registrados por la CONADEP fueron incluidos en el
juicio (Crenzel, 2008,).
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�Etchecolatz, Jorge Acosta, entre muchos otros. De esta forma, el desprocesamiento inmediato de los
imputados en procesos penales, fue una de las consecuencias de la nueva ley. Además de haber
intervenido en el ámbito de las facultades exclusivas de los jueces.
A pesar del retroceso que significó para la mayoría de las organizaciones de derechos
humanos, la ley declaraba explícitamente en el artículo 2 (de la ley 23.521): “La presunción
establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y
ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles”. El
artículo era tan explicito como el artículo 5 de la Ley 23.492. Así, el artículo se convertiría en el
futuro en una puerta jurídica para la defensa de los derechos humanos.
A fines de junio de 1987, la Corte Suprema debió analizar la validez de ambas leyes. La corte
juzgó que resultaban de una ponderación de los intereses en juego, exclusiva del poder político y
que, como tal, deberían ser acatadas por el Poder Judicial (Guembe, 2005, p.121). Con una
orientación contraria, en el ámbito internacional, casi un año después, en julio de 1988, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez8, dejó
establecida la obligación de los Estados de prevenir, investigar y punir las violaciones a los derechos
humanos.
La impunidad establecida a partir de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
multiplicaron los reclamos de justicia de las organizaciones de derechos humanos, estableciendo un
núcleo duro e intransigente contra la impunidad. Y este solo se fortalecerá con el paso del tiempo.
El gobierno de Carlos S. Menem (1989-1999)
La política del cangrejo.
La salida prematura del Presidente Alfonsín9, seis meses antes del término previsto de su
mandato, en un escenario de inestabilidad social y económica, habilitó la asunción el 8 de julio de
1989 del nuevo presidente electo: Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista. Con él, de manera
inmediata, las políticas de impunidad se profundizaron. En claras palabras del ministro de defensa
Ítalo Lúder, en agosto del mismo año: “el gobierno argentino perdonará a militares rebeldes y
acusados de violar los derechos humanos como parte de una estrategia para aumentar la credibilidad
al país y atraer inversiones extranjeras” (citado en Napoli, 2011, p. 67). Entre el 7 de octubre de 1989
y el 29 de diciembre de 1990, el Presidente Menem dictó diez decretos indultando a aquellos que
habían sido condenados en los años anteriores. Según el gobierno, se trató de una política de perdón
que pretendía la reconciliación nacional, en busca de la estabilización de las relaciones cívicomilitares, con el objeto de cuidar la democracia. Una peligrosa política de cangrejo: Menem creyó
que avanzaba, pero solo retrocedió, perjudicando profundamente los avances en el área de derechos
humanos y punición a las violaciones de la última dictadura.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de
julio de 1988.
9 La situación económica de la argentina era crítica en los últimos meses del mandato de Raúl Alfonsín. De forma clara,
Aldo Ferrer (2008) indica: En enero (de 1989) se produjo una corrida especulativa contra el austral que trató de contener
contra la venta de reservas del banco central. En febrero, éste carecía de reservas para regular el mercado, que era ya
inmanejable dada la dimensión de la fuga de capitales. En solo los cuatro meses siguientes, la cotización del dólar se
multiplicó por ocho. Entre febrero y agosto los precios subieron el 1.700%, el tipo de cambio se devaluó cuatro veces y
los salarios reales cayeron el 30%. (p. 404)
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�Entre los indultos decretados, fueron beneficiados: aquellos que habían sido procesados y no
beneficiados por la ley de Punto Final y Obediencia Debida, miembros de grupos guerrilleros, los
participantes de las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, los comandantes
condenados por delitos en la Guerra de Malvinas, los miembros de las juntas militares, Guillermo
Suarez Mason, y el ex ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros.
De esta forma, tomando las leyes de impunidad y los indultos de Menem, aquellos que estaban
siendo juzgados, los que fueron juzgados y los condenados terminaron beneficiados por las leyes
y/o indultos. Una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial porque indultó a quien no resultó
condenado. En seis años de democracia, se pasó de avances importantes en el área de la justicia
transicional a un retroceso profundo que culminaría con los condenados libres en las calles. En este
escenario, las organizaciones de derechos humanos consolidaron su posición de reclamo
intransigente a la impunidad, contando con el apoyo de algunos movimientos sociales.
Fase post-indultos
Desde la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, un conjunto de individuos
y organizaciones denunciaron al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la Organización de Estados Americanos. Estas denuncias se intensificaron a partir de los
indultos de Menem. A comienzos de octubre de 1992, la Comisión se pronunció a través de un
informe, conocido como el 28/92. En él, la CIDH destacó las violaciones del Estado argentino en
relación al derecho de justicia de las víctimas, además de indicar la incompatibilidad de las leyes de
Amnistía por ser contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión recomendó, a la Argentina en
particular, tomar medidas para esclarecer los eventos, e identificar y sancionar a los responsables por
las violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar.
En el año 1994, se reformó la Constitución Nacional. La incorporación de los tratados de
derechos humanos a la Constitución, otorgándoles jerarquía constitucional, potencializó los
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, el Estado asumió
obligaciones especiales de rango internacional10. En la misma línea, en 1995, se promulgó la Ley
24.584, aprobándose la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa humanidad", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Siguiente un orden cronológico, entre finales de 1994 y 1995 se consolidó la agrupación
H.I.J.O.S. - Hijos y Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio - a nivel
nacional. La agrupación fue clave para el mantenimiento de la memoria en un momento de olvido y
apatía. Con los canales institucionales bloqueados, la organización innovó sus formas de protestas: el
“escrache” se volvió una forma efectiva de manifestación y repudio (Oberlin, 2011)11. La condena
social fue exitosa, obteniendo la agrupación gran visibilidad y apoyo de la sociedad. La constancia y
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La reforma constitucional de 1994 no solo incorporó constitucionalmente el principio de supremacía de los tratados
sobre las leyes de la Nación, en el nuevo artículo 75 inciso 22, sino que también estableció que los 11 instrumentos
internacionales sobre derechos humanos enumerados por la propia Constitución, tienen jerarquía constitucional.
11 El escrache era el proceso de identificación de los lugares donde vivían los represores, que culminaba con un acto
público en el cual se marcaba visiblemente la vivienda en la que habitada el represor. Así, todo aquel que pasaba por el
lugar sabía que allí vivía un represor.
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�perseverancia de las organizaciones de derechos humanos fue clave en la justicia transicional en un
momento de retroceso y de políticas de impunidad.
Coincidiendo con la reelección del presidente Carlos S. Menem, al final de 1995, el retroceso
se revertiría para volver de a poco a la trayectoria de la política de la memoria, verdad y justicia. Pero,
lejos de tratarse de una reversión por políticas activas del gobierno nacional, se trató de una
reversión multidimensional: por contexto, evolución del derecho internacional, creatividad y presión
social. La dimensión contextual doméstica era difícil: desempleo masivo, precarización laboral y
pobreza extendida. El pueblo estaba en la calle, y los diferentes reclamos, lejos de desaparecer, se
potenciaban. La continuidad y constancia de las organizaciones de derechos humanos contra la
impunidad aumentaban lentamente su visibilidad y también la presión ejercida. Simultáneamente, el
aniversario del Golpe de Estado de 1976 y el debilitamiento de las fuerzas armadas, abrió
oportunidades y multiplicó apoyos sociales a los reclamos de esas organizaciones. La dimensión de la
defensa de los derechos humanos fue fortalecida por el contexto internacional, entre ellos: el caso
Scilingo, la evolución del pensamiento internacional y los derechos humanos, y posteriormente el
ejemplar caso Pinochet 12.
Innovación ante la restricción: Instancia internacional.
En el escenario internacional, familiares y organismos de derechos humanos (con el apoyo de
organizaciones locales de cada país de destino) presentaron denuncias en diversos países para
acceder a la jurisdicción de los mismos por el principio jurídico de la nacionalidad de la víctima.
España comenzó a investigar lo que sucedió en la Argentina durante la dictadura militar, bajo el
principio de jurisdicción universal a partir del año 1996 (Cels, 2013). La cara visible de este proceso
fue el Juez Baltazar Garzón. A fines de 1999, el prestigioso juez pidió, a través de la Interpol, la
detención de cuarenta y ocho acusados, entre ellos: Videla, Massera, Suárez Mason, Nicolaides,
Bussi, Menéndez, Acosta y Astiz. En 1997, el Caso Scilingo fue particularmente especial por la
confesión voluntaria acerca de los “Vuelos de la Muerte” y su correlativa localización de los cuerpos
en la costa argentina13 14. Pero no solo en España se desarrollaron estos procesos. Jueces de Francia
(caso Astiz15), Alemania (casos Kasemann y Zieschank) e Italia (caso Suarez Mason, y también
utilizando el principio de nacionalidad pasiva por la Operación Cóndor) también pidieron la
extradición de militares argentinos para ser juzgados en el exterior, generando una fuerte presión al
gobierno argentino (Yanzon, 2011). Esto provocó, por un lado, una negativa constante por parte de
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El 16 de octubre de 1998, el juez Baltasar Garzón dictó la orden de detención de Pinochet desencadenando todo el
conocido proceso. Dicho juez investigaba desde hacía dos años los crímenes contra españoles en la última dictadura
argentina. En este sentido, se trató de un cambio fundamental en el derecho internacional, cambios que se vienen
fortaleciendo en las últimas décadas. La protección a los derechos humanos pasó a constituirse en unos de los
principales objetivos de la comunidad internacional. En el mismo año, en julio, representantes de 120 países reunidos en
la conferencia de Roma aprobaron el proyecto de creación de un tribunal penal internacional, con sede en la Haya, países
Bajos.
13 Los Vuelos de la Muerte: los detenidos-desaparecidos que estaban en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y
otros centros clandestinos de detención eran narcotizados, amarrados y arrojados con vida desde aviones al Rio de la
Plata y al Océano Atlántico.
14 En abril de 2005, en España, Adolfo Scilingo fue juzgado y condenado a 640 años de prisión. Recientemente, la Corte
española aumentó la pena a 1084 años.
15 Con relación a Astiz fueron varios los países que lo procesaron, y/o condenaron, y/o pidieron su extradición, entre
ellos Francia, España, Suecia e Italia.
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�las máximas autoridades nacionales (los presidentes Menem, De la Rúa, Duhalde)16 a colaborar,
tanto en el ámbito judicial como en las extradiciones solicitadas por los países que habían iniciado
causas penales contra argentinos por crímenes de lesa humanidad. Por el otro, la reforma
constitucional y los compromisos internacionales que surgieron a partir de ello, impedían que la
negativa se extienda por un largo plazo. Todos estos procesos crearon importantes precedentes,
movilizando a la sociedad. Así, los cambios en la esfera internacional motivaron transformaciones en
el país, influyendo en el desarrollo de los procesos que los tribunales estaban canalizando. La
visibilidad del caso Pinochet redobló el incentivo de reclamo de los familiares y de las
organizaciones. Como indica Sikkink (2013), con relación a los juicios de lesa humanidad, estos
contribuyen a disuadir mas allá de las fronteras y, así como es probable que los juicios tengan mayor
poder de disuasión en el país donde se llevan a cabo, también existe la posibilidad de encontrar un
mayor grado de prevención o discusión generales, afectando a países vecinos.
Innovación ante la restricción: Juicios por la verdad.
En este contexto, nuevas estrategias fueron llevadas a cabo por los diferentes organismos de
derechos humanos en pos de obtener justicia y evitar la consolidación de la impunidad. Una
búsqueda constante de nuevas fórmulas jurídicas y procesales para poder superar los obstáculos y
restricciones construidas por las leyes de impunidad establecidas, en un escenario social y económico
complejo con un sector militar debilitado, y una creciente internacionalización de la defensa de los
derechos humanos, facilitaron la apertura del establecimiento de los Juicios por la Verdad. Con ellos, se
abrieron nuevos sentidos del pasado, alterando significados en el presente y posibilitando nuevas
alternativas en el horizonte. La defensa de la memoria y la búsqueda de la justicia fueron pilares
fundamentales en este proceso de transformación. Los juicios fueron el retorno a la trayectoria de la
búsqueda de la verdad y la justicia en los tribunales nacionales, vedados desde la sanción de las leyes
de impunidad y de los indultos (Filippini, 2011).
Los Juicios comenzaron a partir de un amparo presentado por la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) y algunos familiares en la Cámara Federal de La Plata, en la ciudad de
La Plata, en abril de 199817. Un mes después, la Cámara resolvió investigar lo que había sucedido.
Los Juicios por la Verdad tenían por objetivo descubrir lo que ocurrió con los desaparecidos durante la
última dictadura cívico-militar, las circunstancias en las cuales se sucedieron los trágicos eventos, el
destino final de las víctimas y la individualización de los responsables. La importancia de esos juicios
é que, a pesar de no considerar la posibilidad de condena y punición (por la aceptación de los límites
establecidos por las leyes de impunidad por los jueces), su objetivo era la fijación judicial de la
verdad. Los Juicios por la Verdad surgen debido a la ausencia de respuesta del Estado en relación a los
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Decretos 111 de 09-02-1998 de Carlos S. Menem, Decreto 1581 de 05-12-2001 de Fernando De la Rúa, y Eduardo
Duhalde rechazó la extradición de Astiz a inicios de 2002.
17 Como precedente inmediato pero con resultado negativo por parte de los tribunales. La causa del Caso Mignone de
1995 finalmente fue cerrada por el tribunal; el Caso Aguiar de Lapacó vs Argentina (Caso 12.059 -1999) exigió el
derecho a la verdad basándose en el derecho internacional e interno. Finalmente, la causa fue negada por la Corte
Suprema de Justicia Nacional. En 1998, Caso Facundo Urteaga c/Estado Nacional (fallo: 321:2767), a partir del Habeas
data presentado, fue aceptado por la Corte Suprema, un mes después de la negativa del Caso Aguiar de Lapacó. En 1999,
una resolución de la CIDH recomendó en el Caso Aguiar Lapacó el acceso a la verdad, abriendo las puertas de los
tribunales. El Caso Aguiar de Lapacó fue resuelto por una solución amistosa por el informe 21/00, de febrero de 2000 –
CIDH-OEA. En él, el Estado Argentino aceptó y garantizó el derecho a la verdad, y se comprometió a adecuar la
legislación para facilitar la competencia y el trabajo de tribunales penales específicos.
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�desaparecidos y, especialmente, por las restricciones impuestas por las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida, y los indultos.
Durante los meses que siguieron, se presentaron más demandas en todo el territorio nacional
en busca de la verdad, movilizando a la sociedad Argentina a enfrentarse con un pasado que para
muchos estaba cerrado. En todo ese tiempo, declararon más de 800 testigos, existiendo más de 2200
expedientes. A partir de los Juicios por la Verdad, se reunió información esencial, ayudando a iniciar o
reabrir casos penales por violación a los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado
durante la última dictadura.
Una característica importante de los Juicios fue que se basaron extensivamente en los pactos,
sentencias e informes internacionales de derechos humanos. Tanto el informe 28/92 como el
Informe Anual 1985/1986 de la CIDH, fueron parte de la sustentación de los fundamentos de los
Juicios. Como indicó la CIDH en el Informe Anual 1985/1986: “Toda la sociedad tiene el
irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en
las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el
futuro” (Capítulo V).
Además de esos informes de la comisión, diversas sentencias de la Corte IDH fueron
utilizadas (ex. Caso Velásquez Rodríguez de 1988)18, así como también la solución amistosa del Caso
Aguiar de Lapacó del año 200019. De ese modo, los tribunales nacionales fueron reaccionando a la
presencia activa de la jurisprudencia cada vez más insistente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en lo referido a los casos que violan la Convención Americana de Derechos Humanos
(Roht-Arriza, 2011). Otro instrumento internacional que fue parte de la sustentación argumental de
los Juicios fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La
Convención tenía jerarquía constitucional desde mayo de 1997. A los fundamentos basados en el
derecho internacional, se sumaron los argumentos que surgen de la Constitución Nacional y la
protección de las garantías individuales previstas por la misma, además de diferentes sentencias de la
Corte Suprema Nacional (ex. Caso Urteaga)20. Argumentos sustentados de forma combinada por las
innovaciones del derecho internacional, del propio desarrollo del proceso nacional en un contexto
especial. Los Juicios por la Verdad se constituyeron en un camino alternativo en la búsqueda de la
verdad y justicia, una innovación ante la restricción. Aunque lejos de ser el fin del camino, se trató
del comienzo del retorno a la senda de la justicia.
Innovación ante la restricción: las lagunas de la amnistía.
Casi simultáneamente al inicio de los Juicios por la Verdad en 1998, diferentes peticiones fueron
presentadas en los tribunales sobre casos no contemplados por las leyes de amnistía de la década de
los ochenta: por un lado, la apropiación y sustracción de menores o niños nacidos en cautiverio21;
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de
1988
19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, Informe N° 21/00. Caso 12.059. Solución Amistosa.
Carmen Aguiar De Lapacó. Argentina. 29 de Febrero de 2000.
20 Caso Facundo Urteaga c/Estado Nacional (fallo: 321:2767).
21 Indicaba el artículo 2 (de la Ley 23.521): “La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de
los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de
inmuebles”. En la misma línea declaraba el artículo 5 de la ley 23.492.
18

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	&#13;  

64	&#13;  

�por el otro, denuncias contra militares bolivianos, uruguayos, paraguayos y chilenos que participaron
de la Operación Cóndor y que no eran beneficiados por las leyes de impunidad22. En lo referido a la
apropiación de menores, en la década de los noventa, fueron iniciados algunos procesos por la
sustracción, ocultamiento y sustitución de la identidad de menores, más allá de la recopilación de
datos sobre bebés nacidos en cautiverio23. Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron que el secuestro
de bebés fue parte de un plano sistemático impulsado por la dictadura24. Con los procesos de esta
temática, los líderes militares volvieron a transitar los tribunales, y algunos de ellos, la cárcel, entre
ellos los ex jefes de Executivo Nacional, Jorge R. Videla25 y Emilio E. Massera 26, entre otros
detenidos. El reconocimiento de que estos tenían cometido un delito de lesa humanidad, delitos
imprescriptibles, alteraba los cálculos jurídicos a futuro. Los tribunales volvían a moverse por
pretensiones con horizonte. Este tipo de delitos, no previstos por las leyes de amnistía, fueron
procesos realmente judicializados (Lorenzetti y Kraut, 2011).
Innovando el fin de la restricción: la revocación de las leyes de amnistía.
El 15 de abril de 1998, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.952, revocando las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida. Sin embargo, lejos de satisfacer las expectativas de los familiares
de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, la revocación no eliminaba los efectos del
pasado, sino aquellos a futuro. Se trató de una resolución intermedia: entre los sectores
conservadores se alertaba sobre los efectos institucionales de la anulación legislativa y, del lado
opuesto, se exigía la materialización de la obligación de investigar, procesar y punir en base al
derecho internacional de los derechos humanos (Guembe, 2005). Era una revocación más simbólica
que efectiva. En definitiva, una revocación con efectos castrados. Pero, a pesar de la limitación, la
revocación no dejaba de tener efectos a futuro, y éstos existirán.
El Gobierno de la Alianza (1999-2001)
El reverso del proceso: el desafío de los jueces.
El 2001 no fue solamente el año de la enorme crisis económica y del choque con las miserias
de la barroca construcción política argentina, también fue el encuentro con un pasado presente, o
sea, un período de una argentina al rojo vivo. En marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo, del
Tribunal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº4, declaró inconstitucionales las leyes de
	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  
Un ejemplo de la última fue el Caso Prats, general chileno asesinado juntamente con su esposa en Buenos Aires en
1974. El juicio condenó por asesinato al ciudadano chileno Enrique Arancibia Clavel, integrante de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) del gobierno de Augusto Pinochet. El caso se convirtió en un importante precedente.
23 En 1992, se sancionó la Ley 25.457, que creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). En
1987, durante la presidencia de Alfonsín, fue sancionada la Ley 23.511 creando el Banco Nacional de Datos Genéticos
(BNDG). Esta fue reformada y actualizada en diversos momentos; la última vez fue en el año 2009 por la Ley 26.548.
24 El 30 de octubre de 1996, las abuelas presentaron la denuncia que dio inicio a la causa por el “Plan Sistemático de
apropiación de niños” (IUD, 2013).
25 Causa n.1499 Videla, Jorge R. S/Supressão de estado civil de un menor; Causa n.1584 Azic, Juan Antonio S/delito de
acción pública, Causa n.1351 Nicolaides, Cristinho y otros S/sustración de menores.
26 Causa n.10326-96 Nicolaides, Cristinho y otros s/sustracción de menores.
22

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�Punto Final y Obediencia Debida en la causa “Simón” 27 . En la sentencia, el juez declaró la
inconstitucionalidad de las leyes de impunidad considerando los tratados internacionales:
En consecuencia, la sanción y la vigencia de las leyes 23.492 y 23.521, en tanto impiden llevar
adelante las investigaciones necesarias para identificar a los autores y partícipes de las
violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el gobierno de facto (1976-1983) y
aplicarles las sanciones penales correspondientes, son violatorias de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Verificado entonces que la sanción y vigencia de las leyes 23.492 y
23.521 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se impone declarar inválidas
a las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”28.
Dos semanas después, el 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, fortaleciendo la sentencia del juez Cavallo, confirma el mismo sentido con la decisión (y
leading case) “Barrios Altos vs. Perú”. En ella, la Corte IDH estableció que las violaciones a los
derechos humanos no puede ser amnistiados ni su persecución penal cesa con el paso del tiempo.
En ese sentido, la Corte Interamericana determinó que:
Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos
jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos
que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan
tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados
en la Convención Americana acontecidos en el Perú.29
Así, tanto en el ámbito nacional como internacional, las cortes indicaron el rumbo y, con ellas,
otros jueces imitaron el camino, iniciando nuevas causas o reabriendo aquellas que habían sido
obstaculizadas por las leyes de impunidad al final de la década de los ochenta. En esa trayectoria, las
decisiones fueron siendo confirmadas por las Cámaras Federales de segunda instancia.
Los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003 – 2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007 –
2015)
La imprescriptibilidad y la inconstitucionalidad de las Leyes de Impunidad y de los
Indultos.
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Fallo: 8686/2000.
Fallo: 8686/2000.
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo 2001. Párrafo
44. En la sentencia se declaran inválidas las leyes de amnistía decretadas por el gobierno de Alberto Fujimori.
27
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�Con la asunción del Presidente Néstor Kirchner, en mayo de 2003, las políticas de la memoria
se volvieron políticas de Estado. El acompañamiento institucional a los reclamos de las
organizaciones de derechos humanos se transformó en una nueva orientación del gobierno en el
poder. Por un lado, en 2003, comenzó un proceso de renovación de los miembros de la Alta Corte
argentina, un proceso más transparente y público. La Corte Suprema se encontraba entre los
reclamos principales de los ciudadanos30. Por otro lado, el poder legislativo promulgaría una serie de
leyes que serían fundamentales para el retorno a la senda de reconstrucción del derecho a la justicia.
En este sentido, el 2 de septiembre de 2003, se promulgó la ley 25.778, otorgando jerarquía
constitucional a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad"31.
En agosto de 2004, la Corte Suprema de Justicia Nacional, de acuerdo con esta nueva
orientación de la búsqueda de la verdad y justicia, estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de
lesa humanidad (Caso Arancibia Clavel) 32 . De este modo, la Corte resolvió la cuestión de la
prescripción de los crímenes, uno de los obstáculos para la punición de los militares: “… Las reglas
de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas
por el derecho internacional consuetudinario y por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”33. En septiembre del mismo año, se
promulgó la Ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
habilitando al sistema de justicia a poner fin a la arbitrariedad que existió durante todo ese período.
Como consecuencia, se multiplicaron los procesos, tanto iniciando nuevos como reabriendo
aquellos que habían sido beneficiados por tales leyes. En esa línea, fueron varios los jueces que
declararon la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaron a tantos represores, además de
declarar la inexistencia de cosa juzgada.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema confirmó el caso Simón34. Dicha decisión estableció
que las leyes que consagran la impunidad son contrarias al derecho internacional de los derechos
humanos, según el precedente de la Corte IDH en el caso Barrios Altos (Lorenzetti, 2011). Además
de la imposibilidad de amnistiar crímenes de lesa humanidad, el Estado debe investigar y punir toda
violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana de los Derechos
Humanos de acuerdo con lo establecido por el Informe 28/92 de la CIDH. De ese modo, la Corte
convalidó la reciente Ley 25.779. El considerando 15 del voto del Juez Eugenio Zaffaroni, declara
claramente sobre los efectos de tales leyes:

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Entre los anos 2001 y 2002, uno de los principales reclamos sociales era la renovación de la Corte Suprema de Justicia
Nacional. Fueron varias las manifestaciones en los tribunales en busca del cambio institucional. Además de ser
considerada la corte de la mayoría automática menemista, existía principalmente un rechazo social a las sentencias del
alto tribunal en relación al Corralito financiero establecido en el país en la época. Un trabajo reciente sobre el tema
específico: BENENTE, Mauro. (2011), Fuera la Corte Suprema. Protestas frente a la Corte Argentina (2001-2002),
Saarbrücken, Editorial Académica Española.
31 ARTICULO 1º — Otórgase jerarquía constitucional a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad", adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, el 26 de noviembre de 1968 y aprobada por la Ley 24.584 (en 1995).
32 Fallo: 327:3312.
33 Párrafo 36.
34 Fallo: 328:2056.
30

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�Que a efectos de cumplir con el mandato del derecho internacional, cabe observar que no
basta con constatar que el Congreso Nacional sancionó leyes que violaban tratados
internacionales y normas constitucionales, o sea, que el derecho internacional exige algo más
que la mera declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521. En efecto: la clara
jurisprudencia de "Barrios Altos" exige que ningún efecto de esas leyes pueda ser operativo
como obstáculo a los procesos regulares que se llevan o deban llevarse a cabo respecto de las
personas involucradas en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura
militar.35.
Así, las impugnaciones judiciales a los procesos reabiertos desde 2001 fueron cerradas.
A mediados de 2007, en el caso Mazzeo 36 , la Corte Suprema se pronunció sobre la
inconstitucionalidad de los indultos, indicando que ningún tipo de perdón puede oponerse a dejar
sin efecto la persecución y condena de los crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la Corte declaró
en el caso Mazzeo:
Que así los principios que, en el ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el
instituto de la cosa juzgada y ne bis in idem no resultan aplicables respecto de este tipo de
delitos contra la humanidad porque, "los instrumentos internacionales que establecen esta
categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados de individualizar y
enjuiciar a los responsables, no contemplan, y por ende no admiten, que esta obligación cese
por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la
posibilidad de reproche...37.
De esa forma, esas tres confirmaciones de la Corte Suprema Nacional fueron fundamentales
para la reactivación y consolidación del proceso de verdad y justicia en la Argentina.
A partir de la catarata de procesos, en 2008 se creó la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo
de Estado de la Procuraduría General de la Nación. La misma tiene por objetivo implementar las
estrategias jurídicas para organizar los procesos existentes en todo el país. La unidad realiza
constantemente informes sobre el estado de los procesos de delitos de lesa humanidad.
El horizonte en la justicia: avances y desafíos
De acuerdo con el último informe de la Unidad Fiscal de la Procuraduría General de la Nación
de diciembre de 2013 (2014, p.1-9), los números indican: durante 2013, se registraron un total de
1069 procesados (1013 fueron en 2012). El número de condenados creció significativamente: en
2008 había 70 personas condenadas, a fines de 2009 eran 100, para el final de 2010 fueron 199, y en
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Considerando 15 del voto de Eugenio Zaffaroni en la causa: Simón, Julio Héctor y otros (14/06/2005 - Fallos:
328:2056).
36 Mazzeo, Julio Lilo y otros, 330:3248, 13/07/2007.
37 Considerando 37.
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�2011 se condenó a 267 personas. Ya en 2012, el número alcanzó a 378, y en 2013 fueron 160 (142
fueron condenados por primera vez). Según el informe de la Fiscalía, los números muestran que el
proceso de sentencia de los delitos de lesa humanidad han alcanzado su punto máximo de
expansión. Es importante destacar que de los 520 condenados al momento, solo 71 de ellos tienen
condena firme. Esta característica ha sido fuertemente criticada por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), argumentando que la demora de confirmación por parte de la Corte Suprema deja
una sensación de impunidad ante la muerte de los imputados (CELS, 2013). Para comprender la
importancia del nuevo contexto nacional: desde 1983 hasta hoy fueron realizados 122 juicios, de los
cuales 107 acontecieron desde el año 2004. En 2013 fueron concluidos 24 de ellos.
El año 2012 será recordado como el año de los Mega Juicios, denominados de esa forma por
la cantidad de imputados y víctimas en la misma causa. Actualmente, existen 12 juicios (10 orales y 2
escritos) en los cuales se juzga a 219 imputados, por un total de 1924 víctimas. Hay dos procesos de
enormes dimensiones: el caso “ESMA II” en Capital Federal y el proceso conocido como “La Perla”
(por el nombre del centro clandestino de detención) en la provincia de Córdoba (CELS, 2013, p.85).
Como remarca Crenzel (2014), desde un inicio, la verdad jurídica sobre el sistema de
desapariciones forzada presentó a las Fuerzas Armadas y al Estado dictatorial como sus responsables
exclusivos. Ello edificó una imagen vertical de este sistema. Así, las responsabilidades criminales,
políticas y morales de las corporaciones económicas, religiosas y políticas fueron desatendidas, y otro
tanto ocurrió con las de los hombres y mujeres corrientes. Pero hoy en día, existen avances
interesantes en relación a nuevas dimensiones tratadas, abriendo nuevas posibilidades. Por un lado,
las investigaciones sobre la participación empresaria en la dictadura: el procesamiento del Director
del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y su administrador, Alberto Lemos; la sentencia dictada en
marzo de 2012 que ordena investigar la responsabilidad del Directorio de la cementera Loma Negra
y su complicidad con la dictadura militar; y el procesamiento del empresario Marcos Levin, dueño de
la empresa La Veloz del norte, entre otros ejemplos (Basualdo, Quintana y Varsky, 2013). Por el
otro, las investigaciones sobre el papel de los jueces, fiscales y abogados durante el último régimen
autoritario. En este sentido, el juicio a los jueces en la provincia de Mendoza es una demostración
del alcance. A 38 años del golpe cívico-militar, se juzga por primera vez la participación de un grupo
de integrantes del poder judicial en el terrorismo de Estado. Se trata de una mega causa con más de
40 imputados y centenares de víctimas.
Consideraciones Finales
En el desarrollo de la justicia transicional, la Argentina utilizó los mecanismos más diversos
para la lucha por la memoria, verdad y justicia. Las cuatros dimensiones de la justicia transicional
fueron implementadas en diversos grados cada una. La dimensión del restablecimiento de la igualdad
de los individuos frente a la ley fue un proceso innovador ante los diversos obstáculos
sobrevinientes en los diferentes gobiernos. Los tribunales fueron buscados constantemente como
principal canal para satisfacer las demandas sociales para evitar la impunidad. Los movimientos de
derechos humanos fueron inclaudicables y esenciales para que la política de la impunidad no reinase
en el país. Aunque las respuestas de los gobiernos y de los tribunales fueron diversas, la retomada a
la senda de la justicia en la última década consolidó el norte de políticas de la memoria. En este

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�sentido, la Argentina representa, hoy en día, el caso más avanzado en la punición a los responsables
de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (Sikkin, 2013).
Como indica Filippini (2011), la Argentina tuvo dos ciclos de persecución penal. El primero
casi de un lustro, fue intentado recién superada la última dictadura, a partir de diciembre de 1983.
Los juicios de ese ciclo estuvieron enfocados en los máximos líderes y lograron un alto impacto
simbólico. Pero no fueron sustentables y resultaron rápidamente revertidos en sus consecuencias
penales por las leyes de impunidad de 1986 y 1987. El segundo ciclo de investigaciones, el actual,
nació como fruto de la resistencia a la impunidad y se consolidó a partir de la declaración de nulidad
de las leyes de punto final y obediencia debida, entre 2001 y 2005. A partir de entonces, la
persecución penal de los crímenes del terrorismo de estado pasa a ser una política estatal consolidada
e irreversible en sus notas centrales. En ese sentido, el proceso se intensificó con el apoyo del
gobierno y la constancia inagotable de la lucha de las organizaciones de derechos humanos.
Con el gobierno de Alfonsín, desde la vuelta democrática, la creación inmediata de la
CONADEP y, posteriormente, los Juicios a las Juntas, fueron avances significativos en un contexto
regional de asilamiento en este tipo de procesos. Cumplidos seis años de estos eventos, la impunidad
volvió a ser protagonista del proceso con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida. De esta manera, en el gobierno de Alfonsín se pasó de la innovación y punición a una
política de impunidad. Pero lejos de ser dominados por la impunidad, los reclamos de las
organizaciones nunca cesaron. Esa característica es fundamental para comprender el caso argentino.
Con la llegada de Carlos Menem al poder, una clara política de la impunidad fue establecida.
Los indultos dictados en los primeros momentos de su mandato, transformó al gobierno menemista
en un importante obstáculo para la revisión del pasado violento. Priorizó la reconciliación basada en
el olvido y la impunidad. A pesar de continuar con su política de impunidad durante su segundo
mandato, los movimientos de defensa de los derechos humanos fueron innovando sostenidamente.
Innovando ante la restricción creada por el gobierno. Y estos reclamos y demandas fueron
fortalecidos por el contexto de internacionalización de la protección de los derechos humanos.
Además, los juicios abiertos en diferentes países profundizaron las demandas locales. Los Juicios
por la Verdad fueron una demostración de la lucha creativa de los movimientos de derechos
humanos. En el segundo mandato de Menem se multiplicaron las acciones de la lucha por la
memoria por parte de los sectores de derechos humanos, pero no existió una política por la memoria
por parte del gobierno Nacional. La transformación se basó en la lucha y no en la política.
Con el nuevo milenio, gradualmente una nueva orientación se consolidó en el país, a pesar de
la lucha de los sectores con intereses antagónicos. La justicia se convirtió en un actor decisivo en la
intensificación de la búsqueda de la verdad y de la punición. La importancia simbólica que la
institución judicial tuvo para establecer la "verdad" (jurídica) sobre los crímenes de la dictadura fue
esencial. Fueron los jueces, y no las políticas del gobierno de la Alianza, las que desafiaron las leyes
de impunidad.
A partir del año 2003, la política de la memoria se tornó política de estado con la llegada de
Nestor Kirchner al Poder. En ese sentido, como indica Duhalde (2013), la renovación de la Corte
Suprema fue importante -incorporando miembros de prestigio e independencia-, la ratificación de la
convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad y, finalmente, la declaración
de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, además de los indultos,
fueron fundamentales para retornar al camino de la reconstrucción del derecho a la justicia. La
búsqueda de la justicia para la resolución de las violaciones a los derechos humanos durante la última
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�dictadura es un elemento inestimable en la consolidación del Estado de Derecho en la Argentina. Y
la fortaleza y creatividad fueron las armas principales de todos aquellos que buscaron (buscan) saber
la verdad de lo sucedido en nuestro pasado, tan presente, vivo, pero con un horizonte de nunca más.
Como indicó el presidente de la Corte Suprema, Dr. Ricardo Lorenzetti (2011), los Juicios a los
autores militares y policiales están consolidados, y forman parte del contrato social argentino. Pero
aún existen enormes desafíos y obstáculos (formales e informales) por delante en lo que respecta a
los procesos para resolver la impunidad del pasado (CELS, 2013; Roht-Arriza, 2011). Parte de estos
desafíos se encuentran en los tribunales. Como sugiere Oliveira (CELS, 1999, p.24), “la verdad y la
justicia se crean todos los días. Solo necesitamos imaginación”.
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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp. 73-97

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Autogobierno Indígena:
El Caso de la Autonomía Indígena Originaria Campesina en Bolivia
Indigenous Self-Government:
The Case of the Indigenous Native Peasant Autonomy in Bolivia
Alexandra Tomaselli

European Academy of Bolzano/Bozen, Italia
Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurtam Main, Alemania
Karl-Franzens Universität Graz, Austria
Email: alexandra.tomaselli@eurac.edu
Fecha de envío: 15 de abril 2015
Fecha de aceptación: 6 de junio 2015

Resumen
En los últimos cinco años, Bolivia ha experimentado variaciones legales e institucionales. Un
nuevo escenario ha comenzado para los pueblos indígenas, por lo menos en teoría. La participación
de los pueblos indígenas en la asamblea general constitutiva fue masiva. Mediante esa participación,
así como el lobbying de sus organizaciones (por parte de, por ejemplo, CIDOB, CONAMAQ,
CSUTCB), su proyecto ha sido (parcialmente) incluido en la Carta Magna. En particular, un nuevo y
complejo sistema de autonomías ha sido introducido en el orden constitucional de Bolivia, creando
también la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC). A pesar del entusiasmo inicial después de
la creación de los primeros municipios autónomos AIOC en Diciembre 2009 y la promulgación de
la minuciosa Ley Autónoma en 2010 (Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley Número 031),
hay aún muchas cuestiones suspensas, sobre todo sobre los requisitos formales (como los estatutos).
Por lo tanto, este artículo analiza el desarrollo de las primeras autonomías a nivel municipal AIOC
hasta diciembre del 2014, a partir del análisis de su complejo marco legal.
Palabras claves: Bolivia; pueblos indígenas; autonomía; independencia; Autonomía Indígena Originaria
Campesina
Abstract
Over the last five years, Bolivia has been experiencing legal and institutional changes. A new
legal scenario is dawning for indigenous peoples, at least in theory. The participation of indigenous
people in the constituent assembly was extremely high. Because of this participation, as well as the
lobbying of their organizations (e.g., CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB), their agenda was (partially)
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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015!

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�included in the Magna Charta. In particular, a new complex system of autonomies, including the
Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), has been introduced in the Bolivian constitutional
order. Despite the initial enthusiasm after the creation of the first 11 municipality-based AIOCs in
December 2009 and the enactment of the dense Autonomy Law in July 2010 (Ley Marco de
Autonomías y Descentralización, Ley No.031), there are still many pending issues, especially vis-à-vis
formal requisites (e.g., the statutes). Hence, this article analyses the development of the first
municipality-based AIOCs, shedding some light on their complex legal framework.
Keywords: Bolivia; indigenous peoples; autonomy; self-government; Autonomía Indígena Originaria
Campesina

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�Introducción
En décadas recientes, las acciones de los pueblos indígenas jugaron un rol indiscutible en los
cambios institucionales y sociales que ocurrieron en América Latina. Después de la conocida
emergencia indígena de los años 1990 (Bengoa 2007, pp 35 y 43),1 o las marchas masivas en Ecuador y
Bolivia en 1990, los movimientos indígenas han (re) adquirido un alto nivel de participación y tienen
una presencia más fuerte en la arena política de los Estados respectivos, demandando un rol nuevo y
apropiado en sus sociedades, a nivel colectivo más que individual. Para finales de los años ochenta y
noventa, la mayoría de los países latinoamericanos experimentaron reformas constitucionales que
establecieron nuevos órdenes legales y políticos y que concedían derechos “ad hocˮ a los pueblos
indígenas que vivían en sus territorios (Giraudo y Martín Sánchez 2008, pp. 65-66). Las reformas
fueron de tal naturaleza que algunos autores las llamaron “constitucionalismo multicultural” (Sieder
2002; Van Cott 2000). A pesar de este cambio radical, se produjeron dificultades a la hora de
implementar el marco normativo.2
Hoy Bolivia se está haciendo frente a estos problemas. A pesar del valor y la determinación
demostrados por los bolivianos, y sobre todo por los movimientos indígenas dirigidos a
organizaciones indígenas muy arraigadas (por ej., CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB), el camino para
realizar un estado plurinacional parece aún largo y complicado.3
En particular, el riesgo de quedarse atrapados en procedimientos y requisitos legales es muy
alto con los nuevos prototipos de la Autonomía Indígena Originaria Campesina (desde aquí en adelante,
autonomía indígena o AIOC).4
El objetivo de este artículo es explorar el marco jurídico de la AIOC y analizar el desarrollo de las
primeras autonomías indígenas a nivel municipal hasta diciembre de 2014. Sobre la metodología,
además del análisis del marco jurídico en vigor y de la literatura pertinente, para este artículo se han
analizado artículos periodísticos y se han efectuado entrevistas en Bolivia en Noviembre de 2010,
con representantes de organizaciones no gubernamentales, políticos y periodistas.
¿Buscando la Autonomía para la historia de Bolivia?
Algunas semanas antes de la adopción de la Ley de Autonomía, el Ministerio de Autonomías
boliviano declaró en su boletín periódico, Bolivia Autonómica número 11, que el proceso de
autonomía no era nuevo para el país, dado que había empezado más de cien años antes (Ministerio
de Autonomía 2010, 3). La Ley de Autonomía está dedicada a Andrés Ibáñez, el fundador de la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sin embargo, se ha argumentado que quienes llamamos ahora los “pueblos indígenas” no fueron una especie de ‘la bella
durmiente” que de repente se dio cuenta que era tiempo de despertarse. Por lo contrario fue su organización, a través de
sus marchas y movilización, la que obtuvo más visibilidad.
2Por ejemplo, a pesar de los importantes cambios constitucionales y la jurisprudencia sobre los derechos indígenas en
Colombia desde 1991, se pueden ver algunos recientes desarrollos negativos, sobre todo en relación a derechos
territoriales (Pardo 2008, p. 95).
3Sobre ese tema, véase, entre otros, Schilling-Vacaflor 2008 y Wright 2009.
4El término AIOC será utilizado en este artículo para indicar ambos la institución legal por si, así como las primeras
autonomías indígenas.
1

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�primera experiencia autónoma/federal y que reclamó “igualdad para todos” durante la campaña
electoral nacional en 1874 en Santa Cruz.5
Como el proceso de autonomía, la trayectoria histórica de la autonomía indígena también está
delineada en el boletín, declarando que es “milenaria” (Ministerio de Autonomía 2010, p. 3). Según
el boletín, una de las etapas de la autonomía fue la insurrección de la población en Jesús de Machaca
(La Paz) en 1921, que demandó la identificación de sus propias autoridades y estructura organizativa.
Otro evento importante fue el manifiesto Aymara de Tiahuanacuen, en 1973, en el cual la
autodeterminación y la autonomía se pidieron por parte de los intelectuales Aymara (Cleary 2007,
pp. 59-60). Más recientemente, la marcha de 1990 para el Territorio y Dignidad, y las leyes adoptadas
posteriormente, marcaron un cambio institucional relativo a los pueblos indígenas.6
Para los objetivos de este artículo, debemos decir que los miembros de las comunidades de
personas que actualmente llamamos “indígenas” experimentaron formas de autonomía a lo largo de
la historia y esto no debería ser ni olvidado ni explotado, como pasó en el pasado y, probablemente,
también hoy en día.7 La labor de los Aymaras en las tropas auxiliares de las fuerzas rebeldes en las
guerras civiles de Bolivia en 1870 y 1899 puede servir de ejemplo. La participación de los pueblos
indígenas en la primera guerra, según los mismos rebeldes, puede haber producido por lo menos dos
desarrollos positivos para los –por aquella época aún llamados–“indios” (Irurozqui Victoriano 2004,
p. 392)8, en primer lugar, la recuperación de su tierra; segundo, su pública reincorporación en el
pueblo nacional (boliviano). Durante la Primera Guerra de Independencia y las décadas siguientes
después de la creación de la república en 1825, los “indios” se identificaron, de hecho, como vecinos
o ciudadanos. Sin embargo, en 1870 fueron renombrados la indiada (Irurozqui Victoriano 2004, p.
392). Cada vez que la indiada fue considerada una amenaza para el estado de Bolivia, sobre todo en
relación con el control territorial y sus propios sistemas políticos y de justicia, sus miembros se
encontraron culpables de intentar hacer daño a la unidad nacional (Irurozqui Victoriano 2004, pp.
392-393). De este modo, su participación en las fuerzas de los rebeldes habría significado su
“liberación final” de aquella condición que impedía su estatus como plenos “miembros de Bolivia”
(Irurozqui Victoriano 2004, p. 393). De esta manera, actuando como “patriotas”, los pueblos
indígenas recuperaron una presencia en el ámbito público (Irurozqui Victoriano 2004, p. 394).
A pesar de su participación en las fuerzas rebeldes, un par de décadas después, la masacre de
Mohoza en Pando de 1899 durante la Guerra Federal marcó una tendencia opuesta, o sea la
“criminalización” de la indiada.9 Por lo tanto, esta masacre sirvió como justificación para (re)clasificar
estos pueblos como enemigos y personas incivilizadas que necesitan educación (Irurozqui Victoriano
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5Este

autogobierno duró cinco meses – de Navidad 1876 hasta el 1 mayo 1877 – antes de ser representado por el
gobierno central, y antes el tiroteo de Ibáñez (Durán Ribera y Pinckert Justiniano 1988, pp. 8–9 y 36–37). Una provincia
dentro del ministerio de Santa Cruz ha sido también dedicada a su memoria. La decisión de ponerle el nombre de este
‘héroe’ de la media luna de Bolivia podía haber sido tomado para complacer el Oriente.
6Como dijo Postero: “esta marcha ha cambiado la cara de Bolivia para siempre” (Postero 2007, p.49).
7En los intentos de “volver a escribir la historia” entre colonizadores y colonizados, poniendo el acento en los países
andinos, ver Giraudo 2007, pp. 48-55. Sobre el contexto especial de Bolivia y la “confluencia del estado y tácticas de
movimientos”, ver Gustafson 2010.
8Marta Irurozqui Victoriano es la principal experta sobre la historia de Bolivia del siglo XIX, eso explica por qué solo sus
trabajos se citan a continuación.
9Entre el 28 Febrero y el 1 Marzo 1899, 120 personas fueron asesinadas en Pando por las fuerzas auxiliaras indígenas.
No obstante, simplemente habían cumplido una orden militar (Irurozqui Victoriano 2005, 310).

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�2004, pp. 398-399). Esto supone una negación de la autenticidad de sus derechos políticos y sociales.
Sin embargo, por supuesto, su rol en la revolución se disminuyó a causa de la amenaza que ellos
representaban, por ejemplo la posibilidad para ellos de cambiar escenario político (Irurozqui
Victoriano 2004, p. 399).
Dicho esto, el autor es consciente que es más que difícil rastrear el origen de la historia de la
autonomía de los pueblos indígenas a través de largos y densos siglos. Además, desde la Conquista,
los pueblos indígenas habían sido etiquetados (tanto por ellos mismos como por los demás),
considerados y tratados de muchas maneras diferentes, que crearon categorías distintas en contextos
diferentes.10 Por lo tanto, como ya se ha dicho anteriormente, el papel desempeñado por aquellos
que nosotros conocemos o llamamos hoy en día como “pueblos indígenas”, a lo largo de la historia
de Bolivia, es innegable, y esto ni debería ser olvidado ni, aún más importante, explotado por otras
finalidades.
Las Reformas de 1990 y el camino (¿final?) hacia la Autonomía
La marcha para el “Territorio y Dignidad” de 1990 en Bolivia puso en práctica por primera vez
uno de los más importantes instrumentos de los pueblos indígenas para entrar en las negociaciones
significativas y adecuadas con el gobierno: las marchas (Zúñiga García-Falces, 2004, p. 35). Esta
medida de protesta representa un escalón en (re)afirmar la existencia de los pueblos indígenas como
otro actor social junto con el Estado de Bolivia, algo que es sobre todo relevante para los más
pequeños (numéricamente) pueblos indígenas de tierras bajas (Libermann y Armando Godínez 1992,
p. 59).
Otras seis marchas siguieron entre 1994 y 2009. La séptima marcha tuvo lugar en junio de 2010.
Su reclamación principal era revisar el borrador de la Ley de Autonomía (Tamburini 2011, p. 177).
Como consecuencia. muchas medidas legislativas se adaptaron, gracias también a una segunda ola de
reformas iniciada por el vicepresidente Aymara, Víctor Hugo Cárdenas, en el Consejo de Ministros
de Sánchez de Lozada en 1993–1997 (Assies 1999, p.35). 11 Estas medidas son (en orden
cronológico): la Ley Ambiental (Ley Número 1333/1992),12 la reforma constitucional de 1994,13 la
Ley de Participación Popular (Ley Número 1551/1994), la Ley Forestal (Ley Número 1700/1996), la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10Por

ejemplo, ¿cómo tasar o valorar el casi inevitable mestizaje desde la Conquista a lo largo de líneas familiares? O
¿cómo saber si los protagonistas de la Reforma Agraria de 1952 eran todos indígenas o no-indígenas, o ¿a qué grado ellos
pertenecían del uno u otro grupo? En el censo de 1950 en Bolivia, por ejemplo, el 67% de la población aparecían como
‘indígenas’ (Giraudo y Martín Sánchez 2008, 70). Esto significa, por ejemplo, que por supuesto muchos de ellos fueron
entonces nombrados ‘campesinos’ durante la reforma.
11Antes de estas reformas, el 11 de diciembre de 1991, Bolivia ratificó también la Convención ILO 169.
12En particular, como ha señalado Postero, “estas reformas…fueron el resultado de articulaciones estratégicas entre el
partido dominante Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y los grupos indígenas” (Postero 2007, pp. 124–125).
13Dos principales éxitos deben ser mencionados acerca de los derechos indígenas: la definición constitucional de Bolivia
así como un estado multiétnico y pluricultural (Artículo 1); y la introducción de formas de propiedades colectivas, el
Territorio Comunitario de Origen (TCO), Artículo 171.

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�Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) (Ley Número 1715/1996) 14 y la Ley
Municipal (Ley Número 2028/1999).
En particular, la Ley de Participación Popular aumentó el número de distritos a más de 300.
Antes de esta ley, existían apenas 20 distritos (Assies 1999, p.35). Los distritos tenían que recibir el
20 por ciento de las entradas anuales del gobierno y una gama más amplia de responsabilidades
(Artículos 14 y 20 de la Ley de Participación Popular). Lo que es más importante, sin embargo, fue la
creación de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), definidas así como un componente
social para la participación popular (Artículo 3). Ellas se componen de comunidades indígenas y
personas (o juntas vecinales) de acuerdo con sus normas y métodos, y son representados por sus
autoridades (Artículo 3). A pesar del límite de una OTB por cada unidad territorial (Artículo 6), más
de 15.000 OTB fueron registradas en tres años, de 1994 a 1997 (Kohl 2003, p.156). A las OTB les
fue reconocida la personalidad jurídica (Artículo 4) además de un número de derechos y obligaciones
que permitieron una mejora efectiva en la participación indígena dentro de las
municipalidades.15Además, el artículo 17 párrafo 3 de la Ley de Participación Popular autorizó la
creación del Distrito Municipal en aquellos territorios caracterizados por una continuidad geográfica,
sociocultural, productiva o económica para aportar servicios públicos comunes (Artículos 17.3 y 18).
Sobre esa base legal, los pueblos indígenas empezaron a crear sus propios Distritos Municipales
Indígenas (DMI). El primero DMI fue Isoso, localizado en el distrito de Santa Cruz (Colque 2010,
p.1). El número de DMI ha subido rápidamente. Según Galindo Soza, citado por Colque (2010, p.1),
en 2008 había por lo menos 73 DMI. En 2004, la agencia de noticias Enlared había ya declarado la
existencia de 140 DMI (Enlared Municipal, 2005).16
En 1999, La Ley de Municipalidades y el Decreto Supremo Número 26142/2001 se pusieron en
práctica. La primera identificó oficialmente el DMI (Artículos 166–167) y estableció la posibilidad de
formar mancomunidades para devolver a los pueblos indígenas su unidad étnica o cultural (Artículo
158.3). La segunda dio prioridad a la creación de mancomunidades de DMI para evitar la
fragmentación de unidades socioculturales frente a las fronteras de las municipalidades (Artículo 23).
No obstante este favorable marco legal, al final en la práctica se produjeron muchos problemas en
cuanto a la ineficaz dirección financiera y la corrupción de las municipalidades, que dieron lugar a
mayor descontento (Kohl 2003, p.161).
La crisis neoliberal, la conocida Guerra del Agua de Cochabamba de 2000 y la Guerra del
Gas de 2003 contribuyeron a la revolución institucional de Bolivia después de las elecciones
presidenciales de 2005 y a la reforma constitucional (Albó 2007, pp. 344-349). Debe ser especificado
que ya se había reclamado una asamblea constituyente por parte de los pueblos indígenas el 4 marzo
de 2002 (Albó 2007, p. 353). 17 Además, en 2006, nueve de las organizaciones indígenas más
importantes, ambas de tierras altas y de tierras bajas, desarrollaron un trabajo colectivo llamado

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14En

particular, la Ley INRA por fin reguló la entrada a la identificación y fundación del antes citado TCO (Artículos 3 y
41) bajo la supervisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Artículos 13–18.
15Ver Artículos 7–8, y también Artículo 10 sobre la Comisión de Vigilancia (un tipo de Comité de Seguridad) compuesto
por un representante de la OTB con el objetivo de supervisar la buena administración del distrito.
16No se encontraron datos oficiales.
17Para más detalles sobre el 4 marzo, ver Romero Bonifaz 2005.

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015!

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�“Pacto de Unidad” para sugerir y conceptualizar como la autonomía indígena debería ser.18 Esto
enseña, en particular, que la bandera de autonomía no pertenecía únicamente a la media luna
amazónica de Bolivia. Antes y durante la Asamblea Constituyente, los pueblos indígenas han sido
firmes en reclamar su autonomía (Chávez León 2008, p.59; Chuvirú 2007, p. 53; El Diario 2007).
Durante el mismo año (2006), en el referéndum para la autonomía, el 57.5 por ciento del
electorado nacional votó en contra del proceso de descentralización.19 En los cuatro departamentos
amazónicos (Beni, Pando, Santa Cruz and Tarija) del rico Oriente boliviano (las tierra bajas), la
mayoría de los votos resultaron a favor de la autonomía (Mayorga 2007, pp. 1-2). Luego, a finales de
2007, las fuerzas políticas del Oriente, sobre todo por parte de los movimientos cívicos, negaron la
legitimidad del texto aprobado por la Asamblea Constituyente, y en julio de 2008 prepararon
estatutos de autonomía propios pero ilegales y organizaron elecciones “autónomas” (aun, ilegales;
Tamburini 2009, p. 175). Un mes después, el 10 de agosto, un referéndum nacional se convocó para
reconfirmar o revocar el orden de la presidencia. El Presidente Morales obtuvo más del 67 por
ciento de votos a favor (Tamburini 2009, pp. 178-179). No obstante, luchas y barricadas tuvieron
lugar en el Oriente entre agosto y septiembre, hasta los tristes acontecimientos en Pando, cuando 20
indígenas fueron asesinados y hubo más de 100 heridos durante su marcha. Otra marcha en Santa
Cruz de aproximadamente 20.000 indígenas, descontentos con el texto de la constitución, catalizó las
negociaciones entre los departamentos orientales y el gobierno central. Por fin, después de los
debates en Cochabamba y en el Congreso de la República, así como otra marcha, encabezada por el
mismo Presidente Morales, las negociaciones terminaron el 21 octubre de 2008. Los cambios en el
texto de la constitución afectaron también el sistema de AIOC, que adquirió una forma más clara
gracias a las correcciones (Tamburini 2009, p.181). El texto final de la constitución por fin se
aprobó, a través del referéndum nacional el 25 enero de 2009, con el 61,43 por ciento de votos a
favor (Bolpress 2009).
El Laberinto de la Autonomía Boliviana
El proceso de descentralización y la construcción del sistema de las autonomías sigue siendo un
asunto central en Bolivia. El anclaje normativo de la reforma de autonomía debe ser encontrado
tanto en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 como en la densa “Ley Marco de
Autonomías y Descentralización” de 2010, Ley número 031/2010 de julio 2010 (de aquí en adelante,
Ley de Autonomía), el fruto de más o menos 40 borradores anteriores no autorizados (Tamburini
2011, p.176).
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18Este

“pacto” fue hecho entre la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; la
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB; la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia –
CSCB; la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, ‘Bartolina Sisa’– FNMCB-BS; Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ; la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz – CPESC;
Movimiento Sin Tierra de Bolivia – MST; la Asamblea del Pueblo Guaraní – APG; la Confederación de Pueblos Étnicos
Moxeños de Beni – CPEMB. Estas organizaciones prepararon una “Propuesta para la Nueva Constitución Política del
Estado: Por un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y
campesinas”, Sucre, 5 de agosto de 2006, publicada en OSAL 2007.
19El Presidente Morales entonces estaba en contra de ese proceso y pidió al electorado de votar en contra (Tamburini
2010, p. 200).

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�El primer artículo se dirige a la delicada cuestión del tipo de Estado que debería ser Bolivia.
Bolivia escogió ser un estado unitario, pero descentralizado, basado en unidades autónomas
(Artículo 1 CPE). La definición de qué tipo de autonomía debería regir en Bolivia está establecida en
la Ley de Autonomía (Artículo 6, párrafo II, núm. 3). La igualdad jerárquica, la elección directa de
los miembros de órganos de gobierno, la administración de sus propios recursos económicos, y el
ejercicio de sus poderes (incluso las normas/decretos) legislativos, fiscales, y ejecutivos son los
elementos fundamentales del tipo de autonomía de Bolivia.
De una perspectiva legal, lo que resulta más singular es el sistema de cuatro niveles de autonomías.
Según la CPE (Artículo 269), Bolivia está subdividida en cinco unidades territoriales, que son los
departamentos, las provincias, los distritos, el Territorio Indígena Campesino Originario (TIOC)20 y
las regiones. La organización administrativa de las autonomías, sin embargo, es diferente. La
Autonomía se otorga a los nueve departamentos de Bolivia (Artículo 277 CPE), a las regiones
(Artículo 280 CPE), a (todas) las municipalidades (Artículo 283 CPE) y a las Autonomías Indígena
Campesino Originarias (Artículo 289 CPE), que a su vez se pueden formar sobre municipalidades,
TCO/TIOC o regiones (véase más adelante). Por lo tanto, las provincias, a pesar de su identificación
como una “unidad territorial”, no pueden ser autónomas. Esta figura sí se ha dado, en cambio, a las
regiones (Artículo 280 CPE). Una región no es un territorio pre-establecido, sino que puede
formarse por un número de municipalidades y provincias que deciden qué hacer, con la condición
de que éstas compartan una continuidad cultural e histórica. Una región puede ser así formada más
allá de los límites de las municipalidades y/o de las provincias, pero no más de los límites de los
departamentos. Además, una “región metropolitana” puede formarse cada vez que la población de
un área suburbana (conurbaciones) es de más de 5.000 habitantes (Artículo 280.1 CPE).
Según el Artículo 281 de la CPE, una región puede tener competencias administrativas y
normativas. El Artículo 301 de la CPE y el Artículo 41.2 de la Ley de Autonomía especifican que
una región puede ejercer aquellas competencias que le hayan delegados tanto el Estado como las
unidades territoriales que la forman. En otras palabras, una región no tiene poderes legislativos
originarios (Artículo 6.2, número 3 de la Ley de Autonomía). Hoy día existen cuatros regiones. Para
tres de ellas (Gran Chaco-Yacuiba, Gran Chaco-Caraparí, and Gran Chaco-Villamontes) se eligieron
los miembros de tres asambleas regionales en las elecciones de 2010 (Corte Nacional Electoral 2010,
pp. 77-78). La región metropolitana de “Tanaka”, se creó más recientemente, constituida por ley
(departamental) Núm.553 de 27 de mayo de 2014.21
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20La

nueva constitución convierte la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) en TIOC (2009 CPE, Tendencia Provisoria 7;
ver también Artículos 269.1 y 394). La TCO era uno de los éxitos de las demandas de tierras bajas de los pueblos
indígenas presentados por la reforma constitucional de 1994 (1994 CPE, Art.171). TCO, en síntesis, es una forma de
propiedad colectiva en la cual, en principio, el pueblo indígena puede gestionar el suelo de acuerdo con medios
comunitarios, culturales, sociales y económicos. Artículo 41, párrafo 1 de la Ley INRA declara que la TCO es una forma
de propiedad agrícola. Para un análisis meticuloso, ver Colque Gonzalo y Chumacero 2011; por un mapa de las TCOs en
Bolivia, ver CIDOB (s.f.). El Decreto Supremo Núm.727, adoptado el 6 diciembre 2010, ha disciplinado el proceso de
conversión de TCO a TIOC, de lo cual está encargado el Instituto de Reforma Nacional Agraria (Articulo1). Sin
embargo, este cambio de proceso es largo y discutible por causa de algunos requisitos del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) que necesita cumplir con los requisitos (Erbol 2011a).
21Ley de creación de la Región Metropolitana “KANATA” del Departamento de Cochabamba, Ley departamental de Cochabamba
Num.533 of de mayo de 2014.

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�Desde una perspectiva legal, la elección de otorgar el estatus de autonomía a unas unidades
territorial-administrativas respecto a otras es entonces singular porque la igualdad jerárquica de las
unidades autónomas implica que las decisiones tomadas por un departamento no debe infringir la
autonomía de las demás unidades. Eso puede provocar potenciales conflictos de competencias entre
las unidades autónomas. Además, pueden surgir problemas prácticos en la aplicación de leyes
departamentales o decretos que entren en contradicción con otras leyes municipales (y al revés). La
división de las competencias incorporada en la Constitución en los Artículos 299-304 no ofrece
mucha ayuda, porque las competencias de unas unidades se sobreponen. 22 Por ejemplo, los
departamentos y las municipalidades tienen la misma competencia exclusiva de la promoción del
empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales.23 Así que surge
la pregunta: ¿Cómo puede una competencia exclusiva ejercerse de manera efectiva por más de un
órgano sin sobre posición o conflicto de normas? La respuesta aparece incierta pero puede
relacionarse con la coordinación de los niveles de las autonomías. Por lo tanto, a continuación se
agregan algunos detalles adicionales sobre la coordinación entre el nivel central y las periferias.
Según la Ley de Autonomía, tres órganos deberían combinar todas las autonomías entre el nivel
central y las periferias a lo largo del país. Estos órganos son: el Consejo Nacional de Autonomías, el
Servicio Estatal de Autonomías (de aquí en adelante SEA), y el Sistema de Planificación Integral del
Estado) (Artículo 121).
En síntesis, el primer órgano debería tener una simple función política, ser presidido por el
Presidente y estar conformado por tres ministerios (Presidencia, Planificación desarrolladora y
Autonomía), los gobernadores de los nueve departamentos, y un número de representantes de
diferentes agrupaciones: cinco de la Federación de Asociaciones Municipales, cinco de la AIOC, y
una de las autonomías regionales (Artículo 123).
En segundo lugar, el SEA debería ser una oficina de soporte logístico a las unidades autónomas
(Artículo 126). El SEA se compone de un director ejecutivo y de unidades operativas (Artículo 127).
En particular, el SEA debe actuar como conciliador si se producen conflictos en relación a las
competencias de las unidades autonomías (Artículo 129, párrafo I, núm.1).
Luego, el Sistema de Planificación Integral del Estado es un forum de debate para todas las
unidades autónomas para crear estrategias participativas de abajo hacia arriba (Artículo 130, párrafo
I).
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22El

art.297 de la Constitución especifica que existen cuatro tipos de competencias: “I. Las competencias definidas en
esta Constitución son: 1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y
están reservadas para el nivel central del Estado. 2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. 3.
Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen
simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la
Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de
acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales
autónomas. II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que
podrá transferirla o delegarla por Ley.”
23Ambos números 4 de los artículos 300 y 302 tienen la misma redacción: “[Son competencias exclusivas de los
gobiernos departamentales/municipales autónomos, en su jurisdicción: […] [la p]romoción del empleo y mejora de las
condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales”.

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�Por fin, además de estos tres órganos, existe un número de Consejos de Coordinación Sectorial,
según el Ministro competente. Los Consejos están a cargo de la coordinación dentro de los
gobiernos centrales y periféricos (Artículo 132). Aproximadamente 20 consejos serán designados por
ley o decreto (entrevista con Justino Avendaño Rodeno 2010).
Junto con las cuatro capas de autonomía, el sistema de organismos de coordinación parece
también complejo. El órgano fundamental tiene que ser el SEA, ya que es la oficina principal y
tendría que abordar conflictos de poder entre las autonomías. De hecho, “Si el Servicio funciona,
funcionará el proceso autonómico de forma ordenada”, afirmó Avendaño Redeno a finales de 2010
(entrevista con Justino Avendaño Rodeno 2010). El SEA está gobernado por el Decreto Supremo
Núm. 802 adoptado el 23 Febrero de 2011. De acuerdo con el Artículo 8 del decreto, el director
ejecutivo del SEA se designó por fin el 8 de septiembre del 2011, fecha en la cual el trabajo de este
órgano se lanzó oficialmente (SEA 2011).
La Autonomía Indígena en papel
Dentro de este sistema complejo de autonomías, la AIOC representa el cuarto nivel. La grundnorm
del AIOC está en el Artículo 2 de la CPE, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la
autodeterminación. Ese derecho consiste en el derecho a la autonomía y a la autodeterminación,
dado que, en palabras de la CPE, los predecesores de los pueblos indígenas dominaron todo el
territorio y existían antes de la colonización. Además, las instituciones indígenas deben ser aceptadas,
y sus órganos deben ser consolidados, si es que el CPE y las leyes se respetan. Los derechos de los
pueblos indígenas a la autodeterminación y a la territorialidad se repiten en el Artículo 30, párrafo 4.
Unos 200 Artículos después, en el séptimo capítulo, la AIOC prende su forma constitucional
(Artículos 289–296, y 303–304). El fundamento jurídico de la autonomía indígena es una vez más el
derecho a la autodeterminación que se tiene que ejercitarse a través del derecho al autogobierno,
como la AIOC (Artículo 289).
Los requisitos para establecer una AIOC son los siguientes (Artículo 290):
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El pueblo indígena que demanda la AIOC debe vivir sobre el territorio en cuestión de
manera ancestral;
La disposición enseñada (a través de la consulta) por la comunidad para crearla;
La aplicación de las normas y de las costumbres indígenas.

En cuanto a cada entidad territorial, la CPE establece que cada AIOC tendrá que adoptar su
propio estatuto, que luego debe pasar a través de una revisión constitucional y un referéndum dentro
de la municipalidad antes de su entrada en vigor (Artículo 275). El estatuto será redactado según las
reglas y procedimientos propios de los pueblos indígenas (Artículo 292). Las reglas y procedimientos
propios de los indígenas también regirán la actividad de la AIOC y el órgano de gobierno
(Artículo296), pero de manera congruente junto con el CPE y la Ley de Autonomía. Otros aspectos
vitales expresados por la CPE, y especificados en la Ley de Autonomía, son los límites territoriales,
que pueden cambiar cuando se forma una AIOC, tanto de la municipalidad (Artículo 293, párrafo II)
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�como de la región (Artículo295, párrafo I).24 La consulta previa y el referéndum son, como se ha
explicitado, obligatorios para cualquier formación de AIOC o proceso de conversión (Artículos 293,
párrafo I, 294, 295, párrafo II).
Por último, pero no menos importante, la CPE también establece la división de
poderes/competencias entre el estado y la AIOC. Existe un número de poderes exclusivos que se
dejaron a la AIOC (Artículo304), que también absorbe los poderes de la municipalidad o la región
que elige convertirse en una AIOC (Artículo303). 25 Además, la AIOC tiene competencias
concurrentes y compartidas.26
A efectos del presente artículo, es inútil insertar aquí el listado de todos los poderes de la AIOC.
Dos aspectos, sin embargo, tienen que ser subrayados. Por un lado, parecen adecuados el número de
poderes que tiene la AIOC y algunos de sus poderes específicos como el control sobre la definición
y manejo de sus propios proyectos de desarrollo de acuerdo con su cultura (Artículo304, párrafo II).
Sin embargo, por otro lado, los poderes principales se dan a nivel central, por ejemplo, en salud,
educación, política de recursos naturales (ambientales y no renovables), que son asuntos sobre los
cuales la AIOC únicamente tiene poderes de implementación.
Más detalles sobre el marco legislativo están contenidos en la Ley de Autonomía de la AIOC (de
aquí en adelante los números de Artículos citados se refieren a la Ley de Autonomía excepto no sea
indicado diferentemente).
Una (nueva) AIOC se formará de tres maneras (Artículo 44):
!
!
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En territorios conocidos anteriormente como TCO (Tierra Comunitaria de Origen), que la
nueva constitución ha convertido en TIOC (Territorio Indígena Campesino Originario);
En una municipalidad, convirtiéndola de una municipalidad común en una municipalidad
indígena;
En una región, agrupando un número de municipalidades o provincias (Artículo CPE 280),
que les transforma en una AIOC regional (Artículos46, párrafo II, 47, párrafo II, 50, párrafo
I, III and V).27

Una AIOC, como otras unidades autónomas, se establece en un procedimiento de “1+4” niveles.
Como ya se ha dicho, (0) un referéndum o –en el caso del TIOC– una consulta entre la población de
una entidad territorial es obligatorio (Artículo50). Si el referéndum o la consulta resultan favorables,
(1) primero se forma un consejo deliberativo (Artículo 53), que está a cargo de (2) redactar un
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24En

este último caso, el AIOC a nivel regional puede ser formado después de la constitución de una región agrupando
más municipalidades y/o provincias (Art.280 CPE) y la conversión de esta en AIOC (Artículos 46, párrafo II; 47,
párrafo II; 50, párrafos I, III y V de la Ley de Autonomía).
25En este último caso, el AIOC sería con derecho a solo aquellos poderes regionales que podría ser expresamente
traslado sobre esto (Art.303, párrafo II).
26Véase nota 53 y Artículo 297 de la CPE.
27La fundación de esas regiones parece un poco borrosa tanto en la Constitución como en la Ley de Autonomía. En
principio, una región es el único nivel autónomo que no tiene competencias legislativas, a menos que, en teoría, de
acuerdo con el Artículo 46, párrafo II de la Ley de Autonomía, algunas competencias fueron concedidas sobre esto. En
cualquier caso, ninguna región indígena se ha establecido hasta ahora y, considerando la confusión normativa, yo
personalmente considero poco probable que se cree.

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�borrador y votar por el estatuto de la AIOC a través de una mayoría calificada de dos tercios; (3) una
vez aprobado, el estatuto estará sujeto al control constitucional, y, si aprobado, (4) a (otro)
referéndum (Artículo CPE 275). Si es coherente con la CPE, la AIOC empezará a trabajar después
de la creación de órganos de gobierno (Artículo 55).
Sin embargo, algunos requisitos tienen que ser realizados antes de empezar cualquier nuevo
proceso de conversión a AIOC. Además de los tres requisitos definidos por la Constitución
(Artículo 290), los artículos 56 y 58 de la Ley de Autonomía, prevén otros requisitos que se
diferencian por cada entidad que se vaya a convertir a AIOC (municipalidad, TCO/TIOC, región):
a) evidencia que el territorio habitado sea “ancestral”;
b) continuidad territorial;
c) la “Viabilidad Gubernativa”;
d) una “Base Poblacional”.
a) El primer criterio (evidencia que el territorio habitado sea “ancestral”) se aplica a las
municipalidades. Antes de organizar el referendo para la conversión, cada municipalidad que quiera
convertirse a AIOC tiene que proveer evidencia que las tierras ocupadas por parte del pueblo
indígena que la reclama fueron habitadas desde tiempo inmemorial (art.56.2 de la Ley de
Autonomía). Eso es lo que prescribe también el art. 290 de la CPE.
a) y b) juntos: Con la evidencia de ancestralidad, se requiere la continuidad territorial por las regiones
que quieran convertirse (art.56.3 de la Ley de Autonomía).
a), b), c) y d): en el caso de las TCO/TIOC, se aplican dos condiciones más, o sea la Viabilidad
Gubernativa (art.57 de la Ley de Autonomía) y la Base Poblacional (art.58 de la Ley de Autonomía).
La primera (Viabilidad Gubernativa) es un decreto ministerial, una resolución o un certificado que se
emite si se cumple con otros dos requisitos: evidencia de la existencia, representación y efectiva
implementación de una estructura organizacional y un plan territorial que incluya también estrategias
institucionales y financieras. La segunda (Base Poblacional) es una condición numérica de habitantes
que se tiene que cumplir. Deben residir por lo menos 10.000 personas en las tierras altas –reducible a
4.000 en casos excepcionales–, y 1.000 en las tierras bajas para formar una AIOC en una
TCO/TIOC. Sin embargo, es muy difícil probar la continuidad territorial, especialmente en las
tierras bajas, donde el 58.2 por ciento de las TCO/TIOC en la región Amazónica está afectada por
la discontinuidad territorial (Colque and Chumacero 2010, p. 108). Este requisito reduce la
posibilidad de que los pueblos indígenas, en particular los de las tierras bajas, creen su TCO/TIOC
autónomo.
d) Esa última condición, que es obligatoria para las AIOC sobre TCO/TIOC, parece aplicarse
también a las municipalidades, aunque la Ley de Autonomía no lo reglamente. En la práctica, la Base
Poblacional ha sido la amenaza contra la cual protestaban los pueblos indígenas durante su séptima
marcha en junio de 2010. Además, el material distribuido por ONGs a los interesados (Fundación
Tierra 2012b) afirma que este requisito se aplique también a las municipalidades. Ese punto sigue sin
aclaraciones oficiales por parte del gobierno.
Por ende, hay que mencionar que desde julio de 2010, hay un órgano de coordinación de las
AIOC, o sea la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesina –
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�CONAIOC, que ha sido creada para promover los procedimientos de las AIOC (Fundación Tierra
2012b).
La Autonomía indígena en la práctica: las primeras (y hasta ahora, únicas) 11 AIOC
Cómo se crearon las primeras 11 AIOC
El 7 diciembre 2009, las primeras AIOC nacieron en Bolivia. Para llegar a este punto, es
necesario considerar algunos hechos ocurridos a lo largo del año 2009. Después de haber adoptado
la Ley Transitoria Electoral Núm. 4021/2009 en abril, la municipalidad Jesús de Machaca (La Paz)
declaró (sin ninguna base legal) su Consejo Autonómico Indígena Originario durante una visita del
ministerio de Autonomía (Plata 2009, 254). Esta iniciativa catalizó el discurso autonómico en otras
municipalidades rurales, sobre todo en las Tierras Bajas. Más adelante, el 2 agosto del 2009, el día de
la firma del Decreto Supremo Núm.231/2009 que proveía también el referéndum de diciembre del
AIOC, se organizó un evento informativo en la ciudad de Camiri (Santa cruz), presidido por el
Presidente Morales y organizado por el Ministerio de Autonomía y unas organizaciones indígenas.
En esta ocasión, el 2 de agosto fue proclamado el Día de la Autonomía Indígena, (re)etiquetando lo
que era conocido como el Día del Indio (o antes conocido también como Día de la Reforma
Agraria), (Plata 2009, 255). Por fin, el 6 de diciembre, en concomitancia con las elecciones generales
y el referéndum de autonomía en aquellos departamentos que habían votado en contra en el 2006
(Chiquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí), se votó también para convertir las primeras 11
municipalidades en AIOC.
A pesar de todo el entusiasmo inicial, los seminarios y los talleres organizados por el Ministerio
de Autonomía y otras ONGs entre octubre y noviembre de 2009 (Plata 2009, 255-257), sólo 12 de
las 19 municipalidades que pidieron acceso al procedimiento de conversión según la Disposición
Transitoria 3 de la Ley Núm.4021 y el Decreto Supremo Número 231 al final pudieron votar. Estas
fueron las municipalidades que cumplieron todos los prerrequisitos obligatorios para acceder al voto
(Plata 2009, 250), que eran parcialmente diferentes en respecto a lo que se ha descrito antes.28 Según
el Artículo 6 del Decreto Supremo Número 231, antes de organizar el referéndum para volverse
AIOC, estas municipalidades debían entregar: (1) un certificado concedido por el Ministerio de
Autonomía (para obtenerse a través de una resolución ministerial), y (2) un decreto adoptado por el
consejo municipal con dos tercios de votos a favor. Para obtener el certificado del Ministerio (1),
además, había que probar que: (1a) el territorio correspondiera con la tierra ancestral habitada por
los pueblos indígenas que vivían actualmente en ello; (1b) el pueblo que demandaba la AIOC tenía
que existir antes de la colonización de Bolivia; y, por último, (1c) el pueblo que demandaba la AIOC
tenía que compartir rasgos específicos (por ejemplo, la misma identidad cultural, el mismo idioma, la
misma tradición histórica, la misma territorialidad y cosmovisión), y tenía que demostrarse la
existencia de sus organizaciones o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas (Artículo 6,
párrafo 1 del Decreto Supremo Número 231). Como se puede intuir, estos tres prerrequisitos eran
sumamente difíciles de probar, sobre todo la correspondencia entre la tierra ancestral y la
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28En

otras palabras, no sé aplicó la Ley de Autonomías a las primeras 11 municipalidades AIOC en referencia a los
requisitos porque aún no estaba en vigor (se adoptó en julio de 2010).

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�actualmente habitada por un pueblo indígena. Además, el aspecto de territorialidad ha sido muy
delicado porque sólo 25 de las 339 municipalidades en Bolivia (7 por ciento) se asentaban dentro de
límites territoriales específicos en aquella época (La Razón 2011).
Finalmente, la Corte Nacional Electoral no admitió las peticiones de siete municipalidades
(Corque, Santiago de Andamarca, Santiago de Huari y Turco en el departamento de Oruro;
Gutiérrez y Lagunillas en Santa Cruz; y Inquisivi en La Paz) debido a la falta de requisitos (por
ejemplo, el decreto de municipalidad adoptado con menos de dos tercios de votos a favor o retrasos
en entregar la documentación completa; Ministerio de Autonomía 2009, 4-5; Plata 2009, 250).
Entonces, como ya se ha mencionado, 12 municipalidades accedieron al referéndum de 2009,
pero en una de ellas (Carahuara de Carangas, Oruro) ganó el voto en contra de la conversión. Las
razones detrás de este fracaso consisten probablemente en el temor de cambiar un sistema de
participación bajo la antigua Ley Popular de Participación, que ya había llevado mucho tiempo para
su realización. La luz verde era poco probable para otras tres AIOC, como Huacaya y Charagua en
Chaco y Jesús de Machaca en La Paz, donde los votos a favor solo sumaban un poco más del 50 por
ciento (Tamburini 2010, p. 201).
Después del referéndum para la conversión, estas primeras municipalidades empezaron el
procedimiento para convertirse en AIOC. Dichas municipalidades son: Jesús de Machaca y
Charazani (La Paz); Mojocoya, Huacaya y Tarabuco (Chiquisaca); Salinas Garci de Mendoza,
Chipaya, Pampa Aullagas y Totora (Oruro); Chayanta (Potosí); y Charagua (Santa Cruz). Siete AIOC
son así colocadas en Tierras Altas y sólo dos en Tierras Bajas. En otros términos, sólo 4 de los 36
pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente (Artículo 5 CPE) están actualmente liderando
las autonomías indígenas. Entre éstos, solo los Guaraníes vienen de Tierras Bajas. Entre las 11
AIOC, 5 se han auto-identificadas como Aymara (Jesús de Machaca, Carangas, Salinas de Garci
Mendoza, Pampa Aullagas y Totora); cuatro como Quechua (Charazani, Mojocoya, Tarabuco y
Chayanta); dos como Guaraní (Charagua y Huacaya); y, por fin, una como Uru-chipaya (Chipaya)
(Plata 2009, 254).
No obstante el fervor inicial, estas municipalidades siguieron pendientes hasta la adopción de la
Ley de Autonomía en julio del 2010. La adopción de esta ley no fue rápida, ni fácil. El objetivo
central de la séptima marcha indígena ya mencionada fue enmendar el proyecto de la Ley de
Autonomía, sobre todo acerca de la Base Poblacional, aplicable a la nueva/futura AIOC (Tamburini
2011, 177). Yo personalmente pienso que también hubo frustración y confusión detrás de esa
marcha. Por ejemplo, a la Gran Asamblea de Pueblos Indígenas-GANPI que tubo lugar en Santa
Cruz en noviembre de 2010 –y que yo atendí en persona– muchos líderes indígenas no tenían una
idea clara sobre el proceso de conversión o los requisitos. Las primeras 11 municipalidades AIOC
supuestamente tenían que adoptar su estatuto dentro de 360 días después de las elecciones
provisionales que se celebraron en abril de 2010, más una potencial prorroga de otros 360 días, o sea
hasta aproximadamente el mes de marzo de 2012 (Disposición Transitoria número 14 de la Ley de
Autonomía). En la GANPI, algunos líderes indígenas estaban convencidos que tenían que
adelantarse para crear, antes que este término, nuevas AIOC. Esta sensación era bastante compartida
en el país, hasta que el Ministro de Autonomías (en ese tiempo, Carlos Romero) clarificó que no
había fecha límite ni para los estatutos de las 11 AIOC existentes, ni por la creación de nuevas AIOC
(Erbol 2011b).
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�El estatus actual de las 11 primeras AIOC
Desde su creación, las AIOC se han desarrollado constantemente y han ido cambiando,
siguiendo tendencias tanto positivas como negativas. Para entender estos cambios, se han
monitoreado a través de investigación a terreno e investigación documental (por medio de boletines
de ONGs, diarios y documentos oficiales) desde mayo del 2011. Esa fecha es relevante porque es un
año después de las elecciones provisionales a los miembros del consejo municipal que estaban a
cargo de liderar el proceso de conversión. Por lo tanto, los progresos y las falacias principales hasta
diciembre 2014 se muestran en el grafico que sigue (figura 1), ilustrando la tendencia general. El
periodo monitoreado cubre aproximadamente tres años, divididos por cinco periodos (mayo de
2011, agosto-septiembre de 2012, diciembre de 2013, julio de 2014 y diciembre de 2014). Una escala
de evaluación va desde 1 a 5 para representar el proceso de conversión mencionado antes. Además,
se han especificados valores intermedios para indicar mejor los desarrollos de cada AIOC. Por lo
tanto, la etapa 0,5 significa que la AIOC está trabajando para establecer el consejo deliberativo; etapa
1 es el establecimiento del consejo deliberativo; etapa 1,5 es el diseño del estatuto; etapa 2 es la
adopción del estatuto por los dos-tercios del consejo deliberativo; etapa 3 es la entrega del estatuto al
Tribunal Constitucional Plurinacional por el control de constitucionalidad; etapa 3,25 significa que la
AIOC está trabajando sobre las revisiones requeridas por parte del Tribunal Constitucional
Plurinacional: etapa 3,5 es la aprobación por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional; etapa
3,75 se refiere a la organización del segundo referendo; etapa 4 es la realización del segundo
referendo para la aprobación del estatuto dentro de la comunidad; y finalmente, etapa 5 es cuando la
AIOC está completamente establecida.

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87!

�!

Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Status de las AIOC (diciembre de 2014)

�Leyenda de la Figura 1: Estatus actual de las AIOC
0.5
1
1.5
2
3

Trabajando para establecer el consejo deliberativo
Establecimiento del consejo deliberativo
Diseño del estatuto
Adopción del estatuto
Control de constitucionalidad del estatuto

3.25
3.5

Trabajando sobre las revisiones requeridas por parte del Tribunal Constitucional
Plurinacional
Aprobación por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional

3.75
4

Organización del segundo referendo
Realización del segundo referendo para la aprobación del estatuto

5

AIOC está completamente establecida y funciona correctamente

En el marco de los objetivos de este artículo, es suficiente centrarse en los últimos dos años,29
durante los cuales siete estatutos de AIOC se entregaron al Tribunal Constitucional Plurinacional
(Fundación Tierra 2013) y cuatro se aprobaron a lo largo del 2014. La AIOC de Totora (Oruro) fue
la primera en recibir la declaración de constitucionalidad en febrero de 2014 (Fundación Tierra
2014). Mojocoya (Chuquisaca), Charagua (Santa Cruz) y Pampa Aullagas (Oruro) entregaron sus
estatutos en octubre de 2012: la primera fue el 12 de octubre, y las últimas dos el 31 de octubre
(Ministerio de Autonomías &amp; Servicio Estatal de Autonomías 2013, 31-32). Chipaya (Oruro) lo
entregó el 23 de noviembre del 2012 (Ministerio de Autonomías &amp; Servicio Estatal de Autonomías
2013, 31-32; Fundación Tierra 2012b). De estas cuatro AIOC, Pampa Aullagas y Chipaya recibieron
una aprobación constitucional preliminar sujeta a revisiones para hacerse para la mitad de junio del
2014 (ANA Noticias 2014b); el mismo día, Charagua recibió la aprobación constitucional final
(ANA Noticias 2014b). El estatuto de Mojocoya fue aprobado a mitad de noviembre de 2014 (ANA
Noticias/Chuquisaca 2014a). Por lo tanto, Totora y Charagua ya están organizando su segundo
referendo para la aprobación final de sus estatutos (Vacaflor 2014b). Además, la formulación de la
pregunta de ese segundo referendo en el caso de Charagua fue certificado por el Tribunal
Constitucional Plurinacional a finales de octubre de 2014. 30 Huacaya y Tarabuco (Chuquisaca)
entregaron sus respetivos estatutos en junio del 2013 (Ministerio de Autonomías &amp; Servicio Estatal
de Autonomías 2013, 31-32) y a finales de 2013. El estatuto de la primera se aprobó el 30 de octubre
del 2014 (ANA Noticias/Chuquisaca 2014d). En el caso de Tarabuco, el estatuto debía modificarse
según el dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional para junio del 2014. Las modificaciones
no se realizaron al tiempo, así que el consejo deliberativo tuvo que empezar nuevamente el proceso
de diseño del estatuto (Erbol 2014; ANA Noticias/Chuquisaca 2014b): por esa razón en la Figura 1,
Tarabuco baja a la etapa 1,5. La AIOC de Jesús de Machaca y Charazani (La Paz) adoptaron sus
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29Para

detalles sobre los otros años véase Tomaselli 2013.
pregunta es la siguiente: “¿Usted está de acuerdo con el Estatuto Autonómico Originario de Charagua y su puesta
en vigencia?” (ANA Noticias/Chuquisaca 2014c; Vacaflor 2014).
30La

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�estatutos internamente pero no los entregaron (Ministerio de Autonomías &amp; Servicio Estatal de
Autonomías 2013, 31-32; Fundación Tierra 2013).31 Finalmente, en Salinas de Garci Mendoza y en
Chayanta (Oruro), el trabajo sobre los estatutos sigue pendiente de iniciarse (Ministerio de
Autonomías &amp; Servicio Estatal de Autonomías 2013, 31-32; Fundación Tierra 2013), pero en el
segundo caso el consejo deliberativo se instaló durante octubre de 2014 (ANA Noticias/Potosí
2014).
Sobre la formación de nuevas municipalidades AIOC, es bastante preocupante que ninguna
municipalidad haya organizado un referendo de conversión desde hace mucho tiempo (Anf-Agencia
2011). En noviembre de 2012, Milton Chacay, secretario de autonomías de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), anunció que seis capitanías Guaraní aspiraban a crear municipalidades AIOC en
Gutiérrez y Lagunillas (Santa Cruz) y Macharetí (Chuquisaca) (Fundación Tierra 2012a). A pesar de
esta afirmación, la sola propuesta de conversión municipal que se encuentra oficialmente en
evaluación por el Ministro de Autonomías es la de San Miguel de Velasco (Santa Cruz) (Ministerio
de Autonomías &amp; Servicio Estatal de Autonomías 2013, 34). Otro desarrollo interesante es el de la
municipalidad de Curva (La Paz) que el pasado julio del 2014 recibió el certificado de “territorio
ancestral”. Dicha municipalidad empezó el proceso en el 2011 (ANA Noticias 2014a), así que
tuvieron que esperar tres años para recibir ese certificado. El próximo paso será la organización del
primer referéndum entre su población sobre la conversión. Finalmente, otras fuentes documentan
que recientemente otras 14 municipalidades están considerando convertirse en AIOC (Soliz Tito
2014), aunque no haya informaciones oficiales.
En cuanto a las TCO/TIOC, los requisitos de territorio ancestral, Viabilidad Gubernativa y Base
Poblacional se regularon entre el 2012 y el 2013. El primero (territorio ancestral) se estableció con
Resolución Ministerial número 091/2012, y los últimos dos (Viabilidad Gobernativa y Base
Poblacional) con Resolución Ministerial Núm.032/2013. Ambas resoluciones fueron adoptadas por
parte del Ministro de Autonomías. Eso aceleró también el proceso de conversión de TCO/TIOC
que pasaron de ser inicialmente solamente 2 (Raqaypampa y Lomerio) a 5 en el 2013. Las otras tres
que se convirtieron fueron Monte Verde, Marka Camata, y el Consejo Indígena Yuracaré (Ministerio
de Autonomías &amp; Servicio Estatal de Autonomías 2013, 34). Entre estas AIOC en forma de
TCO/TIOC, Raqaypampa aprobó su estatuto a finales de 2012 (Estatuto de la Autonomía Indígena
Originaria de Raqaypampa 2012) y lo entregó al Tribunal Constitucional Plurinacional el 20 de
noviembre de 2013 (Fundación Tierra 2013), pero aún espera su aprobación (ANA Noticias 2014c).
Monte Verde y Marka Camata recibieron su certificado de “territorio ancestral” en mayo de 2013,
mientras Lomerio y el Consejo Indígena Yuracaré empezaron a preparar los documentos requeridos
en el 2013 (Ministerio de Autonomías &amp; Servicio Estatal de Autonomías 2013, 34).
Conclusiones
Este artículo ha demostrado que el procediendo legal para establecer una AIOC es muy
complejo. Por una parte, se intenta salvaguardar una amplia participación y garantizar la legitimación
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31El

proceso general de Jesús de Machaca ha sido particularmente complejo y contestado por conflictos internos. Por un
reciente análisis, véase Colque y Plata 2014.

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�de la AIOC gracias a un número de mecanismos democráticos como, por ejemplo, el doble
referéndum o la adopción del estatuto a través de dos-tercios del consejo deliberativo.
Por otra parte, el procedimiento se diseño suponiendo un ambiente socio-cultural homogéneo y
no considerando mecanismos para resolver potenciales conflictos internos. Eso se ve claramente
entre unas de las primeras 11 AIOC que aún no tienen su estatuto o su consejo deliberativo (en
Jesús de Machaca and Charazani, en el departamento de La Paz), y en Salinas de Garci Mendoza y
en Chayanta, en el departamento de Oruro.
Relativo a la creación de AIOC en forma de “territorios”, o sea sobre TCO/TIOC, que podría
ser una buena opción para los pueblos indígenas de tierras bajas, los requisitos pedidos (Viabilidad
Gubernativa y Base Poblacional, artículos 57 y 58 de la Ley de Autonomía) son excesivamente
exigentes (por ej., la cantidad de documentación que la comunidad tiene que entregar sin apoyo
administrativo), poco prácticos (por ej., en el caso de pueblos indígenas numéricamente pequeños) y
sujetos a potencial arbitrariedad en referencia a la evaluación de la Viabilidad Gubernativa. Aunque
ambos requisitos se hayan regulado recientemente, estas condiciones permanecen controvertidas.
Sobre la Viabilidad Gubernativa veamos un ejemplo empezando por el certificado de “territorio
ancestral”. Primero, es sumamente difícil probar que el territorio de un pueblo indígena sea ancestral
y/o se corre el riesgo que esta prueba de “ancestralidad” se produzca de manera artificial por parte
de los municipios por diferentes razones, por ejemplo porque se ha perdido a lo largo de varios
siglos, etc. Suponiendo que la municipalidad entregue pruebas suficientes, el certificado de
“territorio ancestral” puede aún ser contestado por parte de la administración pública de manera
arbitraria o sin justificación. Por ende, para que esté totalmente valido tiene que ser expedido por
parte del Ministro de Autonomías. Luego, este certificado de “territorio ancestral” tiene que ser
entregado junto con un número de otros documentos para pedir la Viabilidad Gubernativa.32
Sobre la Base Poblacional, el pueblo Araona (La Paz) estaba considerando formar una región
indígena con otros pueblos indígenas porque ellos cuentan solamente con 200 miembros
dispersados en seis comunidades (Luksic 2011).
Todo este procediendo genera miedo entre los pueblos indígenas y sugiere una general falta de
voluntad política para promover la autonomía indígena. Como ya se ha visto, hasta esta altura (enero
de 2015) solo una de las municipalidades que aspiran a convertirse en AIOC (Curca, La Paz), lo ha
obtenido, pero después de tres años. Así que parece que el marco jurídico garantizado por parte de
la Ley de Autonomía no haya simplificado el procedimiento, sino el contrario.
En particular, los pueblos indígenas de tierras bajas están confundidos y decepcionados frente a
los requisitos mencionados. De hecho, solamente 3 solicitudes de las 19 municipalidades admitidas
en diciembre de 2009 para el primer referéndum de conversión en AIOC provenían desde los
departamentos del Oriente, y todas desde el departamento de Santa Cruz. Ninguna demanda llegó
desde Beni o Pando (Plata 2009, p.252). En estos departamentos, muchas comunidades indígenas
están dispersas en grandes áreas territoriales o son numéricamente inferiores (Plata 2009, p.253), lo
que explica la probable falta de información sobre el procedimiento de conversión de la AIOC.
Asimismo, en las tierras bajas, otros obstáculos están causados por disputas sobre las tierras entre
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32Reglamento

(Solicitud).

para la Emisión de Certificación de Viabilidad Gubernativa y Verificación de Base Poblacional vía TIOC, Articulo 3

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�indígenas y colonos no indígenas, por conflictivos intereses económicos sobre los recursos naturales
no renovables (Bustillos Zamorano 2011a), asuntos de demarcación de municipalidades y
departamentos, y discontinuidad territorial que afecta el 58,2% de las TCO/TIOC de la región
amazónica.
Además, 17 límites territoriales están contestados en las tierras altas y bajas (Mealla 2011). La Ley
de Unidades Territoriales, Núm.339/2013, se adoptó el 31 de enero de 2013 y debería arreglar estos
conflictos. No obstante, las organizaciones indígenas la han cuestionado. En efecto, la Ley de
Unidades Territoriales no sigue el principio de igual jerárquica entre unidades territoriales autónomas
(art.276 CPE; art.6.2, numero 3 de la Ley de Autonomía) y los pueblos indígenas no fueron
consultados sobre esa ley, que en cualquier caso sí les afecta (Agencia Intercultural de Noticias
Indígenas de Bolivia 2011).
Otro aspecto relevante concierne las finanzas de las municipalidades y otras entidades públicas y
territoriales. Muchos alcaldes se quejaron de la Ley de Tasas Núm.154/2011. En efecto, el art.6 de
esta ley reduce las competencias de las municipalidades para introducir nuevas tasas, no obstante la
demanda de servicios públicos de la población (Bustillos Zamorano 2011b).
Finalmente, otra aprensión entre los pueblos indígenas es lo que va a ocurrir con las AIOC
después de las elecciones administrativas de finales de marzo del 2015. Desde finales del 2013, el
órgano de coordinación de las AIOC ha demandado que en las municipalidades AIOC las
autoridades se voten según las costumbres y los procedimientos tradicionales (Fundación Tierra
2013; Vacaflor 2014a), pero su pedido no tuvo respuesta (Página Siete 2014).
En conclusión, Bolivia está corriendo el riesgo de contradecirse sobre la autonomía indígena:
aunque la haya promovida abiertamente, en realidad falta una implementación significativa. Otros
académicos expresaron recientemente su escepticismo sobre la realización del autogobierno indígena
a través de las AIOC (Tockman y Cameron 2014, p. 64). Es posible que el dinámico escenario de
Bolivia nos sorprenda en los próximos años, como ya lo hizo en el pasado. Una noticia positiva fue,
por ejemplo, la entrega por parte del gobierno de un proyecto de ley (número 411 del 2014,
actualmente bajo discusión en la Cámara de Diputados) que regula el financiamiento de un segundo
referéndum para la aprobación final de los estatutos de aquellas AIOC (Totora y Charagua) que han
recibido la certificación constitucional.33 La profunda reforma institucional que está experimentando
el estado andino es reciente y aún un trabajo en desarrollo. Así que los próximos años serán claves
para ver qué dirección tomará Bolivia hacia (también) el autogobierno indígena.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33Proyecto

de Ley No 411/2014-2015: Transferencia de recursos económicos de los Gobiernos Autónomos Municipales en conversión a
Autonomías
Indígena
Originario
Campesinas.
Al
15
de
diciembre
del
2014,
en
http://www.diputados.bo/images/Docs/PL/INF14-15/INF14_411.pdf, y es bajo Tramitación en la Cámara de
Diputados: http://www.diputados.bo/index.php/leyes/leyes-en-tratamiento. Véase también Vacaflor 2014a; ANA
Noticias 2014d.

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015!

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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp. 98-118

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La representación sustantiva de las mujeres en las agendas legislativas de
las diputadas mexicanas
The substantive representation of women in the legislative agenda of
Mexican deputies
Sarah Patricia Cerna Villagra

Doctoranda en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México y en Estado de Derecho
y Gobernanza Global, Universidad de Salamanca.
Becaria del CONACYT, México.
Email: sacervi@hotmail.com

Fecha de envío: 15 de abril 2015
Fecha de aceptación: 1 de junio 2015
Resumen
Este artículo tiene como objetivo identificar la representación sustantiva de las mujeres
en las agendas legislativas impulsadas por las diputadas mexicanas en las LVII y LXII
Legislaturas del Congreso de la Unión poniendo el énfasis en aquellas propuestas legislativas
sensibles al género 1 . Para ello, busca aportar datos empíricos en torno a las propuestas
legislativas y sus temáticas por grupos parlamentarios con el objetivo de conocer qué hacen las
mujeres en el ámbito legislativo, a través de sus agendas parlamentarias y cuál es la
representación sustantiva de las mujeres en este ámbito político. La investigación se concentra
en las iniciativas presentadas en las LVII (1997-2000) y LXII Legislaturas (2012-2015) en la
Cámara de Diputados por las congresistas mexicanas según el Grupo Parlamentario al que
pertenecen.
Entre los hallazgos se comprueba que existen notorias diferencias en las agendas
legislativas de las diputadas de acuerdo al Grupo Parlamentario al que pertenecen, mientras las
legisladoras del PRI y del PAN tienden a priorizar temáticas consideradas más “femeninas”, las
del PRD, PVEM y PT se han caracterizado por issues considerados más “masculinos”. Además,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Rodríguez Gustá (2008) identifica cuatro categorías de políticas sensibles al género en la literatura especializada,
ellas son: 1) las políticas de acción afirmativa; 2) las políticas para las mujeres; 3) las políticas con perspectiva de
género y; 4) las políticas de transversalización de género. En esta investigación se utiliza esta clasificación para
estudiar todas las iniciativas legislativas presentadas por las diputadas mexicanas cuyo contenido presente
características relacionadas con la ampliación de los derechos para las mujeres, con perspectiva y/o
transversalización de género y se constituyan en acciones afirmativas para ellas.

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�la Representación Sustantiva de las Mujeres en ambas Legislaturas estudiadas se manifiesta en
la introducción de “intereses de mujeres” en la agenda política, así como en la perspectiva
femenina para abordar temáticas diversas, tales como: trabajo, migración, Derechos Humanos,
entre otros.
Palabras clave: diputadas, agendas legislativas, partidos políticos, representación sustantiva de
las mujeres.
Abstract
This article aims to identify the substantive representation of women in the legislative
agendas of female Mexican deputies in the LVII and LXII Legislatures of the Congress
emphasising those legislative proposals related to gender 2. Consequently it seeks to offer
empirical data about legislative proposals and issues by parliamentary group with the aim of
understanding what women do in the legislative sphere, via their parliamentary agendas and
what is the substantive representation of women in this political sphere. The study
concentrates on the initiatives presented in the LVII (1997-2000) and LXII Legislatures (20122015) in the Chamber of Deputies by congresswomen according to the Parliamentary Group
to which they belong.
The findings show that there are noticeable differences in the legislative agendas of
female Deputies according to the Parliamentary Group to which they belong. While those
belonging to the PRI and PAN tend to prioritise issues considered more “feminine”, those
belonging to the PRD, PVEM and PT have been characterized by issues that are considered
more “masculine”. Furthermore, the Substantive Representation of Women in both
legislatures is shown in the introduction of “women’s interests” in the political agenda, as well
as the female perspective to approach different issues, including: work, migration, Human
Rights, among others.
Keywords: deputies, legislative bills, political parties, substantive representation of women.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Rodríguez Gustá (2008) identifies four categories of policy that are sensitive to gender in the specialised
literature: 1) affirmative action policies; 2) policies for women; 3) policies with a gender perspective; 4) transversal
gender policies. In this reach this classification is used to study all of the legislative initiatives presented by
Mexican deputies whose content presents features related to the expansion of rights for women, with a gender
perspective and constitute affirmative actions for them.

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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�Introducción
En el año 2015 se ha dado en México un importante debate en torno a los mecanismos
que favorecen el aumento de la participación femenina en política, sobre todo a raíz de la
implementación de las normas de paridad. Este trabajo pretende abonar a la discusión en
torno a la representación sustantiva de las mujeres, en específico, en torno a sus agendas
legislativas. Para ello en las siguientes páginas se busca responder a las siguientes preguntas:
¿qué temas priorizan en su agenda legislativa? y ¿son diferentes los intereses entre legisladoras
de distintos grupos parlamentarios?
Desde la implementación de las cuotas de género en 1997 hasta el año 2015, la presencia
femenina en la Cámara de Diputados de México ha aumentado ostensiblemente pero, como lo
señala la literatura especializada en este ámbito (Archenti, 2011; Bareiro y Echauri, 2009;
Franceschet, Krook y Piscopo, 2012, Freidenberg, 2014) con las cuotas no es suficiente para
alcanzar la paridad en cuanto a la representación descriptiva en el Congreso. Tras la
implementación de la norma de paridad establecida como parte de las reformas políticas del
2013 han surgido muchas preguntas en torno a la participación de las mujeres en política. En
este sentido, esta investigación busca aportar datos que permitan comprender y analizar qué
hacen las mujeres en el ámbito legislativo a través de sus agendas legislativas identificando las
agendas legislativas de las mismas y definiendo si existen diferencias entre las agendas
legislativas de las diputadas de acuerdo al grupo parlamentario al que pertenecen.
Marco Teórico
Las Cuotas de Género en la Región
A partir de la tercera ola democratizadora en la región, y con el agotamiento de los
regímenes de partido hegemónico, las mujeres alcanzaron mayor visibilidad en la esfera política
latinoamericana (Archenti, 2011). Esta autora sostiene que varios eventos internacionales, tales
como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW,
1979) y las Plataformas de Nairobi (1985) y Beijing (1995) influyeron en la introducción de
mecanismos legales que permitieron combatir la desigualdad de género en el ámbito político de
la región.
En este contexto en la década de 1990, muchos países latinoamericanos iniciaron una
serie de debates en torno a la necesidad de alcanzar la igualdad política de las mujeres; estas
discusiones se tradujeron en sanciones y modificaciones legislativas para implementar
mecanismos para garantizar la equidad de género en los cargos de elección popular. Las
primeras medidas adoptadas fueron las acciones afirmativas conocidas como cuotas de género,
las cuales fueron implementadas progresivamente en la región desde entonces hasta la
actualidad. No obstante, el debate reciente ha superado al tema de las cuotas como
mecanismo compensatorio y actualmente gira en torno a la adopción de la paridad, así como a
los obstáculos institucionales (sistemas electorales y políticos) y las barreras socioculturales a
las carreras políticas de las mujeres.
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�Tras dos décadas de implementación de las cuotas, en la región existe un fuerte consenso
sobre la necesidad de acciones afirmativas como mecanismos fundamentales para que las
mujeres puedan postularse como candidatas y resulten electas (Archenti y Tula, 2007,
Freidenberg, 2014). Las cuotas por sí solas no son suficientes para asegurar el aumento de la
representación femenina en los congresos. Muchos estudios señalan que existen otras variables
institucionales dentro de los sistemas electorales que son también importantes tomar en
cuenta; algunas de estas variables podrían ser las fórmulas de representación proporcional
adoptadas y el tamaño de las circunscripciones (Archenti y Tula, 2007; Bareiro y Echauri, 2009;
Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson 2006; Jones 2009; Krook 2005; Lovenduski, 1997;
Norris, 1997, 1985; Rule y Zimmerman, 1994; Schwindt-Bayer, 2009). Pero al mismo tiempo,
otras variables institucionales importantes podrían ser el tamaño de los distritos y la
representación proporcional, ya que se ha encontrado que aquellos distritos medianos y
grandes y la representación proporcional favorecen a las candidaturas femeninas porque los
partidos necesitan sumar a diferentes sectores de la sociedad para así poder llegar a un
electorado más amplio y con ello, obtener más escaños (Freidenberg, 2014).
Las ventajas de las cuotas se manifiestan en su impacto simbólico en la región, tras
generar sensibilización en las sociedades respecto a las desigualdades históricas tanto sociales,
económicos como políticas entre hombres y mujeres (Peschard, 2002). Para esta autora la
implementación de las cuotas ha permitido además, pensar en las mujeres como protagonistas
capaces de desempeñarse en política tanto como sus pares hombres, así también ha
contribuido a responder desde el ámbito político a las demandas y necesidades específicas de
las mujeres a través de políticas públicas y leyes concretas para este sector de la población.
No obstante, los factores institucionales no alcanzan para mejorar la representación
femenina en los puestos de elección relevantes ya que también existen otros de naturaleza
sociocultural que condicionan las carreras políticas femeninas. Es por ello que Fernández
Poncela (1997) describe cómo influyen en las carreras políticas de las mujeres factores como la
socialización política en la familia, el parentesco político, la militancia temprana en centros
estudiantiles o universitarios, sindicales o de partidos políticos y el apoyo familiar tanto de hijos
como de la pareja a la profesión política. Estos factores pueden promover (o no), y permitir (o
no), la entrada y el desarrollo de las carreras políticas femeninas.
¿Qué hacen las Legisladoras? La Representación Sustantiva
En la propuesta teórica de Pitkin (1985) la representación sustantiva hace referencia a la
inserción de temas específicos por parte de aquellos grupos con características particulares al
interior de las agendas del Poder Legislativo. A esta dimensión de la representación, Martínez
y Garrido (2013, p. 408) la denominan “la política de la diferencia”, para referirse al debate
acerca de si el incremento de la presencia de mujeres en el Poder Legislativo ha implicado
alguna diferencia, o bien el aumento de legislaciones y políticas públicas en torno a los
derechos de las mujeres y a la igualdad de género.
En esta línea, este trabajo busca identificar cuáles son las agendas legislativas a través de
las temáticas propuestas por las mujeres en referencia a esa representación sustantiva planteada
por los autores antes mencionados.
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�El Género en el Trabajo Parlamentario
De acuerdo con Celis et al. (2008) existen numerosos estudios que demuestran que los
intereses de legisladores y legisladoras difieren en cuanto a las temáticas de sus propuestas. Un
ejemplo de ello es la investigación de Thomas y Welch (1991) que ha comprobado que los
hombres y las mujeres defienden distintas prioridades políticas. De la misma manera, otras
investigaciones demuestran que las congresistas femeninas a menudo reportan que sienten la
obligación de representar a las mujeres (Carroll 2002). Muchos autores reconocen la existencia
de los “intereses de las mujeres”, lo que implica que muchas veces las legisladoras comparten
las mismas opiniones que las votantes femeninas (Mateo Díaz, 2005) y que los movimientos
feministas y de mujeres (Lovenduski, 1997).
A su vez, Schwindt-Bayer (2006) plantea que por la extensión de los roles sociales del
género, los temas de las iniciativas legislativas están divididos entre: a) los issues de las mujeres,
que abarcan temas feministas, educación, salud, niños y familia y; b) los temas de los hombres
relacionados con la economía, agricultura, empleo, y asuntos fiscales. Estas categorías de
división entre temas femeninos y masculinos de las propuestas legislativas según el criterio de
Schwindt-Bayer son útiles para el caso mexicano para poder analizar en qué temáticas se
insertan las iniciativas presentadas por las legisladoras mexicanas en las LVII y LXII
Legislaturas.
A lo anterior cabe agregar que Heath, Schwindt-Bayer y Taylor-Robinson (2005) habían
planteado que las legisladoras son “aisladas” en el Congreso porque se les asigna solamente a
las Comisiones y temáticas referidas a la mujer y a lo social, y con ello se las aleja de posibles
intervenciones y actuaciones en comisiones sobre temas económicos, asuntos externos y otros
que se consideran “exclusivos” de hombres. Estas autoras encontraron que en las Cámaras
Legislativas de Costa Rica y Colombia, las parlamentarias reconocieron que el Congreso se
comporta de manera Patriarcal, a pesar de la existencia de cuotas de género en ambos cuerpos
legislativos. Este comportamiento se manifiesta en las posibilidades reducidas que tienen las
legisladoras para plantear iniciativas de proyectos de ley en temas como agricultura, economía y
asuntos fiscales, porque estos son temas “exclusivos de los hombres”. Esta hipótesis fue
confirmada en otro estudio por Martínez y Garrido (2013) para los casos de los Congresos de
México, Argentina (en ambos países se han implementado cuotas de género), Chile y Uruguay
(sin cuotas) en los que los autores encontraron que las mujeres son marginadas de áreas
políticas relevantes y de ámbitos de influencia real en el Poder Legislativo de sus países sólo
por su condición de mujeres.
La Representación Sustantiva de las Mujeres
La propuesta de Rodríguez Gustá y Madera (2013) sobre la RSM sostiene que en la
literatura sobre Género y Política existen dos conceptualizaciones distintas en torno a la
Representación Sustantiva de las Mujeres, a saber: 1) como un proceso de articulación y
advocacy en torno a temas e intereses de mujeres y; 2) como resultado concreto y tangible de un
proceso cuyos resultados son leyes y políticas públicas para las mujeres.
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�Por su parte, Franceschet y Piscopo (2008) plantean que la Representación Sustantiva es
el resultado de un proceso legislativo que culmina con el éxito de las diputadas para que las
iniciativas en temas de género y sobre los derechos de las mujeres sean aprobadas en los
congresos nacionales. Para estas autoras, la Representación Sustantiva guarda relación con la
promoción de los intereses de las mujeres.
Contrariamente al planteamiento de Franceschet y Piscopo (2008), Celis et al (2008)
sostiene que la representación política de las mujeres no implica exclusivamente introducir los
intereses de las mujeres en la agenda política y legislativa, sino que además implica introducir
perspectivas de las mujeres en los distintos temas de las agendas. Esta “huella” o perspectiva
femenina muchas veces está marcada por las propias experiencias de vida de las mujeres y sus
posiciones en las estructuras sociales que fueron históricamente marcadas por la discriminación
y marginalización. Esta autora, además, subraya que la RSM es un proceso que implica una
serie de actos y actores quienes introducen y mantienen los intereses de las mujeres en las
agendas políticas, además de sus intereses también insertan sus preocupaciones por temas de
diversa índole, así como sus puntos de vista en la concepción de las leyes.
En otro trabajo sobre RSM, Celis et al. (2008) señalan que la RSM se estudia con
frecuencia únicamente en el comportamiento legislativo de las representantes mujeres en los
parlamentos nacionales, pero varios estudios sobre el tema señalan que no solamente son las
legisladoras las que promueven leyes a favor de las mujeres, sino que además hay movimientos
de mujeres extra-parlamentarios, así como diversos actores políticos que buscan promover los
intereses de las mujeres. En cuanto a cómo se expresa la RSM, estas autoras señalan que las
legisladoras brindan un enfoque diferente al de sus pares hombres en lo referente a la
presentación de proyectos de ley y de aprobación de políticas públicas (p. 105)
Estrategia Metodológica
Esta investigación se enfoca en las iniciativas presentadas en las LVII (1997-2000) y
LXII Legislaturas (2012-2015) por las congresistas mexicanas según el Grupo Parlamentario al
que pertenecen. El criterio de selección de estas legislaturas ha sido el siguiente: la LVII
Legislatura (1997-2000) es la primera en la que fueron electas diputadas tras la aplicación de las
cuotas de género en las elecciones de 1997, en tanto la LXII (2012-2015) es la última elección
con cuotas, ya que desde el año 2015, se ha implementado en México la norma de paridad
(50/50) en las elecciones federales. Además, ambas legislaturas presentan diferencias en cuanto
a la Representación Descriptiva de las Mujeres en la Cámara de Diputados, ya que la primera
de éstas sólo contaba con 17,4% de mujeres diputadas y la última alcanzó un 37,8% de
legisladoras del total de representantes en esta Cámara legislativa.
Con el objetivo de conocer las agendas legislativas de las diputadas en esta investigación
se han sistematizado las iniciativas presentadas por las diputadas en ambas Legislaturas de la
siguiente manera: 1) el Grupo Parlamentario al que pertenecen la legisladora y; 2) el Tema de la
Iniciativa. A partir de los datos encontrados en el portal del Congreso de la Unión, se ha
confeccionado una base de datos, a partir de la cual se pueden distinguir las tendencias
temáticas por Grupo Parlamentario, así como identificar la Representación Sustantiva de las
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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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�Mujeres con base en las propuestas de leyes y los intereses que promueven, así como las
perspectivas analíticas de los problemas que desean resolver.
Clasificación de las Iniciativas Presentadas por las Diputadas Mexicanas
Para clasificar las iniciativas presentadas por las diputadas mexicanas en este trabajo se
toman las clasificaciones realizadas por Rodríguez Gustá (2008), Schwindt-Bayer (2006) y la
autora de esta investigación. En primer lugar, Rodríguez Gustá (2008, p. 110) identifica cuatro
categorías de políticas sensibles al género en la literatura especializada, ellas son: 1) las políticas
de acción afirmativa3; 2) las políticas para las mujeres4; 3) las políticas con perspectiva de
género5 y; 4) las políticas de transversalización de género6. Se considera que estas categorías de
Rodríguez Gustá son útiles a esta investigación para clasificar las iniciativas legislativas
presentadas por las diputadas mexicanas según el contenido que presenten, ya sea con
características relacionadas con la ampliación de los derechos para las mujeres, con perspectiva
o transversalización de género, o se constituyan en acciones afirmativas para las mujeres.
En segundo lugar, las clasificaciones de las iniciativas legislativas se han encuadrado en la
tipología de Schwindt-Bayer (2006) para aquellas propuestas referidas a Economía, Salud,
Educación, Asuntos Fiscales y Hacienda, Agricultura. Finalmente, la autora realiza otras
incorporaciones entre las que se encuentran las categorías de Seguridad, Justicia y Derechos
Humanos, Familia y Grupos Vulnerables, Puntos Constitucionales, Medioambiente, Trabajo y
Previsión Social. Estas incorporaciones se hicieron porque las categorías propuestas por
Rodríguez Gustá (2008) y Schwindt-Bayer (2006) no abarcan la totalidad de las temáticas de las
iniciativas presentadas en las Legislaturas estudiadas en esta investigación.
¿Cuáles son las agendas legislativas de las diputadas mexicanas y cuáles son sus temas
prioritarios?
La LVII Legislatura ha sido la primera electa tras la implementación de las cuotas de
género en México; como resultado de ello, el porcentaje de mujeres legisladoras aumentó al
pasar de 14,1% a 17,4% y a partir de allí ha ido creciendo hasta alcanzar el 37,8% que
representan en la actual legislatura (la LXII de 2012-2015). Este aumento en la Representación
Descriptiva de las mujeres desde 1997, en este trabajo se quiere observar en cuanto a cuáles
son los cambios en su dimensión de Representación Sustantiva (introducción de intereses de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Las políticas de acción afirmativa o discriminación positiva implican un trato preferencial temporal a favor de un
grupo discriminado históricamente para permitir el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como
el acceso a ciertos bienes (Fondo Indígena, s/f). Por ejemplo: las cuotas de género.
4 Las políticas para las mujeres son acciones y programas específicos para este sector de la población que por sus
características biológicas requiere políticas especiales, por ejemplo, las reproductivas o las sexuales.
5 Las políticas con perspectiva de género son aquellas que reconocen las diferencias sociales, económicas y
políticas entre hombres y mujeres y para revertirlas, están diseñadas para abarcar la complejidad de las
características socio-demográficas de las mujeres y promover la igualdad entre hombres y mujeres.
6 La transversalización implica adoptar una perspectiva de igualdad de género en todo el conjunto de leyes y
políticas en una sociedad, para ello, la igualdad debe atravesar todas las dimensiones posibles: política, economía,
salud, cultura, educación, medio-ambiente, justicia, etc.

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�las mujeres) en ambas legislaturas, es por ello, que se estudian las agendas legislativas de las
diputadas por grupo parlamentario.
Las iniciativas de las legisladoras mexicanas presentadas en la LVII Legislatura que se
muestran en la Tabla 1 se sistematizaron según la temática en la cual se inscriben dichas
propuestas y el grupo parlamentario al que pertenece la legisladora que realizó la iniciativa.
Como se puede observar en la Tabla, la temática que más propuestas recibió en esa legislatura
fue la de Puntos Constitucionales con 24 iniciativas, seguida por Asuntos Fiscales y Hacienda
con 20 y en tercer lugar, la temática de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos con 17
propuestas.
Detrás de estas tres temáticas principales, se encuentran las iniciativas sensibles al
género, seguidas por las de economía, trabajo y previsión social, y detrás de éstas, las
propuestas sobre familia y grupos vulnerables.
Si se observan las temáticas de las iniciativas presentadas por las legisladoras del periodo
comprendido entre 1997 y 2000, el tema de las propuestas sensibles al género ocupó el cuarto
lugar en orden de importancia, lo que implica la poca relevancia que aún tenía esta temática
para las primeras legisladoras que ingresaron a través de las cuotas de género en México. Muy
por el contrario, otras temáticas consideradas más masculinas como Hacienda, Asuntos
Fiscales y las Reformas Constitucionales ocuparon lugares prioritarios en las agendas de las
legisladoras de dicho periodo. En la construcción de las agendas de las diputadas no debe
soslayarse el peso de las agendas partidarias por encima de los intereses particulares de los
legisladores, ya que los estudios demuestran que seguir la línea marcada por el partido (ya sea
por los incentivos o los castigos formales e informales) y la disciplina partidaria7 en México es
de suma importancia para la construcción de lealtades en los principales partidos políticos del
país. Precisamente para la LVII Legislatura varios trabajos (Casar, 2002; Lujambio, 2000;
Mena, 2001; Weldon, 2002) demuestran que la disciplina partidaria fue mayoritaria para los tres
partidos principales.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amparo Casar (2002) define la disciplina partidaria como el acatamiento por parte de los legisladores de las
líneas dictadas por el líder del partido político o de la fracción parlamentaria.
7

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�!

Partido
PRI
PAN
PRD
PVEM
PT
Comisión
Equidad y
Género
Comis. Apoyo
Discapacitado
Diputados
Independ.
Mixtas
Total

2
2

3
1

14

3
5

1

1
1
2

Educ.

7

4
2

1

Salud

1

1

Econ.

2
24

1
1
13
3
4

Puntos Const.

20

12
4
2

2

Asuntos
Fiscales y
Hacienda

9

3
9

Medio
Ambiente

17

1

1
2
11
2

Seguridad,
Justicia y
DDHH

Fuente: Elaboración propia con base en datos de H. Cámara de Diputados (2014)

1
6

1

4

3

Familia y
Grupos
Vulnerables

Sensibles al
Género

7

2

1
2
2

Trabajo y
Previsión
Social

2

1
1

Otros:
Agric./
Ganad.

Tabla 1: Número de Iniciativas Presentadas por Legisladoras por Grupos Parlamentarios y Temas de las Iniciativas Presentadas en la LVII
Legislatura

�Por su parte, como se puede observar en la Tabla 2, la temática que ocupa el primer
lugar en cuanto al número de propuestas por parte de las legisladoras en la LXII Legislatura es
la de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos con un total de 108 iniciativas de un total de
856, lo que representa 12,6% de total. El segundo tema prioritario para las legisladoras
mexicanas han las iniciativas presentadas en asuntos de familia y grupos vulnerables que
guardan relación con la niñez, los adultos mayores, la población indígena y afromexicana, que
alcanzan un total de 90 propuestas (10,6%) de las iniciativas de las mujeres. En tercer lugar, se
encuentran las iniciativas de Reformas a la Constitución, denominada en la Tabla como
Puntos Constitucionales con un total de 71 iniciativas, lo que representa 8,3% del total de
propuestas8.
Detrás de estas tres temáticas se encuentran propuestas sensibles al género, asuntos
fiscales, salud, trabajo y previsión social, y educación; temas como medioambiente, economía y
agricultura ocupan los últimos lugares en cuanto al número de iniciativas presentadas por las
legisladoras en estos ámbitos.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Los datos empíricos respecto a la LXII Legislatura son preliminares, debido a que la misma aún no ha concluido
y por lo tanto, los hallazgos aún no son concluyentes.
8

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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!

�!

Partido
PRI
PAN
PRD
PVEM
PANAL
PT
MC
Mixtas
Total

15
26
8
6
8
1
5
1
70
40

90

21
16
11
4
6
1
1
3
63

Salud

26

4
4
5
1
7
3
2

Economía

71

7
10
22
9
6
13
4

Puntos
Constitucionales.

70

18
23
12
4
7
4
2

Asuntos
Fiscales y
Hacienda

33

2

3
1
15
11
1

Medio
Ambiente

108

30
19
30
6
7
8
8

Seguridad,
Justicia y
DDHH

11
10
11
5
9
5
4
2
57

Trabajo y
Previsión
Social

Fuente: Elaboración propia con base en datos de H. Cámara de Diputados (2014)

4

17
5
5
2
7

Educación

31
24
13
6
10
2
4

Familia y
Sensibles
Grupos
al Género Vulnerables

13

3
4
1
2
2
1

Otros:
Agricultura

Tabla 2: Número de Iniciativas Presentadas por Legisladoras por Grupos Parlamentarios y Temas de las Iniciativas Presentadas en la LVII
Legislatura

�¿Qué Iniciativas Presentan las Legisladoras Mexicanas por Grupo Parlamentario?
En la Tabla 3 se presentan los tres primeros lugares en cuanto al número de propuestas
presentadas por las legisladoras sistematizadas según la temática y el grupo parlamentario al
que pertenecen. En este Cuadro destaca que las congresistas del PRI presentaron en primer
lugar iniciativas Sensibles al Género, seguidas de propuestas en temas de Hacienda y luego en
Protección Civil. Por su parte, las panistas presentaron propuestas en Trabajo y Previsión
Social, así como en áreas como las de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
Por su parte, las diputadas del PRD se caracterizaron por la presentación de iniciativas
en temas constitucionales, seguidas por propuestas en el ámbito de Hacienda y Asuntos
Fiscales; a la vez que en rubros como los de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Las
congresistas del Partido Verde mantuvieron cierta coherencia programática al presentar
iniciativas en temas de medioambiente, primordialmente, así como también en áreas como
Hacienda y Salud. Por último, las diputas del PT se distinguieron porque sus propuestas
giraron en torno a temas constitucionales, así como en Trabajo y Previsión Social (lo que
también demuestra la conexión programática) y en temas fiscales.
Tabla 3: Tendencia de las Iniciativas presentadas por Mujeres por Grupo Parlamentario en la
LVII Legislatura
Grupo
PRI
PAN
PRD

1er. Lugar

2do. Lugar

Sensibles al

Hacienda y Asuntos

Género

Fiscales

Trabajo y

Seguridad, Justicia y

Previsión Social

DDHH

Puntos

Hacienda y Asuntos

Constitucionales

Fiscales

3ro. Lugar
Protección Civil y Turismo

Seguridad, Justicia y DDHH

Hacienda y Asuntos
PVEM

Medioambiente

Fiscales

Puntos
PT

Constitucionales

Salud
Hacienda y Asuntos Fiscales y

Trabajo y Previsión Social

Salud

Fuente: Elaboración propia con base en datos de H. Cámara de Diputados (2014)

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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!

�En este punto, llama la atención que las congresistas del PRI hayan sido las únicas
diputadas de todos los grupos parlamentarios que priorizaron las propuestas legislativas
sensibles al género. Para las demás diputadas en general, sus prioridades en cuanto a
propuestas legislativas en dicho periodo tuvieron relación con iniciativas en torno a Asuntos
Fiscales, Hacienda y Puntos Constitucionales.
En la LXII Legislatura, las diputadas de Partido Revolucionario Institucional han
presentado iniciativas principalmente en temas como: Familia y Grupos Vulnerables, al tiempo
que también lo han hecho en rubros como Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y en
Salud. Sus colegas panistas han presentado propuestas legislativas Sensibles al Género, en
Familia y Grupos Vulnerables, de la misma manera que lo han hecho en Asuntos Fiscales,
mientras que las congresistas del Partido Revolucionario Democrática se destacan por sus
iniciativas en Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Puntos Constitucionales y
Medioambiente.
Nuevamente las que destacan por sus propuestas en Medioambiente son las congresistas
del Partido Verde Ecologista de México, mostrando con ello su coherencia programática, pero
también enfatizan otros temas como las Reformas Constitucionales y las iniciativas sensibles al
género, la Familia y los Grupos Vulnerables y la Seguridad. Por su parte, las legisladoras del
Partido Nueva Alianza destacan por sus iniciativas en torno a la Familia y Grupos Vulnerables,
el Trabajo y la Previsión Social y aquellas propuestas Sensibles al Género.
Finalmente, las legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentan
iniciativas principalmente en Puntos Constitucionales, Seguridad y Derechos Humanos, así
como en Trabajo y Previsión Social. Las legisladoras de Movimiento Ciudadano presentan
iniciativas principalmente en Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Sensibles al Género y
Familia y Grupos Vulnerables.
Al observar la Tabla 4 sobresale que en la mayoría de los Grupos Parlamentarios,
excepto en el PRD y el PT, las legisladoras presentan propuestas en issues típicos de las mujeres
como las agendas feministas, la educación, la salud, la niñez y la familia y con ello, se confirma
las hipótesis de Chaney (1992) y Schwindt-Bayer (2006) señaladas con anterioridad. Por su
parte, las diputadas del PRD y del PT se destacan por presentar iniciativas en temáticas
consideradas masculinas tales como: la Seguridad, la Justicia y el Trabajo.

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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�Tabla 4: Tendencia de las Iniciativas presentadas por Mujeres por Grupo Parlamentario en la
LXII Legislatura
Grupo
1er. Lugar
2do. Lugar
3ro. Lugar
Familia y
Seguridad,
Grupos
Justicia y
PRI
Vulnerables
DDHH
Salud
Familia y
Sensibles al
Grupos
PAN
Género
Vulnerables
Asuntos Fiscales
Seguridad,
Puntos
Justicia y
Constitucionale
PRD
DDHH
s
Medioambiente
Puntos
Constitucionale
Sensibles al Género, Familia y Grupos
PVEM
Medioambiente
s
Vulnerables, Seguridad y DDHH
Familia y
Grupos
Trabajo y
PANAL
Vulnerables Previsión Social
Sensibles al Género
Puntos
Seguridad,
Constitucionale
Justicia y
PT
s
DDHH
Trabajo y Previsión Social
Seguridad,
Movimient
Justicia y
Sensibles al
Familia y Grupos Vulnerables, Educación,
o Ciudad.
DDHH
Género
Puntos Const. Y Trabajo Y Previsión Social
Fuente: Elaboración propia con base en datos de H. Cámara de Diputados (2014
Semejanzas y Diferencias entre las Legislaturas Estudiadas
La LVII Legislatura ha sido la primera electa tras la implementación de las cuotas de
género en México; como resultado de ello, el porcentaje de mujeres legisladoras aumentó al
pasar de 14,1% a 17,4% y a partir de allí ha ido creciendo hasta alcanzar el 37,8% que
representan en la actual legislatura. De acuerdo con esto, la Representación Descriptiva de las
mujeres mexicanas en la Cámara de Diputados ha tenido notorios avances y es por ello, que en
esta investigación se ha buscado identificar los avances en materia de Representación
Sustantiva.
Tras poco más de quince años de la implementación de cuotas de género en México, la
LXII Legislatura ha sido la que ha registrado el mayor número de mujeres legisladoras en la
historia política de este país. Al respecto, un análisis descriptivo arroja que el número de
mujeres es relativamente similar al peso de cada grupo parlamentario en la Cámara, esto quiere
decir que no debe sorprender a nadie que las tres principales fuerzas políticas tengan el mayor
número de legisladoras, sin embargo, cabe destacar que entre el resto de grupos parlamentarios
más pequeños sobresalen el Partido Nueva Alianza y el Partido del Trabajo como aquellos
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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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!

�partidos que proporcionalmente se acercan más la paridad entre sus legisladores y legisladoras
que el resto de Grupos Parlamentarios.
Al comparar la producción legislativa de las diputadas de ambas Legislaturas, sólo con
relación al número de iniciativas presentadas, se puede concluir que el porcentaje de
propuestas presentadas por las mujeres respecto al total de los legisladores (tanto hombres
como mujeres) ha aumentado de 19,1% en 1997 a 27,4% en 2015. Esto quiere decir que en
poco más de quince años que se han implementado las cuotas de género en México, el
protagonismo de las legisladoras ha crecido y las temáticas de sus propuestas también han ido
cambiando.
En la LVII Legislatura, las diputadas en general estuvieron más preocupadas con
temáticas referentes a las Reformas Constitucionales, los Asuntos Fiscales y Hacienda. En
dicho periodo, las únicas que promovieron con especial énfasis las iniciativas sensibles al
género fueron las congresistas del PRI, en tanto las demás dieron poca o nula importancia a los
issues considerados por la literatura especializadas como “femeninos”; muy por el contrario, las
diputadas se centraron en temáticas “más masculinas”, como las señaladas anteriormente y
otras como Seguridad, Justicia y Trabajo. Por su parte, las legisladoras de grupos
parlamentarios como el PRD, el PVEM y el PT se han caracterizado por presentar propuestas
en issues considerados “más masculinos”, tales como la Seguridad, la Justicia, los Asuntos
Fiscales y el Trabajo. Estos hallazgos difieren en lo señalado por la literatura especializada en
cuanto a que las mujeres legisladoras priorizan temas femeninos o de género en su agenda.
Por su parte, las diputadas del Partido Verde han sido las que han demostrado mayor
coherencia programática en ambas legislaturas estudiadas, ya que su agenda tiende a priorizar
las propuestas en torno al Medioambiente. Así también, las diputadas del PT han tenido un
número importante de propuestas en torno al Trabajo y la Previsión Social en ambos periodos.
La Representación Sustantiva de las Mujeres a través de las Iniciativas Legislativas de
las Diputadas Mexicanas
Con la revisión de las propuestas legislativas de las LVII y LXII Legislaturas estudiadas
en este trabajo se puede observar la Representación Sustantiva de las Mujeres en términos de
Celis et al (2008) en cuanto a la introducción de intereses de mujeres en las agendas políticas y
legislativas, así como la introducción de perspectivas de mujeres en temáticas más allá del
género y los asuntos femeninos y feministas. Algunas diferencias encontradas en las iniciativas
de ambas Legislaturas destacan que mientras en la LVII Legislatura se hicieron propuestas
exclusivamente en torno a la perspectiva de género, en la LXII sí se hicieron propuestas en las
cuatro categorías señaladas por Rodríguez Gustá (2011). Para corroborar la afirmación
anterior, se presentan a continuación algunos ejemplos de las iniciativas sensibles al género
presentadas en ambos periodos estudiados.
En primer lugar, entre las 14 propuestas legislativas cuyo contenido es sensible al género
de la LVII Legislatura sobresalen iniciativas con perspectiva de género, tales como: 1) la creación de
la Comisión Permanente de Equidad y Género al interior de la Cámara de Diputados; 2) las
reformas en materia de la Ley Federal del Trabajo para eliminar la discriminación por razones
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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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!

�de sexo o edad a las mujeres trabajadoras, 3) la propuesta de Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer; 4) la Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de
Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Mujeres y Hombres; 5) la Ley de Equidad entre
los Géneros, solo por mencionar las principales en materia de sensibilidad al género. Estas
propuestas muestran el interés de las diputadas de la LVII Legislatura por introducir el debate
en torno al género en la Cámara de Diputados, a pesar de ser una notable minoría ya que solo
representaban el 17,4% del total de legisladores.
Por otra parte, respecto a la inserción de perspectivas femeninas en la agenda legislativa
según la definición de Representación Sustantiva de las Mujeres propuesta por Celis et al
(2008) en esta Legislatura cabe destacar las propuestas realizadas en materia de Derechos
Humanos respecto a la iniciativa de Ley de Prevención, Atención y Combate a la Explotación,
Abuso, Maltrato y Prostitución de Menores, así como la iniciativa en materia de Niñez con la
presentación de la propuesta de Ley de protección de los derechos de las niñas, los niños, las y
los adolescentes. En ambas propuestas se manifiesta el interés de las legisladoras en el trato y
protección que debe brindar el Estado a los grupos vulnerables.
En tanto que en la LXII Legislatura el número de propuestas legislativas sensibles al
género se ha distinguido por abarcar las cuatro categorías propuestas por Rodríguez Gustá
(2011) y a continuación se citan ejemplos de algunas iniciativas presentadas por diputadas en
cada categoría. En primer lugar, en cuanto a las políticas de acción afirmativa, resaltan los siguientes
ejemplos: a) Reformas para incorporar el criterio de paridad en los géneros en la terna que
propone el presidente de la República para la elección de ministros de la Suprema Corte de
Justicia (PANAL); b) Reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para establecer como requisito de validez de la elección efectuada bajo el régimen de usos y
costumbres, la participación paritaria hombre-mujer, en los procesos de renovación de las
autoridades municipales (MC); c) Reformas a los artículos 78 y 81 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de capacitación y promoción de la
participación política de las mujeres (PAN).
Respecto a las Iniciativas legislativas para las mujeres se destacan: a) Reformas a artículos de
la Constitución Política, de las Leyes Federal del Trabajo, del Instituto de Seguridad Social y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Seguro Social, para otorgar la misma
licencia por maternidad a las trabajadoras de los sectores público y privado (PAN); b)
Reformas y adiciones diversas a disposiciones de las Leyes General de Salud, del Seguro Social,
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de dar
paso a la universalidad en la atención de las urgencias obstétricas y la garantía de portabilidad
respecto a mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación
(esta propuesta también se encuadra dentro de las políticas con perspectiva de género ya que la
pobreza afecta de distintas maneras a los hombres y a las mujeres) (PAN); c) Reformas al
artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de trastornos emocionales derivados del
embarazo y durante el periodo del puerperio (PRI); d) Reformas al artículo 101 de la Ley del
Seguro Social, en materia de ajuste de periodos de subsidio por licencias de maternidad (MC);
e) Reformas al Código Penal Federal con el fin de despenalizar el aborto (PRD); Reformas a
los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo a fin de promover nuevas políticas y
acciones para proteger la lactancia materna entre las mujeres trabajadoras (PANAL).
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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

113!
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�Por otra parte, en lo referente a las iniciativas de ley y/o políticas con perspectiva de género se
encuentran: a) Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para
facultar a los Ministerios Públicos a emitir las órdenes de protección emergentes y preventivas
en los casos de violencia cometida contra las mujeres (PRD); b) Reforma a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (PAN); c) Reforma a los artículos 78 y 81 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de capacitación y promoción de la
participación política de las mujeres (PAN); d) Reforma de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de reforzar los mecanismos de prevención,
atención y erradicación de la violencia hacia las jóvenes (PAN); e) Reforma del artículo 17 de la
Ley Agraria con el fin de generar igualdad de condiciones para las mujeres campesinas,
respecto al hombre, en la posesión de tierra ejidal o comunal, así como su derecho al usufructo
y administración, cuando los dueños de las tierras, hayan migrado de su lugar de origen (PRI).
Finalmente, como iniciativas de ley y/o políticas de transversalización de género se destaca: a)
Reforma a los artículos 1o. y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, para que la educación militar incorpore la perspectiva de género, tanto en el acceso
como en todo su proceso.
Finalmente, en cuanto a la perspectiva femenina en las propuestas legislativas, se pueden
citar los siguientes ejemplos: a) Reformas de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre
Readaptación Social de Sentenciados, en materia de convivencia entre las madres reclusas y sus
hijos; b) Reformas al artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de trastornos
emocionales derivados del embarazo y durante el periodo del puerperio; c) Que expide la Ley
General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no
Acompañados.
Conclusiones
En lo referente a la Representación Sustantiva, el análisis aquí elaborado arroja que las
diputadas se han concentrado principalmente en tres grandes rubros, en la LVII Legislatura: a)
Puntos Constitucionales; b) Asuntos Fiscales y Hacienda; y c) Seguridad, Justicia y Derechos
Humanos. Por su parte, en la LXII Legislatura las legisladoras han privilegiado temas como: a)
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; b) Familia y Grupos Vulnerables y; c) Puntos
Constitucionales, Sensibles al Género, Hacienda y asuntos Fiscales. Dicho lo anterior, el hecho
de que las legisladoras mexicanas de ambos periodos demuestren un especial interés por
temáticas vinculadas a la Seguridad, la Justicia y los Derechos Humanos puede ser interpretado
como el resultado de las coyunturas críticas que en estas materias ha afrontado el país en los
tiempos recientes: desde las profundas reformas al Poder Judicial concretadas en la década de
1990, o bien la “Guerra contra el Narcotráfico” declarada en 2006 por el ex presidente Felipe
Calderón (2006-2012).
Cuando se analizan por separado las prioridades de las legisladoras por grupo
parlamentario, se puede apreciar con mayor nitidez las preferencias que las militancias
femeninas de cada partido defienden o priorizan y que ciertamente están lejos de lo que a
priori se pudiera pensar que promueven según su orientación ideológica. De esta manera, por
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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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�ejemplo, la evidencia empírica rescatada en esta investigación permite destacar lo siguiente: a)
que las legisladoras priistas fueron las que en 1997-2000 impulsaron con especial énfasis
propuestas sensibles al género, mientras que en el periodo 2012-2015 han sido las panistas las
que se han caracterizado por este tipo de propuestas, incluso más que las congresistas de
izquierda, que de acuerdo a una visión más ideológica serían, en principio, más propensas a
impulsar la igualdad y la ampliación de derechos para sus congéneres; b) que las diputadas
perredistas se han enfocado más en propuestas en torno a la Seguridad, la Justicia y los
Derechos Humanos, Puntos Constitucionales y Hacienda; c) las congresistas del PVEM han
mantenido una coherencia programática desde 1997, impulsando propuestas en temas de
Medioambiente, pero así también han cambiado las temáticas de las demás propuestas que
realizan; d) las parlamentarias del PANAL impulsan con más ahínco, issues vinculados a la
Familia y los Grupos Vulnerables, de la misma manera que lo hace el PRI en la LXII
Legislatura. Esto llama la atención ya que mientras en el discurso el PANAL se ha procurado
como nicho la educación, la evidencia arroja que este tema, al menos de cara a sus legisladoras,
pasa a un segundo plano y, por otro lado, la simetría que guarda este partido con las
preferencias manifestadas por las diputadas priistas habla en sí mismo de la esencia del partido,
es decir, un priismo con otra etiqueta.
En esta investigación se pudo demostrar que las mujeres no solo legislan para sus
congéneres, sino que además abarcan una gama más amplia de temas que al igual que el
género, incluyen reformas constitucionales, hacienda y asuntos fiscales, la familia, la ampliación
de derechos a los grupos vulnerables, la seguridad, la migración, los derechos humanos, la
justicia, el medioambiente, el trabajo y la previsión social, solo por citar los principales. En este
sentido, los hallazgos de este trabajo permiten aportar elementos al análisis sobre las mujeres y
la política, en un sentido más completo y complejo, donde no solo el género es la prioridad de
las legisladoras sino también las problemáticas que exigen atención en una coyuntura crítica
como la que actualmente afronta México.
Tanto las diputadas de la LVII Legislatura como aquellas de la LXII se han caracterizado
por sus iniciativas en temáticas muy diversas que oscilan desde issues considerados
“masculinos” hasta aquellos “más femeninos”. Ante esta evidencia, se puede señalar que la
Representación Sustantiva de las Mujeres en la Cámara de Diputados de México trasciende al
Género y se ve influenciada por otros factores tales como la coyuntura crítica y las agendas
políticas de los grupos parlamentarios a los que pertenecen éstas. Así como también, se puede
subrayar que la ideología política no constituye un predictor en cuanto a las agendas políticas
que promueven las diputadas mexicanas.
Finalmente, en este trabajo se pudo observar que en ambas Legislaturas estudiadas, la
Representación Sustantiva de las Mujeres se manifiesta en las distintas propuestas legislativas
sensibles al género, en las cuales las iniciativas promueven leyes y reformas legales en las cuatro
categorías señaladas por Rodríguez Gustá, así como también existen iniciativas cuya
perspectiva femenina sobre temas como Migraciones o Derechos Humanos le imprime esa
“huella” diferente a la óptica masculina como lo apunta Celis en su propuesta sobre análisis
legislativo de la RSM.

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Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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Western Political Quarterly, 44(2), 445-456. doi: 10.2307/448788
Weldon, J. A. (2002). Factores institucionales y políticos de la disciplina partidaria en la Cámara de Diputados de
México, 1998-2002, México D.F.: Instituto Tecnológico Autónomo de México
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp.119-121
ISSN: 2395-8448

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Reseña

Alcántara, M. (2012) El oficio de político.
Madrid: Tecnos Editorial, ISBN 9788430954889, 344 págs.
Gerardo Tamez González

Doctorado en Gerencia y Política Educativa.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, Perfil PROMEP.
Pertenece al Cuerpo Académico «Gestión y política educativa».
Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL.
Email: gerardo.tamezg@uanl.mx
Fecha de envío: 1 de mayo 2015
Fecha de aceptación: 5 de junio 2015

Qué características o cualidades debe tener una persona para considerarse político?
¿Están todos los que se dedican a la política preparados para ejercer una función dentro del
ambiente político? Muy probablemente estas preguntas saltaron a la mente del Dr. Manuel
Alcántara Sáez, y lo motivó para elaborar el libro: El oficio del político. En dicho volumen, el Dr.
Alcántara nos ofrece un análisis integral de la política y la profesionalización de quienes se
encuentran participando de manera activa en ella, todos aquellos que fungen una actividad para
el servicio a la sociedad desde el gobierno. Este análisis consta de cinco capítulos, todos ellos
relacionados unos con otros y que permiten una lectura continua del texto, empero, de la
misma manera se presta para el estudio de cada uno de manera alternada. Se inicia con un
prefacio, donde hace referencia a cada uno de sus capítulos con una pequeña introducción de
cada uno de ellos, esto produce en el lector el interés por su lectura. Después de ello, continúa
con el primer capítulo en el que analiza las distintas concepciones de lo que es un político,
desde la antigua Grecia hasta los tiempos modernos; pasa por la definición de la carrera política
y cómo es que ella se aplica; continúa con las observaciones de la profesionalización de los
políticos; en el capítulo cuatro nos habla sobre la rendición de cuentas de los políticos; y
finaliza con un capítulo donde se enfoca en los casos latinoamericanos, haciendo un análisis de
las trayectorias de algunos actores políticos influyentes en esta región.
En el prefacio, Alcántara deja en claro su objeto de estudio, el ser humano; éste en
relación con la política, las instituciones y los roles que este mismo pudiese tener. Él realiza un
análisis sobre aquellas personas que no necesariamente están en el reflector dentro de la arena
política, quienes poseen una característica esencial, el liderazgo. El liderazgo hace la diferencia
entre un buen político y los políticos mediocres que en algunas ocasiones se cobijan en las
instituciones, específicamente los partidos políticos, de las que son parte. Dicho análisis lo lleva
al concepto de élites, y cómo éstas surgen de la combinación de poder, autoridad y liderazgo.

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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�Teniendo en cuenta que su objeto de estudio es el ser humano, como político, líder, o parte de
una élite, el Dr. Alcántara centra su estudio en el político profesional, utilizando literatura
obligada, incluyendo Weber, Mills, Maquiavelo, Lasswell, Dahl, y datos empíricos que son
recolectados desde 1994 hasta el 2011, teniendo como fuente encuestas a diputados de
Latinoamérica.
El capítulo primero se compone por cuatro secciones, de las cuales la primera hace
referencia a las concepciones antiguas y modernas que se hacen sobre los políticos; estas
concepciones antiguas son en base a lo que en su tiempo pronunciaron grandes figuras como
Plutarco, Aristóteles, Platón y Cicerón; de este último se toma información perteneciente a su
publicación De Officiis, donde se plasman las virtudes públicas que son esenciales para entender
la tradición republicana; siguiendo con un orden cronológico, el Dr. Alcántara coloca a
Maquiavelo, Erasmo, Tomás Moro, y Guicciardini, algunos con perspectivas totalmente
opuestas, como los que marcaron el pensamiento político de la modernidad. En la segunda
sección el autor hace referencia de lo que se entendía por contrato, distinguiendo las distintas
posiciones que tenían pensadores como Hobbes con ideas pacifistas, Locke que defendía el
poder del pueblo, Montesquieu que denotaba la separación de poderes, Rousseau con el
contrato social, y Kant con la aportación que lleva al Estado de Derecho como una nueva
visión de la política; en esta misma sección se aborda el concepto de democracia, analizando
cómo ha tenido un desgaste en los últimos tiempos, básicamente por la corrupción y pérdida
de confianza. El tercer y cuarto apartado se centran en la figura del animal político, haciendo
referencia a su pensamiento y cómo se desenvuelve en las instituciones.
La estructura del capítulo segundo está compuesta por cinco apartados que definen la
figura del político, en donde se toman las distinciones de Weber de los políticos: los
ocasionales, los semiprofesionales y los verdaderos políticos profesionales. También toma a
Panebianco que refiere a siete tipos de políticos. En una segunda sección menciona las razones
para formar parte de este gremio, una de las más comunes siendo la ambición. En la tercera
sección aborda la forma en que se inicia en la carrera política y en un cuarto apartado apunta
las actividades que se realizan después de retirarse de la política. Lo anterior lleva al Dr.
Alcántara a elaborar y proponer un modelo para el estudio de la carrera política.
Para el capítulo tres, se opta por abordar el tema de la problemática que sufre la
profesionalización de la política. El tema se desarrolla en cinco secciones: la primera nos ofrece
información perteneciente a los trabajos, oficios y profesiones que existen en torno a la
política; una segunda sección formula una pregunta medular en este texto, ¿por qué no se
acepta al político profesional?; por lo consiguiente, la tercera sección pretende ofrecer una
explicación de la profesionalización política; el proceso que se lleva a cabo para la formación
de estos profesionales se imprime (¿expresa?) en el cuarto apartado; para concluir este capítulo,
para el caso de América Latina, el Dr. Alcántara propone un modelo ideal de político
profesional.
La composición del cuarto capítulo consta de cuatro secciones: la primera desarrolla las
reglas que existen en la democracia; continúa con la rendición de cuentas en el segundo
apartado; y los siguientes dos apartados discuten el aspecto ético del político, sobre los
atributos y la calidad que debe poseer.

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�Como último capítulo, Alcántara, acertadamente, aterriza toda la teoría y literatura plasmada en
este texto sobre la profesionalización de los políticos al contexto de América Latina. Para ello
selecciona a dieciocho personajes políticos de América Latina, de los cuales analiza su vida
política, entre ellos se encuentran: el ecuatoriano Velasco Ibarra, quien hacía énfasis en el
poder del Estado, la democracia, el liberalismo, y la solidaridad, entre otros; Víctor R. Haya de
la Torre, un decidido intelectual que ayudó a que surgieran movimientos de reforma en Perú,
sustentando sus ideas de justicia social; también toma el caso de Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, hijo del ex-presidente mexicano Lázaro Cárdenas, perteneciente a un partido
político (PRI), que lo lleva a conseguir una gubernatura, tiempo más tarde surge una ruptura
entre Cárdenas y el PRI al no obtener apoyo para obtener la candidatura a la presidencia, lo
que provoca la creación de un nuevo partido con orientación de izquierda; otros más son la
guatemalteca Rigoberta Menchú, Juan Bosch, Wilson Ferreira Aldunate, etc. No son todos los
políticos más representativos de los países de América Latina, pero poseen la cualidad de haber
movido el marco democrático en sus países.
Como conclusión, el Dr. Alcántara escribe un epílogo que centra su atención en un
personaje de la obra maestra de Miguel Cervantes Saavedra, Don Quijote. Hace una reflexión
de la manera en la que se desarrolla el personaje y cómo se conduce en la vida real un político.
La riqueza del texto aquí revisado reside en la conjunción de teoría, modelos a
proponer y análisis de casos en el contexto latinoamericano de lo que un político debe
considerar para conducirse por el camino del éxito, a través de la profesionalización de su
carrera, sin deslindarse de la ética que un servidor público está obligado a poseer.

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�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp. 122-125
ISSN: 2395-8448

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Reseña

Barrientos del Monte, F. (2014).
Buscando una identidad.
Breve historia de la ciencia política en América Latina
Fontamara – Universidad de Guanajuato, México,
ISBN:978–607–736–095–7, págs. 153.
Héctor Sebastián Arcos Robledo

Estudiante de la licenciatura en Ciencia Política, Universidad de Guanajuato.
Email: hs.arcosrobledo@gmail.com
Fecha de envío: 28 de mayo 2015
Fecha de aceptación: 12 de junio 2015

Quien controle la interpretación del pasado en los archivos de nuestra historia profesional tendrá grandes
posibilidades de controlar su futuro
Gabriel A. Almond (1999), Una disciplina segmentada, FCE, México, pág. 52.

En América Latina el estudio científico de la política es una empresa relativamente
reciente. Durante décadas, su cultivo estuvo marcadamente dominado por el derecho, en
particular, por el derecho constitucional, la filosofía política, la teoría política, la sociología, la
historia y la economía, de los cuales se importaron teorías, conceptos, hipótesis y
metodologías, emergieron una pluralidad de enfoques y paradigmas que le hicieron prosperar y,
a su vez, obstaculizaron una definición operativa de la disciplina como prueba de su
autonomía. Por consiguiente, pocos esfuerzos intelectuales existen por rastrear su
desenvolvimiento tanto interno como externo, escasos son los análisis sistemáticos que
detenten un retrato empírico del desarrollo intelectual y estructural de la disciplina y, al mismo
tiempo, del estado actual sobre su práctica en la región. De allí que, el qué es, qué hace y que
puede hacer el oficio de un politólogo frecuentemente sea confundido como aquella actividad
desempeñada por algún aficionado de la política en los medios de comunicación masiva, la
profesión de quien viven de la política, o simplemente en la opinión de las mesas de café,
distorsionando su justificación que por sí misma la ciencia demuestra, primero, como ciencia
básica y, ulterior, conocimiento aplicable.
En tal sentido, la contribución de Fernando Barrientos parte de los siguientes
cuestionamientos: ¿cuáles son los orígenes intelectuales de quienes practican la ciencia política
latinoamericana?, ¿en qué se parece y en qué se distingue la ciencia política contemporánea de
aquella que se hizo a partir de la segunda mitad del siglo XX en América Latina?, ¿qué
condiciones hicieron posible su institucionalización y qué factores han determinado el
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�progreso desigual de la disciplina en la región?, ¿en qué medida los procesos de
redemocratización a finales del siglo XX en América Latina determinaron el desarrollo de la
política científica como ciencia empírica?, ¿cuál es el estado del arte de la disciplina en la
región?, y ¿cómo se conciben los politólogos de hoy a sí mismos? Con base en una perspectiva
ecléctica de la metodología de la historia de la ciencia política, el libro ofrece un fecundo
análisis comparado cross–national sobre los derroteros a través de los cuales la disciplina se ha
construido a lo largo de tres cortes temporales: a) la tradición e influencia de los estudios
jurídicos – institucionales o tradicional – formalistas, que son anteriores a la década de 1960 y
están a la par de aquella corriente fundacional de la ciencia política empírica estadounidense,
denominada conductismo, comportamentismo o revolución behavorista;1 b) el influjo de la sociología,
principalmente, del estructural – funcionalismo y las corrientes marxistas. Dado que lo que
definía a las agendas de investigación dejó de ser la perspectiva teórica, el cambio en los
objetos de estudio se amplió hacia temas más concretos que pasaron a dar cuenta de asuntos
tales como la cultura, las modalidades de los regímenes autoritarios y, en mayor medida, la
relación de la región con el contexto internacional. De allí que, a partir de 1949 y hasta la
década de 1970, se sientan las bases del pensamiento que promovió el desarrollo económico y
social propiamente latinoamericano, con un fuerte impacto en las ciencias sociales en general y,
particularmente, en la ciencia política de la región: el dependentismo o la teoría de la dependencia, un
modelo de desarrollo que nacería en oposición al modelo de industrialización por sustitución
de importaciones (ISI), implementado al inicio de la década de 1930;2 y, por último c) el actual
periodo donde convergen, por un lado, una pluralidad de perspectivas, más bien eclécticas en
el estudio científico de la política: primero con la aparición del conductismo en oposición al
institucionalismo dominante, luego la teoría de sistemas y más recientemente la presencia del
neoinstitucionalismo y la teoría de la elección racional. Y, por otro, una sucesión de paradigmas
dentro de la ciencia política y sus subdisciplinas: la administración pública, las relaciones
internacionales, la política comparada, etc. No obstante, al mismo tiempo, prevalece una fuerte
disputa subyacente a los dilemas metodológicos, una vez que aquellas dimensiones ideológicas
han perdido vigencia en el cómo y por qué de la disciplina. Se trata de los hard–liners, o línea
dura, aquellos que ponderan el uso de técnicas estadísticas – sobre todo, regresiones y/o
correlaciones – para explicar aquella variable dependiente seleccionada en el modelo de
causalidad; y los soft–liners, o línea blanda, donde se ubican los estudios y autores que privilegian
la elaboración de análisis y categorías analíticas descriptivas, históricas y cualitativas.3
Por lo tanto, la hipótesis que expone como fondo argumentativo Barrientos del Monte,
alude que el desarrollo de la política como actividad científica en América Latina es producto
de un proceso gradual que recorre una concepción de la disciplina en un sentido amplio, las
“ciencias políticas”, al plural, en la medida que denota una tradición de estudios políticos que
combina con alto rigor esquemas filosóficos, sociológicos, históricos u económicos a partir de
premisas deductivas, a una comprensión de la misma que se contrae en sentido estricto, es
decir, la “ciencia política”, al singular, y cuya trayectoria empírica se apoya en las sofisticadas
	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  
1	&#13;  Véase	&#13;  Robert	&#13;  A.	&#13;  Dahl	&#13;  (1961),	&#13;  “The	&#13;  Behavioral	&#13;  Approach	&#13;  in	&#13;  Political	&#13;  Science:	&#13;  Epitaph	&#13;  for	&#13;  a	&#13;  Monument	&#13;  
to	&#13;  a	&#13;  Successful	&#13;  Protest”	&#13;  en	&#13;  The	&#13;  American	&#13;  Political	&#13;  Science	&#13;  Review,	&#13;  vol.	&#13;  55,	&#13;  núm.	&#13;  4,	&#13;  págs.	&#13;  763	&#13;  –	&#13;  772.	&#13;  	&#13;  
2	&#13;  Véase	&#13;  Fernando	&#13;  H.	&#13;  Cardoso	&#13;  y	&#13;  Enzo	&#13;  Faletto	&#13;  (1969),	&#13;  Dependencia	&#13;  y	&#13;  desarrollo	&#13;  en	&#13;  América	&#13;  Latina.	&#13;  Ensayo	&#13;  
de	&#13;  interpretación	&#13;  sociológica,	&#13;  Editorial	&#13;  Siglo	&#13;  XXI,	&#13;  México.	&#13;  
3	&#13;  Véase	&#13;  Gabriel	&#13;  A.	&#13;  Almond	&#13;  (1999),	&#13;  “Mesas	&#13;  separadas:	&#13;  Escuela	&#13;  y	&#13;  corrientes	&#13;  en	&#13;  las	&#13;  ciencias	&#13;  políticas”	&#13;  en	&#13;  
Una	&#13;  disciplina	&#13;  segmentada.	&#13;  Escuelas	&#13;  y	&#13;  corrientes	&#13;  en	&#13;  las	&#13;  ciencias	&#13;  políticas,	&#13;  FCE,	&#13;  México,	&#13;  págs.	&#13;  39	&#13;  –	&#13;  62.	&#13;  	&#13;  
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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123	&#13;  

�técnicas de estadísticas e incluso modelos econométricos que impulsan la lógica de la
investigación a partir de encontrar inferencias causales.4
Organizado en ocho capítulos y un apéndice que intenta medir las valoraciones de los
politólogos en relación a su formación, desempeño y autoidentificación, Barrientos del Monte
demuestra que tras los procesos de liberalización y transición de los regímenes autoritarios a la
democracia, la ciencia política latinoamericana se desarrolló de forma desigual pero sostenida
en la región, desde facultades y centros de investigación hasta reparar en los recursos,
programas de posgrado, fundación de revistas especializadas y, en menor medida, instituciones
que aglutinaran a las comunidades epistémicas locales o en el ámbito regional. Entre el vasto
inventario histórico – descriptivo se puede destacar, en primer lugar, si bien la ciencia política
no pertenece al grupo de las carreras masivas, la disciplina se desarrolla en gran medida a través
de la docencia e investigación en instituciones públicas. En segundo lugar, que los programas
en licenciatura son mayores en Argentina, México y Brasil, sin embargo, los programas de
posgrado – maestrías y doctorados – no crecen en la misma medida. Por otro lado, en otras
latitudes la existencia de programas de pregrado o grado es nula, como son los casos de
Centroamérica (a excepción de Costa Rica) y Cuba, donde el partido comunista absorbió la
Escuela de Ciencias Políticas para nutrir sus cuadros. En tercer lugar, en relación a su
producción científica, en América Latina la gran mayoría de las revistas tiene una existencia
efímera, por lo que la cantidad de publicaciones especializadas queda a la zaga de los índices
internacionales que comparan la calidad de las publicaciones entre las comunidades
politológicas, lo que va en detrimento de su difusión, alcance y calidad. Las únicas revistas
indexadas que se publican con regularidad desde su fundación, así como dedican material
exclusivo a la disciplina son el caso de Chile y la Revista de Ciencia Política, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (UC), y México, con la revista Política y Gobierno, del Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), ambas han optado por emular el modelo de
docencia e investigación estadounidense, es decir, con orientación hacia los métodos
cuantitativos.
Barrientos del Monte supone que este proceso en retrospectiva dio entrada con mayor
fuerza e interés a las corrientes dominantes de la ciencia política estadounidense y sus métodos
de investigación. Huelga decir que la aplicación del método comparado – como método de
control – influyó en su porvenir, en la medida en que contribuyó en alcanzar una objetividad
“científica” y, en gran medida, una neutralidad valorativa, con relación a la producción de
hipótesis, generalizaciones de alcance medio y teorías, que sometieran a prueba – o falsación,
en términos popperianos – aquellas propiedades y cambios de las unidades de análisis
seleccionadas, de forma diacrónica o sincrónica, en los siguientes términos: “si se presentan las
condiciones a, b, c, entonces es probable que se obtenga el resultado x”
Y para entender tal proceso, hay que centrarse tanto en las caracterizaciones como
dilemas de la ciencia política a nivel estructural, intelectual y en el ámbito del ejercicio
profesional. En el plano estructural, Fernando Barrientos es incisivo en demostrar un grado de
institucionalización desigual en la disciplina, a partir de la década de 1950 hasta 1980, por tres
factores: 1) institutos dedicados a la docencia y la investigación; 2) el otorgamiento de título de
pregrado (licenciatura) y posgrado (maestrías y doctorados); y, 3) revistas especializadas,
congresos relativos y su periodicidad. En el entorno de la profesión, los politólogos han
	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  
4	&#13;  Véase	&#13;  Norberto	&#13;  Bobbio,	&#13;  Nicola	&#13;  Matteucci	&#13;  y	&#13;  Gianfranco	&#13;  Pasquino	&#13;  (1991),	&#13;  Diccionario	&#13;  de	&#13;  Política,	&#13;  Siglo	&#13;  

XXI	&#13;  Editores,	&#13;  México,	&#13;  págs.	&#13;  218	&#13;  –	&#13;  224.	&#13;  	&#13;  	&#13;  
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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�encontrado tres vías de desarrollo: la académica (docencia e investigación), el sector público
(nacional e internacional) y los medios de comunicación (opinión publicada), donde
generalmente son socialmente valorados. Y, por último, a nivel intelectual, dos tendencias que
se traslapan entre las influencias externas: aquellas generadas por las universidades y centros de
investigación norteamericanos y europeos, y las influencias internas: dedicadas a generar
escuelas de pensamiento propio en aras de comprender la realidad política de la región.
De allí que, en la búsqueda de su identidad, su afirmación y relevancia frente a otros
contextos y disciplinas, la ciencia política en América Latina se conciba como una ciencia
transdisciplinar y exista cierto recelo de aquella “ciencia central” que se hace en EE.UU. y
Europa continental, y de la cual ha surgido, en muchas ocasiones, una epistemología
ensimismada en su propia realidad, que con dificultades puede “viajar” – en términos
sartorianos 5 – para verificar y, eventualmente, reformular el poder explicativo de aquellas
generalizaciones deductivas. O en contraste, una ciencia política excesivamente parroquial, en
la medida en que sus resultados de investigación no van más allá de sus fronteras o poco se
han adaptado a los cánones de razonamiento científico de la disciplina a nivel mundial.
Por consiguiente, es injustificado que existan pocas contribuciones intelectuales para
delinear su desenvolvimiento tanto interno como externo en las sociedades en las que se
impulsa, esto es, en qué medida ha ocurrido la transición de las “ciencias políticas”, en plural, a
la “ciencia política” en singular, de la mano del método de comparado, su campo de estudio
par excellence, los grados de identificación entre sus miembros, los temas o áreas de interés de
quienes la practican, así como aquellos elementos que dieron origen y planeación prospectiva a
su organización formal. Pues si bien, la ciencia política no detenta el monopolio exclusivo de la
política como objeto de estudio, no todo estudio sobre la política implica ser parte del ámbito
científico que precia su campo de conocimiento.

	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  	&#13;  

5	&#13;  Véase	&#13;  Giovanni	&#13;  Sartori	&#13;  (1970),	&#13;  “Concept	&#13;  Misformation	&#13;  in	&#13;  Comparative	&#13;  Politics”,	&#13;  en	&#13;  The	&#13;  American	&#13;  

Political	&#13;  Science	&#13;  Review,	&#13;  vol.	&#13;  64,	&#13;  no.	&#13;  4,	&#13;  págs.	&#13;  1033	&#13;  –	&#13;  1053.	&#13;  	&#13;  	&#13;  
Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

	&#13;  
125	&#13;  

�Política, Globalidad y Ciudadanía
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma de Nuevo León
Vol 1. Núm 1. enero-junio 2015, pp. 126-129
ISSN: 2395-8448

	&#13;  

Reseña

Natal, A., y Díaz, O. (2014)
Observatorios Ciudadanos: nuevas formas de participación de la sociedad
(1er. Edición). México: Gernika. 295 págs. ISBN:978-607-9083
Miguel Eduardo Alva Rivera

Estudiante de la Licenciatura en Políticas Públicas, Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Lerma
Email: 2113068716@correo.ler.uam.mx
Fecha de envío: 1 de junio 2015
Fecha de aceptación: 5 de junio 2015

Los observatorios ciudadanos (OC) se han constituido como un mecanismo innovador
de participación social dentro de los procesos de formación de la agenda pública y de
formulación de las políticas públicas en México. En este sentido, los OC buscan conformarse
como un nuevo actor social que medie entre la ciudadanía y el gobierno, por medio del
monitoreo de este último, así como en un enlace que permita a diferentes sectores de la
ciudadanía involucrarse en los asuntos públicos y las labores públicas del Estado. Sin embargo,
pese al potencial que tienen los OC como mecanismo de gobernanza y de empoderamiento de
la sociedad civil, la literatura especializada les ha prestado escasa atención. El libro Observatorios
ciudadanos: nuevas formas de participación de la sociedad, coordinado por Alejandro Natal y Oniel
Díaz, busca contribuir a llenar este vacío en la literatura
Los colaboradores del libro desarrollan, a lo largo de diez capítulos, un primer
acercamiento hacia esta nueva figura de participación ciudadana en el marco de los procesos
contemporáneos de gobernanza, en los cuales el involucramiento de los ciudadanos a través de
las organizaciones sociales se vuelve cada vez más relevante, a través de un papel más
institucionalizado de su intervención en las arenas pública y gubernamental. El texto se puede
dividir en dos partes, la primera, de carácter más teórico, comprende los primeros cuatro
capítulos y ofrece al lector una serie de marcos analíticos que permiten contextualizar y
entender el papel de los OC en los procesos de participación ciudadana y de rendición de
cuentas social. La segunda parte ofrece una reflexión, a partir de estudios de caso sobre
diversos tipos de OC en México, sobre los avances y áreas de oportunidad que permitan
enriquecer futuras investigaciones sobre el tema.
En el capítulo introductorio del libro, Natal y Díaz proponen un marco de análisis de los
OC como nueva figura de participación social, destacando tres características estructurales que
han favorecido su surgimiento y posterior desarrollo: 1) la idea creciente de gobernanza, que
enmarca el desarrollo de las relaciones de cooperación entre actores sociales y el gobierno; 2) la
consolidación técnica y política de la sociedad civil, que le ha permitido incidir de manera más
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�evidente en políticas públicas y; 3) un entorno favorable constituido por 3 factores: a) mayor
cultura democrática, b) mayor masa crítica, educada y activa y, c) un cierto desarrollo de TICs,
que permitan un mayor grado de accesibilidad de la ciudadanía a información de los procesos
políticos que surgen en su entorno. En su análisis, los autores proponen una clasificación que
permite entender con mayor claridad las tareas propias de los observatorios, identificando
cuatro tipos diferentes: académicos, públicos, internacionales y ciudadanos. Esta clasificación
establece una línea de discusión para los demás capítulos del libro, poniendo mayor énfasis en
los observatorios ciudadanos, los cuales se plantean a partir de su autonomía e independencia,
como los más trascendentales en términos de deliberación, reflexión e incidencia en la
implementación de políticas públicas a partir del empoderamiento de diversos actores sociales.
De manera similar, el capítulo de Martínez, Valencia y Díaz profundizan, con base en la
clasificación expuesta en el primer capítulo, el papel de los diferentes tipos de observatorios en
términos de su representatividad para con la ciudadanía, así como en los procesos de rendición
de cuentas. De acuerdo con los autores, mientras que los observatorios ciudadanos están más
cerca de los modelos de rendición de cuentas social, los observatorios públicos son quizás más
cercanos a los modelos de rendición de cuentas transversal. En este sentido, los autores
señalan la importancia de que esta nueva figura asociativa se someta, al igual que los actores
gubernamentales, a mecanismos de rendición de cuentas con el fin de ganar mayor
reconocimiento y legitimidad ante la sociedad. De manera complementaria el capítulo tercero
de Figueroa y Ranchero señala la importancia de la participación ciudadana por medio de
organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluyendo a los observatorios ciudadanos, en los
procesos de toma de decisiones colectivas. Los autores argumentan que el ejercicio de
organización y consolidación por parte de la sociedad civil no es “fruto de un día”, al estar
respaldada por un importante crecimiento de las OSC dentro de la última década, a partir del
establecimiento de marcos normativos que les han permitido involucrarse en el quehacer
público. No obstante, como los autores exponen, la tarea pendiente es analizar las actividades
concretas de las OSC, así como la interacción que mantienen con las autoridades públicas.
El último capítulo de esta primera parte concluye con la aportación de Natal y Lara,
quienes analizan la relación entre el nivel de educación de la sociedad, el surgimiento de los OC
y la construcción de opinión pública, a partir del análisis geográfico del crecimiento de estas
figuras asociativas en todo el país. Este marco de análisis propuesto consigue mantener una
línea explicativa en torno a la importancia del estudio de este nuevo actor social, y aportar
datos empíricos relevantes sobre el desarrollo de los mismos. Los resultados que arroja este
ejercicio demuestran que efectivamente el nivel educativo de la sociedad y el acceso a las
diferentes TICs juegan un papel fundamental en el nacimiento y la operación de los OC. La
pertinencia de este ejercicio analítico es de gran importancia y sugiere que debe de existir un
entorno favorable con los tres factores que proponen Díaz y Natal en el capítulo introductorio,
para que se establezca de manera efectiva una figura asociativa de esta naturaleza.
En la segunda parte del libro se incluyen diversos estudios de caso de OC, los cuales nos
permiten conocer el grado de incidencia que tienen los observatorios en la arena pública, así
como los problemas a los cuales se enfrentan al tratar de incidir en las agendas tanto de la
opinión pública como gubernamental. El capítulo de Lara, por ejemplo, analiza el caso del
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), a partir de un marco de análisis
sistémico en donde se considera al observatorio como un sistema, con el propósito de

Política, Globalidad y Ciudadanía. Universidad Autónoma de Nuevo León Vol 1 Núm 1. enero-junio 2015

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�entender de manera más precisa las relaciones que se establecen en su entorno, a partir de tres
niveles de análisis: a) interno; b) como un todo a nivel agregado y; c) las relaciones externas
con otros actores relevantes. Esta clasificación permite desagregar y clarificar las herramientas
y recursos con los que cuenta un observatorio, dentro de los cuales resaltan los recursos
humanos, al contar el CIEP con un núcleo profesional en los temas que aborda, que le permite
generar información valiosa para otros actores y para la ciudadanía, pero con la desventaja de
no manejar un lenguaje suficientemente digerible para la mayor parte del sector social a quien
va dirigido.
La relevancia de un tema o bien el interés del gobierno por el mismo, es un incentivo
para que se generen mecanismos de inclusión social y participación ciudadana, que le permitan
al gobierno legitimar las acciones que promueva en representación de dichos intereses. Este
puede ser el caso de los Observatorios Ciudadanos Municipales de Seguridad Pública, que
como lo explica Blásquez nacen en el marco del eje transversal de una política federal. Estos
observatorios se muestran como un mecanismo de inclusión social fundamentado en la
relevancia del monitoreo ciudadano en el quehacer de los cuerpos policiales, en pro de evitar
operaciones de corrupción al interior de ellos. Sin embargo en su estructura, se nota una
ausencia de planeación en los ejercicios de inclusión de estos mecanismos, al tomar en cuenta
únicamente a personal capacitado para el seguimiento y generación de datos valiosos en pro
del mejoramiento de políticas de seguridad, lo que excluye a la mayoría de una ciudadanía que
no cuenta con estas capacidades. Es de esta manera como se evidencia un punto de comunión
entre los dos casos ya mencionados, la necesidad de contar con personal capacitado que pueda
llevar a cabo el ejercicio de seguimiento y generación de información valiosa, que le permita en
consecuencia al OC, situarse ante el gobierno como un actor importante en la arena pública.
¿Quién vigila a los que vigilan? Es el nombre del capítulo que desarrolla Díaz y Sánchez,
y que de una manera muy interesante aborda el tema de los medios de comunicación y su
relación con la sociedad civil. Los Observatorios de Medios en México han surgido
gradualmente a partir de la demanda de la democratización de los medios en este país, son el
resultado en muchos casos de la cooperación entre el sector social y la academia, por lo que
han logrado influir de manera limitada pero cada vez más constante, en la demarcación de
políticas públicas en diferentes ámbitos, además de establecer redes de cooperación entre las
mismas, con la finalidad de reducir los costes de transacción invertidos para el ejercicio de sus
funciones. No obstante, si bien realizan una labor de vigilancia, no dejan de ser una fuente de
demandas sociales, por lo que basándose en el marco analítico expuesto en el primer apartado,
es necesario que se sometan al ejercicio de rendición de cuentas por parte de la sociedad a
quienes representan. El capítulo concluye que, si bien los observatorios de medios han
realizado aportaciones relevantes en pro de la democratización de los medios, su incidencia en
las políticas públicas de radiodifusión y telecomunicaciones es limitada debido a la asimetría de
poder entre estos y las empresas dominantes del sector.
Sin duda, el libro de observatorios ciudadanos nos brinda un gran acercamiento a este
nuevo mecanismo de participación social, por lo cual y como se establece en su inicio, cumple
con el cometido de introducir al lector a un marco de análisis teórico y conceptual de esta
nueva figura social. Acertadamente, el libro complementa la parte teórica con la experiencia de
algunos ejemplos de OC en México, entendiendo que estos casos, no son un estudio

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�representativo de la figura de OC, puesto que la diversidad de características con las que puede
contar cada observatorio, pueden acrecentar las herramientas analíticas respecto al tema.
Dado el poco estudio de los OC en México, es prematuro emitir críticas constructivas
respecto a este texto, sin embargo seguramente una tarea pendiente de los autores ante este
tema, será la construcción de participación ciudadana en las labores del Estado, ya que como se
ha descrito parece ser que los mecanismos de inclusión ciudadana están dirigidos a una élite en
el sector social, aquellos que cuentan con la educación suficiente para generar información que
le valga tener un lugar en algún OC.

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